Labor Parlamentaria

El señor BUSTOS ( Presidente ).-

Esta sesión se motivó en una presentación suscrita por 43 diputados y diputadas, con el objeto de analizar los méritos de los fundamentos de los Seremis de la Región Metropolitana que integran la Corema Metropolitana para dar su aprobación al proyecto “Sistema de Respaldo Red de Distribución de Gas Natural Zona Oriente de la Región Metropolitana”, sometido a evaluación ambiental y que se traduce en la construcción de una planta de gas en la comuna de Peñalolén.

Han sido citados el ministro del Interior , señor Edmundo Pérez Yoma; la ministra presidenta de la Comisión Nacional de Medio Ambiente , señora Ana Lya Uriarte Rodríguez; el ministro presidente de la Comisión Nacional de Energía , señor Marcelo Tokman Ramos, y el intendente de la Región Metropolitana, señor Álvaro Erazo Latorre.

Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro.

La señora CRISTI (doña María Angélica).-

Señor Presidente , por su intermedio, saludo a la ministra de Medio Ambiente , señora Ana Lya Uriarte , y al intendente de la Región Metropolitana , señor Álvaro Erazo , a la espera de la pronta llegada de los demás ministros.

Señor Presidente , 43 diputados de todas las bancadas políticas hemos convocado a esta sesión especial para analizar las razones por las cuales la Comisión Regional de Medio Ambiente Metropolitana ha aprobado la construcción definitiva de una planta de gas propano en la comuna de Peñalolén.

No cuestionamos la necesidad de asegurar que 370 mil familias conectadas a la red de suministro de gas natural en Santiago puedan contar con ese elemento. El punto es que ése ha sido el gran y único argumento que han esgrimido quienes dieron su autorización para construir la planta, justificando así su instalación, incluso contra la ley de Medio Ambiente, que fue dictada para luchar por su protección.

No aceptamos que se diga que había que instalar la planta en alguna parte, porque no era necesario instalarla en cualquier lugar, sino que había que hacerlo en un sector seguro, donde no se destruyera el medio ambiente y no se pusiera en riesgo a la población colindante.

Después de una dura batalla de casi un año y tras haber analizado todos los antecedentes del proyecto, sus implicancias medioambientales, sus deficiencias técnicas, su impacto para la comunidad de Peñalolén y, especialmente, los riesgos para la seguridad de las familias que viven en los alrededores de estas instalaciones, no se explican las razones por las cuales la Comisión Regional del Medio Ambiente, la máxima autoridad regional en esta materia, ha aprobado primero el permiso provisorio y, en el mes de febrero, el permiso definitivo para la construcción de lo que se ha denominado “Sistema de respaldo red de distribución de gas natural para la zona oriente de la Región Metropolitana”.

Más inexplicable resulta todavía que el gobierno haya avalado la presión de una empresa privada, que prometió a sus consumidores el suministro de gas natural, que esperó a que se generara una crisis para pedir la autorización para construir una planta de respaldo. De esta manera se forzó a la autoridad a una solución de emergencia, que justifica su instalación ante la amenaza de corte de este suministro.

El gobierno responde que si no se construye la planta en ese lugar, no habrá gas para la comuna de Santiago.

Sin embargo, la empresa sigue expandiendo la red de conexiones y, por lo tanto, continúa enviando su producto. Desde que empezaron los cortes de gas en 2004, a la fecha Metrogas ha incorporado 100 mil nuevos clientes, entre los que me incluyo, ya que me inscribí el año pasado para tener calefacción a gas.

¿Por qué los vecinos, el alcalde, los concejales, los parlamentarios que representamos a la zona y los miembros de las Comisiones de Medio Ambiente, de Minería y de Defensa de la Cámara y del Senado hemos cuestionado y algunos nos hemos opuesto al proyecto? Porque tiene implicancias graves e irreversibles en materia de medio ambiente, particularmente en lo relativo a la seguridad; porque importa un golpe dramático a la calidad de vida de miles personas y porque se atropella la dignidad de una comuna que se ha levantado con el esfuerzo y compromiso de todos en veintitrés años, hasta convertirse en lo que es hoy.

Aquí se ha cometido un abuso contra la comuna de Peñalolén. ¿Por qué no se ejecutó el proyecto en Las Condes o en Lo Barnechea? Porque la oposición habría sido insoportable. La presión de la comunidad de Peñalolén ha sido constante, pero nunca se podría comparar con la que hubiese existido en las comunas que serán beneficiadas con esta obra. Es necesario dejar constancia de que el 13 por ciento de los habitantes de las comunas de Peñalolén y de La Reina usan gas natural y que el resto corresponde a personas que viven en comunas que están alejadas del proyecto, que son las nombradas.

¿Por qué no se construye esta planta en esos lugares? ¿Por qué no se instala en Las Condes, Lo Barnechea o Vitacura? La razón es obvia.

Estamos hablando de una planta de elaboración de gas propano, que almacenará 800 mil litros de gas licuado, que realizará un complejo proceso industrial para convertir el gas licuado en gas propano, trabajo que se realizará sobre las cabezas de mil familias que viven a poco más de 200 metros de distancia y en una zona con una población diurna de cinco mil personas, que circulan en torno a dos universidades, dos colegios, jardines infantiles, la propia zona ecológica protegida, el Chile Protege, etcétera.

Estamos hablando de la circulación de 38 camiones que subirán y bajarán diariamente, cuyas dimensiones alcanzan los 18 metros de largo y que transitarán cargados con 22 toneladas de gas licuado a través de las únicas vías de acceso que existen en la zona, que son caminos vecinales públicos, que alcanzan hasta los 30 grados de pendiente y llenos de curvas. Además, se debe considerar que esta construcción está a pie de monte, en donde en invierno hay lluvias torrenciales, hielo y posiblemente nieve.

El daño medioambiental que ya se ha producido gracias al permiso provisorio es irreversible, como se muestra en la fotografía que tienen los diputados en sus carpetas. La planta se construye en una de las pocas zonas privilegiadas de la precordillera, a relativa poca distancia del corazón de la ciudad. Un santuario de la naturaleza que ha sido declarado “zona de preservación ecológica” por el Plano regulador intercomunal. Lo que ustedes ven hoy parece un estadio. Eso fue construido recién aprobado el permiso provisorio.

La propia Contraloría General de la República nos dio la razón, ya que confirmó en la resolución del 21 de agosto pasado que, efectivamente, no es posible conceder un permiso industrial en un terreno con un uso de suelo consagrado para fines ecológicos, es decir, dedicado exclusivamente a proyectos científicos, culturales, deportivos y turísticos, pero no para una planta industrial, que es una fábrica de gas y no un gasoducto. Ahí se convertirá el gas licuado con aire en gas propano que tenderá a reemplazar al gas natural. Además de depredar la flora y fauna, ha ocasionado otros daños, derivados del uso de pomacita y calicanto, y por el transporte de miles de metros cúbicos a vertederos clandestinos en otras comunas de Santiago, porque la empresa, durante el permiso provisorio, cambió la tierra donde se instalaron esos estanques, ya que el suelo, a pesar de los estudios que existían, no era apto, motivo por el cual debieron cambiar toneladas de tierra de ese lugar.

