Labor Parlamentaria

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

Corresponde tratar, en tercer trámite constitucional, el proyecto de ley que establece la ley general de Educación.

Diputado informante de la Comisión de Educación, Deportes y Recreación es el señor Manuel Monsalve.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, boletín Nº 4970-04, sesión 4ª, en 18 de marzo de 2009. Documentos de la Cuenta Nº 10.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor MONSALVE.-

Señor Presidente , en representación de la Comisión de Educación, paso a informar el proyecto de ley, originado en mensaje de su excelencia la Presidenta de la República , que establece la ley general de Educación, boletín Nº 4970-04, devuelto por el Senado en tercer trámite constitucional, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.

Por acuerdo de la Sala de la Corporación, y en conformidad a lo preceptuado en el artículo 119 del Reglamento, el proyecto fue enviado a la Comisión de Educación, a fin de que se pronunciase acerca de las modificaciones introducidas por aquél y, si lo estimare conveniente, recomendase su aprobación o rechazo.

Concurrieron al análisis de la iniciativa en informe los miembros titulares de la Comisión, diputados señores Germán Becker , Sergio Bobadilla , Rodrigo González, José Antonio Kast , Manuel Monsalve, ( Presidente ), Manuel Rojas , Gabriel Silber , Mario Venegas , Germán Verdugo y diputada señora Marcela Cubillos , más la diputada señora María Antonieta Saa . Se contó con la colaboración de la ministra de Educación , señora Mónica Jiménez ; de la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación, señora Regina Clark , y del jefe de la Unidad de Currículum y Evaluación de dicha Secretaría de Estado, señor Pedro Montt .

Cabe señalar que, para una mejor comprensión del articulado del proyecto en informe, se ha estimado pertinente anexar el texto comparado, elaborado por la Secretaría de la Corporación, en el cual se contiene el proyecto despachado en primer trámite por la Cámara y las modificaciones propuestas por el Senado.

En cumplimento del mandato otorgado a la Comisión, y en atención a la premura del plazo otorgado a ella por la honorable Cámara, se solicitó al Ejecutivo que explicara el contenido de las principales enmiendas introducidas al proyecto por el honorable Senado, entre las cuales sus representantes destacaron las siguientes:

1º. Se profundizan y amplían los principios inspiradores del sistema educativo.

Esto se refleja concretamente en las siguientes modificaciones:

En el artículo 1º del proyecto se incluye una frase final en virtud de la cual se establece que el sistema educativo se caracteriza por la equidad y calidad de su servicio.

En el artículo 3º, letra b), se reformula el principio de calidad de la educación. Se señala expresamente que ésta “debe propender a asegurar que todos los alumnos y alumnas, independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos generales y los estándares de aprendizaje que se definan en conformidad a la ley”.

En la letra e), relativa a la diversidad, se establece que el sistema educativo debe respetar y promover la diversidad cultural, religiosa y social de sus usuarios.

En la letra i) del mismo artículo, se reformula el principio de transparencia. Se dispone que la información del conjunto del sistema educativo debe incluir los ingresos y gastos, ser desagregada y estar a disposición de los ciudadanos a nivel de establecimiento, comuna, provincia, región y país.

En el mismo artículo 3º, se incorporan tres nuevos principios a través de las letras j), k) y l); ellos son: integración, sustentabilidad e interculturalidad. El principio de integración se plantea en términos de propiciar la incorporación de alumnos de diversas condiciones sociales, étnicas, religiosas, económicas y culturales. Se explicó que tal diversidad étnica es la que funda el principio de interculturalidad, en virtud del cual se ordena “reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia”. En cuanto al principio de sustentabilidad, se plantea el “respeto al medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales, como expresión concreta de la solidaridad con las futuras generaciones”. Se explicó, por último, que la consagración de estos principios se manifiesta también en otras modificaciones al proyecto, particularmente en los objetivos generales de la educación parvularia, básica y media.

2º. Se redefine el concepto de enseñanza no formal.

Se precisa que es “todo proceso formativo, realizado por medio de un programa sistemático, no necesariamente evaluado y que puede ser reconocido y verificado como un aprendizaje de valor, pudiendo finalmente conducir a una certificación.”.

3º. Se amplían y precisan los deberes del Estado en materia educacional.

En el artículo 4º, inciso segundo, se le obliga a promover y garantizar el acceso a la educación parvularia en todos sus niveles, y no sólo en los de transición. En el inciso tercero, se amplía la garantía consagrada en el artículo 19, Nº 10º, inciso quinto, de la Constitución Política, que asegura el acceso al sistema, debiendo el Estado también promover su permanencia en el mismo.

En el artículo 6º, inciso primero, se precisa que el Estado debe propender a asegurar una educación de calidad y procurar que ésta sea impartida a todos, tanto en el ámbito público como en el privado.

4º. Se consagran la existencia de un sistema educativo mixto, el derecho de los padres a elegir establecimiento educativo para sus hijos y se introduce el concepto de educación pública.

Se establece expresamente la existencia de un sistema de naturaleza mixta, que debe asegurar a los padres y apoderados la libertad de elegir el establecimiento educativo para sus hijos, y dentro del cual la educación que prestan los establecimientos educacionales de propiedad del Estado o de sus órganos debe ser “gratuita y de calidad, fundada en un proyecto educativo público, laico, esto es, respetuoso de toda expresión religiosa, y pluralista, que permita el acceso a él de toda la población y que promueva la inclusión social y la equidad.”

5º. Se refuerza la normativa general que impide la discriminación arbitraria en el trato a los alumnos y alumnas, prohibiéndose expresamente ciertas conductas.

En el inciso octavo, nuevo, del artículo 11, se establece la no discriminación arbitraria en el trato que los establecimientos educacionales deben dar a los alumnos, alumnas y demás miembros de la comunidad educativa, en concordancia con la inclusión del principio de diversidad.

Asimismo, se abordan casos especiales en los cuales se explicitan medidas positivas que erradiquen tales manifestaciones:

-Situaciones de embarazo y maternidad. En el inciso primero del mismo artículo se ordena otorgar facilidades académicas y administrativas que permitan el ingreso y permanencia de las alumnas en los establecimientos educacionales;

-Cambio de estado civil de los padres y apoderados. En el inciso segundo, se prohíbe que dicho cambio sea impedimento para la continuidad del alumno o alumna dentro del establecimiento.

6º. Se incorpora la definición de comunidad educativa y consagra su participación en el desarrollo del proyecto educativo. Artículos 9º, 10, letra f), y 15.

En el artículo 9º se explicita: “La comunidad educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común integran una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el reglamento interno. Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en esta ley.”

Explicaron los representantes del Ejecutivo que el propósito de incluir esta definición ha sido promover la participación de los miembros de la comunidad educativa en su establecimiento. De ahí que, en el artículo 10, letra f), se dispone que los sostenedores tienen derecho a establecer y ejercer un proyecto educativo “con la participación de la comunidad educativa”. Por su parte, el artículo 15 incorpora un nuevo inciso segundo que establece: “En cada establecimiento subvencionado o que recibe aportes del Estado deberá existir un Consejo Escolar. Dicha instancia tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo y en las demás áreas que estén dentro de la esfera de sus competencias.”.

7º. Se definen las áreas de formación diferenciada y se establecen los objetivos terminales de la Educación Media Técnico Profesional.

Acorde con la duración de los niveles de educación básica y media (6 años cada uno), en el nuevo inciso segundo del artículo 9º, se explicita cuáles son las áreas de formación diferenciada: humanista-científica, técnico-profesional y artística, que se ofrecerán a los alumnos en los dos últimos años de la educación media.

Asimismo, en el nuevo inciso tercero del artículo 30, se establece que ellas se orientan a una formación especializada en términos de perfiles de egreso, para lo cual se ordena la formulación de objetivos generales idóneos).

8º. Se relevan los objetivos generales de la educación, dado que los estándares de aprendizaje tienen que referirse a ellos, y se mejoran los objetivos terminales de la educación en sus distintos niveles.

En esta materia, se explicó, fueron sistemáticamente revisados y mejorados los objetivos generales propuestos para cada nivel educativo.

9º. En materia de reconocimiento oficial, se establece un procedimiento especial para establecimientos que no aplican evaluaciones, en las condiciones que establece la ley. Además, se mejora la normativa general que establece los requisitos de reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales.

En el artículo 45, mediante la incorporación de los incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos, se autoriza el reconocimiento oficial de establecimientos educacionales que apliquen métodos pedagógicos y/o planes y programas de estudio que no contengan evaluaciones equivalentes a las de general aplicación en el sistema, sólo en la medida que hayan funcionado exitosamente por al menos 6 años y previo acuerdo de la respectiva comunidad educativa. En estos casos excepcionales, no será exigencia para el reconocimiento oficial la presentación del reglamento de evaluación del establecimiento. El ejercicio de esta facultad queda sujeta al procedimiento que se establezca en un reglamento, el que, en todo caso, deberá considerar un informe fundado del Consejo Nacional de Educación.

Los representantes del Ejecutivo destacaron que este reconocimiento oficial especial no exime a los establecimientos educacionales de la obligación de cumplir con los objetivos generales establecidos en esta iniciativa, ni con los estándares nacionales de aprendizaje que se exigen al conjunto del sistema escolar.

