Labor Parlamentaria

El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-

Corresponde rendir el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre los hechos que se conocen como “caso Caval” y la participación en ellos del exdirector Sociocultural de la Presidencia de la República.

De conformidad con los acuerdos de los Comités, se destinarán 30 minutos para rendir el informe y una hora y media para el debate, distribuida proporcionalmente entre las bancadas.

Diputada informante es la señora Alejandra Sepúlveda .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Investigadora, sesión 121ª de la presente legislatura en 19 de enero de 2016. Documentos de la Cuenta N° 5.

El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (de pie).-

Señor Presidente, paso a dar cuenta del informe de la Comisión Investigadora de los actos de gobierno que se vinculen directa o indirectamente con los negocios y actividades del exdirector sociocultural de la Presidencia de la República, particularmente en el denominado “caso Caval”.

Cabe hacer presente que este informe contiene las actuaciones correspondientes a dos comisiones investigadoras creadas sucesivamente, con similar competencia. Una se creó por acuerdo de la Cámara con fecha 8 de abril de 2015, y otra, con fecha 7 de octubre de 2015.

Existe en el informe un breve resumen de los antecedentes expuestos por los diputados solicitantes de la comisión investigadora, el que estará a disposición de todos los señores diputados y señoras diputadas.

La comisión, para el cumplimiento de su cometido, destinó 25 sesiones ordinarias y especiales, 16 en la primera comisión y 9 en la segunda comisión, en las que procedió a escuchar las opiniones y las declaraciones de las personas invitadas y citadas. Concurrieron y expusieron 29 personas, tanto del ámbito público como privado.

Cabe mencionar que las consideraciones, conclusiones y propuestas respectivas fueron aprobadas de manera unánime por los miembros de la comisión, esto es, contaron con el voto favorable de los diputados señores Osvaldo Andrade, Juan Luis Castro , Guillermo Ceroni , Gustavo Hasbún , Ignacio Urrutia (en reemplazo del diputado Issa Kort) , Fernando Meza , Germán Becker (en reemplazo del diputado Diego Paulsen) ; señoras Marcela Sabat , Alejandra Sepúlveda ; señores Gabriel Silber (Presidente de la comisión), Víctor Torres y Felipe Ward .

Por razones de tiempo, procederé a leer solo las conclusiones y proposiciones. Conclusiones:

1. Que la regulación constitucional y legal actual de las comisiones investigadoras ha sido insuficiente en algunos casos para cumplir con el objeto que se ha encargado. Al respecto, la poca colaboración de los particulares, sin obligación de comparecer, ha dificultado abordar aspectos sustanciales de esta investigación en particular. La dificultad no se acaba allí, puesto que tampoco los exfuncionarios públicos asistieron, aun cuando se trataba de dar explicaciones sobre hechos ocurridos durante el ejercicio de sus cargos, lo que aparece a toda luz inadmisible.

Finalmente, incluso funcionarios públicos, en ocasiones, no asistieron, debiendo recurrirse a los apercibimientos que consagra el ordenamiento jurídico chileno para instar a su comparecencia, lo que en una república democrática no puede ocurrir.

2. Esta Comisión Investigadora plantea que Caval, en lo sustantivo, más que ser una empresa con un giro y experticia en particular o con un currículo y experiencia acreditable, dado lo variopinto de los negocios y actividades a los que se abocaba, así como las condiciones curriculares y la idoneidad de los agentes que formaban parte de tal entidad, era más bien una suerte de empresa de lobby, cuyo perfil y ventaja comparativa radicaba, justamente, en sus vínculos y conexiones político-públicas, que le generaron en muy pocos años ganancias y contratos muy por sobre la media de empresas similares, abocadas a tareas parecidas. Siendo, además, estas actividades relacionadas, el ambiente ideal para generar, dados los vínculos de Caval, posibles escenarios de tráfico de influencias, uso de información privilegiada u otros delitos o infracciones administrativas hoy investigados por la justicia y que tienen como germen la infracción de deberes de abstención en el uso de relaciones posicionales que solo franquean al estar en el entorno cercano de quien a la postre será Presidente de la República. En esta línea, si bien esta comisión no investiga delitos, advierte y manifiesta la urgencia de poner cortafuegos y marcos regulatorios que, en lo sucesivo, impidan y prevengan abusos de poder como los cometidos por Caval y sus integrantes.

3. Las declaraciones de los involucrados y la forma del otorgamiento del crédito, claramente permiten acercarse a la teoría de la configuración de una causal para investigar la existencia de un eventual tráfico de influencias o abuso de poder por parte de la señora Compagnon , lo que se desprendería de las discrepancias entre lo declarado por el matrimonio Compagnon-Dávalos y el señor Andrónico Luksic , situación que debe ser debidamente investigada y resuelta por el Ministerio Público dentro del marco del proceso penal correspondiente.

4. Sobre el punto referido a la Municipalidad de Machalí, puede aseverarse que no se cumplió con todos los mecanismos de control preventivos que pudieran impedir la situación. La excusa del alcalde en torno a que la cantidad de oficios que firma al día impiden analizarlos uno a uno, no fue admitida por la comisión, puesto que su cargo es el más alto dentro del municipio, teniendo a la vista que el cambio de uso de suelo para la comuna de Machalí resultaba ser una decisión estratégica en el desarrollo de dicha comuna y no un acto de mero trámite.

Por ello, resultan inexplicables para los integrantes de la comisión, las explicaciones dadas por la primera autoridad comunal, lo que deviene en un actuar a lo menos negligente de parte del señor alcalde y demanda mayor proactividad del Consejo de Defensa del Estado, en cuanto a fiscalizar los actos del señor alcalde y del municipio en su conjunto, habida consideración de que el sumario incoado por tal corporación, dada la jerarquía del fiscal en lo administrativo, no indagó mayormente en el rol del funcionario descrito, haciéndose necesaria una investigación imparcial e independiente, emanada de la propia Contraloría General de la República. Además, la situación denunciada se mantuvo por mucho tiempo y con carácter de regularidad, incluyendo las visitas recurrentes del señor Díaz a las dependencias municipales, no siendo advertido por nadie dentro de dicho órgano, lo que no admite mayor justificación.

Como medida preventiva, se propone que copia del informe que se emita en la comisión se envíe a todas las municipalidades y concejos municipales del país, a fin de que estas, en sus ámbitos de competencia, fiscalicen todos los procesos de elaboración o modificación de planes reguladores comunales y seccionales, su participación en los instrumentos de planificación intercomunal y regionales en su caso, y la posible influencia de particulares sobre la determinación de las decisiones adoptadas en estas materias.

En este punto, quiero mencionar que se hicieron dos propuestas: que se envíen todos los antecedentes a la Contraloría y, del mismo modo, que se envíe este documento a los concejos municipales.

5. Si bien esta comisión no intenta hacer una interpretación de la pertinencia y de la necesidad de la existencia del cargo y del rol de la Dirección Sociocultural de La Moneda, entiende que esta demanda un mayor análisis caso a caso. No obstante, en lo grueso, esta comisión sostiene que no se condice con los tiempos actuales de la administración pública la existencia de estas fundaciones que, la mayoría de las veces, replican responsabilidades y actividades desarrolladas por otros órganos del Estado, cuyos estándares de control, transparencia y eficiencia son mayores que esa entidad de coordinación de naturaleza sui géneris radicada en La Moneda y se propone su reemplazo por la creación regular del rol de primera dama o de acompañante de la o del Presidente de Chile como una figura solo de representación protocolar, sin gestión directa en la administración del Estado, solo con los consiguientes gastos de representación que pudieren, eventualmente, emanar de tal responsabilidad.

6. Esta Comisión Investigadora del Congreso Nacional, advierte la eventual ilegalidad de fraccionar, en la denominada arista Saydex , un mismo contrato base con cada uno de los servicios de salud contratados, generando en los hechos la imposibilidad de haber generado un solo proceso licitatorio de mayor envergadura y rigurosidad, dada la cuantía de los montos involucrados y la similitud de los servicios proveídos que podrían haber irrogado a los mandantes mejores precios y condiciones más ventajosas para los servicios de salud contratantes, haciendo presente, además, la improcedencia de los servicios prestados por el señor Valero , que no se condicen con la modalidad de postulación vía convenio marco que debieran inhibir, dada la naturaleza objetiva de postulación, la participación de terceros en estos procesos. Representamos particularmente la pasividad del Ministerio de Salud para remediar, advertir y fiscalizar esta situación, así como requerir eventualmente al Consejo de Defensa del Estado una investigación más completa de los hechos descritos en el antecedente en resguardo del interés fiscal comprometido.

7. Resulta necesario censurar la permanencia del señor Cristián Riquelme Urra en el cargo de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, habida consideración del nivel de conocimiento que dicho personero pueda haber tenido del nexo del señor Juan Díaz Sepúlveda con las actuaciones que son investigadas por la Comisión Investigadora y la ausencia de un reporte a sus autoridades respecto de la realización de la aludida audiencia, situaciones que están revestidas de la mayor gravedad si se considera la alta investidura del funcionario en cuestión, a lo que se añade su responsabilidad como jefatura administrativa en el borrado del computador del entonces director sociocultural de La Moneda y la omisión de dicha información al ministro secretario general de Gobierno al momento de dar reporte oficial al país respecto de la operación descrita.

8. En relación a la actuación del superintendente de Bancos, las explicaciones que entregó han sido calificadas de insuficientes por la comisión. En efecto, una de las mayores fibras sensibles del caso Caval lo constituye el otorgamiento de un crédito millonario a una empresa de bajo capital, con poca experiencia y en que una de sus socias tiene contacto directo con el vicepresidente del Banco de Chile, el señor Andrónico Luksic .

En primer lugar, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras descartó incumplimientos a la Ley General de Bancos, por cuanto la operación habría cumplido con todas las etapas internas de aprobación, como, asimismo, las normas del cuerpo legal mencionado. Al respecto, en la comisión se le consultó sobre el alcance de la aplicación del artículo 84, N° 2), de la Ley General de Bancos, a lo cual el superintendente señaló que no se aplicaba al caso en concreto. No obstante, a la Comisión le quedan serias dudas sobre si dicha norma se aplicaba al caso Caval en concreto o no, puesto que, de ser así, el crédito tampoco cumpliría con las leyes vigentes. En concreto, respecto del artículo 84, que está al comienzo del título “Limitaciones de créditos” -no lo voy a leer, pero está a disposición de las señoras y señores diputados-, la comisión dice que no correspondería este actuar en la Superintendencia.

De los antecedentes conocidos del caso, se genera una duda razonable respecto de si se aplicaba esta limitación al crédito concedido a la empresa Caval . El Banco de Chile no actuó prudentemente en su otorgamiento, pero a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras le compete la fiscalización del cumplimiento de estas normas.

Queda claro que para la SBIF no es ilegal, desde el punto de vista del artículo 84, el otorgamiento del crédito en cuestión y, por lo mismo, se deberá aclarar por ese órgano por qué no se han cursado las sanciones respectivas que contempla la ley y las propias normas internas de la SBIF si es que para los propios ejecutivos del Banco de Chile la operación fue excepcional.

Asimismo, si bien la SBIF ha descartado incumplimientos a la Ley General de Bancos, indica que la operación no fue del todo prudente. No indicó en ningún momento qué es lo que entendía por prudencia, esto es, si el comportamiento adecuado hubiera sido derechamente no otorgar el crédito, o bien otorgarlo, pero resguardándose de otra manera. Respecto a dichas consultas efectuadas por los diputados, la SBIF dio respuestas evasivas, volviendo a recalcar que el crédito cumplió con la Ley General de Bancos.

La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ha puesto en consulta una norma de perfeccionamiento normativo respecto del tratamiento de las personas expuestas políticamente (PEP). Los principales cambios incluyen, entre otros, un mayor involucramiento por parte del directorio y la publicación que describa las políticas del banco sobre tratamiento de personas expuestas políticamente. ¿Qué valor vinculante tienen estas normas? ¿Podrán ser parte del perfeccionamiento que se le pretende dar a la Ley General de Bancos? ¿Qué ocurre con el cumplimiento de la norma del artículo 84, N° 2), de dicho cuerpo normativo?

