Labor Parlamentaria

X. Otros documentos de la Cuenta.

- Oficio de las Comisiones Unidas de Recursos Naturales y de Minería y Energía por el cual solicitan el asentimiento de la Sala para que se le remita, para su estudio, el proyecto iniciado en mensaje, actualmente radicado en la Comisión de Economía, que “modifica la ley N° 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles con el objeto de considerar la leña oficialmente como combustible”. Boletín N° 6572-03.

- Oficio de la Comisión de Régimen Interno por el cual comunica que tomó conocimiento de la carta del Presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá, señor Peter Milliken, en la que agradece que se le haya renovado la invitación para presidir una delegación parlamentaria a Chile, visita que concretará los días 12 y 14 de octubre próximo. (Oficio N° 849).

Ministerio de Interior:

- Diputado Jaramillo, detención de estudiantes de la Universidad de Los Lagos, de Puerto Montt.

Ministerio de Hacienda:

- Diputada Rubilar, alcances de pólizas de seguros complementarios y catastróficos en caso de epidemia o emergencia sanitaria.

- Diputados Sepúlveda don Roberto y Accorsi, concesión definitiva a empresa Pilmaiquén para Central Hidroeléctrica Rucatayo.

Ministerio de Defensa Nacional:

- Diputado Uriarte, criterio y flexibilidad en la fiscalización de cartones de recorrido en comuna de El Monte.

- Diputado Monckeberg don Cristián, gastos en publicidad de esa Cartera de Estado.

Ministerio de Obras Públicas:

- Diputada Sepúlveda doña Alejandra, obras viales en comuna de Chimbarongo, Región de O'Higgins.

- Diputado Hernández, cambios en el diseño de pavimentación de la calle Victoria, en Osorno.

- Diputado Delmastro, proyecto Carretera Costera, Región de Los Ríos.

Ministerio de Bienes Nacionales:

- Diputada Valcarce, gestión de terrenos fiscales en Pampa Chacalluta, Región de Arica y Parinacota.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social:

- Diputado Sabag, programas de capacitación orientados a trabajadoras de casas particulares.

- Diputado Uriarte, fondos de rezago de señor que indica.

- Diputado Arenas, gestiones efectuadas en caso de señora que indica, despedida en estado de embarazo.

Ministerio de Salud:

- Diputado Díaz don Marcelo, resultados de las mediciones de calidad de aire en Andacollo.

Ministerio de Planificación y Cooperación:

- Diputado Sepúlveda don Roberto, puntaje de Ficha de Protección Social de la persona que indican.

- Diputado García, Proyecto Orígenes en comunidad Juan de Dios Llancamil 1 y 2, Curarrehue.

- Diputado Hernández, situación de terrenos que conforman el fundo Pucopío, en San Juan de la Costa.

- Diputado Delmastro, requisitos para postular a la Beca Indígena y personas favorecidas en años 2008 y 2009, en la Región de Los Ríos.

- Diputado Jaramillo, montos entregados por el Indap al Programa Orígenes, Región de Los Ríos.

- Diputado García, si es efectivo castigo en el puntaje en la Ficha de Protección Social a las personas con mayor nivel educacional.

- Diputado Delmastro, estado del proyecto de Construcción de Sede Social en localidad de Ninhuento, comuna San José de la Mariquina.

- Diputado Urrutia, Proyecto de APR de Villa La Reina hacia Yiyahue, en Parral.

- Diputado Urrutia, necesidad de luz eléctrica para el sector Las Rosas, de Longaví.

Municipalidad de Maipú:

- Diputado Sepúlveda don Roberto, puntaje de Ficha de Protección Social de la persona que indican.

- Diputado Sepúlveda don Roberto, puntaje de Ficha de Protección Social de la persona que indican.

III. ACTAS

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- El acta de la sesión 71ª se declara aprobada.

El acta de la sesión 72ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.

IV. CUENTA

El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor ÁLVAREZ, don Adrián ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.

V. FÁCIL DESPACHO

VII. HOMENAJE

SUSPENSIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO Y DE SESIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Propongo a la Sala suspender el tratamiento de los proyectos de acuerdo y la sesión de la Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes.

El señor FARÍAS.- Señor Presidente , a los jefes de bancadas de los partidos de la Concertación, señores Marcelo Díaz, Eduardo Saffirio, Alejandro Sule y quien habla, nos interesa tratar, sobre tabla, el proyecto de acuerdo referido al llamado a los comandos políticos para mantener un clima que asegure el pluralismo informativo.

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Señor diputado , no tenemos quórum para tratar el proyecto de acuerdo en este momento, pero podríamos ponerlo en el primer lugar de la sesión de mañana.

El señor FARÍAS.- De acuerdo, señor Presidente.

El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo para proceder en la forma propuesta?

Acordado.

VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA

1. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de acuerdo que aprueba el Quincuagésimo Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 35, sobre el Comercio de Servicios, celebrado entre los Gobiernos de los Estados Partes del Mercosur y el Gobierno de la República de Chile, en Montevideo, Uruguay , el 27 de mayo de 2009. (boletín N° 6690-10).

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración, el Quincuagésimo Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 35, sobre el Comercio de Servicios, celebrado entre los Gobiernos de los Estados Partes del Mercosur y el Gobierno de la República de Chile, en Montevideo, Uruguay , el 27 de mayo de 2009.

I. ANTECEDENTES.

1. Marco jurídico.

El 4 de octubre de 1996 fue publicado en el Diario Oficial, previa aprobación por el Congreso Nacional, el Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 (ACE Nº 35) entre el Gobierno de la República de Chile, por una parte, y los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercado Común del Sur (Mercosur), por la otra, suscrito en Potrero de Los Funes, Provincia de San Luis, República Argentina, el 25 de junio de 1996.

Dicho Acuerdo, celebrado en desarrollo del Tratado de Montevideo de 1980 que creó la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), tiene como principal objetivo establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física que contribuya a la creación de un espacio económico ampliado tendiente a facilitar la libre circulación de bienes y servicios y la plena utilización de los factores productivos.

Para el cumplimiento de dicho objeto, uno de los aspectos a desarrollar está constituido por la liberalización del comercio de servicios entre Chile y el Mercosur. El ACE Nº 35 no reguló acabadamente esta materia, limitándose en su título XIII a establecer el mandato a las Partes de promover la liberación, expansión y diversificación progresiva del comercio de servicios en sus territorios, debiendo para ello iniciar los trabajos tendientes a avanzar en la definición de los aspectos del Programa de Liberalización para los sectores de servicios objeto del comercio.

2. Relevancia del sector servicios.

El sector de los servicios representa aproximadamente el 60% del PIB de Chile. En el año 2008, la exportación de servicios contribuyó con el 14% al total de las exportaciones chilenas y creció un 50% entre los años 2005 y 2008. El sector de los servicios es de particular importancia en la relación económica entre Chile y el Mercosur. En efecto, y en cuanto a la exportación de servicios no tradicionales (sin tomar en cuenta transporte, viajes, seguros y servicios financieros), el Mercosur es destino del 25% de las exportaciones chilenas registradas (US$ 2.400 millones). Asimismo, entre 1990 y junio de 2008, Chile efectuó inversiones directas en los sectores de servicios de los países del Mercosur por un monto de US$ 7.238 millones, de los cuales US$ 5.836 millones (80,6%) se radican en Argentina, US$ 1.195 millones (16,5%) en Brasil, y US$ 204 millones (2,8%) en Uruguay. Se destacan especialmente los sectores de comercio, transporte y telecomunicaciones, entre otros. La participación de los servicios en la inversión directa de capitales chilenos en los países del Mercosur se incrementa a un 62% (US$ 14.546 millones) al adicionar el sector de la energía.

3. Cumplimiento de un mandato.

Por ello, y en cumplimiento del mandato prescrito en los artículos 34 y 36 del ACE Nº 35, el Gobierno de la República de Chile y los Gobiernos de los Estados Parte del Mercosur han suscrito el Protocolo Adicional sobre el Comercio de Servicios que se somete a vuestra consideración.

Se espera que este Protocolo refuerce los flujos de exportación de servicios entre Chile y el Mercosur. Existen, entre otras, exportaciones de consultoría en áreas mineras, agrícolas y de energía; exportaciones de software; establecimientos de casas comerciales chilenas que tendrán ahora un marco regulatorio de estabilidad respecto a las reglas que les serán aplicadas.

II. CONTENIDO DEL PROTOCOLO.

1. Mecanismos de liberalización.

Las disciplinas y mecanismos de liberalización que establece el Protocolo sobre el Comercio de Servicios entre Chile y Mercosur son similares a las del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Es decir, se incorporan los cuatro modos de prestación y disciplinas tales como trato nacional, acceso a mercados, regulación doméstica y reconocimiento. Además, se utilizó un enfoque de negociación de listas positivas, en el cual cada país decide en su Lista de Compromisos los sectores y las condiciones específicas en que éstos serán incorporados.

En este marco, la liberalización se realiza sobre la base de las disciplinas de trato nacional (no discriminación) y acceso a los mercados (en su mayoría limitaciones cuantitativas), y se aplica a los cuatro modos de prestación de servicios. Éstos incluyen tanto el comercio transfronterizo -es decir, desplazamiento del consumidor (modo 2, por ejemplo cuando un turista argentino viene a Chile), del proveedor (modo 4, por ejemplo cuando un doctor chileno se traslada para hacer una operación en otro país de Mercosur) y la prestación sin desplazamiento (modo 1, por ejemplo cuando una consultoría se manda vía internet)- como las inversiones, es decir la prestación a través de una presencia comercial (modo 3, por ejemplo cuando una empresa chilena de telecomunicaciones se instala en Brasil para ofrecer su servicio).

2. Compromisos específicos.

Cabe señalar que Chile y cada país miembro del Mercosur han asumido compromisos en sectores específicos de servicios en listas separadas. La oferta de Chile es única para todos los países del Mercosur, mientras que las listas de los Miembros del Mercosur son individuales para Chile.

