Labor Parlamentaria

IX. Otros documentos de la Cuenta.

1. Comunicación:

2. Oficios:

Ministerio de Hacienda:

- Diputado Navarro, clausura de oficinas administrativas y rebaja de multa que por evasión tributaria se aplicó a la Asociación Gremial de Buses Central Placeres de la Quinta Región.

- Diputado Hidalgo, asistencia integral a ex esposa, hijos y compañera del señor Marco Antonio Valdivia Garrós (Q.E.P.D.).

- Diputada Vidal, información sobre contratación de cuentas corrientes para organizaciones sociales y comunitarias en Banco del Estado de Chile.

- Diputado Molina, fijación de límites de provincia de Monte Patria , en la Cuarta Región, para efectos tributarios.

- Diputado Ortiz, proyecto de ley sobre jubilación de profesores imponentes en sistema de AFP.

- Diputado Tapia, reiteración de petición para que exista proporción entre fondos de contingencia y cesantía en la provincia de Curicó.

- Diputado Letelier, don Felipe, mejoramiento de jubilaciones y pensiones mínimas.

- Diputado Correa, programa de empleo intensivo en Curicó.

Ministerio de Educación:

- Diputado Urrutia, recursos para repartición de establecimientos educacionales en comunas de Retiro y Parral.

- Diputado Navarro, estado de las salitreras del norte de Chile.

- Diputado Norambuena, declaración de patrimonio cultural nacional a Banda Instrumental de Lota .

Ministerio de Defensa Nacional:

- Diputado Araya, infracciones a ley de alcoholes conocidas por juzgados de policía local de Antofagasta.

- Diputado Kuschel, aplicación de leyes que mejoran las atribuciones de organismos policiales y de la justicia para controlar delincuencia en la Décima Región.

- Diputado Galilea, don José Antonio, número de accidentes y consecuencias años 2004-2005 ruta Victoria-Curacautín.

- Diputado Navarro, utilización del seguro escolar.

- Diputado Ibáñez, don Gonzalo, instalación de comisaría y renovación de vehículos motorizados en comuna de Concón.

- Diputado Navarro, nivel de accidentabilidad en el casco histórico de ciudad de Chillán.

Ministerio de Agricultura:

- Diputado Navarro, cuantificación de emisiones anuales de material particulado respirable en zona de latencia.

Ministerio de Salud:

- Diputado Kuschel, medidas adoptadas en comuna de Puerto Varas para ampliar consultorio de salud o construir uno nuevo.

- Diputado Urrutia, información sobre estado de proyecto de construcción de la Posta Rural, en el sector Palma-Rosa, comuna de Parral.

Ministerio de Minería:

- Diputado Navarro, incorporación de villa Araucaria y la población 21 de Mayo, de Talcahuano, en estudios geológicos de lugares que se ha producido remoción de masas.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo:

- Diputado Kuschel, estado de avance en trabajos de pavimentación en calles y veredas de Futaleufú, Chaitén, Palena y Hualaihué.

- Diputado Bayo, reparación de caminos en Angol.

- Diputado Espinoza, subsidio habitacional en población El Triángulo, de Los Muermos, Décima Región.

- Diputado Muñoz, don Pedro, solución al endeudamiento de los pobladores de la villa Caupolicán, comuna de Punta Arenas.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia:

- Diputado Quintana, investigación de estafa cometida por la entidad denominada “Confrucam”.

Ministerio de Planificación y Cooperación:

- Diputado Delmastro, eliminación de subsidios por haber obtenido uno anterior.

Consejo de Defensa del Estado:

- Diputado Monckeberg, información acerca de contrato entre Correos de Chile y Software AG. España S.A.

Intendencia Región de la Araucanía:

- Diputado García, posición de gobierno regional respecto de ducto a Queule.

Municipalidad de Hualpén:

- Diputado Ulloa, sobre proyectos de pavimentación de calles en comuna de Talcahuano.

Municipalidad de Corral:

- Diputado Kuschel, unidades terapéuticas de drogadicción y alcoholismo.

III. ACTAS

El señor ASCENCIO (Presidente).-

El acta de la sesión 46ª se declara aprobada.

El acta de la sesión 47ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.

IV. CUENTA

El señor ASCENCIO (Presidente).-

El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.

VI. HOMENAJE

SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE ACUERDO.

El señor CORNEJO ( Vicepresidente ).-

¿Habría acuerdo para suspender el tratamiento de proyectos de acuerdo?

Acordado.

VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA

1. Oficio del Senado.

“Valparaíso, 11 de octubre de 2005.

Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que introduce diversas modificaciones a la ley Nº 18.290, en materia de tránsito terrestre, correspondiente al Boletín Nº 999-15.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a vuestra Excelencia.

(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.

2. Oficio del Senado.

“Valparaíso, 12 de octubre de 2005.

Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, sobre reformas orgánicas y procedimentales concernientes al Poder Judicial , correspondiente al Boletín Nº 3.790-07, con las siguientes modificaciones:

Artículo primero

Número 1)

Letra a)

La ha sustituido por la siguiente:

“a) Colócase un punto (.) a continuación de la expresión “tendrán tres ministros” y suprímese la parte restante del inciso.”.

Letra b)

La ha reemplazado por la siguiente:

“b) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Las Cortes de Apelaciones que funcionen en dos o más salas, podrán hacerlo divididas en salas especializadas. Corresponderá a cada Corte, mediante auto acordado dictado previa consulta a los órganos técnicos que estime necesario, establecer la forma de distribución de las materias. Las Cortes de Apelaciones determinarán el procedimiento de asignación de los ministros a cada sala. Será facultativo para el Presidente de la Corte integrar cualquiera de las salas que se hubieren formado, pudiendo hacerlo en consideración a las necesidades diarias de integración de cada una. Para todos los efectos se entenderá que al integrar la sala correspondiente, el Presidente lo hace en calidad de titular.

La especialización a que se refiere el inciso anterior podrá consistir en la destinación de alguna sala al conocimiento exclusivo de una determinada materia, al conocimiento preferente de una o más materias, a la designación de uno o más días de la semana para conocer de determinados asuntos, o a la combinación de dichas alternativas.”

-o-

Ha agregado el siguiente número 2), nuevo:

“2) Introdúcense los siguientes artículos 101 a 101 ter, nuevos:

“Artículo 101. Existirá en la Corte Suprema una Dirección de Estudio y Análisis y una Dirección de Comunicaciones.

Las Direcciones antes mencionadas contarán con, a lo menos, un director, dos profesionales y dos auxiliares.

Los Directores serán nombrados previo concurso público por el Tribunal Pleno, a propuesta en terna del Presidente de la Corte . Los demás integrantes serán nombrados por el Presidente de la Corte Suprema a propuesta en terna del Director, previo concurso público.

Los postulantes a los cargos profesionales o de director deberán dar cumplimiento a los requisitos de ingreso generales al Poder Judicial establecidos en el artículo 295 del Código Orgánico de Tribunales, estar en posesión de un título universitario de una carrera de a lo menos ocho semestres de duración en el área del derecho, la administración o las comunicaciones, según sea el caso, contar con a lo menos cinco años de ejercicio profesional y acreditar experiencia profesional relevante para el cargo. Les serán aplicables, asimismo, las prohibiciones establecidas en los artículos 316 y 317 del presente Código.

Artículo 101 bis. Corresponderá a la Dirección de Estudio y Análisis:

1. Realizar estudios destinados a proponer mejoras a la gestión jurisdiccional del Poder Judicial . Asimismo, actuando de manera conjunta con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, intervendrá en la generación de políticas de desarrollo y perfeccionamiento de la función judicial;

2. Centralizar y canalizar toda la información de carácter jurisdiccional solicitada por cualquier autoridad o institución externa al Poder Judicial , en coordinación con la Corporación Administrativa del Poder Judicial;

3. Asesorar a los Ministros de la Corte Suprema en materias relacionadas con el estudio de asuntos propios del ejercicio de la actividad jurisdiccional en lo relativo a la preparación de documentos especializados;

4. Establecer convenios para la realización de estudios e investigaciones con universidades, corporaciones, organismos internacionales y centros de investigación en general;

5. Generar y administrar un centro de documentación que recopile, procese, sistematice y distribuya la información jurídica documental requerida por los administradores de la justicia y usuarios del Poder Judicial;

6. Asesorar al tribunal pleno en la confección de los informes de proyectos de ley referidos a la organización y atribuciones de los Tribunales de Justicia y, en general, de todos aquéllos en que sea requerida su opinión;

7. Anualmente elaborar una propuesta de documento consolidado acerca de las dudas y dificultades ocurridas a las Cortes de Apelaciones del país, en la aplicación e interpretación de la ley, y

8. En general, evacuar los estudios y análisis estadísticos o jurídicos en materias referidas al funcionamiento y competencias propias del Poder Judicial .

Artículo 101 ter. Corresponderá a la Dirección de Comunicaciones:

1. Relacionarse con los medios de comunicación sirviendo de nexo entre ellos y el Poder Judicial;

2. Proponer al tribunal pleno e implementar una política de comunicaciones institucional;

3. Capacitar y asesorar a los miembros del escalafón primario del Poder Judicial respecto de los principales aspectos de la política de comunicaciones;

4. Elaborar, proponer y ejecutar estrategias de información a la comunidad relativas a las tareas propias del Poder Judicial;

5. Diseñar, implementar y mantener mecanismos de comunicación interna entre los distintos tribunales del país;

6. Recopilar, mantener registro y distribuir material publicado en relación con el Poder Judicial ;

7. Organizar y apoyar el desarrollo de actividades protocolares en representación del Poder Judicial y del Presidente de la Corte Suprema, y

8. En general, evacuar informes y análisis respecto de procesos públicos que en el ámbito de la información o difusión aborden materias propias de la actividad de los Tribunales de Justicia, incluyendo encuestas de opinión.”.”.

-o-

Número 2 )

Ha pasado a ser número 3), reemplazando la expresión “4)” por “4º”.

Número 3)

Ha pasado a ser número 4), sustituido por el siguiente:

“4) Introdúcese el siguiente artículo 102 bis:

“Artículo 102 bis. El Presidente de la Corte Suprema , con conocimiento y acuerdo del Pleno, remitirá un informe anual y consolidado al Presidente de la República , a través del Ministerio de Justicia, dando cuenta de las dudas, dificultades y vacíos a que se refiere el número 4° del artículo precedente. Dicho informe deberá ser considerado a los efectos de promover las reformas legislativas que sean necesarias para solucionarlos.”.”.

Número 4)

Lo ha suprimido.

Artículo segundo

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“Artículo segundo.- Sustitúyese, en el número 2) del artículo 8º de la ley N° 18.101, la palabra “demandado” por “arrendatario”.”.

Artículo tercero

Le ha introducido las siguientes modificaciones:

Número 1)

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“1) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 15, por el siguiente:

“Transcurridos dos años completos de posesión inscrita no interrumpida, contados desde la fecha de la inscripción, el interesado se hará dueño del inmueble por prescripción, la que no se suspenderá en caso alguno.”.”.

-o-

Ha intercalado, a continuación del número 2), el siguiente número 3), nuevo:

“3) Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 16, la expresión “un año” por “dos años”.”.

-o-

Número 3)

Ha pasado a ser número 4), sin modificaciones.

-o-

Ha intercalado, a continuación del número 3), que ha pasado a ser número 4), el siguiente número 5), nuevo:

“5) Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 17, la expresión “un año” por “dos años”.”.

-o-

Número 4)

Ha pasado a ser número 6), sin modificaciones.

Artículo transitorio

Lo ha suprimido.

-o-

Hago presente a vuestra Excelencia, que el proyecto fue aprobado en general, con el voto afirmativo de 29 señores Senadores, de un total de 48 en ejercicio y que, en particular, los numerales 1) y 4) del artículo primero fueron aprobados, en el carácter de normas orgánicas constitucionales, con el voto conforme de 34 señores Senadores de un total de 48 señores Senadores en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental.

Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 5719, de 14 de julio de 2005.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a vuestra Excelencia.

-o-

(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario General del Senado ?.

3. Oficio del Senado.

“Valparaíso, 12 de octubre de 2005.

Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que regula la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana, correspondiente al Boletín Nº 1993-11.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a vuestra Excelencia.

(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO Presidente del Senado , CARLOS HOFFMANN CONTRERAS ; Secretario General del Senado ?.

Informe de la Comisión Mixta, encargada de proponer la forma y modo de resolver las discrepancias producidas entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto del proyecto de ley que regula la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana. (boletín Nº 1993-11)

?Honorable Senado

Honorable Camara De Diputados:

La Comisión Mixta constituida en conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 de la Constitución Política de la República, tiene el honor de proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre el Senado y la Cámara de Diputados durante la tramitación del proyecto de ley de la referencia, originado en Moción de los Honorables Senadores señores Mariano Ruiz-Esquide , Sergio Páez y Andrés Zaldívar, don Andrés , y de los ex Senadores señores Nicolás Díaz y Juan Hamilton .

El Senado, en sesión del día 8 de junio del presente año, designó como miembros de esta Comisión Mixta a los Honorables Senadores que integran su Comisión de Salud, Honorables Senadores señora Evelyn Matthei Fornet y señores Edgardo Boenninger Kausel , Alberto Espina Otero , Mariano Ruiz-Esquide Jara y José Antonio Viera-Gallo Quesney .

Por su parte, la Cámara de Diputados, en sesión de 15 de junio de 2005, comunicó al Senado que designó como integrantes de la Comisión Mixta a los Honorables Diputados señores Enrique Accorsi Opazo ; Sergio Aguiló Melo ; Patricio Cornejo Vidaurrázaga ; Marcelo Forni Lobos y Osvaldo Palma Flores . Posteriormente, los Honorables Diputados señores Sergio Aguiló Melo y Marcelo Forni Lobos fueron reemplazados por los Honorables Diputados señores Fulvio Rossi Ciocca y Patricio Melero Abaroa , respectivamente.

Previa citación del señor Presidente del Senado , la Comisión Mixta se constituyó con fecha 6 de julio de 2005 y, con el voto de la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Evelyn Matthei Fornet y señores Edgardo Boenninger Kausel y José Antonio Viera-Gallo Quesney , y Honorables Diputados señores Enrique Accorsi Opazo , Fulvio Rossi Ciocca y Patricio Melero Abaroa , eligió como Presidente al Honorable Senador señor José Antonio Viera-Gallo Quesney , abocándose de inmediato a su cometido.

A la sesión en que se trató el proyecto asistió, especialmente invitado por la Comisión, el asesor jurídico del Ministerio de Salud, señor Sebastián Pavlovic .

-o-

A continuación se efectúa una relación de las diferencias suscitadas entre ambas corporaciones durante la tramitación de la iniciativa, así como de los acuerdos adoptados a su respecto.

En el primer trámite constitucional, la iniciativa de ley en informe constaba de 23 artículos permanentes. En el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados reformuló el proyecto e introdujo numerosas modificaciones al mismo, aprobado, en definitiva, un texto de 21 artículos permanentes

El Senado, en el tercer trámite constitucional, aprobó las modificaciones propuestas por la Honorable Cámara de Diputados, con excepción de las que, más adelante se señala, las que rechazó:

Artículo 3º

La que consiste en sustituirlo por el que se señala.

Artículo 8º

La que consiste en suprimir el precepto.

Artículo 10

La que consiste en consultar como artículo 10 el que se indica.

Artículo 11

La que consiste en incorporar como artículo 11 el que se señala.

Artículo 20

Las que consisten en suprimir el precepto y en agregar un nuevo artículo del tenor que se indica.

-o-

Artículo 3º

El Senado en primer trámite constitucional, aprobó una norma del siguiente tenor:

Artículo 3º.- Se prohíbe toda práctica eugenésica. Sólo se podrán modificar características genéticas humanas que incidan en la herencia en los casos y en la forma previstos por la ley.

La Cámara de Diputados, por su parte lo reemplazó por el siguiente

“Artículo 3°.- Prohíbese toda práctica eugenésica, entendiéndose por tal cualquier especie de intervención sobre el genoma cuyo propósito sea modificarlo hereditariamente.”.

El Senado, durante el tercer trámite constitucional, rechazó la disposición propuesta por la Cámara de Diputados

En discusión, el Honorable Senador señor Viera-Gallo señaló que resulta importante distinguir la condena y la prohibición a las prácticas eugenésicas, de la posibilidad de que se realice terapia génica, bien sea somática o germinal.

En este sentido, continuó, ni el texto aprobado por el Senado ni el aprobado por la Cámara de Diputados cumplen este objetivo, pues confunden ambos conceptos.

El Honorable Diputado señor Melero hizo presente la definición de eugenesia del Diccionario de la Real Academia Española , que señala que es la aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana.

La Comisión tuvo presente, asimismo, las definiciones de eugenesia y terapia génica, tanto la germinal como la somática, contenidas en el informe ”Terapia Génica Antecedentes Generales y Experiencia Extranjera”, elaborado por la Unidad de Apoyo al Proceso Legislativo de la Biblioteca del Congreso Nacional .

La Comisión estuvo de acuerdo en la necesidad de prohibir la práctica eugenésica.

El asesor jurídico del Ministerio de Salud, señor Sebastián Pavlovic , por su parte, señaló que el Ejecutivo está de acuerdo con la condena a las prácticas eugenésicas. No obstante, prosiguió, existen ciertas prácticas que por la “lex artis” son entendidas como eugenésicas, pero que son muy sencillas y de uso cotidiano, como por ejemplo la consejería genética. En consecuencia, cabría excepcionarlas de esta prohibición.

El Honorable Diputado señor Melero consultó si el concepto de consejería genética es una nomenclatura utilizada habitualmente a nivel médico, y cual es exactamente el concepto.

El Honorable Diputado señor Accorsi , en relación a lo anterior, señaló que efectivamente es un término que se usa comunmente en el área de la salud, y dio un ejemplo de consejo genético. A mayor abundamiento, prosiguió, el Código Sanitario define ”consejo genético”

La Comisión estimó pertinente consignar en el informe las siguientes definiciones de “consejería genética”:

Definición proporcionada por el Asesor Jurídico del Ministerio de Salud:

“Orientación proporcionada por un profesional de la salud a los individuos con riesgo aumentado de tener descendientes con un desorden genético específico y que incluye proveer de información y consejo en lo referente a la probabilidad de que el descendiente tenga desorden; la prueba de diagnóstico prenatal, y los tratamientos disponibles.”.

Definición de PS Harper “Practical Genetic Counseling” (Arnold publishers, 5ta ed, Londres 2001 ):

“El consejo o asesoramiento genético es el proceso mediante el cual un paciente o sus familiares en riesgo de tener una enfermedad que puede ser hereditaria reciben información (o educación) sobre la naturaleza y las consecuencias de la enfermedad, la probabilidad de desarrollarla o transmitirla a su descendencia y las maneras en que esto puede ser prevenido, evitado o disminuido.”.

Otra definición más práctica, del Sarah Lawrence Collage , escuela de gran prestigio en la materia, referida a la labor de los consejeros genéticos, es del siguiente tenor:

“Los consejeros genéticos trabajan como miembros del equipo de salud, dando información y apoyo a las familias que tienen miembros con anomalías congénitas o enfermedades genéticas, o que pueden estar en riesgo de tener una enfermedad hereditaria. Identifican familias en riesgo, interpretan para ellos la información sobre la condición, analizan los patrones de herencia y riesgos de recurrencia, discuten los riesgos, beneficios y limitaciones de los exámenes genéticos, revisan las opciones disponibles con las familias y proveen apoyo”.

En cuanto a la terapia génica somática, se constató que es autorizada a nivel mundial, autorización que se contiene en el proyecto aprobado por ambas Cámaras.

El debate se suscita en cuanto a la terapia génica germinal, que es rechazada en diversas legislaciones, por el temor a que provoque efectos secundarios.

El asesor jurídico del Ministerio de Salud, señor Sebastián Pavlovic , manifestó la opinión del Ejecutivo en orden a prohibir la terapia génica en células germinales.

Este tipo de terapia génica, prosiguió, no está actualmente recomendada a nivel mundial, y tiene graves objeciones éticas.

El Honorable Senador señor Viera Gallo solicitó una mayor explicación en cuanto a la inconveniencia de utilizar este tipo de terapia, por ejemplo para evitar en las familias la perpetuación de enfermedades.

El señor Pavlovic insistió que la proscripción de este tipo de terapia génica es la tendencia en el concierto internacional. Presentó un artículo de la Oficina Parlamentaria inglesa, que señala, entre las objeciones éticas que presenta, los posibles efectos secundarios que se pueden producir en generaciones futuras, y que hoy en día no son evaluables ni manejables, como por ejemplo, malformaciones.

Al respecto, indicó que en materia de terapia en células germinales hay un abismo de misterio que afecta la capacidad para saber las consecuencias que puede tener para las generaciones futuras, y por aplicación del denominado “principio de prevención”, a nivel mundial se opta por proscribirlo, con el fin de resguardar a dichas generaciones. Lo anterior, al menos hasta que exista mayor información.

El Honorable Diputado señor Melero señaló que, por las mismas razones, la terapia génica germinal no se encontraba comprendida en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.

El señor Presidente , propuso aprobar el siguiente artículo 3°:

“Artículo 3º.- Prohíbese toda práctica eugenésica, salvo la consejería genética.”.

-Vuestra Comisión Mixta, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señor José Antonio Viera-Gallo Quesney ( Presidente ), señora Evelyn Matthei Fornet y señor Edgardo Boenninger Kausel , y Honorables Diputados señores Enrique Accorsi Opazo , Fulvio Rossi Ciocca y Patricio Melero Abaroa , acogió la proposición del señor Presidente . (6x0).