Proposiciones

En consecuencia, esta comisión estima necesario efectuar las siguientes propuestas con relación a las conclusiones:

1) Promover una modificación legal para extender la obligación de comparecer ante las comisiones investigadoras que pesen sobre los ministros de Estado, funcionarios de la administración y personal de las empresas del Estado o de aquellas en que este tenga participación mayoritaria a dichas personas hasta 6 meses después de cesados en sus funciones o cargos, así como establecer la obligación de comparecer y entregar antecedentes o información a toda persona natural o jurídica que haya celebrado contratos con el fisco o sus entidades.

2) Revisión de la normativa aplicable a personas expuestas políticamente (PEP), a efectos de verificar la debida fiscalización e información recabada por la Unidad de Análisis Financiero que actualmente depende del Ministerio de Hacienda. En ese sentido, se propone el fortalecimiento de los procedimientos, recursos y autonomía de dicha Unidad y extender dicha calidad a los cónyuges, hijos y sus cónyuges o personas asimiladas a cónyuges de los candidatos a la Presidencia de la República por el tiempo que dure dicha circunstancia, con el objetivo de resguardar la actividad propia del candidato con el accionar de sus parientes.

3) Profundización y difusión de la normativa y procedimientos aplicables por parte de las instituciones bancarias y financieras a personas expuestas políticamente (PEP) y clientes regulares en razón del otorgamiento de créditos hipotecarios u otros. Lo anterior se vincula a la confianza que requiere el sistema bancario y financiero, lo que debe ser garantizado y fiscalizado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Si bien hoy se encuentra en curso un proceso de actualización de tal normativa por parte de la SBIF, es pertinente para mayor seguridad y estabilidad del sistema. De hecho, el concepto del riesgo reputacional emana de los requisitos sine qua non para operar en la banca. Por esa razón, el artículo 28 de la Ley General de Bancos exige dos requisitos fundamentales para constituir un banco, a saber, solvencia e integridad, siendo el segundo requisito un elemento que hoy carece de una adecuada fiscalización y marco normativo.

En consecuencia, a la luz de las asimetrías observadas por Caval, urge a la brevedad elevar sustantivamente los estándares y condiciones con que opera el sector bancario en esta materia.

4) Se deben incluir medidas de transparencia y participación ciudadana que permitan que la tramitación de instrumentos de planificación territorial no sean objeto de presiones indebidas, sino que vayan en beneficio directo de la comunidad que se ve afectada por ellos. La incidencia ciudadana y la transparencia del mercado del suelo permiten avanzar en esta materia, así como la adecuada percepción, sea de parte del municipio o del Estado, de algún porcentaje de las ganancias que genere su propia actividad, a fin de ser redistribuida en la comuna de que se trate.

5) Cabe también revisar y precisar las funciones que cumplen los directores de obras municipales, puesto que sus funciones se involucran directamente con los hechos planteados en la Comisión Investigadora, así como en otras de igual relevancia, como el otorgamiento de permisos de edificación u otros. En el caso expuesto, la influencia que se ejerció sobre el director de obras, sin descartar tampoco que pudo haber actos de corrupción, hace que se deba normar de mejor manera los mecanismos de fiscalización sobre estos, ya que su autonomía puede derivar en hechos como los acaecidos.

6) Otro aspecto a considerar es la regulación del personal que se contrata a honorarios en la municipalidad o en otros servicios públicos, los cuales, por no tener la naturaleza jurídica de un funcionario municipal propiamente tal, no están sujetos a medidas disciplinarias, como fue objeto el director de Obras de Machalí. Los antecedentes expuestos permiten concluir que dicha vía -la de contratación de personal a honorarios puede ser una rápida vía de ingreso de redes de influencia, debido a la importancia que pueden revestir sus informes, como, asimismo, el vínculo transitorio que desempeñan.

Las regulaciones que se propongan deberán considerar también la dilación en la tramitación de los instrumentos de planificación territorial, puesto que se tardan demasiado en dictar, y al momento en que se hace, ya es necesaria una nueva modificación

7) En relación con lo acaecido en la Municipalidad de Machalí, se solicita a esta y al concejo respectivo que en uso de sus facultades instruyan las respectivas investigaciones y fiscalizaciones que sean necesarias a fin de erradicar completamente estas prácticas, puesto que la envergadura del negocio impide considerar que haya sido solo una persona la responsable. Por otra parte, se solicita que se creen allí los mecanismos represivos necesarios para que no se produzcan nuevamente situaciones de tal naturaleza en dicho municipio.

8) Asimismo, como medida preventiva, se propone que copia del informe que se emita en la comisión se envíe a todas las municipalidades y concejos del país, a fin de que estas, en sus ámbitos de competencia, fiscalicen todos los procesos de elaboración o modificación de planes reguladores comunales y seccionales, su participación en los instrumentos de planificación intercomunal y regionales, en su caso, y la posible influencia de particulares sobre la determinación de las decisiones adoptadas en estas materias.

9) Se propone solicitar a la Presidenta de la República, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que se efectúen los estudios necesarios a fin de formular una política nacional de uso del suelo y de planificación urbana en todos sus niveles, desde lo nacional a lo comunal, con la finalidad de que la expansión de las ciudades se desarrolle de manera armónica, equilibrada y ordenada, eliminando al máximo las posibles esferas de especulación que puedan abrirse según lo antes señalado.

10) Revisión de la pertinencia de las labores ejercidas por las fundaciones que dependen de la Dirección Sociocultural de la Presidencia de la República. Se propone revisar su existencia legal como fundaciones y se recomienda considerar su formalización como organismos públicos o disponer el traslado de dichas competencias a otras reparticiones de la administración del Estado, habida consideración de las importantes funciones públicas ejercidas.

11) En aquello referido a los síndicos de quiebras, la existencia de deficiencias en la forma en que se realizan sus nombramientos, la transparencia que deben tener los procesos en los que intervienen y la información que se le entrega a los acreedores debe ser analizada en el contexto de la experiencia de la aplicación de la nueva normativa concursal y la regulación de la figura de los actuales liquidadores, que reemplazan a la del síndico. A mayor abundamiento en la especie, y dado el reciente anuncio por parte de la fiscalía de la formalización del síndico señor Chadwick , por delitos que develan el actuar de ese auxiliar de la administración de justicia, y la comisión de faltas reiteradas en la órbita administrativa, se demanda de manera urgente que la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento se aboque al estudio de la exclusión del señor Herman Chadwick del listado de síndicos autorizados que lleva el Ministerio de Justicia, con independencia de la responsabilidad penal en curso.

12) Urge la necesidad de aumentar los resguardos de la información “crítica” en los computadores utilizados en La Moneda y en las reparticiones públicas. En caso alguno -como ocurrió en los hechos investigados su determinación puede quedar entregada a la mera voluntad del propio funcionario, advirtiendo acá que los decretos aplicables transgreden o debilitan de modo importante los propios estándares fijados por la ley en materia de resguardo y transparencia de la información. Asimismo, es necesario reforzar la política que permita aumentar los respaldos informáticos de los órganos de la administración del Estado y los procedimientos internos usados por las instituciones.

13) Revisar los procedimientos existentes en la adquisición de bienes y contratación de servicios a través del mecanismo de Convenios Marco de la Dirección de Compras y Contratación Pública, que permiten un procedimiento expedito para la contratación de determinados proveedores que se han adjudicado dichos convenios, particularmente en los procedimientos de grandes compras.

14) Reprochar el imprudente actuar del señor Cristián Riquelme Urra como director administrativo de la Presidencia de la República, al haber reconocido que en el ejercicio de su cargo recibió en dependencias de La Moneda al señor Juan Díaz Sepúlveda , con el cual mantenía algún tipo de vinculación, según sus propias declaraciones en el marco de esta investigación. Cabe agregar que esta circunstancia no fue puesta en conocimiento de la comisión en la primera oportunidad en la que fue convocado, además de la ausencia de un reporte a sus jefaturas respecto de la realización de la mencionada audiencia con el señor Díaz , situaciones que están revestidas de la mayor gravedad en el contexto de los hechos que han sido indagados, lo que hace estimar, al menos, como inadecuada la permanencia del señor Riquelme como director administrativo de la Presidencia de la República, cargo que actualmente ejerce. Al respecto, cabe hacer presente que hasta hoy el gobierno no se ha pronunciado acerca de la permanencia del director de administración de La Moneda, señor Cristian Riquelme , quien todavía ejerce su cargo pese a lo dicho precedentemente, ni se ha instruido procedimiento disciplinario alguno a su respecto.

15) Reprochar políticamente la conducta del alcalde de Machalí en lo referido a los hechos ocurridos en la municipalidad, puesto que dicha autoridad comunal “es la máxima autoridad de la entidad edilicia, y en tal calidad, le corresponde su dirección y administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento” (dictamen 2291/2014). De ahí que no es suficiente ni válida la excusa de que la cantidad de oficios que firma un alcalde diariamente le impide verificar el contenido de los mismos (en alusión a los distintos oficios que le habría presentado el destituido director de Obras en donde se encontraría la propuesta de modificación al PRIC). Más aún, las reiteradas ocasiones en que se produjeron estas irregularidades permiten establecer que no se ejerció correctamente el control jerárquico permanente respecto de los funcionarios municipales.

16) Para fortalecer los principios de probidad y transparencia se recomienda exigir la declaración completa de patrimonio e intereses para aquellos cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República, incluso cuando estos se desempeñen en calidad de ad honorem.

17) Introducir modificaciones y actualizaciones a la legislación sobre el lobby en el sentido de prohibir en forma expresa y debidamente sancionada el acometimiento de acciones de lobby y de gestión de intereses por parte de parientes, cónyuges, hijos y sus cónyuges, o personas asimiladas a cónyuges, de la persona del Presidente de la República, candidatos a la Presidencia de la República, de los ministros de Estado, subsecretarios y demás autoridades que se determinen. Si bien la actividad se encuentra regulada, en la especie, atendidos los sujetos y/o objetos de lobby, genera un riesgo efectivo de presión y asimetría relacional con los sujetos pasivos de lobby, que eventualmente puede terminar en tráfico de influencias, negociación incompatible u otras infracciones penales o administrativas, atendido -repetimos los sujetos participes de la relación descrita, que tienen como género al abuso de poder, como de suyo operó en el caso Caval.

18) Se propone la actualización de la legislación aplicable a los funcionarios públicos por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos, como también el desarrollo de una normativa aplicable a los particulares que ejerzan presiones indebidas, apartadas de la ética y la probidad, afectando la función pública y el carácter igualitario y democrático de la convivencia social. Al respecto, por ejemplo, se puede nombrar la actualización o revisión del delito de enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias y la regulación del cohecho, como también la creación de otras figuras típicas aplicables a particulares. En este caso ha quedado demostrado que existe un vacío legal que merece pronta solución.

19) Solicitar a la Contraloría General de la República, como ya se hiciera vía oficio, arbitrar todas las medidas para disponer una investigación sumaria independiente que arroje responsabilidades administrativas, en lo que se refiere al formateo del computador del señor Sebastián Dávalos . Resulta incomprensible el avance de una investigación penal sobre el particular y la falta de proactividad del organismo que tiene a su cargo la fiscalización de los actos de la administración, más necesaria aún luego de que en sede judicial el señor Dávalos esgrimiera antecedentes graves sobre el particular que, dada su naturaleza, refuerzan la pertinencia de una investigación que persiga responsabilidades que no se agotan en la indagatoria que lleva adelante el Ministerio Público.

20) En otro plano, pero vinculado con el rol de la Contraloría, se reitera la necesidad de una investigación en sede administrativa de mayor profundidad, extensión e independencia que la sola llevada a cabo por la Ilustre Municipalidad de Machalí, que se aboque a indagar eventuales responsabilidades de otros municipios comprometidos en el cambio del plan regulador de la región, así como a fiscalizar el rol de otros funcionarios públicos y servicios de la Región de O’Higgins, tales como seremi de Vivienda, GORE o la propia intendencia.

21) La comisión también sostiene que debe proponerse una fórmula legal en virtud de la cual el director del Servicio de Impuestos Internos y el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras no sean de exclusiva confianza del Presidente de la República, y buscar un nombramiento mixto -con participación del Senado, como ocurre en el caso del nombramiento del contralor general de la República y del fiscal nacional-, donde intervenga el Presidente de la República, el Sistema de Alta Dirección Pública y el Congreso Nacional, a través del Senado.

22) Efectuar un reproche al actuar de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en cuanto a la insuficiencia de las explicaciones otorgadas a la comisión investigadora y a la ciudadanía en general en relación con el caso Caval.

23) Representar a los servicios públicos que actualmente se encuentran investigando otras aristas coetáneas o complementarias a la investigación llevada adelante por el Ministerio Público, tales como el Servicio de Impuestos Internos, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, mayor proactividad y celeridad en tales procesos administrativos y judiciales, sea sobre el caso Caval o terceros vinculados, habida consideración del tiempo transcurrido y diligencias comprometidas en los hechos materia de la investigación, lo que a juicio de la comisión ha generado un período temporal más que prudente para demandar de las instituciones referidas un pronunciamiento claro y categórico sobre eventuales investigaciones o ilegalidades detectadas en la esfera de su competencia.

La dilación de las decisiones jurisdiccionales finalmente podría devenir en fuente de injusticias, no por la inacción de las instituciones, sino por la extemporaneidad de las resoluciones que pudieren aportar tanto a la investigación penal como al necesario escrutinio público comprometido en un caso de relevancia para la sociedad chilena, y cuya responsabilidad definitiva urge despejar.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

En discusión el informe. Tiene la palabra el diputado Issa Kort .

El señor KORT.-

Señora Presidenta, quiero reconocer la unanimidad y el carácter que tuvo la comisión investigadora del caso Caval. Lo señalo porque lo que vimos en la mañana, antes de iniciar el Orden del Día, fue lo contrario a lo que quisimos construir en esa instancia. Más allá de las sanas y claras divisiones políticas, todos los integrantes de la comisión tuvimos una actitud orientada a sumar esfuerzos y a aprobar un informe por unanimidad, situación que veo que los jefes de Comités que defendieron a la Mesa no conocen.

Porque hago presente que fue este partido, esta bancada, la UDI, la que estuvo presente, con sus tres diputados, para buscar la unanimidad, para aportar al trabajo y para no extremar políticamente este caso, de modo de no destruir la imagen de quien es la primera autoridad del Estado: la Presidenta de la República.

Por lo tanto -nobleza obliga-, espero que en los reconocimientos que las jefaturas de bancada hagan al trabajo de la comisión consideren que este partido, que esta bancada, estuvo y estará presente cuando el Estado y la nación lo necesiten.

El caso Caval demuestra el pésimo manejo comunicacional y político que ha tenido La Moneda. Lo digo con todas sus letras: ha sido un pésimo manejo, porque no ha habido liderazgo, no ha habido transparencia y no ha habido responsabilidad ni consecuencia entre lo que se dijo y lo que se hizo.

En la comisión tuvimos diversas versiones de algunos hechos; el informe lo explica muy bien. Por ejemplo, primero se afirmó que el borrado de la información del computador por parte del señor Dávalos era una acción normal y, posteriormente, el propio señor Dávalos declaró que él hizo borrar esa información por temor a quien ejercía la primera jefatura política del gabinete: el señor Peñailillo .

¿Quién dice la verdad?

Es esa falta de liderazgo, esa falta de transparencia la que nos hace pensar que existe la necesidad de que el caso Caval tenga un mejor manejo. La falta de buen manejo, cuando la figura de la Presidenta de la República está afectada, termina perjudicando a todo el país. Perjudica a la administración del Estado, porque ella es jefa de Estado, y afecta a la administración del gobierno, porque ella es la jefa del gobierno.

Nosotros creemos que el caso Caval construyó dos aristas distintas y reconocidas por la ciudadanía: la arista política y la arista judicial.

Respecto de la arista política, y sin ir al detalle que la diputada Alejandra Sepúlveda entregó en la lectura del informe, aparecen dudas sobre posible tráfico de influencias, uso de información privilegiada, existencia de redes de presión, especulación inmobiliaria y manejo del plan regulador en la Región de O’Higgins. Pero no solo tenemos esas dudas que la justicia está investigando y que luego veremos en la arista judicial, sino que también encontramos acciones y actitudes políticas, lo que se reconoce en el informe.

Por ejemplo, la actitud del señor Cristián Riquelme .

¿Cuánto sabe Cristián Riquelme , que La Moneda lo defiende tanto y no es capaz de sacarlo? ¿Qué información tiene el señor Riquelme ? ¿Alguien en esta Sala lo sabe?

El señor Riquelme , quien ejerce un cargo de exclusiva confianza de la Presidenta de la República, es quien recibió en La Moneda al señor Juan Díaz , quien va a cobrar nada menos que 400 millones de pesos que le debía la señora Compagnon .

Por lo tanto, uno se debe preguntar: ¿qué temor tienen de la información que posee el señor Riquelme , que no han sido capaces de sacarlo?

En el informe de la comisión, de manera unánime y con votos de parlamentarios de la Nueva Mayoría, se establece una censura política al señor Riquelme .

Son dudas que quedan sin resolver y que la ciudadanía recoge.

Estamos ante un caso que ha provocado conmoción nacional porque, extrañamente, va a cumplir un año de presencia en la prensa todos los días. Y este año de presencia en los medios ¿a quién realmente afecta en lo político? La única persona afectada es la Presidenta de la República.

¿Y vemos que su familia la protege? No.

¿Su gabinete la protege? No.

¿Qué es lo que buscan? Buscan mostrar las diferencias y las divisiones internas de la Nueva Mayoría. ¿Qué están consiguiendo con eso? Seguir afectando a la Presidenta de la República.

Por lo tanto, la responsabilidad política también debe ser asumida por quienes han hecho posible este caso.

No puede ser, y lo encuentro patético, que venga el señor Dávalos o la señora Compagnon a utilizar las declaraciones en la fiscalía, con carácter personal, para mandar recados, porque son ellos los que filtran a la prensa ese tipo de informaciones.

Con respecto a la arista judicial del caso Caval, creo que corresponde agradecer y reconocer al Ministerio Público la seriedad con que ha realizado la investigación. No es fácil investigar a las personas más influyentes y poderosas del país, y el Ministerio Público ha tenido la valentía y la energía para hacerlo. En particular deseo reconocer al fiscal señor Luis Toledo , quién mantuvo la línea investigativa y estratégicamente -como explicó él mismo tanto al diputado Silber como al diputado Castro reunió todas las querellas para que el caso se investigara de manera esencial, sin dispersión en distintas aristas.

Pero hoy vemos que la estrategia judicial de los defensores de algunos de los imputados próximos a ser formalizados, es tratar de sacar de la línea de investigación al fiscal Toledo o a los tribunales de Rancagua. Como diputado por Rancagua, encuentro inaceptable que se intente, por la vía administrativa, quitar la competencia a los tribunales de Rancagua. Rancagua debe ser la sede del tribunal que juzgue este caso, y esperamos que así sea.

La estrategia judicial consistió en buscar ejercer presiones formales -lo digo en el sentido político para que el Servicio de Impuestos Internos interpusiera las querellas correspondientes. Este servicio es el único que puede ejercer el rol persecutor en las causas tributarias. Sin embargo, costó ver la fuerza y energía del Servicio de Impuestos Internos para ejercer las acciones. Hoy, lo reconozco, lo celebro y lo agradezco; pero también le hago un llamado para que en las próximas aristas judiciales que se vinculen al caso Caval , si aparecen nuevos elementos, tenga la valentía de denunciarlos.

Pero, en el sentido político, más que la Presidenta de la República, los principales afectados por el caso Caval son los miles de vecinos de la ciudad de Rancagua y de Machalí, quienes hoy tienen un plan regulador estancado. En el plan regulador intercomunal, producto de especulaciones inmobiliarias realizadas por la familia de la Presidenta de la República, no se ha puesto vía exclusiva alguna para mejorar la situación. Se estancó el plan regulador.

Díganme ¿qué solución ha presentado el gobierno a la conurbación Machalí Rancagua ?

¿Hay nuevos puentes, semáforos? ¿Ha implementado planes de mitigación? Ninguno; cero.

En este sentido, hago un llamado de atención al gobierno, y pido que quede registro de ello en el acta.

Por último, debo plantear la necesidad de que la Sala apruebe en forma unánime el informe en debate, tal como lo hizo la comisión investigadora. Hace bien que cuando un caso ha sido tan emblemático, de gran conmoción político-nacional, tremendamente investigado, de alto interés de parte de la ciudadanía y sobre el cual se logró un acuerdo unánime en la comisión, eso también se pueda reflejar en esta Sala, para evitar situaciones como la ocurrida al comienzo de la presente sesión.

Quiero terminar mis palabras haciendo un reconocimiento a la forma en que desempeñó el cargo de Presidente de la comisión especial investigadora el señor Gabriel Silber , pues considero que hizo un buen trabajo en tal calidad, como también el apoyo de quienes integraron ambas comisiones: la “Caval I” y la “Caval II”.

Por último, quiero subrayar algo: a veces nos vemos afectados positiva o negativamente por la prensa, pero debo reconocer que el caso que nos ocupa fue levantado, investigado y publicado por ella. Por tanto, vale la pena agradecer a la prensa porque muchas veces nos entregó insumos para investigar el “caso Caval” en la línea seguida por la comisión. Cuando la prensa hace un buen trabajo también ayuda a que la opinión pública cuente con antecedentes para formarse un criterio respecto de ciertas materias y a que la transparencia siempre sea una virtud en la política.

He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Juan Luis Castro .

El señor CASTRO.-

Señora Presidenta, en estos últimos siete meses la prensa y la opinión pública ya se hicieron un juicio sobre este episodio tan dramático para la Presidenta de la República y su familia.

Ahora, que estamos discutiendo el informe de la “comisión Caval ” en la Sala, la gente ya tiene -digámoslo de esa manera una sentencia sobre cómo una empresa dedicada al tráfico de influencias y al uso de información privilegiada hizo abuso del nombre de la Presidenta de la República para escalar en todos los niveles que pudo en una operación inmobiliaria fraudulenta, lo cual explicaré a continuación.

1. El otorgamiento del crédito, el cual la autoridad dijo que fue legal, pero imprudente. Al respecto, la superintendencia nunca fue capaz de entregar una explicación a la comisión investigadora sobre qué se entendía por “persona políticamente expuesta”, como somos los parlamentarios, los políticos. Respecto de ella se entiende que el nivel de exigencias para el otorgamiento de un crédito es mayor -no menor que para una persona común y corriente.

Pues bien, aquí, al revés, se otorgó un crédito de 6.500 millones de pesos sin la exigencia del patrimonio suficiente. En el sistema ronda la creencia de que en este caso efectivamente había una relación de privilegio con el presidente del banco para lograr, en condiciones bastante excepcionales y raras, un crédito por un monto al que ningún ciudadano podría haber accedido en condiciones normales, llegando incluso hasta la máxima autoridad de la entidad bancaria.

2. El mercado del suelo, hoy prácticamente desregulado. En este caso, en lo que se refiere a funcionarios de la Dirección de Obras del municipio, arquitectos e incluso seremis, si bien la justicia no ha acreditado el delito de tráfico de influencias respecto de ellos, todo indica que claramente pavimentaron el camino bajo el ardid de que se quería cambiar el plan de conexión vial entre dos ciudades, en circunstancias de que lo que se quería modificar finalmente era la plusvalía del uso de suelo.

3. El rol del síndico de quiebras, quien tenía un mandato de los acreedores de un señor que poseía 44 hectáreas. Para dicho encargo él no solo contrató a operadores inmobiliarios con el peor prontuario existente hoy en casos de connotación en la historia política chilena, sino que además llegó a un acuerdo con la propia familia, que estaba sujeta a la junta de acreedores, para hacer un negocio sobre otro negocio al momento de la venta de tales terrenos.

4. El municipio de Machalí. No es aceptable ni creíble que su autoridad edilicia señale que finalmente no sabía qué papeles firmaba o que ignoraba que se paseaba “como Pedro por su casa” el mayor operador de tráfico de influencias, quien terminó actuando sobre el director de obras o el arquitecto de dicha municipalidad para influir sobre el plan regulador comunal.