En materia de apertura de mercados, las Partes fueron más allá de sus compromisos registrados en la OMC. A este respecto, se pueden destacar los siguientes sectores: Argentina incluyó compromisos en servicios profesionales, construcción, distribución al por mayor y menor y manufacturas; Brasil en servicios audiovisuales, informática y minería; Paraguay en franquicias, enseñanza y turismo; y Uruguay servicios profesionales, salud, informática, publicidad, manufacturas, minería, construcción y distribución al por mayor y por menor, entre otros.

Como resultado de estos compromisos, las Partes consolidan la apertura de determinados sectores de su economía, estableciendo, en ciertos casos, las restricciones existentes en cada país respecto a la prestación de los servicios. En caso de establecer restricciones existentes en un determinado sector, las Partes se obligan a no imponer, respecto de dicho servicio, mayores restricciones en el futuro. En consecuencia, algunos sectores quedan abiertos a los proveedores de servicios chilenos (esto es así cuando en las listas aparece “Ninguna” restricción) y otros quedan con limitaciones específicas. En este último caso, a pesar de que existan limitaciones, se produce certeza jurídica, en el sentido que los proveedores de servicios chilenos podrán conocer las restricciones de las Partes, las que no podrán ser más gravosas en el futuro. Por último, en otras situaciones las Partes pueden no asumir compromiso en un determinado modo de prestación (esto es cuando se establece “sin consolidar”).

La Comisión Administradora del ACE Nº 35 será el ámbito formal para el tratamiento de las cuestiones relativas a la implementación del Protocolo y las controversias que puedan surgir de su aplicación serán resueltas de conformidad con el mecanismo establecido en el Vigésimo Primer Protocolo Adicional al ACE Nº 35.

3. Cláusula de revisión futura.

Finalmente, cabe señalar que se estableció una cláusula de revisión futura (tres años desde la entrada en vigencia del Protocolo) para profundizar la liberalización de los sectores comprometidos, incorporar otros y eliminar restricciones existentes. Además, se acordó evaluar en el futuro la conveniencia de iniciar negociaciones en materia de servicios financieros.

En mérito de lo precedentemente expuesto, someto a vuestra consideración el siguiente

PROYECTO DE ACUERDO:

“ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Quincuagésimo Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 35, sobre el Comercio de Servicios, celebrado entre los Gobiernos de los Estados Partes del Mercosur y el Gobierno de la República de Chile, en Montevideo, Uruguay , el 27 de mayo de 2009.”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; ANDRÉS VELASCO BRAÑES , Ministro de Hacienda ; MARIANO FERNÁNDEZ AMUNÁTEGUI , Ministro de Relaciones Exteriores ; HUGO LAVADOS MONTES, Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción”.

2. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley que modifica el Código Penal en lo relativo al delito de tortura, adecuándolo a la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. (boletín N° 6691-07).

“Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, someto a vuestra consideración el presente proyecto de ley que modifica el código penal en lo relativo al delito de tortura, adecuándolo a la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

I. ANTECEDENTES GENERALES.

La Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue ratificada por nuestro país el 30 de septiembre de 1988. Se tradujo en la necesidad de adecuar nuestra legislación interna a objeto de tipificar el delito de tortura. Ello ocurrió el 1 de julio de 1998, año en que se publicó la ley N° 19.567, a través de la cual se incorporaron en nuestro Código Penal los artículos 150 A y 150 B.

Mediante la reforma legal antes señalada fueron recogidas algunas de las conductas establecidas en el artículo primero de la citada Convención.

El artículo primero de la Convención señala que: “A los efectos de la presente convención, se entenderá por el término “tortura”, todo acto por el que se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a ésta”.

Sin embargo, nuestra legislación ha sido cuestionada por instancias internacionales, llamando a perfeccionarla de modo que se adecue de manera más exacta a la normativa internacional.

II. REPAROS DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en su Cuadragésimo segundo período de sesiones de 2009, ha realizado recomendaciones a nuestro país, señalando que el delito en cuestión presentaría algunos reparos derivados de la disconformidad de dicha conducta con la definición establecida en el artículo 1° de la Convención.

1. Limitación de víctimas

En efecto, respecto del artículo 150 A del Código Penal, ha sostenido que esta legislación limitaría a las potenciales víctimas de tortura a aquellas personas privadas de su libertad. A este respecto el inciso primero de la precitada disposición legal establece que serán castigados con las penas allí señaladas el “empleado público que aplicare a una persona privada de libertad”.

En este sentido, el Comité ha expresado que “dicha legislación limita las potenciales víctimas de tortura a aquellas personas privadas de su libertad”.

De la historia fidedigna del establecimiento de la ley N° 19.567, puede desprenderse que el antiguo artículo 150 del Código Penal regulaba conjuntamente el delito de apremios ilegítimos o tormentos y el delito de detención, incomunicación o arresto ilegal, por esta razón la referencia a las “personas privadas de libertad” operaba respecto de ambas hipótesis. Luego de la modificación de la ley referida, el delito de tortura del nuevo artículo 150 A siguió haciendo injustificadamente referencia a la “detención de libertad”, restringiendo a las potenciales víctimas de torturas sólo a las personas que se encontraren privadas de libertad en el contexto de una detención policial o una investigación criminal. Por esta razón, y considerando que tal carácter de la persona víctima de este delito, no es una exigencia de la Convención, parece acertado eliminar la referencia a la privación de libertad.

2. Hipótesis no explícitas.

Por otra parte, se planteó que ciertas conductas que no estarían siendo recogidas en el actual artículo 150 A del Código Penal. En efecto, el artículo 1° de la Convención establece las siguientes motivaciones que llevan al sujeto activo a infligir sufrimientos a la víctima, tales son: el castigo por un acto cometido, o que se sospeche que ha cometido; intimidación o coacción a la persona; cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación y, fin de obtener de la víctima o un tercero información o una confesión.

Sin embargo, el artículo 150 A del Código Penal, en su inciso tercero, ha contemplado sólo una de las motivaciones señaladas más arriba: el fin de obtener una confesión, declaración o alguna información, pero no ha contemplado expresamente las relacionadas con el castigo, la coacción o la discriminación, razón por la cual se hace necesario adecuar el tipo penal a los compromisos suscritos por Chile en la materia, incorporando todas las motivaciones contempladas en el artículo 1° de la Convención.

III. OTRAS MODIFICACIONES

1. Se modifica la denominación del delito

Además, en lo referido a la denominación del delito se dice expresamente que se “comete tortura”.

2. Sujeto activo.

Por otra parte, se ha estimado oportuno eliminar la exigencia de un sujeto activo especial, estableciendo que la acción típica, podrá ser desarrollada por cualquier persona, de ahí la mención en la nueva propuesta legal a “el que”, permitiendo, de esta forma, ampliar el ámbito de las personas capaces de atentar gravemente contra otras.

En este contexto se ha mantenido la incriminación de la conducta realizada por el empleado público, ahora como una figura calificada respecto del tipo penal base, cometido por un sujeto activo común.

3. Se elimina la reducción de pena respecto de la autoridad.

Asimismo, se sanciona con la misma pena “al que, conociendo la ocurrencia de las conductas tipificadas (…), no las impidiere o hiciere cesar, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello”.

Se elimina así, la disminución injustificada de un grado de pena que actualmente existe respecto de la misma hipótesis.

4. Se agrega una nueva figura

Finalmente, se agrega una hipótesis de delito complejo, cual es el homicidio cometido “con ocasión o motivo de las conductas descritas”, como solución de eventuales concursos. Se le aplica una pena acorde con su gravedad, como es la de presidio mayor en su grado medio a perpetuo.

Por tanto, someto a vuestra consideración el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo primero.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones al Código Penal:

1.- Agréguese al artículo 150 el siguiente inciso segundo nuevo:

“Al que, sin revestir la calidad de empleado público, participare en las conductas sancionadas en este artículo, se le impondrá la pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio.”.

2.- Sustitúyase el artículo 150 A por el siguiente nuevo:

“Artículo 150 A. El que, con el fin de compeler al ofendido o a un tercero a efectuar una confesión, a prestar algún tipo de declaración o a entregar cualquier información, o lo hiciere para coaccionarlo, intimidarlo o castigarlo por algún acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido o que por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, le someta a condiciones o procedimientos que le provoquen sufrimientos físicos o mentales graves, o los ordenare o consintiere en su aplicación, comete tortura, y será castigado con la pena de presidio o reclusión mayor en su grado mínimo y la accesoria correspondiente.

Las mismas penas se aplicarán, respectivamente, al que, conociendo la ocurrencia de las conductas tipificadas en los incisos precedentes, no las impidiere o hiciere cesar, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello.

Si de la realización de las conductas descritas en este artículo resultare alguna de las lesiones previstas en el artículo 397 o la muerte de la persona privada de libertad, siempre que el resultado fuere imputable a negligencia o imprudencia, la pena será de presidio o reclusión mayor en su grado mínimo a medio y de inhabilitación absoluta perpetua.

El que con ocasión o motivo de las conductas descritas en los incisos primero y segundo, cometa además homicidio en la persona del ofendido, será castigado con presidio mayor en su grado medio a perpetuo.

Si las conductas descritas en los incisos anteriores, fueren cometidas por un empleado público, las penas allí descritas se aumentarán en un grado.

El empleado público que aplicare a una persona apremios ilegítimos, físicos o mentales u ordenare o consintiere en su aplicación, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo.”.

3.- Elimínese el artículo 150 B.”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ; CARLOS MALDONADO CURTI , Ministro de Justicia ”.

3. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de reforma constitucional en materia de Gobierno y Administración Regional (boletín N° 3436-07).

Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.

4. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas, y modifica diversos cuerpos legales (boletín N° 4248-06).

Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.

5. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece ley que faculta al Fisco para comprar y vender propiedades particulares afectadas por situaciones de catástrofes (boletín N° 6010-12).

Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.

6. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que regula los sondeos y encuestas políticas (boletín N° 6248-06 y 6255-06, refundidos).

Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.

7. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece nuevo Código Procesal Civil (boletín N° 6567-07).

Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.

8. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley N° 17.798, sobre Control de Armas (boletín N° 5405-02).

Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.

9. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad (boletín N° 4921-11).

Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, para el proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y si-

guientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.

10. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que impone penas por delitos que atenten contra la libre competencia (boletín N° 6438-03).

Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.

11. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que tipifica delitos atentatorios contra los derechos de los consumidores y la libre competencia (boletín N° 6439-03).

Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.

12. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada y a la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública (boletín N° 6120-07).

Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , ministro Secretario General de la Presidencia ”.

13. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, respecto del proyecto de ley que impide la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en virtud del artículo 4° transitorio de la ley 20.017 de 2005, en determinadas zonas o áreas (boletín N° 6681-01).

Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.

14. Oficio de S.E. la Presidenta de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley

que regula los convenios no concursales para pequeños deudores y pequeñas y medianas empresas (boletín N° 4908-03).

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.

15. Oficio del Senado.

“Valparaíso, 2 de septiembre de 2009.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que faculta al Fisco para comprar y vender propiedades particulares afectadas por situaciones de catástrofe, correspondiente al Boletín N° 6010-12, con las siguientes modificaciones:

Artículo 1°.-

Lo ha reemplazado, por el siguiente:

“Artículo 1º.- El Fisco de Chile, sujeto a los requisitos de la presente ley y a que haya acuerdo en el precio, conforme dispone el artículo 9°, deberá comprar, por intermedio del Ministerio de Bienes Nacionales, los inmuebles urbanos de propietarios particulares situados en la comuna de Chaitén, hayan o no resultado éstos afectados por la erupción del volcán Chaitén o por las secuelas de dicha catástrofe. Asimismo, deberá comprar aquella parte, extensión o cabida de los inmuebles rurales de propietarios particulares ubicados en las comunas de Chaitén y de Futaleufú que hayan sufrido cuantiosas pérdidas por la erupción del volcán Chaitén o por las secuelas de dicha catástrofe, ya sea en los suelos, en las cubiertas vegetales, en la aptitud del suelo para las actividades agropecuarias, en las construcciones o mejoras destinadas a tal fin, o en otras construcciones o mejoras efectuadas o introducidas por sus dueños en estos predios, para cualquier otra actividad productiva o de servicio. En el evento de que haya sido afectado todo el inmueble rural el Fisco deberá comprarlo íntegramente.

Mediante decreto expedido por intermedio del Ministerio de Bienes Nacionales, que deberá además ser suscrito por el Ministro de Agricultura , se definirá el sentido y alcance de la expresión “cuantiosas pérdidas” y del término “secuelas” para efectos de esta ley.

Se entenderá por propiedades urbanas todas aquellas que se encontraban en el radio que comprende el límite urbano definido por el decreto N° 128, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1987, antes de la erupción del día 2 de mayo de 2008 y, además, las que se hallan individualizadas en los planos X-5-919-CR; X-5-848-SR; X-5-1488-CR; X-5-1581-CR; X-5-2014-CR, y X-5-2055-SR, así como los inmuebles que se originen en subdivisiones o transferencias derivadas de dichos planos. Asimismo, se entenderá por propiedades rurales todas aquellas que se encontraban fuera de dicho radio hasta antes del 2 de mayo de 2008. La existencia de cuantiosas pérdidas y secuelas que hubieren podido sufrir estas últimas será determinada y certificada por el Ministerio de Agricultura por medio de su respectiva Secretaría Regional Ministerial, en el plazo máximo de treinta días corridos contados desde que esa institución sea requerida.

Tal certificación se realizará mediante un acto administrativo que contendrá su justificación técnica, el cual será público y constará en la página web institucional del Ministerio de Bienes Nacionales. Del mismo modo, serán públicas y constarán en el referido sitio electrónico institucional las resoluciones que aprueben o rechacen las solicitudes que se presenten al amparo de esta ley, y el valor comercial de cada una de las propiedades a vender al Fisco, una vez que éste sea determinado por la comisión de peritos de acuerdo a lo que disponen los artículos 7° y siguientes del presente texto legal, así como la circunstancia de que el monto original fijado por ella sea modificado como resultado de una reconsideración o reestudio de dicho valor. Las resoluciones que aprueben o rechacen las solicitudes indicadas en este inciso serán suscritas por el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Los Lagos .

En contra de la resolución por medio de la cual se certifique la inexistencia de cuantiosas pérdidas y secuelas, en los términos indicados en los incisos anteriores, procederán todos los recursos establecidos en la ley N° 19.880.”.

Artículo 2°.-

Ha sustituido sus incisos segundo, tercero, cuarto y quinto, por los siguientes:

“El plazo para ingresar la manifestación de intención de venta al Fisco será de seis meses contado desde la publicación de esta ley. Para ello, quien sea propietario del inmueble o quien se encuentre en vías de serlo podrá concurrir a cualquier Secretaría Regional u Oficina Provincial del Ministerio de Bienes Nacionales con el objeto de manifestar su intención de venta de la propiedad al Fisco, adjuntando los documentos y títulos que tuviere de ella. Una vez que el Ministerio de Bienes Nacionales obtenga todos los antecedentes y documentos que requiera para realizar el respectivo estudio de títulos, se dará administrativamente inicio al procedimiento para adquirir el inmueble, a partir de la constancia respectiva.

El Ministerio de Bienes Nacionales tendrá el término de seis meses para tramitar la compra del bien raíz, contado desde que obtenga todos los antecedentes y documentos que requiera para realizar el respectivo estudio de títulos de la propiedad, conforme se indica en el inciso precedente.

Cualquier persona que integre la comunidad hereditaria que quede al fallecimiento del propietario del inmueble correspondiente, y que no haya obtenido la resolución por la cual se le concede la posesión efectiva de la herencia podrá, en representación de ella, efectuar la manifestación de intención de venta del inmueble. Sin embargo, el Ministerio de Bienes Nacionales sólo le dará curso una vez que se acredite haber obtenido la posesión efectiva de la herencia y que ésta se encuentra inscrita en el Conservador de Bienes Raíces competente. En estos casos, además, quienes actúen en comunidad deberán designar un mandatario común para solicitar la reconsideración del valor comercial o del precio del inmueble, si procediere, o para acordar este último, de acuerdo a lo que disponen los artículos 7° y siguientes de la presente ley, así como para efectos de suscribir la respectiva escritura de compraventa y percibir el pago.

También tendrán derecho a manifestar su intención de venta aquellos que deban regularizar sus títulos de acuerdo a las normas de derecho común o que se encuentran regularizando el dominio del inmueble a vender conforme a la normativa especial que se establece en los decretos leyes N° 2.695, de 1979, y N° 1.939, de 1977, así como en la ley N° 19.776. Sin embargo, el Ministerio de Bienes Nacionales sólo dará curso al procedimiento para adquirir la propiedad una vez que se hayan saneado los títulos de rigor o que se hayan inscrito los inmuebles regularizados en virtud de las normas particulares citadas en el Conservador de Bienes Raíces competente.”.

Artículo 3°.-

-Ha reemplazado su encabezamiento, por el siguiente:

“Artículo 3°.- Respecto de las propiedades que son objeto de una solicitud de regularización presentada ante el Ministerio de Bienes Nacionales conforme a las disposiciones del decreto ley N° 2.695, del decreto ley N° 1.939 o de la ley N° 19.776, se presumirá que es propietario del inmueble respectivo, para los efectos de esta ley, quien acredite las siguientes circunstancias:”.

-Ha sustituido su letra a), por la que sigue:

“a) El ocupante de la propiedad fiscal o el poseedor del inmueble particular, según sea el caso, debe haber presentado su solicitud de regularización ante la Secretaría Regional u Oficina Provincial de Bienes Nacionales competente con antelación a la erupción del volcán Chaitén, ocurrida el 2 de mayo de 2008, y cumplir con todos los requisitos que la normativa específica establece.”.

Artículo 4°.-

Lo ha reemplazado, por el siguiente:

“Artículo 4°.- La adquisición de los inmuebles se hará no obstante que con posterioridad a la erupción del Volcán Chaitén ocurrida el 2 de mayo de 2008, o de sus secuelas, éstos hubieren sido dañados, destruidos, inundados, arrasados o arrancados y transportados de un lugar a otro producto de una fuerza natural violenta.”.

Artículo 5°.-

Lo ha sustituido, por el siguiente:

“Artículo 5°.- La compra de los inmuebles que efectúe el Ministerio de Bienes Nacionales se realizará previo estudio de los títulos de dominio de la propiedad, los que deberán estar ajustados a derecho.”.

Artículo 6°.-

Lo ha reemplazado, por el que sigue:

“Artículo 6°.- Todo aquel que maliciosamente obtuviere el reconocimiento de la calidad de titular del dominio del inmueble que es objeto de la adquisición del Fisco en virtud de esta ley, valiéndose de engaño, simulación o documentos o pruebas falsas, será sancionado con las penas del artículo 467 del Código Penal, aumentadas en un grado.

La persona sancionada deberá devolver al Fisco de Chile el precio recibido por la compra del inmueble, con intereses y reajustes.”.

Artículo 7°.-

Lo ha sustituido, por el siguiente:

“Artículo 7º.- El precio de compra que el Fisco de Chile pague por los inmuebles urbanos o rurales de propiedad particular que adquiera en las condiciones descritas, se expresará en unidades de fomento y será pagado al contado, una vez suscrita la escritura de compraventa por ambas partes e inscrito el dominio a nombre del Fisco, libre de todo gravamen, prohibición, embargo o litigio.

El precio de compraventa corresponderá al valor comercial que estos inmuebles tenían antes de la erupción del volcán Chaitén ocurrida el 2 de mayo de 2008. Para la determinación de su monto, el Ministerio de Bienes Nacionales pondrá los antecedentes necesarios a disposición de la comisión que se constituirá para estos efectos, integrada por tres peritos que serán designados por el Ministerio de Obras Públicas de la lista constituida de acuerdo al artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978, Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones. Podrán nombrarse peritos registrados en cualquier Región del país.

