Labor Parlamentaria

El señor ASCENCIO ( Presidente ).-

Corresponde ocuparse de los proyectos de acuerdos aprobatorios de los acuerdos de cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa; acuerdo de asistencia jurídica mutua en asuntos penales; acuerdo complementario y su anexo a dicho acuerdo de asistencia jurídica mutua en asuntos penales, y acuerdo de enmienda del mencionado acuerdo complementario; y protocolo de integración educativa y reconocimiento de certificados, títulos y estudios de nivel primario y medio no técnico; y sobre extradición entre los estados parte, el Mercosur y las Repúblicas de Chile y de Bolivia, todos en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de suma.

Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Francisco Bayo.

Antecedentes:

-Mensajes Nºs. 3897-10 y 3898-10, sesión 7ª, en 21 de junio de 2005. Documentos de la Cuenta Nºs. 3 y 4.

-Mensajes Nºs. 3904-10 y 3907-10, sesión 9ª, en 22 de junio de 2005. Documentos de la Cuenta Nºs. 3 y 6.

-Informes de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 13ª, en 6 de julio de 2005. Documentos de la Cuenta Nºs. 4, 5, 6 y 7, respectivamente.

El señor BAYO .-

Señor Presidente , paso a informar sobre cuatro proyectos de acuerdo analizados por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.

Por razones de economía procedimental y atendida la urgencia calificada de “suma” con que se tramitaron, pueden ser calificados de fácil despacho, ya que tanto los acuerdos de cooperación en los ámbitos de asistencia jurídica mutua en asuntos penales, civiles, comerciales, laborales y administrativos, como el de cooperación educacional para permitir el reconocimiento de estudios de enseñanza básica y media sólo para fines de permitir la continuidad de estudios y el de extradición, todos acuerdos celebrados por Chile con los países miembros del Mercosur, más Bolivia como país asociado, contemplan normas usuales en este tipo de acuerdos de cooperación bilateral o multilateral, de los cuales nuestro país ha celebrado diversos tratados, como se indica en los respectivos informes puestos a disposición de los honorables colegas.

Los países miembros del Mercosur y los estados asociados, entre los cuales se encuentra Chile, celebran estos convenios de cooperación con el objeto de fortalecer el proceso de integración regional mediante la adopción de soluciones jurídicas comunes frente a las crecientes amenazas de modalidades criminales transnacionales que afectan a la sociedad internacional en estos tiempos, lo que esperan lograr intensificando su cooperación jurisdiccional mediante el otorgamiento de un trato equitativo a los nacionales, ciudadanos y residentes permanentes o habituales de los estados signatarios.

Se facilita así el libre acceso a las instancias judiciales correspondientes, armonizando sus legislaciones nacionales conforme a los principios generales del derecho internacional de la extradición. Se permite dar lugar a ella según los principios de la doble incriminación, el de la mínima gravedad, el de la cosa juzgada, el de la no extraditabilidad de los delitos políticos o conexos y en el de la no extradición de los nacionales.

Estimo importante señalar que, para estos efectos, no serán considerados delitos políticos, bajo ninguna circunstancia, los siguientes:

a) El atentado contra la vida o la acción de dar muerte a un jefe de estado o de gobierno o a otra autoridad nacional o local o a sus familiares;

b) El genocidio, los crímenes de guerra o los delitos contra la humanidad;

c) Los actos de naturaleza terrorista;

d) Los que afecten a personas sujetas a protección internacional, incluidos los agentes diplomáticos;

e) La toma de rehenes o el secuestro de personas, y

f) Los actos de captura ilícita de embarcaciones o aeronaves.

Hago presente a la Sala que todos los tratados de extradición que nuestro país ha celebrado con Bélgica, Bolivia , Brasil , Colombia , Ecuador , Estados Unidos, Inglaterra, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela más el “Código de Bustamante”, se orientan a lograr, entre los estados, una estrecha cooperación para ampliar el ámbito de los delitos extraditables y flexibilizar los procedimientos judiciales y administrativos, sin perjuicio de salvaguardar los derechos individuales de los afectados.

En el plano de la cooperación internacional encaminada a perfeccionar los mecanismos de asistencia jurídica mutua en los diversos ámbitos ya señalados, nuestro país ha celebrado convenios con diversos países, entre ellos, España , Venezuela y México , además de un convenio interamericano suscrito en el marco de la Organización de Estados Americanos. Todos ellos son instrumentos importantes de la estrategia general de lucha contra el delito o para la defensa de los derechos e intereses de los nacionales y extranjeros residentes, permanentes o habituales en el territorio del Estado.

En este caso, se trata de asegurar a las personas la igualdad de trato procesal o el libre acceso a la jurisdicción del Estado para la defensa de sus derechos e intereses.

Los cuatro proyectos de acuerdo fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes en la Comisión.

Además, la Comisión compartió los objetivos que los gobiernos que integran el Mercosur, más Chile y Bolivia, tuvieron presente al celebrarlos. Esto es, reforzar la integración regional mediante acuerdos internacionales que deberán ajustarse, en su aplicación, a la legislación interna, al orden público y a las soberanías nacionales.

Sólo cabría recordar que tratándose de los acuerdos complementarios que se celebren en cumplimiento del Protocolo de Integración Educativa y Reconocimiento de Estudios de Nivel Primario y Medio no Técnicos, para incorporar en los planes de estudio contenidos curriculares mínimos de Historia y Geografía de cada uno de los estados partes, deberán ser sometidos a la aprobación parlamentaria en la medida en que ellos importen una modificación de la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza.

Por todo lo señalado, la Comisión propone a la honorable Cámara aprobar los artículos únicos de los cuatro proyectos de acuerdo en los términos que se sugiere en sus respectivos informes escritos.

He dicho.

-Con posterioridad, la Sala votó los proyectos de acuerdo en los siguientes términos:

El señor ASCENCIO ( Presidente ).-

En votación los proyectos de acuerdo aprobatorios de los acuerdos de cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa; acuerdo de asistencia jurídica mutua en asuntos penales; acuerdo complementario y su anexo a dicho acuerdo de asistencia jurídica mutua en asuntos penales, y acuerdo de enmienda del mencionado acuerdo complementario; y protocolo de integración educativa y reconocimiento de certificados, títulos y estudios de nivel primario y medio no técnico; y sobre extradición entre los estados parte del Mercosur y las repúblicas de Chile y de Bolivia.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ASCENCIO ( Presidente ).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bayo Veloso Francisco; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Caraball Martínez Eliana; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo Vidaurrázaga Patricio; Correa De La Cerda Sergio; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Forni Lobos Marcelo; Galilea Vidaurre José Antonio; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Guido; Guzmán Mena María Pía; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Ibáñez Santa María Gonzalo; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jeame Barrueto Víctor; Kast Rist José Antonio; Kuschel Silva Carlos Ignacio; Leal Labrín Antonio; Leay Morán Cristián; Longueira Montes Pablo; Lorenzini Basso Pablo; Luksic Sandoval Zarko; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Mella Gajardo María Eugenia; Molina Sanhueza Darío; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz Aburto Pedro; Muñoz D'Albora Adriana; Navarro Brain Alejandro; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Pérez Arriagada José; Pérez Lobos Aníbal; Prieto Lorca Pablo; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Riveros Marín Edgardo; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Salas de la Fuente Edmundo; Sánchez Grunert Leopoldo; Seguel Molina Rodolfo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Tapia Martínez Boris; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Uriarte Herrera Gonzalo; Valenzuela Van Treek Esteban; Varela Herrera Mario; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Villouta Concha Edmundo; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.

El señor ASCENCIO ( Presidente ).-

Corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley, originado en moción, que establece mecanismos de protección de la capa de ozono y de evaluación de los efectos producidos por su deterioro.

Diputado informante de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente es el señor Leopoldo Sánchez.

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, boletín Nº 2725-12 (S), sesión 60ª, en 20 de marzo de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 2.

-Informe de la Comisión de Recursos Naturales, sesión 12ª, en 6 de julio de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 1.

El señor SÁNCHEZ.-

Señor Presidente , la destrucción de la capa de ozono es uno de los problemas ambientales más graves que hoy debemos enfrentar. Podría ser responsable de millones de casos de cáncer a la piel a nivel mundial y de perjudicar la producción agrícola.

Lo anterior ha motivado a la comunidad internacional a adoptar medidas prácticas para protegerse de una amenaza que se cierne sobre todo el planeta y que afecta a toda la humanidad.

En 1987, los gobiernos de todos los países del mundo acordaron tomar las medidas necesarias para solucionar este grave problema al firmar el Protocolo de Montreal, para reducir la producción de químicos que agotan la capa de ozono. Fue un acuerdo notable, que sentó precedente para una mayor cooperación internacional, a fin de encarar los problemas globales del medio ambiente.

Bajo los auspicios del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los científicos, industriales y gobiernos se reunieron para iniciar una acción preventiva global. El resultado fue un acuerdo mediante el cual los países desarrollados se comprometieron a una acción inmediata, mientras que los países en desarrollo, como el nuestro, se comprometieron a cumplir el mismo compromiso en un plazo de diez años.

Dicho lo anterior, paso a informar sobre el proyecto que establece mecanismos de protección y evaluación de los efectos producidos por el deterioro de la capa de ozono.

La idea matriz del proyecto es mantener informada a la población sobre los riesgos de la radiación ultravioleta y, en consecuencia, adoptar ciertas medidas de difusión y protección.

El proyecto, originado en moción de los senadores Antonio Horvath , José Ruiz de Giorgio , Rodolfo Stange y Ramón Vega , se encuentra en segundo trámite constitucional y primero reglamentario. Su finalidad principal, reitero, es mantener informada a la población de los efectos de la radiación ultravioleta, mediante sistemas que coordinen dicha información y regularicen los elementos de protección.

Fundamentos del proyecto.

Los considerandos de la iniciativa legal parten por destacar las evidencias del deterioro creciente de la capa de ozono atmosférico del hemisferio sur y los efectos que ello provoca en los seres vivos, especialmente en nuestro país.

