Labor Parlamentaria

El señor LORENZINI ( Presidente ).-

Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto que modifica la ley Nº 19.525, que regula los sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias.

Diputados informantes de las Comisiones de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y de Hacienda son los señores Iván Norambuena y José Pérez, respectivamente.

Antecedentes:

-Segundos informes de las Comisiones de Obras Públicas y de Hacienda, boletín Nº 3264-09, sesión 51ª, en 2 de marzo de 2004. Documentos de la Cuenta Nºs. 45 y 46, respectivamente.

El señor ALVARADO .-

Señor Presidente , antes de rendir el informe, quiero saludar a los nuevos integrantes de la Mesa y desearles el mayor de los éxitos en su gestión en beneficio de la Cámara.

En nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones paso a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, sobre el proyecto de ley, originado en mensaje de su Excelencia el Presidente de la República y calificado con urgencia de “suma” que modifica la ley Nº 19.525, que regula los sistemas de evacuación y drenaje de las aguas lluvias.

La iniciativa fue despachada por esta Comisión, en su primer trámite reglamentario, el 18 de noviembre de 2003, y fue aprobada en general por la honorable Cámara de Diputados en la sesión 35ª, de 17 de diciembre de 2003.

Durante la discusión de este segundo informe, la Comisión contó con la asistencia y la colaboración del subsecretario de Obras Públicas , señor Clemente Pérez Errázuriz ; de sus asesores, señor Sergio Arévalo Macías y señorita Catherine Cumming Melaj , y del jefe del comité asesor del ministro de Vivienda y Bienes Nacionales , señor Jaime Silva Arancibia .

Antes de iniciar la discusión del segundo trámite reglamentario de esta iniciativa, cabe señalar, en que este trámite, el proyecto fue enriquecido gracias al aporte realizado por los diputados integrantes de la Comisión y por otros señores diputados que no son miembros de ella. En consecuencia, las indicaciones presentadas por el Ejecutivo no hacen sino recoger los planteamientos y proposiciones de los señores diputados.

Las modificaciones de este segundo informe dicen relación con lo siguiente:

El subsecretario de Obras Públicas , señor Clemente Pérez , explicó que los objetivos perseguidos por las indicaciones del Ejecutivo son:

1. Dejar exentos del pago de la tarifa por el servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias a todos los propietarios y copropietarios de inmuebles con avalúo fiscal igual o menor a 150 unidades de fomento;

2. Para efectos del cálculo de las tarifas de los inmuebles de avalúo fiscal superior a 150 unidades de fomento, rebajar esta cantidad del avalúo fiscal correspondiente;

3. Fijar un subsidio equivalente al ciento por ciento del pago del servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias para todos los usuarios beneficiados por el subsidio de agua potable cuyos inmuebles no se encuentren exentos del pago de la tarifa, y

4. Restablecer la posibilidad de que el Estado entregue en concesión colectores unitarios. En la mayoría de los casos, se requerirá de colectores separados, pues los unitarios aumentan el volumen de aguas servidas por tratar. Por eso, el Estado debe concesionarlos sólo en casos excepcionales.

Por último, hizo presente que las indicaciones del Ejecutivo tienen su origen en los planteamientos e inquietudes de los diputados señores Aguiló, Burgos , Ceroni , Escalona , Hales, Luksic , Norambuena , Pérez, don Ramón ; Rossi , Salas , Tuma , Uriarte y Walker , las que fueron acogidas y patrocinadas por referirse, algunas de ellas, a materias que, según la Constitución Política de la República, son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .

A continuación, voy a dar a conocer de manera sucinta las principales indicaciones que se formularon y que modifican el informe original de la Comisión de Obras Públicas.

1. El Ejecutivo formuló una indicación para intercalar, en el nuevo inciso cuarto que se incorpora por el artículo 1º, número 2, después de la expresión “y drenaje de aguas lluvias”, el siguiente texto: “propietarios o copropietarios de inmuebles cuyo avalúo fiscal sea superior a 150 unidades de fomento,” precedido de una coma (,).

El subsecretario de Obras Públicas , señor Clemente Pérez , advirtió que esta indicación contiene la exención del pago del servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias para todas las propiedades cuyo avalúo fiscal sea inferior a 150 unidades de fomento. Agregó que la intención del Gobierno es que la mayoría de quienes han recibido subsidios del Estado para la adquisición de sus viviendas, queden exentos del pago de ese servicio. Más adelante se propone que, en el caso de los propietarios o copropietarios de viviendas de valor superior a 150 unidades de fomento, la tarifa se calcule sobre el exceso de 150 unidades de fomento.

Explicó, además, que con la modificación propuesta, el 23 por ciento de la población de la ciudad de Santiago quedará absolutamente exento del pago del servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias. Antes de la indicación, los exentos constituían el 10 por ciento de la población.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por unanimidad.

2. El Ejecutivo formuló una indicación para incorporar, en el nuevo inciso cuarto, que se incorpora por el artículo 1º, número 2, después de la expresión “la tarifa correspondiente”, cambiando el punto seguido (.) por una coma (,), la siguiente frase: “a contar de la puesta en operación de las obras.”.

El subsecretario de Obras Públicas , señor Clemente Pérez , señaló que esta indicación no hace sino reforzar la norma vigente en la ley de Concesiones de Obras Públicas, según la cual el concesionario no puede cobrar por el servicio hasta que la obra esté terminada.

Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por unanimidad.

3. El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar el inciso quinto, que se incorpora por el artículo 1º, número 2, por el siguiente:

“La componente tarifaria asociada al beneficio de la plusvalía del inmueble se determinará multiplicando un cargo tarifario porcentual, expresado como fracción de uno, por el valor que resulte de descontar del monto del avalúo fiscal del inmueble respectivo la cantidad de 150 unidades de fomento.”.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por unanimidad.

4. El Ejecutivo formuló una indicación para intercalar, a continuación del inciso sexto, que se incorpora mediante el artículo 1º, número 2, el siguiente inciso séptimo, nuevo, pasando los que vienen a continuación a ser octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, decimotercero, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto y decimoséptimo, respectivamente:

“Quedarán exentos del pago de la tarifa correspondiente todos aquellos usuarios del servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias que sean propietarios o copropietarios de inmuebles cuyo avalúo fiscal sea igual o menor a 150 unidades de fomento.”.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por unanimidad.

5. Los diputados señores Aguiló, Burgos , Ceroni , Escalona , Hales , Luksic , Norambuena , Pérez, don Ramón ; Rossi , Salas , Tuma , Uriarte y Walker formularon una indicación para incorporar, en el inciso undécimo, que pasa a ser duodécimo, que se incorpora por el artículo 1º, número 2, a continuación de la expresión “todos los servicios correspondientes”, reemplazando el punto seguido (.) por una coma (,), la siguiente frase: “debidamente singularizados”.

Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por unanimidad.

6. Los diputados señores Aguiló, Burgos , Ceroni , Escalona , Hales , Luksic , Norambuena , Pérez, don Ramón ; Rossi , Salas , Tuma , Uriarte y Walker formularon una indicación para suprimir, en el inciso duodécimo, que pasa a ser decimotercero, que se incorpora por el artículo 1º, número 2, la expresión “que acredite la deuda”.

El subsecretario de Obras Públicas , señor Clemente Pérez , manifestó que sólo a los tribunales de justicia les corresponde dar por acreditadas las obligaciones, por lo que concordó con la indicación.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por unanimidad.

7. El Ejecutivo formuló una indicación para agregar, en el inciso tercero del artículo 2º de la ley Nº 19.525, la frase “ser unitarias o”, que se eliminó mediante el artículo 1º, número 3, letra a).

El subsecretario de Obras Públicas , señor Clemente Pérez , resaltó la importancia de esta indicación, puesto que repone la posibilidad de contar con colectores unitarios en caso de que la autoridad así lo disponga. Se trata de mantener la norma actualmente vigente, que por error está contenida en el mensaje y que fue aprobada por la Comisión. En todo caso, la regla general seguirá siendo que los colectores de aguas lluvias y de aguas servidas estén separados.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por unanimidad.

La secretaría de la Comisión advirtió que la indicación incorpora una expresión que ya existe en la ley vigente. Por ende, para obtener su objeto, reglamentariamente corresponde eliminar la letra a) del número 3 del artículo 1º.

Por la unanimidad de los diputados presentes, se acordó eliminar la letra a) del número 3 del artículo 1º.

8. El Ejecutivo formuló una indicación para agregar, en el encabezamiento del artículo 2º bis permanente, nuevo, que se incorpora mediante el artículo 1º, número 4, después de la expresión “Establécese un subsidio para cubrir el”, la frase “total del”, suprimiendo el artículo “el” que antecede a la palabra “pago”.

Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por unanimidad.

9. El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar, en el artículo 2º bis permanente, nuevo, que se incorpora mediante el artículo 1º, número 4, el texto situado a continuación de la coma (,) que sigue a la expresión “y en su reglamento”, por el siguiente: “que sean propietarios o copropietarios de inmuebles cuyo avalúo fiscal sea superior a 150 unidades de fomento.”.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por unanimidad.

10. El Ejecutivo formuló una indicación para intercalar, en la nueva letra e) que se incorpora en el artículo 17 del decreto con fuerza de ley Nº 850, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, mediante el artículo 2º del proyecto, después de la expresión “obras de la red primaria”, la siguiente frase: “y de la red secundaria concesionada”.

El señor Sergio Arévalo , asesor del subsecretario de Obras Públicas , precisó que esta indicación no busca sino corregir una omisión del texto aprobado en el primer informe.

Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por unanimidad.

No se han introducido artículos nuevos.

