Labor Parlamentaria

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil.

Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Ricardo Rincón .

Antecedentes:

-Mensaje, sesión 41ª de la presente legislatura, en 1 de julio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 3.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 87ª de la presente legislatura, en 3 de noviembre de 2015. Documentos de la Cuenta N° 15.

El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor RINCÓN (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de ley que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil (boletín Nº 10164-05).

El proyecto consta de tres artículos permanentes y once transitorios.

Señor Presidente, por su intermedio, aprovecho la oportunidad para saludar al ministro de Hacienda, quien se ha incorporado a esta sesión.

El artículo 1° contiene 25 números, mediante los cuales se modifica la ley N° 19.882, que Regula Nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos que Indica, según explicaré a continuación.

El número 1) modifica el artículo 2° del artículo vigésimo sexto, que establece las funciones de la Dirección Nacional del Servicio Civil, en el sentido de otorgarle nuevas funciones y atribuciones, mediante las cuales se perfeccionará su rol, y podrá impartir directrices y ejercer tareas de coordinación y supervisión en materias de gestión y desarrollo de personas.

En particular, dicha dirección podrá impartir normas de aplicación general en cuanto a gestión y desarrollo de personas a los ministerios y servicios relacionados, debiendo velar por el cumplimiento de aquellas e informando semestralmente a la Contraloría General de la República.

El número 2) modifica el artículo 4° del artículo vigésimo sexto, formalizando en la estructura orgánica y funcional de la Dirección Nacional del Servicio Civil la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas, que asumirá parte de las nuevas funciones y atribuciones que se crean mediante el número 1).

El número 3) modifica el artículo 5° del artículo vigésimo sexto, que en el proyecto original eliminaba el Consejo Triministerial, integrado por los ministros de Hacienda, del Trabajo y Previsión Social y secretario general de la Presidencia, encargado de velar por la calidad técnica y la coherencia intersectorial en el desarrollo de las diversas funciones que le corresponden a la Dirección Nacional del Servicio Civil. Sin embargo, a instancias de la propia Comisión de Hacienda, este consejo se mantendrá en la ley, y solo se efectuaron modificaciones menores respecto básicamente de la periodicidad de su funcionamiento.

El número 4) agrega un nuevo artículo trigésimo sexto bis, mediante el cual se faculta al Presidente de la República para que, dentro de los tres primeros meses de gobierno, pueda nombrar, en forma directa y por el plazo de su respectivo período presidencial, hasta un máximo de doce jefes superiores de servicio, quienes deberán cumplir, en todo caso, los requisitos y perfiles definidos para los cargos.

A este respecto, cabe señalar que la propuesta original del Ejecutivo era de quince jefes superiores de servicio, asunto que fue objeto de largo debate en la comisión. Es más, se presentaron indicaciones para que esta facultad presidencial pudiera extenderse a todas las jefaturas de servicios de la administración del Estado, e incluso se modificó el plazo para su ejercicio.

El número 5) modifica el artículo cuadragésimo segundo, que regula las funciones del Consejo de Alta Dirección Pública, con el fin de agregar nuevas funciones, principalmente referidas a la elección de candidatos a cargos de Alta Dirección Pública (ADP) y al diseño, información y registro del mecanismo de gestión de candidatos. Se establece la obligación al consejo de informar anualmente a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados sobre el funcionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública, en particular la duración de los procesos concursales y sus respectivos costos.

El número 6) modifica el artículo cuadragésimo tercero, referido a la integración del Consejo de ADP, en el sentido de establecer que en la proposición de los cuatro integrantes que haga el Presidente de la República al Senado se respete el pluralismo, como asimismo, de precisar que en el proceso de selección de un jefe de servicio participará el respectivo subsecretario del ramo solo hasta el momento en que el consejo decida el número de candidatos a entrevistar.

El número 7) modifica el artículo cuadragésimo quinto, relativo al régimen de los consejeros durante el ejercicio del cargo -inamovilidad, causales de cesación y dieta-, con el objeto de aumentar el máximo de la dieta que perciben los consejeros y el consejero o el profesional experto que integre el comité de selección de los directivos de segundo nivel de jerarquía de 100 a 120 unidades de fomento para los primeros, y de 50 a 60 unidades de fomento para el segundo, por mes calendario.

El número 8) sustituye el artículo cuadragésimo séptimo, que se refiere a la incompatibilidad y a las inhabilidades del cargo de consejero, hoy relativas solo a cargos directivos unipersonales en partidos políticos y a participación en el proceso de selección donde tengan interés, para ampliarlas a los cargos de elección popular, a ministros de Estado, a subsecretarios, a ministros del Tribunal Constitucional, entre otros.

Se precisa también que los consejeros serán inhábiles en procesos de selección que afecten a instituciones donde presten servicios y que estarán sujetos a la obligación de efectuar declaración de patrimonio e intereses.

El número 9) modifica el artículo cuadragésimo octavo, concerniente a la vacancia de los cargos de alta dirección, con la finalidad de crear un nuevo mecanismo de información y selección de los cargos vacantes por parte de la Dirección Nacional del Servicio Civil. Se precisa que durante los ocho meses anteriores a un cambio de gobierno, se requerirá la autorización del consejo para convocar a concursos de ADP.

El número 10) modifica el artículo cuadragésimo noveno, que regula los perfiles que deben cumplir los jefes de servicio y los altos directivos públicos del segundo nivel jerárquico, precisando respecto de los primeros que desde ahora serán, por delegación, los ministros o los subsecretarios de la correspondiente cartera quienes definirán los perfiles de estos, y de los segundos, los jefes superiores de servicio.

El número 11) modifica el artículo quincuagésimo para establecer que el Consejo de ADP deberá entregar una nómina reservada de 3 o 4 candidatos seleccionados. La ley vigente determina la cifra de entre 3 y 5 candidatos. Es decir, la nómina propuesta es menor.

El número 12) modifica el artículo quincuagésimo primero para señalar que quien integró una nómina rechazada por el Presidente de la República no podrá ser incluido en una nueva nómina para proveer el mismo cargo durante ese mismo período presidencial. La ley vigente señala que una misma persona no podrá ser incluida en más de una nómina.

El número 13) modifica el artículo quincuagésimo segundo, que regula el proceso de selección de altos directivos del segundo nivel jerárquico, a fin de adecuar dicho procedimiento con la participación de un miembro del Consejo de ADP y la Dirección Nacional del Servicio Civil.

Se precisa que el jefe de servicio deberá entrevistar a los candidatos incluidos en la nómina, pudiendo declarar desierto un proceso de selección por una única vez dentro de un concurso. Esta limitación también es algo nuevo: por una sola vez se puede declarar desierto un proceso de selección. Además, se establece que el jefe superior cuenta con un plazo máximo de veinte días para comunicar el nombramiento respectivo. Si no lo hace dentro de plazo, se entiende que declara desierto el proceso.

Como sus señorías pueden ver, se hace una serie de reducciones en los plazos al objeto de hacer más rápido los concursos.

El número 14) modifica el artículo quincuagésimo cuarto, facultando al consejo y al comité de selección a realizar entrevistas, poder declarar desierto el concurso o, por razones fundadas, incorporar en la nómina a candidatos incluidos en nóminas anteriores, una vez cumplidos los requisitos que la norma señala.

El número 15) sustituye el artículo quincuagésimo quinto, relativo a la confidencialidad del proceso de selección, con la finalidad de potenciar dicho carácter, incluyendo los antecedentes y los datos de los candidatos, que serán reservados, encargándose a la Dirección Nacional el resguardo de tales antecedentes.

El número 16) modifica el artículo quincuagésimo sexto, que regula el procedimiento de reclamo por parte de los candidatos en el proceso de selección por vicios o irregularidades, en el sentido de velar por la debida presentación del reclamo ante el consejo y de salvaguardarla ante la Contraloría General de la República.

El proyecto original eliminaba la facultad del consejo para solicitar fundadamente la rectificación o anulación de un proceso, lo cual la comisión decidió mantener.

El número 17) modifica el artículo quincuagésimo séptimo, que regula el nombramiento y duración de los cargos elegidos por ADP, con el objeto de señalar que los funcionarios conservarán la propiedad del cargo de planta de que sean titulares durante el período en que se encuentren nombrados en un cargo de Alta Dirección Pública, incluyendo sus renovaciones.

El proyecto original establecía que la compatibilidad solo regiría para la primera vez en que la persona fuera nombrada en un cargo de Alta Dirección Pública.

La comisión logró que se modificara esta norma, de manera que ahora la compatibilidad se mantiene por nueve años, sin afectar el hecho de que dentro de ese período asuma otro cargo de ADP. Este es un incentivo a la postulación al sistema de Alta Dirección Pública para los funcionarios.

El número 18) modifica el artículo quincuagésimo octavo, de tal forma que, durante los seis primeros meses del inicio del respectivo período presidencial, la autoridad facultada para hacer el nombramiento de los altos directivos de segundo nivel jerárquico podrá solicitarles la renuncia, previa comunicación fundada por escrito al Consejo de Alta Dirección Pública. Dicho consejo estará facultado para citar a la referida autoridad a informar sobre el grado de cumplimiento del convenio de desempeño y los motivos de la desvinculación del alto directivo.

El número 19) sustituye el artículo quincuagésimo noveno, estableciendo que, en caso de vacancia de cargos de alta dirección, se aplicarán las normas de la subrogación establecidas en la ley N° 18.834, que Aprueba Estatuto Administrativo. De esta manera se termina con el procedimiento de nombrar tales cargos en forma transitoria y provisional, mientras se efectúe el proceso de selección de ADP.

El número 20) sustituye el artículo sexagésimo con el fin de establecer que los nombramientos que se efectúen de conformidad con el artículo trigésimo sexto bis -esto es, que el Presidente de la República nombre dentro de los tres primeros meses de gobierno hasta un máximo de doce jefes superiores de servicio durarán hasta el término del respectivo período presidencial.

Esta norma planteada se relaciona con otra, y fue debatida permanentemente en la comisión, toda vez que el proyecto que hoy se está proponiendo para la aprobación de la Sala da la posibilidad al Presidente de la República, al inicio de su mandato, de disponer de determinados servicios para concretar su programa de gobierno sin el sistema de ADP.