En razón de lo anterior, se recalca la necesidad de informar oportunamente a la población acerca de los efectos que provoca la radiación ultravioleta originada en el deterioro de la capa de ozono y de coordinar la información que se entrega y los medios de medición.

Para tales efectos, se requiere que los sistemas de protección a la radiación solar y su fracción ultravioleta sean regulados de manera que contengan la información necesaria.

Del mismo modo, el proyecto introduce el cobro de indemnizaciones por los daños causados por los países productores de elementos que deterioran la capa de ozono.

Todo lo anterior, hace necesario, además, que la población tenga pleno conocimiento de los productos que degradan la capa de ozono y que se cuente con una completa red de medición de radiación ultravioleta actualizada.

Antecedentes generales sobre el ozono y sus efectos en la salud humana.

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la Nasa, el ozono (O3) se define como “una molécula relativamente inestable hecha de tres átomos de oxígeno. Aunque representa sólo un fragmento diminuto de la atmósfera, el ozono es crucial para la vida en la tierra”. De este modo, esa pequeña cantidad de ozono es suficiente para interceptar la radiación ultravioleta del sol y transformarla en calor, formando un escudo protector denominado capa cálida, que protege al planeta, como un gran filtro solar, de las altas temperaturas y de las radiaciones ultravioletas dañinas. Se localiza en la estratósfera, a una distancia que va de 15 a 50 kilómetros sobre la superficie de la tierra.

La destrucción de la capa de ozono se relaciona directamente con la contaminación provocada por los clorofluorocarbonos (CFC), compuestos químicos industriales presentes en productos comerciales como los aerosoles, pinturas, electrodomésticos, etcétera, sintetizados por primera vez en 1930. La destrucción se produce cuando la radiación ultravioleta arranca el cloro de una molécula de clorofluorocarbono que termina combinándose con la molécula de ozono para finalmente destruirla.

A los clorofluorocarbonos, que son compuestos químicos formados por cloro, fluor y carbono, se les atribuye ser el causante principal de la destrucción del más del 80 por ciento del ozono.

Se denomina “agujero del ozono” a una vasta y rápida pérdida de moléculas de ozono, lo cual ocurre principalmente sobre el continente antártico. Esta situación parece un contrasentido, en razón de que son los países industrializados, ubicados mayoritariamente en el hemisferio norte, los responsables de la mayor contaminación ambiental que afecta al planeta. El 90 por ciento es liberada por Europa, Estados Unidos, Japón y Rusia.

Sin embargo, esto se explica por dos razones: la primera, es que los clorofluorocarbonos tienen la propiedad de permanecer largo tiempo sin alterarse y de viajar a través de la atmósfera; la segunda y más importante, tiene que ver con las bajas temperaturas existentes en los polos, dado que los fríos extremos de éstos causan el agujero, el cual se hace mayor a fines de invierno y comienzos de la primavera, ya que, como lo sostienen los científicos, durante este período el aire polar es más frío.

Finalmente, otro aspecto importante de mencionar es que el ozono que se encuentra más cercano a la tierra, en la zona llamada tropósfera, es un contaminante peligroso que causa daños al tejido pulmonar de las personas y a las plantas. El ozono, que preocupa a los ambientalistas fundamentalmente, circula a ras del suelo, donde existe prácticamente la mayor parte de la vida en nuestro planeta.

Riesgos para la salud.

La principal repercusión de la falta de ozono está asociada a la destrucción del escudo protector del planeta frente a la radiación ultravioleta. Según lo revelan todos los estudios, en términos generales, esta situación tendría los siguientes efectos: desarrollo del cáncer a la piel, daño al sistema inmunológico, daño visual, quemaduras de sol y envejecimiento prematuro de la piel, aumento del riesgo de dermatitis alérgica y tóxica, activa ciertas enfermedades por bacterias y virus e impacta principalmente a la población indígena.

De acuerdo con lo sostenido por la Unep, United Nations Environment Programme, los efectos sobre la salud humana de las radiaciones ultravioleta asociada al daño de la capa de ozono, provocarán un aumento en la incidencia y/o severidad de las enfermedades antes mencionadas, si los hábitos de exposición actuales son mantenidos por la población mundial.

Protección internacional de la capa de ozono.

Existe a nivel internacional un importante debate respecto de la protección de la capa de ozono y la prohibición y control de los componentes altamente contaminantes como los clorofluorocarbonos.

En este contexto, algunos de los instrumentos internacionales importantes de destacar son los siguientes:

-Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, de 1985, que sienta las bases para una cooperación mundial en materia de investigación científica y observación sistemática de la capa de ozono e intercambio de información, entre otros.

-Protocolo de Montreal, de 1987, relativo al Convenio de Viena, considerado uno de los mayores logros en materia de acuerdos internacionales sobre el medio ambiente. Dispone la reducción de consumo y producción de las sustancias químicas destructoras del ozono. En los diez primeros años de aplicación de este instrumento, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el consumo de clorofluorocarbonos disminuyó en más del 70 por ciento.

Adicionalmente, las doce naciones más desarrolladas del mundo se comprometieron a eliminar la producción de clorofluorocarbonos en un plazo inferior al antes definido.

También se establece un fondo para la naciones en vías de desarrollo, con el fin de reemplazar estos productos químicos dañinos y brindar la asistencia técnica necesaria. Hasta 1997, se habían financiado l.800 proyectos de cooperación técnica en 106 países en desarrollo, con un costo superior a los 500 millones de dólares.

El Protocolo Mundial ha sido firmado por 162 países, de los cuales sólo 44 son industrializados. Algunos cálculos estiman que para el año 2010, este instrumento internacional habrá evitado l,5 millones de casos anuales de cáncer de la piel en Estados Unidos y otros 550 mil en el noreste de Europa, según datos de “El Mercurio”, de 18 de diciembre de 1997.

Antecedentes legales.

l. La Constitución Política de la República garantiza, en los numerales 8º y 11º del artículo 19, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho a la salud.

2. El Código del Trabajo, en los artículos 154, numeral 9, y 184, establece las normas e instrucciones de prevención, higiene y seguridad que deben observarse en las empresas y establecimientos, y las obligaciones que penden sobre el empleador relativas a las medidas destinadas a proteger la vida y salud de los trabajadores, respectivamente.

3. El artículo 67 de la ley Nº 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, se refiere a la obligación de mantener al día los reglamentos internos sobre higiene y seguridad en el trabajo.

4. El decreto supremo Nº 179, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1990, promulga el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y sus anexos I y II. Sirve de base al Protocolo de Montreal. Su origen se remonta a la toma de conciencia por parte de los países signatarios sobre el impacto que provoca el deterioro de la capa de ozono tanto en la salud humana como en el medio ambiente.

En este punto, cabe señalar que Chile está en deuda con el control de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, pero este proyecto viene a pagar una de esas deudas importantes, con el ozono y, en general, con las medidas de control ambiental.

Las tecnologías alternativas son todas las tecnologías o equipos cuyo uso permita reducir o eliminar efectivamente emisiones de sustancias que tienen o pueden tener efectos adversos sobre la capa de ozono.

Las sustancias alternativas son las que reducen, eliminan o evitan los efectos adversos sobre la capa de ozono.

Mediante el Convenio de Viena, las partes se comprometen a adoptar las medidas conducentes a proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que pueden resultar de las actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la capa de ozono.

Dentro de las medidas más importantes que se pueden adoptar, cabe mencionar la cooperación mediante observaciones sistemáticas, investigación e intercambio de información para la mejor comprensión del fenómeno, la adopción de decisiones legislativas o administrativas y la colaboración en la coordinación de las políticas destinadas a controlar, limitar, reducir o prevenir actividades humanas cuando se compruebe que tienen o pueden tener efectos adversos.

Todos los aspectos anteriores deben basarse en consideraciones y respaldo científico y técnico.

Del mismo modo, el compromiso adquirido se extiende al campo de la investigación y de evaluación científica, así como a la cooperación e intercambio de información científica, técnica, socioeconómica, comercial, jurídica y de transferencia de tecnología y de conocimiento.

Hay otra serie de consideraciones del Convenio de Viena que, en aras del tiempo, omitiré. Sin embargo, cabe señalar que la conferencia tiene facultades para considerar enmiendas, protocolos o anexos del mismo, necesarios para la consecución del convenio.

Una limitante dice relación con que ningún estado u organización de integración económica regional podrá ser parte en un protocolo, a menos que sean o pasen a ser parte del Convenio.

El Convenio consta de dos anexos.

El primero está dirigido a las investigaciones y observaciones sistemáticas, que contienen, entre otras materias, una estimación de las sustancias químicas de origen natural y antropogénico que tienen el potencial de modificar las propiedades químicas y físicas de la capa de ozono.

Sobre el particular, se refiere a sustancias compuestas de carbono, nitrógeno, cloro, bromo e hidrógeno.

El segundo anexo se refiere al intercambio de información.

-El decreto supremo Nº 238, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1990, promulga el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

Su finalidad principal -reitero- es proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos nocivos que se derivan o puedan derivarse de actividades humanas que modifican o puedan modificar la capa de ozono, sin perjuicio de que reconoce la posibilidad de que la emisión de ciertas sustancias producidas en el mundo puedan agotar significativamente la capa de ozono y modificarla de alguna otra manera, con eventuales efectos tanto en la salud como en el medio ambiente.

Las partes están conscientes de que las medidas a adoptar deben encauzarse dentro de los principios de prevención tendientes a controlar equitativamente las emisiones mundiales totales que la agotan, con el objetivo final de eliminarlas, sobre la base de los adelantos científicos y a la luz de consideraciones de índole económicas y técnicas.

Respecto de los países en desarrollo, como el caso de Chile, se establecen disposiciones especiales.

Este instrumento internacional establece diversas definiciones, como “sustancia controlada”, “producción”, “consumo”, “niveles calculados”, “racionalización industrial”, etcétera.

