Labor Parlamentaria

El señor ASCENCIO (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, originado en mensaje, que introduce modificaciones al marco normativo que rige al sector eléctrico, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.

Antecedentes:

- Modificaciones del Senado, boletín Nº 3806-08. Documentos de la Cuenta Nº 8, de esta sesión.

El señor BERTOLINO.-

Señor Presidente, nos corresponde conocer, en tercer trámite constitucional, el proyecto que introduce modificaciones al marco normativo que rige al sector eléctrico.

En el artículo 79º-2, inciso final, el Senado hizo una adecuación de redacción.

En el artículo 79º-4, inciso tercero, sólo para los efectos de que el reglamento no esté por sobre la ley, después del punto final, ha agregado la siguiente oración: “En ningún caso el reglamento podrá establecer condiciones más gravosas que las establecidas en la presente ley”. A nuestro juicio, lo correcto es que la ley siempre debe estar por sobre el reglamento”.

El Senado agregó también un número 6), nuevo, del siguiente tenor: “Introdúcese en el inciso cuarto del artículo 99 bis, la siguiente oración final: “Tampoco se considerarán fuerza mayor o caso fortuito, las fallas de centrales a consecuencia de restricciones totales o parciales de gas natural proveniente de gaseoductos internacionales”. Esta modificación fue motivo de discusión, pero va en la línea del proyecto de asegurar el abastecimiento de gas.

A nuestro juicio, la modificación más importante es la supresión del artículo 3º, cuyo inciso primero dispone: “Los importadores de gas natural en cualquier estado físico deberán diversificar los aprovisionamientos de gas, de modo tal que la suma a nivel nacional de las importaciones provenientes de un mismo país de origen no sea superior a una proporción equivalente al 85 por ciento, conforme al procedimiento que señale el reglamento.”

El Senado suprimió este artículo, lo que nos parece de justicia porque no es lógico limitar las importaciones de gas a un determinado proveedor, más aún si consideramos que nuestro país sólo puede obtener gas natural a bajo costo de los países vecinos. El artículo establecía una limitación que no correspondía, porque atentaba contra la libre decisión y el libre emprendimiento; además, implicaba una decisión regulatoria del Estado que no correspondía, pues son las empresas privadas las encargadas de buscar la forma de obtener energía a más bajo precio. Y digo esto porque este proyecto se suma a los ya existentes sobre la materia y que apuntan a favorecer a quienes producen a menor costo.

Por lo tanto, la bancada de Renovación Nacional votará a favor las modificaciones del Senado y recomienda a la Sala proceder de la misma forma.

He dicho.

El señor ENCINA.-

Señor Presidente, en nombre de la bancada del Partido Socialista, anuncio que vamos a aprobar este proyecto en su tercer trámite constitucional, debido a que es necesario contar con un instrumento que sea un detonador de las inversiones en generación de energía eléctrica que en este momento no se están haciendo en el país.

Creo que los consensos alcanzados en la Cámara de Diputados y en el Senado muchas de las normas fueron perfeccionadas por éste dan una señal al sector eléctrico de que en los contratos que se suscriban entre generadores y distribuidores o entre generadores y clientes libres existirá la posibilidad de considerar posibles déficit energéticos en el futuro. Nosotros éramos partidarios entendíamos las razones del Ejecutivo de poner esta limitación a las importaciones de gas, porque la crisis se generó a partir de cortes del suministro de gas argentino. Esta norma es importante para viabilizar otros proyectos, como, por ejemplo, los de gas licuado y natural. Pero, considerando que el Senado no la aprobó y que el ministro ha señalado que se incluirá en otro cuerpo legal, estamos de acuerdo con la solución que se propone.

Para no demorar la tramitación del proyecto, es importante aprobar las modificaciones del Senado.

Estoy contento y quiero felicitar al senador Prokurica , porque su indicación hace posible que las pequeñas empresas productoras y generadoras de energías alternativas y renovables puedan insertarse en el sistema eléctrico, lo cual también se ha aplicado en la ley corta eléctrica. Por lo tanto, complementa lo que aprobamos.

Tengo una gran duda sobre la fuerza mayor o caso fortuito, a raíz de la proposición de introducir, en el inciso cuarto del artículo 99 bis, una oración final al respecto. Pero, después de hablar con el ministro, me queda claro que no incidirá en los servicios regulados, que me preocupan.

La medida del artículo 99 bis, referido a la sequía y a las fuentes hídricas, se quería extender a las fuentes de gas natural. En definitiva, los clientes regulados deben tener la seguridad de que se les entregará la energía que requieren, porque, de lo contrario, habrá problemas. Por eso me satisface la explicación del ministro. El caso de los clientes libres no me preocupa, porque ellos harán los contratos bajo normas que rigen la relación entre particulares.

En consecuencia, aprobaremos las modificaciones introducidas por el Senado, a fin de que se dé por parte del Ejecutivo, lo más pronto posible, la señal clara y categórica que se necesita para que nuevamente se inviertan recursos en el sector eléctrico, de modo de evitar problemas futuros.

He dicho.

El señor LEAL.-

Señor Presidente, las modificaciones introducidas por el Senado están en la línea del proyecto que aprobamos en la Cámara de Diputados. El Ejecutivo nos solicitó votarlas favorablemente en la Cámara.

Sin duda, es importante la indicación del senador Prokurica en relación con el 5 por ciento de garantía de diversificación del sistema a través de la energía geotérmica. Si el Ejecutivo no tiene reservas respecto de la eliminación de la proporción 8515, yo tampoco insistiría en ello, pues se trata de dar una buena señal.

Algunos diputados teníamos reservas al respecto, pero aprobaremos la modificación que consiste en suprimir el artículo 3º, dado que se requiere despachar rápidamente el proyecto, tomando en cuenta las actuales condiciones energéticas del país.

Al mismo tiempo, según lo hemos conversado con el ministro, creemos que es una manera de reforzar lo establecido respecto del agua la modificación al inciso cuarto del artículo 99 bis, en el sentido de que tampoco se consideran fuerza mayor o caso fortuito las fallas de centrales a consecuencia de restricciones totales o parciales de gas natural proveniente de gasoductos internacionales. Por lo tanto, refuerza los derechos de los usuarios regulados.

Debido a la necesidad de aprobar con prontitud esta iniciativa, para garantizar la inversión en el ámbito eléctrico, la bancada del Partido por la Democracia aprobará las modificaciones del Senado.

He dicho.

El señor VILCHES.-

Señor Presidente, el trabajo realizado por la Cámara de Diputados sobre el proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1982, del Ministerio de Minería, ley general de Servicios Eléctricos, ha sido ratificado en gran parte por el Senado, pero debido a su complejidad cuesta comprender algunas modificaciones.

El proyecto da una oportunidad a las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Por el precio de nudo, que sirve de referencia para calcular las tarifas, muchas empresas generadoras no se presentan ante las empresas distribuidoras por temor a no poder cumplir con los contratos.

El decreto Nº 283, de resolución ministerial, garantiza el abastecimiento a las empresas distribuidoras que no tienen contrato. El proyecto perfecciona esta norma, pues facilita que el precio de nudo tenga flexibilidad. De acuerdo al mercado, el precio será mayor o menor, dependiendo de la indexación que se considera. Eso es fundamental.

La indexación que tendrá el precio de nudo en base a los combustibles que utilice una generadora quedará considerada en los contratos y en las licitaciones. Eso garantizará el abastecimiento para las distribuidoras y para el público en general.

Nos preocupa el bolsillo de los chilenos. Queremos que se garantice el abastecimiento, tanto en calidad como cantidad. Además, el precio debe ser razonable. No debe dispararse en los momentos de alzas internacionales de los combustibles, como ha ocurrido con el caso del petróleo.

Por otro lado, nos preocupa legislar con celeridad para dar una señal económica acertada, que se justifica plenamente en este momento en el mercado chileno.

El proyecto también se refiere al desabastecimiento de gas natural desde Argentina, pero no resuelve el problema. Continuará la incertidumbre porque sólo existen protocolos de acuerdo, contratos entre privados. No hay un tratado de abastecimiento energético que sea ley en Chile y en Argentina.

La ley argentina está sobre los protocolos. Por eso el país vecino ha restringido el abastecimiento de gas natural a Chile, vulnerando a la generación eléctrica, que había apostado por el gas natural. Nuestro sistema se ha debilitado y nos enfrentamos a una situación incierta. El proyecto recoge en gran medida esta difícil situación. Pero la norma aprobada por la Cámara de Diputados en orden a diversificar los aprovisionamientos de gas, de modo que las importaciones provenientes de un mismo país no superen el 85 por ciento del total a nivel nacional, fue suprimida por el Senado.