Cada comisión tendrá un plazo máximo, no prorrogable, de treinta días corridos contados desde su constitución como tal, para determinar el valor comercial de los inmuebles a adquirir, lo que constará en un informe de tasación elaborado especialmente para estos efectos por la referida comisión y suscrito por los integrantes de la misma, el que será visado por el Ministerio de Obras Públicas. Este informe será notificado al Ministerio de Bienes Nacionales mediante oficio del Ministerio de Obras Públicas.

Recibido el informe de tasación, el Ministerio de Bienes Nacionales procederá a notificarlo al vendedor mediante carta certificada dirigida al domicilio que éste hubiere designado en su primera presentación o con posterioridad y dicha notificación se entenderá practicada al tercer día siguiente a su expedición. El informe que determine el monto o valor comercial de las propiedades deberá contener, a su vez, la tasación de los bienes y los criterios usados en dicha tasación.

El Fisco o el vendedor tendrán un plazo de diez días corridos, no prorrogables, contados desde que les fue notificado el informe de tasación, para solicitar a la comisión de peritos el reestudio del monto del precio de compra fijado por ella. Esta solicitud de reestudio deberá ser fundada y en ella podrán exponer lo que estimen conveniente a sus derechos, así como acompañar los antecedentes en que se fundan.

Si el Fisco o el vendedor no solicitan el reestudio de los antecedentes, se entenderá que aceptan para todos los efectos el precio de compra del inmueble que determine la referida comisión y el Ministerio de Bienes Nacionales continuará con el trámite de rigor.

Si el vendedor o el Ministerio de Bienes Nacionales solicitan el reestudio de los antecedentes, la presentación deberá efectuarse ante cualquier Secretaría Regional u Oficina Provincial del Ministerio de Bienes Nacionales, la que remitirá la solicitud al Ministerio de Obras Públicas.

El reestudio del valor comercial será conocido y resuelto por la misma comisión de peritos que fijó el precio de compra del inmueble, pudiendo ésta mantenerlo o subirlo. El plazo máximo para reestudiar los antecedentes será de cinco días hábiles, no prorrogables, contado desde que el Ministerio de Obras Públicas reciba la solicitud de reestudio.

El resultado de este reestudio será informado por el Ministerio de Obras Públicas al Ministerio de Bienes Nacionales. A su vez, el Ministerio de Bienes Nacionales notificará por carta certificada al vendedor el resultado del reestudio, independientemente de que éste haya sido solicitado por el propio Fisco o por el vendedor, así como la contraoferta del precio de compraventa, la cual contendrá el nuevo precio fijado por la comisión en caso de que éste no se haya mantenido. En estos casos, el reestudio de los antecedentes agotará la vía administrativa.

Notificado el resultado del reestudio de los antecedentes al vendedor, éste tendrá un plazo de diez días hábiles para aceptar el nuevo precio o para desistirse de la compraventa. El silencio del vendedor en esta materia importará desistimiento. En caso de aceptación, se fijará como precio definitivo de compra aquél que determine la comisión de peritos como consecuencia del reestudio de los antecedentes.

Para efectos de tasar el inmueble a adquirir, la comisión de peritos considerará los antecedentes de títulos que existan respecto del terreno. Para la tasación de las edificaciones o construcciones en el estado en que éstas se encontraban antes de la erupción del volcán Chaitén del 2 de mayo de 2008, se estará a los antecedentes que las partes aporten o que de ellas existan. Deberá también considerar el valor comercial referencial que inmuebles de similares características tenían en el sector antes de la erupción del aludido volcán.

El requirente podrá reclamar en contra del informe de la comisión de peritos dentro del término de diez días hábiles, ante el tribunal que corresponda a su domicilio. Dicha reclamación se sujetará a las normas sobre juicio sumario establecidas en el Código de Procedimiento Civil, procediendo en contra de la sentencia definitiva que se dicte el recurso de apelación, el cual, en caso de ser concedido, deberá agregarse extraordinariamente para su vista y fallo a la tabla correspondiente al día subsiguiente al de su ingreso al respectivo Tribunal de Alzada .”.

Artículo 8°.-

Lo ha sustituido, por el que sigue:

“Artículo 8°.- La remuneración de los peritos será de cargo del Ministerio de Bienes Nacionales y se fijará conforme a la Resolución N° 171, del Ministerio de Obras Públicas, de 13 de agosto de 1984. Asimismo, será de cargo del Ministerio de Bienes Nacionales cualquier otro gasto que sea necesario efectuar para la aplicación de la presente ley, así como la confección y visación de los planos de subdivisión de los predios rurales que resultaron afectados con cuantiosas pérdidas y que el Fisco comprará sólo en la cabida afectada, quedando exento del pago de cualquier derecho por este concepto ante el Servicio Agrícola y Ganadero.”.

Artículo 9°.-

-Ha reemplazado la frase “por la comisión de peritos a que alude el artículo precedente”, por “en la forma establecida en el artículo 7°”.

-Ha sustituido la expresión “de los inmuebles” por “del inmueble”.

-Ha reemplazado el punto aparte (.) por una coma (,) y agregado a continuación la siguiente frase: “el que será suscrito bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República .”.

Artículo 10.-

-Ha intercalado, a continuación de la expresión “compraventa y”, la palabra “siempre”.

-Ha agregado, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser seguido, la siguiente oración final: “Igualmente, si la propiedad que compra el Fisco tiene su origen en un título o transferencia gratuita del Ministerio de Bienes Nacionales, no regirá a su respecto la exigencia de haber transcurrido el plazo de cinco años de la prohibición que impide enajenar el inmueble en cuestión, la que se entenderá alzada para los efectos de aplicar la presente ley.”.

-Ha agregado el siguiente inciso segundo, nuevo:

“En cualquier caso, el Fisco no podrá adquirir la propiedad si existe deuda pendiente por impuesto territorial o contribuciones de bienes raíces, a menos que ésta se descuente del precio de compraventa.”.

Artículo 11.-

-Ha intercalado, a continuación de la expresión “las mismas propiedades,”, la siguiente frase: “en el estado en que éstas se encuentren al momento de efectuar la recompra,”.

-Ha suprimido la oración final.

-Ha incorporado el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Fisco conservará el dominio de los terrenos necesarios para la construcción de caminos y no podrá vender los inmuebles que se precisan para asegurar la conectividad terrestre continua del país.”.

Artículo 12.-

Lo ha suprimido.

Artículo 13.-

Ha pasado a ser artículo 12, reemplazándose las expresiones “declara factible” por “permite”, y “seis meses” por “un año”.

Artículo 14.-

Lo ha eliminado.

Artículos 15 y 16.-

Han pasado a ser artículos 13 y 14, respectivamente, sin enmiendas.

Artículo 17.-

Lo ha suprimido.

Artículo 18.-

Ha pasado a ser artículo 15, con las siguientes enmiendas:

Inciso tercero

-Ha reemplazado el vocablo “deberá” por “podrá”.

-Ha agregado la siguiente oración final: “Asimismo, el valor de los certificados que cobre el Conservador de Bienes Raíces de Chaitén y que le solicite el Fisco para efectos de realizar el correspondiente estudio de títulos, será el siguiente: por certificado de inscripción de dominio o subinscripción, $ 1.500; por certificado de gravámenes hasta diez años, $ 1.500, y de más de diez años, $ 2.500; por certificado de prohibiciones hasta diez años $ 1.500, y de más de diez años, $ 2.500; por otros certificados, como el de litigios y declaración de bien familiar, $ 1.500 por cada uno.”.

-Ha consultado el siguiente inciso cuarto, nuevo:

“Los valores anteriores se aplicarán cualquiera sea el número de páginas de las escrituras o sentencias judiciales, según sea el caso, así como cualesquiera sean los nombres que comprenda la revisión durante los lapsos indicados.”.

Artículos 19 y 20.-

Han pasado a ser artículos 16 y 17, respectivamente, sin modificaciones.

-o-

Hago presente a vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 30 señores Senadores, de un total de 37 en ejercicio.

En particular, el inciso final del artículo 7° fue aprobado con el voto favorable de 32 señores Senadores, de un total de 37 en ejercicio. Los artículos 1° y 11 se aprobaron con el voto afirmativo de 34 señores Senadores, también respecto de un total de 37 en ejercicio, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.096, de 13 de mayo de 2009.

Devuelvo la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

(Fdo.): JOVINO NOVOA VÁSQUEZ , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.

16. Oficio del Senado.

“Valparaíso, 2 de septiembre de 2009.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de reforma constitucional, de esa Honorable Cámara, en materia de gobierno y administración regional, correspondiente al Boletín Nº 3436-07, con las siguientes modificaciones:

Artículo único

-o-

Ha consultado los siguientes números 2, 3 y 4, nuevos:

“2. Reemplázase la letra e) del numeral 2) del artículo 52 por la siguiente:

“e) De los intendentes, gobernadores y de la autoridad que ejerza el Gobierno en los territorios especiales a que se refiere el artículo 126 bis, por infracción de la Constitución y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión.”.

3. Sustitúyese, en el número 2) del artículo 57, la frase “los miembros de los consejos regionales” por “los consejeros regionales”.

4. Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 112, la frase “El intendente presidirá el consejo regional y” por “Al intendente”.”.

-o-

Número 2.

Ha pasado a ser número 5, sustituido por el siguiente:

“5. Reemplázase el artículo 113 por el siguiente:

“Artículo 113. El consejo regional será un órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, dentro del ámbito propio de competencia del gobierno regional, encargado de hacer efectiva la participación de la ciudadanía regional y ejercer las atribuciones que la ley orgánica constitucional respectiva le encomiende.

El consejo regional estará integrado por consejeros elegidos por sufragio universal en votación directa, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos. La misma ley establecerá la organización del consejo regional, determinará el número de consejeros que lo integrarán y su forma de reemplazo, cuidando siempre que tanto la población como el territorio de la región estén equitativamente representados.

Cesará en su cargo el consejero regional que durante su ejercicio perdiere alguno de los requisitos de elegibilidad o incurriere en alguna de las inhabilidades, incompatibilidades, incapacidades u otras causales de cesación que la ley orgánica constitucional establezca.