No voy a detallar cada una de las anteriores, sino señalar que el artículo 4º regula el comercio de sustancias controladas con estados que no sean parte del Protocolo.

Se establece, además, que dentro del plazo de un año, contado desde la entrada en vigor del protocolo, cada parte prohibirá la importación de sustancias procedentes de cualquier Estado que no sea parte.

Es importante, recalcar que, a partir de enero de 1993, ninguna parte podrá exportar sustancias controladas a los Estados que no sean parte del Protocolo.

Primer trámite constitucional.

En el primer trámite constitucional se trató la moción de los senadores señores Horvath , Stange y Viera-Gallo , que proponía en un proyecto inicialmente conformado por seis artículos que, al final, se transformaron en ocho, que establecían las siguientes obligaciones:

-Los informes meteorológicos deberán incluir datos sobre la radiación ultravioleta y los riesgos asociados;

-Los productos que deterioren el ozono atmosférico deberán llevar una advertencia;

-Los filtros, protectores solares, anteojos, protectores y otros elementos similares deberán consignar el factor de protección en relación a la equivalencia de tiempo de exposición a la radiación sin protector;

-Los contratos laborales que tengan relación con personas que están expuestas a la radiación solar deberán especificar el uso de los elementos protectores que correspondan;

-Los organismos competentes deberán confeccionar y evaluar un informe anual que dé cuenta de los efectos de la radiación en seres humanos, flora, fauna y recursos asociados, el cual deberá ser dado a conocer a la comunidad mediante un libre acceso, y

-La infracción a las exigencias anteriores, será sancionada con multa que va de 1 a 50 unidades tributarias mensuales.

Durante la discusión general del proyecto se tuvo en consideración que tanto la capacidad instrumental como la competencia técnico profesional de los servicios meteorológicos se encuentran en una etapa de desarrollo.

Dada la alta incidencia del problema en la salud de las personas, en los ecosistemas y en la composición química de la atmósfera, se estimó necesario contar con la información de los organismos con competencia, de manera de determinar cualitativa y cuantitativamente, mediante índices de pronósticos comprensibles por la comunidad, acerca del significado del riesgo implícito.

Durante la discusión particular, se tuvo presente las opiniones de los siguientes expertos: del director de la Dirección Meteorológica de Chile, del jefe del Departamento de Climatología , del representante de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que es coordinador del programa de protección de la capa de ozono, etcétera.

Durante la discusión particular, el proyecto fue objeto de numerosas indicaciones, mediante las cuales se perfeccionó su redacción. No voy a indagar en la terminología, porque no tiene mayor sentido práctico.

Segundo trámite constitucional.

Durante la discusión general concurrieron a la Comisión los representantes de Conama, señora Paulina Saball , directora ejecutiva; señor Eduardo Correa , fiscal; señora Anita Zúñiga , coordinadora del Programa Ozono; señor Jorge Troncoso , jefe del Departamento de Control de la Contaminación ; señor Jorge Valenzuela , subdirector de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores ; señora Anne Marie Duncker Steicher , encargada de la Agenda Química de la Dirección de Medio Ambiente de la Cancillería; señor José Retamales , director del Instituto Antártico Chileno; doctora Lidia Amarales Osorio , seremi de Salud de la Duodécima Región , y doctor Juan Honeyman Mauro , médico dermatólogo.

El Gobierno de Chile se comprometió a ejecutar un conjunto de programas y de actividades tendientes a reducir el consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono.

Dentro de los compromisos internacionales adquiridos, se debe tener presente que ellos establecen un cronograma relativo al uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono, incluidos dentro del Protocolo de Montreal, como se consigna a continuación:

Clorofluorocarbonos.

Entre 1999 y 2004, hay un compromiso de congelamiento de importaciones de clorofluorocarbonos al promedio existente entre los años 1995 y 1997, que correspondía a 830 toneladas anuales, aproximadamente.

Entre 2005 y 2006, se comprometen a eliminar el 50 por ciento de las importaciones de clorofluorocarbonos.

Entre 2007 y 2009, acuerdan la eliminación del 85 por ciento de las importaciones de clorofluorocarbonos.

En 2010, la eliminación total de clorofluorocarbonos.

En cuanto al bromuro de metilo, se acuerda, entre el 2002 y 2004, congelar su importación al promedio existente entre los años 1995 y 1998, correspondientes a 353 toneladas anuales, aproximadamente, con la sola excepción de las cantidades que se utilizaren en aplicaciones de cuarentena y preembarque.

Debo aclarar, señor Presidente , que el bromuro de metilo es un producto que se usa en forma muy importante en Chile en el tratamiento de fruta de exportación. Por lo tanto, el acto de eliminarlo en su totalidad provocaba una complicación muy grande para el país. Felizmente la eliminación y congelamiento de las importaciones se hizo respetando la porción que se usa, y que se seguirá usando quizás por bastante tiempo más, como tratamiento de cuarentena, no así como tratamiento de fumigación de suelos.

Entre 2005 y 2014, la eliminación del 20 por ciento de las importaciones de bromuro de metilo.

En 2015, año en que se espera tener alternativas para el tratamiento de preembarque de frutas de exportación, la eliminación total.

Actualmente Chile cumple con las exigencias del Protocolo de Montreal en cuanto a los clorofluorocarbonos, pero no sucede lo mismo respecto del bromuro de metilo, puesto que nuestro país ha incurrido este año en una situación de incumplimiento, específicamente en cuanto a las cuotas de importación determinadas.

Respecto a este punto, es preciso tener presente que la legislación que se establezca debería contemplar cronogramas de reducciones de importaciones posibles de cumplir.

En razón de lo anterior, el Ejecutivo ha estimado necesario dotar al Servicio Nacional de Aduanas de las herramientas necesarias para limitar las importaciones de sustancias agotadoras de la capa de ozono a través de una ley.

Puesto en votación en general, con todas las indicaciones y aportes de una serie de especialistas, fue aprobado por cuatro votos a favor, de los diputados señores García-Huidobro , Navarro , Olivares y Sánchez .

Durante la discusión en particular, el Ejecutivo presentó una indicación que sustituye totalmente el proyecto de ocho artículos que venía en primer trámite constitucional del Senado, para transformarlo en una iniciativa de veintiocho artículos.

De esa manera, en el segundo trámite constitucional incorpora medidas concretas que permiten cumplir con las obligaciones de reducción de las importaciones de sustancias controladas, para llegar a la eliminación final de los clorofluorocarbonos el año 2010 y de bromuro de metilo el año 2015.

En cuanto a su contenido, establece mecanismos de control aplicables a las sustancias agotadoras de la capa de ozono y a los productos cuyo funcionamiento requiera del uso de dichas sustancias.

El Título V contiene los artículos 26, 27 y 28, mediante los cuales se regula lo relativo al bromuro de metilo y se establece la entrada en vigencia de la ley, a partir de su publicación.

Con ocasión del debate de la indicación sustitutiva, se recibieron opiniones de las siguientes personas: señora Paulina Saball directora ejecutiva; señor Eduardo Correa , fiscal; señora Anita Zúñiga , coordinadora del Programa Ozono, todos de la Conama; señores Raúl Allard Neumann , director del Servicio Nacional de Aduanas; Hugo Martínez Torres , subdirector nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Odepa ; Arturo Correa , representante del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG; señora Nils Pazos , coordinadora del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence ; señor Lincoyán Zepeda , director subrogante del Sence ; doctora Soledad Ubilla , jefa de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción; señor Eduardo Díaz , asesor jurídico del Ministerio de Salud, y otros más.

El subdirector nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Odepa , señor Hugo Martínez Torres, recalcó que sólo el bromuro de metilo utilizado para fines de fumigación de suelos era el que se incluía dentro de las regulaciones del Protocolo.

Insistió en que el incumplimiento del país frente a las exigencias del Protocolo de Montreal, junto a otros países con un desarrollo muy inferior a Chile, constituía un gran daño a la imagen externa de nuestro país y urgía buscar una solución. De allí la urgencia para aprobar este proyecto.

Constancias reglamentarias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 289 del Reglamento de la Corporación, cabe consignar lo siguiente:

El artículo 24 es de quórum orgánico constitucional, por cuanto incide en asuntos inherentes a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, lo que es materia de ley orgánica constitucional, al tenor de lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política, en relación con el artículo 63, inciso segundo del mismo Texto Fundamental.

Asimismo, es preciso señalar que el proyecto fue aprobado en general con el voto de los diputados señores García-Huidobro , Navarro , Olivares y Sánchez .

No contiene artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

El informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, a la cual Chile presentó una evaluación voluntaria hace algunos meses, dice que Chile está en deuda con el control de la sustancia agotadora de la capa de ozono.

Reitero: Chile está en deuda y, por lo tanto, es muy importante aprobar el proyecto, que consideramos un avance importante en el compromiso y acuerdos internacionales que tiene el país. De no aprobarse la iniciativa, Chile seguirá estando en mora, lo que afecta su imagen internacional y nos obliga a adoptar una serie de medidas que tienden a proteger la salud de las personas y el medio ambiente.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, el cumplimiento de los acuerdos internacionales prestigia al país, particularmente al Congreso Nacional.

El Protocolo de Montreal requería de una ley interna que permitiera establecer las condiciones en que Chile cumplía los acuerdos y se sometía al contexto de las naciones que van a hacer un aporte para regular y controlar las emisiones, los productos, las importaciones y exportaciones de todo lo que pudiera ocasionar un daño a la capa de ozono. Es lo que hace el proyecto.

Sin duda, vamos a tener un debate sobre algunos aspectos que van a resultar controversiales, como es la reducción de bromuro de metilo, usado ampliamente en la agricultura.

Sin embargo, quiero destacar y resaltar lo que pueda ser práctico para las personas y qué contribución, aparte de la restricción de importación, le corresponde a la ciudadanía para que esta ley se aplique, fiscalice y controle.

