Labor Parlamentaria

Del diputado señor Santana

quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy, 11 de agosto de 2016, con lo cual justifica su inasistencia a esta sesión.

Del diputado señor Teillier

quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy, 11 de agosto de 2016, con lo cual justifica su inasistencia a esta sesión.

Del diputado señor Pérez, don José

quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a la sesión de hoy, 11 de agosto de 2016, por impedimento grave.

Diputado Espinoza don Fidel Requiere información relacionada con el estudio de nuevos mecanismos y requisitos que estaría evaluando la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas para la adjudicación a los proveedores del Programa de Alimentación Escolar en la Región de Los Lagos. (22372 de 08/08/2016). A Ministerio de Educación.

Diputado Farcas Requiere información relacionada con las razones por las cuales se habría tomado la decisión de suspender la entrega del denominado Bono de Riesgo a los funcionarios de Carabineros de Chile que se desempeñan en fuerzas operativas. (22373 de 08/08/2016). A varios.

Diputado Farcas Requiere información relacionada con las razones por las cuales se habría adoptado la decisión de suspender la entrega del denominado Bono de Riesgo a los funcionarios de Carabineros de Chile que se desempeñan en fuerzas operativas. (22374 de 08/08/2016). A Contraloría General de la República.

Diputada Álvarez doña Jenny Solicita remitir información relacionada con la primera campaña promocional de consumo de miel elaborada en la Región de Los Lagos, presentada por el gobierno Regional y la Universidad de Los Lagos, en los términos que se solicita (22375 de 08/08/2016). A intendencias.

Diputada Álvarez doña Jenny Solicita remitir información relacionada con el plan del Ministerio de Obras Públicas para la elevación de estándares de los aeródromos a lo largo del país, en los términos que se solicita. (22376 de 08/08/2016). A director de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas.

Diputado Edwards Requiere información sobre la aplicación del Instructivo N° 08600 del 3 de febrero de 2016 dictado por la Contraloría General de la República, destinado a evitar el proselitismo político, precisando si fue comunicado a todos los funcionarios de ese Servicio, si se impartieron charlas de capacitación a su respecto y las medidas concretas adoptadas para su fiel cumplimiento. (22377 de 09/08/2016). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Diputado Edwards Requiere información sobre la aplicación del Instructivo N° 08600 del 3 de febrero de 2016 dictado por la Contraloría General de la República, destinado a evitar el proselitismo político, precisando si fue comunicado a todos los funcionarios de ese Servicio, si se impartieron charlas de capacitación a su respecto y las medidas concretas adoptadas para su fiel cumplimiento. (22378 de 09/08/2016). A Intendencias.

Diputado Edwards Requiere información sobre la aplicación del Instructivo N° 08600 del 3 de febrero de 2016 dictado por la Contraloría General de la República, destinado a evitar el proselitismo político, precisando si fue comunicado a todos los funcionarios de ese Servicio, si se impartieron charlas de capacitación a su respecto y las medidas concretas adoptadas para su fiel cumplimiento. (22379 de 09/08/2016). A secretario regional ministerial de Desarrollo Social la Región de La Araucanía.

Diputado Edwards Requiere información sobre la aplicación del Instructivo N° 08600, del 3 de febrero de 2016, dictado por la Contraloría General de la República, destinado a evitar el proselitismo político, precisando si fue comunicado a todos los funcionarios de ese Servicio, si se impartieron charlas de capacitación a su respecto y las medidas concretas adoptadas para su fiel cumplimiento. (22380 de 09/08/2016). A secretario regional ministerial del Trabajo y Previsión Social de La Araucanía.

Diputado Edwards Requiere información sobre la aplicación del Instructivo N° 08600 del 3 de febrero de 2016 dictado por la Contraloría General de la República, destinado a evitar el proselitismo político, precisando si fue comunicado a todos los funcionarios de ese Servicio, si se impartieron charlas de capacitación a su respecto y las medidas concretas adoptadas para su fiel cumplimiento. (22381 de 09/08/2016). A secretario regional ministerial de Hacienda de La Araucanía.

Diputado Edwards Requiere información sobre la aplicación del Instructivo N° 08600 del 3 de febrero de 2016 dictado por la Contraloría General de la República, destinado a evitar el proselitismo político, precisando si fue comunicado a todos los funcionarios de ese Servicio, si se impartieron charlas de capacitación a su respecto y las medidas concretas adoptadas para su fiel cumplimiento. (22382 de 09/08/2016). A secretario regional ministerial de Salud de La Araucanía.

Diputado Edwards Requiere información sobre la aplicación del Instructivo N° 08600 del 3 de febrero de 2016 dictado por la Contraloría General de la República, destinado a evitar el proselitismo político, precisando si fue comunicado a todos los funcionarios de ese Servicio, si se impartieron charlas de capacitación a su respecto y las medidas concretas adoptadas para su fiel cumplimiento. (22383 de 09/08/2016). A secretario regional ministerial de Gobierno de La Araucanía. .

Diputado Edwards Requiere información sobre la aplicación del Instructivo N° 08600 del 3 de febrero de 2016 dictado por la Contraloría General de la República, destinado a evitar el proselitismo político, precisando si fue comunicado a todos los funcionarios de ese Servicio, si se impartieron charlas de capacitación a su respecto y las medidas concretas adoptadas para su fiel cumplimiento. (22384 de 09/08/2016). A secretario regional ministerial de Agricultura de La Araucanía.

Diputado Edwards Requiere información sobre la aplicación del Instructivo N° 08600 del 3 de febrero de 2016 dictado por la Contraloría General de la República, destinado a evitar el proselitismo político, precisando si fue comunicado a todos los funcionarios de ese Servicio, si se impartieron charlas de capacitación a su respecto y las medidas concretas adoptadas para su fiel cumplimiento. (22385 de 09/08/2016). A secretario regional ministerial de Deporte de La Araucanía.

Diputado Edwards Requiere información sobre la aplicación del Instructivo N° 08600 del 3 de febrero de 2016 dictado por la Contraloría General de la República, destinado a evitar el proselitismo político, precisando si fue comunicado a todos los funcionarios de ese Servicio, si se impartieron charlas de capacitación a su respecto y las medidas concretas adoptadas para su fiel cumplimiento. (22386 de 09/08/2016). A secretario regional ministerial de Justicia de La Araucanía.

Diputado Edwards Requiere información sobre la aplicación del Instructivo N° 08600 del 3 de febrero de 2016 dictado por la Contraloría General de la República, destinado a evitar el proselitismo político, precisando si fue comunicado a todos los funcionarios de ese Servicio, si se impartieron charlas de capacitación a su respecto y las medidas concretas adoptadas para su fiel cumplimiento. (22387 de 09/08/2016). A secretario regional ministerial de Economía, Fomento y Turismo de La Araucanía.

Diputado Edwards Requiere información sobre la aplicación del Instructivo N° 08600 del 3 de febrero de 2016 dictado por la Contraloría General de la República, destinado a evitar el proselitismo político, precisando si fue comunicado a todos los funcionarios de ese Servicio, si se impartieron charlas de capacitación a su respecto y las medidas concretas adoptadas para su fiel cumplimiento. (22388 de 09/08/2016). A secretario regional ministerial del Medio Ambiente de La Araucanía.

Diputado Edwards Requiere información sobre la aplicación del Instructivo N° 08600 del 3 de febrero de 2016 dictado por la Contraloría General de la República, destinado a evitar el proselitismo político, precisando si fue comunicado a todos los funcionarios de ese Servicio, si se impartieron charlas de capacitación a su respecto y las medidas concretas adoptadas para su fiel cumplimiento. (22389 de 09/08/2016). A secretario regional ministerial de Bienes Nacionales de La Araucanía.

Diputado Edwards Requiere información sobre la aplicación del Instructivo N° 08600 del 3 de febrero de 2016 dictado por la Contraloría General de la República, destinado a evitar el proselitismo político, precisando si fue comunicado a todos los funcionarios de ese Servicio, si se impartieron charlas de capacitación a su respecto y las medidas concretas adoptadas para su fiel cumplimiento. (22390 de 09/08/2016). A secretario regional ministerial de Obras Públicas de La Araucanía.

Diputado Edwards Requiere información sobre la aplicación del Instructivo N° 08600 del 3 de febrero de 2016 dictado por la Contraloría General de la República, destinado a evitar el proselitismo político, precisando si fue comunicado a todos los funcionarios de ese Servicio, si se impartieron charlas de capacitación a su respecto y las medidas concretas adoptadas para su fiel cumplimiento. (22391 de 09/08/2016). A Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de La Araucanía.

Diputado Edwards Requiere información relacionada con la posibilidad de incluir en la Ley Ricarte Soto la Colitis Ulcerosa Sangrante como enfermedad catastrófica. (22392 de 09/08/2016). A Ministerio de Salud.