Lo señalado en los incisos precedentes respecto del consejo regional y de los consejeros regionales será aplicable, en lo que corresponda, a los territorios especiales a que se refiere el artículo 126 bis.

El consejo regional, por mayoría absoluta de sus integrantes en ejercicio, elegirá un presidente de entre sus miembros. El presidente del consejo durará cuatro años en su cargo y cesará en él en caso de incurrir en alguna de las causales señaladas en el inciso tercero, por remoción acordada por los dos tercios de los consejeros regionales en ejercicio o por renuncia aprobada por la mayoría de éstos.

La ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones del presidente del consejo regional.

Corresponderá al consejo regional aprobar el proyecto de presupuestos de la respectiva región considerando, para tal efecto, los recursos asignados a ésta por la Ley de Presupuestos de la Nación, sus recursos propios y los que provengan de los convenios de programación.

Los Senadores y Diputados que representen a las circunscripciones y distritos de la región podrán, cuando lo estimen conveniente, asistir a las sesiones del consejo regional y tomar parte en sus debates, sin derecho a voto.”.”.

Número 3.

Ha pasado a ser número 6, sin enmiendas.

-o-

Ha incorporado, a continuación, los siguientes números 7, 8 y 9, nuevos:

“7. Sustitúyese el inciso cuarto del artículo 115, por el siguiente:

“A iniciativa de los gobiernos regionales o de uno o más ministerios podrán celebrarse convenios anuales o plurianuales de programación de inversión pública entre gobiernos regionales, entre éstos y uno o más ministerios o entre gobiernos regionales y municipalidades, cuyo cumplimiento será obligatorio. La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las normas generales que regularán la suscripción, ejecución y exigibilidad de los referidos convenios.”.

8. Derógase el inciso tercero del artículo 116.

9. Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 123:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la ley orgánica constitucional respectiva regulará la administración de las áreas metropolitanas, que será ejercida por los gobiernos regionales. Las atribuciones que a este efecto se otorguen a los gobiernos regionales prevalecerán respecto de las que se asignen a las municipalidades con competencia en el mismo territorio.”.”.

-o-

Número 4.

Ha pasado a ser número 10, sustituido por el siguiente:

“10. Reemplázase el artículo 124 por el siguiente:

“Artículo 124. Para ser designado intendente o gobernador y para ser elegido consejero regional, alcalde o concejal, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener los demás requisitos de idoneidad que la ley señale y residir en la región a lo menos en los últimos dos años anteriores a su designación o elección.

Los cargos de intendente, gobernador, consejero regional, alcalde y concejal serán incompatibles entre sí.

Ningún intendente, gobernador o presidente del consejo regional, desde el día de su designación o elección, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de causa. De esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema.

En caso de ser arrestado algún intendente, gobernador o presidente de consejo regional por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.

Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el intendente, gobernador o presidente del consejo regional imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente.”.”.

Número 5.

Ha pasado a ser número 11, sin enmiendas.

-o-

Hago presente a vuestra Excelencia que este proyecto fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 36 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio.

En particular, los distintos numerales del artículo único del texto del proyecto que el Senado os propone fueron aprobados con el quórum que se señala:

-Número 1, con 36 votos afirmativos, de un total de 37 señores Senadores en ejercicio.

-Números 2 y 3, con 23 y 34 votos favorables, respectivamente, de un total de 38 señores Senadores en ejercicio.

-Números 4 y 11, con 23 votos; número 5, con 30 votos; número 6, con 22 votos; número 7, con 34 votos; número 8, con 31 votos; número 9, con 27 votos, y número 10, con 32 votos. En todos estos casos, el quórum de aprobación se verificó respecto de un total de 37 señores Senadores en ejercicio.

De esta manera, se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de la República.

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 7.248, de 17 de enero de 2008.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

(Fdo.): JOVINO NOVOA VÁSQUEZ , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ”.

17. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de ley que modifica el Código Penal restituyendo la pena de muerte en caso de violación con resultado de muerte en menores de 14 años. (boletín N° 6642-07).

“Honorable Cámara:

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en una moción de los Diputados señoras María Angélica Cristi Marfil , Claudia Nogueira Fernández y Marisol Turres Figueroa y señores Sergio Correa de la Cerda , Andrés Egaña Respaldiza , Marcelo Forni Lobos , Alejandro García Huidobro Sanfuentes , Javier Hernández Henández y Felipe Ward Edwards .

Durante el análisis de esta iniciativa, la Comisión contó con la colaboración de las siguientes personas: don Claudio Troncoso Repetto , Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores; don Miguel Ángel Fernández González , profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Chile y don Edgardo Palacios Angelini , profesor de Derecho Constitucional en las Universidades Adolfo Ibáñez y Andrés Bello .

Asimismo, tuvo a la vista un trabajo elaborado sobre la materia por don Humberto Nogueira Alcalá , profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Talca y un estudio efectuado por don Rodrigo Araya , abogado del Área de Análisis Legal de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional .

I. IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES.

La idea central del proyecto tiene por finalidad reponer la pena de muerte en nuestra legislación penal común, estableciéndola específicamente para el delito de violación de un menor de catorce años, con resultado de muerte.

Tal idea, la que el proyecto concreta por medio de dos artículos, es propia de ley de conformidad a lo establecido en el artículo 19 N° 1, párrafo tercero de la Constitución Política, en relación con el artículo 63 N°s. 2 y 3 de la misma Carta Fundamental.

II. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.

Para los efectos de lo establecido en los números 2°, 4° y 5° del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:

1.- Que el proyecto en cuanto establece la pena de muerte para el delito señalado, requiere se lo apruebe con quórum calificado, por así disponerlo el artículo 19 N° 1, párrafo tercero, de la Constitución Política.

2.- Que ninguna de las disposiciones del proyecto es de la competencia de la Comisión de Hacienda.

3.- Que se rechazó la idea de legislar por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Soto y señores Araya , Arenas , Burgos , Ceroni , Marcelo Díaz , Eluchans y Harboe .

III. DIPUTADO INFORMANTE.

Se designó Diputado Informante al señor Felipe Harboe Bascuñán .

IV. ANTECEDENTES.

Los autores de la moción fundamentan su presentación señalando que ante los últimos casos de criminalidad ocurridos en el país, parece adecuado reflexionar sobre la conveniencia de mantener en la legislación los medios con que cuenta el estado de derecho para defender a las personas inocentes de la criminalidad. Al respecto, señalan que el reciente crimen perpetrado en Valparaíso en contra de una menor de cinco años, no puede dejar indiferentes a quienes tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de las personas.

Recuerdan, en seguida, que la ley N° 19.734 modificó diversas disposiciones del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal, del Código de Justicia Militar, de la Ley de Seguridad del Estado, del Código Orgánico de Tribunales y del decreto ley N° 321, de 1925, con el objeto de suprimir la pena de muerte respecto de determinados delitos especialmente graves. Agregan que la Unión Demócrata Independiente fue el único conglomerado político que se opuso a esta supresión por considerar que, ante el aumento sostenido de la delincuencia, ello constituía una señal equivocada, circunstancia que el caso señalado no ha hecho más que confirmar y que hace que la población no vea ya que se apliquen las sanciones justas y ejemplarizadoras, necesarias para hacer frente a la grave situación de inseguridad existente en el país.

Agregan que quienes sostienen que no es posible reimplantar la pena máxima en nuestro ordenamiento, lo hacen basándose en el artículo IV N° 3 del Pacto de San José de Costa Rica, del que Chile es parte, el que dispone que no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido, pero, añaden, un análisis más riguroso de esa disposición, demostraría que el país no se encuentra impedido de restablecerla, porque dicha pena no ha sido abolida totalmente de nuestro ordenamiento, como lo demostraría el hecho que ella se mantiene en veinticinco casos contemplados en diferentes disposiciones del Código de Justicia Militar. En consecuencia, se estaría sólo ante una abolición parcial de la pena, que no impediría su establecimiento en nuestra legislación respecto de conductas especialmente graves.

Argumentan, asimismo, a favor de su posición, que la propia Constitución Política, en su artículo 19 N° 1, inciso tercero, permite la imposición de la pena de muerte sin otra exigencia que ello se haga por medio de una ley aprobada con quórum calificado. Por tanto, basándose en la supremacía jerárquica de la Constitución por sobre los tratados internacionales, concluyen que la posibilidad de establecer la pena de muerte para ciertos delitos, no está excluida en nuestra legislación.

V. EXPOSICIONES RECIBIDAS POR LA COMISIÓN.

a) Don Claudio Troncoso Repetto , Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores .

Inició su intervención recordando que Chile, en la actualidad, era parte de cuatro tratados internacionales que versaban sobre derechos humanos, los que al referirse al derecho a la vida, establecían restricciones para la aplicación de la pena de muerte y consagraban normas relativas a su abolición o a la prohibición de extenderla.

Dichos tratados serían el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica; el Protocolo Facultativo a la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, y el Segundo Protocolo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte.

El primero de estos instrumentos internacionales consagraba en el apartado 1 de su artículo 6, el derecho a la vida como inherente a la persona humana y aun cuando no establecía la abolición de la pena de muerte, manifestaba una clara inclinación por suprimirla al establecer que ninguna parte de dicho artículo podía invocarse por los Estados miembros para dilatar o impedir tal abolición. Este mismo artículo 6, en sus diferentes apartados, establecía una serie de límites o restricciones para la aplicación de la pena capital en los países que no la habían abolido, al exigir que ella solamente podría imponerse por los delitos más graves de conformidad a la legislación vigente al momento de cometérselos y siempre en virtud de sentencia definitiva dictada por tribunal competente.

Dentro de tales restricciones, incluía dicho artículo la prohibición de aplicarla por delitos cometidos por menores de 18 años y por mujeres en estado de gravidez, como asimismo consagraba la posibilidad de que todo condenado a muerte pudiera pedir el indulto o la conmutación, los que podrían ser concedidos en todos los casos.