La destrucción de la capa de ozono, tal como se señala en el informe, está directamente ligada a la contaminación provocada por los clorofluorocarbonos, compuestos químicos industriales presentes en productos como aerosoles, pinturas, electrodomésticos. Se sintetizaron alrededor de 1930, y hoy están ampliamente difundidos.

¿Quiénes son responsables de esa situación? Sin duda, nuestro país no lo es. El 90 de por ciento de esta contaminación la produce Europa, Estados Unidos, Japón y Rusia. No obstante, consideramos muy importante que nuestro país pueda cumplir con las exigencias de importación de estos productos y que los consumidores chilenos sepan qué artículos contienen clorofluorocarbonos, para que puedan elegir de manera informada al momento de comprar. La promulgación de esta ley va a determinar que estos productos no puedan ser elaborados en Chile y los que queden tendrán un tiempo definido para su venta en el mercado, para cesar de manera definitiva su uso y aplicación.

El artículo 17 del Título III establece que los efectos científicamente comprobados que produzcan la radiación ultravioleta sobre la salud humana serán evaluados periódicamente por el Ministerio de Salud. Sin embargo, tenemos un déficit severo de equipos e instrumental que permita una adecuada evaluación y control de la radicación ultravioleta.

Con la Comisión de Medio Ambiente hemos estado en dos oportunidades en la Duodécima Región, Punta Arenas, en donde nos hemos entrevistado con la docente Lidia Morales . A través de ella y de otros científicos que tienen especial y gran preocupación por estos temas, hemos sabido que los equipos con los cuales se evalúa la radiación ultravioleta eran parte de un convenio-acuerdo con una universidad brasileña, ya que la Universidad de Magallanes, que cumple un destacado rol en la investigación, particularmente en la medición de la radiación ultravioleta, no contaba con el equipamiento necesario.

Por lo tanto, si se aprueba el proyecto de ley, habrá que proporcionar recursos para que quienes están dedicados a la investigación y, en consecuencia, pueden proporcionar los datos fidedignos al Ministerio de Salud, cuenten con los equipos especializados, actualizados al año 2005, de manera que la información sea confiable.

Creo que el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 se obtendrá con aportes del Estado a las universidades públicas o a través de Conicyt o Fondecyt. De esta forma, mediante fondos concursables, se privilegiará de manera decisiva la adquisición permanente de equipos que permitan efectuar esas mediciones.

Una novedad importante dice relación con los informes meteorológicos, los cuales, por ser parte de la climatología, muchas veces son desechados. En efecto, existe una falta de credibilidad en los informes meteorológicos, costumbre que no sólo atraviesa a la población civil, sino también a muchas otras instituciones. Sin embargo, a partir de los trágicos sucesos de Antuco, dichos informes cobraron plena vigencia y recibieron un respaldo que hasta ese momento no tenían, por lo cual deben ser respetados.

En este sentido, el artículo 18 establece que: “Los informes meteorológicos emitidos por medios de comunicación social deberán incluir antecedentes acerca de la radiación ultravioleta y sus fracciones, y de los riesgos asociados.

“Los organismos públicos y privados que midan radiación ultravioleta lo harán de acuerdo con los estándares internacionales y entregarán la información necesaria a la Dirección Meteorológica de Chile para su difusión. Estos informes deberán expresar el índice de radiación ultravioleta según la tabla que establece para estos efectos la Organización Mundial de la Salud, e indicarán, además, los lugares geográficos en que se requiera de protección especial contra los rayos ultravioleta”.

Esto es muy importante, por cuanto siempre se asocia a la zona austral, a Punta Arenas, con este problema, en circunstancias de que, en algunas épocas del año -los diputados que representan a Punta Arenas así lo saben-, afecta a la zona que va desde Punta Arenas hasta la Región Metropolitana, es decir, alcanzando incluso a la capital. Existe una exposición sin que los ciudadanos sepan a qué índices de radiación ultravioleta se exponen de manera constante, en particular en el período de verano.

Por lo tanto, esta disposición va a requerir una preocupación especial.

Por su parte, el artículo 19 dispone que los empleadores deberán brindar protección eficaz a sus trabajadores cuando puedan estar expuestos a radiación ultravioleta.

Esta es una notificación muy importante para que la ley no sea letra muerta. Así, las direcciones del trabajo, particularmente los departamentos de salud laboral, deberán controlar y fiscalizar que los empleadores proporcionen todos los elementos necesarios para proteger eficazmente a los trabajadores expuestos a radiación ultravioleta.

Para esos efectos, los contratos de trabajo o los reglamentos internos de las empresas deberán especificar el uso de los elementos protectores correspondientes, de conformidad con las disposiciones del reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

Ésta es una obligación que imponemos a la Dirección del Trabajo, instancia que deberá fiscalizar su cumplimiento, particularmente cuando los índices entregados por meteorología indiquen que los trabajadores expuestos a la radiación ultravioleta deban tener los implementos necesarios, los cuales, además, deberán estar certificados.

El artículo 20 señala: “Los instrumentos y artefactos que emitan radiación ultravioleta, tales como lámparas o ampolletas, deberán incluir en sus especificaciones técnicas o etiquetas, una advertencia de los riesgos a la salud que su uso puede ocasionar”.

Hasta ahora, no existía esa obligación. Las lámparas y ampolletas están en el mercado. La gente las adquiere muchas veces por la novedad de que producen una bonita luz, con preciosos efectos durante la noche. Pero, a partir de la aprobación del proyecto de ley, los efectos de dicha luz sobre la salud deberán estar indicados de manera clara en su etiqueta.

Asimismo, esto es muy importante, ha habido un largo debate acerca de la autorización de lentes y, en especial, de promover masivamente protecciones.

Al respecto, el artículo 21 establece: “Los bloqueadores, anteojos y otros dispositivos o productos protectores de la quemadura solar, deberán llevar indicaciones que señalen el factor de protección relativo a la equivalencia del tiempo de exposición a la radiación ultravioleta sin protector, indicando su efectividad ante diferentes grados de deterioro de la capa de ozono”.

Esto debe cumplirse y debe ser fiscalizado por el Servicio Nacional del Consumidor.

He dado cuenta de algunos aspectos muy prácticos del proyecto, ya que el diputado Sánchez se refirió a los contenidos.

Sin embargo, antes de terminar mi intervención, quiero hacer dos referencias.

Respecto del bromuro de metilo, consultamos expresamente a la Odepa, del Ministerio de Agricultura, sobre sus efectos en la agricultura, particularmente en cuanto al tema del empleo. Cada vez que tomamos alguna decisión que restringe las importaciones y exportaciones de productos, hay un efecto colateral directo o indirecto en el empleo. Ahora se nos ha asegurado que esta restricción no va a provocar impactos en el empleo.

Invitamos al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, a la Odepa y al Ministerio de Agricultura porque estamos preocupados de que los efectos indirectos o directos sobre el empleo pudieran ser abordados con la legislación, de manera de evitar cesantía. Del mismo modo, hemos recalcado al director del Servicio Nacional de Aduanas , que es el organismo clave en la fiscalización de las exportaciones e importaciones, la necesidad de que el Servicio cuente con el personal idóneo para ejercer esta función. Existían dudas sobre su capacidad para asumir esta nueva responsabilidad, pero se nos han dado garantías de que puede hacerlo y espero que se cumpla.

Por último, quiero entregar mi posición de disenso respecto del tema de las multas.

Presenté una indicación sobre esta materia, porque se establecieron multas desde 2 a 50 UTM, es decir, hasta un millón y medio de pesos para quienes no cumplan, las que considero insuficientes.

El debate sobre las multas administrativas está vigente en el Congreso Nacional, porque no resulta apropiado que un importador o productor atente contra la salud de las personas, viole aquellos aspectos que hemos planteado en este proyecto, y sólo se le aplique una multa entre 60 mil y un millón y medio de pesos. Éste es un tema que no logramos resolver, porque el proyecto no se refería a las multas. Sin embargo, quiero dejar constancia de que, en materia de multas administrativas por incumplimiento de leyes importantes, debieran contemplarse -es un debate pendiente- aspectos penales o multas disuasivas, lo que, lamentablemente, en este caso no ocurre.

He dicho.

El señor CORNEJO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea.

El señor GALILEA (don Pablo).-

Señor Presidente , valoro y destaco la importancia de la moción de los senadores Horvath , Ruiz De Giorgio , Stange y Vega .

Las evidencias del deterioro creciente de la capa de ozono en el hemisferio sur y los efectos que ello provoca en los seres vivos en nuestro país, en especial en la región austral -no en vano los autores de la moción son, precisamente, senadores de las regiones australes-, hacen más que necesario informar oportunamente a la población acerca de los efectos que produce la radiación ultravioleta originada por ese deterioro, como también efectuar las coordinaciones necesarias entre la información que se otorga y los medios de medición.

Por lo mismo, los riesgos que implica para la salud el deterioro de la capa de ozono, evidenciados en el desarrollo del cáncer a la piel, el daño al sistema inmunológico, los daños visuales, las quemaduras de sol y el envejecimiento prematuro de la piel, el aumento del riesgo de dermatitis alérgica y tóxica, la activación de ciertas enfermedades por bacterias y virus, etcétera, justifican plenamente educar a la población y lograr que estén informados, por ejemplo, a través de los informes meteorológicos. Se trata de que éstos incluyan datos sobre la radiación ultravioleta y los riesgos asociados, que los productos que deterioran el ozono atmosférico lleven una advertencia; que los filtros, protectores solares, anteojos protectores y otros elementos similares consignen el factor de protección en relación a la equivalencia de tiempo de exposición a la radiación sin protector; que los contratos laborales que tengan relación con personas que están expuestas a la radiación solar especifiquen el uso de los elementos protectores que correspondan; que los organismos competentes confeccionen y evalúen un informe anual que dé cuenta de los efectos de la radiación en seres humanos, flora, fauna y recursos asociados, el cual deberá ser dado a conocer a la comunidad mediante libre acceso.