Diputado Edwards Requiere información sobre la aplicación del Instructivo N° 08600 del 3 de febrero de 2016 dictado por la Contraloría General de la República, destinado a evitar el proselitismo político, precisando si fue comunicado a todos los funcionarios de ese Servicio, si se impartieron charlas de capacitación a su respecto y las medidas concretas adoptadas para su fiel cumplimiento. (22393 de 09/08/2016). A Ministerio de Desarrollo Social.

Diputado Edwards Requiere información relacionada con las multas cursadas por parte de la Inspección del Trabajo por el incumplimiento de la normativa laboral respecto al personal de transporte de pasajeros, tanto urbano como rural en la Región de La Araucanía. (22394 de 09/08/2016). A secretario regional ministerial del Trabajo y Previsión Social de La Araucanía.

Diputado Edwards Requiere información relacionada con las multas cursadas por parte de la Inspección del Trabajo por el incumplimiento de la normativa laboral respecto al personal de transporte de pasajeros, tanto urbano como rural en la Región de La Araucanía. (22395 de 09/08/2016). A servicios.

Diputado Edwards

Requiere información relacionada con las mejoras realizadas en los principales caminos de la comuna de Pucón y los eventuales planes de contingencia para reparaciones futuras. (22396 de 09/08/2016). A Ministerio de Obras Públicas.

Diputado Edwards Requiere información relacionada con los accidentes vehiculares y peatonales ocurridos en las rutas que unen a la comuna de Pucón con Caburgua y el estado de los caminos en dicho sector. (22397 de 09/08/2016). A mayor de la 9° Comisaría de Carabineros de Pucón.

Diputado Edwards Requiere información relacionada con la fiscalización por parte de esta Secretaría Regional Ministerial en el cumplimiento de la normativa de transportes, sobre seguridad, condiciones técnicas de los vehículos y la calidad de los servicios de transporte terrestre. (22398 de 09/08/2016). A Secretaria Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones de La Araucanía.

Diputado Andrade

Requiere información relacionada con la situación actual del terreno ubicado en Villa El Tololo, Calle Victoria Parra N° 1849 de la comuna de La Pintana. (22399 de 09/08/2016). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Diputado Andrade

Requiere información relacionada con la situación actual del terreno ubicado en Villa El Tololo, Calle Victoria Parra N° 1849 de la comuna de La Pintana. (22400 de 09/08/2016). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Diputado Castro Requiere información relacionada con las posibles medidas a adoptar respecto a la situación de salud de la señora Claudia Cáceres Sandoval , funcionaria de la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, provocada por el eventual acoso laboral ejecutado en su contra por la directora regional de la Superintendencia de Educación, doña Lorena Cuevas Escobar , quien se encuentra postulando al cargo titular de dicha Dirección Regional. (22401 de 09/08/2016). A Ministerio de Educación.

Diputado Andrade Requiere información relacionada con la situación actual del terreno ubicado en Avenida La Gabriela N° 1044, Población San Ricardo de la comuna de La Pintana. (22402de 09/08/2016). A ministra de Vivienda y Urbanismo.

Diputado Andrade

Requiere información relacionada con la situación actual del terreno ubicado en Avenida La Gabriela N° 1044, Población San Ricardo de la comuna de La Pintana. (22403de 09/08/2016). A director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana.

Diputado Berger Solicita remitir información relacionada con la inclusión en la mesa de trabajo para el proyecto Pista de Aguas Quietas de la comuna de Valdivia, a la Federación Chilena de Canotaje y a la Asociación Deportiva Regional Ainilebu de Canotaje. (22411 de 09/08/2016). A intendencias.

Diputado Berger Solicita remitir información relacionada con la inclusión en la mesa de trabajo para el proyecto Pista de Aguas Quietas de la comuna de Valdivia, a la Federación Chilena de Canotaje y a la Asociación Deportiva Regional Ainilebu de Canotaje. (22412 de 09/08/2016). A Secretaría Regional Ministerial de Deportes de Los Ríos.

Diputado García don René Manuel Solicita remitir información relacionada con fiscalización en el Fondo de Solidaridad e Inversión Social de la Región de La Araucanía a proyectos adjudicados en las comunas de Pucón y Villarrica, desde el 11 de marzo de 2014 a la fecha, y si cumplen con toda la normativa legal vigente, en los términos que se solicita. (22418 de 09/08/2016). A Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Diputado García don René Manuel Solicita disponer una fiscalización en la Corporación de Desarrollo Productivo de La Araucanía, desde el 11 de marzo a la fecha, sobre el cumplimiento de la normativa legal pertinente para los funcionarios y sus contrataciones, en los términos que se solicita. (22419 de 09/08/2016). A Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Diputado García don René Manuel Solicita disponer una fiscalización a candidatos a los cargos de alcalde y concejal en la región, en los términos que se solicita. Asimismo pone en su conocimiento una lista conformada por denuncias sobre candidatos, quienes teniendo contrato con algún organismo público, no estarían cumpliendo con sus funciones y horarios. (22420 de 09/08/2016). A Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Diputado García don René Manuel Solicita remitir la información relacionada con proyectos adjudicados desde el 11 de marzo del 2014 a la fecha en las comunas de Pucón y Villarrica, en los términos que se solicita. (22421 de 09/08/2016). A señora directora regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social de la Región de La Araucanía.

Diputado García don René Manuel Solicita remitir información relacionada con las herramientas fiscalizadoras y las eventuales sanciones para los candidatos independientes que se atribuyan pertenecer a algunas de las coaliciones políticas debidamente inscritas (22422 de 09/08/2016). A directora (s) del Servicio Electoral.

Diputado Núñez Solicita remitir la información relacionada con antecedentes sobre embarcaciones varadas o hundidas y que fueron abandonadas en las costas de la Región de Coquimbo, en los términos que se solicitan. (22423 de 09/08/2016). A gobernador marítimo de la Región de Coquimbo.

Diputado Pérez don Leopoldo Solicita remitir informe sobre la reformulación del Plan de Fiscalización a la Evasión en el Transantiago, solicitando remitir la evaluación de dicho plan, junto a los recursos invertidos en él, desde su implementación a la fecha. (22424 de 09/08/2016). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Diputado Rathgeb Solicita remitir informe sobre la compra de medicamentos para el tratamiento del VIH. (22425 de 09/08/2016). A Ministerio de Bienes Nacionales.

Diputado Rathgeb Solicita remitir información relacionada con los motivos que impidieron efectuar el pago de licencias médicas a la Sra. Brunilda Riffo Araneda , en los términos que se solicita. (22427 de 09/08/2016). A señora presidenta de la Subcomisión Cautín, secretaria regional ministerial de Salud de La Araucanía.

Diputado Rathgeb Solicita remitir información relacionada con los motivos que impidieron efectuar el pago de licencias a la Sra. Brunilda Riffo Araneda , en los términos que se solicita. (22428 de 09/08/2016). A varios.

Diputado Rathgeb Solicita remitir la información relacionada con los motivos que impidieron efectuar el pago de licencias a la Sra. Brunilda Riffo Araneda , en los términos que se solicita. (22430 de 09/08/2016). A varios.

Diputado Kast Requiere información relacionada con las eventuales sanciones administrativas y el procedimiento sumarial que habría llevado a cabo la Contraloría General de la República, por posibles anomalías en el proceso de licitación y adjudicación de cuatro contratos de obras, por instalaciones de Carabineros de Chile ubicados en la Región de Los Lagos y en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (22448 de 10/08/2016). A jefe de la División de Personal de la Administración del Estado de la Contraloría General de la República.

Diputada Molina doña Andrea Requiere información relacionada con el eventual procedimiento de fiscalización que ha dirigido el Departamento de Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Puchuncaví, a la empresa Resitrans . (22449 de 10/08/2016). A alcalde de la Municipalidad de Puchuncaví.

Diputada Molina doña Andrea

Requiere información relacionada con la posibilidad de fiscalizar las faenas de las Mineras Morro Alto y Pachamamita , ubicadas en la comuna de La Calera (22450 de 10/08/2016). A jefe del Departamento de Obras de la Ilustre Municipalidad de La Calera.

Diputada Molina doña Andrea Requiere información relacionada con la posibilidad de fiscalizar las faenas de las Mineras Morro Alto y Pachamamita, ubicadas en la comuna de La Calera. (22451 de 10/08/2016). A jefe del Departamento de Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de La Calera.

Diputada Molina doña Andrea

Requiere información relacionada con la posibilidad de fiscalizar las faenas de las Mineras Morro Alto y Pachamamit,a ubicadas en la comuna de La Calera. (22452 de 10/08/2016). A Ministerio de Salud.

Diputada Molina doña Andrea Requiere información relacionada con la posibilidad de fiscalizar un sitio que sería receptor de residuos provenientes de las instalaciones de la empresa Resitrans , ubicado en el sector de Campiche de la comuna de Puchuncaví. (22453 de 10/08/2016). A Ministerio de Salud.

Diputada Molina doña Andrea Requiere información relacionada con la posibilidad de fiscalizar las faenas de las Mineras Morro Alto y Pachacamita , ubicadas en la comuna de La Calera (22454 de 10/08/2016). A Ministerio Medio Ambiente.

TRATAMIENTO DE PROYECTOS SOBRE TABLA

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin .

El señor CHAHIN.-

Señor Presidente, en la reunión de Comités celebrada el martes, acordamos que si se aprobaba en la Comisión de Hacienda el proyecto de ley, iniciado en mensaje, con urgencia calificada de suma, que “Establece perfeccionamientos en materias de asignaciones para los funcionarios del sector salud que indica y delega facultades para la fijación de las plantas de personal de los Servicios de Salud y del Fondo Nacional de Salud” (boletín N° 10752-11), lo votaríamos hoy.

Me extraña que pese a haber sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda y a estar el informe a disposición de la Sala no figure en el Orden del Día para su discusión, en circunstancias de que ha sido muy demandado por los trabajadores del sector salud.

En consecuencia, solicito que lo discutamos y votemos en la sesión de hoy.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Estoy claro en la situación, señor diputado.

Lo que sucede es que todo eso se hizo sobre la base de que el informe de la Comisión de Hacienda iba a estar listo el miércoles, pero en esa fecha el informe no estaba terminado. Por esa razón no pudimos incorporarlo a la Tabla.

Si la Sala tiene una decisión distinta y unánime, no tengo inconveniente en ello, pero…

El señor CHAHIN.-

Señor Presidente, solicito que requiera el asentimiento de la Sala sobre el tema.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Señor diputado, como a usted siempre le gusta que lo escuchen, le pido lo mismo respecto de la Mesa.

Lo que estoy tratando de explicar es que la razón por la cual no está incluido en la Tabla es la que acabo de señalar.

En consecuencia, y sin perjuicio de aquello, solicito el acuerdo unánime de la Sala para tratar el proyecto mencionado en esta sesión.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, pero deben rendirse los dos informes.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Por cierto, diputado Ortiz .

Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, mi intervención sobre la necesidad de consultar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento respecto de la declaración de día feriado tiene que ver con el punto 17 de la Cuenta y no con la solicitud del diputado Matías Walker de apurar el trámite del cambio de nombre del aeropuerto La Florida por aeropuerto Gabriela Mistral .

El señor ANDRADE (Presidente).-

Así lo entiendo, señor diputado.

Lo que pasa es que solicité la unanimidad y no la obtuve. En todo caso, no tengo inconveniente en solicitarla nuevamente.

Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud para tratar sobre tabla el proyecto que figura en el punto número 11 de la Cuenta, que declara feriado el 20 de septiembre de cada año en la Región de Coquimbo, con motivo de la celebración de la Fiesta de la Pampilla

¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.

El señor ALVARADO.-

Señor Presidente, pido la palabra.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra, honorable diputado.

El señor ALVARADO.-

Señor Presidente, quiero aclarar al diputado Schilling que mencionó dos temas que no tienen relación.

Un punto es lo que vamos a tratar ahora, el proyecto de ley de cambio de nombre del aeropuerto La Florida, de La Serena, y otro distinto es la declaración de feriado del 20 de septiembre de cada año en la Región de Coquimbo. Esos dos temas no tienen ninguna relación.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Lo tengo claro, señor diputado, y así lo hice presente. Lo que ocurre es que pedí el acuerdo unánime de la Sala para tratar sobre tabla el primer proyecto a que se refirió el diputado Matías Walker , y ese acuerdo no se obtuvo.

Lo solicité por segunda vez y tampoco se logró.

El señor ALVARADO.-

Sí, señor Presidente, pero a raíz de esa confusión.

¿Puede pedir nuevamente el acuerdo unánime?

El señor ANDRADE (Presidente).-

En una situación excepcional, voy a pedir por tercera vez el acuerdo unánime de la Sala para tratar sobre tabla, sin que se rinda el informe, el proyecto de ley, iniciado en moción, que está signado en el punto número 11 de la Cuenta, que declara feriado el 20 de septiembre de cada año en la Región de Coquimbo, con motivo de la celebración de la Fiesta de la Pampilla.

¿Habría acuerdo unánime?

Acordado.

-o-

El señor ANDRADE (Presidente).-

El señor Secretario informará respecto de las características de la sesión del próximo martes, para analizar el estado de implementación de las propuestas expuestas por la Comisión Asesora Presidencial encargada de revisar el sistema de pensiones.

El señor LANDEROS (Secretario).-

Honorable Cámara, en virtud del acuerdo de los Comités Parlamentarios celebrado en la sesión del martes pasado, se ha dispuesto citar a la Cámara de Diputados para tratar el tema de las pensiones para el próximo martes, entre las 16.00 y las 18.30 horas, en que el tiempo de 90 minutos se repartirá proporcionalmente entre los Comités, más el tiempo de los 15 minutos previos a utilizar por la bancada correspondiente.

Adicionalmente, se han dispuesto las siguientes medidas:

Las Comisiones no están autorizadas a sesionar simultáneamente con la Sala durante la realización de dicha sesión, salvo aquellas que traten proyectos con urgencia calificada de suma o discusión inmediata.

Las Comisiones que celebren sesiones ordinarias los martes, a partir de las 15.30 horas, estarán autorizadas para adelantar en media hora el inicio de su sesión y sesionar hasta las 16.00 horas, inclusive.

En tercer lugar, las Comisiones que sesionan en el segundo bloque horario -esto es, a las 18.30 horas están autorizadas para retardar el inicio de sus sesiones hasta las 19.00 horas.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .

El señor MELERO.-

Señor Presidente, ¿solo serán invitados el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo y Previsión Social?

El señor ANDRADE (Presidente).-

Señor diputado, efectivamente, los ministros citados son los dos que usted ha mencionado.

Además, entiendo que hay una solicitud para invitar a la superintendenta de Pensiones, lo que fue aprobado por los Comités.

-o-

El señor ANDRADE (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos en orden a que le sea remitido el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Civil en materia de tramitación de muerte presunta de personas desaparecidas en el mar durante faenas de pesca, actualmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (boletín N° 10624-07).

¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.

-o-

El señor ANDRADE (Presidente).-

Se hace presente a la Sala que en el tiempo de votaciones se procederá a votar los proyectos de acuerdo aprobatorios de tratados internacionales de la Tabla de hoy, sin que se rindan sus informes y sin debate, conforme al acuerdo de los Comités adoptado el 12 de abril del año en curso.

INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA

El señor ANDRADE (Presidente).-

Propongo a la Sala integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Procesal Penal para evitar la dilación injustificada de las audiencias en juicio penal (boletín 9152-07), con la siguiente señora diputada y señores diputados: Marisol Turres , Jorge Sabag , Cristián Monckeberg , Raúl Saldívar y Guillermo Ceroni .

¿Habría acuerdo?

Acordado.

PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES COLOMA, GAHONA, GUTIÉRREZ, DON ROMILIO; HERNÁNDEZ; KAST, DON JOSÉ ANTONIO; NORAMBUENA, SANDOVAL, ULLOA, VAN RYSSELBERGHE Y WARD, QUE “MODIFICA EL DECRETO LEY N° 825, DE 1974, LEY SOBRE IMPUESTO A LAS VENTAS Y SERVICIOS, PARA EFECTOS DE EXIGIR LA CONSIGNACIÓN DEL REFERIDO IMPUESTO EN LA BOLETA EN FORMA SEPARADA AL PRECIO DEL PRODUCTO”. (BOLETÍN N° 10850-03)

I. IDEAS GENERALES.

Que de acuerdo a la normativa tributaria actualmente vigente en nuestro país el Impuesto al Valor Agregado constituye aquel tributo que graba las ventas de cosas muebles superiores 180 pesos y dentro de sus características fundamentales destaca ser un impuesto de retención y recargo que en nuestro sistema impositivo asciende a un 19 por ciento.

El IVA rige en prácticamente todos los países y desde el punto de vista de su fisonomía jurídica puede asumir la figura de un crédito fiscal consistente en las compras de incluidas en las facturas de proveedores o de compras, notas de débito y crédito, que acrediten las adquisiciones o utilización de servicios. Junto con lo anterior el referido impuesto asume el carácter de un débito fiscal cuando se encuentre presente en las boletas, facturas, liquidaciones, notas de débito y crédito que son emitidas por ventas de productos o servicios.

Que constantemente desde hace más de 10 años los sucesivos gobiernos de nuestro país han realizado reformas a nuestra legislación tributaria aumentando la base imponible del referido impuesto con el objeto de financiar políticas públicas impulsados por ellos. En esta línea y, más allá de los intereses generales de la nación abogados por las autoridades administrativas, no debemos dejar de lado que la carga impositiva es claramente soportada por las personas, las que deben cumplirlas sin mayor oposición.

En este sentido evidentemente que las políticas de orden impositivo menguan el nivel adquisitivo de los chilenos y frente a ello como autoridades legislativas representantes de millones de electores debemos promover medidas que compensen estas acciones gubernamentales.

II. CONSIDERANDO.

1. Que, como se indicó precedentemente todo aumento impositivo constituye un hecho que afecta día a día el bolsillo de millones de chilenos que ven con impotencia como sus escasos recursos se van en medidas o burocracia que a veces no entienden o que no logran los objetivos para los que son creados.

2. Que el impuesto al valor agregado, IVA, es un impuesto que los chilenos pagan varias veces al día, pues todas las transacciones que realizan comúnmente están afectas a este gravamen, por lo que resulta lógico que los contribuyentes sepan cuánto del precio que pagan por un producto, corresponde al IVA.

3. Que, la transparencia vinculada al conocimiento de los ciudadanos de las cargas respecto de las cuales la ley los obliga, constituye una medida que apunta a la legitimidad de los actos de autoridad que debe ser promovida por los legisladores.

4. Que, la experiencia internacional muestra que son muchos los países donde se desglosa o se desagrega de la suma total el impuesto que, finalmente, pagan los contribuyentes, de manera de transparentar y conocer el impuesto que se paga y ver cómo este gravamen incide en el aumento del vapor del producto.

5. Que, de acuerdo a lo anterior pensamos que esta iniciativa es beneficiosa para los contribuyentes, útil en el sentido de conocer cuánto se paga por concepto de IVA y, consecuencialmente lo que recibe el Fisco en este punto, y de esta formar contar con ciudadanos debidamente informados y exigir de las autoridades competentes una adecuada utilización de los recursos.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO.

Este proyecto tiene por objeto establecer la obligación de consignar en las boletas de compra venta el monto del impuesto pagado en cada operación, debiendo ir esta información luego del precio final a fin de evitar confusiones en el público entre el costo antes y después del impuesto.

El proyecto tiene como objeto fundamental la información y con ello, la protección de los derechos e intereses de las personas sin necesidad alterar los precios por este nuevo deber de información.

Por otro lado, y para no sobrecargar las obligaciones de los vendedores, en especial aquellos que nos disponen de sistema automatizados de impresión, se establece un mínimo a partir del cual las boletas de compraventa deban entregar información adicional, el cual será de $ 1.000.

Asimismo, es dable indicar que este proyecto obedece a un esfuerzo de nuestra bancada en torno a otorgarle a los ciudadanos los antecedentes sobre los cuales se erigen sus actuaciones y en tal sentido esta iniciativa se suma a otras presentadas, entre las cuales destacan la moción interpuesta por esta bancada (boletín 9473-03) y que posee los mismos objetivos que la que actualmente promovemos.

IV. PROYECTO DE LEY:

Artículo único: Agregase un nuevo inciso segundo a la letra b) del Art.53 del DL 825

“Las boletas correspondientes a operaciones que alcance un valor superior a 1000 pesos, deberán consignar luego de la expresión del precio, la información del monto correspondiente al impuesto al valor agregado pagado por el consumidor. Esta información deberá ser proporcionada claramente.”.

PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES SANDOVAL, ÁLVAREZ-SALAMANCA, GAHONA, HERNÁNDEZ, MORALES, NORAMBUENA; URRUTIA, DON IGNACIO, Y VAN RYSSELBERGHE, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS NOGUEIRA Y TURRES, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DE ASESORÍA PREVISIONAL PARA LOS TRABAJADORES”. (BOLETÍN N° 10851-13)

I. IDEAS GENERALES.

La seguridad social, sin lugar a dudas, constituye una de las temáticas más importantes en el mundo del trabajo. En efecto, la necesidad de consagrar un sistema que les otorgue garantías a los trabajadores en torno a gozar de una jubilación digna, constituye un aspecto de la máxima importancia que debe ser abordado por las autoridades gubernamentales y legislativas con sentido de país, más allá de las legítimas diferencias políticas.

Este asunto se circunscribe en una temática amplia y trascendente que vive nuestro país desde hace algunas décadas y que consiste en el constante proceso de envejecimiento poblacional. Así las cosas la esperanza de vida en Chile se empina por sobre los 80 años, en donde el crecimiento demográfico ha sido en un escaso 1,8 por ciento a partir de una ostensible disminución de la natalidad en Chile.

A mayor abundamiento, a mediados del siglo XX, en nuestro país, una de cada tres personas tenía menos de 15 años. En 40 años más, de acuerdo a la proyección estadística inferida geográficamente, serán un 17%.

Los referidos datos son categóricos, nuestro país, requiere realizar reformas que miren directamente a la ancianidad, destinadas a prevenir las carencias que actualmente experimentan nuestros adultos mayores y precisamente, una de ellas, dice relación con el sistema de pensiones actualmente vigente.

Que más allá, del debate surgido acerca de la conveniencia de nuestro sistema de capitalización individual, actualmente vigente, uno de los elementos que consideramos más perniciosos para un trabajador es el desconocimiento que éstos tienen del actual sistema, situación que por cierto, les impiden maximizar las rentabilidades de sus ahorros, generándose una situación claramente perniciosa para los intereses de los trabajadores.

II. CONSIDERANDO.

1. Que, en la actualidad vivimos una época en donde la transparencia en la información resulta fundamental, y en este punto, la información constituye incluso un acto de protección a los trabajadores en torno al conocimiento específico de la suerte y modalidad de los ahorros previsionales de éstos.

2. Que, uno de los aspectos más resaltados a nivel de opinión pública, es el escaso conocimiento de nuestros trabajadores del mecanismo del ahorro de sus ingresos. Tal situación evidentemente debe ser corregida, habida consideración, que a través de una mayor educación previsional se conocerán de un modo más claro y completo los pormenores de los ingresos de ellos, una vez que pasen a formar parte del segmento de población pasiva de nuestra sociedad.

3. Que, por lo mismo, se hace necesario un mecanismo de educación previsional más profundo para los trabajadores, con la finalidad que mucho antes que estos jubilen tengan claro cuál será el monto que les corresponderá por concepto de pensión y en su caso establecer las modificaciones en su sistema de ahorro con la finalidad de percibir una pensión más cuantiosa.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO.

De acuerdo a lo indicado el presente proyecto de ley dispone que el empleador deberá tener a disposición de sus trabajadores a un asesor previsional, con la finalidad que aquellos, tengan conocimiento preciso de su situación en la materia y los mecanismos legales y financieros que se encuentran disponibles para incrementar sus ahorros previsionales y con ello incrementar sus pensiones.

Deliberadamente hemos incorporado esta idea en materia de protección a los trabajadores establecidos en el libro II de nuestro Código del Trabajo, entiendo estas normas desde una perspectiva general lo que recalca la importancia que reviste el ámbito de la seguridad social en la vida laboral, social e institucional de nuestro país.

IV. PROYECTO DE LEY.

Artículo Único: Incorpórese un nuevo Título VI intitulado “de la educación e información previsional de los trabajadores” en el Código del Trabajo estableciendo al efecto, un nuevo artículo 211 K de acuerdo al siguiente tenor:

“El empleador deberá proveer a los trabajadores de una adecuada educación e información previsional facilitándoles de un asesor en la materia, destinado a orientar e instruir en aspectos prácticos y relevantes de nuestra legislación.”.

PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS PROVOSTE Y CICARDINI Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES CARMONA Y ROBLES, QUE “ESTABLECE COMO FERIADO EL DÍA 10 DE AGOSTO DE CADA AÑO EN LA REGIÓN DE ATACAMA, CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL DÍA DEL MINERO”. (BOLETÍN N° 10852-06)

I. ANTECEDENTES

1. El día 10 de agosto de cada año se conmemora el “Día del Minero”, otorgándose un reconocimiento legal a tan noble actividad, desarrollada por nuestros compatriotas desde hace muchos años. En ese día se conmemora a San Lorenzo de Tarapacá, patrono de los mineros en Chile, que es celebrado desde el Siglo XIX; incluso hay registros históricos que señalan que dicha fecha fue festiva en nuestro país hasta el año 1751.

2. Como día nacional fue establecido en el año 1984 mediante el Decreto 1.040 del Ministerio del Interior que fijó todos los 10 de agosto como “Día Nacional del Minero”, posteriormente el año 2009 se publicó la ley N° 20.363, que instauró en la misma fecha el “Día del Minero”. Esta ley en su artículo único señala que “Instituyese el 10 de agosto de cada año como el Día del Minero”.

“La actividad minera en Chile es anterior a la llegada de los españoles. Existen bastantes pruebas de que los primeros habitantes del norte de nuestro país, desarrollaron la extracción de minerales”[1], prueba de ello son los innumerables vestigios arqueológicos consistentes en herramientas mineras de origen indígena que han sido encontradas en el norte de nuestro país; el declarar feriado este día también es una conmemoración a una de las tradiciones milenarias de nuestros pueblos en la zona como lo es el extraer los frutos de la tierra.

3. Tal reconocimiento legal, no fue una mera casualidad, ya que como sabemos la actividad minera forma parte de nuestra historia, constituyendo un pilar fundamental para el desarrollo y crecimiento del país.

4. La minería es la principal actividad económica de Atacama, según cifras oficiales la explotación de yacimientos corresponde al 34,4% de su Producto Interno Bruto[2], siendo el más importante sector exportador de la III Región, con un monto de 1.231,2 millones de dólares y una participación de 88,9% sobre el total de envíos regionales[3].

5. Sabemos que no es una labor fácil, siempre ha estado acompañada de dificultades y peligros que viven día a día los mineros para desarrollar su trabajo caracterizado por la manipulación de explosivos y maquinaria pesada, arriesgando su salud e incluso su vida. El trabajo de los mineros es desarrollado en muchas ocasiones en climas y ambientes hostiles y de alto riego, en los que se encuentran expuestos a accidentes y a contraer enfermedades profesionales.

6. Otra característica representativa de los mineros en nuestro país, es que fueron parte de movimientos migratorios desde el centro y sur de Chile. Grupos de personas que viajaban con el sueño de encontrar una mina para explotar, o simplemente en busca de mejores expectativas laborales. De hecho, se estima que entre los años 1835 y 1865 la población en Atacama prácticamente se duplicó debido a este fenómeno[4].

7. Lo anterior refleja que desde aquellos años, la historia de la región de Atacama ha estado ligada a esta actividad, toda vez que la mayor parte de la producción minera del país proviene de nuestra región, en donde la actividad minera es el principal eje económico.

8. Los mineros forman parte y son el reflejo de nuestra identidad regional, que a lo largo del tiempo configuraron un particular estilo de vida, en la que las dinámicas de trabajo de la actividad minera estructuraron las prácticas y las relaciones sociales, especialmente en función de los ciclos y procesos productivos[5]. Es por esto que su labor debe ser reconocida y admirada, lo que se debe recoger en la legislación, y por ser la actividad de mayor importancia para la Región de Atacama es de toda justicia que su día sea feriado en su territorio.

9. Por ello, como parte de un reconocimiento a los trabajadores mineros, se propone en esta iniciativa establecer como feriado regional el Día Nacional del Minero, celebrado el 10 de agosto de cada año, fecha que recuerda la celebración de San Lorenzo patrono de la minería, como una forma de retribuir el importante papel que los mineros han tenido para la historia de nuestra región.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único: Declarase feriado regional el día 10 de Agosto de cada año para la Región de Atacama por conmemorarse en dicha fecha el “Día del Minero”.

PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CICARDINI, FERNÁNDEZ, PASCAL Y RUBILAR, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ESPINOSA, DON MARCOS; MONSALVE, OJEDA, POBLETE Y SANDOVAL, QUE “ESTABLECE UN SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS ADULTOS MAYORES”. (BOLETÍN N° 10853-18)

I. IDEA MATRIZ

El presente proyecto de ley busca establecer la promoción y protección de los derechos y garantías de los adultos mayores, atendiendo a que en la actualidad existe un progresivo envejecimiento de la población y aún no existe un marco jurídico que regule de manera integral esta realidad.

II. ANTECEDENTES

-El envejecimiento de la población chilena es acelerado, y se ha agudizado fuertemente el crecimiento de los adultos mayores de mayor edad. Cada vez más chilenos sobrepasan la barrera de los 80 años[1], siendo las personas mayores de 75 años el grupo que más ha crecido. Además de su crecimiento de forma proporcional, estos se han visto afectados por enfermedades crónicas que tienen como consecuencia las pérdida de funcionalidad y autonomía, situación que genera una gran dependencia.

-Debido a este crecimiento acelerado que ha experimentado la población chilena, es que hoy existen importantes demandas en materia de pensiones, salud, políticas de cuidado a las personas con problemas de dependencia, recreación y cultura, así como otros beneficios sociales[2].

-A las demandas señaladas a lo largo de la historia se les ha dado respuesta a través de un proceso de evolución institucional, el que se puede resumir de la siguiente forma:

-El Servicio Nacional del Adulto Mayor, es creado por la Ley N° 19.828, el año 2002, y es el órgano público encargado de velar por la plena integración del adulto mayor a la sociedad, su protección ante el abandono e indigencia, y el ejercicio de los derechos que la Constitución de la República y las leyes reconocen a este grupo de personas. Constituye un servicio público, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social. Entre sus funciones, corresponde proponer al Presidente de la República las políticas, planes y programas para diagnosticar y contribuir a la solución de problemas del adulto mayor.

-Pese a tener rango reglamentario, por su importancia se menciona también el Decreto N° 14 de 2010, del Ministerio de Salud que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores. En estos establecimientos residen las personas mayores de 60 años que por motivos psicológicos o sociales, requieren de un medio protegido y de cuidados diferenciados para la prevención y mantención de su salud, estimulación de su funcionalidad y reforzamiento de sus capacidades remanentes.

-Modificaciones legales sobre maltrato contra el adulto mayor:

1.- Ley N° 20.427 que incluye expresamente al adulto mayor dentro del ámbito de protección de la Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar, asimismo, facultó al juez de familia a decretar como medidas cautelares en protección del adulto mayor víctima de VIF, su internación en un hogar o institución autorizado por ley, cuando se encuentre en situación de abandono, esto es, un estado de desamparo que afecte al adulto mayor que requiera de cuidados, y finalmente, eliminó la exención de responsabilidad criminal por hurto, defraudación y daños que se cometan contra parientes, cuando la víctima sea mayor de sesenta años, con el objeto de aumentar la protección penal por abusos patrimoniales contra adultos mayores.

2.- Ley N° 20.480, incorporó como situación de riesgo inminente de sufrir maltrato constitutivo de VIF, el hecho de que un adulto mayor, dueño o poseedor, a cualquier título, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios o bien, se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por algunos de los parientes señalados en el artículo 5 de la Ley N° 20.066 de VIF.

-A nivel internacional se ha desarrollado hace ya algunas décadas, la idea de crear un estatuto que otorgue protección jurídica especial al adulto mayor, ejemplo de este reconocimiento es el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, que constituye el instrumento internacional por medio del cual se reconocen de manera directa los derechos del adulto mayor.

-En Latinoamérica, se observa la existencia de leyes específicas para las personas adultas mayores. En México, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (2002); Costa Rica, la Ley N° 7.935 Integral para la Persona Adulta Mayor (1999); y Perú, la Ley N° 28.803 de las Personas Adultas Mayores (2006). Todas ellas coinciden en regular derechos y beneficios de las personas adultas mayores, deberes que corresponden tanto al Estado como a la sociedad y la familia, y la institucionalidad encargada de este segmento de la sociedad.

-En Chile, si bien se advierte una creciente preocupación por fortalecer las políticas sociales referidas al adulto mayor, no existe un marco jurídico que aborde de manera integral la protección de las personas adultas mayores, ni se contempla una iniciativa como en materia de infancia, para proteger de manera integral a este grupo vulnerable y de mayor estado de indefensión.

-Las disposiciones constitucionales contemplan un reconocimiento general que incluye a “todos los sectores de la nación”. Así, la Constitución Política de la República establece en su artículo 1°, inciso 4, el deber del Estado de crear las condiciones sociales que permitan a todos los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. Asimismo, constituye un deber constitucional del Estado “promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional” (artículo 1, inciso final del texto constitucional).

-Sin embargo, el proceso de institucionalidad en Chile, en materia de adulto mayor, no ha sido suficiente, es así como en el año 2014 la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Resolución N° 21 que tiene por objeto contar con una Ley Integral del Adulto Mayor, el que hace especial mención al funcionamiento que tuvo la Comisión Especial de Adulto Mayor, que actualmente tiene carácter de permanente como Comisión de Familia y Adulto Mayor, como muestra de la importancia que la Cámara de Diputados otorga al reconocimiento y protección de los derechos de las personas mayores.

-Además señalar, el Programa de Gobierno 2014-2018 de la Presidenta Michelle Bachelet, en materia de Derechos Ciudadanos propone diversas medidas para la protección de la población conformada por adultos mayores. Teniendo entre las principales propuestas las siguientes:

-En materia de pensiones se estableció que en la medida que se aprobara la reforma tributaria, sería posible avanzar en modificaciones tanto en el monto de las pensiones con en la cobertura del Sistema de Pensiones Solidarias. Creado en el año 2008. Sin perjuicio del restablecimiento del Bono de Invierno que promete restituir la Presidenta Bachelet en sus primeros 100 días de gobierno.

-Crear el Sistema Nacional de Cuidado, enfocado en servicios sociales en materia de cuidados, como un nuevo componente al sistema de protección social. Este sistema debe incluir tanto la promoción de la autonomía de las personas mayores, así como el apoyo sistemático y continuo a quienes están en situación de dependencia.

-Brindar servicios de tele asistencia y de ayuda domiciliaria a personas autovalentes, y apoyo para adecuar sus viviendas a las necesidades especiales de seguridad y desplazamiento.

-Poner en funcionamiento una red pública de establecimientos de atención en cada región, para los adultos mayores de alta dependencia en situación de abandono que integre las prestaciones del sistema de pensiones y del sistema de salud público, asegurando una oferta pública y estableciendo el estándar de atención para esta población.

-Regularizar el régimen vigente de residencias de larga estadía para adultos mayores. Constituir un registro obligatorio de éstos y de todos aquellos que brindan servicios de cuidados domiciliarios, quienes deberán cumplir con una nueva normativa que garantice mediante determinados estándares de calidad y atención, que las personas bajo su responsabilidad estén adecuadamente protegidas y seguras.

-Señalar, que el 15 de junio 2015, en la OEA, Chile suscribe la Convención Interamericana de DDHH, de las personas mayores, sin embargo dicho instrumento internacional no ha sido ratificado por parte del Estado de Chile, y enviado al Parlamento, lo que nos obliga a la presentación de esta iniciativa legal con el objeto de establecer y regular de forma completa y sistemática los derechos y libertades fundamentales de las personas mayores, con reconocimiento a la contribución que realizan a la comunidad, sin discriminación fundada en la edad, ni sometidos a ningún tipo de violencia. Esto no obstante el Director del SENAMA ha señalado que se ingresar al parlamento en las próximas semanas.

-o-

-La necesidad de establecer una ley marco o estatuto sobre los derechos de los adultos mayores se hace aún más evidente al vernos enfrentados en estos últimos meses a la muerte de un adulto mayor de 84 años de edad, en la comuna de Puente Alto, en un Establecimiento de Larga Estadía (ELEAM) administrado por la Fundación AMSCA. Sin embargo este hecho no es el único que se investiga, ya que llegaron diversas denuncias por parte de familiares y de funcionarios durante meses al SENAMA, como la muerte de este hombre de 84 años que estuvo 9 días sin ser alimentado, de una anciana que fue aplastada por una puerta, un tetrapléjico cubierto de moscas por sus escaras, así como la contratación de gran parte de la familia del director de la Fundación. Esta irregularidades deben ser solucionadas, y como legisladores tenemos que hacernos cargo de una agenda legislativa más inclusiva y que se pronuncie sobre el estado de desampara y olvido en que se encuentran nuestros adultos mayores, siendo objeto de maltrato, discriminación y segregación.

Por todo lo expresado, venimos en presentar el siguiente Proyecto de Ley.

PROYECTO DE LEY

TÍTULO I

CUESTIONES PRELIMINARES

Párrafo 1

Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto promover, proteger y asegurar el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de los adultos mayores, reconocidos en la Constitución Política de la Republica, en los tratados internacionales que hayan sido ratificados por Chile que se encuentren vigentes, y en las demás leyes.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por adulto mayor a toda persona de 60 o más años de edad, sin distinción de sexo.

Artículo 2°.- Obligados por esta Ley. La presente ley es de orden público, de interés social y de observancia general de la sociedad de respetar, promover y proteger los derechos de los adultos mayores.

Párrafo 2°

Aplicación e interpretación

Artículo 3°.- Reglas de interpretación y aplicación. En la interpretación de las leyes y normas reglamentarias referidas a la promoción, protección, inclusión y reconocimiento del goce y derechos de los adultos mayores se deberá atender a lo contenido en los Tratados Internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en esta Ley.

Dicha interpretación deberá fundarse en todos los principios señalados en esta ley, y en los demás establecidos en los tratados internacionales, que vayan en beneficio de los adultos mayores.

Artículo 4°.- Aplicación de la presente ley. La presente ley se aplicará a todo adulto mayor que se encuentre dentro del territorio jurisdiccional de la Republica, sin perjuicio de las normas especiales que regulen estas materias.

TITULO II

PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS

Artículo 5.- Igualdad y no discriminación. Queda prohibida por la presente Ley toda forma de discriminación, en razón de la edad en la vejez.

Los órganos del Estado podrán desarrollar enfoques específicos en sus políticas, planes y normas sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros.

Artículo 6.- Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez. Los órganos del Estado podrán adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población. Los que tomaran las medidas para que las instituciones públicas y privadas ofrezcan a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos, eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas relacionados con el miedo a la muerte de los enfermos terminales.

Artículo 7.- Derecho a la independencia y a la autonomía. Los adultos mayores tienen el derecho a tomar decisiones, a la definición de su plan de vida, a desarrollar una vida autónoma e independiente, conforme a sus tradiciones y creencias, en igualdad de condiciones y a disponer de mecanismos para poder ejercer sus derechos.

El Estado podrá adoptar las medidas necesarias para establecer programas, políticas o acciones para facilitar y promover el pleno goce de estos derechos por la persona mayor, propiciando su autorrealización, el fortalecimiento de todas las familias, de sus lazos familiares y sociales, y de sus relaciones afectivas. En especial, propenderán a asegurar:

a) El respeto a la autonomía de la persona mayor en la toma de sus decisiones, así como a su independencia en la realización de sus actos.

b) Que la persona mayor tenga la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vea obligada a vivir con arreglo a un sistema de vida específico.

Artículo 8.- Derecho a la participación e integración comunitaria. La persona mayor tiene derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para su integración en todas ellas.

Los órganos del Estado podrán adoptar las medidas necesarias para que la persona mayor tenga la oportunidad de participar activa y productivamente en la comunidad, y pueda desarrollar sus capacidades y potencialidades. A tal fin:

a) El Estado podrá crear y fortalecer de mecanismos de participación e inclusión social de la persona mayor en un ambiente de igualdad que permita erradicar los prejuicios y estereotipos que obstaculicen el pleno disfrute de estos derechos.

b) El Estado podrá generar instancias que permitan la participación de la persona mayor en actividades intergeneracionales para fortalecer la solidaridad y el apoyo mutuo como elementos claves del desarrollo social.

c) El Estado podrá velar de manera preferente por la disponibilidad de las instalaciones y los servicios comunitarios, en igualdad de condiciones, de la persona mayor y tengan en cuenta sus necesidades.

Artículo 9.- Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia. La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la cultura, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen social, nacional, étnico, indígena e identidad cultural, la posición socio-económica, discapacidad, la orientación sexual, el género, la identidad de género, su contribución económica o cualquier otra condición.

La persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato. Se entenderá por violencia contra la persona mayor cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona mayor, tanto en el ámbito público como en el privado.

Se entenderá que la definición de violencia contra la persona mayor comprende, entre otros, distintos tipos de abuso, incluso el financiero y patrimonial, y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra.

Los órganos del Estado podrán tomar las medidas necesarias, dentro del ámbito de sus competencias para:

a) Promover la adopción de medidas legislativas, administrativas y de otra índole para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los actos de violencia contra la persona mayor, así como aquellas que propicien la reparación de los daños ocasionados por estos actos.

b) Promover la producción y divulgación información con el objetivo de generar diagnósticos de riesgo de posibles situaciones de violencia a fin de desarrollar políticas de prevención.

c) Promover la creación y el fortalecimiento de servicios de apoyo para atender los casos de violencia, maltrato, abusos, explotación y abandono de la persona mayor. Fomentar el acceso de la persona mayor a dichos servicios y a la información sobre los mismos.

d) Propender al fortalecimiento de mecanismos de prevención de la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, dentro de la familia, unidad doméstica, lugares donde recibe servicios de cuidado a largo plazo y en la sociedad para la efectiva protección de los derechos de la persona mayor.

e) Promover la información y sensibilización a la sociedad en su conjunto sobre las diversas formas de violencia contra la persona mayor y la manera de identificarlas y prevenirlas.

f) Promover las condiciones para la capacitación y sensibilización a funcionarios públicos, a los encargados de los servicios sociales y de salud, al personal encargado de la atención y el cuidado de la persona mayor en los servicios de cuidado a largo plazo o servicios domiciliarios sobre las diversas formas de violencia, a fin de brindarles un trato digno y prevenir negligencia y acciones o prácticas de violencia y maltrato.

g) Generar las condiciones para el desarrollo de programas de capacitación dirigidos a los familiares y personas que ejerzan tareas de cuidado domiciliario a fin de prevenir escenarios de violencia en el hogar o unidad doméstica.

h) Promover mecanismos adecuados y eficaces de denuncia en casos de violencia contra la persona mayor, así como reforzar los mecanismos judiciales y administrativos para la atención de esos casos.

i) Promover activamente la eliminación de todas las prácticas que generan violencia y que afectan la dignidad e integridad de la mujer mayor.

Artículo 10.- Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La persona mayor tiene derecho a no ser sometida a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 11.- Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. La persona mayor tiene el derecho irrenunciable a manifestar su consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. La negación de este derecho constituye una forma de vulneración de los derechos humanos de la persona mayor.

Para garantizar el derecho de la persona mayor a manifestar su consentimiento informado de manera previa, voluntaria, libre y expresa, así como a ejercer su derecho de modificarlo o revocarlo, en relación con cualquier decisión, tratamiento, intervención o investigación, en el ámbito de la salud, los órganos del Estado propenderán a elaborar y aplicar mecanismos adecuados y eficaces para impedir abusos y fortalecer la capacidad de la persona mayor de comprender plenamente las opciones de tratamiento existentes, sus riesgos y beneficios.

Dichos mecanismos deberán asegurar que la información que se brinde sea adecuada, clara y oportuna, disponible sobre bases no discriminatorias, de forma accesible y presentada de manera comprensible de acuerdo con la identidad cultural, nivel educativo y necesidades de comunicación de la persona mayor.

Las instituciones públicas o privadas y los profesionales de la salud se abstendrán de administrar tratamientos, intervenciones o investigaciones de carácter médico o quirúrgico sin el consentimiento informado de la persona mayor.

En los casos de emergencia médica que pongan en riesgo la vida y cuando no resulte posible obtener el consentimiento informado, se podrán aplicar las excepciones establecidas de conformidad con la legislación nacional.

Artículo 12.-Derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo. La persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados que provea la protección y promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda; promoviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y autonomía.

Los órganos del Estados diseñaran medidas de apoyo a las familias y cuidadores mediante la introducción de servicios para quienes realizan la actividad de cuidado de la persona mayor, teniendo en cuenta las necesidades de todas las familias y otras formas de cuidados, así como la plena participación de la persona mayor, respetándose su opinión. Se deberán adoptar medidas tendientes a desarrollar un sistema integral de cuidados que tenga especialmente en cuenta la perspectiva de género y el respeto a la dignidad e integridad física y mental de la persona mayor.

Artículo 13.-Derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información. La persona mayor tiene derecho a la libertad de expresión y opinión y al acceso a la información, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población y por los medios de su elección.

Artículo 14.- Derecho a la privacidad y a la intimidad. La persona mayor tiene derecho a la privacidad y a la intimidad y a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar o unidad doméstica, o cualquier ámbito en el que se desenvuelvan, así como en su correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación.

La persona mayor tiene derecho a no ser objeto de agresiones contra su dignidad, honor y reputación, y a la privacidad en los actos de higiene o en las actividades que desarrolle, independientemente del ámbito en el que se desenvuelva.

Artículo 15.- Derecho a la seguridad social. Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna.

El Estado tenderá progresivamente, dentro de los recursos disponibles, que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna, teniendo especial consideración en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de los medios de subsistencia.

Artículo 16.- Derecho al trabajo. La persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad.

El Estado adoptará todas las medidas para impedir la discriminación laboral de la persona mayor. Queda prohibida cualquier distinción que no se base en las exigencias propias de la naturaleza del cargo, de conformidad con la legislación nacional y en forma apropiada a las condiciones del empleo.

El empleo o la ocupación deben contar con las mismas garantías, beneficios, derechos laborales y sindicales, y ser remunerado por el mismo salario aplicable a todos los trabajadores frente a iguales tareas y responsabilidades.

Los órganos del Estado adoptarán las medidas legales, administrativas o de otra índole para promover el empleo formal de la persona mayor y regular las distintas formas de autoempleo, con miras a prevenir abusos y garantizar una adecuada cobertura social y el reconocimiento del trabajo no remunerado.

Los órganos del Estado podrán promover políticas laborales dirigidas a propiciar que las condiciones, el ambiente de trabajo, horarios y la organización de las tareas sean adecuadas a las necesidades y características de la persona mayor.

Los órganos del Estado alentarán el diseño de programas para la capacitación y certificación de conocimiento y saberes para promover el acceso de la persona mayor a mercados laborales más inclusivos.

Artículo 17.- Derecho a la salud. La persona mayor tiene derecho a su salud física y mental, sin ningún tipo de discriminación.

Los órganos del Estado propenderán a diseñar e implementar políticas públicas intersectoriales de salud orientadas a una atención integral, que incluya la promoción, prevención y la atención de salud en todas las etapas, y la rehabilitación y los cuidados paliativos de la persona mayor a fin de propiciar el disfrute del más alto nivel de bienestar, físico, mental y social.

Para hacer efectivo este derecho, se tenderá a lo siguiente:

a) Al aseguramiento de la atención preferencial y el acceso universal, equitativo y oportuno en los servicios integrales de salud de calidad basados en la atención primaria, y aprovechar la medicina tradicional, alternativa y complementaria, de conformidad con la legislación nacional y con los usos y costumbres.

b) A la formulación, implementación, fortalecimiento y evaluación de políticas públicas, planes y estrategias para fomentar un envejecimiento activo y saludable.

c) Al fomento de políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva de la persona mayor.

d) Al fomento, cuando corresponda, la cooperación internacional en cuanto al diseño de políticas públicas, planes, estrategias y legislación, y el intercambio de capacidades y recursos para ejecutar planes de salud para la persona mayor y su proceso de envejecimiento.

e) Al fortalecimiento de las acciones de prevención a través de las autoridades de salud y la prevención de enfermedades, incluyendo la realización de cursos de educación, el conocimiento de las patologías y opinión informada de la persona mayor en el tratamiento de enfermedades crónicas y otros problemas de salud.

f) Al fortalecimiento el acceso a beneficios y servicios de salud asequibles y de calidad para la persona mayor con enfermedades no transmisibles y transmisibles, incluidas aquellas por transmisión sexual.

g) Al fortalecimiento la implementación de políticas públicas orientadas a mejorar el estado nutricional de la persona mayor.

h) A la promoción del desarrollo de servicios socio-sanitarios integrados especializados para atender a la persona mayor con enfermedades que generan dependencia, incluidas las crónico-degenerativas, las demencias y la enfermedad de Alzheimer.

i) Al fortalecimeint de las capacidades de los trabajadores de los servicios de salud, sociales y socio-sanitarios integrados y de otros actores, en relación con la atención de la persona mayor.

j) A la promoción y fortalecimeinto de la investigación y la formación académica profesional y técnica especializada en geriatría, gerontología y cuidados paliativos.

k) A la formulación, políticas referidas a la capacitación y aplicación de la medicina tradicional, alternativa y complementaria, en relación con la atención integral de la persona mayor.

l) A la promoción las medidas necesarias para que los servicios de cuidados paliativos estén disponibles y accesibles para la persona mayor, así como para apoyar a sus familias.

m) A la promoción de la disponibilidad y el acceso a los medicamentos de las personas mayores.

n) A la promoción a que las persona mayor tengan acceso a la información contenida en sus expedientes personales, sean físicos o digitales.

o) A la promoción y garantía progresiva, y de acuerdo con sus capacidades, el acompañamiento y la capacitación a personas que ejerzan tareas de cuidado de la persona mayor, incluyendo familiares, con el fin de procurar su salud y bienestar.

Artículo 18.- Derecho a la educación. La persona mayor tiene derecho a la educación en igualdad de condiciones con otros sectores de la población y sin discriminación, y a participar en los programas educativos existentes en todos los niveles, y a compartir sus conocimientos y experiencias con todas las generaciones.

Las instituciones educacionales, públicas o privadas, podrán tomar las medidas que estimen adecuadas para incluir en sus planes y programas contenidos relacionados con el envejecimiento y las personas mayores.

Artículo 19.- Derecho a la cultura. La persona mayor tiene derecho a su identidad cultural, a participar en la vida cultural y artística de la comunidad, al disfrute de los beneficios del progreso científico y tecnológico y de otros productos de la diversidad cultural, así como a compartir sus conocimientos y experiencias con otras generaciones, en cualquiera de los contextos en los que se desarrolle.

Los órganos del Estado podrán promover las medidas necesarias para asegurar el acceso preferencial de la persona mayor a los bienes y servicios culturales, en formatos y condiciones asequibles.

El Estado fomentará programas culturales para que la persona mayor pueda desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, para su beneficio y para el enriquecimiento de la sociedad como agente transmisor de valores, conocimientos y cultura. Además, impulsará la participación de las organizaciones de personas mayores en la planificación, realización y divulgación de proyectos educativos y culturales.

Artículo 20.-Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte. La persona mayor tiene derecho a la recreación, la actividad física, el esparcimiento y el deporte.

Los órganos del Estado prodrán promover el desarrollo de servicios y programas de recreación, incluido el turismo, así como actividades de esparcimiento y deportivas que tengan en cuenta los intereses y las necesidades de la persona mayor, en particular de aquella que recibe servicios de cuidado a largo plazo, con el objeto de mejorar su salud y calidad de vida en todas sus dimensiones y promover su autorrealización, independencia, autonomía e inclusión en la comunidad.

La persona mayor podrá participar en el establecimiento, gestión y evaluación de dichos servicios, programas o actividades.

Artículo 21.- Derecho a la propiedad. Toda persona mayor tiene derecho al uso y goce de sus bienes y a no ser privada de estos por motivos de edad.

Ninguna persona mayor puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

El Estado podrá adoptar todas las medidas necesarias para garantizarle a la persona el mayor ejercicio del derecho a la propiedad, incluida la libre disposición de sus bienes, y para prevenir el abuso y la enajenación ilegal de su propiedad.

El Estado podrá adoptar las medidas para eliminar toda práctica administrativa o financiera que discrimine a la persona mayor, principalmente a las mujeres mayores y a los grupos en situación de vulnerabilidad respecto del ejercicio de su derecho a la propiedad.

Artículo 22.- Derecho a la vivienda. La persona mayor tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, y a vivir en entornos seguros, saludables, accesibles y adaptables a sus preferencias y necesidades.

El Estado podrá adoptar las medidas pertinentes para promover el pleno goce de este derecho y facilitar que la persona mayor tenga acceso a servicios socio-sanitarios integrados y servicios de cuidados domiciliarios que le permitan residir en su propio domicilio conforme a su voluntad.

El Estado tenderá a la adopción de las medidas necesaria para que las personas mayores tengan derecho a una vivienda digna y adecuada y podrá promover la adopción de políticas de promoción del derecho a la vivienda y el acceso a la tierra reconociendo las necesidades de la persona mayor y la prioridad en la asignación a aquella que se encuentre en situación de vulnerabilidad.

Artículo 23.- Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal. La persona mayor tiene derecho a la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, y a su movilidad personal.

A fin de garantizar la accesibilidad y la movilidad personal de la persona mayor para que pueda vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, el Estado podrá adoptar, de manera progresiva medidas pertinentes para asegurar el acceso de la persona mayor, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ESPINOSA, DON MARCOS, ANDRADE, MELO, SANDOVAL Y SILBER, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CICARDINI, GIRARDI, PROVOSTE, SEPÚLVEDA Y VALLEJO, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO DE AGUAS, EN MATERIA DE EXIGENCIAS PARA LAS OBRAS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y MONTO DE LAS MULTAS APLICABLES”. (BOLETÍN N° 10854-33)

“Considerandos:

1.- La Constitución Política de la República establece en su artículo 1° que:

“El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta constitución establece”; y más aún, el artículo 19 N° 9 de la Carta Fundamental asegura a todas las personas el derecho a la protección de la salud y el 19 N° 8 “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”. En este mismo precepto se señala además que es deber del estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.

2.- Este marco de resguardo al ser humano y de preservación del medio ambiente donde éste se desenvuelve, está íntimamente ligado con el actual problema que existe en Chile, sobre escasez hídrica, especialmente en la zona norte del país.

3.- Debido al cambio climático que afecta a nuestro planeta, producido por la aceleración en el derretimiento de los glaciares en el ártico, provocan aumento en las cantidades de agua dulce. En Chile por ejemplo las cifras indican que la disponibilidad hídrica es de 1.226.000 m3 al año por kilómetro cuadrado.

No obstante, esta supuesta abundancia, es relativa puesto que hay una serie de problemas de tipo geográficos, que hacen que la distribución sea desigual. Así las cosas, los habitantes de la Región de O´Higgins hacia el sur, disponen de una mayor cantidad que el promedio mundial, mientras que aquellos que viven entre las regiones Arica y Parinacota y Metropolitana cuentan con sólo 1.000 m3/año/hab, cifra considerada muy baja y preocupante también, debido a que en esta zona habita el 61% de la población.

4.- Otro factor está relacionado con la demanda del agua, la cual aumenta precisamente en aquellas áreas en que su disponibilidad es extremadamente baja (entre las regiones de Arica y Parinacota y Metropolitana), debido a la actividad minera de la zona.

5.- Esto es preocupante en las regiones del Norte, principalmente de Antofagasta y Atacama, regiones mineras, cuya relación entre esta actividad económica y el uso de las aguas, pugna con el desarrollo de otras actividades como la agricultura y la ganadería ovina, e incluso con el consumo humano.

6.- Lo anterior se debe a la mecánica utilizada por las empresas mineras para el uso de las aguas, autorizada por el propio Código de Minería.

Dicho cuerpo normativo establece que el titular de una concesión minera tiene, por el solo ministerio de la ley, el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en las labores de su concesión, en la medida en que tales aguas sean necesarias para los trabajos de exploración, de explotación y de beneficio que pueda realizar, según la especie de concesión de que se trate.

7.- Los derechos antes mencionados son inseparables de la concesión minera y se extinguen con ésta. Y es precisamente en zonas estratégicas de salares y cuencas donde existen concesiones de distinta indole que hacen preocupante el control sobre la cantidad de agua extraída.

8.- La situación se torna más compleja al comprobar que la Dirección General de Aguas, organismo dependeinte del Ministerio de Obras Públicas, encargado de promover la gestión y administración del recurso hídrico en un marco de sustentabilidad, interés público y asignación eficiente, no tiene un control cierto, como ha quedado demostrado en citaciones a su Director General, en actividades fiscalizadoras propias de la Camara de Diputados.

9.-Actualmente conocemos casos judicializados entre mineras y el Estado por usurpación de agua, los cuales tienen penas de multas irrisorias en comparación con el verdadero daño al ecosistema, a los salares y al recurso hídrico en general, al no tener un afectado directo. Por otro lado las multas que se ordenan cancelar quedan a beneficio fiscal, como lo señala expresamente el Código de Aguas en su articulo 176, cuando lo ideal sería que dichas multas y pagos pudieran ser destinados a las zonas directamente afectadas, financiando proyectos o programas de desarrollo y protección de las comunidades.

10.- Por otro lado los informes con que cuenta la Dirección sobre extracción de agua son realizados por las propias empresas mineras, existiendo duda razonable respecto de la veracidad de los mismos.

11.- En base a lo mencionado es que se logran detectar dos problemas específicos, y que se enceuntran determinados legalmente. Uno es el mínimo rango valórico en que se puede determinar la multa o sanción por usurpación de agua, (La multa no puede ser mayor a 20UTM, es decir, $918.000 aproximadamente) principalemente por parte de empresas mineras, y segundo, que los controles practicados por la Dirección General de Aguas no son una obligación para las obras donde se hace aprovechamiento de aguas.

12.- Por lo anterior es que se postula el presente proyecto de ley, con la finalidad de poder elevar el rango para la aplicación de multas, además de hacer obligatorio el monitoreo de uso de aguas e informes para todas aquellas obras en que se utilice agua subterránea. Ello independiente de las facultades fiscalizadoras de la Dirección General de Aguas.

13.- Por lo anterior, y en mérito de lo expuesto, se hace presente el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo Único: Modifíquese el Código de Aguas en el siguiente sentido:

1. Incorpórese en el artículo 68 el siguiente inciso segundo nuevo:

“Toda obra de aprovechamiento de agua deberá contar con sistemas de medición de extracción y tener periodicamente sus respectivos informes”

2.- Reemplácese en el artículo 173 el término “veinte” por “ doscientos” quedando de la siguiente manera:

“Toda contravención a este código que no esté especialmente sancionada, será penada con multa que no podrá exceder de doscientas unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las otras responsabilidades civiles y penales que procedan”.

Articulo transitorio:

“Todas aquellas obras que esten sometidas a lo establecido en el inciso segundo del arículo 68, deberán contar con los sistemas de medición e informacion ahí señalados, a contar de seis meses de la entrada en vigencia de esta ley”.