Por otra parte, en el artículo 46, mediante la sustitución del párrafo segundo de su letra a), se establece la obligación de los sostenedores que reciben recursos estatales de “rendir cuenta pública respecto del uso de los recursos.”

Explicaron los representantes del Ejecutivo que esta obligación se extiende a todos los recursos que reciba el sostenedor, con independencia de su origen, es decir, comprende el financiamiento compartido de los padres y apoderados.

10. Consejo Nacional de Educación.

Mediante la sustitución del artículo 54, se modifican las funciones del Consejo, con el objeto de darle mayor coherencia con la regulación de la ley Nº 20.129.

Además, mediante el reemplazo de la letra d) del artículo 56, se modifica la forma de designación de los académicos representantes de las universidades; a través de la sustitución de su inciso cuarto, se reduce la duración del mandato de los consejeros; mediante la incorporación de un nuevo inciso sexto, se corrigen aspectos de funcionamiento, tales como subrogación del presidente del Consejo y reemplazo de los consejeros, y a través del reemplazo de su inciso sexto, que pasa a ser séptimo, se modifica la dieta a que tienen derecho los consejeros.

Por último, mediante diversas modificaciones al artículo 61, se desarrollan mejor las inhabilidades específicas que afectan a los consejeros y, mediante la sustitución del artículo 63, se modifican los aranceles máximos que puede cobrar el Consejo.

Una vez recibidas las explicaciones precedentemente señaladas, se plantearon en el seno de la Comisión dos objeciones principales, en relación con el mérito de las enmiendas antes descritas, respecto de las cuales se acordó dejar expresa constancia, para los efectos de la historia fidedigna del establecimiento de la ley en proyecto.

La primera, se refiere a la exigencia, contenida en el tercer párrafo de la letra a) del inciso primero del artículo 46, de que los representantes legales y administradores de entidades sostenedoras de establecimientos educacionales cumplan, entre otros, el requisito de estar en posesión de un título profesional o licenciatura de al menos 8 semestres, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste.

Se observó que esta exigencia impediría desempeñar tales cargos a los antiguos profesores normalistas, como también a aquellos profesionales docentes formados por universidades tradicionales, en carreras de 6 semestres de duración, conforme a los requerimientos vigentes al tiempo de su egreso.

En consecuencia, se solicitó al Ejecutivo prevenir este efecto con la enmienda la disposición en comento o comprometerse por escrito a hacerlo próximamente, a través de alguna otra iniciativa legal.

Sobre el particular, los representantes del Ejecutivo aseguraron que el Mineduc jamás ha discriminado a los docentes mencionados al elaborar y aplicar sus políticas públicas, asimilando normalmente sus títulos a los otorgados a través de programas de más larga duración. Sin embargo, la exigencia de estar en posesión de un título profesional o licenciatura de al menos 8 semestres se encuentra actualmente contenida en la ley de Subvenciones, modificada por la ley Nº 20.248, sobre Subvención Preferencial, y es aplicable no sólo a representantes legales y administradores de entidades sostenedoras, sino también a todos los socios, gerentes y directores de las mismas. En este sentido, la ley general de Educación vendría a restringir el alcance de dicha norma, la que, en todo caso, será necesario armonizar oportunamente con ella, para lo cual la ministra de Educación adquirió con la Comisión el compromiso de acoger, cuando corresponda, una indicación parlamentaria al proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación, cuyo objeto sea precisamente reproducir en la ley de Subvenciones la disposición en comento, la cual, aseguró, satisface plenamente las aspiraciones de los sostenedores que habían manifestado aprensiones a su respecto.

La segunda objeción se refiere a la supresión por el honorable Senado de lo dispuesto en la parte final del segundo párrafo de la letra g) del inciso primero del artículo 46, en el sentido de que en la educación media se entenderá por docente idóneo, entre otros, al que “esté en posesión de un título profesional o licenciatura de al menos ocho semestres en un área afín a la especialidad que imparta”

Los representantes del Ejecutivo minimizaron el efecto negativo que tendría esta enmienda, pues los profesionales de cualquier disciplina podrían igualmente ser habilitados para ejercer la función docente por las respectivas Seremis, conforme a la legislación vigente. No obstante, un sector de parlamentarios de la Comisión recordó que la incorporación de dicha norma formó parte esencial de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y la Oposición para asegurar la aprobación del proyecto en comento, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y exigieron respeto a la palabra empeñada. Solicitaron, por lo mismo, a la ministra de Educación que el Ejecutivo recomiende el rechazo de la enmienda introducida por la Cámara revisora, a fin de reponer, en la Comisión mixta respectiva, la norma aprobada primitivamente por esta honorable Corporación, para restablecer el espíritu original del acuerdo político que ha dado viabilidad a esta iniciativa.

En virtud de que el inciso segundo del artículo 119 del Reglamento permite a la Comisión de Educación estimar el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado, informo que, en relación con el marco general de dichas enmiendas, no hubo discrepancias, sino que éstas sólo se centraron en el artículo 46, letra g), de la ley General de Educación, sobre el cual la Comisión considera que esta Sala debe pronunciarse.

Es todo lo que puedo informar.

He dicho.

El señor ALVAREZ ( Presidente ).-

En discusión las modificaciones.

Tiene la palabra el señor Aguiló.

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente , estamos llegando al final del camino del trámite legislativo de la ley general de Educación.

Con toda franqueza, constato que una profunda sensación de frustración sobre esta materia se ha apoderado de buena parte de la ciudadanía, del profesorado, de los estudiantes, de los apoderados y, si vamos a creerles a las encuestas de las más importantes empresas que auscultan la opinión pública, más del 70 por ciento de los chilenos rechazan los conceptos básicos que están detrás de este mal llamado acuerdo nacional.

Es una lástima -y quiero decirlo acá, en presencia de dos ministros de Estado- que un Gobierno tan exitoso, que va a pasar a la historia por una reforma previsional que con la pensión básica solidaria ha permitido colocar en un sistema privado, individualista, el concepto de solidaridad; por la protección social otorgada a los niños en edad preescolar, por los derechos generados en muchos espacios de la sociedad, por la manera exitosa de enfrentar la crisis económica -el país no puede evitar sufrir consecuencias-, tenga, por desgracia, este lunar: un proyecto de ley que termina siendo la visión de la Derecha más conservadora en la concepción de la educación, de su papel en la sociedad, del rol que el Estado y el bien común juegan en la construcción de este pilar básico de la sociedad.

Lo lamento enormemente por la Presidenta. No se merecía que nuestros partidos y sus ministros le insistieran en esta iniciativa. Lo lamento también por Chile.

Tendremos que tener otras oportunidades para rectificar estos errores. Son dos los más importantes que han estado detrás de la concepción básica que originó este proyecto.

El primero, en mi opinión, extraordinariamente delicado, es que las reformas o las políticas educacionales son de Estado, como lo ha dicho muchas veces la ministra. Eso es darle la espalda a la esencia de la democracia. Entiendo por políticas de Estado -y permítanme una pequeña disquisición- aquellas que en un país, por estar en juego la soberanía territorial o nacional, deberían unir a toda la nación frente a un adversario que pone en duda al Estado o nación y a sus habitantes. Una política exterior, de defensa, cabría siempre bajo la concepción de políticas de Estado; pero si las políticas de educación, salud, previsión social, trabajo, etcétera, también son de Estado, entonces, ¿qué discute la sociedad? ¿En qué materias se diferencia si no es en aquellas que son esenciales a las más legítimas aspiraciones, sueños e ideales de los distintos segmentos de la sociedad? ¿Cómo va a ser política de Estado aquella que en los debates del correspondiente proyecto se ha querido esconder que hay quienes piensan que la educación debería ser privada, entregada a empresas con fines de lucro, como lo consagra esta iniciativa, y así, con la actividad privada y las leyes del mercado transformar la sociedad?

Otros pensamos -como la gran mayoría de las sociedades civilizadas del mundo- que, después de la Revolución Francesa, las políticas de educación debieran ser de Estado; con una educación laica, de calidad, donde no interfiera el nivel socio-económico de los estudiantes, sino, por el contrario, constatándose diferencias de esa naturaleza, el Estado regule, a través de algunas políticas, de educación o salud, las posibilidades de igualar los derechos desde la cuna.

Son dos concepciones distintas. Quiero decir que, teniendo una, la primera la considero completamente legítima. Está aquí y se ha expresado muchas veces en salud, con clínicas privadas. ¡Privatizar todo! Isapre para todos, ése era el concepto de un ministro de la dictadura. Esta posición, aunque profundamente equivocada, es absolutamente legítima.

Otros pensamos en un fondo nacional solidario y en salud pública para todos, como ocurre en la inmensa mayoría de los países civilizados del mundo con economías de mercado; sociedades con economías capitalistas, pero con políticas públicas en educación, salud y previsión social.

Si todos los proyectos van a ser consideradas políticas de Estado, me pregunto qué nos quedará para la discusión, para los sueños, para las utopías, para los debates de fondo de la sociedad.