Por todas las graves consecuencias que tiene el deterioro de la capa de ozono, se justifica plenamente la moción que originó este proyecto, por lo que insto a mis colegas a votarlo a favor.

He dicho.

El señor CORNEJO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO .-

Señor Presidente , sin duda este proyecto va en la dirección correcta, ya que establece mecanismos de protección y evaluación de los efectos producidos por el deterioro de la capa de ozono en el hemisferio sur. Por los constantes perjuicios que ello ocasiona a la salud de las personas, el proyecto pretende obligar a los medios de comunicación social que emiten informes meteorológicos, a proporcionar antecedentes acerca de la radiación ultravioleta y sus riesgos asociados.

Las modificaciones introducidas en la Comisión perfeccionan la iniciativa, precisando algunos conceptos que se encontraban poco claros y obligaciones que podían ser interpretadas de distinta manera.

En general, el proyecto es bastante razonable. Se debe legislar en esta materia, debido a que el deterioro de la capa de ozono es progresivo y ocasiona importantes problemas a la salud y a la calidad de vida de personas que se ven afectadas por la radiación ultravioleta.

Es muy importante destacar el artículo 19 del proyecto, que establece que “los empleadores deberán adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente a los trabajadores cuando puedan estar expuestos a la radiación ultravioleta. Para estos efectos, los contratos de trabajo o los reglamentos internos de las empresas, según el caso, deberán especificar el uso de los elementos protectores correspondientes, de conformidad con las disposiciones del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo”.

La gama de actividades o profesiones en que una persona podría verse afectada por la radiación solar es muy amplia. Por ello, resulta absolutamente conveniente acotar la disposición para aquellas personas que, en el ejercicio de su profesión o actividad en forma permanente, puedan estar afectas a la radiación solar.

El artículo 9º establece las condiciones para la reglamentación del consumo nacional de las sustancias y productos controlados. En este sentido, sería bueno contar con reglas claras en cuanto a las cuotas de importación de bromuro de metilo y definir usos críticos permitidos para este producto, de acuerdo con las exigencias del Protocolo de Montreal. Se establecen plazos razonables para, ojalá, sustituir dicho producto que es muy necesario para el desarrollo de la agricultura.

Es importante destacar que los informes meteorológicos deberán contar con la información de la radiación ultravioleta.

Por otra parte, el artículo 21 establece que: “Los bloqueadores, anteojos y otros dispositivos o productos protectores de la quemadura solar, deberán llevar indicaciones que señalen el factor de protección relativo a la equivalencia del tiempo de exposición a la radiación ultravioleta sin protector, indicando su efectividad ante diferentes grados de deterioro de la capa de ozono”.

También es importante destacar que el artículo 22 dice que: “Cuando las leyes y reglamentos obliguen a exhibir carteles, avisos o anuncios en playas, balnearios y piscinas, relativos a su aptitud para el baño o la natación, o acerca de su estado de contaminación o condiciones de seguridad, deberá incluirse en aquellos la siguiente advertencia:”La exposición prolongada a la radiación solar ultravioleta puede producir daños a la salud”. La existencia de anuncios de advertencia en esos lugares de recreación constituyen un avance en esta materia.

La bancada de la Unión Demócrata Independiente votará a favor el proyecto de los senadores señores Horvath , Ruiz de Giorgio , Stange y Vega, porque va en la dirección correcta de cuidar nuestra salud y el medio ambiente.

He dicho.

El señor CORNEJO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez .

El señor ÁLVAREZ .-

Señor Presidente , coincido plenamente con las palabras del diputado García-Huidobro en cuanto a que la UDI apoyará la iniciativa en debate.

También coincido con lo manifestado por los diputados Pablo Galilea -representa a un distrito de la Undécima Región-, Alejandro Navarro y Leopoldo Sánchez , en el sentido de que esta situación es cada vez más compleja, no sólo para las regiones australes, sino también para otras zonas, como el centro del país, aunque se trate de un problema bastante olvidado por la mayoría de sus habitantes.

Desde hace cinco o seis años, así como en Santiago se emplea una serie de instrumentos para medir la contaminación, en las zonas australes constantemente se hacen advertencias sobre el estado de la radiación ultravioleta a través de un sistema, que es un verdadero semáforo, que indica, incluso, cómo pueden desarrollarse algunas actividades educacionales, como las clases de educación física, el máximo de horas de exposición al sol a que puede estar una persona o la necesidad urgente de utilizar medios para protegerse de la radiación ultravioleta, como cremas, sombreros o instrumentos ópticos. Se trata de un problema serio, del que sólo hasta ahora se ha ido tomando cierta conciencia en las regiones australes, pero que requiere una respuesta legislativa por el Congreso Nacional.

Por lo tanto, la mayor parte de las medidas propuestas en el proyecto, las advertencias publicitarias, la necesidad de adherir a la lucha mundial por contener las emisiones de clorofluorocarbonos, que son los elementos químicos que más han contribuido al deterioro de la capa de ozono, las disposiciones establecidas en diversos cuerpos legales sobre la materia y las sanciones dispuestas para la infracción a esta futura ley -es posible que su monto sea insuficiente, pero es preferible contar con un estatuto jurídico como éste-, constituyen un aporte concreto a la salud no sólo de los habitantes de las regiones australes, sino también de los del centro del país, que se ven afectados por la disminución de la capa de ozono.

Por constituir una importante contribución legislativa, anuncio el voto favorable de los diputados de la UDI a esta iniciativa y mi voto como diputado que representa a Magallanes y la Antártica Chilena.

He dicho.

El señor CORNEJO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.

El señor ROJAS.-

Señor Presidente , la disminución de la capa de ozono es un problema que afecta no sólo a la zona austral, sino también al resto del país, y debemos tomar conciencia de sus consecuencias.

El proyecto tiene por finalidad la adecuada implementación del Protocolo de Montreal, que establece resguardos respecto de aquellas sustancias que, de acuerdo con investigaciones científicas, dañan la capa de ozono.

¿Qué consecuencias trae la reducción de la capa de ozono? Los efectos de la alta radiación ultravioleta puede producir los siguientes efectos: desarrollo de cáncer a la piel, daño al sistema inmunológico, daño visual, quemaduras de sol y envejecimiento prematuro de la piel, aumento del riesgo de dermatitis alérgica y tóxica, activa ciertas enfermedades por bacterias y virus e impacta a la población laboral que trabaja al aire libre.

En el distrito que represento, muchas personas trabajan en la pampa salitrera, expuestas a una alta radiación solar. Por lo tanto, el proyecto tiende a buscar mecanismos para que todos, en conjunto, demos soluciones al problema.

En su Título III, el proyecto establece medidas de difusión, evaluación, prevención y protección frente a la radiación ultravioleta. Al respecto, existen responsabilidades compartidas, como decía el diputado Álvarez . Hemos asumido el compromiso legislativo de trazar un camino cierto y valedero que dé solución a un problema que vivimos a diario en nuestra comunidad. Este camino implica un cambio cultural y conductual de nuestra población. Por eso, hemos querido -así lo manifestamos durante la discusión del proyecto- que también participen los conocedores del tema, a fin de que, pedagógicamente, sobre la base del conocimiento y del entendimiento, se le explique a la gente, especialmente a la juventud, el daño que causa la radiación ultravioleta y la necesidad de tomar las providencias del caso. En este sentido, el artículo 19 dispone que sin perjuicio de las obligaciones establecidas en los artículos 184 del Código del Trabajo, los empleadores deberán adoptar las medidas pertinentes y necesarias para proteger eficazmente a sus trabajadores.

Junto con mi colega de distrito, el diputado señor Pedro Araya , solicitamos protección para el personal de Carabineros de Chile, lo cual no es un tema menor, porque ellos pasan muchas horas en las calles, a pleno sol. Debemos buscar, a través de los organismos respectivos, las protecciones necesarias para que esa gente no sufra en su desempeño laboral los problemas mencionados.

Queremos que las medidas de protección que se adopten en las empresas sean asociadas con un cambio cultural, a fin de que el trabajador acepte algo tan simple como aplicarse bloqueador solar, el cual, por cierto, deberá contar con toda la información necesaria para proporcionar el cuidado como corresponde.

En el mercado se venden libremente en la calle anteojos que no sabemos si realmente protegen contra la radiación ultravioleta. Por eso, el artículo 21 establece que los bloqueadores, anteojos y otros dispositivos deben incluir información que señale el factor de protección. En el caso de los cigarrillos, por ejemplo, las cajetillas dicen que el tabaco es dañino para la salud.

Estamos frente a un proyecto interesante no sólo porque hace partícipe a nuestro país del Protocolo de Montreal, sino también porque busca la protección de la salud humana. Por eso, como ya lo señalaron los diputados de la Unión Demócrata Independiente que me antecedieron en el uso de la palabra, votaremos a favor la iniciativa.

He dicho.

-Con posterioridad, la Sala votó el proyecto en los siguientes términos:

El señor ASCENCIO ( Presidente ).-

En votación general el proyecto que establece mecanismos de protección y evaluación de los efectos producidos por el deterioro de la capa de ozono, con excepción del artículo 24, que requiere quórum orgánico constitucional.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa: 79 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ASCENCIO (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bayo Veloso Francisco; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Caraball Martínez Eliana; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo Vidaurrázaga Patricio; Correa De La Cerda Sergio; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Forni Lobos Marcelo; Galilea Vidaurre José Antonio; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Guido; Guzmán Mena María Pía; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Ibáñez Santa María Gonzalo; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Kuschel Silva Carlos Ignacio; Leal Labrín Antonio; Leay Morán Cristián; Longueira Montes Pablo; Lorenzini Basso Pablo; Luksic Sandoval Zarko; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Mella Gajardo María Eugenia; Molina Sanhueza Darío; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz Aburto Pedro; Muñoz D'albora Adriana; Navarro Brain Alejandro; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Pérez Arriagada José; Pérez Lobos Aníbal; Prieto Lorca Pablo; Recondo Lavanderos Carlos; Riveros Marín Edgardo; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Salas de la Fuente Edmundo; Sánchez Grunert Leopoldo; Seguel Molina Rodolfo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Tapia Martínez Boris; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Varela Herrera Mario; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Villouta Concha Edmundo; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.