Se deja constancia de una serie de indicaciones que fueron declaradas inadmisibles, en atención a que la facultad, por el tenor de ellas, correspondía al Ejecutivo , y, dado que éste recogió las indicaciones de los señores diputados, sería redundante tratarlas, por cuanto apuntan al mismo objetivo. Por lo tanto, fueron absorbidas por las indicaciones propuestas por el Ejecutivo.

La gran mayoría de las propuestas debatidas y sometidas a consideración de la Comisión fueron aprobadas por unanimidad. Por consiguiente, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones recomienda su aprobación por esta Sala.

He dicho.

El señor PÉREZ (don José).-

Señor Presidente , en conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación, me corresponde entregar el segundo informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.525, que regula sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias.

Constancias previas.

Las disposiciones puestas en conocimiento de esta Comisión, en este trámite, son los numerales 2 y 4 del artículo 1º del proyecto aprobado por la Comisión técnica.

Durante el estudio del proyecto, asistieron a la Comisión el señor Clemente Pérez , subsecretario de Obras Públicas ; la señorita Catherine Cumming y el señor Sergio Arévalo , asesores del Ministerio de Obras Públicas.

De los antecedentes proporcionados a la Comisión por el señor Clemente Pérez , en relación con las modificaciones introducidas al proyecto en la Comisión técnica, se desprende lo siguiente:

a) Se incrementa el subsidio para cubrir el total de los servicios de aguas lluvias para los usuarios favorecidos con el subsidio por agua potable y alcantarillado que indica;

b) Se exime de la tarifa correspondiente a los usuarios del servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias que sean propietarios o copropietarios de inmuebles cuyo avalúo fiscal sea igual o menor a 150 unidades de fomento;

c) Para efectos tarifarios, se descontará del monto del avalúo fiscal del inmueble respectivo las 150 unidades de fomento, haciendo progresivo dicho cobro, y

d) El pago de la tarifa se hará a contar de la puesta en operación de las obras.

En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:

Por el numeral 2) del artículo 1º, se incorporan, en el artículo 1º de la ley Nº 19.525, los incisos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, decimotercero, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto y decimoséptimo, nuevos, del siguiente tenor:

“Se entenderá por usuarios del servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias a los propietarios o copropietarios de inmuebles que se encuentren emplazados dentro del área urbana de la cuenca hidrográfica servida por este sistema, quedando radicada en dichos inmuebles la obligación de pago de la tarifa correspondiente.

“Cualquiera que sea el procedimiento utilizado para contratar la realización de las obras a que den lugar las disposiciones de esta ley, los usuarios del servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias, propietarios o copropietarios de inmuebles cuyo avalúo fiscal sea superior a 150 unidades de fomento, deberán pagar la tarifa correspondiente, a contar de la puesta en operación de las obras. Ésta se calculará sobre la base de un cargo por beneficio a la plusvalía del inmueble más un cargo por el aporte del inmueble a la escorrentía superficial, y se determinará considerando los costos de inversión, mantención y operación del sistema de drenaje y evacuación de aguas lluvias.

“El componente tarifario asociado al beneficio a la plusvalía del inmueble se determinará multiplicando un cargo tarifario porcentual, expresado como fracción de uno, por el valor que resulte de descontar del monto del avalúo fiscal del inmueble respectivo la cantidad de 150 unidades de fomento.

“Por su parte, el componente de la tarifa asociado al aporte del inmueble a la escorrentía superficial se determinará por la multiplicación de un cargo tarifario, expresado en unidades monetarias, por unidad de área, por la superficie del terreno en el cual se emplace el inmueble y por un factor asociado al tipo de inmueble. Dicho factor será igual a la unidad, tratándose de inmuebles no habitacionales y viviendas colectivas de tres o más pisos, y a cero coma cinco en el caso de viviendas de uno o dos pisos. En el caso de viviendas colectivas de tres o más pisos, el valor así calculado se prorrateará entre cada copropietario en igual proporción a la utilizada para la distribución de los gastos comunes.

“Quedarán exentos del pago de la tarifa correspondiente todos aquellos usuarios del servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias que sean propietarios o copropietarios de inmuebles cuyo avalúo fiscal sea igual o menor a 150 unidades de fomento.

“Con todo, la recaudación total por concepto de este servicio en la cuenca respectiva deberá provenir en no más del 60 por ciento ni en menos del 40 por ciento del componente asociado al avalúo fiscal. El porcentaje señalado será fijado en el decreto supremo o en las bases de licitación, según corresponda.

En el caso de que las obras se ejecuten, mantengan y operen a través del Ministerio de Obras Públicas, la tarifa será determinada por decreto supremo expedido por el ministro de Obras Públicas , el que deberá llevar, además, las firmas de los ministros de Vivienda y Urbanismo, de Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción. En el caso de que las obras se ejecuten por el sistema de concesión de obra pública fiscal, las tarifas se regularán conforme a la normativa que rige dicho sistema.

“La sociedad concesionaria de la obra pública fiscal deberá efectuar las funciones de facturación y cobranza de la tarifa por el servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias. Sin embargo, podrá contratar dichas funciones con la empresa de servicios sanitarios que preste servicios en la cuenca hidrográfica en la que se ejecutarán las obras de evacuación y drenaje de aguas lluvias. Dicha empresa, una vez requerida, estará obligada a realizarlas.

“Por su parte, en el caso de que las obras se ejecuten, mantengan y operen a través del Ministerio de Obras Públicas, las funciones de facturación y cobranza de la tarifa deberán ser efectuadas por la empresa de servicios sanitarios respectiva, la que deberá integrar lo recaudado a rentas generales de la nación dentro del plazo que se determine en el decreto tarifario correspondiente.

“La empresa de servicios sanitarios que ejecute las funciones de facturación y cobranza de la tarifa por el servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias deberá remitir al usuario una cuenta única e indivisible que comprenda todos los servicios correspondientes, debidamente singularizados. Las tarifas a percibir por la empresa de servicios sanitarios por dichas funciones serán las que resulten de la aplicación de las normas que establezca el reglamento que para tal efecto deberán dictar, conjuntamente, los Ministerios de Obras Públicas y de Economía, Fomento y Reconstrucción.

“Para efectos del cobro judicial de las tarifas correspondientes, la boleta o factura emitida por la sociedad concesionaria de la obra pública fiscal tendrá mérito ejecutivo.

“El plan de inversiones y el programa para la ejecución de las obras y operación del servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias serán aprobados mediante decreto supremo, firmado por el Ministro de Obras Públicas , previa consulta al Gobierno Regional correspondiente.

“El Gobierno Regional dispondrá de un plazo máximo de sesenta días para pronunciarse sobre el plan y el programa individualizados en el inciso precedente. Dentro de dicho plazo, previamente a su pronunciamiento, el Gobierno Regional deberá efectuar una audiencia pública de carácter consultivo. “Las obras incluidas en el plan de inversiones para el servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias podrán corresponder a obras del “plan maestro” o a obras alternativas que resulten más eficientes desde el punto de vista técnico-económico. No obstante lo anterior, las obras que formen parte del plan de inversiones indicado deberán ser evaluadas según las pautas establecidas en la metodología de formulación y evaluación de proyectos de evacuación y drenaje de aguas lluvias, aprobada por el Ministerio de Planificación y Cooperación.

“La Superintendencia de Servicios Sanitarios podrá requerir de la sociedad concesionaria de la obra pública, en la que tenga participación directa o indirecta una empresa de servicios sanitarios, la información que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones.”.

Por el numeral 4) se incorpora el siguiente artículo 2º bis permanente, nuevo:

“Artículo 2º bis.- Establécese un subsidio para cubrir el total del pago del servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias. Serán beneficiarios de éste todos los usuarios favorecidos con el subsidio al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado establecido en la ley Nº 18.778 y en su reglamento, que sean propietarios o copropietarios de inmuebles cuyo avalúo fiscal sea superior a 150 unidades de fomento.”.

La Comisión aprobó por unanimidad los numerales 2) y 4) precedentes, con las indicaciones aprobadas en el primer informe y que se consignan a continuación:

De los diputados señores Jaramillo , Lorenzini , Ortiz , Saffirio y Tuma , para suprimir, en el inciso tercero propuesto, las palabras “de la cuenca hidrográfica”.

De los mismos señores diputados, para intercalar en el mismo inciso tercero, después de la palabra “sistema”, eliminando la coma (,) y la palabra “quedando”, la siguiente frase: “y que tengan la calidad de usuario de los sistemas de abastecimiento de agua potable”.

De los diputados señores Jaramillo y Tuma , para reemplazar, en el inciso séptimo propuesto -nuevo inciso octavo-, las palabras “en la cuenca hidrográfica” por “en cada área urbana servida por el sistema”.

De los diputados señores Lorenzini y Tuma , para reemplazar, en el inciso decimocuarto propuesto -nuevo inciso decimoquinto-, la palabra “deberá” por la expresión “podrá”.

Acordado en sesión de fecha 20 de enero de 2004, con la asistencia de los diputados señores Jaramillo, don Enrique ( presidente ); Cardemil, don Alberto ; Escalona, don Camilo ; Ortiz, don José Miguel ; Pérez, don José ; Saffirio, don Eduardo , y Tuma, don Eugenio .

He dicho.

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, al analizar este proyecto, da la impresión de que su discusión fue muy fácil, pero no es así. Varias de sus materias provocaron aprensiones, pero se fueron disipando durante su estudio.

Voy a indicar algunos aspectos que se corrigieron.

En zonas con muchas precipitaciones es común que se inunden poblaciones. Pero también lo hemos visto en Santiago, donde con un poco de agua que caiga se inunda toda la ciudad. Por eso, la gente debe saber que este proyecto, que modifica la ley que regula los sistemas de evacuación de aguas lluvias, favorece a quienes han tenido problemas año tras año con las inundaciones.

Ahora, es importante que en el proceso de evacuación de las aguas lluvias se considere el estado de las cuencas hidrográficas. Muchas veces éstas han sido achicadas por el hombre al construir en sus entornos paredones o viviendas. Por ello, es indispensable su limpieza para una correcta y rápida evacuación de las aguas lluvias. Por ejemplo, en la comuna de Loncoche se limpió un estero, lo que permitió que 400 ó 500 casas, por primera vez, luego de treinta años, no se inundaran y que la gente pasara seca ese invierno.

Entonces, la evacuación de las aguas lluvias no consiste sólo en instalar un par de tubos debajo de la carretera, concesionados por los ministerios de Obras Públicas o de Vivienda. Es mucho más importante que eso: dar a la gente la seguridad de que sus casas no se inundarán. También el proyecto cautela que las personas de menores recursos, cuyas propiedades no superan las 150 UF, queden exentas del pago.

En la Comisión tratamos de elaborar el proyecto lo mejor posible. Sin embargo, tal como se dijo allí, muchas veces se nos pasan detalles; estos trabajos deberían haberse efectuado antes. Me explico: en los trabajos de la circunvalación Américo Vespucio están atorados porque las obras de evacuación de aguas lluvias hay que hacerlas ahora y no después de que se inunde la carretera y haya que romper de nuevo para efectuarlas. Por eso, el proyecto es importante, porque en la construcción de futuras carreteras deberá considerarse la instalación de sistemas de evacuación de aguas lluvias.

Pero no sólo los parlamentarios deben pensar en el proyecto de ley; también es importante que las regiones participen. Es así como los gobiernos regionales tendrán sesenta días para revisar los proyectos, lo que también es muy importante, porque no deben ser sólo un buzón de las leyes que despacha el Congreso Nacional, sino que también deben interesarse en los proyectos de la región.

Asimismo, es importante tranquilizar a la población respecto de los costos. El problema no es hacer las obras, sino cómo se pagan. Uno cree que las obras concesionadas las paga Moya, y no es así: las pagamos todos los chilenos. La gente que pone la plata gana un interés de, más o menos, un 10 por ciento anual. Entonces, se calcula que en veinte años estará recuperada su inversión, más los intereses correspondientes. Cuando las obras son concesionadas, la primera pregunta que nos hacemos es ¿cómo se pagarán? ¿Por qué? Porque la gente va a pensar que le vamos a recargar sus costos. Es bueno que ella sepa que tendrá que pagar la cuenta del agua potable, la cuenta por el uso de alcantarillado y, ahora también, la cuenta por concepto de la planta de tratamiento de aguas servidas y de evacuación de las aguas lluvias. Pero si estudiamos con calma este proyecto, vemos que, quizás, la iniciativa en estudio es la que mayores beneficios reportará a la gente, porque no perderá sus enseres invierno tras invierno.

Es importante destacar que hemos cautelado a los propietarios de inmuebles cuyo avalúo fiscal sea igual o inferior a 150 unidades de fomento, y que la gente que tiene más recursos será solidaria con ellos. En ese sentido, estamos absolutamente de acuerdo. Si comparamos el pequeño recargo que deberán asumir las personas con el beneficio que obtendrán, sin duda este último es mucho mayor, sobre todo en el caso de la gente que vive en poblaciones o en terrenos que se inundan.

Quiero mandar un mensaje al ministro de Vivienda , en el sentido de que es bueno que los asesores “pongan más ojo” en cuanto a dónde recomiendan construir.

Éste es un buen proyecto de ley. Lo vimos en las comisiones de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, y de Vivienda y Desarrollo Urbano. En todo caso, no creo que esta iniciativa afecte a más de 25 ó 26 ciudades -las más grandes- a lo largo del país.

La pregunta puede ser respondida por el señor ministro . Por ejemplo, si se produce una inundación en una ciudad mediana, como Villarrica, y se hace esta obra de evacuación de aguas lluvias que favorecerá a treinta, cuarenta o cincuenta familias, ¿toda la población va a tener que pagar proporcionalmente su costo? Lo consulto sin ánimo de polemizar, pues Renovación Nacional va a votar favorablemente el proyecto; pero sería bueno que se aclarara esta inquietud. Por esa razón, mandé un mensaje al ministro de Vivienda , porque, cuando por un mal asesoramiento se construye en un lugar que se inunda, a la larga se perjudica a las mil, dos mil o cinco mil viviendas que va a tener la población. Es bueno pagar un poquito más por los terrenos, a fin de no tener estos problemas.

Con mucha fuerza y entusiasmo, porque hemos visto que se ha trabajado en conciencia, vamos a votar favorablemente. Al respecto, pienso en algunas ciudades de mi distrito, como Loncoche, Toltén , que es la que más se inunda, y Gorbea . Queremos que estas obras se realicen y que las personas sean favorecidas. Ojalá -otro recado- cuando exista necesidad de hacer este tipo de obras en pueblos como los de la Novena Región, con casas cuyo avalúo fiscal sea de menos de 150 unidades de fomento, se haga mirando el bien común, con el fin de que la gente pueda vivir un invierno mejor.

He dicho.

El señor TUMA.-

Señor Presidente , quiero celebrar la especial connotación que el Gobierno, a través del mensaje, le ha dado a este proyecto, en el sentido de que las regiones no sigan financiando obras que, preferentemente, van a beneficiar a Santiago. Por ejemplo, con la construcción del Metro se les restan recursos para obras públicas a las regiones que no se beneficiarán con esa obra, tan necesaria e indispensable para el transporte de los capitalinos.

Este proyecto se concibió de manera distinta, ya que las obras serán financiadas por las localidades que obtengan algún beneficio del sistema. Por lo tanto, las regiones no disputarán el escaso presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, porque el proyecto será financiado por un concesionario, el que, a su vez, por medio de las tarifas que pagarán los usuarios del sistema, obtendrá una retribución por los recursos que invierta.

Como titular de la Comisión de Hacienda, me correspondió participar en la discusión del proyecto, especialmente en lo relativo a los numerales 2 y 4 del artículo 1º, que dicen relación con la definición del área atendida. En este sentido, entendí que, respecto de las tarifas de agua potable y de alcantarillado, y de la fijación de las tarifas de las plantas de tratamiento de aguas servidas, el costo de la planta se podrá distribuir en el total de la cuenca, porque todas las ciudades aledañas se verán beneficiadas con las inversiones de saneamiento de las aguas servidas. Pero cuando se trata de financiar sistemas de evacuación de aguas lluvias, no tiene sentido distribuir su costo en el total de los usuarios de la cuenca hidrográfica. Por ejemplo, si se ejecutaran obras mediante este sistema en la cuenca del Biobío, conforme se definió originalmente en el proyecto -distribuir el costo en la cuenca-, las localidades de Santa Bárbara, Laja , San Rosendo y Chiguayante también tendrían que financiar el sistema que favorece a Concepción. Lo mismo ocurriría en el caso de la cuenca del río Cautín, por lo que Lautaro, Imperial y Carahue tendrían que contribuir al financiamiento de los sistemas de drenaje y evacuación de aguas lluvias de Temuco, o en la cuenca del río Calle Calle, con las localidades de Panguipulli y Los Lagos, si el sistema se aplicara en Valdivia.

Por lo tanto, en la Comisión de Hacienda, los diputados señores Jaramillo , Lorenzini , Ortiz , Saffirio y quien habla presentamos una indicación para corregir esta distorsión, con el objeto de que el costo del sistema sólo se distribuya entre los usuarios de una misma ciudad o sector urbano, y no afecte a las localidades que no se beneficien del sistema. Al mismo tiempo, presentamos una indicación para que los beneficiarios necesariamente tengan que ser usuarios del sistema de abastecimiento de agua potable, la que fue aprobada por unanimidad.

Respecto del pago, en la discusión del primer informe reglamentario de este proyecto, varios señores diputados planteamos que éste era un cargo más para las familias modestas, en circunstancias de que muchas veces no tienen dinero para cambiar una plancha de zinc, a fin de evitar que se siga lloviendo su casa.

Desde ese punto de vista, el proyecto ha sido mejorado notablemente. El Ejecutivo ha aceptado que el sistema sea subsidiado en un ciento por ciento para todos aquellos que reciben el subsidio de agua potable. Asimismo, quedarán exentos del pago todos los propietarios de inmuebles cuyo avalúo fiscal sea menor a 150 unidades de fomento, como también, para ser justos con este subsidio, se eximirá de pago a las primeras 150 unidades de fomento del avalúo fiscal de las viviendas.

Junto con el diputado señor Lorenzini -quien hoy asumió la Presidencia de la Corporación- presentamos una indicación que establece la obligatoriedad de que los gobiernos regionales se pronuncien sobre el plan. El proyecto original establecía que “el Gobierno Regional deberá efectuar una audiencia pública de carácter consultivo”. Como su pronunciamiento no era vinculante respecto de la resolución que adoptara el Ministerio en su momento, sugerimos que era más conveniente dejar en libertad de acción a los gobiernos regionales para que decidieran si hacían o no dicha consulta. De manera que hubo unanimidad con el Gobierno en cuanto a modificar la obligatoriedad de la consulta, a fin de dejar establecida una condicionante que pudiese resolver el propio gobierno regional.

Por último, quiero señalar la metodología empleada en el despacho del proyecto, el cual aprobaré en forma entusiasta. En el informe de la Comisión de Obras Públicas no están consideradas las indicaciones formuladas en la Comisión de Hacienda, aprobadas por unanimidad, las cuales dicen relación con el cambio en la definición de las personas a las que se les cobrará y con el imperio del sistema de cobranzas en los sectores urbanos beneficiarios y no en la cuenca. Es una de las modificaciones esenciales que hemos hecho en la Comisión de Hacienda.

De modo que el proyecto debe ser votado con las modificaciones aprobadas por la unanimidad de la Comisión de Hacienda.

He dicho.

El señor MONTES.-

Señor Presidente , es muy importante contar con una ley que establezca un sistema de evacuación y drenaje de las aguas lluvias para evitar las inundaciones. Ello no se hizo oportunamente y cuando las ciudades alcanzaron cierto grado de crecimiento. Por eso, ahora sus costos son muy altos, pero deben enfrentarse, pues tienen relación con la calidad de vida de las personas.

En 1997 se fijó la responsabilidad en la materia en los ministerios de Vivienda y de Obras Públicas. Ahora, se determina cómo se financiarán las obras y se captará capital privado.

La opción de las concesiones es positiva, ya que permitirá mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades.

En el primer informe manifestamos nuestra preocupación, en primer lugar, por quién tomaría las decisiones y cómo, y, en segundo lugar, por cómo se financiarían las obras.

El segundo informe ha mejorado el sistema de financiamiento al excluir a una parte del sector de menores ingresos. Por eso, votaremos a favor de las indicaciones aprobadas por la Comisión.

Sin embargo, a pesar de su importante avance en esta materia, es pertinente reconocer que quedan pendientes aspectos de fondo. La mayor debilidad del proyecto proviene del carácter de bien privado que se da al tratamiento de las aguas lluvias. ¿Son los ciudadanos los que deben financiarlo?

Estoy convencido de que el tratamiento de las aguas lluvias es un tema de ciudad, porque se trata de un bien público o semipúblico. Discrepo de lo planteado por el ministro Jaime Ravinet en el primer informe, cuando señaló que “es profundamente erróneo pensar que las aguas lluvias representan un bien público, porque si concluyéramos eso serían materia de Estado”. Una cosa no implica la otra. El carácter público de la ciudad no significa que exista una sola forma de financiamiento. No es lógico cargar una inversión de esta naturaleza a una sola generación de ciudadanos en proporción a variables como su patrimonio. Eso se ha hecho en exceso.

¿Las aguas servidas son un bien privado? Hoy se coloca en la cuenta de cada ciudadano el pago por el tratamiento de las aguas servidas. A esta generación se le carga la inversión de una obra que beneficiará a futuras generaciones y que no se pudo hacer en otra época, porque no se contaba con los medios para mejorar las ciudades.

El problema de fondo es el modelo de protección social. La sociedad debe hacerse cargo de las personas a las cuales no les va bien -no necesariamente son pobres- y no están en condiciones de cubrir los nuevos gastos. Hemos privatizado y transformado en bienes privados todo lo posible. Por ejemplo, para ser enterrada en un cementerio, la gente más pobre requiere de 700 mil pesos.

Nos preocupan los subsidios ocultos. Los especuladores de terrenos ganan grandes fortunas, porque se benefician del crecimiento de la ciudad. ¿Existe preocupación por esos subsidios ocultos? Se debe buscar un modelo de protección social y considerar el conjunto del problema.

¿Las obras se deben financiar con los recursos públicos generales? Nadie ha dicho eso, pues sería injusto. No es lógico que los habitantes de Arica paguen el tratamiento de aguas lluvias de Santiago.

Las regiones no cuentan con recursos propios que provengan de su dinamismo económico y del esfuerzo de sus habitantes. Dependen exclusivamente de la decisión presupuestaria anual, del Fndr, de los fondos sectoriales, etcétera.

Quienes participamos, en 1992, en la reforma regional, señalamos con fuerza que quedaba algo incompleto; que entendíamos que era bueno partir así, pero que había que enfrentarlo, porque las regiones no podían depender sólo de predecisiones y recursos preasignados en el nivel central, independientemente de su dinamismo económico, de su aporte al desarrollo del país. Las regiones necesitan fuentes de ingresos propias, de distinta naturaleza, de libre disposición y de acuerdo a su propio dinamismo; algún fondo de compensación, como el fondo común municipal.

Lo anterior nos ha llevado a decir que se requieren impuestos regionales pagados por quienes viven en regiones. Con ellos se formaría un fondo del que se sacarían los recursos para pagar los bienes públicos de las respectivas ciudades.

Hoy se discute el problema de las aguas lluvias. Ayer se discutió el de las aguas servidas, que definimos y enfrentamos mal, porque se puso un peso en la espalda a quienes no corresponde.

Por otra parte, deben hacerse grandes inversiones en relación con el tema de la basura, como es propio en todas las ciudades. No podemos seguir cobrando sólo lo que cuesta transportarla y disponerla, sino que debemos hacer grandes inversiones para enfrentar de manera industrial y moderna ese problema.

Otro ejemplo: las ciclovías. Debe haber un fondo que fortalezca a las regiones y que les permita a las ciudades tomar decisiones respecto de su futuro.

A estas alturas, el argumento de la gradualidad y de lo paulatino puede ser válido en la dimensión técnica y de ejecución, pero no en lo que hay que hacer. Eso no corresponde, porque una región puede decidir invertir más en un aspecto que en otro. Por ejemplo, Chiloé requiere mucho mayor tratamiento de aguas servidas, pero no tiene cómo tomar esa decisión. Por esa razón, deben existir recursos para una inversión de ese tipo.

Anuncio que votaré favorablemente las indicaciones, porque mejoran el proyecto o lo hacen menos malo que su texto anterior. Estamos avanzando. Sé que esto requiere una reforma constitucional regional, como la que está en discusión en la Comisión de Gobierno Interior. Por tanto, mi petición es que enfrentemos esto a fondo para que podamos aumentar la capacidad de decisión de las regiones y procurar que ella se adopte con más justicia.

La evacuación y drenaje de aguas lluvias no es un bien privado, sino público o semipúblico; en su caso, bien regional o de ciudad. Ésa es la base de nuestra argumentación.

He dicho.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, comparto bastante la argumentación del diputado Montes.

Cuando el año pasado se planteó parte de este problema, me pareció que aguas servidas y aguas lluvia son temas distintos. Yo produzco aguas servidas, no aguas lluvias. Primera gran diferencia.

Lamentablemente, el país no enfrentó esta materia antes. Sin querer hacer una crítica a la Concertación, en 1996 fue la primera vez que se tocó en el Congreso Nacional. Se facultó al Ministerio de Obras Públicas; pero pasaron siete u ocho años y no se hizo nada -hoy recién estamos estudiando este proyecto-. En ese tiempo se encarecieron los costos.

Conozco más la Región Metropolitana, pero quiero recordar que en Antofagasta el desarrollo inmobiliario, sobre todo público, con las viviendas Serviu , ha sido salvaje. Sin embargo, el problema de las aguas lluvias no lo tenemos en Antofagasta, sino en Santiago. Los anegamientos de viviendas se producen en todas las propiedades construidas por el Serviu y en los terrenos comprados por este servicio para proyectos inmobiliarios. En comunas donde ha habido mayor desarrollo inmobiliario, como son Quilicura, Renca , Pudahuel, parte de Huechuraba y otros puntos, los principales conflictos son por anegamiento de calles y viviendas.

Hoy, la solución es que todos los vecinos, mediante un pago mensual, contribuyan a financiar las obras. Pero ¿qué hacen las inmobiliarias al respecto? ¿Cuál es la exigencia que se les pone en esta materia? Me parece que todo proyecto inmobiliario debería contemplar una red que llevara las aguas lluvias a un canal primario de evacuación, cuyos costos se considerarían entre los de urbanización, tanto cuando construya el fisco como cuando lo haga el sector privado. Pero no puede ser que el Estado o el sector privado construyan viviendas y, en definitiva, los vecinos del sector de Río Jachal, que no se inundan nunca, paguen por la evacuación de las aguas lluvias. Me parece injusto. Alguien podrá decir que esa solución es posible, pero no me venga a plantear que es de justicia.

Hoy se está pasando la cuenta a gente modesta por ineficiencia de los gobiernos, militar, de la Concertación, del que sea.

A mi juicio, la solución que se propone beneficia claramente a las inmobiliarias, porque las exigencias que se les hacen son mínimas.

Entiendo que las propiedades con un avalúo fiscal de 150 unidades de fomento o menos quedarán exentas del pago. En Recoleta e Independencia eso debe representar el 1 ó 2 por ciento de las viviendas; incluso puede ocurrir que ninguna quede exenta.

Por eso, me gustaría saber cómo se llegó a ese monto. ¿Por qué proponen 150 unidades de fomento? ¿Cuál es el criterio que se siguió para proponer esa cantidad? Se pudo haber aplicado el criterio con el que se fijó la exención al pago de contribuciones, que es conocido.

En mi distrito, la exención de 150 uefes no favorecerá a nadie, no obstante que el 80 por ciento de los bienes raíces está exento del pago de contribuciones.

Insisto, ¿cuál es el criterio? Me parece que, simplemente, sacar el máximo de plata en todos los hogares, sin importar su condición social. No veo otro criterio.

Me gustaría que el ministerio hiciera un estudio y nos informara acerca de cuántas viviendas quedarán exentas en la Región Metropolitana, por comunas. ¿Tenemos esa información? No la veo en ningún informe.

Entiendo que quienes reciben el subsidio de agua potable también se verán beneficiados. Sin embargo, ¿sabemos cuánto les subió la cuenta del agua a las familias modestas con la incorporación del cobro por la evacuación de las aguas servidas, que, dicho sea de paso, me pareció necesaria?

Para una persona que pagaba cuatro mil pesos de agua potable, ¿cuánto representa este nuevo cobro? Creo que va a pagar más por las aguas servidas y aguas lluvias que por el consumo de agua potable. Eso es ridículo. Es ridículo que un vecino de la población “Escritores de Chile” vaya a pagar más por la suma de estos nuevos cobros que por el agua que consume. Es increíble.