Es un profundo error dar la espalda a la democracia. Eso es lo que hacemos cuando confundimos la defensa territorial con la negación a la discusión legítima y necesaria, esa que hace crecer a las sociedades y a sus integrantes y que surge de definir los distintos destinos. ¿Quién dirime en una sociedad democrática? El pueblo, la ciudadanía. Por eso, debimos haber hecho la discusión sobre el tipo de educación que necesitamos darnos los chilenos y no enredarnos en que, por asumirla como política de Estado, debemos tomarnos de las manos.

Entiendo la generosidad de quienes se toman de las manos, pero en este caso no es posible. En materia de educación existen legítimas diferencias. Lo que en la Concertación pensamos acerca del rol del Estado es tan legítimo como lo que piensa la Alianza por Chile en materia de privatización y lucro. Posiciones antagónicas, pero legítimas, y que en democracia se dirimen apelando al pueblo, a la ciudadanía, a través de elecciones, de plebiscitos -institución que en esos términos aún no contempla nuestro ordenamiento constitucional-, incluso a través de encuestas, todas instancias que se basan en el debate parlamentario, razón de Congreso: realizar los debates que la sociedad nos reclama.

Por su intermedio, señor Presidente , le pregunto a la ministra de Educación si sabe en qué país del mundo, con recursos públicos de todos los habitantes, recaudados a través de impuestos, se financian escuelas y liceos con fines de lucro y que desarrollan proyectos antagónicos a las políticas públicas del Estado. ¡Nómbreme un país, sólo uno! Aunque una golondrina no hace verano, por lo menos en la disquisición absurda en que estamos, en la locura de la privatización de la educación en que estamos, con un solo país nos veríamos más acompañados. Desquiciamiento es destinar recursos públicos a la educación privada con fines de lucro, para que, por ejemplo, los legionarios de Cristo instalen una escuela, lucren con ella y, además, se opongan a las políticas de planificación familiar, a la píldora del día después, a los sistemas anticonceptivos, etcétera. Todo esto es posible, porque el proyecto en debate lo promueve.

Otro error fue decir que la reforma era fruto de ese gran movimiento ciudadano de estudiantes y profesores, que así la reclamaba. Fíjense que el programa de gobierno no la contemplaba -así lo reconoció la Presidenta Bachelet -, sino que fue la ciudadanía la que la pidió.

El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-

Señor diputado , ha terminado su tiempo.

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente , ¿sabe lo que se le dijo a la ciudadanía con esta iniciativa? ¡Correcto! Hacemos la reforma, pero con el contenido exactamente contrario al que ustedes me piden.

Ojalá algún día podamos tener un debate en serio sobre la educación, un debate -como pide Joaquín Sabina - en que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena.

He dicho.

El señor SÚNICO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.

El señor VENEGAS (don Mario).-

Señor Presidente , no puedo iniciar la revisión de las modificaciones del Senado, sin antes reseñar el contexto que da origen al proyecto que propone la ley general de Educación.

Muchos antes de las movilizaciones estudiantiles, en un segmento muy importante del mundo de los profesores existía la idea de derogar o, al menos, modificar la ley orgánica constitucional de Enseñanza, Loce, porque sus contenidos y principios fueron impuestos a los actores del sistema educativo en una época de nuestra historia en que no había espacio para la discusión democrática que reclama legítimamente el diputado Aguiló .

Como respuesta a la movilización estudiantil se convocó a un Consejo Asesor para que avanzara en la idea de un proyecto que derogara la Loce y diera paso a una nueva normativa sobre educación.

El Gobierno asumió el reto y envió el proyecto de ley con los principios que deberían orientar la nueva ley de educación, principios que también compartimos, señor Aguiló , como el fin al lucro, fortalecimiento de la educación pública, criterios y condiciones de no discriminación y no selección, y otros tantos muy sentidos por nosotros. Sin embargo, y como miembro de la Comisión de Educación soy testigo presencial de lo que digo, tan pronto ingresó el proyecto a trámite, es decir, cuando ni siquiera se iniciaba la discusión, la Oposición, a través de sus representantes en la Comisión, nos comunicó que en los términos en que se planteaba no estaban dispuestos a votar favorablemente la idea de legislar. Es cierto, ganamos 7 a 6 la idea de legislar; sin embargo, en ese minuto entendimos que no existían las condiciones políticas para lograr una nueva ley de educación si no dialogábamos con parte importante de quienes integran este hemiciclo: la Oposición.

Eso derivó en una serie de conversaciones técnico-políticas en procura del consenso. Aunque no pudimos abordar los temas que a todos interesaban, al menos logramos avanzar hacia la derogación de la Loce, materia que a estas alturas no resiste análisis.

En ese contexto se genera el proyecto; lo que vino después se dio en el marco de las legítimas negociaciones, y uno y otro sector debieron transar para lograr acuerdos.

La pregunta es si este proyecto de ley marco, que establece un conjunto de principios y criterios orientadores del sistema y que es parte integrante de otras iniciativas que están reseñadas y diseñadas en esta arquitectura, como la Superintendencia de Educación, que tiene otros fines, el tema financiero; la Agencia Nacional de Calidad, que busca velar por la calidad y los estándares de aprendizaje que deben alcanzar los establecimientos educacionales, y una ley de fortalecimiento de la educación pública, las que, en conjunto, terminan construyendo una nueva institucionalidad para la educación del país.

Quiero decir con toda sinceridad al diputado señor Aguiló , por intermedio del señor Presidente , que también lamento que no haya sido posible mantener la redacción original del proyecto respecto de algunos aspectos que estimamos importantes, como el lucro en la educación. No obstante, se avanzó en la creación, por ejemplo, de un giro único en educación, en aumentar las exigencias a los sostenedores, en más fiscalización de los recursos que aporta el Estado y los apoderados a través del financiamiento compartido. Sin duda, no es la ecuación perfecta, pero representa un avance indudable e inequívoco.

Estoy tratando de ser muy serio y responsable, porque en la materia es fácil caer en el populismo y en la demagogia, ya que si votamos en contra del proyecto, seguirá rigiendo la Loce, es decir, la norma que todos decimos combatir, que no nos gusta, que va contra muchos principios y que no es equilibrada. Se ha hecho un esfuerzo muy grande, por lo que debemos ser responsables. Además, formamos parte de una coalición, hemos avanzado; sin embargo, se ha tenido que transar en muchas cosas. Éste es el primer paso, pero debemos seguir estudiando otros proyectos de ley sobre la materia. Me parece necesario actuar con coherencia.

Ahora bien, las modificaciones del Senado apuntan en general a perfeccionar algunos aspectos puntuales y que se debatieron al interior de la Comisión de Educación. Al respecto, debo aclarar que muchos debatieron esta materia a través de los medios, en lugar de hacerlo al interior de los canales institucionales establecidos. Al respecto, uno se pregunta, ¿cuál es el propósito que persiguen? ¿Perfeccionar los proyectos de ley, colaborar, ayudar o sólo obtener algunos segundos en los medios de comunicación para defender otros intereses?

Reclamo que se dé el justo mérito al trabajo serio y responsable que han hecho muchos diputados, técnicos y actores políticos para llegar a este acuerdo.

Insisto, puede que no satisfaga a todos, como sucede con la gran mayoría de las iniciativas que se estudian en el Congreso, ya que siempre se debe ceder en uno u otro sentido; pero lo que hay que mirar al final es si se avanzó o no. Además, la experiencia demuestra que, por lo general, el perfeccionamiento de las normas jurídicas se realiza en forma gradual, por etapas. Probablemente llegará el momento en que las condiciones políticas permitan avanzar a un estadio superior; pero no podemos dejar de reconocer lo que esto significa en relación con lo que existe.

Insisto, la referencia es la Loce, la ley orgánica constitucional heredada del gobierno militar. En consecuencia, después de estudiar con detenimiento las distintas modificaciones del Senado, me parece que, en general, todas perfeccionan la iniciativa, como la que define el concepto educación, que introduce un tema muy importante, para algunos era casus belli, el laicismo, es decir, que la educación sea laica y pluralista, que no discrimine, que no seleccione, en fin.

Más allá de cualquier interés pequeño, el proyecto representa un avance importante, por lo que mi bancada y yo lo votaremos favorablemente.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Pedimos respeto de parte de los asistentes a tribunas.

Tiene la palabra la diputada señora Marcela Cubillos.

La señora CUBILLOS (doña Marcela).-

Señor Presidente , sin perjuicio de que me voy a referir en particular a las modificaciones introducidas por el Senado, recuerdo al diputado Aguiló que, efectivamente, el presidente de su partido, el senador Camilo Escalona , concurrió a La Moneda a firmar el acuerdo, y que cuando se dice acá que ha faltado un debate serio, muchas veces se quiere calificar de serio al que concluye en lo que a esa persona le gusta, y cualquiera otra cosa no es debate o no es serio.

Imagino que un partido que se dice democrático, abierto al debate, discutió este tema antes de que su presidente concurriera a La Moneda a firmar el acuerdo. Ningún partido concurrió a su negociación y a su firma en forma obligada. Por lo menos, los partidos de la Alianza lo discutieron en forma interna, hicieron propuestas y acordaron suscribirlo. Pienso que si el senador Escalona concurrió a su firma, lo hizo pensando en que fue consecuencia de un debate serio y democrático al interior de un partido que, reitero, se dice democrático y abierto al debate.