El número 21) sustituye los incisos primero, segundo y tercero del artículo sexagésimo primero, regulando los plazos y la forma de los convenios de desempeño que deberán suscribir los jefes superiores de servicio.

El número 22) agrega que, una vez suscrito el respectivo convenio, además de ser comunicado a la Dirección Nacional del Servicio Civil para su conocimiento y registro, deberá remitirse copia de aquel y de la resolución que lo aprueba al Consejo de Alta Dirección Pública para su conocimiento.

El número 23) sustituye el artículo sexagésimo tercero, estableciendo respecto de los altos directivos públicos el deber de informar el cumplimiento del convenio de desempeño a su superior jerárquico cada doce meses, contados desde su nombramiento.

El número 24) sustituye el artículo sexagésimo cuarto, disponiendo que un reglamento dictado por el Ministerio de Hacienda establecerá los mecanismos de control y evaluación de los correspondientes convenios.

Finalmente, el número 25) modifica el artículo sexagésimo quinto, eliminando la actual regulación referida a la determinación del incremento por desempeño institucional en la asignación de modernización en los servicios públicos cuyos sistemas de remuneraciones así lo contemplen y estableciendo un nuevo mecanismo para fijar el efecto del cumplimiento del convenio de desempeño de los altos directivos públicos.

El artículo 2° incorpora al Sistema de Alta Dirección Pública (Título VI de la ley N° 19.882) los siguientes servicios, en los niveles jerárquicos que se indican:

1) Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Instituto Nacional de la Juventud, Servicio Nacional del Adulto Mayor, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Dirección del Trabajo y Fondo Nacional de Salud. En este caso, se encontrarán afectos al sistema el jefe superior de servicio y los cargos de segundo nivel de jerarquía, incluidos los cargos de directores regionales.

2) Servicio Nacional de Menores. Estarán afectos al sistema el jefe superior de servicio y los cargos de directores regionales.

3. Dirección Nacional del Servicio Civil. Se encontrarán afectos al sistema solo los cargos de subdirectores.

4. Dirección General de Obras Públicas y Dirección de Planeamiento. En este caso, se hallarán afectos al sistema solo los cargos del segundo nivel de jerarquía.

5. Los subdirectores del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

El artículo 3°, nuevo, incorporado en la tramitación del proyecto en la comisión, fruto del debate parlamentario, determina que el personal que se desempeñe en labores de jefatura de los programas identificados en la Ley de Presupuestos del Sector Público y que se encuentre radicado en una subsecretaría, estará sujeto a un proceso de selección, debiendo cumplir con cierto perfil en un concurso público y abierto.

El artículo primero transitorio determina que la entrada en vigencia de lo dispuesto en el artículo trigésimo sexto bis (la facultad presidencial para nombrar hasta doce cargos fuera del sistema de ADP al inicio del respectivo mandato, para concretar el programa de gobierno) será en el período presidencial siguiente a la fecha de publicación de la presente ley en proyecto.

El artículo segundo transitorio dispone que las modificaciones introducidas al artículo cuadragésimo séptimo, respecto de las incompatibilidades, no serán aplicables a los consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública que se encuentren en funciones a la fecha de publicación de esta futura ley.

El artículo tercero transitorio señala que las modificaciones introducidas por el presente proyecto al inciso quinto del artículo quincuagésimo séptimo se aplicarán respecto de los nombramientos en cargos de Alta Dirección Pública que se realicen a contar de la fecha de publicación de la presente ley en trámite.

El artículo quinto transitorio expresa que los convenios de desempeño de los altos directivos públicos que se encuentren vigentes a la fecha de publicación de la presente ley en proyecto, se regirán por las normas de la época de su nombramiento.

El artículo sexto transitorio establece que las modificaciones introducidas -esta norma incluye, en reemplazo de otro incentivo, una asignación de alta dirección pública según el cumplimiento del convenio de desempeño al artículo sexagésimo quinto de la ley N° 19.882, no se aplicarán a los altos directivos públicos que se encuentren nombrados a la fecha de publicación de esta futura ley.

El artículo séptimo transitorio faculta al Presidente de la República para que, dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha de publicación de la presente ley en trámite, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio de Hacienda, determine los cargos que estarán afectos al Sistema de ADP -se incorporan nuevospara los servicios públicos señalados en el artículo 2° del proyecto.

El artículo octavo transitorio expresa que al momento de incorporar un cargo al sistema de ADP de conformidad con el artículo anterior, los funcionarios que se encuentren desempeñándolo mantendrán su nombramiento y seguirán afectos a las normas que les fueren aplicables a esa fecha, debiendo llamarse a concurso conforme a las disposiciones del Título VI de la ley N° 19.882, cuando cesen por cualquier causa.

El artículo noveno transitorio faculta al Presidente de la República para que dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de esta futura ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, pueda crear cargos de director de hospital, subdirector médico de hospital y subdirector administrativo de hospital en las plantas de personal de los siguientes servicios de salud: Libertador General Bernardo O’Higgins, Concepción, Metropolitano Sur Oriente , Metropolitano Occidente , Metropolitano Central , Metropolitano Oriente y Magallanes. Dichos cargos serán de segundo nivel jerárquico y estarán afectos al Sistema de Alta Dirección Pública.

El artículo décimo transitorio señala que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley en proyecto durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con los recursos de la Dirección Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de Salud, según corresponda. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplir dichos presupuestos en la parte del gasto que no se pudiera financiar con tales dineros.

A ese respecto, cabe subrayar que el Ejecutivo presentó una indicación para incrementar en seis cupos la dotación máxima del personal vigente de la Dirección Nacional del Servicio Civil. En respuesta a una observación formulada por el diputado señor Pablo Lorenzini , el Ejecutivo aclaró que se trata de doce cupos en total, situación que se comprometió a aclarar en forma definitiva por vía de una indicación posterior. Con esa salvedad, la norma fue aprobada por la comisión.

Fruto del debate que hubo en la comisión, el Ejecutivo agregó al proyecto un artículo décimo primero transitorio, en virtud del cual se comprometió a presentar, dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de la ley en proyecto, un proyecto de ley destinado a fortalecer el Sistema de Empresas Públicas.

Antecedentes presupuestarios y financieros.

El primer informe financiero, de 30 de junio de 2015, detalla el efecto del proyecto sobre el presupuesto fiscal en los siguientes ítems: fortalecimiento de la Dirección Nacional del Servicio Civil, asignación ADP, nuevos servicios en sistema y sector salud; costos de los concursos en la Dirección Nacional del Servicio Civil; incremento de dietas, ya señalados; publicidad y difusión de concursos, cada uno con el detalle pormenorizado, lo que da un total de gasto anual permanente, en régimen, de 1.437.557.000 pesos.

Fortalecimiento de la Dirección Nacional del Servicio Civil.

Se considera fortalecer con seis nuevos profesionales la subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas, dadas las nuevas funciones que propone el número 2 del artículo 1° del proyecto, con un costo total de 184.085.000 pesos.

Nuevos servicios en el Sistema de Alta Dirección Pública.

En referencia a la inclusión de nuevos servicios, señalados en el artículo 2° del proyecto, la estimación original efectuada por la Dirección de Presupuestos (Dipres) se elaboró considerando 51 cargos nuevos.

Finalmente, se consideraron los costos de los concursos para llenar vacantes, de acuerdo al promedio de los concursos realizados a la fecha. Por medio de un cuadro con parámetros, se acredita cada uno de esos costos, según el origen del gasto, incluidos los servicios del artículo 2°, los servicios del artículo noveno transitorio, correspondientes a salud, y los costos promedio unitarios por concurso. Por ejemplo, el costo unitario promedio para los concursos del nivel 1 es de 21.500.000 pesos, cuestión que fue permanentemente consultada por los señores parlamentarios. En el nivel 2 el costo unitario promedio por concurso es de 8.100.000 pesos.

Informes financieros complementarios.

El informe financiero N° 131, de 2 de septiembre de 2015, acompañó el primer conjunto de indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Mediante estas indicaciones se modificó el informe financiero N° 94 para incorporar los seis funcionarios adicionales considerados inicialmente.

En cuanto a los efectos de esas indicaciones sobre el presupuesto fiscal, se informó que implican un mayor gasto de 184.085.000 pesos.

El informe financiero N° 146, de 29 de septiembre de 2015, acompañó el segundo conjunto de indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Dicho informe precisa que las indicaciones tienen por objeto, en primer término, reponer el Consejo Triministerial -la comisión solicitó mantenerlo-, integrado por los ministros de Hacienda, de la Secretaría General de la Presidencia y del Trabajo y Previsión Social. La reposición de este consejo, que será el encargado de monitorear el sistema, no involucra mayor gasto fiscal.

El informe financiero N° 152, de 13 de octubre de 2015, acompañó el tercer conjunto de indicaciones del Ejecutivo, en las que se recogen algunas de las observaciones planteadas por distintos parlamentarios integrantes de la comisión. Las respectivas indicaciones debían ser presentadas por el Ejecutivo, por ser de exclusiva iniciativa del Presidente de la República.

Este informe financiero señala que las indicaciones, que se refieren a distintas materias, supondrán un costo total de 739.509.000 pesos, cuyo detalle pormenorizado pueden ver en sus pupitres, en el área de los informes financieros, con cada uno de los costos desagregados.

En consideración al mérito de la iniciativa, a su contenido normativo y a los informes financieros presentados, la Comisión de Hacienda recomienda a la Sala aprobar este proyecto de ley.

Es cuanto puedo informar. He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

El ministro de Hacienda debe retirarse de la Sala para acudir a la sesión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señora Presidenta, agradezco la buena voluntad para permitirme intervenir en primer lugar, pues los diputados miembros de la Comisión de Hacienda debemos concurrir a la sesión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Este es un proyecto muy importante, en el cual a la Comisión de Hacienda le cupo oficiar como comisión técnica en forma exclusiva.

Tuvimos cuatro meses de intenso y fructífero debate, en el que introdujimos un conjunto significativo de modificaciones al proyecto original. En este punto -nobleza obliga hay que reconocer la flexibilidad que tuvo el Ministerio de Hacienda -la que también quisiéramos en otros ámbitos en el trámite del proyecto para acoger las distintas indicaciones e inquietudes planteadas por algunos colegas, e incluso, a veces, por la totalidad de los miembros de la comisión.