5. Un director administrativo de La Moneda, quien hasta la fecha se halla en funciones y el cual compareció a la comisión. Él nos señaló que custodió el computador del señor Dávalos sin saber para qué propósito: si se quería limpiar o intervenir, y además recibió en La Moneda al principal gestor inmobiliario de la operación, aduciéndonos que, dos meses después de estallado el “caso Caval”, no tenía la menor idea de en qué estaba involucrado.

Eso habla de una situación difícil de entender y de que todavía -así lo expresa el informe de la comisión no haya ni una palabra de ese señor, quien sigue en su cargo y se encuentra en el epicentro de este negocio.

6. El matrimonio Compagnon-Dávalos, que en pocos días más será formalizado por fraude tributario, juicio al que serán sometidos junto a otras nueve personas. También será formalizada la sociedad Valero y Compagnon , (dueños de Caval). Francamente, debo decir que, de manera escandalosa, ellos están sometiendo a un chantaje a La Moneda y a la Presidenta de la República, aduciendo que personas que les tenían animadversión política los habrían arrastrado al “caso Caval”. Así lo estableció el propio fiscal al no citarlos a declarar, por no haber mérito para ello.

Por tanto, la ciudadanía se ha hecho un juicio, y ese juicio es claramente condenatorio al poder del privilegio, al usufructo de un nombre y -digámoslo claramente al costo político que esto le ha traído a nuestra primera mandataria y al actual gobierno.

Por último, si bien estoy conforme con la aprobación unánime del informe que creo que hoy alcanzaremos, solo quiero pedirle a la señora Compagnon que de una vez por todas diga la verdad completa, que no siga eludiendo su responsabilidad. Hace pocas horas fracasó la estrategia de sus abogados para cambiar la sede jurídica del juicio por delito tributario que se está tramitando en Rancagua; por tanto, el 29 de enero la señora Compagnon deberá ser juzgada en Rancagua.

Asimismo, le pido a ese matrimonio que por favor no siga dañando a la Presidenta de la República y que termine esta historia cerrando este capítulo doloroso del cual ellos son los responsables y deben pagar por él, porque la justicia y la sociedad chilenas así lo han considerado.

He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza .

El señor MEZA.-

Señora Presidenta, estamos debatiendo el informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos de gobierno que se vinculen directa o indirectamente con los negocios y actividades del exdirector sociocultural de la Presidencia de la República, particularmente en el denominado “caso Caval”.

Acá se ha explicado suficientemente por qué se originó dicha comisión investigadora y las conclusiones a que llegó.

Yo quiero referirme a la herida profunda que este y otros casos similares han ocasionado en la sociedad chilena, que hoy se halla crispada.

Los habitantes de Chile hoy se encuentran prácticamente enfermos de desconfianza, de desconfianza en sus instituciones, porque al “caso Caval” se unen otros: el “caso Soquimich”, el financiamiento irregular de las campañas políticas, el “caso Penta”, que se vinculan con la enorme desigualdad existente en nuestro país cuando las personas deben enfrentar la justicia.

Pareciera ser que en Chile hay licencia para delinquir, para pasar por encima de la ciudadanía.

Por eso, la Cámara de Diputados es una de las instituciones que deben tener el respeto de todo el país a la hora de esclarecer situaciones como el “caso Caval”.

Aquí, un matrimonio se ha dedicado a utilizar sus relaciones político-públicas en una empresa: Caval , la cual estaba dedicada fundamentalmente al lobby, a obtener pingües ganancias a costa de las influencias que tienen, aduciendo familiaridad incluso con la Presidenta de la República. Pero estoy convencido de que Michelle Bachelet Jeria no tiene absolutamente ninguna participación en los hechos que investigamos, que la ciudadanía conoce bastante bien.

Lo que hacen los hijos no siempre es conocido por los padres, y lo que hacen los padres no siempre es conocido por los hijos. En este caso, la traición que ha sufrido la Presidenta de la República a manos de su nuera y de su hijo no tiene por qué pagarla con la falsedad que a cada rato tratan de imponer algunos sectores para involucrarla en esa operación.

Estoy de acuerdo con lo que dijo hace un momento el diputado Juan Luis Castro : es necesario que el matrimonio Dávalos-Compagnon asuma su culpa, su responsabilidad y termine ya con este permanente lanzamiento de dardos, a diestra y siniestra, tratando de arrastrar, en su malévola intención, a personas que no tienen ninguna responsabilidad en esos hechos.

Me sumo también a la petición para que el señor Cristián Riquelme , a la sazón director administrativo de la Presidencia de la República, quien mintió permanentemente a la comisión investigadora, se vaya de allí, para que deje su cargo. Solo de esa manera la ciudadanía volverá a tener alguna confianza en las instituciones. Debemos considerar que el daño que le ha hecho este caso a la sociedad exige un castigo ejemplar por parte de la institucionalidad nacional.

Vivimos en una república que es permanentemente bombardeada por oscuros intereses que quieren destruirla. Quieren destruir la institucionalidad del Poder Judicial, la del Poder Ejecutivo y, más que nada, la del Poder Legislativo, arrastrando, por responsabilidades de seis, siete u ocho parlamentarias y parlamentarios, al conjunto de quienes estamos aquí con las manos limpias y la frente en alto, tratando de sacar adelante una de las tareas más nobles: hacer política en serio y honestamente.

Por eso, mi llamado es a todas las instituciones de Chile para sacar de circulación a delincuentes con corbata, a delincuentes sin corbata, a gente que no ha hecho otra cosa que dañar a la sociedad, como los del caso Caval, y que los tribunales, cumpliendo su tarea como corresponde, sin miramientos de ninguna índole, alcancen su principal objetivo, que no es otro que impartir justicia, y determinen la responsabilidades y sanciones a estas personas, que no han hecho más que abusar de la confianza de la Presidenta y de toda la ciudadanía.

He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-

Señora Presidenta, como integrante de la comisión investigadora, agradezco el buen ánimo y la objetividad que siempre se manifestó en el trabajo de análisis e investigación que realizamos en busca de cumplir el mandato que nos dio la Sala.

Valoro que hayamos aprobado por unanimidad el informe que hoy presentamos a la Sala y agradezco al presidente de la comisión las garantías que dio a todos los sectores para expresar sus opiniones, buscar acuerdos e incluso para determinar a quiénes invitábamos, cuestión que en algún momento fue muy compleja.

Señora Presidenta, el análisis que se ha hecho en la Sala y el que se hizo en la comisión partió de lo que ocurrió con Caval. Sin embargo, quiero partir mi análisis desde una arista distinta, pues para mí una de las complicaciones más graves que hubo al momento de establecer lo que ocurrió en este caso fue lo relativo a las actuaciones que le cupieron al síndico de quiebras, quien, en mi opinión, es uno de los grandes responsables de lo que pasó, y me preocupa que pueda ocurrir en otros casos.

El síndico de quiebras es un agente público, y el señor Herman Chadwick era una de las personas con mayor reputación entre las empresas en términos de sus capacidades para asumir estos procesos.

Este señor Chadwick fue elegido por los acreedores de la empresa fallida, quienes se pusieron de acuerdo para nombrarlo.

Mi gran preocupación, señora Presidenta, es que haya un modus operandi reiterado en el actuar de este liquidador, de este síndico de quiebras: contrata a un personaje de dudosa reputación; contrata a una persona para que haga, de alguna manera, el trabajo sucio necesario para alcanzar el objetivo que quiere conseguir. Él solo tiene un objetivo, y no importa cómo lo consiga.

El síndico señor Chadwick utilizó -y lo sigue haciendo-todas las herramientas a su alcance, legales o ilegales, para cuadrar la caja y dejar a todos contentos, pero con ilegalidades e irregularidades tremendas.

Le entregó 400 millones de pesos al señor Juan Díaz , y todavía no sabemos cómo se distribuyeron. Pero esos 400 millones de pesos no eran para el señor Juan Díaz , no eran para pagar su remuneración, sino para distribuirlos. Para comprender lo que ocurrió en el caso Caval debemos determinar dónde fueron a parar esos recursos y cómo entró Juan Díaz a las distintas reparticiones.

Señora Presidenta, el señor Juan Díaz Sepúlveda entró a la Municipalidad de Machalí gracias a los 400 millones de pesos que le pasó el síndico de quiebras. También entró a la secretaría regional ministerial, al gobierno regional, ¡a La Moneda! ¡Este Juan Díaz entró también a La Moneda!

Uno se pregunta quién es este personaje contratado por el síndico de quiebras para hacer el trabajo sucio.

No quiero bajar el perfil a la participación de Caval en todo esto o desviar la atención que hay sobre esa empresa. No, no quiero hacer eso. Lo que quiero es que miremos un poco más arriba.

El síndico es un agente público, forma parte de un listado de personas que, se supone, cumplen esa función de buena fe y con toda la rigurosidad y apego a la ley que corresponde, pero lo cierto es que en este caso eso no ocurrió.

Mi preocupación, señora Presidenta, es que este mismo síndico de quiebras estuvo en el caso La Polar y también en el caso de las cooperativas y en el de las salmoneras. Entonces, si en un caso como este ocupó toda clase de herramientas, legales e ilegales, ¿no puedo suponer que hizo lo mismo en otros casos?

Por eso, le pido a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, la antigua Superintendencia de Quiebras, que mire bien lo que ocurrió en este proceso, porque en un minuto puede parecer que todo está en orden, en regla, pero si uno empieza a escarbar en el proceder de este síndico, podemos encontrar cualquier cosa.

Hasta ahora nunca había visto algo así, por lo cual le preguntamos a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento si esto era común: cambiar unas boletas por otras, cambiar unas facturas por otras. Si el síndico ganó 117 millones de pesos por lo que hizo con Caval y le pasó 400 millones a su operador, ¿cómo cuadra la caja? ¡Qué pasó con los 96 millones de pesos que le pasaron al síndico de quiebras por debajo! ¡Por debajo! ¡Fueron 96 millones de pesos! ¡Y eso todavía no se aclara!

No quiero rebajarle ni un grado las complicaciones a Caval; ni un grado. Pero como aquí todos los colegas se van a referir a eso, estimé necesario referirme a lo que pasó con el actuar de ese agente público.

¿Qué pasa con el resto de las operaciones en que participó ese síndico de quiebras, el señor Chadwick , durante el ejercicio de la función pública que se le ha encomendado? ¿Qué pasa con la legítima duda que muchos tenemos respecto de su actuar en otros casos? ¿Qué pasa con los tentáculos que pueda tener el Banco de Chile en todo esto? ¿Qué ocurre con todo eso?

Caval recibe todos los reproches: que es una empresa de lobby, sin duda; que es una empresa ambiciosa, sin duda. Lo único que digo es que hay una arista que, lamentablemente, tiene mucho más complicaciones que las que vimos en la comisión.

He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni .

El señor CERONI.-

Señora Presidenta, en primer lugar, creo que debemos valorar que hayamos alcanzado un informe único y que lo hayamos aprobamos por unanimidad entre todos los sectores políticos, tanto los de oposición como los de gobierno.

Eso indica que esta es una situación extremadamente grave y que consideramos que hay muchas irregularidades en este caso, en que está involucrada la empresa Exportadora y de Gestión Caval Limitada.

En primer lugar, hay que tener clara la responsabilidad de la Municipalidad de Machalí, donde trabajaba la arquitecta Cynthia Ross , que tenía que ver con la modificación del plano regulador de esa comuna, específicamente con el plano intercomunal de Rancagua.

Lo grave es que ella tiene un parentesco con quien era dueño de los predios que compró Caval Limitada . Es decir, las modificaciones que hizo para poner esos terrenos dentro del plano regulador significaron un enorme cambio en los precios de los mismos, porque de 0,3 UF el metro cuadrado subió a 0,6 UF por metro cuadrado. Lo grave es que la compra y posterior venta de esos terrenos significó a la empresa Caval tremendas ganancias, de alrededor de 2.500 millones de pesos.