En relación con las modificaciones, quiero centrarme en dos aspectos.

Vamos a votar a favor todas las modificaciones introducidas por el Senado, salvo la relativa al artículo 46, letra g), para la cual pedimos votación separada. Nos oponemos a ella porque, en primer lugar, rompe el acuerdo suscrito.

Valoro el enorme esfuerzo del Gobierno de la Presidenta Bachelet por cumplir la palabra empeñada. Desde el momento en que se firmó el acuerdo, el Ejecutivo ha mostrado voluntad permanente para sacarlo adelante. Ha sido necesario negociar y transar. Por eso, aunque muchas de las modificaciones del Senado no me gustan, porque no coinciden con mi idea esencial en esta materia, les voy a votar a favor.

Sin embargo, en la votación de Sala de la Cámara Alta, un senador que fue parte de la negociación, buscó sorprender al cambiar sobre la marcha de opinión, de manera de echar abajo una norma que forma parte del acuerdo. Eso significa, a mi juicio, un problema de fondo respecto del cambio que quiere introducir, pero, asimismo, se falta a la palabra empeñada, lo que tan mal lo hace a nuestro país y a nuestra democracia.

Los acuerdos se firman, y si no se hace, un simple apretón de manos basta para cumplir la palabra empeñada.

Respecto de muchos de los artículos que vienen como modificaciones, los senadores de la Alianza podrían haber buscado sorprender y cambiado su decisión sobre la marcha. Sin embargo, cumplieron la palabra empeñada, tal como ha hecho nuestro sector desde que se arribó a la firma de este acuerdo. No ha existido ningún cambio de opinión, de estrategia, de estilo o de ética, porque el cumplimiento de la palabra empeñada es un valor y es lo que requieren nuestra democracia y nuestro país.

En segundo lugar, existe un problema de fondo en relación con dicha modificación. Muchos sectores han demostrado escepticismo en relación con que la Ley General de Educación en tramite pueda mejorar la educación. No voy a repetir los argumentos sobre si el mayor control de los sostenedores, la Agencia de Calidad de la Educación, la Superintendencia de Educación y la defensa, libertad y autonomía de los proyectos educativos contribuirán a su mejoramiento. Pero hay un aspecto fundamental que el senador Letelier eliminó. La norma aprobada por la Cámara permite que personas que están en posesión de un título profesional o licenciatura de al menos ocho semestres en un área afín a su especialidad, puedan hacer clases en enseñanza media.

(Manifestaciones en tribunas).

Dicha norma es esencial para quienes creemos que este proyecto puede mejorar la educación. Su aprobación sin ella producirá dos problemas: por una parte, déficit de profesores en áreas tremendamente importantes y vulnerables, porque el proyecto amplía el ciclo de enseñanza media en dos años, a partir del actual séptimo básico. Por otra, consolidará una tremenda e injusta desigualdad, porque en los colegios particulares pagados los alumnos de séptimo y octavo cuentan con profesores de enseñanza media. Además, constituirá una abierta discrecionalidad, porque en la actualidad si un seremi autoriza a determinadas personas a hacer clases en un colegio, se puede, pero si no las autoriza para hacer clases en otro establecimiento, no se puede.

La letra g) del artículo 46 establece una norma general que termina con la discrecionalidad y avanza en contra de la desigualdad, que no afecta a los colegios particulares pagados ni a los de congregaciones religiosas, sino a los más vulnerables.

Por lo tanto, pido votación separada de la letra g) del artículo 46. Vamos a rechazar esa modificación porque creemos que el respeto de la palabra empeñada honra a los parlamentarios y a nuestra democracia y, además, consideramos que la reposición de esa norma es un aspecto esencial para mejorar la calidad de la educación.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.

El señor MULET.-

Señor Presidente , mantengo la posición que sostuve hace algunos meses en esta Sala, cuando se trató este proyecto en su primer trámite constitucional. Pero no debo dejar pasar una cosa. Escuché atentamente al señor ministro . Creo que él y el Gobierno tienen pleno derecho de llegar a entendimiento con quien les parezca.

La diputada Cubillos manifestó que hay que cumplir la palabra empeñada, haciendo alusión a ese entendimiento. Pero durante los últimos procesos electorales presidenciales y parlamentarios, buena parte de los parlamentarios de la Concertación -no sé si también el Gobierno, pero me parece que sí- tenían un compromiso con el país distinto del que se suscribió en La Moneda entre el Gobierno y la Derecha. Ese compromiso, individual o colectivo, discutido con la asamblea de profesores y asumido por muchos candidatos a parlamentario, es lo que legítimamente reclaman profesores y estudiantes, que ven que, en una lógica de transacción, se va por un camino distinto del comprometido en períodos electorales.

Las lealtades -a veces me cuestionan sobre el particular- están con los principios, valores y compromisos que uno asume con sus electores. Debo ser bien honesto y decir que rompí voluntariamente con mi ex partido; pero no he roto los compromisos que asumí con mis electores, como candidato por Atacama en tres períodos consecutivos, ni he roto mi compromiso con los profesores de mi región cuando les dije una y otra vez, por ejemplo, que soy partidario de poner fin al lucro en la educación, en primer lugar, por mi experiencia de vida personal, pues soy hijo de un profesor y hermano de profesores, y por haberme educado en un liceo público, que era un lugar donde se avanzaba en la equidad y uno podía ayudar a igualar a los no iguales.

Sin duda, la Loce fue un gran retroceso, pero la Ley General de Educación, en tramitación, no es el paso que la Concertación se comprometió a dar. Es una transacción que, en lo sustantivo, es sólo un maquillaje de la Loce. En suma, se produce un cambio a lo Gatopardo, es decir, algo cambia para que todo siga igual y para que el sistema siga siendo más o menos el mismo.

Por eso, voy a mantener mi posición y votaré en contra de este proyecto de ley.

(Aplausos)

Lamento que en la Sala del Senado se haya discutido y aprobado con tanta celeridad este proyecto, para lo cual necesitan sólo 45 minutos. Para ser honesto, me sorprendió. Quería escuchar el debate para conocer mejor las modificaciones introducidos por el Senado, pero me di cuenta de que al ser calificada de suma urgencia, la iniciativa se aprobó en forma rápida, sin la debida información o publicidad, pero obviamente dentro del marco de la legalidad y de lo que corresponde al juego político.

Las críticas que hizo el Gobierno al senador Novoa se disiparon de inmediato con esa jugada y tras el acuerdo de aprobar en forma rápida la iniciativa, lo que me parece una contradicción.

Reitero que voy a votar en contra de la iniciativa, pero no quiero dejar pasar la oportunidad sin entregar otro argumento. Se busca dentro de este acuerdo posibilitar que profesionales no docentes puedan ejercer la docencia. Al respecto, me pregunto si médicos, arquitectos, ingenieros u otros profesionales estarían de acuerdo con que los profesores ejercieran una profesión para la cual no fueron formados.

Entiendo el problema, pero, sin lugar a dudas, aquí se estaría cometiendo un exceso, porque hoy, en caso de existir falta de profesores, la legislación autoriza de manera excepcional a quienes no tienen el título de profesor para realizar clases. Sin embargo, me parece que permitirlo en la Ley General de Educación, honestamente es una bofetada a los profesores de Chile. Por eso, entiendo que su molestia hoy sea mayor que cuando se discutió este proyecto en primera instancia.

Termino mi intervención leyendo parte de una columna de Mario Waissbluth , quien presentó el proyecto Educación 2020, alabado por muchas personas que han discutido sobre la iniciativa: “La Ley General de Educación es lo que el sistema político pudo producir a tres años del pingüinazo. Pero Ley General de Educación o no Ley General de Educación, la calidad de la educación seguirá siendo un desastre, porque las leyes sobre institucionalidad no son balas de plata. Hay quienes opinan que el desastre se debe al modelo económico. Otros culpan a los profesores. Unos culpan al mercado; otros, al Estado. La verdad es que, al ser la educación un tema con resultados de largo plazo y con costos políticos y financieros de corto plazo, las soluciones ambiciosas se han postergado siempre, en particular en este tema tan ideologizado.

“Nada justifica que no hagamos lo imposible por otorgar mayor igualdad de oportunidades a nuestros niños, modificando las condiciones que se dan al interior de la escuela, con una carrera docente que llegue a tener una calidad académica y de sueldos equivalentes a los de otras profesiones, con un retiro digno para muchos profesores, directivos con atribuciones reales, liderazgo pedagógico y de gestión, y perfeccionar la relación con comunidades y apoderados.

“Esto cuesta mucho dinero, hace urgente acelerar el débil programa Inicia ...”

Luego, él continúa exponiendo su posición sobre el tema.

Comparto la visión crítica de una persona de la envergadura y calidad de don Mario Waissbluth y me sirve para justificar mi voto en contra, una vez más, del proyecto, ahora en su tercer trámite constitucional.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.

La señora SAA (doña María Antonieta).-

Señor Presidente , estamos al final de un camino difícil y complejo.