Este perfeccionamiento se inscribe dentro de la agenda para la transparencia y la probidad y del compromiso de modernización del Estado que suscribió la Presidenta Bachelet con el pueblo de Chile.

Hace doce años, en 2003, se estableció el Sistema de Alta Dirección Pública para profesionalizar y modernizar la selección de los cuadros directivos de las instituciones del Estado. Se conceptualizó como un sistema mixto, es decir, se mantuvo la prerrogativa presidencial y, en el caso de los cargos de segundo nivel, del director de servicio respectivo, de entender la nominación como de exclusiva confianza, pero se estableció un filtro de selección que propone al Presidente de la República de turno o al director del servicio, según corresponda, una terna, cuaterna o quina de personas habilitadas, profesional y éticamente, con la trayectoria adecuada para ejercer el cargo.

Transcurridos doce años de aplicación del sistema, es hora de dar un paso y avanzar en la profundización de un sistema que apunta, como objetivo final, a generar una masa crítica de servicio civil que dé continuidad a las políticas de Estado. Somos testigos de que las políticas de Estado que hemos contribuido a generar en los últimos años requieren mucha más continuidad que los cuatro años que dura un gobierno.

¿Qué es lo fundamental del perfeccionamiento que propone esta iniciativa de ley?

En primer lugar, se incorporará un conjunto de diez servicios adicionales al Sistema de Alta Dirección Pública. Se trata de servicios importantes que ejercen roles que se verán perfeccionados y mejorados con el filtro de selección de ADP.

En segundo lugar, se elimina el concepto de “transitorio y provisional”, porque se reveló como una ventana para distorsionar la letra y el espíritu del Sistema de Alta Dirección Pública, por la vía de que el Presidente o el director del servicio podían nombrar a un provisional que ejercía durante un año o más, y luego se presentaba al concurso. Obviamente, en dos de cada tres concursos el seleccionado era el mismo que ejercía el cargo en forma transitoria y provisional. Entonces, por esa vía estábamos minando la confianza en el Sistema de Alta Dirección Pública, porque, evidentemente, el resto de los profesionales no postulaba cuando sabían que estaba postulando el titular en ejercicio, llamado TyP.

También generamos incentivos -perfeccionamos los planteados por el gobierno para que los funcionarios públicos postulen a cargos de Alta Dirección Pública. Hasta ahora, si un funcionario postula a un cargo de primer o de segundo nivel jerárquico del Sistema de Alta Dirección Pública y es reclutado para ocuparlo, pierde su calidad de funcionario de planta, lo que constituye un desincentivo para postular, porque no puede volver al cargo anterior cuando termina su labor.

Por lo tanto, en el proyecto de ley establecimos que la compatibilidad entre el ejercicio de un cargo de Alta Dirección Pública y la calidad de funcionario de planta en alguna institución regirá por un plazo de nueve años. Por supuesto que pierde esa condición si transcurren más de nueve años, porque ya está integrado y profesionalizado en el servicio público.

Repito, la actual situación constituye una barrera importante para que los buenos elementos de la administración pública postulen al Sistema de Alta Dirección Pública, pero el proyecto termina con ese problema.

También se perfeccionan muchos procedimientos que agilizan y hacen más efectivo el sistema respecto de la renuncia y de la gestión de candidatos. Por ejemplo, el Sistema de Alta Dirección Pública puede hacer postular motu proprio a un funcionario -por supuesto, con su consentimiento que está ejerciendo un cargo de segundo nivel jerárquico de Alta Dirección Pública cuando falten cuadros para un concurso de primer nivel.

Finalmente, se busca crear un Servicio Civil que dé continuidad al Estado.

Al respecto, recuerdo una anécdota que me ocurrió cuando estaba en Suecia, hace ya varios años. Se celebraron elecciones en ese país, que perdió el gobierno socialdemócrata después de setenta años de estar en el poder. Cuando vi en el hotel el primer resultado que revelaba la derrota, me transporté mentalmente a Chile, donde gobernaba la Concertación. Me pregunté cuántas lágrimas se verterían si ocurriera lo mismo en nuestro país; sin embargo, las caras de los suecos no expresaban gran emoción. Mi primera reflexión fue que los suecos son distintos a los chilenos. No obstante, la respuesta era que solo doscientos cargos en toda Suecia dependían de ese resultado electoral.

No quiero dar un número exagerado de cargos que dependen de cada elección en Chile, pero es evidente que un país es más estable, capaz de desarrollarse y de impulsar políticas a largo plazo cuando no todos los cuadros directivos dependen del resultado electoral de cada elección. Eso quiero para mi país.

El proyecto da un paso adelante. No llegaremos a la indiferencia sueca, pero es importante para la consolidación de un sistema que apunta a crear un Servicio Civil indispensable para el Estado de Chile.

He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señora Presidenta, el informe entregado por el diputado señor Ricardo Rincón fue muy claro, preciso y, en momentos, brillante. Las posteriores intervenciones del ministro de Hacienda, señor Rodrigo Valdés , y del diputado señor Pepe Auth complementan muy bien lo que ha sido el proceso de elaboración del proyecto de ley.

Por lo anterior, no me referiré a cada uno de los cambios que se pretenden introducir en el Sistema de Alta Dirección Pública con la iniciativa; sin embargo, me permitiré abusar de la confianza de mis colegas para invitarlos a compartir algunas reflexiones.

Como recordó el ministro de Hacienda, el proyecto de ley, independiente de que estaba incluido en el programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , cobró otra relevancia y urgencia a raíz de los sucesos que han conmovido al sistema político y a sus integrantes, como consecuencia de las denuncias de corrupción, tráfico de influencias, financiamiento ilegal de campañas, que han puesto en duda la probidad de las personas que se desempeñan en el sistema político, motivo por el cual la iniciativa ha sido incorporada a la denominada “agenda de probidad”; es decir, se ha integrado al problema de la coyuntura.

Sin embargo, considero que también tenemos que analizar el proyecto de ley desde otra dimensión, que no está de moda y que se relaciona con la filosofía política, con la concepción de Estado.

Aquí se arguye mucho que el prestigio de la política y de sus instituciones está en cuestión debido a las malas prácticas que se han conocido; pero también está en cuestión porque la ciudadanía entiende que este sistema político no es eficaz para hacer cumplir la voluntad popular.

Toda la institucionalidad chilena está permeada por un espíritu que busca sustraer del control popular todo el quehacer de las instituciones públicas. La soberanía popular está siendo vaciada de contenido y se la traslada a pretendidos mecanismos meritocráticos o tecnocráticos que, en virtud de la ciencia que dominan, resolverían los problemas mejor que el pueblo. Por ejemplo, señora Presidenta, ese espíritu estuvo detrás del sistema de transportes Transantiago . Bastaba conversar con un obrero de la construcción, con uno de los niños que entran temprano al colegio o, sobre todo, con los choferes de ese servicio para saber que se eludía el pago de boletos durante la primera vuelta del recorrido. Entonces, los genios brillantes de la tecnocracia concluyeron que la demanda de transporte público era menor que la que efectivamente existía, porque se guiaban por los datos a los que tenían acceso.

Como consecuencia del mal cálculo de la tecnocracia, se disminuyeron de 9.000 a 6.000 los buses en Santiago, con un bajón inicial de 4.000 buses.

Señora Presidenta, traigo a colación esta realidad porque la voluntad popular elige al Presidente de la República y a su programa de gobierno. Ese Presidente debe tener los medios para llevar adelante su programa y cumplir sus compromisos con el pueblo, porque, de lo contrario, se produce frustración, desconfianza y una crítica acerba, como la que vivimos hoy.

Cuando al Presidente de la República se le despoja de la posibilidad de nombrar con libertad a los funcionarios de primera línea para que lleven adelante el programa de gobierno, se está diciendo que la soberanía popular tiene un límite impuesto por la tecnocracia, por el supuesto conocimiento de los sabios. Eso no es la democracia; la humanidad lo ha discutido hasta el cansancio.

En su extremo, este vaciamiento de la democracia y de la soberanía popular conduce a situaciones como la de Grecia, cuyos problemas no se resuelven en Atenas, sino en Bruselas, Estrasburgo o Nueva York. Tampoco los resuelve el pueblo de Grecia, porque sus autoridades no son más que instrumentos de poderes completamente ajenos al control de pueblo.

Por esta razón, junto con los diputados Rincón y Lorenzini insistiremos en la indicación que faculta al Presidente de la República para designar a quiénes ocuparán los cargos de primera línea, siempre que cumplan con los requisitos, pero sin pasar por el Sistema de Alta Dirección Pública, porque es necesario dar las herramientas, en nuestro caso, a la Presidenta para que pueda responder a la confianza que el pueblo le ha dado.

Señor Presidente, la competencia o la idoneidad profesional y técnica no es sinónimo de mística y de compromiso, que es lo que se necesita, sobre todo en períodos presidenciales breves, para llevar adelante los programas de gobierno. Fíjese en lo que ha pasado ahora con las cuatro tímidas reformas que proponen llevar adelante la Nueva Mayoría y la Presidenta Bachelet . ¿Con qué entusiasmo han sido impulsadas y explicadas a la ciudadanía por esos funcionarios de primera línea? No los he visto nunca haciendo eso en las asambleas con profesores, con estudiantes o con trabajadores, porque ellos están ahí por razones ajenas al interés de la ciudadanía respecto de las reformas que se llevan adelante.

Como estamos tan preocupados por el destino de la democracia y de las instituciones de nuestro país, solicito a los estimados colegas, por intermedio del señor Presidente, que reflexionemos sobre estas cuestiones de fondo. No estamos aquí solo para ver el detalle y que esto no tenga las externalidades negativas de las que tanto se habla en el lenguaje tecnocrático, sino para dar gobierno a la sociedad y a la política.

Señor Presidente, es probable que estos debates también se estén dando en muchas partes del mundo, pero sigue siendo hegemónico y más poderoso el pensamiento neoconservador, que se refleja en la jerga utilizada en el proyecto, como el de la focalización. Como el capitalismo produce exclusión, a los pobres hay que focalizarles el gasto, no darles derechos. Estamos hablando un lenguaje completamente diferente. Si queremos hacer un cambio de verdad en la sociedad, para que el ser humano sea predominante en la preocupación del gobierno y de la política, estas cosas también hay que cambiarlas, no solo los pequeños detalles de cómo se hace mejor la selección del personal público para la administración.