Nosotros analizamos la irregularidad que existió en el crédito que otorgó tan fácilmente el Banco de Chile a esa empresa que tenía un patrimonio tan débil. Por eso consideramos que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras debió pronunciarse en forma mucho más clara sobre la improcedencia o lo inadecuado que fue que ese banco otorgara préstamos o créditos de esa cuantía a una empresa con tan poco patrimonio.

La comisión también tuvo clara la actuación del señor Cristián Riquelme , quien ocupa un cargo muy importante dentro de La Moneda, particularmente tras sus explicaciones, que consideramos muy poco satisfactorias respecto de la eliminación de toda la información contenida en los computadores del señor Dávalos , particularmente porque se hizo horas antes de la renuncia de dicha persona.

Diríamos que es normal la eliminación de la información de los computadores en general, pero es curioso que se haya hecho horas antes de esa renuncia. Además, la explicación es muy absurda, porque el señor Cristián Riquelme señaló que el funcionario que hizo esa tarea no tenía conocimiento de que el señor Dávalos renunciaría en pocas horas más. Eso no resiste ningún análisis.

También es muy cuestionable que el señor Cristián Riquelme , a cargo de la Dirección Administrativa de la Presidencia, con todo lo que ello implica, se haya reunido con el señor Juan Díaz , quien tiene muy malos antecedentes, no solo en relación con este caso, sino en general por las actuaciones pecuniarias que ha tenido con muchas otras empresas a lo largo del país. Basta ver su historial para darnos cuenta frente a quién estamos.

Lo menos que puede hacer La Moneda en este caso es un sumario administrativo respecto de la actuación del señor Cristián Riquelme , razón por la cual la comisión consideró que su permanencia en ese cargo no resiste mayor análisis y que es absolutamente inadecuada.

Sin embargo, hay que tener presente que este tema no afecta ni involucra para nada a la Presidenta de la República. Hay que insistir en que el nombramiento del señor Cristián Riquelme lo hace el Ministerio del Interior. Es decir, la dependencia jerárquica del señor Cristián Riquelme es con dicha cartera de Estado, no con la Presidenta de la República, lo que no sucede con los funcionarios de su exclusiva confianza.

Ya se ha señalado la actuación absolutamente poco clara, inadecuada y censurable del síndico de quiebras señor Herman Chadwick . No quiero extenderme mucho más sobre este tema, ya que ha sido explicado muy bien por la diputada informante, salvo concluir que es absolutamente inadecuado lo que ocurrió en este caso, razón por la cual la justicia está procediendo en forma tan enérgica al respecto.

Tenemos claro que la justicia tiene que indagar esos hechos y esperamos que sea muy drástica y enérgica para sancionarlos, porque la ciudadanía anhela una absoluta transparencia en estos casos y que se castigue a las personas involucradas en ellos, especialmente los que se relacionan con el tráfico de influencias.

He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Felipe Ward .

El señor WARD.-

Señora Presidenta, tenemos pocos minutos, así que trataré de condensar la información que hemos reunido en la comisión investigadora.

En primer lugar, agradezco a los funcionarios de la comisión, quienes hicieron un trabajo formidable. No era una comisión fácil, pero llevaron adelante un trabajo serio, lo que permitió a las comisiones Caval 1 y Caval 2 tener plena información, funcionarios públicos citados y personas invitadas, lo que permitió llegar a conclusiones unánimes, tal como lo han dicho los parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra.

Agradezco al Presidente de la comisión, que se encuentra en la Sala, quien realizó un trabajo impecable. Empezamos con una primera sesión con muchos tropiezos, lo que no se debió a su desempeño; pero en adelante desarrolló una labor que dio garantías a todos, lo que no es usual en el trabajo de las comisiones investigadoras, razón por la cual es justo reconocer el trabajo del diputado Gabriel Silber .

También debo reconocer el trabajo de los parlamentarios de la comisión, especialmente en este caso, porque no es fácil para los parlamentarios de gobierno atacar políticamente o comprender que hay un juicio de valor fuerte respecto de personas que están en el gobierno; pero todos dejamos de lado las típicas fronteras políticas que tenemos cuando trabajamos en la Cámara, lo que nos permitió llegar a conclusiones aprobadas en forma unánime, lo que considero muy bueno, y es importante destacarlo.

También debemos agradecer el trabajo profundo del fiscal Toledo , que está llevando adelante esta investigación, la que ha estado libre de filtraciones, muchas de las cuales se producen por otras circunstancias, porque no provienen de la fiscalía. No es fácil investigar a la familia presidencial, pero lo ha hecho en una forma impecable. Han intentado sacar de sus manos el trabajo de la fiscalía, pero eso no ha prosperado. Además, se ha programado una audiencia de formalización para el 29 de enero, con algún riesgo de que se suspenda.

Reitero: es justo también agradecer en la Sala el trabajo que ha realizado el fiscal. Llevamos un año investigando el caso Caval, el cual sigue en llamas, porque, lamentablemente, las autoridades de gobierno no han sido capaces de sacarlo de La Moneda.

Hace un par de días un medio de comunicación nos preguntó si estábamos contentos con lo que está ocurriendo en relación con este caso y con las formalizaciones. Creo que nadie puede estar contento con eso. Este es un escándalo que parece sacado de una monarquía europea en decadencia, por lo que no sería justo estar contentos frente a lo que está ocurriendo. Este es un escándalo que ha dañado la imagen del país y de la Presidenta. Uno puede manifestar satisfacción en relación con el avance de las investigaciones, porque hace un año, cuando esto explotó, nadie hubiese apostado a que se programaría una audiencia de formalización respecto de la nuera de la Presidenta, al igual como sucede con muchas personas que ostentan u ostentaron cargos públicos importantes en la administración del Estado, quienes serán formalizadas pronto.

Reitero: nadie puede estar contento con estas situaciones, porque está de por medio la fe pública, la institucionalidad, el Estado de derecho, todo lo cual ha motivado el trabajo de la comisión investigadora, lo que nos ha llevado finalmente a elaborar conclusiones unánimes.

En relación con la responsabilidad de ciertos funcionarios públicos y de la administración del Estado -algunos con un carácter un tanto híbrido, como el síndico-, hay un juicio de valor en las conclusiones del informe sobre la actuación del director del Servicio de Impuestos Internos. Cabe recordar que un director de dicho Servicio salió y entró otro, el cual se demoró en presentar las querellas por delitos tributarios. Finalmente lo hizo -no podía ser de otra forma-, contra todo pronóstico, debido al trabajo y a la presión legítima que establecimos los miembros de la comisión.

Por otra parte, el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, en una declaración exprés, prácticamente un día después de que el tema fuera conocido por la opinión pública, señaló que la operación Caval era impecable, que no tenía vicio de naturaleza alguna. Lo sostuvo tanto la primera como la segunda vez que asistió a la comisión, aunque transcurrió casi un año entre ambas.

Eso no se sostiene. Naturalmente, no hay ningún argumento para validar que el crédito al que accedió la familia presidencial en condiciones totalmente ventajosas lo habría podido obtener un ciudadano común y corriente. Esa declaración hizo que estableciéramos en el informe que hay un problema con ciertas autoridades que son de exclusiva confianza de la Presidenta de la República, o del Presidente de turno, que actúan como funcionarios de gobierno, pero que deberían ser funcionarios de Estado.

Quiero hacer un juicio de valor respecto del síndico. Sin importar de qué partido político proviene una persona o en qué filas políticas ha estado, la comisión hizo un trabajo serio, responsable que permitió concluir, a través de juicios de valor concretos, la responsabilidad del síndico. Él actuó mal, por lo que está siendo investigado y entiendo que, incluso, será formalizado. Eso consta en las conclusiones de la comisión.

Respecto de la familia presidencial, tema muy sensible y que ha sido el foco de la Comisión Investigadora, en las conclusiones consta que Caval es una empresa de lobby, puesto que los miembros de la familia presidencial ocupaban la influencia de su apellido para realizar negocios. Ese es el centro de la investigación y es lo que ha motivado que en tribunales se lleve a cabo una investigación profunda. Han usado el apellido presidencial, la “pitutocracia”. Han utilizado a instituciones, por ejemplo, a la fiscalía, ya que han ido a declarar y luego han filtrado información y culpado a personas que no tienen nada que ver con el caso Caval.

Tanto el hijo como la nuera de la Presidenta de la República no han sido capaces de asumir su responsabilidad y han expuesto peligrosamente a la Presidenta. Hay democracias, de países desarrollados, donde casos de similar gravedad han terminado con la renuncia del Primer Mandatario.

No voté por la Presidenta Bachelet , pero quiero que termine su mandato, ojalá lo antes posible. Sin embargo, hay que ser justos respecto de este punto: ella sí tiene responsabilidad política -lo señala también el informe-, pues hay un funcionario de gobierno, el administrador de La Moneda, que aún sigue trabajando y que participó en reuniones en la casa de gobierno con personas vinculadas y, eventualmente, formalizadas por el caso Caval. No se entiende por qué esa persona sigue trabajando en La Moneda.

Tiempo atrás se dio a conocer una encuesta en que el 70 por ciento de los chilenos dijo no creer a la Presidenta de la República cuando sostuvo que se enteró de este caso por la prensa. Creo que si se hiciera una encuesta hoy, quizá más del 90 por ciento señalaría no creerle a la Presidenta respecto de ese punto. Ahí sí tiene responsabilidad política.

También es justo señalar que en relación con los delitos investigados, en la comisión no se pudo probar responsabilidad de la Presidenta. Este es un caso que afecta a la familia presidencial en materia de investigación delictual, pero no a la Presidenta de la República. Desde la oposición hay una tentación por decir lo contrario, pero, como abogado, debo decir que, en materia de pruebas, no fuimos capaces de llegar a esa conclusión, y es justo decirlo.

En las conclusiones del informe señala que es necesario que La Moneda tome partido en este caso. Se ha pedido por parte de la Nueva Mayoría, y en forma unánime en la comisión, que se saque el caso Caval de La Moneda. Pido a la Presidenta de la República que saque a Cristián Riquelme de La Moneda, que saque el caso Caval de La Moneda. Hoy está a pasos de su despacho presidencial y está salpicando a otras autoridades públicas.

Posiblemente el informe de la Comisión Investigadora será aprobado por unanimidad, lo que significará enviar una señal clarísima: Cristián Riquelme debe salir de La Moneda. La Presidenta de la República no ha comprendido esto. Es necesario que La Moneda tome una decisión fuerte para, de una vez por todas, sacar ese verdadero cáncer de palacio.

Reitero: el administrador de La Moneda debe salir de allí para impedir que este caso siga salpicando a figuras importantes, incluso, a la Presidenta de la República.

Este es un caso que afecta a la familia presidencial, por lo que la Presidenta debe comprender que no puede seguir siendo cómplice de este pacto de silencio y debe sacar a esta persona de La Moneda. De esa forma dará una señal de que comprendió lo que están pidiendo la ciudadanía, la Nueva Mayoría y las conclusiones del informe de la Comisión Investigadora, acordadas de forma unánime.

He dicho.

-Aplausos.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Gabriel Silber .

El señor SILBER.-

Señora Presidenta, por casi diez meses esta comisión investigó el escándalo que estalló la primera semana de febrero de 2015.

En la historia reciente del Congreso Nacional es una de las comisiones que más tiempo ha dedicado a investigar un mismo tema. Eso da cuenta de la importancia que tiene para la opinión pública esta situación y de la prioridad que el Congreso Nacional dio a esta investigación, cuyas conclusiones y proposiciones hoy informamos a la Sala.

De alguna manera se pone sobre la mesa, más que a una empresa en particular, el escrutinio del entorno presidencial.

Como bien dijo el diputado Ward , la comisión comenzó su trabajo en medio de mucha tensión. Cabía la posibilidad de que esta instancia fuera una suerte de comisión que apuntara a la caza de Bachelet o que los diputados de la Nueva Mayoría hubiésemos tenido la tentación de construir un cortafuego respecto de las responsabilidades políticas.