El ministro niega con la cabeza, pero yo se lo puedo asegurar. Muéstrenme las cifras. Un vecino de esa población no paga más de cuatro mil pesos al mes por el consumo de agua potable. Según me informaron, ese mismo vecino va a pagar, más o menos, mil quinientos pesos por concepto de evacuación de aguas lluvias, y por el tratamiento de las aguas servidas ya está pagando aproximadamente mil pesos, lo que suma dos mil quinientos pesos adicionales. En consecuencia, los criterios para manejar esto no me parecen adecuados.

Se determina que el gobierno regional dispondrá de un plazo máximo de sesenta días para pronunciarse sobre el plan y el programa, dentro del cual deberá efectuar una audiencia pública de carácter consultivo. Me parece que son plazos bastante breves, sobre todo considerando que es una instancia de mayor participación ciudadana, donde se discuten decisiones que involucran las platas de quienes allí intervienen. La verdad es que uno paga bienes raíces e impuestos municipales para contar con infraestructura municipal; pero resulta que nada de eso vale aquí. La idea es sacarle cada vez más plata al usuario para tener más infraestructura. ¿Qué se hace con nuestros impuestos cuyo destino es para infraestructura comunal? ¿Dónde están?

En el caso de la Región Metropolitana, también me gustaría conocer detalles del plan maestro, como los montos involucrados y los plazos para ejecutarlo.

Ahora bien, en primer lugar están los canales primarios -no sé cuál es el término técnico que se ocupa-, y, después, las redes secundarias, las cuales crecen en forma permanente, simultáneamente con la ciudad. ¿Cada obra que se haga significará un aumento de los impuestos que se cobran al usuario? Tengo dudas respecto de esto. No comparto la solución en el sentido de encarecer, por ejemplo, la cuenta de agua a una persona modesta, la que terminará pagando más por servicios anexos que por el agua que consume.

He dicho.

El señor LUKSIC.-

Señor Presidente , este proyecto traerá bastante beneficio a las poblaciones que se encuentran en una situación geográfica desmedrada, porque, en la práctica, son las que reciben el agua cuando llueve y no tienen la posibilidad de que ésta se vierta a un cauce mayor. Me refiero a zonas como Alto Jahuel, en Pudahuel Sur; a Bonilla con Errázuriz, que, durante las últimas lluvias caídas en la Región Metropolitana, debieron soportar inundaciones no sólo en las vías públicas, sino también en las casas, muchas de ellas muy modestas.

El proyecto de ley da cuenta de la obligación de que las empresas inmobiliarias se preocupen de la evacuación de las aguas lluvias. Tuvimos oportunidad de participar en un seminario, organizado por la Comisión de Obras Públicas y presidido por el diputado señor Patricio Hales , en el cual se dieron dos grandes ejemplos: uno, relativo al diseño y construcción del Gran Santiago, donde precisamente se contempló establecer sistemas de evacuación de aguas lluvias; y otro, que no consideraba ningún tipo de normativa y regulación, y que ha traído como consecuencia -reitero- grandes problemas en poblaciones, pero también en industrias. Recordemos lo que ocurrió en Quilicura, donde el parque industrial que funciona en esa comuna se inundó, porque el canal Las Cruces, que está enfrente, simplemente no dio abasto. No estoy hablando de las lluvias más copiosas del siglo, sino de lluvias normales que han caído en el gran Santiago durante los últimos años.

En la Comisión de Obras Públicas debatimos este tema con bastante dedicación. La idea es que la inversión la paguen los usuarios -es bueno que así sea-, pero aquellos que tienen poder adquisitivo o que cuentan con ingresos para solventar esta construcción tan necesaria, en especial para los sectores más populares del gran Santiago .

Yo era de la idea -también el diputado Hales - de extender el beneficio de exención del pago de la tarifa mensual a todos aquellos vecinos que hoy están exentos del pago de contribuciones. Fue una dura lucha, que perdimos, porque se requería del patrocinio del Ejecutivo , y, al final, la indicación fue declarada inadmisible. Sin embargo, se llegó a un buen acuerdo en el sentido de que todas aquellas familias que hoy gozan del subsidio de agua potable y de aguas servidas, también puedan eximirse del pago de la tarifa como consecuencia de la construcción, operación, reparación y conservación de las redes primarias y secundarias que van a ser concesionadas.

En la discusión de la iniciativa se agregó, también, que se eximirían del pago de aguas lluvias todas aquellas viviendas cuyo avalúo fiscal fuese inferior a 150 unidades de fomento. Al respecto, tengo una duda que quiero consultar con el señor ministro , porque, al parecer, habría una contradicción. En efecto, por un lado, el artículo 1º, número 2, señala que “Cualquiera que sea el procedimiento utilizado para contratar la realización de las obras a que den lugar las disposiciones de esta ley, los usuarios del servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias, propietarios o copropietarios de inmuebles cuyo avalúo fiscal sea superior a 150 unidades de fomento, deberán pagar la tarifa correspondiente,...”. Sin embargo, el artículo 2º bis, que establece un subsidio para cubrir el total del pago del servicio de evacuación y drenaje de aguas lluvias, establece que “Serán beneficiarios de éste todos los usuarios favorecidos con el subsidio al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado establecido en la ley Nº 18.778 y en su reglamento, que sean propietarios o copropietarios de inmuebles cuyo avalúo fiscal sea superior a 150 unidades de fomento.”.

Qué se está diciendo acá? ¿Que sólo recibirán ese subsidio los propietarios o copropietarios de inmuebles cuyo avalúo fiscal sea superior a 150 unidades de fomento? En verdad, no entiendo, porque lo lógico sería que dicho avalúo fuese inferior a 150 unidades de fomento.

Señor Presidente , el señor ministro me está pidiendo una interrupción para aclarar mi duda.

Quizá sea un problema de redacción.

El señor HALES (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor ETCHEBERRY ( ministro de Obras Públicas , Transportes y Telecomunicaciones).-

Señor Presidente , tal como leyó el diputado señor Luksic, se va a cobrar sólo por viviendas cuyo avalúo fiscal sea superior a 150 UF; por lo tanto, no tiene sentido dar subsidio a propietarios de viviendas de avalúo menor a 150 UF, porque están exentas. Como sólo van a estar afectos -repito- los primeros, a quienes reciban subsidio de agua potable, cualquier sea su porcentaje, se les otorgará un subsidio del ciento por ciento por concepto del sistema de evacuación y drenaje de las aguas lluvias.

Gracias, señor Presidente.

El señor HALES ( Vicepresidente ).-

Puede continuar, diputado señor Luksic.

El señor LUKSIC.-

Agradezco al ministro su aclaración.

Este es un buen proyecto. A primera vista, puede ser razonable lo que dice el diputado señor Leay, en cuanto a que todavía hay muchas necesidades en el país y aspectos sociales incumplidos; pero, sin lugar a dudas, esto nos acercará a una ciudad mucho más moderna, capaz de resolver los problemas de saneamiento de las aguas servidas, materia que, quiérase o no, ha sido muy exitosa gracias a los gobiernos de la Concertación. Hoy es muy difícil encontrar a un niño con tifus o cólera, cuestión que antes era muy común. Esto es necesario decirlo, porque -insisto- ha sido gracias a una buena política en materia de saneamiento de aguas servidas, aunque, en su momento, más de alguno se molestó porque tuviéramos que pagar más dinero por ese tipo de operación y construcción.

El desfinanciamiento de sistemas de evacuación y drenaje de las aguas lluvias también recayó en los usuarios. En este sentido, y el hecho de que el Estado quiera proteger y ayudar subsidiariamente a aquellos que no tienen capacidad de pago, es un buen principio, que ya se ha aplicado en otras ocasiones.

Sí nos vamos a ver envueltos en algunas situaciones que espero se aclaren en el reglamento. Me imagino que las empresas sanitarias también van a poder postular a una concesión, lo cual es razonable, a fin de ocupar las mismas redes de alcantarillado que hoy tienen para el tratamiento de aguas servidas.

Asimismo, la empresa que se va a encargar de la construcción va a ser la misma que la que se hará cargo de la operación y de la administración, de manera que no haya dos tipos de pago.

Reitero, estamos ante una muy buena iniciativa de ley. Está mirando hacia un Santiago y un país mucho más moderno, capaz de satisfacer necesidades que corresponden a países desarrollados. Chile ha demostrado en algunas cuestiones, en algunas iniciativas, como la del Transantiago y las del medio ambiente, un gran desarrollo y modernidad.

Por eso -insisto-, me parece que éste es un muy buen proyecto.

He dicho.

El señor ESPINOZA .-

Señor Presidente, el trabajo prelegislativo sobre esta materia ha sido bastante intenso. Así, un gran número de los diputados que formamos parte de la Comisión de Obras Públicas, llegamos a la convicción de que este proyecto es necesario para el país. Digo necesario, porque todo el país ha sido testigo directo de extensas inundaciones en los últimos años, que se han incrementado desde 1984 en adelante, llegando a ser continuas y reiteradas en los años 1986, 1987, 1989, 1991, 1993, 1994, 1997, 2000 y, recientemente, en 2002. A través de la televisión o en terreno, se ha podido ver el drama humano de ver a compatriotas inundados y con sus enseres en precarias condiciones.

Todo Chile se conmueve cuando ocurren situaciones de esa naturaleza, y siempre ha quedado la interrogante de por qué no se ha hecho algo para evitar que suceda de nuevo. Con seguridad, los chilenos no saben que la inversión para solucionar un problema de esa magnitud no puede ser asumida por el Estado. Ello significaría suspender o dejar en el olvido muchas obras que ya comenzaron a realizarse por los Ministerios de Obras Públicas o de Vivienda. En el sur, por ejemplo, no se podría avanzar en las redes viales si todos los recursos se concentraran para enfrentar la problemática de las aguas lluvias.