Haciendo caso omiso de esa resolución, la Corema ha declarado admisible la planta, gracias a una interpretación antojadiza que hace el Ministerio de la Vivienda respecto de lo que es posible construir en zonas declaradas como patrimonio ecológico.

Ahora bien, el aspecto que debiera estar más fundamentado en el estudio de impacto ambiental presentado por Metrogas, porque no tiene que ver con un negocio, con energía o con acuerdos bilaterales, sino que, ni más ni menos, con la seguridad de mil familias y su entorno, es paradójicamente el elemento más débil del proyecto, porque el resguardo de la vida de las familias no figura en el estudio.

A pesar de todo, el proyecto ha sido aprobado por un organismo mandatado para velar por los derechos de la ciudadanía, regido por la ley Nº 19.300, sobre bases generales del Medio Ambiente, que establece claramente las limitaciones de la Corema.

Metrogas no ha entregado información que aclare los temores ante una eventual fuga. Sólo se ha limitado a asegurar que las fugas de gases serán detectadas tempranamente; es decir, reconoce que pueden producirse fugas, pero ni siquiera se pone en la hipótesis de posibles fallas en los sistemas.

Tampoco ha aclarado los riesgos que existen por el transporte de este gas. Asegura que cuenta con los elementos necesarios para impedir el estallido de un contenedor -¿qué será eso?-, sin ponerse en la hipótesis de posibles fallas en dichos sistemas y sin demostrar que está preparada.

Tampoco informado sobre las medidas de mantención de los camiones que transportarán gas. En algún lugar del estudio de impacto ambiental dicen que deberán tener motores silenciosos para no crear contaminación acústica. No dice cómo van a capacitar a los choferes que conducirán esos vehículos, que son pesados y que deberán operar en pendientes, ni quién asumirá la responsabilidad ante alguna falla, pues cabe señalar que los camiones no son de propiedad de Metrogas, sino que corresponden a una subcontratación, es decir, a una empresa externa, por lo que Metrogas no puede controlarlos en detalle. Una falla mecánica puede significar desde la obstrucción de la única vía que existe en la zona, hasta una catástrofe que no estamos en condiciones de dimensionar.

En el set de fotografías que hemos entregado a cada diputado figuran dos láminas que dan cuenta de cómo se comportan los camiones en esa zona: no caben en las curvas ubicadas en la parte plana, porque tienen 18 metros de largo. Es de imaginar lo que sucederá hacia la cima, donde el camino es muy sinuoso y tiene una pendiente de 30 grados.

Metrogas no cumple con el artículo 84 de la ley Nº 17.798, sobre control de armas y explosivos, que establece la manera de calcular la distancia segura de este tipo de plantas a edificios habitados, que en este caso debiera ubicarse a 2.600 metros. ¿Saben a qué distancia se encuentra esta planta? A sólo 200 metros de las primeras casas de los vecinos. ¿Y saben a qué distancia de las viviendas pasan los pesados camiones cargados con gas, que circulan por un camino angosto, con pendientes de 30 grados y que nunca fue preparado, asfaltado o pavimentado para ese tipo de vehículos? A sólo 5 metros.

Metrogas no ha entregado un plan de evacuación -aunque lo pide el estudio de impacto ambiental- y coordinación con Bomberos, ante eventuales emergencias; ni con la Conaf, ante la generación de incendios forestales. En el informe se señala que, como la probabilidad de accidentes mayores es muy baja, no existe mayor riesgo y no resulta necesario evaluar ni siquiera la coordinación con bomberos para establecer una zona de evacuación.

Los accidentes con explosivos no son producto de la imaginación de los vecinos ni del alcalde. Son una realidad, incluso, en los países desarrollados: En Bélgica, en 2004, murieron 23 personas en una explosión; en Estados Unidos ha habido 18 accidentes; en Inglaterra, 200 muertos; en Rusia, 645 muertos, y en Nigeria, 500 muertos. El sábado pasado hubo una explosión en una planta de municiones en Albania que dejó 15 muertos y 300 heridos graves. También ocurrió una explosión en Valparaíso, en 2007, en el barrio cívico. Recién tuvimos en nuestra comuna una tragedia aérea, de la cual todavía no nos podemos reponer. La explosión de un pequeño avión significó la muerte de 12 personas, cifra que todavía puede aumentar.

Los habitantes de Peñalolén y, en general, toda la comunidad está dolida y tiene más temor a lo que significa una explosión de combustible.

Como si todo lo dicho fuera poco, la planta estará construida sobre la falla de San Ramón. El informe de Metrogas señala que el técnico que ellos consultaron dijo que probablemente no habrá sismos fuertes o terremotos en cinco años y, por eso, no importa su construcción en ese lugar. ¿Cómo no va a importar si es una falla sísmica? Además, es la línea por la cual pasan los aviones que aterrizan en el aeródromo de Tobalaba.

Resulta contradictorio que la máxima autoridad medioambiental de la región que tiene la más alta contaminación del país, cuya situación se compara con las peores del mundo, generándose emergencias, autorice, por un mero trámite burocrático, a una empresa privada para que arrase con un espacio de conservación ecológica.

Esto es tan contradictorio que, mientras el Gobierno, la Iglesia y las Fuerzas Armadas están tratando de desarmar al país, se está instalando una planta de gas que en cualquier momento, por una falla humana u otras razones, puede producir una explosión, que significaría una cantidad incalculable de muertes. No sabemos lo que puede pasar. Se pretende instalar 800 mil litros de gas licuado sobre las cabezas de familias, niños, peatones que recorren la precordillera por el camino Protege o Cantalao . Por ahí pasarán, ¡76 veces al día! camiones de 40 toneladas y de 18 metros de largo.

¿Funcionan o no las instituciones en Chile? No entendemos por qué un organismo como la Corema ha usado argumentos tan débiles para aprobar este proyecto, no obstante que la ley Nº 19.300 es clara en la materia.

La Corema desoyó a la Contraloría y aprobó la construcción a través del estudio de impacto ambiental.

El estudio del Ministerio de Vivienda señaló que la ley se podía adaptar a las necesidades de la empresa.

La señora CRISTI (doña María Angélica).-

Señor Presidente , en todo caso, también debemos cuestionar lo que la misma ley plantea respecto de la participación ciudadana, pues esto se transformó en un ejercicio sociológico inútil. La comunidad y el municipio participaron, se contrató abogados, se hicieron estudios jurídicos y técnicos, pero ¿qué pasó con sus informes? Hay seremis que dicen que nunca los vieron ni escucharon. No sé cómo pueden decir eso, cuando estuvieron presentes en los planteamientos de los vecinos y del alcalde y los escucharon hasta el cansancio.

El seremi de Transportes dijo que se podía considerar la solicitud de aprobación provisional (SAP), porque después habría una aprobación definitiva y si dicha aprobación dice que no, se suspende todo. ¿Cómo se va a suspender todo si la empresa ya ha avanzado casi en un 60 por ciento del proyecto con la autorización provisional? Esto es realmente inexplicable.

No haber considerado la opinión de los vecinos, a pesar de la forma en que los vi participar, me parece una falta de respeto y que la ley no tiene sentido. ¿Para qué les pidieron opinar si no los iban a considerar?