Comprendo la angustia del diputado Sergio Aguiló por no poder llevar los sueños a la realidad. Todos los que queremos una sociedad distinta, con mayor justicia y equidad, sentimos esa angustia. Hay muchas cosas que quisiéramos cambiar, pero no hemos podido hacerlo.

Reconozco el papel del Congreso Nacional en el camino de la democracia y estoy a favor de perfeccionar cada vez más ese camino, que es el más realista para avanzar.

En el Congreso Nacional, quienes estamos a favor de dar una importancia suprema a la educación pública, no tenemos la fuerza ni los votos necesarios para lograr en forma democrática la educación que muchos de nosotros soñamos.

Muchas veces, por tratar de imponer los sueños se llega a caminos que no corresponden. En ese sentido, si bien este proyecto no me satisface plenamente, significa un avance en aspectos muy importantes.

-Manifestaciones en las tribunas.

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

Recuerdo a quienes están en las tribunas que el Reglamento de nuestra Corporación prohíbe las manifestaciones durante la sesión.

La señora SAA (doña María Antonieta).-

Señor Presidente , el proyecto es un avance significativo. Era imposible desandar un camino ya bastante consolidado en materia de educación privada. Al respecto, si bien en la mayoría de los casos en ella está presente el lucro, con este proyecto logramos que esos empresarios de la educación tengan que dar cuenta de los dineros entregados por el Estado para pagar los sueldos de los profesores, cosa que antes no estaba contemplada. Por lo tanto, es un avance.

También, se establece una institucionalidad importante, pues se promueve la formación de centros de alumnos y existe el deber de contar con consejos escolares, que debemos exigir en todas la comunas.

Todo lo anterior significa un avance; no es todo lo que quisiéramos, pero se deroga la Loce, lo que ya es bastante. Además, se da el estatus correspondiente a la educación técnica y se termina con la discriminación, lo que también es importante.

Sin estar del todo satisfecha, pero entendiendo que no vivimos de sueños, sino de realidades, anuncio mi voto a favor. No obstante, pienso que aún tenemos un espacio para mejorar en el proyecto de ley sobre educación pública, que presentó a tramitación la Presidenta de la República y que se está discutiendo en el Congreso Nacional.

Por lo tanto, tenemos todo un futuro por delante. Ojalá podamos tener un Parlamento proporcional, representativo, para avanzar -en esto la labor de los profesores es fundamental- hacia un cambio en la ley.

Porque considero que esta iniciativa constituye una mejora y que por ahora no es posible avanzar más, reitero que voy a votar a favor del proyecto.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Reitero a las personas que se encuentran en las tribunas que está prohibido hacer cualquier tipo de manifestaciones.

Tiene la palabra el diputado señor Germán Verdugo.

El señor VERDUGO.-

Señor Presidente , al escuchar las diferentes opiniones que aquí se han planteado, recordé mi primera intervención en la Comisión de Educación de esta Cámara, cuando ingresó a trámite este proyecto. En esa oportunidad dije que, lamentablemente, el proyecto se presentó mirando hacia la galería y no la realidad de la sala de clases. El proyecto se presentó mirando hacia la galería, porque los temas a los cuales se dio mayor énfasis en esa oportunidad fueron el lucro y la selección, pero no se le dio importancia -posteriormente, sí se le asignó en el proyecto- al rol que debe cumplir cada uno de los actores que participan en el proceso educativo.

Al establecer los deberes y derechos de los actores en este proceso, de alguna manera se consideró y definió ese rol. Aquí deberíamos estar hablando del rol de profesores, de alumnos, de padres y apoderados, de sostenedores y del Estado en el proceso educativo. De alguna manera, eso está recogido en el proyecto.

Cuando hablamos de educación, nos estamos refiriendo a un proceso de renovación continua. Así lo veo y así deberíamos considerarlo. Una ley no solucionará los problemas que existen en la educación. No lo hizo la reforma de 1996, y tampoco lo hará ésta. De la forma como los actores que participan, se interesan y se comprometen con este proceso, avancen, aprenden y creen, dependerá que la educación sea cada día mejor y que los alumnos puedan aprovecharla para que sea efectivamente un impacto que cambie o mejore sus vidas.

Aquí se ha hablado de frustración. Sin embargo, existe una gran esperanza que se está construyendo por medio de una nueva institucionalidad para la educación chilena. Este proyecto, junto al de subvención preferencial y a otras iniciativas en actual tramitación, debe cambiar y fortalecer el espíritu de todos los actores que participan en el proceso. Pensar que esto será un perjuicio o causará frustración es una tremenda equivocación. Eso no es útil para el país, para la educación y para los alumnos.

El trabajo que tenemos por delante en materia de elaboración de nuevas iniciativas legales que apunten al fortalecimiento del rol de los actores que forman parte de este proceso permitirá construir una educación distinta, que permita que los jóvenes alcancen los conocimientos que el momento actual exige.

Los conocimientos van cambiando con tal velocidad que nos vamos quedando atrás. Eso ocurre especialmente con los profesores, cuando no tienen un adecuado y sistemático perfeccionamiento. Eso debiera ser una preocupación permanente del Estado, y el perfeccionamiento no debiera ser pagado por los profesores. Son situaciones que debemos ir recogiendo para avanzar.

Este proyecto es un tremendo avance. No resolverá todos los problemas. Nunca una ley será tan perfecta que pueda resolver todos los problemas existentes, más aún tratándose de una situación tan compleja como el proceso educativo, en el que participan actores que muchas veces no se comprometen como debieran para llevar a cabo los objetivos que es necesario lograr.

El trabajo que hicimos fue comprometido, honesto y leal, pensando en la forma como mejorar la educación y en los niños. Quienes de alguna manera hemos tenido la responsabilidad de administrar la educación pública, sabemos perfectamente dónde aprieta el zapato.

Desde ese punto de vista, estamos avanzando. Debemos seguir haciéndolo, pero con buena voluntad y una visión positiva, no con frustración, desesperanza y amargura.

Este proyecto es un avance. Por lo tanto, invito a todos los colegas interesados en la educación y que piensan en lo que los jóvenes y niños necesitan, a prestarle su apoyo.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Señor Presidente , debido a una situación familiar que afectó al diputado Carlos Montes -el fallecimiento de un gran amigo y familiar, don Humberto Vega -, debió ausentarse. Por ello, me pidió dar lectura a su intervención, a fin de dar a conocer su posición en relación con este proyecto, la cual me ha interpretado absolutamente. Dice:

“Señor Presidente:

Está llegando al final el proceso de debate de la ley marco de la educación chilena; debate que nació del cuestionamiento de los estudiantes a la Loce y a la grave inequidad existente, y que recibió un amplio respaldo de la ciudadanía; debate que fue canalizado por el Gobierno con la creación de una comisión, espacio de diálogo plural, para luego proponer un proyecto inicial de reformas sustantivas; debate que, lamentablemente, quedó enredado en una mala negociación política con la Derecha, en la que no se logró poner en el centro de la discusión la necesidad de fortalecer y poner en el centro del debate la educación pública, debate que, hasta ahora, ha producido un texto que avanza en un aggiornamiento del modelo de mercado de la educación chilena, pero que no es la reforma estructural a que aspiraban los estudiantes, los profesores y una parte no mayoritaria de la Concertación.

Quiero expresar la enorme frustración que sentimos ante este proyecto; frustración, en primer término, por la inexistencia en esta Cámara del debate serio y profundo que hubiéramos querido, que diera cuenta de la importancia de la educación para el país y del hecho histórico de discutir una ley marco en democracia. En lugar de ello, se forzó una tramitación apresurada, se jugó con las urgencias, se impidió discutir indicaciones y, en definitiva, se suprimió toda disidencia.

Frustración, en el fondo, porque esta ley en tramitación no innova en tres ejes estructurales del modelo que se impuso en Chile: no innova en relación con el objetivo último de la educación, como es la formación de seres humanos y no como una simple transferencia de conocimientos estandarizados sobre algunas disciplinas.

No innova en hacer de la educación un factor que apunte a superar las inequidades de una sociedad tan desigual desde la cuna.

No innova en asumir un compromiso preferente del Estado con la educación pública.

Primero, la Ley General de Educación, LGE, no pone al humanismo en el centro de la concepción de la educación. El enfoque tecnocrático y economicista seguirá siendo el hegemónico. Hay en la LGE una concepción de la calidad como la transmisión estandarizada y medible, con instrumentos psicométricos, de bloques de conocimientos de lenguaje, matemáticas y otras disciplinas elementales.

Con la LGE hemos perdido los que aspiramos a una educación que forme seres humanos, los que queremos generaciones imbuidas de valores, virtudes, principios y sentimientos, además, por cierto, de los conocimientos de lenguaje y matemáticas indispensables para insertarse en la sociedad.

Hemos perdido los que creemos que la calidad de la educación no sólo se mide con estos estándares, sino también con enfoques más comprensivos e integrales, que recojan la realidad de los alumnos en el mundo actual y las enormes posibilidades que abren Internet y las nuevas tecnologías.

Hemos perdido los que aspiramos a reponer la ética en la educación y en la formación de los profesores.