Artículo 8

El Senado con ocasión del primer trámite constitucional, aprobó una norma del siguiente tenor:

“Artículo 8º.- Sin perjuicio de las exigencias establecidas en las demás normas de esta ley, son deberes especiales del investigador:

1) Transmitir al sujeto, en un lenguaje comprensible para él, toda la información que necesite para prestar un consentimiento informado, incluida la posibilidad de negarse a participar en la investigación antes de su inicio y durante el curso de la misma, sin incurrir en responsabilidades o sanciones ni en pérdida de beneficios.

2) Ofrecer al sujeto amplia oportunidad de hacer preguntas e instarlo a que las haga.

3) Excluir toda posibilidad de engaño, influencia indebida o intimidación.

4) Recabar el consentimiento escrito del sujeto una vez que éste tenga pleno conocimiento de los siguientes aspectos:

a) naturaleza de la investigación, procedimientos a seguir y duración aproximada;

b) riesgos e incomodidades asociadas a la investigación;

c) beneficios potenciales de la investigación, y

d) procedimientos o tratamientos alternativos que podrían ser beneficiosos.

5) Renovar el consentimiento informado si las condiciones o los procedimientos de la investigación sufren modificaciones importantes.

Por su parte, la Cámara de Diputados, durante el segundo trámite constitucional, lo suprimió, y consignó como artículo 8°, el artículo 12 del proyecto aprobado por el Senado, redactado como sigue:

“Artículo 8º.- El conocimiento del genoma humano es patrimonio común de la humanidad. En consecuencia, nadie puede atribuirse ni constituir propiedad sobre el mismo ni sobre parte de él. El conocimiento de la estructura de un gen y de las secuencias totales o parciales de ADN no son patentables.

Los procesos biotecnológicos derivados del conocimiento del genoma humano, así como los productos obtenidos directamente de ellos, diagnósticos o terapéuticos, son patentables según las reglas generales.”.

El Senado, durante el tercer trámite constitucional, rechazó la modificación de la Honorable Cámara de Diputados consistente en suprimir el precepto aprobado en primer trámite constitucional.

En discusión, el Honorable Senador señor Viera- Gallo explicó que el texto aprobado por el Senado es bastante mas detallado que el aprobado por la Cámara de Diputados, en relación a la información que debe proporcionarse al paciente para que éste autorice la investigación científica.

La Cámara de Diputados, continuó, recoge esta idea en el artículo 10 del texto aprobado, pero de una manera más sintética.

La Honorable Senadora señora Matthei manifestó que, en su opinión, el artículo aprobado por la Cámara de Diputados incorpora elementos importantes a la materia.

Al respecto, el Honorable Diputado señor Melero agregó que, efectivamente, en la Cámara de Diputados se incluyeron en esta materia aspectos contenidos en el proyecto de ley que regula los derechos y deberes de los pacientes, y en la legislación comparada en relación a la donación de órganos. No es una redacción antojadiza.

El Honorable Senador señor Boenninger señaló que el artículo 11 de la Cámara de Diputados, que recoge la idea del artículo 8 del texto aprobado pro el Senado, tiene una hilación lógica, inciso a inciso, lo que es más rico en contenido que la mera enumeración que no establece prioridades. Lo anterior es sin perjuicio que el artículo 8 en discusión tiene requisitos un tanto innecesarios.

El señor Presidente propuso suprimir el artículo 8° aprobado por el Senado.

-Vuestra Comisión Mixta, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señor José Antonio Viera-Gallo Quesney ( Presidente ), señora Evelyn Matthei Fornet y señor Edgardo Boenninger Kausel , y Honorables Diputados señores Enrique Accorsi Opazo , Fulvio Rossi Ciocca y Patricio Melero Abaroa , acogió la proposición del señor Presidente . (6x0).

Artículo 10

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó la siguiente disposición:

“Artículo 10.- La terapia génica en células somáticas está destinada al tratamiento de enfermedades o a impedir su aparición.

Será aplicable en estos casos lo dispuesto sobre consentimiento informado en los artículos 7º y 8º de esta ley.”.

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo consignó como artículo 7°, con modificaciones, y consultó como artículo 10, el siguiente:

“Artículo 10.- Toda investigación científica en seres humanos que implique algún tipo de intervención física o psíquica deberá ser realizada siempre por profesionales idóneos en la materia, justificarse en su objetivo y metodología y ajustarse en todo a lo dispuesto en esta ley.

No podrá desarrollarse una investigación científica si hay antecedentes que permitan suponer que existe un riesgo de destrucción, muerte o lesión corporal grave y duradera para un ser humano.

Tampoco podrá efectuarse una investigación científica biomédica si existen dudas razonables de que sus riesgos son mayores que sus eventuales beneficios.

Toda investigación científica biomédica deberá contar con la autorización expresa del director del establecimiento dentro del cual se efectúe, previo informe favorable del Comité Ético Científico que corresponda, según el reglamento.”.

Con ocasión del tercer trámite constitucional, el Senado optó por rechazar la modificación propuesta por la Cámara Revisora consistente en consultar como artículo 10 el que se señaló precedentemente.

En la sesión celebrada el 7 de julio del presente año, vuestra Comisión Mixta debatió acerca de la conveniencia de consultar como artículo 10 el que transcribe más adelante, teniendo presente que el mismo, en lo relativo a lo dispuesto en el inciso tercero, que, como podrá apreciarse, se refiere a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el señor Presidente de la República , de conformidad a lo dispuesto en el N° 2 del inciso cuarto del artículo 62 de la Constitución Política de la República, requería ser propuesto por el Primer Mandatario. El tenor de la disposición debatida es el siguiente:

“Artículo 10.- Toda investigación científica en seres humanos que implique algún tipo de intervención física o psíquica deberá ser realizada siempre por profesionales idóneos en la materia, justificarse en su objetivo y metodología y ajustarse en todo a lo dispuesto en esta ley.

No podrá desarrollarse una investigación científica si hay antecedentes que permitan suponer que existe un riesgo de destrucción, muerte o lesión corporal grave y duradera para un ser humano.

Toda investigación científica biomédica deberá contar con la aprobación de la Subsecretaría de Salud Pública, la cual podrá delegar esta atribución, y con la autorización expresa del director del establecimiento dentro del cual se efectúe, todo ello según lo disponga el reglamento.”.

En discusión, el señor hizo uso de la palabra la Honorable Senadora señora Matthei , quien señaló que la proposición es bastante similar al texto aprobado por la Cámara de Diputados, pero entre las diferencias se encuentra la eliminación del inciso tercero, lo que le pareció conveniente por estimar el citado inciso confuso e innecesario.

El Honorable Diputado señor Melero , por su parte, consultó respecto a la razón de introducir como requisito para una investigación científica la aprobación del Subsecretario de Salud Pública .

Al respecto el señor Pavlovic indicó que, en el Reglamento sobre Autoridad Sanitaria se había incluido la intervención de la autoridad sanitaria en esta área. No obstante, ello fue objetado por la Contraloría General de la República, por cuanto esta facultad no se contemplaba en la ley, motivo por el cual resulta necesario que el proyecto de ley en estudio lo consagre en forma expresa.

El Honorable Senador señor Boenninger agregó que la inclusión de la Subsecretaría en esta materia le parece razonable, en armonía con la nueva estructura en materia de salud. Sin embargo, para evitar la centralización excesiva, consideró adecuado que se contemple la posibilidad de delegación de esta atribución, y que se dicte un reglamento al respecto.

En la mencionada sesión, la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señor José Antonio Viera-Gallo Quesney ( Presidente ), señora Evelyn Matthei Fornet y señor Edgardo Boenninger Kausel , y Honorables Diputados señores Enrique Accorsi Opazo , Fulvio Rossi Ciocca y Patricio Melero Abaroa , acogió la idea contenida en la norma antes transcrita, en el entendido que, como se señaló, ello requería que Su Excelencia el Presidente de la República hiciera llegar una proposición en tal sentido.

En sesión celebrada el día miércoles 14 de septiembre, la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señor José Antonio Viera-Gallo Quesney ( Presidente ), señora Evelyn Matthei Fornet y señor Mariano Ruiz-Esquide Jara , y Honorables Diputados señores Enrique Accorsi Opazo , Patricio Melero Abaroa y Osvaldo Palma Flores , acordó reabrir el debate respecto de este artículo.

En discusión, el señor Presidente de la Comisión Mixta , en atención al tiempo transcurrido desde la celebración de la sesión anterior, sugirió aprobar una norma que no requiera ser propuesta por Su Excelencia el Presidente de la República , dado que ésta no ha sido recibida.

En tal sentido, la Honorable Senadora señora Matthei propuso a la Comisión Mixta contemplar como inciso tercero del artículo 10, el inciso final de este artículo aprobado, en segundo trámite constitucional, por la Honorable Cámara de Diputados, en el sentido que sea el director del centro asistencial respectivo quien autorice una investigación científica biomédica, previo informe favorable del Comité Ético Científico que corresponda, según el reglamento.

El Honorable Diputado señor Accorsi respaldó la proposición formulada por la Honorable señora Senadora Matthei .

De este modo, el artículo propuesto sería del siguiente tenor:

“Artículo 10.- Toda investigación científica en seres humanos que implique algún tipo de intervención física o psíquica deberá ser realizada siempre por profesionales idóneos en la materia, justificarse en su objetivo y metodología y ajustarse en todo a lo dispuesto en esta ley.

No podrá desarrollarse una investigación científica si hay antecedentes que permitan suponer que existe un riesgo de destrucción, muerte o lesión corporal grave y duradera para un ser humano.

Toda investigación científica biomédica deberá contar con la autorización expresa del director del establecimiento dentro del cual se efectúe, previo informe favorable del Comité Ético Científico que corresponda, según el reglamento.”.

-Vuestra Comisión Mixta, aprobó la norma señalada por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Senadores señor José Antonio Viera-Gallo Quesney ( Presidente ), señora Evelyn Matthei Fornet y señor Mariano Ruiz-Esquide Jara , y Honorables Diputados señores Enrique Accorsi Opazo , Patricio Melero Abaroa y Palma Flores Osvaldo . (6x0).

Artículo 11

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó la siguiente disposición:

“Artículo 11.- Se prohíbe la clonación de seres humanos y por tanto cualquier intervención a persona que dé por resultado la creación de un ser humano genéticamente idéntico a otro, vivo o muerto.

La clonación de tejidos y órganos sólo procederá con una finalidad terapéutica. En ningún caso podrá usarse para tales fines embriones humanos.”.

La Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, lo eliminó e incorporó como artículo 11, el siguiente:

“Artículo 11.- Toda investigación científica en un ser humano deberá contar con su consentimiento previo, expreso, libre e informado, o, en su defecto, el de aquél que deba suplir su voluntad en conformidad con la ley.

Para los efectos de esta ley, existe consentimiento informado cuando se constata que la persona que debe prestarlo conoce los aspectos esenciales de la investigación, en especial su finalidad, beneficios, riesgos y alternativas, como consecuencia de habérsele proporcionado información adecuada, suficiente y comprensible sobre ella. Dentro de esta información, deberá hacerse especial mención del derecho que tiene de no autorizar la investigación o de revocar su consentimiento en cualquier momento y por cualquier medio, sin que ello importe responsabilidad, sanción o pérdida de beneficio alguno.

El consentimiento deberá constar en un acta firmada por la persona que ha de consentir en la investigación, por el director responsable de ella y por el director del centro o establecimiento donde ella se llevará a cabo, quien, además, actuará como ministro de fe.

El director responsable de la investigación deberá conservar el original del acta, entregando una copia de ella a la persona que autoriza la investigación y otra al director del centro o establecimiento donde ésta se realizará.

En todo caso, el consentimiento deberá ser nuevamente solicitado cada vez que los términos o condiciones en que se desarrolle la investigación sufran modificaciones, salvo que éstas sean consideradas menores por el Comité Ético Científico que haya aprobado el proyecto de investigación.”.

El Senado, en tercer trámite, rechazo la modificación de la Honorable Cámara de Diputados consistente en incorporar como artículo 11 el que se señaló.

En discusión, la Comisión acordó que el artículo aprobado por la Cámara de Diputados recoge, como se señaló a propósito de la discusión del artículo 8 del texto aprobado por el Senado, la idea contenida en el citado artículo. Sin embargo, estimó que la redacción propuesta por la Cámara de Diputados explicita de mejor forma los requisitos relativos al “consentimiento informado”, imprescindible en forma previa a toda investigación científica.

No obstante, estimó que el inciso cuarto del texto aprobado por la Cámara de Diputados resulta excesivo, ya que se trata de materias propias del reglamento, por lo que se propuso eliminarlo.

Asimismo la Comisión estimó necesario efectuar algunas modificaciones referidas a la redacción de la disposición.

El señor Presidente propuso a los demás miembros de la Comisión Mixta consultar como artículo 11 el siguiente:

“Artículo 11.- Toda investigación científica en un ser humano deberá contar con su consentimiento previo, expreso, libre e informado, o, en su defecto, el de aquél que deba suplir su voluntad en conformidad con la ley.

Para los efectos de esta ley, existe consentimiento informado cuando la persona que debe prestarlo conoce los aspectos esenciales de la investigación, en especial su finalidad, beneficios, riesgos y los procedimientos o tratamientos alternativos. Para ello deberá habérsele proporcionado información adecuada, suficiente y comprensible sobre ella. Asimismo, deberá hacerse especial mención del derecho que tiene de no autorizar la investigación o de revocar su consentimiento en cualquier momento y por cualquier medio, sin que ello importe responsabilidad, sanción o pérdida de beneficio alguno.

El consentimiento deberá constar en un acta firmada por la persona que ha de consentir en la investigación, por el director responsable de ella y por el director del centro o establecimiento donde ella se llevará a cabo, quien, además, actuará como ministro de fe.

En todo caso, el consentimiento deberá ser nuevamente solicitado cada vez que los términos o condiciones en que se desarrolle la investigación sufran modificaciones, salvo que éstas sean consideradas menores por el Comité Ético Científico que haya aprobado el proyecto de investigación.”.

-Vuestra Comisión Mixta, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señor José Antonio Viera-Gallo Quesney ( Presidente ), señora Evelyn Matthei Fornet y señor Edgardo Boenninger Kausel , y Honorables Diputados señores Enrique Accorsi Opazo , Fulvio Rossi Ciocca y Patricio Melero Abaroa , acogió la proposición del señor Presidente . (6x0).

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Artículo 17

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó la siguiente disposición:

“Artículo 17.- Créase una Comisión Nacional de Bioética que estará integrada por las siguientes personas:

-Cuatro académicos designados por el Consejo de Rectores, que pertenezcan respectivamente a las Facultades de Medicina, Derecho, Ciencias y Filosofía de las universidades que lo integran.

-Tres personas designadas por el Instituto de Chile, que pertenezcan a las Academias de Medicina, de Ciencias y de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, respectivamente.

-Una persona designada por el Senado.

-Una persona designada por el Presidente de la República, quien la presidirá.

Las personas designadas permanecerán en sus funciones por el plazo de tres años, pudiendo ser reelegidos. Servirán dichas funciones ad-honorem.”.

La Honorable Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, lo suprimió y, a continuación, agregó el siguiente artículo 17:

“Artículo 17.- Todo el que intente crear o cree seres humanos idénticos a otro por clonación o realice cualquier procedimiento eugenésico será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y con la inhabilitación absoluta para el ejercicio de la profesión durante el tiempo que dure la condena.

En caso de reincidencia, podrá el infractor ser sancionado, además, con la pena de inhabilitación perpetua para ejercer la profesión.”.

El Senado, en tercer trámite constitucional, aprobó ambas modificaciones. Sin embargo, vuestra Comisión Mixta, en ejercicio de la facultad de proponer la forma y modo de resolver las diferencias entre ambas Cámaras, acordó, por unanimidad de sus miembros presentes, proponer introducir algunas modificaciones a la disposición, con la finalidad de lograr una mayor armonía entre las disposiciones del proyecto.

En este sentido, el Honorable Senador señor Viera Gallo precisó que el tipo penal contemplado en el artículo 17 del texto aprobado por ambas Cámaras, se encuentra contemplado en el artículo 23 del texto aprobado por el Senado. No obstante, prosiguió, el texto del Senado tiene la ventaja que es más simple, ya que la Cámara de Diputados agregó elementos tales como la necesidad de que se trate de seres humanos idénticos.

En cuanto a la penalidad, el Honorable Diputado señor Accorsi señaló que ésta fue aumentada en la Cámara de Diputados, y la Comisión Mixta estimó conveniente mantener esta mayor penalidad.

La Honorable Senadora señora Matthei señaló que, en su opinión, para el caso de reincidencia debe contemplarse la pena de inhabilitación perpetua para ejercer la profesión de forma imperativa, y no facultativa, con lo que la Comisión estuvo de acuerdo. Lo anterior, en concordancia con la figura que contempla el artículo 20.

Por otra parte, atendido lo acordado en el artículo 3°, respecto de permitir la práctica eugenésica denominada “consejería genética”, la Comisión consideró necesario incorporar la citada excepción en el artículo 17.

Recogiendo los planteamientos de los Honorables Parlamentarios, el señor Presidente de la Comisión Mixta propuso la aprobación de una disposición del siguiente tenor:

“Artículo 17.- El que clonare o iniciare un proceso de clonar seres humanos y el que realizare cualquier procedimiento eugenésico en contravención al artículo 3°, será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y con la inhabilitación absoluta para el ejercicio de la profesión durante el tiempo que dure la condena.

En caso de reincidencia, el infractor será sancionado, además, con la pena de inhabilitación perpetua para ejercer la profesión.”.

-Vuestra Comisión Mixta, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señor José Antonio Viera-Gallo Quesney ( Presidente ), señora Evelyn Matthei Fornet y señor Edgardo Boenninger Kausel , y Honorables Diputados señores Enrique Accorsi Opazo , Fulvio Rossi Ciocca y Patricio Melero Abaroa , acogió la proposición del señor Presidente . (6x0).

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Artículo 20

El Senado, en primer trámite constitucional, aprobó la siguiente disposición:

“Artículo 20.- Los establecimientos que deseen participar en proyectos de investigación científica en seres humanos, deberán contar con un Comité de Bioética conforme al reglamento.

Los Comités de Bioética autorizarán las investigaciones que sean sometidas a su consideración, de acuerdo con las normas establecidas a propuesta de la Comisión Nacional de Bioética.”.

La Honorable Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, lo suprimió y, a continuación, agregó el siguiente artículo 20, nuevo:

“Artículo 20.- Todo el que desarrollare un proyecto de investigación científica biomédica en seres humanos o en su genoma, sin previa autorización del Comité Ético Científico que corresponda, será sancionado con la suspensión por tres años del ejercicio profesional y con la prohibición absoluta en el territorio nacional en caso de reincidencia.”.

El Senado, en tercer trámite constitucional, rechazo ambas modificaciones: la que suprimir el precepto aprobado por el Senado y la que agrega un nuevo artículo del tenor del que se señaló.

El señor Presidente propuso suprimir el artículo 20 aprobado por el Senado en primer trámite constitucional, y consultar como artículo 20 el siguiente:

“Artículo 20.- Todo el que desarrollare un proyecto de investigación científica biomédica en seres humanos o en su genoma, sin contar con las autorizaciones correspondientes exigidas por la presente ley, será sancionado con la suspensión por tres años del ejercicio profesional y con la prohibición absoluta de ejercicio profesional en el territorio nacional en caso de reincidencia.”.

-Vuestra Comisión Mixta, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señor José Antonio Viera-Gallo Quesney ( Presidente ), señora Evelyn Matthei Fornet y señor Edgardo Boenninger Kausel , y Honorables Diputados señores Enrique Accorsi Opazo , Fulvio Rossi Ciocca y Patricio Melero Abaroa , acogió la proposición del señor Presidente . (6x0).

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PROPOSICION DE LA COMISIÓN MIXTA

En virtud de los acuerdos antes consignados, como forma y modo de resolver las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras a raíz de la discusión de esta iniciativa, vuestra Comisión Mixta os propone aprobar lo siguiente:

Artículo 3º

Contemplar como artículo 3° el siguiente:

“Artículo 3º.- Prohíbese toda práctica eugenésica, salvo la consejería genética.”. (Unanimidad. 6x0).

Artículo 8º

Suprimir el precepto aprobado por el Senado en primer trámite constitucional. (Unanimidad. 6x0).

Artículo 10

Consultar como artículo 10 el siguiente:

“Artículo 10.- Toda investigación científica en seres humanos que implique algún tipo de intervención física o psíquica deberá ser realizada siempre por profesionales idóneos en la materia, justificarse en su objetivo y metodología y ajustarse en todo a lo dispuesto en esta ley.

No podrá desarrollarse una investigación científica si hay antecedentes que permitan suponer que existe un riesgo de destrucción, muerte o lesión corporal grave y duradera para un ser humano.

Toda investigación científica biomédica deberá contar con la autorización expresa del director del establecimiento dentro del cual se efectúe, previo informe favorable del Comité Ético Científico que corresponda, según el reglamento.”. (Unanimidad. 6x0).

Artículo 11

Contemplar como artículo 11 el siguiente:

“Artículo 11.- Toda investigación científica en un ser humano deberá contar con su consentimiento previo, expreso, libre e informado, o, en su defecto, el de aquél que deba suplir su voluntad en conformidad con la ley.

Para los efectos de esta ley, existe consentimiento informado cuando la persona que debe prestarlo conoce los aspectos esenciales de la investigación, en especial su finalidad, beneficios, riesgos y los procedimientos o tratamientos alternativos. Para ello deberá habérsele proporcionado información adecuada, suficiente y comprensible sobre ella. Asimismo, deberá hacerse especial mención del derecho que tiene de no autorizar la investigación o de revocar su consentimiento en cualquier momento y por cualquier medio, sin que ello importe responsabilidad, sanción o pérdida de beneficio alguno.

El consentimiento deberá constar en un acta firmada por la persona que ha de consentir en la investigación, por el director responsable de ella y por el director del centro o establecimiento donde ella se llevará a cabo, quien, además, actuará como ministro de fe.

En todo caso, el consentimiento deberá ser nuevamente solicitado cada vez que los términos o condiciones en que se desarrolle la investigación sufran modificaciones, salvo que éstas sean consideradas menores por el Comité Ético Científico que haya aprobado el proyecto de investigación.”. (Unanimidad. 6x0).

Artículo 17

Consultar como artículo 17 el siguiente:

“Artículo 17.- El que clonare o iniciare un proceso de clonar seres humanos y el que realizare cualquier procedimiento eugenésico en contravención al artículo 3°, será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y con la inhabilitación absoluta para el ejercicio de la profesión durante el tiempo que dure la condena.

En caso de reincidencia, el infractor será sancionado, además, con la pena de inhabilitación perpetua para ejercer la profesión.”. (Unanimidad. 6x0).

Artículo 20

Consultar como artículo 20 el siguiente:

“Artículo 20.- Todo el que desarrollare un proyecto de investigación científica biomédica en seres humanos o en su genoma, sin contar con las autorizaciones correspondientes exigidas por la presente ley, será sancionado con la suspensión por tres años del ejercicio profesional y con la prohibición absoluta de ejercicio profesional en el territorio nacional en caso de reincidencia.”. (Unanimidad. 6x0).

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TEXTO DEL PROYECTO DE LEY

A título ilustrativo, de aprobarse la proposición efectuada por la Comisión Mixta, el proyecto de ley quedaría como sigue:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Esta ley tiene por finalidad proteger la vida de los seres humanos, desde el momento de la concepción, su integridad física y psíquica, así como su diversidad e identidad genética, en relación con la investigación científica biomédica y sus aplicaciones clínicas.

Artículo 2°.- La libertad para llevar a cabo actividades de investigación científica biomédica en seres humanos tiene como límite el respeto a los derechos y libertades esenciales que emanan de la naturaleza humana, reconocidos tanto por la Constitución Política de la República como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 3º.- Prohíbese toda práctica eugenésica, salvo la consejería genética.

Artículo 4º.- Prohíbese toda forma de discriminación arbitraria basada en el patrimonio genético de las personas.

En consecuencia, los resultados de exámenes genéticos y análisis predictivos de la misma naturaleza no podrán ser utilizados con ese fin.

Artículo 5º.- Prohíbese la clonación de seres humanos, cualesquiera que sean el fin perseguido y la técnica utilizada.

Artículo 6º.- El cultivo de tejidos y órganos sólo procederá con fines de diagnósticos terapéuticos o de investigación científica. En ningún caso podrán destruirse embriones humanos para obtener las células troncales que den origen a dichos tejidos y órganos.

Artículo 7.- La terapia génica en células somáticas estará autorizada sólo con fines de tratamiento de enfermedades o a impedir su aparición.

Artículo 8º.- El conocimiento del genoma humano es patrimonio común de la humanidad. En consecuencia, nadie puede atribuirse ni constituir propiedad sobre el mismo ni sobre parte de él. El conocimiento de la estructura de un gen y de las secuencias totales o parciales de ADN no son patentables.

Los procesos biotecnológicos derivados del conocimiento del genoma humano, así como los productos obtenidos directamente de ellos, diagnósticos o terapéuticos, son patentables según las reglas generales.

Artículo 9º.- Sólo se podrá investigar y determinar la identidad genética de un ser humano si se cuenta con su consentimiento previo e informado o, en su defecto, el de aquél que deba suplir su voluntad en conformidad con la ley. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de los tribunales de justicia, en la forma y en los casos establecidos en la ley.

Artículo 10.- Toda investigación científica en seres humanos que implique algún tipo de intervención física o psíquica deberá ser realizada siempre por profesionales idóneos en la materia, justificarse en su objetivo y metodología y ajustarse en todo a lo dispuesto en esta ley.

No podrá desarrollarse una investigación científica si hay antecedentes que permitan suponer que existe un riesgo de destrucción, muerte o lesión corporal grave y duradera para un ser humano.

Toda investigación científica biomédica deberá contar con la autorización expresa del director del establecimiento dentro del cual se efectúe, previo informe favorable del Comité Ético Científico que corresponda, según el reglamento.

Artículo 11.- Toda investigación científica en un ser humano deberá contar con su consentimiento previo, expreso, libre e informado, o, en su defecto, el de aquél que deba suplir su voluntad en conformidad con la ley.

Para los efectos de esta ley, existe consentimiento informado cuando la persona que debe prestarlo conoce los aspectos esenciales de la investigación, en especial su finalidad, beneficios, riesgos y los procedimientos o tratamientos alternativos. Para ello deberá habérsele proporcionado información adecuada, suficiente y comprensible sobre ella. Asimismo, deberá hacerse especial mención del derecho que tiene de no autorizar la investigación o de revocar su consentimiento en cualquier momento y por cualquier medio, sin que ello importe responsabilidad, sanción o pérdida de beneficio alguno.

El consentimiento deberá constar en un acta firmada por la persona que ha de consentir en la investigación, por el director responsable de ella y por el director del centro o establecimiento donde ella se llevará a cabo, quien, además, actuará como ministro de fe.

En todo caso, el consentimiento deberá ser nuevamente solicitado cada vez que los términos o condiciones en que se desarrolle la investigación sufran modificaciones, salvo que éstas sean consideradas menores por el Comité Ético Científico que haya aprobado el proyecto de investigación.

Artículo 12.- La información genética de un ser humano será reservada. Lo anterior es sin perjuicio de las facultades de los tribunales de justicia, en los casos y en la forma establecidos en la ley. Asimismo, para los efectos de esta ley, resultan plenamente aplicables las disposiciones sobre secreto profesional.

Artículo 13.- La recopilación, almacenamiento, tratamiento y difusión del genoma de las personas se ajustará a las disposiciones de la ley N° 19.628, sobre protección de datos de carácter personal.

Los datos del genoma humano que permitan la identificación de una persona deberán ser encriptados para su almacenamiento y transmisión.

La encriptación podrá omitirse temporalmente por razones de utilidad pública.

Artículo 14.- Prohíbese solicitar, recibir, indagar, poseer y utilizar información sobre el genoma relativa a una persona, salvo que ella lo autorice expresamente o, en su defecto, el que deba suplir su voluntad en conformidad con la ley. Lo anterior es sin perjuicio de las facultades de los tribunales de justicia, en los casos y en la forma establecidos en la ley.

Artículo 15.- Créase una Comisión Nacional de Bioética, que estará integrada por nueve profesionales, expertos en bioética, designados por el Presidente de la República , con acuerdo del Senado adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión especial convocada al efecto.

Los miembros de esta Comisión durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos. El Presidente de la República , en el momento de solicitar el acuerdo del Senado, propondrá al miembro que asumirá el cargo de Presidente .

La Comisión tendrá una Secretaría Ejecutiva, que coordinará su funcionamiento y cumplirá los acuerdos que aquélla adopte y estará conformada por el personal que al efecto asigne el Ministerio de Salud.

Artículo 16.- La Comisión Nacional de Bioética tendrá, entre sus funciones, asesorar a los distintos Poderes del Estado en los asuntos éticos que se presenten como producto de los avances científicos y tecnológicos en biomedicina, así como en las materias relacionadas con la investigación científica biomédica en seres humanos, recomendando la dictación, modificación y supresión de las normas que la regulen.

Las resoluciones o acuerdos de la Comisión se adoptarán por simple mayoría, no obstante lo cual deberán hacerse constar las diferencias producidas en su seno y la posición de minoría.

Artículo 17.- El que clonare o iniciare un proceso de clonar seres humanos y el que realizare cualquier procedimiento eugenésico en contravención al artículo 3°, será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y con la inhabilitación absoluta para el ejercicio de la profesión durante el tiempo que dure la condena.

En caso de reincidencia, el infractor será sancionado, además, con la pena de inhabilitación perpetua para ejercer la profesión.

Artículo 18.- El que violare la reserva de la información sobre el genoma humano, fuera de los casos que autoriza el artículo 12, sufrirá las penas establecidas en ambos incisos del artículo 247 del Código Penal, según el caso.

El que omitiere la encriptación exigida en esta ley será sancionado con multa de hasta mil unidades de fomento.

Artículo 19.- El que falsificare el acta a que se refiere el inciso tercero del artículo 11 será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo y con multa de 10 a 20 unidades tributarias mensuales.

Igual pena se aplicará a quien maliciosamente usare, con cualquier fin, un acta falsa.

El que omitiere la referida acta o la confeccionare manifiestamente incompleta será sancionado con multa de 10 a 20 unidades tributarias mensuales.

Artículo 20.- Todo el que desarrollare un proyecto de investigación científica biomédica en seres humanos o en su genoma, sin contar con las autorizaciones correspondientes exigidas por la presente ley, será sancionado con la suspensión por tres años del ejercicio profesional y con la prohibición absoluta de ejercicio profesional en el territorio nacional en caso de reincidencia.

Artículo 21.- Corresponderá al Ministerio de Salud establecer, mediante reglamento, las normas que complementen o desarrollen los contenidos de esta ley.”.

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Acordado en sesiones celebradas los días 7 de julio y 14 de septiembre de 2005, con la asistencia de los Honorables Senadores señor José Antonio Viera-Gallo ( Presidente ), señora Evelyn Matthei Fornet y señores Edgardo Boenninger Kausel y Mariano Ruiz . Esquide Jara , y de los Honorables Diputados señores Enrique Accorsi Opazo , Fulvio Rossi Ciocca , Patricio Melero Abaroa y Osvaldo Palma Flores

Sala de la Comisión, a 3 de octubre de 2005.

(Fdo.): PEDRO FADIC RUIZ, Secretario ?.

4. Informe de la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto de ley que establece un sistema de responsabilidad penal de los adolescentes por infracciones a la ley penal. (boletín N° 3021-07)

“Honorable Cámara de Diputados,

Honorable Senado:

Vuestra Comisión Mixta, constituida en conformidad con el artículo 71 de la Constitución Política, tiene el honor de proponeros la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto de ley de la referencia.

La Honorable Cámara de Diputados, en sesión celebrada el día 11 de octubre del año en curso, designó como integrantes de esta Comisión, a los Honorables Diputados señora Pía Guzmán y señores Jorge Burgos , Juan Bustos , Guillermo Ceroni y Gonzalo Uriarte .

El Senado, por su parte, en sesión de la misma fecha, nombró para este efecto a los miembros de su Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Honorables Senadores señores Marcos Aburto Ochoa , Andrés Chadwick Piñera , Alberto Espina Otero , José Antonio Viera-Gallo Quesney y Andrés Zaldívar Larraín .

Previa citación del señor Presidente del Senado , la Comisión Mixta se constituyó el mismo día 11 de octubre de 2005, eligiendo por unanimidad como Presidente al Honorable Senador señor Alberto Espina Otero . Hecho lo anterior, se abocó al cumplimiento de su cometido.

Cabe señalar que, en esa oportunidad, el Honorable Senador señor Aburto fue reemplazado por el Honorable Senador señor Fernández , en tanto que el Honorable Senador señor Chadwick lo fue por el Honorable Senador señor Larraín y el Honorable Senador señor Zaldívar, don Andrés , por el Honorable Senador señor Ruiz-Esquide .

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Debe tenerse presente que la iniciativa en estudio persigue, como objetivo central, establecer un sistema de responsabilidad penal especial para los adolescentes mayores de 14 años y menores de 18, regular el procedimiento para el establecimiento de dicha responsabilidad y fijar las sanciones pertinentes y la forma de ejecutarlas.

DISCREPANCIAS SOMETIDAS A LA CONSIDERACIÓN

DE LA COMISIÓN MIXTA

Las divergencias suscitadas entre ambas Corporaciones derivan del rechazo por parte de la Honorable Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, de determinadas enmiendas introducidas por el Senado en segundo trámite constitucional.

Éstas son las siguientes:

1) La que suprime el artículo 1º.

2) La que propone un nuevo artículo 18 en reemplazo del artículo 32 de esa Cámara.

3) La que propone un artículo 23, nuevo, sólo respecto de los números 3 y 4.

4) La que propone un nuevo artículo 27, en reemplazo del artículo 36 de esa Cámara.

5) La que propone un nuevo artículo 31 en reemplazo del artículo 45 de esa Cámara, y

6) La que suprime el artículo 57 aprobado por esa Cámara.

A continuación, se consignan las disposiciones que originaron las mencionadas discrepancias, se deja constancia del debate que estas divergencias produjeron en el seno de vuestra Comisión Mixta y de los acuerdos adoptados a su respecto.

Se formula, finalmente, la proposición mediante la cual vuestra Comisión Mixta estima que puede solucionarse la discrepancia en estudio.

Artículo 1º del proyecto de la Cámara de Diputados

El texto aprobado por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional es el siguiente:

“Artículo 1°.- Derechos y garantías. Las personas a quienes se aplica esta ley gozarán de todos los derechos y garantías que les son reconocidos en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

En segundo trámite, el Senado suprimió este precepto.

Puesta en discusión esta divergencia en el seno de la Comisión Mixta, el Presidente de la misma, Honorable Senador señor Espina , recordó que esta norma fue eliminada por haber sido considerada redundante e innecesaria, por cuanto los cuerpos normativos referidos amparan los derechos y garantías de las personas aun cuando esta ley no los mencione.

El Honorable Senador señor Larraín hizo presente que resultaba arriesgado hacer referencia a determinados normas en circunstancias que existen otras que tienen el mismo propósito, que pueden quedar excluidas.

La Honorable Diputada señora Guzmán señaló que consideraba importante mantener la disposición, toda vez que el proyecto de ley en discusión crea una estructura jurídica nueva para los menores de entre 14 y 18 años, de la cual forman parte los mencionados cuerpos normativos.

El Honorable Diputado señor Bustos agregó que este precepto reafirma y coadyuva a la función interpretativa que deberán realizar los tribunales encargados de aplicar la nueva ley.

Como forma de solucionar esta discrepancia, el Honorable Senador señor Viera-Gallo propuso recoger la idea contenida en esta norma, agregando como inciso segundo del artículo 2°, el siguiente:

“En la aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.”

Esta proposición fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Espina , Fernández , Larraín , Ruiz-Esquide y Viera-Gallo y Honorables Diputados señora Guzmán y señores Burgos , Bustos , Ceroni y Uriarte .

Artículo 32 de la Cámara de Diputados

(18 del Senado)

En primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados aprobó el siguiente precepto:

“Artículo 32.- Duración de las sanciones privativas de libertad.Las sanciones de privación de libertad que se aplican bajo las modalidades establecidas en los artículos 30 y 31, tendrán una duración mínima de un año para los delitos cometidos por adolescentes mayores de 14 años y menores de 16, y de dos años para los mayores de 16 años y menores de 18.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 77 y 78 de esta ley, en el caso en que se haya establecido la pena mínima de un año para los jóvenes entre 14 y 16 años y de dos años para aquéllos entre 16 y 18 años, y durante la vigencia de la sanción existan antecedentes de buen comportamiento y reinserción del joven, evaluados por el juez de control de la ejecución, podrá sustituirse la pena privativa de libertad por libertad asistida o arresto de fin de semana por el tiempo de condena que quedare por cumplir.

En todo caso, la duración máxima no podrá exceder de cinco años.”.

En segundo trámite constitucional, el Senado reemplazó este precepto por el siguiente, que pasó a ser 18:

“Artículo 18. Límite máximo de las penas privativas de libertad. Las penas de internación en régimen cerrado y semicerrado, ambas con programa de reinserción social, que se impongan a los adolescentes no podrán exceder de cinco años si el infractor tuviere menos de dieciséis años, o de diez años si tuviere más de esa edad.”.

En tercer trámite, la Cámara de Diputados desechó este artículo 18.

El Presidente de la Comisión Mixta , Honorable Senador señor Espina , describió el sistema de determinación de la naturaleza y extensión de las penas que se aplicarán a los adolescentes en virtud de esta iniciativa. Explicó que, aplicadas estas normas, es exigua la cantidad de delitos en los cuales procederá aplicar una pena privativa de diez años. Por lo demás, agregó, el proyecto contempla normas en virtud de las cuales la privación de libertad se utilizará sólo como medida de último recurso y en ningún caso se podrá imponer una medida de esta naturaleza si un adulto condenado por el mismo hecho no debiere cumplir una sanción de esa índole.

El Honorable Diputado señor Ceroni hizo presente que, en opinión de diversos señores Diputados, tratándose de jóvenes, la privación de libertad por períodos muy extensos dificulta la rehabilitación y reinserción. Por ello, dijo, se ha pensado en rebajar de 5 a 3 años el máximo para menores de 16 años y de 10 a 8 años, si el adolescente tuviere más de esa edad.

Admitiendo que este punto es altamente controvertible, propuso, como fórmula para subsanar la divergencia producida, mantener el artículo 18 aprobado por el Senado y, en cambio, suprimir en el número 3 del artículo 23 aprobado por el Senado -que señala los tipos de penas aplicables cuando la sanción se extiende entre 541 días y 3 años- la internación en régimen cerrado con programa de reinserción social.

Los miembros de la Comisión Mixta compartieron la argumentación del Honorable Diputado señor Ceroni y resolvieron mantener el artículo 18 aprobado por el Senado.

Votaron a favor los Honorables Senadores señores Espina , Fernández , Larraín y Viera-Gallo y los Honorables Diputados señora Guzmán y señores Burgos , Bustos , Ceroni y Uriarte . Se abstuvo el Honorable Senador señor Ruiz-Esquide .

Artículo 19 de la Cámara de Diputados

(23 del Senado)

En primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados aprobó el siguiente artículo 19:

“Artículo 19.- Restricciones a las sanciones. Tratándose de las infracciones a que se refiere el artículo 7°, el tribunal no podrá imponer las sanciones previstas en las letras a), b), d) o e) del artículo precedente, a menos que lo justifique fundadamente en base a los criterios señalados en el artículo 20 de la presente ley.

Las sanciones previstas en las letras g), h) o i) del artículo precedente sólo podrán imponerse al adolescente que ha sido declarado responsable de la comisión de alguna de las infracciones graves a las cuales se refiere el artículo 7°, o en los casos contemplados en el artículo 73 de esta ley, a menos que excepcionalmente se justifique, por resolución fundada, su no aplicación, en base a los criterios señalados en el artículo 20 de la presente ley. Sin embargo, en caso alguno podrán imponerse dichas sanciones tratándose de las infracciones a que se refiere el inciso segundo del artículo 6°.”.

En segundo trámite, el Senado reemplazó esta disposición por el siguiente artículo 23:

“Artículo 23.- Reglas de determinación de la naturaleza de la pena. La determinación de la naturaleza de la pena que deba imponerse a los adolescentes con arreglo a la presente ley, se regirá por las reglas siguientes:

1. Si la extensión de la sanción resulta equivalente a una pena de crimen, el tribunal deberá aplicar la pena de internación en régimen cerrado o internación en régimen semicerrado, ambas con programa de reinserción social.

2. Si la sanción va de tres años y un día a cinco años, el tribunal podrá imponer las penas de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social o libertad asistida especial.

3. Si la sanción se extiende entre quinientos cuarenta y un días y tres años, el tribunal podrá imponer las penas de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social o libertad asistida en cualquiera de sus formas.

4. Si la sanción se ubica entre sesenta y uno y quinientos cuarenta días, el tribunal podrá imponer las penas de internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, libertad asistida en cualquiera de sus formas, prestación de servicios en beneficio de la comunidad o reparación del daño causado.

5. Si la sanción es igual o inferior a sesenta días, el tribunal podrá imponer las penas de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, reparación del daño causado, multa o amonestación.

Tabla Demostrativa

Extensión de la sanción y penas aplicables

Desde 5 años y 1 día:

-Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social.

-Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social.

Desde 3 años y un día a 5 años:

-Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social.

-Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social.

-Libertad asistida especial.

Desde 541 días a 3 años:

-Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social.

-Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social.

-Libertad asistida en cualquiera de sus formas.

Desde 61 a 540 días:

-Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social.

-Libertad asistida en cualquiera de sus formas.

-Prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

-Reparación del daño causado.

Desde 1 a 60 días:

-Prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

-Reparación del daño causado.

-Multa.

-Amonestación.”.

En tercer trámite, la Cámara de Diputados desechó los números 3 y 4 de este artículo 23.

Tal como lo propuso el Honorable Diputado señor Ceroni , hubo consenso en la Comisión Mixta en orden a suprimir en el numeral 3 la internación en régimen cerrado con programa de reinserción social por cuanto representa una sanción de mucha severidad para los delitos comprendidos en aquél.

A sugerencia de la Honorable Diputada señora Guzmán , se acordó agregar, en el mismo numeral, la sanción de prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

Ambos acuerdos se adoptaron por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Espina , Fernández , Larraín , Ruiz-Esquide y Viera-Gallo y Honorables Diputados señora Guzmán y señores Burgos , Bustos , Ceroni y Uriarte .

Artículo 36 de la Cámara de Diputados

(27 del Senado)

En primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados aprobó el siguiente artículo 36:

“Artículo 36.- Reglas de procedimiento. La investigación y juzgamiento de la responsabilidad por infracciones a la ley penal por parte de adolescentes, se regirá por las disposiciones contenidas en la presente ley y supletoriamente por las normas del Código Procesal Penal.