No debemos olvidar que esta empresa tenía la opción de instalar una planta idéntica, que ya estaba autorizada, en Puente Alto, pero en Peñalolén era mucho más fácil, económico y asequible. Además, está en altura y hay un camino pavimentado que ellos creen que podrán usar. Según me dicen los vecinos, a veces los camiones no pueden subir, transitan de día y de noche, y eso que todavía no han comenzado a operar. Hay una pendiente que comunica con Las Perdices y de ahí se conectarán con la cañería que lleva hasta Las Condes. Entonces, es más fácil y, por eso, decidieron instalarla ahí. Eso es lo que hemos cuestionado hasta el cansancio. ¿Por qué los dejaron hacerlo si pueden producir tanto daño, en circunstancias de que habían otras opciones?

Es evidente que la instalación de una planta implica muchos riesgos y que la resolución que califica ambientalmente el proyecto solicita a Metrogas 324 resguardos para evitar emergencias. O sea, hay evidencia de que se producirán emergencias, como fuga de gas licuado, derrame de petróleo, accidente de incendios, terremoto o sismo, inundación, siniestro vehicular, falla eléctrica, en fin. Sin embargo, esa misma resolución no dice una sola palabra respecto del rol que cumplirá el Estado y de la responsabilidad de quienes la autorizaron. ¿Qué responsabilidad tiene cada uno de los seremis que autorizó irresponsablemente esta planta, diciendo: “Total, si después se rechaza, se puede parar su instalación”? Pero, no se rechazó.

La empresa no cumplió con las exigencias que le hicieron para el servicio provisorio. Los vecinos reclamaban todos los días, porque no cumplió y nadie la controló. ¿Quién va a controlar que se cumplan 329 medidas, cuando ninguna apunta a los problemas, como la seguridad de la población, el tránsito de los vehículos y las explosiones que podría haber en el lugar?

Hace un año, en esta misma Sala, advertimos los peligros que podría traer la implementación del Transantiago en la ciudad y no fuimos escuchados. Por eso, queríamos contar con la presencia del ministro del Interior , porque él está encargado de la seguridad del Estado. Aunque el problema se centre en una comuna, es un tema de seguridad del país.

Con el ministro de Energía , que ha impulsado y apoyado desde un principio esta planta, he tenido la oportunidad de conversar sobre el tema, al igual que con la ministra del Medio Ambiente . Quiero que ellos estén en pleno conocimiento de las advertencias que ha hecho no sólo la comunidad, la municipalidad dirigida por su propio alcalde, señor Claudio Orrego , y los parlamentarios, sino también los especialistas, respecto del alto riesgo que significa instalar esta planta.

Necesitamos escuchar de parte de los ministros convocados quién va a garantizar que las exigencias que se le han planteado a Metrogas se harán efectivas, si es que los tribunales de justicia autorizan esta planta, porque hay recursos judiciales pendientes. Ayer se alegó en el Corte Suprema y se discutió si la Contraloría General de la República tiene o no atribuciones para rechazar la instalación de la planta.

¿Quién velará por el cumplimiento de la ley del Medio Ambiente, no sólo en este proyecto, sino en todos los proyectos en el futuro?

¿Quién asumirá la tarea de resolver las emergencias viales?

¿Qué autoridades asumirán la responsabilidad ante la ciudadanía, tras haber apoyado la construcción de la planta en una zona residencial, frente a una posible catástrofe que hoy no podemos predecir? Una falla humana o un accidente pueden tener consecuencias dramáticas.

Señor Presidente, por su intermedio, quiero decir a los ministros que todavía quedan recursos pendientes y que si el Gobierno no nos escucha, esperamos que lo haga la justicia.

En Peñalolén, vamos a jugarnos hasta el final para impedir este escándalo y abuso que se nos quiere imponer. Esta causa no tiene colores políticos. El señor Claudio Orrego , el diputado señor Accorsi , los senadores señor Pablo Longueira y señora Soledad Alvear y los concejales, que pertenecemos a distintos partidos políticos, tenemos una sola posición: creemos que la vida y la integridad de una sola persona vale más que una planta de gas.

He dicho.

El señor LOBOS.-

Señor Presidente , si bien estamos frente a un problema puntual, la construcción de una planta de gas en Peñalolén, el problema es bastante más general. Se habla de un panorama sombrío: nuestra crisis energética. Pero, ¿quién tiene la culpa? ¿El chancho o el que le da el afrecho? Porque se ha hablado mucho, pero se ha hecho poco. Estamos pagando las consecuencias de una falta de previsión, de un despilfarro, de una falta de pericia en el manejo de lo que debería ser una política energética, una política nacional orientada a mantener a Chile con una esperanza de crecimiento económico, para lo cual es imprescindible que contemos con energía. Evidentemente, necesitamos luz y calefacción, y en alguna parte tienen que estar esos proyectos. Pero no por el apuro debemos actuar como lo hace la familia de clase media que, para que se eduque el niño, tiene que empeñar las joyas de la abuela por lo que le den. No podemos vender el alma al diablo. En la actualidad, en el apuro, estamos empeñando algo que debería ser intransable para nosotros. Hoy día cualquier proyecto, como el que nos ocupa, que fue objetado por la Contraloría, se aprueba porque es más barato y más rentable para que un privado lo tome y lo lleve a efecto.

¿Es eso lo deseable? ¿Es ése el costo que queremos pagar? ¿Es el costo que van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos? ¿Es la herencia que les vamos a dejar? ¿Vamos a hipotecar la posibilidad de que esas generaciones vivan en un ambiente saludable? ¿Cuál es el precio que debemos pagar por este apuro? Evidentemente, estamos hipotecando la esperanza de tener un medio ambiente saludable.

Hoy le tocó a una comuna de clase media que, además, tiene dos paladines de las antípodas de la política, pero unidos por el corazón, por el servicio a sus ciudadanos, a sus votantes. Me refiero al diputado Accorsi y a la diputada Cristi, quienes han alzado la voz por sus ciudadanos.

En ese sentido, el Congreso Nacional también ha sabido alzar la voz por aquellos sin voz, por la gente de menores recursos, por los campesinos, por la gente de provincias debido a autorizaciones un poco brujas, por decirlo de alguna manera.

Me tocó defender personalmente a un grupo de ciudadanos que vive del turismo y de la agricultura en los alrededores del Salto del Laja, donde Chile, de buenas a primeras, va a amputar una de sus postales más hermosas para hacer una central supuestamente de paso, que deja sin agua de riego a dos provincias: Ñuble y Biobío , y como coletazo, elimina el Salto del Laja. La gente decía allá: “Hace un tiempo nos quedamos sin carretera; ahora nos vamos a quedar sin agua.” Eso es lo que está pasando en Chile.

La semana pasada, en la Comisión -me enorgullece decirlo, y agradezco a la ministra por estar con nosotros- aprobamos por unanimidad un proyecto que elimina las solicitudes de autorización provisional (SAP). Eso me parece emblemático, porque fue absolutamente transversal y todos los colores políticos estuvieron de acuerdo. En este Parlamento se ha hecho conciencia, se ha establecido que algo tenemos que hacer, porque esto no es una liquidación. Es cierto, repito, que hay una crisis energética, que necesitamos gas y luz, pero también necesitamos un medio ambiente seguro, donde criar a nuestros hijos y ofrecerles un futuro absolutamente saludable.