Segundo, la LGE no hace de la educación un factor que apunte decididamente a avanzar en superar las inequidades de una sociedad tan desigual. Es cierto que mejora la definición de educación pública, pero ésta no se valora en el inmenso significado que tiene para construir una sociedad más desarrollada, más integrada y menos desigual. Por el contrario, se reafirma la idea de un mercado o cuasi mercado educacional en el cual todos compiten por igual.

La LGE no reconoce que la educación pública, administrada por municipios, producto del modelo segregador, se hace cargo de los niños y jóvenes más pobres del país, con establecimientos insertos en realidades sociales y culturales muy complejas.

La LGE tampoco reconoce que la educación pública ha terminado contando con mucho menos recursos que la educación no pública. Hoy tenemos 400 millones de dólares de financiamiento compartido que aportan los padres del 33 por ciento de los alumnos en colegios particulares subvencionados.

La LGE consagra y perpetúa un sistema en que las familias con más recursos compran la educación que esté a su alcance; los sectores medios, con grandes esfuerzos, acceden a la educación según su nivel de ingresos, muchas veces, aportando más de lo que reciben, quedando la educación pública como la educación para los más pobres, para quienes tienen más problemas de disciplina, para quienes están más lejos de las redes sociales, con una administración poco adecuada y recursos insuficientes.

Hemos perdido los que vimos en este proyecto una posibilidad de enfrentar decididamente la desigualdad de nuestra sociedad, a través de uno de los factores de movilidad más importantes, cual es la educación.

Hemos perdido los que creemos en una sociedad que entregue a todos los chilenos, independientemente de su condición y origen, las herramientas básicas para desenvolverse.

Hemos perdido los que creemos que es muy importante avanzar en la calidad y en la integración social, desde las escuelas y liceos.

Tercero, en la LGE el Estado no asume como desafío preferente el fortalecimiento de la educación pública.

Pese a que en el Senado se consagró un sistema mixto de educación y a que se esboza una definición de educación pública, el Estado queda sin responsabilidades claras al respecto.

Faltan la definición y la orientación fundamentales. El Estado debe amparar y garantizar la libertad de enseñanza y los derechos de todos; pero, indiscutiblemente, tiene un compromiso preferente con la educación pública, la que forma a los niños y jóvenes de menores ingresos, la que promueve valores y principios universales, y la que se propone articular la diversidad de la República.

Este proyecto no contribuye a frenar el retroceso en la matrícula de la educación municipal, que ha perdido casi quince puntos en una década, alcanzando hoy el 44 por ciento. Ésta es la consecuencia de un modelo educativo segregador.

Este proyecto no avanza en contar con un Ministerio de Educación más eficaz, que se vuelque decididamente en apoyo a las escuelas, a la docencia de aula, que despliegue sus capacidades mejorando programas, reconociendo y ayudando a expresar todas sus potencialidades.

El proyecto de fortalecimiento de la educación pública no ha tenido avance alguno, y en esta ley marco no hay definiciones que le abran el camino.

Hemos perdido quienes esperábamos un compromiso claro del Estado con sus establecimientos.

Hemos perdido los que aspiramos a que la educación pública disponga de más recursos, al menos para equiparar el gasto por alumno a los niveles que se logran en la educación particular subvencionada con el aporte fiscal y de los padres; los que aspiramos a cursos con menos alumnos, a profesores con más tiempo para preparar las clases, a más deportes, cultura y visitas educativas, a más apoyo a los niños con problemas.

Hemos perdido los que reconocemos que uno de los grandes errores de la Concertación fue no asumir, desde el primer día, un gran esfuerzo por fortalecer la educación pública e incurrir en fallas tan garrafales como el financiamiento compartido.

Estimado Presidente, honorables colegas, es necesario tener claro lo que se logra y lo que no se logra con esta nueva ley marco en tramitación.

La Ley General de Educación contiene algunos nuevos avances, como la Agencia de Calidad de la Educación, la Superintendencia de Educación, el Consejo Nacional de Educación y los requisitos adicionales para los sostenedores.

Lamentablemente, quedará para la historia como una ley que consagró la desigualdad educativa en nuestro país; como la ley que evitó abordar, al menos conceptualmente, el importante tema de la educación superior, y como la ley que, más allá de las intenciones, terminará debilitando aún más la educación pública, que prestigió a Chile a través de su historia.

Nos asiste una enorme desazón, por cuanto no se han recogido aspectos tan sustantivos como los expresados.

Por todas estas razones, hemos resuelto votar en contra, porque estimamos que no se ha efectuado el debate necesario.

(Aplausos en las tribunas)

Se impidió y se limitó el debate en el primer trámite constitucional, y hoy se sigue evitando el voto informado y razonado. Mientras aquí, durante el primer trámite, se nos enrostró el acuerdo para impedir la discusión, en el Senado se permitió la presentación de más de 500 indicaciones y abrir debate, generando algunas modificaciones que demuestran que el acuerdo no era una regla sagrada e inmodificable.

Sé que es responsabilidad de los propios diputados no dejarse pasar a llevar. El Senado fue más digno, se dio más tiempo y pudo ir más allá del acuerdo. En esta oportunidad, aprovecho de valorar y destacar el gran trabajo realizado por los senadores Ricardo Núñez y Mariano Ruiz-Esquide , que hicieron grandes esfuerzos por mejorar el proyecto.

Hemos resuelto, en lo sustantivo, votar en contra, no porque no estemos de acuerdo con algunas modificaciones importantes introducidas por el Senado, sino para generar en una eventual Comisión Mixta una última opción de debate que incorpore los temas más trascendentes que reclamamos.

Hemos resuelto votar en contra, porque asumimos ser parte, en esta materia, de un sector minoritario de este Congreso Nacional que quiso ir más allá, que pretendió incorporar el humanismo como eje, que buscó reforzar la educación pública y que trató de disminuir las enormes desigualdades e inequidades existentes en la educación.

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

He terminado su tiempo, señor diputado .

El señor DE URRESTI.-

Está claro que en política hay que asumir la realidad y considerar lo que es posible. Así lo hemos hecho en muchos proyectos de ley. El problema es que cuando se discute la ley matriz en materia de educación deben quedar claras las diferentes posiciones de los sectores políticos representados en el Congreso Nacional. Sabemos que en las opciones que se tomen en educación están en juego generaciones de niños y jóvenes.

Termino señalando que la Concertación ha hecho importantes esfuerzos en educación, y éste era el momento de efectuar transformaciones estructurales. Hemos perdido una oportunidad para llevar a cabo cambios más sustantivos.

No avanza un país en que no se busque fortalecer, con todos los instrumentos legales, la educación pública, que es el pilar de una sociedad más justa e igualitaria.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

Como aún quedan seis diputados inscritos, propongo a la Sala conceder cinco minutos a cada uno, a fin de que puedan intervenir.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba.

El señor FUENTEALBA.-

Señor Presidente , en la primera oportunidad en que discutimos el proyecto que establece la Ley General de Educación, es decir, en su primer trámite constitucional, en nuestra intervención hicimos presente nuestra preocupación por la situación que vive la educación rural.

En la Cámara de Diputados represento a Illapel, Salamanca , Los Vilos , Canela , Punitaqui, Monte Patria y Combarbalá, que son básicamente comunas rurales, en las cuales la educación tiene una tremenda importancia para jóvenes que viven alejados de los centros urbanos y de las capitales comunales.

En esa oportunidad, expresamos a la ministra de Educación la necesidad de contemplar en el futuro un acápite, un capítulo o un estatuto que apunte única y exclusivamente al mejoramiento de la educación de jóvenes hijos de campesinos, agricultores, trabajadores temporeros, mineros y pescadores.

Pensamos que en el Senado sería posible introducir una diferenciación entre la educación formal, destinada a niños y niñas de centros urbanos, y la que se debe privilegiar, fomentar y mejorar en el sector rural. Lamentablemente, al parecer, esto no fue posible, pero no por ello quiero dejar de recordárselo a la señora ministra.

No es posible tener la misma educación en colegios urbanos que en colegios rurales. Son dos mundos distintos, con sujetos en el proceso educativo absolutamente diferenciados, pues sus perspectivas son disímiles.

En esta oportunidad, quiero realzar la importancia de la educación técnico-profesional. Echo de menos ese énfasis en este acuerdo marco en materia de educación.

Advertimos escasa preocupación por mejorar y regular la calidad y pertinencia de este tipo de educación, y ausencia de una política y una estrategia de legitimación del papel de las universidades en la formación de técnicos superiores.

Existe falta de voluntad política para readecuar la oferta de los planteles educativos a las vocaciones productivas y demandas regionales. Existe, también, ausencia de una política agresiva e integral para incorporar el trabajo por cuenta propia y/o asociativo como una prolongación de la función del sistema educativo.

¿Qué debiéramos hacer en esta materia?

Queremos que al interior del Ministerio de Educación se cree una subsecretaría que cuente con la capacidad institucional para convocar a los sectores educativos y armonizar las distintas ofertas con las políticas nacionales de desarrollo y las demandas sociales.

Echamos de menos el desarrollo de incentivos a favor de empresas y establecimientos educativos a fin de asegurar la práctica productiva de los egresados de la educación técnica como condición de titulación.

