Labor Parlamentaria

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Corresponde ocuparse en las observaciones de Su Excelencia la Presidenta de la República, en segundo trámite constitucional, recaídas en el proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, de Educación, sobre Subvenciones a Establecimientos Educacionales, y otros cuerpos legales, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (3953-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 18ª, en 17 de mayo de 2006.

En trámite de Comisión Mixta, sesión 58ª, en 4 de octubre de 2006.

Observaciones en segundo trámite, sesión 90ª, en 7 de marzo de 2007.

Informes de Comisión:

Educación, sesión 30ª, en 11 de julio de 2006.

Educación (segundo), sesión 50ª, en 6 de septiembre de 2006.

Hacienda, sesión 50ª, en 6 de septiembre de 2006.

Mixta, sesión 63ª, en 18 de octubre de 2006.

Educación (observaciones), sesión 6ª, en 3 de abril de 2007.

Discusión:

Sesiones 33ª, en 12 de julio de 2006 (se aprueba en general); 55ª, en 13 de septiembre de 2006 (se aprueba en particular); 63ª, en 18 de octubre de 2006 (se aprueba informe de Comisión Mixta).

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-

Por oficio de 6 de marzo recién pasado, la Cámara de Diputados comunicó al Senado que había aprobado la totalidad de las observaciones presentadas por la Presidenta de la República.

La Comisión deja constancia de que se formularon tres observaciones al artículo 1º, que modifica, a su vez, el artículo 9º del decreto con fuerza de ley sobre subvenciones del Estado a establecimientos educacionales. Consisten en extender las inhabilidades contempladas en dicha disposición respecto del profesional dependiente de un sostenedor que realiza los diagnósticos o evaluaciones de los alumnos de un establecimiento por el cual este último percibe una subvención, y respecto de los socios, miembros, directores y representantes legales de un sostenedor que sea persona jurídica.

Las tres observaciones fueron aprobadas por 3 votos a favor (de los Honorables señores Gazmuri, Muñoz Aburto y Ruiz-Esquide), uno en contra (del Senador señor Chadwick) y una abstención (del Honorable señor Cantero).

De conformidad con el artículo 188 del Reglamento del Senado, las observaciones tienen discusión en general y en particular a la vez, cada una de ellas debe votarse separadamente y no se puede dividir la votación.

Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado que consigna el veto de Su Excelencia la Presidenta de la República y el texto que resultaría si se aprobara.

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

En discusión general y particular a la vez la observación número 1).

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-

Con relación al número 2 del artículo 1º del proyecto, se propone agregar, como inciso cuarto, nuevo, de la letra c) -ordenándose correlativamente los que se hallan a continuación-, el siguiente:

"Asimismo, regirá la inhabilidad del inciso anterior respecto del profesional dependiente de un sostenedor que realiza los diagnósticos o evaluaciones de los alumnos de ese establecimiento por los cuales ese sostenedor perciba subvención."

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, deseo explicar las razones por las cuales voté en contra del veto en la Comisión, siendo coherente con mi posición durante el largo debate que tuvimos aquí en la Sala, cuando se acogió el proyecto de ley.

Considerar el veto en forma aislada puede mover a confusión y hacer pensar que quizá se refiere al establecimiento de un requisito muy específico, parcial, y que puede inspirarse en una correcta intención, pero en tal caso podemos olvidar lo que ha sido la iniciativa que aprobamos.

En efecto, ésta estableció distintos mecanismos de control para evitar cualquier hecho que pudiese poner en duda la idoneidad de los test o pruebas de aceptación en cuanto a los niños que se encuentren en una situación que amerite su ingreso a una escuela de carácter especial. Y quiero recordar algunos casos.

En primer lugar, se estableció que es un reglamento que dicta el Ministerio de Educación el que va a determinar requisitos, instrumentos y cómo deben ser las pruebas de diagnóstico. Es decir, ya tenemos un primer filtro -se lo encargamos al Ministerio, a través del reglamento- para precisar de qué forma se van a tener que hacer las pruebas o test de diagnóstico que decidirán si un niño necesita o no estar en una escuela especial.

En segundo lugar, se dispuso que los test o diagnósticos sólo pueden hacerlos profesionales competentes, idóneos, y se señaló que éstos tienen que inscribirse y ser aceptados en un registro especial que va a llevar la Secretaría Ministerial de Educación. Con ello se suma una segunda atribución para el Ministerio, que es, precisamente, la de confeccionar los listados a fin de determinar la competencia e idoneidad de los profesionales que van a quedar habilitados para hacer estos diagnósticos.

En tercer lugar, establecimos también un conjunto de inhabilidades, respecto de estos test o pruebas de diagnóstico, para aquellos profesionales que tengan una relación de parentesco o un vínculo familiar con el sostenedor. Por lo tanto, ahí hay un tercer filtro, a través de una inhabilidad, para garantizar el buen ejercicio de esta facultad.

Además, aprobamos un cuarto filtro: todo lo que dice relación a las sanciones en que se incurre cuando estos profesionales o el sostenedor hacen un uso fraudulento de las pruebas de diagnóstico. Ello se considera una infracción grave a la ley, lo que puede terminar, obviamente, con la subvención especial, sin perjuicio de las acciones judiciales que sea factible iniciar a fin de perseguir responsabilidades que vayan más allá de lo administrativo. Es decir, estamos ante un filtro que también queda en manos del Ministerio de Educación, a través del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras.

Y en quinto lugar, como si fuese poco, se especifica que si existe una discrepancia entre el test o prueba de diagnóstico que hace el profesional competente, de acuerdo a lo que dice el reglamento del Ministerio de Educación y sujeto a todo tipo de sanciones en caso de que actúe en forma fraudulenta, y lo que señalan las fiscalizaciones o los técnicos del Ministerio, prevalece el criterio de éstos últimos.

Por lo tanto, hay cinco filtros para efectos de garantizar que los test o pruebas de diagnóstico van a ser hechos en debida y adecuada forma.

Sin embargo, señor Presidente, y no obstante toda la larga discusión que tuvimos aquí, en el Senado, el Gobierno insiste en agregar un nuevo control, consistente en establecer la inhabilidad para aquellos profesionales que tengan algún vínculo de dependencia con el sostenedor. Y creo que se está haciendo algo exagerado y, de alguna manera, discriminatorio.

--(Aplausos en tribunas).

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, hay dos objeciones a este nuevo requisito.

En primer lugar, cada vez que se consigna en la ley una presunción de mala fe con relación al ejercicio de un profesional que ya ha sido declarado competente e idóneo, con todos los requisitos que hemos señalado previamente, sin duda alguna que se está haciendo algo que resulta muy odioso y que puede terminar siendo discriminatorio o estableciendo una diferencia arbitraria.

Yo me pregunto si a un médico que trabaja en el Servicio de Salud y que tiene que hacer un diagnóstico para determinar si una persona está sujeta o no a alguna prestación de salud dispuesta por el Estado vamos a declararlo inhábil para cumplir con tal cometido porque está vinculado a su empleador, que es el Estado.

O si a un médico...

--(Aplausos en tribunas).

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

¡Silencio, por favor!

El señor CHADWICK.-

O si a un médico que trabaja en una clínica particular...

--(Manifestaciones en tribunas).

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Les ruego a los asistentes terminar con las manifestaciones, porque las prohíbe el Reglamento del Senado.

El señor CHADWICK.-

O si a un médico que trabaja en una clínica particular y va a hacer un diagnóstico a fin de determinar si una persona puede acogerse o no a un beneficio de FONASA, por ejemplo, vamos a declararlo inhábil porque puede estar beneficiando a su empleador: los propietarios de la clínica.

Entonces, si eso no ocurre respecto de otras profesiones, no veo por qué vamos a presumir, a través del proyecto, la mala fe de profesionales que van a estar en un registro del Ministerio de Educación, que van a desarrollar pruebas y test de acuerdo a los estándares que la Cartera establece, que van a estar sujetos a todo tipo de fiscalizaciones por parte de esa Secretaría de Estado y que van a poder ser objeto de sanciones en caso de actuar en forma indebida. ¿Por qué hacerlo si a esos profesionales, a diferencia de otros, sí se les puede señalar, con anticipación, lo relativo al uso indebido del ejercicio o de las facultades de su profesión? Me parece que es una discriminación de carácter arbitrario y que no debiera estar en la ley.

En segundo lugar, señor Presidente, creo que esto desconoce la realidad de lo que ocurre en muchas comunas pequeñas, rurales, en donde, con suerte, hay una o dos escuelas especiales y donde, con mucha dificultad, se pueden encontrar estos profesionales, los cuales, además, tienen que cumplir una serie de requisitos y están inscritos en las Secretarías Ministeriales. En esas comunas, lo que puede traer consigo esta inhabilidad es la paralización del sistema, porque, a lo más, existe una escuela especial, y, por lo tanto, va a haber un solo sostenedor. Es decir, se legisla pensando en la realidad de las grandes comunas, olvidándose lo que ocurre en las más pequeñas, que siempre son las que pagan los platos rotos en este tipo de materias.

Señor Presidente, por eso voté en contra de este veto: porque creo que es arbitrario, que establece una discriminación carente de justificación y que ignora la inmensa realidad del país, marcada por comunas pequeñas y de carácter rural, y no por las grandes, que pueden tener más acceso a estos servicios.

He dicho.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, muchos de los argumentos respecto de esta materia han sido entregados por el Senador señor Chadwick.

Quiero señalar, tal como lo planteamos durante el segundo trámite constitucional, que en Chile nuevamente están pagando justos por pecadores...

--(Aplausos en tribunas).

...debido a una falta de fiscalización adecuada.

Las inhabilidades que se señalan en el proyecto, en virtud del veto que se somete a nuestra consideración en el numeral 2), respecto del artículo 9º, letra c), incisos tercero y cuarto, claramente vulneran garantías constitucionales.

Quiero señalar...

--(Aplausos en tribunas).

...la que se contempla en el número 21º del artículo 19 de la Carta Fundamental: "El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional". Nada de eso se vulnera en el caso de las actividades que nos ocupan.

Por su parte, el número 11º del mismo artículo se refiere a la libertad de enseñanza, incluyendo el derecho tanto de aprender como de enseñar.

El número 16º consagra la libertad de trabajo y su debida protección.

Y, finalmente, el número 3º establece la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.

En consecuencia, en lo que respecta a los incisos que he señalado, hago expresa reserva de constitucionalidad.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, más allá de las opiniones que tengan las personas en las tribunas, tengo la siguiente convicción acerca de este tema.

Tal como ha dicho el Senador señor Horvath, aquí se busca establecer un equilibrio entre dos realidades o fenómenos para tratar de proteger dos bienes.

Por un lado, uno desea que los centros o colegios especiales de lenguaje existan en nuestro país y puedan cumplir la función social que les corresponde, que es muy relevante. Pero, junto con ello, se halla sobre la mesa -aunque algunos no quieran reconocerlo- el hecho de que ha habido pecadores en escuelas de lenguaje. No digo que los haya acá, en la Sala, o en el barrio, pero algunos sostenedores, en ocasiones, han sido muy pecaminosos y abusadores con el sistema.

--(Manifestaciones en tribunas).

Insisto en que hay dos realidades: por una parte, la función social tremendamente importante que desarrollan esos profesionales y, por la otra -aunque no son los más, sino los menos-, un fenómeno de abuso del cual el Congreso Nacional y el país, en su conjunto, deben hacerse cargo.

Entiendo perfectamente la línea argumental del Senador señor Chadwick y la comparto casi en su totalidad. Y digo "casi" porque en su razonamiento no logra encontrar una solución a un problema concreto: si un sostenedor inescrupuloso emplea a una persona con necesidad laboral, es evidente que se pueden producir situaciones no deseadas. Y son éstas -pienso que quienes están en las tribunas comparten mi criterio- las que hay que evitar.

No conozco a ninguna fonoaudióloga, honesta y buena profesional, que justifique emitir, por razones de dependencia laboral, informes que no se apeguen a la realidad.

Sin embargo, esa situación existe, y lo peor sería no reconocerlo.

Yo no estoy convencido de la solución que se nos propone. Por ello, me gustaría, si reglamentariamente se puede, realizar una segunda discusión antes de votar esta materia.

Porque considero que eso...

--(Aplausos en tribunas).

...es lo que necesitamos para buscar una mejor solución.

Quiero decir que conozco -al igual que el Senador señor Chadwick, porque representamos la misma Región- a mucha gente honesta que hace un tremendo trabajo en las escuelas de lenguaje,...

--(Aplausos en tribunas).

...y no queremos generar una situación que lleve a cuestionar a los buenos profesionales.

--(Aplausos en tribunas).

Pero también necesitamos crear -y espero que se logre entender- un mecanismo que frene y evite el abuso cometido por algunos que no están aquí hoy, en el Parlamento: ciertos administradores o sostenedores de establecimientos.

--(Aplausos en tribunas).

Por ello, señor Presidente, yo pediría una segunda discusión para encontrar una fórmula distinta. Porque pienso que en este Congreso existe consenso respecto del objetivo de fondo.

Considero que se puede concordar lo que hemos planteado con el Honorable señor Chadwick y lo expresado por la señora Ministra de Educación, quien, en última instancia -lo quiero defender y reconocer-, persigue que no se empleen mal los recursos públicos. Todos deseamos que se usen bien.

Nadie está planteando el término de esos establecimientos ni cuestionando a los fonoaudiólogos de Chile. El objetivo es evitar situaciones en que se ejerza presión indebida, dada una necesidad, por parte de los sostenedores.

Por eso, me gustaría, señor Presidente, solicitar una segunda discusión.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Señor Presidente, señores Senadores, quiero informar de la discusión habida en la Comisión de Educación sobre la materia.

Hago presente que ese debate se produjo en la Sala hace algunos días y se replicó largamente en dicho órgano técnico. Los argumentos que se han señalado aquí son, más o menos, los mismos que ya se esgrimieron en aquella oportunidad.

¿Cuál es el punto? ¿Por qué algunos votamos que sí, a pesar de reconocer, con pleno derecho, las razones de quienes fueron minoría?

Tales razones tienen que ser respetadas por quienes escuchan, pues aquí nadie hace imputaciones privilegiadas respecto de algunas materias o sobre la ética de los profesionales.

Quien habla ha sido permanente defensor de la idea -esto está relacionado con el fondo de la discusión- de que los colegios profesionales deben ser los que custodien la ética de sus respectivos asociados. Pero no ha habido acuerdo sobre el asunto. Y lo lamento.

El consenso alcanzado en la última reforma constitucional es absolutamente superficial e inadecuado. Y lo señalo porque estuvo presente en el fondo de este debate.

Existen buenos profesionales, comprometidos con la ética; pero también los hay malos, que no cumplen con ella. Son éstos últimos los que motivan la preocupación de la Ministra y de muchos de nosotros.

Es una realidad concreta que, por ejemplo, escuelas municipales son cerradas por los alcaldes y, poco tiempo después, en el mismo sitio o 50 metros más allá, aparece otra privada con la misma especialidad.

Y eso es lo que estamos tratando de precaver.

--(Manifestaciones en tribunas).

Señor Presidente, la discusión pueden hacerla las señoras que nos escuchan. De hecho -perdónenme que se los recuerde, con el mayor cariño-, las hemos recibido en la Comisión en varias oportunidades.

En segundo lugar, honestamente, no me parece adecuado que la persona que entregue la anuencia para que un alumno ingrese a un colegio especial sea la misma que después lo deba atender durante un largo tiempo, dado que cada vez se han ido alargando más los procesos.

--(Manifestaciones en tribunas).

Repito: no me parece adecuado.

¿Y sabe por qué, señor Presidente ? Porque, en política y en las acciones profesionales, importa, no sólo cómo son las cosas o cómo actuamos, sino también cómo parecen.

Voy a ser bastante claro y no me importa que se me moleste.

Las subvenciones en este ámbito han aumentado en casi 250 por ciento en cinco años. Coincidentemente, ha habido un enorme incremento de personas que están levantando nuevas escuelas, con la participación de este tipo de profesionales.

Por lo tanto, éste es un tema difícil, que los afectados deberían ver con mucha tranquilidad.

Creo que es correcto y adecuado lo que estamos haciendo.

--(Manifestaciones en tribunas).

Señor Presidente, a veces los Senadores tenemos que mostrar cuáles son nuestras vetas internas y emociones en estas materias.

Me duele mucho que se critique lo que estamos planteando, pues aquí soy uno de los que piensan que debería haber muchos más fonoaudiólogos. De hecho...

--(Manifestaciones en tribunas).

...tengo parientes -niños- que son beneficiarios de lo que hacen estos profesionales. Y como médico, también entiendo la labor que realizan, y ellos saben de nuestro punto de vista.

Por lo tanto, estoy absolutamente convencido de que tenemos la razón. Pero ése no es el punto. No se trata de vencer -como dijo Unamuno-, sino de convencer.

Si no hemos persuadido a los señores Senadores de que tenemos la razón, muy bien, como Presidente de la Comisión -he consultado con algunos de sus miembros-, agradezco la propuesta del Senador señor Letelier y damos nuestra anuencia para que llevemos esta materia a una segunda o tercera discusión.

He dicho.

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Solicitud de Su Excelencia la Presidenta de la República, en orden a obtener el acuerdo del Senado para designar como Contralor General de la República al señor Ramiro Mendoza Zúñiga.

--Los antecedentes sobre el oficio (S 950-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Se da cuenta en sesión 6ª, en 3 de abril de 2007.

Informe de Comisión:

Constitución, sesión 8ª, en 4 de abril de 2007.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario General.

El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento analizó los antecedentes relativos a esta solicitud, tomando conocimiento, asimismo, de las opiniones y planteamientos del señor Ramiro Mendoza acerca de las funciones y desafíos de la Contraloría General de la República.

La unanimidad de los miembros de la Comisión, Senadores señora Alvear y señores Espina, Gómez, Larraín y Muñoz Aburto, concordó que en la designación efectuada por Su Excelencia la Presidenta de la República se ha dado cumplimiento a los requisitos y las formalidades previstos en el ordenamiento jurídico, dejando constancia de su común voluntad en orden a la necesidad de impulsar un nuevo y profundo proceso de modernización y renovación de la Contraloría General de la República.

Cabe tener presente que el Senado requiere, para otorgar el acuerdo solicitado, el voto conforme de los tres quintos de sus miembros en ejercicio, esto es, 23 señores Senadores.

Finalmente, corresponde señalar que el Ejecutivo hizo presente la urgencia para el pronunciamiento del Senado, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.

El señor GÓMEZ.-

Señor Presidente, la Comisión recibió al señor Ramiro Mendoza en una sesión a la que asistieron todos sus miembros y, también, los Honorables señores Bianchi, Kuschel y Ominami. Fue una reunión abierta donde los Senadores que deseaban podían concurrir a hacer las consultas que estimaran convenientes.

El señor Mendoza se refirió al contexto en que surgió la Contraloría General de la República en nuestra vida institucional; a las diferentes fases que ha atravesado en sus ochenta años de existencia, y a los aspectos en que debe avanzarse para insertarla adecuadamente en el siglo XXI, en el contexto de la modernización del Estado y de sus órganos.

En esa perspectiva, destacó los aspectos que se reseñan a continuación.

En primer lugar, mencionó el necesario resguardo de su autonomía constitucional, que no la entiende en términos absolutos, sino que se traduce, en el marco de la institucionalidad estatal de la que forma parte, en la independencia en el ejercicio de sus atribuciones.

Luego aludió a la debida transparencia en el ejercicio de sus funciones. Sobre este particular, afirmó que en general la ciudadanía desconoce los procedimientos que ella utiliza, lo que no se condice con la necesaria certeza y bilateralidad que los ciudadanos deben percibir en su actuar.

Enseguida, planteó la conveniencia de que ese órgano de control lleve adelante el programa de auditorías que le corresponde efectuar sobre la base de un criterio de focalización sistemática o programada, sin el propósito de entrabar el cumplimiento de la función administrativa, sino de prevenir y controlar.

A continuación, se hizo cargo del papel que debe cumplir la Contraloría en el proceso de externalización de los servicios que corresponde proveer al Estado, pero que éste ha confiado a los particulares. En este punto, resaltó que los fondos públicos que se entregan a los privados deben ser objeto de control oportuno, inspirado en el principio de tutela administrativa efectiva y de colaboración con la Administración.

Aludió, asimismo, al adecuado ejercicio de la potestad dictaminante, en el que debe observarse la debida coherencia, de modo de proporcionar certeza tanto a la Administración cuanto a los ciudadanos.

Finalmente, se refirió al respeto y al reconocimiento que corresponden al desempeño de los funcionarios tanto de la Contraloría General de la República como del resto de la Administración. Recordó que la Constitución Política asegura a éstos la carrera funcionaria, la que no se reduce al ascenso progresivo de un cargo a otro, sino que implica, en su concepto, el reconocimiento de la posibilidad de especialización profesional, superar el halo de secreto que envuelve a los sumarios administrativos, el otorgamiento de estímulos o premios y otros elementos que coadyuven al mejor desempeño de sus cargos y, en definitiva, en el caso de la Contraloría, a una fiscalización de mejor calidad.

El señor Mendoza concluyó su intervención indicando que todo lo anterior se orienta a resguardar debidamente el Estado de Derecho, a prevenir la irrupción de actos de corrupción de manera masiva, a facilitar la obtención del bien común y a acercar al ciudadano a la Contraloría General de la República.

La Comisión, que se reunió esta mañana, unánimemente acordó presentar el siguiente texto a la Sala, en términos de entregar un contenido mediante el cual pudiera finalmente aprobarse el nombre del señor Ramiro Mendoza como Contralor:

"La ley Nº 10.336, de 1952, Ley Orgánica de la Contraloría, ha sido objeto en los últimos años de diversas modificaciones que han incrementado su presupuesto, han mejorado los grados y remuneraciones de su personal e introducido asignaciones de responsabilidad y control y, en especial, debe mencionarse la ley Nº 19.817, del 2002, que redujo el plazo de toma razón o permitió posponerlo, y reforzó las facultades de la Contraloría.

"Esta Comisión estima oportuno dejar constancia de la común voluntad de los Senadores que la integran en orden a la necesidad de impulsar un nuevo y profundo proceso de modernización y renovación de la Contraloría General de la República, para que ésta pueda cumplir cabalmente las funciones que la Constitución Política le entrega.

"Dicho proceso debe orientarse a lograr un control más eficiente e integral de los actos de la Administración, para evitar desviaciones de poder, actos penados por la ley o faltas administrativas y asegurar un correcto desempeño de los funcionarios públicos.

"Para alcanzar tales objetivos, esta Comisión estima necesario modificar la actual Ley Orgánica de la Contraloría General de la República e insta al Gobierno a impulsar esta iniciativa y espera que el nuevo Contralor lo asuma como una prioridad.

"El proceso de modernización no sólo debe abocarse a los temas de organización interna de la Contraloría, entre ellos el establecimiento de una carrera funcionaria para sus miembros, sino también estudiar los diversos órganos de control que en estos años se han creado o están en actual discusión, para asegurar que en el país exista un coherente sistema de control que tenga como eje a la Contraloría General de la República.

"Entre los temas que requerirán especial atención, esta Comisión hace presente los siguientes:

"1.- Naturaleza y alcance de las facultades de control, en especial de la función de inspección y auditoría.

"2.- Ampliación de facultades normativas y jurisdiccionales, mientras no se creen los Tribunales Contencioso Administrativos.

"3.- Control contable.

"4.- Fortalecimiento de la potestad sancionatoria.

"5.- Nueva planta institucional.

"6.- Transparencia en el ejercicio de sus funciones.

"7.- Carácter nacional y regional en el desempeño de su labor.

"El proceso modernizador antes mencionado deberá tomar en consideración las experiencias de países que en esta materia han dado pasos significativos en la dirección indicada.

"La Contraloría debe contribuir a que la Administración Pública pueda cumplir con los principios que establece su Ley de Bases, como son los de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión del proceso administrativo, impugnabilidad de los actos administrativos, transparencia, publicidad y acceso a la información pública.".

Por último, señor Presidente, la Comisión revisó los antecedentes relativos a este asunto y constató que el procedimiento seguido en este caso se ha ajustado a las prescripciones constitucionales sobre designación del Contralor General de la República, como también, que se han cumplido los requisitos exigidos por el artículo 98 de la Carta Fundamental.

Eso es todo.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, el mecanismo para designar al Contralor General de la República se encuentra establecido en la Constitución Política y otorga al Ejecutivo la facultad para proponer al Senado el nombre de quien, a su juicio, reúne las características apropiadas para ejercer dicho cargo. Y es la Cámara Alta la que, por los tres quintos de sus miembros, aprueba o rechaza la propuesta.

En ese marco, los Senadores de la Alianza planteamos, desde el inicio del proceso, la necesidad de encontrar a una persona que reuniera las características de ser independiente, tener capacidad e idoneidad profesional y pertenecer, en lo posible, a la entidad contralora. Transcurrieron más de 270 días -es decir, más de nueve meses- sin que pudiésemos concordar un nombre, debido a que nos fue imposible conciliar un acuerdo y a la reiterada negativa de mirar hacia el interior de la propia Contraloría para tal fin.

Ante esa situación, y habiendo existido de por medio un cambio de Gabinete, recibimos una propuesta por parte del nuevo Ministro Secretario General de la Presidencia, el ex Senador señor Viera-Gallo, quien nos planteó que para el Ejecutivo era imprescindible resolver el tema a la brevedad y que la persona escogida debería provenir desde fuera de la Contraloría, por una serie de consideraciones que probablemente él mismo podría explicar.

En ese contexto, y teniendo presente el prolongado plazo transcurrido -a veces, la opinión pública no comprendía la situación- sin que se designara a un Contralor, concordamos con el Ministro señor Viera-Gallo en la idea de que don Ramiro Mendoza fuese quien liderara un plan de modernización para el organismo y así, entonces, establecer los parámetros para tener una Contraloría del siglo XXI.

Ésa es la verdad de lo ocurrido en estos últimos nueve meses.

Señor Presidente, siento que, en el entretanto, personas ajenas a una situación de esta naturaleza pudieron verse afectadas por la indefinición en el nombramiento. Me refiero a la señora Subcontralora, quien tuvo que ejercer, durante un período muy dilatado, el cargo de Contralora subrogante. Digo esto porque hacia ella sólo tenemos expresiones de respeto y reconocimiento, por la independencia y ecuanimidad con que ha desempeñado esa función.

Deseo manifestar al Senado que en el futuro será importante que reflexionemos acerca del mecanismo para designar al Contralor General de la República, porque no cabe la menor duda de que no es el fiscalizado el que debe proponer al fiscalizador. Y, desde esa perspectiva, me parece razonable que esta Corporación, más adelante y en forma oportuna, sugiera al Poder Ejecutivo una modificación, para contar con un mecanismo que nos permita designar a una persona con los atributos y las capacidades que -estoy cierto- en este caso reúne don Ramiro Mendoza.

No quiero extender mi intervención, sino sólo manifestar que la sala de Senadores de Renovación Nacional votará afirmativamente. Y, en lo personal, también me pronuncio a favor del nombre propuesto por el Gobierno.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, hace más de ocho meses que se encuentra vacante el cargo de Contralor General de la República. Y, por supuesto, a la ciudadanía le ha llamado mucho la atención que el Ejecutivo y el Senado no se hayan puesto de acuerdo para un nombramiento tan importante como ése.

Es evidente que nunca vamos a encontrar a alguien que satisfaga las aspiraciones de los Senadores de todos los sectores; pero, por lo menos, debemos buscar el acuerdo para designar al titular de dicho cargo.

Yo soy un hombre siempre positivo. Por eso voté a favor cuando el Gobierno propuso a don Pablo José Ruiz-Tagle Vial. Él reunía todos los requisitos -y, paradójicamente fue compañero de universidad de don Ramiro Mendoza -; sin embargo, su nombramiento no fue aceptado.

No sé por qué se pretende que el elegido sea de uno u otro lado. A mí me interesa que la persona que podamos designar hoy día dé garantías al país, por sobre todas las cosas. Si se hubiese tratado de alguien proveniente de la propia Contraloría, como la señora Noemí Rojas, don Patricio Pérez o tantos otros que cumplían los requisitos, yo también habría votado de modo afirmativo.

Soy un parlamentario de la Concertación y me interesa que todos los actos de mi Gobierno sean claros, transparentes y ojalá estén sujetos a diversos tipos de revisión. Por eso, no busco un Contralor que sea favorable a la actual Administración y que proteja sus acciones, pues éstas -repito- deben ser claras y transparentes. Y para eso está el Contralor, para que aplique mano justa y ecuánime, velando por los intereses del país y, por sobre todo, haciendo cumplir el Estado de Derecho y las leyes.

Por eso es que hoy, cuando nos enfrentamos, ya por segunda vez, a una propuesta de la Presidenta de la República, me voy a pronunciar favorablemente, confiando en los antecedentes de don Ramiro Mendoza Zúñiga; confiando en las informaciones que nos entregó el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, muy favorables a la exposición que aquél hizo, y confiando en que el candidato ejercerá el cargo con transparencia y ecuanimidad.

Nosotros nos sentíamos muy molestos toda vez que algunos sectores hablaban de los fallos de la Contraloría cuando ni siquiera estaban firmados; cuando quienes pedían la información no contaban con ella, a diferencia de otros, que obtenían todo. ¿Había concomitancia?

Por cierto, no queremos eso. Queremos una Contraloría imparcial y ecuánime, por el bien del país.

Por lo anterior, señor Presidente, voto favorablemente.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-

Señor Presidente, estamos ante una decisión que no es menor.

Hemos sido requeridos constitucionalmente por la señora Presidenta de la República, quien nos ha planteado un nombre para que cada uno de nosotros se pronuncie a su respecto, en ejercicio de la atribución que la Carta nos confiere. Y en ese sentido, y no en otro, señor Presidente, voy a entregar mi parecer acerca de una decisión que, más allá de la que cada uno pueda expresar, significa, sin duda, un paso hacia la institución que deseamos y que Chile se ha ido dando con el tiempo.

Mi posición sería distinta si nos encontráramos frente a una institución en crisis; frente a una Contraloría General de la República que no estuviese cumpliendo con el cometido que la Constitución y las leyes le asignan; frente a un organismo que fuera necesario renovar desde sus cimientos o modificar sustancialmente a fin de ponerlo en condiciones de satisfacer los requerimientos actuales del país.

No es así.

Estamos ante una institución que desde su origen se ha distinguido por el cumplimiento de sus funciones. Y quienes han estado ejerciéndolas lo han hecho -más allá de las críticas razonables que a veces pueda haber habido- con apego a la Constitución y a las leyes.

Hoy, señor Presidente, no encuentro razón alguna para efectuar un cambio mayor y nombrar a alguien de afuera, por muchos que sean los méritos que posea. Creo que no es el camino.

Por lo demás, no puedo sino ser consecuente.

Hace seis o siete meses se nos propuso un candidato que también reunía todos los requisitos necesarios (personales, profesionales, académicos) para optar al cargo de Contralor o a cualquier otro dentro de la Administración Pública. Y tuve el mismo criterio que hoy. No veo por qué ahora deba alterar mi pronunciamiento anterior, que emití en conciencia, pensando en lo mejor para la Contraloría y el país.

Por los antecedentes que pude requerir y leer, don Ramiro Mendoza Zúñiga posee, sin duda, grandes méritos como profesional, como abogado.

Pero ése no es el problema.

Hoy yo no podría inclinarme por él sin infligir un agravio a don Pablo Ruiz-Tagle, que fue la persona respecto de la cual hubo que definir qué era lo mejor.

Sin embargo, el problema es aún mucho más de fondo. Creo que con esta decisión no vamos a fortalecer la institucionalidad de la Contraloría ni los organismos públicos que Chile necesita.

Las instituciones trascienden a las personas. Las personas contribuyen, con su ejercicio leal, abnegado, a fortalecerlas, pero las instituciones las trascienden. Y aquí, señor Presidente, no estamos fortaleciendo realmente a una institución que de suyo merece nuestro respeto y que ha sido reconocida, no sólo en nuestro país, sino también en el extranjero.

Se estima que hay que buscar acuerdos políticos, cuando el verdadero acuerdo político que deberíamos encontrar es definirnos ante la institucionalidad y no ver cómo se suma tal o cual voto.

Creo que la forma de fortalecer a la Contraloría para permitirle responder a los requerimientos actuales era haber escogido a alguien de sus propias filas. La profesional que hoy ejerce como Contralora subrogante reunía todos los requisitos y tenía todas las capacidades para desempeñar el cargo. Y además de ella había otros destacados funcionarios de excelente nivel que también podrían haber sido considerados.

Lamentablemente, se eligió otro camino, que quizás podrá resolver hoy una coyuntura política; pero que no es la vía para construir una República con cimientos sólidos, que nos encaucen con paso seguro hacia el porvenir.

Me parece que cuando uno se aparta de decisiones de esa envergadura comienza a andar por un camino frágil; por el camino del acomodo; por el camino, en definitiva, de buscar soluciones menores y no soluciones acordes con los desafíos.

Espero y confío, señor Presidente, que las resoluciones que tomemos en el Senado se basen en los grandes intereses del país y no en nuestros pequeños o legítimos intereses, por muy importantes que sean.

Por eso, y por ninguna otra consideración, voto en contra

La señora ALVEAR.-

Señor Presidente, pienso que esta ocasión, en la cual estamos pronunciándonos sobre la propuesta que la señora Presidenta de la República nos hace para el nombramiento del Contralor, es el momento adecuado para mirar a esta institución: la Contraloría General de la República, en aras de su modificación, precisamente para adaptar dicho organismo, que cumple tan importante función, a los requerimientos indispensables para llevar adelante la modernización que Chile necesita.

Por ende, considero muy relevante la sesión que celebramos esta mañana en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en la que, además de escuchar a quien se nos propone como candidato a Contralor, al señor Ramiro Mendoza Zúñiga, Senadores de todos los partidos políticos representados en el Congreso tuvimos la oportunidad de compartir e intercambiar opiniones acerca de las necesidades de la nueva Contraloría.

Pues bien, el pronunciamiento que hoy debemos emitir gira en torno de la persona que pueda encabezar un proceso de modernización. Y, en ese contexto, señor Presidente, en lo personal no tenía ninguna dificultad para inclinarme por quien ha ocupado, hasta el momento, el cargo de Contralora subrogante, o por otra persona de ese organismo o por alguien externo a él.

Lo importante para encabezar procesos de modernización es precisamente encontrar las personas idóneas para llevar adelante esa responsabilidad.

Creo que el consenso alcanzado en torno a los puntos que debe abordar una nueva Contraloría, que recoge este informe, dan cuenta de las coincidencias que existen en cuanto a avanzar en esa dirección.

A mi juicio, y justamente mirando a la Contraloría del siglo XXI, necesitamos concentrar a ese organismo en el control contable y las auditorías.

Tal como lo expresamos esta mañana en la Comisión, es indispensable crear en nuestro país los tribunales contencioso administrativos, independientes del Gobierno, que asuman las funciones jurídicas de aquélla y controlen ex post, a requerimiento de un interesado.

Por su parte, se requiere fortalecer las unidades de control interno de los servicios públicos, que podrían tener funciones de control ex ante, por la vía de hacerlas obligatorias y autónomas del respectivo jefe de servicio.

Señor Presidente, precisamente durante su Gobierno se dio un paso en esa materia cuando se generó el control de auditoría interno, que es de gran utilidad para evitar errores que perfectamente se pueden subsanar antes de que éstos se cometan.

En mi opinión -esta mañana lo planteamos y quiero insistir sobre el particular-, se hace necesaria la creación de un instituto que evalúe la calidad de las políticas públicas. Vale decir, la Contraloría vela por que los recursos públicos sean ocupados en los fines para los cuales fueron destinados. Sin embargo, cuando hablamos del Instituto de Políticas Públicas -que existe en todas las democracias modernas-, nos estamos refiriendo a un órgano capaz de evaluar si los objetivos propuestos en una determinada política pública se cumplieron.

En la mañana puse un ejemplo. Si hay un programa para mujeres jefas de hogar que busca sacarlas de la pobreza y evitar que se repita el círculo vicioso con sus niños, no basta sólo con examinar que los fondos fueron destinados a los programas planteados, sino que se precisa ver si éstos efectivamente cumplieron la finalidad de sacar a dichas mujeres de la situación de pobreza en que vivían. Ésa es una función completamente distinta e independiente a la de la Contraloría General de la República.

Se ha logrado -y así se aprobó por unanimidad- una propuesta que fue completamente compartida por el señor Ramiro Mendoza en su intervención de esta mañana.

Es preciso señalar que hoy conocí al señor Mendoza. No tenía antecedentes sobre él, salvo los que he leído en su currículum, que son muy positivos, y que me causaron una impresión favorable para que encabece la Contraloría.

Además, debo decir que confío en el nombre que la Presidenta de la República somete a la consideración del Senado para dirigir el órgano contralor.

Por los motivos expuestos, voto a favor

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, la Contraloría General de la República es ciertamente un órgano autónomo que desde larga data ha ejercido sus funciones y tiene la máxima importancia, sobre todo cuando hemos vivido situaciones de corrupción creciente.

Para el buen servicio de un órgano de esas características y sobre el cual recae esa tremenda responsabilidad, es fundamental reforzar el criterio de "servidor público" con las máximas motivaciones y con el mayor compromiso hacia la función que está cumpliendo.

La carrera funcionaria es, ciertamente, un factor clave para lo anterior. El que de alguna manera aquel que ha desarrollado toda su vida esa actividad tenga la posibilidad de llegar a las más altas designaciones dentro de la estructura de un órgano de esas características.

Éste, y no otro, fue el argumento fundamental para rechazar las propuestas formuladas por el Ejecutivo hasta ahora. Este argumento no cambia con la presentación de un nombre que sea más o menos atractivo para un sector u otro. Este argumento no cambia con la designación de un Ministro con mayor habilidad y destreza política, a quien, por cierto, le deseo el mayor de los éxitos por el bien del país. Es, precisamente, este argumento el que salva la dignidad y prestigio de quienes como candidatos externos puedan ser rechazados por el Senado: el de la carrera funcionaria.

No conozco a don Ramiro Mendoza. Sin embargo, por su aporte profesional en la defensa de temas de particular connotación pública, tengo la certeza de la excelencia de su accionar profesional y personal. Pero estos mismos antecedentes de compromiso con materias que podrían llegar al órgano contralor refuerzan mi idea del servidor público como la mejor opción para encabezar ese Servicio.

He tenido el privilegio de conocer a don Enrique Silva Cimma y a don Arturo Aylwin Azócar y me resisto a la idea de que en la planta de la Contraloría no existan funcionarios o funcionarias capaces de continuar con el aporte sustantivo efectuado por ellos al trabajo del órgano contralor.

Estamos conscientes de que la Contraloría requiere una modernización que le permita enfrentar los nuevos desafíos, pero, en ese esfuerzo, debiéramos esperar los informes de las comisiones de estudio, las propuestas de la propia Contraloría y las opiniones cruzadas que se generen, y sobre esa base concretar un proyecto que no sólo entre en temas orgánicos o de nuevas responsabilidades, sino que también asegure los recursos para cumplir las tareas que le asignemos.

Esa labor se puede llevar a cabo en paralelo con la operación normal del órgano contralor, bajo una autoridad que surja de sus filas y con la eficiencia que ha demostrado en sus últimos tiempos, para ir desentrañando, entre otras materias, por ejemplo, la red de corrupción que operó en mi Región con los planes de empleos de emergencia (PGE), para lo cual ha sido un factor fundamental dicho Servicio.

Me he enterado que se ha producido una suerte de acuerdo político en torno a la designación de don Ramiro Mendoza como futuro Contralor General de la República, por lo que esta intervención, al parecer, tendrá sólo un sentido testimonial. Pero he querido hacerlo, como un modesto homenaje de convicción y de consecuencia con el ejemplo que nos legara Jaime Guzmán al cumplirse un nuevo aniversario del cobarde atentado que le costó la vida por pararse de frente ante la amenaza terrorista. Por ello, no hay que tener temor de pararse de frente.

Voto en contra.

El señor ÁVILA.-

Señor Presidente, la propuesta concebida por el Ministro Viera-Gallo es el último eslabón de una larga cadena de desaciertos respecto de la Contraloría.

Primero fue el prolongado suspenso que se impuso al país y a los funcionarios en términos del nombramiento del sucesor del señor Sciolla. Un veto velado se cernió sobre la figura de la Subcontralora, señora Noemí Rojas.

Nunca nadie explicó las razones por las cuales se estaba impidiendo que se produjese la sucesión natural a que históricamente se hallaba acostumbrado ese organismo.

Sólo una vez se hizo algo distinto. Y fue en el régimen de Pinochet...

La señora MATTHEI.-

¡Dos veces!

El señor ÁVILA.-

...para luego producir una renuncia muy próxima al nombramiento, que cumplió los fines para los cuales éste se produjo.

La señora MATTHEI.-

¡Se le olvidó Jorge Reyes!

El señor ÁVILA.-

Señor Presidente, lamento profundamente que las indagaciones hechas sobre el señor Ramiro Mendoza hayan sido estrictamente formales y referidas a su currículum.

Quizás habría sido bueno consultar las razones por las cuales no continuó desempeñándose como académico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y si es efectivo o no que brindó asesoría al ex fiscal del Ejército Fernando Torres Silva, cualquiera haya sido su naturaleza y carácter.

Por otro lado, no sé si se evaluó en forma suficiente el hecho de que para servir el cargo de Contralor General de la República no sólo se necesita exhibir un título académico en la especialidad del Derecho Administrativo. Fundamentalmente se requiere una rica experiencia en el servicio público.

A este respecto, el señor Ramiro Mendoza hace algunos años participó en un congreso organizado por la Universidad Austral de Buenos Aires, controlada por el Opus Dei. Allí él sostuvo la tesis de que servicio público es un concepto que ha caído en la "obsolescencia".

El señor Mendoza tiene una visión que contrasta en lo más profundo con toda la rica experiencia acumulada en ese organismo. No sé si la experticia de defender intereses privados referidos a poderosos conglomerados del país sirva para hacerla explícita en la Contraloría General de la República y engarzar con ella en la tradición fiscalizadora, larga y señera, de esa institución.

Señor Presidente, algunos -y lo respeto- privilegian la disciplina que ha de reinar en un conglomerado político que constituye el sustento de determinado Gobierno. Es enteramente legítimo.

Pero reivindico esta tarde el hecho de votar en conciencia en forma negativa, por estimar que se ha inferido un grave daño a un organismo al que todos los chilenos debemos respetar sin consideraciones de ninguna índole. Se ha debilitado en este último tiempo la autonomía e independencia de las que debe gozar la Contraloría, que son los pilares básicos en que descansa una institución encargada de velar por la probidad en el país.

Ha quedado de manifiesto para toda la comunidad nacional que en dicho órgano ambos conceptos fundamentales no se manifiestan en la realidad.

La designación del Contralor ha sido objeto de toda clase de negociaciones. El que el Ministro Viera-Gallo se arrojara en los brazos de la Derecha para conseguir su apoyo no significa que haya negociado bien. Eso es simplemente una entrega sin condiciones.

Con posterioridad, se logró el respaldo de la Concertación. Pero éste,...

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Se acabó su tiempo, señor Senador.

El señor ÁVILA.-

...que se va a expresar en los votos esta tarde, más adelante, estoy seguro, cobrará un alto precio.

No es primera vez que muy escasos representantes ciudadanos en este Hemiciclo dan cuenta de una opinión contraria a lo que la mayoría de la coalición decide. Sin embargo, exijo respeto para una expresión de tal naturaleza, porque está en el bien de Chile, y en cuanto a éste, no nos podemos perder cuando convicciones profundas se hallan detrás de la decisión que adoptamos.

Voto que no.

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente, voy a fundamentar mi voto desde una perspectiva algo más técnica.

La realidad que enfrenta nuestro país en cuanto a su desarrollo institucional y burocrático es totalmente distinta a la existente en la década de los 40, época en que la Contraloría comenzó su funcionamiento regular.

La Administración del Estado ha experimentado un vertiginoso cambio de las circunstancias, que ha colocado a dicha institución como un organismo incapaz de hacer frente a una Administración Pública altamente compleja, diversa, y en continuo cambio y crecimiento.

Eso explica por qué hoy día la mayoría de los actos administrativos escapan al control de legalidad, efectuado a través del trámite de toma de razón, puesto que claramente en la actualidad la Contraloría no ha sido capaz de hacer un análisis jurídico acabado y completo de la enorme cantidad de normativas que surgen de cada uno de los entes administrativos. Ello motiva que el mayor cuerpo de normas existentes en el país escape de un efectivo control de legalidad y constitucionalidad, quedando en el papel el principio de supremacía constitucional, garantía fundamental del respeto de los derechos humanos y del apego a la ley por parte de la autoridad en nuestra democracia.

Esa misma incapacidad se nos ha manifestado con más evidencia aún respecto a la otra función contralora encargada por la Constitución a la Contraloría General de la República.

Señor Presidente, es hora de darnos cuenta de que el control del ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos públicos existentes, así como el examen y juzgamiento de las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de dichas entidades, requieren la creación de un nuevo organismo auditor nacional, de carácter autónomo, de rango constitucional y con las debidas facultades que le permitan efectuar un eficiente, permanente y minucioso control de los recursos que se manejan en la Administración.

Otra reforma institucional requerida dice relación con la función encargada a la Contraloría de llevar la contabilidad de la nación.

Chile es uno de los pocos países donde se reúnen en un mismo organismo facultades de contaduría y de auditoría.

Esa incongruencia debe ser despejada, pues atenta claramente contra el regular ejercicio de tales funciones, que se contraponen entre sí. No es posible ser responsable de la contabilidad de la nación y, al mismo tiempo, ser auditor externo del Gobierno y de los municipios.

Por último, señor Presidente, destaco la importancia que reviste, dentro de dicho proceso de modernización, el mejoramiento de las contralorías regionales.

Es necesario que el Contralor que hoy estamos designando tenga una especial preocupación por seguir de cerca el funcionamiento de sus representaciones regionales. No hay factibilidad de proceso modernizador sin el fortalecimiento de nuestra institucionalidad regional y, junto con ello, de la institucionalidad que vele por el correcto funcionamiento de los poderes locales.

Voto a favor.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, sin duda, la dilación habida en el nombramiento del nuevo Contralor resulta dañina para el adecuado funcionamiento de la Contraloría General de la República.

Debo valorar la actuación que ha tenido hasta ahora la señora Noemí Rojas, quien, en mi concepto, ha realizado un notable trabajo de contención frente a una situación ambigua en el ámbito nacional.

Además, desde mi perspectiva, habría sido mucho mejor el nombramiento de un funcionario interno que conociera en profundidad todos los procesos, la gestión y las necesidades de modernización de dicho organismo.

En tal sentido, coincido con lo expresado por el ex Contralor, ex Senador y académico de Derecho Administrativo don Enrique Silva Cimma, quien ha señalado en todos los tonos la conveniencia de usar tal criterio.

Por otra parte, en una reciente intervención se expresó en esta Sala que se pudo apreciar un veto tácito respecto de la señora Noemí Rojas.

Opino que ese juicio es equivocado, porque el veto no fue tácito, sino explícito. O sea, a todas luces se nos indicó que no había disposición ni ánimo político para nombrar a la señora Rojas. ¡Sepa Dios por qué razón! ¡Nunca pudimos enterarnos!

La cuestión es que dicho veto jamás fue tácito ni velado como se expresó, sino explícito, claro, preciso, y pudo ser comprobado y verificado por toda la ciudadanía en las distintas ocasiones en que el punto estuvo en el ámbito de la discusión.

Ahora bien, me parece que lo más relevante del nombramiento que nos ocupa no tiene que ver con la persona sino con el peso del candidato desde la perspectiva de su formación y trayectoria.

No obstante, para mí, lo más significativo es la misión que debe cumplir el nuevo Contralor.

La Contraloría General de la República requiere un proceso de modernización ineludible. Precisa un proyecto de modernización que perfeccione la institución, que adecue tanto la institucionalidad -es decir, la forma de actuar al interior de la Administración Pública- como, por cierto, la gestión de procesos dentro de ella para darle agilidad y oportunidad. Porque, hasta ahora, lo que ha caracterizado a su funcionamiento es precisamente lo contrario, sin perjuicio de que ha actuado con un criterio técnico e independencia.

Al respecto, estimo que el eje central, lo más importante, es que en Chile se debe abrir el debate acerca de la necesidad de implementar un sistema nacional de control y fiscalización.

No es posible que la Contraloría carezca de la mínima tuición sobre los órganos contralores de otros entes de la Administración del Estado.

No es posible que las empresas públicas miren con desdén y -yo diría- con desprecio a la Contraloría. No le entregan la información indispensable. De hecho, tampoco la envían al Parlamento.

La necesidad de primacía en los criterios de control y fiscalización en el país es evidente, toda vez que en el ámbito municipal no hay una coordinación entre la Contraloría y los órganos contralores internos de la administración comunal.

Se precisa un enfoque sistémico, integrado, coordinado, donde la autoridad contralora y fiscalizadora del país tenga primacía efectiva, no como ocurre hoy, cuando queda en desmedro y en que muchas veces sus criterios no son considerados ni siquiera al momento de aplicar las sanciones.

Con todo, señor Presidente, votaré a favor.

Me habría gustado -reitero- la designación de una persona del ámbito interno de la Contraloría.

Me habría encantado que la continuidad hubiese tenido lugar sin los traumas que generó el veto explícito del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

Votaré a favor de la proposición porque estimo que se ha hecho un buen trabajo.

Valoro la actitud del Ministro José Antonio Viera-Gallo, quien se abre a la conversación, al diálogo, al entendimiento, a la búsqueda de acuerdos, pues eso es la esencia de la democracia.

En consecuencia, para cautelar la autonomía de la Contraloría, voto afirmativamente la propuesta de la Presidenta de la República.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, además de las obligaciones legislativas del Senado, que constituyen la razón básica de su labor y ocupan 90 por ciento de su tiempo, existen en la Constitución Política un conjunto de facultades, quizás más relevantes que las anteriores, relacionadas con su concurrencia al nombramiento de autoridades de otros Poderes del Estado.

Nuestro Estado de Derecho se ha construido con dichos contrapesos, conforme a los cuales los organismos son mutuamente fiscalizados y revisados por otros y hay una especial fe en que la Cámara Alta puede dar una opinión valiosa en cuanto a los nombres que el Primer Mandatario propone para determinados cargos.

Y ésa debe ser la obligación más personalísima de un Senador, pues lo que aquí cabe es la reflexión individual acerca de la naturaleza de un nombramiento y de los efectos que eso tiene para una correcta distribución del poder en el país.

Digo aquello, señor Presidente, porque siempre he intentado analizar esa toma de decisiones bajo dos prismas fundamentales: primero, la calidad del candidato propuesto, y segundo, una reflexión sobre los efectos de ello en la institución que va a ser cogobernada por la persona que resulte del nombramiento formalizado por esta Corporación.

Respecto del primer punto, me parece que el señor Ramiro Mendoza reúne los requisitos de calidad y las condiciones técnicas para desempeñar el cargo de Contralor General de la República.

Contrariamente a lo dicho por un señor Parlamentario, me parece que la Comisión de Constitución realizó un debate adecuado en tal lógica. Y, al no haber mostrado otros Senadores interés particular por efectuar un cuestionamiento en la instancia pertinente, no creo que éste sea el momento apropiado para hacerlo.

En consecuencia, considero que el señor Mendoza, por sus conocimientos, por su historia, es una persona que cumple bien los requisitos para el cargo en cuestión.

Sin embargo, yo hablé de un segundo elemento que resulta indispensable analizar, por lo menos desde mi punto de vista: los efectos que la designación tiene en la institución que será gobernada por el candidato propuesto.

En esa lógica, me parece fundamental ponderar cuál ha sido el esfuerzo real por buscar el mejor candidato, venga de donde venga, particularmente en el caso de la Contraloría.

Desde mi perspectiva, el Gobierno no ha estado a la altura para buscar a la persona con los mejores méritos, independiente del hecho de que forme o no parte del Organismo Contralor. Me cuesta aceptar que haya existido un veto explícito contra una funcionaria de esa repartición, como la señora Noemí Rojas (lo mismo vale para cualesquiera otros empleados).

Para nosotros era clara la lógica del Gobierno de aceptar a alguien que no perteneciera a esa institución.

Yo no tengo prejuicios en cuanto a que en determinado momento una persona ajena a la Contraloría, conforme a las normas constitucionales, la dirija. Pero sí me merece objeción el que, por eventuales repercusiones u odiosidades políticas o de naturaleza análoga, se impida a un funcionario perteneciente a ella acceder al máximo cargo.

Me resulta evidente que aquí ha ocurrido precisamente lo que no debe suceder al momento de proveer un empleo: no buscar con amplitud de criterio al mejor candidato, independiente del cargo que haya desempeñado. Y, en particular, nunca debería haber sido obstáculo el haber pertenecido a la institución, donde -estoy seguro- existen varios funcionarios idóneos para desempeñarse como Contralor y, más aún, llevar a cabo el proceso de modernización.

Por eso, señor Presidente, luego de un profundo análisis en conciencia, personalísimo, y respetando a quienes han tenido un acercamiento diferente al tema, estimo que, reuniendo el candidato señor Mendoza los requisitos exigidos, claramente, por la forma de proponerse el nombramiento y de plantearse el debate y por las odiosidades que se han suscitado al interior de la Contraloría, aquí se puede provocar un daño considerable a la institucionalidad de este organismo.

En consecuencia, voto en contra, pero no por la persona, sino debido al procedimiento empleado.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, con relación a las opiniones que se han entregado mediante la fundamentación del voto, quiero, en primer término, valorar el que no se haya producido el clima de fuertes recriminaciones que, lamentablemente, hubo en los debates anteriores, sobre todo cuando el Ejecutivo propuso otros nombres, que por desgracia fueron descalificados con afirmaciones temerarias o francamente destempladas.

Creo que ése es un primer mérito que ha conseguido la propuesta del Gobierno: crear un clima constructivo que posibilite tratar el tema en su mérito.

En ese aspecto, deseo establecer mi opinión en cuanto a que lo más perjudicial para la Contraloría General de la República es mantenerla acéfala; es decir, que se prolongue la subrogación sin que el sistema político sea capaz de encontrar una solución.

Fue el propio sistema político el que generó el mecanismo que obliga a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a llegar a acuerdo. La propuesta la formula el Gobierno y tiene que ser aprobada con quórum especial por el Senado. Y, como no hay ninguna fuerza política que por sí sola pueda reunir el quórum exigido, se generó durante nueve meses un impasse institucional, del que todos nos debemos hacer cargo.

Por otra parte, dejo consignado que no acepto la afirmación, implícita en algunas intervenciones, de que la Ministra Secretaria General de la Presidencia doña Paulina Veloso actuó con criterio sectario. Y ello, simplemente porque los nombres que propuso y que en esta misma Sala se votaron no lograron resolver el referido impasse institucional, del cual ella no era responsable.

A dicho impasse institucional se agregaba un clima de confrontación política a ultranza que imposibilitó cualquier intento de resolver antes la situación producida. Pero lo importante es que ahora nos hagamos cargo de la necesidad de solucionarla.

En tal sentido, creo que el sistema político, todas las fuerzas representadas aquí, que tienen una responsabilidad frente al país, envía un mensaje bastante simple: estamos tomando nota de que recibimos un fuerte castigo de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra nación por no resolver un problema que deberíamos haber solucionado hace nueve meses.

Yo me hago cargo de la crítica de las personas. Estamos acá para desplegar el talento y las condiciones políticas que nos permitan resolver los problemas institucionales que prometimos enfrentar cuando postulamos y fuimos elegidos. Y, en el caso que nos ocupa, la Constitución Política de la República nos obliga a reunir un quórum muy elevado: tres quintas partes de los Senadores en ejercicio.

Desde esa perspectiva, considero bastante fuera de la realidad señalar que el Ministro Secretario General de la Presidencia "se arrojó a los brazos de la Derecha".¡A sus años, no creo que esté en condiciones de algo semejante¿!

Lo que ocurre, señor Presidente, es que estamos ante una situación que obliga a un acuerdo entre Gobierno y Oposición. De lo contrario, no hay posibilidad de hallar solución al impasse institucional producido.

Y ojalá que, tras superarse -no por una, dos o tres semanas sino por uno, dos, doce o más meses- el ambiente de confrontaciones a ultranza, de descalificaciones destempladas y de rechazos a priori, podamos, no sólo aprobar ahora, con el quórum constitucional exigido, el nombramiento del nuevo Contralor, sino también hacernos cargo de otras resoluciones y crear un clima político constructivo.

Por tales razones, voto a favor.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, en primer término, quiero expresar mi reconocimiento a los encargados de llevar adelante las conversaciones en nombre de la Alianza: los Senadores señores Romero y Larraín. También, a los presidentes de los partidos de la Concertación, porque fueron capaces de generar un entendimiento. Y, por supuesto, al Ministro señor Viera-Gallo.

Siempre he sostenido que, si la democracia quiere llevar progreso a un país real, debe ser capaz de distinguir los temas de Estado del legítimo debate y de las políticas de gobierno. Y en los temas de Estado, como es el nombramiento del Contralor General de la República, creo firmemente en la democracia de los acuerdos. Cuando ella es bien aplicada, gana Gobierno y gana Oposición, porque los problemas se resuelven.

En esta oportunidad, espero que se reúna el quórum que permita aprobar el nombramiento de don Ramiro Mendoza como nuevo Contralor.

Hechos esos alcances, señor Presidente, quiero referirme a dos planteamientos que no considero correcto soslayar en este debate, porque los vengo escuchando en el Congreso desde 1990: primero, que es necesario dictar una ley que modernice la Contraloría General de la República, y segundo, que se requiere en forma prioritaria tener tribunales contencioso-administrativos. Para decirlo en castellano puro, tribunales que garanticen a los ciudadanos que, frente a decisiones de las autoridades -Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas u otros-, serán objeto de un juicio justo y podrán defenderse. Ello, porque tales tribunales no existen y, por ese motivo, los servicios públicos son juez y parte.

Quiero recordar, señor Presidente, que han pasado 16 años de gobierno de la Concertación. Es cierto que en esa materia se han hecho esfuerzos menores. Pero también debo decir a los parlamentarios del conglomerado oficialista, sabiendo que están presentes en esta Sala Ministros de Estado -los del Interior, de Justicia y Secretario General de la Presidencia-, que la iniciativa para que esos proyectos prosperen es del Ejecutivo.

La Presidenta Bachelet señaló en su programa que la primera medida que iba a adoptar en materia de probidad sería enviar al Parlamento una iniciativa de ley para modernizar la Contraloría. Han pasado quince meses y, hasta el día de hoy, ella no existe.

De los tribunales contencioso-administrativos venimos escuchando hablar por décadas. Pero no se envían los respectivos proyectos a trámite legislativo.

Entonces -porque en política hay que asumir las responsabilidades-, si las iniciativas pertinentes no existen, ello es atribuible a los Gobiernos de la Concertación, que no han avanzado ni en el tema de los tribunales contencioso-administrativos, que es la legítima forma de defender el derecho de las personas frente a los órganos públicos, ni en la posibilidad de modernizar la Contraloría.

Respecto del caso de la señora Noemí Rojas, la realidad es que nuestra Constitución establece que deben generarse acuerdos para el nombramiento de personalidades en cargos de tanta importancia como éste. Y resulta que esos acuerdos requieren contar con los votos y las mayorías necesarias. Más allá de que todos reconocemos los méritos de la señora Rojas -por lo menos, ésa es la situación de la Alianza, y veo que también la de algunos Parlamentarios de la Concertación-, la Presidenta de la República no estaba en disposición de nombrarla.

Y, a cambio, se ha propuesto al señor Ramiro Mendoza, quien, a mi juicio, reúne tres requisitos fundamentales para cumplir bien el rol de Contralor.

En primer lugar, exhibe una amplia gama de conocimientos en materia de Derecho Administrativo, y su currículum -al revés de lo que han señalado algunos señores Senadores- lo demuestra con claridad.

En segundo término, sostiene la idea de modernizar la Contraloría, lo que ha demostrado en forma clara y precisa en la Comisión de Constitución.

Y quiero aprovechar la oportunidad, señor Presidente, para manifestarle que los Comités debieran tomar alguna medida respecto de lo siguiente. Nosotros hacemos audiencias públicas para que el candidato a Contralor efectúe una exposición. Sin embargo, a la sesión respectiva asistieron, aparte de los cinco miembros de la Comisión, dos Senadores más. Pero el resto opina sobre la persona. Con todo derecho, lo critican; algunos, lo descalifican, y otros, le atribuyen intenciones. Mas ninguno tiene la paciencia de expresarle sus juicios de frente.

Ello me parece muy poco leal en democracia. Porque si esas imputaciones se las hubiesen hecho al señor Mendoza en su presencia, éste habría tenido la oportunidad de contestarlas.

¿Qué ocurriría si a un distinguido señor Senador se le imputara, se le juzgara y se le condenara en algún tribunal, ante la opinión pública, sin jamás haberlo escuchado? ¡Por favor! ¡Qué escándalo se armaría!

Y resulta que aquí, cada vez que debemos nombrar a un Ministro de la Corte Suprema o a cualquier otra autoridad, como el Contralor, asisten uno o dos señores Senadores más a la sesión a que es invitado el postulante y el resto no lo hace. Y después, en la Sala, se formula todo tipo de críticas a su gestión, a que haya sido abogado de alguien o no, a si tomó tal o cual medida.

Desde el punto de vista ético, eso no me parece correcto, señor Presidente, y menos desde la perspectiva del buen cumplimiento de la función parlamentaria.

Quiero hacer presente que el señor Mendoza no sólo reúne, reitero, conocimiento administrativo y capacidad de modernización, sino también algo mucho más importante: independencia, respecto de las presiones de que puede ser objeto desde el Gobierno y la Oposición.

La intervención que hizo hoy día en la Comisión de Constitución -para los señores Senadores que no estuvieron presentes- fue notable. ¡Notable! Entregó un análisis completo de cómo modernizaría la Contraloría. Señaló con toda claridad cómo se deben resguardar los recursos públicos. Expresó cómo se debe velar por la legalidad de los actos de la Administración del Estado, que es un tema fundamental, porque también se puede terminar entrabando al aparato público. Un funcionario excesivamente celoso puede llegar a paralizar los servicios públicos, como ha ocurrido en muchas oportunidades. Y se refirió a todo lo que significa la utilización de los recursos públicos con fines electorales.

Aquí hay señores Senadores de la Concertación que con sus competidores internos de coalición se hicieron brutales acusaciones sobre la utilización de recursos públicos en favor de uno o de otro. Imaginen Sus Señorías cómo se planteaba el tema en cuanto a la Oposición. Y resulta que respecto de ello, que en muchas oportunidades constituye un acto de corrupción, nadie toma una decisión hasta el día de hoy. Y es algo que se puede repetir perfectamente en la próxima elección.

Me parece muy bien que haya un Contralor que declare que, tocante a este problema, y trátese de una elección de alcalde, de concejal, de parlamentario, etcétera, las platas del Estado no están al servicio de las campañas políticas, ni del actual ni del futuro Gobierno. Y si no se procedió así en Administraciones anteriores, estuvo mal hecho.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor Senador.

El señor ESPINA.-

Y si ello ocurrió en los Gobiernos actuales, también.

Me parece que el señor Ramiro Mendoza reúne todos los requisitos para ser un muy buen Contralor; que no es vox populi, vox Dei el que el candidato deba provenir sólo de la Contraloría.

Recuerdo el debate acerca de la designación de los integrantes de la Corte Suprema: ¡únicamente los miembros del Poder Judicial podían llegar al Más Alto Tribunal! Y resulta que en la actualidad cinco de ellos vienen de afuera, sin que nadie afirme que la Corte Suprema se ha desvirtuado o que no funciona bien. Además, muchos de los que llegaron han sido grandes aportes y han colaborado más que nadie en la dictación de leyes que previamente hemos visto en esta Sala.

En conclusión, señor Presidente, como ya lo ha dicho el Senador señor Romero, por quien nos sentimos interpretados ¿posición que también comparte el Honorable señor Larraín -, vamos a votar a favor del señor Ramiro Mendoza. Por lo menos, así lo haré yo. Me parece que exhibe una estupenda trayectoria, que su nombre ha sido muy bien escogido y que nos corresponde apoyarlo, para que realice una gestión que permita tener un organismo fiscalizador a la altura de lo que un país moderno necesita.

Voto que sí.

El señor GAZMURI.-

Señor Presidente, voy a votar a favor. Las razones ya se han dado.

Pienso que esta impasse se debe resolver. Confío en la decisión de la Primera Mandataria y de su flamante Ministro Secretario General de la Presidencia.

Solamente deseo comentar que quedo con la impresión, luego de este largo episodio, de que algo no está funcionando bien en el mecanismo, si se considera el quórum tan alto que se exige y el tipo de confrontación política que se ha dado aquí.

Desde luego, siempre se va a elegir una persona con condiciones, proba, con calidad para el cargo. Y, por lo que he escuchado, el señor Ramiro Mendoza parece reunir esos antecedentes y conformarse a tales criterios. Pero el señor Pablo Ruiz-Tagle también los reunía. Y el argumento que se dio aquí para no aceptarlo fue que "no era un hombre de la Contraloría". Y no consiguió los votos que necesitaba. O sea, nadie afirmó que el señor Ruiz-Tagle no era experto en Derecho Administrativo o que no registraba una larga carrera docente: la cuestión radicaba en que no venía del órgano contralor. Mas el señor Ramiro Mendoza se halla en la misma situación.

Entonces, uno se pregunta cuál es la diferencia. La respuesta es que uno de ellos es más bien de la Concertación y el otro es más bien de la Derecha. Obvio. Porque los dos son de afuera, presentan una destacada carrera como abogados y son especialistas en Derecho Administrativo. No soy abogado, pero ser experto en esa disciplina otorga, según entiendo, una buena calificación para ser Contralor General de la República. Y, además, ninguno ha registrado una gran experiencia en la Administración. Pero se puede votar por uno y no por el otro.

Por consiguiente, aquí enfrentamos un problema. Porque si el sistema va a significar que para cargos tan importantes sólo se debe llegar a acuerdo respecto de gente de Derecha, me parece un juego que no corresponde.

Entonces, junto con mi voto favorable, dejo planteada esta inquietud. Porque cada vez que existe alguien con toda la calificación, pero que es partidario, no militante, de la Concertación -es decir, que se ubica ideológicamente en el área donde está la mayoría del país-, resulta que "no da garantía", que "no es imparcial", que "no puede estar por encima de las partes".

En consecuencia, reclamo de la actitud de la Derecha, que pretende imponer, de una u otra manera, que los únicos que dan garantía de ecuanimidad son de ese sector. Como diría un lolo, "¿Dónde la vieron?". ¡Por favor!

Deseo plantear aquí la situación porque creo que volveremos a discutir sobre estos asuntos más adelante, pero me siento muy violentado -quiero señalarlo con mucha fuerza- con ese raciocinio.

Por lo menos, el Senador señor Coloma mantuvo el argumento inicial. Y me parece bien que otros lo hayan cambiado, porque estimo necesario resolver la crisis y que lleguemos a acuerdo. Sin embargo, advierto que no vamos a avanzar mucho si los Honorables colegas de enfrente insisten en el punto de vista de que ser concertacionista, ser progresista, ser de Centro, ser de Izquierda es sinónimo de no poder cumplir con funciones que tienen que estar al servicio de todos los chilenos. Porque nuestra gente también tiene esas calidades.

Voto a favor.

El señor GÓMEZ.-

Señor Presidente, nosotros recibimos al señor Ramiro Mendoza en la Comisión. Hizo una muy buena exposición.

Después de ello se ha desatado una ola de ideas, de informaciones, y uno termina pensando que la persona se halla inmersa en una serie de situaciones ocultas. Pero la verdad es que ninguna de las que se han señalado ha sido certificada de verdad.

A mi juicio, decir que fue esto o aquello, que fue ayudante de no sé quién, que pertenece a determinada institución, no se debe hacer. Porque, en último término, de lo que se trata es de votar respecto de una persona que tiene una característica determinada, que cumple ciertas condiciones, y ello no puede realizarse sobre la base de rumores o de cosas que se dijeron con anterioridad. Eso no sería lógico. En el Senado hemos tenido varias discusiones sobre este mismo tema, y hoy día pareciera que llegaron antecedentes que nadie conoce, de los cuales sólo algunos han sido informados, y que perjudicarían al candidato propuesto.

Me parece oportuno señalar que, así como Pablo Ruiz-Tagle fue compañero de curso mío, lo mismo ocurre con el señor Mendoza. Lo conozco de la universidad. No tengo nada que expresar en contra de lo que hizo durante ese período. Tampoco me merecería ninguna objeción si perteneciera a una institución cualquiera, porque si uno lo vetara por eso, podría vetar también a otros por condiciones religiosas o de otra índole.

Entonces, de verdad creo que debemos votar en conciencia y, en definitiva, definir claramente el perfil de la persona que queremos que se haga cargo de la Contraloría. Sobre el particular, le hicimos varias preguntas al señor Mendoza, entre ellas una relativa a la independencia que debía tener respecto del Gobierno, de los partidos políticos y, en general, de cualquier influencia extraña. Porque lo que nos interesa es que desempeñe el cargo como corresponde a un Contralor y que ojalá sea un colaborador de la Administración, en el sentido de que todas o gran parte de sus actuaciones sean de colaboración, para que no se cometan errores.

Sobre esa base, pienso que las afirmaciones sin antecedentes no son para nada buenas y no prestigian lo que uno pueda decir o hacer en el Senado.

En segundo lugar, existe una situación bien particular. Aquí se dice que hubo un veto respecto de la señora Noemí Rojas. Yo fui uno de los primeros Senadores de la Concertación que estuvieron dispuestos a votar por ella. Eso me atrajo las críticas de algunos. Pero era mi posición. En definitiva, no es que medie un veto respecto de determinadas personas, sino que la Presidenta de la República tiene la facultad de decirle al Senado: "Ésta es la persona que yo quiero", y nosotros podemos acoger o rechazar su proposición.

Por lo tanto, el hecho de que venga alguien de afuera no significa un agravio, en mi opinión. Las personas que están en las instituciones por años a veces se "encapsulan" frente al desarrollo de éstas. No digo que sea el caso de la señora Noemí Rojas, porque reitero que fui de los primeros en decir que votaba por ella. Pero, si viene una persona de afuera, generalmente puede dar aire, una visión nueva, un camino distinto. Y uno de los puntos que hemos planteado -y así lo dice el acuerdo unánime de la Comisión- es que ojalá el nuevo Contralor, si es nombrado, tenga como primera prioridad la transformación, el desarrollo de la Contraloría, el lograr que ella ejerza sus funciones de buena forma, el que los sumarios no demoren tres, cuatro años, como en la actualidad, porque así la gente queda en la indefensión. En fin, una serie de hechos nos parecen determinantes para lograr, finalmente, una buena Contraloría General de la República.

No tengo idea de si este señor es de Centro, de Derecha o de Izquierda. No es mi problema. Lo que me interesa es que sea un buen Contralor y que, en definitiva, cumpla bien su función.

Para terminar, señor Presidente, felicito, por supuesto, al Ministro señor Viera-Gallo, pero creo necesario destacar que quien decidió el nombre y lo propuso es la Presidenta de la República. Ella es la que envió los antecedentes y determinó que discutiéramos el tema, tras lo cual se consiguió, por último -así lo entiendo-, un acuerdo político. Aquí hay una decisión presidencial, y, en ese sentido, todos quienes votamos a favor, en el caso de la Concertación, lo hacemos porque apoyamos también una definición de la Primera Mandataria.

Voto que sí.

El señor KUSCHEL.-

Voy a votar a favor, señor Presidente, pero quiero referirme a algunos aspectos.

Primero, en cuanto a que el mecanismo, las normas o las instituciones son imperfectos, cabe recordar que estamos aquí precisamente por eso: porque no todos los mecanismos, no todas las normas, no todos los engranajes son perfectos. Y son muy importantes, en todos estos años de trabajo político, la disposición, el buen ánimo, los actores participantes. Y en el caso que nos ocupa, la señora Presidenta, por razones que ella y su equipo conocen, propuso al señor Ramiro Mendoza.

Soy uno de los Senadores que tenían curiosidad por conocerlo, porque creo que éste es un cargo demasiado relevante. Por eso, cuando se nos informó que esta persona sería recibida por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con el Honorable señor Bianchi asistimos a la sesión respectiva. Y estamos satisfechos con lo que se logró.

Es importante reconocer y agradecer la participación de las personas que negociaron: los Senadores señores Larraín y Romero, el señor Ministro Secretario General de la Presidencia y los presidentes de todos los partidos.

Por último, creo que debemos actuar precisamente con estos mecanismos imperfectos y sobre esa base tomar las decisiones, buenas o malas. Y quizá nunca vamos a contar con mecanismos totalmente perfectos, que nos aseguren una decisión plena, porque todos tenemos defectos. Así que no le echemos la culpa al empedrado y procedamos de acuerdo a las facultades de que disponemos.

Voto a favor.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente, la verdad es que el nombramiento del Contralor, desde que terminara en su cargo don Gustavo Sciolla, ha sido una historia de desencuentros. Me ha tocado participar desde el inicio en las conversaciones y puedo decir que el proceso no ha resultado ni reconfortante ni positivo. Como se lo dije, en su momento, a la Presidenta : "Cuando se escriba el manual de cómo no se debe negociar, éste va a ser un capítulo privilegiado". Porque, en nueve meses, por algo los resultados han sido los que conocemos.

Nosotros nos vimos enfrentados desde el principio a un planteamiento muy sólido, muy consistente, de quien representaba al Gobierno, en su minuto, en el sentido de que no se iba a nombrar a alguien de la Contraloría: ni a la actual Subcontralor ni a quienes pudiesen ocupar el cargo dentro de un elenco razonable de personas del organismo.

Ésta fue una historia larga, que ha durado muchos meses. Y cuando vimos que el proceso no funcionaba, planteamos un curso alternativo y dijimos: "Bueno, hagamos algo diferente. ¿Por qué no reformamos la Contraloría, la modernizamos y, luego de un año, retomamos el tema, a ver si entonces las cosas permiten buscar un nombre distinto?". Lo señalamos incluso deseando que ojalá fuera alguien de adentro, pero pensamos en definir la cuestión después de ese proceso, porque una nueva Contraloría podía permitir "airear" el debate.

Respecto de esa posibilidad, que hicimos pública, por cierto, ante el Gobierno -le pedimos al propio Presidente del Senado que se la transmitiera a la Presidenta-, tampoco tuvimos ninguna respuesta positiva.

Para nosotros no ha sido fácil la cuestión, porque estimamos -y seguimos estimándolo- que las personas naturalmente llamadas a desempeñarse en el cargo han de ser quienes pertenecen a la Contraloría. Ésta es una convicción que nos asiste y que no vamos a abandonar por estar dando hoy día el paso de aprobar el nombre del señor Ramiro Mendoza.

Y en esto quiero ser bastante coherente. Estamos avanzando en darle nuestro apoyo porque lo que el país no puede entender es que, por este desencuentro, no tenga un Contralor General.

Pero que se entienda que nosotros mantenemos el criterio -lo dije hoy en la Comisión y lo reitero aquí- de que la prioridad para dicho nombramiento siempre la debe tener la gente de la propia institución.

Cambió el Ministro, pero no el predicamento. Muy amigo del Senado es el señor Viera-Gallo, pero los argumentos se mantuvieron iguales. Por lo tanto, el problema no es la persona que hace la interlocución, sino el criterio adoptado por el Gobierno.

Y, frente a esa situación, la pregunta es cómo actuamos.

Un señor Senador decía que se violentaba porque cambiábamos de criterio. No, no estamos haciendo eso. Estamos asumiendo responsabilidades de Estado y actuando a la altura de un conflicto grave. Así lo manifestó el Honorable señor Escalona, quien, a pesar de muchos desencuentros, en esta materia dio en el punto central.

¿Qué responsabilidad tenemos nosotros en esta situación frente al país?

¿Podemos seguir exigiendo indefinidamente un nombre que la Presidenta, quien tiene la iniciativa en esta materia, no presentará jamás? Podríamos hacerlo. Tenemos los votos para ello.

¡Hasta cuándo!

¿Es éste el espectáculo que queremos brindar el país?

Cuando decidimos, por el bien de la nación, por una razón de Estado, cambiar nuestro criterio, ¡por favor!, no argumenten que ello los violenta, porque eso es no reconocer los gestos cuando estamos ante situaciones de Estado.

Por lo tanto, hemos avanzado.

Además, ello va unido a un hecho que no es menor: se ha dado el paso por una persona que, a nuestro juicio, reúne los requisitos para desempeñar el cargo.

En cuanto al nombre -participé en todas las conversaciones-, no lo propusimos nosotros. Nadie de nuestro sector lo ha sugerido jamás en ninguna conversación ni con el actual Ministro Secretario General de la Presidencia ni con quien lo precedió.

Este nombre fue dado por la anterior Ministra y lo retomó el actual.

Nosotros no hemos propuesto los nombres. Así que no vengan a decir que estamos dando nuestros votos porque se trata de una persona que nos interesa, otorgándole a ese hecho una connotación política que no tiene. Eso yo lo rechazo en forma terminante. Además, no le hagamos un daño al futuro Contralor poniéndole etiquetas inexistentes.

También se lo perjudica cuando aquí se le hacen imputaciones que no sabemos si son ciertas.

Habiendo tenido, horas atrás, la oportunidad de preguntarle directamente: "Dígame, señor, ¿hizo esto o no?, ¿afirmó esto o no?"...

El señor ÁVILA.-

No son imputaciones: son hechos.

El señor LARRAÍN.-

Son imputaciones en la medida en que se hacen aquí como cargo para justificar el rechazo de su designación. A mi juicio, lo derecho, lo correcto, es enfrentar las cosas cara a cara y no a las espaldas.

El señor ÁVILA.-

¿Me permite...

El señor LARRAÍN.-

Le ruego que no me interrumpa, señor Senador. Yo a usted lo respeté cuando intervino. ¡Oiga las cosas en forma democrática, callando cuando corresponde!

El señor ÁVILA.-

¡A mí me acallaron durante 17 años!

El señor NARANJO.-

¡Tiempo!

El señor LARRAÍN.-

¡Usted no preside la sesión, señor Senador !

El señor NAVARRO.-

¡Hágalo callar, señor Presidente!

El señor NARANJO.-

¡Tiempo, señor Presidente!

El señor LARRAÍN.-

¡Le ruego que me respete, señor Senador !

¡Yo sé que le cuesta respetar a la gente!

¡Deje sus odiosidades para cuando tenga el uso de la palabra!

El señor NARANJO.-

¡Pero si vamos a votar a favor!

El señor NAVARRO.-

¡Que vote!

El señor ÁVILA.-

Señor Presidente, yo creo que con ese ánimo...

El señor LARRAÍN.-

¡Lo que quiero es que, de una vez por todas, tengamos las cosas claras!

Aquí nosotros estamos dando un paso para superar un conflicto institucional. Y lo justo es valorar lo que estamos haciendo.

Lo que estamos haciendo une las cualidades de la persona propuesta -independiente, competente y con idoneidad moral- a un acuerdo adoptado en la Comisión de Constitución: que el nombramiento esté amarrado a la modernización de la Contraloría, en los términos explicitados con anterioridad por el Presidente de aquel órgano técnico.

Este tema no es menor. Porque el país está viviendo momentos difíciles de corrupción, de muchas irregularidades. Y no me refiero sólo a CHILEDEPORTES y a los planes de empleo de emergencia, pues también ha habido problemas de esa índole en los municipios y en numerosos otros ámbitos.

Al respecto, debemos tener una actitud coherente. Y el principal organismo en esta materia es la Contraloría General de la República. Sin embargo, hoy no está dotada para enfrentar este proceso como corresponde.

En la Comisión, yo hice una larga exposición de antecedentes, que no repetiré, porque está en el informe. Pero hay una declaración unánime de aquélla que da cuenta de los principios y criterios, consensuados con el Ministro señor Viera-Gallo, que permitirán avanzar hacia lo que el país quiere: tener una Contraloría moderna, acorde con el siglo XXI, que combata la corrupción, que impida las irregularidades, que asegure la legalidad de los actos de la Administración Pública.

Por esas razones, señor Presidente -y no por otras-, voto a favor del nombramiento de don Ramiro Mendoza como Contralor General de la República.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente, voy a votar favorablemente, pero con pena, pues hubiera querido pronunciarme a favor de la actual Contralora subrogante, señora Noemí Rojas. Creo que lo ha hecho en forma brillante, y por eso hemos sostenido su nombre durante nueve meses.

Desgraciadamente, no proponemos los nombres nosotros, sino el Gobierno. A pesar de que dijimos en reiteradas ocasiones, tanto en público como en privado, que queríamos a la señora Noemí Rojas, a estas alturas es del todo claro que el Ejecutivo no se halla dispuesto a considerarla. Y no sabemos por qué.

Hubiese votado también a favor de cualquier otro alto funcionario de la Contraloría. Pero, por alguna razón, el Gobierno ha estimado que ninguno reúne las condiciones para ser nombrado Contralor General de la República. Tampoco sabemos por qué.

En su momento protestamos cuando se pasó a llevar a don Jorge Reyes y se designó al señor Sciolla, pues la tradición era nombrar al Subcontralor.

Han pasado nueve meses. Creo que estamos frente a un tema que ya resulta un impasse y le hace daño al país. Ello, no porque no funcione dicho órgano -de hecho, opera perfectamente bien con la Contralora subrogante-, sino sencillamente porque la situación es percibida como un enfrentamiento entre la Oposición y el Gobierno, que a estas alturas, a mi juicio, no tiene sentido.

Voy a votar a favor del señor Ramiro Moya, a quien no conozco. Estamos al tanto de sus antecedentes...

El señor MUÑOZ BARRA.-

¡ Ramiro Mendoza!

La señora MATTHEI.-

¿Cómo?

El señor NAVARRO.-

¡Mendoza!

La señora MATTHEI.-

Perdón: Ramiro Mendoza.

Ésa es la mejor demostración de que no lo conozco. Espero que el nuevo Contralor cumpla una buena labor. Pero va a enfrentar una tarea muy difícil, porque, cuando llegue a instalarse en la Contraloría, se va a encontrar con la comprensible molestia de todos sus funcionarios, quienes sienten que se los pasó a llevar.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, hoy día estamos llegando al final de una serie de suspenso que se ha prolongado, como muy bien se expresó acá, casi por un año.

Incuestionablemente, ese lapso tenía incómodos a los miembros de la coalición de Gobierno.

Es evidente que, en el juego democrático de nuestra política, la Oposición subrayaba la anomalía de que no hubiere un titular en una institución tan importante como la Contraloría General de la República.

Han sido casi diez meses en los que se intentaron -y todos lo sabemos- diversas fórmulas para alcanzar el propósito que hoy día se está concretando.

Todos sabemos de los esfuerzos realizados en esta materia por la anterior Ministra Secretaria General de la Presidencia, señora Paulina Veloso. Sin embargo, su estrategia estaba también circunscrita al hecho de que, si no había un acuerdo en las coaliciones políticas, debía emerger un nombre que diera confianza al país, en el sentido de que no estuviera adscrito a las sensibilidades de alguna de las dos coaliciones, sino que mostrara un grado de independencia y de autonomía, en la medida de lo posible. Pero lo importante era que no tuviera una cercanía, una preferencia, ni mucho menos una militancia.

Todos los esfuerzos que realizó la señora Paulina Veloso, a quien le reconozco el trabajo efectuado, fracasaron absolutamente. Y tanto es así que muchos de los posibles candidatos, de una larga lista de nombres, cayeron en el camino y ni siquiera alcanzaron a llegar al debate en la Sala. Sólo uno se escapó: el señor Ruiz-Tagle.

Entones, ¿qué aconteció? Y, al respecto, no nos veamos la suerte entre nosotros.

El procedimiento siguió la orientación, tanto -lo reconozco- de mi propia coalición como de la Oposición, de que la autoridad máxima de la Contraloría debía tener una sensibilidad cercana a una de esas dos posiciones.

¡Ésa es la verdad! ¡Para qué nos vamos a engañar!

Ésa fue la postura que adoptó la Alianza, porque no le daba garantías el nombre del señor Ruiz-Tagle, quien académicamente, tenía los mismos títulos, los mismos pergaminos, los mismos doctorados, los mismos postítulos que con seguridad posee el postulante que hoy día será designado en tal cargo.

Cuando el procedimiento quedó así establecido, a lo largo de estos diez o doce meses, yo señalé clara y enfáticamente que, dadas esas circunstancias, consideraba mucho más tranquilizador para la nación designar a un profesional de las más altas jerarquías de la Contraloría General de la República. Y, en tal sentido, la señora Noemí Rojas -mujer que representa, además, la defensa del género en este país y es ejemplo para naciones progresistas y desarrolladas-, evidentemente reunía las características que se requerían.

Con ello, yo no estaba manifestando preferencia por ninguna de esas altas gradaciones, sino que daba una señal al Gobierno para que nombrara a alguien del propio Órgano Contralor.

Indudablemente, esas personas también tienen puntos de vista respecto de proyectos políticos y sociales. No nos engañemos. Son ciudadanos de jerarquía, de gran cultura, con visión sobre las cosas. Sin embargo, poseen algo indesmentible: son funcionarios con 30 a 40 años en la Contraloría General de la República; por lo tanto, llevan la institución muy adentro, en la médula de su vocación. Y eso me daba absoluta garantía.

Pero se colocó a esas personas en situación de no confiabilidad, Y, en mi concepto, los fantasmas no obedecían a la realidad.

Al mirar la historia de la Contraloría, uno debe concluir que los chilenos hemos de estar orgullosos de ella, pues, incluso, ha servido como modelo a muchos órganos fiscalizadores de América Latina que han venido a conocerla.

Hay un solo hecho -lo señaló un señor parlamentario- que no fue grato para la Contraloría: cuando se designó a un Contralor por tiempo limitado, únicamente para que tomara razón de un decreto que investía como Presidente de la República a una personalidad que todos conocemos.

La trayectoria de dicho organismo ha sido limpia, transparente y brillante. Porque no se puede cargar en los hombros de sus funcionarios una situación por la que sentimos rechazo.

Señor Presidente, hay razones que han obligado a la Presidenta Michelle Bachelet a enviar el nombre ahora propuesto: la presión de llevar un año sin poder designar al Contralor General de la República y la realidad absoluta de que, para aprobar el nombramiento, se necesitan 23 votos. Porque se da el caso -acá está el resultado- ¡de que 20 votos son menos que 18¿!

Y que nadie se escandalice, porque digo esto sin el afán de molestar: ¡Para qué negar que el señor al que se está designando es de la plena confianza de los sectores políticos de Oposición al actual Gobierno! ¡Eso es incuestionable! Y en la medida que lo nieguen con énfasis, cometen un error absoluto, porque los restantes Senadores sabemos que se está sosteniendo una tesis no válida.

Señor Presidente, me cuesta tomar una decisión en este instante. Me crea un profundo choque, desde mi particular visión.

En la coalición de la Concertación hay socialistas cristianos y socialistas laicos. Somos una pluralidad y estamos frente a un objetivo común; pero también tenemos sensibilidades propias.

Entonces -lo digo con mucha sinceridad-, en esta decisión me enfrento al deseo de complacer mi posición personal, pero no puedo perder de vista que también debo colocar en la balanza las razones de Estado que la Presidenta Michelle Bachelet ha señalado, especialmente en las últimas horas.

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Terminó su tiempo, señor Senador.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Soy un convencido de que la persona propuesta es de una formación sumamente conservadora. Y no puedo desconocer la satisfacción de las bancadas de enfrente porque hoy día, con esta luz verde, va a asumir la responsabilidad de Contralor un hombre de su absoluta confianza, confianza que no es exactamente igual en todos los Senadores de esta bancada.

Señor Presidente, Honorables colegas, so pena de no ser comprendido, quiero señalar que, por lealtad a la Presidenta de la República, daré, contra mi convicción y contra la visión que tengo en esta materia, mi voto favorable a la designación planteada, para no inferir un agravio a la mujer que está dirigiendo patrióticamente los destinos de Chile.

El señor MUÑOZ ABURTO.-

Señor Presidente, voy a votar, en forma tranquila e informada, a favor del señor Ramiro Mendoza Zúñiga, quien esta mañana, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, fue sometido a una serie de consultas, que respondió una a una.

Se trata de un profesor universitario con un gran currículum académico -como ya señalaron aquí algunos señores Senadores-, lo que nos da suficiente garantía -por lo menos a mí- de que es la persona adecuada para conducir un organismo tan importante como la Contraloría General de la República hacia la modernización que requiere. Según él mismo manifestó, "una Contraloría para el siglo XXI".

He escuchado a diversos Senadores que me precedieron, quienes objetando el nombramiento del señor Mendoza, sostuvieron que se estaría terminando la carrera funcionaria en dicho organismo al no proponerse un nombre proveniente de él.

Eso es falso, señor Presidente; constituye una falacia. En la Contraloría no existe carrera funcionaria en los grados indicados. Y una de las principales consultas que se le formularon hoy al señor Ramiro Mendoza, con el objeto de saber cómo resolvería este nudo, fue por qué existen tantos funcionarios de exclusiva confianza del Contralor. Y él indicó que iba a hacer todos los esfuerzos posibles para procurar que sólo se mantuvieran hasta los jefes de división.

Sí existe carrera funcionaria, pero no en los niveles que algunos han consignado.

Hay quienes se admiran porque se logró un acuerdo político. Pero parece que ello no inhabilita al señor Mendoza ni invalida su capacidad académica.

En buena hora, señor Presidente, nos hemos puesto de acuerdo, después de diez meses, para nombrar a una persona que llene el cargo acéfalo de Contralor.

Por otra parte, no hacemos más que dar cumplimiento a lo establecido en el inciso segundo del artículo 98 de nuestra Constitución Política, que dispone que el Contralor será designado por el Presidente de la República con acuerdo del Senado. Eso es lo que estamos haciendo hoy día.

Me habría gustado, meses atrás, que se hubiera nombrado a don Pablo Ruiz-Tagle, quien, a mi juicio -como se lo señalé hoy al señor Mendoza -, tenía méritos suficientes para ser Contralor, al igual como los posee el actual postulante.

Sin embargo, no hubo acuerdo en ese nombre. Lo lamento. La designación no se produjo entonces. Hoy se está materializando. Creo que de esta forma se resuelve un impasse que por muchos meses tuvo prácticamente en un comidillo político al país al no saber por qué no se nombraba Contralor General de la República.

Me asiste la plena seguridad de que la modernización del Órgano Contralor no depende única y exclusivamente del señor Ramiro Mendoza -tengo la convicción de que vamos a aprobar su nombramiento-, sino de todos nosotros, de que los proyectos que persiguen ese objetivo y mayor transparencia no queden paralizados.

Voy a votar -repito- a favor de la designación porque nosotros, como coalición de Gobierno, no tenemos nada que ocultar. Y como no tenemos nada que ocultar, preferimos que el Contralor sea una persona que nace fruto del acuerdo político alcanzado entre todas las fuerzas que componen el Senado.

Voto que sí.

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, antes de abocarnos a este asunto, tuve la audacia de leer la sesión del día 14 de noviembre de 2006, cuando se discutió la nominación de Pablo Ruiz-Tagle -que fue rechazada-, porque quería saber a ciencia cierta cuáles iban a ser los argumentos que hoy se esgrimirían.

Sin embargo, no voy a leer lo que se dijo en esa oportunidad, pues se me va a acusar -hay algunos colegas que se irritan muy fácilmente- de provocador si llego a citar alguna de las opiniones expresadas. Y, curiosamente, ellas no tienen nada que ver con lo que se está señalando hoy día. ¡Nada que ver!

Quiero, en primer lugar, valorar la actitud de los Senadores que han mantenido firme su posición, de quienes dijeron: "Miren, nosotros quemamos nuestras velas por la señora Noemí y no saldremos de ahí", y ahora, de manera muy honesta, han reiterado ese criterio.

No obstante, otros han cambiado de parecer. A lo mejor, ello es mérito del nuevo Ministro Secretario General de la Presidencia.

¡Dejémoslo así!

En segundo término, debo manifestar que yo también participé en la Comisión para dilucidar este tema. Allí se nos dijo, una y otra vez: "Si no hay modernización de la Contraloría, no queremos el nombre de nadie. Sólo si el Gobierno manda un proyecto de ley que la modernice estamos dispuestos a aprobarlo. Y en ese caso sí habrá luz verde para designar al Contralor".

Pero hoy día se cambia de opinión aduciendo supuestas razones de Estado, que me parecen legítimas.

Señor Presidente, yo usaré los mismos argumentos que utilicé cuando se discutió la proposición para el nombramiento de Pablo Ruiz-Tagle.

Quiero en ese cargo a una persona que tenga capacidad de gestión y liderazgo; que pueda llevar adelante el proceso de modernización de la Contraloría; que inyecte aires nuevos a dicha entidad. Porque -y esto no implica hablar mal de nadie-, teniendo en cuenta el equipo que hay al interior de ella, obviamente los cambios profundos y modernizadores necesitan aire fresco.

Por eso, sin ponerle etiqueta a Pablo Ruiz-Tagle, sin saber si era de allá o de acá, le entregué mi consentimiento y mi voto favorable, porque creí que era la persona idónea para ese puesto.

La Presidenta de la República, conforme a sus legítimas atribuciones, encomendó al Ministro señor Viera-Gallo que propusiera otro nombre. Y se nos planteó el de Ramiro Mendoza.

He conversado y pedido antecedentes sobre él. Porque nadie puede decir que, en un país de apenas 15 millones de habitantes, la gente no se informa quién es quién. Pienso que todos, antes de venir a votar, preguntamos sobre aquel señor. A lo mejor no lo conocíamos en forma personal, pero dudo de que algún Senador haya venido a esta sesión sin saber quién es ni qué ideas sustenta. Todos averiguamos y consultamos.

Se me ha señalado -y no tengo por qué ponerlo en duda- que se trata de una persona idónea, con capacidad de gestión y liderazgo, que puede sacar adelante un proceso de modernización.

Entonces, debo hacerme la misma pregunta que en el caso de Pablo Ruiz-Tagle: ¿Por qué no puede ser el señor Mendoza ? ¡Claro! Pero ¿cuál es la diferencia? Lo dijo muy bien el Senador señor Gazmuri : estamos frente a una persona de clara tendencia conservadora. ¡De clara tendencia conservadora!

Por lo tanto, cuando uno escucha aquí las distintas intervenciones, concluye: ¡Caramba, cómo hemos cambiado de la noche a la mañana! Porque los mismos argumentos que podríamos haber usado cuando se propuso a Pablo Ruiz-Tagle hoy día son válidos para este otro caso. Pero ayer dijeron "no"; que eso restaba autonomía a la Contraloría; que era tremendamente negativo nombrarlo como Contralor.

En lo personal, las mismas razones de Estado que expuse en esa ocasión las emplearé hoy para apoyar la nominación del señor Ramiro Mendoza, sabiendo que es una persona con claras ideas conservadoras y tremendamente afín a la Derecha. No voy a caer en la mezquindad, en la pequeñez política de pensar que porque no tiene la etiqueta mía lo puedo objetar, censurar, rechazar y crucificar, como fue crucificado el señor Pablo Ruiz-Tagle, incluso antes de ser escuchado.

¡No voy a caer en esa pequeñez! ¡Hay que actuar con grandeza!

¿Sabe, señor Presidente ? Uno puede sacar una lección de esto y hacer una consideración y una reflexión.

En la oportunidad anterior escuché lo que se expuso y luego lo leí bien -por favor, no se irriten Sus Señorías si me refiero a ello-: hubo algunos Senadores que sostuvieron que siempre -¡siempre!- el Contralor debe ser de oposición al Gobierno.

Siendo así, quiero hacer sólo una reflexión: o la Derecha sabe que ganaremos la próxima elección presidencial y, como este señor durará ocho años en el cargo -por consiguiente, miremos el asunto con ánimo positivo-, dice: "Obvio, el Contralor debe ser de Oposición"; o bien -según sostuvieron algunos de sus personeros-, si llega al Gobierno, imagino que le va a solicitar la renuncia.

En consecuencia, yo miro el asunto en términos positivos.

Voto que sí.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente, un cientista político francés me señaló que Chile era el país donde había más políticos y en que la política formaba parte casi consustancial del gen mismo de ser chileno. Y la verdad es que, después de la discusión que hemos tenido durante nueves meses, me doy cuenta -y también por otras razones casi históricas- de que efectivamente tratamos de politizar al exceso debates que deberían tener un sentido político menor, vale decir, de política con "p" minúscula.

Este asunto nos ha llevado a una discusión absurda. Hace nueve meses que debimos resolverlo. Pero ello no es responsabilidad única y exclusivamente del Gobierno -que la tiene en primer lugar-, sino también de nosotros, porque los Senadores de la Concertación nunca nos pusimos de acuerdo. Hicimos un chequeo y no necesariamente comprobamos que había consenso.

En situaciones como ésta se demuestra que las coaliciones deben ser muy sólidas si quieren gobernar en forma seria. Lo señalo porque este punto lo podríamos haber resuelto hace mucho tiempo. No teníamos ninguna razón para no haber aprobado la nominación de una persona distinta de la coalición gobernante. Y creo que es bueno que un Contralor o una Contralora General de la República sea diferente de ella, por lo que representa el cargo y por la responsabilidad que conlleva; por el papel que en una sociedad moderna juega una entidad contralora que se encuentra en plan de modernización.

Pero sobre ese punto, por cierto, no teníamos acuerdo.

Tampoco la Cámara Alta, en su momento, fue capaz de respaldar los planteamientos que se formularon aquí mismo para modernizar aquel organismo. Nos olvidamos que acá estuvieron doña Olga Feliú y don Enrique Silva Cimma. Los dos hicieron ingentes esfuerzos para que el Senado de la República -no digo la Cámara de Diputados- tomara la iniciativa de impulsar un proceso de modernización de la Contraloría. Y ambos eran de signos políticos ideológicos muy distintos, de modo tal que no deberíamos haber tenido ninguna duda con respecto a sus buenas intenciones.

Sin embargo, como Senado no realizamos el esfuerzo suficiente. Ahora lo estamos efectuando a propósito de la designación del señor Mendoza, a quien no conozco. Sólo he leído su currículum y me da plena confianza de que va a hacer bien las cosas. Las va a hacer bien, porque cuando la Presidenta de la República examinó aquél, seguramente tomó la precaución de considerar otras dimensiones de la personalidad del candidato. Y, por cierto, confío en mis colegas miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, quienes supongo que le hicieron preguntas pertinentes -yo no fui; estaba en otra Comisión-, a los efectos de conocer exactamente su valía profesional y su idoneidad ética y moral. Así que no tengo otra alternativa. Pienso que deberíamos partir de la base de que se trata de una persona que hará bien las cosas.

A mí me parece lamentable que se diga que cuando el señor Mendoza entre por la puerta principal de la Contraloría General de la República sufrirá una rechifla general de los funcionarios de la institución por no provenir de ella.

Y digo que me parece lamentable porque, al igual como lo hicieron los medios de comunicación durante las jornadas previas al llamado "Día del Joven Combatiente", desde el Senado se está incitando al personal de la entidad a recibir a pifia limpia al señor Mendoza. Sinceramente, eso constituye una irresponsabilidad. Creo que no estamos cumpliendo bien nuestra tarea, que es hacer política con "P" mayúscula y no con "p" minúscula.

Tengo la impresión de que con ello estamos demostrando, una vez más, que no nos encontramos a la altura de las exigencias de la gente, que no quiere escuchar discusiones de ese tipo. Si tenemos la responsabilidad de nombrar al Contralor General de la República, a un Ministro de la Corte Suprema, debemos tratar de hacer política con "P" mayúscula.

No digo que no hayamos de tener una posición política, que hayamos de ser asépticos. Eso es absurdo, ridículo y una hipocresía. Pero debemos procurar que las cosas sean un poquito menos traumáticas, en un país que ya sabe perfectamente bien qué pasa cuando se hace política de la manera como la estamos haciendo.

Es posible que el señor Mendoza sea bastante distinto de mí, desde el punto de vista ideológico político. Me dijeron que es un hombre muy cercano a posiciones extremas dentro de la Iglesia Católica. Yo no voy a hacer la Inquisición al revés, así como tampoco quiero que hagan la Inquisición conmigo por ser laico. Porque creo que en Chile debemos acostumbrarnos a convivir con personas que piensan diferente.

Ése es el destino de nuestra nación. Si no aprendemos a convivir con gente que piensa distinto, como país estaremos dando un muy mal ejemplo. En consecuencia, si el señor Mendoza piensa bastante diferente que yo, espero que como Contralor cumpla con la tarea que le encomienda la ley y aplique las disposiciones que permitan que efectivamente la Contraloría lleve a cabo su labor.

Por eso, voto a favor.

El señor OMINAMI.-

Señor Presidente, como se ha señalado aquí, está culminando un largo proceso, que progresivamente fue conduciendo a un impasse institucional que ha sido negativo: negativo para el país; negativo -imagino- para la Contraloría; negativo para el Gobierno, y negativo también para la propia imagen presidencial.

En un régimen tan presidencialista como el nuestro, estos impasses institucionales generan costos que no se distribuyen equitativamente. Al final, es la figura presidencial la que termina endosándose una parte muy importante de los costos que aquéllos originan.

Desde ese punto de vista, juzgo positivo que la situación se resuelva y el proceso culmine, como está ocurriendo hoy. Sin embargo, para ser bien francos, hay que decir que no está culminando de la mejor manera. En mi opinión, estamos ante una resolución que apela mucho más a consideraciones de tipo político contingente que a consideraciones de carácter institucional. Porque todos sabemos que se trata de una decisión que se da en un momento político complejo, delicado. Eso explica por qué hoy se puede zanjar, en torno a un hombre de las características del señor Mendoza, una situación que no se pudo resolver en el período legislativo anterior.

Voy a votar favorablemente, señor Presidente, porque deseo sustentar la petición formulada por la Presidenta de la República. Y, también, basándome en el hecho -indicado durante el curso de la discusión- de que el candidato propuesto ya había sido sugerido, en su momento, por la ex Ministra señora Paulina Veloso. En consecuencia, no se trata de un nombre enteramente nuevo.

No obstante lo anterior, quiero dejar establecido, de modo muy claro, que el carácter de emergencia -por así llamarlo- de esta resolución no puede sentar precedente. Al menos en lo que a mí respecta, procuraré, en todo lo que esté a mi alcance, votar en conciencia los proyectos de ley que se sometan a la consideración del Senado.

Del mismo modo, señor Presidente, voy a confiar en la comparecencia y en las declaraciones que hizo el señor Mendoza en la Comisión de Constitución. Yo no soy miembro de ese organismo, pero sí uno de los Senadores que, dentro de sus disponibilidades de tiempo, fueron a escucharlo. Y me parece que su presentación mostró conocimiento, versatilidad, preparación.

Ahora, creo que el señor Ramiro Mendoza deberá hacer un gran esfuerzo, no sólo para sacar adelante un proyecto de modernización de la Contraloría, sino también para ser ecuánime. Porque -digamos las cosas con total franqueza y respeto- él no es lo que uno pudiera denominar "profesional independiente". Es y ha sido un hombre de trinchera: ha sido un hombre de trinchera en el frente académico, en la Universidad de Chile; ha sido un hombre de trinchera en discusiones doctrinarias respecto del servicio público; ha sido un hombre de trinchera en debates valóricos.

Quiero decir, señor Presidente, que yo no soy -y no podría serlo- crítico de las personas que tienen opiniones bien constituidas sobre las cosas. Pero estimo fundamental ser capaz de entender que en esta nominación hay un voto de confianza; que ella se da en un momento complejo y delicado, y que el señor Mendoza deberá hacer gala de sus mejores energías para sacar adelante el proceso de modernización de la Contraloría y, a la vez, poder desprenderse de sus particulares puntos de vista.

Me pronuncio afirmativamente

El señor PÉREZ VARELA.-

Señor Presidente, voy a votar en contra de la proposición de la Presidenta de la República para nombrar al señor Mendoza como Contralor General de la República, por una razón muy simple.

Aquí hemos escuchado por mucho tiempo reiterados discursos sobre la necesidad de modernizar al órgano fiscalizador, de mejorar sus procedimientos, de capacitarlo para enfrentar al nuevo Estado, es decir, estos nuevos y diversos servicios públicos con que hoy cuenta nuestra Administración.

Durante años, eso no pasó de las palabras y no se entregó a la Contraloría General ninguna potestad para avanzar en su tarea fundamental, que es velar por la probidad, por el manejo adecuado de los recursos públicos, por la legalidad de los actos del aparato fiscal. Y la institución ha debido enfrentar esa situación en condiciones absolutamente desmedradas: con falta de profesionales, carencia de elementos técnico-tecnológicos, ausencia de facultades.

Hemos de concordar en que la Contraloría no tiene, por ejemplo, imperio para hacer ejecutar sus resoluciones. En múltiples oportunidades hemos visto que realiza sumarios, detecta irregularidades o faltas a la probidad, pero sus resoluciones son desconocidas de manera persistente por la autoridad. Y esa autoridad, que ha querido mantenerla durante bastante tiempo en situación desmedrada frente a la Administración, hoy les envía a todos esos funcionarios, que trabajan en las condiciones descritas, muchas veces abnegadamente, un mensaje: no hay nadie al interior de la Contraloría que pueda dirigirla. Esa misma autoridad no da razón ni explica su actitud pública frente al trabajo de una persona con una larga y vasta trayectoria en la Contraloría, como es la señora Noemí Rojas. Por lo tanto, la señal que se entrega al interior de esta institución es, a mi juicio, absolutamente negativa.

No logro entender por qué modernizar -reitero, ello ha estado presente durante mucho tiempo sólo en los discursos, sin ninguna iniciativa en concreto- tiene que limitar la independencia y autonomía de la Contraloría. Porque todos estaremos de acuerdo en que los profesionales de dicha institución, quienes han entregado una vida de servicio público al interior de un organismo que debe velar por la probidad, se van a sentir hoy, legítimamente, cuestionados para realizar la tarea que durante mucho tiempo han efectuado.

Es esa señal a la que hoy me quiero rebelar. Y por eso manifiesto mi voto en contra. Porque, por una parte, no se avanza ni hay voluntad política, salvo en los discursos, para modernizar la Contraloría, y, por otra, se afecta necesariamente la autonomía y la independencia nombrando a alguien externo. Porque, ¿cuándo en determinada institución se nombra alguien de afuera? Cuando existe una situación de crisis, de estancamiento, de ingobernabilidad en su interior. Y ése no es el caso de la Contraloría General de la República. Ésta funciona a pesar de las limitaciones que nosotros mismos o que la autoridad ha establecido en su accionar. Y hoy, además, le imponemos una persona externa, cualesquiera que sean sus méritos, lo que sin duda va a afectar, a mi juicio, su autonomía y su independencia.

En muchas de las intervenciones se ha manifestado, también, que se nombra a alguien ajeno a ese organismo para impulsar su modernización, haciendo creer que el Contralor General juega un papel fundamental en ello. Pero no es así. Aquella entidad se dirige a través de una ley orgánica constitucional. Y es en particular el Poder Ejecutivo el que tiene el sartén por el mango en una situación de esta naturaleza. Y no hemos visto una voluntad clara al respecto.

Por lo tanto, señor Presidente, mi voto en contra se debe a que tengo la más absoluta convicción de que la autonomía y la independencia de la Contraloría se resguardan adecuadamente con personas que han hecho del servicio público una vida al interior de ese organismo.

Voto en contra.

El señor PIZARRO.-

Señor Presidente, voy a apoyar la propuesta del Ejecutivo.

Más allá de los argumentos que se han entregado, me parece que la situación en que se halla la Contraloría lo único que hace es debilitar su función. Todos sabemos lo que son los interinatos: no se manda, no se actúa, ni siquiera se logra trabajar con propuestas tendientes a mejorar su propia gestión, porque no se tiene la legitimidad para ejercer el cargo.

En segundo término, la discusión respecto de si el Contralor debía provenir de dentro o de fuera de la institución ya la tuvimos hace tiempo. Siempre fui partidario de buscar a alguien externo, ojalá un profesional joven, distinto, que de alguna manera pudiera llevar aire fresco y renovar en parte la forma en que la Contraloría viene trabajando. No es que exista una crisis al interior de ella, pero la institución tampoco hace su labor como a todos nos gustaría. Resulta evidente que está siendo sobrepasada totalmente en algunos aspectos en su fiscalización -ellos mismos lo reconocen-, sobre todo en lo referente a los gobiernos locales y en una serie de otras materias que es preciso encarar con mucho más dinamismo y profesionalismo.

En tercer lugar, felicito al Ministro señor Viera-Gallo por haber logrado un acuerdo, que sin duda es político, donde se negocia, se dialoga y no siempre se obtiene lo que a cada uno de nosotros nos agradaría. Está dentro de lo posible. Y la propuesta de la Presidenta hace que hoy podamos, después de nueve meses -como aquí se ha dicho-, llegar a un acuerdo que permite tener un Contralor. Pienso que ello constituye un buen punto de partida para el Ministro señor Viera-Gallo y el equipo de Ministros a los que la Presidenta ha encomendado la tarea de ejecutar los programas de Gobierno.

Sin duda que todo lo que tiene que ver con la modernización de la Contraloría va a ser más fácil de encarar con un Contralor nombrado. La existencia de un órgano acéfalo, con una persona interina, que en la práctica, por cuestionamientos políticos, públicos, no estaba en condiciones de dirigir ese organismo, es evidente que hacía más urgente que nunca despejar este tema.

Y me alegro de que en el Congreso al final, más allá de lo que algunos piensen en términos particulares, se haya llegado a acuerdo para nombrar a don Ramiro Mendoza, que al parecer reúne los antecedentes profesionales y técnicos que requiere el cargo, como ha dicho el Presidente de la Comisión. Considero que desde el punto de vista político es una buena señal, y hay que respaldarla.

Voto a favor.

El señor VÁSQUEZ.-

Señor Presidente, yo anuncié mi voto negativo...

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Su Señoría no puede fundar el voto, pues ya había sido llamado.

Solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Vásquez funde el voto.

Acordado.

El señor VÁSQUEZ.-

Señor Presidente, agradezco la gentileza normal de los señores Senadores. Independientemente de que en alguna oportunidad tengamos diferencias, siempre he estimado que la relación de caballerosidad es básica en esta Sala y en todas las instancias de la vida.

En verdad, en el momento en que fui llamado estaba atendiendo un asunto urgente, y por eso no voté.

Señor Presidente, yo había manifestado con mucha pasión mi decisión de votar en contra del nombramiento del señor Ramiro Mendoza. Y no por casualidad, sino porque me asaltaban dos grandes dudas, por dos antecedentes importantes que me constaban personalmente.

El primero es la actitud que el señor Mendoza tuvo en 1997 con posterioridad a la elección de Decano entre don Gonzalo Figueroa Yáñez y don Pablo Rodríguez Grez en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. En dicha oportunidad, el señor Mendoza con otros profesores mantuvieron un paro de actividades independientemente de la normalización ocurrida en el resto de la Universidad. Yo efectivamente debí ingresar a hacer clases con el fin de lograr que se normalizara otro departamento, el de Derecho Comercial. De modo que conozco perfectamente bien la posición política que tenía el señor Mendoza. Me preocupó ese hecho porque había habido un acuerdo para solucionar un problema y, sin embargo, hubo quienes no lo cumplieron.

El segundo punto se refiere a una carta firmada por el señor Mendoza y otros profesores de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, relativa a la entrega del Levonorgestrel 0,75 miligramos, conocido también como "píldora del día después". Pero me preocupaba, no por la creencia o la estimación que él hiciera en cuanto a que fuera o no abortiva, sino que bajo el siguiente criterio jurídico. Esa carta invoca específicamente el Pacto de San José de Costa Rica. Por lo tanto, invoca una legislación vigente.

La pregunta que me hice -desgraciadamente, por razones personales, no alcancé a planteársela- fue qué habría pasado si el señor Mendoza hubiera sido el Contralor General de la República y hubiese recibido el decreto firmado por la señora Presidenta de la República que ordenaba la entrega del Levonorgestrel por las municipalidades. ¿Habría aceptado o no que ésta era una norma reglamentaria, un decreto supremo que afectaba la legislación interna del país? Obviamente que ahí hay una cuestión de carácter valórico, pues no existe ningún antecedente cierto, científico, que apoye una u otra visión.

Sin embargo, debo reconocer que he cambiado de opinión, por dos razones.

En primer lugar, porque se ha producido un acuerdo formal mayoritario y es conveniente que ese espíritu se mantenga en el Senado. En ese sentido, debo ser muy franco. Cada vez que se me ha pedido un pareo he accedido a concederlo, en cambio a mí no siempre se me ha otorgado. Lo entiendo como una posición política. Sin embargo, un entendimiento como el que se acaba de producir debería ser el que prime y reine en esta Sala.

En segundo término, por una razón de Estado. Realmente, creo que hay momentos en los que uno tiene que ir más allá de sus dudas y apoyar la actual institucionalidad.

El nombramiento del Contralor -como siempre lo sostuve-, por norma constitucional, le corresponde a la señora Presidenta de la República. Nosotros sólo debemos pronunciarnos sobre él.

En definitiva, en función de esa razón de Estado y atendido el espíritu que ha reinado en este Hemiciclo, pese a las dificultades que ha habido, voto a favor.

He dicho.

--Se aprueba la proposición de Su Excelencia la Presidenta de la República para nombrar al señor Ramiro Mendoza Zúñiga como Contralor General de la República (30 votos a favor, 5 en contra y una abstención).

Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Alvear, Bianchi, Cantero, Chadwick, Escalona, Espina, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Matthei, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Orpis, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.

Votaron por la negativa los señores Arancibia, Ávila, Coloma, Pérez Varela y Zaldívar.

Se abstuvo el señor Flores.