Por intermedio del señor Presidente, también invito a mis colegas a que, de una vez por todas, no legislemos de acuerdo con la moda y con las exigencias de las coyunturas comunicacionales, porque no conducen a nada bueno. ¡Fíjense en lo que pasó con el voto voluntario, tan criticado por nuestro querido ministro del Interior don Jorge Burgos ! ¿Acaso no votamos todos de acuerdo con la moda, con el sentir vulgar? ¡Eso hicimos! ¿Y cuál es el resultado? Que ahora estamos preocupados de la deslegitimación del sistema político porque no hay participación de la ciudadanía en las elecciones.

¡Esa es la consecuencia de no reflexionar a fondo las cosas y de seguir discutiendo superficialidades que no le importan a nadie! Además, en el largo plazo amenazan la manera de vivir de las sociedades que se han organizado políticamente a través de la democracia representativa.

He dicho.

El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva .

El señor SILVA.-

Señor Presidente, para la UDI, el proyecto de ley que ha presentado el gobierno de la Presidenta Bachelet para perfeccionar el Sistema de Alta Dirección Pública es una buena iniciativa, por lo que contará con nuestro apoyo. Asimismo, consideramos que la Comisión de Hacienda ha hecho un trabajo relevante, ya que introdujo cambios que permitirán que la iniciativa que se presentó originalmente sea aún mejor.

Quiero recordar el origen y el sentido del proyecto de ley.

La ley que creó el Sistema de Alta Dirección Pública se publicó en mayo de 2003, después de que en enero del mismo año se suscribiera el acuerdo de modernización del Estado entre todas las fuerzas políticas de ese momento, a raíz de una crisis de confianza institucional producida durante el gobierno del Presidente Lagos.

Es bueno recordar que, a consecuencia de ese acuerdo, en los meses siguientes se aprobaron la ley que creó el Sistema de Alta Dirección Pública, la normativa sobre el financiamiento de la política y el límite al gasto electoral, la ley de compras públicas, la norma sobre procedimientos administrativos, entre otras materias. Fue un avance muy importante en la modernización del Estado, que se realizó mediante iniciativas muy positivas. Muchas personas trabajaron previamente al interior del gobierno y en centros de pensamiento de distintas miradas para contribuir a que ese trabajo se hiciera bien.

Entre 2003 y 2010 se hizo una implementación gradual del Sistema de Alta Dirección Pública, que mostró, con cambios de gobierno y también de coalición incluidos, que el sistema tenía virtudes, las que hicieron que esto perseverara, pero también importantes defectos. Tantos fueron los defectos que cuatro proyectos de ley han intentado modificar el Sistema de Alta Dirección Pública.

Sin embargo, hay que decir que el Sistema de Alta Dirección Pública, que buscó en su origen dos objetivos centrales: uno, establecer un filtro de méritos para la selección de los altos directivos del sector público, y dos, avanzar hacia mayores estándares de calidad de gestión y prestación de servicios públicos a la ciudadanía, ha tenido avances parciales.

En el primer aspecto, el filtro de méritos, ha habido avances y también problemas, como el nombramiento de ocupantes provisionales y transitorios en los cargos para eludir el filtro de méritos o el concurso y la rápida remoción de directivos sin una evaluación previa cuando hay cambios de gobierno o de coaliciones, entre otras materias.

En lo que tiene que ver con la calidad de los servicios que prestan las instituciones públicas, hasta ahora no se han notado avances significativos en la forma de nombrar altos directivos.

El proyecto de ley en discusión, al igual que otros, toca algunos de esos aspectos al revisar las facultades de la Dirección Nacional del Servicio Civil, el rol del Consejo de Alta Dirección Pública y la redefinición de aspectos relevantes de los convenios de desempeño, todos los cuales son importantes.

En estos doce años que han pasado desde que se aprobó la ley y se instaló el sistema, tanto el Consejo de Alta Dirección Pública, que ha tenido consejeros con distintas miradas, como la institución misma que alberga este nuevo marco, que es la Dirección Nacional del Servicio Civil, han cumplido un rol fundamental.

A modo de ejemplo, debo señalar, para que lo sepan quienes nos ven a través del canal de televisión de la Cámara, que la mayor parte de las decisiones en el Consejo de Alta Dirección Pública se han tomado por unanimidad, y sus consejeros han planteado mejoras de común acuerdo respecto de la institucionalidad del sistema.

Nos acompaña en las tribunas el presidente del Consejo de Alta Dirección Pública y director nacional del Servicio Civil, señor Rodrigo Egaña , quien, al igual que otros consejeros, ha tenido un rol fundamental en estas tareas.

Recordemos que en años anteriores se frenaron iniciativas que pretendían avanzar en la modernización del Estado, razón más que suficiente para señalar que este proyecto llega en el momento oportuno para ser aprobado y despachado al Senado.

¿Cuáles son los aspectos centrales del proyecto? Se fortalece el rol de la Dirección Nacional del Servicio Civil y se incorporan nuevos servicios al Sistema de Alta Dirección Pública. Esto es muy importante, porque muestra la convicción del gobierno, de la Comisión de Hacienda y, en general, del sistema político en el sentido de avanzar en la incorporación de más directivos a este filtro del mérito, que mantiene siempre un espacio de consideración para la autoridad política, tanto en su nombramiento como en su remoción, pero establece el filtro del mérito.

Además, se elimina la figura de los directivos transitorios y provisionales, que permitía a la autoridad política burlar el uso del mecanismo concursal para mantener discrecionalmente a determinadas personas en sus cargos.

Otro elemento que considero bien pensado es que durante los primeros tres meses de instalación de un gobierno, el Ejecutivo podrá nombrar, sin necesidad de realizar ningún concurso, a las personas que estime convenientes en determinados cargos de servicios públicos. Esta medida se justifica porque todo gobierno al asumir desea ejecutar con más énfasis y velocidad ciertos temas, lo que no siempre es posible dado el tiempo que toma proveer los cargos mediante concurso público, que tardan en resolverse alrededor de 180 días para cargos de primer nivel. ¡Son períodos muy largos!

Deseo aclarar que se reducen de 15 a 12 los cargos de primer nivel jerárquico que el Presidente de la República podrá designar de forma directa al inicio del periodo presidencial. Me parece una cifra adecuada, al igual que la flexibilidad para que el gobierno cuente con cierta discrecionalidad para ejecutar su programa.

De igual manera se mejora el mecanismo de gestión de candidatos; se establece que los funcionarios conservarán la propiedad del cargo de planta del que sean titulares mientras ocupen cargos de Alta Dirección Pública, con el objetivo de incentivar su postulación a dichos cargos. Además, se trabaja ampliamente en los temas del convenio de desempeño. Espero que esto se profundice más durante la discusión en el Senado. Así se lo hemos hecho saber al Ejecutivo, y hemos visto buena disposición de su parte.

En la discusión de la Comisión de Hacienda, como oposición planteamos ciertos puntos fundamentales, que el Ejecutivo recogió. Voy a mencionar tres.

En primer lugar, se establece un marco jurídico que permitirá, a través del sistema de Alta Dirección Pública, la realización de concursos para elegir a los encargados de los programas presupuestarios, pues hasta hoy no son considerados como servidores públicos, a pesar de administrar recursos de todos los chilenos. Si bien tendremos que avanzar en otras normas para cumplir con lo anterior, se trata de una primera señal muy potente.

En segundo lugar, el gobierno accedió a nuestra solicitud de mejorar el gobierno corporativo de las empresas públicas, para lo cual se comprometió a presentar, después de un año de publicada la ley en proyecto, un proyecto en ese sentido. Además, se comprometió a establecer en ellas directores independientes, lo cual es fundamental para su mejor gestión.

En tercer lugar, el gobierno también accedió a incorporar servicios adicionales a los que ya se habían planteado, como la Conadi y la Dirección del Trabajo ¡Buena decisión! Esperamos que se puedan incorporar otros en el futuro.

A modo de síntesis, deseo precisar que después de doce años de aprobada la legislación mediante la cual se creó el Sistema de Alta Dirección Pública, además de otras iniciativas, como el sistema de compras públicas, los procedimientos administrativos y el financiamiento de la política, la modernización del Estado ha avanzado, pero mucho más lento de lo que el país necesita.

Desde la UDI hemos trabajado intensamente para mejorar este proyecto, pues estamos convencidos de que es una herramienta que ayudará a que los ciudadanos tengan acceso a una mejor prestación de servicios públicos, que es lo que necesitan y se merecen. La iniciativa avanza en ese sentido. Sin embargo, sabemos que se requiere avanzar de manera más profunda hacia la modernización del Estado.

Por eso, planteamos al Ejecutivo nuestra disposición para trabajar en ámbitos tales como un nuevo estatuto laboral para los trabajadores del sector público, una nueva norma que establezca criterios para evaluar su desempeño y las metas de los servicios para prestar mejor calidad de trabajo a la ciudadanía.

Finalmente, quiero saludar y agradecer a los funcionarios y a los dirigentes de la Dirección Nacional del Servicio Civil, que han hecho un esfuerzo muy grande por participar activamente en el debate y en el trabajo de la comisión. Ellos tienen una tarea fundamental hacia el futuro y sus aspiraciones deben ser recogidas por el Ejecutivo en las siguientes etapas de la discusión de la iniciativa en estudio.

Por último, valoro enormemente la actitud del Ministerio de Hacienda, pues recogió los planteamientos de la oposición, y espero que el proyecto sea aprobado con una amplia votación, y que ojalá después sea perfeccionado aún más en el Senado.

He dicho.

El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón .

El señor RINCÓN.-

Señor Presidente, quiero valorar -nobleza obliga la buena disposición del ministro de Hacienda, del subsecretario de esa cartera y de todos sus colaboradores para recoger las inquietudes y los aportes de los parlamentarios. Asimismo, quiero manifestar mi reconocimiento a los directivos del Servicio Civil y a los representantes de su asociación de funcionarios, quienes aportaron una gran contribución al protocolo de acuerdo al que se refirió el ministro, que esperamos nos haga llegar.