En todo caso, el conocimiento y fallo de las infracciones contempladas en el inciso segundo del artículo 6°, se sujetarán al procedimiento establecido en los artículos 392 ó 393 bis del Código Procesal Penal, según sea el caso.”.

En segundo trámite, el Senado lo sustituyó por el siguiente:

“Artículo 27.- Reglas de procedimiento. La investigación y juzgamiento de la responsabilidad por infracciones a la ley penal por parte de adolescentes se regirá por las disposiciones contenidas en la presente ley y supletoriamente por las normas del Código Procesal Penal.

El conocimiento y fallo de las infracciones respecto de las cuales el Ministerio Público requiera una pena no privativa de libertad se sujetará a las reglas del procedimiento simplificado o monitorio, según sea el caso, regulados en el Título I del Libro IV del Código Procesal Penal.”.

En tercer trámite, la Cámara de Diputados desechó el artículo 27 aprobado por el Senado.

El abogado del Ministerio de Justicia señor Maldonado explicó que en el inciso primero de los textos de ambas Cámaras no se hizo mención a la fase de ejecución de la responsabilidad por infracciones a la ley penal.

Por ello, propuso reemplazar, en el inciso primero de la norma aprobada por el Senado, la expresión “La investigación y juzgamiento” por “La investigación, juzgamiento y ejecución”.

Este acuerdo lo adoptó la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Espina , Fernández , Larraín , Ruiz-Esquide y Viera-Gallo y Honorables Diputados señora Guzmán y señores Burgos , Bustos , Ceroni y Uriarte .

Artículo 45 de la Cámara de Diputados

(31 del Senado)

En primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados aprobó el siguiente artículo 45:

“Artículo 45.- Detención.- Ninguna persona menor de dieciocho años podrá ser privada de libertad sino por orden del juez competente para conocer de las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, y después que dicha orden le fuera intimada en forma legal, a menos que fuere sorprendido en la ejecución flagrante de una infracción.”

En segundo trámite, el Senado lo sustituyó por el siguiente artículo 31:

“Artículo 31.- Detención en caso de flagrancia. Carabineros de Chile deberá poner a los menores de dieciocho años y mayores de catorce que se encuentren en las situaciones previstas en los artículos 129 y 131 del Código Procesal Penal, inmediatamente a disposición del juez de garantía competente. El adolescente sólo podrá declarar ante el fiscal en presencia de un defensor. Dicha detención se regulará, salvo en los aspectos previstos en este artículo, por el párrafo 3° del Título V, del Libro I del Código Procesal Penal. Si se diere lugar a la ampliación del plazo de la detención conforme al artículo 132 de dicho Código, ésta sólo podrá ser ejecutada en los centros de internación provisoria de que trata la presente ley.

La detención de una persona visiblemente menor en un establecimiento distinto de los señalados en el inciso anterior, constituirá una infracción grave a dicha obligación funcionaria y será sancionada con la medida disciplinaria que proceda de acuerdo al mérito de los antecedentes, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda haber incurrido el infractor.

En la ejecución de la detención e internación provisoria que sea decretada en conformidad a la ley deberá darse cumplimiento a lo previsto en los artículos 17 de la ley N° 16.618 y 37, letra c), de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. El menor privado de libertad siempre podrá ejercer los derechos consagrados en los artículos 93 y 94 del Código Procesal Penal y 37 y 40 de esa Convención. Los encargados de dichos centros no podrán aceptar el ingreso de menores sino en virtud de órdenes impartidas por el juez de garantía competente.

Si el hecho imputado al menor fuere alguno de aquellos señalados en el artículo 124 del Código Procesal Penal, Carabineros de Chile se limitará a citar al menor a la presencia del fiscal y lo dejará en libertad, previo señalamiento de domicilio en la forma prevista por el artículo 26 del mismo Código.

Las disposiciones contenidas en los incisos anteriores serán aplicables a la Policía de Investigaciones.”.

En tercer trámite, la Cámara de Diputados desechó el artículo 31 aprobado por el Senado.

El Subsecretario de Justicia señor Jaime Arellano explicó que es conveniente perfeccionar el inciso primero de la norma aprobada por el Senado con el objeto de permitir a las policías poner a disposición del juez de garantía al menor detenido no “inmediatamente”, sino que “de preferencia, de manera inmediata, no pudiendo en caso alguno exceder de un máximo de 12 horas”.

De esta manera, sostuvo, el procedimiento se ajustará en mejor forma a la realidad y, al mismo tiempo, se dará la posibilidad al fiscal y al defensor de desarrollar sus labores.

Este acuerdo lo adoptó la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Espina , Fernández , Larraín , Ruiz-Esquide y Viera-Gallo y Honorables Diputados señora Guzmán y señores Burgos , Bustos , Ceroni y Uriarte .

Artículo 57 de la Cámara de Diputados

En primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados aprobó, como tal, el siguiente:

“Artículo 57.- Acuerdos reparatorios. El imputado y la víctima podrán llegar a acuerdos reparatorios, los que el juez de garantía conocerá en audiencia a la que citará a los intervinientes para escuchar sus planteamientos. Siempre que fuere posible, el imputado comparecerá con sus padres o, en su defecto, con quien lo tuviere a su cuidado, a objeto que éstos colaboren con la generación del acuerdo y posibiliten su posterior cumplimiento.

En la audiencia, el juez podrá aprobar o rechazar el acuerdo reparatorio, para lo que deberá considerar las siguientes circunstancias:

a) Si los interesados han concurrido a prestar su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos;

b) Que el delito no sea de aquéllos a que se refieren las letras a), b), c),d), e),f) y g) del artículo 7º, y

c) Que las obligaciones que haya contraído el imputado en el acuerdo satisfagan el interés de la víctima y conlleven un efecto educativo en el infractor. Asimismo, verificará el compromiso manifestado por los padres del imputado o de quienes lo tengan bajo su cuidado.

El Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública procurarán disponer de equipos especializados destinados a mediar entre la víctima y el imputado para favorecer estos acuerdos.”.

En segundo trámite constitucional, el Senado desechó esta disposición.

En tercer trámite, la Cámara de Diputados desechó la supresión de esta norma.

La Honorable Diputada señora Guzmán planteó incorporar en esta parte del proyecto un mecanismo de mediación, acorde con los mecanismos de justicia restaurativa que actualmente una serie de países aplican con promisorios resultados.

Al respecto, sugirió la siguiente redacción:

“Artículo 36.- Mediación. El Servicio Nacional de Menores podrá subvencionar programas tendientes a favorecer el encuentro y solución del conflicto entre la víctima y el imputado, instando por la adopción voluntaria de medidas, acuerdos y compromisos referidos al reconocimiento y reparación del daño ocasionado con la comisión del delito.

Si fuere procedente se levantará acta de los acuerdos alcanzados entre víctima e imputado, reflejándose en el proceso a través de acuerdos reparatorios, en tanto fuere procedente o, en su caso, pudiendo servir de fundamento para la aplicación del principio de oportunidad. Asimismo, podrán ser invocados en la audiencia a que se refiere el artículo 345 del Código Procesal Penal.

Los antecedentes derivados de la ejecución de dichos programas no podrán ser utilizados en modo alguno como medio de prueba tendiente al establecimiento de la culpabilidad del imputado.

El Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública capacitarán a sus funcionarios para favorecer la realización de estos acuerdos y garantizar los derechos de víctimas e imputados.”

El Presidente de la Comisión Mixta , Honorable Senador señor Espina , recordó que esta institución se debatió largamente durante el segundo trámite en el Senado pero, en definitiva, se resolvió no incorporarla al texto del proyecto. Explicó que para adoptar esta decisión se tuvo presente que las normas del Código Procesal Penal, que se aplicarán supletoriamente a estea iniciativa, ya prevén este tipo de fórmulas a través de los acuerdos reparatorios. Por lo demás, añadió, el artículo 23 del proyecto en discusión también considera como sanción para ciertos delitos, la reparación del daño causado.

Los Honorables Senadores señores Larraín , Ruiz-Esquide y Viera-Gallo hicieron notar que, aún cuando la mediación podría resolver algunas situaciones, ella puede desnaturalizarse si se usa cmo un mero mecanismo de compensación económica por parte de quienes disponen de recursos.

Por otra parte, pusieron en duda que esta función corresponda a las labores propias del Servicio Nacional de Menores.

Por estas razones, finalmente, se optó por mantener el rechazo al artículo 57 de la Cámara de Diputados.

Este acuerdo lo adoptó la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Espina , Fernández , Larraín , Ruiz-Esquide y Viera-Gallo y Honorables Diputados señora Guzmán y señores Burgos , Bustos , Ceroni y Uriarte .

Sin perjuicio de lo anterior, hubo consenso en torno a la idea de considerar esta proposición en otra iniciativa legal, que podría ser aquella que regula la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.

-o-

Aún cuando no fue objeto de discrepancia, la Comisión Mixta acordó corregir, en el artículo 40 aprobado por el Senado la referencia que se hace al artículo 345 del Código Procesal Penal.

El abogado señor Maldonado informó que, en virtud de las recientes modificaciones que se ha acordado introducir a ese cuerpo legal en otra iniciativa actualmente en trámite legislativo, tal referencia debe efectuarse al artículo 343, inciso final.

La unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señores Espina , Fernández , Larraín , Ruiz-Esquide y Viera-Gallo y Honorables Diputados señora Guzmán y señores Burgos , Bustos , Ceroni y Uriarte , coincidieron con este proposición y procedieron a acogerla.

-o-

PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA

En mérito de los acuerdos consignados precedentemente, para salvar las divergencias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional, vuestra Comisión Mixta os propone acoger la siguiente proposición:

1. Incorporar, como inciso segundo del artículo 2°, el siguiente:

“En la aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.”

2. Mantener el texto propuesto por el Senado para el artículo 18.

3. Enmendar el artículo 23 en la siguiente forma:

a) Sustituir su número 3 por el siguiente:

“3. Si la sanción se extiende entre quinientos cuarenta y un días y tres años, el tribunal podrá imponer las penas de internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, libertad asistida en cualquiera de sus formas y prestación de servicios en beneficio de la comunidad.”.

b) Reemplazar dentro de la Tabla Demostrativa del mismo artículo, el párrafo que se inicia con la frase “Desde 541 días a 3 años:” por el siguiente:

“Desde 541 días a 3 años:

-Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social.

-Libertad asistida en cualquiera de sus formas.

-Prestación de servicios en beneficio de la comunidad.”.

4. Reemplazar el inciso primero del artículo 27 por el siguiente:

“Artículo 27.- Reglas de procedimiento. La investigación, juzgamiento y ejecución de la responsabilidad por infracciones a la ley penal por parte de adolescentes se regirá por las disposiciones contenidas en la presente ley y supletoriamente por las normas del Código Procesal Penal.”.

5. Modificar el artículo 31 en la siguiente forma:

a) Sustituir su inciso primero por el que sigue:

“Artículo 31.- Detención en caso de flagrancia. Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán poner a los menores de dieciocho años y mayores de catorce que se encuentren en las situaciones previstas en los artículos 129 y 131 del Código Procesal Penal, a disposición del juez de garantía, de preferencia, de manera inmediata, no pudiendo en caso alguno exceder de un máximo de 12 horas. El adolescente sólo podrá declarar ante el fiscal en presencia de un defensor. Dicha detención se regulará, salvo en los aspectos previstos en este artículo, por el párrafo 3° del Título V, del Libro I del Código Procesal Penal. Si se diere lugar a la ampliación del plazo de la detención conforme al artículo 132 de dicho Código, ésta sólo podrá ser ejecutada en los centros de internación provisoria de que trata la presente ley.”.

b) Suprimir su inciso final.

6. Reemplazar, en el artículo 40 la expresión “el artículo 345 del Código Procesal Penal” por “el inciso final del artículo 343 del Código Procesal Penal”.

7. Mantener el rechazo del artículo 57 del texto aprobado por la Cámara de Diputados.

-o-

En consecuencia, de aprobarse la proposición de vuestra Comisión Mixta, el proyecto de ley quedaría como sigue:

PROYECTO DE LEY:

“TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Contenido de la ley. La presente ley regula la responsabilidad penal de los adolescentes por los delitos que cometan, el procedimiento para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las sanciones procedentes y la forma de ejecución de éstas.

En lo no previsto por ella serán aplicables, supletoriamente, las disposiciones contenidas en el Código Penal y en las leyes penales especiales.

Tratándose de faltas, sólo serán responsables en conformidad con la presente ley los adolescentes mayores de dieciséis años y exclusivamente tratándose de aquéllas tipificadas en los artículos 494 números 1, 4, 5 y 19, sólo en relación con el artículo 477, 494 bis, 495 número 21 y 496 números 5 y 26 del Código Penal y de las tipificadas en la ley N° 20.000. En los demás casos se estará a lo dispuesto en la ley 19.968.

Artículo 2°.- Interés superior del adolescente. En todas las actuaciones judiciales o administrativas relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los adolescentes infractores de la ley penal, se deberá tener en consideración el interés superior del adolescente, que se expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos.

En la aplicación de la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

Artículo 3°.- Límites de edad a la responsabilidad. La presente ley se aplicará a quienes al momento en que se hubiere dado principio de ejecución del delito sean mayores de catorce y menores de dieciocho años, los que, para los efectos de esta ley, se consideran adolescentes.

En el caso que el delito tenga su inicio entre los catorce y los dieciocho años del imputado y su consumación se prolongue en el tiempo más allá de los dieciocho años de edad, la legislación aplicable será la que rija para los imputados mayores de edad.

La edad del imputado deberá ser determinada por el juez competente en cualquiera de las formas establecidas en el Título XVII del Libro I del Código Civil.

Artículo 4º.- Regla especial para delitos sexuales. No podrá procederse penalmente respecto de los delitos previstos en los artículos 362, 365, 366 bis y 366 quater del Código Penal, cuando la conducta se hubiere realizado con una persona menor de 14 años y no concurra ninguna de las circunstancias enumeradas en los artículos 361 ó 363 de dicho Código, según sea el caso, a menos que exista entre aquélla y el imputado una diferencia de, a lo menos, dos años de edad, tratándose de la conducta descrita en el artículo 362, o de tres años en los demás casos.

Artículo 5°.- Prescripción. La prescripción de la acción penal y de la pena será de dos años, con excepción de las conductas constitutivas de crímenes, respecto de las cuales será de cinco años, y de las faltas, en que será de seis meses.

TÍTULO I

CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

DE LOS ADOLESCENTES POR INFRACCIONES A LA LEY PENAL

Párrafo 1°

De las sanciones en general

Artículo 6°.- Sanciones. En sustitución de las penas contempladas en el Código Penal y en las leyes complementarias, las sanciones que se aplicarán a los adolescentes serán las de la siguiente Escala General:

Penas de delitos:

a) Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social;

b) Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social;

c) Libertad asistida especial;

d) Libertad asistida;

e) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad, y

f) Reparación del daño causado;

Penas de faltas:

a) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad;

b) Reparación del daño causado;

c) Multa, y

d) Amonestación.

Pena accesoria:

Prohibición de conducir vehículos motorizados.

Artículo 7°.- Sanción accesoria. El juez estará facultado para establecer, como sanción accesoria a las previstas en el artículo 6° de esta ley y siempre que sea necesario en atención a las circunstancias del adolescente, la obligación de someterlo a tratamientos de rehabilitación por adicción a las drogas o al alcohol.

Párrafo 2°

De las sanciones no privativas de libertad

Artículo 8°.- Amonestación. La amonestación consiste en la reprensión enérgica al adolescente hecha por el juez, en forma oral, clara y directa, en un acto único, dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, tanto para la víctima como para el propio adolescente, instándole a cambiar de comportamiento y formulándole recomendaciones para el futuro.

La aplicación de esta sanción, en todo caso, requerirá una previa declaración del adolescente asumiendo su responsabilidad en la infracción cometida.

Los padres o guardadores del adolescente serán notificados de la imposición de la sanción, en caso de no encontrarse presentes en la audiencia.

Artículo 9°.- Multa. El juez podrá imponer una multa a beneficio fiscal que no exceda de diez unidades tributarias mensuales. Para su aplicación y la determinación de su monto, además de los criterios señalados en el artículo 24 de la presente ley, se considerarán la condición y las facultades económicas del infractor y de la persona a cuyo cuidado se encontrare.

El juez, a petición del adolescente o de su defensor, podrá autorizar el pago de la multa en cuotas.

La multa será conmutable, a solicitud del infractor, por la sanción de servicios en beneficio de la comunidad, a razón de 30 horas por cada tres unidades tributarias mensuales.

Artículo 10.- Reparación del daño. La reparación del daño consiste en la obligación de resarcir a la víctima el perjuicio causado con la infracción, sea mediante una prestación en dinero, la restitución o reposición de la cosa objeto de la infracción o un servicio no remunerado en su favor. En este último caso, la imposición de la sanción requerirá de la aceptación previa del condenado y de la víctima.

El cumplimiento de la sanción no obstará a que la víctima persiga la responsabilidad contemplada en el artículo 2320 del Código Civil, pero sólo en aquello en que la reparación sea declarada como insuficiente.

Artículo 11.- Servicios en beneficio de la comunidad. La sanción de prestación de servicios en beneficio de la comunidad consiste en la realización de actividades no remuneradas a favor de la colectividad o en beneficio de personas en situación de precariedad.

La prestación de servicios en beneficio de la comunidad no podrá exceder en ningún caso de cuatro horas diarias y deberá ser compatible con la actividad educacional o laboral que el adolescente realice. La sanción tendrá una extensión mínima de 30 horas y máxima de 120.

La imposición de esta sanción requerirá del acuerdo del condenado, debiendo, en su caso, ser sustituida por una sanción superior, no privativa de libertad.

Artículo 12.- Prohibición de conducir vehículos motorizados. La prohibición de conducir vehículos motorizados se podrá imponer a un adolescente como sanción accesoria cuando la conducta en que se funda la infracción por la cual se le condena haya sido ejecutada mediante la conducción de dichos vehículos.

La sanción se hará efectiva desde el momento de dictación de la sentencia condenatoria y su duración podrá extenderse hasta el período que le faltare al adolescente para cumplir veinte años.

En caso de quebrantamiento, se estará a lo dispuesto en el artículo 52 de esta ley, a menos que a consecuencia de la conducción se hubiere afectado la vida, la integridad corporal o la salud de alguna persona, caso en el cual se remitirán los antecedentes al Ministerio Público para el ejercicio de las acciones que correspondan.

Artículo 13.- Libertad asistida. La libertad asistida consiste en la sujeción del adolescente al control de un delegado conforme a un plan de desarrollo personal basado en programas y servicios que favorezcan su integración social.

La función del delegado consistirá en la orientación, control y motivación del adolescente e incluirá la obligación de procurar por todos los medios a su alcance el acceso efectivo a los programas y servicios requeridos.

El control del delegado se ejercerá en base a las medidas de supervigilancia que sean aprobadas por el tribunal, que incluirán, en todo caso, la asistencia obligatoria del adolescente a encuentros periódicos previamente fijados con él mismo y a programas socioeducativos. Para ello, una vez designado, el delegado propondrá al tribunal un plan personalizado de cumplimiento de actividades periódicas en programas o servicios de carácter educativo, socio-educativo, de terapia, de promoción y protección de sus derechos y de participación. En él, deberá incluir la asistencia regular al sistema escolar o de enseñanza que corresponda.

Podrán incluirse en dicho plan medidas como la prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, de visitar determinados lugares o de aproximarse a la víctima, a sus familiares o a otras personas, u otras condiciones similares.

La duración de esta sanción no podrá exceder de tres años.

Artículo 14.- Libertad asistida especial. En esta modalidad de libertad asistida, deberá asegurarse la asistencia del adolescente a un programa intensivo de actividades socioeducativas y de reinserción social en el ámbito comunitario que permita la participación en el proceso de educación formal, la capacitación laboral, la posibilidad de acceder a programas de tratamiento y rehabilitación de drogas en centros previamente acreditados por los organismos competentes y el fortalecimiento del vínculo con su familia o adulto responsable.

En la resolución que apruebe el plan, el tribunal fijará la frecuencia y duración de los encuentros obligatorios y las tareas de supervisión que ejercerá el delegado.

La duración de esta sanción no podrá exceder los tres años.

Párrafo 3°

De las sanciones privativas de libertad

Artículo 15.- Sanciones privativas de libertad. Las sanciones privativas de libertad consisten en la internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social y en la internación en régimen cerrado con programa de reinserción social.

Estos programas de reinserción social se realizarán, en lo posible, con la colaboración de la familia.

Artículo 16.- Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social. La sanción de privación de libertad bajo la modalidad de internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social consistirá en la residencia obligatoria del adolescente en un centro de privación de libertad, sujeto a un programa de reinserción social a ser desarrollado tanto al interior del recinto como en el medio libre.

Una vez impuesta la pena y determinada su duración, el director del centro que haya sido designado para su cumplimiento, propondrá al tribunal un régimen o programa personalizado de actividades, que considerará las siguientes prescripciones:

a) Las medidas a adoptar para la asistencia y cumplimiento del adolescente del proceso de educación formal o de reescolarización. El director del centro deberá velar por el cumplimiento de esta obligación y para dicho efecto mantendrá comunicación permanente con el respectivo establecimiento educacional;

b) El desarrollo periódico de actividades de formación, socioeducativas y de participación, especificando las que serán ejecutadas al interior del recinto y las que se desarrollarán en el medio libre, y

c) Las actividades a desarrollar en el medio libre contemplarán, a lo menos, ocho horas, no pudiendo llevarse a cabo entre las 22.00 y las 07.00 horas del día siguiente, a menos que excepcionalmente ello sea necesario para el cumplimiento de los fines señalados en las letras precedentes y en el artículo 20.