Anhelamos y ansiamos un plan de incentivos técnicos y financieros que posibilite a egresados de la educación técnico-profesional el emprendimiento de actividades productivas en forma asociativa o por cuenta propia.

Debemos propender al fortalecimiento del acceso a la educación técnico-profesional de jóvenes y adultos con rezago educativo.

Es necesario definir un plan de expansión del número de escuelas o liceos técnico profesionales administrados por el sector productivo y un plan efectivo de mejoramiento de la calidad y pertinencia de la oferta de la educación técnico-profesional. Todo ello, para culminar con una política y estrategia destinada a adecuar la oferta de los planteles educativos a las demandas que generan las vocaciones productivas y proyectos de desarrollo regional.

¿Por qué? Porque creemos que la transformación de la educación técnica es un medio efectivo para lograr la equidad y la promoción social. Para eso es necesario establecer una oferta pública y privada de calidad para jóvenes y adultos, ligada a las demandas que genera el desarrollo económico y social, y también a las oportunidades de empleo formal asociativo o por cuenta propia a nivel nacional y regional, e integrada a la estructura del sistema educativo y productivo nacional.

Queremos aprovechar la discusión de este proyecto para realzar el perfil que, a nuestro juicio, debiera tener en el futuro la educación técnico-profesional, y pedir a la ministra de Educación más preocupación, mejores políticas y mayor valoración por esta educación.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.

El señor DITTBORN.-

Señor Presidente, este debate despierta muchas pasiones por dos razones.

En primer lugar, porque, sin duda, la educación es uno de los problemas más importantes del país, pero, además, porque existe un choque de concepciones sobre la intervención del Estado en materia educacional. En efecto, hay dos concepciones muy antagónicas que no se escuchan.

Por eso, hoy tenemos una activa participación en las tribunas de representantes del Colegio de Profesores, a ratos sin respetar el Reglamento de la Corporación.

¿Cuáles son esas dos concepciones?

Por un lado, la que sostienen quienes creen en una educación pública de carácter exclusivo, con un Colegio de Profesores muy poderoso que negocie con el gobierno de turno las condiciones en que los profesores participan en el proceso educativo -hoy, eso se llama Estatuto Docente- en la cual se otorguen beneficios a los profesores no necesariamente en función de los resultados que se obtengan, sino de las ganancias que el gremio legítimamente obtenga en un proceso de negociación. Ellos creen que con este sistema de educación pública exclusivo -no quiero llamarlo monopólico para no usar una palabra que provoque enfrentamiento- se logrará una mejoría en la calidad de la educación en general y, además, una mayor equidad, aspecto al cual dan mucha importancia.

Ésta es, en el fondo, la posición que representa en la Sala el Partido Socialista.

¡Perfecto, me parece muy bien que nos entendamos!

Esto significa -no lo dicen abiertamente- disminuir a su mínima expresión o, eventualmente, terminar con la educación particular subvencionada, es decir, terminar con la asignación de fondos públicos a los colegios particulares subvencionados o, como dijo un señor de la tribuna, terminar con el negocio.

(Manifestaciones en las tribunas).

Señor Presidente , a muchos diputados, entre los que me incluyo, lo que más les importa en el debate sobre educación y respecto del gasto público es algo que prácticamente no se ha mencionado: qué calidad de educación están recibiendo los niños en la educación pública. A muchos de nosotros no nos preocupa el lucro. En lo personal, estoy dispuesto a que funcionen colegios públicos con fines de lucro, en la medida en que otorguen una calidad de educación aceptable para los niños más modestos de Chile. A mi juicio, el lucro es una herramienta, no un fin en sí mismo. Si existen colegios malos que persiguen fines de lucro, evidentemente es necesario sancionarlos. La Agencia de Calidad de la Educación velará por que ello ocurra. Se pueden especificar requisitos que deban cumplir los sostenedores; sin embargo, lo que no se puede permitir es que no se utilicen todos los instrumentos que se tienen a mano para lograr una necesaria calidad en educación.

Por otro lado, hay un grupo de personas que creemos en una educación pública de carácter no exclusivo, que necesariamente deba competir con otras formas de educación. Creemos en una educación particular subvencionada que compita en iguales condiciones con la educación pública. Creemos en la educación religiosa y en la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Ellos son los que mejor saben lo que les conviene. Por lo tanto, nunca entregaremos nuestros votos para apoyar reformas que afecten o conculquen esa libertad.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González.

El señor GONZÁLEZ.-

Señor Presidente , los grandes y exitosos sistemas educacionales del mundo que exhiben buenos resultados cuentan, como eje central, con una educación pública de calidad, diversa y plural -aun cuando conviva con sistemas mixtos-, a la que tienen acceso todos los jóvenes que quieren estudiar.

Esa condición brinda al Estado la posibilidad de ejercer un rol fundamental en el desarrollo de la educación, sin perjuicio de permitir que el mundo privado participe en esa tarea. En ese tipo de sistemas, el Estado no se priva de dar una atención preferente a la educación pública, y es eso lo que pierde de vista el proyecto.

En Chile, la educación pública está en crisis y en franco deterioro. La municipalización ha fracasado.

(Manifestaciones en las tribunas).

La educación pública compite con la educación particular subvencionada; sin embargo ésta última cuenta con el doble de financiamiento. El principal instrumento de segregación es el financiamiento compartido, que permite que quienes cuentan con mayores recursos económicos matriculen automáticamente a sus hijos en colegios que exhiben, al menos, tres tipos de calidad educacional.

Asistimos a un proceso de discusión que debió culminar en una Ley General de Ecuación que colocara a la educación pública en el centro, tal como lo indica la tradición. En efecto -repito-, ella debe ser el eje del sistema educativo, con recursos suficientes para competir en condiciones de igualdad con la educación particular subvencionada. Sin embargo, el proyecto en debate no lo permite ni lo asegura. Por el contrario, mantiene condiciones de desigualdad y de segregación en el sistema educacional.

Los movimientos sociales que motivaron el diseño de una nueva Ley General de Ecuación planteaban una transformación más profunda del sistema educacional. En la Cámara de Diputados, más que en el Senado, no se contó con el tiempo necesario para la discusión y para debatir indicaciones que mejoraran el proyecto. Ello no perseguía desconocer, como ocurrió en el Senado, la existencia de puntos de acuerdo. Sin duda el proyecto avanza en muchos aspectos, pero no atiende a los fundamentales, es decir, a los que aseguran una educación pública con atención preferente del Estado.

Por estas razones, voy a votar en contra de la iniciativa.

(Manifestaciones en las tribunas).

Asimismo, solicito que se voten en forma separada las modificaciones al artículo 4º, que define el carácter mixto de la educación y coloca en las mismas condiciones a la educación pública y a la particular subvencionada, en circunstancias de que la tradición educacional chilena siempre ha colocado a la primera como eje y centro del sistema, sin impedir que el sector privado contribuya al mismo. Nadie desconoce la importancia de ese sector en el ámbito educativo, en particular en el desarrollo de colegios dirigidos por congregaciones religiosas y otros. Con todo, resulta prioritario recuperar para Chile la educación pública de calidad.

Por último, es necesario subrayar que muchos artículos no aseguran que el Estado entregará las condiciones necesarias para el desarrollo de la educación pública y que sólo señalan que éste propenderá a ello, como ocurre con el artículo 6º, cuyas modificaciones voy a votar en contra.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

Muy bien. Así se procederá.

Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker.

El señor BECKER.-

Señor Presidente , hace algunos instantes, el diputado señor Aguiló recordó una frase de una canción de Sabina que señala: “Que ser valiente no salga tan caro/ que ser cobarde no valga la pena”.

Hago mía esa expresión para rendir un homenaje a la ministra de Educación , porque ha sido valiente durante la tramitación del proyecto. A pesar de todas las presiones, ha seguido adelante. Estoy seguro de que la iniciativa constituye un gran aporte a la educación chilena.

(Manifestaciones en las tribunas).

Hemos sido convocados para pronunciarnos en relación con las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que establece la Ley General de Educación. Los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra se refirieron extensamente a la materia, por lo que repetiré algunos conceptos vertidos con ocasión de la discusión general del proyecto.

La iniciativa reúne las materias que mejor se pudieron consensuar. Afortunadamente, la democracia nos obliga a llegar a acuerdos. ¡Esta no es una dictadura!

(Manifestaciones en las tribunas).

Aquí nadie impone su posición: ni el diputado Aguiló , ni la Alianza por Chile, ni el diputado Montes . El proyecto recoge el acuerdo de las mayorías que se expresan en la Cámara de Diputados, las cuales, por lo demás, representan la división del país en dos grandes sectores.

Esto es lo mejor que se pudo conseguir. Nosotros teníamos nuestros sueños; queríamos un proyecto distinto, que significara mejor calidad en la educación de los niños, pero no pudimos lograrlo. Tampoco el diputado Aguiló pudo lograr lo que él quería.

Obviamente, esta ley en tramitación no va a solucionar todos los problemas de la educación chilena. No se trataron aspectos como el financiamiento, la carrera docente, el Estatuto Docente ni la municipalización. Reconozco que ahora estamos viendo el fortalecimiento de la educación pública y creemos que ahí habrá avances.

Sin embargo, estamos contentos con lo logrado.

Mucho se ha insistido aquí respecto de que no hubo tiempo para las audiencias, para escuchar a la gente. Este proyecto ha sido el más debatido en los últimos tiempos en la Cámara de Diputados. Asistieron ciento cincuenta invitados durante siete meses de discusión. En el Senado se trató durante seis meses, se presentaron quinientas indicaciones y hubo ochenta invitados. En verdad, no se puede seguir discutiendo más. Los niños no pueden seguir esperando una educación de calidad.

(Manifestaciones en las tribunas).

Hay avances importantes en relación con la calidad de la educación, como la no selección de alumnos hasta sexto básico y la creación de la Agencia de Calidad de la Educación y de la Superintendencia de Educación.

Además, se estableció una serie de restricciones a los sostenedores, como el giro único y transparentar los recursos que reciben del Estado. Por lo tanto, ningún sostenedor podrá gastar la plata en cualquier cosa, sino que deberá usarla en materias de educación. Éste es un gran avance.

En cuanto a las modificaciones del Senado, a pesar de que hubo consenso, no estamos de acuerdo con la mayoría de ellas; sin embargo, las votaremos a favor, salvo la referida al artículo 46, letra g), por dos razones: primero, porque no es consecuencia del acuerdo, y segundo, porque es muy importante que profesionales jóvenes puedan ayudar a la educación de niños de enseñanza media.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Alinco.

El señor ALINCO.-

Señor Presidente , tal vez mis palabras pueden sonar a resentimiento, pero represento -no quiero ser autorreferente- a una generación de jóvenes chilenos, obreros e hijos de obreros, que han sufrido la discriminación debido a la política educacional que todavía existe en el país.

Por lo tanto, sé de lo que estoy hablando. No soy un técnico en la materia, pero sí he sentido -insisto- la represión y discriminación que este sistema significa para los jóvenes estudiantes chilenos.

Por eso, como diputado de la Concertación , leal a la Presidenta Michelle Bachelet , esperaba que este proyecto planteara soluciones de fondo a la política educacional nacional. Sin embargo, una vez más debo decir que mi gobierno me ha defraudado, porque el proyecto no responde a lo que quieren profesores y estudiantes, y no es lo que todos los chilenos esperábamos. Por lo tanto, una vez más estamos fallando a la confianza que nuestro pueblo nos entregó.

La educación no significa solamente preparación académica y obtención de un título determinado para conseguir oportunidades en el mundo del trabajo, pues va más allá que eso.

Cuando se discrimina con una educación selectiva, en que hay que tener plata para acceder a una educación de calidad, se condena a la mayoría de los chilenos a no tener oportunidades de influir en las políticas que se llevan a cabo. A los poderosos del sistema no les conviene una educación participativa a la cual todos tengan acceso. Temen que los hijos de los trabajadores, de los campesinos, de los pescadores y de los mineros puedan tener una educación de calidad y que terminen disputándoles el poder político a ellos, los poderosos de siempre.

(Aplausos)

Señor Presidente, la educación chilena no es un negocio, es un negociado. No es posible que se siga haciendo de ella un negocio para unos pocos a costa de muchos.

Por lo tanto, con mucho respeto a mi Presidenta , Michelle Bachelet , anuncio que voy a votar en contra.

(Aplausos)

Es necesario que en este hemiciclo y en el Congreso Nacional, seamos consecuentes. Por eso, como dijo una diputada que me antecedió en el uso de la palabra: “Honremos, no a nuestros partidos y a nuestra ideología, sino a quienes nos eligieron, que son todos los chilenos”.

Señor Presidente , en este hemiciclo, donde hay ciento veinte honorables hombres y mujeres, de una vez por todas debemos empezar a legislar de verdad; no con iniciativas a medias, sino profundas que signifiquen soluciones definitivas. ¿De qué sirvió la gran movilización de los estudiantes denominada “de los pingüinos”; de qué han servido la enseñanza, la preocupación, el esmero que nos han demostrado nuestros profesores si hoy les estamos fallando?

Por lo tanto, hago un llamado a los 119 diputados presentes a rechazar este proyecto y a que presentemos otro de verdad, que signifique soluciones definitivas para la educación.

(Aplausos)

Si hoy aprobamos este proyecto a medias, cuando llegue a este hemiciclo el relacionado con el fortalecimiento de la educación pública, nuevamente será un fracaso.

Llamo a votar en contra.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Finalmente, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.

El señor JARAMILLO.-

Señor Presidente , no hay duda de que la educación es el pilar fundamental del desarrollo. Este hecho significa, a la vez, que es la forma más directa de combatir la pobreza e incorporar al desarrollo económico a los menos favorecidos por la sociedad.

Por tanto, no podemos olvidar su carácter integral. Conocimiento, valores, modelos de comportamiento, afecto, son factores que van de la mano y son entregados día a día por los educadores. No podemos considerar la enseñanza como un mero producto, como parece desprenderse del tenor del proyecto. Es importante la calidad y hacer los mayores esfuerzos para mejorar el rendimiento de nuestros niños y jóvenes, pero en este punto no se escuchó suficientemente al profesorado.

El simplismo con que se pretende evaluar y objetivizar los factores que inciden en la calidad de la educación, da pavor. No estamos educando autómatas, sino seres humanos, con anhelos y necesidades. Démosle entonces una educación integral. Eduquémoslos para hacerlos mejores personas y entreguémosles las herramientas para que se desenvuelvan en el complejo y competitivo mundo globalizado. Esta labor tan fundamental no puede ser tomada a la ligera.

No es posible que el Estado pretenda disminuir su rol en la educación, entregando a los vaivenes del mercado y la suerte de la cuna, la calidad de la educación que reciben nuestros niños y jóvenes. La misión del Estado es preponderante, tal como lo reconoce la Constitución Política.

Hubiésemos querido un proyecto más profundo, serio y comprensivo, cuya tramitación incluyese mayor discusión, con participación de todos los actores, considerando las experiencias y conclusiones a las que arribó la mesa de trabajo que se formó luego de la llamada “revolución pingüina”, como decía el diputado Súnico , que de una u otra forma constituyó un serio llamado de atención para nosotros, los creadores e implementadores de políticas públicas. No los defraudemos con un proyecto a medias.

Si deseamos fortalecer la educación pública, terminemos de una buena vez con la municipalización de los establecimientos, postura que este proyecto de ley no recogió.

(Aplausos)

Los profesores fueron los grandes olvidados, nuevamente. No se consideró su legítima demanda de ser los únicos autorizados a entregar contenidos y a educar. No es lo mismo ser ingeniero y dar clases de matemáticas que ser profesor de matemáticas.

(Aplausos)

Tampoco se compatibiliza la exigencia de mejores estándares de calidad con remuneraciones acordes al sacrificio y esfuerzo que realiza el profesorado al preparar sus clases, dictarlas, evaluar y actualizar sus conocimientos, condiciones imprescindible para garantizar la calidad de la enseñanza.

Por las razones expuestas, he decidido votar en contra del proyecto de ley y a favor de la educación chilena.

He dicho.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-Se han registrado los siguientes pareos: diputados Enrique Accorsi con Alejandro García-Huidobro; René Aedo con Eduardo Saffirio; Gabriel Ascencio con Marcelo Forni; Fernando Meza con Osvaldo Palma; señora Denise Pascal con Eugenio Bauer; Ignacio Urrutia con Guillermo Ceroni, Alfonso Vargas con José Pérez y señora Lily Pérez con Carlos Montes

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

En votación las modificaciones del Senado al proyecto que establece la ley general de Educación, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 66 diputados en ejercicio, con excepción de la recaída en el artículo 46, letra g).

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 12 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván; Paya Mira Darío; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Harboe Bascuñan Felipe; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Girardi Briere Guido; González Torres Rodrigo; Jaramillo Becker Enrique; Olivares Zepeda Carlos; Sepúlveda Orbenes Alejandra.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Allende Bussi Isabel; Jiménez Fuentes Tucapel.

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

En votación la modificación a la letra g) del artículo 46, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 66 diputados en ejercicio.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 44 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; De Urresti Longton Alfonso; Duarte Leiva Gonzalo; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván; Quintana Leal Jaime; Rossi Ciocca Fulvio; Sabag Villalobos Jorge; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Harboe Bascuñan Felipe; Venegas Cárdenas Mario.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Olivares Zepeda Carlos; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Fuentealba Vildósola Renán; Turres Figueroa Marisol.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

El proyecto pasa a Comisión Mixta.

Propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece la ley general de Educación, con los siguientes diputados y diputadas: señoras María Antonieta Saa, Marcela Cubillos, señores Germán Becker, Gabriel Silber y Marcos Espinosa.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Corresponde votar las modificaciones del Senado al proyecto de ley que crea el subsidio al empleo.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, boletín N° 6393-05. Documentos de la Cuenta N° 2 de esta sesión.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Barros Montero Ramón; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

El señor ÁLVAREZ (Presidente).-

Despachado el proyecto.

Pido la autorización de la Sala para agregar los votos de los señores diputados que no alcanzaron a emitirlos.

¿Habría acuerdo?

Acordado.