Por eso, lo primero que debemos dejar en claro es que este proyecto no puede ser asumido por el Estado; debemos buscar una alternativa.

Precisamente, el proyecto de ley en debate permite crear un instrumento para solucionar el problema de las aguas lluvias, a fin de que los chilenos no tengamos que estar conmoviéndonos ante esos hechos, y que cada vez que haya una lluvia torrencial o una tormenta, tengamos que hacer cadena solidaria en el país.

Pero lo más importante es que en esta iniciativa se establece que sólo pagarán los habitantes que forman parte de las comunas susceptibles de sufrir esas catástrofes. Desde esa perspectiva, la gente de Arica, donde llueve muy poco, no tendrá que pagarles a los de Santiago, que generalmente se inundan. Nosotros, en el sur, donde llueve en forma más persistente, pero no somos testigos tan claros en esta materia, no tendremos que estar financiando la solución que se adoptará para Santiago y las comunas o ciudades grandes que son afectadas por el problema.

Voy a dar algunas cifras para clarificar la materia. En la catástrofe de 2002, hubo más de 9 muertos, más de 50 mil damnificados y se perdieron 32 millones de dólares en daños directos. Hubo largas horas de ausentismo laboral; fueron casi 10 mil las viviendas dañadas, 1.400 totalmente destruidas y más de 80 mil damnificados. Por televisión, pudimos ver cómo casi treinta mil personas estaban en albergues.

El proyecto, perfectible, ofrece una alternativa a los chilenos que sufren esos problemas: el pago de montos mínimos. Pero no nos engañemos; recién escuchaba a un diputado de la UDI afirmar con mucho énfasis que aquí no se ha hecho nada para solucionar ese problema. Al respecto, le recuerdo que ellos estuvieron en el poder 17 años y tampoco hicieron nada para solucionar este y otros muchos problemas.

Por eso, de una u otra forma, hoy estamos construyendo una solución para el Chile del futuro. Con ello, impediremos las consecuencias de una situación climática demasiado adversa, que afecta a nuestros compatriotas de una manera atroz.

¿Se tendrá que pagar algo? Sí, pero lo mínimo, lo que resulta muy poco comparado con los daños que a veces deben pagar las familias, por largo tiempo, por la reconstrucción de sus hogares. Los primeros grupos pagarán una mensualidad entre 600 y 1.000 pesos, cifra muy factible de poder ser pagada. De esa manera, quedarán más seguros sus hogares, sus calles y sus familias.

He dicho.

El señor ALVARADO.-

Señor Presidente , este proyecto ha sido extensamente debatido, tanto en Comisión como en Sala y, no obstante concordar con la necesidad de abordar la situación y de entregar una solución al problema de las aguas lluvia, nos preocupaba el impacto que aquélla tendría en los grupos sociales que perciben menos ingresos. Es una realidad que no podemos desconocer, y de allí, repito, la preocupación que generaba un proyecto de esta naturaleza.

También debemos tener en consideración que, entre el tiempo que media entre el primer informe que discutimos en esta Sala, en diciembre, y el que estamos discutiendo ahora, se han ido adoptando medidas que apuntan en esa dirección, como esta exención de pago para las viviendas cuyo avalúo fiscal sea igual o inferior a 150 unidades de fomento; una rebaja en la base de cálculo de la tarifa para las viviendas situadas en el tramo inmediatamente superior a las 150 unidades de fomento, y la incorporación de un subsidio correspondiente al ciento por ciento de la tarificación por concepto de aguas lluvias a quienes hacen uso del subsidio por consumo de agua potable. No obstante, esas medidas no eliminan problemas de fondo, que dicen relación con la forma de asignar estos subsidios, aspecto que discutimos en la Comisión e hicimos presente en la Sala.

Es de conocimiento de todos que muchas familias, a lo largo del país, que califican para el subsidio de consumo de agua potable quedan en lista de espera, porque los fondos destinados para tales efectos no son suficientes. Es necesario, entonces, realizar un esfuerzo adicional para entregar oportunamente dichos recursos, a fin de que este fenómeno no juegue en contra de este tipo de proyectos.

Dentro del contexto de nuestra preocupación respecto del impacto que la tarificación por concepto de aguas lluvias pueda tener en las familias más modestas, queremos proponer al señor ministro , por intermedio de la Mesa, la posibilidad de que en el Senado pudiéramos concordar una indicación en el sentido de que al momento de adjudicar las obras a la empresa que cumpla con todos los requisitos técnicos, se aseguren de que el valor ofrecido por vivienda tenga el menor impacto posible en el ingreso de las familias que harán uso del beneficio; vale decir, que se involucre en su análisis un valor promedio más bajo de tarifa.

A nuestro juicio, ésta es una manera de resguardar que en estos proyectos de ingeniería esté bien acotado el alza de las tarifas o que se note un esfuerzo de parte de las empresas postulantes por ejecutar el proyecto en la forma que se exige, pero a un costo lo más razonable posible al momento de fijar las tarifas.

En nuestra bancada de senadores vamos a insistir con esta indicación, y esperamos que los ministros presentes tengan la disposición y la voluntad de acogerla.

Finalmente, quiero remarcar un punto que también hicimos presente en la primera discusión del proyecto, en diciembre último, y respecto del cual tenemos discrepancia con el Ejecutivo . Pensamos que si el Estado construye cuando la evaluación económica de un proyecto no es rentable para el privado, es porque hay un criterio social involucrado en esa decisión; por lo tanto, si por falta de rentabilidad económica no se interesa el privado y construye el Estado, deberá tener en consideración que todos los ciudadanos ya pagaron sus impuestos, de manera que la nueva construcción no debe significarles un doble pago.

En términos generales, en la Comisión de Obras Públicas aprobamos prácticamente por unanimidad la mayoría de las indicaciones formuladas al proyecto. Pensamos que lo que estamos discutiendo hoy mejora en parte el proyecto propuesto por el Ejecutivo en diciembre último, y trataremos de que sea despachado hoy con el voto positivo de la Sala.

He dicho.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente, la inversión en colectores de aguas lluvias es una necesidad para casi todos nosotros.

También hay consenso en que debe haber un enfoque regional y de ciudad para abordar la inversión de los colectores de aguas lluvias.

Sin perjuicio de lo anterior, tenemos algunas discrepancias conceptuales respecto de las aguas lluvias.

En democracia, cuando hay un debate de tanta importancia es mejor darse el tiempo necesario para hacer las cosas bien y así no tener que lamentar mañana el hecho de no haber conversado lo suficiente sobre algo tan trascendental.

El concepto “usuarios de aguas lluvias” me parece una construcción intelectual extraordinaria, digna de expertos en economía y de quienes quieren llegar al extremo en la privatización de un bien nacional de uso público, o más bien de la humanidad, como es la lluvia. Llegar a conceptualizarnos como “usuarios de aguas lluvias”, me parece una creación intelectual, a lo menos, discutible.

El hecho de consumir electricidad y agua potable, sin duda nos transforma en usuarios. Pero no quiero ser usuario de aguas lluvias. Por ende, se llega al absurdo de que se me hace usuario de algo que no quiero usar. Y esto, al menos en términos intelectuales, entra en una evidente contradicción con la Constitución Política de la República, porque como ésta consagra la libertad económica y el derecho sagrado de propiedad, no pueden obligarme a ser usuario de algo que no quiero usar.

Por lo tanto, estamos frente a un tremendo error conceptual sobre las aguas lluvias.

¿Por qué se hace esta creación, esta entelequia? Porque algunos tienen la profunda convicción de que se trata de un bien privado, mientras que otros tenemos la profunda convicción de que se trata de un bien público.

A mi juicio, no podemos obviar el debate sobre la materia, porque necesitamos financiar una inversión. La discusión no es si se financia o no la inversión.

Por cierto, si los privados están dispuestos a invertir, habrá que generar los mecanismos. Fuentes de la Cámara de la Construcción estiman que la construcción de colectores de aguas lluvias demandará una inversión de 1.800 millones de dólares y que muchos están dispuestos a invertir en esas obras, siempre que se les asegure el retorno de su inversión. Eso es parte de otro debate.

Lo que no puede ocurrir es confundir un bien público, que tiene que ver con el desarrollo de la calidad de vida de las ciudades y que, sin duda, debe abordarse en cada región de manera independiente.

Este error conceptual no se ha subsanado en el debate de la Cámara; peor aún, se ha confundido más. Con el fin de resolver el problema del financiamiento de los colectores de aguas lluvias, la propuesta de la Comisión mantiene la confusión y ambigüedad respecto de si las aguas lluvias son un bien público o un bien privado, ya que se destinarán recursos públicos a favor de algunas personas, lo que significa que éste es un bien público, mientras que otros deberán pagarlo de su bolsillo, lo que lo convierte en un bien privado. A eso se sobrepone una lógica de financiamiento que tiene serias dificultades.

Pediré votación separada respecto de las definiciones, porque estoy convencido de que las aguas lluvias constituyen un bien público, por lo cual creo que habría que repensar su financiamiento.

Por momentos, el proyecto resulta tremendamente regresivo. En la avenida Grecia , de Ñuñoa, comuna del distrito que representan la diputada señora Marcela Cubillos y el diputado Jorge Burgos , los blocks de la Villa Olímpica y otros del sector, construidos en la década del 60, tienen cuatro pisos. Sus propietrios van a pagar, proporcionalmente, mucho más que quienes poseen un departamento de 150 metros cuadrados en un edificio de diez pisos en la comuna de Providencia.

Aquí se ha hecho una entelequia de que además de ser usuario de aguas lluvias, uno produce aguas lluvias, por la escorrentía superficial, lo que me parece una creación intelectual, por decir lo menos, curiosa, respecto de algo que tiene que ver con el financiamiento de una obra que todos queremos para la ciudad.