Reitero, ha sido un proceso muy participativo en el que han contribuido todos los actores.

Si bien el proyecto tiene bondades, también presenta algunas deficiencias que, en mérito de la objetividad, debemos tener en cuenta para analizar el proyecto, sobre todo cuando no se tiene la firme convicción de que este sea, en definitiva, el verdadero derrotero que demarque, demuestre, acentúe o señale el proceso de modernización del Estado.

Ello dice relación con muchas otras cosas que el Estado, a través de los distintos gobiernos, no está haciendo. Me refiero a avances en tecnología, informática, integración de servicios, traspaso de datos, comunicación en red y en línea; nuevas escalas de profesionales, administrativos y técnicos, nuevos sistemas de calificaciones, a lo que debemos agregar incentivos y verdaderos recursos para la capacitación y el perfeccionamiento. Podría mencionar muchos otros puntos que no están sobre la mesa en nuestro país y que considero deberían ser parte de una política pública de modernización.

Analizamos un proyecto que, tal como lo ha dicho muy bien, entre otros, el diputado Schilling , plantea la pretensión de colocar el acento en el mérito y en lo técnico o en lo profesional para conducir y liderar políticas públicas, descolgándose de los principios de soberanía y mandato popular que el pueblo ejerce sobre determinadas autoridades en la gestión del gobierno.

En la administración del Estado hay distintos niveles jerárquicos, y cuando respecto del primero se demandan estos procesos de selección, uno tiene que colocar a ese primer nivel jerárquico, en términos de su importancia, prácticamente de la mano de los ministros de Estado, quienes obviamente no son elegidos ni designados por este sistema, partiendo por el principal cargo de la nación. En relación con este, quienes desempeñan los cargos de primer nivel jerárquico son, además de los ministros de Estado, sus principales colaboradores.

Quienes verdaderamente creemos en el mandato por soberanía popular para el gobierno de la nación, consideramos que el primer nivel jerárquico debe ser de exclusiva competencia y atribución del Presidente o Presidenta de la República. Eso no significa que los titulares de los respectivos cargos no deban cumplir con determinado perfil o ciertos requisitos. De hecho, la ley orgánica o la ley común del servicio respectivo los establece.

Entonces, en ese alejamiento del mandato popular, no nos hace mucho sentido un proyecto de ley como este. Sin embargo, dado que está vigente la ley, respecto de la cual se plantea una modificación, hemos contribuido en el sentido de establecer los puntos positivos y negativos de la iniciativa.

Es bueno que el proyecto de ley establezca una reducción de los plazos, así como también la realización de concursos más expeditos.

También es positivo que se establezca un sistema con mayor claridad respecto de las incompatibilidades e inhabilidades para ingresar a la función pública, incorporándose la obligación de realizar una declaración de patrimonio e intereses. Hay que solucionar los vacíos legales que pueden existir en cualquier legislación.

Es bueno que un concurso público no se pueda prolongar indefinidamente y que de pleno derecho opere la declaración de desierto cuando ha transcurrido un determinado tiempo.

Me parece positivo que quienes hayan sido parte de una nómina rechazada por el Presidente de la República no puedan integrar una nueva nómina durante ese mismo periodo presidencial.

Por lo tanto, la iniciativa propone una serie de avances objetivos. Por eso contribuimos con nuestro voto favorable en la Comisión de Hacienda, y procederemos de la misma forma en la Sala.

Lo negativo del proyecto de ley ya lo he anticipado de una u otra forma.

En primer lugar, considero un error creer que el acento en lo técnico, exclusivamente en lo profesional y en la meritocracia, desligando del mandato popular a quien gobierna, puede hacer una gran diferencia en la gestión pública. ¡No es así!

A modo de ejemplo, observemos lo que sucede en estos días en el Servicio de Registro Civil e Identificación. ¿Cuánto duró en su cargo su directora nacional, quien fue elegida por el Sistema de Alta Dirección Pública? No faltará quien diga que falló el perfil. ¡Parece que falló todo el perfil! Claramente no había conocimiento respecto de los posibles riesgos que debe enfrentar quien conduce un servicio ni de la necesaria capacidad para dialogar y liderar un servicio. Podríamos realizar muchos análisis, pero lo concreto es que el sistema operó y no funcionó.

Si esta ley en proyecto hubiese estado vigente, la Presidenta de la República Michelle Bachelet o el entonces Presidente de la República Sebastián Piñera -quien también enfrentó una situación parecida en el mismo servicio no habrían podido nombrar a alguien de su exclusiva confianza en pocos minutos en medio del conflicto. Esta situación le puede suceder a quien gobierne en el futuro y, por lo tanto, debe quedar claramente expresada en la historia fidedigna del establecimiento de la ley y, a la vez, debe ser asumida como una responsabilidad por quienes, fundados en sus convicciones, legítimamente proponen la eliminación del profesional transitorio.

Repito, en dicho conflicto, por todos conocido, la Presidenta Michelle Bachelet no habría podido nombrar a alguien de su exclusiva confianza, con mínimos requisitos que el propio servicio exige, para que condujera y llevara a buen puerto el conflicto. Independiente de si la conducción actual es adecuada, claramente se evaluó que la gestión realizada por quien fue elegida por el sistema ADP no lo era.

¿Qué haremos? ¿Realizaremos un concurso público, mientras la gente espera por su cédula de identidad o su pasaporte, o bien por un certificado de nacimiento o de defunción?

¿Quién asumirá la responsabilidad de todo esto? ¿Quién asumirá la responsabilidad cuando el paro ocurra en el Servicio Médico Legal y se deba sacar de allí con prontitud a una persona fallecida o a muchos fallecidos?

Hay que liderar de otra forma el legítimo conflicto y las discrepancias con los funcionarios.

¡Ojo! No se puede eliminar a los profesionales transitorios sin abrir esa posibilidad a lo menos para las situaciones de contingencia crítica. ¡Contingencia crítica!

Si en medio de un terremoto el responsable en ese momento no tiene los pantalones para dar la cara frente a la ciudadanía que está perdiendo sus casas o sus negocios, ¿se tendría que realizar un concurso público por ADP para designar a un nuevo director nacional de la Onemi? ¡En dicho ejemplo, quizás qué podría haber ocurrido que no existió capacidad de reacción!

Si en el ejemplo anterior el Presidente de la República, que es el responsable máximo de la conducción del país, quisiera destituir a esa persona de su cargo, lo podría hacer; pero el problema es que en ese caso opera la subrogancia legal, y si el subrogante es tan incompetente como el titular, el Presidente de la República queda igual. Eso puede ocurrir en un terremoto, maremoto, erupción de volcanes, aluviones, etcétera.

¡No estoy diciendo nada que no ocurra en Chile! ¡Por favor! ¡Esto ocurre a cada rato!

¡Tenemos un nivel de contingencia casi cada tres meses! Estos son ejemplos concretos.

Por lo demás, la propia Cámara de Diputados aprobó mayoritariamente que no puede aplicarse el Sistema de Alta Dirección Pública a la Onemi. De hecho, impulsamos esa iniciativa junto con el colega diputado Jorge Ulloa , porque nos pareció una locura la aplicación de ese sistema en el caso de la Onemi.

El diputado Marcelo Schilling tiene razón en lo que dijo. No nos dejemos guiar tanto por las prácticas modernas, los nuevos vientos o la onda que anda. ¡Ojo! ¡Estoy dando ejemplos concretos!

Finalmente, se dice que el Presidente de la República, para materializar su programa de gobierno, podrá nombrar doce personas sin ADP. Para tal efecto, el o los decretos deberán dictarse dentro de los tres meses de iniciado el respectivo período presidencial.

Ojalá que la Presidenta Michelle Bachelet esté viendo estas intervenciones, porque con esto, salvo que el ministro de Hacienda esté obrando en una línea distinta, se está limitando el futuro de los Presidentes de la República.

Sabiamente, hemos querido desligarlo de los temas políticos coyunturales del periodo presidencial actual. Pero, ¡ojo!, solo son tres meses.

Ahora bien, si la persona nombrada renuncia o se muere, no se puede volver a nombrar otra mediante dicho procedimiento para ese cargo. ¿Qué inconsistencia es esa? ¿No eran directivos para concretar el programa de gobierno? ¿No eran doce servicios fundamentales para el programa de gobierno? ¡No! Si el directivo renuncia o fallece al mes, o bien a los dos, tres o cuatro meses, no se puede volver a nombrar a otro directivo en forma directa, sino que opera el sistema de ADP.

Señor Presidente, el proyecto de ley tiene puntos positivos, pero también negativos. Queremos corregir los puntos negativos, para lo cual hemos presentado algunas indicaciones. Debe existir una contribución no solo de las comisiones, sino también de la Sala de esta honorable Cámara de Diputados.

He dicho.

El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló .

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente, una discusión que amenazaba ser un tanto aburrida y tecnócrata, luego de las intervenciones de los colegas Marcelo Schilling y Ricardo Rincón se ha transformado en algo entretenido, al menos para mí.

Deseo polemizar con mis dos colegas y plantear un punto de vista que, desde luego, no compromete a la bancada a la que pertenezco, pero sí al partido que dirijo.

En primer lugar, quiero decir que profesionalizar la administración pública de un país no tiene nada que ver con concepciones neoliberales o con concepciones neoconservadoras. Antes bien, profesionalizar la administración pública de un país, hacerla seria y eficiente, tiene que ver con los intereses de la inmensa mayoría de los trabajadores, del pueblo y de las personas que, muchas veces, viven esperando políticas públicas que efectivamente las beneficien a ellas y a sus familias, y, sobre todo, que resuelvan la angustia que muchas veces generan temas como las enfermedades, la educación de los hijos, la falta de empleo, la capacitación y otras tantas materias donde se despliegan las políticas públicas de un país.

¡Qué distinto sería un país donde el director del Servicio de Impuestos Internos -es una de las alternativas que se discute: si ese cargo debe llenarse por el Sistema de Alta Dirección Pública o, simplemente, por designación presidencial no supiera de impuestos, pero cumpliera con el perfil que establece la ley: ingeniero comercial!

Por su intermedio, señor Presidente, quiero decir a mis colegas Marcelo Schilling y Ricardo Rincón que en tal circunstancia el desastre sería completo, total.