Por ello, me gustaría que hiciéramos un compromiso para cumplir estrictamente con lo que se estampa en la ley de bases del medio ambiente, y cumplir la letra y el espíritu de los compromisos internacionales suscritos por nuestro país en materia medioambiental, porque siempre se ha dicho que lo barato, a la larga, cuesta caro. Tenemos múltiples ejemplos, como el gas argentino, y otros.

Por ello, creo que lo que estamos viendo es la punta de un iceberg. Le tocó a una comuna que hoy alza la voz, pero si continuamos con esto a lo largo del país, no serán sólo ellos los que tendrán el problema, sino todo Chile. Por ello, los llamo a abrir los ojos ante esta evidencia que se nos viene encima.

He dicho.

El señor ACCORSI.-

Señor Presidente, me alegro de que estemos discutiendo en la Sala este tema, que es un asunto ciudadano.

Si nuestras leyes hubieran dado la posibilidad de participación ciudadana, obviamente, no estaríamos discutiendo el tema en el Congreso. Creo que eso es lo más relevante, porque ninguno de los diputados que estamos en la Sala desconocemos que necesitamos el gas, la energía, y que el Gobierno tiene la responsabilidad de proporcionarla. Pero creemos que es necesario efectuar un cambio en la ley de bases del medio ambiente, a fin de permitir realmente la participación ciudadana.

Vemos que cuando hay voluntad o un impulso importante del Gobierno, más los privados, ese proyecto está aprobado, aunque la ciudadanía diga lo contrario.

Las personas calificadas para sancionar este tipo de acciones no tienen representación ciudadana alguna. Por eso, creemos muy importante contar con espacios de participación.

Hoy, más del 80 por ciento de los proyectos que ingresan al sistema lo hacen a través de la declaración de impacto ambiental. O sea, no hay absolutamente ninguna participación de los ciudadanos, porque en la ley eso no está previsto. Creemos que la solicitud de autorización provisional es engorroso y se le ha dado un mal uso, razón por la cual hemos decidido, por unanimidad, plantear su eliminación. Pensamos que es mucho más razonable cambiar la ley de bases del medio ambiente y buscar otro tipo de instancias.

Somos partidarios de que no sea la Conama ni las Corema las que fallen esos proyectos, sino un organismo técnico independiente, como existe en muchos otros países, para que se les dé claridad y tengamos una participación ciudadana importante. ¿Cómo explicamos que cuando decimos que el plan regulador de la Región Metropolitana establece que no se puede construir sobre la cota mil y resulta que la planta de Peñalolén está por sobre ese límite? Cuando decimos que es una zona de preservación ecológica, porque posee una serie de características, con proyectos ecológicos al lado de Peñalolén y La Reina, como el Sendero de Chile, eso pasa a ser una declaración de intenciones, porque es letra muerta.

Esa planta está construida al lado de la falla de San Ramón, y resulta que alguien tiene una bola de cristal y dice que aunque haya un terremoto, no pasará nada. ¿Quién le pone la firma a eso?

Hoy día hay normas que tienen que ver con la seguridad en el tema de daños por explosiones, y dada la cantidad de gas acumulado en los estanques, las zonas de cautela para una posible explosión -nadie puede decir que no ocurrirá- son dos mil metros, pero las casas y departamentos de los vecinos están a menos de 300.

Ojalá podamos revertir esta situación y que durante los cinco años en que estará en funcionamiento la planta en virtud de las disposiciones legales, no ocurra ningún accidente, porque ese día nadie se va a hacer cargo de lo que suceda ni va a decir que es el responsable de haber autorizado su instalación.

Hemos dicho hasta la saciedad que no nos oponemos a buscar otras alternativas, porque si uno se para en el cerro y mira el entorno, inmediatamente se da cuenta de que no es el lugar adecuado para tener una instalación de este tipo. Esa es la razón por la que nos hemos opuesto, aun cuando estamos claros de que cualquier cambio implica costos para la empresa. En verdad, esto es un asunto de costos.

Los privados deben asumir su responsabilidad. Su obligación era prever cualquier variable en las condiciones del mercado, sobre todo, en lo que respecta al gas argentino. No pueden alegar ahora que no sabían que en Argentina iban a tener problemas con el gas. Además, durante diez años, existió una posibilidad alternativa en un sitio industrial en Puente Alto y no la aprovecharon.

Queremos que realmente se nos escuche, porque en esta amalgama público-privada que le da el visto bueno a los proyectos, la ciudadanía no tiene participación alguna. La ley establece que los proponentes del proyecto tendrán que informar a la ciudadanía, pero resulta que en las audiencias públicas ni siquiera existe la posibilidad de tomar actas; no hay nadie que reciba las propuestas de la ciudadanía y que le diga a qué representante del Gobierno se las enviarán. No existe ese mecanismo. Sólo le informan a la ciudadanía que van a instalar una planta de gas propano en Peñalolén.

La participación ciudadana debe tener mayor relevancia, sobre todo porque los Gobiernos de la Concertación han dicho hasta la saciedad que les importa lo que dice la gente; pero aquí la ciudadanía está poniendo un letrero muy grande, que dice: ¡Ésta es nuestra situación! ¡Queremos que nos escuchen! Por eso, sólo pido que el Congreso Nacional escuche el clamor de la ciudadanía.

Vamos a presentar un proyecto de acuerdo, el cual ha sido respaldado por muchos diputados. Sabemos que no es la instancia que resolverá el problema, pero es muy importante dejar en claro que tenemos una ley de bases del medio ambiente completamente débil y trunca, que deja al margen a los ciudadanos. Por eso, queremos pedir al Gobierno que se eliminen las autorizaciones provisionales por ser lesivas para los intereses nacionales y que se tome una actitud responsable frente a esta materia. No podemos seguir así. La Comisión de Recursos Naturales -que me honro en presidir- se ha transformado en el muro de los lamentos de todos los proyectos que presentan las empresas para instalar represas, vertederos, grandes empresas agroindustriales, construir aeropuertos, en fin. Debemos reconocer que frente a esta iniciativa la ciudadanía se encuentra en una indefensión absoluta.

Por eso, por intermedio de la Mesa, pido a las autoridades presentes que seamos capaces de cambiar las actuales disposiciones legales y buscar otras alternativas de participación ciudadana para tener un equilibrio entre el poder del Estado, los privados y los ciudadanos.

He dicho.

El señor VALLESPÍN.-

Señor Presidente , en la Comisión de Medio Ambiente recibimos a todos los actores en esta materia; no obstante, esta sesión especial amerita ratificar algunas preocupaciones que hemos planteado en el sentido más estratégico de la institucionalidad que tiene el país y cómo, al final, en proyectos como éste parece ser que las empresas hacen lo que les da la gana y marcan malos precedentes.

Quiero hacer dos consideraciones generales. Uno ve que hay una empresa privada que no tiene la previsión suficiente de ver los escenarios futuros del servicio que presta, que es la distribución de gas y, dada la coyuntura particular, advierte que requiere construir otra planta, para lo cual busca el lugar que más le conviene y presenta el proyecto. Ante esto, la autoridad gubernamental, preocupada de asegurar la provisión, crea las condiciones para que se haga una evaluación rápida sobre la materia.

Eso pasa porque hay vacíos legales y ausencia de normas que espero que a futuro no se den. Obviamente, lo que sucede es que hoy tenemos una legislación en la cual es la empresa la que dice dónde se quiere instalar y pide una evaluación de si puede hacerlo o no. Pero ha llegado el momento de reconocer, como país, que existen temas en los cuales el bien común lo debe asegurar la acción estatal, la que debe ser capaz de definir lugares específicos para la instalación de proyectos estratégicos como éste y que no sea el privado el que los presenta donde quiere y el que pide ser evaluado si puede o no hacerlo. Esa es una decisión de fondo que se debe considerar en la futura legislación, de manera que no nos pase en regiones lo que hoy está sucediendo con Metrogas. Por ejemplo, en mi región, veo cómo la intromisión del nivel nacional busca que se desarrolle allí otro proyecto que es clave para la provisión de energía, para lo cual se evalúa rápidamente -espero que en forma adecuada- y hoy la comunidad también está alegando porque existe incertidumbre respecto de la impecabilidad de la evaluación. Todo eso pasa porque existe una normativa absolutamente insuficiente.

En esto, la causa ciudadana la ha tomado el alcalde de Peñalolén , don Claudio Orrego , quien ha hecho suya la preocupación de la ciudadanía. Es muy bueno que los alcaldes se identifiquen con estas temáticas. Asimismo, la senadora Soledad Alvear ha planteado claramente que no está dicha la última palabra por parte de las autoridades y que debemos esperar confiados de que, efectivamente, en la Corte Suprema se produzca un fallo que dé la protección adecuada y se pronuncie en torno a este tema, ya que, de lo contrario, se sentaría un precedente grave en zonas de protección ecológica por la instalación de eventuales proyectos futuros. Pero, ¡ojo con los precedentes! Creo que la senadora Alvear sostiene un punto de vista que, a futuro, debemos tener muy presente. Ojalá que la Corte Suprema analice los antecedentes en su mérito y actúe en consecuencia.

Además, la empresa -que debe tener muy buenos asesores y abogados- utiliza toda la institucionalidad que nosotros debemos reformar. Y para avanzar, porque no hay proyecto alguno que en Chile se haya iniciado y después se haya parado, pide nada menos que la autorización provisional para iniciar las obras, sobre la base de un seguro ambiental que, supuestamente, no tiene ningún efecto.

Estamos frente a un instrumento -en la Comisión de Medio Ambiente se ha dado un paso formidable al aprobarlo en forma unánime- que debemos eliminar de la ley de bases del medio ambiente, que es el artículo que permite un seguro para la autorización provisional. Eso va en contra del sentido preventivo de la evaluación del impacto ambiental, porque -insisto- no hay proyecto alguno en Chile que haya iniciado sus obras y que después se haya parado. Por tanto, es una especie de fast track que, a mi modo de ver, es legal pero poco ético, poco pertinente desde el punto de vista de la prevención que busca el sistema de evaluación de impacto ambiental.

Por tanto, esperamos que el proyecto aprobado por unanimidad en la Comisión sea aprobado también en este hemiciclo, porque será una señal clara de que aquí el sistema de evaluación de impacto ambiental es realmente preventivo. Con ello, no habrá proyecto alguno que parta si no tiene su resolución de verificación ambiental como corresponde.

Esas son tareas que, al menos, como diputado y como representante de la bancada en esta materia, estaremos especialmente atentos a que se considere.

También queda de manifiesto -debe ser motivo de preocupación para la ministra- que la participación ciudadana debe pasar de la etapa del rito a la de la vinculación. Es bueno que existan procesos de participación, porque antes de 1990 no había legislación alguna sobre la materia y las empresas se instalaban donde querían sin preguntarle nada a nadie. Ha habido muchos avances; pero, a mi modo de ver, la participación ciudadana es más bien un ritual que una acción determinante que pueda detener o cambiar el destino de algunos proyectos.

Espero que en la nueva institucionalidad que se presentará a nuestra consideración -la esperamos con mucha expectación- los procesos de participación ciudadana sean, en caso de que se puedan tipificar y precisar, vinculantes con las decisiones que adopte la autoridad. ¿De qué vale que la comunidad organizada quiera que no ocurra algo, si las autoridades no consideran sus observaciones al momento de tomar sus decisiones? ¿Para qué participar, si lo que diga u opine la gente no tiene vinculación con la decisión final de las autoridades?

Si queremos de verdad que las personas tomen conciencia del problema ambiental, la participación de la comunidad debe ser vinculante, y si un sector de la ciudadanía -en este caso, los habitantes de Peñalolén- presenta un conjunto de antecedentes, éstos deben ser considerados a la hora de tomar una decisión final. Fui director de la Conama e intendente y, por lo tanto, sé como operan estos asuntos. En la práctica, quiero pasar del ritual a la participación ciudadana vinculante con la decisión de las autoridades. Es un aspecto fundamental. En los países en que se ha llevado a la práctica, la comunidad organizada ha orientado a las empresas privadas y las ha obligado a instalarse donde corresponde y no en determinados lugares que eligen, muchas veces, por problemas de rentabilidad y porque les cuesta un poco más de platita -es el caso que nos ocupa-, y no en otros más alejados, pero que ofrecen más seguridad a la comunidad. Esto hay que pararlo, y creo que el rol del Estado al respecto debe ser mucho más activo.

Aquí estamos ante una causa ciudadana que la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara ha hecho suya. En su momento, le planteamos a la empresa que nadie está en contra del proyecto, que los parlamentarios que entregamos nuestra opinión no somos idiotas, que todos queremos que exista energía suficiente para que el país se siga desarrollando y para que las familias no tengan problemas de energía. Sin embargo, los proyectos no se pueden llevar a cabo sin resguardar sectores que tienen otra vocación, comunidades que están en la incertidumbre y en una inseguridad cada vez mayor. Se trata de proyectos que, por cierto, requiere todo el país, pero no se pueden llevar a cabo a costa de la gente. Creo que ejemplos como estos deben ser palmarios para que no se vuelvan a repetir y para que todos los vacíos y las omisiones existentes en nuestra normativa sean corregidos e incorporemos las reformas pertinentes.

A la ministra no le deben caber dudas en cuanto a que, por lo menos, en la Comisión de Recursos Naturales y -espero- en la Cámara, estas reformas serán muy bien acogidas, porque dicha Comisión es una caja de resonancia de las diversas organizaciones que vienen a plantear los abusos que cometen las empresas y la incertidumbre en que viven debido a las autorizaciones que se conceden. Creo que estos problemas deben ser resueltos con una legislación sobre medio ambiente que el país se merece.

Esperamos que esto no vuelva a ocurrir y que el proyecto de acuerdo que presentamos sea aprobado por la Sala, porque ello será una señal clara de que la rigurosidad y la pertinencia en la evaluación y en la conciencia de las empresas, que cada vez están más ausentes en este caso particular, serán elementos fundamentales en los futuros proyectos que se presenten sobre la materia.

He dicho.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Señor Presidente , ante todo, espero que su trabajo sea muy productivo para el desarrollo de la democracia en nuestro país.

En primer lugar, quiero referirme a lo que está ocurriendo con las aprobaciones de las SAP. Según información oficial, llegan a 16 por ciento los proyectos aprobados por esta vía. Por cierto, este sistema está en nuestra institucionalidad, pero no en el espíritu de la ley de medio ambiente, en la cual existen dos instrumentos: la declaración de impacto ambiental y el estudio de impacto ambiental. Creo que las SAP se mantuvieron por indicaciones de algunos parlamentarios, específicamente, de algunos senadores, con el fin de agilizar la tramitación de los proyectos. Pero se están utilizando como un resquicio, como un sistema express de aprobación ambiental. En el fondo, lo único que hacen es impedir el conocimiento público de los proyectos; lo único que hacen es entregar un pequeño seguro, con el fin de prevenir algunos daños que se podrían causar al medio ambiente. En el fondo -quiero rescatar lo que han dicho algunos colegas-, es una institución que debe ser derogada de inmediato, y en esto existe acuerdo unánime no sólo en la Comisión de Recursos Naturales; sino que la idea también es compartida por la ministra, señora Ana Lya Uriarte . La iniciativa está a disposición de la Cámara y espero que el Gobierno le fije urgencia, porque es una señal que el país requiere para que este tipo de instrumentos, que son resquicios, a la larga desaparezcan y permitan el conocimiento público y la participación ciudadana en los proyectos que involucran a las distintas regiones y que cada día son más comunes.

Pero quiero ir más allá. Cuando se habla de un lugar que debe ser objeto de preservación ecológica, se supone que está dentro del espíritu del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Pero hay distintos grados de protección, y la ley señala expresamente que la intervención de un área silvestre protegida debe realizarse a través de un estudio de impacto ambiental. Pero los representantes de los coremas son funcionarios nombrados por el Gobierno; los únicos que son elegidos son los cores. Por tanto, si hay algún responsable de lo que está ocurriendo en Peñalolén son las personas nombradas por el Gobierno. Así de simple. De manera que se trata de una decisión política, porque tales funcionarios no tienen mayor autonomía; si la tuvieran, a lo mejor, ya habrían perdido la “pega”. Ya les ocurrió a algunos, que ustedes conocen muy bien, por votar en forma distinta al ministro de turno. Les pidieron la renuncia.

Eso es lo que ha ocurrido, incluso, en esta región. Por lo tanto, es muy importante que el proyecto aprobado por unanimidad por la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara, sea tramitado a la brevedad.

También quiero traer a colación una situación relacionada con las áreas silvestres protegidas. Mediante una SAP -este sistema turbio, poco transparente, que sólo es conocido por algunos, no por la ciudadanía-, en la Reserva Nacional Río Los Cipreses, ubicada en mi región, se aprobó la construcción de una central hidroeléctrica que dejará prácticamente sin agua al río que pasa por ese sector y que tiene el mismo nombre: Los Cipreses. La pregunta que hago es la siguiente: ¿por qué están pasando por encima de la ley, cuando ésta dice claramente que para intervenir una reserva nacional debe existir un estudio de impacto ambiental? En este caso, se saltaron la ley; aprobaron la SAP que hemos impugnado, junto con algunos parlamentarios, y que fue rechazada por la Contraloría en su momento. Creo que todos debemos respetar los dictámenes de la Contraloría.

En ese sentido, esperamos que este instrumento sea derogado a la brevedad, porque es contrario al espíritu de la ley, y se terminen los abusos.

Aprobaremos el proyecto de acuerdo, porque trata de mejorar y perfeccionar nuestra legislación y, en definitiva, no atropellar los derechos de las comunidades.

He dicho.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, represento a las comunas de Pudahuel, Quilicura, Colina , Lampa y Tiltil, las que en numerosas oportunidades han debido enfrentar situaciones semejantes a la que hoy vive la comuna de Peñalolén, con la que quiero solidarizar.

En mis años como diputado he debido enfrentar una serie de proyectos en distintas áreas, que producen gran impacto, como vertederos de residuos domiciliarios, primero en Pudahuel, después en Batuco y luego en Lomas de Las Coloradas, en Tiltil. Permanentemente enfrento situaciones derivadas del crecimiento poblacional, en especial de la zona norte de Santiago, con plantas de tratamiento de aguas servidas que invaden los territorios habitacionales, con infraestructuras débiles, que generan malos olores.

Quiero recordar el impacto que tuvo sobre la comuna de Pudahuel la construcción de la planta de tratamiento de residuos domiciliarios de la empresa sanitaria La Farfana, en Maipú, por los malos olores. Una inversión de 300 millones de dólares, que a los dos meses de iniciadas sus faenas no funcionó adecuadamente y durante meses generó una enorme contaminación.

Cuando he hablado con la autoridad, con el ministro de Energía, me ha dicho: “diputado Melero, estas plantas cuentan con todos los elementos de seguridad que usted pueda imaginar desde el punto de vista medioambiental. Tenga la certeza de que las cosas van a salir bien”.

Ése no es el punto.

Me alegro de que esté presente en la sesión el intendente de la Región Metropolitana, porque el problema radica en que esa región, por su crecimiento y expansión, cada día estará más sometida a proyectos como el que nos convoca. Hoy, se trata de una planta de gas en la comuna de Peñalolén, pero todos los días vemos plantas de aguas servidas, vertederos para las basuras domiciliarias, plantas de transferencia para los residuos, en fin, la región está creciendo a más de 200 mil habitantes por año, con una demanda gigantesca de inversión en infraestructura para tratar esos problemas.

Sin embargo, la institucionalidad no va a la par con el desarrollo de la Región Metropolitana. Así de claro. El voluntarismo político y la necesidad de infraestructura de la Región Metropolitana no van de la mano de la institucionalidad ambiental para rechazar o aprobar adecuadamente esos proyectos de inversión. Esto genera la rebelión de la ciudadanía, porque se dan cuenta de que no se tratan con justicia esos temas, que no son menores, porque muchas veces se argumenta que nadie quiere una planta de gas en su comuna, ni un vertedero de basura.

El problema es cómo, dónde y con qué participación ciudadana se instala, y con qué independencia de juicio se resuelve si la institucionalidad, como han dicho varios señores diputados -aprovecho la presencia de la ministra, de quien debo reconocer que ha tenido la mejor voluntad para entender este problema, me ha tocado ir a su oficina a plantearle problemas de la planta de transferencia de basura de Quilicura-, está amarrada de manos, porque no se puede actuar discrecionalmente frente a un inversor privado, que quiere hacer las cosas, cumple con la reglamentación vigente y, por último, va a presentar un recurso de protección a la autoridad, diciéndole que si no lo autoriza para instalar, acudirá a los tribunales.

El problema es que no hay independencia para resolver. Un diputado dijo que de veintitantos miembros de la Corema, cuatro son consejeros regionales elegidos y los demás son todos funcionarios de Gobierno: intendentes, gobernadores, secretarios ministeriales.

Me gustaría escuchar a un secretario ministerial diciéndole que no a un intendente en un proyecto emblemático para el gobierno de turno, cualquiera que sea. Esto trasciende a la Concertación o a la Alianza por Chile. No hay independencia de juicio en las autoridades para resolver esos problemas.

Por su intermedio, señor Presidente , quiero decirle al intendente que se acuerde de mis palabras: hoy se trata de la planta de gas, mañana serán las plantas de transferencia de basura o pasado mañana las plantas de tratamiento de aguas servidas. Todos los días se verá sometido a situaciones semejantes, con el reclamo de la ciudadanía.

En mérito del tiempo, sólo quiero agregar que cuando leo todos los pasos que ha dado la comunidad de Peñalolén ante los tribunales de justicia, la Contraloría General de la República, la Corema, la autoridad ambiental y en todas las instancias a que ha recurrido, me doy cuenta de que, en definitiva, nuestra institucionalidad no está preparada para sortear los desafíos ambientales y de infraestructura de distinta índole que la Región Metropolitana plantea.

Esto hay que enfrentarlo de lleno, con cambios en la legislación y con una política que permita garantizar a los vecinos de un sector que las cosas se hacen bien y con la energía suficiente para enfrentar los obstáculos que se presenten.

He dicho.

El señor SEPÚLVEDA (don Roberto).-

Señor Presidente , en primer lugar, quiero saludar a la ministra del Medio Ambiente y al intendente de Santiago , quienes estoy seguro de que después de escuchar no sólo a los vecinos de Peñalolén, sino también a los miembros de la Cámara de Diputados, al menos van a tener una nueva visión de lo que está sucediendo en esa comuna, cuyos habitantes legítimamente comienzan a rebelarse frente a tanta injusticia ambiental a que son sometidos en Santiago.

Escuché atentamente al diputado Melero , quien señaló cómo los habitantes de las comunas más populosas, como Pudahuel, Maipú , Quilicura y hoy Peñalolén, son literalmente castigados por el solo hecho de vivir en esos lugares.

Como ex alcalde de Maipú , puedo dar fe y testimonio de que debimos soportar las peores atrocidades ambientales que se instalaron en la Región Metropolitana, con una planta de tratamiento de aguas servidas que se presentó como la última maravilla del presente siglo, pero que colapsó a los dos meses de inaugurada y mantuvo prácticamente con la fetidez más espantosa que se recuerda en los últimos treinta años a las comunas de Pudahuel, Maipú, Cerro Navia y Lo Prado.

Con posterioridad, debimos enfrentar el desafío de soportar una planta, un vertedero, un relleno, un basural, a pocos kilómetros del centro de Maipú.

Hoy, nuevamente se atenta contra la calidad de vida, esta vez de los habitantes de Peñalolén, al intentar construir el famoso sistema de respaldo y distribución de gas natural en la zona oriente de la Región Metropolitana.

Como bien señalaron los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, esta planta está siendo emplazada en un área de protección ecológica. Esto no es un tema menor, porque en la Región Metropolitana, que es la de más alta contaminación del país y cuya situación medioambiental se compara con las peores del mundo, con niveles de polución que generan emergencias sanitarias y medioambientales muchas veces en el año, la preservación de zonas ecológicas era un objetivo orientado precisamente a la salud de las personas.

Quiero que me expliquen si lo que está ocurriendo significa preservar el medio ambiente de una zona ecológicamente protegida.

Cuando la Contraloría General de la República dictamina que la Corema está yendo más allá de sus atribuciones, sencillamente estamos asistiendo a la imposición de una empresa privada que quiere, sí o sí, aplastar la voluntad de los vecinos para llevar adelante su negocio comercial.

El emplazamiento de la planta en cuestión no sólo infringe la normativa de urbanismo y construcción al incluir procesos industriales no contemplados en su uso respectivo, sino que también pasa a llevar la Constitución Política de la República, porque estamos asistiendo al establecimiento de una actividad peligrosa. Esta no es la instalación de un pequeño balón de gas que acumula gas propano, sino que estamos exponiendo la salud, seguridad y calidad de vida de miles de personas cuyo único pecado es vivir en zonas populosas, como Peñalolén.

Se ha señalado en forma reiterada que ha llegado el momento de modificar la ley de bases generales del medio ambiente, porque cuando se habla de participación ciudadana, sabemos que es un chiste. No existe real participación ciudadana, menos respeto a la opinión de los vecinos. Todos sabemos cómo se hace. Estas empresas habitualmente contratan una empresa de relaciones públicas que se encarga de encuestar a determinados vecinos y a comprar algunos determinados dirigentes para hacer creer a la comunidad que han hecho participar activamente a toda la población.

Por eso, la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente está proponiendo la derogación de las famosas SAP, solicitud de aprobación provisional, para iniciar la construcción de una planta, porque se han constituido en una herramienta de abuso por parte de las empresas para impulsar proyectos que atentan gravemente contra el medio ambiente y la salud de la población.

Espero que el Ejecutivo escuche la voz del Congreso Nacional, donde hay representantes de todas las bancadas. Todos, unánimemente, en forma transversal, estamos pidiendo que se coloque no del lado de las empresas, sino de los habitantes, a quienes también tienen el deber de proteger. Sólo con ese mecanismo estaremos haciendo justicia a la comunidad de Peñalolén.

He dicho.

El señor MULET.-

Señor Presidente , he escuchado atentamente las intervenciones realizadas en esta sesión especial sobre un tema que tiene muy preocupada a la comuna de Peñalolén. En verdad, no me gustaría estar en las circunstancias que se encuentran los vecinos que viven cerca del lugar donde se instalará esta planta de respaldo. Los parlamentarios de esa comuna, junto al alcalde , han hecho causa común, oponiéndose a su construcción.

En los períodos de emergencia siempre aparece este tipo de urgencia: que dada la crisis energética, fundamentalmente por el recorte del envío de gas natural desde Argentina, se debe construir la planta de respaldo, porque existe el riesgo del no envío de gas natural y parte importante de la Región Metropolitana se puede quedar sin gas domiciliario, tema que hemos analizado en la Cámara en otras sesiones especiales.

Uno se pregunta qué pasó en su momento cuando se autorizó traer gas natural comprimido desde la República Argentina y a Metrogas a usar ese combustible, en sustitución del gas licuado o propano que usaba antes, y se cambiaron las redes, historia que todos conocen.

Resulta curioso el grado de improvisación con que se actúa. Hoy, frente a la crisis, al no envío del gas natural comprimido, hay que correr para ver dónde se instala la planta de respaldo para utilizarla en caso de que no llegue gas desde Argentina.

Hubo improvisación y un entusiasmo desmedido por el gas natural comprimido. Así como hay responsabilidad de las autoridades de la época y de las actuales, sin lugar a dudas -quiero poner énfasis en esta corta introducción-, la mayor responsabilidad recae en Metrogas, empresa que presta el servicio, que entrega el gas y que estando obligada a prevenir una situación de esta naturaleza, por lo menos con claridad y urgencia desde 2004, no lo hizo.

Entonces, se recurre a la autoridad, utiliza el sistema ambiental, que tiene sus falencias y condiciones débiles todavía, en el doble sentido de la palabra, llevando a la comuna a asumir un riesgo que, por lógica, le incomoda.

Entiendo a los habitantes de Peñalolén, al igual como entendería a quienes represento en este Congreso Nacional si sucediera lo mismo en Vallenar, Alto del Carmen, Huasco, Copiapó o en alguna comuna de la Región de Atacama, porque cualquiera de nosotros haría lo mismo.

Sin embargo, quiero poner énfasis en otra responsabilidad de la empresa en cuanto al costo de su producto. Cuando llegó el gas y durante muchos años, la empresa disfrutó de un valor cercano a los 2 dólares por millón de BTU por traer el gas a Santiago. Se lo vendía a los vecinos, fundamentalmente a los sectores altos de Santiago, a 24 dólares el millón de BTU.

Esta información está en las actas de la Comisión de Minería y Energía y de la Sala cuando se analizó la situación. O sea, hubo una inversión importante, pero también hubo un abuso importante.

¿Por qué cobraba 24 dólares el millón de BTU cuando le costaba 2 dólares? ¿Por qué los habitantes de la Región Metropolitana no recibieron un beneficio en el precio? Porque esta empresa también tiene grados de integración interesantes con las empresas de gas licuado, que son la alternativa de los usuarios. De manera que hay una integración vertical compleja que lleva a producir el abuso que hoy está sufriendo Peñalolén y el riesgo que debe soportar parte importante de los habitantes de la Región Metropolitana por la falta de gas desde Argentina.

Aquí hay responsabilidad clara y abuso de Metrogas. Es valioso que el Congreso Nacional lo sepa y quede establecido en esta sesión especial.

No sólo hay responsabilidad de la autoridad, sino también de las empresas, a las que les cabe la primera responsabilidad en eso al poner en riesgo a los habitantes de una comuna, como Peñalolén, por no haber previsto y buscar una solución alternativa con tiempo, a pesar de contar con los recursos para ello.

He dicho.

La señora CRISTI (doña María Angélica).-

Señor Presidente , con el diputado Accorsi hemos presentado un proyecto de acuerdo en el que se solicita formalmente, por los antecedentes que hemos dado en nuestras intervenciones, a la ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, al intendente de la Región Metropolitana , que además es el presidente de la Corema y tendrá una tremenda responsabilidad si el proyecto de planta de gas en Peñalolén es llevado a la práctica, y al ministro de Energía , que se reevalúe esta materia.

Es importante que se diga la verdad. En este punto, es conveniente que la ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente dé a conocer los verdaderos argumentos que se tuvieron a la vista para aprobar ese proyecto.

Varios de los catorce seremis, que representan a todos los ministerios, han sostenido que dieron una autorización provisional porque después habría un estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, ahora debería hacerse el de impacto vial, en relación con la subida de los camiones por una vía escarpada, angosta, vecinal, de asfalto delgado, por lo que el tránsito de camiones de alto tonelaje constituye un gran peligro para quienes habitan los sectores aledaños.

En su momento, se dijo que era viable dar una autorización provisional, porque si el día de mañana no se aprobaba el estudio de impacto ambiental, se podía rechazar el proyecto de planta, lo cual sería iluso.

Una vez que se han invertido millones de dólares en faenas, como en este caso, ¿quién podría pensar que después se va a rechazar?

Los argumentos que se han dado son tan febles, que realmente la situación amerita una reevaluación; no sólo en el sentido de saber por qué se votó de determinada manera. ¿Cómo puede ser que un secretario regional ministerial, técnico en determinada materia, pueda afirmar que si no se aprueba el proyecto, después se puede echar abajo lo construido?

Nosotros pedimos en el proyecto de acuerdo una reevaluación seria de la materia por parte de la ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, del ministro de Energía y del propio intendente de la Región Metropolitana, presidente de la Corema . Sobre todo, para que ojalá no ocurra nunca más esta situación, cualquiera sea el tipo de presiones. Cuando más, que se haga un estudio rápido, pero serio.

Señora ministra, señor ministro , señor intendente, por su intermedio, señor Presidente , pase lo que pase, cualquiera sea la decisión de los tribunales correspondientes en relación con la determinación de la Contraloría General de la República, no puede ni pensarse en una planta con un camino inapropiado para camiones de gran tonelaje. Sería realmente un atentado contra la seguridad de las personas; sería un atropello, un abuso, un escándalo que pondría en peligro sus vidas.

Por lo tanto, pedimos una revisión de los antecedentes y que la empresa busque otro lugar para hacer su planta, sin perjuicio de que diga cuál es su intención, cuánto gas va a almacenar -sería un antecedente para conocer el movimiento de los camiones- y cuántos años piensa quedarse ahí si el proyecto se concreta.

Nuestra tarea es defender a los vecinos, por lo cual agradezco a los colegan que han aportado su firma al proyecto de acuerdo, porque son solidarios con los habitantes de Peñalolén, que día y noche están sufriendo porque no saben cómo serán sus vidas en adelante.

He dicho.

El señor URIARTE.-

Señor Presidente , además de agradecer a la bancada de Renovación Nacional la cesión de parte de su tiempo, quiero subrayar la importancia de lo que se ha dicho, en especial por la diputada María Angélica Cristi .

Si se revisan los hechos, nos daremos cuenta que, por una parte, la autoridad ha otorgado un permiso provisional para que la empresa inicie las obras. Acto seguido, la misma autoridad, en la propia Cámara de Diputados, se ha mostrado partidaria de revisar esa autorización, incluso de revocarla.

A mí me interesa que la ministra, por su intermedio, señor Presidente , aclare esa contradicción, porque a lo mejor no es así. Y si no es así, me encantaría conocer su propia versión sobre lo que ocurrió, ya que varios diputados han dicho que ha habido un cambio en la posición de la autoridad ambiental. Por una parte, ha permitido actuar mediante un permiso provisional y, por otra, borrado con el codo lo que se ha escrito con la mano. Por lo menos, ha creado las condiciones para revertir la situación.

A mí me preocupa eso, no sólo por el precedente que significa, sino también porque, como bien se ha dicho, estamos en un momento en el que permanentemente la Región Metropolitana ha sido golpeada con proyectos de alto impacto, como el del aeródromo de El Monte, que ahora debemos enfrentar. A pesar de que no están concluidos todos los estudios técnicos que corresponden por parte de la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas -queda bastante por hacer-, la autoridad ha dicho que se va a apurar la opción de El Monte.

Por otro lado, en la misma zona, otro proyecto altamente invasivo es el que se pretende implementar en la comuna de Padre Hurtado para purificar las aguas del río Mapocho. Hace pocos días, junto con los vecinos, presentamos una oposición, dentro del marco del proceso de participación ciudadana.

Creo que es fundamental tener reglas claras, y para eso, también es fundamental que la autoridad competente clarifique cuál es su posición respecto del debido resguardo de los derechos de los vecinos.

En el caso concreto de que se trata, está en juego la manera en que se han resguardado los derechos de los vecinos, de la comunidad, de las personas comunes y corrientes, que no han visto en la autoridad a una contraparte dispuesta a resguardar sus propios derechos frente a los intereses de una empresa.

Entiendo que la ciudad también tiene derecho a crecer, a desarrollarse, a resolver muchos de sus problemas con proyectos como el de planta de gas. Pero, ante todo, es fundamental que se clarifiquen los criterios conforme a los cuales la propia autoridad administrará el sistema de evaluación de impacto ambiental, que desde 1993 no ha funcionado mal.

La ley respectiva se ha aplicado bastante bien y, por lo mismo, creo que, en mérito al esfuerzo que se ha hecho por regularizar varias situaciones, incluso por perfeccionarlas, la autoridad, en ésta como en otras materias, debe actuar en forma clara y con mucha certeza para todas las partes involucradas.

He dicho.