El señor ASCENCIO ( Presidente ).-

En votación general el artículo 24, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 66 diputadas y diputados en ejercicio.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ASCENCIO (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bayo Veloso Francisco; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Caraball Martínez Eliana; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo Vidaurrázaga Patricio; Correa De La Cerda Sergio; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Forni Lobos Marcelo; Galilea Vidaurre José Antonio; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Guido; Guzmán Mena María Pía; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Ibáñez Santa María Gonzalo; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jeame Barrueto Víctor; Kast Rist José Antonio; Kuschel Silva Carlos Ignacio; Leal Labrín Antonio; Leay Morán Cristián; Longueira Montes Pablo; Lorenzini Basso Pablo; Luksic Sandoval Zarko; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Mella Gajardo María Eugenia; Molina Sanhueza Darío; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz Aburto Pedro; Muñoz D’Albora Adriana; Navarro Brain Alejandro; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Pérez Arriagada José; Pérez Lobos Aníbal; Prieto Lorca Pablo; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Salas de la Fuente Edmundo; Sánchez Grunert Leopoldo; Seguel Molina Rodolfo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Tapia Martínez Boris; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Varela Herrera Mario; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Villouta Concha Edmundo; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.

El señor ASCENCIO (Presidente).-

Corresponde conocer las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley, originado en mensaje, que modifica la ley Nº 16.271, en lo relativo al cobro de aranceles por parte de los conservadores de bienes raíces.

Antecedentes.

-Modificaciones del Senado, boletín Nº 3642-07, sesión 13ª, en 6 de julio de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 3.

El señor BURGOS .-

Señor Presidente , el proyecto de ley, despachado unánimemente por la Cámara y el Senado, tiene como objetivo central poner al día una norma que se incorporó en el nuevo texto de la ley sobre impuestos a las herencias y donaciones con ocasión de las modificaciones hechas al proyecto que pone buena parte de las posesiones efectivas en sede administrativa y no judicial.

En efecto, quedó rezagada una norma que tenía que ver con el privilegio de pobreza. Al respecto, el texto aprobado por la Cámara establece que las actuaciones de los conservadores de bienes raíces a que den lugar las posesiones efectivas de herencias cuya masa de bienes no exceda de 15 unidades tributarias anuales estarán liberadas del pago de derechos arancelarios. En este sentido, existe una presunción de derecho de privilegio de pobreza para quien las requiera.

Asimismo, aquellas cuya masa de bienes exceda dicho monto y no supere las 45 unidades tributarias anuales, estarán liberadas del 50 por ciento del pago de dichos derechos, tanto la inscripción del auto de posesión efectiva como la especial de herencia.

Por su parte, el senador Ríos, con la mejor de las intenciones, aprovechó el proyecto y la idea matriz de un privilegio para determinadas personas naturales y jurídicas, atendidas ciertas circunstancias, para incorporar un inciso del siguiente tenor:

“Estarán también totalmente exentas del pago de esos derechos las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que deban practicar los conservadores de bienes raíces referidas a bienes inmuebles que se traspasen a las iglesias y entidades religiosas constituidas como personas jurídicas conforme a las disposiciones de la ley Nº 19.638”.

Hay una serie de actos jurídicos que deben realizar las iglesias para convertirse en personas jurídicas y realizar las actuaciones que prescribe la nueva ley de matrimonio civil.

Si bien es cierto el sentido de la norma es correcto, desgraciadamente su redacción puede dar cabida a que no sólo se declaren exentos los traspasos de bienes inmuebles que se hagan con ocasión de las modificaciones a que los obliga la ley antes citada. Del texto se podría colegir que se está liberando de pago cualquier actuación en relación con los inmuebles, lo cual no es la intención del legislador ni del senador Mario Ríos , y podría prestarse para interpretaciones abusivas, en el sentido de que gestiones de inmuebles relacionadas con las iglesias, que nada tienen que ver con ponerse al día con la ley de matrimonio civil, pudieran quedar exentas de pago de aranceles, aunque de por medio tuvieran un lícito negocio inmobiliario.

En consecuencia, se requiere una modificación a ese inciso segundo, para que simplemente diga: “Estarán también totalmente exentas del pago de esos derechos de las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que deban practicar los conservadores de bienes raíces referidas a bienes inmuebles que se traspasen a las iglesias y entidades religiosas constituidas como personas jurídicas conforme a las disposiciones del artículo 18 de la ley Nº 19.638.”, y no de las disposiciones generales, en las cuales está el problema.

Este hecho -revisé el texto del debate de la Sala del Senado, no de la Comisión- lo detectó el senador Andrés Chadwick . A mi juicio, lo que corresponde es votar en contra el inciso segundo agregado por el Honorable Senado a los efectos de dejar claro su intención, su redacción, con la simple consideración que hice.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.

El señor TUMA.-

Señor Presidente , hoy estamos conociendo las modificaciones del Senado a un proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados y que, en su origen, tiene que ver con cómo acercamos la justicia civil a los ciudadanos.

Cuando alguien muere -es la ley de la vida- sus bienes pasan como herencia a sus herederos. Hasta hace poco, esa gestión se realizaba únicamente mediante un procedimiento que llevaba a cabo un abogado en los tribunales. Durante mucho tiempo había que estar visitando la oficina de ese profesional y hacer pagos periódicos para recibir alguna información sobre el trámite de la famosa posesión efectiva, que no salía nunca.

El Congreso Nacional aprobó una legislación mediante la cual los herederos, no existiendo conflictos entre ellos y siendo la masa de bienes de bajo monto, pueden realizar el trámite de la posesión efectiva gratuitamente ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, sin tener que recurrir a los tribunales de justicia.

Ahora se presenta este nuevo proyecto, que modifica la ley Nº 16.271, en lo relativo al cobro de aranceles por parte de los conservadores de bienes raíces, que dice: “Las actuaciones de los conservadores de bienes raíces a que den lugar las posesiones efectivas de herencias cuya masa de bienes no exceda de 15 unidades tributarias anuales, estarán liberadas del pago de los derechos arancelarios correspondientes. Asimismo, aquellas cuya masa de bienes exceda de dicho monto y no supere las 45 unidades tributarias anuales, estarán liberadas del 50 por ciento del pago de dichos derechos”. Es decir, cuando son menores de 15 unidades tributarias anuales quedan exentas de pago y cuando son mayores de dicho monto, pagan el 50 por ciento.

Pero, el Senado incorporó la siguiente disposición: “Estarán también totalmente exentas del pago de estos derechos las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que deban practicar los conservadores de bienes raíces referidas a bienes inmuebles que se traspasen a las iglesias y entidades religiosas, constituidas como personas jurídicas conforme a disposiciones de la Ley Nº 19.638”.

Me parece que debemos celebrar esta iniciativa, por cuanto permitirá abaratar los costos de la posesión efectiva y dejar exentas del pago de aranceles conservatorios las donaciones que se hacen con fines religiosos, como donar un bien raíz, lo que beneficiará a las iglesias más pequeñas, a las cuales pertenecen miles de ciudadanos de escasos recursos, quienes tienen en ellas un lugar para profesar su fe.

Por tanto, nuestra bancada aprobará las modificaciones introducidas por el Senado.

He dicho.

-Con posterioridad, la Sala votó el proyecto en los siguientes términos:

El señor ASCENCIO ( Presidente ).-

En votación las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que modifica la ley Nº 16.271, en lo relativo al cobro de aranceles por parte de los conservadores de bienes raíces.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa: 6 votos; por la negativa, 70 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor ASCENCIO ( Presidente ).-

Rechazadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Bayo Veloso Francisco; Muñoz Aburto Pedro; Sánchez Grunert Leopoldo; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Caraball Martínez Eliana; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo Vidaurrázaga Patricio; Correa De La Cerda Sergio; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Forni Lobos Marcelo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Guido; Guzmán Mena María Pía; Hernández Hernández Javier; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jeame Barrueto Víctor; Kast Rist José Antonio; Kuschel Silva Carlos Ignacio; Leal Labrín Antonio; Leay Morán Cristián; Longueira Montes Pablo; Lorenzini Basso Pablo; Luksic Sandoval Zarko; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Mella Gajardo María Eugenia; Molina Sanhueza Darío; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Navarro Brain Alejandro; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Riveros Marín Edgardo; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Salas de la Fuente Edmundo; Seguel Molina Rodolfo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Tapia Martínez Boris; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Varela Herrera Mario; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Vilches Guzmán Carlos; Villouta Concha Edmundo; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Hales Dib Patricio; Ibáñez Santa María Gonzalo; Prieto Lorca Pablo; Soto González Laura; Vidal Lázaro Ximena.

El señor ASCENCIO ( Presidente ).-

Corresponde ocuparse del proyecto de ley, originado en mensaje, en primer trámite constitucional, que modifica el Código de Procedimiento Civil y la ley Nº 19.799, sobre documento electrónico, firma electrónica y los servicios de certificación de dichas firmas.

Diputado informante de la Comisión de Ciencias y Tecnología es el señor Patricio Walker.

Antecedentes:

-Mensaje, boletín Nº 3797-19, sesión 45ª, en 2 de marzo de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 1.

-Informe de la Comisión de Ciencias y Tecnología, sesión 77ª, en 17 de mayo de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 2.

El señor WALKER.-

Señor Presidente , en representación de la Comisión de Ciencia y Tecnología, paso a informar sobre el proyecto de ley, originado en mensaje, en primer trámite constitucional, que modifica el Código de Procedimiento Civil y la ley Nº 19.799, sobre documento electrónico, firma electrónica y los servicios de certificación de dichas firmas.