Para ilustrar lo que estoy señalando quiero colocar como ejemplo el caso de los especialistas que impulsaron la reforma tributaria, que hoy el país está progresivamente comprendiendo y agradeciendo. De hecho, hace algunos días conocimos el informe elaborado por los más importantes y connotados expertos del Banco Mundial, en el que se confirma que la reforma tributaria, en régimen, permitirá recaudar 8.300 millones de dólares adicionales, reforma que fue impulsada por el actual gobierno y cuyo proyecto fue aprobado por el Congreso Nacional. Ese informe no solo permitió aclarar esa duda que existía, sino que señala algo adicional de similar o mayor importancia que lo anterior: que el estudio del impacto redistributivo de la reforma tributaria ha permitido constatar -esto se desconocía en el momento en que la reforma fue votada aquí que las tres cuartas partes del total de los 8.300 millones de dólares que se recaudarán serán aportados por el uno por ciento más rico del país. Reitero que ha sido posible conocer ese antecedente gracias a estudios posteriores elaborados por un grupo de especialistas del Banco Mundial.

Por lo tanto, si no tuviéramos la gama de especialistas y de profesionales especializados con los que contamos, quienes poseen no solo un perfil general sobre la materia, ¿cree alguien que habríamos llegado a tener tal nivel de precisión en la reforma tributaria aprobada?

Aun más, el ministro de Hacienda nos ha dado a conocer algunos avances en cuanto a que, una vez terminada la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos, será enviada a tramitación legislativa una iniciativa que tiene por objeto efectuar pequeños ajustes a la reforma tributaria, porque, a pesar del concurso de todos los especialistas designados por el Sistema de Alta Dirección Pública y también de confianza exclusiva del Presidente de la República -lo que demostraré en el punto al que me referiré a continuación, en el sentido de que no hay contradicción alguna entre ambos conceptos-, será necesario explicar aspectos que no quedaron del todo claros, situación que ha obligado a la elaboración de circulares de más de ochenta páginas, con la finalidad de que los contribuyentes sepan de qué forma deberán pagar los impuestos correspondientes.

En materia de salud, el director o la directora de un servicio de salud debe organizar la atención de los usuarios, la mayoría de los cuales se atiende en el sector público en red, puesto que algunas necesidades son resueltas en el nivel de la atención primaria, en los consultorios, y otras en los hospitales de menor complejidad, mientras que las patologías más severas y complejas deben ser tratadas en los hospitales Tipo 1, de alta complejidad. ¿Puede alguien imaginar que la distribución de la capacidad técnica, operativa, de diagnóstico y resolutiva del andamiaje de salud pública pueda ser llevada a cabo por un profesional que no sea experto en salud pública, que no haya sido seleccionado a través del Sistema de Alta Dirección Pública?

Los países que exhiben los mayores índices de equidad y de igualdad en la distribución del ingreso son los que están más distantes de las concepciones neoliberales, los que han profesionalizado la administración pública a tal punto que en ellos se establece el requisito de que por sus escuelas de administración pública deben pasar todos los niveles de cargos del aparato del Estado, con excepción de los ministros y viceministros. Es el caso de la Escuela Nacional de Administración, de Francia, así como las experiencias de Suecia o, en general, de los países escandinavos, los que recaudan 45 o 50 por ciento del producto interno bruto en impuestos a los grandes empresarios.

Esa es una medida anti neoliberal y completamente establecida en pro de la igualdad de oportunidades. En esos países, cuando un presidente decide llevar a cabo una reforma tributaria o educacional, existen altos grados de capacidad profesional, en todos sus niveles, con el objeto de que se materialice.

Sin embargo, los diputados Schilling y Rincón , sin perjuicio de que tengan todo el derecho a expresarlo, han llegado al extremo de atribuir la falta de suficiente apoyo ciudadano a las reformas que está impulsando la Presidenta Michelle Bachelet al hecho de que hayan sido impulsadas por personas que han pasado por el Sistema de Alta Dirección Pública. Eso es francamente inaudito e insólito.

Algunos podrán plantear que probablemente se ha explicado de manera insuficiente la naturaleza más profunda de estas transformaciones, que el 90 por ciento de los medios de comunicación, incluida la televisión, se encuentra en manos de la derecha, del gran empresariado; que este país nunca había conocido tal nivel de concentración de los medios de comunicación en manos de un sector político, lo que en parte también explica la falta de apoyo ciudadano a los cambios, porque se ha distorsionado y se ha mentido groseramente. También se pueden aclarar errores, como, por ejemplo, que a lo mejor la reforma educacional, que implica la tramitación legislativa de cinco o seis proyectos, debiera haber comenzado por la iniciativa que recién ha sido enviada al Parlamento, la cual tiene relación con el fortalecimiento y el establecimiento de una nueva educación pública, en lugar de haberlo hecho por los colegios particulares subvencionados, etcétera.

En realidad, uno puede responsabilizar a muchos factores, pero yo patentaría la tesis, por novedosa, que ha sido enarbolada en esta discusión, la cual plantea -lo reitero que la baja de apoyo ciudadano se debe a que las autoridades que han llevado adelante determinadas reformas han sido seleccionadas a través del Sistema de Alta Dirección Pública, o sea, porque son técnica y profesionalmente preparadas, además de ser enteramente partidarias de este gobierno.

El director del Servicio de Impuestos Internos, el jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación, los directores de los servicios de salud, entre otros, son cargos ocupados por personas que pasaron por el Sistema de Alta Dirección Pública y que, además, son partidarias de este gobierno. Pasar por ese sistema de selección no significa que se elija a personas de la oposición, para que desarrollen un trabajo en contra del programa del gobierno. Naturalmente, estaría totalmente de acuerdo si esa fuera la implicancia, pero no lo es.

Quiero que alguien en esta Sala diga el nombre y el apellido de alguien de la oposición que ocupe algún cargo de alta confianza para expresar la naturaleza del programa de gobierno, que haya sido seleccionado a través del Sistema de Alta Dirección Pública y que trabaje en contra del gobierno. No conozco a nadie con esas características en Chile, sin perjuicio de que uno pueda tener una opinión positiva o negativa, o más cercana o más lejana con algunas personas.

Por último, quiero señalar que votaré a favor el proyecto de ley en discusión, puesto que tiene por finalidad el perfeccionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública, lo que permitirá que el país pueda organizar y poner en práctica con eficiencia las reformas que se requiere implementar, para que sus beneficios lleguen a los trabajadores y a los sectores populares, y de esa forma el ingreso se distribuya de mejor manera.

He dicho.

El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, creo que la intervención del diputado Aguiló es la mejor y más realista que hemos escuchado en este debate, porque ha retratado de cuerpo entero lo que es el Sistema de Alta Dirección Pública.

¿Cuál es la razón de seguir seleccionando funcionarios a través del Sistema de Alta Dirección Pública en circunstancias de que aquí mismo se ha confesado que tienen que ser partidarios del gobierno? Parece que lo mejor es elegir a dedo; pero para eso no es necesario tener ese sistema de selección.

El proyecto de ley en discusión no tiene implicancia alguna, porque podemos elegir a las personas que ocuparán determinados cargos mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, y a los diez minutos o al otro día el Presidente de la República puede pedirles la renuncia.

En consecuencia, tal como lo conversamos con el diputado René Saffirio , esto es gatopardismo: cambiemos todo para que todo siga igual. Seamos honestos: aquí estamos tratando de hacer algo porque estamos pauteados. No estamos legislando los parlamentarios, sino la prensa. Pero les quiero decir que, hagamos lo que hagamos, estamos como palo de gallinero, porque hoy los diputados tenemos un porcentaje de aprobación de solo 10 por ciento. ¡Repito: 10 por ciento! ¿Qué logramos con seguir sacándonos los ojos, legislar y hacer lo que creemos que es mejor si la opinión pública ya no cree en ninguno de los diputados que están sentados aquí ni, menos, en los senadores?

Acabamos de ver un gigantesco espectáculo en la elección del fiscal nacional y que el besamanos se trasladó al Senado. El candidato se reúne con los senadores y estos le imponen la condición de que no los investigue para aprobar su designación como fiscal nacional. ¡Es vergonzosa la forma en que se está legislando en el país!

Unos gritan, otros se hacen los interesantes, algunos se sacan los ojos y se dice que la prensa hace esto, que las reformas están mal explicadas, etcétera. ¡No, señores! ¡Aquí estamos legislando sin conocer lo que la ciudadanía quiere! Ese es el fondo del problema.

¿Alguien cree que si en siete, diez o quince años más en el Parlamento se aprueba la asamblea constituyente se va a arreglar la salud, se van a corregir los sobreprecios, se van a construir más viviendas o va a mejorar la educación? La verdad es que eso no va a ocurrir. Solo es un distractor.

Ayer conversé con miembros de la Nueva Mayoría, quienes me decían: “¡Por Dios que tenían razón -no lo podemos decir públicamente cuando nos dijeron que los recursos que se recaudarían con la reforma tributaria no alcanzarían para dar gratuidad a todos los chilenos que quieren estudiar!”. ¡Lo dijimos desde el principio! No es algo que quisiéramos esconder. Tuvimos la valentía de expresarlo; pero hoy dicen que sí, que no, que aquí, que allá, que el 10 por ciento más rico, que el 20 por ciento esto, que el 60 por ciento lo otro, que algunas universidades quedan afuera, etcétera. Esta es la forma en que estamos legislando.

Me alegro de que se presenten indicaciones, para que este proyecto vuelva a la comisión, con el objeto de que puedan reflexionar y corregirlo, para que las personas elegidas por el Sistema de Alta Dirección Pública realmente tengan la prestancia y los requisitos que se necesitan para ejercer los cargos.

Aquí no se trata -el diputado Aguiló lo sabe muy bien de que alguien sea de izquierda o de derecha, sino de que esa persona haga bien la pega; y si hace bien su trabajo, me importa un pepino de dónde sea. Solo importa que se saque la camiseta de su color político y que haga bien su tarea. Eso es lo que hoy busca la gente.