El programa será aprobado judicialmente en la audiencia de lectura de la sentencia o en otra posterior, que deberá realizarse dentro de los quince días siguientes a aquélla.

El director del centro informará periódicamente al tribunal acerca del cumplimiento y evolución de las medidas a que se refiere la letra a).

Artículo 17.- Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social. La internación en régimen cerrado con programa de reinserción social importará la privación de libertad en un centro especializado para adolescentes, bajo un régimen orientado al cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 20 de esta ley.

En virtud de ello, dicho régimen considerará necesariamente la plena garantía de la continuidad de sus estudios básicos, medios y especializados, incluyendo su reinserción escolar, en el caso de haber desertado del sistema escolar formal, y la participación en actividades de carácter socioeducativo, de formación, de preparación para la vida laboral y de desarrollo personal. Además, deberá asegurar el tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas para quienes lo requieran y accedan a ello.

Artículo 18. Límite máximo de las penas privativas de libertad. Las penas de internación en régimen cerrado y semicerrado, ambas con programa de reinserción social, que se impongan a los adolescentes no podrán exceder de cinco años si el infractor tuviere menos de dieciséis años, o de diez años si tuviere más de esa edad.

Párrafo 4°

Sanciones mixtas

Artículo 19.- Sanciones mixtas. En los casos en que fuere procedente la internación en régimen cerrado o semicerrado, ambas con programa de reinserción social, el tribunal podrá imponer complementariamente una sanción de libertad asistida en cualquiera de sus formas, por un máximo que no supere el tiempo de la condena principal. Esta última se cumplirá:

a) Con posterioridad a la ejecución de la pena privativa de libertad, siempre y cuando en total no se supere la duración máxima de ésta, o

b) En forma previa a su ejecución. En este caso la pena principal quedará en suspenso y en carácter condicional, para ejecutarse en caso de incumplimiento de la libertad asistida en cualquiera de sus formas, en el caso de las penas que se extienden hasta quinientos cuarenta días.

Párrafo 5°

De la determinación de las sanciones

Artículo 20.- Finalidad de las sanciones y otras consecuencias. Las sanciones y consecuencias que esta ley establece tienen por objeto hacer efectiva la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que cometan, de tal manera que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social.

Artículo 21.- Pena asignada a los delitos. Para los efectos de la presente ley, se entenderá que la pena asignada al delito cometido por un adolescente es la inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley para el ilícito correspondiente.

Artículo 22.- Reglas de determinación de la extensión de las penas. Para establecer la duración de la sanción que deba imponerse con arreglo a la presente ley, el tribunal deberá aplicar, a partir de la pena señalada en el artículo precedente, las reglas previstas en el Párrafo 4 del Título III del Libro I del Código Penal, con excepción de lo dispuesto en el artículo 69 de dicho Código.

Con todo, si la sanción calculada en la forma dispuesta en el inciso precedente supera los límites máximos dispuestos en el artículo 18, su extensión definitiva deberá ajustarse a dichos límites.

Artículo 23.- Reglas de determinación de la naturaleza de la pena. La determinación de la naturaleza de la pena que deba imponerse a los adolescentes con arreglo a la presente ley, se regirá por las reglas siguientes:

1. Si la extensión de la sanción resulta equivalente a una pena de crimen, el tribunal deberá aplicar la pena de internación en régimen cerrado o internación en régimen semicerrado, ambas con programa de reinserción social.

2. Si la sanción va de tres años y un día a cinco años, el tribunal podrá imponer las penas de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social o libertad asistida especial.

3. Si la sanción se extiende entre quinientos cuarenta y un días y tres años, el tribunal podrá imponer las penas de internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, libertad asistida en cualquiera de sus formas y prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

4. Si la sanción se ubica entre sesenta y uno y quinientos cuarenta días, el tribunal podrá imponer las penas de internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, libertad asistida en cualquiera de sus formas, prestación de servicios en beneficio de la comunidad o reparación del daño causado.

5 Si la sanción es igual o inferior a sesenta días, el tribunal podrá imponer las penas de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, reparación del daño causado, multa o amonestación.

Tabla Demostrativa

Extensión de la sanción y penas aplicables

Desde 5 años y 1 día:

-Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social.

-Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social.

Desde 3 años y un día a 5 años:

-Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social.

-Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social.

-Libertad asistida especial.

Desde 541 días a 3 años:

-Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social.

-Libertad asistida en cualquiera de sus formas.

-Prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

Desde 61 a 540 días:

-Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social.

-Libertad asistida en cualquiera de sus formas.

-Prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

-Reparación del daño causado.

Desde 1 a 60 días:

-Prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

-Reparación del daño causado.

-Multa.

-Amonestación.

Artículo 24.- Criterios de determinación de la pena. Para determinar la naturaleza de las sanciones, dentro de los márgenes antes establecidos, el tribunal deberá atender, dejando constancia de ello en su fallo, a los siguientes criterios:

a) La gravedad del ilícito de que se trate;

b) La calidad en que el adolescente participó en el hecho y el grado de ejecución de la infracción;

c) La concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad criminal;

d) La edad del adolescente infractor;

e) La extensión del mal causado con la ejecución del delito, y

f) La idoneidad de la sanción para fortalecer el respeto del adolescente por los derechos y libertades de las personas y sus necesidades de desarrollo e integración social.

Artículo 25.- Imposición conjunta de más de una pena. En las situaciones regladas en los numerales 3 y 4 del artículo 23, el tribunal podrá imponer conjuntamente dos de las penas que las mismas reglas señalan, siempre que la naturaleza de éstas permita su cumplimiento simultáneo.

Lo dispuesto en el inciso precedente tendrá lugar sólo cuando ello permita el mejor cumplimiento de las finalidades de las sanciones de esta ley expresadas en el artículo 20 y así se consigne circunstanciadamente en resolución fundada.

Artículo 26.- Límites a la imposición de sanciones. La privación de libertad se utilizará sólo como medida de último recurso.

En ningún caso se podrá imponer una pena privativa de libertad si un adulto condenado por el mismo hecho no debiere cumplir una sanción de dicha naturaleza.

TÍTULO II

PROCEDIMIENTO

Párrafo 1°

Disposiciones generales

Artículo 27.- Reglas de procedimiento. La investigación, juzgamiento y ejecución de la responsabilidad por infracciones a la ley penal por parte de adolescentes se regirá por las disposiciones contenidas en la presente ley y supletoriamente por las normas del Código Procesal Penal.

El conocimiento y fallo de las infracciones respecto de las cuales el Ministerio Público requiera una pena no privativa de libertad se sujetará a las reglas del procedimiento simplificado o monitorio, según sea el caso, regulados en el Título I del Libro IV del Código Procesal Penal.

Artículo 28.- Concurso de procedimientos. Si a una misma persona se le imputa una infracción sancionada por esta ley y un delito cometido siendo mayor de dieciocho años, la investigación y juzgamiento de estos hechos se regirá por las normas del Código Procesal Penal aplicable a los imputados mayores de edad.

Por su parte, si en un mismo procedimiento se investiga la participación punible de personas mayores y menores de edad, tendrá lugar lo dispuesto en los artículos 185 y 274 del Código Procesal Penal. En todo caso, si se hubiere determinado la sustanciación conjunta de los procesos, se dará cumplimiento, respecto del menor, de las normas que conforme a esta ley son aplicables al juzgamiento de los adolescentes.

Párrafo 2°

Sistema de justicia especializada

Artículo 29.- Especialización de la justicia penal para adolescentes. Los jueces de garantía, los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal, así como los fiscales adjuntos y los defensores penales públicos que intervengan en las causas de adolescentes, deberán estar capacitados en los estudios e información criminológica vinculada a la ocurrencia de estas infracciones, en la Convención de los Derechos del Niño, en las características y especificidades de la etapa adolescente y en el sistema de ejecución de sanciones establecido en esta misma ley.

No obstante, todo fiscal, defensor o juez con competencia en materias criminales se encuentra habilitado para intervenir, en el marco de sus competencias, si, excepcionalmente, por circunstancias derivadas del sistema de distribución del trabajo, ello fuere necesario.

En virtud de lo dispuesto en los incisos precedentes, los comités de jueces de los tribunales de garantía y orales en lo penal considerarán, en el procedimiento objetivo y general de distribución de causas, la radicación e integración preferente de quienes cuenten con dicha capacitación.

Cada institución adoptará las medidas pertinentes para garantizar la especialización a que se refiere la presente disposición.

Artículo 30.- Capacitación de las policías. Las instituciones policiales incorporarán dentro de sus programas de formación y perfeccionamiento, los estudios necesarios para que los agentes policiales cuenten con los conocimientos relativos a los objetivos y contenidos de la presente ley, a la Convención de los Derechos del Niño y a los fenómenos criminológicos asociados a la ocurrencia de estas infracciones.

Párrafo 3°

De las medidas cautelares personales

Artículo 31.- Detención en caso de flagrancia. Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán poner a los menores de dieciocho años y mayores de catorce que se encuentren en las situaciones previstas en los artículos 129 y 131 del Código Procesal Penal, a disposición del juez de garantía, de preferencia, de manera inmediata, no pudiendo en caso alguno exceder de un máximo de 12 horas. El adolescente sólo podrá declarar ante el fiscal en presencia de un defensor. Dicha detención se regulará, salvo en los aspectos previstos en este artículo, por el párrafo 3° del Título V, del Libro I del Código Procesal Penal. Si se diere lugar a la ampliación del plazo de la detención conforme al artículo 132 de dicho Código, ésta sólo podrá ser ejecutada en los centros de internación provisoria de que trata la presente ley.

La detención de una persona visiblemente menor en un establecimiento distinto de los señalados en el inciso anterior, constituirá una infracción funcionaria grave y será sancionada con la medida disciplinaria que proceda de acuerdo al mérito de los antecedentes, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda haber incurrido el infractor.

En la ejecución de la detención e internación provisoria que sea decretada deberá darse cumplimiento a lo previsto en los artículos 17 de la ley N° 16.618 y 37, letra c), de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. El menor privado de libertad siempre podrá ejercer los derechos consagrados en los artículos 93 y 94 del Código Procesal Penal y 37 y 40 de esa Convención. Los encargados de dichos centros no podrán aceptar el ingreso de menores sino en virtud de órdenes impartidas por el juez de garantía competente.

Si el hecho imputado al menor fuere alguno de aquéllos señalados en el artículo 124 del Código Procesal Penal, Carabineros de Chile se limitará a citar al menor a la presencia del fiscal y lo dejará en libertad, previo señalamiento de domicilio en la forma prevista por el artículo 26 del mismo Código.

Artículo 32.- Medidas cautelares del procedimiento. La internación provisoria en un centro cerrado sólo será procedente tratándose de la imputación de crímenes, debiendo aplicarse cuando los objetivos señalados en el inciso primero del artículo 155 del Código Procesal Penal no pudieren ser alcanzados mediante la aplicación de alguna de las demás medidas cautelares personales.

Artículo 33.- Proporcionalidad de las medidas cautelares. En ningún caso podrá el juez dar lugar a una medida que parezca desproporcionada en relación con la sanción que resulte probable de aplicar en caso de condena.

Artículo 34.- Permiso de salida diaria. Tratándose de un adolescente imputado sujeto a una medida de internación provisoria, el juez podrá, en casos calificados, concederle permiso para salir durante el día, siempre que ello no vulnere los objetivos de la medida. Al efecto, el juez podrá adoptar las providencias que estime convenientes.

Artículo 35.- Principio de oportunidad. Para el ejercicio del principio de oportunidad establecido en el artículo 170 del Código Procesal Penal, los fiscales tendrán en especial consideración la incidencia que su decisión podría tener en la vida futura del adolescente imputado.

Asimismo, para la aplicación de dicha norma se tendrá como base la pena resultante de la aplicación del artículo 21 de la presente ley.

Párrfo 4°

Inicio de la persecución de la responsabilidad por la infracción

a la ley penal por parte de un adolescente

Artículo 36.- Primera audiencia.- De la realización de la primera audiencia a que deba comparecer el imputado deberá notificarse a sus padres o a la persona que lo tenga bajo su cuidado. Si el juez lo considera necesario, permitirá la intervención de éstos, si estuvieren presentes en la audiencia.

Artículo 37.- Juicio Inmediato. Las reglas del juicio inmediato establecidas en el artículo 235 del Código Procesal Penal serán plenamente aplicables cada vez que el fiscal lo solicite y especialmente cuando se trate de una infracción flagrante imputada a un adolescente.

En estos casos, sólo por razones fundadas que el fiscal señalará en su petición, el juez de garantía podrá autorizar la realización de diligencias concretas y determinadas para la investigación de una infracción flagrante, las que no podrán exceder de 60 días, rigiendo, en lo demás, lo dispuesto en el artículo siguiente. Igual derecho asistirá a la defensa del imputado, en el mismo caso.

Artículo 38.- Plazo para declarar el cierre de la investigación. Transcurrido el plazo máximo de seis meses desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada, el fiscal procederá a cerrarla, a menos que el juez le hubiere fijado un plazo inferior.

Antes de cumplirse cualquiera de estos plazos, el fiscal podrá solicitar, fundadamente, su ampliación por un máximo de dos meses.

Párrafo 5°

Juicio oral y sentencia

Artículo 39.- Audiencia del juicio oral. El juicio oral, en su caso, deberá tener lugar no antes de los 15 ni después de los 30 días siguientes a la notificación del auto de apertura del juicio oral.

En ningún caso el juicio podrá suspenderse o interrumpirse por un término superior a 72 horas.

Artículo 40.- Audiencia de determinación de la pena. La audiencia a que se refiere el inciso final del artículo 343 del Código Procesal Penal deberá llevarse a cabo en caso de dictarse sentencia condenatoria. En dicha audiencia, el tribunal podrá requerir la opinión de peritos.

Artículo 41.- Suspensión de la imposición de condena. Cuando hubiere mérito para aplicar sanciones privativas o restrictivas de libertad iguales o inferiores a 540 días, pero concurrieren antecedentes favorables que hicieren desaconsejable su imposición, el juez podrá dictar la sentencia y disponer en ella la suspensión de la pena y sus efectos por un plazo de seis meses.

Transcurrido el plazo previsto en el inciso anterior sin que el imputado hubiere sido objeto de nuevo requerimiento o de una formalización de la investigación, el tribunal dejará sin efecto la sentencia y, en su reemplazo, decretará el sobreseimiento definitivo de la causa.

Esta suspensión no afectará la responsabilidad civil derivada del delito.

Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la posibilidad de decretar la suspensión condicional del procedimiento.

TÍTULO III

DE LA EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS

Párrafo 1°

Administración

Artículo 42.- Administración de las medidas no privativas de libertad. El Servicio Nacional de Menores asegurará la existencia en las distintas regiones del país de los programas necesarios para la ejecución y control de las medidas a que se refiere esta ley, las que serán ejecutadas por los colaboradores acreditados que hayan celebrado los convenios respectivos con dicha institución.

Para tal efecto, llevará un registro actualizado de los programas existentes en cada comuna del país, el que estará a disposición de los tribunales competentes.

El Servicio revisará periódicamente la pertinencia e idoneidad de los distintos programas, aprobando su ejecución por parte de los colaboradores acreditados y fiscalizando el cumplimiento de sus objetivos.

En la modalidad de libertad asistida especial se asegurará la intervención de la red institucional y de protección del Estado, según se requiera. Será responsabilidad del Servicio Nacional de Menores la coordinación con los respectivos servicios públicos.

El reglamento a que alude el inciso final del artículo siguiente contendrá las normas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en este artículo.

Artículo 43.- Centros de privación de libertad. La administración de los Centros Cerrados de Privación de Libertad y de los recintos donde se cumpla la medida de internación provisoria, corresponderá siempre y en forma directa al Servicio Nacional de Menores.

Para dar cumplimiento a las sanciones privativas de libertad y a la medida de internación provisoria contenidas en esta ley existirán tres tipos de centros:

a) Los Centros para la Internación en Régimen Semicerrado.

b) Los Centros Cerrados de Privación de Libertad.

c) Los Centros de Internación Provisoria.

Para garantizar la seguridad y la permanencia de los infractores en los centros a que se refieren las letras b) y c) precedentes, se establecerá en ellos una guardia armada de carácter externo, a cargo de Gendarmería de Chile. Ésta permanecerá fuera del recinto, pero estará autorizada para ingresar en caso de motín o en otras situaciones de grave riesgo para los adolescentes y revisar sus dependencias con el solo objeto de evitarlas.

La organización y funcionamiento de los recintos aludidos en el presente artículo se regulará en un reglamento dictado por decreto supremo expedido por medio del Ministerio de Justicia, conforme a las normas contenidas en el presente Título.

Artículo 44.- Condiciones básicas de los centros de privación de libertad. La ejecución de las sanciones privativas de libertad estará dirigida a la reintegración del adolescente al medio libre.

En virtud de ello, deberán desarrollarse acciones tendientes al fortalecimiento del respeto por los derechos de las demás personas y al cumplimiento del proceso de educación formal y considerarse la participación en actividades socioeducativas, de formación y de desarrollo personal.

Artículo 45.- Normas de orden interno y seguridad en recintos de privación de libertad. Los adolescentes estarán sometidos a las normas disciplinarias que dicte la autoridad para mantener la seguridad y el orden. Estas normas deben ser compatibles con los derechos reconocidos en la Constitución, en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes.

Dichas normas regularán el uso de la fuerza respecto de los adolescentes y contendrán, a lo menos, los siguientes aspectos:

a) El carácter excepcional y restrictivo del uso de la fuerza, lo que implica que deberá ser utilizada sólo cuando se hayan agotado todos los demás medios de control y por el menor tiempo posible, y

b) La prohibición de aplicar medidas disciplinarias que constituyan castigos corporales, encierro en celda obscura y penas de aislamiento o de celda solitaria, así como cualquier otra sanción que pueda poner en peligro la salud física o mental del adolescente o sea degradante, cruel o humillante.

Articulo 46.- Normas disciplinarias en recintos de privación de libertad. Las medidas y procedimientos disciplinarios que se dispongan deberán encontrarse contemplados en la normativa del establecimiento y tendrán como fundamento principal contribuir a la seguridad y a la mantención de una vida comunitaria ordenada, debiendo, en todo caso, ser compatibles con el respeto de la dignidad del adolescente.

Para estos efectos, la normativa relativa a dichos procedimientos precisará, a lo menos, los siguientes aspectos:

a) Las conductas que constituyen una infracción a la disciplina;

b) El carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que se pueden imponer, y

c) La autoridad competente para imponer esas sanciones y aquélla que deberá resolver los recursos que se deduzcan en su contra.

Artículo 47.- Excepcionalidad de la privación de libertad. Las sanciones privativas de libertad que contempla esta ley son de carácter excepcional. Sólo podrán aplicarse en los casos expresamente previstos en ella y siempre como último recurso.

Artículo 48.- Principio de separación. Las personas que se encontraren privadas de libertad por la aplicación de alguna de las sanciones o medidas previstas en esta ley, sea en forma transitoria o permanente, en un lugar determinado o en tránsito, deberán permanecer siempre separadas de los adultos privados de libertad.

Las instituciones encargadas de practicar detenciones, de administrar los recintos en que se deban cumplir sanciones o medidas que implican la privación de libertad, los administradores de los tribunales y, en general, todos los organismos que intervengan en el proceso para determinar la responsabilidad que establece esta ley, adoptarán las medidas necesarias para dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior.

El incumplimiento de esta obligación constituirá una infracción grave a los deberes funcionarios.

Párrafo 2°

Derechos y garantías de la ejecución

Artículo 49.- Derechos en la ejecución de sanciones. Durante la ejecución de las sanciones que regula esta ley, el adolescente tendrá derecho a:

a) Ser tratado de una manera que fortalezca su respeto por los derechos y libertades de las demás personas, resguardando su desarrollo, dignidad e integración social;

b) Ser informado de sus derechos y deberes con relación a las personas e instituciones que lo tuvieren bajo su responsabilidad;

c) Conocer las normas que regulan el régimen interno de las instituciones y los programas a que se encuentre sometido, especialmente en lo relativo a las causales que puedan dar origen a sanciones disciplinarias en su contra o a que se declare el incumplimiento de la sanción;

d) Presentar peticiones ante cualquier autoridad competente de acuerdo a la naturaleza de la petición, obtener una respuesta pronta, solicitar la revisión de su sanción en conformidad a la ley y denunciar la amenaza o violación de alguno de sus derechos ante el juez, y

e) Contar con asesoría permanente de un abogado.

Tratándose de adolescentes sometidos a una medida privativa de libertad, éstos tendrán derecho a:

i) Recibir visitas periódicas, en forma directa y personal, al menos una vez a la semana;

ii) La integridad e intimidad personal;

iii) Acceder a servicios educativos, y

iv) La privacidad y regularidad de las comunicaciones, en especial con sus abogados.

Párrafo 3°

Del control de ejecución de las sanciones

Artículo 50.- Competencia en el control de la ejecución. Los conflictos de derecho que se susciten durante la ejecución de alguna de las sanciones que contempla la presente ley serán resueltos por el juez de garantía del lugar donde ésta deba cumplirse.

En virtud de ello y previa audiencia, el juez de garantía adoptará las medidas tendientes al respeto y cumplimiento de la legalidad de la ejecución y resolverá, en su caso, lo que corresponda en caso de quebrantamiento.

Artículo 51.- Certificación de cumplimiento. La institución que ejecute la sanción, informará sobre el total cumplimiento de la misma a su término, por cualquier medio fidedigno, al juez de que trata el artículo anterior, el que deberá certificar dicho cumplimiento.

Asimismo, deberá informar de cualquier incumplimiento cuando éste se produzca.

Artículo 52.- Quebrantamiento de condena. Si el adolescente no diere cumplimiento a alguna de las sanciones impuestas en virtud de la presente ley, el tribunal encargado del control de la ejecución procederá, previa audiencia y según la gravedad del incumplimiento, conforme a las reglas siguientes:

1. Tratándose de la multa, aplicará en forma sustitutiva la sanción de prestación de servicios en beneficio de la comunidad por un máximo de 30 horas. Si el adolescente no aceptare la medida, aplicará la libertad asistida en cualquiera de sus formas por el tiempo señalado en el numeral 3.- del presente artículo.

2. Idéntica regla se seguirá en caso de infracción de la prohibición de conducir vehículos motorizados, sin perjuicio de la mantención de la prohibición por el tiempo restante.

3. Tratándose del incumplimiento de las medidas de reparación del daño y prestación de servicios en beneficio de la comunidad, se aplicará en forma sustitutiva la libertad asistida en cualquiera de sus formas por un periodo de hasta tres meses.

4. El incumplimiento de la libertad asistida se sancionará con libertad asistida especial o con internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, con una duración máxima de sesenta días, lo que se determinará según la gravedad de los hechos que fundan la medida, sin perjuicio del cumplimiento de la sanción originalmente impuesta.

En caso de incumplimiento reiterado de la libertad asistida, se aplicará lo dispuesto en el siguiente numeral.

5. El incumplimiento de la libertad asistida especial dará lugar a la sustitución de la sanción por internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social, por un período equivalente al número de días que faltaren por cumplir.

6. El incumplimiento de la internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social podrá sancionarse con la internación en un centro cerrado por un período no superior a los noventa días, sin perjuicio del cumplimiento de la sanción originalmente impuesta por el tiempo restante. En caso de reiteración de la misma conducta, podrá aplicarse la sustitución, en forma definitiva, por un período a fijar prudencialmente por el tribunal, que en caso alguno será superior al tiempo de duración de la condena inicialmente impuesta.

7. El incumplimiento del régimen de libertad asistida en cualquiera de sus formas al que fuere sometido el adolescente en virtud de lo dispuesto en el artículo 19, facultará al juez para ordenar que se sustituya su cumplimiento por la internación en régimen cerrado con programa de reinserción social por el tiempo que resta.

Artículo 53.- Sustitución de condena. El tribunal encargado del control de la ejecución de las sanciones previstas en esta ley, de oficio o a petición del adolescente o su defensor, podrá sustituirla por una menos gravosa, en tanto ello parezca más favorable para la integración social del infractor y se hubiere iniciado su cumplimiento.

Para estos efectos, el juez, en presencia del condenado, su abogado, el Ministerio Público y un representante de la institución encargada de la ejecución de la sanción, examinará los antecedentes, oirá a los presentes y resolverá. A esta audiencia podrán asistir los padres del adolescente o las personas que legalmente hubieren ejercido la tuición antes de su privación de libertad, y la víctima o su representante. La inasistencia de estos últimos no será nunca obstáculo para el desarrollo de la audiencia.

La resolución que se pronuncie sobre una solicitud de sustitución será apelable para ante la Corte de Apelaciones respectiva.

En caso alguno la internación en un régimen cerrado podrá sustituirse por una de las sanciones previstas en las letras e) o f) del artículo 6°.

Artículo 54.- Sustitución condicional de las medidas privativas de libertad. La sustitución de una sanción privativa de libertad podrá disponerse de manera condicionada. De esta forma, si se incumpliere la sanción sustitutiva, podrá revocarse su cumplimiento ordenándose la continuación de la sanción originalmente impuesta por el tiempo que faltare.

Artículo 55.- Remisión de condena. El tribunal podrá remitir el cumplimiento del saldo de condena cuando, en base a antecedentes calificados, considere que se ha dado cumplimiento a los objetivos pretendidos con su imposición. Para ello será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 53.

Para los efectos de resolver acerca de la remisión, el tribunal deberá contar con un informe favorable del Servicio Nacional de Menores.

Tratándose de una sanción privativa de libertad, la facultad de remisión sólo podrá ser ejercida si se ha cumplido más de la mitad del tiempo de duración de la sanción originalmente impuesta.

TÍTULO FINAL

Artículo 56.- Cumplimiento de la mayoría de edad. En caso que el imputado o condenado por una infracción a la ley penal fuere mayor de dieciocho años o los cumpliere durante la ejecución de cualquiera de las sanciones contempladas en esta ley o durante la tramitación del procedimiento, continuará sometido a las normas de esta ley hasta el término de éste.

Si al momento de alcanzar los dieciocho años restan por cumplir menos de seis meses de la condena de internación en régimen cerrado, permanecerá en el centro de privación de libertad del Servicio Nacional de Menores.

Si al momento de alcanzar los dieciocho años le restan por cumplir más de seis meses de la condena de internación en régimen cerrado, el Servicio Nacional de Menores evacuará un informe fundado al juez de control de ejecución en que solicite la permanencia en el centro cerrado de privación de libertad o sugiera su traslado a un recinto penitenciario administrado por Gendarmería de Chile.

Dicho informe se enviará al tribunal con a lo menos tres meses de anterioridad a la fecha de cumplimiento de la mayoría de edad y se referirá al proceso de reinserción del adolescente y a la conveniencia, para tal fin, de su permanencia en el centro cerrado de privación de libertad. El informe deberá comunicarse a todas las partes involucradas en el proceso.

En caso de ordenar el tribunal su permanencia, se revisará su situación según se desarrolle el proceso de reinserción en apreciación de la administración del centro.

En caso de ordenar el tribunal su traslado a un recinto penitenciario, las modalidades de ejecución de dicha condena deberán seguir siendo ejecutadas conforme a las prescripciones de esta ley.

Excepcionalmente, el Servicio Nacional de Menores podrá solicitar al tribunal de control competente que autorice el cumplimiento de la internación en régimen cerrado en un recinto administrado por Gendarmería de Chile, cuando el condenado hubiere cumplido la mayoría de edad y sea declarado responsable de la comisión de un delito o incumpla de manera grave el reglamento del centro poniendo en riesgo la vida e integridad física de otras personas.

En todos los casos previstos en este artículo, el Servicio Nacional de Menores, Gendarmería de Chile y las autoridades que correspondan adoptarán las medidas necesarias para asegurar la separación de las personas sujetas a esta ley menores de dieciocho años con los mayores de edad y de los adultos sujetos a esta ley respecto de los condenados conforme a la ley penal de adultos.

Artículo 57.- Academia Judicial. Para los efectos de lo previsto en el artículo 29, la Academia Judicial considerará la dictación de los cursos de especialización a que esa norma se refiere en el programa de perfeccionamiento destinado a los miembros de los escalafones primario, secundario y de empleados del Poder Judicial .

En todo caso, el requisito establecido en dicha disposición podrá ser acreditado sobre la base de antecedentes que den cuenta del cumplimiento de cursos de formación especializada en la materia, impartidos por otras instituciones alternativas a la Academia Judicial. La certificación respectiva la emitirá dicha institución, en base a los antecedentes que proporcione el solicitante.

Artículo 58.- Restricción de libertad de menores de catorce años. Si se sorprendiere a un menor de catorce años en la ejecución flagrante de una conducta que, cometida por un adolescente constituiría delito, los agentes policiales ejercerán todas las facultades legales para restablecer el orden y la tranquilidad públicas y dar la debida protección a la víctima en amparo de sus derechos.

Una vez cumplidos dichos propósitos, la autoridad respectiva deberá poner al niño a disposición del tribunal de familia a fin de que éste procure su adecuada protección. En todo caso, tratándose de infracciones de menor entidad podrá entregar al niño inmediata y directamente a sus padres y personas que lo tengan a su cuidado y, de no ser ello posible, lo entregará a un adulto que se haga responsable de él, prefiriendo a aquéllos con quienes tuviere una relación de parentesco, informando en todo caso al Tribunal de Familia competente.

Para los efectos de que el fiscal pueda interrogar al menor en calidad de testigo, se estará a las normas generales que regulan la materia.

Artículo 59.- Modificaciones al decreto ley N° 645 de 1925. Agrégase el siguiente inciso final al artículo 2° del decreto ley N° 645 de 1925, que crea el Registro Nacional de Condenas:

“Los antecedentes relativos a los procesos o condenas de menores de edad sólo podrán ser consignados en los certificados que se emitan para ingresar a las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Gendarmería de Chile y a la Policía de Investigaciones o para los fines establecidos en el inciso primero del presente artículo.”.

Artículo 60.- Modificaciones al Código Penal. Introdúcense las siguientes modificaciones:

a) Sustitúyese el número 2º del artículo 10 por el siguiente:

“2º El menor de dieciocho años. La responsabilidad de los menores de dieciocho años y mayores de catorce se regulará por lo dispuesto en la ley de responsabilidad penal juvenil.”.

b) Derógase el número 3º del artículo 10.

c) Suprímese el inciso primero del artículo 72.

Artículo 61.- Modificaciones a la ley N° 18.287. Derógase el artículo 26 de la ley N° 18.287, que establece el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local.

Artículo 62.- Modificaciones al Código de Justicia Militar. Sustitúyense los incisos segundo y tercero del artículo 135, por el siguiente:

“Los menores de edad exentos de responsabilidad penal serán puestos a disposición del tribunal competente en asuntos de familia.”.

Artículo 63.- Modificaciones a la Ley de Menores. Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 16.618, que fija el texto definitivo de la Ley de Menores:

a) Derógase el artículo 16;

b) En el inciso segundo del artículo 16 bis, suprímese la siguiente oración: “De la misma forma procederá respecto de un menor de dieciséis años imputado de haber cometido una falta.”.

c) Suprímese el inciso cuarto del artículo 16 bis.

d) Deróganse los artículos 28 y 29.

e) Suprímese el inciso segundo del artículo 31.

f) Deróganse los artículos 41, 51, 52, 53, 58 y 65.

g) Sustitúyese el artículo 71, por el siguiente:

“Artículo 71. El Presidente de la República , mediante decreto supremo expedido mediante el Ministerio de Justicia, determinará los Centros de Diagnósticos existentes y su localización.”.

Artículo 64.- Modificaciones a la ley N° 19.640. En el inciso primero del artículo 72, sustitúyese el guarismo “625” por “647”, referido a la categoría “Fiscal Adjunto”; el guarismo “69” por “70”, referido a la categoría “Jefe de Unidad”, y el guarismo “860” por “866” referido a la categoría “Profesionales”.

Artículo 65.- Modificaciones al Código Orgánico de Tribunales. Introdúcense las siguientes modificaciones:

1. Al artículo 14:

a) En la letra f), a continuación de la palabra “penal”, sustitúyese la coma (,) y la letra “y” por un punto y coma (;).

b) Reemplázase la letra g), que pasa a ser letra h), por la siguiente:

“g) Conocer y resolver todas las cuestiones y asuntos que la ley de responsabilidad penal juvenil les encomienden, y”.

2. Al artículo 16, en el acápite que en cada caso se señala:

a. Quinta Región de Valparaíso:

En el párrafo séptimo, reemplázase la expresión “Viña del Mar, con seis jueces,” por la siguiente: “Viña del Mar, con siete jueces,”.

b. Octava Región del Bío Bío:

En el párrafo noveno, reemplázase la expresión “Coronel, con un juez,” por la siguiente: “Coronel, con dos jueces,”.

c. Décima Región de Los Lagos:

En el párrafo final, reemplázase la expresión “Castro, con un juez,” por la siguiente: “Castro, con dos jueces,”

d. Región Metropolitana de Santiago:

En el párrafo segundo, reemplázase la expresión “Puente Alto, con siete jueces”, por la siguiente: “Puente Alto, con ocho jueces”.

En el párrafo séptimo, reemplázase la expresión “Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago , con diecisiete jueces,”, por “Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago , con dieciocho jueces,”; la expresión “Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago , con ocho jueces,”, por “Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, con diez jueces,”; la expresión “Octavo Juzgado de Garantía de Santiago , con nueve jueces,” por “Octavo Juzgado de Garantía de Santiago , con diez jueces,”, y la expresión “Noveno Juzgado de Garantía de Santiago , con diecisiete jueces,” por “Noveno Juzgado de Garantía de Santiago , con dieciocho jueces,”.

3. Al artículo 18:

a) En la letra c), a continuación de la expresión “juicio oral”, elimínase la coma (,) y la letra “y”, y en su reemplazo, introdúcese un punto coma (;).

b) Reemplázase la letra d), que pasa a ser letra e), por la siguiente:

“e) Conocer y resolver todas las cuestiones y asuntos que la ley de responsabilidad penal juvenil les encomienden, y”.

4. En el artículo 21, reemplázase, en el acápite referido a la Región Metropolitana de Santiago , la expresión “Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago , con quince jueces,”, por “Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago , con dieciocho jueces,”.

5. Incorpórase un artículo 47 C, nuevo, del tenor siguiente:

“Artículo 47 C.- Tratándose de los tribunales de juicio oral en lo penal, las Cortes de Apelaciones podrán ejercer las potestades señaladas en el artículo 47, ordenando que uno o más de los jueces del tribunal se aboquen en forma exclusiva al conocimiento de las infracciones de los adolescentes a la ley penal, en calidad de jueces de garantía, cuando el mejor servicio judicial así lo exigiere.”.

6. Sustitúyese el artículo 585 bis, por el siguiente:

“Artículo 585 bis. Lo dispuesto en los artículos 567, 578, 580 y 581 será aplicable a los recintos en que se ejecuten las medidas de internación provisoria y de internación en régimen cerrado establecidas en la ley que regula la responsabilidad penal de los adolescentes.”.

Artículo 66.- Modificaciones a la ley Nº 19.665. Agrégase en el inciso primero del artículo 6° de la ley N° 19.665, un párrafo final del siguiente tenor:

“Juzgados con dieciocho jueces: dieciocho jueces, cinco funcionarios de la tercera serie del Escalafón Secundario y cuarenta y tres funcionarios del Escalafón del Personal de Empleados del Poder Judicial.”.

Artículo 67.- Modificaciones a la ley N° 19.718. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 28 de la ley N° 19.718, que fija la planta de personal de la Defensoría Penal Pública:

a) Reemplázase, para los profesionales grado 7°, el guarismo “16” por “18”.

b) Reemplázase, para los administrativos grado 17°, el guarismo “20” por “21”.

c) Reemplázase, para el Total Planta, el guarismo “454” por “457”.

Artículo 68.- Modificaciones a la ley N° 19.968, de Tribunales de Familia. Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley 19.968:

a) En el número 10 del artículo 8°, sustitúyese la expresión “29” por “30” y agrégase el siguiente párrafo nuevo antes del punto y coma (;) que pasa a ser punto seguido (.): “El procedimiento se sujetará a las reglas establecidas en el Párrafo 4º del Título IV de la presente ley;”.

b) Incorpórase al artículo 8° el siguiente numeral 10 bis, nuevo:

“10 bis) Las infracciones que en caso de ser ejecutadas por mayores de edad constituirían faltas y que no dan lugar a responsabilidad penal, conforme al artículo 102 A. El juzgamiento de las mismas se someterá a las reglas establecidas en el Párrafo 4º del Título IV de la presente ley.”.

c) Incorpórase, a continuación del artículo 102, el siguiente Párrafo 4º, nuevo:

“Párrafo 4º

Procedimiento Contravencional ante los Tribunales de Familia

Artículo 102 A.- Las faltas contenidas en la legislación vigente que sean cometidas por adolescentes, constituirán contravenciones de carácter administrativo para todos los efectos legales y su juzgamiento se sujetará al procedimiento regulado en este Párrafo.

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior únicamente las faltas tipificadas en los artículos 494, N°s 1, 4, 5, y 19, este último en lo que dice relación con el artículo 477; en el artículo 494 bis y en el artículo 496, N°s 5 y 26, todos del Código Penal, y aquéllas contempladas en la ley Nº 20.000 o en los cuerpos normativos que la sustituyan, cometidas por adolescentes mayores de 16 años, cuyo conocimiento estará sujeto a lo preceptuado por la ley que regula la responsabilidad penal de los adolescentes.

Artículo 102 B.- Será aplicable al proceso contravencional lo dispuesto en los Párrafos 1º, 2º y 3º del Título III de esta ley, en lo que no sea incompatible con lo dispuesto en el presente Título y con la naturaleza infraccional de las faltas a juzgar.

Artículo 102 C.- Será competente para el conocimiento de los asuntos a que se refiere el inciso primero del artículo 102 A el tribunal del lugar en que se hubiere ejecutado el hecho. Tratándose de los asuntos a que se refiere el numeral 10 del artículo 8°, será competente el tribunal del domicilio del menor, sin perjuicio de la potestad cautelar que pudiere corresponder al tribunal que inicialmente conozca del asunto en razón del lugar donde se cometió el hecho.

Artículo 102 D.- El procedimiento podrá iniciarse con el solo mérito del parte policial que dé cuenta de la denuncia interpuesta por un particular o de la falta flagrante en que se haya sorprendido a un adolescente. En ambos casos la policía procederá a citar al adolescente para que concurra a primera audiencia ante el tribunal, lo que deberá quedar consignado en el parte respectivo.

Los particulares también podrán formular la denuncia directamente al tribunal.

Artículo 102 E.- De la realización de la primera audiencia a que deba comparecer el imputado deberá notificarse también a sus padres o a la persona que lo tenga bajo su cuidado, y al denunciante o al afectado, según corresponda.

Todos quienes sean citados deberán concurrir a la audiencia con sus medios de prueba.

Artículo 102 F.- Si el adolescente no concurriere a la primera citación, el tribunal podrá ordenar que sea conducido a su presencia por medio de la fuerza pública. En este caso se procurará que la detención se practique en el tiempo más próximo posible al horario de audiencias del tribunal.

Artículo 102 G.- El adolescente tendrá derecho a guardar silencio.

Artículo 102 H.- Al inicio de la audiencia, el juez explicará al adolescente sus derechos y, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, lo interrogará sobre la veracidad de los hechos imputados por el requerimiento. En caso de que el adolescente reconozca los hechos, el juez dictará sentencia de inmediato, la que no será susceptible de recurso alguno.

En la sentencia se podrá imponer la sanción de amonestación si ésta resulta proporcionada a la gravedad de los hechos y a la edad del adolescente para responsabilizarlo por la contravención, a menos que mediare reiteración, en cuyo caso deberá imponerse alguna de las restantes sanciones previstas en el artículo 102 J.

Artículo 102 I.- Si el adolescente negare los hechos o guardare silencio, se realizará el juzgamiento de inmediato, procediéndose a oír a los comparecientes y a recibir la prueba, tras lo cual se preguntará al adolescente si tiene algo que agregar. Con su declaración o sin ella, el juez pronunciará sentencia de absolución o condena.

Artículo 102 J.- El juez podrá imponer al adolescente únicamente alguna de las siguientes sanciones contravencionales:

a) Amonestación;

b) Reparación material del daño;

c) Petición de disculpas al ofendido o afectado;

d) Multa de hasta 2 Unidades Tributarias Mensuales;

e) Servicios en beneficio de la comunidad, de ejecución instantánea o por un máximo de tres horas, y

f) Prohibición temporal de asistir a determinados espectáculos, hasta por tres meses.

El tribunal podrá aplicar conjuntamente más de una de las sanciones contempladas en este artículo, lo que deberá fundamentarse en la sentencia.

Artículo 102 K.- Las sentencias definitivas dictadas en procesos por infracciones cometidas por adolescentes serán inapelables.

Artículo 102 L.- A solicitud de parte, el juez podrá sustituir una sanción por otra durante el cumplimiento de la misma.

Artículo 102 M.- En caso de incumplimiento de la sanción impuesta, el tribunal remitirá los antecedentes al Ministerio Público para los efectos previstos en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.”.

Artículo 69.- Preferencia para integrar ternas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 281 del Código Orgánico de Tribunales, tendrán preferencia para ser incluidos en las ternas elaboradas para proveer cargos de juez de garantía unipersonales y juez de letras con competencia de garantía los postulantes que hubieren cumplido el curso de especialización a que se refieren los artículos 29 y 56 de la presente ley.

Artículo 70.- Modificaciones a la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile. Modifícase el decreto ley N° 2.859, que contiene la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, en la forma que sigue:

1) En el artículo 3°, letra a), agrégase a continuación del punto final la siguiente oración: “Además, deberá estar a cargo de la seguridad perimetral de los centros del Servicio Nacional de Menores para la internación provisoria y el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad de los adolescentes por infracción de ley penal.”.

2) En el artículo 3°, agrégase a continuación de la letra c), la siguiente letra d):

“d) Colaborar en la vigilancia de los Centros del Servicio Nacional de Menores para adolescentes que se encuentran en internación provisoria o con sanción privativa de libertad, realizando las siguientes funciones:

1. Ejercer la vigilancia y custodia perimetral permanente de los centros privativos de libertad.

2. Controlar el ingreso al centro.

3. Colaborar en el manejo de conflictos al interior de los centros, tales como fugas, motines y riñas.

4. Asesorar a los funcionarios del Servicio Nacional de Menores en el manejo de conflictos internos y de la seguridad en general.

5. Realizar los traslados de los adolescentes a tribunales y a otras instancias externas de acuerdo a solicitudes de la autoridad competente.”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia seis meses después de su publicación, con excepción de lo dispuesto en las letras a) y c) del artículo 68.

Artículo 2°.- Nombramientos. La provisión de los cargos de Jueces de Garantía, Jueces de Tribunal Oral en lo Penal y Fiscales del Ministerio Público que establece la presente ley se realizará de acuerdo a las reglas generales aplicables en cada caso, considerando solamente las siguientes excepciones:

a) Los nuevos cargos deberán encontrarse provistos con a lo menos 45 días de antelación a la fecha en que empezará a regir el sistema, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo precedente;

b) Para los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la letra a) en el caso de los Jueces de Garantía e integrantes del Tribunal Oral en lo Penal, las Cortes de Apelaciones respectivas deberán elaborar y remitir al Ministerio de Justicia la nómina con las ternas respectivas para cada cargo dentro del plazo de sesenta días contado desde la publicación de esta ley.

Artículo 3º.- Cursos de especialización. La exigencia de especialización y las modalidades de integración de la sala del tribunal de juicio oral en lo penal y de distribución de asuntos en los tribunales con competencia en materias criminales se aplicarán seis meses después de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

En todo caso, las Cortes de Apelaciones podrán prorrogar dicho término por otros seis meses, por motivos fundados.”.

-o-

Acordado en sesión celebrada el día 11 de octubre de 2005, con asistencia de los Honorables Senadores señores Alberto Espina Otero ( Presidente ), Sergio Fernández Fernández , Hernán Larraín Fernández , Mariano Ruiz-Esquide Jara y José Antonio Viera-Gallo Quesney , y de los Honorables Diputados señora María Pía Guzmán Mena y señores Jorge Burgos Varela , Juan Bustos Ramírez , Guillermo Ceroni Fuentes y Gonzalo Uriarte Herrera .

Sala de la Comisión Mixta, a 11 de octubre de 2005.

(Fdo.): NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ , Secretario de la Comisión ”.

5. Segundo informe de la Comisión de Salud sobre el proyecto que modifica el Código Sanitario respecto de la receta médica. (boletín Nº 3915-11)

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Salud pasa a informaros el proyecto de ley iniciado en una Moción de los Diputados señores Accorsi , Bayo, Cornejo , Jarpa , Leal , Meza , Robles , Olivares y Palma , en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, mediante el cual se modifica el Código Sanitario para perfeccionar el sistema de emisión de las recetas médicas.

Cabe dejar constancia que el proyecto no contiene normas de quórum orgánico constitucional ni de quórum calificado.

I. OBJETO DEL PROYECTO.

La iniciativa legal, como ya se señalara en el primer informe, tiene por objeto perfeccionar los requisitos que deben cumplir las recetas médicas, para entregar la necesaria seguridad sanitaria en que se basa la Política Nacional de Medicamentos, que sustenta el gobierno, de manera tal de otorgarle status y valor jurídico.

II. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN.

Durante su discusión en la Sala, fue aprobado en general, en la Sesión 49ª, de fecha 11 de octubre, y fue objeto de una indicación del Diputado señor Masferrer , del siguiente tenor:

“Al artículo 2º

1. Para reemplazar el inciso segundo por los siguientes incisos:

“Los productos farmacéuticos sólo podrán expenderse al público con receta médica escrita con letra de imprenta claramente legible y expedida por el profesional autorizado por este Código o por los reglamentos respectivos, salvo aquellos productos que no requieran ésta especificación y así lo determine el reglamento.

Ninguna farmacia, droguería o laboratorio de productos farmacéuticos podrá comercializar una receta médica que no se encuentre escrita con letra de imprenta claramente legible.

La infracción de esta obligación hará solidariamente responsable de los perjuicios que se provoquen al profesional que extendió la receta médica y al establecimiento que la comercializó.”.”

Tras un brevísimo debate, su autor procedió a retirarla.

A continuación, los Diputados señores Masferrer , Bayo y Accorsi presentaron una indicación al artículo 1º, para incorporar, al final del inciso primero, reemplazando el punto (.) por una coma (,), la frase “extendida en letra claramente legible”, la cual fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.

III. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, la Comisión prestó su aprobación al siguiente texto:

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Agrégase a continuación del artículo 127 del Código Sanitario, el siguiente artículo 127 bis:

“Artículo 127 bis.- La receta médica sólo podrá extenderse por los profesionales de la salud legalmente autorizados y que se encuentren inscritos en un registro a cargo de la Intendencia de Prestadores de Salud de la Superintendencia de Salud , extendida en letra claramente legible.

Un reglamento establecerá los requisitos que deberá cumplir la receta médica, además de las normas necesarias para la operación del registro indicado en el inciso precedente.

La falsificación y el uso indebido o malicioso de la receta médica serán sancionados conforme a lo establecido en los artículos 197 y 198 del Código Penal.”

Artículo transitorio.- Esta ley entrará en vigencia una vez publicado en el Diario Oficial el reglamento a que se refiere el artículo precedente, el cual deberá dictarse dentro del plazo de 150 días a contar de la publicación de este cuerpo legal.

IV. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.

1) El proyecto no contiene normas de rango orgánico-constitucional ni de quórum calificado.

2) Tampoco contiene artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

3) Se acordó designar Diputado Informante al señor Enrique Accorsi .

-o-

Sala de la Comisión, a 11 de octubre de 2005.

Tratado y acordado en sesión de fecha 11 de octubre de 2005, con la asistencia de los Diputados señores Olivares, don Carlos ( Presidente ); Accorsi, don Enrique ; Bayo, don Francisco ; Masferrer, don Juan ; Melero, don Patricio ; Mella, doña María Eugenia , y Rossi, don Fulvio .

(Fdo.): JACQUELINE PEILLARD GARCIA , Secretaria de la Comisión”.

7. Informe Complementario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de ley que complementa la ley Nº 19.950, estableciendo pena en caso de hurto falta en grado de frustrado y sanciona como delito el hurto hormiga cualquiera fuere el valor de la cosa hurtada. (boletines Nºs. 3867-07 y 3931-07)

“Honorable Cámara:

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en emitir un informe complementario al entregado por la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana respecto de la materia señalada en el epígrafe, originada en dos mociones: la primera del Diputado señor Patricio Walker Prieto y copatrocinada por los Diputados señores Pedro Araya Guerrero , José Ramón Barros Montero y Leopoldo Sánchez Grunert , y la segunda del Diputado señor Gonzalo Uriarte Herrera y copatrocinada por los Diputados señora Marcela Cubillos Sigall y señores Marcelo Forni Lobos , Javier Hernández Hernández , Zarko Luksic Sandoval , Pablo Prieto Lorca , Leopoldo Sánchez Grunert , Ignacio Urrutia Bonilla , Mario Varela Herrera y Patricio Walker Prieto .

Para el despacho de este informe la Comisión contó con la colaboración del señor Jorge Correa Sutil , Subsecretario del Interior .

La competencia de esta Comisión para tratar estas iniciativas, emana del acuerdo adoptado por la Corporación en su sesión 34ª. , de 30 de agosto del año en curso.

TRABAJO DE LA COMISIÓN.

La Comisión luego de analizar ambas mociones y de revisar el informe emitido por la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, acordó remitirse a lo ya dicho por esa Comisión en sus capítulos sobre las Ideas matrices o fundamentales y Antecedentes, y, en lo pertinente, a las constancias reglamentarias de sus letras a) y b), circunscribiendo su trabajo al análisis del texto propuesto por esa instancia para el proyecto.

a) Texto propuesto por la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana.

La Comisión citada propuso el siguiente texto para este proyecto:

“Artículo único.- Sustitúyese el inciso final del artículo 494 bis del Código Penal por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9º de este Código, la falta de que trata este artículo se castigará con multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales si se encontrare en grado de frustrada o de una a dos unidades tributarias mensuales si se encontrare en grado de tentativa.”.

Respecto de esta norma, el Diputado señor Bustos explicó que el proyecto original castigaba el hurto falta, además de cuando consumado, solamente cuando se encontraba en grado de frustrado, excluyendo la tentativa. Recordó que la regla general era que las faltas se castigaran únicamente cuando se encontraban en grado de consumadas, por lo que en este caso se estaría haciendo una excepción al penalizarlas en grado de frustradas.

Ante una consulta del Diputado señor Cardemil , expresó que se oponía a sancionar este ilícito en grado de tentativa, porque la apreciación de dicho grado resultaba extremadamente amplia, pudiendo considerarse el simple hecho de coger una cosa como una tentativa. Su apreciación resultaba muy subjetiva por cuanto no aparecía aquí un hecho claro que la identificara desde el punto de vista objetivo. No sucedía así con la frustración, en la que existe un claro desarrollo de la voluntad de delinquir, toda vez que el hechor realiza todo lo necesario para la consumación del delito, pero no lo logra. En la tentativa, en cambio, bastan hechos directos para el inicio de la acción para que se entienda que existe, circunstancia que tratándose de una falta resulta sumamente subjetiva y difícil de apreciar.

El señor Correa recordó que no se estaba ante una situación de hurto famélico o de bromas infantiles, sino que ante acciones cometidas por bandas, que emplean niños y que sólo son sancionadas cuando son sorprendidas en situación de flagrancia, caso en el cual el delito se frustra. Hizo presente que no solo se causaba daño al patrimonio, al costo de los productos y a la fe pública, sino que fundamentalmente se involucraba a niños en estos ilícitos, todo lo que constituía una forma de iniciar una carrera delictual. Tanto así, que le parecía difícil que los adolescentes capturados en la comisión de delitos no hubieran empezado por la vía de participar, siendo aún niños, alentados por sus padres o vecinos, en los llamados hurtos hormiga en grandes tiendas. El problema que se presentaba era que sólo se lograban capturar a los autores de delitos que se frustran genéricamente, es decir, personas que son detenidas por los vigilantes antes de pasar por las cajas o antes de salir del lugar. Algunas de las acciones que cometen estas personas son calificadas de tentativa, como aquellas que son percibidas por las cámaras de seguridad en el momento de ocultar productos en sus ropas o en coches de guaguas con que entran a los establecimientos, de manera que parece clara la intención de hurtar.

En todo caso, precisó que no era la penalidad lo que más interesaba al Ejecutivo , de tal manera que si se pensaba que la multa era muy alta, no veía inconvenientes en que se la rebajara, pero lo fundamental era poder contar con un registro de los grupos que se dedican a estos ilícitos, de tal manera que a la tercera o cuarta vez que se los capture, pueda tenerse la certeza de que son personas que se dedican profesionalmente a esta actividad y puedan sancionarse debidamente. Agregó que suprimir la sanción de la tentativa en los casos conocidos como hurto hormiga, cosa que no parece ilógica toda vez que se trataría de delitos menores, podría traducirse en privar al Estado de su capacidad de persecución de delitos que cuando se sorprenden se encuentran en calidad de tentativa o de frustrados. Por ello, lo que se desea es contar con un registro, por lo que excluir la tentativa significaría una pérdida de la capacidad del Estado para reducir estas bandas, sancionar a quienes utilizan a menores o incurren reiteradamente en estas conductas. Por otra parte, no visualizaba la posibilidad de abusos por estos hechos de parte de los jueces o de los fiscales.

La Diputada señora Guzmán creyó demasiado amplio considerar la tentativa como grado de desarrollo suficiente para sancionar este tipo de conductas, toda vez que, por ejemplo, parecía algo normal que las personas probarán prendas de vestir en oferta en las grandes tiendas a sus hijos y eso podría ser considerado también tentativa. Estimó que los abusos no se producirían de parte de jueces o carabineros sino que de los guardias de estos establecimientos, los que solían discriminar respecto de personas más humildes. Por ello creía que para los efectos de la formación de registros que sirvieran a la autoridad para sancionar bandas o la reiteración de conductas, bastaba con incluir las faltas frustradas.

El Diputado señor Cardemil señaló que esta materia era una cuestión de política pública y si se criticaba a la autoridad porque se entendía que se estaba perdiendo la batalla contra la delincuencia, parecía coherente, ante la solicitud de esa misma autoridad, darle las herramientas legislativas que necesitaba. No creía que fuera presentable que trascendiera que la tentativa de este tipo de hurto quedaría sin sanción.

El Diputado señor Araya se mostró contrario a sancionar la tentativa toda vez que con la amplitud de las hipótesis sobre la materia que podrían darse en estos casos, se arriesgaría caer en el absurdo de penalizar todo. Además de lo anterior, al igual que la Diputada señora Guzmán , estimaba que los abusos en estos casos provendrían de los guardias de los establecimientos, a quienes se estaría abriendo una gran posibilidad de cometer excesos en perjuicio de la gente más modesta que acude a los supermercados. Además, para la confección o mantención del registro que señala el Ejecutivo , bastaría con sancionar el ilícito en grado de frustrado.

Cerrado finalmente el debate, se rechazó el texto propuesto por la Comisión de Seguridad Ciudadana, sólo en cuanto a sancionar también la tentativa, por mayoría de votos. (5 votos en contra y 3 a favor).

PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN.

De conformidad a lo anterior, la Comisión acordó proponer el siguiente texto para este proyecto:

“Artículo único.- Sustitúyese el inciso final del artículo 494 bis del Código Penal por el siguiente:

“Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9º de este Código, la falta de que trata este artículo se castigará con multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales si se encontrare en grado de frustrada.”.

-o-

Sala de la Comisión, a 11 de octubre de 2005

Se designó diputado informante al señor Juan Bustos Ramírez .

Acordado en sesión de igual fecha con la asistencia de los Diputados señoras Laura Soto González ( Presidenta ) y María Pía Guzmán Mena y señores Pedro Araya Guerrero , Juan Bustos Ramírez , Alberto Cardemil Herrera , Guillermo Ceroni Fuentes , Gonzalo Ibáñez Santa María y Gonzalo Uriarte Herrera .

(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO , Secretario ?.

PENALIZACIÓN DEL HURTO FALTA EN GRADO DE FRUSTRADO. Complementación de la ley N° 19.950. Primer trámite constitucional.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).-

Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, originado en moción, que complementa la ley N° 19.950, estableciendo una pena en caso de hurto falta en grado de frustrado.

Diputado informante de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana es el señor Patricio Walker.

Antecedentes:

-Moción, boletín N° 3867-07, sesión 77a, en 17 de mayo de 2005. Documentos de la Cuenta N° 4.

-Moción, boletín N° 3931-07, sesión 21a en 20 de julio de 2005. Documentos de la Cuenta N° 4.

-Informe de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana (se refunden ambos boletines), sesión 34a, en 30 de agosto de 2005. Documentos de la Cuenta N° 14.

-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Documentos de la Cuenta N° 7, de esta sesión.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, en representación de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, paso a informar sobre el proyecto que complementa la ley N° 19.950, con el objeto de establecer una pena en caso de hurto falta en grado de frustrado, y que sanciona como delito el hurto hormiga, cualquiera que fuere el valor de la cosa hurtada.

La idea matriz de la primera moción, contenida en el boletín N° 3867-07, está orientada a complementar la ley N° 19.950, para sancionar con mayor rigor el hurto y facilitar su investigación, por la vía de penar con multa el hurto falta, cuando se encuentre en grado de frustrado o de tentativa.

La segunda moción apunta a sancionar con mayor rigor el llamado hurto hormiga, es decir, el que recae sobre especies ofrecidas al público en un establecimiento de comercio, elevando tal conducta a la calidad de simple delito.

Esta última fue rechazada, refundiendo ambas mociones en un proyecto, que fue aprobado en general por unanimidad.

Durante el análisis de ambas iniciativas, la Comisión contó con la colaboración de las siguientes personas: don Jorge Correa Sutil, subsecretario del Interior;don Ernesto Barros González, subsecretario subrogante del Ministerio del Interior;don Francisco Maldonado, jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia;don Sabas Chahuán, fiscal regional metropolitano occidente del Ministerio Público;doña María Eugenia Manaud, asesora jurídica del fiscal nacional del Ministerio Público;don Gustavo González, general inspector, director de investigación delictual y drogas de Carabineros;don Oscar Bruna, vicepresidente de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile;don Johnathan Powditch, gerente de la Asociación de Supermercados de Chile;don Bernardo Cataldo y don Oscar Gajardo, abogados de esa asociación.

Actualmente, si el objeto sustraído no excede en su valor a media unidad tributaria mensual, se sanciona con la pena de prisión en sus grados mínimo a medio, o sea, de 1 a 40 días de privación de libertad.

A raíz de una indicación del senador Alberto Espina, se dispuso que se sancionará la falta frustrada y la tentativa, conforme a las definiciones del artículo 7° del Código Penal.

Al respecto, debemos recordar que los artículos 50, 51 y 52 de este Código señalan que la pena asignada a un delito se considerará siempre para el delito consumado;en caso de frustrarse éste, la pena se rebajará en un grado y si sólo quedó como tentativa, en dos grados. Ésa es la regla general del iter criminis, que rige tanto para los crímenes como para los simples delitos.

Sin embargo, las cortes de apelaciones han tenido criterios dispares en relación a estos artículos. Algunas han sancionado dicha conducta, imponiendo la pena que se señala en el artículo 494 bis, rebajada en un grado, es decir, una multa;en cambio, otras han sostenido que las reglas de los artículos 50, 51 y 52 solamente se refieren sólo a los crímenes y simples delitos. Como el inciso final del artículo 494 bis se limita a remitirse al artículo 7° del Código Penal, norma que define qué se entiende por delito consumado o en grado de frustrado o de tentativa y no señala pena alguna, porque el artículo 9° del mismo Código dispone que las faltas sólo se sancionan en grado de consumadas, según estos tribunales, sería una ley penal en blanco, es decir, se describe la figura, pero no se establece la pena. Por lo tanto, el hurto falta en grado de frustrado no sería sancionable.

La Corte Suprema, conociendo de un recurso de nulidad interpuesto por el fiscal adjunto de Valparaíso, resolvió que aun cuando no cabía duda de que el legislador en el nuevo artículo 494 bis que introdujo al Código Penal, fue partidario de castigar el hurto falta en grado de frustrado o de tentativa, lo había hecho en forma incompleta, ya que sólo hubo intención de hacer típica la figura de la falta frustrada y la tentativa, pero no hubo sanción. Hay ley penal en blanco y, por lo tanto, no es sancionable. Por eso, la gran mayoría de los casos se encuentran en archivo provisional o se les ha aplicado el principio de oportunidad u otra forma de no continuar con el juicio.

En cuanto a las opiniones vertidas en la Comisión, el subsecretario del Interior, señor Jorge Correa Sutil, señaló la necesidad de sancionar tanto la falta frustrada como la tentativa. Para él, lo más importante no es la severidad de la sanción a aplicar, sino la posibilidad de contar con un registro de las personas que fueren sancionadas y, en base a ello, poder castigar la reincidencia y el uso de menores en estos hechos.

También se escuchó la opinión del señor Sabas Chahuán, fiscal regional metropolitano occidente del Ministerio Público, que señaló que no existía mucha claridad acerca de cuando el hurto, en el caso de los efectuados en supermercados, se entendía consumado y los distintos criterios existentes al respecto no parecía que pudieran uniformarse con esta legislación, aun cuando podrían constituir un elemento ilustrador.

A su parecer, al establecerse expresamente una pena para el hurto falta frustrado se solucionaría el problema jurisprudencial.

También recibimos las opiniones del general de Carabineros Gustavo González Jure, quien se manifestó partidario de sancionar tanto el hurto falta frustrado como la tentativa. En el informe escrito se pueden encontrar los argumentos con los que sostiene tal posición.

Asimismo, señaló que era necesario rectificar la norma que obliga a una persona que detiene a otra en delito flagrante a ponerla inmediatamente a disposición de la policía, el Ministerio Público o la autoridad judicial más próxima, por cuanto ocurría que algunos tribunales habían declarado ilegales las detenciones practicadas por guardias de supermercados, por considerar que había faltado esa inmediatez en la entrega del detenido a las autoridades.

El comercio detallista, representado por el abogado Bernardo Cataldo, también nos entregó sus puntos de vista, pero no voy a entrar en los detalles de sus argumentos.

En la discusión general, el proyecto fue aprobado por unanimidad.

En cuanto a la discusión particular, la propuesta original era sustituir el inciso final del artículo 494 bis del Código Penal por el siguiente: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9° de este Código, la falta frustrada se castigará con multa de 1 a 4 U.T.M.”.

No obstante, los diputados señores Becker, Encina, Jofré, Tapia, Uriarte y el que habla presentamos una indicación para sustituir la norma propuesta por la siguiente: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9° de este Código, la falta frustrada se castigará con multa de 1 a 4 U.T.M, y la falta en grado de tentativa con multa de 1 a 2 U.T.M.”

El fundamento de la indicación es que si bien en un principio se había pensado no incluir la tentativa, las razones esgrimidas por el fiscal regional metropolitano Occidente y por Carabineros nos llevaron a mudar de opinión, dado que parecía necesario sancionarla, especialmente como una forma de contar con un registro que permita conocer la reincidencia. En todo caso, se trata de una pena de baja entidad: de una a dos unidades tributarias mensuales.

El diputado señor Bustos manifestó su apoyo a la iniciativa, pero se mostró contrario a sancionar la tentativa, por cuanto la apreciación de la concurrencia de ésta resultaba muy subjetiva, lo cual podía prestarse para muchas arbitrariedades. Creía, incluso, que sancionar dicho grado sería regresivo, por cuanto equivaldría casi a volver a la detención por sospecha.

Agregó que para los efectos de contar con un registro que permitiera tener un control sobre la reincidencia bastaba con sancionar el hurto frustrado.

Indicó, además, que le parecía que recargar las funciones de la fiscalía, que en el caso de la Región Metropolitana se encontraba bastante atochada con los problemas derivados del tráfico o consumo de drogas, con la investigación de esta figura podría provocar su colapso y el consiguiente desplazamiento de investigaciones más importantes.

El Ejecutivo apoyó la indicación.

Por su parte, el diputado señor Uriarte propuso complementar la indicación en debate, agregando al artículo 494 bis un nuevo inciso que recogiera parte de su moción y que presumiera consumado el hurto falta cuando la persona fuere sorprendida consumiendo el producto dentro del establecimiento u ocultando la especie de cualquier forma, aun cuando no hubiere abandonado el local.

En definitiva, se aprobó un artículo único que sustituye el inciso final del artículo 494 bis del Código Penal, por el siguiente: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9° de este Código, la falta de que trata este artículo se castigará con multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales si se encontrare en grado de frustrada o de una a dos unidades tributarias mensuales si se encontrare en grado de tentativa.”

Después el proyecto pasó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. De su debate nos informará el diputado señor Bustos. En todo caso, debo señalar que -no lo digo como diputado informante- algunos de los que aprobamos que se sancionara la tentativa estamos abiertos a estudiar la posibilidad de sancionar solamente el hurto falta en grado de frustrado.

Para concluir, quiero ilustrar por qué me parece importante sancionar el hurto falta frustrado. Según nos contó la fiscal de Concepción, se dan casos como el siguiente: En una ocasión, un delincuente sustrajo especies de un supermercado por un monto inferior al umbral a partir del cual el hurto se transforma en delito. El delincuente pasó las cajas y las paletas con censores;salió del estacionamiento y fue interceptado a cinco cuadras del supermercado por un guardia.

Pues bien, la Corte de Apelaciones de Concepción dictaminó que en ese caso no había falta consumada, no obstante que el delincuente había sido sorprendido con las especies sustraídas a cinco cuadras del supermercado. La razón, según la Corte, es que no había traspasado la esfera de resguardo del supermercado, porque el guardia lo había seguido hasta ese lugar.

Entonces, nos encontramos con interpretaciones muy amplias, muy laxas. En consecuencia, todas esas conductas, no obstante que claramente constituyen en teoría un ilícito, no se sancionan por encontrarse frustradas, porque hay un tercero o un hecho independiente a la voluntad del delincuente que impidió que se consumara su conducta.

Recordemos que la tentativa se produce cuando una persona principia la ejecución del delito, pero falta uno o más hechos para su complemento, y que la falta sólo se sanciona cuando es en grado consumado, a diferencia del delito, que la pena se aplica por regla general al delito consumado. Ahora, si la persona comete el delito en grado frustrado, se aplica la pena en un grado menos, y si es en grado de tentativa, es aplicado en dos grados menos. Esa es la regla del iter criminis, que rige para los crímenes y simples delitos. Acá estamos hablando de faltas que solamente se sancionan consumadas.

Por lo tanto, era necesario, aplicando la misma regla -porque no cabe la analogía en materia penal, está la ley penal en blanco-, explicitar, precisar la sanción, y la Comisión fue partidaria de establecer una sanción para el frustrado de 1 a 4 UTM y para la tentativa de 1 a 2 UTM, no obstante que en lo personal -ahora estoy informando el proyecto- me voy a manifestar proclive al criterio de la Comisión de Constitución, por las razones que voy a explicar.

He dicho.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Bustos, informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

El señor BUSTOS.-

Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia revisó el proyecto presentado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y en virtud de diferentes argumentos estimó que solamente debía castigarse, en este caso, el hurto falta frustrado y no el hurto falta en grado de tentativa.

Un primer aspecto que hay que considerar es que de acuerdo al derecho comparado las faltas sólo se castigan consumadas;es decir, no se castiga ni la tentativa ni la frustración, justamente por la levedad que implica el hecho criminal realizado, que es de muy poca monta y, además, porque el castigar la frustración y la tentativa en hecho tan pequeños o de poca monta resulta siempre sumamente difícil e implica a veces una ampliación arbitraria de la punibilidad.

Hay que pensar que ni siquiera se castiga la frustración o la tentativa de una falta de lesiones, que implica, desde un punto de vista valorativo, un bien jurídico mucho mayor que el de la propiedad y, sin embargo, no se castiga.

Tampoco se castiga la tentativa o frustración de la omisión de socorro, que también dice relación con bienes jurídicos muchos más importantes, porque se trata de una persona que está en grave peligro de perecer, etcétera.

Es decir, todo el trasfondo en relación a la falta está planteado desde el punto de vista de la consumación y no del castigo a la tentativa y la frustración.

Sin embargo, la Comisión de Constitución tuvo en cuenta el hecho -planteado especialmente por el Ejecutivo- de que en los casos del hurto hormiga o hurto falta se estaba utilizando a niños y adolescentes por parte de mayores. Es decir, existen bandas organizadas que utilizan a niños, a menores de edad, para cometer dichos hurtos y, por lo tanto, tiene importancia el castigo de la tentativa y de la frustración para poder detectarlas, desbaratarlas y perseguirlas. Un niño de doce años no puede ser castigado, ni siquiera a través de la ley de responsabilidad penal juvenil, pero sí podrá detectarse a quien lo manda, a quienes están detrás de estos hurtos hormigas que, evidentemente, causan un grave daño económico a los establecimientos abiertos, como los supermercados, lo cual, además, puede redundar en los precios de sus diferentes productos, en virtud de los seguros que deben contratan para este efecto.

Por eso, la Comisión de Constitución consideró conveniente castigar el hurto falta frustrado, pero fue contraria a castigar la tentativa por estimar que se podrían producir arbitrariedades y abusos graves hacia las personas, no tanto por la policía sino, fundamentalmente, por los guardias de esos establecimientos comerciales. En el ejemplo que planteaba el diputado Patricio Walker se trata de un guardia y no de un policía el que persiguió a una persona más allá del supermercado.

La diputada Guzmán hizo presente que en el Jumbo o en el Líder, el solo hecho de probarse alguna prenda de vestir podría ser considerado por un guardia, abusivamente, una tentativa de hurto. Efectivamente, probarse en el supermercado alguna prenda de vestir podría ser considerado el principio de ejecución de su apropiación.

De manera que una disposición de castigo a la tentativa es de una amplitud enorme y puede prestarse para toda clase de abusos y, especialmente, para una gran discriminación, lesiva para la dignidad de la persona o atendida sus características personales o físicas.

Desde esa perspectiva, la Comisión de Constitución rechazó la sanción de la tentativa por ser sumamente subjetiva, lo que es criticable, y planteó castigar solamente el delito frustrado. Ni aún en los simples delitos se castiga la tentativa. Por consiguiente, castigar la tentativa en una falta es sumamente exagerado y, además, la misma ley posibilita el abuso y la discriminación en relación con los hechos que se produzcan.

Por eso, la Comisión de Constitución sólo aprobó el castigo del hurto falta en grado de frustrado y rechazó el castigo del hurto falta en grado de tentativa.

He dicho.

El señor CORNEJO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.

La señora VIDAL (doña Ximena).-

Señor Presidente, esta mañana nos ha correspondido tratar dos proyectos que apuntan a una mejor sanción de los delitos que nos afectan como sociedad. El primero establece un sistema de responsabilidad juvenil por infracciones a la ley penal. Estamos de acuerdo en hacer responsables a los jóvenes mayores de catorce años que delinquen y en que debemos penalizar con más firmeza a los adolescentes infractores. Sin embargo, no creemos que los delitos de mayor connotación social se terminarán con la mano dura, dejando a los delincuentes en las cárceles por siempre. Ésa es una parte del trabajo que hay que realizar ante algún tipo específico de delito;pero no es la solución al problema.

El otro esfuerzo que hay que hacer es atacar las fuentes de incubación del delito, como las familias mal constituidas, etcétera. Debemos crear instrumentos y entregar herramientas eficaces para mejorar la relación y convivencia de sus integrantes, como también disminuir la pobreza, dar mayores oportunidades, igualdad de condiciones en la educación, trabajo e ingresos. Conocemos las múltiples causas del delito. Por lo tanto, hacia allá deben ir nuestros afanes.

En cuanto a la complementación de la ley N° 19.950, para sancionar el hurto falta en grado frustrado, es importante recordar lo siguiente: Las reglas generales indican que la pena asignada para un delito se considerará siempre para el delito consumado. Como el delito es castigable no sólo cuando se consuma, sino también cuando se frustra o hay tentativa, en caso de delito frustrado la pena asignada deberá rebajarse en un grado y, en caso de tentativa, en dos grados.

Estas reglas tienen gran importancia práctica, porque en muchos de los casos de hurtos faltas que se producen al interior de los supermercados y de los establecimientos comerciales, el delincuente es atrapado antes de traspasar las cajas de pago, acción que tipifica un delito frustrado lo que no sería castigado.

El problema se origina porque las cortes de apelaciones han tenido distintos criterios para subsanar esta omisión. Unas han seguido la regla general al bajar el grado de prisión en su grado mínimo cuando el delito de hurto es frustrado, quedando sólo la multa. Otras, en cambio, han señalado que dicha pena no se puede rebajar, porque no hay pena más baja que la de prisión en su grado mínimo, de uno a veinte días. Al no haber pena específica, no hay sanción penal aplicable, por lo que, de acuerdo con los principios generales del derecho penal, tanto la conducta como la sanción deben estar estrictamente especificadas. Y al estarse en presencia del delito de hurto falta en grado frustrado no habría pena aplicable y, en consecuencia, no podría sancionarse.

Este proyecto apunta a subsanar este conflicto de interpretaciones y a entregar una norma más clara, como bien explicó el diputado informante.

Este tema es muy importante, porque siempre tiene que ver con las interpretaciones. A veces nos confundimos y pensamos que la norma legal no penaliza lo suficiente, en circunstancias de que no es así. Normalmente las leyes se discuten bastante a fondo y con conocimiento de la materia. Pero a veces su aplicación queda muy entregada al criterio de los jueces. Aquí, una vez más, tratamos de acotar para que no haya problemas de interpretación.

Ahora, además de hacer las tareas legislativas que nos competen, en este caso, sobre seguridad ciudadana, tenemos el deber de implementar políticas públicas dirigidas a educar, sobre todo para la recuperación de los valores humanos. En la enseñanza y la educación está nuestra deuda mayor, y debemos seguir trabajando en ese sentido, de manera de contar con mejores soluciones para enfrentar los delitos y todo lo que nos preocupa como sociedad. Invirtiendo más en programas sociales focalizados, tendremos mejores resultados, incluso, en lo que dice relación con seguridad ciudadana.

Anuncio que vamos a votar favorablemente este proyecto que discutimos en la Comisión de Seguridad Ciudadana.

He dicho.

El señor CORNEJO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Patricio Walker.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, ha quedado bastante claro que debemos legislar sobre el particular porque hay un problema en la ley penal en blanco de inmunidad y una serie de otras situaciones.

Nos hemos encontrado con fallos muy contradictorios. Algunos dicen que para que se consume el hurto una persona debería traspasar la caja sin haber pagado y ser sorprendida por un guardia;otros sostienen que debería salir y traspasar los sensores que se instalan, por ejemplo, en los establecimientos de comercio y otros cuantos que debería traspasar ampliamente la esfera de resguardo del establecimiento, como ocurrió en Concepción, donde el delincuente fue interceptado por el guardia a cinco cuadras del supermercado y el fallo de la Corte de Apelaciones concluyó que no había falta consumada, porque no traspasó la esfera de resguardo de ese supermercado.

Como el artículo 9° del Código Penal establece que las faltas sólo se sancionan cuando han sido consumadas, es importante establecer una excepción a esa regla y sancionarlas en grado de frustrada cuando un hecho, independiente de la voluntad del delincuente, impide que el delito se consuma. En eso no tenemos dudas, y, por lo tanto, espero que haya acuerdo para aprobarlo de esa forma.

Pero, en cuanto a la tentativa, cuando una persona principia la ejecución del delito, pero faltan uno o más hechos para que se perfeccione la conducta, la discusión se centró en si debemos o no sancionarla. Al principio, fuimos partidarios de establecer una multa de una a dos unidades tributarias mensuales. Recordemos que cuando el valor de la especie está sobre el umbral, es decir, de media UTM a 4 UTM, se aplica presidio menor en su grado mínimo, es decir, 61 días a 540 días;cuando es de 4 UTM a 40 UTM, presidio menor en su grado medio y así sucesivamente. En este caso estamos hablando de una conducta bajo el umbral de media UTM, es decir de 15.500 pesos, aproximadamente.

El problema es que se han formado bandas criminales que utilizan menores, aprovechándose de que éstos son inimputables -cuestión que resolveremos aquí esta mañana-, y organizaciones que son verdaderas escuelas del delito. Un menor que es utilizado deserta del sistema escolar y pasa a ser un delincuente potencial o real. Queremos terminar, sobre todo, con esas bandas que utilizan menores y que hacen del hurto su actividad habitual, permanente.

Pero tengo la impresión de que si sancionamos la tentativa, no obstante haberla aprobado en primera instancia en la Comisión de Seguridad Ciudadana, se pueden cometer arbitrariedades, abusos y puede haber una aplicación demasiado discrecional, demasiado laxa de la norma. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un menor se come un yogur, algo típico dentro del supermercado, y uno después lo paga presentando el envase vacío? ¿No podríamos correr el riesgo de que esa conducta sea sancionada como tentativa? Sí, porque nos encontramos con fallos muy contradictorios y muy diversos. ¿O qué pasa cuando una persona toma un producto del supermercado, por ejemplo, para compararlo con otros y después decide no llevarlo porque hay otro a un precio más conveniente, de la marca que quería y de mejor calidad, y lo devuelve?

Eventualmente, algunos jueces podrían considerar que en esos hechos hay tentativa, porque hay inicio de la ejecución de la conducta, pero faltan hechos para que se perfe- cione. Nos encontramos con fallos muy diversos y contradictorios en esta materia, los que nos hace temer que la apreciación de esos hechos sea que hay una tentativa.

Y no obstante que la sanción es baja, por cuanto la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana estableció una multa de 1 a 2 UTM, se puede prestar para arbitrariedades.

A mi juicio, la proposición de la Comisión de Constitución es mejor, porque propone sancionar el hurto falta en grado de frustrado y no de tentativa, habida consideración de que las faltas sólo se castigan en grado de consumadas. La votaré favorablemente, con el propósito de evitar eventuales sanciones abusivas, o arbitrarias, y detenciones por sospecha.

He dicho.

El señor CORNEJO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.

El señor VILCHES.-

Señor Presidente, el proyecto es de gran connotación social, porque pena el hurto falta en grado de frustrado y sanciona como delito el hurto hormiga, cualquiera fuere el valor de la cosa hurtada.

La materia ha sido ampliamente estudiada, y los diputados que representamos el distrito N° 5 nos hemos entrevistado con el presidente y los ministros de la Corte de Apelaciones de Copiapó, a fin de aunar criterios sobre el particular.

El proyecto, que es el reflejo de esas conversaciones, permitirá sancionar el hurto hormiga, que habitualmente se comete en los supermercados.

Al respecto, ha habido distintos criterios respecto de cuándo se entiende consumado el hurto en esos establecimientos;es decir, si cuando el autor es sorprendido y detenido antes de pasar las cajas de pago del supermercado o cuando ya ha pasado por ellas. Algunos sostienen que el hurto falta en grado de tentativa podría prestarse para arbitrariedades.

Los diputados de Renovación Nacional apoyaremos la iniciativa, porque nos permite iniciar una nueva cultura sobre el particular. La no sanción para el hurto de un producto de un valor inferior a media unidad tributaria ha significado una “puerta giratoria” para los autores, porque quedan en libertad el mismo día o al día siguiente de ser detenido.

La comisión de este delito, que representa la pérdida de grandes montos de dinero para los supermercados, debería disminuir por el hecho de establecer una sanción mayor, y los jueces y las cortes de apelaciones deberán aplicar la nueva ley al pie de la letra.

Pero esta es una parte del problema.

Debemos analizar profundamente las causas que lo generan. En este sentido, la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana debió haber hecho recomendaciones, porque los jóvenes no aprenden a delinquir en la escuela o en el colegio, sino que dichas conductas son consecuencias de la falta de oportunidades, de la frustración, del hambre y de la pobreza. Miles de jóvenes nacidos durante los gobiernos de la Concertación, hoy se dedican al hurto hormiga. Por lo tanto, debemos legislar para que estos jóvenes rectifiquen su conducta.

Como dije, la frustración y la falta de oportunidades ocasionan el problema.

Debemos discutir sobre las sanciones para quienes delinquen, pero también debemos hallar las causas de dicha conducta y encontrar los caminos que lleven a su solución.

En la actualidad, los jóvenes sufren por la alta tasa de cesantía que afecta a sus hogares. Es cierto que ello no justifica que se transformen en delincuentes, pero debemos saber que el hambre es mala consejera y muchos jóvenes cometen delitos porque la padecen.

Considero que las sanciones deben ser más drásticas, pero también estimo que debemos iniciar una cultura distinta que apunte a encontrar las normas adecuadas para combatir todo tipo de delitos y a generar los recursos necesarios para que los jóvenes tengan mejores oportunidades en la sociedad, sobre todo los más postergados.

He dicho.

El señor CORNEJO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Uriarte.

El señor URIARTE.-

Señor Presidente, quiero señalar, en forma muy breve, por qué nuestra bancada va a sumar su voto favorable.

Estamos en presencia de un fenómeno nuevo que se ha hecho común no sólo en los supermercados y grandes centros comerciales, sino también en los pequeños y medianos comercios, generándoles pérdidas de muchos millones de pesos.

Las cifras entregadas por Carabineros e Investigaciones muestran altas tasas de delincuencia en el rubro comercio, en especial, la que representa el fenómeno del hurto hormiga.

Por tal razón, nos hacemos cargo del problema, no sólo para redactar una iniciativa sobre el particular, sino también para participar en la discusión y en el perfeccionamiento de la legislación penal.

Lamentablemente, la modificación que introdujimos al Código Penal relativa al hurto hormiga, en 2004, no fue suficiente.

En esta oportunidad, vamos a dar el paso que faltaba, y espero que esta iniciativa ayude a los jueces de garantía, a las cortes de apelaciones y a todos los tribunales a hacer justicia.

He dicho.

El señor CORNEJO (Vicepresidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:

El señor ASCENCIO (Presidente).-

En votación general el proyecto que complementa la ley N° 19.950, estableciendo una pena en caso de hurto falta en grado frustrado y sanciona como delito el hurto hormiga, cualquiera sea el valor de la cosa hurtada.

-Efectuada la votación en forma económica, por sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos;por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.

El señor ASCENCIO (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Alvarado Andrade Claudio; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bayo Veloso Francisco; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo Vidaurrázaga Patricio; Correa de la Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Espinoza Sandoval Fidel; Forni Lobos Marcelo; Galilea Vidaurre José Antonio;García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Guido; Guzmán Mena María Pía;Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jeame Barrueto Víctor; Kast Rist José Antonio; Kuschel Silva Carlos Ignacio; Leal Labrín Antonio; Longueira Montes Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Mella Gajardo María Eugenia; Meza Moncada Fernando; Molina Sanhueza Darío; Moreira Barros Iván; Muñoz Aburto Pedro; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván;Pérez Arriagada José; Pérez Lobos Aníbal;Jofré Núñez Néstor; Pérez San Martín Lily; Pérez Varela Víctor; Prieto Lorca Pablo; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderas Carlos; Riveros Marín Edgardo; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Salaberry Soto Felipe; Salas de la Fuente Edmundo; Sánchez Grunert Leopoldo;Seguel Molina Rodolfo; Sepúlveda Orbenes Alejandra;Silva Ortiz Exequiel; Soto González Laura; Tapia Martínez Boris; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Turna Zedan Eugenio; Uriarte Herrera Gonzalo; Valenzuela Van Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso;Vidal Lázaro Ximena;Vilches Guzmán Carlos;Villouta Concha Edmundo; Von Muhlenbrock Zamora Gastón;Walker Prieto Patricio.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Aguiló Melo Sergio;Montes Cisternas Carlos.

El señor ASCENCIO (Presidente).-

Corresponde votar el texto de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que reemplaza el texto de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

Si se aprueba, éste es el texto que despacharemos de inmediato. Si se rechaza, tendremos que votar el texto de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

En votación el texto de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos;por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.

El señor ASCENCIO (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló Melo Sergio; Alvarado Andrade Claudio; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bayo Veloso Francisco; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo Vidaurrázaga Patricio; Cristi Marfil María Angélica; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Espinoza Sandoval Fidel; Forni Lobos Marcelo; Galilea Vidaurre José Antonio; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Guido; González Torres Rodrigo; Guzmán Mena María Pía; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jeame Barrueto Víctor; Kast Rist José Antonio; Kuschel Silva Carlos Ignacio; Leal Labrín Antonio; Longueira Montes Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Mella Gajardo María Eugenia; Meza Moncada Fernando; Molina Sanhueza Darío; Moreira Barros Iván; Muñoz Aburto Pedro; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel;Palma Flores Osvaldo;Paredes Fierro Iván; Pérez Amagada José; Pérez Lobos Aníbal; Jofré Núñez Néstor; Pérez San Martín Lily;Pérez Varela Víctor;Prieto Lorca Pablo;Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Riveros Marín Edgardo; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Salaberry Soto Felipe; Salas de la Fuente Edmundo; Sánchez Grunert Leopoldo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Ortiz Exequiel; Soto González Laura; Tapia Martínez Boris;Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Uriarte Herrera Gonzalo; Valenzuela Van Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Villouta Concha Edmundo; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.

-Se abstuvo el diputado señor Montes Cisternas Carlos.

El señor ASCENCIO (Presidente).-

Despachado el proyecto.