Labor Parlamentaria

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión en general del proyecto que modifica la ley Nº 19.123, sobre reparación, y establece otros beneficios en favor de las personas que indica.

El señor ROSSI.-

Señora Presidenta, quiero hacer algunas consideraciones generales respecto de los temas de la reparación y de la justicia.

Sin justicia no hay paz. La paz y la reconciliación de una nación que ha sufrido una fractura profunda de su sociedad, como la ocurrida en Chile a partir del 11 de septiembre de 1973, se alcanzan en la medida en que somos capaces de mirar la historia, de reconocer nuestros errores e intentar repararlos. Por tanto, la reparación es un requisito ineludible para el reencuentro de todos los chilenos. La reparación no es otra cosa que una parte de la justicia que obliga al Estado a responder moral, social y económicamente a las víctimas y a sus familias, cuando éstas han sufrido la violación de sus más básicos derechos por parte de agentes del propio Estado.

No puedo dejar de mencionar y responder a algunos editoriales de medios de comunicación cuando sugieren al Partido Socialista, colectividad que tuvo más víctimas, que se “preocupe de establecer la verdad, impartir justicia y determinar reparaciones en un ánimo de concordia cívica”. Me pregunto, ¿la concordia cívica de quién? ¿De los victimarios?, ¿de las víctimas? Respondo: La verdad y la justicia no se pueden manipular para establecer la concordia cívica. La justicia no se transa y debe actuar siempre en función de la verdad; goza de autonomía y no se sujeta a la conveniencia.

Por eso, sin reparación no hay justicia, y sin justicia no hay paz ni reconciliación.

La reparación tampoco es una dádiva. Por el contrario, es un derecho de la víctima y una obligación para un Estado que desea avanzar en el difícil, pero, a la vez, necesario proceso para sanar las profundas heridas que aún persisten en nuestro pueblo. Es más, el Presidente Lagos , en su mensaje, extrema la magnitud de dicha reparación al punto de calificarla con el adjetivo de “máxima”. Es decir, el Presidente desea alcanzar un punto de máxima reparación.

A partir de la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, se determinan las víctimas principales y, posteriormente, a través de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que nace con la promulgación de la ley Nº 19.123, se abre un proceso tendiente a responder, al menos en parte, al dolor de tantos chilenas y chilenos víctimas de la violencia y del desprecio hacia la dignidad humana que caracterizaron a la dictadura del general Pinochet.

A esos esfuerzos se agregan las leyes tendientes a reparar a retornados y a exonerados, y la resolución del Ministerio de Salud, que, en 1992, crea el programa de reparación y atención integral en salud conocido como Prais.

Es claro que todos estos pasos dados por los gobiernos de la Concertación sirvieron al objetivo de avanzar en la reconstrucción de nuestra democracia, pero es evidente que han sido y son aún insuficientes, porque no ha existido en la práctica la debida proporcionalidad entre el daño causado y las medidas de reparación. La cobertura de las mismas, lejos de alcanzar a todas las víctimas y a sus familiares directos, excluyó a un número importante de chilenas y chilenos que sufrieron graves violaciones a sus derechos, como es el caso de los ex presos políticos y de las víctimas de la tortura. No olvidemos que la tortura es la peor de todas las formas de menoscabo y atropello de la dignidad humana. Al respecto, vale la pena resaltar la creación, el 26 de septiembre de 2003, de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que tiene por objeto de llenar este vacío.

Pese a todo lo avanzado, percibo dos grandes problemas para avanzar más y decididamente en estas materias. El primero se refiere a aspectos más bien puntuales, a los que me referiré posteriormente, y, el segundo tiene que ver, quizás, con la ausencia de una mirada más generosa en este ámbito. Y aquí hay un punto importante, puesto que hay quienes creen que la reparación debe tener cierta relación, monto, magnitud, versus número de víctimas. Según ese criterio, nos podría parecer suficiente cualquier cantidad si nos ciñéramos a él. Pero creo que se equivocan aquellos que argumentan, por ejemplo, que el programa Chile Solidario gasta cien millones de dólares en el decil más pobre de Chile, es decir, en más de un millón de personas. Con esa mirada, si consideramos las cerca de cuatro mil familias de ejecutados políticos y de detenidos desaparecidos, y los, probablemente, cincuenta mil o setenta mil ex presos políticos, cualquier monto nos podría parecer suficiente. Por eso, esta mirada no comprende que la reparación no es sólo para las víctimas, sino también una inversión y no un gasto en paz social; es una inversión en paz social que alcanza a catorce millones de chilenos, por lo que estoy convencido de que el Ejecutivo podrá y deberá aumentar sus esfuerzos, con el acuerdo de todas las bancadas, para acrecentar estos beneficios cuando llegue el momento de la discusión del proyecto en la Comisión de Derechos Humanos.

Antes de ir a los aspectos puntuales que, a mi juicio, deben ser revisados y rectificados, es bueno valorar el incremento de las pensiones de reparación en un 50 por ciento, al igual que la posibilidad de que la reciba el padre del causante, no sólo cuando la madre faltare, sino también cuando ésta falleciere o renunciare a la misma. De igual forma, me parece importante destacar la adecuación del texto a nuestra legislación vigente, al cambiar los términos “hijos naturales o ilegítimos” por “hijos de filiación no matrimonial”, y el hecho de que se igualen los beneficios.

También es positivo el otorgamiento de un bono de diez millones de pesos a los hijos de las víctimas que no hayan recibido pensión previamente, al igual que la extensión del tiempo para optar a los beneficios educacionales. Resalto la entrega de doscientas pensiones de gracia, que permitirán cierto grado de flexibilidad para resolver situaciones especiales que no se incluyen en los textos legales vigentes. A modo de ejemplo, existen hermanos huérfanos de padre y madre que vivían con otros dos hermanos, y ambos fueron asesinados. Con la legislación vigente, esas personas no recibirían ningún tipo de beneficio. Estas pensiones de gracia pueden, a través de la flexibilidad que se permite en el ámbito de su otorgación, saldar esa deuda.

Finalmente, en relación con el Prais, el proyecto reconoce y otorga recursos al programa, que pasa a ser ley, lo que es muy importante -además es un anhelo de muchos años de la Corporación-, con lo que se posibilitaría ampliar su cobertura y aumentar sus beneficios.

¿Qué aspectos debemos revisar y rectificar? Hemos tenido conversaciones con el Gobierno y con diputados de distintas bancadas. En primer lugar, el bono de reparación de diez millones que recibirán los hijos de los causantes no puede ni debe -ni mucho menos es justo- ser pagado en tres cuotas. En ese sentido, existe el compromiso -espero que hoy llegue una indicación al respecto; de lo contrario, la presentaremos como bancada- de que este bono sea pagado de una sola vez y en una sola cuota.

En relación con los hijos discapacitados, no me parece correcto excluirlos de este beneficio por poseer pensión vitalicia, pues por todos es conocido el alto costo que significan la rehabilitación y la reinserción.

En cuanto a los beneficios educacionales, hemos planteado la conveniencia de que se extiendan no sólo durante diez meses, sino por los doce meses del año.

Por otra parte, cuando, en el programa Prais, se habla de recursos, debe quedar suficientemente claro que éstos sean especiales y lo suficientes para la adecuada atención de sus beneficiarios a lo largo de todo el país, y que dicho programa comprenda un acceso y cobertura en todos los servicios. Eso significa que existan las horas médicas suficientes para atender a todos los pacientes beneficiarios. De lo contrario, podría transformarse en tan sólo una declaración de buenas intenciones.

De igual manera, en relación al Prais, es imprescindible aumentar el plazo para incorporarse al goce del beneficio que se establece en el proyecto, ya que es necesario incluir a los potenciales usuarios, producto, por ejemplo, de la ley de exonerados III, y, lógicamente, a las chilenas y a los chilenos acreditados por la Comisión sobre presos políticos y víctimas de la tortura.

Por otro lado, no es aceptable -es un punto muy importante y crucial- excluir a los nietos de los causantes, puesto que está absolutamente demostrada, por todos los psiquiatras que han trabajado en este ámbito, la transgeneracionalidad del daño causado, incluso en el nieto caso de nietos aún no habían nacido en la época de los sucesos.

Por cierto, el acceso a este programa debe contemplar a quienes hayan trabajado por los derechos humanos en Chile, tal como queda consignado en el proyecto; pero establecer el requisito de diez años continuos excluiría a muchas personas que trabajaron menos tiempo y fueron brutalmente perseguidas.

Es necesario el compromiso del Gobierno en cuanto a una adecuada difusión de este beneficio para que logren acceder a él todas las víctimas de atropellos y menoscabo a su dignidad, realizados por agentes del Estado, así como también los familiares de aquéllas.

Finalmente, quisiera plantear un debate muy de fondo y muy importante: la ausencia, en el proyecto, de indemnizaciones para las familias de las víctimas. Creo necesario ampliar el debate respecto de este tema, no sólo por la base ética y jurídica que existe detrás de esta medida reparatoria y reivindicatoria, sino también por el posible daño de la imagen internacional de Chile en caso de presentarse demandas judiciales ante la Corte Interamericana de Justicia.

En fin, hay mucho que podemos hacer en la búsqueda del reencuentro nacional. Sólo en la medida en que la construcción de este reencuentro se funde en la verdad y la justicia, y en que se considere que la reparación es parte de esta última, tendremos los cimientos necesarios no sólo para alcanzar la reconciliación, sino también para establecer las bases para que nunca más en Chile se repita esta historia, y prevalezcan la paz y una cultura de respeto permanente de los derechos de todos los seres humanos.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Edgardo Riveros.