Entonces, se da el caso de que las personas que viven en las Torres de Tajamar van a pagar proporcionalmente menos que las que viven en la Villa Olímpica, a pesar de que sus departamentos tienen más superficie y mayor avalúo fiscal.

Adicionalmente, tengo una inquietud respecto de cómo conceptualizar este esfuerzo práctico. Quiero saber si la Cámara de Diputados, al aprobar la iniciativa, dará la señal de que si un usuario no paga los 600 pesos mensuales por la escorrentía que se le ha imputado por ser un usuario involuntario de aguas lluvias, se le va a cortar el suministro del vital elemento. Es decir, si pagamos el consumo de agua potable, el alcantarillado, la evacuación de aguas servidas y su tratamiento, pero no pagamos por la escorrentía de las aguas lluvias, de acuerdo con lo que señala el proyecto de manera implícita, nos pueden cortar el agua.

Debiéramos reflexionar un poco más al respecto. No quiero atribuir esta entelequia a los ministros de Obras Públicas ni de Vivienda ; no quiero pensar que ellos tienen esta concepción, sino que -y me atribuyo la exclusiva responsabilidad de lo que voy a decir- Hacienda ha querido resolver el tema del financiamiento de una forma inadecuada.

Se dice que el problema de no poder cobrar esto como un impuesto regional, a través de contribuciones, se debe a que el 70 por ciento de la población está exenta de ellas. Si ése fuera el problema, prefiero aumentar la cantidad de gente que paga contribuciones para recaudar los fondos a través de un impuesto regional; pero, entendiendo que es una inversión no sólo de la actual generación, como dijo el diputado Montes , sino que de muchas que vendrán, debemos proyectar, como sociedad una recaudación 50 ó 60 años más, pues los plazos de inversión no tienen por qué ser similares a los de recuperación de los dineros.

Estimo que el concepto respecto de cómo se quiere recaudar es inadecuado. Las viviendas que están en el límite de las 150 unidades de fomento no son las del Serviu, pues ninguna de las que se han construido en los últimos quince años tiene un avalúo fiscal menor que ese monto. Y, socialmente hablando, es absolutamente regresivo hacer que esas familias paguen esa inversión, ya que otros segmentos de la sociedad, de sectores medios y medios altos, pueden contribuir a mejorar la calidad de las ciudades. Creo que hay una visión poco feliz de cómo se quiere hacer.

Termino señalando que comparto la necesidad de que se haga la inversión en colectores de aguas lluvia, que es importante que sea regional, pero habría que buscar otros sistemas de financiamiento, porque el que figura en el proyecto no hace más que reflejar un error conceptual de que queremos privatizar un bien público y una responsabilidad que es de la sociedad y no de las personas individualmente consideradas.

He dicho.

El señor CERONI.-

Señor Presidente, estudiamos y analizamos el proyecto en forma muy detenida en la Comisión. Después de escuchar muchas opiniones, elaboramos un buen texto para la gente, porque no hay duda de que estamos ante un grave problema, ya que casi siempre los más afectados por las aguas lluvias son los sectores más pobres de las grandes ciudades. Todos los años vemos que los sectores más modestos de Santiago, los que han adquirido sus casas con gran esfuerzo, son los más afectados por las inundaciones, debido a que no contamos con colectores de aguas lluvias.

El proyecto es muy bueno porque beneficia a la gente; pero el tema es cómo financiar las obras. Muchos plantearon en la Comisión que se hiciera con cargo al Presupuesto, pero eso significaría una tremenda injusticia con las regiones, que están cansadas de financiar las gigantescas inversiones que se hacen en las grandes ciudades, como en Santiago.

Me parece bien lo que dijo el Presidente Lagos, quien afirmó que, para ser más justos, cada ciudad debía costear sus inversiones.

Sin embargo, no se trata sólo de eso, dado que hay otras prioridades que necesitamos atender con el Presupuesto, pues invertir dineros tan cuantiosos en esos colectores significa dejar a un lado necesidades tan importantes como la reforma a la salud o la solución al urgente tema de los pensionados.

Por lo tanto, la medida propuesta es la que conviene: los ciudadanos que recibirán el beneficio deben pagar en parte las obras correspondientes.

En la Comisión nos preocupamos de que quienes tienen menos recursos no sean mayormente afectados. Los estudios demuestran -y ya lo dijo el ministro - que, en el caso de la Región Metropolitana, habrá un 23 por ciento de hogares exentos de pagar lo referente a los colectores, mientras que el 69 por ciento pagará menos de 600 pesos al mes. ¿Cuándo pagarán? Cuando las obras se encuentren en funcionamiento, o sea, en Santiago, podemos pensar en los años 2009 ó 2110. Todos esperamos y confiamos en que, en esa fecha, nuestro país tendrá un ingreso per cápita mucho más alto y cantidades como las señaladas no significarán un problema para ningún sector.

Creo que hemos dado una solución justa y adecuada a un problema que afecta a las personas de más escasos recursos.

Los análisis técnicos ya se explicaron. Éste es un muy buen proyecto para solucionar un problema urgente, especialmente en las grandes ciudades. Por eso, lo aprobaremos.

He dicho.

El señor HERNÁNDEZ.-

Señor Presidente , no cabe la menor duda de que se deben realizar las obras que menciona el proyecto, pues el problema de las aguas lluvias merece una solución rápida en todo Chile.

Pero la iniciativa que se nos presenta carece de ingenio y pretende solucionar todo, hacer todo rápido, de una sola vez, antes de que termine el período de este Gobierno, y para ello se echa la mano al bolsillo de todos los chilenos.

Éste es justamente el tipo de iniciativas en que los ministros piden a gritos que las votemos en contra, porque el procedimiento es injusto. Se quiere aplicar el sistema de concesiones a todo tipo de obras, pero, claramente, la que hoy se nos propone debe ser enfrentada por el Estado. No es posible pagar por el uso de algo que no se quiere.

Además, al revisar el proyecto, uno queda con la sensación de que es centralista, porque soluciona especialmente el problema de las aguas lluvias en Santiago con un costo de alrededor de 600 millones de dólares. En la discusión anterior, el Estado se comprometió a incorporar 200 millones de dólares, con lo cual el monto queda en 400 millones de dólares.

Si hacemos una elemental división, de acuerdo con la cantidad de habitantes de Santiago -seis millones-, se pagará alrededor de 70 dólares por persona. En cambio, en el caso específico de la provincia de Osorno, deberemos pagar en total 40 millones de dólares, los cuales, divididos por los habitantes de la zona, nos significará pagar 240 dólares per cápita. Eso es centralista.

Pido a los diputados presentes en la Sala que realicen ese ejercicio: cuánto les corresponderá invertir en colectores de aguas lluvias en su ciudad. Si hacen la división por la cantidad de habitantes, se llevarán más de alguna sorpresa. ¿Por qué se produce esta distorsión? Porque las inversiones en la Región Metropolitana se adelantaron. Entonces, están obligando al resto de las regiones, en el caso específico de la provincia de Osorno, a pagar 240 dólares per cápita versus 70 dólares en Santiago.

Esto lo encuentro tremendamente injusto. Por eso, insisto en que los señores ministros me están pidiendo a gritos que vote en contra de este proyecto. No es posible que vengan al Congreso Nacional a solicitar al parlamentario de la provincia de Osorno que vote en contra. No es posible que los ciudadanos de Osorno paguen 240 dólares versus 70 dólares que pagan los habitantes de la Región Metropolitana.

Invito a todos los parlamentarios de regiones a que hagan el cálculo, porque se pueden llevar más de alguna sorpresa, ya que la gente de regiones deberá pagar más por estas obras que la de la Región Metropolitana.

Se dice que en la Región Metropolitana alrededor del 23 por ciento de los hogares no pagará por tales obras. Quiero saber, con la misma acuciosidad que hicieron los cálculos para dicha región, ¿cuál es el porcentaje que no pagará en la provincia de Osorno y en el resto de las regiones?

Por último, comparto lo expresado por los diputados señores Cristián Leay , Carlos Montes y Juan Pablo Letelier , en cuanto a que ésta es la típica inversión que debe realizar el Estado de Chile.

He dicho.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , más allá de las observaciones que se le puedan hacer, el proyecto pretende subsanar una necesidad urgente, vital, en muchas regiones del país: controlar las aguas lluvia, demanda ciudadana ampliamente alegada por quienes han sufrido sus consecuencias.

El informe del Gobierno demuestra que sólo en junio de 2002 este problema provocó nueve muertes, 50 mil damnificados y 32 millones de dólares en daños. El número de inundaciones en 1984, 1986, 1987, 1991, 1993, 1994, 1997, 2000 y 2002 señalan claramente que no podemos seguir en una actitud contemplativa y, por lo tanto, hay que accionar, pues los costos son elevadísimos. Todos los estudios, tanto del gobierno como del Instituto Libertad y Desarrollo, señalan costos por ausentismo laboral y por daño a las personas, superiores a los 250 millones de dólares. Por lo tanto, no hay debate sobre la necesidad urgente de hacer estas inversiones, porque la gente las está pidiendo. Esperamos que no sólo se hagan en la Región Metropolitana.

Hay preocupaciones al respecto que no se saldan con este debate. La gente no quiere ver sólo debatir y debatir, sino acciones concretas.

Existen temas que debemos abordar en el trámite de este proyecto, como el de las tarifas. Desafío a que algún señor diputado comprenda la fórmula de fijación de tarifas, que es tan compleja como una ecuación china. Sin embargo, espero que no se repita la situación del agua potable, en la cual los informes técnicos periciales sólo pueden ser conocidos una vez fijada la tarifa, es decir, se decide de manera secreta. Ésa es la respuesta que nos dio el superintendente de servicios sanitarios. Nos dijo que después de haber fijado el precio tendríamos acceso al informe pericial que lo determinó.

Creo que tanto en el manejo de obras públicas como en el de concesiones debe haber una normativa que permita mayor participación de la ciudadanía, mayor transparencia, lo cual no veo del todo reflejado en el proyecto.

Con respecto a la participación en provincia, los gobiernos regionales tendrán sesenta días para pronunciarse sobre el plan de inversiones y el programa de ejecución de las obras, y para efectuar una audiencia pública. Creo que debemos afinar estos mecanismos para determinar, por ejemplo, si la audiencia pública será sólo de carácter consultivo y no vinculante. En tal caso, el regionalismo se debilitará. Hubiera preferido que las regiones tuvieran un rol mucho más fuerte y que sus decisiones fuesen consideradas. Definir el carácter de la audiencia pública, a través de la cual el gobierno regional consultará a los ciudadanos, permitirá terminar con el centralismo intrarregional. Si la consulta ciudadana se hace sólo en Concepción y no se considera la opinión de los habitantes de Hualqui, de Coronel o de otras zonas más extremas y rurales, estaremos en presencia de un centralismo intrarregional. Se requiere praxis y confío en la voluntad que el Gobierno ha manifestado. No hemos avanzado más en el proyecto, pero queda un debate pendiente.

Respecto de la concentración económica, la bancada del Partido Socialista ha planteado sus inquietudes al ministro Etcheberry sobre la condición que hoy tienen las empresas sanitarias. El consorcio Thames Water sigue creciendo en el país y concentrando a las empresas sanitarias. Este fenómeno no sólo ocurre respecto de los bancos, del sistema financiero, de las AFP, de los supermercados o de las farmacias. ¿Cómo regulamos que quienes administren los sistemas de evacuación de aguas lluvias no concentren esta actividad -agua potable, aguas servidas- a fin de impedir que se cometan abusos en la fijación de tarifas? El problema de la concentración debe ser regulado. Es cierto que existe una Comisión Resolutiva Antimonopolio; pero me hubiera gustado establecer condiciones de regulación en torno a quienes serán los propietarios de la administración de los sistemas de evacuación de aguas lluvias.

Respecto de qué se financiará, quiero recordar a los diputados que representan a zonas rurales que hace algunos años rebajamos los planes maestros de ciudades de 100 mil habitantes a ciudades de 50 mil habitantes a fin de permitir la inversión. Pero hay que diferenciar respecto de las zonas donde el 80 por ciento del terreno lo constituyen cerros, como es el caso de Penco y Tomé, en el distrito que represento, donde las necesidades no sólo deben estar determinadas por un estudio técnico-económico, sino también por un estudio técnico-social.

Anuncio el voto favorable de mi bancada, con las observaciones planteadas, y confiamos en que pronto solucionaremos este problema, ya que así lo demanda la ciudadanía.

He dicho.

El señor HALES .-

Señor Presidente , votaré a favor el proyecto, primero, porque las cifras dadas por el Gobierno a las consultas que le hemos hecho indican que el 70 por ciento de la población de la Región Metropolitana pagará alrededor de 600 pesos por la evacuación de aguas lluvias. Entiendo que es así y le creo a los ministros.

Segundo, votaré a favor porque alrededor del 23 ó 24 por ciento de los habitantes de la Región Metropolitana quedará exento del pago del servicio. Así me lo confirman en este instante los ministros presentes en la Sala, dos secretarios de Estado de probada honorabilidad, seriedad y rigor técnico.

Tercero, votaré a favor el proyecto porque el drama de las aguas lluvias castiga brutalmente a la gente. Si el problema se va a resolver sobre la base de un estudio social previo, me parece bien.

El gran cambio que ha tenido el proyecto, que nos invita a votarlo a favor, es que ya no plantea la vieja idea de un plan maestro, porque no es posible realizarlo de una sola vez. Ahora, en cambio, se habla de un plan de inversiones que estudia el Mideplan -propuesto por el Ministerio de Obras Públicas-, considerando la rentabilidad social. O sea, al final se tendrá que cumplir lo que hemos dicho: Chile es un país cuyo nivel de desarrollo no le permite resolver todos los problemas ocasionados por las aguas lluvia. Pero tiene que resolver el problema de las que inundan las casas. Si nos mojamos los tobillos al cruzar la calle, es parte del insuficiente desarrollo que tenemos. Pero lo que se estableció en el proyecto nos permite tranquilizar a la gente más pobre.

Por otra parte, se establece un subsidio que no es todo lo que me gustaría. Coincido con el diputado señor Leay en el sentido de que 150 unidades de fomento de avalúo del inmueble es un límite muy bajo. Todos los diputados estamos de acuerdo en otorgarlo. Primero se dijo que servía igual al del agua potable, por lo tanto, el que recibe ese subsidio, también se hace acreedor al de aguas lluvias. Se dijo también que quedarán exentos los propietarios de viviendas de un valor inferior a 150 UF. ¿No estaremos hablando entonces de las mismas personas? O sea, no son dos subsidios, porque los que tienen un avalúo de su propiedad inferior a 150 UF, a lo mejor son los mismos que tienen el subsidio del agua potable. Entonces, no tiene mucha gracia ese agregado.

Actualmente, en Antofagasta, Concepción, Valparaíso y Santiago hay una gran cantidad de viviendas sociales cuyo valor comercial es de 500, 600 ó 700 UF, lo que les da un avalúo fiscal de alrededor de 200, 250 ó 300 UF, pero no 150. Por consiguiente, esa parte me parece insuficiente.

Sin embargo, sumando y restando noto que el 70 por ciento de las personas de la región más importante de Chile pagará menos de seiscientos pesos, lo cual me da la tranquilidad suficiente para votar a favor del proyecto.

Esto no se va a aplicar golpe. Primero, si el proyecto tiene más beneficios que costos, lo aprobará el Mideplán.

Perdí mi propuesta para que esta materia fuera vinculante con los gobiernos regionales, los que, cuando esta materia se aplique, sólo van a ser consultados.

Por el hecho de pasar por todos estos cedazos, la ciudadanía debe estar tranquila. Dentro de algunos años se comenzará a aplicar esta materia, por lo que antes de cuatro o cinco años no habrá ninguno de estos cobros que, como se dijo, será de menos de seiscientos pesos.

Por lo tanto, invito a los colegas a votar a favor el proyecto y a fiscalizar el cumplimiento de todo lo que hemos exigido.

He dicho.

El señor LEAL (Vicepresidente).- En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones.

El señor LEAL ( Vicepresidente ).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Delmastro, Díaz, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Kast, Longton, Longueira, Luksic, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Molina, Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vilches, Von Mühlenbrock y Walker.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Hernández, Leay, Letelier (don Juan Pablo) y Rojas.

El señor LEAL ( Vicepresidente ).-

En votación el inciso decimocuarto del numeral 2 que, por ser materia de ley orgánica constitucional, requiere para su aprobación el voto afirmativo de 65 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 15 abstenciones.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Delmastro, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Jaramillo, Longton, Longueira, Luksic, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Molina, Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Quintana, Recondo, Riveros, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Valenzuela, Vargas, Vilches, Von Mühlenbrock y Walker.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Cubillos (doña Marcela), Díaz, García-Huidobro, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Moreira, Paya, Pérez (don Víctor), Prieto, Rojas, Ulloa y Urrutia.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

En votación el inciso decimoquinto del nnumeral 2, con la indicación de la Comisión de Hacienda que, por ser materia de ley orgánica constitucional, requiere para su aprobación el voto afirmativo de 65 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 16 abstenciones.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Delmastro, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Jaramillo, Leal, Longton, Longueira, Luksic, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Quintana, Recondo, Riveros, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Valenzuela, Vargas, Vilches, Von Mühlenbrock y Walker.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Cubillos (doña Marcela), Díaz, García-Huidobro, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Molina, Moreira, Paya, Pérez (don Víctor), Prieto, Rojas, Ulloa y Urrutia.

El señor LEAL ( Vicepresidente ).-

En votación el inciso octavo del numeral 2 del artículo 1º, con la indicación de la Comisión de Hacienda.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Delmastro, Díaz, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Kast, Leal, Longueira, Luksic, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Molina, Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Vilches, Von Mühlenbrock y Walker.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Hernández, Leay y Rojas.

El señor LEAL ( Vicepresidente ).-

En votación el resto del número 2 del artículo 1º.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 5 abstenciones.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Delmastro, Díaz, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hidalgo, Jaramillo, Kast, Leal, Longueira, Luksic, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Molina, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Vilches, Von Mühlenbrock y Walker.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Leay, Letelier (don Juan Pablo) y Paya.

El señor LEAL ( Vicepresidente ).-

En votación el numeral 3 del artículo 1º.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Becker, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Delmastro, Díaz, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Kast, Leal, Longueira, Luksic, Masferrer, Melero, Molina, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Riveros, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Vilches, Von Mühlenbrock y Walker.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Leay,Letelier (don Juan Pablo) y Paya.

El señor LEAL ( Vicepresidente ).-

En votación el número 4 del artículo 1º.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Delmastro, Díaz, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Kast, Leal, Leay, Longueira, Luksic, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Molina, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Vilches, Von Mühlenbrock y Walker.

-Votó por la negativa el diputado señor Letelier (don Juan Pablo).

El señor LEAL ( Vicepresidente ).-

En votación el artículo 2º del proyecto.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Aprobado.

Despachado el proyecto.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Díaz, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Kast, Leal, Luksic, Martínez, Mella (doña María Eugenia), Molina, Montes, Mora Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Vilches, Von Mühlenbrock y Walker.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Hernández, Leay y Letelier (don Juan Pablo).