La Convención Americana de Derechos Humanos, a su vez, consagraba, en su artículo 4, el derecho a la vida, establecía restricciones similares a las señaladas para su aplicación en los Estados miembros que no la hubieran abolido, más otras tales como prohibir su aplicación por delitos políticos o conexos a ellos a personas de más de setenta años a la época de la comisión o mientras se encontrara pendiente la resolución acerca de la solicitud de amnistía, conmutación o indulto.

Pero esta Convención establecía, además, en forma explícita, dos nuevas prohibiciones, cuales eran las que no podría restablecerse la pena de muerte en los Estados que la hubieran abolido y, en aquellos en que aún existiera, no podría extendérsela a delitos a los cuales no se les aplicara actualmente.

Estas dos últimas reglas pondrían de manifiesto la inclinación abolicionista de la Convención, toda vez que los Estados miembros solamente podrían legislar para suprimir dicha pena respecto de delitos castigados con ella en su legislación, pero no para reponerla respecto de aquellos a los que se la suprimió.

Al respecto citó una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que al pronunciarse a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló que tales disposiciones buscaban colocar un límite definitivo a la aplicación de dicha pena, “a través de un proceso progresivo e irreversible destinado a cumplirse tanto en los países que no han resuelto aún abolirla, como en aquellos que sí han tomado esa determinación.”, por cuanto si bien en el primer caso no llegaba a abolirla, si prohibía la extensión de su uso y su imposición a delitos para los cuales no estaba prevista con anterioridad. En el segundo caso, prohibía de modo absoluto su restablecimiento para todo tipo de delitos, de tal manera que la decisión de un Estado de abolir la pena de muerte, cualquiera fuera el tiempo en que se hubiera adoptado, pasaba de pleno derecho, a tener un carácter definitivo e irrevocable.

Por último, acerca del alcance de las expresiones delitos a los cuales no se les aplicara actualmente la pena, señaló que de acuerdo a las reglas de interpretación previstas en la misma Convención, el término actualmente debía entenderse referido al momento en que se pretendiera legislar para reponer la pena de muerte y no a la fecha de entrada en vigor de la Convención para el Estado de que se tratara, única forma de entender la finalidad de eliminación progresiva de dicha pena que inspiraba a ese instrumento internacional.

En todo caso, agregó que cualquier duda que pudiera existir acerca de los alcances del término “actualmente”, habría quedado disipada con la suscripción por parte del país de dos protocolos relativos a la abolición de la pena de muerte, uno en el ámbito universal y el otro en el interamericano.

En el primero de dichos instrumentos, es decir, el Segundo Protocolo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, las partes convenían no ejecutar a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado Parte, debiendo cada uno de éstos adoptar todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su jurisdicción.

En el segundo de tales instrumentos, es decir, el Protocolo a la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, las partes convenían no aplicar en su territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción.

Los dos Protocolos mencionados contemplaban la posibilidad de formular excepcionalmente una reserva al momento de la adhesión o ratificación, que permitía aplicar la pena de muerte en casos de una condena por delitos de carácter militar muy graves, cometidos en tiempos de guerra.

En ambos casos, Chile había formulado la reserva autorizada, por lo que no sería posible para el país reponer la pena de muerte para delitos respecto de los que actualmente no la contemplaba, pudiendo únicamente conservarla en tiempos de guerra para delitos de carácter militar muy graves.

Por todo lo anterior, concluyó que desde el punto de vista del Derecho Internacional, la reposición de la pena de muerte planteada en el proyecto, vulneraría las obligaciones internacionales asumidas por el país y su concreción generaría responsabilidad internacional para el Estado, por inobservancia de las obligaciones que le imponían los tratados de que era parte. Respecto a este mismo punto, recordó que la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, señalaba en su artículo 26, que todo tratado en vigor obligaba a las partes y debía ser cumplido por ellas de buena fe y su artículo 27 agregaba que una parte no podía invocar las disposiciones de su derecho interno, para justificar el incumplimiento de las obligaciones que le imponía un tratado.

En lo que se refiere al derecho interno, señaló que el artículo 19 de la Constitución Política aseguraba en su número 1°, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas y en el párrafo tercero de ese mismo número, imponía limitaciones para el establecimiento de la pena de muerte, exigiendo para la ley en que se la impusiere, un quórum especial de aprobación. No obstante, tal disposición no podía entendérsela en forma aislada del resto del ordenamiento, como una autorización al legislador para imponer la pena capital, sino que debía recurrirse a una interpretación armónica y sistemática con las demás disposiciones constitucionales, como eran el artículo 5°, inciso segundo y el artículo 54 número 1), párrafo quinto, todo ello conforme a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en diversos fallos, en que había señalado que la Constitución era un todo orgánico y el sentido de sus normas debía entenderse en forma tal que existiera la debida correspondencia entre ellas, excluyéndose cualquier interpretación que condujera a anular o privar de eficiencia a alguno de sus preceptos.

El primero de los preceptos señalados indicaba que el ejercicio de la soberanía reconocía como límites el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, siendo deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por la Constitución y por los tratados internacionales ratificados por el país que se encontraran vigentes. En consecuencia, sería obligatorio para el legislador respetar la prohibición de extender la pena de muerte a delitos distintos de aquellos a los que se aplicaba actualmente, como también transgredir el compromiso de no ejecutar a ninguna persona sometida a la jurisdicción nacional, salvo los casos de delitos graves, cometidos en tiempos de guerra y de naturaleza militar. Lo contrario, infringiría el citado artículo 5°, inciso segundo de la Carta Política.

Igualmente, la aprobación de una ley que impusiera la pena de muerte por la comisión de un delito actualmente no sancionado con esa pena, significaría la derogación de las disposiciones de los tratados que lo prohíben, lo que entraría en contradicción con el artículo 54 número 1) párrafo quinto, norma que disponía que los preceptos de un tratado sólo podían ser modificadas, derogadas o suspendidas de acuerdo a las disposiciones del mismo tratado o conforme a las normas generales del derecho internacional.

En atención a lo anterior, concluyó que desde el punto de vista del derecho interno, la aprobación de un proyecto de la naturaleza del que se proponía, sería contrario a la Constitución Política.

b) Don Miguel Ángel Fernández González , profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Santiago.

Dio inicio a su intervención señalando que para los efectos de analizar el tema en estudio, parecía conveniente efectuar una reseña del desarrollo que la pena de muerte había tenido en nuestro ordenamiento jurídico.

Hizo presente que de conformidad al artículo 19 número 1°, inciso tercero de la Carta Política, la pena de muerte sólo puede imponerse por ley aprobada con quórum calificado y, según lo dispone la primera disposición transitoria, mientras no se dicten dichas leyes “continuarán rigiendo los preceptos legales actualmente en vigor.”. Lo anterior lo llevaba a concluir, siguiendo en ello al profesor don Enrique Evans de la Cuadra , que existía una marcada reticencia de parte del constituyente para su implantación, exigiendo para ello un quórum especial de aprobación. En general, notaba gran preocupación en las legislaciones por reducir el ámbito de esta pena, lo que en nuestro medio se había materializado mediante la ley N° 19.734, la que había reemplazado esa sanción por la de presidio perpetuo calificado en diversos cuerpos legales.

Recordó, asimismo, que desde comienzos de la década de 1990, se había iniciado en nuestro país esta tendencia, primero con la ley N° 19.029, conocida como la primera Ley Cumplido, que reemplazó la pena de muerte por la de presidio perpetuo en distintos cuerpos legales y, luego, con la citada ley N° 19.734 que la derogó de nuestra legislación común, reemplazándola por el presidio perpetuo calificado y dejándola subsistente sólo respecto de determinados delitos previstos en el Código de Justicia Militar, cometidos en tiempos de guerra. Por tanto, dicha pena no había sido abolida definitivamente de nuestro ordenamiento.

Por otra parte, señaló que Chile era parte de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, la que en su artículo 4° disponía que toda persona tenía derecho a que se respetara su vida, derecho protegido por la ley generalmente desde el momento de la concepción, no pudiendo privarse arbitrariamente de ella a nadie.

La misma norma disponía que en los países en que esta pena no hubiera sido abolida, sólo podría aplicársela por los delitos más graves, en virtud de sentencia ejecutoriada, dictada por tribunal competente, en base a una ley que estableciera dicha pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. No podría extenderse a delitos a los cuales no se aplicara actualmente.

Igualmente prohibía restablecer esa pena en los países que la hubieran abolido.

Por último, contemplaba este artículo otra serie de restricciones como la que no se podría imponer esta pena por delitos políticos o delitos comunes conexos con delitos políticos; no podría igualmente imponerse a personas menores de 18 años o de más de 70 al momento de la comisión del ilícito o a mujeres en estado de gravidez y, finalmente, toda persona condenada a muerte tendría derecho a solicitar el indulto, la amnistía o la conmutación de la pena, los que podrían ser concedidos en todos los casos, no pudiendo aplicarse la pena mientras estuviere pendiente la decisión de la autoridad competente.

Igualmente, señaló que Chile había también ratificado el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, el que disponía que los Estados partes de dicho Protocolo no aplicarían la pena de muerte en su territorio a ninguna persona sometida a su jurisdicción. Agregó que este Protocolo había sido ratificado por el país con la reserva que ese mismo instrumento establecía en su artículo 2°, es decir, la de conservar el derecho a aplicar la pena de muerte por delitos sumamente graves de carácter militar, cometidos en tiempos de guerra, conforme al derecho internacional.

Realizó, en seguida, una reseña de la tramitación del acuerdo en virtud del cual se aprobó este Protocolo en el Congreso, destacando que en el Mensaje con que se había iniciado su tramitación, se señalaba que mediante la ley N° 19.734 se había instaurado la pena de presidio perpetuo calificado para los delitos en que se contemplaba la pena capital, agregando que con ello se obtenía una respuesta eficiente y proporcional a los delitos de mayor gravedad; se regulaba, a su vez, un régimen de libertad condicional excepcional por cuanto procedía sólo si el condenado demostraba efectivamente idoneidad para reintegrarse a la sociedad y siempre que hubiere cumplido 40 años de presidio efectivo, requiriéndose, además, para la concesión del beneficio, que éste hubiere sido concedido por el pleno de la Corte Suprema, con el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.