El señor RIVEROS.-

Señora Presidenta , ciertamente, éste es un proyecto vinculado a uno de los acontecimientos más penosos que ha tenido que vivir nuestro país: las violaciones a los derechos humanos. Desde 1990 se han hecho esfuerzos para ir avanzando en los diversos planos de verdad, justicia y reparación. Hoy nos corresponde conocer un proyecto ligado a este último ámbito: el de la reparación.

Ninguna situación económica o ningún monto de recursos compensará la pérdida de un ser querido, de una vida humana, sobre todo por las circunstancias en las cuales estas personas perdieron la vida. De manera que siempre hay que mirar desde esa perspectiva un proyecto de reparación económica. Es una reparación, pero no logra compensar ni el dolor ni la pérdida sufrida.

En este plano, también debemos mirar el esfuerzo financiero del Estado como una intención que siempre va a resultar insuficiente en la perspectiva ya señalada. Sin embargo, hay que valorar los esfuerzos que se han estado haciendo en diferentes ámbitos de la reparación, en particular éste, que tiene como origen un trabajo tan serio y tan noble como el realizado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, presidida por el destacado jurista señor Raúl Rettig .

No quisiera ocupar mi tiempo sólo en estos aspectos, que, sin lugar a dudas, ya están o debieran estar en la conciencia colectiva del país, sino que también referirme a algunos puntuales del proyecto que, a mi juicio, lo ameritan. En primer lugar, deben presentarse indicaciones, las que, por su naturaleza, sólo sea de iniciativa del Presidente de la República , pues tienen que ver con compromisos financieros.

En segundo lugar, comparto el hecho de que el beneficio que establece el artículo 4º, que es la concesión “por una sola vez, a cada uno de los hijos de los causantes a que se refiere el artículo 18 de la ley Nº 19.123” dicen bono de reparación de diez millones de pesos, se pague en un solo acto, y no en tres cuotas anuales, como se establece en el proyecto. Entiendo que las gestiones realizadas -y a ello se refirió el diputado señor Rossi , quien me antecedió en el uso de la palabra- ante el Ejecutivo han dado resultado, lo cual se materializará en una indicación para pagar este monto no en tres cuotas, sino en un solo acto. En realidad, debiéramos ver la posibilidad de revisar las causales que disminuyen este monto de diez millones de pesos y que tienen que ver con personas beneficiadas que hayan recibido algún tipo de recurso por otras vías.

Por otra parte, el mejoramiento sistema Prais está sujeto a una supervigilancia necesaria. El Prais debe ser considerado como un acontecimiento de rutina dentro de las prestaciones de salud para colocarlo en la perspectiva de un programa especial que forme parte de un concepto de reparación y no asumirlo como un elemento de rutina o normal dentro del proceso de prestación de salud. El proyecto, particularmente lo establecido en el artículo 6º, está en esta línea, pues mejora la condición actual, pero todavía es perfectible.

Hay que valorar el aumento, en un 50 por ciento, del monto de las pensiones. Sin lugar a dudas, ello es un aspecto sustancial que debiéramos valorar.

Por último, comparto el objetivo de que los beneficios económicos entregados por vía de becas no sean sólo por diez meses, sino por el año completo. Hay muchas responsabilidades; entre otras, prácticas que, muchas veces, no se remuneran, y que, lejos de significar un beneficio económico, implican gastos para quien deba realizarlas en enero y febrero. Entonces, me parece que este aspecto debiera revisarse y, por lo tanto, que las becas se otorguen por el año completo y no por diez meses. En este sentido, recojo lo ya señalado por el diputado señor Rossi .

Votaremos favorablemente en general el proyecto y esperamos que las indicaciones -de iniciativa exclusiva del Presidente de la República por incidir en materias financieras- se presenten con el objeto de mejorar la perspectiva con que ha sido analizada esta iniciativa en la Cámara de Diputados.

He dicho.

El señor SALABERRY.-

Señora Presidenta , desde hace un tiempo, cuando el Presidente Ricardo Lagos dio a conocer su propuesta “No hay mañana sin ayer”, el país observa cómo el tema de los derechos humanos, a treinta años del golpe militar, produce divisiones similares a las que había en esa época.

Hoy, la Comisión de Derechos Humanos pone en conocimiento de la Sala uno de los tres proyectos enviados por el Ejecutivo , que emanan de esa propuesta y que dicen relación con un mejoramiento de las medidas de reparación para los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Escuché atentamente al presidente de la Comisión de Derechos Humanos , diputado Fulvio Rossi , hablar acerca de editoriales y de llamados que se le hacen al Partido Socialista, o a la Izquierda en general, para que legisle pensando en las personas que sufrieron ese dolor y no en sus intereses político-partidistas. Sé que mis palabras en algunos van a generar inquietud y molestia, y lo más seguro es que me respondan. No obstante, también quiero hacer referencia a palabras de columnistas que se han referido a éste y a otros temas en materia de derechos humanos. El historiador Gonzalo Vial , a propósito de otro asunto, hablaba de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de las personas, en el diario “La Segunda” del 16 de diciembre pasado, y nos decía que, como todo bien social, la libre información tiene un límite infranqueable: los derechos fundamentales de la persona humana, que hoy son llamados derechos humanos. La vida y la integridad física o psíquica son derechos humanos inalienables, anteriores y superiores a todo interés público. Lo mismo ocurre con el honor, la honra y la fama, valores que para muchos tienen mayor precio que la vida, pues están estrechamente vinculados con la integridad física y psíquica, y que, como todo derecho humano que se atropella, son irrecuperables. Gonzalo Vial decía: “Si me matan administrativamente, no resucitaré. Si me injurian con publicidad, ninguna aclaración, ninguna retractación, ninguna indemnización, ninguna condena judicial, por contundente que sea, me restituirá por entero la fama”.

Si bien las palabras de Gonzalo Vial están referidas a otro caso que conoció en el último tiempo la opinión pública, las traigo a colación a propósito de cómo un grupo de personas, que hace treinta años sufrieron la violencia política, la desaparición o la ejecución de sus padres y hermanos, y que se acercaron a la UDI para trabajar una propuesta de derechos humanos, fueron condenados públicamente por parlamentarios que están en esta Sala.

Quiero recordar las palabras de Demetrio Sampson , hijo de Demetrio Sampson Ocaranza , militante socialista ejecutado en Pisagua, cuyo cuerpo hasta hoy no aparece: “Este documento no sólo es una propuesta, no sólo una solicitud de reparación y verdad, no sólo una expresión jurídica, sino una muestra de que es posible el reencuentro, sin condiciones y promesas. Además, lleva nuestra alegría de vivir, nuestro dolor del recuerdo y la esperanza de vivir en nuestro país como hermanos, aunque muchas veces éstos son tan distintos entre sí.

“Deseamos que exista la diversidad y no la odiosidad. Deseamos que exista respeto y reivindicación para nuestros padres y esposos. Deseamos que exista respeto a las familias de las víctimas y de los responsables de las muertes de nuestros familiares.

“No se puede medir el dolor en forma cualitativa ni cuantitativa; sólo podemos decir que todos perdimos. Por eso, hoy no sólo exigimos, sino que también otorgamos nuestro compromiso para que nunca más...”.

Por estas palabras, Demetrio Sampson fue calificado de burrero y narcotraficante por un diputado que es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara. A él se le mató en vida, porque su honra y la de su familia fueron mancilladas por el solo hecho de trabajar con la UDI una propuesta sobre derechos humanos. El diputado Fulvio Rossi , en “La Estrella” de Iquique, calificó de burreros y narcotraficantes a estas familias que sufrieron el dolor que ellos dicen defender.

En la Comisión de Derechos humanos, al conocer estos proyectos de ley, nos pusimos metas, como en las primeras tres semanas escuchar a las agrupaciones y organizaciones para empezar a legislar y meternos en el fondo del proyecto. Conversamos con el Ejecutivo sobre cómo mejorar el tema reparatorio y cómo eliminar los prontuarios no sólo de las personas vivas, pues también hay que limpiar -así lo piden los familiares- el honor de los fallecidos, para que en la hoja de vida de ellos no aparezca que fueron muertos por traición a la Patria.

Sin embargo, el compromiso contraído en la Comisión de Derechos Humanos se boicoteó y no fuimos capaces avanzar, porque nos enteramos, por la prensa, de que el Partido Socialista nos decía: “No, porque esto es impunidad”. Hace pocos días nos enteramos de que en el tema reparatorio no están los votos, porque el monto es insuficiente. Pero si nadie duda de que ninguna plata del mundo será suficiente para reparar ese dolor.

Propusimos al Presidente de la República la posibilidad de que el Consejo de Defensa del Estado pudiese acordar montos indemnizatorios para las víctimas de la violencia política de esos años, pero tampoco se logró; también fue considerado insuficiente.

Al hablar hoy de derechos humanos en esta Sala, ante la expectativa de la gente que nos acompaña en las tribunas, tampoco solucionaremos el problema, pues el proyecto que se debate volverá a la Comisión. Esperemos que el Ejecutivo recoja alguno de nuestros planteamientos para mejorar la propuesta. Para nosotros, tal vez el tiempo sea un aliado que permita encontrar soluciones que aminoren el dolor y la división en nuestra Patria.