A mi parecer, sobre nuestros hombros recayó la responsabilidad de hacer un buen informe, que diera cuenta de lo que estaba pasando, ya que la opinión ciudadana así lo exigía. Los parlamentarios que formamos parte de esa instancia supimos leer a tiempo que teníamos la responsabilidad de recuperar, de alguna manera, la confianza en nosotros. Entendimos que no podía quedar mugre bajo la alfombra, que la verdad era el mejor antídoto para salir de la crisis institucional en la que nos encontramos, en la cual el caso Caval es parte del puzle que hoy intentamos descifrar.

Desde esa perspectiva, hubo responsabilidad y sentido republicano para comprender lo que es una comisión investigadora. Evitamos caer en la pirotecnia política, en el desprestigio; evitamos llevar agua a nuestro molino y salpicar con denuncias cruzadas el curso de esta investigación.

Hago un reconocimiento a todos los parlamentarios que integraron esta instancia, en especial, el rol que cumplieron los parlamentarios de la Sexta Región, que pusieron el foco donde había que investigar. Me refiero al diputado Issa Kort , a la diputada Alejandra Sepúlveda y a los diputados Felipe Letelier y Juan Luis Castro , quienes pusieron el centro de la investigación en la operación Machalí .

Quiero destacar que trabajaron diputados de todas las tendencias, como Guillermo Ceroni , Fernando Meza , Felipe Ward , Gustavo Hasbún , Marcela Sabat y Diego Paulsen. Incluso, el diputado Osvaldo Andrade , con quien tuve diferencias iniciales, entendió el contexto político en el cual se movía la comisión. No podíamos hacer nada más ni nada menos de lo que hicimos en este trabajo de investigación que se extendió por diez meses.

Caval era más bien una empresa de lobby, que en muy poco tiempo obtuvo suculentos contratos, valiéndose de las influencias políticas que significaba estar en el entorno presidencial, que por acción o por omisión, estaba presente a la hora de negociar sus contratos.

De un día para otro, esta empresa pasaba de ser experta en temas mineros a experta en temas inmobiliarios. Luego, como quien se cambia de camiseta, participaba en temas hospitalarios, como quedó demostrado con la arista Saydex . En fin, involucraba muchos temas y muchas habilidades. Si se recurría al currículo, a la expertise del staff profesional que asistía a la empresa, se podía comprobar la idoneidad y calificación de quienes lo componían. Sin embargo, muchas de esas personas estaban acusadas de delitos, como extorsión. Incluso, hoy se abrió una arista de un eventual espionaje informático y, en consecuencia, llamamos al Ministerio Público de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins a investigarla.

Por lo tanto, con mucha fuerza señalamos que no se trata de una empresa propiamente tal, sino, más bien, de una empresa de papel que ocupaba una posición basada en las asociaciones políticas, en el tramado político que se tejía en su interior, lo que le permitía sentarse a negociar con distintos actores y cambiar de área de un día para otro, como si se tratara de una camiseta.

También dijimos, de manera vehemente, que constituía una suerte de trenza política, algo así como la “izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas”, desde el punto de vista del tráfico de influencias que se movían a la hora de negociar con diversos actores respecto de diferentes temas.

También señalamos con mucha fuerza que es necesario introducir modificaciones a la legislación sobre el lobby. Una actividad regulada, en que los actores ejerzan lobby con cierta neutralidad respecto de su rol, de su posición, a la hora de generar un contrato, no es lo mismo que acciones ejecutadas cuando de por medio está la nuera o el hijo de la Presidenta de la República. Aquello, por acción u omisión, genera una posición dominante que está a la vuelta de la esquina para, el día de mañana, generar malas prácticas, como las que también investiga el Ministerio Público, como delitos de soborno, cohecho, tráfico de influencias y abuso de poder, que permitirán una formalización el 29 de enero. Esto da una muestra de cómo tuvimos que complementarnos.

En ese sentido, quiero hacer un llamado a precisar el rol de las comisiones investigadoras al momento de complementarnos con una investigación de carácter penal.

Para ser claro en el diagnóstico, al principio tenía cierta desafección por la posibilidad de que no fuera posible competir con la musculatura investigativa del Ministerio Público, lo que ya era una dificultad; en segundo lugar, siempre íbamos a la zaga de la acción de la Fiscalía Regional de O'Higgins. Sin embargo, cada instancia entendió su rol desde el primer día. Hubo reuniones con los parlamentarios y concurrimos a la fiscalía a entregar antecedentes. Incluso, en muchas ocasiones, aportamos información o aristas nuevas de las que no había dado cuenta la investigación penal y que -en buena ahora fueron asumidas como propias por el fiscal Toledo y su equipo, y se abrió una investigación respecto de temas surgidos en nuestra comisión investigadora.

Nadie hace nada más ni nada menos que lo que le corresponde, pues mientras unos persiguen ilícitos, nosotros buscamos responsabilidades políticas. También presentamos propuestas, que están fielmente reflejadas en el informe que presentó la diputada Alejandra Sepúlveda , que responden a las particularidades del caso Caval, pero también con lo que ocurrirá al día siguiente, con cómo seguimos mejorando nuestra institucionalidad para que estas prácticas no se repitan. En ese sentido, reiteramos la opacidad que existe respecto al funcionamiento de los síndicos.

En la comisión investigadora hicimos una suerte de zoom respecto de algunas acciones, pero creo que si la fiscalía sigue investigando detectará muchas otras aristas.

Asimismo, llamamos a otros servicios distintos al Ministerio Público a hacer su trabajo con mayor proactividad. Por ejemplo, en su minuto, saludamos como una buena señal de autonomía y falta de sesgo político las acciones presentadas por el Servicio de Impuestos Internos, pese a la dificultad que, en muchas ocasiones, tiene el acopiar información cuando se investiga el entorno presidencial. Sin embargo, finalmente, se reaccionó a tiempo. Por ello, una de nuestras propuestas, consignada en el informe, se refiere a cómo designar a las autoridades públicas para evitar que se conviertan en una suerte de caja de resonancia del gobierno de turno.

También se formularon proposiciones vinculadas con prestigiar a las instituciones que demanden mayor autonomía en esta materia, como el Servicio de Impuestos Internos u otros.

Asimismo, se propuso demandar mayor proactividad de parte de otros servicios, y lo señalamos con mucha fuerza. Una cosa son los delitos y otra distinta es el estándar administrativo bajo el que hoy operan algunas instituciones o servicios. No es posible que estemos ad portas de formalizar el 29 de enero al síndico Herman Chadwick y este aún figure en el listado del Ministerio de Justicia para seguir actuando como ministro de fe o auxiliar de la administración de justicia sin que a la postre tenga una sanción de carácter administrativo, cuyo estándar probatorio, incluso, es mínimo en comparación con las sanciones que demandan las responsabilidades penales; una es autónoma o prescindente de la otra. Con mucha fuerza manifestamos que este síndico no puede seguir un día más a cargo de esa responsabilidad de carácter público. Se han acreditado infracciones graves que por su naturaleza, en este caso por sí sola, ameritan que sea eliminado del listado del Ministerio de Justicia. Por ello, respecto de esta materia, demando proactividad de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

En tercer lugar, abordamos el rol de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Cabe señalar que, para constituir un banco, el artículo 28 de la Ley General de Bancos demanda dos requisitos. Uno de ellos se refiere al patrimonio, respecto del cual se establecen muchas normas y protocolos, no solo para la constitución de la institución financiera, sino también para su continuidad, de manera que es necesario que dicho requisito se preserve a lo largo de la vida útil de un banco. El otro requisito es la idoneidad, sobre el que nuestra legislación está en pañales. En ese sentido, el riesgo reputacional es un elemento que vino para quedarse. Esto no tiene relación con un juicio ético, sino con la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. La Superintendencia debe aplicar mayor rigurosidad a la hora de la generación de protocolos, pautas internas, circulares y normativas que eleven los estándares de manera sustantiva, bajo los cuales opera la banca.

En este caso, en que se pide entrevista para solicitar un crédito, a nuestro juicio no hubo correlación entre lo que se pedía -6.500 millones de pesosy el reducido patrimonio que ostentaba la empresa -un conjunto de vehículos-; sin embargo, esa operación finalmente llevó a la empresa a financiar la operación Machalí .

Aquí hay un llamado de atención, pues lo descrito va mucho más allá de una falta de prudencia, como señaló el regulador. Existe un foco que el día de mañana puede generar una escalada financiera de mucho mayor gravedad que puede poner en riesgo no solo el patrimonio de los accionistas, sino el de los depositantes, respecto de las colocaciones, de este banco o de cualquier otro. Por eso, hacemos un llamado de atención a la Superintendencia.

Otra arista es el tema del resguardo del acceso a la información pública. No puede entregarse al mero arbitrio del funcionario público de turno el cómo se resguarda la información pública o la información crítica. Esto equivale, por ejemplo, cuando se vaya alguien, a decir: “Voy a quemar todos estos kardex, porque a mi juicio esto no tiene el carácter de información pública”. Eso no se condice con la democracia que hoy existe ni con los tiempos actuales. Sentimos que hay que mejorar sustantivamente la exigencia de resguardo de la información pública. Y lo del formateo del computador del señor Dávalos es justamente una alerta, un reproche, un llamado de atención severo. Se perdió información sensible para la investigación administrativa, para la investigación que realizó la Cámara de Diputados y, también, para la investigación de carácter penal. A ello se debe nuestro reproche transversal, casi majadero, por la permanencia de Cristián Riquelme en La Moneda, pues se trata de una persona que ocultó información a su superior jerárquico; recordemos los antecedentes que entregó el ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz , quien luego debió desdecirse y disculparse. También cabe recordar las reuniones, para una acción de cobranzas, que Juan Díaz sostuvo en las puertas del Palacio de la Moneda, por temas que nada tenían que ver con la gestión de dicha empresa.

En consecuencia, nuevamente emplazo a mi gobierno para que separe aguas en relación con Caval. Hay que poner una muralla china respecto de lo que es la investigación penal y de lo que es el gobierno y el funcionamiento de las instituciones. Por lo tanto, no es sustentable la permanencia de Cristián Riquelme en dependencias de La Moneda. Despejado el rol del gobierno y de la Presidenta en esta materia, es preocupante sostener decisiones como esta sin siquiera desarrollar, al menos, investigaciones sumarias sobre el particular.

En el informe planteamos muchas otras propuestas. Por ejemplo, consideramos que el tema Saydex aún no se ha investigado. También establecimos como necesaria la modernización de la Dirección Sociocultural de la Presidencia de la República, pues, a nuestro juicio, no resiste análisis que con la administración del siglo XXI se repliquen o dupliquen funciones que hoy están diseminadas en otros servicios. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene en la actualidad tener la Fundación Integra si, incluso, tenemos una Subsecretaría de Educación Parvularia o la Junji? Qué sentido tiene que el Museo Interactivo Mirador esté bajo la dependencia de La Moneda si hoy la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos posee mejores estándares de transparencia, control y fiscalización sobre la materia, así como otros servicios que hoy debieran estar donde corresponde. Ese tema también lo señalamos con mucha fuerza en las conclusiones del informe.

El informe tiene 225 páginas; es muy extenso. No me puedo abocar a cada uno de sus puntos. Con todo, la gran conclusión es que debemos mejorar muchos temas desde el punto de vista legislativo y regulatorio. Lo que al final está sobre la mesa es cómo construimos una sociedad meritocrática, donde a quien le va bien en la vida no es porque tiene un “pituto” o por ser amigo o cercano de una persona influyente, o pariente del Presidente de la República, sino por tener condiciones, mérito, capacidades y haber hecho esfuerzos para merecerse un contrato y recibir una remuneración.

Como bien develamos en la Comisión Investigadora, la empresa Caval ejecutaba operaciones sobre la base de relaciones y vínculos. Hoy tenemos una empresa formalizada por la justicia, y sus miembros se encuentran imputados, como corresponde, los que rendirán cuenta de su accionar el próximo 29 de enero ante el Ministerio Público.

He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Marcela Sabat .

La señorita SABAT (doña Marcela) .-

Señora Presidenta, quiero comenzar mi intervención valorando el trabajo de la Comisión Investigadora.

Hoy, cuando los políticos estamos tan desprestigiados, hemos marcado un punto importante en cuanto a ayudar en esta materia. En tal sentido, la Cámara de Diputados, como institución fiscalizadora, ha trabajado en forma transversal, exhaustiva y muy responsable.

Quiero felicitar al Presidente de la comisión, diputado Gabriel Silber , quien fue muy ecuánime y mantuvo un buen trato al interior de la misma para acordar y realizar las diversas diligencias –reitero de manera transversal.

Son tantas las posibles hebras delictuales que surgen de este caso que es necesario recordar por qué se originó. Quizá se olvida que todo nace del gran negociado llevado a cabo por parte del hijo y la nuera de la Presidenta de la República. Esas personas formaron una empresa con menos de 6 millones de pesos en patrimonio y se les otorgó un crédito de 6.500 millones de pesos como si no pasara nada. Se le preguntó al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras cómo pudo suceder eso si la empresa no tenía las condiciones para ello. Como se sabe, hay una serie de condiciones para obtener un crédito, que son exigidas a cualquier chileno o chilena. De allí el descontento de la gente común y corriente. Cualquier pyme o chileno o chilena que quiere tomar un crédito de ese monto no tiene la posibilidad de obtenerlo, porque -no fue lo que sucedió en este caso no lleva el apellido o no es pariente de la Presidenta de la República. Por eso, en la comisión tratamos de representar el descontento de la ciudadanía.

Insisto, hemos elaborado, de manera transversal, un informe que finalmente concluye algunos puntos en los cuales es importante entrar en materia.

Como indicó la diputada informante, las conclusiones definen un punto relevante y central, a lo menos, para Renovación Nacional, cual es que no se profundizan las responsabilidades políticas que están envueltas en este caso. Se señala que las responsabilidades son del gobierno. Con ello se hace una alusión difusa, etérea, indefinida. Para nosotros, sin eufemismos, la responsabilidad recae en la Presidenta de la República y sus ministros. Así lo entendemos. Renovación Nacional señaló que votaría favorablemente las conclusiones del informe en el entendido de que cuando se habla de “responsabilidad de gobierno” debe entenderse del modo que acabo de señalar.

¿Por qué es importante aclararlo? Porque creemos que la Presidenta de la República debe hacer una diferencia. A pesar de que muchos diputados realizaron un buen trabajo, quiero hacer una mención honrosa al diputado Andrade , quien creo que hizo muy bien su labor, como siempre lo hace cuando quiere desviar los focos políticos importantes y llevar los temas hacia otro lado. Él lo hizo con un talento bastante particular. Quiso dejar a un lado el tráfico de influencias que, lamentablemente, se enquistó en las oficinas y pasillos de La Moneda.

La Presidenta de la República, como persona, lo debe estar pasando muy mal, porque finalmente lleva su crisis familiar a La Moneda. Ella es Presidenta de la República y como tal le cabe la responsabilidad de pronunciarse políticamente sobre esta materia. Cuando calla, oscurece. Eso es lo que ha hecho este gobierno: callar y defender institucionalmente al hijo y a la nuera de la Presidenta de la República.

Quiero detenerme en un punto específico que aún está pendiente, respecto del cual la Nueva Mayoría no se puede seguir desentendiendo. Me refiero a la impunidad que hoy reina en La Moneda y, además, a la completa ausencia de transparencia, situación que hoy la ciudadanía clama fuertemente que se revierta.

Hace algunos días, el diputado Paulsen y quien habla escribimos una columna en un periódico. De allí surgieron algunas ideas respecto de las cuales es bueno reflexionar.

Primero, cada vez que se advierte la posibilidad de que un determinado funcionario de algún ministerio y servicio de la administración pública ha infringido algunos de sus deberes u obligaciones, el superior jerárquico debe, por mandato legal, disponer la realización de una investigación sumaria o de un sumario administrativo. Es así como en los últimos meses -y solo por nombrar algunos casos hemos conocido los sumarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, del Servicio de Salud, del Ministerio de Obras Públicas, etcétera, los cuales se han instruido desde Arica hasta la Antártica. Eso pasa en todos los servicios y órganos de la administración del Estado, menos en el Palacio de La Moneda.

Entonces, las preguntas que cabe formularse son las siguientes: ¿Qué pasaría con el caso Caval si los hechos que lo caracterizan hubiesen ocurrido en cualquier dependencia de un servicio u órgano público? ¿Qué habría sucedido si finalmente los hechos que constituyen el caso Caval no hubieran acontecido en sedes de gobierno, como el Ministerio del Interior, la Secretaría General de Gobierno o la Presidencia de la República? Es lamentable tener una casa de gobierno que finalmente es el centro de operaciones del “caso Caval”.

Es importante hacer una diferencia y asumir que las instituciones importan. Ninguna familia, por ser quien es, puede tener más privilegios.

Finalmente, abogo por que este informe se apruebe en forma unánime, para dar la señal política de que para que hoy haya justicia no debe haber chilenos y chilenas de primera categoría, y otros de segunda categoría.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .

El señor LETELIER.-

Señora Presidenta, lamentablemente los sucesos vinculados al caso Caval se produjeron en el distrito N° 33, que represento en esta Corporación.

Machalí es una de las comunas que ha crecido de manera estratosférica en materia de construcción habitacional. En veinte años ha cambiado diametralmente y se ha convertido en la gran comuna dormitorio de Rancagua y del mineral El Teniente, de Codelco.

Lo anterior me lleva a decir dos cosas:

En primer lugar, en una ocasión en que estábamos reunidos con personeros de Vivienda en la comuna de Rengo, le pregunté al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de la Sexta Región cómo operan los negocios de las inmobiliarias. Me contestó que era algo muy común, al menos en esa región; que miles de millones de pesos iban y venían en un día; que mucha gente había ganado bastante plata con esos negocios, y que a otra de repente le iba mal. Repito, esto lo cito porque se lo pregunté al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de la Sexta Región, en la comuna de Rengo, cuando se daba el caso Caval.

En segundo lugar, quiero señalar que valoro la labor de todos los integrantes de la comisión investigadora, presidida por el diputado Gabriel Silber . Yo asistí a esa instancia en algunas ocasiones, pues esta situación –reitero- se produjo en el distrito que represento.

Pero, más allá de condenar el tráfico de influencias y el mal uso del poder, me llama la atención el rol jugado por la Municipalidad de Machalí.

Cuando uno le pregunta sobre esta materia al administrador de la Municipalidad de Machalí, se encuentra con un número importante de contradicciones. Siento que el rol habido entre el señor Chadwick y la Municipalidad de Machalí es muy estrecho. Siento que en el tráfico de influencias y en la corrupción que se dio entre el señor Chadwich y la Municipalidad de Machalí hay muchísimo por descubrir. Reconozco las declaraciones de la diputada Marcela Sabat en Rancagua, quien señaló que en aquello había que poner la mirada.

También reconozco el tremendo trabajo que han realizado la comisión investigadora y el fiscal señor Toledo , quienes han ayudado muchísimo a esclarecer el tema. Aunque existen dudas en la comunidad de que las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados sirvan de mucho, porque al final son un saludo a la bandera o una gran poesía, estoy convencido de que tanto el rol del fiscal señor Toledo , como los aportes de la comisión permitirán determinar quiénes están involucrados en este caso. No hablo solo de la “familia real” de este país, sino de todos los que estén involucrados. Sobre todo me preocupa mucho la danza de millones de pesos que repartía el señor Chadwick , síndico de quiebras. La diputada Alejandra Sepúlveda ha descrito con mucha claridad quién es el señor Chadwick y su historial. La pregunta que debemos hacernos es por qué no le ha pasado nada hasta ahora. Parece que también pertenece a una familia bastante poderosa y casi intocable. Por su parte, el señor Juan Díaz aparece formulando declaraciones como si fuera actor de cine.

Señora Presidenta, pido que se ponga la mirada en el municipio de Machalí, porque no solo respecto del caso Caval se han aprobado cambios de uso del suelo o cambios en los planos reguladores. El alcalde de Machalí no puede decir que no se acuerda y se ponga a mirar al techo, en circunstancias de que él convocó hasta a organizaciones de la sociedad civil el día en que se aprobaron los referidos cambios en beneficio de Caval.

Por lo tanto, al fiscal Toledo todavía le queda por desarrollar un tremendo papel en orden a determinar que no solo sean los autores ya señalados - Natalia Compagnon , su marido; la “familia real” los responsables de los hechos que se investigan, sino también quienes se han prestado para que estas situaciones anómalas y que constituyen una vergüenza nacional se hayan producido en el país.

Por lo tanto, para concluir, reitero mi saludo y agradecimiento a los integrantes de la comisión investigadora por la labor que desarrollaron.

He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Hasbún .

El señor HASBÚN.-

Señora Presidenta, el caso Caval sigue siendo una caja de sorpresas. Siempre nos estamos enterando por los medios de comunicación acerca de otro tipo de operaciones y de nuevas aristas en relación con los negocios que esta empresa tenía con otras de distintos rubros, lo que demuestra que no solo se trataba de una empresa de lobby, sino de una empresa que hacía presiones indebidas para lograr beneficios económicos, mal utilizando los nexos y el parentesco directo que uno de sus integrantes tenía con la Presidenta de la República.

La conclusión que podemos sacar es que existe y existió tráfico de influencias, nepotismo y uso de información privilegiada. Repito, hubo personas que mal utilizaron nexos y contactos con el gobierno y con la Presidenta de la República para tratar de sacar dividendos económicos. El mejor ejemplo no es solo lo que sucedió con el cambio de uso de suelo; también nos hemos enterado de que pudo haber de por medio un crimen cibernético. Ello puede llevarnos a hablar de espionaje, lo que constituye una arista nueva.

Sin duda, en el caso Caval hay responsabilidades de Natalia Compagnon y de Sebastián Dávalos . También hay una responsabilidad directa de Cristián Riquelme. Respecto de este último, no se entiende por qué La Moneda todavía no quiere poner término al contrato suscrito con él, en circunstancias de que se trata de una persona que ha tenido vínculos directos con algunos tipos de delitos. Eso da una pésima señal.

La comisión, en forma unánime, estimó que existen responsabilidades gravísimas y directas de esta persona en el caso Caval, lo que amerita que se tome una decisión política consistente en que salga del gobierno. Sin embargo, todavía estamos a la espera de ver una decisión por parte de la Presidenta de la República o, en este caso, del ministro del Interior, relativa a su permanencia en el cargo. No solo se trata de una persona que ha sido cuestionada públicamente por los medios de comunicación y por la comisión investigadora, sino también por la justicia. Por ello, se hace indispensable que se den señales claras y precisas en ese sentido.

Respecto de la nuera de la Presidenta de la República y de Sebastián Dávalos , quiero decir lo siguiente: a lo mejor, la Presidenta de la República no sabía de los negocios que tenían esas personas. Pero está claro que a ningún chileno común le van a otorgar un crédito por 6 mil millones de pesos, si no tiene patrimonio ni tiene cómo dejar una garantía. En este caso existió una clara influencia y una garantía indirecta, cual es la imagen de la propia Presidenta de la República, que es la que está en juego.

Nos ha faltado ser mucho más precisos en que debemos condenar el tráfico de influencias y condenar el nepotismo y el uso de información privilegiada, tanto de Sebastián Dávalos como de Natalia Compagnon. No puede ser que se haya mal utilizado la imagen de la Presidenta de la República para lograr beneficios personales.

La operación del Banco de Chile demuestra cómo, utilizando el apellido de la Presidenta de la República, las personas señaladas lograron facilidades para acceder a un crédito que les permitió hacer un negocio irregular con el cambio del uso de suelo, lo que trajo consigo una polémica de público conocimiento.

Finalmente, el caso Caval nos deja todavía en una nebulosa, porque esta caja de sorpresas sigue entregándonos información acerca del modus operandi que tenían estas personas, quienes eran socios de esa empresa que no era solo de papel, sino que claramente buscaba utilizar todos los mecanismos posibles para sacar provechos económicos. Ello lo hacían a través de figuras delictivas, como el tráfico de influencias, el nepotismo o el uso de información privilegiada.

He dicho.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Diego Paulsen .

El señor PAULSEN.-

Señora Presidenta, quiero valorar el trabajo transversal de la comisión especial investigadora y las propuestas contenidas en su informe, el cual tiene más de 200 páginas. Sin embargo, no ocuparé mi tiempo en referirme a todas esas proposiciones, sino que solo señalaré algunas que me llaman la atención.

El hablar de la posibilidad de extender la obligación de comparecer ante las comisiones investigadoras que pesen sobre ministros de Estado y funcionarios de la administración, de tres a seis meses después de cesados en sus cargos o funciones, lo considero importantísimo, y se da en la lógica de que hubo secretarios de Estado que no quisieron ayudar en esta investigación.

Quiero valorar el denominado “proyecto de ley Caval”, que ingresó a tramitación al Congreso Nacional y que hoy se encuentra en la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales. Asimismo, el que estemos de acuerdo en modificar la legislación y la regulación relativas a los síndicos. Estos son puntos fundamentales en materia de déficit legislativo, y es importante sacarlos adelante.

De igual modo, agradezco al presidente de la comisión investigadora, quien tuvo la valentía de encabezarla y llevó a cabo de muy buena manera su labor.

No obstante lo anterior, nosotros estamos acá para buscar responsabilidades políticas y administrativas en este caso a través de una comisión investigadora. No quiero remitirme ni a Compagnon ni a Valero ni a ninguno de los involucrados en este caso, quienes pertenecen al mundo privado. Desde Renovación Nacional planteamos cuatro puntos fundamentales en los que consideramos que sí existió responsabilidad política.

El primero de ellos se refiere a la Presidenta de la República, quien claramente tiene una responsabilidad política en el caso Caval. Muchos me podrán decir que no; pero la Presidenta manifiestamente sí la tiene. La tiene porque, primero, nombró al señor Dávalos como director sociocultural de la Presidencia, y segundo, porque el señor Cristián Riquelme , el administrador de La Moneda, es un personero de exclusiva confianza de la primera mandataria, la cual no tiene un superior jerárquico; por tanto, el señor Riquelme depende de ella.

Entonces, la Presidenta debe responder por el error de haber nombrado a su hijo en el citado cargo y por no haber tenido la capacidad de instruir un sumario administrativo en contra del señor Riquelme luego de que este reconociera que se reunió con Juan Díaz , quien le estaba cobrando 400 millones de pesos que le debía la señora Compagnon , nuera de la Presidenta Bachelet .

Aquí no me estoy refiriendo a lo que tenga que ver la señora Compagnon con el caso Caval, sino al actuar de un funcionario público que recibió al principal gestor inmobiliario de la empresa relacionado con Natalia Compagnon , el cual le estaba cobrando 400 millones de pesos en una oficina contigua a la de la Presidenta de la República.

Eso es lo que cuestionamos: el rol de la Presidenta, quien no ha tenido la capacidad de instruir el sumario correspondiente ni de sacar de su cargo al señor Riquelme ni de reconocer el error en el caso en que está involucrado su hijo.

El segundo punto importante -valoro a la comisión por ello es que hayamos tenido la capacidad de convencernos de que el señor Cristián Riquelme no puede mantenerse en La Moneda. Ello fue unánime.

Lamentablemente, La Moneda de nuevo hizo oídos sordos a la solicitud que se hizo en tal sentido; pero esperamos que se lleve a buen término lo antes posible.

El tercer punto, que quedó super claro, se refiere al sumario administrativo. No puede ser que se reconozca -esto, al igual como mencioné que se recibió a Juan Díazque hubo un “error” por parte del gobierno al borrar el computador y que después sepamos que fue el mismo hijo de la Presidenta quien lo pidió, y que ello se hizo además ante los ojos de él, por el miedo reverencial que le tenía al hijo político de la primera mandataria, el hoy exministro Peñailillo .

El cuarto punto relevante y que valoro es que el mismo día en que votamos las propuestas en la comisión el Servicio de Impuesto Internos interpuso una querella contra las personas involucradas en el caso Caval, luego de haber tenido en carpeta durante un año los antecedentes necesarios para hacerlo.

Pero, señor Presidente, lo que me molesta hoy es la pasividad y la negligencia del gobierno ante los nuevos antecedentes. Al respecto, me permito mencionar algunos que se han conocido desde que la comisión investigadora terminó su cometido.

El Líbero publicó ayer que Ana Lya Uriarte , la actual jefa de gabinete de la Presidenta Bachelet , recibió veinte millones de pesos el año 2012 por evaluar si el empresario Gonzalo Vial debía comprar en verde la termoeléctrica Los Guindos, en Biobío, que había sido aprobada en 2008 mientras ella era la máxima autoridad ambiental del país. ¡Raro! Se trata del mismo Gonzalo Vial que hoy denuncia haber sido estafado por la nuera de la Presidenta de la República.

Por otra parte, la Presidencia adjudicó sin licitación, sino mediante contratos directos, más de 1.200 millones de pesos a Gestus, la misma empresa que contrató el comando presidencial de Bachelet en 2013.

¡Y ni hablar de Dávalos y Compagnon declarando en la justicia! Todos los días aparecen nuevas aristas y hechos que involucran, no a personas del mundo privado, sino a miembros del gabinete de la Presidenta de la República. Ahí está la responsabilidad que debemos seguir. Esto no puede “pasar colado”.

Mientras todos estos antecedentes salen a la luz pública, la Presidenta Michelle Bachelet todavía pretende que creamos que no sabía nada, y continúa guardando un silencio inexplicable, manteniendo en su cargo al señor Riquelme y negándose a instruir las investigaciones sumarias tendientes a descartar otras irregularidades al interior de La Moneda. Si así lo hiciera, evitaría que siguiéramos enterándonos por la prensa de los negocios de su hijo, de su nuera y de los círculos más cercanos a ella en La Moneda.

He dicho.

-Aplausos.

La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade .

El señor ANDRADE.-

Señora Presidenta, en primer lugar, quiero decir que fue un gran acierto de mi parte el no haber dado la unanimidad para que la “comisión Caval I” continuara su tarea. Me felicito por aquello, porque me permitió incorporarme a la denominada “comisión Caval II” y asistir a un proceso bien interesante de construcción de una opinión que terminó siendo unánime.

Por tanto, habla bien del Parlamento que esas cosas sucedan. Sin perjuicio de ello, en dicha instancia aprendí bastante de numerosas personas que conocen mucho la materia porque también participaron en la “comisión Caval I”.

En segundo término, deseo manifestar que este es un reconocimiento a la fortaleza de nuestra democracia. No en cualquier lugar del mundo se lleva a cabo un proceso investigativo en el que se hallan involucrados familiares de un Presidente de la República. Cuando se habla tanto de lo débil, de lo precaria y de lo desprestigiada que está nuestra política, estas cosas hacen bien. Pero para eso hay que cuidarlas.

En consecuencia, cuando se construye una unanimidad sobre la base de un entendimiento básico es bueno respetar aquello, porque si después de dar la unanimidad uno insiste majaderamente en hechos que quedó claramente establecido que no fueron así, quiere decir que se trató de una unanimidad falaz o tramposa. Eso constituye un abuso, y no habla bien del espíritu democrático, de la buena voluntad y de la buena fe con que uno tendría que enfrentar situaciones como la que nos ocupa.

Además, la comisión investigadora hizo un conjunto de propuestas cuyo análisis resulta bien interesante y develó las debilidades que tienen nuestras comisiones investigadoras. El que, por ejemplo, no se pueda citar a exfuncionarios después de cierto tiempo, sin lugar a dudas hace muy complejo el proceso investigativo.

Por eso, siempre hay que tener mucha fe en lo que está haciendo el Ministerio Público, que para esos efectos tiene más facultades y mejores condiciones para investigar. Respaldarlo es un aspecto clave para este Parlamento. Nosotros lo hemos hecho siempre, incluso cuando ha habido decisiones que no nos han sido del todo confortables.

Por tanto, llama la atención que a veces ese principio, que también es democrático, tampoco se cumple, sino que se respalda cuando a uno le conviene y no necesariamente cuando no le resulta provechoso.

Entiendo que el Ministerio Público formalizará a la señora Compagnon , así que estemos tranquilos, porque dicha instancia está haciendo su pega.

Por otra parte, tres fueron los datos claves de la comisión.

Me referiré al primero, el cual lo han expresado sinceramente parlamentarios de la oposición: la Presidenta se encuentra fuera de esto. Entonces, seguir manteniendo que ella se halla involucrada es una majadería, es insistir en algo que todos teníamos claro al momento de construir el informe final de la comisión investigadora. No sé qué pasó en el entretanto, qué nueva situación se dio para que se cambiara de opinión.

Cuando uno da la unanimidad para acordar algo tiene claro lo que está haciendo, se hace responsable por ello y es respetuoso del acuerdo al que concurrió. Qué lástima que algunos -probablemente es la edad: la juventud en estas cosas requiere un proceso de aprendizaje no cumplan “cabalmente” -con be larga; no sé si lo pronuncié bienc on esta condición.

Tres son los ejes básicos de este asunto.

El epicentro del problema Caval es el síndico de quiebras de la Sexta Región, que no es precisamente alguien de la Nueva Mayoría. Ahí está el centro de la defraudación, del conjunto de maquinaciones y del entramado tendientes a generar condiciones para el enriquecimiento ilícito. Ese es el punto.

La segunda arista en este caso es la Municipalidad de Machalí, que tampoco es dirigida por alguien de la Nueva Mayoría. No quiero hacer aspaviento ni cuestión de eso, porque aquí todo el mundo se acuerda de los parientes, qué sé yo. Sí quiero puntualizar que ahí están los dos ejes. El entramado construido en la Sexta Región respecto de esto tiene dos actores fundamentales: el síndico y la Municipalidad de Machalí. Entre ambos buscaron una empresa de lobby; no les fue bien hasta que encontraron a Caval, que en su composición histórica está configurada por gente que no es de la Nueva Mayoría, pero capturaron a un par de nuestros niños para hacer más efectivas sus acciones. ¡Esta es la verdad!

Para ser muy preciso, debo señalar que la maquinación no la hizo Caval, sino el síndico. Es bueno que lo digamos, porque pareciera que uno tiene miedo a nombrar ciertos apellidos vinosos, que son mucho más interesantes que los mencionados reiteradamente aquí.

Si eso es así, aprobemos el informe y esperemos las formalizaciones, porque allí hay un procedimiento que vale la pena respaldar.

Por otra parte, se ha hecho mucha cuestión de un funcionario de La Moneda respecto del cual todos estamos contestes de que es desafortunado que continúe trabajando allí. No obstante, debo señalar algo que tal vez tiene que ver con mi formación, cual es que las personas tienen derechos, todos tenemos derechos. Riquelme tiene derecho a ser escuchado en un debido procedimiento -me llama la atención que algunos de los nuestros desconozcan algo por lo que hemos luchado toda la vida que se llama sumario.

Como demostramos en la sesión de la comisión con el decreto correspondiente que el entonces ministro del Interior señor Rodrigo Peñailillo contrató al señor Cristián Riquelme , es ese ministerio el que tiene que hacer dicho sumario, porque al igual que Sampaoli, el señor Riquelme también tiene derechos. ¡Qué lástima que ahora se le desconozca ese derecho, especialmente cuando esas voces provienen de un sector que ha centrado su quehacer en el mundo del trabajo! ¡Los funcionarios públicos también tienen derechos! Que la desvinculación sea la consecuencia de un procedimiento en que el señor Riquelme tenga derecho a defenderse. ¿Por qué no?

Por lo tanto, la comisión señala que procede la desvinculación de esa persona, respecto de lo cual estamos todos de acuerdo; pero debiera ser la consecuencia de un debido procedimiento, a diferencia de la manera como piensan quienes tienen como parte de su cultura la arbitrariedad y la manu militari.

¡Qué bueno que se logró la unanimidad de la comisión en la elaboración del informe, ya que eso habla bien de la democracia y del Parlamento! No obstante, pido que cuando se logre la unanimidad y se redacte un buen informe, exista coherencia al día siguiente, porque lo peor que puede pasar es que los mismos que dieron esa unanimidad, al día siguiente hablen como si tal unanimidad no hubiese existido, ya sea por hacerse notar, por majadería o, convengamos, porque lo hacen de buena fe.

Eso en política se llama… Dejémoslo hasta ahí nomás. He dicho.