Si miramos lo que ocurre en las instituciones del Estado, ¿qué vemos? Que al Indap van seis funcionarios de tal partido; al SAG van tantos de otro partido; a la Conadi, lo mismo, etcétera. Entonces, ¿de qué Sistema de Alta Dirección Pública me están hablando? Hoy, el verdadero “sistema de alta dirección pública” consiste en estar inscrito en un partido político y ser servicial a los que los nombran en los puestos de trabajo. Por eso, no nos engañemos entre nosotros.

Se habla de doce personas que deben ser de exclusiva confianza del Presidente de la República. ¡Lo compro entero! Si el Presidente de la República necesita esos funcionarios de su confianza, que los nombre. ¿Para qué hacemos tanta faramalla si al final van a nombrar a los que quieran, incluso por unanimidad? Claro que son nombrados por unanimidad, porque los que están ahí dicen: “Te voy a dar este funcionario, pero dame la unanimidad; tú vas a poner a otro en otro lado y yo te doy la unanimidad…”.

Me gustaría que hubiera más transparencia en este proceso, que no nos hagamos maula en el solitario y que verdaderamente trabajemos con la camiseta de Chile y no la de los partidos políticos, pues creo que ese es el peor daño que podemos hacer a nuestras instituciones: trabajar pauteado, ser reaccionario y no tener la visión de considerar lo que va a pasar en el país en un tiempo más.

Ayer mismo se suscitó una polémica debido a que no se permitió que un alcalde entrara a la Sala de la Cámara de Diputados. La verdad es que nunca he visto que un alcalde entre a la Sala, porque para eso están los representantes del gobierno, que es el que tiene que estar presente. No tengo nada contra el señor Jadue ni lo conozco, pero armar una polémica sobre ese hecho es una forma de aprovechamiento de la que la gente está cabreada, porque se pone a una ideología contra otra.

Lo que interesa es que los remedios lleguen más baratos, que la gente los pueda comprar y que los alcaldes imiten el ejemplo de lo que es bueno. No más calificativos de “reaccionarios”, no más peleas y no nos saquemos los ojos entre nosotros. El país -lo digo de todo corazón merece mucho más; merece una “colusión” entre los diputados, pero sana, por el bien del país, y no una colusión partidista que solo mire el beneficio propio.

Finalmente, porque creo que este proyecto no tiene importancia alguna, anuncio que me voy a abstener.

He dicho.

El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, es verdad que la coyuntura no nos favorece, pero no podemos legislar a través de las coyunturas políticas o sociales.

El perfeccionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública es muy necesario. Obviamente, a cada uno le gustaría que se seleccionara a las personas que tengan el perfil que uno espera de un funcionario público. Primero, debe tener una alta vocación de servicio público y debe estar técnicamente preparado, con la expertise necesaria para ejercer el cargo que va a asumir.

Por supuesto, existen cargos que son de confianza política, y esa práctica va a continuar. Obviamente, un ministro de Estado no va a ser elegido por el Sistema de Alta Dirección Pública.

Este proyecto hoy es muy necesario. Recuerdo que durante el gobierno anterior algunos funcionarios que habían sido seleccionados por el Sistema de Alta Dirección Pública fueron despedidos por esa administración, de manera muy similar a la que practicaban los patrones de fundo. Así fue como sacaron a algunos funcionarios que fueron seleccionados por este sistema, y en su lugar designaron a cuadros políticos.

En la línea expuesta por el diputado Sergio Aguiló , es cierto que hay una prensa concentrada en un solo polo, que tiene un tremendo poder y que permanentemente da golpes blancos a la clase política, muchas veces con razón, pero muchísimas veces más sin argumentos. Todos sabemos que muchas veces se ha asesinado política y públicamente a una persona, pero cuando después esta resulta ser inocente no existe el derecho a réplica, para que pueda reivindicarse.

Por lo tanto, este es un proyecto muy pertinente, porque es muy necesario que el Estado se modernice. Además, existe un compromiso con la administración del Estado y una deuda pendiente con sus funcionarios. De hecho, siempre se ha dicho que el Estado no es el mejor patrón y que se ha quedado muy anquilosado, por lo que me alegro de que en tiempos recientes se estén dando pasos hacia su modernización.

Tenemos que pensar en el país. Chile requiere un Estado moderno, eficiente, transparente y probo, y es por eso que los que ocupen estos cargos deben ser seleccionados a través de un proceso transparente.

Digamos las cosas como son: hoy el Sistema de Alta Dirección Pública no funciona -lo digo no obstante ser parte de este gobierno, a mucha honra con la imparcialidad y transparencia que estamos pensando a propósito de este proyecto.

Al preguntar a una autoridad sobre cuántos nuevos funcionarios tenía en su servicio, esa persona me respondió que cuatro. Le pregunté cómo habían ingresado, y me respondió que por el Sistema de Alta Dirección Pública. Bueno, me quedó claro ese “proceso”, porque se notaba que esa “parcela” era de determinado color político.

Sin duda, este proyecto es un avance hacia la modernización, pero además hacia una verdadera transparencia y absoluta probidad en la administración pública.

La gente reclama. Por eso digo que el gran compromiso que tenemos es con la mayoría de las chilenas y los chilenos, que requieren un Estado eficiente, que cada vez sea menos burocrático, menos tramitador; de un Estado que dé respuestas a sus ciudadanos.

Por consiguiente, anuncio que vamos a aprobar el proyecto. He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Espejo .

El señor ESPEJO.-

Señora Presidenta, el proyecto en debate, que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil, me parece de extrema importancia. Así quedó consignado en el informe entregado por el diputado señor Ricardo Rincón .

Creo que pocos se dan cuenta de la importancia crucial que tiene esta materia. A diferencia de lo que ocurre en Chile, profesionalizar los cargos de dirección y las jefaturas de división de las instituciones públicas es, hace años, la forma corriente de trabajar en las sociedades democráticas más desarrolladas. Frente a ciudadanos informados, interesados en las políticas públicas y en lo político, pero desconfiados de la política, las democracias avanzadas han fortalecido la capacidad del Estado para responder a exigencias crecientes, que son las que enfrentamos todos los días: más transparencia, más eficiencia, más eficacia institucional, más participación y rendición de cuentas de los resultados de la acción gubernamental.

Algo hemos avanzado en Chile.

En 2003, como salida a una crisis política de enorme envergadura, el gobierno y la oposición de la época acordaron profesionalizar la función pública. Para ello, establecieron un sistema técnico de selección de altos directivos que permitiría escoger a las personas más idóneas, con independencia de sus opiniones políticas y tratando de minimizar el riesgo de designaciones clientelares.

Solo al final del proceso, la autoridad política podía, de entre quienes hubieran superado con éxito las fases de selección, escoger al profesional de su preferencia para ocupar la posición disponible.

Poco más de una década después -como señaló el ministro de Hacienda al inicio de la sesión la alta dirección pública del país es considerada un modelo a nivel latinoamericano, según múltiples indicadores de buen gobierno. Sin embargo, es necesario pasar a una segunda etapa que permita ir al fondo de los objetivos que se trazó el país al crear esta institucionalidad.

Hasta hoy, uno de los indicadores inequívocos sobre las limitaciones de la alta dirección pública es la numerosa rotación de cargos tras los cambios de administración. Cuando asumió su primer gobierno la Presidenta Michelle Bachelet la rotación fue del orden del 20 por ciento. Durante la administración de gobierno del Presidente Sebastián Piñera, la rotación se elevó en torno al 80 por ciento, confirmando que la sensibilidad de los regímenes de turno se imponía sobre la idoneidad de los postulantes y de los mismos altos directivos.

A ello se agrega la dificultad de dar un tratamiento adecuado a los cargos transitorios y provisionales, los que, pese a su importancia, en contingencias complejas -como ejemplificó el diputado señor Ricardo Rincón refiriéndose a la situación del Servicio de Registro Civil e Identificación-, han tendido más de la cuenta a prolongar la conducción de un servicio en manos funcionales a la autoridad política de turno.

Qué decir de las limitaciones salariales, que, en sectores como la Salud, a ratos vuelven inútil el ejercicio de búsqueda de candidatos idóneos.

La institucionalidad creada hace doce años se hizo cargo de instalar la temática, pero todavía quedan tareas pendientes para que el engranaje funcione bien.

Por eso es tan importante sancionar el proyecto de ley en discusión, que la Comisión de Hacienda nos recomendó aprobar, pues aumenta el número de servicios que forman parte del Sistema de Alta Dirección Pública, dejando a muy pocos fuera; perfecciona los convenios de desempeño para asegurar que durante los cambios de gobierno la salida de los altos directivos dependa principalmente de su capacidad de gestión, y fortalece el rol del Consejo de Alta Dirección Pública para que también pida explicaciones, en el ejercicio de sus funciones, a los ministros y subsecretarios, ante peticiones de renuncia.

Además, la iniciativa reconoce un dato de realidad que quiero respaldar: el Presidente de la República tiene derecho a enfatizar ámbitos de acción en los cuales espera cumplir su programa de gobierno. Por eso se le faculta para nombrar en forma directa a doce altos directivos públicos, de primer nivel, en los tres primeros meses de su mandato.

Así, con el espíritu de perfeccionar el proyecto, junto con los diputados señores José Miguel Ortiz , Jaime Pilowsky, Iván Flores , Pablo Lorenzini , Matías Walker , Juan Morano , Marcelo Chávez, Iván Fuentes y la diputada señora Yasna Provoste , presentamos tres indicaciones.

La primera es para considerar los estudios de posgrado, no solo los de pregrado, para el cómputo de la duración de la carrera profesional de ocho semestres requerida para ejercer cargos de alta dirección pública, pues lo que queremos es evitar el incremento de la barrera de entrada derivada de una creciente tendencia a disminuir la duración de las carreras profesionales.

La segunda pretende ampliar la facultad del Consejo de Alta Dirección Pública para proponer porcentajes de asignación de alta dirección asociados a cargos de primer y segundo nivel, aprovechando su visión de conjunto sobre el sistema.

La tercera es para precisar que los mayores detalles sobre el concurso al que se convoca serán publicados en medios electrónicos, de modo de limitar los costos de las publicaciones.

Adicionalmente, quiero referirme a la importancia de considerar normas que se hagan cargo de los problemas que tiene el sistema en el sector salud, cuestión que debería ser recogida en el segundo trámite constitucional. Ese sector representa 34 por ciento de la totalidad del sistema; sin embargo, sabemos que al momento de nombrar a un funcionario en la alta dirección no solo pierde el cargo, sino también la remuneración.

Por eso, creo que los funcionarios médicos que pasen a ejercer un cargo de alta dirección pública deberían conservar no solo su plaza en la planta, sino también su remuneración funcionaria, en el caso de que esta sea más beneficiosa que la de su cargo de ADP. En caso contrario, seguirá ocurriendo que se realicen concursos sin candidatos.

Al concluir mi intervención, debo reconocer que la crisis de confianza institucional instalada en Chile no se superará con la vuelta a la designación política y al cuoteo en los cargos de alta dirección del Estado. Por el contrario, lo que se necesita es dar garantías de que el Estado va a cumplir sus funciones fundamentales, con independencia de quienes se encuentren en el gobierno. Los problemas de gestión política, de este u otro gobierno, no se resolverán desprofesionalizando al Estado, sino con más liderazgo político, más rigurosidad técnica, más disposición al diálogo y más voluntad de trabajo en equipo.

Para servir mejor a los chilenos, el Estado debe avanzar en desterrar el clientelismo, en consolidar la excelencia técnica y la vocación de servicio en los niveles jerárquicos más altos de la administración.

Por esa razón, este proyecto es parte de la agenda de probidad y transparencia propuesta por el gobierno. Para otorgar legitimidad a nuestras instituciones, la gestión pública debe estar en condiciones de responder a las nuevas exigencias que nos plantea una ciudadanía que, en forma preocupante, desconfía cada vez más de la política.

En definitiva, para que los chilenos nos sintamos orgullosos de nuestro Estado, necesitamos más y mejor alta dirección pública.

He dicho.

El señor WALKER.-

Señora Presidenta, pido la palabra para plantear un asunto reglamentario.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, su señoría.

El señor WALKER.-

Señora Presidenta, en el segundo lugar de la Tabla figura el proyecto de ley que modifica la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile.

Sé que la Sala no dio su acuerdo para reducir a cinco minutos el tiempo de intervenciones de los señores diputados en el tratamiento de la iniciativa en debate. Sin embargo, como es muy importante ese segundo proyecto, aprobado en la Comisión de Seguridad Ciudadana, pido que recabe el asentimiento de la Sala, de los Comités Parlamentarios o de quien corresponda, a fin de votar la iniciativa al término del tiempo de los proyectos de acuerdo y de resolución, sin discusión y con el solo mérito de los informes de las comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Ciudadana.

He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

¿Habría acuerdo para proceder en la forma indicada por el diputado señor Walker ?

No hay acuerdo.

¿Habría acuerdo para ubicar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, en el primer lugar de la Tabla del próximo martes.

Acordado.

Tiene la palabra el diputado señor Ulloa .

El señor ULLOA.-

Señora Presidenta, intervengo solo para suscribir la sencilla petición del diputado señor Walker , en el sentido de votar el proyecto que figura en el segundo lugar de la Tabla sin discusión, para lo cual le pido que recabe nuevamente el acuerdo de la Sala.

Si existe acuerdo, bienvenido sea; en caso contrario, deberemos analizarlo el próximo martes.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Diputado señor Ulloa , en reunión de Comités se solicitó fijar en cinco minutos los tiempos de intervención por diputado en los dos primeros proyectos que figuran en Tabla, ello con el objeto de alcanzar a analizar ambos. Sin embargo, los jefes de bancada no aceptaron la propuesta.

Recabo nuevamente el asentimiento de la Sala a fin de votar la iniciativa que figura en el segundo lugar de la Tabla, sin discusión.

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señora Presidenta, el proyecto de ley en debate, que perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública y fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil, considera un aumento de la cobertura del sistema, incluyendo mayor número de cargos públicos, y fortalece las condiciones de mérito y profesionalismo de las personas elegidas. Además, permite vincular, de manera más efectiva, la gestión del desempeño de los altos directivos públicos con los objetivos estratégicos del Estado en el largo plazo. Asimismo, se hace cargo del problema de la desvinculación de que pueden ser objeto los altos directivos públicos tras un cambio de gobierno y mejora la gobernanza del sistema mediante el reforzamiento de las funciones del Consejo de Alta Dirección Pública.

Todas esas medidas me parecen sumamente adecuadas y necesarias, por lo que en principio comparto la idea de plasmarlas en el proyecto. Sin embargo, en términos más generales, quiero destacar que me parece apropiado que el gobierno adopte medidas más concretas, en este caso legislativas, para abordar la contingencia y mejorar la relación entre los altos funcionarios del Estado y la apreciación que la ciudadanía tiene de esos cargos.

En este sentido, me parece relevante que cuando se trate de desempeñar funciones que significan un alto grado de responsabilidad y de conocimientos, la ciudadanía pueda confiar en que las instituciones están siendo dirigidas por personas, por profesionales, que reúnen todas las competencias y los conocimientos técnicos, las habilidades y las destrezas específicas que el cargo amerita.

Obviamente, ese mejoramiento a la normativa se basa, como se ha dicho, en cuatro principios rectores: la profesionalización, la transparencia en la selección, una mayor participación y una nueva perspectiva respecto de las remuneraciones que deben recibir en forma compensatoria los profesionales que ocupan esos cargos.

Como nos muestran las estadísticas y la experiencia internacional, un adecuado sistema de selección técnica que no sea discriminatorio permite evidentemente mejores resultados de la función que cumple el Estado, lo que es muy apreciado y reconocido por la ciudadanía. Por lo mismo, las ideas matrices del proyecto me parecen absolutamente necesarias. Sería positivo aplicarlas a otros servicios y organismos del Estado, como los municipios, y dentro de estos, a las direcciones de obras municipales.

Finalmente, en la misma línea de lo que vengo expresando, quiero señalar que existen estudios que indican que los directivos del sector público, reclutados y seleccionados de acuerdo con sistemas de mérito, generan un mejor desempeño de las instituciones públicas. Es evidente que las autoridades políticas de turno deberían siempre preferir contar con directivos técnicos en aquellos cargos que demandan un alto grado de especialización.

Por ello, sería interesante que este tipo de selección no solo se adscriba a un solo perfil de cargo, sino que se amplíe a puestos que hoy parecen más bien basarse en la confianza política que en el mérito y capacidades de quienes los desempeñan.

Por tratarse de un mejoramiento del Sistema de Alta Dirección Pública, aun cuando todavía puede ser perfeccionado, votaré a favor la iniciativa.

He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin .

El señor CHAHIN.-

Señora Presidenta, no cabe duda de que este proyecto busca seguir avanzando en una línea que naturalmente es correcta, cual es ser capaces de ir profesionalizando la administración del Estado. La idea es ir generando la posibilidad de tener a personas que desempeñen cargos con las capacidades e idoneidad profesional y técnica necesarias. Para servir al país se requiere de capacidad, de personas que estén preparadas, formadas. En una sociedad cada vez más exigente, donde la administración se hace más compleja, es necesario contar con los mejores, con los más idóneos para atender, de mejor manera, los requerimientos del país.

Por eso, nos parece importante que se perfeccione el Sistema de Alta Dirección Pública; que efectivamente la meritocracia sea el principio que prime para decidir quiénes son las personas que tienen que ocupar los cargos al interior de las diferentes instituciones.

Sin embargo, de la misma manera, debo decir que hay que tener un límite y hay que tener cuidado, porque no podemos confundir el Estado con las empresas. No podemos pretender que el rol de todos los altos funcionarios públicos sea similar al de los gerentes de las empresas privadas.

En este contexto se hace necesario generar espacios para el ejercicio de la política, para que un gobierno, elegido por soberanía popular, efectivamente pueda dar a su gobierno las herramientas y la posibilidad de implementar su programa.

Por eso, me parece importante que en muchos cargos se definan de buena manera los perfiles, es decir, los requisitos, desde el punto de vista técnico-profesional, que deben cumplir las personas; sin embargo, también es relevante que la autoridad política, una vez cumplidos esos requisitos, tenga personas de su confianza, comprometidas con el programa y con la impronta que un gobierno quiere imprimir.

Si pretendemos que el Estado sea simplemente una administración gerencial, que se mida con los mismos indicadores de la empresa privada, y no un Estado que debe responder a las demandas de los ciudadanos y a los compromisos políticos de los gobernantes para hacerse cargo de lo comprometido con el pueblo en una campaña, entonces estamos renunciando a la política. Lo digo porque la gente exige a las autoridades políticas que cumplan sus compromisos y que las cosas se hagan bien. Si nosotros amarramos de manos a las autoridades políticas para gobernar, para responder a sus compromisos, entonces me parece que estamos cometiendo un grave error.

Por eso, debemos buscar un punto de equilibrio entre el cuoteo de personas que no están preparadas técnica ni profesionalmente para cumplir su labor y que muchas veces por lealtades malentendidas ocupan puestos sin tener las condiciones necesarias, y esta visión empresarial del Estado. En ocasiones da la impresión de que ese modelo solo se basa en una selección de gerentes, donde se necesitan headhunters y donde da lo mismo el compromiso social, la convicción política, la adhesión a un programa y el sentido ético que le quiere dar un gobernante a su gestión desde el gobierno.

Tenemos que ser capaces de buscar un punto de equilibrio. En tal sentido, me parece que hay algunas cosas que simplemente no se entienden. El diputado Rincón daba un ejemplo. En el Servicio de Registro Civil, dada la actual coyuntura, la Presidenta de la República no habría podido nombrar a un director transitorio y provisional para hacerse cargo de ese servicio, si esta ley estuviera vigente.

Hemos renovado algunas indicaciones al proyecto aprobado por la comisión y hemos pedido votación separada de algunos de sus artículos, a fin de generar una iniciativa que avance en la profesionalización de la administración del Estado, pero sin renunciar al ejercicio de la política, de modo que los gobiernos puedan responder a las promesas que le hacen a la ciudadanía.

Por ello es fundamental que las autoridades no tengan las manos amarradas y que puedan elegir a personas que, con los perfiles claros y con los requisitos técnicos y profesionales que corresponden, también tengan el compromiso de servir a Chile. De esa forma -reitero-, las autoridades que el país elige podrán cumplir sus promesas.

He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos: