Labor Parlamentaria

IX. Otros documentos de la Cuenta.

1. Oficios:

Ministerio del Interior:

- Diputado Sepúlveda, don Roberto, medidas adoptadas para reparar pavimento de calle Ordoñez, comuna de Maipú.

- Diputados Alinco y Hales, aumento de retenes para las ciudades de Puerto Aysén y Coyhaique afectadas por graves delitos.

- Diputado Robles, licitación de obras de mejoramiento de la Ruta 5 Norte en Región de Atacama.

- Diputado Robles, incorporación personal a contrata y subcontratados a planta de funcionarios de la Empresa Nacional de Minería.

Proyecto de Acuerdo N° 91, gratuidad de PSU a egresados de establecimientos educacionales municipalizados y particulares subvencionados.

Ministerio de Relaciones Exteriores:

- Diputada Isasi, retención de parlamentarios bolivianos en Hito 52.

Ministerio de Hacienda:

- Diputado Enríquez-Ominami, sobre medios de comunicación.

- Diputada Isasi, sucursal del BancoEstado para Pozo Almonte.

Proyecto de Acuerdo N° 69, medidas que indica en relación con el Fondo de Innovación para la Competitividad.

Ministerio de Defensa Nacional:

- Diputado Sepúlveda, don Roberto, adopción medidas sobre hechos delictuales que afectan a habitantes de La Farfana de la comuna de Maipú.

- Diputado Sepúlveda, don Roberto, medidas adoptadas sobre hechos delictuales que afectan a habitantes del sector Villa San Luis (sectores 1, 2, 3, 4, y 5) de la comuna de Maipú.

- Diputado Sepúlveda, don Roberto, medidas adoptadas en hechos delictuales que afectan a habitantes del sector de Villa El Abrazo de Maipú.

- Diputado Sepúlveda, don Roberto, medidas adoptadas en hechos delictuales que afectan a habitantes del sector Villa Arturo Prat, de Maipú.

- Diputado Sepúlveda, don Roberto, medidas adoptadas en hechos delictuales que afectan a habitantes del sector Ciudad Satélite, de Maipú.

- Diputado Sepúlveda, don Roberto, medidas adoptadas en hechos delictuales que afectan a habitantes sector de Villa Francia, en Estación Central.

- Diputado Sepúlveda, don Roberto, medidas adoptadas en hechos delictuales que afectan a habitantes del la Villa Lo Errázuriz, de Maipú.

- Diputado Sepúlveda, don Roberto, medidas adoptadas en hechos delictuales que afectan a habitantes del sector Villa Robert Kennedy, en Estación Central.

- Diputado Sepúlveda, don Roberto, medidas adoptadas en relación a asaltos en cancha abandonada, sector Villa Francia.

- Diputado Sepúlveda, don Roberto, adopción medidas en hechos delictuales que afectan a habitantes del Villa Ciudad Jardín los Héroes, de Maipú.

- Diputado Sepúlveda, don Roberto, medidas adoptadas sobre hechos delictuales que afectan a habitantes del sector Villa Complejo Carlos V (Villas San Arturo y san José) de la comuna de Maipú.

- Diputado Sepúlveda, don Roberto, medidas adoptadas en hechos delictuales que afectan a habitantes de la Villa O’ Higgins de Estación Central.

- Diputado Recondo, implementación plan cuadrante y mayor dotación nocturna en retenes y subcomisarías de la Décima Región.

- Diputado Ward, razones por las cuales fue dado de baja el cabo segundo don Eric Vásquez Alvarado en localidad de Calama.

- Diputado Fuentealba, aumento dotación en Comisarías de Illapel, Salamanca y Monte Patria, asimismo, solicita incorporar al Plan Cuadrante a las comunas de Los Vilos, Canela, Illapel y Salamanca.

- Diputado Alvarado, instalación Retenes de Carabineros en el sector Alto de Castro, Rilán, islas Chelín y Quehui.

Ministerio de Obras Públicas:

- Proyecto de Acuerdo N° 72, modificar la ley sobre Concesiones de Obras Públicas en materias que indica.

Ministerio de Agricultura:

- Diputado García, sobre número de subsidios, bonos y ayudas otorgadas por Indap en la Novena Región.

Ministerio de Minería:

- Diputado Aedo, sobre pérdida por parte de Enami de contrato de suministro eléctrico con empresa “Guacolda”.

- Diputado Valenzuela, resultados investigación sobre reciente accidente en la división el Teniente de Codelco Chile.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:

- Diputado Meza, flexibilización en certificación plantas revisión técnica vehículos transporte público, Novena Región, y créditos blandos para renovar vehículos.

- Diputado Sepúlveda, don Roberto, construcción de un cruce que conecte Av. Tres Poniente con camino Melipilla, comuna de Maipú.

- Diputado Sepúlveda, don Roberto, medidas adoptadas respecto de la fiscalización transporte escolar.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia:

- Diputada Herrera, solución a situación que afecta a deudores habitacionales de la ex Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo.

- Diputado Errázuriz, fecha en que se otorgará pensión asistencial a mayores de 65 años de acuerdo a lo señalado en el Mensaje Presidencial .

Ministerio Secretaría General de Gobierno:

- Proyecto de Acuerdo N° 33, modificaciones a la ley que regula el Consejo Nacional de Televisión.

Director de Conadi :

- Diputado Chahuán, informe sobre situación de don Jonathan Israel Gómez Toledo, domiciliado en Valparaíso.

Municipalidad de Coronel:

- Diputado Bobadilla, creación de mesa de dialogo para tratar tema de malos olores y pestilencia que afecta a un sector de la comuna de Coronel.

Unidad de Análisis Financiero:

- Remite un disco compacto CD con información.

III. ACTAS

El señor LEAL (Presidente).-

El acta de la sesión 34ª se declara aprobada.

El acta de la sesión 35ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.

IV. CUENTA

El señor LEAL (Presidente).-

El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.

VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA

1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2004. (boletín N° 4234-03)

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el agrado de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que modifica el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2004, publicado el 7 de marzo de 2005, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº 211 de ese Ministerio, de 1973 y sus modificaciones introducidas por la Ley N° 20.088, y cuyos fundamentos paso a exponer.

I. ANTECEDENTES.

El 21 de mayo de 2002, el Presidente de la República de la época anunció la presentación de un proyecto de ley para modificar el Decreto Ley N° 211, de 1973, en virtud de los cambios y avances experimentados en la legislación comparada y en la ciencia económica y jurídica relativa a la libre competencia, así como la práctica y jurisprudencia que por casi treinta años se había desarrollado en Chile.

En aquella oportunidad, los ejes centrales del proyecto y de la discusión en el Congreso Nacional, fueron una nueva tipificación de las conductas que se consideran ilícitas, la creación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en reemplazo de las extintas Comisiones Preventivas y Comisión Resolutiva, la modernización de los procedimientos que se desarrollan ante ese Tribunal y la supresión del carácter penal de las sanciones que se imponen a quienes infringen la legislación antimonopólica.

La aprobación del referido proyecto de ley por el Congreso Nacional y su posterior promulgación por el Presidente de la República , originó la ley N° 19.911, publicada en el Diario Oficial el día 14 de noviembre de 2003. Posteriormente, en cumplimiento de la delegación de facultades establecida en la disposición octava transitoria de dicha ley, el Presidente de la República dictó, a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2004, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, publicado en el Diario Oficial el 7 de marzo de 2005. Dicho texto ha tenido una única modificación, introducida por la ley N° 20.088, publicada en el Diario Oficial el día 5 de enero de 2006, en virtud de la cual se introdujo el artículo 9° bis, que establece como obligatoria la declaración jurada patrimonial de bienes a las autoridades que ejercen una función pública, en este caso, a los integrantes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Las modificaciones introducidas por la ley N° 19.911 han estado en plena vigencia por casi dos años, a partir de la instalación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Además, actualmente no existen procesos iniciados conforme a la legislación anterior, de manera que el funcionamiento en régimen, eficiente y validado por la comunidad y sus usuarios a raíz de la jurisprudencia que ha emanado del Tribunal, ha demostrado que la reforma legal referida era necesaria.

Sin embargo, como sucede con todas las leyes, es la práctica la que determina qué disposiciones han sido más eficaces para resguardar los bienes jurídicos protegidos y cuáles han devenido en trabas u obstáculos que, de perpetuarse en el tiempo, pueden afectar las cualidades que hoy en día se perciben en nuestro sistema de defensa de la libre competencia.

Por estos antecedentes, el Gobierno ha estimado necesario introducir las mejoras que se prevén necesarias para fortalecer el aludido sistema mediante el presente proyecto de ley, cuyas ideas matrices y contenidos se desarrollan en los párrafos siguientes.

II. ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.

De acuerdo a la experiencia nacional e internacional, la globalización de los mercados ha producido innumerables efectos positivos, pero también ha incentivado la concentración de ciertos mercados, mediante diversas formas de adquisición de empresas y fusiones. Tal concentración no representa per se un atentado a la libre competencia; pero es innegable que acrecienta el poder económico y, por consecuencia, la capacidad de influencia en el poder político, respecto de los cuales es conveniente blindar a los órganos con atribuciones en la defensa del libre mercado.

Por ello, uno de los ejes centrales de la propuesta que sometemos a vuestra consideración, es el fortalecimiento de la independencia de los integrantes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Mediante el presente proyecto dichos miembros se ceñirán a normas aun más estrictas en lo que se refiere a incompatibilidades, prohibiciones e inhabilidades, a objeto de garantizar la independencia señalada no sólo a la fecha de su nombramiento, sino también durante el ejercicio de su función e, incluso, un período razonable que se extiende más allá de la cesación en el cargo.

Asimismo, el funcionamiento del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha demostrado que es indispensable asegurar que en los futuros concursos de antecedentes, se presenten postulantes de alta calificación técnica y reconocido prestigio, sin que la calidad y eficiencia del actual Tribunal pueda afectarse por las mayores restricciones que implican las incompatibilidades, prohibiciones e inhabilidades que se introducen en este Proyecto. Tanto el aumento del número de sesiones del Tribunal como las disposiciones orientadas a garantizar la independencia de sus Ministros, justifican que los honorarios que perciban retribuyan adecuadamente la importancia de sus funciones para el país y la trascendencia de sus decisiones en los mercados, preservando de esta forma que los futuros concursantes reúnan las condiciones de excelencia profesional y alta dedicación en torno a los principios que originaron la creación de esta institución.

Adicionalmente, es necesario adecuar aquellas disposiciones procedimentales que, en sus dos años de existencia, ya han sido evaluadas como obstáculos o imperfecciones que afectan la gestión del Tribunal o la eficiencia en la dictación de sus resoluciones, aun cuando la percepción generalizada de sus usuarios y de la comunidad sea positiva. La evolución de los mercados, la rapidez con que se adoptan decisiones empresariales y la adaptación permanente de conductas por quienes pretenden atentar contra la libre competencia, justifican solucionar en forma preventiva los potenciales problemas que pueden causar los procedimientos que se sustentan ante el Tribunal, introduciendo las correcciones específicas que se han propuesto por las partes, profesionales y académicos, así como aquellos que han sido aplicados dentro de los límites constitucionales por el mismo órgano jurisdiccional especial, mediante auto acordados.

Por otra parte, la supresión del carácter penal de las sanciones para quienes atentan contra la libre competencia, ha provocado que los agentes económicos, en tanto sujetos racionales, asuman un riesgo real de ser sancionados, pero sin sujeción a normas claras en la determinación de las multas, de manera que todavía algunos pueden incurrir en tales conductas bajo la esperanza de no ser descubiertos o, en caso de iniciarse una investigación, de invocar principios generales del sistema sancionatorio para que se les apliquen en sus mínimos o, como no previó la ley N° 19.911, incurrir en conductas que causan grandes perjuicios a terceros difíciles de identificar y que, por lo tanto, no tienen incentivos para deducir demandas civiles, sin que tales daños sean ponderados negativamente por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia al aplicar multas.

El otro eje central del proyecto es fortalecer las atribuciones que debe tener la Fiscalía Nacional Económica, en tanto órgano que investiga las conductas contrarias a la libre competencia en los mercados, particularmente en lo que dice relación con aquellas herramientas para poder detectar colusiones. Efectivamente, la experiencia nacional e internacional ha demostrado que investigar y sancionar a los denominados carteles duros es complejo y con escasos resultados, principalmente por la dificultad de obtener información eficaz respecto de quiénes participaron en la gestación o actividad del mismo. Frente a ello, un mecanismo que incentiva a revelar antecedentes en otros países es la delación compensada o leniency, de eficacia comprobada en nuestro país en la lucha contra el narcotráfico y que, por la gravedad de ciertas conductas que atentan contra el sistema de mercado, es conveniente replicar, con los debidos ajustes, en virtud de los diferentes bienes jurídicos que protege nuestra legislación antimonopólica respecto de la ley de tráfico de sustancias estupefacientes.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO.

El presente proyecto de ley se ha estructurado a partir de disposiciones específicas. En algunos casos, se incorporan al texto legal, como las prohibiciones a que estarán sujetos los integrantes del Tribunal o la revelación de antecedentes eficaces para la investigación de conductas contrarias a la libre competencia. En otros casos, se formulan extensiones de los presupuestos de hecho que contemplaban algunas normas, tales como incompatibilidades e inhabilidades más rigurosas para los Ministros del Tribunal o la incorporación de nuevas circunstancias para la determinación de la multa que deberá aplicar el Tribunal.

Asimismo, el proyecto contiene disposiciones adecuatorias, como la reducción del número de integrantes suplentes del Tribunal, a consecuencia del aumento de las sesiones del Tribunal y de las necesidades presupuestarias para asumir el aumento de las remuneraciones de los integrantes titulares y, principalmente, porque en la práctica, los titulares del Tribunal ejercen con mayor dedicación de la prevista en la discusión del proyecto que originó la ley N° 19.911, de manera que se estima suficiente para el funcionamiento del Tribunal la existencia de dos suplentes, uno de cada área profesional. Estos participarán en mayor número de sesiones de las que hasta ahora les ha correspondido a quienes han ejercido esta función.

Tales adecuaciones se extienden, igualmente, a los procedimientos contencioso y no contencioso que se siguen ante el Tribunal, cuya finalidad es incrementar los niveles de eficiencia que se han alcanzado. Así, por ejemplo, se reduce el número de testigos de las partes que finalmente declaran para que la prueba sea rendida ante el Tribunal y se concentre en aspectos sustanciales de la causa y no en meras reiteraciones de declaraciones que, por la ponderación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, son redundantes y orientadas exclusivamente a convencer por cantidad antes que por su calidad. Asmismo, en el caso de los procedimientos no contenciosos, se reducen los trámites que importan mayores costos para las partes o retardo en la administración de justicia por parte del Tribunal en procesos en que se puede adquirir convicción prontamente, como sucede hoy con la obligatoria consulta de todo hecho o acto relevante relativo a la modificación o cambio en la propiedad o control de un medio de comunicación social, sin consideración a los escasos efectos que normalmente producen en dicho mercado.

A continuación, se exponen suscintamente las disposiciones específicas y adecuatorias a través de las cuales se materializan las ideas matrices o fundamentales del proyecto:

1. Disposiciones específicas orientadas a garantizar la independencia de los integrantes del Tribunal.

Esta es una de las materias centrales que contiene este proyecto de ley. Por consiguiente, es objeto de una regulación detallada que origina adecuaciones en las disposiciones vigentes del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2004.

El artículo sexto de la ley vigente contiene, entre otras materias, las incompatibilidades a que están sujetos los concursantes que aspiran integrar el Tribunal. El proyecto propone, mediante la sustitución de su inciso séptimo, incorporar como nuevas incompatibilidades las condiciones de asesor o prestador de servicios profesionales en materias que digan relación con la libre competencia, y la de haber desempeñado el cargo de Fiscal Nacional Económico o cualquier cargo directivo en la Fiscalía Nacional Económica en el año anterior al inicio del concurso público de antecedentes. Con ellas, se pretende establecer mayores exigencias a los concursantes para evitar que tengan intereses comprometidos con las partes, dentro de las cuales se encuentra la misma Fiscalía Nacional Económica. Con ello se busca resguardar ab initio la independencia que se espera de los integrantes del Tribunal.

Se modifica igualmente el artículo 7° de la Ley, limitando la renovación de los integrantes títulares y suplentes del Tribunal, en el sentido que al término de su período, podrán ser designados sólo por un nuevo período sucesivo.

El artículo 11 de la ley vigente, por su parte, contiene inhabilidades adicionales a las que contempla el Código Orgánico de Tribunales igualmente aplicables a los Ministros del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia . Estas se manifiestan por los integrantes o se invocan por las partes como causales de implicancia o recusación. Sin embargo, tales causales no prevén las relaciones profesionales preexistentes que pudieron tener los Ministros con las partes o las que no configuran directamente la incompatibilidad referida precedentemente, pero que evidentemente pueden afectar su imparcialidad. De ahí que se propone extenderla también a quienes asesoren o presten servicios profesionales, en cualquier clase de materias, a personas naturales o jurídicas que tengan la calidad de parte en una causa que se tramite ante el Tribunal, o lo haya hecho en los dos años anteriores a la fecha de ingreso de dicha causa. Además, será causal de recusación la existencia de relaciones laborales, comerciales, societarias o en comunidades de carácter profesional, con los abogados o asesores de alguna de las partes, en términos tales que permitan presumir que su imparcialidad se encuentra comprometida.

Adicionalmente, se incorpora un nuevo artículo 11 bis, por el cual se regulan estrictas prohibiciones para los integrantes del Tribunal, a efectos de reforzar la independencia no sólo en la etapa previa a su designación o en el conocimiento particular de una causa, sino también en el ejercicio de sus funciones. Se parte de la base que el mero hecho de no integrar sala en una causa, no obsta a que puedan ejercer influencia sobre los otros Ministros no inhabilitados, en caso que fueran administradores, gerentes o trabajadores dependientes, o asesores o prestadores de servicios profesionales, en toda clase de materias, de personas naturales o jurídicas que tengan la calidad de parte en alguna causa que el Ministro conoció, hasta un año contado desde que se dicta sentencia por el Tribunal, prohibición que se extiende más allá del término del período por el cual fue designado, agregándose además drásticas sanciones para el caso de infracción a estas prohibiciones.

2. Aumento del número de sesiones del Tribunal.

La independencia del Tribunal se refuerza igualmente, de acuerdo a la modificación del inciso primero del artículo 9° de la ley vigente, aumentando el número de sesiones del Tribunal, estableciendo un mínimo de tres semanales y con incentivos para dos sesiones mensuales adicionales. Naturalmente, esta mayor dedicación de los integrantes del Tribunal tiene valor no sólo para resguardar su independencia, sino sobre todo porque permite mayor rapidez y/o profundidad del análisis en la resolución de las causas tramitadas. La modificación propuesta se considera suficiente, atendido el número de procesos que conoce el Tribunal y que tales sesiones se refieren exclusivamente a las audiencias que constituyen actuaciones procesales, independientemente de las horas adicionales que, sin limitación horaria, debe dedicar cada Ministro para el estudio de causas con gran acopio de antecedentes y en las que, además, deben actualizarse permanentemente con los avances del Derecho y la Economía.

3. Modificaciones a las remuneraciones del Presidente del Tribunal y de sus integrantes titulares y suplentes.

Con motivo del aumento de sesiones y las estrictas restricciones que imponen las incompatibilidades, prohibiciones e inhabilidades para los integrantes del Tribunal, a efectos de ejercer actividades complementarias para obtener ingresos compatibles con su excelencia profesional y académica, el proyecto propone modificar el artículo 10 de la ley vigente, retribuyendo con una mayor remuneración al Presidente del Tribunal , dado que la ley le impone deberes adicionales a los que tienen los restantes integrantes del Tribunal. Pero se establece la posibilidad que el resto de los Ministros accedan a la misma remuneración del Presidente en caso que sesionen dos veces más por mes, que las mínimas obligatorias.

Finalmente, se establece para los suplentes una remuneración mínima, compatible con la relevancia del cargo, a la que tienen derecho con independencia del número de sesiones a las que asisten, ya que el primer proceso de renovación de integrantes suplentes demostró que las restricciones existentes, menos limitativas de la libertad de trabajo que las que imponen estas nuevas normas orientadas a resguardar la independencia, descincentivaron la participación en los concursos respectivos.

4. Adecuaciones relativas al número de integrantes suplentes del Tribunal

Como ya se ha expuesto, uno de los objetivos fundamentales del proyecto es resguardar la independencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia , manteniendo la excelencia profesional y técnica de sus integrantes, lo que produce como efecto deseado que los titulares estén mayor tiempo en ejercicio de su función, de manera que la mantención de cuatro suplentes, dos por cada área profesional, se considera excesiva. Tal modificación es la que origina las adecuaciones a los incisos segundo, tercero y quinto del artículo 6 de la ley, así como la incorporación de la disposición segunda transitoria, a objeto de resguardar los derechos de los suplentes actualmente en funciones.

5. Aumento de la multa.

En virtud de la previsible mayor eficacia en las investigaciones de la Fiscalía Nacional Económica producto de las nuevas atribuciones que se le confieren y de la introducción de la “delación compensada”, se debieran descubrir conductas que causan grandes daños al sistema de mercado del país. Ello hace conveniente aumentar las multas que el Tribunal puede aplicar frente a los hechos, actos o convenciones que impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia, de manera que se disuada a las empresas de ejecutar tales prácticas y, principalmente, constituya un incentivo adicional para el sujeto que está en condiciones de beneficiarse por las declaraciones o entrega de antecedentes eficaces para la investigación. De esta manera se modifica la letra c) del inciso segundo del artículo 26 de la ley, incrementando las multas máximas a aplicar por el Tribunal, de veinte mil a treinta mil unidades tributarias anuales.

6. Incorporación del daño como circunstancia para determinar la multa.

En concordancia con lo anterior, para la determinación de la multa a imponer, no sólo se considerará el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, la gravedad de la conducta y la calidad de reincidente del infractor, sino que también y fundamentalmente el daño causado a la libre competencia, por lo cual se modifica el inciso tercero del artículo 26 la Ley.

7. Disposición específica en virtud de la cual se introduce la “delación compensada”.

Según se ha indicado precedentemente, se ha estimado necesario introducir un mecanismo que incentive a revelar antecedentes sustanciales para la investigación o prueba de los ilícitos contrarios a la libre competencia, aplicable en casos de colusión, debido a los graves efectos que éstos producen al mercado y la dificultad empíricamente demostrada de investigarlos con éxito.

El mecanismo señalado, denominado en el derecho comparado “delación compensada” o leniency, ha sido eficaz en nuestro país para combatir delitos de carácter criminal de la máxima gravedad, como el lavado de dinero y el narcotráfico, de acuerdo a la ley de tráfico de sustancias estupefacientes.

Sin embargo, los bienes jurídicos protegidos en dicha ley difieren cualitativamente de los bienes jurídicos afectados por las conductas que atentan contra nuestra economía de mercado, de manera que es conveniente ajustar sus alcances y efectos, manteniendo en todo caso la eficacia del instituto a través de la concesión de un beneficio económicamente significativo para quien revela mediante declaraciones o antecedentes la existencia de una conducta en la cual ha participado. En la mayoría de los casos, no obstante, no se le exima de toda la multa, pues el fin utilitario de la revelación de informaciones no puede soslayar la existencia de una voluntad orientada a atentar contra los bienes jurídicos socialmente relevantes que protege la legislación antimonopólica.

Sin perjuicio de lo anterior, para casos excepcionales, que deberá fundar detalladamente el Tribunal, podrá eximirse completamente de la multa a quien ha revelado antecedentes que permiten evitar en forma preventiva las consecuencias y daños que habría provocado un ilícito cuyo descubrimiento fue posible principalmente en virtud de tal revelación. Ello representa doctrinariamente un “puente de plata” desde la sanción a su exención, basado en una política orientada principalmente a la eficacia de la detección temprana de un ilícito que puede provocar significativos daños en un mercado y que, sólo por la imposibilidad de su descubrimiento, sin la acción de uno de los que participan en la conducta, la sanción cede exclusivamente respecto de quien efectúa la revelación.

El beneficio que se establece no anula, por consiguiente, en la generalidad de los casos, la ilicitud de la conducta de quien revela información importante para la investigación, pero sí representa en todos los casos un estímulo para que el ilícito pueda ser descubierto y evite que se siga cometiendo o, en ciertas situaciones, puede incluso llegar a desarticular su perpetración cuando aun no produce efectos.

Esta concepción es concordante con legislaciones de otros países, y puede convertirse en un mecanismo que contribuya no sólo a aumentar la comprobación de ilícitos, sino particularmente a inhibir su comisión, por el riesgo que asumen todos los que participan en su preparación de ser descubiertos por los mismos que intervienen en la conducta.

Adicionalmente y para efectos de incentivar el uso del mecanismo que se incorpora con el nuevo artículo 26 bis, se agrega un inciso final al artículo 30, relativo a la determinación de la indemnización de perjuicios por el tribunal civil, con el objeto de excluir de la solidaridad prevista en el artículo 2.317 del Código Civil al beneficiado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que hubiese declarado o aportado antecedentes eficaces para la investigación o comprobación del ilícito, pero sin afectar el derecho del perjudicado a ser reparado íntegramente de los daños sufridos.

8. Adecuaciones relativas a los procedimientos contencioso y no contencioso del Tribunal Regulación de la prueba.

A fin de facilitar un procedimiento ágil, expedito, simple y transparente que facilite la tarea del Tribunal, se considera necesario efectuar una serie de modificaciones al artículo 22 de la Ley, en lo que concierne a la rendición de pruebas.

Se establece, en primer lugar, como regla general, que se admitirán por punto de prueba las declaraciones de dos testigos por cada parte que no hayan sido inhabilitados, salvo que el propio Tribunal, a petición fundada efectuada en la lista de testigos que presenten las partes, decida ampliar los testigos que prestarán declaración, resguardando el derecho de bilateralidad de la audiencia y el derecho de defensa. Lo expuesto permite evitar un cúmulo de declaraciones ajenas e inoficiosas para el proceso, que entorpecen la debida apreciación de los antecedentes por parte del tribunal.

Por otra parte, en cuanto a las diligencias probatorias de inspección personal del Tribunal, absolución de posiciones y rendición de prueba de testigos, se entregan facultades discrecionales al Tribunal para evitar que las partes dilaten, manejen o entorpezcan el procedimiento. Así, se faculta al Tribunal para que pueda impedir que las declaraciones y las preguntas que las partes dirijan a aspectos irrelevantes o inadmisibles y resolver de plano las objeciones que se planteen.

En este contexto, se permite al Tribunal el registro de las audiencias de testigos y de absolución de posiciones, por cualquier medio idóneo, que asegure la fidelidad y conservación de las mismas.

b. Procedimientos no contenciosos

Desde su creación por la ley N° 19.911, los procedimientos no contenciosos que contempla el artículo 31 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de Economía, de 2004, han sido una de las herramientas más eficaces para prevenir posibles atentados a la libre competencia, además de culminar con sentencias del Tribunal que contienen jurisprudencia valiosa para expertos en la materia y que contribuyen a otorgar certeza jurídica a los agentes del mercado.

Producto de su positiva recepción, las empresas han recurrido a este mecanismo voluntariamente. Ello ha justificado la inexistencia de un procedimiento forzoso de consultas respecto de adquisiciones o fusiones de empresas. A consecuencia de los numerosos procedimientos que se han iniciado, ha sido posible identificar prontamente las potenciales trabas que contempla su regulación, las que podrían implicar retardos en futuras consultas al Tribunal.

Por ello se ha estimado necesario introducir pequeñas modificaciones de texto, pero significativas en su alcance, en cuanto a reducir trámites y costos para las partes, tales como la simplificación de los trámites de notificación y de los medios a emplear en ellas. De esta forma, sin afectar el derecho de cualquier afectado para conocer y aportar antecedentes en un procedimiento no contencioso, se resguarda el legítimo interés de quien se somete a este procedimiento de tener respuesta, en un plazo razonable, sobre el acto que se propone realizar y, por consiguiente, disminuir la incertidumbre que puede afectar decisiones empresariales.

9. Nuevas facultades de la Fiscalía Nacional Económica

a. Facultades para investigar sujetas a control jurisdiccional preventivo.

Como se señaló anteriormente, el otro objetivo central de la reforma es fortalecer las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica, de manera que este servicio pueda cumplir adecuadamente sus labores como órgano investigador, particularmente en lo que dice relación con la detección y comprobación de conductas colusivas.

A la figura de delación compensada que se explicó en los párrafos precedentes, el proyecto agrega como facultades de la Fiscalía la posibilidad de solicitar a Carabineros o Investigaciones para que allane, descerraje y registre recintos públicos o privados o incaute documentos y antecedentes. Además se le faculta para que los mismos órganos puedan interceptar toda clase de comunicaciones.

Estas atribuciones naturalmente deben ejercerse previa autorización del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que en esta materia actuará como tribunal de garantía de los derechos de los administrados. Con estas nuevas atribuciones, más la figura de la delación compensada, se logra un buen complemento para tener un sistema eficiente en la investigación de las conductas colusivas, al nivel de las legislaciones más modernas que existen en el derecho comparado.

b. Modificación de la Ley de Prensa.

El artículo segundo del proyecto, a diferencia de las adecuaciones anteriores, modifica una ley especial, diferente al Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de Economía, de 2004, pero que incide significativamente en el trabajo del Tribunal, pese a la escasa trascendencia social que, la mayoría de las veces, representan las conductas examinadas por aquél. Se trata de cualquier hecho o acto relevante relativo a la modificación o cambio en la propiedad o control de un medio de comunicación social, según lo dispuesto en el artículo 38 de la ley N° 19.733, sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo.

En efecto, un porcentaje relevante de los procedimientos no contenciosos que se han iniciado ante el Tribunal, han sido los hechos o actos descritos en términos amplios por el artículo 38 de la citada ley, no obstante lo cual, sólo en limitados casos ha habido una conducta susceptible de identificar con los hechos, actos o convenciones que, de acuerdo al artículo 3° modificado la Ley N° 19.911 al Decreto Ley N° 211, pueden ser objeto de una medida a imponer por el Tribunal.

Una razón adicional y que justifica igualmente las modificaciones a los artículos 37 y 43 de la referida ley, es que en ellos se contenían descripciones de conductas orientadas a establecer presunciones legales de los supuestos de hecho previstos en los incisos primero y segundo del artículo 1° del Decreto Ley N° 211, hoy sustituidos por la Ley N° 19.911.

De esta forma, la regulación propuesta adecua la ley especial a las del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de Economía, de 2004, y reduce el número de ingresos al Tribunal a los que, a juicio de la Fiscalía Nacional Económica, sean susceptibles de atentar contra la libre competencia, pues se radica en ella el examen preventivo de los hechos y actos relevantes relativos a la modificación o cambio en la propiedad o control de un medio de comunicación social.

IV. PALABRAS FINALES.

Por todas las consideraciones expresadas, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia estará en condiciones de incrementar aun más su eficiencia y calidad técnica en sus decisiones, lo que ha representado un salto sustancial en la calidad de nuestra legislación económica, tal como anticipaba el Mensaje del Proyecto de Ley que concluyó con la dictación de la ley N° 19.911. Pero, además, ofrecerá mayores garantías de su independencia e idoneidad profesional a las partes que comparecen ante el Tribunal y a la comunidad en general, permitiendo que aquellas acciones que amenazan un bien tan preciado como la libre competencia, sean conocidas y, conforme a su mérito, sancionadas, de acuerdo a procedimientos modernos y eficaces que acrecienten aun más la confianza y la seguridad en nuestro sistema económico.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2004, publicado el 7 de marzo de 2005, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº 211 de ese Ministerio de 1973 y sus modificaciones introducidas por la Ley N° 20.088, en los términos que se señalan a continuación:

1) Modifícase el artículo 6° en los siguientes términos:

a) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“El Tribunal tendrá dos suplentes, un abogado y un licenciado o con post grado en ciencias económicas.”.

b) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“El Presidente de la República designará al abogado suplente y el Consejo del Banco Central al licenciado o post graduado en ciencias económicas, conforme al procedimiento señalado en la letra b) precedente, para lo cual se podrán considerar las mismas nóminas y concursos previstos para el nombramiento de los titulares.”.

c) Suprímese, en el inciso quinto, la oración “Asimismo, por ese medio, se determinará el orden en que los suplentes reemplazarán a los integrantes titulares.”.

d) Sustitúyese el inciso séptimo por el siguiente:

“Es incompatible el cargo de integrante del Tribunal con la condición de:

a) Funcionario público;

b) Administrador, gerente o trabajador dependiente de sociedades anónimas abiertas o sometidas a las reglas de estas sociedades, como asimismo, de sus matrices, filiales, coligantes o coligadas;

c) Asesor o prestador de servicios profesionales, en materias que digan relación con la libre competencia, considerándose también que asesora o presta servicios profesionales si percibe cualquier clase de remuneración, honorario o regalía de personas naturales o jurídicas que asesoran o prestan servicios profesionales en dichas materias; y

d) Haber desempeñado el cargo de Fiscal Nacional Económico o cualquier cargo directivo en la Fiscalía Nacional Económica en el año anterior al inicio del concurso público de antecedentes.”.

e) Intercálase el siguiente inciso octavo nuevo, pasando su actual inciso octavo a ser inciso noveno:

“Las personas que al momento de su nombramiento ostenten cualquiera de las condiciones señaladas en el inciso sexto de este artículo, deberán renunciar a ella.”.

2) Reemplázase, en el inciso segundo del artículo 7º, la frase “nuevos períodos sucesivos” por la frase “sólo un período sucesivo”.

3) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 9º, la expresión “dos” por la expresión “tres”.

4) Sustitúyese el artículo 10, por el siguiente:

“Artículo 10. La remuneración mensual del Presidente del Tribunal será la suma de ciento cuarenta unidades tributarias mensuales y la de los demás integrantes titulares será la suma de ciento veinte unidades tributarias mensuales. Estos últimos recibirán, además, mensualmente la suma de diez unidades tributarias mensuales por cada sesión a la que asistan, adicional a las obligatorias establecidas en el inciso primero del artículo 9°. En todo caso, la suma total que podrán percibir mensualmente no superará la remuneración del Presidente del Tribunal . Los integrantes suplentes, en su caso, recibirán mensualmente la suma de treinta unidades tributarias mensuales y, además, la suma de diez unidades tributarias mensuales por cada sesión a la que asistan en la que no concurra el titular correspondiente, con un máximo de sesenta unidades tributarias mensuales, cualquiera sea el número de sesiones a las que hayan asistido.”.

5) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 11:

a) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“En todo caso, se presume de derecho que el Ministro también estará inhabilitado cuando:

a) El interés en esa causa sea de su cónyuge o de sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad; o de personas que estén ligados al mismo por vínculos de adopción, o de las empresas en las cuales estas mismas personas sean sus representantes legales, mandatarios, directores, gerentes o desempeñen otros cargos directivos, o posean directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas un porcentaje de la sociedad que les permita participar en la administración de la misma, o elegir o hacer elegir uno o más de sus administradores; y

b) Asesore o preste servicios profesionales, en cualquier clase de materias, a personas naturales o jurídicas que tengan la calidad de parte en esa causa, o lo haya hecho en los dos años anteriores a la fecha de ingreso de aquélla.”.

b) Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo, pasando a ser los actuales incisos tercero, cuarto, quinto y sexto, cuarto, quinto, sexto y séptimo, respectivamente:

“Además, será causal de recusación respecto de los integrantes titulares o suplentes, la existencia de relaciones laborales, comerciales, societarias o en comunidades de carácter profesional, con los abogados o asesores de alguna de las partes, en términos tales que permitan presumir que su imparcialidad se encuentra comprometida.”.

c) Reemplázase, en el inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, la frase “preferentemente por el suplente que corresponda de la misma área profesional”, por la oración “por el suplente de su misma área profesional, salvo que esta regla impida al Tribunal sesionar con el quórum mínimo establecido en el artículo 9°.”.

6) Agrégase el siguiente artículo 11 bis, nuevo:

“Artículo 11 bis. Los integrantes titulares y suplentes del Tribunal no podrán ser administradores, gerentes o trabajadores dependientes, ni asesorar o prestar servicios profesionales, en toda clase de materias, a personas naturales o jurídicas que tengan la calidad de parte en alguna causa que haya conocido el respectivo ministro hasta un año contado desde que se dicte sentencia por el Tribunal, aun cuando el integrante haya cesado en su cargo.

Se considerará también que un integrante asesora o presta servicios profesionales, si percibe cualquier clase de remuneración, honorario o regalía de personas naturales o jurídicas que asesoran o prestan servicios profesionales a una parte en alguna causa que haya conocido el respectivo ministro , sin haber empleado la diligencia y cuidado debido en razón de su cargo.

La infracción de esta prohibición constituirá notable abandono de deberes o, en caso que el integrante del Tribunal haya cesado en su cargo, la sanción será de inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos por el período de cinco años, la que será aplicada por la Corte Suprema a requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica.”.

7) Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 20, la frase “requerimiento del Fiscal Nacional Económico” por la frase “la noticia que dé la Fiscalía Nacional Económica al afectado del inicio de una investigación de acuerdo a la letra a) del artículo 39 y siempre que el requerimiento se presente dentro de los dos años siguientes a la referida noticia”, seguida de una coma (,)”.

8) Modifícase el artículo 21, en los siguientes términos:

a) Reemplázase, en el inciso segundo, la oración “carta certificada enviada al domicilio de la persona a quien se debe notificar” por la expresión “el estado diario”.

b) Suprímese el inciso tercero.

9) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 22:

a) Agrégase, en el inciso tercero, a continuación de la expresión “ejecutoriada”, el siguiente texto, precedido de un punto seguido (.): “En todo caso, sólo se admitirán por punto de prueba, declaraciones de dos testigos por cada parte que no hayan sido inhabilitados salvo que el Tribunal, a petición fundada efectuada al presentarse la lista de testigos, amplíe dicho número a objeto de resguardar la bilateralidad de la audiencia y el derecho de defensa.”.

b) Agrégase, en el inciso cuarto, a continuación de la expresión “caso”, la siguiente oración, precedida de una coma (,): “el que podrá efectuar las preguntas que estime convenientes, impedir que las declaraciones y las preguntas de las partes se desvíen hacia aspectos irrelevantes o inadmisibles y resolver de plano las objeciones que le fuesen formuladas.”.

c) Intercálase los siguientes incisos sexto, séptimo y octavo nuevos, pasando a ser noveno el actual inciso sexto:

“El Tribunal dispondrá el registro de todas las audiencias a que hubiere lugar en forma íntegra, por cualquier medio que asegure su fidelidad.

La prueba instrumental podrá presentarse hasta diez días antes de la fecha fijada para la vista de la causa. A solicitud de parte, el Tribunal podrá decretar reserva respecto de terceros ajenos al proceso o confidencialidad incluso respecto de las demás partes, de aquellos instrumentos que contengan fórmulas, estrategias o secretos comerciales o cualquier otro elemento cuya revelación pueda afectar significativamente el desenvolvimiento competitivo de su titular. Los instrumentos que tengan carácter reservado o confidencial en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo de la letra a) del artículo 39, deberán presentase siempre en tal carácter por la Fiscalía Nacional Económica, y el Tribunal deberá mantener la reserva o confidencialidad de los mismos.

Sin perjuicio de lo anterior, de oficio o a petición de parte, el Tribunal podrá ordenar a la parte que corresponda, en cualquier etapa del proceso e incluso como medida para mejor resolver, que prepare una versión pública del instrumento para que las otras partes ejerzan su derecho a objetarlo u observarlo. Si la referida versión pública es insuficiente como antecedente válido para fallar la causa, el Tribunal podrá decretar de oficio y por resolución fundada, el término de la reserva o confidencialidad del instrumento, y ordenará ponerlo en conocimiento de las demás partes.”.

10) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 26:

a) Reemplázase, en la letra c) del inciso segundo, la expresión “veinte” por la expresión “treinta”, y agrégase, a continuación de la frase “en la realización del mismo”, la siguiente oración, precedida de una coma (,): “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26 bis”.

b) Intercálase, en el inciso tercero, a continuación de la expresión “conducta”, la siguiente oración, precedida de una coma (,): “el daño causado a la libre competencia”.

11) Introdúcese el siguiente artículo 26 bis, nuevo:

“Artículo 26 bis.- El Tribunal deberá reducir, o eximir en casos calificados, el monto de la multa que le aplique en forma individual, a quien haya revelado a la Fiscalía Nacional Económica, hechos que configuran una conducta prevista en la letra a) del artículo 3° o que la acreditan, mediante el suministro de informaciones precisas, verídicas y comprobables que conduzcan a la determinación de los demás responsables, o sirvan para prevenir o impedir su ejecución.

El Tribunal se pronunciará en la sentencia definitiva sobre la eficacia de la revelación aportada.

En el caso que la Fiscalía Nacional Económica haya recibido en una investigación declaraciones y antecedentes proporcionados de acuerdo al inciso primero, deberá solicitar en el requerimiento, la reducción de la multa que estime adecuada o su exención, conforme a la eficacia que las declaraciones y antecedentes proporcionen a la investigación, la oportunidad en que se aportaron y que emanen de un partícipe en la conducta que no sea su promotor. En todo caso, el Tribunal podrá imponer una multa mayor a la propuesta si del mérito de la prueba aportada al proceso, se comprobare que las circunstancias y efectos de la conducta son más graves que las determinadas en el requerimiento.

Las declaraciones y antecedentes aportados conforme a este artículo, tendrán carácter secreto desde que se den o entreguen a la Fiscalía Nacional Económica, la que deberá formar un expediente administrativo especial y separado con tales declaraciones y antecedentes, al cual sólo tendrá acceso el Tribunal.

Los afectados tendrán acceso únicamente a las piezas pertinentes de este cuaderno, cuando tales declaraciones o antecedentes se hagan valer en su contra por la Fiscalía Nacional Económica, o sean calificados como hechos a acreditar en los puntos de prueba o en una medida para mejor resolver decretada por el Tribunal.

Una instrucción de carácter general del Tribunal precisará y desarrollará la aplicación de este beneficio y los criterios en virtud de los cuales se calificará la eficacia de las revelaciones aportadas.”.

12) Agrégase, al artículo 30, el siguiente inciso final, nuevo:

“El beneficiado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, de acuerdo a lo señalado en el artículo 26 bis, será responsable únicamente de los perjuicios causados por su conducta y no se le aplicará lo dispuesto en el artículo 2.317 del Código Civil.”.

13) Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso primero del artículo 31:

a) Suprímese, en el numeral 1), las oraciones “se publicará en el Diario Oficial y en un Diario de circulación nacional y”, e intercálase, a continuación de la palabra “antecedentes”, la siguiente oración, precedida de un punto seguido (.): “Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal podrá disponer que se publique igualmente el referido decreto en el Diario Oficial y/o en un diario de circulación nacional o regional”; y agrégase, a continuación de la expresión “expediente”, la siguiente oración, precedida de un punto seguido (.): “Si éstos constan en instrumentos, deberán presentarse hasta diez días antes de la audiencia pública a que se refiere el numeral siguiente, aplicándoseles lo dispuesto en los incisos séptimo y octavo del artículo 22.”.

b) Agrégase, en el numeral 2), a continuación de la expresión “opinión”, la siguiente oración, precedida de una coma (,): “salvo que el número de personas que hubiesen aportado antecedentes, justifique por motivos económicos que se les notifique exclusivamente por cédula”.

14) Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso segundo del artículo 39:

a) Agrégase, en el inciso primero de la letra a), a continuación de la palabra “afectado”, la expresión “y al Tribunal”.

b) Agrégase, en la letra a), el siguiente inciso tercero nuevo, pasando a ser cuarto el actual inciso tercero:

“Asimismo, el Fiscal Nacional Económico podrá disponer de oficio o a petición del interesado, que ciertas piezas del expediente sean reservadas o confidenciales, siempre que tengan por objeto proteger la identidad de testigos o de quienes hayan efectuado declaraciones o aportado antecedentes en conformidad al artículo 26 bis, o que contengan fórmulas, estrategias o secretos comerciales o cualquier otro elemento cuya revelación pueda afectar significativamente el desenvolvimiento competitivo de su titular, o resguardar la eficacia de investigaciones de la Fiscalía.

Lo anterior es sin perjuicio que en un proceso en curso y previo traslado, se aplique lo dispuesto en el inciso noveno del artículo 22, o que se ordene por el Tribunal otorgar copias de piezas del expediente que no se hayan agregado al proceso, suprimiendo en ellas todas las referencias que pudieren revelar las identidades u objetos de protección aludidos precedentemente.”.

c) Suprímese, en la letra b), el siguiente texto y la coma (,) que le antecede: “que se rigen por lo dispuesto en la letra i) de este artículo “.

d) Intercálase, en la letra l), a continuación de la expresión “entendimiento”, el siguiente texto: “con otros servicios públicos y universidades, en materias de cooperación recíproca. Asimismo, celebrar convenios”.

e) Reemplázase, en la letra m), a continuación de la expresión “entendimiento”, la expresión “y” junto a la coma (,) que la precede, por un punto y coma (;).

f) Intercálase, a continuación de la letra m), las siguientes letras n), o) p) y q) nuevas, pasando a ser r) la actual letra n):

“n) Realizar estudios sobre la evolución competitiva de los mercados, en cuyo caso podrá ejercer las facultades contenidas en las letras g) y h), y de este artículo;

o) Realizar indagaciones preliminares sobre eventuales infracciones a la ley u operaciones que pudieren restringir la competencia que no impliquen necesariamente el inicio de una investigación, en cuyo caso podrá ejercer las facultades contenidas en las letras g), h), y j) de este artículo;

p) Formular, una vez iniciada una investigación, recomendaciones a particulares u organismos públicos para que se abstengan de ejecutar un hecho o celebrar un acto o contrato bajo apercibimiento de interponer un requerimiento en su contra;

q) Solicitar autorización al Tribunal para que Carabineros o la Policía de Investigaciones, bajo la dirección del funcionario de la Fiscalía Nacional Económica que indique la petición, proceda a entrar, registrar, allanar y descerrajar recintos públicos o privados e incautar toda clase de objetos y documentos que permitan acreditar la existencia de un ilícito previsto en esta ley. En el caso de investigaciones orientadas a acreditar conductas de las descritas en la letra a) del artículo 3°, podrá solicitar, adicionalmente, se autorice la interceptación de toda clase de comunicaciones y se ordene que cualquier empresa que preste este servicio facilite copias y registros de las comunicaciones transmitidas o recibidas por ella; y”.

Artículo 2º. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.733 sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo:

1) Suprímese el inciso segundo del artículo 37.

2) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 38:

a) Reemplázase, en el inciso primero, la oración “respectiva Comisión Preventiva Regional o a la Comisión Preventiva Central, según corresponda” por la frase “Fiscalía Nacional Económica”, y la oración “Dicho informe deberá evacuarse dentro de los treinta días siguientes a la presentación de la solicitud, en caso contrario se entenderá que no amerita objeción alguna” por la oración “En caso que no se informe favorablemente por el Fiscal Nacional Económico dentro de los treinta días siguientes a su presentación, éste deberá comunicarlo al Tribunal para efectos de lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2004.”.

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “respectiva Comisión Preventiva” por la frase “Fiscalía Nacional Económica”.

3) Derógase el artículo 43.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero transitorio.- La presente ley entrará en vigencia transcurridos noventa días desde su publicación en el Diario Oficial, salvo las modificaciones incorporadas a los artículos 9°, 10, 26 y 30, y el artículo 26 bis nuevo, del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2004, publicado el 7 de marzo de 2005, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº 211 de ese Ministerio de 1973 y sus modificaciones introducidas por la Ley N° 20.088, las cuales regirán desde la publicación de la presente ley.

Artículo segundo transitorio.- Los integrantes suplentes del Tribunal que a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren ejerciendo el cargo, se mantendrán en ellos hasta el día en que venza su período de acuerdo al decreto de nombramiento y no se les aplicará el régimen de remuneraciones que incorpora esta ley, hasta que se reduzca el número de suplentes en conformidad al inciso siguiente.

La designación de dos integrantes suplentes en conformidad a lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2004, publicado el 7 de marzo de 2005, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº 211 de ese Ministerio de 1973 y sus modificaciones introducidas por la Ley N° 20.088, con las modificaciones establecidas en el numeral primero del artículo primero de la presente ley, sólo se efectuará con ocasión de la renovación que corresponda a los que expiren en sus funciones el año 2012.

Artículo tercero transitorio.- La modificación introducida por el numeral 2 del artículo 1° de esta ley, será aplicable a los integrantes titulares que se designen a partir de la renovación parcial que se produzca con posterioridad a la publicación de la presente ley.

Artículo cuarto transitorio.- El gasto que represente la aplicación de esta ley durante el año 2006, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-24-03-104 de la Partida del Tesoro Público de la Ley de Presupuestos para dicho año.”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; ANDRÉS VELASCO BRAÑES , Ministro de Hacienda ; ISIDRO SOLÍS PALMA , Ministro de Justicia ; INGRID ANTONIJEVIC HAHN , Ministra de Economía , Fomento y Reconstrucción; RICARDO LAGOS WEBER , Ministro Secretario General de Gobierno ”.

INFORME FINANCIERO

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA DFL N° 1 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN, DE 2004

Mensaje N° 134-354

La presente iniciativa tiene como objetivo el fortalecimiento de la independencia de los integrantes del Tribunal de la Libre Competencia, así como de las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica.

En cuanto a las implicancias financieras del proyecto, cabe indicar que para el Tribunal de la Libre Competencia, lo anterior se traduce en un incremento de la remuneración máxima mensual para sus integrantes titulares desde UTM 120 a UTM 140, así como desde UTM 40 a UTM 60 para los miembros suplentes, los cuales a su vez disminuyen de cuatro a dos.

Todo lo anterior conlleva un mayor gasto fiscal anual en régimen equivalente a UTM 720.

(Fdo.): ALBERTO ARENAS DE MESA, Director de Presupuestos ?.

2. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley que establece un regimen simplificado para determinar el impuesto a la renta de los micro y pequeños contribuyentes. (boletín N° 4246-03)

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración el proyecto de ley que establece un régimen simplificado para determinar el impuesto a la renta de los pequeños contribuyentes.

I. ANTECEDENTES.

Las pequeñas empresas juegan un rol clave para alcanzar un crecimiento económico sostenido y equitativo que beneficie a cada uno de los sectores del país. Las políticas públicas destinadas a potenciar a estas empresas deben apoyar e incentivar su desarrollo de manera de hacerlas más competitivas y capaces de adaptarse a nuevas condiciones económicas.

En esta línea, es indispensable mantener una atención continua al mejor funcionamiento del sistema tributario con el objeto de perfeccionarlo, especialmente en materias que aumentan su eficiencia a través de criterios de simplificación y racionalidad.

II. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO.

En la actualidad, para el cumplimiento tributario, las empresas requieren realizar una serie de procedimientos complejos que a los micro y pequeños contribuyentes les significa gastos importantes de tiempo y recursos.

El presente proyecto de ley propone un sistema que busca simplificar el régimen contable-tributario para determinar el impuesto a la renta de estos empresarios, a un nivel que signifique una solución efectiva y real que posibilite un mejor cumplimiento de las obligaciones que las leyes tributarias les imponen. El proyecto también permite aliviar los problemas de liquidez que les genera el cumplimiento tributario a estas empresas. Asimismo, mediante el sistema propuesto se permite un mejor apoyo para este sector de contribuyentes por parte del Servicio de Impuestos Internos, el cual a través de sus sistemas tecnológicos asistirá en la elaboración de las declaraciones de impuesto a la renta.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO.

El proyecto que someto a vuestra consideración, crea un régimen optativo de contabilidad simplificada para efectos tributarios que exige el mínimo de requerimientos, diseñado con la información de los registros y documentación básicos ya existentes.

1. Contribuyentes del nuevo régimen simplificado.

La estructura simple de este régimen tiene por finalidad principal incorporar a los micro y pequeños empresarios individuales y empresas individuales de responsabilidad limitada, con un máximo de 3.000 UTM de ventas y servicios anuales ($ 95.000.000 aproximadamente), los que representan un 67% de los contribuyentes de primera categoría del país, a quienes, por las características de su negocio tienen dificultades para cumplir integralmente las exigencias tributarias generales.

Además, según estadísticas del Servicio de Impuestos Internos, estos contribuyentes, por sus bajos niveles de ingresos, consumen prácticamente en el mismo ejercicio las utilidades que en él se generan, con lo cual actualmente se les complica innecesariamente la administración de sus negocios con la exigencia de llevar una variedad de controles y registros que contempla la ley común, los que resultan procedentes para otro nivel de contribuyentes más grandes y sofisticados.

Por consiguiente, dado la simplicidad de sus operaciones habituales casi exclusivamente compuestas de ventas y compras, que además el consumo de sus utilidades se produce prácticamente en el mismo ejercicio en que se generan, y al bajo monto de su tasa efectiva promedio del impuesto final a la renta, se llega incuestionablemente a la conclusión que es indispensable simplificar la forma en que estos contribuyentes deben cumplir con el impuesto a la renta, estructurando un sistema que refleje su realidad operativa y económica, armonizando el cumplimiento tributario con la forma en que administran el negocio, y poniendo a disposición de los contribuyentes las herramientas tecnológicas con que cuenta el Servicio de Impuestos Internos.

2. Características del régimen.

a. Libros de Compras y Ventas y de Remuneraciones como fuente principal de información.

La fuente principal de información de este régimen será la contenida en el Libro de Compras y Ventas que se lleva actualmente para el control del IVA, y el Libro de Remuneraciones, además de boletas, facturas o contratos, que no tienen que registrarse en los señalados libros y que representan, en general, gastos no relevantes en este tipo de contribuyentes.

b. Utilidad afecta a Impuesto a la Renta y deducción inmediata de gastos.

La utilidad afecta al impuesto a la renta, tanto con el tributo de primera categoría como con el global complementario o adicional será, en resumen, la diferencia anual que se determine entre la suma de los ingresos por ventas y servicios, y la suma de las compras, utilización de servicios y pago de sueldos y honorarios y otros gastos generales. Adicionalmente, se considerará como gasto no documentado hasta un 0,5% de las ventas brutas, con un mínimo de 1 UTM y un máximo de 15 UTM por contribuyente. Esta forma de calcular la utilidad implicará una mayor coherencia entre la capacidad de pago de los contribuyentes y sus impuestos por pagar.

Dentro de este marco de simplificación, es importante destacar la deducción inmediata como gasto de los desembolsos que se efectúen para adquirir bienes del activo inmovilizado, lo que se traducirá, a su vez, en un fuerte incentivo para que estas empresas puedan realizar este tipo de inversiones.

c. Liberación de obligaciones contables.

Para concretar la simplificación del sistema, se libera a los contribuyentes que se acojan a él de una serie de procedimientos, registros y cálculos complejos para este nivel de empresario, como es la confección de balances, la aplicación de la corrección monetaria, la realización de inventarios, la confección del registro FUT , etc.

d. Simplificación del cálculo de PPM.

De acuerdo a los antecedentes del Servicio de Impuestos Internos, más del 90% de los potenciales contribuyentes de este régimen posee una tasa marginal de impuesto Global Complementario inferior al 17% del impuesto de Primera Categoría , lo que implica que en la actualidad estos contribuyentes le prestan recursos al Estado por concepto de Pagos Provisionales Mensuales (PPM). El mecanismo que se propone en este proyecto de ley fija la tasa de los PPM en un 0,25% de las ventas brutas mensuales, lo que por un lado simplifica el cálculo de las tasas y por el otro reduce significativamente los pagos objetos de devolución. En efecto, este mecanismo significa una reducción de estos pagos para más del 80% de los potenciales contribuyentes de este régimen, contribuyendo a aliviar los problemas de liquidez que enfrentan estas empresas.

e. Se mantiene tributación integrada entre Impuesto de Primera categoría y los impuestos personales.

Por otra parte, se mantiene el régimen vigente que considera el impuesto a la renta en forma integrada, dando derecho a crédito por el impuesto de categoría pagado, a fin de evitar una doble tributación. En igual forma no se innova en cuanto al derecho de trasladar las pérdidas de un ejercicio a los períodos siguientes.

El establecimiento de este régimen simplificado tiene obviamente como objetivo central facilitarle al micro y pequeño contribuyente el correcto y oportuno cumplimiento tributario; pero, además, se persigue simplificar la Ley de la Renta, y permitir a su vez de este modo que el Servicio de Impuestos Internos pueda prestarle un apoyo tecnológico más efectivo y oportuno. En suma, el régimen permitirá a los contribuyentes que se acojan a éste concentrar sus energías en emprender nuevos proyectos, aumentar sus capacidades de inversión y mejorar su productividad.

3. Condiciones de ingreso y salida del sistema.

El ingreso al sistema es voluntario pero una vez que el contribuyente se ha incorporado al nuevo régimen, deberá permanecer en él por un plazo no inferior a tres ejercicios comerciales, a menos que deje de cumplir las condiciones de permanencia en el sistema.

Los contribuyentes que opten por ingresar al régimen simplificado deberán, al término del ejercicio anterior al ingreso al mismo, considerar como retiradas la totalidad de las rentas contenidas en el Fondo de Utilidades Tributables. El primer día del ejercicio inicial se deberán considerar como egresos las pérdidas tributarias acumuladas, los activos fijos físicos a su valor neto tributario y las existencias de bienes del activo realizable a su valor tributario.

Si se deja de cumplir con los requisitos de ingreso y permanencia al sistema, los contribuyentes quedarán sujetos a todas las normas comunes de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Al incorporarse al régimen común, los contribuyentes deberán elaborar un inventario inicial que registrará el activo físico y el realizable determinado al 31 de diciembre del último ejercicio acogido al régimen simplificado.

Aquellos contribuyentes que abandonen el régimen simplificado, voluntaria u obligatoriamente, no podrán reintegrarse a él hasta después de transcurridos tres ejercicios comerciales en el régimen común.

En mérito de lo expuesto, someto a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° del Decreto Ley N° 824, de 1974:

1) Suprímese el inciso segundo del número 1.- del artículo 2°.

2) Sustitúyese el artículo 14 bis, por el siguiente:

“Artículo 14 bis.- Los contribuyentes obligados a declarar renta efectiva según contabilidad completa por rentas del artículo 20 de esta ley, podrán acogerse al régimen simplificado que se establece en este artículo, siempre que den cumplimiento a las siguientes normas:

1. Requisitos que deben cumplir cuando opten por ingresar al régimen simplificado:

a) Ser empresario individual o estar constituido como empresa individual de responsabilidad limitada;

b) Ser contribuyente del Impuesto al Valor Agregado ;

c) No tener por giro o actividad cualquiera de las descritas en el artículo 20 números 1 y 2, ni realizar negocios inmobiliarios o actividades financieras, salvo las necesarias para el desarrollo de su actividad principal;

d) No poseer ni explotar a cualquier título derechos sociales o acciones de sociedades, ni formar parte de contratos de asociación o cuentas en participación en calidad de gestor, y

e) Tener un promedio anual de ingresos de su giro, no superior a 3.000 unidades tributarias mensuales en los tres últimos ejercicios. Para estos efectos, los ingresos de cada mes se expresarán en unidades tributarias mensuales según el valor de ésta en el mes respectivo. En el caso de tratarse del primer ejercicio de operaciones, deberán tener un capital efectivo no superior a 6.000 unidades tributarias mensuales, al valor que éstas tengan en el mes del inicio de las actividades.

2. Situaciones especiales al ingresar al régimen simplificado.

Las personas que estando obligadas a llevar contabilidad completa, para los efectos de esta ley, opten por ingresar al régimen simplificado, deberán efectuar el siguiente tratamiento a las partidas que a continuación se indican, según sus saldos al 31 de diciembre del año anterior al ingreso a este régimen:

a) Las rentas contenidas en el fondo de utilidades tributables, deberán considerarse íntegramente retiradas al término del ejercicio anterior al ingreso al régimen simplificado;

b) Las pérdidas tributarias acumuladas, deberán considerarse como un egreso del primer día del ejercicio inicial sujeto a este régimen simplificado;

c) Los activos fijos físicos, a su valor neto tributario, deberán considerarse como un egreso del primer día del ejercicio inicial sujeto a este régimen simplificado, y

d) Las existencias de bienes del activo realizable, a su valor tributario, deberán considerarse como un egreso del primer día del ejercicio inicial sujeto a este régimen simplificado.

3. Determinación de la base imponible y su tributación.

a) Los contribuyentes que se acojan a este régimen simplificado deberán tributar anualmente con el impuesto de Primera Categoría y además con los impuestos Global Complementario o Adicional, según corresponda. La base imponible del Impuesto de Primera Categoría, Global Complementario o Adicional, del régimen simplificado corresponderá a la diferencia entre los ingresos y egresos del contribuyente.

i) Para estos efectos, se considerarán ingresos las cantidades provenientes de las operaciones de ventas, exportaciones y prestaciones de servicios, afectas o exentas del Impuesto al Valor Agregado, que deban registrarse en el Libro de Compras y Ventas, como también todo otro ingreso relacionado con el giro o actividad que se perciba o devengue durante el ejercicio correspondiente, salvo los que provengan de activos fijos físicos que no puedan depreciarse de acuerdo con esta ley.

ii) Se entenderá por egresos las cantidades por concepto de compras, importaciones y prestaciones de servicios, afectos o exentos del Impuesto al Valor Agregado, que deban registrarse en el Libro de Compras y Ventas; pagos de remuneraciones y honorarios; intereses sobre cantidades pagadas o adeudadas; impuestos que no sean los de esta ley, las pérdidas de ejercicios anteriores, y los que provengan de adquisiciones de bienes del activo fijo físico que puedan ser depreciados de acuerdo a esta ley.

Asimismo, se aceptará como egreso de la actividad el 0,5% de los ingresos del ejercicio, con un máximo de 15 unidades tributarias mensuales y un mínimo de 1 unidad tributaria mensual, vigentes al término del ejercicio, por concepto de gastos menores no documentados, créditos incobrables, donaciones y otros, en sustitución de los gastos señalados en el artículo 31.

b) Para lo dispuesto en este número, se incluirán todos los ingresos y egresos, sin considerar su origen o fuente o si se trata o no de sumas no gravadas o exentas por esta ley.

c) La base imponible calculada en la forma establecida en este número, quedará afecta al Impuesto de Primera Categoría y Global Complementario o Adicional, por el mismo ejercicio en que se determine. Del Impuesto de Primera Categoría, no podrá deducirse ningún crédito o rebaja por concepto de exenciones o franquicias tributarias.

4. Liberación de registros contables y de otras obligaciones.

Los contribuyentes que se acojan al régimen simplificado establecido en este artículo, estarán liberados para efectos tributarios, de llevar contabilidad completa, practicar inventarios, confeccionar balances, efectuar depreciaciones, como también de llevar el detalle de las utilidades tributables y otros ingresos que se contabilizan en el Registro de la Renta Líquida Imponible de Primera Categoría y Utilidades Acumuladas a que se refiere el artículo 14, letra A), y de aplicar la corrección monetaria establecida en el artículo 41.

5. Condiciones para ingresar y abandonar el régimen simplificado.

Los contribuyentes deberán ingresar al régimen simplificado a contar del 1° de enero del año que opten por hacerlo, debiendo mantenerse en él a lo menos durante tres ejercicios comerciales consecutivos. La opción para ingresar al régimen simplificado se manifestará en la declaración de impuesto a la renta que deba presentarse en el año calendario en que se incorporan al referido régimen. Tratándose del primer ejercicio tributario deberá informarse al Servicio de Impuestos Internos a más tardar el 31 de diciembre del mismo año calendario.

Sin embargo, el contribuyente deberá abandonar obligatoriamente, este régimen, cualquiera sea el período por el cual se haya mantenido en él, cuando se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

a) Si deja de cumplir con alguno de los requisitos señalados en las letras a), b), c) y d) del número 1.- de este artículo, y

b) Si el promedio de ingresos anuales es superior a 3.000 unidades tributarias mensuales en los tres últimos ejercicios, o bien, si los ingresos de un ejercicio supera el monto equivalente a 5.000 unidades tributarias mensuales. Para estos efectos, los ingresos de cada mes se expresarán en unidades tributarias mensuales según el valor de ésta en el mes respectivo.

6. Efectos del retiro o exclusión del régimen simplificado.

Los contribuyentes que opten por retirarse o deban retirarse del régimen simplificado, deberán mantenerse en él hasta el 31 de diciembre del año en que ocurran estas situaciones, dando el aviso pertinente en la última declaración anual del Impuesto a la Renta del período, en el formulario respectivo.

En estos casos, a contar del 1° de enero del año siguiente quedarán sujetos a todas las normas comunes de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Al incorporarse el contribuyente al régimen de contabilidad completa deberá practicar un inventario inicial para efectos tributarios, acreditando debidamente las partidas que éste contenga.

En dicho inventario deberán registrar las siguientes partidas determinadas al 31 de diciembre del último ejercicio acogido al régimen simplificado:

a) La existencia del activo realizable, valorada según costo de reposición, y

b) Los activos fijos físicos, registrados por su valor actualizado al término del ejercicio, aplicándose las normas de los artículos 31, número 5°, y 41, número 2°.

Asimismo, para los efectos de determinar el saldo inicial positivo o negativo del registro a que se refiere el artículo 14, deberán considerarse las pérdidas del ejercicio o acumuladas al 31 de diciembre del último ejercicio acogido al régimen simplificado, y, como utilidades, las partidas señaladas en las letras a) y b), anteriores. La utilidad que resulte de los cargos y abonos de estas partidas, constituirá el saldo inicial afecto al Impuesto Global Complementario o Adicional, cuando se retire, sin derecho a crédito por concepto del Impuesto de Primera Categoría. En el caso que se determine una pérdida, ésta deberá también anotarse en dicho registro y podrá deducirse en la forma dispuesta en el inciso segundo del número 3° del artículo 31.

En todo caso, la incorporación al régimen general de la Ley sobre Impuesto a la Renta no podrá generar otras utilidades o pérdidas, provenientes de partidas que afectaron el resultado de algún ejercicio bajo la aplicación del régimen simplificado.

Los contribuyentes que se hayan retirado del régimen simplificado, no podrán volver a incorporarse a él hasta después de tres ejercicios en el régimen común de la Ley sobre Impuesto a la Renta.”.

3) Suprímese, en el inciso primero del artículo 38 bis, la frase “o en el inciso segundo del artículo 14 bis, según corresponda,”.

4) Sustitúyese, en el inciso segundo del número 1.- del artículo 54, la palabra “retiradas” por “determinadas”.

5) Sustitúyese, en el inciso séptimo del artículo 62, la expresión “retiradas de acuerdo al artículo 14 bis.” por “determinadas de acuerdo al artículo 14 bis, devengándose el impuesto al término del ejercicio.”.

6) Suprímese, en el inciso primero del número 4° del artículo 74, la frase “o de las cantidades retiradas o distribuidas a que se refiere el artículo 14 bis”.

7) Sustitúyese, la letra g) del artículo 84, por la siguiente:

“g) Los contribuyentes acogidos al régimen del artículo 14 bis de esta ley, efectuarán un pago provisional con la tasa de 0,25% sobre los ingresos mensuales de su actividad.”.

8) Suprímese, en el inciso primero del artículo 91, la frase “o de aquel en que se efectúen los retiros y distribuciones, tratándose de los contribuyentes del artículo 14 bis,”.

Artículo 2°.- Los contribuyentes acogidos al régimen del artículo 14 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenido en el artículo primero del decreto ley Nº 824, de 1974, podrán acceder al financiamiento señalado en los artículos 48 y 49 de la ley Nº 19.518, para ejecutar las acciones de capacitación a que se refiere el literal a) del articulo 46 de la misma ley, cuando su planilla anual de remuneraciones imponibles sea inferior a 90 unidades tributarias mensuales en el año calendario anterior al de postulación al referido beneficio. Asimismo, será aplicable a este financiamiento lo dispuesto en el artículo 50 de la ley Nº 19.518.”.

Artículo 3°.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 47 del decreto con fuerza de ley N°1, de 2002, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo, se entenderá:

1) Que los contribuyentes que se acojan al régimen contenido en el artículo 14 bis de la ley sobre Impuesto a la Renta cumplen con el requisito de llevar libros de contabilidad.

2) Por utilidades o excedentes líquidos, lo que resulte de aplicar lo dispuesto en el número 3 del artículo 14 bis de la ley sobre Impuesto a la Renta y no se aplicará lo dispuesto en el inciso primero del artículo 48 del Código del Trabajo.

Lo dispuesto en este artículo, regirá desde el 1° de enero del año 2007.

Artículos Transitorios

Artículo 1° transitorio.- Lo dispuesto en los artículos primero y segundo de esta ley, regirá desde el 1° de enero del año 2007.

Artículo 2° transitorio.- Los contribuyentes acogidos al 1° de julio del año 2006, al régimen contenido en el artículo 14 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que por esta ley se sustituye, podrán continuar acogidos a todas las normas aplicables a dicho régimen por un período máximo de seis ejercicios consecutivos a contar del presente ejercicio, salvo que con anterioridad al término de dicho plazo opten por retirarse o que al no cumplir con sus requisitos deban excluirse de él.”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; ANDRÉS VELASCO BRAÑES , Ministro de Hacienda ; INGRID ANTONIJEVIC HAHN , Ministra de Economía , Fomento y Reconstrucción”.

Informe financiero

PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA DETERMINAR EL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS MICRO Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

Mensaje N° 154-354

El proyecto de ley propone un régimen de contabilidad simplificada para la determinación de la renta líquida imponible del Impuesto de Primera Categoría y Global Complementario de los contribuyentes calificados como micro y pequeños empresarios.

Esta medida posee un importante potencial para el fortalecimiento de las empresas de menor tamaño, apuntando a dos objetivos principales. En primer lugar, se facilitará el cumplimiento tributario mediante un mecanismo de determinación del impuesto a la renta simple que incluirá sólo requisitos contables esenciales. Y en segundo lugar, se minimizará el problema de liquidez que les genera a estas empresas el pagar por concepto de Pagos Provisionales de Impuestos de Primera Categoría , montos que en el sistema actual, sólo son legalmente susceptibles de devolución una vez finalizado el proceso de Operación Renta del año tributario respectivo.

Los efectos fiscales de este sistema simplificado surgen debido a que éste, aunque grava los mismos ingresos que el régimen general y permite las mismas deducciones de gastos, difiere en el momento en que algunas deducciones se incorporan al cálculo de la base imponible. En efecto, el régimen simplificado permitirá diferir el pago de Impuesto a la Renta a aquellos contribuyentes que realizan inversiones en activos fijos, ya que se admite la rebaja inmediata de las compras de estos activos.

Esta modificación resultará en una menor recaudación tributaria, por cuanto los contribuyentes adelantarán la declaración de los gastos asociados a la compra de activos fijos, disminuyendo, por tanto, su utilidad tributable.

De esta manera se estiman los siguientes efectos sobre los ingresos fiscales, para los años que se señalan:

Año

MM US$

2007

-7,4

2008

-10,7

2009 en adelante

-8,6

(Fdo.): ALBERTO ARENAS DE MESA, Director de Presupuestos ?.

3. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley sobre objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y creación del servicio ciudadano alternativo. (boletín N° 4249-02)

“Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, someto a consideración del H. Congreso Nacional el presente proyecto de ley que establece una objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y crea un servicio ciudadano alternativo.

I. ANTECEDENTES.

La iniciativa legal tiene su fundamento en la necesidad de reconocer una exención al servicio militar obligatorio para aquellos jóvenes que, debido a sus convicciones, no puedan darle cumplimiento sin entrar en un grave conflicto de conciencia. Para ello, a través de la creación de una prestación sustitutoria en el Servicio Ciudadano Alternativo, se les permitirá cumplir con dicha carga pública.

La Constitución Política de la Republica, en efecto, en su artículo 19 Nº 20, establece la igualdad de todas las personas en el cumplimiento de las cargas públicas, entre las cuales se encuentra el servicio militar. Además, en el artículo 22 inciso tercero, señala que el servicio militar obligatorio y demás cargas personales que imponga la ley “son obligatorias en los términos y formas que ésta determine”.

El Gobierno ha priorizado dar respuesta a esta necesidad, en primer lugar, porque está establecido como una de las medidas que se comprometió adoptar dentro de los primeros 100 días de su mandato. Ahí se obligó a crear un servicio ciudadano alternativo al servicio militar obligatorio, que permita a los jóvenes realizar actividades de impacto social en beneficio de la comunidad.

Con la creación de este programa de servicio ciudadano, dichos jóvenes podrán contribuir con los objetivos de la Defensa Nacional expresados en el Libro de la Defensa Nacional 2002, documento generado en un proceso participativo y aprobado por Decreto Supremo (G) Nº 21 de 14 de mayo de 2003.

En segundo lugar, la jurisprudencia internacional de derechos humanos sólo reconoce la objeción de conciencia en los países que consagran dicha condición en sus leyes nacionales. En este sentido, la objeción de conciencia ha sido reconocida en la legislación nacional de Alemania, Croacia, Dinamarca , Holanda , Italia y Portugal, entre otros países.

Durante la última década, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ha exhortado a los Estados a que reconsideren sus leyes y prácticas en materia de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio.

Esta iniciativa legal da respuesta a ese requerimiento, al permitir que aquéllos jóvenes que acrediten ser objetores de conciencia, cumplan con esta carga pública, con un servicio alternativo a la forma única que actualmente permite nuestra legislación, esto es conforme lo dispone el Decreto Ley Nº 2.306. Éste, como se sabe, limita el cumplimiento de ésta a la ejecución del servicio militar obligatorio.

Este proyecto permitirá conjugar las necesidades de la Defensa Nacional relativas al contingente anual necesario para las Fuerzas Armadas con el pleno ejercicio de la libertad de pensamiento, conciencia y religión de las personas, en lo que se refiere a la obligación de realizar el servicio militar.

II. IDEAS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO DE LEY.

El objetivo fundamental de esta iniciativa legal, entonces, es crear un servicio alternativo al servicio militar obligatorio.

Dicho servicio alternativo constituye también una carga pública, de acuerdo a lo prescrito en la Constitución, la que establece que “el servicio militar y demás cargas personales que imponga la ley son obligatorios en los términos y formas que esta determine”.

De este modo, el ciudadano que en función de su testimonio de vida y de sus convicciones presente un problema de conciencia respecto del servicio militar, podrá cumplir con su deber patriótico ante el país de forma incuestionable a través del servicio ciudadano alternativo.

En definitiva, las ideas fundamentales de este proyecto de ley se refieren a dos grandes ámbitos. Por una parte, se establece la cláusula de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, y por la otra, se introduce el servicio ciudadano alternativo.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO.

El proyecto tiene dos partes. En una se regula la objeción de conciencia, y, en la otra, el servicio ciudadano alternativo.

1. La objeción de conciencia.

El proyecto, en primer lugar, establece una cláusula de objeción de conciencia al cumplimiento del servicio militar obligatorio.

Dicha cláusula se hace bajo la forma de una exención al cumplimiento de la carga pública personal de prestar el servicio militar para quienes aleguen fundadamente convicciones éticas, religiosas, filosóficas o humanitarias que les impidan la prestación de dicho servicio, y que, como consecuencia de ello, hayan sido declarados objetores de conciencia conforme al procedimiento que fije esta ley.

La objeción de conciencia, por tanto, tiene causales regladas, las que deben demostrarse en un procedimiento administrativo, cuya resolución final puede impugnarse jurisdiccionalmente.

El proyecto diferencia la figura de la exención al cumplimiento del servicio militar obligatorio por las razones de conciencia mencionadas, de las demás exenciones del deber militar y de las exclusiones del servicio militar establecidas por el Decreto Ley 2.306, de 1978. Se crean de ese modo una institución enteramente nueva y especialmente concebida para la materia de que trata esta ley.

Por otra parte, el proyecto establece que la exención no podrá invocarse con carácter de sobreviniente, lo que fortalece la idea de que debe hacerse dentro de un plazo determinado, sin que pueda luego solicitarse su reconocimiento. Esto tiene la finalidad de facilitar la aplicación del proceso de reclutamiento y selección de las Fuerzas Armadas.

En relación con la vigencia del estado de asamblea, el proyecto propone limitar la posibilidad de invocar la exención. Cuando esté vigente dicho estado de excepción constitucional, que se declara en caso de guerra exterior, quienes hayan sido declarados objetores de conciencia con anterioridad a la entrada en vigencia del mismo, podrán ser movilizados. Pero sólo para el desempeño de funciones que no contravengan las convicciones éticas, religiosas, filosóficas o humanitarias en virtud de las que se les concedió la exención del cumplimiento del servicio militar obligatorio.

Ahora bien, para quienes sean declarados objetores, se establece la obligación de realizar una prestación sustitutoria en el servicio ciudadano alternativo. Mediante este mecanismo se materializa el principio constitucional de igualdad ante las cargas públicas, en virtud del cual quienes no cumplan el servicio militar obligatorio, deben realizar algún servicio de naturaleza equivalente y sustitutoria. Esto ya existe a través de la posibilidad que jóvenes disponibles del Servicio Militar que no han sido convocados a los cuarteles, sean destinados a la Defensa Civil.

El proyecto recoge esta fórmula y la desarrolla mediante el nuevo Servicio Ciudadano Alternativo que se crea en esta ley, al cual serán destinados quienes en definitiva sean declarados objetores.

Con esto, el proyecto, de un lado, persigue abrir la posibilidad de nuevas formas de servicio al país en la defensa nacional, que no supongan necesariamente la instrucción militar. Esto se vincula con la necesidad de generar una mayor conciencia de lo público y del servicio al país en la sociedad en su conjunto, para lo que se requiere generar las instancias en las que se pueda materializar lo anterior. Del otro, se tiene como propósito acercar la defensa nacional, sus instituciones y sus tareas, a las expresiones de servicio y participación ciudadanas.

Cabe señalar, enseguida, que quienes hayan dado cumplimiento satisfactorio a la prestación sustitutoria en el Servicio Ciudadano Alternativo a la que fueren destinados, se les dará por cumplida, para todos los efectos legales, la carga pública establecida por la Constitución y tendrán, en consecuencia, su situación militar al día, sin valer militar.

El proyecto también fija las normas relativas al modo de hacer efectiva la solicitud de las convicciones mencionadas y que impiden la prestación del servicio militar obligatorio. Así se detalla el plazo para ello, el organismo competente para recibir la solicitud –el Cantón de reclutamiento del domicilio del solicitante-, y la posibilidad de acompañar pruebas y antecedentes para acreditar la exención.

Además, se fijan las normas para que la Comisión Especial de Acreditación conozca de la exención, y el plazo en que debe pronunciarse. Se la faculta para recabar antecedentes y disponer medidas de prueba, y la forma de notificar la resolución que emita.

Finalmente, el proyecto establece un recurso especial de reclamación jurisdiccional en contra de la resolución que deniegue la solicitud de exención. El tribunal competente es la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del recurrente. El recurso se debe interponer en el plazo de 10 días hábiles.

La Corte tiene un plazo para resolver, y se le entregan las atribuciones para recabar antecedentes y disponer medidas de prueba, regulándose el modo de apreciar los antecedentes.

2, El Servicio Ciudadano Alternativo.

El proyecto, en segundo lugar, establece las normas legales mediante las que se crea el Servicio Ciudadano Alternativo y fija las principales disposiciones relativas a su aplicación.

El Servicio Ciudadano Alternativo es para quienes hayan sido declarados objetores de conciencia. Consiste en la realización de prestaciones sustitutorias que beneficien a la comunidad y contribuyan al logro de los objetivos de la defensa nacional, incluidos programas de cooperación internacional y operaciones de paz. Las prestaciones en dicho Servicio tendrán una duración de hasta dos años.

El proyecto, enseguida, establece un número de vacantes disponibles para este Servicio, el que será determinado anualmente mediante decreto conjunto de los Ministerios de Defensa Nacional y Hacienda, expedido bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República ”. Dicho cupo se explica por razones presupuestarias.

Corresponderá al Ministerio de Defensa Nacional administrar el Servicio Ciudadano Alternativo.

Un reglamento complementario regulará los procedimientos de selección, evaluación y certificación que corresponda, y las características y requisitos de las prestaciones sustitutorias para el cumplimiento del Servicio Ciudadano Alternativo, el que podrá contemplar un número de vacantes anual para mujeres.

Los recursos que demande el desarrollo de este Servicio Ciudadano serán provistos anualmente en la Partida Ministerio de Defensa Nacional de la Ley de Presupuestos del Sector Público.

En consecuencia tengo del honor de someter a la consideración del H. Congreso Nacional, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Párrafo I

De la Cláusula de Objeción de Conciencia al Servicio

Militar Obligatorio y de sus efectos

Artículo 1°.- Quedan exentos del cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio los varones pertenecientes a la Base de Conscripción que invoquen fundadamente convicciones éticas, religiosas, filosóficas o humanitarias que les impidan, en conciencia, la prestación de dicha carga pública, y que, como consecuencia de ello, hayan sido declarados objetores de conciencia conforme al procedimiento que fije esta ley.

Artículo 2º.- La exención al cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio señalada en el artículo anterior no podrá ser invocada con carácter de sobreviniente, ni podrá ser invocada o declarada cuando estuviese vigente el estado de asamblea.

Quienes hayan sido declarados objetores de conciencia con anterioridad a la entrada en vigencia del estado de asamblea, podrán ser movilizados para el desempeño de funciones que no contravengan las convicciones éticas, religiosas, filosóficas o humanitarias en virtud de las que se les concedió la exención del cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio.

Artículo 3º.- Los objetores de conciencia al Servicio Militar Obligatorio tendrán la obligación de realizar una prestación sustitutoria en el Servicio Ciudadano Alternativo.

Quienes cumplan satisfactoriamente con la prestación sustitutoria en el Servicio Ciudadano Alternativo se les dará por cumplida, para todos los efectos legales, la carga pública establecida en el Artículo 22 de la Constitución Política de la República, y tendrán su situación militar al día, sin valer militar.

Párrafo II

Del Procedimiento para la Declaración de

Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio

Artículo 4º.- La exención al cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio en virtud de la cláusula de objeción de conciencia señalada en el artículo 1°, deberá ser solicitada dentro de los 30 días siguientes a la publicación de los resultados del primer sorteo público a que se refiere el artículo 30 del Decreto Ley 2.306, de 1978, debiendo el interesado acompañar, en esa oportunidad, las pruebas y antecedentes necesarios.

La solicitud de exención se presentará ante el cantón de reclutamiento que corresponda al domicilio del solicitante, el que remitirá a la Comisión Especial de Acreditación competente la solicitud y las pruebas y demás antecedentes que se hayan acompañado al efecto.

Artículo 5º.- La respectiva Comisión Especial de Acreditación deberá resolver la solicitud antes que se proceda al sorteo final a que hace referencia el artículo 30 E del Decreto Ley 2.306, de 1978, acogiéndola y declarando objetor de conciencia al solicitante, o rechazándola.

Para fundar su resolución, la Comisión podrá solicitar a toda persona los antecedentes que estime necesarios para el debido conocimiento y examen de la solicitud. La Comisión podrá, además, oír la declaración personal del solicitante y la de los testigos hábiles que este último ofrezca como medio de prueba para acreditar la procedencia de la exención.

Las resoluciones que dicte la Comisión Especial de Acreditación serán notificadas a través de carta certificada en el domicilio del solicitante, por intermedio del Cantón de Reclutamiento respectivo.

Artículo 6º.- En contra de la resolución que rechace la solicitud de exención podrá deducirse, sin necesidad de representación legal, un recurso especial de reclamación, el que deberá interponerse ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del recurrente, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación referida en el artículo anterior.

Artículo 7º.- Una vez presentado el recurso, la Corte ordenará que informe, por la vía que estime más efectiva, la Comisión Especial de Acreditación que denegó la solicitud del reclamante.

Recibido el informe y los antecedentes requeridos, o en su defecto, vencido el plazo fijado por la Corte para su remisión, el tribunal deberá citar a oír sentencia.

Dentro del plazo para dictar sentencia, la Corte podrá decretar de oficio las medidas para mejor resolver a que se refiere el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil.

El tribunal apreciará los antecedentes que se acompañen al recurso y los demás que se agreguen durante su tramitación, conforme a las reglas de la sana crítica.

La sentencia deberá pronunciarse dentro del término de diez días desde que haya quedado en estado de fallo. Dicha resolución deberá señalar si acoge el recurso de reclamación deducido o lo rechaza, y no será susceptible de recurso alguno.

La resolución que acoja el recurso de reclamación deducido declarará objetor de conciencia al recurrente.

Párrafo III

Del Servicio Ciudadano Alternativo

Artículo 8º.- Créase el Servicio Ciudadano Alternativo para que, quienes hayan sido declarados objetores de conciencia, realicen prestaciones sustitutorias que beneficien a la comunidad y contribuyan al logro de los objetivos de la defensa nacional. Este podrá cumplirse en el territorio nacional, o en el extranjero, mediante la participación en programas de cooperación internacional y operaciones de paz.

Artículo 9°.- El Servicio Ciudadano Alternativo tendrá una duración de hasta dos años.

Artículo 10.- El número de vacantes disponibles será determinado anualmente mediante decreto conjunto de los Ministerios de Defensa Nacional y Hacienda, expedido bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República ”.

Artículo 11.- El Ministerio de Defensa Nacional será el responsable de administrar el Servicio Ciudadano Alternativo.

Artículo 12.- Los recursos que demande el desarrollo del Servicio Ciudadano Alternativo serán provistos anualmente en la Partida Ministerio de Defensa Nacional de la Ley de Presupuestos del Sector Público.

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 13.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 28 del Decreto Ley 2.306, de 1978, por el siguiente:

“Corresponderá a las Comisiones Especiales de Acreditación conocer y resolver las reclamaciones que tengan por objeto hacer valer alguna de las causales de exclusión del Servicio Militar Obligatorio a que se refiere el artículo 42 y la solicitud de exención en virtud de la cláusula de objeción de conciencia.”.

Artículo 14.- Un reglamento complementario regulará los procedimientos de selección, evaluación y certificación que corresponda, y las características y requisitos de las prestaciones sustitutorias para el cumplimiento del Servicio Ciudadano Alternativo, el que podrá contemplar un número de vacantes anual para mujeres.

Artículo 15.- El reglamento complementario del Decreto Ley 2.306, de 1978, regulará los procedimientos que las Comisiones Especiales de Acreditación y los Cantones de Reclutamiento deberán seguir para dar cumplimiento a lo dispuesto por esta ley.

Artículo 16.- Esta ley entrará en vigencia el 1 de enero del año siguiente a su publicación.”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; ANDRÉS VELASCO BRAÑES , Ministro de Hacienda ; VIVIANNE BLANLOT SOZA , Ministra de Defensa Nacional ; ISIDRO SOLÍS PALMA , Ministro de Justicia ”.

4. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia un proyecto de ley que modifica la ley N° 18.556, sobre inscripciones electorales y servicio electoral. (boletín N° 4250-06)

“Honorable Cámara de Diputados:

En virtud de mis atribuciones constitucionales, tengo el honor de someter a consideración del H. Congreso Nacional un proyecto de ley que modifica la Ley N° 18.556, con la finalidad de permitir disminuir los horarios de funcionamiento de las Juntas Inscriptoras en los años en que no se verifiquen votaciones populares.

I. ANTECEDENTES.

La ley N° 20.010, publicada el 2 de mayo de 2005, tuvo como objetivo asegurar el derecho cívico de las personas a participar con igualdad de oportunidades, lo que se materializó, entre otras medidas, en una ampliación de los horarios de funcionamiento de las Juntas Inscriptoras, consagrando la doble jornada. Sin embargo, dicha ley no hizo distingos relativos a períodos de alta, mediana o baja intensidad de inscripción electoral.

En la práctica se ha constatado que, pasado el reciente período eleccionario, el interés en la inscripción ha decrecido considerablemente. No obstante, se ha mantenido la obligación legal de funcionamiento en doble jornada, ya que el Director del Servicio Electoral sólo tiene facultades para suspender el funcionamiento de una o más Juntas Inscriptoras cuando la baja cantidad de población o las condiciones climáticas lo hagan aconsejable, pero no para modificar su horario de funcionamiento.

De este modo, se ha podido constatar que el funcionamiento en doble jornada de las Juntas Inscriptoras resulta injustificado en aquellos años en que no se verifiquen votaciones populares, atendido el bajo número de inscripciones registradas en dichos períodos, en relación con el alto costo que irroga al Fisco dicha regla de jornada.

En consecuencia, se ha estimado del todo necesario modificar la ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, a fin de remediar la situación descrita.

II. CONTENIDO DEL PROYECTO.

El artículo 1° modifica el inciso segundo del artículo 22° de la ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, otorgando facultades al Director del Servicio Electoral para disponer, fundadamente, otros días y horas de funcionamiento de las Juntas Inscriptoras, en atención a la cantidad de población o las condiciones climáticas o al bajo promedio de inscritos en los dos meses precedentes, en relación a los últimos dos meses de funcionamiento antes de la última elección efectuada.

Por su parte, el artículo 2° consagra el financiamiento de este proyecto de ley.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Articulo 1°.- Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 22° de la ley Nº 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, las expresiones “el funcionamiento de una o más Juntas Inscriptoras cuando la baja cantidad de población o las condiciones climáticas lo hagan aconsejable. En todo caso, dichas Juntas deberán tener períodos de funcionamiento de no menos de cuatro meses en cada año y por cuatro horas cada jornada.” por las siguientes:

“o reducir los días y horas de funcionamiento de una o más Juntas Inscriptoras cuando lo hagan aconsejable, entre otras circunstancias, la baja cantidad de población, las condiciones climáticas o cuando el promedio de inscritos en los dos meses precedentes sea inferior al promedio de inscritos en los últimos dos meses en que funcionaron las Juntas Inscriptoras antes de la última elección efectuada. En todo caso, dichas Juntas deberán tener períodos de funcionamiento de no menos de cuatro meses en cada año.”.

Articulo 2°.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley se financiará con los recursos que se contemplen en el presupuesto del Servicio Electoral, pudiendo efec-

tuarse, durante su primer año de vigencia, las reasignaciones presupuestarias que resulten necesarias.”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Ministro del Interior ; ANDRÉS VELASCO BRAÑES , Ministro de Hacienda ”.

INFORME FINANCIERO

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 18.556, SOBRE SISTEMA DE INSCRIPCIONES ELECTORALES Y SERVICIO ELECTORAL

(Mensaje N° 118-354)

Mediante este proyecto de ley se busca otorgar facultades al Director del Servicio Electoral para reducir, fundadamente, los días y horario de funcionamiento de las Juntas Inscriptoras, en atención a la cantidad de población, o a las condiciones climáticas o al bajo promedio de inscritos en los dos meses precedentes, en relación a los últimos dos meses de funcionamiento antes de la última elección efectuada.

La aplicación de esta ley no representa un mayor gasto fiscal.

(Fdo.): ALBERTO ARENAS DE MESA, Director de Presupuestos ?.

5. Oficio de la Presidenta de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica el Estatuto de Capacitación y Empleo, en materia de bonificación al contrato de aprendizaje. (boletín N° 4174-13).

Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la honorable Cámara de Diputados-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Naciona, califico de “simple”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la Repúblidca ; EDGARDO RIVEROS MARÍN , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.

6. Oficio del Senado.

“Valparaíso, 14 de junio de 2006.

Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo aprobatorio de la “Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 31 de octubre de 2003, y firmada por Chile el 11 de diciembre del mismo año, correspondiente al Boletín Nº 3974-10.

Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 6022, de 7 de marzo de 2006.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a vuestra Excelencia.

(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.

7. Solicita creación de Comisión Especial Investigadora por avisaje del Estado.

“Considerando:

1. Que no existen cifras públicas sobre la inversión del Estado en publicidad como tampoco hay información disponible sobre la inversión en radios ni sobre los medios regionales.

2. Que en virtud de lo anterior, el Observatorio de Medios Fucatel se propuso desentrañar los criterios con que se maneja el Estado para distribuir la inversión publicitaria, que se concentra principalmente en televisión y prensa escrita. Con este objetivo, realizó un estudio sobre los recursos que las instituciones gubernamentales, servicios públicos y empresas estatales asignaron a publicidad en los años 2004 y 2005, y cómo los repartieron en diferentes medios.

3. Que dicho informe señala que el 2005 se invirtieron en publicidad 6.413 millones 156 mil pesos en televisión y 4.315 millones 23 mil pesos en prensa, tomando en cuenta al Gobierno, ministerios, municipalidades, servicios e instituciones del Estado (precio, valor agencia).

4. Que en general sólo el Gobierno y los ministerios invirtieron en publicidad más de 4.000 millones de pesos en televisión y 1.220 millones de pesos en prensa escrita. Las cifras más altas corresponden a los ministerios de Vivienda y Salud. En televisión, la publicidad se concentró en TVN (50%), seguida a distancia por canal 13 (15%), Megavisión (15%) y Chilevisión (10%). En la prensa, los principales destinatarios de la inversión publicitaria estatal fueron los diarios de la empresa “El Mercurio” (48%) y del Grupo Copesa (29%). Ambos consorcios concentraron el 77%. Al diario la “Nación” sólo se destino un 9%.

5. Que el estudio destaca en forma especial la excesiva concentración de recursos provenientes de algunos ministerios (Hacienda, Mideplán, Ministerio Público y Justicia) en “El Mercurio” (sobre 70 por ciento), lo que no tiene relación con las ventas ni con el número de lectores de este medio. “El Mercurio” también recibe casi el 90 por ciento de los recursos de Tesorería y cerca del 50 por ciento del avisaje de empresas estatales como Corfo, Conaf y Fonasa , a pesar que el público de esta institución de salud corresponde a los estratos socioeconómicos medio-bajos, que no se ajusta al perfil de los lectores de dicho diario, según sus propias metas declaradas.

6. Que el informe aludido concluye que, a excepción de empresas como Polla y Banco Estado donde se imponen nítidamente criterios de mercado, no hay claridad sobre los criterios que guían la asignación de la inversión publicitaria dentro de los servicios públicos y ministerios.

7. Que la selectividad arbitraria en el avisaje del Estado ha sido, entre otras, la causa de que numerosos medios independientes se han visto obligados a cerrar por falta de apoyo publicitario. Debido a ello el pluralismo se ha ido debilitando a un extremo que se ha hecho muy peligroso para el desarrollo del propio sistema democrático.

8. Que el avisaje pagado por el Estado y asignado a un agente económico específico rompe con el principio de la igualdad de trato que el Estado debe mantener frente a sus compras, conforme a lo establecido en la ley N° 19.886 (Ley de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios).

9. Que la publicidad constituye un servicio y como tal no se encuentra excluida de las normas de la ley N° 19.886 que, sobre la base del principio de probidad, establece reglas de transparencia que permiten fomentar la libre competencia y la no discriminación entre los distintos agentes económicos.

10. Que si el Estado estima que debe discriminar en favor de un agente determinado, dicha ?preferencia? debiera ser fundada y siempre excepcional.

11. Que las causales que habilitan a la Administración del Estado para recurrir a sistemas distintos a los establecidos en la referida ley, están enumeradas en el artículo 3° de la ley N° 19.886, y en ellas no se encuentra el avisaje o servicios de publicidad.

12. Que la exclusión de la “concursabilidad” es también excepcional y los casos están explicitados en los artículos 8° de la mencionada ley y artículo 10 de su Reglamento, en los cuales tampoco se encuentra el avisaje o servicios de publicidad.

13. Por lo anterior, la Cámara de Diputados acuerda crear una Comisión Especial para que dé inicio a las investigaciones relacionadas con dichas materias, porque de existir avisajes sin concurso estaríamos en presencia de infracciones abiertas a las normas de la referida ley y también, eventualmente, a las de probidad dispuestas en el artículo 62 N° 7 de la ley N° 18.575 (omitir licitación pública cuando es legalmente procedente), determine las responsabilidades involucradas, recabe información, recibiendo para tales efectos a las autoridades, avisadores y agencias involucradas y remita sus conclusiones, una vez aprobadas, a los órganos administrativos y jurisdiccionales que correspondan proponiendo las medidas que sean conducentes para corregir las presuntas irregularidades que se descubran.

14. La Comisión Especial deberá rendir su informe a la Corporación en un plazo no superior a 120 días y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional”.

(Firman 54 señores diputados).

8. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de ley que modifica el artículo 688 del Código Civil. (boletín N° 3707-07)

“Honorable Cámara:

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en una moción del Diputado señor Maximiano Errázuriz Eguiguren .

En atención a la sencillez de la iniciativa, la Comisión acordó prescindir del trámite de las audiencias públicas a que se refiere el artículo 211, inciso segundo, del Reglamento de la Corporación.

OBJETO.

La finalidad del proyecto no es otra que la de corregir un error manifiesto en que se incurrió al entrar en vigencia la ley N° 19.903, la que al introducir diversas modificaciones al Código Civil, intercaló, en el encabezamiento del único inciso de su artículo 688, la expresión “efectiva” para calificar la posesión de los bienes hereditarios que se confiere al heredero por el solo ministerio de la ley, al momento de deferirse la herencia.

Con tal finalidad, el proyecto, en su artículo único, suprime la mencionada expresión.

Tal objetivo es materia propia de ley al tenor de lo establecido en el artículo 63 N°s. 2 y 3 de la Constitución Política.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.

Para los efectos de lo establecido en los números 2°, 4°, 5° y 7° del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:

a. Que el proyecto no contiene disposiciones que tengan rango orgánico constitucional o que deban aprobarse con quórum calificado.

b. Que su disposición única no es de la competencia de la Comisión de Hacienda.

c. Que el proyecto fue aprobado en general por unanimidad ( participaron en la votación los Diputados señora Soto y señores Araya , Burgos , Bustos , Ceroni , Eluchans , Errázuriz , Monckeberg Bruner , Monckeberg Díaz y Ward).

d. Que no hubo artículos o indicaciones rechazados por la Comisión.

DIPUTADO INFORMANTE .

Se designó Diputado Informante al señor Maximiano Errázuriz Eguiguren .

ANTECEDENTES.

1. El autor de la moción fundamenta su propuesta señalando que la ley N° 19.903 modificó el artículo 688 del Código Civil, norma que en su inciso primero señala que en el momento de deferirse la herencia, la posesión efectiva de ella se confiere por el ministerio de la ley al heredero, pero esta posesión legal no lo habilita para disponer en manera alguna de un inmueble, mientras no precedan la inscripción del decreto judicial que da la posesión efectiva, las inscripciones especiales de herencia, es decir, la de los inmuebles hereditarios en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, y las propias del acto de partición, en el caso de ser ello necesario.

Agrega, en seguida, que la expresión “efectiva”, la primera vez que se la menciona, resulta evidentemente demás, criterio con el que coincide el profesor de Derecho Civil de la Universidad Austral de Chile don Juan Andrés Varas .

2. El artículo 688 del Código Civil, ubicado en el párrafo 3 del Título VI del Libro II, que se refiere a las otras especies de tradición, dispone:

“Artículo 688.- En el momento de deferirse la herencia, la posesión efectiva de ella se confiere por el ministerio de la ley al heredero; pero esta posesión legal no habilita al heredero para disponer en manera alguna de un inmueble, mientras no preceda:

1° La inscripción del decreto judicial o la resolución administrativa que otorgue la posesión efectiva: el primero ante el conservador de bienes raíces de la comuna o agrupación de comunas en que haya sido pronunciado, junto con el correspondiente testamento, y la segunda en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas;

2° Las inscripciones especiales prevenidas en los incisos primero y segundo del artículo precedente: en virtud de ellas podrán los herederos disponer de consuno de los inmuebles hereditarios, y

3° La inscripción prevenida en el inciso tercero: sin ésta no podrá el heredero disponer por sí solo de los inmuebles hereditarios que en la partición le hayan cabido.”.

DISCUSIÓN DEL PROYECTO.

a. Discusión en general.

Durante la discusión acerca de la idea de legislar, el Diputado señor Errázuriz efectuó una corta exposición en la que sostuvo que al dictarse la ley N° 19.903, que modificó diversas disposiciones del Código Civil, se había deslizado un error al referirse al artículo 688 por cuanto en él se señalaba que al momento de deferirse la herencia, la posesión efectiva de ella se confiere por el ministerio de la ley al heredero; pero esta posesión legal no habilita al heredero para disponer en manera alguna de un inmueble, mientras no precedan las inscripciones que el mismo artículo mencionaba en seguida. La palabra “efectiva” que seguía a la expresión “posesión”, estaría absolutamente demás y el proyecto no buscaba otra cosa más que suprimir dicha palabra.

La Comisión coincidió plenamente con la finalidad del proyecto por cuanto resultaba indubitable que la posesión a que se refiere el encabezamiento del artículo 688 era la legal, es decir, la que adquiere el heredero al momento mismo del fallecimiento del causante y no la efectiva que es la que se concede posteriormente por resolución judicial o administrativa.

En consecuencia, procedió a aprobar la idea de legislar por unanimidad. ( participaron en la votación los Diputados señora Soto y señores Araya , Burgos , Bustos , Ceroni , Eluchans , Errázuriz , Monckeberg Bruner , Monckeberg Díaz y Ward).

b. Discusión en particular.

La Comisión, sin mayor debate, procedió a aprobar, también por unanimidad, el artículo único del proyecto, sólo con adecuaciones de forma.

-o-

Por las razones expuestas y por las que señalará oportunamente el señor Diputado Informante , esta Comisión recomienda aprobar el proyecto de conformidad al siguiente texto:

“PROYECTO DE LEY:

Artículo único.- Elimínase, en el encabezamiento del artículo 688 del Código Civil, la palabra “efectiva” .”.

-o-

Sala de la Comisión, a 18 de junio de 2006.

Acordado en sesión de igual fecha con la asistencia de los Diputados señor Pedro Araya Guerrero ( Presidente ), señora Laura Soto González y señores Juan Bustos Ramírez , Alberto Cardemil Herrera , Guillermo Ceroni Fuentes , Edmundo Eluchans Urenda , Cristián Monckeberg Bruner , Nicolás Monckeberg Díaz , Patricio Walker Prieto y Felipe Ward Edwards .

En reemplazo de los Diputados señores Alberto Cardemil Herrera y Jaime Mulet Martínez asistieron los Diputados señores Maximiano Errázuriz Eguiguren y Jorge Burgos Varela .

(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO , Abogado Secretario de la Comisión ”.

9. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaido en el proyecto de ley que establece como medida cautelar la retención de licencia de conducir, en caso de cuasidelitos como consecuencia de conducción de un vehículo. (boletín N° 4125-07)

“Honorable Cámara:

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en una moción de los Diputados Gabriel Ascencio Mansilla , Jorge Burgos Varela , Gonzalo Duarte Leiva , Eduardo Saffirio Suárez y Patricio Walter Prieto .

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1) La idea matriz o fundamental del proyecto es, incorporar una nueva medida cautelar de carácter personal a la normativa procesal penal vigente, con la finalidad de facultar expresamente al juez para decretar la retención del carné, permiso o licencia de conducir de un imputado, cuando en un proceso judicial se investiguen hechos constitutivos de cuasidelitos ejecutados con ocasión de la conducción de vehículos mecánicos o de tracción animal.

2) Normas de carácter orgánico constitucional.

No hay.

3) Normas de quórum calificado.

No hay.

4) Requiere trámite de Hacienda.

No.

5) El proyecto fue aprobado, en general, por unanimidad.

I. ANTECEDENTES.

Fundamentos de la moción.

La moción hace presente que la legislación vigente -artículo 196 F de la ley N° 18.290, del Tránsito- faculta al juez para aplicar una medida cautelar personal consistente en la retención del carné, permiso o licencia de conducir cuando una persona ha sido sorprendida conduciendo un vehículo de tracción mecánica o animal, en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas. Sin embargo, si el conductor de un vehículo participa en un accidente del tránsito con ocasión del cual se producen en las víctimas la muerte o lesiones graves gravísimas, sin estar ebrio o bajo la influencia de sustancias sicotrópicas, se ha entendido mayoritariamente por la jurisprudencia, la imposibilidad de decretar -durante la tramitación del juicio- la medida cautelar personal de retención de la licencia de conducir.

Por tal motivo, la moción busca salvar dicha omisión legal atendido que la no aplicación de una medida cautelar como la propuesta implica un grave peligro para la comunidad, que se ve expuesta a que el imputado pueda volver a conducir durante la tramitación del juicio y, eventualmente, se produzcan daños físicos en las personas con ocasión de dicha conducción.

Norma legal que se propone modificar.

El proyecto de ley propone introducir una modificación al artículo 155 del Código Procesal Penal, contenido en el párrafo 6, del título V, de su Libro I, que trata sobre “Otras medidas cautelares personales”-.

El referido artículo 155 vigente establece, en siete letras (a-g), siete medidas cautelares personales, las que tienen por finalidad garantizar el éxito de la investigación o la seguridad de la sociedad, proteger al ofendido o asegurar la comparecencia del imputado a las actuaciones del procedimiento o ejecución de la sentencia. Cualquiera de dichas medidas las decreta el tribunal, luego de formalizada la investigación, a petición del fiscal, del querellante o de la víctima.

La modificación propuesta consiste en introducir una letra h), para agregar una nueva medida cautelar personal, consistente en la prohibición de conducir vehículos de tracción mecánica o animal, que se hará efectiva mediante la retención del carné, permiso o licencia de conducir del imputado, cuando hubiere participación en un cuasidelito con resultado de muerte o de lesiones graves gravísimas, ejecutados por los mencionados medios de transporte.

Normas legales relacionadas o que inciden en la materia objeto de esta iniciativa legal.

-El artículo 1° de la ley N° 18.290, del Tránsito, establece que quedarán sujetas a las disposiciones de esa ley todas las personas que como peatones, pasajeros o conductores de cualquier clase de vehículos, usen o transiten por los caminos, calles y demás vías destinadas al uso público de todo el territorio de la República.

-El título XVII de la mencionada ley (artículos 196 A a 196 F) regula los delitos, cuasidelitos y la conducción bajo la influencia del alcohol, en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, y somete el juzgamiento de los delitos previstos en esta ley, según corresponda, a los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal, pero con reglas especiales que la misma disposición señala.

-El inciso cuarto del artículo 196 F de la ley N° 18.290 permite al juez de garantía decretar, de acuerdo a las normas del Código Procesal Penal, la medida cautelar de retención de carné, permiso o licencia de conducir del imputado, por un plazo que no puede ser superior a seis meses, siempre que se trate de procesos por delitos de conducción, operación o desempeño en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas.

II. IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES.

La idea matriz o fundamental del proyecto es, incorporar una nueva medida cautelar de carácter personal a la normativa procesal penal vigente, con la finalidad de facultar expresamente al juez para decretar la retención del carné, permiso o licencia de conducir de un imputado, cuando en un proceso judicial se investiguen hechos constitutivos de cuasidelitos ejecutados con ocasión de la conducción de vehículos mecánicos o de tracción animal.

Para lograr ese objetivo, el proyecto de ley está estructurado en base a un artículo único, que propone introducir una letra nueva final al artículo 155 del Código Procesal Penal, de tal manera de agregar una nueva medida cautelar personal consistente en la retención de la documentación que autoriza para conducir en las vías públicas, en la situación descrita en el párrafo anterior.

III. DISCUSIÓN DEL PROYECTO.

Discusión general.

Los Diputados autores de la moción, explicaron que de acuerdo a la normativa vigente, es claro que una persona que conduce un vehículo en la vía pública en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias sicotrópicas puede verse afectada por una medida cautelar que consista en la retención de su licencia o permiso de conducir, hasta por seis meses, si el juez así lo estima pertinente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 196 F de la ley del Tránsito. Sin embargo, si una persona con ocasión de la conducción de un vehículo motorizado, por ejemplo, participa en un accidente y causa la muerte o lesiones graves a terceros, no se ve afectada por una medida cautelar de retención de licencia, pues la ley no lo establece específicamente para estos casos. Así, al menos, lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia, argumentando que las medidas cautelares personales son de derecho estricto, restrictivas y no pueden ser aplicadas por analogía para situaciones similares pero no expresamente reguladas. En algunos casos, la jurisprudencia ha tratado de soslayar dicho criterio y ha decretado la retención de la licencia de conducir atendida la gravedad de los hechos y argumentando que se trata de una medida cautelar real, reguladas en el artículo 157 del Código Procesal Penal, las que no son taxativas.

La Comisión recibió un informe del Ministerio Público mediante el cual se manifiesta una opinión favorable a la idea planteada en el proyecto de ley atendido que la modificación propuesta es necesaria pues, en la actualidad, no existe una disposición que regule y establezca de manera indubitada la procedencia de una medida cautelar consistente en la retención de la licencia de conducir cuando se ha participado en un cuasidelito con ocasión de la conducción de vehículos en la vía pública. Incluso, señala ese informe, existe un instructivo N° 117, de 11 de marzo de 2002, dirigido a los fiscales regionales y fiscales adjuntos, que al tenor de las disposiciones vigentes a esa fecha, recomendó incautar o retener las licencias de conducir como objeto del delito o como medio de prueba, según las circunstancias del caso, sin perjuicio de los derechos de los imputados de pedir su restitución al juez de garantía o el otorgamiento de permisos provisorios. Sin embargo, las solicitudes de los fiscales -en cumplimiento del mencionado instructivo-, mayoritariamente, han sido rechazadas por los jueces de garantía invocando, por un lado, que la medida de retención de la licencia de conducir es una cautelar personal que no se encuentra contemplada en el catálogo establecido en el artículo 155 del Código Procesal Penal y, por otro, que el inciso segundo del artículo 5° del mismo Código, prohíbe aplicar medidas cautelares personales por analogía.

Dicho informe hace presente, asimismo, que en forma excepcional los jueces de garantía decretan tales medidas aún cuando no se trate de manejo en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancia sicotrópicas, pero bajo el argumento de que se trataría de una cautelar real, que no se encuentran taxativamente enumeradas en la ley y que no quedan afectas al artículo 5° del Código Procesal Penal. Asimismo, se ha decretado en algunos casos la referida medida como una forma de asegurar la comparecencia del imputado a los actos del procedimiento, pero sustituyendo el documento por un permiso provisorio para conducir, lo cual, a juicio del Ministerio Público informante, no cumple con la finalidad de garantizar la seguridad de la sociedad.

A mayor abundamiento, en el informe se hace referencia a modo de ejemplo, a una investigación por cuasidelito de conducción con resultado de muerte de dos personas y de lesiones graves de otras dos. La Fiscalía habría solicitado las siguientes medidas: a) arraigo, b) firma diaria en la fiscalía local, y c) retención de licencia de conducir, siendo decretada por el juez de garantía sólo la medida cautelar de firma quincenal en la fiscalía. De dicha resolución se apeló a la I. Corte de Apelaciones de Santiago , y fue revocada la medida y, en su reemplazo, se decretó la retención de la licencia de conducir, considerando que dicha medida no tiene naturaleza jurídica de cautelar personal sino que cautelar real y, por consiguiente, no está afecta a la limitación del artículo 5° del Código Procesal Penal ya referida.

Finalmente, el Ministerio Público sugirió una nueva redacción a la norma propuesta en la moción, la que fue acogida en gran parte, pero con algunas modificaciones que surgieron del debate habido en el seno de la Comisión.

Votación general del proyecto.

La Comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos a la vista en los considerandos de la moción, y luego de recibir las explicaciones de sus autores y la opinión del Ministerio Público, que permitieron a sus miembros conocer en mejor forma las deficiencias y problemas que se derivan de la falta de norma expresa que autorice al juez para decretar una nueva medida cautelar en los casos de cuasidelitos cometidos con ocasión de la conducción de vehículos en la vía pública, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los Diputados presentes, señores Araya , Burgos , Bustos , Cardemil , Eluchans , Monckeberg, don Nicolás , Soto , Walker y Ward .

Discusión en particular.

El artículo único de esta iniciativa legal fue objeto de una indicación sustitutiva presentada por los Diputados Araya , Burgos , Bustos , Ceroni , Eluchans , Monckeberg, don Nicolás , Soto , Walker y Ward , con la finalidad de complementar las modificaciones propuestas en la iniciativa original e incluir las sugerencias formuladas por el Ministerio Público y las que surgieron en el debate general y particular en la Comisión, cuyo texto fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes, y figura en la parte final de este informe.

Los elementos fundamentales de esta modificación son los siguientes:

-Se establece una nueva medida cautelar personal, a las ya contempladas taxativamente en el artículo 155 del Código Procesal Penal, que faculta al juez para decretar la prohibición de conducir vehículos a tracción mecánica o animal, cuando se investiguen hechos constitutivos de cuasidelitos con resultado de muerte o de lesiones graves gravísimas, ejecutados por medio de vehículos mecánicos o a tracción animal.

-Dicha medida se hace efectiva mediante la retención de carné, permiso o licencia de conducir del imputado.

-Dicha medida cautelar no podrá tener una duración superior a seis meses.

-Mientras se encuentre vigente la referida medida cautelar, no será procedente el otorgamiento de permisos provisorios para manejar vehículos.

-o-

Durante la discusión particular del proyecto, hubo debate sobre dos puntos centrales: en qué casos se permitiría decretar la medida cautelar propuesta, y el plazo de duración de la misma.

Hubo consenso en circunscribir la medida cautelar de prohibición de conducir vehículos de tracción mecánica o animal sólo a aquellos casos en que se investiguen cuasidelitos, ejecutados por esos medios, en la medida que se cause muerte o lesiones graves gravísimas. Ello, atendidas las graves consecuencias producidas con ocasión del accidente, teniendo siempre en cuenta que se trata de una medida que debe decretar el juez previo análisis de las circunstancias en cada caso.

Asimismo, se estimó prudente establecer un plazo máximo de vigencia de la medida cautelar de sólo seis meses. Para determinar esta duración máxima, se tomó en cuenta lo dispuesto en el artículo 196 F de la ley N° 18.290, del Tránsito, que autoriza para decretar tal medida hasta por el mismo plazo, cuando se investigan delitos de conducción, operación o desempeño en estado de ebriedad o bajo influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas. Se quiso hacer concordante ambas disposiciones, en cuanto a la duración de la medida, atendido que se trata en el primer caso (ley del tránsito) de la investigación de un delito y, en el segundo, de la investigación de un cuasidelito, donde sólo ha mediado culpa y no dolo. Finalmente, se quiso evitar que la determinación de esta medida cautelar pueda resultar más gravosa que la eventual sanción que se fije en la sentencia definitiva.

IV. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS.

No hay.

-o-

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el siguiente

PROYECTO DE LEY

“Artículo Único.- Modifícase el artículo 155 del Código Procesal Penal, en el siguiente sentido:

1) Sustitúyese, en la letra f), la conjunción “y” y la coma (,) que le antecede, por un punto y coma (;).

2) Sustitúyese, en la letra g), el punto aparte (.) por la conjunción “y”, precedida de una coma (,).

3) Agrégase una letra h), nueva, del siguiente tenor:

“h) La prohibición de conducir vehículos a tracción mecánica o animal. Para tales efectos se procederá a la retención de carné, permiso o licencia de conducir del imputado, cuando se investiguen hechos constitutivos de cuasidelitos, con resultado de muerte o de lesiones graves gravísimas, ejecutados por medio de vehículos mecánicos o a tracción animal. Mientras se encuentre vigente esta medida cautelar, cuya duración no podrá exceder de seis meses, no será procedente el otorgamiento de permisos provisorios para manejar vehículos.”.”

-o-

Se designó diputado informante al señor Patricio Walker Prieto .

Sala de la Comisión, a 14 de junio de 2006.

Tratado y acordado según consta en las actas correspondientes a las sesiones de los días 10 de mayo y 14 de junio de 2006, con la asistencia de los Diputados señores Pedro Araya Guerrero ( Presidente ), Jorge Burgos Varela (en reemplazo de Jaime Mulet Martínez) , Juan Bustos Ramírez , Alberto Cardemil Herrera , Guillermo Ceroni Fuentes , Edmundo Eluchans Urenda , Cristián Monckeberg Bruner , Nicolás Monckeberg Díaz , Laura Soto González , Marisol Turres Figueroa , Patricio Walker Prieto y Felipe Ward Edwards .

(Fdo.): ANA MARÍA SKOKNIC DEFILIPPIS , Abogada Secretaria de la Comisión ”.

10. Informe de la Comisión de Salud recaído en el proyecto que establece la obligación de rotulación en alimentos transgénicos. (boletín N° 3818-11)

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Salud pasa a informaros sobre el proyecto de ley, iniciado en una moción de los Diputados señores Juan Masferrer , Enrique Accorsi, René Manuel García , Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Sergio Correa , Fulvio Rossi , Ramón Barros , Guillermo Ceroni y los ex diputados Exequiel Silva y Juan Pablo Letelier , en primer trámite constitucional y primero reglamentario, cuyo objeto es establecer la obligación de rotulación en alimentos transgénicos.

Cabe consignar que el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los Diputados señores Monsalve , Masferrer , Núñez , Lobos, Rossi , Robles , Rubilar , Olivares y Girardi , y que no contiene normas de rango orgánico-constitucional ni de quórum calificado.

I. OBJETO.

El proyecto de ley establece la obligación de anunciar la calidad de transgénico de un alimento y por ende, también, sanciona el incumplimiento de dicha obligación.

II. IDEAS MATRICES.

La obligación del etiquetado se encuentra inserta dentro de los principios del “derecho a saber” del consumidor, en el sentido de que puedan conocer exactamente qué productos, sus componentes y bajo qué características están adquiriendo, a fin de que puedan decidir en forma informada.

III. ANTECEDENTES.

La moción describe “alimento transgénico” como aquel obtenido de un organismo modificado por la ingeniería genética o dicho de otra manera, como aquel alimento obtenido de un organismo al cual le han incorporado genes de otras especies para producir una característica deseada.

En cuanto a los eventuales beneficios que ello pudiere reportar se enumeran:

Nutricionales, de preservación y de producción.

Los aspectos relativos a la producción dicen relación con una mejor utilización de las tierras de cultivo y un menor uso de pesticidas en la producción agrícola. Se señala, asimismo, que no existen a la fecha casos en que se haya comprobado sus efectos en la salud, sin perjuicio, de lo cual existirían riesgos potenciales por el consumo de este tipo de alimentos, como podrían ser la generación de resistencia de las bacterias a algunos antibióticos útiles para el ser humano o la reacción alérgica a los nuevos alimentos en personas susceptibles.

La utilización de los transgénicos, ha abierto una importante discusión en torno a los posibles riesgos que éstos podrían representar. Por esta razón, muchos países han reaccionado promoviendo estrictas políticas de regulación y control, y exigiendo en algunos casos la identificación total de estos productos.

Los transgénicos, los cuales provienen de Organismos Genéticamente Modificados (OGM), se caracterizan por contener una fracción del ácido desoxirribonucleico (o ADN) de otro organismo integrado en su propio ADN. En otras palabras, el OGM presenta una nueva pieza de ADN, lo que lo diferencia de su contraparte convencional. Esta nueva pieza de ADN típicamente contiene a uno o a varios genes que han sido modificados de tal manera que sean capaces de manifestarse en el nuevo organismo. Usualmente, el o los genes insertados determinan la presencia específica de nuevas proteínas. Como resultado, el organismo transgénico gana una nueva función o un nuevo rasgo.

Los defensores de esta nueva técnica de la ingeniería genética, sostienen que ésta permitirá entre otras cosas, crear alimentos resistentes e inmunes a las plagas, virus, y clima, a la vez que se aumentaría la productividad agrícola, y mejoraría la calidad nutritiva de los alimentos.

Por otra parte, y si bien se reconocen los beneficios que la ingeniería genética ofrece en el ámbito de los alimentos, estos mismos avances genéticos, generan sin embargo, una serie de dudas y preocupaciones en torno a los posibles riesgos para la salud y el medio ambiente, derivados del uso y consumo de OGM, riesgos que muchos sostienen que aún son desconocidos en su totalidad.

A continuación se incluye un cuadro que da cuenta de los principales beneficios y riesgos posibles derivados de la producción y consumo de alimentos transgénicos.

Beneficios y riesgos potenciales en los OMG.

BENEFICIOS POTENCIALES

RIESGOS O PREOCUPACIONES

Creación de trabajo y riqueza

Acceso limitado a las semillas modificadas genéticamente por protección de patentes

Cultivos de OGMs como fábricas biológicas y fuentes de materiales industriales crudos

Alteración en la calidad nutricia de los alimentos

Defensa biológica contra plagas, enfermedades, virus, malezas y herbicidas

Amenaza a la diversidad biológica del cultivo

Efectos positivos en la agricultura o en la producción del alimento

Generación de alergias

Incremento en el contenido de carbohidratos y grasas

Generación de resistencia a antibióticos

Incremento en la disponibilidad de los alimentos

Miedo a lo desconocido

Incremento en la producción del cultivo

Posible creación de nuevos virus y toxinas

Producción de vacunas y de fármacos en alimentos

Preocupaciones de índole religiosa, cultural o ética

Mejoría en la calidad de proteínas

Preocupaciones de los productores de alimentos orgánicos y tradicionales

Mejoría en la calidad nutricia y beneficios a la salud

Preocupaciones por la carencia del etiquetado de los OGMs

Mejoría en la calidad o cantidad de carne o leche

Toxicidad potencial

Transferencia genética no intencionada a plantas silvestres

Fuente: Uzogara , S. G. The impact of genetic modification of human foods in the 21st century: A review. Biotechnology Advances (2000)18: 179-206.

Ante la controversia y preocupación existente en torno a los efectos de la biotecnología aplicada a la producción de alimentos, muchos Estados han reaccionado promoviendo estrictas políticas de regulación y control de los OGM, entre las que se incluye la identificación total de estos productos, a través del etiquetado de los mismos, para mantener de este modo informada a la población sobre lo que consume.

Frente a este problema, existen dos posiciones. Por un lado, la de países como Estados Unidos, que no exigen mayores restricciones para la elaboración de estos alimentos, y por otro lado la posición de los países europeos, que a través de la Unión Europea, han aprobado una normativa que establece la obligatoriedad de etiquetar los alimentos modificados genéticamente, por lo que los operadores que comercialicen un producto preenvasado consistente en OGM o que contenga OGM tienen la obligación de que, en todas las fases de la cadena de producción y distribución de dicho producto esté etiquetado con la indicación «Este producto contiene organismos modificados genéticamente» o «Este producto contiene (nombre del organismo modificado genéticamente)».

Esta misma clase de disposición existe también en Suiza, donde se establece la obligación de que los alimentos, aditivos y sustancias fisiológicas útiles (por ejemplo vitaminas y minerales) que sean, contengan o hayan sido producidas a partir de Organismos Genéticamente Modificados, lleven etiquetas en al menos una de las lenguas oficiales (alemán, francés, o italiano), que indiquen: “fue producido a partir de la ingeniería genética” o “fue obtenido a partir de X, el cual fue manipulado genéticamente” (donde X es el nombre del OGM). Países como Australia, Nueva Zelanda y Japón también representan esta última posición, exigiendo que los productos que contienen material transgénico sean debidamente etiquetados o rotulados.

En contrapartida, Canadá ha optado por sistemas de etiquetado voluntario, dejando la opción al productor de identificar a sus productos, especialmente para aquellos que comercializan con alimentos libres de ingredientes transgénicos. Un etiquetado sería obligatorio sólo en los casos en que el producto modificado genéticamente presente alguna preocupación respecto de su seguridad o de la salud.

IV. NORMATIVA CHILENA.

La materia se encuentra regulada en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, decreto N° 977 de 1997, del Ministerio de Salud.

El decreto N° 115, de 2003, del Ministerio de Salud incorporó la temática relativa a las modificaciones genéticas de los alimentos, de la materias primas utilizadas en su elaboración, de la regulación de todo tipo de alimentos y estableció la obligación de identificación, mediante rotulado o etiquetas.

Es así como el artículo 3° del citado reglamento, establece que: “Todos los alimentos y materias primas, deberán responder en su composición química, condiciones microbiológicas y caracteres organolépticos, a sus nomenclaturas y denominaciones legales y reglamentarias establecidas.

Los eventos biotecnológicos, que modifiquen determinados alimentos y/o materias primas alimentarias para consumo humano, y los alimentos, ingredientes y materias primas alimentarias nuevos, deberán figurar en la nómina dictada por el Ministerio de Salud para tales efectos, mediante la correspondiente norma técnica basada en la evidencia científica internacionalmente aceptada.

La autorización será otorgada mediante resolución por el Servicio de Salud competente.”

A su vez, el artículo 106, letra h) bis, define lo que se entiende por evento biotecnológico, como: “Asociación o combinación de genes, provenientes de distintas especies, producto de la ingeniería genética, distinta o en distinto orden, respecto a la que se da en la naturaleza en forma espontánea”.

Asimismo, el artículo 107, señala que “Todos los productos alimenticios que se almacenen, transporten o expendan envasados deberán llevar un rótulo o etiqueta que contenga la información siguiente:

Su letra n) indica que “El alimento y/o materia prima para consumo humano, modificados por medio de eventos biotecnológicos, que presenten características nutricionales distintas a las del alimento y/o materia prima convencional, deberá hacer mención de ellas en el rótulo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 113 y 115 al 120 de este reglamento”.

V. LEGISLACIÓN COMPARADA.

A continuación se presenta una breve descripción respecto a la regulación del etiquetado de alimentos transgénicos existente en la Unión Europea, Estados Unidos, Suiza, Noruega y Canadá. En el caso de los tres últimos países mencionados, la información contenida fue elaborada por la Universidad Nacional de México1.

a) Unión Europea2.

Los organismos modificados genéticamente (OMG), tanto para alimentos como para piensos, figuran claramente en la legislación europea, que ha armonizado su procedimiento de autorización, su etiquetado (todos los OMG destinados a alimentos deben indicarse en la etiqueta) y su trazabilidad4 (a través de un código único para cada OMG).

Un único organismo es responsable de su aprobación y comercialización: la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Los OMG aprobados han sido sometidos a pruebas específicas que demuestran que no afectan a la salud humana ni a la salud animal.

Desde 2003, los alimentos que sean organismos modificados genéticamente, que los contengan o que estén hechos a base de OMG, incluidos los productos para animales, deben llevar obligatoriamente la referencia OMG en la etiqueta. De esa forma, los consumidores pueden elegir en lo que respecta al consumo de dichos productos.

La obligación de etiquetar todos los productos con OMG, incluidos los destinados a alimentación animal, tiene dos objetivos: la información al consumidor y la trazabilidad del producto a lo largo de toda la cadena alimentaria. La legislación europea ha armonizado estos objetivos mediante el Reglamento (CE) N° 1829/2003, en lo que respecta a la trazabilidad y al etiquetado, y en virtud del cual se establece asimismo un procedimiento único de autorización.

Actualmente, la aprobación y comercialización de los OMG está sujeta al Reglamento (CE) N°1829/2003, el cual establece un procedimiento único de autorización para todos los alimentos que contengan OMG, incluidos los piensos y la liberación intencional de OMG en el medio ambiente. Esta aprobación es válida para un período de diez años renovable.

El nuevo Reglamento es más estricto en materia de etiquetado que la legislación en vigor. Comprende todos los productos alimenticios elaborados con OMG, sin distinción entre los que contienen ADN (ácido desoxirribonucleico) o modificaciones genéticas en los cromosomas, y los que contienen proteínas derivadas de OMG. La antigua legislación sobre los OMG se aplicaba únicamente a los alimentos con restos de OMG en el ADN. La nueva legislación se aplica también a todos los piensos modificados genéticamente, para los que prevé la misma protección que para los alimentos destinados al consumo humano. Las trazas de OMG en los productos (presencia involuntaria y técnicamente inevitable) seguirán exentas de la obligación de etiquetado si no superan el límite de 0,9.

Por otra parte, el Reglamento establece que los operadores que comercialicen un producto preenvasado consistente en OMG o que contenga OMG deberán asegurarse de que, en todas las fases de la cadena de producción y distribución, dicho producto esté etiquetado con la indicación «Este producto contiene organismos modificados genéticamente» o «Este producto contiene (nombre del organismo modificado genéticamente)». Si se trata de productos que no estén envasados, incluso si se presentan en grandes cantidades, y la utilización de una etiqueta fuera imposible, el operador deberá asegurarse de que la información sea transmitida con el producto. La citada información podrá presentarse, por ejemplo, en forma de documentos de acompañamiento.

b) Estados Unidos.

A diferencia de la Unión Europea, las agencias regulatorias de los Estados Unidos consideran a los OGMs como un producto más en el mercado de alimentos, que debe sujetarse a los mismos procedimientos de análisis de inocuidad estipulados para los productos no transgénicos. Desde 1992, la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) no ha establecido el etiquetado de alimentos que incluyan OGMs a menos de que “el alimento difiera de su contraparte convencional de tal forma que el nombre usual no pueda aplicarse al nuevo alimento, o si en su uso existe algún riesgo ante el cual los consumidores deban ser alertados”.

La FDA adoptó esta posición debido a que consideró que hasta la fecha, no se ha demostrado de manera contundente que los alimentos derivados de los métodos modernos de ingeniería genética presenten alguna diferencia o representen algún riesgo con respecto a sus contrapartes producidas por técnicas convencionales. Sin embargo, es posible que dicha resolución se modifique en tiempos próximos. De hecho, como respuesta a la presión pública, durante los meses de noviembre y diciembre de 1999 la FDA sostuvo audiencias públicas con el objeto de revisar su política de etiquetado.

El Departamento de Agricultura (USDA) propuso regulaciones en las que se prohíbe el uso de ingredientes transgénicos en alimentos etiquetados como “orgánicos”. La USDA explicó que si bien es cierto que hasta el momento no se cuenta con evidencia científica que indique que los OGMs representen riesgos inaceptables para la salud humana o el medio ambiente, su uso como ingredientes en alimentos “orgánicos” pudieran no cumplir con las expectativas del público consumidor. Actualmente la FDA requiere de una notificación antes de la comercialización de al menos 120 días para alimentos y piensos.

c) Suiza.

A pesar de no existir prohibición para la modificación genética de alimentos y animales, la Ley Federal de Alimentos de octubre de 1992, incluye regulaciones específicas para el uso y manejo de Organismos Genéticamente Modificados, exigiendo que a todos los alimentos modificados, se les proporcione una autorización antes de ser puestos en el mercado.

Respecto al etiquetado de alimentos transgénicos, a través de la Orden de Productos Alimenticios del 1º de marzo de 1995, se establece la obligación de que los alimentos, aditivos y sustancias fisiológicas útiles (por ejemplo, vitaminas y minerales) que sean, contengan o hayan sido producidas a partir de Organismos Genéticamente Modificados, lleven etiquetas en al menos una de las lenguas oficiales (alemán, francés, o italiano), que indiquen: “fue producido a partir de la ingeniería genética” o “fue obtenido a partir de X, el cual fue manipulado genéticamente” (donde X es el nombre del OGM).

Los productos que han sido separados de los OGMs y purificados de todo el material genético, así como los productos alimenticios en los cuales la presencia de OGMs (a excepción de microorganismos) es menor del 1% del peso total, quedan exentos de esta regla, y se excluyen también las ayudas de proceso a menos que se desee comercializarlas como tales. Es responsabilidad del fabricante verificar si los materiales crudos utilizados para la elaboración del producto alimenticio es un OGM o no, por lo que es necesario contar con métodos de análisis adecuados. En Suiza, existe un método oficial de análisis cuantitativo para la detección del material genético proveniente de OGMs, el cual previene la contaminación accidental entre productos libres de OGMs y productos OGMs. Si el fabricante lo desea, y cuenta con la documentación necesaria para probarlo, el producto alimenticio o el ingrediente, aditivo o substancia fisiológica o esencialmente útil utilizados en su elaboración, pueden ser etiquetados como “producidos sin el uso de la ingeniería genética”.

d) Noruega.

En este país el etiquetado tiene por objeto informar a los consumidores de la naturaleza, composición y el carácter de los alimentos, para que puedan realizar una elección bien informada de los productos que adquieren. Los alimentos e ingredientes crudos compuestos por OGMs deben ser aprobados por el Ministerio del Medio Ambiente, bajo la sección 10 del Acta de Tecnología Genética. Por otro lado, la Autoridad Noruega de Control de Alimentos publicó las guías temporales para el etiquetado de alimentos modificados e ingredientes en julio de 1997, que aplican al etiquetado de todos los tipos de alimentos e ingredientes modificados genéticamente empacados, con excepción de los aditivos alimentarios, saborizantes y solventes para extracción.

Los requisitos del etiquetado de alimentos derivados de los OGMs en Noruega se desprenden de la sección 5 de las Regulaciones de Etiquetado establecidas por la Unión Europea, la cual establece que “el etiquetado no debe confundir al consumidor con respecto a las características del alimento, particularmente en lo concerniente a su naturaleza, identidad, calidad, composición, fuente y lugar de origen, y métodos utilizados en su procesamiento o manufactura”. Para indicar que el producto alimenticio, la fuente del producto o alguno de los ingredientes utilizados en éste son producidos por medio de la modificación genética, la etiqueta debe incluir la leyenda “genéticamente modificado” o “producido de genéticamente modificado”. Estos requisitos deben ser cubiertos siempre y cuando el componente modificado genéticamente constituya más del 2% del ingrediente, es decir, este límite se aplica a cada uno de los ingredientes de un alimento compuesto, independientemente de la proporción del mismo en el producto alimenticio final. Dicho límite también se aplica a los alimentos elaborados a partir de un único ingrediente.

El requisito de etiquetado anteriormente descrito no incluye a la carne o al pescado si los animales que fueron alimentados con alimento modificado genéticamente, siempre y cuando el ADN del producto final no haya sido alterado. Tampoco se aplica a aditivos ni a ayudas de proceso.

Los lineamientos técnicos noruegos recomiendan que el etiquetado de productos “no modificados genéticamente” o “libres de OGM” no deben ser utilizados, ya que probablemente causen desconfianza en el público consumidor.

e) Canadá.

Este gobierno ha optado por sistemas de etiquetado voluntario, dejando la opción al productor de identificar a sus productos, especialmente para aquellos que comercializan con alimentos libres de ingredientes transgénicos, salvo en los casos en los que se tenga certeza de la presencia de algún componente que signifique un riesgo probado para la salud, como pudiera ser algún agente alergénico conocido.

En octubre de 1999 el Departamento de Salud de Canadá publicó una enmienda a las reglamentaciones de Medicamentos y Alimentos que concierne a una notificación previa a la comercialización de alimentos novedosos, lo que formaliza el sistema puesto en práctica previamente. Desde este punto de vista, las regulaciones para los OGMs en Canadá coinciden con las regulaciones vigentes en los Estados Unidos.

En el mes de abril de 1999, el Instituto Nacional de Nutrición de Ottawa publicó un reporte sobre un estudio cualitativo llevado a cabo con los consumidores canadienses con respecto al etiquetado voluntario de los alimentos derivados de la biotecnología. Los datos obtenidos revelaron que las palabras “genéticamente modificado” o “biotecnología” no fueron lo suficientemente comprensibles, lo cual sugiere que el uso de estos términos puede resultar confuso para los consumidores en general. Un etiquetado sería obligatorio sólo en los casos en que el producto modificado genéticamente presente alguna preocupación respecto de su seguridad o de la salud. Por medio de la etiqueta que acompaña a los productos, los consumidores desean ser informados de manera llana y simple acerca de la naturaleza y del proceso involucrado en la obtención del producto (por ejemplo, la agricultura), si éste ha sido mejorado de una manera relevante para el consumidor (por ejemplo, un sabor mejorado) y si ha cumplido con la aprobación del gobierno.

VI. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN GENERAL.

Durante la discusión general, se dieron los siguientes argumentos:

-Parece importante que los consumidores sepan con exactitud que componentes presentan los alimentos que están ingiriendo.

-Presenta ambigüedad lo que podría provocar consecuencias en el sector productivo. Al respecto, se señaló que en nuestro país, si bien es cierto se pueden producir semillas de transgénicos para ser exportadas, su consumo interno se encuentra prohibido.

-El proyecto no especifica las condiciones en que debe efectuarse el etiquetado.

-Asimismo, se hizo notar que existen productos donde, determinar la presencia de elementos transgénicos, no resulta fácil, como por ejemplo los pollos que son alimentados con soya transgénica.

-Se precisó que los productos originados en biotecnología se encuentran regulados por el artículo 3° del reglamento sanitario de alimentos y que esta materia también podría quedar al amparo de las normas de la ley del consumidor.

-En suma, se argumentó que el proyecto adolece de normas que regulen materias de procedimiento y tampoco se establece sanciones.

-Puesto en votación general, fue aprobado, por unanimidad, con los votos de la Diputada señora Rubilar , y de los Diputados señores Monsalve , Masferrer , Núñez , Lobos, Rossi , Robles , Olivares y Girardi .

VII. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN PARTICULAR.

Participaron en la discusión las señoras Ingrid Heitmann , Directora y la asesora señora Viviana Cachicas , ambas del Instituto de Salud Pública y el señor y Eduardo Díaz , asesor jurídico del Ministerio de Salud, quienes formularon los siguientes comentarios:

-Estaría próxima a entrar en vigencia la norma técnica administrativa que incorpora a los eventos biotecnológicos en alimentos de consumo humano y que también regularía el tema de los transgénicos y atribuciones que tendrá el Instituto sobre dichas materias.

-No existiría comprobación científica que avale que los productos transgénicos produzcan efectos deletéreos en la salud y vienen siendo utilizados hace años.

-En base al impacto negativo que produce la palabra transgénico, se propone reemplazarla por “organismo genéticamente modificado”.

-El reglamento sanitario de los alimentos ha sido modificado en el sentido de que se obliga al Ministerio de Salud a elaborar un listado con eventos biotecnológicos.

-Ni la norma técnica administrativa ya señalada ni la modificación al reglamento contemplan el tema del etiquetado que el proyecto desarrolla.

-También, se hizo presente el hecho de que parece contradictorio que en Chile se puedan ingresar productos transgénicos para el consumo de la población, pero que no puedan producirse en el país.

-En ese mismo sentido, se aclaró que Chile si tiene productos transgénicos en estado de semilla para ser exportado a otros países.

-Sobre el particular, se precisó que se importa maíz transgénico desde Argentina pero se prohíbe producirlo en Chile, porque el primero es más barato que el no transgénico.

Indicaciones presentadas.

1. Al tenor de las observaciones ya descritas, el Diputado señor Masferrer presentó una indicación sustitutiva para reemplazar el artículo único por los siguientes:

“Artículo 1º.- Por “Organismo Genéticamente Modificado” (OGM) o “transgénico” se entiende, para los efectos de esta ley, todo alimento o materia prima alimentaria que sea o contenga organismos, o parte de los mismos, a los que se les haya introducido material genético de otra especie de una manera que no se produce en la naturaleza, por multiplicación, selección o combinación natural.

Artículo 2º.- Todos los alimentos o materias primas alimentarias que en su elaboración se haya empleado elementos, ingredientes o aditivos genéticamente modificados o que sean transgénicos, deberán llevar, en un lugar destacado de su envase, una leyenda impresa que establezca claramente esta situación, y el de sus ingredientes si correspondiera. La leyenda debe señalar en forma destacada lo siguiente: “Producto Transgénico” u “OGM”, y en el caso que contenga elementos, ingredientes o aditivos genéticamente modificados lo siguiente: “Contiene ingredientes transgénicos o modificados genéticamente”.

Artículo 3º.- Los alimentos y materias primas alimentarias transgénicas que se expendan a granel al detalle, sin envase, deberán incorporar en su aviso de venta una indicación claramente visible para el consumidor que señale “Transgénico u OGM”.

Artículo 4º.- La contravención a esta norma deberá penalizarse con el retiro de los productos del mercado y con multa de 100 a 300 Unidades Tributarias Mensuales, y en caso de reincidencia, esto es incurrir en una dos o más infracciones en un período de 24 meses, se condenará al productor o fabricante al pago de una multa de 500 a 1.000.

Para lo anterior se aplicarán las normas contenidas en la Ley Nº 19.496, en aquello que fuera compatible.

Artículo Transitorio.- Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia 240 días después de publicada en el Diario Oficial.”.

Retirada por su autor.

2. Del Diputado señor Urrutia.

a) Al artículo 2° para reemplazar la sigla “OMG” por “producto transgénico o modificado genéticamente”; y eliminar la parte final del artículo desde “, y en el caso” hasta el punto final.

Rechazada por unanimidad.

b) Al artículo 3° para reemplazar la frase “Transgénico u OGM” por “Transgénico o modificado genéticamente”.

Rechazada por unanimidad.

c) Al artículo 4° para intercalar, a continuación de las palabras “Unidades Tributarias Mensuales” la frase “a beneficio fiscal”.

Rechazada por unanimidad.

d) Al artículo transitorio para reemplazar el guarismo “240” por “120”.

Rechazada por unanimidad.

3. De los diputados señores Núñez , Masferrer , Monsalve , Sepúlveda , y Silber para sustituir el texto del proyecto por el siguiente:

“Artículo 1°.- Para los efectos de esta ley se entiende por “Organismo Genéticamente Modificado” (OGM) todo alimento que esté compuesto o contenga organismos en cuyo genoma se ha incorporado, de forma estable, un segmento de ADN extraño, utilizando técnicas de ingeniería genética, y en ningún caso producido en la naturaleza por multiplicación, selección o combinación natural.

Artículo 2°.- Todos los alimentos humanos en cuya elaboración se hayan empleado ingredientes o aditivos genéticamente modificados en una proporción igual o mayor al 1%, ya sea en uno o más de ellos, deberán llevar en el envase una leyenda impresa de proporción similar a los avisos de composición nutricional, con la frase “Alimento Genéticamente Modificado”.

Artículo 3°.- La infracción a esta norma será sancionada con el retiro de los productos del mercado y con una multa de 100 a 300 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, esto es incurrir en una o más infracciones en un período de 24 meses, la sanción se elevará de 500 a 1.000 unidades tributarias mensuales. Las multas que se establecen serán a beneficio fiscal.

Artículo 4°.- Para el cumplimiento de esta ley serán aplicables las normas de la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, en todo aquello que sea compatible.

Artículo transitorio.- Las disposiciones de esta ley entrarán en vigencia 180 días después de publicada en el Diario Oficial.”.

El texto propuesto en esta última indicación recoge todas las observaciones planteadas y fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes.

VIII. TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN.

En mérito de lo expuesto y por las consideraciones que, en su oportunidad, dará a conocer el señor Diputado informante , la Comisión de Salud recomienda la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1°.- Para los efectos de esta ley, se entiende por “Organismo Genéticamente Modificado” (OGM) todo alimento que esté compuesto o contenga organismos en cuyo genoma se ha incorporado, de forma estable, un segmento de ADN extraño, utilizando técnicas de ingeniería genética, y en ningún caso producido en la naturaleza por multiplicación, selección o combinación natural.

Artículo 2°.- Todos los alimentos humanos en cuya elaboración se hayan empleado ingredientes o aditivos genéticamente modificados en una proporción igual o mayor al 1%, ya sea en uno o más de ellos, deberán llevar en el envase una leyenda impresa de proporción similar a los avisos de composición nutricional, con la frase “Alimento Genéticamente Modificado”.

Artículo 3°.- La infracción a esta norma será sancionada con el retiro de los productos del mercado y con una multa de 100 a 300 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, esto es incurrir en una o más infracciones en un período de veinticuatro meses, la sanción se elevará de 500 a 1.000 unidades tributarias mensuales. Las multas que se establecen serán a beneficio fiscal.

Artículo 4°.- Para el cumplimiento de esta ley serán aplicables las normas de la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, en todo aquello que sea compatible.

Artículo transitorio.- Las disposiciones de esta ley entrarán en vigencia ciento ochenta días después de publicada en el Diario Oficial.”.

IX. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, cabe consignar lo siguiente:

No existen artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

El proyecto fue aprobado por unanimidad tanto en general como en particular.

No contiene normas de rango orgánico-constitucional ni de quórum calificado.

X. DIPUTADO INFORMANTE .

Se designó diputado informante al señor Marco Núñez Lozano .

-o-

Tratado y acordado en las sesiones de fecha 11 de abril; 2 de mayo y 13 de junio de 2006, con la asistencia de los Diputados señores Monsalve Benavides, don Manuel ( Presidente de la Comisión ); Chahuán Chahuán, don Francisco ; Girardi Briere, don Guido ; Lobos Krause, don Juan ; Masferrer Pellizzari, don Juan ; Núñez Lozano, don Marco ; Olivares Zepeda, don Carlos ; Robles Pantoja, don Alberto ; Rossi Ciocca, don Fulvio ; Rubilar Barahona, doña Karla ; Sepúlveda Hermosilla, don Roberto ; Silber Romo, don Gabriel , y Urrutia Bonilla, don Ignacio .

Sala de la Comisión, a 14 de junio de 2006.

(Fdo.): JACQUELINE PEILLARD GARCÍA , Secretaria de la Comisión”.