Aceptamos esa modificación, pero sólo para dar la señal económica que he señalado y, de esa manera, garantizar un mejor escenario en el mercado eléctrico.

Por otra parte, aplaudo la modificación que aprobó el Senado, a partir de una iniciativa del senador Baldo Prokurica , para establecer el derecho de los propietarios de otras fuentes de generación a suministrar hasta el 5 por ciento del total de la energía que los concesionarios de distribución destinan a clientes regulados, siempre que sus precios se encuentren en el promedio. Dicha norma incentivará el desarrollo de nuevas fuentes de energía, lo cual me parece una señal correcta. Espero que a futuro ese porcentaje sea mayor.

Finalmente, comparto el criterio del Senado en cuanto a no considerar como fuerza mayor o caso fortuito las fallas de centrales a consecuencia de restricciones de gas natural proveniente de gasoductos internacionales, porque, de lo contrario, se producirán muchos conflictos judiciales.

Cada empresa que opte por contrato de este tipo tendrá que asumir las consecuencias y las responsabilidades que de ellos derivan, ya que el mercado está abierto y existe la posibilidad de que las plantas que generan electricidad con gas natural puedan utilizar transitoriamente petróleo diésel.

En consecuencia, recomiendo aprobar en el más breve plazo las modificaciones introducidas por el Senado, de manera de dar la señal precisa en el momento oportuno, para que se realicen las inversiones que requiere el sector.

He dicho.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Señor Presidente, sin duda, el proyecto apunta en la dirección correcta, pero, desgraciadamente, constituye una señal económica tardía, porque si hubiese aprobado uno o dos años atrás, la situación respecto de inversiones sería distinta.

Valoro la decisión del Senado en cuanto a no aceptar la importación de cuotas de gas, porque tal medida significaba no contar con una política energética clara. Tanto es así, que originalmente el proyecto establecía que las cuotas comenzarían a regir en 2010, por lo que no tendría ningún efecto o impacto en la situación que hoy vive el país a raíz de los recortes al suministro de gas que proviene de Argentina.

Esa indicación, que fue rechazada por el Senado, significaba un aumento de los costos de la energía en el largo plazo e introducía distorsiones en el mercado energético, ya que, por una parte, a partir de una situación absolutamente coyuntural, desechaba la posibilidad de contar con un suministro de gas a bajo costo en el largo plazo, pues no se puede predecir cuál será la situación de la producción de gas en Argentina en 2010, y, por otra, generaba un incentivo artificial hacia otras fuentes energéticas que, a la larga, podrían terminar por ser mucho más costosas.

En ese sentido, la liberación de precios, la posibilidad de generar incentivos para el ahorro en el consumo y las licitaciones de largo plazo, medidas que contempla el proyecto, pueden permitir que el mercado energético determine cuáles son, desde una perspectiva económica, las fuentes más eficientes para dar respuesta a los niveles de seguridad y confiabilidad que el país está dispuesto a pagar. Creo que es positivo que el Senado haya suprimido este artículo.

El Gobierno insiste en que va a presentar otro proyecto. Lo estudiaremos en su momento, pero me preocupan las señales que se vayan dando al mercado en ese sentido.

Hay un tema que aunque no se relaciona directamente con este proyecto, está afectando a muchas regiones. En una reunión que sostuvimos, ayer, parlamentarios de la Sexta Región con el ministro de Economía, le hicimos notar nuestra preocupación de que, con estas señales, una serie de proyectos sobre termoeléctricas están siendo activados y presentados a estudios de impacto ambiental.

Quiero dejar establecido que somos fervientes partidarios de que se instale todo tipo de empresa que genere energía, pero con la salvedad de que sus actividades no ocasionen problemas a las inversiones que se han hecho y que hoy están con muy buenas expectativas y en pleno desarrollo, como es el caso de la fruticultura y de la vitivinicultura.

Específicamente, quiero manifestar mi preocupación respecto de dos termoeléctricas que se pretenden instalar en el corazón agrícola del valle de la Sexta Región: Monte Lorenzo , en la localidad de San Vicente de Tagua Tagua, y Totihue.

Sin duda, es necesario que tengamos electricidad y energía, pero, a la larga, con la improvisación en este tipo de actividades se afectará a otras inversiones que, como dije, se han hecho con mucho éxito.

Aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado al Gobierno en el sentido de trabajar en un proyecto de acuerdo que esta Cámara presentó, hace dos o tres años, referido a la zonificación a nivel nacional respecto de la instalación de este tipo de plantas de energía, especialmente de las termoeléctricas. Y lo digo porque, originalmente, la última planta termoeléctrica, La Candelaria , situada en el límite de la Región Metropolitana, iba a trabajar con gas y hoy lo hará con diésel, en circunstancias que nadie sabe lo que va a suceder con el diésel en el mundo. Incluso, el día de mañana podemos llegar a tener instalaciones con petcoke u otro tipo de elementos mucho más contaminantes que el gas.

Por eso, hago un llamado al ministro de Economía, a todo el Gobierno, para que se trabaje en la línea correcta y no se afecten actividades económicamente establecidas con la instalación de este tipo de centrales que pueden ocasionar problemas, por ejemplo, en la exportación de nuestros productos. Bien sabemos que hoy el sector agrícola está obligado a cumplir con una serie de normas ambientales. En el caso de las buenas prácticas agrícolas, hay países que no permiten el ingreso de ciertos productos que contengan algún grado de contaminación, tanto por el agua como por el aire.

En ese sentido, debemos actuar para que ese tipo de plantas se instalen en lugares ventilados, ambientalmente viables, que reitero no afecten a otras actividades económicas.

Tengo claro que lo que he señalado no está directamente relacionado con este proyecto, pero de alguna manera el tipo de incentivos, que vamos a aprobar mediante esta normativa, también da pie para que se instalen insisto, sin ningún tipo de previsión, empresas que pueden afectar el desarrollo del país.

He dicho.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, los diputados Waldo Mora y Jaime Mulet , titulares de la Comisión de Minería y Energía de la Corporación, me encargaron, en forma especial, que interviniera en nombre de ellos por cuanto están asistiendo a una comisión mixta y a una comisión investigadora, respectivamente. Pero también lo hago en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana.

En primer lugar, quién duda de que la energía es esencial para la vida de un país. Junto con constituir un bien directamente relacionado con la calidad de vida de la población, es un insumo esencial para la producción nacional. Por esa razón, la política energética tiene importancia estratégica y en eso no hay discusión.

El 10 de marzo de este año, el Gobierno presentó este proyecto de ley que introduce modificaciones al marco normativo que rige el sector eléctrico.

Su objetivo primordial vital para el país es despejar la incertidumbre que existe en el mercado eléctrico para el desarrollo de futuras inversiones en generación, restaurando y reforzando, de este modo, la seguridad de abastecimiento que ha sido tradicional.

Para ello es menester establecer estabilidad en el mecanismo de precios para el abastecimiento del sector de clientes regulados, a objeto de garantizar que el proceso de inversiones se desarrolle con normalidad, como ocurría hasta antes del problema de desabastecimiento de gas natural que nos aflige.

El proyecto plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos para enfrentar contingencias eléctricas porque, obviamente, junto con el desarrollo normal de las inversiones, adaptadas a la demanda de energía eléctrica, la situación de incertidumbre ya descrita también exige fortalecer el marco regulatorio vigente de modo de garantizar una acción eficaz del mercado y de la autoridad ante contingencias o riesgos derivados de éstas y otras situaciones coyunturales.

Hace algunos días, en la Comisión de Hacienda, escuchamos al gerente de la Enap sobre las exploraciones que se están realizando en Magallanes con el fin de obtener gas natural propio.

Al respecto hay algo que me quedó profundamente marcado: sólo el 2 por ciento del consumo de petróleo y sus derivados se produce en el país. Es decir, el 98 por ciento debemos importarlo.

Este proyecto va por el camino correcto para solucionar las dificultades del desarrollo de las inversiones eléctricas. Además, constituye una diversificación de insumos para generación, porque Chile es importador nato de insumos energéticos.

Por todo lo anterior, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, anuncio que aprobaremos la totalidad de las modificaciones del Senado. Por lo demás, considero que no es bueno como dijo el colega Carlos Vilches , uno de los expertos en esta materia insistir en el tema del 85/15. Lo importante para el país es dar una señal potente, cual es poner término al último trámite constitucional de este proyecto para que en pocos días más sea ley de la República.