Nelson Trejo , hijo de Luis Trejo Saavedra militante socialista desaparecido en Curicó, nos decía: “Con mucho trabajo y esfuerzo de nuestros corazones, podemos cicatrizar nuestras heridas y caminar juntos hacia una Patria unida, con propósitos de paz”.

El ánimo que inspiró a la UDI para trabajar en la propuesta de Derechos Humanos fue ése.

En cuanto al tema reparatorio, para entrar en el fondo del proyecto, se tiene la sensación de que el bono es insuficiente. Podemos preguntar al Ejecutivo ¿por qué a los 10 millones de pesos que se van otorgar a los hijos de los afectados les serán descontadas los montos de las pensiones que se pagaron durante un tiempo? ¿Por qué discriminar a aquellos que hoy reciben pensiones vitalicias, como los hijos de víctimas que sufren alguna discapacidad?

Podemos seguir avanzando. No debemos quedarnos anclados en que el tema de los derechos humanos es patrimonio de un grupo político en particular o de un determinado sector de la sociedad. Esta materia no debiera estar referida sólo a una época ni ser patrimonio de alguien en particular. Los derechos humanos son inherentes a la persona y a su dignidad, y se refieren a todas las fases de la vida, en cualquier contexto político, social, económico o cultural.

Desde ya manifestamos nuestra disposición para estudiar e impulsar cualquier iniciativa que busque no sólo lo reparatorio, sino también la institucionalización de su promoción y defensa.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Antonio Leal.

El señor LEAL .-

Señora Presidenta , al discutir un proyecto de esta naturaleza, debemos considerar que el asesinato o el desaparecimiento de un familiar con nada es reemplazable. El dolor y la angustia vividos por las familias de las personas desaparecidas, que han creído en todo momento que sus familiares podrían haber estado con vida; la búsqueda de rastros e, incluso, de los restos de los desaparecidos, ha sido demasiado potente durante todos estos años. Eso no se repara con absolutamente nada.

Hemos vivido hechos importantes en los últimos días, particularmente el que dice relación con el fallo judicial que condena a la cúpula de la Dina, lo que restablece, de manera categórica, el “no” a la amnistía; es decir, que el secuestro es un delito permanente y no amnistiable, porque es un delito que permanece en el tiempo. Me parece relevante que personajes tales como Moren Brito , Miguel Krasnoff , Manuel Contreras y otros, responsables de graves violaciones a los derechos humanos, sean condenados.

Sin embargo, ha sido lamentable que no hayamos obtenido más verdad de parte de la Mesa de Diálogo, porque es un elemento fundamental para generar una reparación a las familias de víctimas de violaciones a los derechos humanos, en el sentido de saber qué ocurrió, quiénes fueron los responsables y dónde se encuentran los restos de los desaparecidos. Por lo tanto, en esto hay un problema que, como sociedad, debemos resolver para avanzar en la verdad.

Ello es doblemente lamentable, porque ha sido una ofensa a los familiares de las víctimas que, en una entrevista realizada por un canal de televisión de Miami, el ex dictador Augusto Pinochet haya reafirmado su voluntad de hacer lo mismo si nuevamente estuviera en el poder y de no arrepentirse de los crímenes cometidos.

Hoy analizamos un proyecto sobre reparación económica. Al respecto, debo señalar que la sociedad chilena ha sido poco generosa con las víctimas de la represión. Hubiéramos querido que los montos fueran distintos, y así se lo propusimos al Presidente de la República diversos partidos de la Concertación.

Entendemos que hay límites; pero queremos que la Comisión de Derechos Humanos se esfuerce, por cuanto, probablemente, el proyecto volverá a ser tratado en segundo trámite reglamentario en dicha instancia, ya que hay indicaciones para avanzar en algunos temas a fin de mejorar la reparación a las víctimas de la represión.

Debemos pensar en que el bono de 10 millones no tendrá descuento y será para los hijos y otros miembros de la familia que no lo han recibido.

Es necesario revisar el Programa Prais. En la actualidad, sirve en algunos lugares donde existen especialistas; pero en regiones, particularmente en la de Atacama, prácticamente no se aplica. En Chañaral, Diego de Almagro , Copiapó y Vallenar, por ejemplo, no existen especialistas para tratar a los familiares -muchos de ellos de cierta edad- de las víctimas, ejecutados políticos o desaparecidos.

De manera que no se trata sólo de aprobar en general el proyecto. Es necesario revisarlo e introducirle modificaciones respecto de la educación y otras formas de reparación.

En cuanto al aspecto reparatorio, quiero ser muy claro en que no debe eliminarse la posibilidad de que los familiares recurran civilmente ante los tribunales de justicia. Este legítimo derecho sigue abierto. El proyecto no lo obstaculiza. En eso, la interpretación de la Corte Suprema debiera ser distinta y seguir el punto de vista que tuvo respecto de la amnistía, de la no prescripción de los crímenes propiamente tales y de los desaparecimientos de personas.

He dicho.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Ruego a los asistentes a las tribunas guardar silencio.

Tiene la palabra el diputado Jaramillo hasta por tres minutos.

El señor JARAMILLO .-

Señora Presidenta , se dice que Chile entero sigue recordando el destino trágico de miles de compatriotas que sufrieron y siguen sufriendo por las consecuencias de un tiempo de divisiones. Yo diría, según lo escuchado de algunos colegas, que lamentablemente no es Chile entero el que sigue recordando ese dolor. Hay división y diferentes interpretaciones, y, por lo tanto, esa confrontación está pendiente.

El pasado no significa olvido. Olvido es la negación del pasado; es borrar de nuestras retinas el dolor del que fuimos testigos, cuando no los recuerdos del dolor propio por la persecución que se realizó contra nuestras familias y nuestros amigos; mis hermanos y compañeros. En algunos casos, en contra de nosotros mismos.

Me permitiré mencionar la tragedia de Panguipulli, comuna a la que represento y donde el dolor todavía continúa. En el complejo maderero, los soldados de la patria que se alzaron en contra del gobierno constitucional masacraron a más de 70 personas, jefes de familia, jóvenes idealistas. Otras varias decenas quedaron gravemente heridos y con secuelas por el resto de sus vidas. Algunos aún sufren las consecuencias de los crueles atentados en contra de su integridad síquica y física. No puedo dejar de mencionar a mi amigo Juan Vásquez San Martín , actual delegado municipal de la localidad de Neltume, quien lleva alojada una bala junto a su corazón, o a don Luis Seguel , quien hasta el día de hoy mantiene una paraplejia a consecuencia de las lesiones producidas por una bala.

En ambos casos, esos compatriotas no guardan ni rencor ni odio. Al contrario, con generosidad quieren integrarse al mundo de hoy y mirar al futuro, pero igualmente demandan la justa reparación que no considera el proyecto de ley. Sólo tuvieron la suerte de salvar con vida del atropello a los derechos humanos.

Quisiera que el Ejecutivo se preocupara por aquellas personas cuyas secuelas psíquicas y físicas no han sido reparadas por otros instrumentos legales. Para eso es menester una indicación que beneficie a quienes han perdido algo de su integridad.

He dicho.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio .

El señor ASCENCIO .-

Señora Presidenta , los proyectos sobre la materia son importantes, y a muchos nos gustaría que se solucionara el conjunto de problemas pendientes que se deriva de la violación sistemática de los derechos humanos ocurrida durante la dictadura.

En primer lugar, debe reconocerse que, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos de la Concertación, que han promovido arduos debates, no se ha logrado satisfacer las legítimas demandas de los familiares de las víctimas de la represión. Ese es un hecho.

Una de las medidas legislativas más importante es la ley que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que estableció una política de reparaciones para los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, reconocidas como tales por la Comisión de Verdad y Reconciliación. Estableció una pensión mensual de reparación, bonificación compensatoria de monto único, beneficios médicos y educacionales para los hijos legítimos, naturales o adoptivos de las víctimas.

La Corporación tenía una vigencia por dos años, que podía ser prorrogada por una vez; pero lamentablemente en el Congreso Nacional no se contó con los votos ni la comprensión de los diputados de Derecha para prorrogarla. Hay que mencionar este hecho para no cometer el mismo error. El problema no puede ser politizado, pues es de humanidad, de convivencia y de Estado.

Después de 30 años del comienzo de la dictadura y de los muchos esfuerzos realizados para avanzar, un conjunto de chilenos sigue reclamando de la sociedad reparaciones justas que compensen, al menos, en parte, el dolor o la pérdida sufrida por un acto violatorio de sus derechos como consecuencia de la acción de agentes del Estado.

Los exonerados políticos, los exiliados, los ex presos políticos, los torturados, que se cuentan por miles, son actores importantes de este proceso y han manifestado sus demandas. Para nosotros es una obligación inevitable conversar sobre ellas para que sean satisfechas. La Democracia Cristiana está convencida de que Chile tiene una deuda en este sentido.

El desafío de la sociedad chilena es alentar la verdad y la justicia, proveer de reparaciones económicas y promover políticas públicas destinadas a que, desde la institucionalidad del Estado, se vele por el respeto al legado de las víctimas, a la promoción y a la protección de los derechos humanos.

La Democracia Cristiana se siente orgullosa en el plano de la defensa y promoción de los derechos humanos. Hace pocos días, nuestro partido le rindió un justo homenaje a don Jaime Castillo Velasco , abogado y camarada nuestro que trabajó desde el comienzo en la defensa y promoción de los derechos humanos. Además, nos sentimos orgullosos de haber tenido también a muchas otras figuras que trabajaron en este tema. En su memoria, queremos seguir colaborando en este trabajo.