Esta iniciativa pretende facilitar la presentación de los documentos electrónicos en juicio, de manera que ésta sea hecha de un modo más efectivo y eficiente, brindando la seguridad jurídica y tecnológica que demanda el actual sistema de administración de justicia. De esta forma, se pretende estimular la aplicación del documento y la firma electrónica.

Para estos efectos, es necesario resolver ciertos aspectos poco claros en la actual legislación procesal y sustantiva en la materia, fundamentalmente relativos a la incorporación, producción, objeción, valoración de los mismos en un juicio, modificando el Código de Procedimiento Civil, en el sentido de normar expresamente su admisibilidad y la forma en que producirán plena prueba.

Además, en la Comisión se manifestó que es necesario actualizar la ley Nº 19.799 luego de la experiencia adquirida durante su vigencia, siguiendo la expresión usada en la legislación española “fecha electrónica”, y adecuando el alcance del artículo 5º respecto de los instrumentos privados suscritos mediante firma electrónica avanzada.

Todos los artículos fueron aprobados por unanimidad por la Comisión, cuyo texto se reproduce en el informe, destacando principalmente lo siguiente:

“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código de Procedimiento Civil.

1) Agrégase el siguiente número 6, nuevo, al artículo 342:

“6. Los documentos electrónicos”.

Esta norma responde, básicamente, a la necesidad de incorporar expresamente el documento electrónico a nuestra legislación procesal, con la finalidad de generar un marco adecuado, dada la innegable importancia y aumento de uso en el ámbito comercial y financiero.

Puesto en votación, fue aprobado por unanimidad.

2) Agrégase el siguiente artículo 348 bis, nuevo:

“Artículo 348 bis. Presentado un documento electrónico, el Tribunal citará para el 6º día a todas las partes a una audiencia de percepción documental. En caso de no contar con los medios, herramientas e instrumentos electrónicos que permitan su adecuada percepción, apercibirá a la parte que presentó el documento con tenerlo por no presentado de no concurrir a la audiencia con los medios electrónicos que permitan su debida percepción.

“Tratándose de documentos electrónicos que no puedan ser transportados al tribunal, la audiencia tendrá lugar donde éstos se encuentren, a costa de la parte que los presente.

“En caso de que el documento sea objetado, de conformidad con las reglas generales, el Tribunal podrá ordenar una prueba complementaria de autenticidad, a costa de la persona que formula la impugnación, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre pago de costas. El resultado de la prueba complementaria de autenticidad será suficiente para tener por reconocido o por objetado el instrumento, según corresponda.

“Para los efectos de proceder a la realización de la prueba complementaria de autenticidad, los peritos procederán con sujeción a lo dispuesto por los artículos 417 a 423.

“En el caso de documentos electrónicos privados, para los efectos del artículo 346, Nº 3, se entenderá que han sido puestos en conocimiento de la parte contraria en la audiencia de percepción”.

El artículo 1º, tal como se señalara en las ideas matrices del proyecto, incorpora materialmente al Código de Procedimiento Civil el “documento electrónico”, mediante la introducción de un nuevo numeral al artículo 342 de dicho cuerpo normativo, artículo que enumera los denominados “instrumentos públicos en juicio”.

Asimismo, el proyecto incorpora un artículo 348 bis al Código de Procedimiento Civil, que contempla el procedimiento de producción y objeción -en juicio- de los documentos electrónicos, a través de una audiencia de percepción documental, y regula la ausencia de tecnología -en el tribunal- y la carga de las costas para los efectos de contar con ella.

Los diputados señores Álvarez-Salamanca , Bayo, Egaña y Walker presentaron una indicación al numeral 2 del artículo 1º, para reemplazar en el inciso 1º del artículo 348 bis las palabras “herramientas e instrumentos electrónicos necesarias” por “técnicos electrónicos necesarios para”, y para eliminar las palabras “electrónicos que permitan su debida percepción”, incorporando la palabra “dichos” entre las palabras “con” y “medios”.

Puesta en votación, fue aprobada por unanimidad.

En el artículo 2º se introducen las siguientes modificaciones a la ley 19.799.

1) Agrégase al artículo 2º la siguiente letra i) nueva:

“i). Fecha electrónica: conjunto de datos en forma electrónica utilizados como medio para constatar el momento en que se ha efectuado una actuación sobre otros datos electrónicos a los que están asociados”.

2) Reemplázase el número 2 del artículo 5 de la ley 19.799, por el siguiente:

“2. Los que posean la calidad de instrumento privado, en cuanto hayan sido suscritos con firma electrónica avanzada, tendrán el mismo valor probatorio señalado en el número anterior. Sin embargo, no harán fe respecto de su fecha, a menos que ésta conste a través de un fechado electrónico otorgado por un prestador acreditado”.

El artículo 2º del proyecto de ley salva la ausencia de certeza en la fecha de los documentos electrónicos, por medio de herramientas conocidas como time stamping, sellado de tiempo o fecha electrónica, mecanismo tecnológico capaz de dar seguridad respecto del momento de otorgamiento o suscripción de un acto, contrato o documento.

En el marco de los documentos privados, éstos harán plena prueba únicamente respecto del hecho de haberse otorgado y las personas que aparecen interviniendo, puesto que para los efectos de la fecha requerirán un certificador de firma electrónica.

Puesto en votación, fue aprobado por unanimidad.

Finalmente, quiero señalar que el proyecto tiene una importancia gravitante para fortalecer el comercio electrónico en Chile, fundamentalmente, entre empresas, para bajar los costos de las transacciones, fomentar el comercio electrónico a nivel gubernamental, en definitiva, hacer carne lo que hoy está en la ley de compras públicas electrónicas, lo que abaratará los costos para el Estado y permitirá más transparencia, y también respecto de las compras que hagan los consumidores a las empresas respectivas.

El comercio electrónico permite mayor productividad, y a los habitantes de un país alejado como el nuestro, que ha celebrado tratados de libre comercio con diversas naciones, les posibilita celebrar transacciones comerciales electrónicas con seguridad.

En primer lugar, da certeza de que las partes que firman un contrato, una carta de crédito, una orden de compra, son quienes dicen ser, es decir, que no habrá suplantación.

En segundo lugar, asegura la integridad del mensaje de datos que consta en el documento electrónico, es decir, que no será adulterado, hackeado o crackeado y, que si ello ocurre, el prestador de servicio certificado, el notario público electrónico, como lo llamamos, denunciará lo sucedido para que la operación se deje sin efecto.

Por último, asegura la no repudiabilidad de las consecuencias jurídicas del contrato, es decir, que las partes cumplirán lo que firman y que, en consecuencia, se producirán los efectos del acto jurídico celebrado por medios electrónicos, por lo que será eficaz.

El Congreso Nacional ya aprobó un proyecto relativo a la firma electrónica y a los prestadores de servicios de certificación acreditados, por lo que esta nueva iniciativa permitirá que esos instrumentos macro pueda ser utilizado de manera micro, en juicio.

Eso es, en términos simples, lo que estamos por aprobar.

El diputado señor Egaña ha presentado algunas indicaciones que creo que todos compartimos, por lo que podemos aprobar el proyecto en general y luego analizar dichas indicaciones en la Comisión.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bayo.

El señor BAYO .-

Señor Presidente , es muy agradable referirse a un proyecto como éste, de la Comisión de Ciencia y Tecnología, materia que en los parlamentos de los países desarrollados es muy importante.

Sólo quiero expresar que esta iniciativa se encuentra en total sintonía con la actual tendencia del mundo globalizado que busca modernizarse y desarrollarse con las tecnologías existentes para, en definitiva, alcanzar una mejor calidad de vida.

El diputado informante fue muy claro y preciso respecto de los alcances de la iniciativa y ha ejemplarizado algunos de los beneficios que surgirán de esta normativa.

Hace pocos días el país conoció el anuncio importante de lo que se ha dado en llamar las licencias médicas electrónicas. En esa oportunidad expresamos nuestra inquietud, porque no pueden otorgarse por medios electrónicos sin que previamente se haya aprobado una iniciativa como la que estamos debatiendo, con la que concuerdo plenamente, al igual que mis colegas de bancada, por lo que anuncio el voto favorable de los diputados de Renovación Nacional.

Por otra parte, quiero manifestar mi conformidad con lo expresado por el diputado informante , en el sentido de acoger las indicaciones del diputado señor Egaña , de manera que ellas podrán ser tratadas por la Comisión una vez que el proyecto sea aprobado en general por la Sala.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Patricio Walker.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, es poco cuanto puedo agregar a lo ya informado.

Básicamente, lo que el proyecto hace es establecer los procedimientos exactos que deberán seguir los tribunales para que, cuando se deba probar en juicio lo que se acordó mediante un documento electrónico, quede fehacientemente establecido, por ejemplo, la obligación contraída.

Las empresas que hacen negocios a través de redes cerradas, generalmente las grandes, operan con certificadores privados, y como confían entre ellas, si surge un problema, como se ha dicho, de desconocer una obligación contraída en un documento electrónico mediante firma electrónica avanzada, lo someten a la consideración de un árbitro.

El problema se produce entre empresas que negocian sin esos resguardos. Cuando esas partes no se conocen y, por lo tanto, no hay un árbitro que resuelva los conflictos entre ellas, es fundamental que se les dé la certeza de que habrá un procedimiento claro para exigir que se cumpla la obligación adquirida en un documento electrónico. Por ejemplo, cuando hay una orden de compra o una carta de crédito y no se respeta lo firmado en un documento electrónico.

Esto tiene mucha importancia para el país por los tratados de libre comercio suscritos. Por ejemplo, si mañana se aprueba el tratado de libre comercio con China y se hace un contrato entre Codelco o el Gobierno de Chile con una empresa china, las obligaciones que se contraigan se tienen que cumplir; de lo contrario se podrá pedir su cumplimiento mediante procedimientos claros, predeterminados, en que se respete el derecho de las partes a presentar sus pruebas. Para ello es necesario que los tribunales tengan las herramientas y los instrumentos tecnológicos para verificar el grado de confiabilidad de las pruebas que se presentan.