He dicho.

El señor ESPINOZA.-

Señor Presidente, con anterioridad, el colega Francisco Encina , de la bancada del Partido Socialista, anunció nuestro voto favorable a esta iniciativa.

Coincido también con lo planteado por el colega Ortiz , en cuanto a que es de enorme relevancia la aprobación de este proyecto en su tercer trámite legislativo, que introduce modificaciones al marco normativo que rige al sector eléctrico. Estamos convencidos de que al modificar el marco regulatorio que rige a dicho sector, generará mayor certidumbre al proceso de inversión y permitirá también mayor participación de los actores, productores y consumidores, en la administración de la demanda eléctrica. De esta forma, se enfrentará de mejor manera las contingencias que puedan presentarse.

El discurso de la política energética chilena pretende altos niveles de seguridad en el abastecimiento. Eso implica diversificar la matriz energética bajo condiciones de eficiencia económica y de respeto al desarrollo sustentable. En los últimos años, la Décima Región ha sufrido problemas de este tipo, los cuales esperamos subsanarlos en gran medida con esta iniciativa legal que fortalecerá a un sector que requiere de un marco regulatorio mucho más profundo.

Además, atendida la necesidad de fortalecer la seguridad de suministro de combustible, frente a incertidumbres externas en relación con su abastecimiento, sobre todo de difícil sustitución inmediata en los mercados internacionales, a través de esta iniciativa proponemos perfeccionamientos normativos que se refieren a tres aspectos mencionados con anterioridad: desarrollo adaptado a la inversión en el sector eléctrico, fortalecimiento del marco normativo para enfrentar contingencias y diversificación de fuentes externas de combustible.

Desde este Congreso Nacional hemos contribuido, de manera manifiesta, a mejorar la normativa existente de un sector de enorme relevancia para el desarrollo del país lo decía el colega Ortiz , como el tema del agua potable. No obstante, quiero manifestar una preocupación anexa a la que estamos tratando, justamente la otra cara de la medalla: los usuarios.

Con el diputado Camilo Escalona , el jueves pasado participamos en una reunión bastante importante en la comuna de Fresia. Allí escuchamos los planteamientos de la comunidad respecto del cobro excesivo de electricidad que les afecta.

Podríamos avanzar en otros temas fundamentales, a modo de contribuir también a la protección de los usuarios. Así, es impresentable que todavía no seamos capaces de aplicar regulaciones a las empresas proveedoras de electricidad en las regiones. Por ejemplo, la gente nos pide nos lo plantearon los vecinos de Fresia que cuando les midan el consumo de electricidad de sus hogares, sepan quién lo hace, cuándo pasa y a qué hora. Eso no ocurre en la actualidad y por eso la gente recibe, a fin de mes, cuentas elevadas que no se condicen con su consumo. Entonces, me pregunto si estas empresas, que ganan millones y millones de pesos, proveyendo de electricidad a miles de hogares, ¿no podrán emitir una certificación sobre el inspector, el día y la hora en que pasa a medir el estado de consumo, a fin de que no quede la impresión de que nunca pasa? Una boleta de ese tipo no debe costar más de dos o tres pesos, pero con ella le daríamos a la gente la posibilidad de sentirse segura.

Lo mismo pasa con el agua potable. Lamentablemente, el consumidor paga su cuenta a fin de mes sin saber si el monto cobrado corresponde a lo que efectivamente consumió, cuestión que nos preocupa. Ojalá que en la Cámara de Diputados seamos capaces de buscar solución al problema que enfrentan los consumidores, quienes tienen la percepción que están pagando por el consumo de electricidad cuentas cuyos montos no corresponde a la realidad. No sólo nos gustaría que los precios bajaran, sino que también el cobro sea realmente por lo que se consumió.

Debemos legislar para establecer una subvención al consumo de electricidad, tal como existe para el agua potable. Miles de hogares deberían pagar la mitad de las cuentas actuales, porque, por ejemplo, un monto de 10 mil pesos les cuesta una enormidad solventar.

Las modificaciones que introduce este proyecto a la normativa que rige al sector eléctrico van en directa relación con el desarrollo de nuevas inversiones, con la generación de nuevos mecanismos para enfrentar las contingencias eléctricas, con el fortalecimiento de la seguridad del abastecimiento, con la regulación de los casos fortuitos o de fuerza mayor ante las eventuales restricciones en el suministro de gas problema que nuestro país ya ha sufrido con inusitada fuerza, etcétera. Es decir, todos aspectos relacionados con el desarrollo de un sector de enorme relevancia para el país.

Por lo señalado, anuncio que la bancada del Partido Socialista votará favorablemente.

El señor JARPA.-

Señor Presidente, quienes me antecedieron en el uso de la palabra ya han señalado la importancia de este proyecto, de manera que me limitaré a destacar el trabajo realizado por la Comisión, la cual contó con el apoyo del ministro don Jorge Rodríguez en todo lo relativo a la ley de transmisión, llamada “ley corta”, como a las modificaciones a la ley General de Servicios Eléctricos. Se pretende que los usuarios domiciliaros y las empresas puedan contar con una fuente de energía, cuyo abastecimiento es fundamental para mantener el desarrollo y la calidad de vida de nuestros habitantes, pero sustentable y segura, dos parámetros que están determinados por variables económicas. Y creo que este proyecto de ley cumple con ese objetivo, pues va a permitir invertir a las empresas privadas.

Insisto: el trabajo realizado por nuestra Comisión ha sido muy importante.

Las modificaciones introducidas por el Senado son mínimas. Ya se ha señalado aquí la importancia de la enmienda introducida por el senador Waldo Prokurica respecto del 5 por ciento.

Confiamos en que el ministro envíe pronto a trámite legislativo el proyecto relacionado con el tema 8515. Nos parece importante, puesto que nos dará mayor seguridad.

Por lo expuesto, la bancada del Partido Radical Social Demócrata también aprobará las modificaciones del Senado, con el objeto de que el país pueda contar con una ley eléctrica que nos permita mantener nuestro crecimiento y contar con una energía segura, sustentable y que se enmarque dentro de los cobros económicos necesarios.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente).-

Corresponde votar las enmiendas del Senado al proyecto de ley que introduce modificaciones al marco normativo que rige al sector eléctrico.

En votación.

- Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ASCENCIO (Presidente).-

Aprobadas.

- Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi , Aguiló , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Barros, Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa, Cristi ( doña María Angélica ), Cubillos (doña Marcela) , Delmastro , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Escalona , Espinoza , Forni , García (don René Manuel) , García-Huidobro , Girardi , González (doña Rosa) , González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Kast , Kuschel, Leal , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longueira , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella (doña María Eugenia), Meza , Molina , Monckeberg , Montes, Mora , Moreira , Muñoz (don Pedro) , Norambuena , Ojeda , Ortiz , Palma , Paredes, Paya , Pérez (don José) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Riveros , Robles, Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud, Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Vidal (doña Ximena), Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker.

El señor ASCENCIO (Presidente).-

Corresponde conocer, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley, originado en mensaje, con urgencia calificada de “suma”, que modifica los códigos Procesal Penal y Penal en diversas materias relativas al funcionamiento de la reforma procesal penal.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Juan Bustos .

Antecedentes:

- Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Documentos de la Cuenta Nº 11, de esta sesión.

El señor BUSTOS.-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, paso a informar, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, sobre el proyecto que modifica los Códigos Procesal Penal y Penal en diversas materias relativas al funcionamiento de la reforma procesal penal.

De conformidad con las normas reglamentarias aplicables a esta etapa de la tramitación, las disposiciones que no fueron objeto de indicaciones durante la discusión del primer informe en la Sala ni de modificaciones durante la elaboración del segundo informe de la Comisión deben entenderse reglamentariamente aprobadas.

En esta situación se encuentran los números 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 59, 60, 61, 62 y 63 del artículo 1º; el número 2 de la letra b) y la letra C) del artículo 2º y los artículos 3º, 4º, 5º, 6º y 7º.

Debido a lo anterior, me limitaré a explicar las modificaciones que se introdujeron al texto del primer informe, las que se efectuaron en virtud de las indicaciones presentadas en la Sala y de la revisión del texto llevada a cabo por el abogado señor Jorge Boffil y el diputado señor Jorge Burgos .

En primer lugar, cabe mencionar la modificación al artículo 70 del Código de Procedimiento Penal, disposición que se refiere al juez de garantía competente.