En materia de derechos humanos, la Democracia Cristiana le hizo una propuesta al Gobierno, y dividió el tema en tres partes:

Primero, alentar la verdad y la justicia.

Segundo, proveer de reparaciones económicas compensatorias, que tiene que ver con el proyecto en discusión.

Tercero, la promoción de políticas públicas, destinadas a promover y proteger los derechos humanos, con una mirada hacia el futuro.

Respecto del primer punto, es decir, de alentar la verdad y la justicia, la Democracia Cristiana le señaló al Gobierno que éste es, quizás, uno de los temas más relevantes. Por tanto, no va a hacer nada que signifique alguna forma de punto final o términos anticipados de los diversos procesos judiciales actualmente en trámite. Por el contrario, hemos alentado el accionar de los tribunales de justicia. Y ese no es un hecho menor, porque de repente nos tratan de estimular con otro tipo de proyectos o por otros caminos con el objeto de resolver situaciones que se dan en los tribunales para evitar que tales o cuales personajes e instituciones sigan recorriendo los pasillos de los mismos. Ante eso, hemos dicho que los tribunales tienen que seguir trabajando y actuando como corresponde. No obstante, haremos lo que corresponda en el momento en que el Congreso Nacional analice el proyecto sobre esta materia.

Al país le ha hecho muy bien el tremendo esfuerzo que los jueces han realizado en ese sentido. En esto ha habido un avance impensado, ya que poco a poco muchos juicios criminales están develando lo ocurrido, detallando los hechos y responsabilizando a los culpables. Es cierto que eso es doloroso para todos los involucrados, tanto para las familias de las víctimas, quienes tienen que revivir tan tristes recuerdos, como para los victimarios y sus familiares, quienes no logran huir de la mirada cuestionadora del país y de sus tribunales.

Hay una primera declaración según la cual la sociedad chilena y sus instituciones civiles y militares no deben olvidar el gran objetivo que hemos planteado desde siempre. Nuestra obligación central -que voy a reiterar en esta Sala- ha sido trabajar por ubicar los restos o saber el paradero o destino de los desaparecidos políticos, pues sus familiares siguen esperando respuesta. Por lo tanto, si no hay fórmulas de diálogo o de encuentro que permitan recibir más información, nuestra obligación es dejar que los tribunales de justicia avancen en estos asuntos.

También hemos dicho que es muy importante, tal como lo ha solicitado la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, la realización de un pronto examen del número de víctimas cuyos procesos aún no tienen jueces exclusivos, a fin de avanzar en esa designación, o bien, que quienes ya están designados asuman esas causas.

En materia de proveer de reparaciones económicas compensatorias, que tiene que ver con este proyecto, en esa oportunidad le señalamos al Gobierno que este debate debe tender a que exista una reparación ética por parte de la sociedad chilena y que ello no puede quedar reducido sólo a los aspectos relativos a las compensaciones económicas. Eso es muy importante. Además, nunca vamos a aceptar que, de alguna manera, estas compensaciones económicas tengan un objetivo que signifique una moneda de cambio para la impunidad. Yo sé que esa posibilidad no ha sido considerada por el Gobierno ni tampoco por la Democracia Cristiana, la cual tiene una posición bien clara en este sentido. Nada que signifique una moneda de cambio para impedir el avance de la justicia y de la verdad en Chile.

De todas maneras, el desafío es responder en algún momento a todas las demandas sociales de quienes se sienten postergados o discriminados, especialmente en temas relacionados con empleo, seguridad social, salud y educación. Sabemos que las graves violaciones a los derechos humanos, sumadas a los efectos de procesos penales, ha generado en las víctimas la percepción de que no son escuchadas; les embargan sentimientos de haber sido vejadas e ignoradas y, sobre todo, en muchos casos están convencidas de no haber recibido justicia. Todo esto significa que sus problemas no han sido resueltos. Sobre todas estas materias le decimos al Gobierno que le ofrecemos nuestro respaldo para avanzar todo lo que sea posible en los distintos aspectos relacionados con reparación.

Entendemos que es necesario avanzar en materia de pensiones, empleo, salud, beneficios médicos, educacionales, etcétera. Consideramos que este proyecto es insuficiente, y aceptamos las críticas formuladas por las agrupaciones de familiares. Sin embargo, confiamos en que en la Comisión podamos hacer un mayor esfuerzo por mejorarlo. El país debe tener conciencia de que este tema es muy importante y de que hay miles de chilenos que requieren una compensación digna -ésa es la palabra- y justa. El país puede hacerlo y los afectados merecen que así ocurra.

Sobre esta materia, también hemos señalado que debemos enfrentar otro grave problema que se ha presentado en el último tiempo y que ha generado inquietud en los familiares de las víctimas. Me refiero al rechazo de las demandas civiles de indemnización, a raíz de la prescripción de la acción civil que ha sostenido el Consejo de Defensa del Estado, tesis que, lamentablemente, ha sido acogida por nuestros tribunales. El Consejo de Defensa del Estado sostiene que su obligación es resguardar los intereses del Estado, para lo cual es necesario exigir la estricta aplicación de la ley; de lo contrario, estaría cometiendo una infracción legal.

Esta situación ha creado problemas porque, obviamente, las demandas por indemnización han empezado a ser rechazadas por los tribunales. La Democracia Cristiana le propuso al Gobierno dos fórmulas para resolver la materia -por desgracia, no fuimos escuchados y no nos dieron respuesta-: primero, modificar la ley, en el sentido de que las acciones civiles de indemnización por graves violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles, permitiendo que la cuantía de las indemnizaciones sean reguladas por los tribunales de justicia, y, segundo, otorgar facultades a alguna institución que represente al Estado, a fin de acordar extrajudicialmente con los representantes de las víctimas o con sus familiares, indemnizaciones cuyos montos sean establecidos mediante una tabla indemnizatoria proporcional al grado de parentesco y a otras variables determinadas por ley, considerando experiencias existentes en el derecho internacional.

Para la Democracia Cristiana éste era un tema importante y, por eso, solicitábamos ajustarnos a los principios y lineamientos básicos sobre derecho a reparación por graves violaciones a los derechos humanos y sobre derecho humanitario, elaborados a nivel de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sé que el Gobierno puede decirnos que, como Estado, estamos cumpliendo en materia de reparaciones y compensaciones, y que, por lo tanto, cualquier demanda que se presente ante un tribunal internacional -no sólo ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sino también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos- podría ser fácilmente contestada a dichas entidades.

Pero más allá del aspecto estrictamente legal, ésta es una indemnización a la cual tiene derecho cualquier chileno que recurra a la justicia reclamando haber sido víctima de atropellos a los derechos humanos, y el tribunal, después de acoger su demanda, le concede una indemnización que repare el perjuicio sufrido. Lamentablemente, hemos visto que los familiares de las víctimas no tienen derecho a este beneficio por una cuestión legal: la prescripción. Recién ahora están en condiciones de recurrir a tribunales que les den la razón; antes no ocurría así, y, por eso, es obvio que los plazos para iniciar una acción civil prescribieron.

Por lo tanto, nuestra responsabilidad es velar por este tema, que probablemente implica mucho dinero, pero que se relaciona con justicia y dignidad, ¡y nosotros estamos aquí para defender esos principios! De lo contrario, vamos a empezar a determinar cuánto vale cada una de las víctimas o el daño sufrido por cada una de ellas. Ése no es el tema. Existen ejemplos al respecto, como el caso del ministro de la Corte Suprema que fue operado de la cadera que no correspondía en el hospital Militar y que luego fue beneficiado por una resolución de sus pares que le permitió recibir una indemnización de 70 millones de pesos o una cifra similar por los perjuicios que sufrió.

En estos casos, el dolor de las víctimas y los perjuicios que ellas sufrieron son muchísimo más graves que el que provoca una equivocación en una operación de cadera, porque fue el Estado chileno, a través de sus agentes, el que actuó en contra de ellas.

Por lo tanto, éste es un tema importante para nosotros. Va a quedar pendiente, porque no fue abordado en este proyecto, pero vamos a tener que seguir trabajándolo en algún momento.

Vamos a tratar de solucionar algunas cosas, cuestión que el Gobierno sabe, como el tema de las fechas para obtener beneficios del Prais o el pago de algunas indemnizaciones que se establecen en el proyecto -me imagino que eso se podrá ir arreglando-; pero queremos, por lo menos como Democracia Cristiana, dejar establecidos algunos principios básicos que nos interesan.

Vamos a estudiar otros proyectos en relación con estas materias; pero nosotros ya presentamos al Gobierno, como tercer tema, la idea de que, de aquí para adelante, estamos obligados a establecer políticas públicas que protejan y promuevan los derechos humanos. En nuestro documento hablamos de la creación del Defensor del Pueblo o de la Subsecretaría de Derechos Humanos, temas que no han sido tratados. Debiéramos conversarlos, porque el “nunca más” también tiene que ver con eso. O sea, si nosotros reafirmamos la idea de que “nunca más”, obviamente tenemos que ver cómo el Estado alienta o estimula acciones en ese sentido, a través de instituciones, de políticas o de programas.

Hay otros temas pendientes. Como Congreso, tenemos la obligación de ratificar la Convención sobre desaparición forzada de personas. Además, el Gobierno tiene que apurarse en la tramitación del Tratado de Roma sobre la Corte Penal Internacional, a fin de que lo aprobemos a la brevedad. Y hay otros convenios sobre los cuales debiéramos trabajar, cuestión que la Democracia Cristiana también hizo presente al Gobierno. Esos temas están pendientes. Seguiremos conversando e insistiendo en ellos.

Por ahora, vamos a votar favorablemente la idea de legislar. Les pedimos a las demás bancadas que procedan de la misma forma. Comprendemos y aceptamos que la iniciativa en estudio es insuficiente; pero al no tener otra posibilidad, lo obvio y lo lógico es que aprobemos la idea de legislar. Ojalá que podamos acompañar a los familiares de las víctimas de derechos humanos para ir mejorando esos proyectos.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Carlos Vilches.

El señor VILCHES.-

Señora Presidenta, la Cámara de Diputados nos ha convocado para debatir un tema profundamente sensible para los afectados por el atropello a los derechos humanos.

Los diputados de mi bancada, la de Renovación Nacional, hemos demostrado una alta sensibilidad cuando hemos estudiado estos temas. He querido hablar, porque diputados de mi bancada se han reunido en forma reiterada con exonerados políticos y con retornados, con quienes se ha podido avanzar al escuchar las situaciones que han vivido en décadas pasadas. Por eso, no tenemos ningún complejo en hablar sobre este tema.

Por su parte, vamos a apoyar el proyecto, pues mejora los montos que se entregarán, por concepto de reparación, a los exonerados políticos, a los retornados y a los beneficiarios de los causantes víctimas de los atropellos a los derechos humanos. Lo quiero decir con mucha claridad: se otorga un beneficio a los familiares de los detenidos desaparecidos.

Quiero decir con mucha fuerza que no es posible que todavía estemos legislando sobre estas materias, en circunstancias de que han pasado catorce años de gobiernos de la Concertación. Todos los países que han tenido problemas similares los han resuelto mediante legislaciones especiales que ayudan a las víctimas o a sus familiares.

En muchas oportunidades propusimos a los gobiernos de los Presidentes Aylwin y Frei, a través de la Comisión de Derechos Humanos, establecer montos por concepto de reparación; incluso, pedimos investigar créditos y préstamos otorgados en el extranjero para asistir a los retornados. Nuestra preocupación por esta materia ha sido permanente; por eso tenemos derecho a opinar en el sentido de que es absolutamente necesario mejorar estas pensiones.

Pero en el proyecto no se mencionan derechos perdidos, como el del trabajo, porque esas personas fueron perseguidas. Tampoco el derecho a subsidio a la vivienda u otros. Para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, recuerdo que en una oportunidad solicitamos el otorgamiento de un bono compensatorio para reparar el daño ocasionado por la pérdida de esos derechos. Este proyecto, en parte, apunta en esa dirección, y por ello es necesario que, con nuestros votos, se apruebe este mejoramiento para un grupo de chilenos que merecen recibir ayuda.

Algunos beneficios señalados en el proyecto, otorgados en años anteriores, han sido de gran utilidad. Sin embargo, aún quedan otros pendientes, como la tercera ley de reparación para los exonerados políticos. Para su aprobación, se ha contado con el voto favorable de nuestra bancada, y es bueno que el país lo sepa, porque muchas veces nos estigmatizan en el sentido de que somos responsables de no colaborar con proyectos como el que nos convoca.

Sin complejos, sin ningún tipo de temor, estamos dispuestos a ayudar a estos chilenos que vivieron una mala calidad de vida en tiempos pasados.

El proyecto contiene dos vertientes: una, orientada a mejorar las pensiones, y, la otra, a otorgar beneficios educacionales a los hijos de las víctimas. Ambas apuntan en la dirección correcta.

A nuestro juicio, el proyecto debe ser aprobado en general en esta oportunidad, pero debe ser reenviado a la Comisión para un mayor debate y la presentación de indicaciones que lo mejoren.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Camilo Escalona.

El señor ESCALONA.-

Señora Presidenta , abordamos el estudio y debate de estos proyectos -específicamente del que nos preocupa hoy- desde una perspectiva que va mucho más allá de su valor material. No despreciamos la cifra, de poco más de 39 mil millones de pesos que significará la aplicación, por cuatros años, de esta iniciativa, según los cálculos de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Tampoco despreciamos los más de 80 mil millones de pesos que cuesta anualmente el financiamiento de las diferentes leyes aprobadas por el Congreso en beneficio de los exonerados políticos. Pero hay un problema más profundo, de carácter moral e histórico.

Hace aproximadamente un cuarto de siglo, el presidente de la Corte Suprema de esa época -una autoridad del Estado- expresó que el drama de los detenidos-desaparecidos lo tenía curco.

Por su parte, el entonces jefe de Estado y sus ministros señalaron que este problema era una maniobra del marxismo internacional para desprestigiar a las autoridades.

No hace mucho, en los años ‘90, ya en el período de transición democrática, como resultado del informe Rettig , las instituciones armadas declararon que lo que había ocurrido era una guerra. Y en relación con las imágenes estremecedoras que vivimos en esta Sala, sobre los descubrimientos de restos en Piragua que vivió en esta Sala, también se planteó ese mismo argumento: que había habido una guerra.

Por eso, sinceramente valoramos el hecho de que, hoy, todas las fuerzas políticas en el Congreso Nacional reconozcan el drama de los derechos humanos y las crueles violaciones que sufrieron compatriotas. El diputado Salaberry ha tratado de incomodar la posición socialista al manifestar que su colectividad ha escuchado a hijos de víctimas socialistas. No nos molesta. En verdad, el hecho de que esto haya ocurrido, gracias a la labor de las organizaciones de derechos humanos, nos parece un cambio muy grande en Chile. Antes, cuando reclamaban, a sus integrantes se les cerraba la puerta o se les encarcelaba; tenían que hacer huelgas de hambre y no se les reconocía el drama de sus familias. Antes, el ministro del Interior , actualmente militante de la UDI, decía que esto era una maniobra del marxismo internacional. Entonces, que hoy la UDI haya escuchado a dos hijos de víctimas, nos parece un cambio enorme, histórico, en la situación del país. En efecto, porque, quienes ayer las desconocieron, hoy reconocen las crueles violaciones a los derechos humanos y las consecuencias del terrorismo de Estado.

Pero, además, valoramos otros cambios más importantes detrás de los cuales está, también, implícito el esfuerzo que hicieron los familiares de las víctimas a través de huelgas de hambre, de movilizaciones, de apaleos y de sufrir el gas lacrimógeno y las golpizas en las calles. Por ejemplo, hechos difíciles de esperar que ocurrieran, como la visita a isla Dawson ; la emoción del contraalmirante señor Ojeda cuando se abrazó con las personas que allí estuvieron detenidas; el reencuentro de la familia aérea, ocurrido hace poco en la Base de Quintero, con la entrega de la correspondiente identificación a quienes fueron expulsados de la institución, a fin de que puedan hacer uso de los derechos que les corresponden; el “nunca más” del general Cheyre , argumentado nuevamente de manera sólida en entrevista reciente a la revista “Siete + 7”, en que explica por qué nunca más debe haber violación de los derechos humanos en Chile.

Así como el entonces Presidente Aylwin , después del informe Rettig , pidió perdón -un perdón por hechos de los cuales no era responsable desde el punto de vista personal, pero que asumió como jefe de Estado-, también pensamos que todas las fuerzas políticas deben asumir ese “nunca más” y, además, el perdón.

Reconocemos y valoramos sinceramente que la UDI haya cambiado de posición, pero le falta pedir perdón. Ahora, que están presentes en las tribunas las agrupaciones de derechos humanos, sería la ocasión de que lo pidiera, de que tuviera la valentía de hacerlo para que el “nunca más” efectivamente tenga respaldo en cuanto a que todas las fuerzas políticas digamos claramente que nunca más vamos a golpear los cuarteles para que haya un golpe de Estado, y que en cualquier circunstancia, sea cual fuere el gobierno, vamos a rechazar las violaciones de los derechos humanos.

Ése es el compromiso que los socialistas mantenemos, y vamos a seguir luchando para que quede grabado en la memoria de las futuras generaciones de Chile.

He dicho.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni .

El señor CERONI .-

Señora Presidenta , la preocupación que existe entre nosotros es clara en el sentido de dar un paso significativo con estas leyes y, finalmente, cumplir con una tremenda deuda que tenemos con las personas más perjudicadas por el régimen militar.

Lo que debatimos es algo que nos obliga a todos, porque las violaciones a los derechos humanos afectaron a familias enteras y ocasionaron daños económicos y a la salud de las personas. No hay duda de que son responsabilidad del Estado, porque quienes causaron desapariciones y muertes pertenecían al aparato estatal. En definitiva, ellos son responsables de que hoy esas familias tengan tantos problemas. Hay personas discapacitadas, como consecuencia de las tensiones y los horrores que tuvieron que vivir. Por eso, no hay duda de que lo menos que podemos hacer es intentar reparar un daño irreparable, y, como Estado, hacer el máximo esfuerzo para lograr una reparación al menos digna.

El hecho de que tratemos este tema se debe, en gran medida, a la ardua lucha sostenida por la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos. ¡Por Dios que debemos reflexionar sobre ello! Después de tantos años, todavía estamos discutiendo este tema porque no lo hemos solucionado, y, en consecuencia, la gente más afectada debe hacer un tremendo esfuerzo, desgaste que le ocasiona un dolor adicional.

Por lo tanto, debemos aprovechar la oportunidad que significa esta ley en tramitación para cumplir con esas personas mucho más allá de lo que establece el propio texto. Por supuesto, la iniciativa es un esfuerzo del Gobierno, pero insuficiente.

Comparto plenamente las peticiones que plantea la Agrupación y hago un llamado para que todas las fuerzas políticas, más allá de las responsabilidades de unas y otras, hagamos un esfuerzo colectivo para que el Estado responda a todos los familiares de las víctimas y les otorgue la compensación justa que se merecen.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier.

El señor LETELIER (don Felipe) .-

Señora Presidenta , tengo una crítica y una autocrítica respecto del tema de los derechos humanos, las cuales, por lo demás, planteé en la Comisión. La crítica es fundamental, porque el mundo se enteró de lo que pasó durante 17 años en Chile, donde unos eran masacrados, torturados, degollados y exiliados, y otros -algunos de los cuales están ahora en este Congreso- formaban parte del régimen que entonces detentaba el poder.

Entonces, la diferencia que hay que marcar respecto de lo que dice el colega Salaberry es que hoy, objetivamente, el escenario es distinto que ayer. Incluso -reitero-, en este Congreso hay varios que escucharon los alaridos de quienes eran torturados y no dijeron nada. Hay una diferencia muy grande entre los perseguidos y sus persecutores; entre los torturados y sus torturadores.

Escuché a colegas agradecer, con legítima razón, a las agrupaciones de derechos humanos y a todas las instituciones que de una u otra manera hicieron frente a la barbarie del régimen militar, que fue apoyado por importantísimos sectores de la Derecha que hoy están en el Congreso; sin embargo, sólo hemos recogido parte de lo que con tanta fuerza y perseverancia han planteado esas agrupaciones, porque no ha existido la voluntad política de todos los sectores. Aquí viene mi autocrítica. Podríamos haber hecho mucho más durante estos años, con la misma fuerza y rapidez con que fueron beneficiados todos los CNI a través de la ley de exonerados, incluyendo a Onofre Jarpa . De esa manera debiéramos haber ayudado a quienes realmente fueron víctimas de violaciones de derechos humanos.

No sé si es por los aplausos, pero siempre estamos muy de acuerdo. Pero si lo estamos, es porque recogemos las propuestas, inquietudes y dolor de esta gente, que desde el 11 de septiembre de 1973 empezó su lucha y su calvario.

Cuando se viola el derecho humano de un jefe de familia o de algún miembro de ésta, se violan los derechos humanos de toda la familia, incluso de los parientes, muchos de los cuales fueron discriminados simplemente por esa condición.

(Aplausos).

Es cierto que hemos avanzado, porque incluimos al padre, un miembro más de la familia; pero quienes somos testigos de lo que pasó, sabemos que realmente, en muchos lugares, toda la parentela fue víctima y sufrió por algún pariente que fue asesinado, torturado, exiliado o desaparecido.

Si bien con este proyecto avanzamos, le digo a nuestro Gobierno que, con la misma generosidad que tenemos para gastar recursos en otras áreas, aquí tenemos una deuda que es inmoral seguir discutiendo. Lo que debemos hacer es, simplemente, aunar las voluntades. Hoy, nuestro Gobierno debe entender que tenemos un consenso mucho más amplio que en 1991 ó 1992 para solucionar estos temas pendientes.

Hoy, la derecha política dice que está dispuesta -son sectores minoritarios, pero finalmente han escuchado-, y, por tanto, hay condiciones, no para cambiar justicia por dinero ni para canjear una indemnización por renuncia a la justicia, sino para que realmente saldemos la deuda que tenemos con estos sectores.

Como persona que perseveró con el ministro Insulza para que hubiera una tercera ley de exonerados, pido que terminemos con tanto discurso y reparemos este daño que se les causó a hermanos de nuestro país.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Laura Soto.

La señora SOTO (doña Laura).-

Señora Presidenta , cuando una está sensibilizada en este tema; cuando ha escuchado decir a una mujer que su corazón de madre no descansará hasta que encuentre a su hijo; cuando hay otra que ahogó su dolor en la locura, y otra que hasta hoy dice que reconocerá siempre el rostro de quien detuvo a su hija, que hoy se encuentra desaparecida, debe decir, con franqueza, que todo nos parece poco, que todo parece mezquino, que todo parece insuficiente.

Es verdad que hemos avanzado. Desde el ministro Bórquez , quien dijo -como recordó muy bien el diputado Escalona - “me tienen curco los detenidos desaparecidos”, hasta hoy, con los ministros Juan Guzmán , Daniel Calvo y, en Valparaíso, con la ministra Gabriela Corti , que tiene procesado a un vicealmirante de la Armada, creo que hemos avanzado. Por eso apoyo la petición de las agrupaciones. Todo es poco; todo es insuficiente; queremos más. Sabemos que hemos avanzado, pero, francamente, quizás sería mejor que hiciéramos un esfuerzo para que hubiera más jueces con dedicación exclusiva y supiéramos cuál es la verdad.

También quiero referirme específicamente a este proyecto sobre reparaciones. Hoy somos injustos. Le podemos pedir al Presidente de la República -porque no está en nuestras manos presentar indicaciones en esta materia- que las aumente, que sea más generoso. Mayor generosidad tuvieron las víctimas de Franco y de los generales de Argentina y de Sudáfrica. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Hay personas que sufren enfermedades catastróficas, que tienen el dolor incrustado en su corazón; por ello debemos ser más generosos. Por esa razón, debemos pedir al Ejecutivo un avance en la materia. El Prais, por decreto supremo, ha funcionado en algunos lugares. Sin embargo, mañana asume otro gobierno y se termina. ¡No! Queremos en ese sentido ser muy claros. Vamos por una ley, pero también comprendamos que la recreación es parte de la salud.

Hace unos días acompañé a un grupo de personas de la tercera edad a quienes el Ministerio del Interior les concedió una jornada turística insuficiente. Por estar en el ocaso de sus vidas, ellas merecen mucho más, y por eso debemos exigir más.

Por otro lado, valoramos la actitud de la Derecha cuando nos dice que nos acompaña en el dolor. Queremos ser claros. Para nosotros este es un tema sentimental y de conciencia, y no un tema político. Por ello, aprobaremos la idea de legislar, pero, con fuerza, pediremos que el Gobierno ponga más de su generosidad y así obtener la verdad; no como aquellas migajas que nos dieron en la Mesa de Diálogo, cuando nos engañaron. Hoy queremos verdad, justicia y reparación para todos estos familiares.

He dicho.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bayo.

El señor BAYO .-

Señora Presidenta , seré muy breve. En primer lugar, quiero precisar que este proyecto de ley tiene que ver directamente con los familiares de víctimas de derechos humanos en el pasado y con los presos políticos, y no con los detenidos desaparecidos. Hago esta precisión en aras de un análisis más racional y pragmático del tema de los derechos humanos, puesto que éste no es sólo patrimonio exclusivo de un partido político determinado. Aquí hay transversalidad en el hacer y en el querer. Todos, sin excepción, estamos por reparar los daños que se causaron en el pasado en materia de violación de los derechos humanos. Las diferencias entre los eventuales beneficiarios y lo que el proyecto dice, tienen relación fundamentalmente con los montos y con la calidad de las reparaciones, que dependen en gran medida de la decisión del Ejecutivo de aumentar los que hoy día están consignados. Nosotros, a su vez, presentaremos las indicaciones pertinentes para que estos montos se focalicen correctamente y lleguen a quienes realmente lo necesitan y merecen, ya que en muchos casos tenemos dudas de que este objetivo se cumpla.

Votaremos favorablemente la idea de legislar, porque el proyecto apunta en el sentido correcto. Nadie lo discute. No quiero hacer demagogia. No quiero recibir aplausos. Sólo quiero poner racionalidad, y en ese sentido esperamos que las proposiciones del Ejecutivo acerquen las posiciones postuladas entre este proyecto y la de los familiares de los detenidos desaparecidos y víctimas de torturas y violaciones a los derechos humanos. Esperamos que los beneficios considerados en las indicaciones que formularemos -reitero-, producto de esta iniciativa, lleguen realmente a quienes lo necesitan.

Con estas aprensiones, votaremos a favor.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Este proyecto ha sido objeto de indicaciones presentadas por el diputado señor Rossi. Entiendo que el Ejecutivo también las tiene. Por lo tanto, tenemos el mayor interés en que este proyecto vuelva a la Comisión de Derechos Humanos, por un tiempo acotado y definido, para que pueda ser tratado durante las dos semanas legislativas que quedan antes del receso parlamentario.

Por lo tanto, procederemos a votar el proyecto sólo en general para remitirlo meramente a la Comisión de Derechos Humanos.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Álvarez, Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Burgos, Bustos, Ceroni, Cornejo, Delmastro, Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Forni, García (don René Manuel), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Hales, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Kast, Leal, Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Masferrer, Meza, Montes, Mora, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Salas, Sánchez, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tuma, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

-Votó por la negativa el diputado señor Álvarez-Salamanca.

-Se abstuvo el diputado señor Vargas.

De los señores Aguiló, Cornejo, Luksic, Muñoz Aburto, Ojeda, Paredes, Rossi y Walker, para sustituirlo por el siguiente:

“4) Agrégase, en el artículo 29, los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“Los hijos de los causantes que no hayan resultado beneficiados con lo dispuesto en los incisos anteriores, tendrán derecho al pago de las deudas de arancel originadas en sus estudios con antelación a la vigencia de la presente ley.

El costo de este beneficio será de cargo del Fondo de Becas y Desarrollo de Educación Superior del Ministerio de Educación.

El uso eficaz de este derecho y su extinción será materia de un reglamento. El reglamento, será expedido a través del Ministerio del Interior y deberá ser además suscrito por los Ministros de Educación y de Hacienda; consultará, entre otras materias, el procedimiento de solicitud y pago del beneficio, los límites de postulación del beneficio y las condiciones de financiamiento de la continuidad de los estudios.”.”.

De los señores Aguiló, Bustos, Leal, Letelier Norambuena, Meza y Rossi, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 4°.- Concédese, por una sola vez, a cada uno de los hijos de los causantes a que se refiere el artículo 18, un bono de reparación, de acuerdo con las condiciones que a continuación se indican.

Tendrán derecho a este beneficio los hijos que, existiendo a la fecha de publicación de la presente ley, no gocen de la pensión de reparación a que se refiere el artículo 17, y siempre que lo soliciten dentro del plazo de un año. No tendrá derecho a este beneficio los hijos que estén percibiendo pensión de reparación vitalicia en su calidad de discapacitados.

El bono ascenderá a la suma de $ 10.000.000 (diez millones de pesos) y se pagará en una cuota en el mes subsiguiente de acreditado el cumplimiento de los requisitos.

Este bono no estará afecto a tributación ni a descuentos de seguridad social o de otra naturaleza.

Los postulantes a este bono lo requerirán al Instituto de Normalización Previsional, el cual, en caso de acreditarse los requisitos, podrá emitir a petición del beneficiario, los pagarés correspondientes por el saldo a pagar, expresados en unidad de fomento.

Un reglamento, que será emitido por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscrito además por el ministro de Hacienda , regulará la forma de acreditar el cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento y los procedimientos y demás normas necesarias para la concesión de este bono de reparación.”.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Corresponde conocer, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley que dispone la eliminación de ciertas anotaciones prontuariales.

Diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía es el señor Sergio Ojeda.

Antecedentes:

-Mensaje, boletín Nº 3392-17, sesión 11ª, en 28 de octubre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 11.

-Informe de la Comisión de Derechos Humanos, sesión 34ª, en 16 de diciembre de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 17.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor OJEDA .-

Señora Presidenta , paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto, originado en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República , que dispone la eliminación de ciertas anotaciones prontuariales.

La iniciativa consta de tres artículos. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 287 del Reglamento, se deja constancia de que el proyecto no contiene artículos de carácter orgánico constitucional o que requieran de quórum calificado. Asimismo, no hubo voto disidente del acuerdo adoptado en la votación general ni hubo artículos o indicaciones rechazadas por la Comisión, y el proyecto no requiere informe de la Comisión de Hacienda.

Fueron escuchadas, entre otras, las siguientes personas: el ministro del Interior , señor José Miguel Insulza ; el subsecretario del Interior , señor Jorge Correa Sutil ; la asesora del subsecretario del Interior , señora Antonia Urrejola ; por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, las señoras Lorena Pizarro , presidenta; Viviana Díaz , secretaria general; Mirella Díaz , vicepresidenta; Gabriela Zúñiga , secretaria de finanzas, y el señor Gonzalo Muñoz , jefe de relaciones públicas.

Asimismo, la Comisión escuchó, en audiencia pública, a aproximadamente 170 personas, que representan a agrupaciones de derechos humanos de provincias y regiones. Ello es altamente positivo, por cuanto se les dio la oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista y sus opiniones.

De las observaciones -objeciones, modificaciones solicitadas y peticiones- formuladas por estas personas o entidades, dan cuenta las actas de las sesiones de las comisiones en las cuales se trató el proyecto, que fue aprobado en general por la unanimidad de todos los miembros presentes.

La Comisión de Derechos Humanos adoptó, por unanimidad, el acuerdo de omitir la discusión en particular en este primer trámite reglamentario. Además, acordó votar en general la idea de legislar y remitir el proyecto, en los mismos términos que viene propuesto por el Ejecutivo en su mensaje, a la consideración de la Sala a fin de que, durante su discusión general, de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del artículo 129 del Reglamento, se admitan a tramitación las indicaciones que se presenten.

En la iniciativa, como ocurrió con la de las reparaciones, se omitió la discusión en particular como una manera de posibilitar a todos los miembros de la Cámara tomar conocimiento de un tema que concita el interés nacional, que es complejo y relevante. De esa manera, se podrán hacer las indicaciones u observaciones correspondientes antes que lo haga la Comisión.

El proyecto de ley fue anunciado por su Excelencia el Presidente de la República el 12 de agosto pasado y forma parte del proceso en que está empeñado el Gobierno de curar las heridas producidas por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Contiene temas pendientes. Por ejemplo, se trata de eliminar los antecedentes penales de las personas que fueron condenadas por tribunales militares en tiempo de guerra, por aplicación de la ley de Seguridad Interior del Estado o de la ley Antiterrorista por delitos cometidos en el período mencionado anteriormente.

Las anotaciones prontuariales son consecuencias jurídicas de las sanciones penales que fueron aplicadas en un contexto social y político diferente por tribunales que aplicaron procedimientos excepcionales.

La prolongación en el tiempo de estos antecedentes, que parecen injustos e inadecuados, favorece condiciones de estigmatización e impide el normal goce y acceso a los derechos que el Estado entrega y garantiza en un régimen de libertad y democracia, de los cuales, paradójicamente, están marginados y discriminados. Esto el Gobierno lo quiere solucionar, más aún cuando se desea eliminar hechos provocados por los beneficiarios que no afectaron la vida o la integridad física de ser humano alguno.

En esta línea, el proyecto de ley detalla en sus tres artículos cuáles son los casos, las condiciones y los procedimientos para lograr esta eliminación.

Respecto de las condiciones y personas favorecidas, el proyecto establece:

1. Que los hechos que constituyen antecedentes penales hayan acaecido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990;

2. Que las anotaciones prontuariales consten en el Registro General de Condenas establecido en el decreto ley Nº 645, de 1925;

3. Que dichas anotaciones se refieran a condenas impuestas por tribunales militares en tiempo de guerra, y

4. Que esos hechos hayan sido sancionados en virtud de las leyes Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado; Nº 17.798, sobre Control de Armas, y Nº 18.314, ley Antiterrorista; y de los decretos leyes Nº 77, de 1973, y Nº 3.627, de 1981.

Las anotaciones prontuariales serán eliminadas a partir de la fecha de publicación de la presente ley y operará en caso de haberse cumplido la condena o extinguido la responsabilidad penal por cualquier motivo.

El beneficio no operará respecto de las condenas impuestas por delitos consumados o frustrados, contra la vida o integridad física de terceros.

El proyecto considera como delitos contra la vida o integridad física de terceros aquellos que describen, entre sus elementos constitutitos, el resultado de muerte o de lesiones, en todas sus formas y clases o la privación de libertad de la víctima, cualquiera sea la ley o el título de incriminación en que se contenga, y los delitos previstos en los párrafos 4º, 5º y 6º del Título VII del Libro II del Código Penal. Esto es, el rapto, la violación, el estupro, el incesto, la corrupción de menores y otros actos deshonestos.

Para estos efectos legales no se consideran como atentados contra la vida y la integridad física de terceros los delitos contra la propiedad, aunque hubieren sido cometidos con violencia o intimidación en las personas, las asociaciones ilícitas ni las amenazas, en todas sus clases y formas.

Con el objeto de establecer condiciones y procedimientos expeditos y oportunos para la eliminación de las anotaciones, se entrega competencia al Servicio de Registro Civil e Identificación.

Cualquier gestión se hará a petición de los interesados.

Todas las solicitudes y los antecedentes acompañados, tendrán el carácter de secretos y su divulgación será sancionada conforme a las reglas generales.

Si los tribunales o autoridades pertinentes no hubieren transmitido al Registro Civil las sentencias condenatorias correspondientes o las certificaciones de término o cumplimiento de las mismas, o por cualquiera otra causa el servicio no dispusiere de los antecedentes necesarios para efectuar la eliminación, el interesado podrá requerirla, acompañando los certificados que justifiquen su imposición y cumplimiento, por medio de una solicitud dirigida al director nacional de dicho servicio y presentada en el gabinete local del lugar de su domicilio.

Respecto de la eliminación de los antecedentes penales, se entiende que lo dispuesto en este proyecto no obsta a la aplicación de las reglas generales que se refieren a los beneficios de eliminación de antecedentes prontuariales o de prontuarios, previstos en el decreto ley Nº 409, en el decreto supremo Nº 64, en la ley Nº 18.216 o en otros cuerpos legales, los cuales operarán como reglas generales y se aplicarán cuando procediera.

En definitiva, el proyecto importa un acto real de justicia que elimina los antecedentes penales que, al estar con una anotación, resta al afectado toda posibilidad de integración y participación ciudadana y de bienestar social y laboral.

Este es un gran esfuerzo que realiza el Gobierno a fin de llegar a las nuevas generaciones con un nuevo espíritu y a una nación cuya alma esté unida y en paz. Esta iniciativa pretende dar un paso en el camino hacia dicha ansiada unidad, pues no habrá sitio para ella sin justicia ni perdón. Ambos valores están puestos en juego, esperando la adhesión de la Sala.

En mérito de lo expuesto y de las consideraciones señaladas, la Comisión propone aprobar en general el proyecto.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Salaberry.

El señor SALABERRY.-

Señora Presidenta , sólo deseo referirme a un punto específico del proyecto.

En las audiencias que tuvimos con el Ejecutivo hice alusión a la reparación moral que el proyecto significa para el buen nombre de aquellos que sufrieron violencia política, pero no considera, por ejemplo, a los desaparecidos.

En la propuesta “La Paz ahora”, de la UDI, planteamos, a petición de los propios familiares, que el proyecto considerara la rehabilitación, para todos los efectos públicos que procedan, a las personas condenadas por tribunales militares por delitos de traición a la patria y que los propios familiares lo puedan pedir y no sólo los ex presos políticos. El Ejecutivo iba a estudiar esa situación, con el objeto de reparar el buen nombre de aquellas personas que ya no están.

He dicho.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado Fulvio Rossi.

El señor ROSSI.-

Señora Presidenta , un conjunto de parlamentarios hemos presentado una indicación, pensando que es importante ampliar el universo de personas potencialmente beneficiarias de la eliminación de anotaciones prontuariales, porque el proyecto busca precisamente una reparación en el ámbito moral y una reivindicación de las personas que fueron sancionadas penalmente en situaciones absolutamente extraordinarias y excepcionales.

De igual forma, hemos presentado otra indicación con el objeto de derogar las normas vigentes, incluidas las resoluciones sumarias, dictadas por órganos de educación superior y que han significado la pérdida o disminución de los derechos de alumno regular o de profesor titular, asociado o a contrata, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Desde el punto de vista moral, esta medida reparatoria es fundamental.

Por último, como el diputado señor Salaberry hizo mención a mi persona, quiero responderle que en Iquique me encargué de aclarar -dicho sea de paso, la totalidad de las agrupaciones de derechos humanos me han respaldado en ello- que no es posible cambiar el derecho a la justicia por indemnizaciones. Eso lo hemos dicho siempre.

Fue tan fuerte la posición del Partido Socialista de no renunciar a la justicia, que tuvo que retrocederse en esta idea. Si no hubiera aparecido el caso Spiniak, me imagino que se hubiese seguido en ese camino.

El hecho de que propongan cambiar la aprobación de los proyectos de ley que están en la Cámara por el proyecto que está en el Senado, que indulta a presos políticos que hoy, en democracia, se encuentran en cárceles de alta seguridad, me parece inmoral y poco ético. Así no se legisla. Eso los pone en evidencia.

He dicho.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio .

El señor ASCENCIO .-

Señora Presidenta , felicito al Gobierno por haber enviado el proyecto que dispone la eliminación de ciertas anotaciones prontuariales. Sin embargo, tengo algunas dudas y quiero hacerlas presente para que en la Comisión se perfeccionen sus disposiciones.

En primer lugar, solicito a los señores diputados pensar en el contexto en el cual se dictaron ciertas condenas. No sólo había una dictadura militar, sino que, como consecuencia de ella, los tribunales no cumplían su tarea.

Es más, algunos se negaron a aplicar la justicia y ni siquiera contestaron miles de peticiones. Este hecho se repite, con mayor razón, en el caso de los tribunales militares en tiempos de guerra.

Ojalá se piense en lo que fueron esos procesos, en las personas detenidas, torturadas; en la forma cómo un juez las condenó. ¿Tuvieron derecho a la legítima defensa? ¿Hubo un debido proceso?. En esos tiempos, en Chile, el poder militar tenía el control absoluto de los ciudadanos y de la justicia.

En ese contexto se dictaron condenas cuyas anotaciones prontuariales me parece importante eliminar.

Ahora, ¿por qué la eliminación de los antecedentes debe hacerse a petición de las partes, en circunstancias de que podría ser automática? Quiero pedir al Ejecutivo que promueva esta forma.

El ministro del Interior me ha señalado que el Servicio de Registro Civil e Identificación puede entregar una nómina de las personas condenadas por los delitos señalados en el proyecto. Por lo tanto, la eliminación de antecedentes podría ser automática. Así, se evitaría que el interesado concurriera al servicio y tramitara la solicitud correspondiente.

La segunda observación tiene que ver fundamentalmente con una presentación que le escuché a la abogada Pamela Pereira , quien señaló que esto se trataba solamente de anotaciones prontuariales derivadas de condenas por tribunales militares en tiempos de guerra; pero se estaba dejando de lado una cantidad importante de sentencias condenatorias dictadas por tribunales militares entre el 11 de septiembre de 1973 y marzo de 1990, que incluían infracciones al Código de Justicia Militar y a la ley de Control de Armas. Por tanto, ella decía que si se exceptuaban los casos en que se trata de atentados contra la vida, este tipo de sentencias condenatorias y sus anotaciones prontuariales también podrían eliminarse o las sentencias condenatorias dictadas en procesos por infracción a la ley de Seguridad Interior del Estado y ley Antiterrorista en el mismo período, exceptuando los casos de atentados en contra de la vida de las personas. Esto, por las mismas razones anteriores.

Durante la dictadura muchas personas fueron acusadas simplemente por ser opositoras al Gobierno. Además, un gran número de ellas fueron procesadas por ley de Seguridad Interior del Estado o llevadas ante un tribunal militar en tiempos de paz y condenadas por una serie de delitos sin haber tenido derecho a defensa. Por tanto, perfectamente se podría trabajar este punto. Los tribunales militares en tiempos de guerra funcionaron hasta 1977. El subsecretario me aclara que fue hasta 1976; no sé si más adelante volvieron a funcionar.

Por lo tanto, hay muchas sentencias y, como consecuencia de ello, de anotaciones prontuariales que están quedando fuera y que, desde el punto de vista de los objetivos nuestros, perfectamente podrían ser incluidos.

Quise hacer estas observaciones, aun cuando considero que es un buen proyecto. Por tanto, la Democracia Cristiana lo votará en general favorablemente.

Por su intermedio, señora Presidenta , le cedo una interrupción al diputado señor Burgos .

He dicho.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el diputado señor Burgos .

El señor BURGOS .-

Señora Presidenta , el diputado Rossi hizo referencia al proyecto sobre indulto general. Más allá de la votación que se logre, él señaló que las personas que se encuentran en la cárcel de alta seguridad son presos políticos. Le quiero aclarar a mi colega Rossi que esas personas se encuentran en la cárcel de alta seguridad por cometer delitos terroristas a partir de 1990.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier.

El señor LETELIER (don Felipe) .-

Señora Presidenta , la bancada del Partido Por la Democracia dará su respaldo a esta iniciativa, ya que está en el marco de la discusión que se ha llevado a cabo en esta sesión respecto de una situación muy lamentable que vivió nuestro país y que de alguna manera hoy tratamos de reparar. Sin embargo, creo que es un poco tarde, porque muchas chilenas y chilenos murieron esperando que fueran borrados sus antecedentes.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Cerrado el debate.

En votación general el proyecto que dispone la eliminación de ciertas anotaciones prontuariales.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobado.

Como ya lo indiqué, debe volver a la Comisión de Derechos Humanos.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Álvarez, Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Burgos, Bustos, Ceroni, Cornejo, Delmastro, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Forni, García (don René Manuel), García-Huidobro, Guzmán (doña Pía), Hales, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Kast, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Masferrer, Meza, Montes, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Salas, Sánchez, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

-Votó por la negativa el diputado señor Álvarez-Salamanca.

1. De los señores Álvarez-Salamanca, Errázuriz, Meza, Mora, Rojas y Tuma, para sustituir el artículo 1º, por el siguiente:

“Artículo 1º.- Las anotaciones prontuariales que constan en el Registro General de Condenas establecido en el decreto ley Nº 645, de 1925, referidas a hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, serán eliminadas a partir de la fecha de publicación de la presente ley, si se hubiere cumplido la condena o se hubiere extinguido la responsabilidad penal por cualquier otro motivo.”.

2. De la señora Tohá y de los señores Aguiló, Bustos, Espinoza, Leal, Meza y Rossi, para reemplazar en el inciso primero la frase “delitos contra la vida o integridad física de terceros, consumados o frustrados.” por la siguiente: “delitos consumados contra la vida o integridad física de terceros.”.

3. De la señora Tohá y de los señores Aguiló, Bustos, Espinoza, Leal, Meza y Rossi, para incorporar el siguiente artículo 4º, nuevo:

“Artículo 4º.- Deróganse todas las normas vigentes y resoluciones sumarias dictadas por órganos de Educación Superior del Estado o de organismos reconocidos por éste, que hayan significado la pérdida o disminución de derechos en calidad de alumno regular o profesor titular, asociado a contrata o cualquier otra denominación, durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, cualquiera sea la causal que haya motivado la dictación de tales normas y resoluciones.

Los beneficiarios quedarán rehabilitados en sus derechos, sin más trámite, desde la fecha de vigencia de esta ley.”.

Al artículo 3º

2. Del la señora Tohá y de los señores Aguiló, Bustos, Espinoza, Leal, Meza y Rossi, para reemplazar en el inciso primero la frase "delitos contra la vida o integridad física de terceros, consumados o frustrados." por la siguiente: "delitos consumados contra la vida o integridad física de terceros.".

Artículo 4º, nuevo

3. De la señora Tohá y de los señores Aguiló, Bustos, Espinoza, Leal, Meza y Rossi, para incorporar el siguiente artículo 4°, nuevo:

"Artículo 4°.- Deróganse todas las normas vigentes y resoluciones sumarias dictadas por órganos de Educación Superior del Estado o de organismos reconocidos por éste, que hayan significado la pérdida o disminución de derechos en calidad de alumno regular o profesor titular, asociado a contrata o cualquier otra denominación, durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, cualquiera sea la causal que haya motivado la dictación de tales normas y resoluciones.

Los beneficiarios quedarán rehabilitados en sus derechos, sin más trámite, desde la fecha de vigencia de esta ley.".