Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ACUERDOS DE COMITÉS
- SALUDOS EN EL DÍA DE LA SECRETARIA Y DEL MÉDICO.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS DE ADN. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Gaston Von Muhlenbrock Zamora
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Marcelo Forni Lobos
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- INTERVENCIÓN : Jorge Burgos Varela
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Sanchez Grunert
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- DEBATE
- DEBATE
- ESTABLECIMIENTO DEL DERECHO A LA SIESTA DURANTE LA JORNADA LABORAL. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Seguel Molina
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Felipe Salaberry Soto
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- DEBATE
- ANTICIPOS DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL. Veto.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Esteban Valenzuela Van Treek
- INTERVENCIÓN : Eduardo Saffirio Suarez
- DEBATE
- CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS DE ADN. Segundo trámite constitucional.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Boris Tapia Martinez
- Adriana Munoz D'albora
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Rodolfo Seguel Molina
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Edgardo Riveros Marin
- Jose Perez Arriagada
- Esteban Valenzuela Van Treek
- Carlos Montes Cisternas
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Felipe Salaberry Soto
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CREACIÓN DE PROGRAMA PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES RURALES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Roberto Delmastro Naso
- Maria Eugenia Mella Gajardo
- Enrique Jaramillo Becker
- Edmundo Salas De La Fuente
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Claudio Alvarado Andrade
- Jaime Quintana Leal
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.
- VIII. INCIDENTES
- GESTOS DE LAS FUERZAS ARMADAS EN PRO DEL REENCUENTRO NACIONAL. Oficios.
- SALUDOS A LAS SECRETARIAS Y A LOS MÉDICOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE SU DÍA. Oficio.
- IMPROCEDENCIA DE ACCIONES INVESTIGATIVAS PARALELAS A LA LABOR DE LA JUSTICIA. Oficio.
- ANTECEDENTES SOBRE PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE BATUCO, EN COMUNA DE LAMPA. Oficio.
- INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SUSCRITOS CON EX TRABAJADORES DE ENACAR. Oficio.
- APOYO A DON MARIO KREUTZBERGER. Oficios.
- INFORME SOBRE USO DE DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN QUE CONDUCEN A EXPANSIÓN URBANA. Oficios.
- INVESTIGACIÓN SOBRE USO DE RECURSOS MUNICIPALES EN CAMPAÑA CONTRA SACERDOTE. Oficios.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- RECONOCIMIENTO A DIRIGENTES MUTUALISTAS DE LA OCTAVA REGIÓN. Oficios.
- REPOSICIÓN DEL FERROCARRIL AL SUR. Oficio.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Leopoldo Sanchez Grunert
- ADHESION
- PROYECTO SOBRE DERECHO REPRODUCTIVO SEXUAL. Oficio.
- EXPANSIÓN URBANA EN LA REGIÓN METROPOLITANA.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Lily Perez San Martin
- German Becker Alvear
- Pablo Galilea Carrillo
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Carlos Olivares Zepeda
- Osvaldo Palma Flores
- Alfonso Vargas Lyng
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 350ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 26ª, en miércoles 3 de diciembre de 2003
(Ordinaria, de 10.42 a 14.33 horas)
Presidencia de la señora Allende Bussi, doña Isabel, y del señor Hales Dib, don Patricio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ACUERDOS DE COMITÉS
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
V. Acuerdos de Comités 11
- Saludos en el día de la secretaria y del médico 11
VI. Orden del Día.
- Creación del sistema nacional de registros de ADN. Segundo trámite constitucional 12
- Establecimiento del derecho a la siesta durante la jornada laboral. Primer trámite constitucional. (Continuación) 28
- Anticipos del Fondo Común Municipal. Veto 39
VII. Proyectos de acuerdo.
- Comisión especial investigadora de la situación de los derechos de los trabajadores 41
- Creación de programa para transporte de estudiantes de establecimientos educacionales rurales 44
VIII. Incidentes.
- Gestos de las Fuerzas Armadas en pro del reencuentro nacional 47
- Saludos a las secretarias y a los médicos con motivo de la celebración de su día. Oficio 48
- Improcedencia de acciones investigativas paralelas a la labor de la justicia. Oficio 49
- Antecedentes sobre pavimentación de calles de Batuco, en comuna de Lampa. Oficio 49
- Incumplimiento de compromisos suscritos con ex trabajadores de Enacar. Oficio 50
- Apoyo a don Mario Kreutzberger. Oficios 51
- Informe sobre uso de disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcción que conducen a expansión urbana. Oficios 53
- Investigación sobre uso de recursos municipales en Campaña contra sacerdote. Oficios 54
Pág.
- Reconocimiento a dirigentes mutualistas de la Octava Región. Oficios 54
- Reposición de ferrocarril al sur. Oficio 55
- Proyecto sobre derecho reproductivo sexual. Oficio 56
- Expansión urbana en la región Metropolitana 58
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula observación al proyecto que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en casos que indica y que modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales. (boletín N° 3248-06) 60
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual comunica que el Ejecutivo considera necesario continuar con la tramitación del proyecto que crea el Instituto de Propiedad Industrial y modifica otras disposiciones legales -boletín N° 2469-03-, cuyo |archivo se solicitara mediante oficio N° 4586, de 16 de octubre de 2003, dado que aborda perfeccionamientos legales relevantes para el mejor desarrollo sectorial 61
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia, que califica de “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en casos que indica y que modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales. (boletín N° 3248-06) 61
4. Certificado de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, recaído en el proyecto que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en casos que indica y que modifica el D.L. N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales (boletín N° 3248-06) 62
5. Certificado de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en casos que indica y que modifica el D.L. N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales. (boletín N° 3248-06) 62
6. Proyecto de reforma constitucional, de origen en una moción de la diputada señora Pérez, doña Lily, y de los diputados señores Becker; Galilea, don Pablo; Kuschel; Olivares; Palma; Vargas, y Vilches, que modifica el inciso segundo del artículo 57 de la Constitución Política de la República, impidiendo a los Diputados y Senadores que tengan el título de abogado litigar ante los Tribunales de Justicia (boletín N° 3425-07) 63
7. Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual comunica su parecer en torno al proyecto que regula sistemas de transporte de energía eléctrica, establece un nuevo régimen de tarifas para sistemas eléctricos medianos e introduce las adecuaciones que indica a la Ley General de Servicios Eléctricos. (boletín N° 2922-08) 64
X. Otros Documentos de la Cuenta.
Contraloría General de la República
- Sr. Meza, informe sobre concurso público N° 1/2003, del Daem de la municipalidad de Villarrica.
- Señor Ibáñez, legalidad del acuerdo del concejo municipal de Valparaíso N° 142.
- Señor Ramón Pérez, antecedentes obtenidos por la Municipalidad de Iquique respecto de reparación de estacionamiento subterráneos de la Plaza Prat.
- Señor García-Huidobro, investigación respecto a la ejecución de trabajos de reparación de la Ruta del Ácido, en la Sexta Región.
Ministerio del Interior
- Respuesta a proyecto de acuerdo N° 280, prevención y contención de la delincuencia.
- Señor Muñoz, reducción presupuestaria para obras públicas en la Duodécima Región.
- Señora Vidal, actos de violencia ocurridos en los eventos deportivos.
- Señor Navarro, actos de violencia ocurridos en los eventos deportivos.
- Señor Moreira, situación de la Iglesia Universal del Reino de Dios.
- Señor Escalona, proyecto de ley sobre reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
- Señor Muñoz, fijación de tarifas del gas natural en la Región de Magallanes.
- Señor Pablo Galilea, funcionamiento del Directorio de la Empresa de Servicios Sanitarios de Aisén.
- Señor Jaramillo, licitación o venta de la Empresa Nacional de Petróleo y/o de sus filiales y de la Empresa de Servicios Sanitarios de Magallanes.
- Señor Rossi, registro de las importaciones y exportaciones por empresa.
Ministerio de Hacienda
- Señor Navarro, productos del mar transportados desde Isla Mocha hasta la comuna de Porvenir.
- Señor Espinoza, mal uso de guías de libre tránsito de Conaf.
Ministerio de Defensa Nacional
- Señor Rossi, importaciones y exportaciones de armas.
- Señor Rossi, normas de seguridad y otras en empresa Explonor
- Señor Kuschel, construcción del tramo terrestre de la Carretera Austral.
Ministerio de Obras Públicas
- Cuadro resumen de oficios en el mes de septiembre de 2003.
- Señor Felipe Letelier, traslado de peaje en la entrada de Concepción.
- Señor Quintana, ruta Interlagos en la Novena Región.
Ministerio de Bienes Nacionales
- Señor Monckeberg, regularización de títulos de dominio de inmueble ubicado en la comuna de San Fabián.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
- Señor Robles, funcionamiento de Organismo Técnico de Capacitación Cedec.
Ministerio de Salud
- Señor Rossi, situación de licencias médicas del señor Olmer Reyes.
- Señor Navarro, posta Patagual, de la comuna de Coronel.
Ministerio de Minería
- Señor Longton, monto de los edificios de propiedad de Enami y Enap que estarían en venta.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
- Señor Alvarado, medidas adoptadas para resolver la crítica situación que afectan a vecinos del sector Pudeto de Ancud.
- Señor Riveros, programa de vivienda social dinámica sin deuda.
- Señor Delmastro, avance de proyectos para grupo Gunckel y Bertolotto, Valdivia.
- Señora González, pavimentación e iluminación de calles en Valle de Azapa.
Municipalidad de Puente Alto
- Señora Allende, emanaciones de gas que afectan a la población San Guillermo II de Puente Alto.
Dirección Nacional de Chile Deportes
- Respuesta a proyecto de acuerdo 278, postulación de la ciudad de Santiago a la Organización de los XVI juegos panamericanos del año 2011.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (104)
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Araya Guerrero, Pedro PDC II 4
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Barros Montero, Ramón UDI VI 35
Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33
Bayo Veloso, Francisco RN IX 48
Becker Alvear, Germán RN IX 50
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Burgos Varela, Jorge PDC RM 21
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica IND-UDI RM 24
Cubillos Sigall, Marcela UDI RM 21
Delmastro Naso, Roberto IND-RN IX 53
Díaz Del Río, Eduardo UDI IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Escalona Medina, Camilo PS VIII 46
Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56
Forni Lobos, Marcelo UDI V 11
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Torres, Rodrigo PPD V 14
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Hernández, Javier UDI X 55
Ibáñez Santa María, Gonzalo UDI V 14
Ibáñez Soto, Carmen RN V 13
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Kast Rist, José Antonio UDI RM 30
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mella Gajardo, María Eugenia PDC V 10
Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paredes Fierro, Iván IND-PS I 1
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Lobos, Aníbal PPD VI 35
Pérez Opazo, Ramón IND-UDI I 2
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prieto Lorca, Pablo IND-UDI VII 37
Quintana Leal, Jaime PPD IX 49
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50
Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25
Salas de la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 13
Tapia Martínez, Boris PDC VII 36
Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39
Tohá Morales, Carolina PPD RM 22
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31
Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40
Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32
Varela Herrera, Mario UDI RM 20
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional no estuvo presente el diputado señor Alejandro Navarro.
-Asistieron, además, los ministros de Justicia , señor Luis Bates, y de Vivienda y Urbanismo, señor Jaime Ravinet.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.42 horas.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
El acta de la sesión 21ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 22ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ) da lectura a la Cuenta.
V. ACUERDOS DE COMITÉS
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, tanto ayer como hoy en la mañana, bajo la presidencia de la señora Isabel Allende, adoptaron los siguientes acuerdos:
1º Que el proyecto de ley sobre pesca deportiva, que figuró en la Cuenta de ayer, pase también a la Comisión de Desarrollo del Turismo, sin perjuicio de lo que corresponda a la Comisión de Hacienda.
2º En relación con la observación formulada por su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en los casos que indica, autorizar, primero, a la Comisión de Gobierno Interior para que sesione hoy, sin considerar las cuatro horas de anticipación reglamentarias, y enseguida, a la Comisión de Hacienda, con el mismo procedimiento. En la eventualidad de que dicho proyecto fuere despachado por esas comisiones, sería considerado y despachado por la Sala, siempre que ello ocurriese antes del término del Orden del Día. En caso contrario, se tratará mañana.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Sugerimos que tanto la Comisión de Gobierno Interior como la de Hacienda traten este proyecto durante el transcurso de esta mañana, lo cual nos daría la posibilidad de despacharlo hoy o bien, si no alcanzare el tiempo, mañana.
SALUDOS EN EL DÍA DE LA SECRETARIA Y DEL MÉDICO.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Antes de entrar al Orden del Día, quiero hacer una mención muy especial.
Hoy es el día de la secretaria, con cuyo apoyo, leal e indispensable, cuentan en sus funciones todos los señores diputados y las señoras diputadas. Por lo tanto, en nombre de la Mesa, saludo a todas las secretarias de esta Corporación y del país, quienes merecen un aplauso en reconocimiento a su labor.
(Aplausos).
Hoy también es el día del médico. En consecuencia, expreso mis felicitaciones a todos estos profesionales.
-Aplausos.
VI. ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS DE ADN. Segundo trámite constitucional.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
En el Orden del Día, corresponde conocer, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN.
Diputados informantes de las Comisiones de Constitución Legislación y Justicia, y de Hacienda, son la señora Laura Soto y el señor Claudio Alvarado, respectivamente.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 2851-07 (S), sesión 49ª, en 23 de enero de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informes de las Comisiones de Constitución y de la de Hacienda, sesión 15ª, en 5 de noviembre de 2003. Documentos de la Cuenta Nºs 4 y 5, respectivamente.
La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra la diputada Laura Soto, informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señora Presidenta , la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley originado en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República , que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN.
Constancias reglamentarias previas.
1) La idea matriz o fundamental del proyecto es facilitar la investigación criminal mediante la creación de un Sistema Nacional de Registros de ADN que contempla cinco registros: el de Condenados, el de Imputados, el de Evidencias y Antecedentes, el de Víctimas y el de Personas Extraviadas y sus Familiares. Los registros se formarán sobre la base de huellas genéticas determinadas por el Servicio Médico Legal o por las instituciones públicas o privadas acreditadas ante él, y su administración y custodia estará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación.
2) Normas de carácter orgánico constitucional.
Por acuerdo unánime de la Comisión, se determinó que los artículos 2º, inciso primero; 14, inciso tercero, y 16, inciso segundo, son de carácter orgánico-constitucional en virtud del artículo 80 B de la Constitución Política, y que el artículo 2º transitorio, letra b), lo es en razón del artículo 74 del mismo cuerpo normativo.
Se hace presente que dichas disposiciones fueron objeto de modificaciones durante la discusión en la Comisión, y que la letra b) del artículo 2º transitorio fue introducida en este trámite reglamentario y constitucional.
3) No hay normas de quórum calificado.
4) Los artículos 15 permanente y 3º transitorio requieren trámite de Hacienda.
5) El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los diputados integrantes presentes.
Durante el análisis de esta iniciativa, la Comisión contó con la colaboración permanente del subsecretario de Justicia , señor Jaime Arellano , del jefe del Departamento Jurídico de dicho Ministerio y del abogado asesor de esa secretaría de Estado.
Asimismo, se contó con la participación del director general subrogante de la Policía de Investigaciones, del jefe del Laboratorio de Criminalística, del perito especialista en utilización de material genético, de la profesora del Laboratorio de Genética Molecular Humana de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la directora nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación y del subdirector de Estudios y Desarrollo de dicho servicio; del director nacional del Servicio Médico Legal , y del jefe del Laboratorio de ADN.
Resumen de los fundamentos del proyecto.
El mensaje hace presente que el proyecto se enmarca en el constante esfuerzo del Ejecutivo por buscar los medios que permitan coadyuvar en el desarrollo de la investigación de los delitos. En esa línea, y al detectar la existencia de antecedentes de prueba que aparecen en el curso de una investigación criminal, como es el caso de los exámenes de ADN practicados sobre muestras tomadas en un proceso penal, se ha considerado importante realizar una gestión integrada de ellos, que sirva como aporte para el esclarecimiento de una multiplicidad de hechos de naturaleza delictiva. Si dicho examen -de alta perfección técnica y científica en los resultados- se suma a otros exámenes corporales previstos en la legislación procesal penal, se obtiene una eficiente y más rápida identificación de los responsables, sobre todo frente a casos de reincidencia delictual.
El gran defecto actual para el uso de ese medio de prueba radica en que el resultado dado a cada muestra se limita al proceso en que ella ha sido obtenida, lo cual ha inducido a utilizar esta prueba pericial exclusivamente para los ilícitos de carácter sexual.
Sin embargo, su amplitud y aporte como mecanismo de identificación excede dicho ámbito, lo cual ha llevado a proponer un proyecto de ley que tenga por finalidad la creación de un Registro Nacional de ADN , conformado sobre la base de la huella genética que se determine en el curso de investigaciones criminales, que permita potenciar el uso de este medio de acreditación procesal por parte del Ministerio Público y de los tribunales de justicia.
Resumen del contenido del proyecto aprobado por el Senado.
El proyecto aprobado por el Senado está constituido por seis capítulos, que agrupan veinticuatro artículos permanentes, y un párrafo relativo a disposiciones transitorias compuesto de tres artículos.
El capítulo I -artículos 1º al 3º-, de las “Disposiciones Generales”, señala que el objeto de la presente iniciativa de ley es regular un Sistema Nacional de Registros de ADN, constituido sobre la base de huellas genéticas determinadas con ocasión de una investigación criminal. A continuación, define la huella genética como el registro alfanumérico personal elaborado exclusivamente sobre la base de genotipos que segreguen independientemente, sean polimórficos en la población, carezcan de asociación directa en la expresión de genes y aporten sólo información identificatoria. Entrega la organización, administración y custodia del sistema al Servicio de Registro Civil e Identificación.
El artículo 2º establece los principios que inspiran el sistema, el que será de carácter reservado y de acceso restringido a los jueces, fiscales del Ministerio Público, al abogado defensor respectivo y a las policías, para los fines exclusivos señalados en el artículo 1º. Bajo ningún supuesto podrá servir de base o fuente de discriminación, estigmatización o vulneración de la dignidad, de la intimidad, de la privacidad o de la honra de persona alguna.
El artículo 3º, que consigna la naturaleza y titularidad de los datos, señala que la información contenida en el sistema y, en particular, las muestras biológicas y las huellas genéticas, se considerarán datos sensibles de sus titulares, según lo dispone la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada.
El capítulo II -artículos 4º al 9º-, “De los Registros”, consagra la existencia de cinco registros, a saber: de Condenados, de Imputados, de Evidencias y Antecedentes, de Víctimas, y de Personas Extraviadas y sus Familiares. Éstos contendrán las huellas genéticas de las personas que correspondan según sea el caso.
El Registro de Condenados contendrá las huellas genéticas de las personas que hubieren sido condenadas en proceso criminal por sentencia ejecutoriada, la cual será agregada a los antecedentes que consten en el prontuario penal.
En el Registro de Imputados se incorporará la huella genética de personas imputadas de la comisión de un delito, de acuerdo a las normas del Código Procesal Penal y de esta futura ley.
El Registro de Evidencias y Antecedentes conservará las huellas genéticas obtenidas en el curso de una investigación criminal y que no se vinculen a persona determinada.
El Registro de Víctimas contendrá las huellas genéticas de las víctimas de un delito, determinadas en el curso de un procedimiento criminal, siempre que la víctima no se oponga expresamente a ello luego de ser consultada sobre tal circunstancia por el Ministerio Público, el cual dará la instrucción respectiva -de incorporar o no la huella genética al Registro de Víctimas - al Servicio de Registro Civil e Identificación.
El Registro de Personas Extraviadas y sus Familiares contendrá las huellas genéticas de los cadáveres o restos humanos no identificados, las provenientes de material biológico presumiblemente de personas extraviadas y las de personas que tengan un familiar desaparecido y aceptan voluntariamente donar una muestra biológica que pueda ser de utilidad para su identificación.
El capítulo III -artículos 10 al 15- regula la extracción de muestras, obtención de evidencias, determinación de huellas genéticas y cotejo de las mismas.
Una vez determinada la huella genética por la institución que corresponda, ésta deberá evacuar el informe que dé cuenta de la pericia, y remitirlo, junto con la totalidad del material biológico obtenido, al Servicio Médico Legal, el cual deberá poner a disposición del Servicio de Registro Civil e Identificación los resultados respectivos para que sean incluidos en el Sistema Nacional de Registros de ADN, y luego proceder a cotejar esa huella genética con los antecedentes que constaren en el Sistema Nacional de Registros de ADN. Con posterioridad, los resultados del procedimiento y del cotejo deberán ser informados a la autoridad requirente de la pericia.
El artículo 14 dispone la obligación para el Servicio Médico Legal de destruir el material biológico que hubiere servido de base para el examen de ADN, salvo que la obtención de dicho material fuere irrepetible, caso en el cual deberá conservarse una parte de aquél hasta por quince años. De tal circunstancia -de la destrucción o de la conservación del material biológico- se dejará constancia por escrito, con los datos que permitan identificar las muestras de que se trate y las razones que justifiquen la conservación. Un listado de las muestras ingresadas, destruidas y conservadas deberá remitirse mensualmente al superior jerárquico del funcionario que deba destruir las muestras, y, cada seis meses, un informe consolidado que contenga dichas listas, al director nacional del Servicio Médico Legal por los directores médicos regionales.
El importe del examen deberá ser reembolsado a la institución que determinó la huella genética, por el Ministerio Público, por el querellante, por la Defensoría Penal Pública o por el defensor, sin perjuicio de lo que se resuelva en costas.
El capítulo IV -artículos 16 al 18- regula la administración del sistema, y establece normas sobre la incorporación y la eliminación de los antecedentes a los respectivos registros.
Los artículos 16 y 17 regulan la incorporación de la huella genética al registro que corresponda, y prescriben que deberá ser incluida inmediatamente, luego de recibidos los antecedentes, por el Servicio de Registro Civil e Identificación.
A su vez, cuando por sentencia ejecutoriada se condenare a un imputado cuya huella genética hubiere sido determinada durante el procedimiento criminal, se deberá proceder a eliminarla del Registro de Imputados y a incluirla en el Registro de Condenados.
Sin embargo, si no se hubiere determinado la huella genética del imputado durante el proceso criminal, la sentencia condenatoria ordenará determinarla para que se incluya en el Registro de Condenados, en los siguientes casos:
-Cuando se trate de los delitos señalados en el artículo 17, letras a), b) y c), esto es, aquellos delitos cometidos en contra de la libertad personal, contra la integridad física y contra la propiedad, como los delitos de secuestro, sustracción de menores, tortura o participación en tortura, amenaza para cometer un delito, adulteración de medicamentos, infección de comestibles, abandono de familiar, maltrato y lesiones, robo con violencia, robo con fuerza, incendio, estragos, maltratos, aborto, violación, estupro, homicidio, infanticidio y de elaboración o tráfico ilícitos de estupefacientes o delito terrorista.
-Cuando el tribunal competente, de oficio o a petición del fiscal, y en consideración a los antecedentes personales del condenado o a la naturaleza del delito, ordene la obtención de muestra biológica y el correspondiente registro de la huella genética.
El artículo 18 regula el trámite de eliminación y de reingreso de antecedentes en los registros respectivos.
Los datos contenidos en los registros de Imputados o de Víctimas serán eliminados luego de terminado el procedimiento criminal. Si el imputado resultara condenado, sus datos serán reingresados al Registro de Condenados , todo lo cual se debe realizar por el Servicio de Registro Civil e Identificación dentro de tercero día luego de que el fiscal comunique, por cualquier medio idóneo, el término del procedimiento, o cuando la víctima o el imputado comuniquen y acrediten el término del procedimiento, mediante certificación expedida por el fiscal.
El mismo artículo 18 dispone que en cualquier caso los antecedentes contenidos en los registros de Imputados, de Víctimas y de Evidencias y Antecedentes serán eliminados una vez transcurridos quince años desde la fecha de incorporación a éstos.
Para el funcionario encargado, existirá la obligación de dejar constancia por escrito de la eliminación o del reingreso de los antecedentes; asimismo, deberá remitir mensualmente a su superior jerárquico un listado de las huellas ingresadas, eliminadas o reingresadas en ese período. Un informe consolidado que contenga dichas listas se remitirá semestralmente al director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación por los directores regionales de dicho organismo.
Será sujeto de sanciones administrativas el funcionario que debiendo proceder a la eliminación o al reingreso de antecedentes de los registros, no lo hiciere, o lo hiciere en forma extemporánea.
El capítulo V -artículos 19 y 20- establece las responsabilidades y sanciones por el acceso, divulgación y uso indebido de la información genética, y por obstrucción a la justicia.
El artículo 19 sanciona con presidio menor, en sus grados mínimo a medio -61 días a 3 años-, y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales a quien, al intervenir en alguno de los procedimientos regulados en la presente ley en razón de su cargo o profesión, permita el acceso a los registros o exámenes a personas no autorizadas, o los divulgue o use indebidamente. Si dicho acceso, divulgación o uso se efectuare respecto de las muestras biológicas o evidencias, la pena será de presidio menor en su grado medio -541 días a 3 años-, y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. El castigo será de presidio menor en su grado mínimo a medio o multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, cuando el acceso, divulgación o uso indebido lo realizaren personas que no tengan las calidades señaladas anteriormente.
El artículo 20 sanciona con la pena de presidio menor en su grado máximo -3 años y un día a 5 años- a quienes cometan obstrucción a la justicia, esto es, alteren intencionalmente las muestras biológicas objeto del examen de ADN, falseen los resultados de los exámenes o de la determinación de la huella genética, falten a la verdad en el informe pericial o cotejo, o alteren su contenido. Con igual pena se castigará a los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación que, intencionalmente, omitan la incorporación, en el Sistema Nacional de Registros de ADN de alguno de los antecedentes que se deben agregar, los eliminen indebidamente o alteren alguno de los antecedentes de los registros mencionados.
Esta misma disposición castiga a los terceros que incurran en alguna de las conductas previstas en el artículo 15 del Código Penal, esto es, a quienes se consideran autores del delito.
El capítulo VI -artículos 21 a 24- comprende cuatro disposiciones finales. El artículo 21 entrega a un reglamento, que deberá dictar el Ministerio de Justicia, la determinación de las características del Sistema Nacional de Registros de ADN, de las modalidades de su administración y de las normas técnicas que regulen los procedimientos aplicables a la extracción de muestras y conservación de evidencias y cadena de custodia y conservación. Asimismo, dicho reglamento deberá establecer los requisitos y condiciones de acreditación que deberán cumplir las instituciones públicas o privadas ante el Servicio Médico Legal para la participación en el proceso de determinación de huellas genéticas.
El artículo 22 hace aplicables las normas de la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, para lo no previsto por esta futura ley. Señalé que eran aquellos temas sensibles.
El artículo 23 incorpora dos nuevas disposiciones al Código Procesal Penal. La primera agrega un inciso tercero, nuevo, al artículo 198 del Código Procesal Penal, mediante el cual se señala que cuando la extracción de muestras biológicas y la obtención de evidencias se realice por instituciones no acreditadas ante el Servicio Médico Legal para determinar huellas genéticas, dichas muestras y evidencias deberán ser remitidas a la institución que corresponda al efecto, de acuerdo con la normativa que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, y su reglamento.
La segunda disposición agrega un artículo 199 bis al mismo cuerpo legal, que dispone que los exámenes y pruebas biológicas destinados a determinar las huellas genéticas sólo podrán ser efectuados por profesionales que se desempeñen en el Servicio Médico Legal, en las policías o en aquellas instituciones públicas o privadas que se encuentren acreditadas para tal efecto en dicho Servicio. Asimismo, se señala que las instituciones acreditadas constarán en una nómina que se publicará en el Diario Oficial.
El artículo 24 establece como día de entrada en vigencia de la futura ley aquel en que se publique el reglamento respectivo en el Diario Oficial.
Finalmente, el proyecto propuesto por el Senado contiene tres disposiciones transitorias:
La primera hace aplicable el contenido de la futura ley a las personas que se encuentren cumpliendo condena por ciertos delitos -señalados en el artículo 17 del proyecto-, de manera que el Servicio Médico Legal o las instituciones públicas o privadas acreditadas ante él, determinen la huella genética, previa extracción de la muestra biológica en los establecimientos en que estuvieren internados. Tratándose de condenados no recluidos, Gendarmería de Chile deberá señalarles el lugar y oportunidad para proporcionar su muestra biológica, bajo apercibimiento de informar al tribunal respectivo si hay incumplimiento de esa obligación.
La segunda disposición establece reglas especiales aplicables a los procedimientos substanciados conforme al Código de Procedimiento Penal:
La letra a) dispone que las referencias hechas en esta futura ley a los “imputados” se entenderán efectuadas a los “procesados”, para lo cual el Registro de Imputados contendrá tanto las huellas de los imputados de acuerdo con el Código Procesal Penal como las huellas de los procesados por el Código de Procedimiento Penal. La letra b) señala que los jueces con competencia en lo criminal ordenarán la incorporación al registro respectivo de las huellas determinadas a partir de muestras biológicas obtenidas durante el procedimiento, para constatar las circunstancias relevantes de la investigación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 110, 111, 145 bis y 221 del Código de Procedimiento Penal. La letra c) hace aplicables las normas de los artículos 221 y 245 del Código de Procedimiento Penal a los informes periciales destinados a determinar la huella genética. (Tales disposiciones se refieren a la facultad del juez para nombrar peritos y a la determinación de los honorarios). La letra d) señala que el juez deberá consultar a la víctima si acepta o no que su huella genética se incorpore al registro respectivo, función que en el sistema del Código Procesal Penal cumple el Ministerio Público. La letra e) reitera lo dispuesto en el artículo 18 permanente de la futura ley, sobre la obligación de eliminar los datos de los registros de Imputados y de Víctimas, una vez terminado el proceso judicial por sentencia ejecutoriada. Finalmente, la letra f), entrega la facultad al tribunal que hubiere conocido del proceso para efectuar la comunicación al Servicio de Registro Civil e Identificación, a fin de establecer la eliminación o el reingreso de datos, que el artículo 18 permanente dispone como obligación para el fiscal.
La tercera disposición transitoria establece que el mayor gasto que irrogue esta futura ley durante el primer año de su aplicación se financiará con cargo a los recursos asignados al Servicio de Registro Civil e Identificación y al Servicio Médico Legal, en sus respectivos presupuestos, en lo que correspondiere a cada una de esas instituciones.
Durante la discusión de la iniciativa en la Comisión, se hicieron algunas adecuaciones que mejoraron el proyecto, pero sin alterar su fondo.
De esta forma, el artículo 1º, aprobado después de la discusión en la Comisión, quedó como sigue: “Sistema Único de Registros de ADN. La presente ley regula un Sistema Único de Registros de ADN, constituido sobre la base de huellas genéticas determinadas con ocasión de una investigación criminal.
“Por huella genética se entenderá, para estos efectos, el registro alfanumérico personal elaborado exclusivamente sobre la base de genotipos que segreguen independientemente, sean polimórficos en la población, carezcan de asociación directa en la expresión de genes y aporten sólo información identificatoria”. Es decir, se cambió el nombre “Sistema Nacional de Registros de ADN” por “Sistema Único de Registros de ADN”.
Los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6, 7º y 8º, referidos a la reserva, la naturaleza de los datos y su titularidad, y a los registros, quedaron tal como se contemplaban en el proyecto original, con la sola salvedad de que no se incorporará al registro la huella genética de la víctima que expresamente se oponga a ello. Esto es muy importante, porque es el único caso en que se consulta directamente a la víctima.
En el articulo 9º se cambió el nombre “Registro de Personas Extraviadas y sus Familiares” por “Registro de Desaparecidos y sus Familiares”, por ser más acorde con la materia.
En el artículo 10 se sustituyó la expresión “extracción de muestras” por “toma de muestras”.
De esta forma -insisto-, la Comisión mantuvo el fondo del proyecto y sólo le hizo adecuaciones formales; luego lo aprobó por unanimidad, incluido el capítulo de las responsabilidades y sanciones, a las que ya me referí.
En sus disposiciones finales, el proyecto establece que “Un reglamento, dictado por el Ministerio de Justicia, determinará las características del Sistema Único de Registros de ADN , las modalidades de su administración, y las normas técnicas que regulen los procedimientos aplicables a la toma de muestras, la conservación de evidencias, y su cadena de custodia.
“Asimismo, regulará los requisitos y condiciones que deberán cumplir las instituciones públicas o privadas que deseen acreditar ante el Servicio Médico Legal su idoneidad para determinar huellas genéticas e incorporarlas en el Sistema, de acuerdo a lo previsto en el artículo 199 bis del Código Procesal Penal.
“Artículo 22.- Concordancia. Serán aplicables, en cuanto no se opusieren a lo previsto en esta ley, las normas contempladas en la ley Nº 19.628 sobre protección de la vida privada.”
Además, mediante el artículo 23, se introducen diversas modificaciones al Código Procesal Penal, tal como he explicado en el transcurso de este informe.
Es todo cuanto puedo informar.
Si surge alguna duda respecto de la materia objeto de informe, estoy dispuesta a absolverla.
He dicho.
La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el señor Gastón von Mühlenbrock, diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
Señora Presidenta , en nombre de la Comisión de Hacienda y en cumplimiento de lo que establece el inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y conforme con lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento del a Corporación, paso a informar sobre el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN.
Constancias previas
1. Origen y urgencia.
La iniciativa tuvo su origen en el Senado, por mensaje de su Excelencia el Presidente de la República.
2. Disposiciones o indicaciones rechazadas.
No hay.
3. Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad.
El artículo 3º transitorio.
Durante el estudio del proyecto, asistieron a la Comisión los señores Jaime Arellano , subsecretario de Justicia ; Luis Fuentes , director nacional subrogante del Servicio de Registro Civil e Identificación, y Fernando Dazarola y Fernando Londoño , abogados de dicha Secretaría de Estado.
El objeto de la iniciativa consiste en la creación de un Sistema Nacional de Registros de ADN, compuesto de cinco registros: el de Condenados, el de Imputados, el de Evidencias y Antecedentes, el de Víctimas y el de Personas Extraviadas y sus Familiares. Los citados registros se formarán sobre la base de huellas genéticas determinadas por el Servicio Médico Legal o por las instituciones públicas o privadas acreditadas ante él, y su administración y custodia estará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 9 de diciembre de 2002, estima que el proyecto implica un mayor gasto fiscal de 753 millones 281 mil pesos, de acuerdo al siguiente detalle:
Se señala que la aplicación del proyecto de ley no irrogará gasto fiscal para el año 2002.
El señor Jaime Arellano , subsecretario de Justicia , hizo presente que el proyecto regula un Sistema Nacional de Registros de ADN, constituido sobre la base de huellas genéticas determinadas con ocasión de una investigación criminal, lo cual sólo sirve para aportar información identificatoria de las personas, sin que se haga una codificación de caracteres. Con la iniciativa se potencia el uso de la prueba pericial por parte del Ministerio Público y de los tribunales de justicia, al permitir su utilización más allá del curso de una investigación criminal en particular.
Asimismo, dicho personero destacó que la inclusión de huellas genéticas de imputados al registro de Condenados sólo procederá respecto de los delitos graves indicados en el artículo 17 del proyecto.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de los artículos 15 permanente y 3º transitorio.
Por su parte, la Comisión de Hacienda acordó incorporar a su conocimiento el artículo 1º, aprobado por la Comisión técnica, en conformidad con el número 2º del artículo 220 del Reglamento.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
En el artículo 1º se establece el Sistema Único de Registros de ADN. Se precisa que estará constituido sobre la base de huellas genéticas determinadas con ocasión de una investigación criminal.
En el inciso segundo se señala qué se entenderá por huella genética.
En el inciso tercero se determina quién será el encargado de obtener dicha huella.
En el inciso cuarto se estipula que la administración y custodia del sistema estará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, y que corresponderá, en general, al Servicio Médico Legal el ingreso de la información.
Puesto en votación el artículo 1º, fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 15 se preceptúa que el Ministerio Público, el querellante, la Defensoría Penal Pública o el defensor, según el caso, deberán reembolsar el importe del servicio a la institución que hubiere determinado la huella genética o realizado la pericia de cotejo, importe que constituirá ingreso propio de la institución.
En el inciso segundo se señala que, tratándose de las huellas genéticas determinadas en cumplimiento de lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 17, el importe de la pericia será de cargo del Servicio Médico Legal.
En el inciso tercero se establece que los aranceles por cobrar por las instituciones públicas serán fijados anualmente por resolución del director de la respectiva entidad.
El señor subsecretario de Justicia manifestó que en el último inciso de este artículo se incurre en una omisión, al entregar al director de la entidad la facultad de fijar aranceles, por cuanto existen instituciones públicas cuya autoridad máxima no es un director, sino otra jefatura.
En vista de lo anterior, los diputados señores Alvarado , Cardemil , Escalona , Jaramillo , Ortiz , Tuma y Von Mühlenbrock formularon una indicación para agregar, en el inciso tercero, entre las palabras “Director” y “de”, las expresiones “o Jefe Superior ”.
Puesto en votación este artículo con la indicación precedente, fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 3º transitorio se dispone que el mayor gasto que irrogue el proyecto durante el primer año se financiará con cargo a los recursos asignados al Servicio de Registro Civil e Identificación y al Servicio Médico Legal en sus respectivos presupuestos.
En la Comisión se observó que esta norma no prevé un aporte adicional a esos servicios para sufragar los gastos durante el primer año de aplicación del proyecto, lo cual se estimó que podría originar dificultades para dar cumplimiento a las funciones propias de éstos, situación que se puso en conocimiento del ministro de Hacienda para su debida consideración.
Puesto en votación el artículo 3º transitorio, fue aprobado por 6 votos a favor y 1 voto en contra.
Acordado en sesión de fecha 28 de octubre de 2003, con la asistencia de los diputados señores Enrique Jaramillo , presidente ; Claudio Alvarado , Alberto Cardemil , Julio Dittborn , Camilo Escalona , Pablo Lorenzini , José Miguel Ortiz , José Pérez , Eduardo Saffirio , Eugenio Tuma y Gastón Von Mühlenbrock.
Señora Presidenta, es todo cuanto puedo informar en nombre de la Comisión de Hacienda.
He dicho.
-o-
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Antes de entrar al debate del proyecto, debo decir que en mis saludos iniciales involuntariamente olvidé mencionar que hoy también se celebra algo extremadamente importante a nivel mundial: el Día de la Discapacidad.
Al respecto, aprovecho de señalar a los colegas diputados que, de acuerdo con una resolución adoptada por la Comisión de Régimen Interno y después de evaluar los presupuestos que se presentaron, se procederá a adecuar el acceso al edificio del Congreso para facilitar el ingreso de sillas de rueda, lo que nos permitirá cumplir con una normativa legal que, desgraciadamente, suele no cumplirse, la cual es un factor de discriminación.
Además, me parece importante comunicar a mis colegas que la Unión Europea declaró el 2003 como el Año de la Discapacidad. En la última Reunión Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado se adoptó el acuerdo de que América Latina declare al 2004 como el Año de la Discapacidad. Los Presidentes de las Cámaras latinoamericanas nos preocuparemos de llevar a cabo acciones legislativas que permitan avanzar en esa materia.
Me permití entregarles esta información por estimarla relevante y, al mismo tiempo, porque considero que es una forma de sumarnos al Día Mundial de la Discapacidad.
-o-
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor BATES (ministro de Justicia).-
Señora Presidenta, pido excusas por tener que retirarme luego, ya que debo asistir a una sesión del Senado convocada a las 12 horas, en la que debo informar sobre la marcha de la reforma procesal penal.
En primer lugar, debo señalar que los informes, que se bastan a sí mismos, están verificando que el proyecto establece uno de los instrumentos más importantes que existen para la persecución criminal y para el éxito de las investigaciones criminales, que redundan directamente en el tema de la seguridad ciudadana. Este tipo de iniciativas, que tienen que ver con la calidad de las investigaciones y con el éxito de las mismas, son, en nuestra opinión, más importantes que la severidad de las leyes o la criminalización de muchas conductas. En el evento de ser aprobada, ésta constituirá una herramienta de primera importancia para solucionar el problema que más preocupa a la ciudadanía, cual es la seguridad ciudadana.
En segundo lugar, es importante enfatizar que el proyecto de ley no redunda en discriminación o vulneración de la dignidad, intimidad u honra de las personas, porque las huellas genéticas que se determinan sobre la base de material genético sólo aportan información identificatoria, como se ha dicho en los informes. Es decir, nada distinto de la identificación puede conocerse a partir del análisis correspondiente: ni las enfermedades de las personas, ni su esperanza de vida, ni sus características físicas o sicológicas, ni sus gustos o preferencias. El proyecto dice relación sólo con el aspecto identificatorio, que, en este sentido, es similar o igual a las huellas dactilares.
La iniciativa es de extraordinaria importancia para coronar en forma exitosa los esfuerzos que se realizan con el objeto de reducir las tasas de criminalidad, para acelerar los procesos y lograr el éxito en las investigaciones criminales, todo lo cual redunda en una mayor seguridad ciudadana.
Quiero agradecer la disposición del honorable Congreso Nacional, en particular de la Cámara de Diputados, para el estudio del proyecto, que ojalá sea aprobado en bien de la ciudadanía y del país.
Muchas gracias.
La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
El ministro Bates me señaló con antelación que deberá retirarse de la Sala para concurrir al Senado.
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.-
Señora Presidenta , tal como se ha dicho, el proyecto es extremadamente significativo, en especial para comprobar la participación criminal y la identificación de delincuentes. En esa línea, sin duda, contribuirá a determinar la responsabilidad penal o la inocencia de personas imputadas.
Si bien es cierto hoy existe la posibilidad de practicar el examen de ADN a personas imputadas en un proceso criminal, lo malo del sistema actual es que no está permitido conservar o mantener los resultados del examen de ADN en algún registro especial. Con este proyecto, en cambio, vamos a poder contar con él, lo que, tal como lo dijo el ministro , en nada afectará la privacidad de la persona.
Aprovecho de aclarar que el ADN es el complejo molecular de cada persona que contiene su información genética. Podríamos decir que existen dos tipos de ADN: uno, codificante, y el otro, no codificante. A través del ADN codificante se puede saber una serie de informaciones muy importantes de las personas, como, por ejemplo, sobre sus enfermedades o a las que están propensas, sobre sus capacidades personales e intelectuales, sobre sus caracteres. Sin embargo, se utilizará sólo el ADN no codificante, que permite establecer la identidad de la persona, que, como dijo el ministro , es como su huella digital. Por lo tanto, a través de este ADN no codificante nadie tendrá acceso a características personales del individuo, que están reservadas a la esfera de su intimidad. Hay que insistir en ese aspecto para brindar tranquilidad.
¿Cuál es la importancia de la creación del Sistema Nacional de Registros de ADN? Permitirá identificar, con gran exactitud, la participación de una persona en un delito. La prueba de ADN, tomada del análisis de un cabello o de un pedazo de piel que haya quedado en la escena del crimen, permite establecer, con un 99 por ciento de certeza, la identidad de quien cometió el delito. O sea, es un porcentaje altísimo, y también permitirá, en otros casos, determinar, con un ciento por ciento de certeza, la inocencia.
La toma de muestras estará a cargo del Servicio Médico Legal, organismo capacitado para realizar dichos exámenes porque cuenta con tecnología de primer nivel en el área química y biológica.
El manejo de los datos estará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, institución que cuenta con un sistema de informática, también de primer nivel, que permitirá hacer comparaciones con otros antecedentes y aportar datos precisos a los tribunales de justicia.
La incorporación a los registros de huellas genéticas correspondientes a condenados e imputados se ejecutará por orden expresa de un tribunal. Tratándose de huellas genéticas de víctimas, de desaparecidos o de familiares de éstos, o bien de evidencias, su incorporación se ejecutará por orden del fiscal del Ministerio Público. Es decir, no cualquier persona formulará la petición.
Después de un tiempo podrán ser eliminadas las huellas genéticas y los datos contenidos en el sistema. En el caso de los imputados, una vez probado que éstos no tienen nada que ver con el delito, la eliminación será inmediata, así como también la de algunos datos relacionados con las víctimas. En todo caso, éstas podrán negarse a que se le tomen pruebas para determinar sus ADN.
Los funcionarios sólo estarán autorizados para dar a conocer antecedentes a los tribunales para agregarlos en los procesos respectivos. Quienes hagan mal uso de estos datos serán sancionados en forma penal. Por lo tanto, habrá mucha estrictez al respecto.
El proyecto, muy bien elaborado y de extraordinaria importancia para la investigación criminal, ha sido perfeccionado tanto en la Cámara como en el Senado, y, en consecuencia, deberíamos aprobarlo como se presenta, salvo que se estimare necesario presentar alguna indicación.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Forni.
El señor FORNI.-
Señora Presidenta , la bancada de diputados de la UDI votará favorablemente la iniciativa, por considerar que logra adecuadamente el objetivo propuesto: permitir coadyuvar al máximo posible en la investigación de los delitos.
Basado en la experiencia de numerosos países en los cuales se mantiene este tipo de datos, se puede afirmar que la existencia de registros de ADN de los condenados por la comisión de delitos penales permite una mejor y más rápida identificación de los responsables, particularmente en casos de reincidencia delictual.
En este sentido, la iniciativa nos parece favorable, por cuanto busca facilitar el esclarecimiento de hechos que son objeto de investigación criminal, específicamente en lo relativo a la identificación de sus responsables.
Nos parece muy positiva la modificación que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara introdujo al proyecto aprobado por el Senado, pues permite que en la obtención y en el registro de huellas genéticas participen el Servicio Médico Legal y otras instituciones públicas y privadas, especialmente acreditadas para tales efectos.
En consideración a la delicada información que manejarán esos organismos y con el objeto de evitar eventuales irregularidades en su manipulación, resulta indispensable que el reglamento que se dicte establezca requisitos mínimos para el manejo de la información y el desarrollo de las funciones que deberán cumplir las entidades públicas y privadas, así como los mecanismos adecuados para el control de esta actividad.
Como el proyecto es beneficioso para el país, porque ayudará al esclarecimiento y facilitará la investigación de los delitos, la bancada de la Unión Demócrata Independiente lo votará favorablemente.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señora Presidenta, los diputados de la Democracia Cristiana estimamos que es muy importante que la iniciativa sea aprobada, para que sus disposiciones comiencen a regir lo antes posible.
El objetivo del proyecto es la creación de un Sistema Nacional de Registros de ADN, el cual permitirá ayudar a la identificación de criminales y al rápido esclarecimiento de algunos delitos. En la actualidad, el Servicio de Registro Civil e Identificación cuenta con un sistema nacional de registro de huellas dactilares, cuyo funcionamiento es muy lento y, en muchos casos, difícil de aplicar.
La iniciativa establece que el Estado deberá incorporar en un registro especial las huellas genéticas de quienes son condenados por algunos de los delitos graves que dispone el Código Penal, que se encuentran señalados en el artículo 17 del proyecto. Con posterioridad, ellas deberán ser comparadas por especialistas del Servicio Médico Legal, con las pruebas y antecedentes recogidos en la escena del crimen o en la víctima, como restos de saliva, sangre, pelo, semen u otros. Por lo tanto, el registro de huellas genéticas constituye un instrumento muy importante para ayudar a las policías y a los tribunales a esclarecer los hechos delictuales, y para la rápida identificación y condena de sus autores materiales.
El proyecto establece que el registro de huellas genéticas sólo operará en el caso de los delitos más graves. Sin embargo, a futuro se puede debatir si se deberían incorporar las huellas genéticas de todos los imputados y condenados, sin importar el tipo de delito que hayan cometido. No obstante, ésa discusión no la vamos a resolver ahora.
Me llama la atención que, además de los registros de condenados, de imputados, de evidencias y antecedentes, y de víctimas, esté el de personas extraviadas y sus familiares. Al respecto, no debemos confundir las personas extraviadas con otro tipo de desaparecidos. En efecto, se trata de personas que desaparecen todos los días en el país. La idea es que se abra una investigación en los tribunales por su desaparición o presunta desgracia, y que los familiares tengan un registro con sus huellas genéticas. Puede ser que los familiares no accedan a ello, lo cual entorpecería la investigación. Lo importante es que se da la posibilidad al familiar de decidir si quiere o no que su huella genética quede en un determinado registro.
En Chile, la identificación de los restos de detenidos desaparecidos ha sido problema complejo. Si existiera un registro de ADN de sus familiares, la identificación se facilitaría.
Es importante aprobar este proyecto de ley. Ojalá el Servicio Médico Legal disponga de los recursos necesarios para implementar y llevar a la práctica el sistema, que sabemos que es caro. Y no sólo de los recursos económicos, sino de los medios humanos, técnicos y científicos para llevar adelante esta tarea.
Es importante resaltar que se establecen responsabilidades y sanciones para las personas que tuvieren acceso al registro de información genética y la divulgaren o usaren en forma indebida. En efecto, se establece que “El que accediere a los exámenes o registros de que trata esta ley, y los divulgare o usare indebidamente, o creare o conservare bases de datos o registros de huellas genéticas análogas o similares a los creados en virtud de esta ley, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales”. También se sancionará por obstrucción a la justicia al que alterare las muestras biológicas que debieren ser objeto del examen de ADN; al que falseare el resultado de dichos exámenes, etcétera. Se debe tener claro que el uso que se dé a este material debe ser reservado, adecuado, restringido a la investigación; restringido a los servicios involucrados, a los tribunales, al Servicio Médico Legal y al Servicio de Registro Civil e Identificación, que tiene el rol de administrar el sistema. Es muy relevante haber tomado esos resguardos.
En términos generales, estamos de acuerdo con la iniciativa, pues los tribunales contarán con un importante instrumento para la investigación de los delitos y la identificación de los culpables, y para dar la mayor eficacia posible a la ley.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.-
Señora Presidenta , lo señalado por los diputados informantes de ambas Comisiones y lo expresado por el diputado señor Ascencio dan cuenta de la importancia de este proyecto, en particular respecto de la modernización de nuestro sistema de justicia.
Seguramente el señor ministro , presente en la Sala, va a señalar cómo se inserta esto en el proceso de reestructuración del sistema judicial, sobre todo en materia penal.
Lo que estamos haciendo a través de esta iniciativa es entregar elementos de prueba de una certeza casi absoluta, por no decir absoluta, a nuestros fiscales, jueces de garantía y tribunales orales.
En consecuencia, lo que estamos aportando, mediante un instrumento moderno, es la creación de instituciones que trabajen contra todo tipo de impunidad, en particular respecto de los delitos más graves.
Eso, a mi juicio, apunta a un tema central de nuestra preocupación respecto del cual trabajamos en forma transversal: la seguridad ciudadana.
La creación de un Sistema Nacional de Registros de ADN permitirá obtener un 99,99 por ciento de exactitud en la identificación de los responsables de hechos delictuales a través de la prueba de ADN. Por consiguiente, hará más eficiente la investigación y persecución de los delitos graves y posibilitará una rápida identificación de los responsables de los llamados delitos de alta connotación social, que son los que más nos preocupan y que tienen que ver con los índices trimestrales de tasas de denuncias, en particular en los casos de reincidencia delictual, que es uno de los aspectos centrales del problema de seguridad ciudadana.
La iniciativa forma parte de las medidas que anunció el Presidente Lagos con ocasión de los graves hechos delictuales ocurridos en Alto Hospicio hace un par de años.
La huella genética aporta sólo información identificatoria, de manera análoga a la huella dactilar, lo que significa que de ella no puede desprenderse información relativa a las cualidades físicas de las personas; es decir, se trata de información especifica para determinar la identificación, y no se presta para otros usos que pudieran ser discriminatorios.
Por lo expuesto, el proyecto constituye un paso de real modernidad que nos pone a la altura de países como Estados Unidos de América, Dinamarca, Inglaterra, Alemania , Canadá , Austria y Suiza, donde está plenamente implementado este tipo de prueba.
Actualmente, la legislación chilena permite la práctica de exámenes biológicos a imputados, inculpados o procesados. El uso de la muestra de ADN se limitará a la investigación criminal que se lleve por los tribunales y no podrá usarse como prueba en delitos posteriores.
El proyecto, que fue corregido y mejorado gracias al trabajo conjunto de los diputados de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, del personal del Ministerio de Justicia, del Instituto Médico Legal y de expertos que aportaron valiosos antecedentes, constituye un paso trascendental en la lucha contra el delito y agrega elementos de modernidad precisos a la reforma procesal penal, lo que permitirá dar al país una mayor seguridad en la lucha contra la impunidad.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señora Presidenta , los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra ya señalaron la importancia del proyecto, sobre todo porque compatibiliza la seguridad ciudadana con el resguardo de la privacidad.
Se ha explicado muy bien que la huella genética se elabora a partir de cualquier rastro biológico, y que está dividida en codificada y no codificada. El proyecto considera esta última, de manera que está absolutamente resguardada la privacidad; pero, por otro lado, determina de forma absolutamente efectiva, con un ciento por ciento de certeza, la inocencia o culpabilidad de un imputado, y para el caso de ser contrastada con otra huella genética, otorga un grado de certeza de 99 por ciento.
Durante el estudio del proyecto se ha tenido extremo cuidado en señalar que lo que no está expresamente citado por la ley, será resguardado por la ley normativa que cautela la privacidad. Por lo tanto, hay un equilibrio de ambos factores.
También se tipifican delitos específicos, como el que se divulgue información indebida, se obstruya la justicia o se provoque algún daño a las personas, respecto de los cuales se establecen penas para los responsables. Es decir, hay un resguardo absoluto, lo que da garantías en el tema. Por ejemplo, se ha hablado de la aplicación de este sistema para los casos de detenidos-desaparecidos, porque todavía hay muestras biológicas que pueden ser cotejadas y, a lo mejor, eso puede aportar a futuro datos muy importantes en la investigación.
En cuanto a la investigación de los delitos, la medida en particular será importante en el caso de los reincidentes. Por ejemplo, mucho se dijo respecto del caso del “Tila” y de otros que han producido conmoción en la opinión pública, que si se hubiese aprobado antes una ley sobre el particular, a lo mejor se habría evitado una serie de delitos. Por lo tanto, las bondades del proyecto están a la vista.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia fue muy prolija en el debate e hizo modificaciones que realmente mejoraron el proyecto.
Por lo tanto, el PPD recomienda su aprobación, ojalá, por unanimidad.
He dicho.
La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.-
Señora Presidenta , a propósito de una iniciativa tan valiosa, quiero poner énfasis en la incorporación de la ciencia y la tecnología en el proceso investigativo y en el trabajo de las policías. Hoy, resulta imprescindible la incorporación del conocimiento a todo el quehacer humano, y, en ese sentido, el proyecto apunta en la dirección correcta. Esto lo conecto con los graves problemas producidos en Aisén, debido a la muerte de muchachos en extrañas circunstancias. Allí, los procesos de investigación que han debido realizar, tanto la medicina legal como las policías y los órganos de la justicia, en general, han carecido de los elementos que la ciencia y la tecnología -como se propone en este proyecto- aportan para el esclarecimiento de los hechos.
Insisto: la iniciativa aborda un tema muy importante, constituye un avance en este ámbito y significa dar un paso en la dirección correcta, pues el país no se puede quedar atrás en estas materias.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado Juan Bustos.
El señor BUSTOS.-
Señora Presidenta , el proyecto en estudio es muy importante desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y de la investigación de los hechos criminales. La existencia de un registro de ADN implica un avance enorme para el país en el ámbito tecnológico, tanto como la utilización de nuevos métodos existentes en el derecho comparado en la identificación de las personas que han cometido delitos. Pero no sólo desde ese punto de vista, sino también por la posibilidad de determinación de las víctimas. Así, por ejemplo, en la investigación de las violaciones a los derechos humanos, el ADN ha tenido una enorme importancia.
Por eso, a futuro existirán cinco registros de ADN para la identificación genética: el de condenados, el de imputados, el de evidencias y antecedentes que quedan en el lugar del crimen, cuando no se trata de una persona determinada respecto de la cual hay sospecha de la realización del hecho; el de víctimas, cuando ellas estén de acuerdo, y el de personas extraviadas y sus familiares. Estos cinco registros, administrados y custodiados por el Servicio de Registro Civil e Identificación, permitirán, junto con la reforma procesal penal, contar con medios tecnológicos modernos para la investigación de un delito determinado.
Por otra parte, esto significará no sólo una nueva función del Servicio de Registro Civil, sino también un cambio cualitativo en relación con el Instituto Médico Legal, entidad que tendrá a cargo todo lo que se refiere a la identificación de carácter genético, como, asimismo, el control de otros organismo -señalados en el proyecto-, debidamente acreditados en cuanto a capacidad y seriedad.
La no afectación de la privacidad fue un tema ampliamente discutido en la Comisión. Al final, quedaron plenamente asegurados los aspectos relacionados con la vida privada de las personas cuya identificación genética quede registrada. El Servicio Médico Legal tomará todos los resguardos necesarios. Es decir, una vez hecha la huella genética, se debe eliminar el resto del ADN con el objeto de evitar la posibilidad de una mala utilización. Por lo tanto, se toman todas las prevenciones pertinentes.
Además, cabe señalar que el ADN no lleva un nombre específico, sino una serie numérica o alfabética, a fin de evitar que por otros medios se pueda determinar la identificación de una persona así registrada. De modo que junto al avance tecnológico y dada la relevancia del ADN en la determinación de las características de las personas, se adoptan los resguardos pertinentes a fin de proteger su identificación.
Por la importancia y trascendencia que tiene la iniciativa, y por ser un elemento fundamental para la reforma procesal penal y la seguridad ciudadana, el Partido Socialista votará favorablemente.
He dicho.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
La señora ALLENDE, doña Isabel, ( Presidenta ).-
Corresponde votar en general el proyecto que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, con excepción de los artículos 2º, inciso primero; 14, inciso tercero; 16, inciso segundo, y 2º transitorio, letra b), que tienen carácter orgánico constitucional.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
En votación general las normas que requieren quórum de ley orgánica constitucional.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Si le parece a la Sala, se darán por aprobadas en particular, con el mismo quórum, con la indicación de la Comisión de Hacienda al inciso tercero del artículo 15.
Aprobadas.
Despachado el proyecto.
ESTABLECIMIENTO DEL DERECHO A LA SIESTA DURANTE LA JORNADA LABORAL. Primer trámite constitucional. (Continuación).
La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
Corresponde continuar con la discusión en general del proyecto, en primer trámite constitucional, que establece el derecho a la siesta durante la jornada laboral.
Tiene la palabra el diputado Rodolfo Seguel.
El señor SEGUEL.-
Señora Presidenta , soy el autor e informante de esta iniciativa, que presenté en junio recién pasado. Además, soy el jefe de la bancada “huachaca”, elegido por el diputado Montes , de La Florida.
Durante mi trayectoria como diputado he presentado proyectos bastante interesantes, y debo reconocer que en su momento me cuestioné la presentación de éste y la creación de la bancada “huachaca”, de la que formamos parte varios diputados, porque varios colegas me hicieron ver que este tipo de iniciativas rebaja el nivel de esta Cámara, menosprecia la labor parlamentaria y permite que todo el mundo pueda hablar mal de nosotros.
Sin embargo, después de leer toda la información que ha aparecido al respecto y de compararla con otros temas vinculados con el Congreso Nacional, en verdad me siento orgulloso, porque ninguno de mis proyectos son para avergonzarse, pues no se refieren a coimas, a robos, a pedofilia, a maltrato de menores o a abusos sexuales. Por lo tanto, cuando alguien me dice que este tipo de proyectos baja el nivel de la Cámara, me siento feliz. No sé si el alto nivel de esta Cámara se advierte cuando se habla de los pedófilos, de las coimas o de los sinvergüenzas y ladrones. El proyecto en estudio no trata de esos temas, porque es de carácter social, y lo voy a defender hasta las últimas consecuencias, como corresponde, como lo he hecho siempre, de manera transparente y sin preocuparme de los que hablan, ya que a veces algunos tienen el tejado muy delgado y más vale que guarden silencio.
El diputado KUSCHEL.-
Varios no van a poder hablar.
El señor SEGUEL.-
Efectivamente, tal como dice el diputado Kuschel ; varios no van a poder hablar.
En octubre, recibí una carta de un representante de la empresa de uniformes Panelco, que dice:
“De mi consideración:
“Junto con saludarlo, me dirijo a usted con la finalidad de entregar información obtenida mediante la primera evaluación realizada en nuestra industria referente a la iniciativa discutida en el Parlamento y que dice relación con la aprobación de la siesta como un descanso legal para los trabajadores, la cual fue puesta en marcha por Uniformes Panelco, con fecha 11 de agosto de 2003.
“Por tanto:
“En cuanto a la productividad de los trabajadores, ésta ha experimentado un alza, lo cual es atribuido principalmente al mejor grado de concentración del personal, luego del descanso de 20 minutos”.
Más adelante señala: “Ahora bien, en cuanto a la opinión de los trabajadores beneficiados con la medida, luego de la aplicación de una entrevista semiestructurada, se puede concluir que su permanencia en el ambiente especialmente creado para su descanso ha favorecido la productividad de cada uno de los trabajadores, su estado de ánimo, así como las relaciones interpersonales generadas por los miembros de la empresa y, en general, en el clima organizacional de ésta”.
A continuación, viene una serie de comentarios favorables en relación con la experiencia de la siesta realizada en Uniformes Panelco.
La carta viene firmada por representantes de las áreas producción, administrativa, casino, trabajadores, etcétera. Es un botón de muestra de lo que puede significar este proyecto.
Muchos han cuestionado esta iniciativa; incluso, la diputada Ximena Vidal , del Partido por la Democracia, dijo que sería bueno tener sexo y no dormir siesta durante esos veinte minutos. Cada uno hace lo que quiere en su vida privada; pero éste es un tema serio.
Daré a conocer algunas estadísticas acerca de por qué es importante acceder en el trabajo a un descanso de a lo menos veinte minutos, tal como se contempla en el proyecto.
Si bien ni en Chile ni en ningún otro país existe legalmente el derecho a dormir siesta durante la jornada laboral, no es menos cierto que prácticamente todos los trabajadores del país duermen siesta, salvo honrosas excepciones. Lo raro es que la mayoría de esas honrosas excepciones se encuentra en el Congreso Nacional, porque los que van a votar en contra de esta iniciativa normalmente no duermen siesta, ni lo hacen sus amigos, familiares o trabajadores. Me llama la atención que en una sociedad en que el 95 por ciento de los trabajadores duerme siesta, el 95 por ciento de los diputados no lo haga. Lo encuentro realmente asombroso. El país ha elegido puros genios que no descansan ni duermen, sino que sólo se dedican a trabajar. No me incluyo entre éstos, porque todos los días duermo una siesta de veinte minutos, lo que me hace muy bien, porque estudio hasta a las 23 ó 24 horas en la universidad, en la que me ha ido bastante bien.
Como creo que la generalidad de los trabajadores chilenos requiere descansar, tiene que dormir siesta, tal como lo hacen los “viejos” de la construcción y los trabajadores del campo. El diputado René Manuel García decía en la mañana que los “viejos” paran a las 12 horas y vuelven a las 14. ¡No van a estar dos horas comiendo! ¡No! Hacen una colación de 40 minutos, y el resto del tiempo duermen.
Gente de Arica me llamó por teléfono y me preguntó cómo iban a votar los diputados de dicha ciudad. La diputada Rosa González está enferma -espero que tenga una pronta recuperación- y el otro diputado del distrito no se ha pronunciado, aunque espero que lo haga favorablemente, porque respecto de esta materia ha consultado la propia gente de Arica. Además, me ha llamado gente de Punta Arenas, de Rancagua y de casi todas las radios comunales del país, y a todos les he dicho que varios diputados me han manifestado que van a votar a favor, pero también a muchos otros les da vergüenza el qué dirán, en circunstancias de que ésta es una cosa que no debería dar vergüenza. Vergüenza debe existir por otras discusiones que ha habido en el Congreso Nacional; vergüenza debe dar cuando se habla de la pedofilia, de los menores abusados sexualmente, de los robos. ¡Eso debería dar vergüenza! Pero los colegas deberían sentirse felices de obtener un beneficio para los trabajadores.
Los diputados por Antofagasta me dijeron que votarían a favor. El 95 por ciento de los trabajadores chilenos duerme siesta. En el Congreso Nacional lo he visto, aunque los diputados digan que no. Y los senadores también duermen siesta, pues he ido a la hora de colación y todos descansan. Entonces, ¿por qué no sincerar esta situación de la siesta? ¿Por qué no hacerla realidad, de manera que la gente no se sienta avergonzada porque duerme durante la jornada laboral, sino que estime que ha ganado un derecho legítimo consagrado en la ley?
Cuando digo que han ganado un derecho legítimo es porque esta situación ocurre. El jefe, que normalmente no es el dueño, siempre critica al trabajador porque es un flojo, que viene a puro dormir y que no hace la pega; pero resulta que ese mismo jefe se encierra en su oficina y lo primero que hace es dormir una siesta. Ahí se hace realidad lo que muchos dicen: “El jefe no duerme; el jefe piensa. Quienes duermen son los obreros y los empleados”. Entonces, ¡no me vengan a mí con esas cosas!
En este Congreso, la mayoría de los parlamentarios también somos jefes, y todo nuestro staff de trabajadores, secretarias, secretarios, ayudantes -algunos le llaman jefe de gabinete- deben tener derecho a dormir siesta. ¿Por qué solamente nosotros tenemos ese derecho? Sólo el 5 por ciento dice que no duerme la siesta. Entonces, ¿por qué nuestros trabajadores no pueden tener derecho legal a dormir una siesta de veinte minutos durante la jornada laboral?
Los trabajadores de la construcción duermen, como se dice en buen chileno, “a pata suelta” frente a la obra que están realizando, y ningún empleador o jefe les dice absolutamente nada. Si alguien la prohibiera, se acabaría la construcción en el país, porque “los viejos” no trabajarían si no los dejaran dormir su sagrada siesta después de la colación. ¡Y lo hacen a vista y paciencia de los jefes!
Un representante de la construcción que vino a la Comisión dijo que compartía la idea de dormir siesta durante la jornada laboral, pero que no correspondía establecerlo en forma legal. O sea, él puede dormir siesta, porque es jefe, pero no sus trabajadores. También fue invitado a la Comisión don Ricardo Claro, quien dio un testimonio. Luego, don Ernesto Ayala -un señor de bastante edad-, presidente de la Papelera , en una entrevista criticó fuertemente tanto a don Ricardo Claro como a mí, por defender el proyecto. La periodista le preguntó: “Señor Ayala , ¿duerme siesta?” Él contestó: “Sí, duermo siesta, pero tengo 77 años y me la he ganado con el trabajo de toda mi vida”. O sea, el único que se ha ganado el derecho de dormir siesta durante la jornada laboral es el señor Ayala , porque tiene 77 años y porque es dueño y presidente de la Papelera. Esas son las injusticias que pretendo revertir, a fin de que el mundo del trabajo tenga derecho a dormir siesta.
Se ha hablado mucho sobre la posibilidad de modificar el sistema laboral y crear una mal o bien llamada flexibilidad laboral. Algunos la llaman adaptabilidad laboral; otros, dicen que se debe arreglar el sistema laboral chileno a fin de que haya más producción, para que la gente trabaje más y para que el país y los empresarios ganen más.
El nuevo sistema de adaptabilidad, flexibilidad o arreglos al sistema laboral significa que los trabajadores chilenos trabajarán -si se aprueba, pues yo lo votaré en contra- doce horas diarias durante diez días y sin derecho al pago de sobretiempo. Si los colegas consideran que tener a un obrero viejo trabajando diez o doce días seguidos, incluyendo sábados y domingos, sin descanso, durante doce horas diarias, es algo humano, seguramente lo van a aprobar. Yo lo considero inhumano. Todos hablan de flexibilidad laboral, pero muchos no quieren que los trabajadores chilenos tengan derecho a dormir una siesta, de manera que puedan continuar de mejor forma su jornada. Entonces estamos viviendo en dos mundos totalmente distintos. Creo en una mejor calidad de vida para los trabajadores y en una economía en que todos tengan derecho a participar de las utilidades, no en una economía que se aproveche de unos para favorecer a otros, como ocurre con los empresarios.
Quiero dar a conocer algunas estadísticas sobre seguridad social durante 2002, relacionadas con accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que todos sabemos que tienen un alto costo. Después de las 13 horas se producen los accidentes más dramáticos y graves, porque después de cuatro o cinco horas de trabajo, la gente está cansada y necesita descansar. Un obrero de la construcción, metalúrgico o textil, un panadero, etcétera, requieren dormir una siesta después de la colación, porque es entre las 13 y las 14 horas cuando se produce la mayor cantidad de accidentes laborales.
El segundo período en que se producen más accidentes es entre las 17 y las 18 horas, cuando el trabajador retorna a su casa. Normalmente se trata de accidentes de tránsito o, en términos laborales, de accidentes del trayecto. De acuerdo con la ley Nº 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, la jornada laboral comienza desde el momento en que el trabajador se levanta de su cama para ir al trabajo, y concluye cuando regresa y pone un pie en el interior de su hogar.
El número de horas-hombre que se pierden por concepto de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo es realmente impresionante y digno de preocupación.
Número de días perdidos por accidentes del trabajo: de julio a diciembre de 2002, hubo 1 millón 602 123 mil días perdidos por esta causa. Días perdidos por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, por área: industria manufacturera, 378 mil 905 días; construcción, 244 mil 311 días.
Las regiones con más días perdidos por accidentes del trabajo son la Quinta, con 125 mil; la Octava, con 191 mil, y la Metropolitana, con 846 mil.
Total de subsidios otorgados por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en el primer semestre de 2002: 152 mil 364. Total de días de subsidios en el primer semestre: 1 milló 8 mil 373. Y suma y sigue.
Muchos colegas se han reído del proyecto, pero yo lo defiendo, por el costo que esta materia tiene para el país. Si disminuimos el número de accidentes del trabajo originados a consecuencia del cansancio de los trabajadores, también estaremos disminuyendo el gasto de las empresas por concepto de subsidios. Quienes estén interesados en la materia pueden consultar a las instituciones de seguridad sobre las causas de los accidentes del trabajo.
Muchos pensarán que los accidentes del trabajo se producen principalmente los días lunes, pero no es así; ocurren indistintamente durante los cinco días laborales, y la hora top es a las 14 horas. La mayoría de los accidentes de tránsito se producen cuando el trabajador retorna a su casa, pues normalmente está cansado después de su jornada laboral. No ocurre lo mismo con los trabajadores que pueden descansar.
Seguridad, eficiencia laboral, productividad, crecimiento, mejor calidad de vida y relación entre los trabajadores, mejor entendimiento laboral y mayor crecimiento del país para que los convenios internacionales tengan buen resultado, respeto los derechos de los trabajadores, son las razones fundamentales por las cuales presenté este proyecto de ley.
Pero quiero decir una cosa: en esta iniciativa he dado la cara solo; muchos colegas se acercaron a decirme que me iban a apoyar, pero sé que no lo harán porque sienten vergüenza. Yo les digo que no sientan vergüenza de entregar un beneficio a los trabajadores; debemos avergonzarnos de hablar de pedofilia, de robos y de sinvergüenzuras que hemos conocido los chilenos en el último tiempo. ¡Eso debería darnos vergüenza, y no aprobar proyectos en beneficio de los trabajadores!
Por lo tanto, someto este proyecto a la consideración de los honorables diputados para que decidan si debe trasformarse en ley. Si determinan que no, espero que puedan descansar felices en sus habitaciones.
He dicho.
-Aplausos.
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.-
Señora Presidenta, esta honorable Sala siempre ha debatido con seriedad los proyectos; sin embargo, no puede faltar la cuota de humor, y creo que esta iniciativa representa un poco esa cuota de humor.
Creo que en nuestro país no es posible aplicar una legislación de esta naturaleza, porque no existen las condiciones ni las posibilidades para ello, dada la diversidad de trabajos existentes. Las leyes son para todos, no sólo para algunos trabajadores.
Además, hay algo que el diputado informante no señaló -es bueno que lo sepan los trabajadores-: que el período de veinte minutos destinados a la siesta se cargará al trabajador, es decir, se agregará a la jornada laboral. Hoy se busca flexibilizar y acortar la jornada laboral; por lo tanto, el proyecto apunta en la dirección contraria, lo que dificulta su aprobación.
Considero que esta iniciativa cae en el ámbito de la demagogia y del populismo. No podemos jugar con la dignidad de los trabajadores. Si bien hay actividades que tienen doble jornada de trabajo, lo que hace posible que los empleados duerman una siesta, me parece imposible que esta práctica pueda aplicarse en la minería, en el transporte y en otros rubros.
Por eso, como integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social voy a votar en contra, porque un proyecto de este tipo sería letra muerta. La única posibilidad es que los trabajadores hagan este planteamiento en el pliego de peticiones que presentan a los empresarios. Pero me parece inadecuado aprobar un proyecto que establezca el derecho a la siesta.
Por lo tanto, anuncio nuestro voto en contra, y espero que el proyecto no siga avanzando en su tramitación.
He dicho.
La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry.
El señor SALABERRY.-
Señora Presidenta , la discusión de este proyecto se inició en una sesión pasada, pero faltaba que algunos diputados emitieran su opinión. En mi caso, la expresé hace una semana.
El diputado Rodolfo Seguel quien ya no está presente en la Sala, dijo que en esta discusión se estaba festinando la costumbre de dormir siesta, existente en muchas regiones, y planteaba que lo han llamado desde Arica, Antofagasta, Punta Arenas y Osorno para felicitarlo por impulsar esta iniciativa.
Efectivamente, en muchas regiones la siesta es una costumbre. En algunos lugares, el comercio cierra por dos o tres horas durante la tarde, en zonas con climas distintos, sobre todo en el norte. Tal vez, muchos de los electores que nos acompañan en las tribunas duermen diariamente una siesta de veinte o treinta minutos para enfrentar de mejor manera la tarde. Pero de ahí a establecer dicha práctica como un derecho laboral, hay un mundo de diferencia. La discusión de este proyecto y le resta seriedad al debate legislativo. Todavía más: es preocupante.
El diputado señor Seguel nos planteó los beneficios de la siesta, según estudios del Centro de Estudio del Sueño de la Universidad Católica de Chile. Sin embargo, por otra parte, el Centro de Trastornos del Sueño, de la Clínica Alemana, señala la inconveniencia de la siesta porque, en el fondo, resta el descanso normal de ocho horas al ser humano. Por tanto, se manifiesta en contra de establecerla en la jornada laboral.
En esta lógica extraña en la relación de trabajo, de enfrentar a trabajadores con empleadores, el explotado versus el explotador, establecer un derecho de estas características en nuestra legislación laboral significará una nueva cuña, que siempre perjudicará al trabajador, porque será muy difícil que “el derecho a la siesta” quede contemplado de acuerdo con los parámetros que se han propuesto.
Sin perjuicio de considerar discutible la afirmación de que la siesta es un bien necesario para el ser humano, llamo a la reflexión sobre la conveniencia de establecerla en la relación laboral.
El diputado Seguel planteó que la empresa Panelco incorporó la siesta para sus trabajadores, para lo cual habilitó habitáculos especiales para dormir. No obstante, en otras empresas -como Cecinas Bavaria- que también implementaron ese sistema, su personal no lo utiliza. Entonces, no se puede obligar, por ley, al trabajador a tomar un descanso, cuando no lo quiere.
En el caso de los trabajadores de la construcción, es muy conocido que, los que pueden, le restan algunos minutos a su hora de colación para dormir siesta, lo que a veces hacen incluso en las plazas-.
Por lo tanto, no establezcamos una cuña en la relación laboral; por el contrario, apostemos a una mejor relación trabajador-empleador, porque lo que quieren los trabajadores es empleo, no descanso.
He dicho.
La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
Señores diputados, cito a reunión de Comités.
Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA.-
Señora Presidenta, estamos en un momento decisivo de la tramitación del proyecto.
Llamo a evitar la consideración de que, con la creación de estos derechos, se va directo al Apocalipsis, y a entender que la iniciativa del diputado Seguel , es una fuerte señal de política pública, no sólo bien intencionada sino con valores prácticos.
No nos olvidemos de que el nuestro es el segundo país con la jornada de trabajo más larga, sin que ello signifique más productividad.
El diputado señor Vilches señaló que en la minería esto será impracticable. Pero, en su momento, también se decía que era inviable terminar con los sistemas de jornada de siete días, que los mineros estaban acostumbrados a trabajar los domingos, que no se podían parar las fundiciones ni los chancadores. Es decir, siempre hay un pero, como si no pudiera haber jornadas de trabajo más humanas, que hagan compatible el trabajo con la felicidad.
Sin embargo, la modificación de la jornada de trabajo en la minería, que incorporó, entre otros aspectos, el sistema de cuatro por cuatro, ha demostrado que es viable, y que mejora la productividad y la calidad de vida de los mineros.
¿Qué hay detrás de las largas jornadas de trabajo, sin considerar el domingo como día de descanso y sin posibilidad de extender el tiempo de la colación en veinte minutos o media hora para el reposo? La pérdida de productividad, más accidentes del trabajo, agresividad. Chile es el país campeón de la violencia intrafamiliar, del estrés, del consumo de tranquilizantes; los dichos estamos llenos de problemas de salud mental, y no ha mejorado la productividad.
¿Por qué sólo los privilegiados -entre los que nos contamos- tenemos la posibilidad de tomar un descanso después de la hora de almuerzo, de hacer un corte en la jornada de trabajo?
El proyecto de la siesta -como se le llama- es moderado, ya que obliga a pactar el beneficio; pero da una señal de política pública en cuanto a que en las distintas instituciones exista un espacio para que, por ejemplo, un profesor, después de la colación, en una sala adecuada, pueda sentarse en un sillón, cerrar sus ojos por unos minutos y descansar. De eso estamos hablando, no de una de pérdida de la ética del trabajo, de la austeridad o de las ganas de trabajar. Estamos hablando de jornadas de trabajo adecuadas y de otros derechos.
Debemos dar este salto y ponernos al día con una modernidad que dé señales de dignificación del trabajo y de mayor productividad, a través de facilitar espacios adecuados de descanso para los trabajadores.
Por eso, vamos a votar a favor del proyecto.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG.-
Señor Presidente , son muchas las razones que podríamos exponer para destacar los inconvenientes del proyecto y para pedir que sea rechazado. Pero más que entrar en la discusión técnica acerca de si es bueno dormir siesta, o de cuánto tiempo y en que lugar o circunstancia debería permitirse, hay que decirle claramente al país en qué consiste esta iniciativa.
No estamos frente a un proyecto que recoja un análisis de las bondades médicas de la siesta. En dos palabras, la iniciativa obliga -quiero ser claro- a los trabajadores a destinar parte de su tiempo a una determinada actividad, en este caso, a dormir siesta.
Le pregunto a los colegas presentes: ¿Hay algo más indigno para los trabajadores que decirles qué deben hacer con su tiempo y a qué deben dedicar las horas del día?
Con la tramitación que hasta ahora ha tenido esta iniciativa, tenemos motivos de sobra para avergonzarnos. Ojalá existiera algún medio legal o reglamentario que nos permitiera eliminar del boletín de sesiones todo lo que aquí se ha dicho respecto de esta iniciativa.
Pensemos bien en lo que estamos haciendo. Francamente, es un atentado a la dignidad del trabajador obligarlo, por ley, a dormir siesta, y, lo que es peor, a meterse la mano al bolsillo para financiar el tiempo que deberá dedicar a ello.
Eso no se ha dicho; pero con esta norma, el trabajador estará obligado a dormir siesta -lo que hoy puede hacer libremente- y, como consecuencia, a salir más tarde. Si quería llegar a una hora prudente a su casa para compartir con su familia, ya no lo podrá hacer, porque la iniciativa del señor Seguel lo obligará a dormir en la oficina.
Un trabajador me decía: “Por último, quiero llegar más temprano a mi casa para dormir en mi cama y no tener que hacerlo en la oficina”. Eso no se podrá hacer si se aprueba este proyecto.
Pero hay algo mucho más grave: el precedente que se pretende sentar. Con este proyecto queremos obligar a los trabajadores a financiarse veinte minutos de siesta. Al respecto, en el futuro otro diputado podría argumentar que la gimnasia es mejor para el estrés y proponer obligar a los trabajadores a gastar parte de su tiempo y de su sueldo en inscribirse en un gimnasio: o por el hecho de que algunos médicos señalen que una dieta es buena para la salud, se podría establecer que los trabajadores deben invertir en determinados alimentos, o peor aún, quizá alguien llegue al extremo de decir: “Si usted no puede ir al gimnasio, bájese de la micro dos cuadras antes de llegar al trabajo para que haga ejercicio y combata el estrés”. Con los mismos argumentos que aquí se han entregado para apoyar el proyecto, esas actividades también se podrían imponer por ley.
En el fondo, con esta iniciativa estamos declarando que los trabajadores son tontos o incapaces, que no pueden decidir por sí mismos y que, por lo tanto, debemos obligarlos por ley a tomar determinadas iniciativas. Eso, francamente, no me parece aceptable.
Quizás el proyecto podría ser objeto de algunas indicaciones -el diputado señor Seguel tal vez olvidó ese detalle-, como proponer una nueva causal de despido por incumplimiento de contrato, pues, por ejemplo, si un trabajador sufre de insomnio y no puede dormir la siesta, no estará cumpliendo lo convenido, y, en consecuencia, podrá ser despedido, ya que con la iniciativa en debate está obligado a hacerlo. Razones como ésta aconsejan rechazar el proyecto en forma masiva.
Así como existe el libro de Guinness, que consigna los récord en distintas categorías, hay otro que destaca los proyectos de ley más insólitos que han sido aprobados. Por ejemplo, en Carolina del Norte, Estados Unidos, existe una ley que obliga a la personas a bañarse al menos una vez al año; en Inglaterra, hay una normativa que impide colgar la ropa desde los balcones; en Israel, nadie puede sonarse durante la fiesta del Sabbath ni tampoco llevar osos a la playa. Por último, en Francia, se multa a quienes bautizan a su perro con el nombre “Napoleón”. El proyecto en debate tiene un mérito: puede formar parte en forma indiscutida de esta lista de proyectos insólitos y absurdos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , este proyecto debe tener un tratamiento tranquilo, sin subir el tono de la discusión. Hay que tener cuidado con emocionarnos al tratar una iniciativa que nació de una buena y sana intención. Sin embargo, pese a la nobleza de los fines que la inspiran, cuyo autor es un connotado diputado que durante largos años fue dirigente sindical y en este hemiciclo ha dado muestras de su compromiso por la defensa y la promoción de los derechos de los trabajadores, no está bien orientada.
Para reafirmar lo anterior, hay varios argumentos. Primero, el acto de la siesta es un asunto de carácter personal y forma parte de la intimidad de las personas y de la formación y educación familiar que cada uno recibe. Segundo -muchos diputados lo han subrayado-, la aplicación de una normativa como ésta, que eleva la siesta a la calidad de derecho y de prerrogativa del trabajador, en los hechos puede resultar imposible de llevar a la práctica, por cuanto pueden no darse las condiciones para lograr el descanso que se propone. En tal sentido, algunos lugares quizá no cumplan con las condiciones higiénicas o físicas para que los trabajadores, por imposición, duerman siesta con alguna privacidad.
Conozco la intención del diputado señor Seguel : dar más por los trabajadores de Chile, pero las diferencias de argumentos me hacen reflexionar y pensar que, a lo mejor, no es la forma adecuada de lograr beneficios para aquellos que tanto laboran, sobre todo los asalariados mínimos.
Pienso que nos queda aún por avanzar en la reactivación de nuestra economía y que hay que mejorar la productividad. Incluso, muchas personas trabajan en horarios extraordinarios porque eso les ayuda un poco en sus remuneraciones. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con el proyecto que establece el derecho a siesta.
No vale la pena seguir ahondando en esta materia. La discusión quedó zanjada con los nuevos antecedentes aportados en los segundos discursos de varios diputados.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, nadie puede discutir las bondades del proyecto, ya que es positivo el descanso físico, del cual forma parte la siesta propiamente tal.
Los médicos señalan su importancia en la productividad, en la seguridad, en el estado anímico. Nadie puede discutir que es positiva. Pero el establecimiento de la siesta como un derecho de los trabajadores no se condice con la realidad del país. Además, la norma conllevaría un cambio en las leyes laborales que, sin duda, significaría una traba, fundamentalmente porque las empresas no tienen espacios o lugares apropiados para ese efecto.
Por otro lado, más allá de la inmediatez populista de una iniciativa de esta naturaleza, debe considerarse el efecto que tendría en las pymes y en los comités paritarios, los que han dado mejores resultados que otras organizaciones, como los sindicatos.
Si algún parlamentario no lo sabe, los comités paritarios buscan armonizar la actividad laboral con la calidad de vida que se quiere tener en la empresa y funcionan en un ciento por ciento.
Ahora, si en la letra a) del artículo único se señala que la jornada de trabajo se dividirá en dos partes, ¿qué pasará en las empresas que han acordado una jornada laboral única?
En el norte se trabaja desde las 8 horas hasta las 17 horas, en jornada única, por razones climatológicas. Lo mismo ocurre en el sur y en el centro, incluso en el propio Santiago, para evitar un desplazamiento mayor.
En el ánimo de avanzar, sólo quiero plantearle una preocupación al diputado Seguel. Ha costado mucho rebajar la semana laboral de 48 horas. Recién se logró disminuirla a 45 horas, pero a partir de 2005. Si se aprobara el derecho a la siesta, por el contrario, se incrementaría en una hora cuarenta minutos. O sea, se echaría por tierra lo que se ha conseguido para que los trabajadores retornen más temprano a sus hogares y tengan una mejor calidad de vida familiar.
En lugar de este tipo de proyectos, debiera promoverse una mayor flexibilidad y fortalecerse los acuerdos entre trabajadores y empleadores en relación con la forma de trabajo, en especial por las características de los diferentes trabajos. No es lo mismo una jornada de minero que una de temporero.
Por lo tanto, anuncio que votaré en contra.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente , el proyecto, que seguramente va a quedar inscrito entre los hechos “famosos”, es más sencillo de lo que se imagina.
Desde niño he visto que los trabajadores del campo, los inquilinos y posteriormente los temporeros, han hecho uso racional del tiempo para descansar después de almuerzo. Los recuerdo debajo de los sauces, de los maitenes o de otro árbol en los campos. Se tomaban entre 15 a 20 minutos para dormir una siesta.
Se establece que: “En el caso de que el trabajador haga uso del período de descanso adicional señalado en el inciso anterior, deberá compensar dicho tiempo en la forma que acuerde con el empleador.” O sea, si no hace uso del derecho a la siesta, ¿por qué va a compensar dicho tiempo?
Como representante de comunas rurales, grafico con maitenes, espinos, sauces y otros árboles, pero para los funcionarios de oficinas, de servicios, de empresas, de industrias, de negocios, etcétera, se requieren condiciones mínimas a fin de que hagan uso de ese derecho: un sillón o en un sofá.
Al respecto, algunos empresarios han manifestado su conformidad con el proyecto. Entre ellos, Ricardo Claro vino expresamente a la Cámara a darle su respaldo con fundamentos similares a los que se han señalado ahora.
Puede que haya una interpretación equivocada, pero la tecnología y los avances, a mi juicio, permiten un tiempo para que el trabajador duerma siesta.
El proyecto, tal como está planteado, salvo que su autor, el colega Seguel , crea pertinente introducirle alguna modificación, es viable e importante.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García , hasta por cinco minutos, correspondientes a su segundo discurso.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente , tengo entendido que el Orden del Día es hasta las 13 horas. Por lo tanto, corresponde que su Señoría me dé dos minutos más a partir de entonces.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Su señoría ya hizo uso de la palabra durante la discusión del proyecto en la sesión anterior, según el Reglamento, el segundo discurso no debe extenderse más de cinco minutos.
Le pido disculpas, pero esas son las disposiciones.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Gracias por su comprensión, señor Presidente , y por aclararme la película tan bien como lo hace siempre. No tenía claridad respecto de mi tiempo.
Señor presidente , es habitual que se aborden distintas materias, como la pedofilia, las coimas, Inverlink. En una Cámara política deben hablarse de todos los temas sin tapujos, incluso del hilo curado. ¡Imagínense, la Cámara de Diputados preocupada del hilo curado! Es una cosa increíble. Bueno, ahora le tocó el turno al proyecto de la siesta.
En la mañana, conversaba con el diputado Seguel y le explicaba que el trabajador del campo almuerza entre las 12 y 14 horas. Ese tiempo lo administra según su parecer. En él puede hasta dormir la siesta, costumbre antigua y toda una tradición. El problema se va a presentar cuando haya que hacer una sala de descanso, con camas o sillones y otras comodidades. Ahí comenzarán los reclamos.
En consecuencia, si es eso lo que se quiere, dígase francamente para que las empresas se vayan preparando y los trabajadores de la construcción no sigan durmiendo siesta en los andamios. En consecuencia, las empresas deberán contratar buses con literas o tomar otras medidas para que sus trabajadores puedan dormir siesta. Señor Presidente , no nos vengan a imponer dormir siesta. Ello es cosa de cada uno, no es tema de país ni es asunto sobre modernización; más bien es sobre “flojera del país”. Cada uno verá lo que hace con su tiempo libre. Me daría mucha lata que, como trabajador, me dijeran: “Usted anda un poco sucio y en la tarde deberá estar limpio”, y me obligaran a ducharme, lo que tendría que hacer entre las 12 y las 14 horas, que sería, por ejemplo, el horario establecido para el efecto, en circunstancias de que querría hacerlo cuando regresara a casa.
La ley manda, prohíbe o permite, pero no permite hacer idioteces ni prohíbe hacer cosas cuerdas. Cada cual votará en conciencia lo que crea que es bueno, pero no nos saquemos los ojos diciendo que los diputados, los senadores, el empleador o el gerente duermen; que el señor Ayala tiene 77 años, que el señor Claro vino a apoyar el proyecto, etcétera. Cada quien verá lo que va a hacer de acuerdo con su conciencia.
El diputado Seguel cree que el proyecto es bueno. Enhorabuena; apruébenlo los que también piensan que es bueno. Nosotros consideramos que no debemos aprobarlo y no lo haremos; pero no empecemos ahora a pelear por quién duerme más o menos siesta o que si lo hace es porque lo ordena la ley o por flojera. Eso es algo que no me quita el sueño. Este proyecto no se ajusta a la realidad que queremos para el país.
Algunos diputados han dicho que votarán en contra porque la gente quiere trabajar y no dormir siesta. En verdad, ambas cosas se complementan, porque cuando una persona trabaja tiene derecho a descansar, lo cual está claramente establecido. Hay jornadas y tiempos de colación. Denantes vi un programa en la televisión: ¡Se han fijado hasta los horarios de las nanas! No pueden ser más de doce horas seguidas, con un intervalo de descanso de una hora y el tiempo en que ella está en su pieza es inviolable, porque está haciendo uso de su derecho a descanso.
En consecuencia, reitero que votaremos en conciencia. Si alguien cree que el proyecto es bueno, que vote a favor, pero no aludamos con motivo de su discusión a otros temas que son absolutamente dolorosos para el país en este minuto. Me parece que no corresponde ni se condice con lo que todos queremos: estar unidos para trabajar por un Chile mejor. Eso es lo que verdaderamente debe inspirarnos a quienes ocupamos un asiento en la Cámara de Diputados o en el Senado. Es increíble perder tiempo en discutir y discutir temas que muchas veces no tienen ninguna relevancia, respecto de un proyecto que podría haberse votado hace bastante rato. Por eso, creo de verdad, que lo vamos a votar en conciencia. Cada uno votará de la forma que le parezca mejor para el país, en este caso, para los trabajadores. Nadie está en contra de ellos; queremos que se desempeñen en las mejores condiciones, que tengan un salario más justo, que gocen del descanso que se merecen, que lleguen a sus casas con el sustento necesario y que, ojalá, haya estabilidad laboral, como consecuencia de acuerdos con sus empleadores. No tenemos por qué ver cómo se flexibilizan las cosas y se llega a un mejor entendimiento, en cuanto a que el trabajador debe cumplir con los horarios establecidos y, el empleador, con las leyes laborales. Este proyecto no incentiva el progreso del país y la creación de más fuentes de trabajo. Cada uno, en su tiempo libre, puede hacer lo que le dé la gana. No hay nada más denigrante que ordenar a alguien que, por ley, cierre los ojos y los abra en veinte minutos más. Por lo tanto, no voy a votar favorablemente este proyecto.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA.-
Señor Presidente , ésa es una opinión bastante personal, porque, seguramente, la votación de su bancada no va a ser unánime.
El problema no es si nuestro país requiere o no una ley que establezca el derecho a siesta, sino que dice relación con una situación más grave que los socialistas, en particular, hemos denunciado con fuerza durante mucho tiempo, cual es la flagrante y sistemática violación de los derechos laborales a lo largo y ancho del país, como, por ejemplo, en la industria pesquera, frutícola, etcétera. Recibimos denuncias cotidianas sobre abusos laborales, de todo tipo, de algunos empresarios que no tienen el más mínimo interés en respetar los derechos esenciales de los trabajadores. Basta un examen somero de lo que ocurre hoy para comprobar que el problema no es la dictación o no de una ley que establezca la siesta, que de dictarse beneficiará sólo a los trabajadores que cuentan en sus lugares de trabajo con la implementación necesaria y no al trabajador común y corriente, como el de la construcción, el agrícola o el temporero. Ellos -todos somos testigos- sufren a diario incomodidades porque apenas disponen de una hora para algo tan básico como es la colación y, además, sus condiciones de higiene y salubridad son muy deficientes, porque los empresarios no les entregan ni siquiera las mínimas comodidades que les permitan desempeñar sus labores como corresponde.
Chile no está en condiciones de aplicar una ley de esta naturaleza, porque -reitero- está muy atrasado en cuestiones básicas. Aquí hubo una comisión que investigó violaciones a los derechos de los trabajadores y concluyó en que eran cuantiosas, variadas y sistemáticas, incluso, muchas de ellas, atentatorias contra sus derechos humanos.
Por eso, anuncio mi voto en contra de esta iniciativa, porque considero que no será bienvenida por los trabajadores, ni siquiera esperada. Ellos quisieran, como me lo dijeron el otro día algunos de un servicentro de la comuna de Frutillar, por ejemplo, que los empresarios no abusaran, puesto que, en su caso, les descuentan de su salario, de cien mil pesos, los cheques de los clientes que protestan los bancos. Esos abusos ocurren diariamente y de diferentes formas, como con las horas extraordinarias, aunque ha habido mejoras en algunas materias relacionadas con el pago de imposiciones. Por años, los trabajadores tuvieron tremendas lagunas previsionales que les impedían jubilar de manera digna, porque nunca antes fueron protegidos sus derechos a través de una legislación.
El proyecto no es malo, pero, con todo el respeto que me merece su autor, no es pertinente con la realidad de nuestro país.
He dicho.
-Con posterioridad, la Sala votó el proyecto en los siguientes términos:
La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-
Están pendientes las intervenciones de los diputados inscritos para hablar respecto del proyecto de ley que establece el derecho a la siesta.
Por lo tanto, solicito el acuerdo de la Sala para votarlo de inmediato.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación general del proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 26 votos; por la negativa, 50 votos. Hubo 2 abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
ANTICIPOS DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL. Veto.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Ha concluido el tiempo de prórroga previsto para el Orden del Día.
Están listos ya los informes verbales de las comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda sobre el veto de su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley sobre anticipos del Fondo Común Municipal, de modo que podemos proceder a la votación.
Entonces, antes de votar el proyecto que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, escucharemos una breve relación de las constancias de ambas comisiones.
En nombre de la Comisión de Gobierno Interior, tiene la palabra el diputado Esteban Valenzuela.
Antecedentes:
-Observaciones de S.E. el Presidente de la República , boletín Nº 2348-06. Documentos de la Cuenta Nº 1, de esta sesión.
El señor VALENZUELA.-
Señora Presidenta , este proyecto permitirá a los municipios, mediante el adelanto de recursos del Fondo Común Municipal, saldar sus deudas por concepto de pago de la asignación de perfeccionamiento docente, devengadas hasta el 30 de abril de 2003. Con ese fin, se faculta al Servicio de Tesorerías para que, por una sola vez, efectúe anticipos con cargo a la participación que corresponda a las municipalidades en el Fondo Común Municipal, por un monto total de hasta 5 mil millones de pesos, los cuales descontará, en cuotas sucesivas, de las futuras remesas sin intereses ni recargos.
Se pensó aprobar este proyecto durante el transcurso del año, pero, como su tramitación ha demorado en el Senado y todavía se requiere adjuntar más antecedentes legales, el Gobierno propuso cambiar el guarismo “2003” por “2004”, lo cual fue aprobado unánimemente por nuestra Comisión.
He dicho.
La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-
En nombre de la Comisión de Hacienda, tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio.
El señor SAFFIRIO.-
Señora Presidenta , las señoras diputadas y los señores diputados tienen en sus escritorios el certificado de la Comisión de Hacienda en que consta la aprobación de esta observación del Presidente de la República al proyecto de ley que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal y modifica el decreto ley Nº 3.073, de 1979, sobre rentas municipales.
El proyecto, en su artículo 1º, dispone que la facultad del traspaso de los 5 mil millones de pesos deberá ejercerse durante el año 2003, pero la tramitación del proyecto, que incluye el control de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y, obviamente, la promulgación y la publicación, reduce, en términos materiales, fácticos, el plazo para ejecutar la norma a unos cuantos días.
Por lo tanto, la observación de su Excelencia el Presidente de la República plantea simplemente reemplazar el guarismo “2003” por “2004” para que esta norma sea aplicable.
Por último, cabe señalar que el veto no irroga gasto alguno.
Es cuanto puedo informar.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
En votación el proyecto que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en los casos que indica.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado en particular con la misma votación, dejando constancia de que se ha logrado el quórum requerido.
Despachado el veto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ALVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 327, de los señores Navarro, Tapia; señora Muñoz, doña Adriana; señores Muñoz, don Pedro; Seguel; señora Saa, doña María Antonieta; señores Riveros, Pérez, don José; Valenzuela y Montes.
“Considerando:
Que, pese a los esfuerzos políticos y legislativos realizados, aún persisten en el país prácticas ilícitas que dificultan el ejercicio del derecho de los trabajadores a organizarse y a ejercer los derechos establecidos en la legislación vigente y en los tratados internacionales vigentes ratificados por Chile.
Que la infracción de los derechos laborales no sólo dicen relación a las normas referidas al derecho de sindicación, sino que se extienden a una serie de aspectos tanto o más importantes que el recién mencionado, pues afectan los derechos esenciales de los trabajadores.
Que, como consecuencia de lo anterior, se presiona ilegítimamente sobre los derechos de los trabajadores para impedir la formación de sindicatos y debilitar sustancialmente los existentes, atomizar o impedir la negociación colectiva, bajar las remuneraciones y precarizar el empleo, o para evitar el pago de gratificaciones, etcétera.
Que, por otra parte, se han ideado diversas formas de fraude para evitar el cumplimiento de los derechos laborales, tales como ocultamiento del verdadero empleador, generalización de falsos contratos a honorarios, aumento desmesurado de los cargos de ‘trabajador de exclusiva confianza’ con el fin de excluirlos de las normas sobre jornada de trabajo y negociación colectiva. Además, se han registrado rebajas unilaterales de remuneraciones y de condiciones de trabajo, bajo la amenaza del despido, sin que el trabajador tenga opción real de oponerse a ellas, pues su necesidad económica es una presión que violenta su voluntad.
Que corresponde reflexionar sobre si las reformas procesales y orgánicas en el ámbito laboral -a pesar de significar un avance en la materia- son idóneas para resolver una problemática más de fondo, pues tales normas tienen carácter instrumental en las soluciones de fondo y corresponden a los ajustes necesarios en la resolución de los conflictos laborales.
Que la Corporación de Asistencia Judicial, pese al esfuerzo y talento tanto de sus funcionarios como de los postulantes que se encuentran efectuando su práctica profesional, atendido el volumen de trabajo que enfrentan y la complejidad y desigualdad de las partes en los juicios, no se encuentra en condiciones de prestar un óptimo servicio profesional.
Que, desde la perspectiva del mundo de la vida, se ha constatado un alto nivel de incumplimiento de la normativa laboral vigente, muy superior en número y gravedad al previsto en los sucesivos intentos legislativos de protección en este ámbito. Si, además, se tienen presentes los efectos que provocan estos incumplimientos en aquellas personas que ven vulnerados sus derechos, se percibe un generalizado desencanto, frustración, decepción y desconfianza de los trabajadores en la eficacia del sistema legal para garantizar sus derechos. Más que un problema de garantías, la situación llega a los límites extremos del fraude de la ley (al margen del sistema procesal de la justicia laboral: escrito, concentrado, oral, etcétera).
Que, al reflexionar sobre las posibles causas del incumplimiento fraudulento de la normativa laboral, se observan las siguientes falencias en los otros componentes del control social:
a) Fracaso del control judicial, manifestado en las dificultades de orden procesal y de carácter cautelar patrimonial de los intereses de los afectados, así como las dificultades estructurales de los tribunales.
b) Ineficacia del control administrativo. Los órganos fiscalizadores carecen de normas que les otorguen imperio a sus decisiones; las insuficiencias del sistema sancionatorio administrativo hacen ilusoria una efectiva aplicación de auténticas sanciones.
c) El control sindical debilitado y desacreditado por los consorcios económicos, sumado a la crisis de los medios de protección, que no pueden sostener el debilitamiento de las organizaciones.
d) El marco legal fraudulentamente vulnerado.
e) La actitud de los actores o el factor cultural, elemento más llamativo. Desde una perspectiva sociológica, llama la atención el escaso interés en entender las relaciones laborales como una expresión de los derechos fundamentales de la persona, más allá de una mera relación contractual.
Que cabe señalar la necesidad de revisar la idea de otorgar protección penal -en un sistema doble o reforzado- a los derechos de los trabajadores, comprendidos como bien jurídico protegido, como fruto de la crítica de aquellas conductas insoportables atentatorias contra los valores sociales, por medio de un mecanismo de ‘última ratio’ como lo son la pena y su función política en un Estado democrático de Derecho.
La Cámara de Diputados acuerda:
1. Constituir una Comisión Especial Investigadora de la situación de los derechos de los trabajadores a objeto de evaluar las consecuencias de la aplicación práctica de la última reforma laboral -ley Nº 19.759-, además de precisar las eventuales soluciones en las medidas legislativas propuestas recientemente, con especial atención a los sucesivos incumplimientos empresariales de la normativa laboral vigente, a pesar de las iniciativas legislativas en la materia.
2. La Comisión deberá desarrollar la investigación en el plazo máximo de noventa días desde su constitución.
3. La Comisión habrá de consultar la opinión de las siguientes instituciones: organizaciones sindicales superiores: Central Unitaria de Trabajadores, confederaciones, federaciones y sindicatos nacionales; Poder Judicial , Ministerio de Justicia, Corporación de Asistencia Judicial, Fiscalía Nacional de Quiebras; organizaciones de empleadores; Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Dirección del Trabajo, Organización Internacional del Trabajo; Asociación de Abogados Laboralistas, organizaciones empresariales como la Sociedad de Fomento Fabril, Confederación de la Producción y Comercio, entre otras.
4. La Secretaría de la Cámara establecerá las medidas necesarias para recabar, de trabajadores y sindicatos, los antecedentes relacionados con la materia investigada.”
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Montes para hablar a favor del proyecto.
El señor MONTES.-
Señor Presidente , el proyecto busca restablecer la comisión que se encargó de recopilar antecedentes sobre distintas situaciones de violación de derechos laborales y verificar de qué manera las instituciones públicas y las normas legales estaban operando al respecto.
A fines del año pasado se acordó reconstituirla para ver los efectos de las reformas laborales de 2001. La verdad es que esa tarea nunca se llevó adelante, porque nunca se constituyó la comisión.
Lo que buscamos ahora es restablecer esa comisión para investigar el tema, hacer propuestas para fortalecer las instituciones públicas y las normas, a fin de asegurar que los derechos laborales se respeten, condición fundamental para la discusión de la flexibilidad laboral, ya que no es posible pensar que, en un país que tiene tanta flexibilidad, ésta siga aumentando sin fortalecer una cultura empresarial de respeto a las normas, derechos y principios del trabajo.
Además, es fundamental que la Cámara de Diputados mantenga un espacio abierto para oír las distintas situaciones, dar cuenta de ellas y enfrentarlas. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en el supermercado Carrefour Quilín , en Peñalolén. No puede ser que a las cajeras las obliguen a desvestirse al salir de su trabajo, pues es algo propio del siglo XIX. Tenemos que saber qué está ocurriendo. ¿Cómo es posible que haya empresas que respeten a sus trabajadores en su países de origen y que no hagan lo mismo en Chile? ¿Qué está fallando en nuestras normas? ¿Qué está fallando en nuestra capacidad de inspección y de respuesta; en definitiva, en nuestra cultura como país?
En virtud de ello, queremos que se reabra este espacio, deseamos hacerlo con seriedad y con rigor, a fin de acoger y dar cuenta de las distintas situaciones que se están viviendo en el país.
En ese marco, hay que reconstituir la Comisión Investigadora de violaciones de derechos laborales y revisar las instituciones y las normas que las rigen.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Riveros para hablar a favor del proyecto.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, lo sustancial ya ha sido dicho por el diputado Carlos Montes.
Si hay un ámbito jurídico que muestra falencias en su aplicación y que requiere de constantes fiscalizaciones, es precisamente el de la ley laboral. Por eso, más allá de aprobar otras reformas a la normativa laboral existente, lo que buscamos es que se cumpla la ley vigente.
En ese contexto, un trabajo de la Cámara de Diputados destinado a dar seriedad en este ámbito, con el objeto de corregir lo que corresponda, después de un exhaustivo análisis, y de buscar un procedimiento para que las normas sean realmente aplicadas, no sólo es urgente y necesario, sino que es un imperativo para nuestra Corporación.
Por las razones expuestas, la bancada Demócrata Cristiana apoyará el proyecto de acuerdo. Además, esperamos que cuente con un amplio apoyo de la Corporación, porque esto también forma parte de nuestro trabajo legislativo, cual es que las normas que nosotros mismos hemos aprobado se cumplan en la práctica.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Salaberry.
El señor SALABERRY.-
Señor Presidente , hace algunos minutos discutimos un proyecto de ley que implicaba un nuevo derecho laboral. En general, compartimos la idea de que poner una nueva cuña en las relaciones laborales siempre irá en perjuicio de los trabajadores.
Hace aproximadamente dos meses, la Sala también conoció ampliamente un informe de una comisión del período parlamentario anterior que versó sobre el incumplimiento de las normas laborales, fundamentalmente por parte de los empleadores. El presente proyecto de acuerdo significaría volver a debatir sobre la situación de los derechos de los trabajadores en circunstancias de que en la propia Comisión de Trabajo estamos discutiendo, por ejemplo, la reforma a la judicatura laboral y la creación de nuevos juzgados del trabajo de cobranza de las deudas previsionales.
El Gobierno contrajo el compromiso de incorporar en la discusión de la Cámara de Diputados la adaptabilidad laboral o la flexibilización laboral. Se pretende introducir la añeja visión de explotados versus explotadores y lograr que la Sala forme una comisión especial para investigar, debatir u opinar acerca de los derechos de los trabajadores, en circunstancias de que la propia Comisión de Trabajo lo está haciendo en los proyectos de ley que está analizando.
Nuestra bancada votará en contra.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
-Votaron por la negativa los diputados señores:
Bayo,
CREACIÓN DE PROGRAMA PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES RURALES.
El señor HALES (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo siguiente.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 329, de los diputados señores Ceroni, Delmastro; diputada María Eugenia Mella, y diputados señores Jaramillo, Salas, García, Alvarado, Quintana, Bustos y Espinoza:
“Considerando:
Que la Constitución Política de la República asegura, entre otros, el derecho a la Educación Básica y Media de todos los chilenos; la igualdad de trato por parte del Estado, y, al mismo tiempo, hace responsables a todos los órganos estatales de crear las condiciones materiales para el desarrollo integral de las personas.
Que, como fruto de la conformación y distribución geográfica de los asentamientos humanos en las zonas rurales, caracterizados por la poca densidad poblacional y por la carencia de vías de comunicación y de servicios públicos de transporte, el acceso de los niños y de los jóvenes a sus establecimientos educacionales se hace dificultoso, además de inseguro, por las distancias que deben cubrir a pie o, incluso, por el tipo de vehículos que emplean para su traslado.
Que, según datos de la Fundación para la Superación de la Pobreza, los niveles de pobreza relativa en las zonas rurales es altísima, ya que aproximadamente el 43% de la población que vive en estas zonas es pobre. Se calcula, asimismo, que cerca de un millón de personas de sectores rurales del norte, del centro y del sur del país vive actualmente en condiciones de indigencia, es decir, no es capaz de satisfacer adecuadamente sus necesidades básicas de alimentación, ni menos está en situación de prevalerse de medios de transporte seguros e idóneos para sus hijos.
Que estas familias, normalmente, están compuestas por pequeños productores agrícolas, trabajadores de temporada y migrantes asalariados de empresas agrícolas, pesqueras y forestales; pequeños mineros independientes, pescadores y pobladores agrupados en pequeños villorrios ligados a actividades rurales. Esto es especialmente relevante en comunas rurales pobres de las regiones Cuarta, de Coquimbo; Séptima, del Maule; Octava, del Bío-Bío; Novena, de La Araucanía, y Décima, de Los Lagos.
Para dimensionar el impacto de la ruralidad en el sistema público de educación, la misma Fundación indica que, en Chile, existen actualmente siete mil escuelas básicas, de las cuales cuatro mil ochocientas cincuenta y siete son rurales, lo que representa el 75% de las escuelas de Enseñanza Básica del país. Estas escuelas rurales concentran una población escolar de trescientos setenta y dos mil cuatrocientos sesenta y dos niños, lo que equivale al 20% de la matrícula escolar.
Que, asimismo, es fundamental considerar el hecho de que, en la educación rural, uno de los imperativos de los programas educacionales ha de ser la mantención de los niños y de los jóvenes en el sistema, más aun cuando ahora, por mandato constitucional, el Estado asegura a todos los niños la Educación Básica y Media. Se estima que, en las escuelas rurales, sólo el 6% de los alumnos que logra completar los ocho años de Educación Básica se incorpora a la Enseñanza Media en algún liceo cercano. Es decir, para la gran mayoría de los alumnos, la Escuela Básica -ya sea con seis, siete u ocho años- es la única oportunidad de tener acceso a la educación formal y adquirir así un conjunto de conocimientos y competencias que pueden darle esperanzas de aspirar a un trabajo dignamente remunerado y a una mayor movilidad social.
Que, por las razones expuestas, el Gobierno se encuentra empeñado, desde hace tiempo, en potenciar acciones de discriminación positiva para atender a estos miles de niños y jóvenes con el Programa de Educación Básica Rural, que permite disponer de recursos para mejora pedagógica en tres mil doscientas escuelas pequeñas y aisladas, o, en el caso de los docentes, establecer la denominada asignación por desempeño en condiciones difíciles, la cual consiste en un suplemento de sueldo a los docentes que enseñan en establecimientos con difícil acceso, situados en zonas de inseguridad urbana y que atienden a población de extrema pobreza e indígenas. A lo anterior se agrega la acción de los Programas de Alimentación Escolar, de Salud Escolar, de Subvención Rural, etcétera.
Que, sin embargo, hasta el momento, salvo por iniciativa de algunos municipios, no hay un programa público homogéneo y único de nivel nacional, que posibilite asegurar el transporte de los menores desde sus casas a los establecimientos educacionales, dejando encomendada a la iniciativa de los municipios y a la disponibilidad de recursos propios la implementación de programas de este tipo, los cuales, como lo ha demostrado la experiencia, muchas veces quedan sujetos a la arbitrariedad de los alcaldes, cuando no, lisa y llanamente, se prestan en condiciones fuera de todo estándar de seguridad de transporte de las personas, en vehículos impropios para ese cometido o a cargo de personal no idóneo moralmente, lo que es sumamente delicado, tratándose del resguardo personal de menores de edad.
Que, dentro de las obligaciones estatales, está garantizar el transporte de los estudiantes de zonas rurales, quienes, debido a la configuración geográfica de su hábitat, se encuentran alejados de los establecimientos educacionales, para lo cual debería existir sólo un programa nacional, a cargo del Ministerio de Educación, debidamente supervisado para estos fines, para asegurar el principio de la igualdad de trato entre todos los habitantes de la República y garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los chilenos.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a los señores ministro de Educación y ministro del Interior que se sirvan disponer el diseño de un programa de carácter nacional y uniforme, incluida la provisión de los recursos necesarios, para garantizar el transporte seguro de los niños y de los jóvenes que estudian en establecimientos de Enseñanza Básica y Media entre sus hogares y sus escuelas o liceos, cuando éstos se encuentren situados en zonas rurales o
especialmente apartadas, como forma de asegurar en los hechos el principio de igualdad de oportunidades a todos los educandos del país.”
El señor HALES (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Ceroni.
El señor CERONI.-
Señor Presidente , en mi opinión, éste es un proyecto muy importante. Ojalá que el Gobierno acceda a lo que estamos planteando.
No hay duda de que, cuando hablamos sobre la importancia que tiene la educación y postulamos que es un derecho de los niños y jóvenes, debemos crear las condiciones para que efectivamente ese derecho se cumpla y se respete.
Lamentablemente, en muchas zonas, en particular en las rurales, nos encontramos con que los niños no tienen ni siquiera un transporte para llegar a sus escuelas.
Ésta es una realidad que los diputados que representan especialmente a las zonas rurales pueden confirmar. Son muchos los niños que tienen que caminar kilómetros para llegar a sus escuelas, lo que atenta contra sus más mínimos derechos. Incluso, he sabido de niños que padecen alguna enfermedad neurológica que deben caminar hasta cinco kilómetros para llegar a su destino.
En la actualidad, los municipios que tienen recursos ofrecen transporte escolar. Por lo tanto, es necesario que garanticemos a todos los niños de familias con problemas económicos que lo tendrán. Además, el Estado debe hacerse cargo de subsidiar a las familias de escasos recursos, de manera de garantizar a los niños que llegarán a sus escuelas en buenas condiciones para estudiar y para desempeñar adecuadamente su deber de ser buenos alumnos.
Por estas razones, votaré a favor.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Gonzalo Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ.-
Señor Presidente , este proyecto no es sólo una buena idea, sino una medida indispensable si se tiene presente la geografía del país, lo apartado que están algunos establecimientos educacionales y, sobre todo, la situación de ciertas zonas rurales durante el invierno, en las cuales, muchas veces, los caminos se hacen intransitables, y, por ende, las considicones son aún más duras.
Por esa razón, anuncio nuestro voto favorable, pues creemos que un sistema educacional como el nuestro debe incluir necesariamente la movilización escolar para aquellos niños de zonas rurales apartadas, de modo de hacerles más factible su derecho a la educación.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Al parecer, no hay diputados que impugnen este proyecto. Por lo tanto, si le parece a la Sala, ¿habría acuerdo para dar la palabra a otros dos diputados para que hablen a favor?
No hay acuerdo.
En votación.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
VIII. INCIDENTES
GESTOS DE LAS FUERZAS ARMADAS EN PRO DEL REENCUENTRO NACIONAL. Oficios.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista y Radical.
Tiene la palabra el diputado señor Camilo Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , en los últimos días, hemos sido testigos de dos importantes gestos en el proceso de reencuentro nacional que vive el país. Sin ir más lejos, ayer hubo un encuentro en la localidad de Quinteros, en la Quinta Región, convocado por el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile , general Osvaldo Sarabia , quien ha posibilitado el reingreso de los oficiales y suboficiales de dicha rama de las fuerzas armadas que no estuvieron de acuerdo con el golpe militar de 1973, restituyéndoles todos sus derechos como miembros de la familia aérea.
A este gesto histórico y de pleno reencuentro, que restableció la condición de pertenecientes a la familia aérea a aquellas personas que sufrieron la violación de sus derechos humanos, el encarcelamiento e, incluso, torturas en el período posterior al 11 de septiembre de 1973, se suma el que se produjo, hace dos semanas, en la isla Dawson, donde la Armada de Chile, encabezada por el contraalmirante señor Arturo Ojeda , recibió a un grupo de ex prisioneros, entre los cuales se encontraban ex ministros y altos funcionarios del gobierno del Presidente Salvador Allende y personas de la Duodécima Región que sufrieron la privación de la libertad y graves violaciones a los derechos humanos en ese lugar.
Ambos importantes encuentros se llevaron a cabo bajo el permanente estímulo y conducción de la autoridad civil, la ministra de Defensa Nacional , señora Michelle Bachelet. Sin duda alguna, tienen especial importancia como gestos institucionales, que se suman a otros realizados por el Ejército de Chile en la misma dirección.
Por lo expuesto, pido que se oficie a la ministra de Defensa Nacional y a los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea y de la Armada de Chile, a fin de expresarles nuestra valoración, como bancada, por estos gestos, tan importantes y valientes, de reencuentro nacional.
He dicho.
-Aplausos.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las bancadas de la Democracia Cristiana, del Partido Radical Social Demócrata, del Partido por la Democracia y del Partido Socialista.
SALUDOS A LAS SECRETARIAS Y A LOS MÉDICOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE SU DÍA. Oficio.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra, por tres minutos, al diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente , el 3 de diciembre se celebran en el país dos días importantes. Uno de ellos es el “Día de la Secretaria”. Por ello, pido, por su intermedio, que se haga llegar un saludo a todas las secretarias que trabajan en esta Corporación. Nuestras secretarias desarrollan una labor muy importante, abnegada, silenciosa, muy profesional y que compromete nuestro trabajo en forma permanente en el Poder Legislativo.
Quiero saludar a todas las secretarias del país y, en especial -reitero- a cada una de las que laboran en la Cámara de Diputados.
Asimismo, hoy se celebra el “Día del Médico”. Quiero saludar no sólo a mis colegas, sino también, en forma especial, a cada uno de los miles de jóvenes que estudian esta profesión.
Ser médico en Chile implica una doble misión. Una de ellas es servir en el ámbito público. Muchos jóvenes piensan que las carreras profesionales sólo están hechas para servirse a sí mismos. En el caso de la medicina, sus profesionales necesariamente deben servir a otras personas, y pueden hacerlo en el sector público o en el privado. Nuestras generaciones normalmente lo han hecho en el sector público. Por eso, la gran mayoría de los médicos en Chile lo primero que hacen cuando se titulan es buscar trabajo en el sector público. Esta formación no debe perderse, pues, en nuestro país, la salud principalmente se hace desde ese ámbito.
Por eso, los radicales creemos que es muy importante saludar, en el “Día del Médico”, a todos los colegas que prestan servicios en el área pública de salud, en cada uno de los rincones de Chile.
Por lo expuesto, solicito que se envíe, en nombre de la Cámara de Diputados, un saludo especial al presidente del Colegio Médico de Chile a fin de que lo haga extensivo a todos los médicos de nuestro país.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
IMPROCEDENCIA DE ACCIONES INVESTIGATIVAS PARALELAS A LA LABOR DE LA JUSTICIA. Oficio.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra al diputado Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA.-
Señor Presidente , en el marco de los casos de pedofilia y de abuso de menores -denominado Spiniak- y que la ciudadanía ha conocido con estupor, hoy, como bancada del Partido Socialista, hemos efectuado una declaración pública, en la cual señalamos que no es procedente ni prudente que se realicen -de acuerdo con nuestro punto de vista y con las versiones dadas por altas autoridades del país- investigaciones paralelas.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Presidente de la Corte Suprema en fin de que nos dé algunas luces respecto de si hay algún tipo de contravención al artículo 73 de la Constitución Política, que establece que solamente los tribunales tienen atribuciones para conocer los delitos que ocurren en nuestro país.
Por otro lado, solicito que se oficie al fiscal nacional del Ministerio Público para que nos informe si en este caso hay obstrucción a la justicia, entendiendo que también se estaría violando el artículo 80, que señala que solo ostentan la facultad de investigar los organismos del Estado, en este caso la Policía de Investigaciones y a Carabineros.
Es importante tener en cuenta la visión de estas instituciones del Estado respecto de esta lamentable situación, conocida por toda la ciudadanía, a fin de contribuir a lo que todos queremos: esclarecer las sistemáticas violaciones que han sido objeto algunos menores en nuestro país, independiente de quienes sean las personas involucradas. A pesar de las diferencias políticas, tengo la plena convicción de que en este hemiciclo todos queremos que se aclare este caso, de modo que en nuestra sociedad no se repitan hechos tan tristes y avergonzantes como los mencionados.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría al Presidente de la Corte Suprema. Sin embargo, no se podrá oficiar al Fiscal Nacional del Ministerio Público , pues la Región Metropolitana aún no se ha incorporado al nuevo sistema procesal penal.
ANTECEDENTES SOBRE PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE BATUCO, EN COMUNA DE LAMPA. Oficio.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Patricio Melero.
El señor MELERO.-
Señor Presidente , solicito oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto a la pavimentación de calles en la localidad de Batuco, comuna de Lampa, cuyo crecimiento poblacional aumenta sostenidamente. En la actualidad tiene más de veinte mil habitantes y sigue cobijando a familias de escasos recursos, a pesar de que se han concretado pocos proyectos inmobiliarios aledaños.
Los vehículos de la locomoción colectiva realizan en Batuco el recorrido que se conoce como la “U” a través de sus avenidas más importantes, como Francia, Argentina y Uribe, entre otras. En ellas hay problemas de pavimentación como consecuencia de los trabajos correspondiente a los programas de saneamiento e infraestructura de agua potable y alcantarillado, pero también de reparaciones hechas con asfalto, en circunstancias de que requieren hormigón.
Dado esos antecedentes, la importancia que tiene para los habitantes de Batuco este hecho y teniendo en vista las numerosas peticiones hechas por las juntas de vecinos de esa localidad, solicito se oficie al señor ministro de la Vivienda para que, por su intermedio la directora del Serviu, señora Laura Gómez , informe sobre los proyectos y recursos destinados a la pavimentación de las calles mencionadas.
Según información de que dispongo, hay 50 millones de pesos que se destinarían a financiar la pavimentación de algunos tramos de las avenidas Argentina y Uribe. Sin embargo, mi preocupación y la de los vecinos es que en esas obras se utilice hormigón. Con ello se mejorará la calidad de vida de los habitantes de esa localidad y el desplazamiento vehicular.
Reitero, me interesa conocer los proyectos de pavimentación que se realizarán en 2004 en Batuco.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.
INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS SUSCRITOS CON EX TRABAJADORES DE ENACAR. Oficio.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Norambuena.
El señor NORAMBUENA.-
Señor Presidente , hace unos días me reuní, en Lota, con un numeroso grupo de ex trabajadores de la Empreas Nacional del Carbón, Enacar, por quienes hace algún tiempo intercedí ante las autoridades del gobierno. En esta oportunidad me pronuncio nuevamente a favor de ellos, pues la respuesta de dichas autoridades no ha sido satisfactoria. En efecto, en aquella ocasión no se dieron explicaciones por supuestos incumplientos de que eran víctimas estos ex trabajadores y la respuesta fue prácticamente una transcripción de los compromisos suscritos en los respectivos protocolos, cuestión que no se pedía.
En los tramos 1, 2 y 3, del protocolo de 1996 se consagra, en primer lugar, la garantía de una pensión mínima de 100 mil pesos y de 90 mil pesos tratándose del tramo 5, con la posibilidad cierta de que, en determinadas circunstancias, resultara una pensión aún mayor, no obstante lo cual aquello no ha estado ni cerca de cumplirse, existiendo muchos beneficiarios que reciben menos de lo comprometido.
Por otro lado, en el protocolo no se fijó ninguna modalidad de jubilación para los ex trabajadores del carbón, quienes, de acuerdo a la legalidad vigente, tenían la posibilidad de optar entre el régimen de retiro programado o el de renta vitalicia, según su parecer y conveniencia. La Enacar -alegan ellos-, mediante un intermediario que ejerció presiones, prácticamente, les obligó a optar por el retiro programado, pese a que éste casi no les beneficia.
En ese sentido, en el protocolo la Enacar se comprometió a poner a disposición de los trabajadores un organismo técnico que los ilustrara y asesorara sobre todas sus dudas en materia previsional, los ayudara a incrementar los fondos establecidos a favor de sus mandantes y los condujera a la adopción de los caminos más idóneos para alcanzar los mejores resultados, razón por la cual surge la entidad denominada para conseguir los objetivos trazados.
Además, ésta no actuó en forma gratuita -como todo el mundo pensaba-, pues se suponía que se trataba de favorecer a los trabajadores que estaban siendo cesados, sino que les cobra a cada uno el 6 por ciento de lo que obtenga.
En la respuesta tampoco aparece nada respecto del tema de salud, en circunstancias que el protocolo dice que hasta que el trabajador se pensione u obtenga otra fuente de trabajo, tendrá derecho a cotizaciones en Fonasa, por un plazo máximo de 5 años, con cargo al empleador. De modo que el 7 por ciento de cotizaciones de salud que corresponde a cada persona no es pertinente que se les descuenten a los beneficiarios. En la práctica, esto es letra muerta, por cuanto rara vez se cotizó y, cuando ello se hizo, al contrario de lo que decía el protocolo, terminó pagando el trabajador, al cual se le efectuaron los descuentos respectivos.
Por otro lado, en materia educacional el protocolo ofreció 60 UF por trabajador capacitado que posteriormente ingresara al mundo laboral, cuestión que nunca se cumplió, ya que esos dineros no llegaron jamás. Es más, existen razones fundadas para pensar que tales fondos fueron desviados a otros menesteres.
Finalmente, en lo concerniente sólo al tramo 5, ellos debieron dejar el 70 por ciento de su bono de reconocimiento para la compañía aseguradora, lo cual claramente les perjudica para el cálculo de su pensión.
Lo anterior trasgrede todas las normas y principios de derecho laboral e internacional. Y mal puede argumentarse -como a veces se ha hecho, aunque éste no es el caso, pues ni siquiera dieron respuesta- que se trata de un acto voluntario, pues bien sabemos que los derechos de los trabajadores son irrenunciables.
La gente de Lota y de la zona del carbón, a quienes tengo el honor de representar, es modesta y de esfuerzo. En gran medida, provienen de ciudades como Lota, Curanilahue, Lebu , Los Álamos , que lideran los ranking de cesantía. Ellos se sienten manoseados y perjudicados por las autoridades, que no tuvieron presente sus intereses a la hora de acordar las condiciones del cierre de la mina, y se consideran inmersos en una cultura política que les miente y los desvía sistemáticamente.
La respuesta entregada al oficio original de esta Cámara no constituyó ninguna novedad para ellos que, según me han dicho, esperaban algo parecido, confuso y evasivo.
Es hora de actuar con seriedad, de dar la cara tanto para los aciertos como para los errores y de responder con claridad, de una vez por todas, porque esta gente, estos mineros y sus familias, se merecen eso y mucho más.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al vicepresidente ejecutivo de la Corfo, para que, a la luz de esta intervención, de las normas establecidas en el protocolo respectivo y de lo acontecido en la práctica, se pronuncie sobre la situación particular de los trabajadores afectados por la realidad antes descrita.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
APOYO A DON MARIO KREUTZBERGER. Oficios.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña.
El señor EGAÑA.-
Señor Presidente , en días pasados se produjo gran revuelo en nuestro país por unas irresponsables declaraciones del senador democratacristiano señor Lavanderos respecto de la Teletón y, principalmente, en contra de su conductor, señor Mario Kreutzberger , los animadores y los artistas.
Parece que se está haciendo una práctica en este Congreso que algunos de sus integrantes hagan afirmaciones irresponsables que después se diluyen.
Hace poco vimos a la diputada señora Pía Guzmán haciendo declaraciones que, definitivamente, resultaron falsas, ya que no había videos, personas, ni quien los viera. Eso fue
dicho por la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.
Ahora último, según lo que publica la prensa, el senador Lavandero ha dado un salto mortal hacia atrás, ya que, como es sabido, hace algunos días formuló una serie de declaraciones en contra de la Teletón, en particular en contra de su conductor.
¿Qué dijo el señor Lavandero en su oportunidad? Según recortes de prensa que obran en mi poder, afirmó que se había informado de esta situación a través de un artículo publicado en un medio electrónico, firmado por el periodista Claudio Ruiz. He realizado algunas averiguaciones y resulta que dicho periodista no existe. Por lo tanto, este parlamentario, que lleva bastante años en el Congreso, se basó en información de dudosa procedencia para hacer afirmaciones irresponsables.
¿Qué dijo este senador democratacristiano? Que Mario Kreutzberger se llevaba el 5 por ciento del total de lo recaudado. ¿Dónde quedó el respeto a la honra y al prestigio de las personas?
Incluso, fue más allá: dijo que el 25 por ciento del restante se destinaba a pagar a los artistas, animadores y demás gente que participaba en el show.
También afirmó que algunas empresas auspiciadoras que participa en la campaña incurren en irregularidades tributarias, porque descuentan sus aportes del pago de impuestos. Hice algunas averiguaciones al respecto para saber si el Servicio de Impuestos Internos ha entablado acciones en contra de alguna de esas empresas. El senador también pidió informes a ese servicio, pero nada ha dicho respecto del daño que causó a Mario Kreutzberger y a todos los artistas con sus irresponsables declaraciones.
No fue posible conocer sus opiniones porque parece que se está haciendo práctica habitual que después de formular una declaración irresponsable se viaje a China.
Quise conocer en detalle las afirmaciones vertidas por el señor Lavandero en el Senado, pero no me fue posible, porque, según se me informó, su intervención fue borrada de las actas del Senado. Desconozco cuáles fueron las razones para proceder de esa forma.
Pero, lo más importante es que hoy un diario titula “Lavandero transforma error en triunfo político en la DC”. ¡Qué falta de respeto! ¡Cómo es posible que por pequeñas ambiciones de un partido político una institución como la Teletón vea enlodada su imagen!
Nadie se responsabiliza acerca de cuáles fueron las declaraciones concretas. Fueron borradas. Nadie las conoce, aunque tengo muchos artículos de prensa al respecto.
También es lamentable la actitud poco consecuente de la bancada de senadores democratacristianos. Están quemando lo que ayer adoraban y adorando lo que ayer quemaban. Y sólo porque el senador Lavandero amenazó con renunciar. Entonces, lo que ayer dijeron para defender la honra de una institución y de una persona que es un ejemplo mundial, hoy no importa, porque lo otro es más importante.
Por eso, a veces nuestro Parlamento recibe tantas críticas y se nos acusa de inconsecuencia. Aquí tenemos el mejor ejemplo.
Lamentablemente, Mario Kreutzberger está muy lejos para defenderse, y no lo hará. Lo conozco hace más de 36 años, y sé cuál es su manera de proceder.
En esta oportunidad quiero entregar nuestro apoyo, particularmente el mío, a Mario Kreutzberger, don Francisco , quien fue injustamente acusado; a una institución que cumplió 25 años y es un ejemplo seguido y copiado no sólo en nuestro país, sino también en varios otros, y a los miles de artistas y animadores que se sacrifican para hacer de la Teletón la gran obra que es, la que por 27 horas hace que los chilenos olvidemos nuestras dificultades.
Hay que recordar que miles de niños, gracias a la Teletón, reciben atención especializada. Si no existiera esa obra, es muy posible que jamás hubieran tenido acceso a algún tipo de tratamiento especializado.
Solicito que se envíe copia de mi intervención al señor Mario Kreutzberger , conductor, creador y motor de la Teletón; a su presidente , don Andrés Navarro ; a sus directores; a la directora ejecutiva de la fundación, doña Ximena Casarejos , y a todas las personas que participaron en la Teletón.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORME SOBRE USO DE DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN QUE CONDUCEN A EXPANSIÓN URBANA. Oficios.
El señor HALES (Vicepresidente).-
En el turno del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente , con sorpresa y molestia me he enterado, a través de “El Mercurio”, que el ministro de Agricultura , señor Jaime Campos , objeta el plan de expansión urbana. Cualquier persona tiene derecho a dar su opinión, pero cuando un ministro de Estado , que representa al Presidente de la República , quiere pronunciarse sobre una política de Gobierno, debe hacerlo al interior de éste y no a través de la prensa.
Además, me parece sumamente grave que sea el Ministerio que encabeza el señor Campos el que aplique el artículo 55 y otros de la ley general de Urbanismo y Construcciones, que permiten lotear terrenos para construir las mal llamadas parcelas de agrado, con lo cual se ha intervenido en el desarrollo urbano, sin contar con urbanización alguna, salvo al interior de los 5.000 metros donde se ubican. Sin embargo, los costos de conexión entre éstas y el resto de la ciudad normalmente recaen sobre el Estado, es decir, sobre todos los chilenos. Así las cosas, la utilidad la obtienen quienes construyen sus parcelas de agrado con falsas casas patronales, pero el costo de ligarlas con el resto del conglomerado urbano corre por cuenta del Estado.
La política de desarrollo urbano propuesta por el ministro de la Vivienda , señor Jaime Ravinet , no persigue promover la expansión urbana, sino regular el crecimiento de Santiago, con normas claras y precisas y megaproyectos de gran inversión que deben considerar la integración urbana. ¿Qué significa esto? Que los proyectos no sólo deben apuntar a un determinado segmento social o planificar sólo proyectos de gran envergadura para gente que tiene mucho dinero. La idea es que cada proyecto contemple, al menos, un 30 por ciento de viviendas sociales, viviendas para sectores medios y otras para sectores altos. El equipamiento y urbanización que éstas requieran será a costa del proyecto, o sea, cada intervención urbana que signifique expandir el límite urbano debe considerar estas condicionantes.
Señor Presidente , como arquitecto, usted sabe tan bien como yo que este tipo de medidas ayudará al crecimiento orgánico de la ciudad y no a una falsa discusión política cuyo objetivo es cambiar el nombre a las cosas y desinformar a la comunidad. Ésta sabe que, nos guste o no, la ciudad va a crecer. ¿Cuál es la misión de la autoridad? Lograr que ese crecimiento sea orgánico y tenga regulación. A eso tienden, en general, a oponerse, con distintas formas de hacer más amable la negativa a asumir los costos de la urbanización.
Estoy convencida de que no es conveniente acelerar la expansión urbana sobre terrenos agrícolas. Debemos defender el derecho a mantener un área rural protegida alrededor de las ciudades. Sin duda, insisto, hay que parar el desarrollo urbano desenfrenado que se emprende sin asumir todos los costos que ello implica.
La política de desarrollo urbano que propicia el Ministerio de la Vivienda, a través de su titular, Jaime Ravinet , tiende a que el desarrollo se haga de manera orgánica y, por lo tanto, será bastante más lento que el actual, porque, considerando todos los gastos, los proyectos deberán ser muy bien estudiados y, sobre todo, contar con un buen financiamiento.
En razón de lo expuesto, solicito que se oficie al señor Jaime Campos , ministro de Agricultura , para que informe sobre la aplicación del artículo 55 y otros de la ley general de Urbanismo y Construcción, que se han traducido en parcelas de agrado, fundamentalmente alrededor de la ciudad de Santiago, pero también en el resto del país.
Por último, pido que el texto de mi intervención se haga llegar a los ministros de la Vivienda y de Agricultura.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, en primer lugar, al ministro de Agricultura solicitándole que explique cómo se ha aplicado el artículo 55 de la ley de Urbanismo y Construcción e informe sobre la depredación de suelo con la aplicación del decreto Nº 3.516, según se desprende de su intervención y, en segundo lugar, al ministro de la Vivienda , con el texto de su intervención y la adhesión de todos los diputados presentes en la Sala.
INVESTIGACIÓN SOBRE USO DE RECURSOS MUNICIPALES EN CAMPAÑA CONTRA SACERDOTE. Oficios.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente , la semana pasada en diversos medios de comunicación, y particularmente en el semanario Siete+7, apareció una entrevista al sacerdote de Quinta Normal, don José Luis Artiagoitía , en que señalaba que se había iniciado una campaña en su contra desde el municipio de Providencia , e identificaba como jefe de la campaña al alcalde subrogante, el abogado don Cristián Espejo , y agregaba que se ocupaban recursos municipales para llevarla a cabo, lo que nada tiene que ver con el giro de un municipio.
Por lo tanto, pido que se oficie al contralor general de la República para que se determine, con consulta al municipio, si el alcalde subrogante se ha abocado a un hecho de esta naturaleza, tan ajeno a la competencia de una municipalidad; si se ocuparon recursos humanos, económicos o espacio físico del municipio. Si la respuesta de la municipalidad de Providencia no es satisfactoria, que la propia Contraloría, en uso de sus facultades, realice un sumario sobre estos hechos.
Asimismo, pido que copia de esta intervención se haga llegar a los concejales del municipio de Providencia y a monseñor Errázuriz , cardenal emérito de la Iglesia Católica.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras Eliana Caraball y María Antonieta Saa y de los diputados señores Leopoldo Sánchez y José Miguel Ortiz.
RECONOCIMIENTO A DIRIGENTES MUTUALISTAS DE LA OCTAVA REGIÓN. Oficios.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente , durante su vida republicana, Chile ha contado con gente muy visionaria en la creación de instituciones de distinta naturaleza. Hace más de 100 años se crearon las mutualidades de diferentes actividades y oficios, como los de carpinteros, ebanistas, fleteros, consideraron conveniente agruparse en sociedades mutualistas, los cuales fueron la cuna del sindicalismo. En 1990, un día, por esas casualidades del destino, cumpliendo mi labor de parlamentario en San Pedro de la Paz -antes que fuera creada como comuna-, fui invitado a conocer la sociedad mutualista que cariñosamente le llaman “los villanos” por ser parte de la villa de San Pedro. Me dispensaron el honor y la distinción de ser socio, lo cual acepté. Lo mismo ocurrió con las sociedades mutualistas “ Lorenzo Arenas ”, “ Juan Martínez de Rozas ”, “ Francisco Bilbao ”, “ Pedro Ríos Zañartú ”, “Pedro de Valdivia” y últimamente “Galvarino de San Pedro Viejo”, y la de los ex alumnos Salesianos.
Hace dos años, en esta Sala rendí homenaje a la mutual “Juan Martínez de Rozas” al cumplir 100 años de existencia. El 5 de julio de este año hice lo mismo con la mutual “Carpintero y Ebanista ” con motivo de cumplirse su centenario. En enero próximo haré lo mismo con la mutual de “Ex Alumnos Salesianos”.
En estos años he aprendido a conocer a las 17 sociedades mutualistas de la provincia de Concepción. He sido partícipe de muchos beneficios y de proyectos reales y efectivos. He aprendido a conocer conceptos como la amistad, la solidaridad, la fraternidad y los afectos, pero no en función del cargo que ostento, porque todo cargo tiene fecha de término.
Por ello, como penquista y mutualista, he sentido un gran orgullo que en el congreso nacional de la Confederación Mutualista de Chile, efectuado en Osorno hace 30 días, por primera vez se haya elegido a un hijo de Concepción como presidente nacional , el abogado José Lira , ex presidente de la mutual “Carpinteros y Ebanistas” y actual consejero nacional.
He querido hacer uso de esta tribuna para hacer un reconocimiento a todos los dirigentes mutualistas de la provincia de Concepción, quienes se organizaron como corresponde, lo que hará posible que el 13 de diciembre asuma oficialmente como presidente nacional de la confederación mutualista de Chile el abogado José Lira. Para quienes somos socios mutualistas es un orgullo que así sea.
Por lo anterior, solicito que se haga llegar a don José Lira el texto de mi intervención, como también a don Francisco Sáez , en su calidad de presidente provincial de los mutualistas de la provincia de Concepción, con mis felicitaciones y mi reiteración de trabajar juntos por el bienestar no sólo de Concepción sino también de la familia mutualista de Chile.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Andrés Egaña , Jaime Quintana , Leopoldo Sánchez , Patricio Hales y las diputadas señoras Eliana Caraball y María Antonieta Saa.
REPOSICIÓN DEL FERROCARRIL AL SUR. Oficio.
El señor HALES (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente , hace dos días, en una jornada histórica, como la que vivieron nuestros compatriotas, hace 110 años, los habitantes de Collipulli, Coigüe, Victoria y Lautaro vivieron, con inmensa alegría, la llegada del tren a Temuco. En efecto, en un extraordinario acto, encabezado por su Excelencia el Presidente de la República , se reinauguró el servicio ferroviario Santiago-Temuco, en un tramo que recorre gran cantidad de ciudades y pueblos, con trenes que se conducen enteramente con la modernidad.
A propósito de este acontecimiento, hay que destacar, en primer lugar el cumplimiento del compromiso presidencial; en segundo lugar, la acción desarrollada por el directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, y en tercer lugar el trabajo realizado por esta Cámara, que despachó, el año pasado un proyecto de ley que permitió que dicha empresa se endeudara con el objeto de desarrollar el Plan Trienal, uno de cuyos objetivos es el que hoy los habitantes de muchas ciudades del sur están celebrando. Por cierto, también el aporte de la bancada ferroviaria que ha venido trabajando desde hace bastante tiempo en esta materia.
En uno de los actos centrales, su Excelencia el Presidente de la República hizo algunos anuncios importantes, por ejemplo, que el tren al sur parará en las comunas de Victoria y Lautaro.
Otro anuncio muy significativo, que viene a refrendar un planteamiento que hace algún tiempo le hiciéramos al directorio de la EFE, fue el de establecer trenes de cercanía hacia la capital regional de La Araucanía, en este caso a Victoria, Lautaro y Temuco. En ese sentido, el Presidente de la República se comprometió a que un tren llamado Expreso Regional cumplirá ese objetivo.
Por tanto, pido enviar oficio, con copia de mi intervención, al presidente de la Empresa de Ferrocarriles del Estado don Luis Asenjo , haciéndole llegar nuestras felicitaciones por este importante logro para el país. Al mismo tiempo, para recabar más información en cuanto a los plazos en que se ejecutarán esos compromisos. Es decir, cuándo entraría en funciones el mencionado expreso regional a las ciudades de Victoria, Lautaro y Temuco.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntándose copia de su intervención, con la adhesión de las diputadas señora Eliana Caraball y María Antonieta Saa , y de los diputados señores José Miguel Ortiz y Leopoldo Sánchez.
PROYECTO SOBRE DERECHO REPRODUCTIVO SEXUAL. Oficio.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señor Presidente , en estos últimos meses hemos sido sorprendidos y escandalizados con la existencia de una red de pedofilia que explota niños y niñas de la calle, así como también lo fuimos al enterarnos de la producción de videos pornográficos infantiles y del abuso sexual cometido por sacerdotes.
Se trata de una red de personas adultas que se aprovechan de su poder y de la desprotección afectiva y social de niños y niñas para usar y ejercer violencia sexual contra ellos. La emergencia de una realidad oculta lleva a confusión y a respuestas poco matizadas. Por ello, queremos reflexionar sobre lo siguiente.
En la cultura machista y patriarcal circula una serie de creencias sobre el carácter compulsivo del deseo sexual masculino, que estimula la emergencia de comportamientos sexuales sin mediaciones, controles o elaboraciones.
En el imaginario se asocian la violencia, la sexualidad y la virilidad, transformando a las personas más débiles en objeto de caza, a quienes someter para obtener placer.
En círculos masculinos, en son de broma, se afirma con ligereza, por ejemplo, que basta que alguien pese más de cuarenta kilos y respire para ser objeto sexual.
Es un secreto a voces la práctica del incesto al interior de muchas familias, la historia de niñas violadas o sometidas a conductas sexuales por sus padres o familiares cercanos. Muchas mujeres deben proteger a sus hijos de los avances de sus segundas parejas y, en una proporción no desdeñable, hacen la vista gorda frente a los asedios sexuales de sus compañeros o familiares, razón por la cual muchas niñas y niños dejan sus hogares sin contar con los recursos y la protección necesarios.
Estas prácticas y creencias justifican y naturalizan los comportamientos sexuales, generando las condiciones para la aceptación y la complicidad, con el sometimiento del más débil y, peor aún, sentando las bases para la emergencia de conductas delictivas de abusos y explotación sexual de menores.
Postulamos que la sexualidad es una realidad que se va construyendo socialmente al interior de las relaciones que las personas establecen entre sí y en las cuales juega un papel importante el poder que detentan. Las formas de concebir, representar y normar los comportamientos sexuales van cambiando a través del tiempo. La lucha de las mujeres contra su subordinación por mayor autonomía y control de su cuerpo y acceso a oportunidades es el mejor ejemplo y está modificando la concepción de la sexualidad. Intenta despojarla de sus dimensiones de dominio y violencia y poner límites al supuesto instinto irrefrenable del macho.
Por eso es extremadamente importante, ahora que la vida personal y social se ha hecho más compleja y plural, que la emergencia de nuevos comportamientos y estilos de vida en el campo de la sexualidad muestren el debilitamiento de la hegemonía del modelo sexual tradicional, basado en la heterosexualidad como norma absoluta y dominio sexual del hombre sobre la mujer.
En medio de diferentes comportamientos se insinúa una búsqueda personal y social por devolver a la sexualidad las dimensiones de decisión, de intimidad, de apego, de creación, de bienestar y de placer. Sin embargo, hechos tan fuertes como la existencia de una red de abuso sexual de menores suscita miedo y lleva a algunas personas a rechazar cualquier cambio en los comportamientos sexuales y a refugiarse en el modelo de la sexualidad más tradicional.
Esta reacción demuestra que no contamos con modelos y criterios sociales para evaluar los diferentes estilos de vida derivados de la complejidad y pluralidad de las sociedades. Cualquiera persona que no sea heterosexual, padre de familia o madre de conducta intachable, se transforma en un peligro. En estos casos se tiende a considerar a un heterosexual sin pareja, a un bisexual o a un homosexual como potencialmente sospechosos de delitos sexuales y vulnerables a la extorsión.
¿Qué se considera decoroso en el caso de una autoridad pública homosexual? ¿Para ser aceptado y no ser sujeto a extorsión, sólo debe tener relaciones estables y públicas? El hecho de que una persona se aleje del modelo de sexualidad patriarcal tradicional no significa automáticamente que sea proclive a cometer delitos de la naturaleza indicada. Los delitos sexuales pueden ser cometidos tanto por personas que públicamente asumen posiciones muy tradicionales de defensa de la familia y la moral cristiana, como por sujetos que llevan otros estilos de vida.
Estamos frente a un nuevo campo de definiciones políticas relativo a los grados de tolerancia social y respeto y reconocimiento a los derechos a la intimidad, a la privacidad y al desarrollo de la identidad personal.
Por eso es tan importante esta conversación. Hemos presentado en la Cámara de Diputados un proyecto de ley marco sobre derecho reproductivo sexual. Sería la oportunidad para que el Congreso Nacional, que representa la soberanía popular, discuta estos hechos. Si no cambiamos esta sociedad, podemos tener una vuelta atrás y una caza de brujas.
Por eso en la sociedad actual es necesaria la discusión sobre sexualidad, ya que lleva a la prevención de la violencia y el delito. Además, debemos incluir una adecuada educación sexual de niñas y niños adolescentes.
Pido que esta intervención se haga llegar a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la cual, una vez más, no ha puesto en tabla el mencionado proyecto, que dará el marco para desempeñarnos de manera real y permitirá lograr los consensos sociales que se necesitan.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
EXPANSIÓN URBANA EN LA REGIÓN METROPOLITANA.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente , no puedo dejar pasar algunos conceptos vertidos en esta Sala acerca de un supuesto conflicto entre los ministerios de Vivienda y de Agricultura a raíz de la publicación en la prensa de hoy de algunas opiniones del ministro de Agricultura.
Al margen de eso, quiero alertar, desde esta Sala, sobre la posibilidad de que se urbanice un terreno que involucra 90 mil hectáreas, de la Región Metropolitana, lo cual constituye una agresión brutal al suelo agrícola.
En Chile hay, aproximadamente, 200 mil hectáreas que se utilizan en la agricultura de exportación en forma exitosa. Hoy, esa superficie se encuentra gravemente amenazada por este proyecto que ha impulsado con una fuerza inusitada el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Como éste es un tema muy complicado y discutible, es necesario que nos demos el tiempo necesario para debatirlo; es necesario evitar que se presione por otras vías para que se apruebe contra viento y marea, sin que exista una opinión ciudadana al respecto.
Santiago ha crecido 65 mil hectáreas en 450 años, dentro de las cuales hay -las cifras varía de acuerdo a quien las da- entre 8 y 12 mil hectáreas de suelos vacíos, de terrenos que están -según se dice- en engorda, esperando mejores precios para efectuar una especulación inmobiliaria. A esto hay que agregar, aproximadamente, 20 mil hectáreas correspondientes al Plan Intercomunal de Chacabuco, elaborado hace seis años, pero aún no se ha cumplido lo que prometieron las autoridades de la época.
Por lo tanto, ¿qué sentido tiene hoy presionar, a través de distintas instancias -la prensa lo recoge muy bien-, al Core para que se incorporen 90 mil hectáreas más a las aproximadamente 60 mil hectáreas que tiene Santiago y a las 30 mil que están disponibles? Creo que ello constituye una barbaridad, un crimen ecológico, por lo que debemos darnos el tiempo para discutir la materia.
Quiero hacer un llamado al ministro de Vivienda y Bienes Nacionales y solicitarle que disminuya la rapidez con que está tratando este tema -que “chante la moto”, como dirían los jóvenes- de manera que podamos discutirlo en el Congreso Nacional y, con todos los elementos a la vista, tomar una decisión con perspectiva de futuro. Si nos equivocamos, no hay vuelta atrás. Por eso, hay que adoptar una decisión responsable.
Si este proyecto sigue adelante y es aprobado -es una opinión que se ha ido generalizando en diversas comisiones de la Cámara de Diputados y en todo el país- se estaría dando un golpe brutal al concepto de regionalización y descentralización y no tendríamos cara para seguir hablando de ello.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.33 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Mediante el oficio Nº 4657 de fecha 20 de noviembre de 2003, esa honorable Cámara ha comunicado al Presidente de la República la aprobación del proyecto de ley del rubro por el Congreso Nacional, a objeto que se pronuncie sobre su derecho a veto.
El mencionado proyecto tiene por objeto facultar al Servicio de Tesorerías para que efectúe anticipos con cargo a la participación que corresponda a las municipalidades en el Fondo Común Municipal, por un monto total de hasta M$ 5.000.000.-, respecto de aquellas Municipalidades que administran establecimientos educacionales traspasados en virtud del decreto con fuerza de ley Nº 1-3.063, de 1979, del Ministerio del Interior, que registren deudas por concepto de asignación de perfeccionamiento docente, devengadas al 30 de abril de 2003, de los profesionales de la educación que se desempeñan en los mencionados establecimientos.
El texto aprobado por el Congreso Nacional satisface íntegramente a la finalidad perseguida y contiene los parámetros y exigencias adecuadas para la materialización de los anticipos que autoriza de los fondos y su posterior reintegro.
No obstante, en su artículo primero, dispone que la facultad de traspaso deberá ejercerse durante el año 2003, de manera que, considerando los trámites posteriores de control de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, promulgación y publicación, el plazo material para ejecutar la norma quedará reducido a unos cuantos días.
La constatación anterior, unida a la necesidad de una multiplicidad de trámites y actuaciones administrativas para concretar los traspasos de fondos que se autorizan, permiten concluir que circunscribir la aplicación de la ley al año 2003 determinarán su ineficacia práctica.
Resulta necesario, entonces, enmendar la referencia al año 2003 y establecer un nuevo período, también acotado, para el ejercicio de la facultad de traspasos que este proyecto establece.
En mérito de lo anterior y en uso de la facultad que me confiere el artículo 70 de la Constitución Política de la República, vengo en formular la siguiente observación al proyecto de ley del rubro:
AL ARTÍCULO 1°
- Para sustituir en el inciso primero del artículo 1°, el guarismo “2003” por “2004”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; JOSÉ MIGUEL INSULZA SALINAS , Ministro del Interior ; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMAN , Ministro de Hacienda ”.
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Gab. Pres. Nº 1454
Ant.: Oficio Nº 4586, de 16.10.2003, de la honorable Cámara de Diputados.
Mat.: Informa lo que indica.
Santiago , 2 de diciembre de 2003.
De: Presidente de la República
A: Señora Isabel Allende Bussi
Presidenta de la honorable Cámara de Diputados:
1. Mediante oficio de la referencia, vuestra Excelencia ha comunicado el acuerdo adoptado por esa Corporación, para archivar el proyecto que crea el Instituto de Propiedad Industrial y modifica otras disposiciones legales. (Boletín Nº 2469-03), previo acuerdo de su Excelencia el Presidente de la República.
2. En relación al requerimiento formulado, informo a vuestra Excelencia que el Ejecutivo considera necesario continuar la tramitación del referido proyecto de ley, dado que aborda perfeccionamientos legales relevantes para el mejor desarrollo sectorial.
3. En mérito de lo anterior, no resulta posible otorgar acuerdo al archivo de la iniciativa legal en referencia que se ha propuesto.
Saluda a vuestra Excelencia.
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República”.
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo el que corresponde cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en casos que indica y que modifica el Decreto Ley Nº 3.063, de 1979, sobre rentas municipales. (Boletín Nº 3248-06).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS, Presidente de la República ; FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
4. Certificado de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social. (boletín Nº 3248-06)
“Valparaíso, 3 de diciembre de 2003.
El abogado secretario de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, planificación y Desarrollo Social, que suscribe, certifica:
Que el texto que se reproduce, debidamente autenticado, contiene la Observación de S.E. el Presidente de la República al proyecto de ley que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en los casos que indica y que modifica el Decreto Ley N° 3063, de 1979, sobre Rentas Municipales (Boletín N° 3248-06-O), con urgencia calificada de “discusión inmediata”, tal como fuera aprobada por esta Comisión, por asentimiento unánime, tanto en general como en particular, en sesión celebrada el día de hoy, con asistencia de los diputados Valenzuela, don Esteban ( Presidente Accidental ); Ascencio, don Gabriel ; Becker, don Germán ; Montes, don Carlos ; Pérez, don Víctor ; y Silva, don Exequiel.
En ejercicio de sus facultades reglamentarias, el Presidente de la Comisión determinó que el veto en informe requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.
La observación recaída en el artículo 1°, inciso primero, de la iniciativa legal en referencia, es de quórum orgánico constitucional.
La Comisión acordó además, que el informe se emitiera en forma verbal directamente en la Sala por parte del señor Valenzuela, don Esteban.
El texto del veto formulado por S.E. el Presidente de la República y aprobado por esta Comisión es del tenor siguiente:
“Para sustituir en el inciso primero del artículo 1° -del proyecto de ley ya individualizado- el guarismo “2003” por “2004”.”.
(Fdo.): SERGIO MALAGAMBA STIGLICH , Abogado Secretario de la Comisión ”.
5. Certificado de la Comisión de Hacienda.
“Valparaíso, 3 de diciembre de 2003.
El Secretario de Comisiones que suscribe, certifica:
Que la observación de S.E. el Presidente de la República , al proyecto de ley que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en los casos que indica y que modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales (boletín N° 3.248-06-0), con urgencia calificada de “discusión inmediata”, fue aprobado por esta Comisión en los mismos términos que la Comisión Técnica, por unanimidad, con la asistencia de los señores Jaramillo, don Enrique ( presidente ), Ortiz, don José Miguel ; Saffirio, don Eduardo y Von Mühlenbrock, don Gastón.
Asistió a la Comisión durante el estudio de la observación el señor Rodrigo Cabello , Asesor del Ministerio del Interior.
La Comisión de Hacienda acordó, además, que el informe se emitiera en forma verbal directamente en la Sala, para lo cual designó Diputado Informante al señor Eduardo Saffirio.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Secretario de la Comisión ”.
Moción de la diputada señora Lily Pérez y de los diputados señores Becker , Pablo Galilea , Kuschel , Olivares , Palma , Vargas y Vilches.
Reforma constitucional que modifica el inciso segundo del artículo 57 de la Constitución Política de la República, impidiendo a los diputados y senadores que tengan el título de abogado litigar ante los tribunales de justicia. (boletín Nº 3425-07)
Fundamentos:
Recientemente la Comisión de Ética del Senado aprobó una recomendación, en virtud de la cual se impidió a los senadores que tuvieran el título de abogado litigar ante cualquier Tribunal de Justicia.
Sin embargo, lo anterior sólo constituye una “recomendación”, sin fuerza vinculante para sus integrantes y no afecta de modo alguno a los diputados, razón por la cual es que por medio de la presente proponemos un proyecto de ley que venga a modificar la Constitución Política prohibiendo tanto a los diputados como a los senadores actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de juicio.
En la actualidad, la Constitución Política y bajo la sanción de cesar en sus cargos, impide a los parlamentarios actuar como abogados o mandatario sólo en juicios contra el fisco, pudiendo en consecuencia, litigar en otro tipo de causas.
Esta incompatibilidad relativa fue concebida en una época en donde no conocíamos las negativas experiencias derivadas del tráfico de influencias y cuando la función legislativa no requería de tiempo completo, carecía de remuneraciones relevantes y no participaban en los nombramientos de los integrantes de los tribunales superiores de justicia.
Como se ha señalado, la Constitución no prohibe a los parlamentarios abogados litigar, pero sería prudente que lo hiciera, para cautelar y preservar el prestigio de la función parlamentaria, sobre todo si en la actualidad, son los parlamentarios, los que aprobamos el presupuesto del poder judicial, podemos destituir a los jueces, a través de la acusación constitucional, sin considerar además que desde 1997, el Senado participa activamente en el nombramiento de los integrantes de la Corte Suprema.
Por lo señalado, no parece acorde con el principio de la separación de poderes, que existan parlamentarios que actúen como litigantes y soliciten al juez la dictación de una sentencia, en circunstancias que el parlamentario decide acerca de su presupuesto, puede acusarlo constitucionalmente e incluso podría condicionar un futuro ascenso del mismo.
Finalmente, resulta conveniente prohibir a los parlamentarios de litigar en cualquier clase de juicios como una forma de cautelar el principio de igualdad entre las partes intervinientes en un proceso judicial. La presencia de un parlamentario como abogado, con los privilegios y prerrogativas de que estar investidos crea un desequilibrio en perjuicio de la contraparte y resta independencia a la judicatura.
En virtud de lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente proyecto de ley:
Derógese del artículo 57 inciso segundo de la Constitución Política, la expresión “contra el fisco”.
7. Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio Nº 2565
Ant.: AD-19.923
Santiago , 27 de noviembre de 2003.
Mediante oficio Nº 4606, de 28 de octubre del año en curso, la señora Presidenta de la Cámara de Diputados ha remitido a esta Corte, de conformidad con los artículos 74 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para su informe, copia del proyecto de ley -iniciado en Mensaje- que regula los sistemas de transporte de energía eléctrica, establece un nuevo sistema de tarifas para los sistemas eléctricos medianos e introduce las adecuaciones que indica a la Ley General de Servicios Eléctricos, boletín Nº 2922-08.
Impuesto el Tribunal Pleno de la materia consultada, en sesión del día 21 de noviembre en curso, presidida por el titular don Mario Garrido Montt y con la asistencia de los ministros señores Libedisnky , Ortiz , Benquis , Rodríguez , Pérez , Álvarez Hernández , Marín , Yurac , Espejo, Medina , Kokisch , Juica y Segura, señorita Morales , y señor Oyarzún acordó informar lo siguiente:
Conforme se indica en el oficio respectivo, se recaba la opinión o informe de esta Corte acerca del artículo 3º del proyecto, que incorpora un Título VI, artículos 130 a 134.
Conforme se desprende de lo establecido en el artículo 74 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la ley Nº 18.918, a la Corte Suprema sólo compete informar en torno a aquellos proyectos que se refieren a la “organización y atribuciones de los tribunales”.
En la especie, la disposición legal consultada añade a la creación del “Panel de Expertos”, su organización, atribuciones y regulación de las “discrepancias” allí consideradas.
En concepto de esta Corte Suprema, el denominado “Panel de Expertos” no es órgano jurisdiccional, en los términos de los artículos 73 y 74 de la Constitución Política de la República y 5º del Código Orgánico de Tribunales. Al ser así, se estima que no corresponde emitir informe sobre la materia consultada.
Se previene que el ministro señor Juica , estuvo por informar negativamente el proyecto en cuestión, en lo que dice relación con el Panel de Expertos que se establece en el Título VI de la ley general de servicios eléctricos, que se pretende incluir en dicho trabajo legislativo.
Tiene para ello presente, que sin perjuicio de señalar dicha normativa que aquel organismo sólo cumple una labor de dictaminar acerca de las discrepancias que se puedan producir con relación a las cuestiones que se enumeran en los Nºs 1 al 12 del artículo 130 y a los conflictos que se pueda dar lugar conforme al inciso final, es lo cierto, que conforme a lo que se estipula en el artículo 133 de dicho proyecto, la resolución que el Panel emita es vinculante, o sea, con fuerza obligatoria, para todos los que participen en el procedimiento y además, sin ulterior recurso, poder que sólo es concebible en un órgano de carácter jurisdiccional, para lo cual, la Constitución Política de la República previene claramente que esa facultad le compete sólo al Poder Judicial y, en particular, a los tribunales establecidos en la ley, explícitamente los señalados en el artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales.
En estas condiciones, observa el previniente que en realidad el aludido Panel de Expertos, aun cuando debe emitir un dictamen, que conforme al oléxico constituye sólo una “opinión o juicio que se forma, o emite sobre una cosa”, al revestirlo la ley del carácter de imperatividad y vinculación para los interesados y órganos públicos, en el fondo le está otorgando también la facultad de conocer y resolver un asunto litigioso que sólo le corresponde al Poder Judicial como claramente lo señala el artículo 73 de la Constitución Política de la República.
La observación efectuada viene también de la discusión parlamentaria suscitada hasta el momento. Así en la página 287 del proyecto, al final del artículo 130 se explica: “Este capítulo y este artículo específicamente establecen la existencia de una instancia de resolución de conflictos y discrepancias en el sector eléctrico...”. Expresiones que denotan claramente la función propia de un tribunal. La misma expresión “solución de conflictos” se repite en el comentario puesto al final de los artículos 131 y 133 del proyecto.
De este modo, para el previniente este organismo se revestiría, por su poder de conocimiento y decisión en cuestiones que conllevan un conflicto de relevancia jurídica, en una comisión especial prohibida en el Nº 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental y afectaría, de la misma manera, el principio del debido proceso de ley, asegurado también en dicho estatuto constitucional.
Es todo cuanto puede este Tribunal informar en torno al proyecto en examen.
Saluda atentamente a V.S.
(Fdo.): MARCOS LIBEDISNKY TSCHORNE , Presidente Subrogante ; CARLOS A. MENESES PIZARRO , Secretario.
A LA SEÑORA PRESIDENTA
CÁMARA DE DIPUTADOS
DOÑA ISABEL ALLENDE BUSSI
VALPARAÍSO”.