Una vez aprobado en primer trámite por la Cámara, en el Senado se había hecho presente que el proyecto no hacía otra cosa más que explicitar, a nivel internacional, la actual normativa a nivel interno, es decir, que la pena de muerte se encontraba abolida, salvo para algunos casos previstos en el Código de Justicia Militar. En otras palabras, no se innovaba en la materia.

En tal sentido, se había aprobado en segundo trámite en el Senado con el compromiso de formular la reserva autorizada por el artículo 2° del Protocolo.

Resumiendo todo lo anterior, concluía que desde el ángulo de las normas relativas a la pena de muerte previstas en la Constitución, el legislador podría establecer dicha pena siempre que lo hiciera por medio de una ley que se aprobara con quórum calificado, por cuanto ésta no había sido abolida por la ley N° 19.734, la que solamente la había suprimido del Código Penal y otros cuerpos legales, pero la había dejado subsistente en el Código de Justicia Militar.

Desde el punto de vista internacional, la situación parecía más compleja al momento de contrastar la moción en estudio con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y su Protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte, por cuanto se trataba de instrumentos internacionales ratificados y vigentes en el país.

De acuerdo con el artículo 4°, párrafo 3° de la Convención, los países que habían abolido la pena de muerte, no podían restablecerla, pero en el caso previsto en el párrafo 2°, es decir, el que se refería a los países que no la habían abolido, ésta solamente podría imponerse por los delitos más graves, por sentencia ejecutoriada dictada por tribunal competente, basada en una ley dictada con anterioridad a la comisión del delito. En todo caso, no podría imponérsela a delitos a los cuales no se la aplicara actualmente.

Respecto de este último punto, que era el que reflejaba la situación imperante en Chile, señaló que existía una interpretación alternativa:

-por la primera alternativa se entendía que no podría imponérsela por delitos a los que no fuera aplicable al momento de suscribir el país la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es decir, agosto de 1990, pero si con posterioridad a esa fecha el legislador abolía dicha pena respecto de un delito que si estaba sancionado con la pena capital al momento de la suscripción del Pacto, sí podría reimplantarla aunque en el tiempo intermedio hubiere sido derogada.

-por la segunda alternativa de interpretación, se sostenía que aun cuando un delito fuera acreedor de la pena de muerte al momento de suscribirse el Pacto de San José y, luego, después, esa pena fuere derogada por el legislador, éste ya no podría restablecerla aunque se tratara de un delito que se sancionaba con dicha pena al momento de la suscripción de la Convención.

Sobre este particular, señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había emitido en el año 1983 una opinión consultiva en la que precisaba el espíritu de la Convención, señalando que no se trataba ya de rodear de requisitos o condiciones más rigurosas la excepcional aplicación de la pena de muerte, sino que de ponerle un límite definitivo por medio de un proceso progresivo e irreversible destinado a cumplirse tanto en los estados que la habían abolido como en aquellos que aún no lo hacían, de tal manera de quedar impedida cualquier expansión en la lista de crímenes castigados con esa pena. Por tanto, la Corte era del parecer que la Convención prohibía absolutamente esa pena y por lo mismo, no podía un Estado aplicarla o reponerla para un delito respecto del que antes no la contemplaba en su legislación.

En consecuencia, estimó que vulneraría la Convención restablecer la pena de muerte respecto de un delito que si la tenía contemplada al momento de suscribirla, agosto de 1990, pero que después de esa fecha fue suprimida por el legislador.

Como conclusión de todo lo expuesto, señaló que si bien conforme al tenor de lo establecido en el artículo 19 N° 1, inciso tercero de la Constitución Política, podría imponerse la pena de muerte por ley aprobada con quórum calificado, máxime si dicha pena no había sido abolida en nuestro ordenamiento, hacerlo implicaría responsabilidad internacional para el Estado, el cual se había obligado a no extender dicha pena a delitos que no la tuvieran prevista al momento de la suscripción de la Convención y, más aún, si de conformidad al Protocolo de la Convención para la abolición de la pena de muerte, se había comprometido a no aplicar tal pena a persona alguna sometida a su jurisdicción.

c) Don Edgardo Palacios Angelini , profesor de Derecho Constitucional en las Universidades Adolfo Ibáñez y Andrés Bello .

Destacó que los derechos esenciales que emanan de la persona humana habían tenido un desarrollo creciente y progresivo, que impedía volver atrás en la materia.

Agregó que la Constitución, en su artículo 19 N° 1 inciso tercero, admitía la posibilidad de aplicar la pena de muerte a delitos contemplados en ley aprobada con quórum calificado y su disposición primera transitoria había conservado las mismas normas vigentes hasta que se dictara la correspondiente legislación. No obstante, a partir de las llamadas “leyes Cumplido”, el país había comenzado a erradicar la pena de muerte en todas las disposiciones del Código Penal y otras leyes, quedando subsistente únicamente en el Código de Justicia Militar para algunos delitos especialmente graves, cometidos en tiempos de guerra.

Por todo lo anterior, la regla general era que en el orden civil y en el militar en tiempos de paz, la pena de muerte estuviera erradicada, quedando por tanto abolida en los órdenes señalados no siendo posible reimplantarla.

Agregó que los derechos humanos habían experimentado un desarrollo creciente, lo que no significaba que antes no existieran sino únicamente que no siempre los diversos ordenamientos jurídicos los reconocían y, en el caso de nuestra Carta Política, si bien admitía la pena de muerte en su artículo 19 N° 1, lo hacía en el entendido que ello no era contrario a la ley natural.

Señaló que si bien en un principio se consideraba dicha pena como la única defensa frente a criminales despiadados, el desarrollo de la humanidad había demostrado que tal medida ya no era necesaria, por lo que lo lógico era tender a su eliminación o reservarla sólo para casos muy excepcionales, debiendo evitarse su aplicación en función de la dignidad humana, la que era la base de todos los derechos esenciales, propios de nuestra naturaleza.

Agregó que el inciso segundo del artículo 5° de la Constitución, al limitar tan severamente el ejercicio de la soberanía, no hacía otra cosa más que autolimitar el poder para impedir el menoscabo de los derechos humanos, por lo que al suscribir Chile la Convención Americana de Derechos Humanos, había asumido obligaciones en el ámbito del derecho internacional y por ende, puesto en juego su honor, en orden a que cumpliría las disposiciones contenidas en ese instrumento. Por lo tanto, el país había estado dispuesto a renunciar a restablecer la pena de muerte en aquellos casos en que la había derogado.

De todo lo anterior se seguía que los chilenos habían adquirido un derecho humano adicional, consistente en que no se les aplicara la pena de muerte en el ámbito civil y en el militar en tiempos de paz, derecho que se encontraba claramente amparado en el inciso segundo del artículo 5° de la Constitución. Por ello consideraba que los autores de la moción incurrían en un error, por cuanto las disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica eran claras respecto de las limitaciones que imponían a la aplicación de la pena de muerte.

Recordó que la Corte interamericana de Derechos Humanos, en opinión consultiva evacuada en el año 1983, había dado respuesta a interrogantes relacionadas con la posibilidad de que un gobierno pudiera aplicar la pena de muerte por delitos que su legislación no sancionaba con dicha pena al momento de adquirir vigor a su respecto la Convención o, sobre la base de una reserva al artículo 4 inciso cuarto de la misma Convención, podría o no imponerla con posterioridad a su entrada en vigor, por delitos que no la contemplaban al momento de la ratificación. Al respecto, teniendo presente que el artículo 4°, inciso segundo de la Convención, disponía que no se extendería la pena a delitos a los que no se la aplicara actualmente y el inciso tercero que no se restablecería la pena capital en los Estados que la habían abolido, había señalado que no se trataba ya de rodear dicha sanción de condiciones más rigurosas, sino de ponerle un límite definitivo, por medio de un proceso progresivo e irreversible aplicable tanto en los países que la habían abolido como en aquellos que aún la mantenían.

Agregó que la resolución de la Corte señalaba que si bien, en el primer caso, la Convención no suprimía la pena de muerte, si prohibía que se extendiera su uso y que se impusiera respecto de delitos para los cuales no estaba prevista anteriormente y, en el segundo, prohibía absolutamente el restablecimiento de la pena para todo tipo de delitos, lo que significaba que la resolución de un Estado de abolir la pena de muerte, cualquiera fuere el tiempo en que se hubiere adoptado, adquiría, de pleno derecho, un carácter definitivo e irrevocable.

Lo anterior demostraba que si bien la Convención no había abolido la pena de muerte, expresaba un claro y progresivo criterio destinado a limitar definitivamente su aplicación, hasta llegar a su supresión.

Por otra parte, señaló que después de la reforma constitucional del año 2005, el artículo 54 N° 1 había reconocido al Derecho Internacional como una fuente del Derecho Constitucional. Tal Derecho entraba y salía de nuestro ordenamiento conforme a sus propias normas, por lo que la única forma de restablecer la pena de muerte en nuestro ordenamiento en los casos en que estaba suprimida, sería denunciando el Pacto de San José de Costa Rica.

Con respecto a la discusión que existía acerca de la vigencia del artículo 19 N° 1, inciso tercero de la Constitución, que permitía la aplicación de la pena de muerte por medio de ley aprobada con quórum calificado, disposición de la que se sostenía que por ser contraria al Pacto de San José de Costa Rica, estaría tácitamente derogada, señaló que no era así porque una disposición constitucional no podía ser modificada por un tratado, salvo que la propia Constitución lo admitiera, tal como había sucedido recientemente con el Tribunal Penal Internacional. El mismo Tribunal Constitucional, en un reciente fallo emitido con ocasión del control de constitucionalidad de su ley orgánica, había reiterado su doctrina tradicional en el sentido de que las disposiciones de un tratado solamente tenían el carácter de preceptos legales.

Terminó señalando que no obstante lo anterior, los derechos contenidos en los preceptos de un tratado serían constitucionales o supraconstitucionales, por lo que consideraba que la moción, sin ser contraria a la ley natural, no condecía con el avance de la humanidad.

VI. DISCUSIÓN DEL PROYECTO.

Durante la discusión acerca de la idea de legislar, el Diputado señor Harboe sostuvo que de acuerdo a nuestro ordenamiento no debería existir diferencia alguna entre el derecho constitucional y el convencional, dado que al incorporar nuestra Carta Política como límite al ejercicio de la soberanía el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que están consagrados en los tratados internacionales, dichos derechos esenciales deberían entenderse incluidos en el derecho interno.

Reconoció que en el país no se había abolido la pena de muerte, aunque si se la había suprimido para todos los crímenes cometidos en tiempos de paz, por lo que no podría restablecérsela para los delitos de que se había eliminado. Añadió que aplicando las normas sobre interpretación de los tratados previstas en la Convención de Viena, las disposiciones de éstos debían interpretarse de buena fe como asimismo que para fijar el sentido de las disposiciones internacionales, debía estarse a lo que se había debatido al establecerse la norma. Al respecto, recordó que en los trabajos preparatorios de la Convención Americana de Derechos Humanos se había formulado la firme aspiración de erradicar la pena de muerte del ámbito americano, comprometiéndose las partes a efectuar todos los esfuerzos posibles para suscribir, a corto plazo, un Protocolo que la aboliera definitivamente.

De acuerdo a lo anterior, agregó que si se admitiera a tramitación un proyecto de ley contrario a las normas internacionales, podría darse lugar a la responsabilidad internacional del Estado, recordando al efecto que una sentencia de la Corte Suprema había establecido que no era posible invocar las normas del derecho interno para excusarse del cumplimiento de las obligaciones internacionales, como también, refiriéndose a las limitaciones impuestas por el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Política, había sostenido que éstas no sólo regían para el legislador sino también para el constituyente, toda vez que los derechos esenciales de la persona humana se entendían inherentes a ella y la Constitución solamente se limitaba a resguardarlos y garantizarlos.

Por todo lo anterior estimaba inconstitucional el proyecto, agregando que, desde el punto de vista práctico, no era efectivo que la pena de muerte fuera un factor disuasivo para la comisión de nuevos delitos, como lo demostraba el hecho de que Estados de los Estados Unidos que la mantenían, no ostentaban una tasa de criminalidad inferior a aquellos que la ha-bían suprimido.

Los Diputados señora Soto y señores Burgos , Ceroni y Marcelo Díaz , coincidiendo con el parecer del Diputado señor Harboe , dejaron expresa constancia que rechazaban la iniciativa por estimarla inconstitucional.

Cerrado finalmente el debate, se rechazó la idea de legislar por unanimidad. Participaron en la votación los Diputados señora Soto y señores Araya , Arenas , Burgos , Ceroni , Marcelo Díaz , Eluchans y Harboe .

-o-

Por las razones expuestas y por las que dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión recomienda rechazar la idea de legislar contenida en el proyecto.

Para los efectos del número 8° del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, el texto del proyecto de ley es el siguiente:

“PROYECTO DE LEY:

Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:

1. Reemplázase, en las penas de crímenes contenidas en la escala general del artículo 21, la frase “Presidio perpetuo calificado” por la palabra “Muerte”.

2. Agrégase el siguiente artículo 32 bis:

“Artículo 32 bis.- La imposición del presidio perpetuo calificado importa la privación de libertad del condenado de por vida, bajo un régimen especial de cumplimiento que se rige por las siguientes reglas:

1° No se podrá conceder la libertad condicional sino una vez transcurridos cuarenta años de privación de libertad efectiva, debiendo en todo caso darse cumplimiento a las demás normas y requisitos que regulen su otorgamiento y revocación.

2° El condenado no podrá ser favorecido con ninguno de los beneficios que contemple el reglamento de establecimientos penitenciarios, o cualquier otro cuerpo legal o reglamentario, que importe su puesta en libertad, aún en forma transitoria. Sin perjuicio de ello, podrá autorizarse su salida, por el tiempo que sea estrictamente necesario, y con las medidas de seguridad que se requieran, cuando su cónyuge o alguno de sus padres o hijos se encontrare en inminente riesgo de muerte o hubiere fallecido.

3° No se favorecerá al condenado por las leyes que concedan amnistía ni indultos generales, salvo que se le hagan expresamente aplicables. Asimismo, sólo procederá a su respecto el indulto particular por razones de Estado o por el padecimiento de un estado de salud grave e irrecuperable, debidamente acreditado, que importe inminente riesgo de muerte o inutilidad física de tal magnitud que le impida valerse por sí mismo. En todo caso el beneficio del indulto deberá ser concedido de conformidad a las normas legales que lo regulen”.

3. Restitúyese en la escala número 1 contenida en el artículo 59, la expresión “Muerte”, precediendo a la expresión “Presidio perpetuo calificado”.

4. Restitúyense los artículos 82 a 85, en los siguientes términos:

Art. 82: “Todo condenado a muerte será fusilado,

La ejecución se verificará de día y con publicidad en el lugar generalmente designado para este efecto o en el que el tribunal determine cuando haya causa especial para ello.

Esta pena se ejecutará tres días después de notificado al condenado el cúmplase de la sentencia ejecutoria, pero si el vencimiento de este plazo correspondiere a uno o más días de fiesta religiosa o nacional, se postergará para el día siguiente.

Art. 83: “El condenado acompañado de sacerdote o ministro de culto cuyo auxilio hubiere pedido o aceptado será conducido al lugar de la ejecución, donde será inmediatamente ejecutado.

Art. 84: “El cadáver del ajusticiado será entregado a su familia, si ésta lo pidiere, quedando obligada a hacerlo enterrar sin aparato alguno”.

Art. 85: “No se ejecutará la pena de muerte en la mujer que se halle encinta, ni se le notificará la sentencia que se le imponga hasta que hayan pasado cuarenta días después del alumbramiento”.

5. Sustitúyese en el inciso segundo del artículo 91 la oración inicial “Cuando en el caso de este artículo el nuevo crimen debiere penarse con presidio o reclusión perpetuos y el delincuente se hallare cumpliendo alguna de estas penas, podrá imponérsele la de presidio perpetuo calificado.”, por la siguiente: “Cuando en el caso de este artículo el nuevo crimen debiere penarse con presidio o reclusión perpetuos y el delincuente se hallare cumpliendo alguna de estas penas, podrá imponerse al procesado la pena de muerte, o bien gravarse la pena perpetua con las de encierro en celda solitaria hasta por un año e incomunicación con personas extrañas al establecimiento penal hasta por seis años, que podrán aplicarse separada o conjuntamente”.

6. Agrégase en el artículo 94 la frase “muerte o de”, entre la frase “pena de” y el vocablo “presidio”.

7. Agrégase en el artículo 97 la frase “muerte y la de”, entre la conjunción “la” y la palabra “presidio”.

Artículo 2° Para incorporar un nuevo inciso segundo al artículo 362 del Código Penal.

“Si con ocasión de las conductas descritas en el inciso anterior, se provocare la muerte, el infractor será castigado con las penas de presidio mayor en su grado máximo a muerte.”

-o-

Sala de la Comisión, a 1 de septiembre de 2009.

Acordado en sesiones de fechas 31 de agosto y 1 de septiembre del año en curso, con la asistencia de los Diputados señora Laura Soto González ( Presidenta ) y señores Pedro Araya Guerrero , Gonzalo Arenas Hödar , Jorge Burgos Varela , Alberto Cardemil Herrera , Guillermo Ceroni Fuentes , Marcelo Díaz Díaz , Edmundo Eluchans Urenda , Cristián Monckeberg Bruner y Felipe Harboe Bascuñán .

En reemplazo del Diputado señor Gonzalo Arenas Hödar asistió a una sesión la Diputada señora María Angélica Cristi Marfil .

Asistieron también los Diputados señores Marcelo Schilling Rodríguez y Raúl Súnico Galdames .

(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO , Abogado Secretario de la Comisión ”.

18. Oficio del Tribunal Constitucional.

?Santiago, 21 de agosto de 2009.

Oficio N° 3453

Excelentísimo señor

Presidente de la Cámara de Diputados:

Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia dictada con fecha 20 de agosto del año en curso por el Tribunal Constitucional, en el Rol N° 1.337-09-INA., acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 230, inciso primero, y 186 del Código Procesal Penal, en la causa RIT N° 1997-2007, RUC N° 0710007486-3, seguida ante el Juzgado de Garantía de Graneros, por el delito de estafa.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .

EXCMO. SEÑOR

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

PRESENTE”.

19. Oficio del Tribunal Constitucional.

?Santiago, 31 de agosto de 2009.

Oficio N° 3494

Excelentísimo señor Presidente :

Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia dictada el 27 de agosto de 2009 por el Tribunal Constitucional, en el Rol N° 1356-09-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso tercero del artículo 474 del Código del Trabajo en la causa sobre reclamo de multa administrativa, seguida ante el Segundo Juzgado del Trabajo de Concepción, bajo el Rol N° 34-2009, caratulada “Transporte del Cobre S.A. con Dirección del Trabajo, actualmente radicada en la I. Corte de Apelaciones de Concepción, bajo el Rol N° 34-2009.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .

AL SEÑOR PRESIDENTE

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO

PRESENTE”.

20. Oficio del Tribunal Constitucional.

?Santiago, 01 de septiembre de 2009

Oficio N° 3.502

Excelentísimo

señor Presidente:

Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia dictada con fecha 01 de septiembre de 2009 por el Tribunal Constitucional, en el Rol N° 1.472.08.CPR. control de constitucionalidad del proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que adecua la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios a la Ley N° 20.354 de Reforma Constitucional, que estableció la elección de Presidente de la República en día domingo, a fin de que este Tribunal, cumpliendo lo dispuesto en la atribución prevista en el artículo 93, inciso primero,

N° 1°, de la Carta Fundamental, ejerza el control de constitucionalidad respecto de la totalidad del mismo.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .

AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE

DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO

PRESENTE”.