Por eso este proyecto es importante. Permitirá -insisto- que los contratantes tengan la certeza de que la contraparte sea efectivamente la que firmó, que no haya suplantación de persona, que en el trayecto de envío, por ejemplo, de una orden de compra o una carta de crédito, el mensaje de datos, que es el que obliga, no sea hackeado, es decir, que su contenido no sea adulterado. Y si ello ocurre, un tercero que opera entre las partes, una empresa prestadora de servicios de certificación acreditada, va a avisar a las partes para que dejen sin efecto la operación.

Además, los efectos de las obligaciones que se contraen deben ser reales; que a lo que me obligo, lo cumplo. Y si no lo hago, a través de los tribunales se exigirá su cumplimiento.

Esto opera de una manera muy simple. Recordemos que la firma electrónica en Chile es tecnológicamente neutra. Hoy funcionamos con la firma electrónica avanzada y existe un certificador o notario público electrónico. Para operar en este sistema tengo que crear mi firma electrónica. Doy mi nombre, me van a dar una clave privada, y en mi computador -en palabras simples- voy a tener un software especial que identificará la firma electrónica creada en el notario público electrónico. Voy a firmar con una tarjeta que se introduce en un lector de tarjetas. Mañana esto puede cambiar porque podrá firmarse con la huella digital, como hoy se hace para obtener el carné de identidad; con el iris del ojo o con otros mecanismos que la ciencia y la tecnología van creando constantemente. Por eso, la ley de firma electrónica, para no quedar obsoleta, es tecnológicamente neutra. Permite todos estos mecanismos.

Con esto, se ahorran costos. En efecto, Chile, está ahorrando cientos de millones de dólares en las empresas públicas. Además, con la firma electrónica avanzada segura garantiza que, efectivamente, las microempresas, las personas naturales y las pequeñas y medianas empresas van a poder ofrecer sus bienes y servicios al Estado. Así se contribuirá a evitar los mercados cautivos y los problemas de falta de transparencia que todos queremos combatir.

Por tanto, este proyecto de ley es muy importante pues posibilitará la presentación de los documentos electrónicos en juicio, permitirá que Chile sea un líder en el comercio electrónico y que otros países se atrevan a negociar con un país tan alejado, que queda en los confines del mundo, pero que da seguridad jurídica. En consecuencia, a través de este mecanismo que da certeza y seguridad, se reducen los costos, ya que no será necesario viajar para celebrar un contrato.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Egaña.

El señor EGAÑA .-

Señor Presidente , el informe que ha entregado el diputado Walker , complementada con su intervención, y la del diputado Bayo, nos dan a conocer la necesidad de este proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Civil y la ley Nº 19.799, sobre los documentos electrónicos.

En un mundo digital, electrónico, es indudable la importancia de esta iniciativa. Espero se apruebe en general.

Hemos presentado tres indicaciones conjuntamente con otros diputados, por lo que el proyecto irá nuevamente a la Comisión de Ciencia y Tecnología para que vuelta totalmente afinado a la Sala.

Por lo tanto, en nombre de la bancada de la UDI anuncio la aprobación de esta importante iniciativa.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , en verdad no puedo sino que concordar con lo expuesto por el diputado Walker sobre la actualización de los medios electrónicos, particularmente por el liderazgo que Chile tiene que ejercer en la industria de la informática a nivel internacional.

La normativa respecto de la firma electrónica, aprobada después de un largo y arduo debate -con poca participación parlamentaria- fue calificada como un gran avance.

Espero que el diputado informante , quien tiene un mejor manejo sobre esta materia, aclare las dudas en algunos aspectos, particularmente en el artículo 1º cuando señala “...el Tribunal podrá ordenar una prueba complementaria de autenticidad, a costa de la persona que formula la impugnación,...”. Resulta paradójico que se reitere un concepto de la ley del consumidor, por cuanto es la cláusula más temeraria y se traduce en lo siguiente: “Si usted va a reclamar, queda advertido que el reclamo puede volverse en su contra”. Esta disposición es un desincentivo total y absoluto, porque deja en desventaja a aquel ciudadano humilde que ante un proceso judicial se le presenta un documento que amerita ser objetado debiendo pagar las costas -que pueden ser muy elevadas- para impugnarlo.

Reitero esto porque en muchos lugares apartados pueden ser presentadas estas pruebas y el traslado para acceder a una apelación también es bastante elevado.

Me gustaría consultarle al diputado Walker si fue considerado en el debate esta situación, con el objeto de garantizar un juicio justo, en que ambas partes participen en igualdad de condiciones y que el hecho de pedir una prueba de autenticidad, no conlleve una discriminación, por cuanto el costo para formular la impugnación debe ser de cargo de quien la hace. Eso me parece un abuso, en particular respecto de la parte que carezca de recursos, razón por la cual no hace uso del derecho de impugnar la veracidad del documento.

El Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados han sido objeto de constante hackeo. Por si los señores diputados no lo saben, les informo que en muchas oportunidades la página del Congreso ha sido hackeada. Con ello quiero decir que existe la posibilidad de que estos instrumentos judiciales pueden ser objeto de intromisión y de alteración por terceros, no necesariamente por las partes, riesgo que debe ser superado con los resguardos de la seguridad electrónica.

Pero me asisten dudas acerca de lo que ocurre cuando se hackea un documento y luego es presentado por una de las partes -no necesariamente debe existir conocimiento previo del mismo-, por ejemplo de la imputación y la penalidad, independientemente de quién haya alterado el documento.

Por lo tanto, la seguridad en un sistema judicial que se está modernizando, pero que en materia de informática presenta las mismas debilidades que el Ejecutivo o el Legislativo, debe ser evaluada.

Creo que se van a presentar indicaciones, por lo que el proyecto tendrá que volver a Comisión. Pero pido al diputado señor Walker que antes de que se vote aclare las dudas que he planteado.

He dicho.

El señor ASCENCIO ( Presidente ).-

Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el diputado señor Walker.

El señor WALKER.-

Señor Presidente , acá rigen las reglas generales existentes en materia de costas, procesales y personales, en el Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, no es ninguna innovación.

Ahora, la preocupación legítima del diputado Navarro acerca de qué pasa con el ciudadano común, modesto, en relación con una persona que puede presentar instrumentos tecnológicos para probar lo que afirma, está resuelta en dos normas. En primer lugar, la que establece que, una vez que se presenta el documento electrónico, el tribunal tiene la obligación -no la facultad- de citar “para el día 6º a todas las partes en una audiencia de percepción documental”.

En segundo lugar, más allá del costo inicial que debe pagar la persona que presenta las pruebas, porque el tribunal no dispone de recursos para el efecto, el tema de las costas se resuelve en la sentencia. El artículo 348 bis, nuevo, dice: “En el caso que el documento sea objetado -lo que plantea el diputado Navarro -, de conformidad con las reglas generales, el Tribunal podrá ordenar una prueba complementaria de autenticidad -o sea, no le basta la prueba presentada-, a costa de la persona que formula la impugnación -lo que señala el diputado Navarro , y aquí viene lo importante-, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre pago de costas.” Por lo tanto, eso es simplemente provisorio.

He dicho.

-Con posterioridad, la Sala votó el proyecto en los siguientes términos:

El señor ASCENCIO ( Presidente ).-

En votación general el proyecto que modifica el Código de Procedimiento Civil y la ley Nº 19.799, sobre documento electrónico, firma electrónica y los servicios de certificación de dichas firmas.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa: 81 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ASCENCIO (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Caraball Martínez Eliana; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo Vidaurrázaga Patricio; Correa De La Cerda Sergio; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Forni Lobos Marcelo; Galilea Vidaurre José Antonio; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Guido; Guzmán Mena María Pía; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Ibáñez Santa María Gonzalo; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jeame Barrueto Víctor; Kast Rist José Antonio; Kuschel Silva Carlos Ignacio; Leal Labrín Antonio; Leay Morán Cristián; Longueira Montes Pablo; Lorenzini Basso Pablo; Luksic Sandoval Zarko; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Mella Gajardo María Eugenia; Molina Sanhueza Darío; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz Aburto Pedro; Muñoz D’Albora Adriana; Navarro Brain Alejandro; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Pérez Arriagada José; Pérez Lobos Aníbal; Prieto Lorca Pablo; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Riveros Marín Edgardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Salas de la Fuente Edmundo; Sánchez Grunert Leopoldo; Seguel Molina Rodolfo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Tapia Martínez Boris; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Varela Herrera Mario; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Villouta Concha Edmundo; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.

-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:

Al artículo 1º

Numeral 1

De los señores Álvarez-Salamanca, Bayo, Egaña, González, Paya y Walker, para reemplazarlo por el siguiente:

“1) Agrégase el siguiente número 6, nuevo, en el artículo 342:

6. Los documentos electrónicos suscritos mediante firma electrónica avanzada.”.

Numeral 2

De los señores Álvarez-Salamanca, Bayo, Egaña, González, Paya y Walker:

a) Para introducir al inicio del inciso tercero del artículo 348 bis, nuevo, propuesto, la siguiente oración: “Sólo podrán ser objetados los documentos electrónicos que no estén suscritos mediante firma electrónica avanzada.”

b) Para sustituir el inciso cuarto por el siguiente:

“Para los efectos de proceder a la realización de la prueba complementaria de autenticidad, sólo podrá recurrirse en calidad de peritos, a los prestadores de servicios de certificación señalados en el artículo 11 de la ley Nº 19.799 y procederán como tales con sujeción a lo dispuesto por los artículos 417 a 423.”.

Al Artículo 2º

Numeral 2

De los señores Álvarez-Salamanca, Bayo, Egaña, González, Paya y Walker, para agregar el siguiente párrafo segundo, en el Nº 2 del artículo 5º que se reemplaza:

“En el caso de documentos electrónicos que posean la calidad de instrumento privado y estén suscrito mediante firma electrónica simple, tendrán el valor probatorio que corresponda, de acuerdo a las reglas generales.”.