Luego de efectuar una revisión del texto aprobado, se concordó en la necesidad de complementar su norma, en el sentido de dar expresamente competencia al juez de garantía del lugar en que se practicó la detención, para realizar la primera audiencia judicial y para resolver, en su caso, la situación que se produce si se decreta la prisión preventiva del detenido, sin perjuicio de atender, tratándose de situaciones similares, la condición especial que presenta la Región Metropolitana respecto del resto del país.

Otra modificación importante recae en el artículo 129, referido a la detención en caso de flagrancia.

La Comisión aprobó la indicación para suprimir la frase final del último inciso propuesto: “y siempre que exista riesgo cierto de verse frustrada la diligencia.”.

Se sustituyó dicho inciso por dos nuevos porque la norma se refería a situaciones en que se requería actuar con rapidez, y porque la frase suprimida, en cuanto exigía una apreciación subjetiva de la situación por parte de la policía, significaría que ésta debería pensarlo mucho antes de actuar, lo que no estaría en consonancia con la necesidad de presteza.

Los representantes del Ministerio de Justicia estuvieron de acuerdo con dicha proposición, toda vez que ella se refería a situaciones de flagrancia, las que habilitan legalmente para detener en cualquier lugar. Además, la proposición no implicaba una ampliación de facultades policiales, sino la reafirmación de ese principio.

El número 28, que pasó a ser 27, modifica el artículo 257, norma referida a la reapertura de la investigación. Con el objeto de impedir cualquier dificultad, especialmente en relación con el fiscal, se propuso que dentro de los diez días siguientes al cierre de la investigación, los intervinientes podrán reiterar las diligencias precisas de investigación que oportunamente hubieren formulado durante la investigación y que el Ministerio Público hubiere rechazado o respecto de las cuales no se hubiere pronunciado.

Otra enmienda relevante se refiere al artículo 277, referido al auto de apertura del juicio oral.

La Comisión, teniendo presente que su proposición original buscaba evitar la situación forzada en que se encontraba la fiscalía de tener que acusar aun cuando no contara con la suficiente probanza, concluyó que dicha proposición no guardaba la debida coherencia con la situación que se quería regular, toda vez que, de acuerdo con la actual normativa del Código de Procedimiento Penal, tal situación tendría normalmente como resultado una sentencia absolutoria para el imputado en el juicio oral, razón por la cual no parecía lógico que este último debiera quedar sujeto sólo a una decisión de no perseverar en el procedimiento, habida cuenta del carácter persecutor del Ministerio Público y de la adversalidad del nuevo sistema procesal penal. En consecuencia, se acordó entregar a la fiscalía la facultad de no perseverar en el procedimiento.

Asimismo, se modifica el inciso segundo del artículo 390, con el objeto de darle una redacción más precisa, de manera que no hubiese ninguna dificultad en cuanto a que corresponde aplicar el procedimiento simplificado en razón de la penalidad requerida por el fiscal.

También se modifica el artículo 395, referido a la posibilidad de resolución inmediata dentro del procedimiento simplificado, situación que se produce cuando el imputado reconoce en la audiencia su responsabilidad en los hechos.

Se señaló que el problema no consistía, para el juez, en acreditar atenuantes o agravantes, sino en que había otras circunstancias que debía considerar, como la magnitud del mal provocado, que establece el Código Penal. En consecuencia, considerando que se trataba de la determinación de la pena, se propuso suprimir la consideración de atenuantes y agravantes, estableciendo para el juez una regla de determinación de la pena.

También se modifica el artículo 395 bis, referido a la preparación del juicio simplificado. Se señaló, con razón, que la modificación que se había hecho anteriormente respecto de los peritos, para cuando se tratare de casos simples, es decir, de peritajes estandarizados, no era necesario establecer una regla específica, sino simplemente utilizar las supletorias referidas al procedimiento ordinario. En tal virtud, se suprimió la referencia a los peritos.

Se modifica el artículo 269 bis del Código Penal, disposición que configura una de las formas del delito de obstrucción a la justicia. Por no estar así tipificado se acordó sustituir el epígrafe del párrafo 2º bis por el de “obstrucción a la investigación”, ya que de eso se trata.

Al respecto, se modificaron los incisos primero y segundo, en lo relativo a las atenuantes, con el objeto que evitar cierta desproporcionalidad en la penalidad. Así se establece para el inciso primero, que trata de un caso simple de obstrucción, la atenuante simple, y para el segundo, con el objeto de impulsar la retractación por parte del imputado que habría falseado u obstruido la justicia, la atenuante calificada.

Asimismo, se estableció la inclusión del tercero civilmente responsable. Para tal efecto, la Comisión acordó, en los números 3, 12, 19, 26, 30, 31 y 32, nuevos, incorporados al artículo 1º del proyecto, la referencia al tercero civilmente responsable. Ello se origina en una indicación del diputado Burgos y de quien habla, que se fundamenta en la necesidad de dar mayor protección a la víctima, la que, en caso contrario, se encontraría en una situación muy débil dentro del proceso penal, especialmente en razón de que, conforme al Código Civil, hay responsabilidad solidaria. Por lo tanto, la forma en que se estableció en el Código Procesal Penal significaba romper la solidaridad de carácter civil.

Quedó claro que esto no produce perjuicio ni dilación en el proceso penal oral, dado que, en relación con el imputado, se hacía la prueba del daño respecto de los efectos sobre la víctima. En consecuencia, el problema probatorio quedaba completamente superado por las normas existentes en el Código Procesal Penal.

Por eso, se estableció que era muy diferente la situación del actor civil, de ahí que fuera perjudicial introducirlo, porque provocaría dilación, nuevos problemas de carácter probatorio y demoras en el sistema procesal penal establecido.

Por otra parte, se modificó el artículo 388 del Código Procesal Penal, que señala el ámbito de aplicación del procedimiento simplificado, al conocimiento y falla de los simples delitos y de las faltas. De esta manera quedó claro en dicho artículo que se impide a la fiscalía llevar estas materias al juicio oral.

Por último, otra modificación sustituye el inciso segundo del artículo 485 del Código Procesal Penal, sobre extradiciones pasivas.

Su inciso primero establece que el Código señalado se aplicará a partir de su entrada en vigencia en la Región Metropolitana de Santiago a todos los hechos que acaecieren en el extranjero y fueren de competencia de los tribunales nacionales.

La modificación sólo tiene por objeto precisar el sentido del inciso segundo, para que no haya ambigüedad sobre su contenido, en relación con las extradiciones pasivas.

En definitiva, la Comisión aprobó las modificaciones prácticamente por unanimidad, por lo que solicita que la Sala haga lo mismo.

He dicho.

La señora GUZMÁN (doña Pía).-

Señor Presidente, éste es un proyecto difícil de entender y de seguir, más aún cuando ya realizamos la discusión general y se modificaron algunos artículos, algunos de los cuales volvemos a revisar hoy.

No obstante, para tranquilizar a la Sala, debo señalar que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia trabajó en conjunto no sólo con abogados y expertos académicos que se ocupan hoy de la reforma procesal penal, sino que también con quienes la estudiaron desde sus inicios, es decir, que le dieron cuerpo al Código Procesal Penal. Por lo tanto, tuvimos el cuidado de plantear reformas que no afectaran la naturaleza del sistema acusatorio, pero que sí lo agilizaran y dieran respuesta a una serie de problemas observados durante su aplicación en regiones.

Quiero destacar algunas de ellas.

En primer lugar, la modificación al artículo 129, que se refiere a la detención en caso de flagrancia, da mayores atribuciones a la policía, no sólo en el cumplimiento de órdenes de detención pendientes, sino también en caso de violación flagrante de las medidas cautelares personales, es decir, cuando no se cumpliere un arresto domiciliario o la prohibición de no ingresar a un determinado radio para proteger a la víctima, etcétera.

Agrega que en caso de crímenes y simples delitos “la policía podrá ingresar a un lugar cerrado, mueble o inmueble,...”. Hubo discusión en la Comisión, porque no estaba claro cómo la policía podía ingresar a un lugar mueble; pero observamos que los automóviles, los barcos, las naves son bienes muebles y, por lo tanto, se llegó a la conclusión de que sí la policía puede ingresar a ellos en persecución de alguien para detenerlo, pero sólo con ese objeto.

Los diputados señores Monckeberg y Uriarte formularon una indicación para suprimir la frase final que decía: “y siempre que exista riesgo cierto de verse frustrada la diligencia.”, ya que al policía que va en actual persecución de una persona para detenerla le es difícil calificar si existe riesgo cierto de verse frustrada la diligencia.

Se aprobó una modificación importante al artículo 257, para dar mayor apoyo a la defensa. Se acordó que pudiera reabrirse la investigación a petición de los intervinientes, y no sólo del fiscal, cuando ciertas diligencias hubieren sido rechazadas. En esta segunda revisión se acordó un texto mucho más preciso, que señala que dentro de los diez días siguientes al cierre de la investigación, los intervinientes podrán reiterar la solicitud de diligencias que el Ministerio Público hubiese rechazado o respecto de las cuales no se hubiere pronunciado. Es un elemento muy importante para la defensa del imputado.

También son importantes las modificaciones que introducen normas para agilizar los procesos, que implican soluciones alternativas, específicamente la suspensión condicional del procedimiento.

La modificación al artículo 390 tiende a cambiar la posibilidad de un procedimiento que se inicia como ordinario, pero que cuando el fiscal hace la investigación, descubre que la pena llega a los 540 días. En este caso se permite, cosa que antes no era posible, continuar como un procedimiento simplificado. Es así como el fiscal podrá acusar y requerir una pena que no exceda de presidio o reclusión menor en su grado mínimo, es decir, de 61 días a 540 días.

Una segunda forma de agilización en el procedimiento simplificado es la que permite al tribunal dictar sentencia inmediatamente cuando el imputado reconoce su responsabilidad en los hechos, con la limitación de que no puede imponer una pena superior a la que el propio fiscal le solicita.

Una tercera norma de agilización en el juicio simplificado tiene que ver con el artículo 315, que ya fue modificado. Ahora se le agrega un inciso final por el cual se autoriza al juez agregar las pericias consistentes en análisis de alcoholemia, exámenes de ADN y de drogas que las partes soliciten en base al informe respectivo. Se entienden que son pericias automatizadas, que tienen un formulario y un protocolo determinado y, por lo tanto, pueden incorporarse en forma escrita al proceso. Si las partes estiman que no basta con los informes y piden que el perito concurra para interrogarlo o contrainterrogarlo, ello deberá ser decretado por el juez.

También es importante señalar la modificación al artículo 407, que permite la tramitación de ciertas causas con las reglas del procedimiento abreviado, en cualquier etapa, hasta la audiencia de preparación del juicio oral. El proyecto extiende el plazo dentro del cual se podrá solicitar la tramitación de la causa conforme a este procedimiento. Antes era sólo hasta la formalización de la causa. Ahora la acusación se puede formular verbalmente en dicha audiencia y se pedirá la intervención de las otras personas, defensa, etcétera.

Estas cuatro modificaciones del proyecto tienden a la agilización de los procedimientos simplificado y abreviado, es decir, son salidas alternativas al juicio oral, las que hoy están siendo utilizadoss en forma muy importante.

Asimismo, se ha determinado un nuevo tipo penal, que es la obstrucción a la investigación. Tiene que ver con la obstaculización al esclarecimiento de los hechos punibles, mediante la aportación de antecedentes falsos que lleven al Ministerio Público a realizar u omitir actuaciones de la investigación. La sanción será la pena de presidio menor en su grado mínimo, la que aumenta a tres años, si sobre la base de esos antecedentes falsos, el Ministerio Público solicitare medidas cautelares o dedujere una acusación infundada. En todo caso, permitirá la retractación, que se considerará como una medida atenuante.

Esto es muy importante, porque constituye una medida de política criminal, a fin de que no se vulneren los derechos de las personas en forma mentirosa, falsa, fraudulenta, con el objeto de obtener medidas cautelares o acusaciones con el aporte de pruebas falsas.

Por último, una breve acotación respecto del artículo 6º del proyecto, que introduce un párrafo segundo en la letra a) del artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº 7.912, de 1997, del Ministerio del Interior. La modificación tiene por objeto facultar al ministro y al subsecretario del Interior, a los intendentes y a los gobernadores a que, sin perjuicio de lo contenido en el artículo 111 del Código Procesal Penal, puedan deducir querella en casos de alteración del orden público y de violencia en los estadios, entre otros.

Sé que esa disposición no ha sido objeto de indicación y, por lo tanto, se entiende aprobada. Pero quiero expresar, para la historia fidedigna de la ley, que ésta es una norma que está contemplada en términos mucho más amplios en el inciso final del referido artículo 111, cuando señala que se podrá deducir querella por cualquiera persona capaz de comparecer en el juicio y que esté domiciliada en la región, respecto de delitos cometidos en la misma y que afectaren intereses sociales relevantes o de la colectividad en su conjunto. A mi juicio, este artículo 6º no tiene razón de estar en la reforma procesal penal.

He dicho.

La señora SOTO (doña Laura).-

Señor Presidente, ha sido muy bueno el informe del diputado Bustos y la intervención de la diputada Pía Guzmán .

La gente critica el nuevo sistema procesal penal diciendo que la víctima es dejada de lado y que sólo existe una garantía expresa para los delincuentes; sienten que las fiscalías y los jueces de garantía están distantes de las personas. La policía también se ha quejado de que para ella es difícil actuar, que ya no existe la detención por sospecha y que la ley la constriñe demasiado.

El proyecto, que hemos denominado la contrarreforma, flexibiliza y da mayor garantía a la víctima. También se agiliza la persecución criminal, entre otros avances, que valoramos positivamente, ya que la opinión pública sentirá que tendrá una respuesta frente a la comisión de delitos.

La iniciativa también busca subsanar muchas situaciones que dan lugar a la impunidad. Muchas veces, la gente nos dice que, por ejemplo, el delincuente ingresa en una casa, se oculta en ella, e incluso en una nave o en un automóvil, pero la policía no puede entrar en ese lugar. Por eso, en el proyecto se establece que “la policía podrá ingresar a un lugar cerrado, mueble o inmueble,...”. Al principio, nos pareció extraña la distinción entre lugar mueble o inmueble, pero al final comprendimos el sentido de ello.

Creemos que la iniciativa constituye un gran avance, ya que en casos urgentes cuestión que era prioritaria en que se necesite autorización u orden judicial para el éxito de la diligencia, ésta podrá ser solicitada y otorgada por cualquier medio idóneo. Es decir, se procederá con todos los medios que franquea la tecnología, lo cual garantizará a la ciudadanía que no quedarán zonas oscuras y que, por lo tanto, en caso de que para un funcionario sea muy urgente detener, contará con toda esa gama de posibilidades.

Muchas veces nos han hecho presente que el sistema se encarece mucho, porque, por ejemplo, se detiene a un delincuente en Punta Arenas y debe ser trasladado a Santiago, por cuanto la orden respectiva emanó desde esta ciudad. Para ello, incorporamos un inciso tercero, nuevo, en el artículo 70 del Código Procesal Penal, a fin de que “... si la detención se practicare en un lugar que se encontrare fuera del territorio jurisdiccional del juez que hubiere emitido la orden, será competente para conocer de la primera audiencia judicial del detenido el juez de garantía del lugar donde se hubiere practicado la detención cuando la orden respectiva hubiere emanado de un juez con competencia en un asiento de Corte de Apelaciones diverso”. Por supuesto, por razones obvias, lo previsto precedentemente “no tendrá aplicación cuando la orden de detención emanare de un juez de garantía de la Región Metropolitana de Santiago y ésta se practicare dentro de su territorio”.

Creo que eso ayudará mucho a que no se dilapiden bienes del Estado, como sería tener que trasladar al detenido a la jurisdicción del tribunal respectivo, lo que en algunos casos significaría, a lo mejor, atravesar todo Chile.

Creo que esos son aspectos muy relevantes que considera la iniciativa.

Otra cuestión que nos parece muy importante y que fue bastante debatida es la contenida en el numeral 23), en el sentido de que: “El fiscal podrá, por una sola vez, complementar la formalización de la investigación que hubiere realizado de acuerdo a lo dispuesto en el inciso anterior, cuando durante el curso de la investigación surgieren nuevos antecedentes que lo hicieren necesario. Si el defensor planteare aquí la norma es garantista la necesidad de la práctica de diligencias precisas y determinadas, como consecuencia de la complementación de la formalización, ...”. Reitero: el fiscal podrá complementar, materia en la cual hicimos mucho hincapié, porque significa que no se hará un juicio nuevo, sino que se actuará sobre la base de lo que se tiene. En este caso, el juez de garantía podrá fijar un nuevo plazo para la investigación, pero acotado a lo que hay.

Entonces, como muy bien dijo la diputada señora Guzmán , la reforma se ha mantenido incólume, pero se la ha adecuado a las necesidades, se la ha hecho mucho más ágil y también se le ha dado más importancia a las víctimas, que actualmente se sienten desprotegidas.

También fue objeto de bastante debate el hecho de mentir ante el fiscal. Nos pareció que la tipificación del perjurio podía terminar totalmente con el procedimiento y frustrar una situación que en otras condiciones podría tener resultados.

Se constituyó el inciso primero del artículo 269 para especificar muy clara y adecuadamente para que: “El que, a sabiendas, o sea, con dolo específico obstaculice gravemente el esclarecimiento de un hecho punible o la determinación de sus responsables, mediante la aportación de antecedentes falsos que condujeren al Ministerio Público a realizar u omitir actuaciones de la investigación, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de dos a doce unidades tributarias mensuales.”. Es decir, el punto está muy acotado y da real garantía de que el proceso en curso no se alterará. Este asunto nos causaba bastante escozor, porque, si no se redactaba en la forma adecuada, podía destruir lo que ya se había avanzado.

Asimismo, se tocó la situación de quien se retracta, y se especificó lo siguiente: “La retractación oportuna de quien hubiere incurrido en las conductas de que trata el presente artículo constituirá circunstancia atenuante. Tratándose de las conductas a que se refiere el inciso segundo, la atenuante se considerará como muy calificada en los términos que previene el artículo 68 bis.”.

A continuación, se define la retractación oportuna: “Se entiende por retractación oportuna aquella que se produce en condiciones de tiempo y forma adecuados para ser considerada por el tribunal que deba resolver alguna medida solicitada en virtud de los antecedentes falsos aportados o, en su caso, aquella que tuviere lugar durante la vigencia de la medida cautelar decretada en virtud de los antecedentes falsos aportados y que condujere a su alzamiento o, en su caso, la que ocurriere antes del pronunciamiento de la sentencia o de la decisión de absolución o condena, según correspondiere.”.

Estas enmiendas no me refiero a todas, sino sólo a las especificadas, porque se realizan otras modificaciones menores son muy importantes y contribuirán, por un lado, a agilizar el proceso y, por otro, entregarán a la víctima una garantía, sin descuidar aquella que se le otorga a la persona que infringe la ley.

Es una reforma muy buena que, tal como se ha afirmado en la Sala, ha sido seguida por los profesores que participaron en su estudio en un comienzo.

Anuncio que aprobaremos íntegramente la presente reforma.

He dicho.

El señor PÉREZ (don Víctor).-

Señor Presidente, es bueno enmarcar la discusión del proyecto en el acuerdo político a que se llegó, a raíz de la petición del Gobierno de retrasar la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en la Región Metropolitana.

Se ha hecho un esfuerzo importante lo reconozco tanto por la comisión de expertos, nombrada por el Ministerio de Justicia, como por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.

También creo que, en términos teóricos, el proyecto avanza en la línea correcta. Digo “en términos teóricos”, porque el error que hemos cometido todos somos responsables de ello ha sido analizar la aplicación de la reforma procesal penal en aspectos teóricos, jurídicos y normativos, dejando de lado la discusión sobre su aplicación en temas prácticos que afectan cotidianamente a la ciudadanía en las regiones en que se está aplicando la reforma procesal penal. Lo digo con conocimiento de las situaciones que viven los habitantes de la región del Biobío, a la cual pertenece el distrito que represento. Espero que las disposiciones que estamos analizando vayan en el camino de resolver esos problemas.

Me parecen adecuadas las modificaciones que establecen la persecución policial por delito flagrante. Constituyen un avance importante, al igual que las normas referidas a la orden de detención, a la tipificación del delito de obstrucción a la investigación, y a los derechos de defensa. No estoy muy de acuerdo con que se establezcan facultades al Ministerio del Interior para deducir querellas.

Espero que el proyecto mejore en forma sustancial la aplicación de la reforma procesal penal, pues la visión de la ciudadanía es que se ha avanzado adecuadamente en la administración de justicia respecto de aquellos delitos que podríamos calificar de graves, pero existe una gran frustración por la forma en que opera respecto de los que afectan a los ciudadanos en su vida diaria, como, por ejemplo, cuando a una persona la asaltan en la calle y le roban la cartera, el joven al que le roban la bicicleta, o cuando a un estudiante al que le roban el teléfono celular, o cuando un delincuente roba un televisor en una casa particular, en fin. En casos como los señalados las víctimas se dirigen a Carabineros, quienes les informan que deben concurrir al Ministerio Público, donde reciben la información y le preguntan si tienen algún sospechoso. Si la respuesta es negativa, hasta ahí llega la investigación. Esa realidad la debemos abordar con mayor rigurosidad, mayor estudio y mayor énfasis.

Las modificaciones son coherentes con el criterio general que informa esta gran reforma procesal penal, que está en aplicación en todo el país, salvo en la Región Metropolitana. Pero, me atrevería a anticipar que no más allá de 2006 esta Cámara de Diputados tendrá que estudiar nuevas modificaciones, producto de la experiencia que habrá en la Región Metropolitana, pues lo que hoy sufren las personas en las distintas provincias del país, como Ñuble y Osorno , lo comenzarán a sufrir en la Región Metropolitana, lo cual tendrá un impacto político sustancialmente distinto. A lo mejor, para el Gobierno va a ser inaceptable aparecer permanentemente en los medios de comunicación, debido a que las personas dirán que no se están investigando los delitos, porque no tienen un sospechoso. Por consiguiente, nuevamente estaremos discutiendo otra reforma procesal penal, porque no hemos sido capaces de analizar sus efectos o sus modificaciones desde la perspectiva cotidiana y práctica, teniendo como base la experiencia vivida en las regiones donde se aplicó primeramente.

Estoy seguro de que si esa experiencia se repite en la Región Metropolitana, tendrá un efecto político distinto y un análisis mucho más acotado y detallado de las falencias de la reforma procesal penal en la persecución del delincuente cuando ha cometido delitos menores quizás no es correcto el término, pero es una forma de identificarlos, como el robo de la bicicleta, del celular, del televisor, de la cartera, el abigeato, etcétera, delitos de los cuales la gente es víctima en forma cotidiana.

Como diputados de regiones, no hemos logrado transmitir la sensación de indefensión que tiene la gente ante esa situación. La gente de regiones dice que hemos legislado para proteger mucho más adecuadamente los derechos del delincuente que los de la víctima. A lo mejor, la realidad es más fuerte y tendremos que esperar a que la reforma se aplique en la Región Metropolitana, en Santiago, en la capital, para avanzar en modificaciones que den respuesta a la ciudadanía, pues lo que está sucediendo en regiones no tiene el impacto político que quisiéramos. Nosotros recibimos a diario la incomprensión de la ciudadanía por lo que está ocurriendo. Incluso, las policías están preocupadas por ello. Cuando uno habla con los comisarios o con los policías que están en la calle percibe una suerte de impotencia, porque la ciudadanía tiene la sensación de que la aplicación de la normativa no está sancionando los delitos de que es víctima en su vida cotidiana. Esa es una realidad.

Aunque también hay que reconocer los méritos de la reforma procesal penal en los delitos medianamente graves y graves, por cuanto ha sido una herramienta clave para que la justicia opere de manera más transparente, rápida y eficaz que el antiguo sistema. Pero la gente también es víctima de asaltos y robos de carteras, teléfonos celulares, radios, billeteras y bicicletas. A esos hechos la reforma no ha dado una respuesta concreta.

Por lo tanto, votaremos favorablemente el proyecto, con excepción del artículo 6º.

En todo caso, queremos dejar constancia de que en 2006 la Cámara de Diputados estará discutiendo nuevamente modificaciones a la reforma procesal penal, porque su aplicación en Santiago producirá un impacto político tan fuerte, que requerirá y exigirá cambios mayores.

He dicho.

El señor BURGOS.-

Señor Presidente, en el primer informe la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, mejoró la redacción de varios artículos y, en el segundo, quiso aprovechar la oportunidad para tratar algunas cuestiones de fondo. Más que una instancia de alegación política sobre la reforma, ésta es una instancia de discusión de un proyecto muy concreto.

A mi juicio, la reforma procesal penal es la más importante en los últimos cien años en materia de derecho en este país. No se trata de una reforma cualquiera. Al respecto, hubo una decisión de una magnitud estructural mayor, encabezada por académicos y políticos que fueron capaces de dar un salto muy importante. Podrán criticarse algunos aspectos y me parece legítimo del actual sistema procesal penal, pero nadie puede decir que el sistema remplazado en Chile era una cuestión que nos diera algún grado de orgullo; todo lo contrario, era decadente y contrario a los más elementales derechos.

Quiero recordar que las personas que critican fuertemente el actual sistema son las mismas que alegan por la lentitud en los procesos. Tienen toda la razón quienes señalan que hay una verdadera negación de justicia cuando a una persona se la mantiene durante diez o doce años como imputada o procesada y no hay sentencia, porque uno de los elementos centrales de un proceso penal es que también haya celeridad. No es lícito mantener a un ciudadano en condición de presumible autor, cómplice o encubridor durante, a veces, veinte años. Un ejemplo. Hace poco tiempo murió el empresario chileno Javier Vial , quien vivió como procesado durante sus últimos veinte años. O sea, no hay ninguna lógica que pueda decir que el sistema anterior tenía algún viso de derecho.

Entonces, quienes encabezaron estas reformas las cabezas visibles desde el punto de vista político, el ex presidente Frei y la ex ministra de Justicia, señora Soledad Alvear asumieron una cuestión postergada durante muchas décadas. El hecho de que ahora nos juntemos para determinar algunas necesidades procesales, me parece absolutamente lógico. Incluso, si más adelante debemos introducir alguna modificación como consecuencia de la aplicación de la reforma procesal penal en Santiago, tampoco debemos escandalizarnos por ello.

El tema central es que seamos capaces de recoger, por ejemplo, de los diputados de regiones, algunos inconvenientes que no impliquen un cambio estructural, como señala el informe del Senado, porque de todas maneras aquí se formará una comisión mixta. El informe, que seguramente vamos a aprobar, plantea cambios sustanciales respecto del intento del Senado, en algunos aspectos, de volver al viejo sistema para decir las cosas por su nombre, por ejemplo, al pretender incorporar normas de escrituración.

En la propuesta de la Cámara de Diputados, que fue hecha transversalmente con mucho rigor, se contó con la colaboración de los mejores académicos y del Ministerio de Justicia. Clarifica cuestiones relacionadas con la detención esto es concreto y no requiere una discusión política en la materia; recoge bien situaciones que la práctica indicaba complejas respecto de la flagrancia; plantea una solución correcta para el caso en que un juez de garantía, con competencia natural, no tiene en su presencia a la persona imputada. Se buscó la fórmula para evitar que quede suspendida la posibilidad de decretar medidas cautelares por el juez de garantía del lugar donde se hubiere practicado la detención.

Asimismo, la iniciativa resuelve bien el intento de tipificar el delito de falsedad ante el Ministerio Público, que nos parecía un exceso. El Senado planteó una figura penal propia para quien es juez, respecto de quien no lo es, como es el caso del Ministerio Público. Por eso, me parece un buen camino ampliar el tipo penal con algunas hipótesis distintas en materia de obstrucción a la investigación y no a la justicia.

En resumen, estamos en presencia de un buen proyecto, mejor que el enviado por el Senado. Podemos esperar la aplicación de la reforma procesal penal en Santiago con nuevos elementos, que recogen situaciones prácticas y que no importan modificar su idea matriz. Ello es básico para el desarrollo del país.

He dicho.

El señor CERONI.-

Señor Presidente, este proyecto mejora el Código Procesal Penal y, en consecuencia, la reforma procesal penal instaurada en nuestro país.

Con el tiempo encontraremos muchos otros temas que pueden ser perfeccionados. Por lo tanto, no veo ningún problema para que el próximo año hagamos nuevos ajustes. Eso es señal de una mente abierta, atenta al mejoramiento de los cuerpos legales.

Las críticas al nuevo sistema tienen que ver con una de sus virtudes, la publicidad, con la que no contaba el sistema antiguo. Antes existía un absoluto oscurantismo, nadie sabía por qué se detenía a una persona o por qué muchos procesos no llegaban a ningún puerto.

Es natural que una investigación no vaya más allá si no hay prueba. Nadie puede pretender que una investigación condene a alguien sin ella. Eso es elemental. Hay que hacer conciencia en la ciudadanía de que eso es y debe ser así.

Hemos logrado pasos importantes y significativos para agilizar el sistema y hacerlo más eficiente para detener a los inculpados. Ahora, vamos a permitir que la policía actúe, por ejemplo, con órdenes del juez a través del teléfono, del fax o de otro medio electrónico. Eso va a lograr que el sistema funcione mejor. Igualmente son mayores las facultades que se le otorgan a la policía para detener, que en la actualidad encuentran muchas dificultades. Se le permitirá ingresar a bienes inmuebles, e incluso muebles, como barcos y automóviles, en los que se puedan esconder los delincuentes.

En definitiva, creo que se trata de una modificación que apunta en el sentido correcto.

Como ya se ha dicho todo lo importante y no me quiero extender, simplemente llamo a tomar conciencia de que lo aprobado por la Comisión es positivo para el país. Por algo contó con el apoyo de todos los sectores políticos.

Confío en que el sistema se vaya asentando con el paso del tiempo y en que la gente comprenda cada vez más lo beneficioso que es para el país.

He dicho.

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, me alegra enormemente que se introduzcan estas modificaciones a la reforma procesal penal, respecto de la cual al ministro de Justicia, señor Luis Bates , le hemos hecho notar lo que está pasando en las regiones Novena y Cuarta, que son las regiones pilotos en cuanto a su implementación.

Uno de los problemas que estamos viviendo consiste en que los fiscales que preparamos, quienes adquirieron experiencia en la aplicación de la reforma procesal penal en nuestra región, hoy, legítimamente, están optando por trasladarse a la Región Metropolitana, por lo cual nos estamos quedando sin fiscales, por lo que habrá que preparar a otra gente para que el sistema siga funcionando en una de las regiones donde vio la luz.

A propósito del funcionamiento de la reforma procesal penal, al señor ministro de Justicia le hemos hecho algunos planteamientos que nos parecen fundamentales. Uno de ellos es que si bien tienen razón quienes como el diputado Burgos señalan que el antiguo sistema era muy lento y que hubo procesos que duraron hasta veinte años, hoy ocurre exactamente lo contrario, ya que se favorece al delincuente en desmedro de la gente de bien. Ése es el principal problema que estamos viendo.

De ninguna manera es una crítica a la reforma, pero queremos que se le introduzcan modificaciones para que dé garantías a todos.

Personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones nos ha señalado cuando se reclama en privado que saben quiénes son los delincuentes y lo que hacen, pero que no los detienen porque como los tribunales los sueltan inmediatamente, se burlan de la policía. Además, nos contaron que los delincuentes recurren a diversas artimañas, como dejarse crecer las uñas para, en el caso de ser detenidos, cortarse el cuerpo con ellas y culpar a los carabineros de haberlos agredido, por lo cual los funcionarios son sumariados y los dan de baja. En la Novena Región se han dado varios de estos casos.

Hay un caso tremendo en Lautaro lo pueden corroborar otros señores diputados, como Jaime Quintana y José Antonio Galilea , donde un gendarme ha sido procesado por maltrato a un preso. La pregunta que habría que hacerse es por qué se produjo el maltrato. ¿Acaso el preso es una blanca paloma? ¿Está detenido por ser una buena persona? Y resulta que todo el mundo está en contra del pobre gendarme, sin saber el resultado de la investigación ni los derechos que le asisten a cada uno.

En consecuencia, queremos que con estas modificaciones a la reforma procesal penal haya más justicia. Para mí, justicia es que ambas partes obtenga lo que es justo, no como ocurre hoy, que la gente ve cómo el juez de garantía defiende al delincuente; le asignan abogado y le dan de todo, mientras que la gente de bien debe pagar su propio abogado para defenderse.

No es que estemos criticando fuertemente la reforma procesal penal nos parece bien que se agilicen los procesos, pero no me cabe duda que cuando en Santiago se presenten los problemas que enfrentamos en las regiones deberemos darle otra vuelta a la reforma, para adecuarla a los tiempos.

Porque entusiastamente deseamos el mejoramiento de la reforma procesal penal es que queremos que se aclare a la brevedad posible.

Aun cuando no es materia de este proyecto, sería bueno que el problema suscitado con la fiscal de la Novena Región llegue a buen término, para lo cual debe dejar su cargo y que el funcionario que asuma le dé transparencia a la reforma procesal penal.

La aplicación de la reforma procesal penal en regiones ha dejado en evidencia un problema: los fiscales son mayoritariamente personas demasiado jóvenes que por primera vez están ejerciendo un poder desmedido, sin ningún contrapeso. Hacen lo que les da la gana y nadie les puede decir nada; son inacusables y no pueden renunciar a su cargo.

Por eso, sería bueno que los fiscales tuvieran algún contrapeso, porque en este momento se nota la falta de experiencia. Lo peor es que se creen intocables, lo que ha repercutido negativamente en la reforma procesal penal.

Ojalá que estos problemas se solucionen; que Carabineros e Investigaciones tengan mayores facultades; que la gente de bien se sienta protegida por la reforma procesal penal y no manipulada por ella.

Creo que los pasos que se están dando son importantes, pero insuficientes. Coincido absolutamente con mi colega Víctor Pérez cuando señaló que el próximo año quedarán al descubierto las falencias de esta reforma, cuando empiece a operar en la Región Metropolitana, que sí tiene un peso político tremendamente grande. Espero estar en esta Cámara cuando se discuta nuevamente el tema en esta Sala.

He dicho.

El señor JARAMILLO.-

Señor Presidente, todos concordamos en que ésta es una gran reforma, que ha hecho noticia en toda Latinoamérica. El obsoleto sistema anterior no daba garantías.

Concuerdo con los diputados señores René Manuel García , Víctor Pérez y Guillermo Ceroni en el sentido de que en un tiempo prudente se le introducirán nuevas modificaciones, sobre todo porque se aplicará en la Región Metropolitana.

Hace unas semanas, la mayoría de los parlamentarios asistimos a la cuenta pública de Carabineros, en un acto que reúne a personeros de las distintas instituciones y entidades del país. En esa ocasión, se nos preguntó en forma reiterada cómo estábamos abordando el tema de la seguridad ciudadana.

Creo que esta iniciativa es una respuesta a esa inquietud.

Me preocuparé de enviar a los miembros del Poder Judicial y de Carabineros las modificaciones que espero se aprueben hoy, porque considero que es necesario informarles directamente de lo que tanto nosotros, como legisladores, como el Ejecutivo estamos haciendo en contra del delito.

Entrando en el análisis del proyecto, la Comisión ha admitido algunas modificaciones a la ley vigente. Por ejemplo, el cambio de procedimiento ordinario a abreviado, las facultades del fiscal para pedir sobreseimiento, etcétera, cuestiones que a mi juicio han sido resueltas con mediana claridad o equidad, tratando de evitar una descompensación extrema entre los derechos de los imputados y los derechos del fiscal.

Sin embargo, en la nueva redacción que nos recomienda la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia hay una figura que desearía que se me explicara. Me refiero al nuevo delito de obstrucción a la investigación del fiscal, uno más a los cientos de nuestra legislación penal.

Este nuevo delito, a mi juicio, requiere de un análisis mayor, pues pone en tela de juicio un concepto central de la reforma procesal penal, como es que la prueba que se rinde y se evalúa en el juicio oral y público no se preconstituye en la fase de la investigación.

Al respecto me gustaría que los diputados abogados me lo pudieran explicar para tener una visión un poco más clara. Por ejemplo, se hace penalmente responsable al abogado en caso de que su defendido entregue antecedentes falsos ante el fiscal, lo cual me produce confusión. Ello va a llevar al abogado a sacar conclusiones erradas y a ordenar diligencias en la investigación que no van a conducir a la verdad de los hechos.

Esto me parece extremo, pues lesiona la veracidad y prestigio de los abogados al defender a los imputados en un juicio. También deja un amplio margen de discrecionalidad y evaluación a los fiscales respecto de la conducta de los abogados defensores.

Para mí ésta es una interrogante y me gustaría que los colegas abogados me aclaren este punto. Con esto, los abogados se van a sentir permanentemente amedrentados ante la amenaza de incluirlos formalmente en este delito.

Aun cuando tengo esta pequeña observación, anuncio mi voto afirmativo, con la excepción del artículo 2º, que modifica el artículo 269 bis del Código Penal.

He dicho.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, todos valoramos el hecho de que la reforma ha permitido procesos transparentes, rápidos y oportunos. Antes los juicios se demoraban cinco años y ahora, en promedio, entre cinco a ocho meses.

La gente de Coquimbo distrito que represento muchas veces me ha dicho que la reforma protege más a los delincuentes que a las víctimas de los delitos. En ese sentido estas modificaciones apuntan en la línea correcta.

Es positivo que se amplíe la flagrancia y se les dé mayores facultades y atribuciones a las policías para proceder a la detención. Antes la gente decía: “Me robaron, o vi que robaron y no detuvieron al asaltante”. Eso cambiará porque, de aprobarse las modificaciones que se proponen, cuando la víctima del delito o el testigo presencial informen que han sido asaltados, las policías podrían detener al o los delincuentes. Antes había mucha burocracia y lentitud en la emisión de las órdenes de detención; ahora bastará con una orden verbal en casos urgentes e incluso se podrá autorizar telefónicamente. Antes nos encontrábamos con el problema del control de detención; ahora lo va a poder practicar el juez del lugar donde se llevó a cabo la detención y no necesariamente el magistrado de donde emana la orden.

También es muy importante destacar la facultad que se otorga a las policías para ingresar a lugares cerrados, sean muebles o inmuebles. Recuerdo el caso de la señora Nelly Fuentes , quien me contó que denunció ante la policía que fue víctima de un robo, pero que ésta no pudo ingresar a la casa donde se encontraban las especies robadas, porque no había orden de allanamiento. Ahora, en casos calificados se va a poder ingresar al lugar cerrado donde se encuentre el delincuente para determinar su responsabilidad y proceder a su detención.

También quiero destacar el tema de la prisión preventiva. Muchas veces la gente nos dice que la han visto que la policía detiene al delincuente para ponerlo a disposición del fiscal, pero al día siguiente lo ven en libertad.

Si bien la libertad provisional es la regla general, en casos calificados, cuando se trata de delitos importantes no se está decretando la prisión preventiva, lo que permite, muchas veces, al delincuente amenazar, amedrentar o vengarse de la víctima del delito.

Por ello, considero importante que se haya establecido que la prisión preventiva va a ser improcedente cuando aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito o con la circunstancia de su comisión y la sanción probable. En consecuencia, no va a proceder cuando haya delitos de acción privada o cuando el delito imputado estuviera sancionado sólo con penas pecuniarias. Y el juez deberá privilegiar las medidas cautelares distintas de la prisión preventiva, a menos que estimare que en el caso concreto éste resulte indispensable para satisfacer la necesidad de cautelar.

En ese sentido, éste es un avance y espero que el día de mañana ayude a que la gente diga que esta reforma no beneficia tan sólo a los delincuentes, sino fundamentalmente a las víctimas de los delitos.

He dicho.

El señor CORREA.-

Señor Presidente, quiero señalar las aprensiones que nos asisten respecto de la reforma procesal penal. Es efectivo que votamos favorablemente la postergación de su inicio en la Región Metropolitana, a fin de que se hicieran las correcciones y estudios necesarios para mejorarla. Creemos que a través de este proyecto se logra ese objetivo.

No obstante, me preocupa lo que señaló el diputado señor Víctor Pérez en cuanto a la sensación que existe respecto de las denuncias. Un informe de Carabineros y de la Policía de Investigaciones expresa que en el último trimestre bajó la cantidad de denuncias respecto de las que habían antes, lo que significa, a juicio de ellos, que han bajado los delitos. A mi juicio, ésa no es una conclusión lógica, ya que la gente realiza menos denuncias porque no quiere verse envuelta en un trámite engorroso cuando se trata de delitos menores. No es efectivo que los delitos hayan disminuido, lo que ocurre es que la gente no hace la denuncia correspondiente, porque no desea ser citada a tribunales. Por último, porque estima que no saca nada con denunciar porque los delitos menores no se investigan.

He dicho.

El señor ASCENCIO (Presidente).-

Corresponde votar el proyecto que modifica los Códigos Procesal Penal y Penal en diversas materias relativas al funcionamiento de la reforma procesal penal.

Hago presente a la Sala que este proyecto contiene disposiciones de ley orgánica constitucional y de quórum calificado.

En votación.

- Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ASCENCIO (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi , Aguiló , Alvarado , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Barros, Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa, Cristi ( doña María Angélica ), Cubillos (doña Marcela) , Delmastro , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Escalona , Espinoza , Forni , García (don René Manuel) , García-Huidobro , Girardi , González (doña Rosa) , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Kast , Kuschel, Leal , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longueira , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Meza , Molina , Montes, Mora , Moreira , Muñoz (don Pedro) , Norambuena , Ojeda , Ortiz , Palma , Paredes, Paya , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Riveros , Robles, Rojas , Rossi, Saa (doña María Antonieta) , Salaberry , Salas , Sánchez , Seguel , Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Urrutia, Valenzuela , Vargas , Vidal (doña Ximena), Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker.