Labor Parlamentaria

El señor ANDRADE (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar la modificación introducida por el Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al diácono Guido Goossens Roell .

De conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios adoptados ayer, la discusión de este proyecto se limitará a dos discursos, de hasta cinco minutos cada uno.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, sesión 59ª de la presente legislatura, en 18 de agosto de 2016. Documentos de la Cuenta N° 12.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Germán Verdugo .

El señor VERDUGO.-

Señor Presidente, este proyecto fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados durante su primer trámite constitucional.

Ahora, vuelve a nuestra Corporación para conocer la modificación introducida por el Senado, consistente en citar el nombre completo del beneficiario, esto es, Guido María Alfons Goossens Roell .

Por lo tanto, solicito aprobar dicha modificación.

La iniciativa permitirá otorgar la nacionalidad chilena, por especial gracia, a un hombre que, sin duda, lo merece, por haber dedicado toda su vida a servir a los más necesitados.

El diácono Guido Goossens es una persona que se caracteriza por su sencillez, humildad, profundidad, carisma y transparencia. Ha trabajado de manera especial con las personas que están recluidas en las cárceles, prestándoles su apoyo no solo espiritual, sino también material.

Muchos reclusos que cumplen su sentencia y son puestos en libertad a las 12 de la noche de un día cualquiera, llegan a golpear la puerta de la casa del hermano Guido , quien los recibe hasta que puedan reubicarse en sus hogares, ya sea en Talca o en otras ciudades.

Por el valioso servicio que Guido Goossens ha prestado a la ciudad de Talca, en la que ha dado demostración de las virtudes que lo adornan como ser humano, merece ser un chileno más.

En consecuencia, solicito a mis colegas que concurran con su voto favorable a la modificación del Senado.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece el 8 de agosto de cada año como el Día de los Juzgados de Policía Local.

De conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios adoptados el día martes, la discusión de este proyecto se limitará a dos discursos, de hasta cinco minutos cada uno.

Diputada informante de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones es la señora

Maya Fernández .

Antecedentes:

-Moción, sesión 24ª de la presente legislatura, en 18 de mayo de 2016. Documentos de la Cuenta N° 16.

-Informe de la Comisión de Cultura, Arte y Comunicaciones, sesión 52ª de la presente legislatura, en 9 de agosto de 2016. Documentos de la Cuenta N° 10.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (de pie).-

Señor Presidente, la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones pasa a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, originado en una moción de los diputados Leonardo Soto , Fuad Chahin , Sergio Espejo , Daniel Farcas , Daniel Melo , José Miguel Ortiz , Raúl Saldívar , Gabriel Silber , Marisol Turres y de quien habla, Maya Fernández , que establece el 8 de agosto de cada año como el Día de los Juzgados de Policía Local.

La idea matriz o fundamental del proyecto consiste, por una parte, en valorar y relevar la función que realizan los hombres y las mujeres que trabajan en los juzgados de policía local del país, mediante el establecimiento de su día nacional, y, por otra parte, simbolizar con ello el reconocimiento a la importante labor que cumplen en la comunidad local donde ejercen su competencia, acercando la justicia a las personas con verdadero sentido de servicio público.

En Chile, encontramos la génesis de los juzgados de policía local en instituciones judiciales decimonónicas, como los jueces de paz, y también en juzgados de inferior jerarquía, pero con una gran cercanía a la comunidad, especialmente en comunas rurales apartadas, donde los problemas vecinales son ventilados y solucionados al alero de un tribunal que imparte justicia con un acabado conocimiento de las normas, pero también de la realidad comunitaria y de su entorno.

Se ha elegido el 8 de agosto porque ese día, en 1963, se publicó la ley Nº 15.231, que fija el texto definitivo y refundido de la ley de organización y atribuciones de los juzgados de policía local.

Posteriormente, la ley Nº 18.287, de 7 de febrero de 1984, se encargó de regular de forma exclusiva los procedimientos ante estos juzgados.

Al instituir el 8 de agosto de cada año como el Día Nacional de los Juzgados de Policía Local, el proyecto quiere destacar la importancia del aporte que tal judicatura, en especial de todos los funcionarios que laboran en esos tribunales, ha realizado al desarrollo del país, consolidando el Estado de derecho y acercando la justicia a las personas.

Existen juzgados de policía local en casi todas las 346 comunas del país; incluso más, en algunas comunas más grandes existe más de un juzgado. Chile cuenta con más de 350 juzgados de policía local a lo largo y ancho de todo el país, incluida la Isla de Pascua.

Sus más de 3.500 funcionarios -hombres y mujeresson personas comprometidas con el servicio público, que se caracterizan por su imparcialidad, su profesionalismo y sus conocimientos administrativos y jurídicos, destacándose además por su buena disposición para atender el llamado de los vecinos. Ahí están los jueces letrados, los secretarios abogados y todos los funcionarios que cumplen la abnegada tarea de colaborar con la administración de justicia local. ¡Para todos ellos, vaya este sencillo homenaje!

Durante el debate de esta iniciativa, los integrantes de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones coincidieron con los fundamentos y la legítima aspiración de sus impulsores en cuanto a contar prontamente con una ley que permita el justo reconocimiento a todas las personas que, con dedicación y profesionalismo, dentro de sus competencias, se abocan a la solución de los conflictos, la protección de los derechos y la justicia local, todo lo cual incide en el diario actuar de los vecinos.

Por otra parte, igualmente manifestaron su total acuerdo con la moción, en cuanto a establecer por ley este día nacional. Para ello, hacen un llamado a la buena disposición de las autoridades para otorgar las condiciones necesarias a sus trabajadores, que les permitan realizar una merecida celebración cada 8 de agosto.

Por las razones expuestas, la comisión procedió a dar su aprobación a la iniciativa, tanto en general como en particular, por la unanimidad de sus integrantes presentes, señores Espinosa , Farías (Presidente), señora Maya Fernández y señores Ojeda (en reemplazo del señor Torres) , Poblete y Teillier .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Poblete .

El señor POBLETE.-

Señor Presidente, cuando hablamos de los funcionarios de juzgados de policía local, hablamos de personas que forman parte de nuestro aparataje administrativo y que, día a día, están haciendo un trabajo de hormiga que, sin lugar a dudas, aporta a un mejor vivir a la ciudadanía.

Los integrantes de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones estuvimos muy contentos de recibir este proyecto, porque habla, tal como diría Pablo Neruda , del hombre sencillo, cotidiano, de un funcionario público que trabaja permanentemente para sacar adelante el país en ese espacio casi invisible que es, a veces, la administración pública.

Por lo tanto, espero que cada 8 de agosto esos funcionarios disfruten una fiesta particular, de manera que darles ese espacio de celebración me parece un mínimo acto de justicia y alegría para muchos funcionarios -casi 4.000 personas que trabajan en esos servicios.

Envío a esos funcionarios un abrazo desde la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones y desde la Cámara de Diputados, porque creemos que necesitamos este tipo de actos y de celebraciones, para poner un poco de color a esos, a veces, grises días de los funcionarios públicos.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo .

El señor JARAMILLO.-

Señor Presidente, solo quiero comentar que en 1941 se dicta la ley N° 6.827, que significó un cambio fundamental y profundo en la organización y atribuciones de los juzgados de policía local. Antiguamente, hasta los alcaldes podían ejercer la función de juez de policía local.

Como adelantó la diputada informante, antes se consideraba que el juez de policía local tenía el carácter de jefe de oficina; es decir, era considerado un funcionario más de la municipalidad.

Posteriormente, en 1932, cuando comenzó a cambiar el esquema con que se regían los municipios en su relación con los juzgados de policía local, la Corte Suprema sostuvo que los jueces de policía local reunían los caracteres tanto de funcionarios del orden judicial como de funcionarios del orden administrativo, y esto marcó un profundo cambio para esos juzgados.

El 8 de agosto, que es la referencia a lo que establece este proyecto, se publicó la ley N° 15.231, que fija el texto definitivo y refundido de la ley de organización y atribuciones de los juzgados de policía local.

Posteriormente, en 1984, otra ley se encargó de regular de forma exclusiva los procedimientos ante estos juzgados.

Indudablemente, este día significará recuerdos especiales para quienes, con sapiencia, capacidad y tolerancia, aplicaron la justicia en esas instancias. Aunque faltan algunas municipalidades que dispongan de un juzgado, casi todo el país ha logrado contar con ellos.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora de las condiciones generadas por el Estado a través de la política forestal expresada en el decreto ley N° 701, como factores que favorecieron un escenario de colusión.

De conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados el martes 31 de marzo de 2015, se destinarán diez minutos para rendir el informe y luego un tiempo de debate de una hora, que se repartirá de manera proporcional entre las bancadas.

Diputado informante es el señor Daniel Núñez .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Especial Investigadora, sesión 35ª de la presente legislatura, en 21 de junio de 2016. Documentos de la Cuenta N° 12.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor NÚÑEZ, don Daniel (de pie).-

Señor Presidente, cumplo con rendir el informe de la Comisión Especial Investigadora de las condiciones generadas por el Estado, a través de la política forestal expresada en el decreto ley N° 701, como factores que favorecieron un escenario de colusión, acerca de su competencia y, en particular, sobre las conclusiones y sugerencias a las que arribó.

En función del tiempo asignado, me saltaré la parte protocolar de la creación de la comisión y me centraré directamente en las conclusiones y proposiciones aprobadas por ella.

Es preciso consignar que en la última sesión celebrada por esta comisión especial investigadora, prorrogada legal y reglamentariamente, se procedió a discutir y votar las conclusiones y proposiciones presentadas por este diputado informante, que derivan del trabajo realizado en cumplimiento de su mandato.

Puestas en votación las referidas conclusiones y proposiciones, fueron aprobadas por unanimidad, con los votos a favor de la diputada Loreto Carvajal y de los diputados Fuad Chahin, Iván Fuentes , Carlos Abel Jarpa y quien habla

Las principales conclusiones y proposiciones aprobadas por esta comisión especial investigadora fueron las siguientes:

Lamentablemente, en los últimos años. y con mayor frecuencia, los consumidores chilenos han sido víctimas de la colusión. Hechos emblemáticos, que han conmocionado a la opinión pública, son los casos de las farmacias y las empresas productoras de pollos. Sus autores son grandes empresas que en algunos casos forman parte de importantes grupos económicos, los cuales poseen decisivas cuotas de mercado, poder que les ha permitido administrar a su antojo el negocio y, por la vía de repartirse el mercado y fijar precios, amasar suculentas ganancias.

La alta concentración e integración vertical y horizontal de las empresas han permitido en Chile el florecimiento de este tipo de carteles.

La colusión forma parte de los delitos económicos, también llamados de “cuello y corbata”, que por su carácter altamente secreto e invisible pueden convertirse en una negativa tendencia para nuestro país. Se trata de los atentados más graves contra la libre competencia, fenómeno que se agravó luego de que el 2003 desapareció de la legislación chilena la pena de cárcel para este tipo de delitos.

En octubre del año pasado, la opinión pública fue profundamente impactada por los antecedentes entregados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). En su requerimiento, aportó antecedentes sobre colusión entre la empresa de origen sueca SCA Chile S.A. y CMPC, del grupo Matte , para controlar durante diez años los precios y las cuotas de mercado de los productos de papel tissue. Estos artículos corresponden a aquellos derivados de la pulpa de papel, y sus principales productos son el papel higiénico, las toallas de papel, seguidos por las servilletas, los pañuelos desechables y los faciales.

Pero la colusión también tiene también una dimensión e impacto en América Latina. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Perú (Indecopi) detectó que CMPC se coludió en esa nación con la firma Kimberly Clark . Esto motivó que la empresa admitiera su responsabilidad y se acogiera al programa de clemencia. Este fenómeno es preocupante, porque la empresa CMPC no solo sería líder en exportar celulosa y madera, sino que también en internacionalizar la colusión.

Para esta comisión investigadora fue sumamente grave que la riqueza obtenida por el cartel integrado por CMPC y SCA Chile S.A. se obtuviera mientras se perjudicaba el presupuesto de cada una de las familias chilenas en productos de primera necesidad. El sobreprecio y los correspondientes perjuicios aún son incalculables. Los consumidores han sido víctimas de un mercado abusivo y desigual.

A diferencia de lo sucedido con otras comisiones investigadoras, el análisis de la colusión del papel confort se produjo mientras se tramitaba en paralelo un proyecto de ley que apuntaba al corazón de la colusión y otro que busca garantizar mayores derechos de los consumidores ante el poder de las empresas.

El proyecto de ley que modificó el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 211, de 1973, el cual establece normas para la defensa de la libre competencia, fue aprobado recientemente por nuestro Congreso Nacional y debe ser prontamente promulgado por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet . E n él se encuentran muchas propuestas que, a juicio de esta comisión, permitirán subsanar las principales debilidades que actualmente nos rigen en esta materia. La más relevante es la reposición de la cárcel efectiva por este tipo de delitos y el aumento de las multas hacia quienes atenten contra la libre competencia.

Se valora dotar a la Fiscalía Nacional Económica de la competencia legal de realizar estudios de mercado obligatorios para, de esa manera, conocer en detalle áreas de negocios que puedan tener altos niveles de concentración que lo conviertan en un riesgo para la libre competencia.

Asimismo, se destacan las medidas que regulan el interlocking, porque no corresponde que un directivo de una empresa participe en un cargo similar en otra compañía competidora.

Otra atribución interesante del proyecto de ley mencionado es establecer un régimen de control de operaciones de fusión no solo verticales, sino también horizontales.

Otro gallo cantaría para CMPC y la sueca SCA Chile si esta legislación hubiese estado vigente.

La comisión también consideró necesario revisar la Ley de Sociedades Anónimas para mejorar los mecanismos de control de los directorios de las empresas a fin de evitar prácticas colusorias. Esto, porque según la CMPC, durante los diez años que operó la colusión nunca detectaron este tipo de malas prácticas.

Un aspecto relevante a considerar para limitar la concentración es asignar cuotas máximas de participación en el mercado.

Como la colusión no solo afectó a los consumidores, también pedimos al Ministerio de Hacienda efectuar un cálculo actualizado de los perjuicios que habría causado al Estado de Chile la colusión a raíz de las compras que se hicieron a las empresas que formaron el cartel. Solicitamos que se nos haga llegar esa información vía oficio para establecer el respectivo mecanismo de compensación y analizar eventuales acciones legales.

Asimismo, la comisión también detectó perjuicios en contra de algunas pequeñas empresas del canal institucional, como Dismer. Dicha firma, dedicada a la venta de rollos de papel higiénico y productos de aseo, interpuso una querella contra la CMPC por fijación maliciosa de precios.

El pasado viernes 8 de julio el Tribunal de Garantía de Puente Alto amplió por otros treinta días el plazo de investigación para realizar diligencias pendientes. Esta es la única querella que se encuentra activa en el respectivo tribunal. Otras dos fueron recurridas en la Corte de Apelaciones para evitar que se extingan.

Decreto ley N° 701, de Fomento Forestal

A 42 años de la puesta en marcha del decreto ley N° 701, destinado a la ampliación de la masa forestal por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), liderada en ese entonces por Julio Ponce Lerou , la comisión consideró que ese subsidio estatal se encuentra obsoleto y que generó una serie de externalidades negativas.

Durante su primera etapa, contribuyó a la creación de las hoy dos grandes empresas que concentran la industria forestal y que mantienen una fuerte integración vertical y horizontal del mercado: CMPC y Arauco .

Los grupos económicos Matte y Angelini , según Ciper , ingresaron a sus negocios cerca de 600.000.000 de dólares que el Estado les traspasó a sus empresas madereras durante cuarenta años para financiar plantaciones de pino y eucaliptos.

Esta alta concentración económica les confirió poder de mercado y la posibilidad de asignar cuotas y fijar precios. Manejar estos factores se tradujo en altos beneficios económicos para ambas empresas, pero con un nefasto efecto en la competitividad del mercado. Por ejemplo, pequeños productores de madera y aserraderos no pueden competir con los precios de los grandes monopolios, tal como lo expuso la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Industriales de la Madera (Pymemad) ante la comisión investigadora.

Este modelo forestal concentrador ha provocado no solo colusión en el papel tissue con el mencionado subsidio estatal, sino también graves perjuicios ambientales y sociales en diversos territorios, especialmente en comunidades mapuches. Así lo aseguró la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo y Pymemad.

Representantes de las comunidades mapuches María Colipi viuda de Maril y Lov Choque , de la comuna de Tirúa, Región de La Araucanía, denunciaron ante la comisión que la instalación de empresas forestales en sus territorios ancestrales ha significado despojo de sus tierras, destrucción del bosque nativo y falta de agua, lo que se ha traducido en generación de pobreza y violencia.

Proposiciones y sugerencias

Solicitar al Ministerio de Agricultura que acelere el envío del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, organismo que reemplazará a la Conaf, requisito fundamental para el diseño de una nueva política forestal.

La comisión sugiere considerar en el diseño de los nuevos lineamientos forestales las recomendaciones hechas por la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo:

a) Fortalecer el rol regulador y fiscalizador del Estado en la actividad forestal, en relación con los aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales de la misma. Para ello debe reformularse el sentido y orientación del sistema de bonificaciones que ha operado hasta la fecha, en virtud del decreto ley N° 701 y de la ley N° 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal.

b) Generar un genuino desarrollo local mediante el apoyo a las pymes, mejorar la situación de los trabajadores e impulsar a pequeños propietarios agroforestales.

c) Mejorar e incorporar valor agregado a la comercialización de los productos forestales para promover una verdadera competencia.

Asimismo, la comisión solicita al Ministerio de Agricultura, tal como se comprometió, a analizar las denuncias hechas por las comunidades mapuches de Tirúa sobre el eventual traspaso ilegal de tierras desde la Conaf a los grupos económicos. Esto ameritaría la eventual creación de una comisión investigadora sobre el rol de la Conaf en la privatización de territorios mapuches.

También es urgente que todas las autoridades pongan atención a las denuncias de abusos policiales realizadas ante esta comisión por parte de las comunidades mapuches de Tirúa.

d) Solicitar al Servicio de Impuestos Internos informar sobre cómo opera el mecanismo de exención para el pago de impuesto territorial en la actividad forestal. Es necesario saber la forma cómo se cobra, el monto de las deudas, especialmente de las grandes empresas que no están pagando ese impuesto.

Para la comisión resulta preocupante la afirmación del Ministerio de Agricultura de que aún existen 500.000 hectáreas aptas para plantaciones forestales. Creemos que la nueva política forestal debe transitar del modelo tradicional extensivo a uno intensivo.

Indemnización a consumidores (recomendaciones)

a) Solicitar al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo agilizar la tramitación en el Senado del proyecto que modifica la ley N° 19.496, que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (boletín N° 9369-03). Consideramos que en ella se subsana una serie de problemas que hoy enfrentan los consumidores y dota de mayores herramientas al Sernac.

En esta línea y con relación a la indemnización de perjuicios, la comisión apoya la propuesta del mencionado proyecto de que sea el mismo Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el que falle la compensación. Eso significará acelerar el proceso y evitar una nueva causa en sede civil.

Aunque tienen un carácter voluntario, esta comisión acoge los criterios de compensación que proponen Sernac , Odecu y Conadecus bajo las actuales condiciones que se dan en la mediación colectiva con CMPC. Esta debe contemplar como universo de afectados a los

17.000.000 de chilenos y que la indemnización debe ser solo en dinero. El mecanismo de entrega debe ser fluido, con plazos prudentes para que todos puedan cobrar, sin obstáculos geográficos o de otro tipo. Una posibilidad es utilizar el BancoEstado, servicio que debe ser con cargo a las empresas coludidas.

Si la mediación colectiva liderada por Sernac entre CMPC, Odecus y Conadecus es fructífera, esta deberá ser ratificada en el tribunal donde Conadecus presentó una demanda colectiva.

b) Solicitar al Servicio Nacional del Consumidor remitir periódicamente a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados informes pormenorizados sobre los grados de avances y obstáculos que presenta el proceso de mediación colectiva.

Una tarea a investigar es la legalidad de los llamados contratos de exclusividad que establecen las grandes empresas con los supermercados, ya que el alto poder de mercado les permite fijar precios a su antojo.

Esta comisión espera que la reposición de cárcel efectiva para el delito de colusión, el aumento de las multas y el pago expedito de indemnizaciones inhiba la proliferación de carteles que perjudique a los consumidores chilenos. La nueva legislación chilena debe poner fin a estos “delitos de cuello y corbata”.

Finalmente, la comisión investigadora acordó proponer a la honorable Sala que se envíe copia de este informe a las siguientes autoridades, con la finalidad de que, de conformidad a su mérito, acojan las peticiones aprobadas en su seno y, en consecuencia, adopten las medidas conducentes a superar las dificultades detectadas en la investigación de esta comisión parlamentaria:

1) A su excelencia la Presidenta de la República, en virtud del artículo 58 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

2) Al señor ministro de Hacienda.

3) Al señor ministro de Agricultura.

4) Al señor ministro de Economía, Fomento y Turismo.

5) Al señor director nacional del Servicio de Impuestos Internos.

6) Al señor director nacional del Servicio Nacional del Consumidor. Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

En discusión el informe de la comisión especial investigadora.

Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia .

El señor URRUTIA (don Ignacio).-

Señor Presidente, el decreto ley N° 701, de 1974, dictado durante el gobierno militar presidido por mi capitán general Augusto Pinochet Ugarte , fue tan “malo”, que se mantuvo vigente durante todos los gobiernos de la Concertación.

¡Nunca lo derogaron! La vigencia de ese decreto ley vencía en 1997, pero fue prorrogado hasta 2014. ¡Así de malo era ese decreto ley! Al menos así lo señaló el diputado informante.

Se mantuvo por muchos años justamente porque era muy bueno y entregó mucho progreso al país.

Lo segundo que quiero decir es lo siguiente: según lo señalado por el diputado informante, las conclusiones fueron aprobadas por seis diputados, de los trece que componen una comisión investigadora. ¡Seis diputados de trece! Además, esos seis diputados eran todos de izquierda; ninguno era de nuestra coalición. ¡Discúlpenme, pero cualquier comisión investigadora en la que las conclusiones son aprobadas por seis diputados vale hongo!

He dicho.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .

El señor MIROSEVIC.-

Señor Presidente, efectivamente nos habría gustado que hubiese habido más participación en la comisión investigadora, sobre todo de los diputados de la Alianza, que en general participaron muy poco en las sesiones y menos aún en la elaboración de las conclusiones. Pero las razones por las que no quisieron participar es un problema que tendrán que resolver ellos.

Quiero hacer un poco de historia. Durante la época de la CORA -Corporación de la Reforma Agraria-, algunas tierras en el sur fueron declaradas como asentamientos. Es decir, antes de que la CORA les diera el título definitivo de dominio a las comunidades beneficiadas había un período previo que se denominaba “de asentamientos”. La mayoría de los asentamientos ubicados en el sector que hoy está dominado por las empresas forestales eran territorios mapuches. Ocurrió que durante la dictadura, la Conaf, encabezada por un personaje que conocemos, Julio Ponce Lerou , sacó a las comunidades, en su mayoría mapuches, de esos asentamientos, obviamente desconociéndoles la posibilidad de que tuvieran su título de dominio definitivo, y vendió esos terrenos a precio de huevo a la industria forestal. Cuando digo “a precio de huevo”, es realmente así. Un exsacerdote jesuita, de apellido GarcíaHuidobro, emplazado en la zona de La Araucanía, concurrió a la comisión investigadora y nos mostró los decretos de venta que emitió la Conaf en el período de la dictadura, mediante los cuales vendió esas tierras a dichas empresas, algunas de las cuales volvieron a vender esos terrenos al Estado -solo una pequeña partea precios realmente millonarios.

Vale la pena recordar esa historia. A mí, por lo menos, me impactó mucho el testimonio del señor García-Huidobro y la situación de las comunidades mapuches que se vieron de un día para otro despojadas y desalojadas de esas tierras, lo cual se debió a un claro interés de la Conaf y de Ponce Lerou: vender dichos terrenos a la industria forestal. Sería digno que en este hemiciclo reconozcamos esa historia, para rendir homenaje a las familias que se vieron despojadas de sus tierras y para denunciar la intención que tuvieron Ponce Lerou y la Conaf al llevar a cabo esa acción.

De allí comienza la historia de la industria forestal y las situaciones que hoy podemos evaluar al respecto.

Hay otro tema relativo a la investigación de la comisión que vale la pena discutir. El economista chileno Andrés Solimano escribió el libro Capitalismo a la chilena, cuya principal tesis es que estamos frente a un sistema que no es exactamente de libre mercado, porque es un sistema que exagera la concentración de la riqueza, y en el cual, además, se ha demorado la tramitación de leyes que regulen la libre competencia. Obviamente, no creo que esa demora tenga que ver con cuestiones del azar; más bien responde a una cuestión ideológica de desregulación total. Efectivamente, ello ha producido una economía en la que solo pequeños grupos -uno puede observarlo en las distintas industrias se reparten el mercado. Esa organización, esa estructura del sistema, en la práctica -así lo comprobamos en la comisión favorece la colusión. Un sistema concentrado por supuesto que ayuda a la colusión.

Por lo tanto, cabe reflexionar por qué llegaron tan tarde las leyes que acabamos de aprobar. Es cierto que una de ellas fortalece la libre competencia, pero llegó tarde. Desde las reformas económicas de 1980 en adelante, recién al final del primer gobierno de la Presidenta Bachelet se elaboró una legislación que algo de dientes daba para fiscalizar casos de colusión como los que nos ocupan. Recién ahora estamos estableciendo una legislación un poco más reguladora de esa situación.

Para qué recordar lo que organismos internacionales nos han dicho sobre la materia. Hace mucho rato que nos vienen advirtiendo sobre el particular.

Hay otro problema que no tratamos en las conclusiones de la comisión, pero que me parece valioso que se discuta. Me refiero a la colusión global. Obviamente, en una economía globalizada también hay algo que se globaliza: la colusión. Siempre he dicho en la Sala que me gusta la libertad de comercio, con regulación, naturalmente; no a cualquier precio como el TPP -ya discutiremos de eso en el futuro-. Me gusta la libertad de comercio o, como decía Bilbao en esa época, la libertad de aduana. Por supuesto que me gusta. Pero también hay que entender que los grupos que operan en América Latina han ido demostrando que no solo se coluden en Chile, sino en la región. Por eso necesitamos suscribir convenios internacionales para que las fiscalías nacionales respectivas se pongan de acuerdo para abordar esa situación.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Daniel Núñez .

El señor NÚÑEZ (don Daniel).-

Señor Presidente, dado que recién me correspondió rendir el informe de la comisión investigadora, no quiero reiterar lo señalado en él, que es bastante claro y concluyente.

Sí quiero permitirme la libertad de hacer una reflexión respecto de la forma en la cual la normativa chilena enfrenta los fenómenos de la colusión. Es cierto que estamos avanzando, es cierto que hemos establecido el delito de cárcel y otras sanciones y disposiciones importantes que se han agregado a la normativa que busca preservar la libre competencia; pero hay un tema que quedó planteado en la discusión habida en la comisión investigadora y también en el debate público sobre los casos de colusión, particularmente sobre la colusión del papel tissue. Me refiero a si realmente se respeta la igualdad ante la ley; es decir, si no existe en la práctica un trato preferencial, un trato de guante blanco para los delitos económicos, para los llamados “delitos de cuello y corbata”.

Si bien es cierto que cuando discutimos esta materia durante la tramitación de los proyectos de ley respectivos, el gobierno y los expertos se dieron cuenta, a partir de la legislación comparada, de que efectivamente en Chile debíamos tener un sistema de justicia especial que juzgara los delitos económicos por su carácter especializado, como es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, no es menos cierto que surgen dudas cuando se ve que algunos actores que incurren en dichas conductas utilizan en forma muy mañosa -es el caso de la empresa CMPClas posibilidades que otorga la ley. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso de la colusión del papel tissue -o del “papel confort”-, la empresa CMPC se acogió al mecanismo de la delación compensada. Uno puede asumir que si un ejecutivo de una empresa utiliza el mecanismo de la delación compensada, lo hace porque está arrepentido de sus actos; es decir, estima que es sincero el que reconoce que cometió un error gravísimo. La empresa CMPC –reitero se acogió a la delación compensada; sin embargo, sus ejecutivos, que se mantienen contratados, como el señor Jorge Morel , no concurren a declarar ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. ¿Por qué? Por instrucción de la empresa. Es decir, la empresa CMPC se acoge al mecanismo de la delación compensada, reconoce sus faltas, pero a sus ejecutivos, que deben concurrir ante un tribunal a reconocer los hechos que ocurrieron, les pide que no vayan a declarar y más encima los mantiene contratados. Eso demuestra que no hay un reconocimiento real de la colusión y que la forma de actuar de esa empresa no es sincera.

Lo anterior me lleva a pensar que ese mismo escenario podría repetirse en materia de compensación a los consumidores. Existe una mesa de trabajo que instaló el Sernac para llegar a un acuerdo voluntario y a una conciliación respecto de la compensación. Sin embargo, a la fecha, ese trabajo ha redundando en nulos compromisos y en nula respuesta real. Por ello, lo más probable es que esa mesa no logre funcionar y tengamos que ir en definitiva a un juicio o a una demanda colectiva contra la empresa CMPC, que implicará que las personas deberán esperar tres o cuatro años para recibir la justa compensación.

El asunto de fondo es que si no somos capaces, a través de la legislación, de combatir eficazmente la colusión y de terminar con este abuso, que es lo que la gente quiere, sería justo que nos preguntemos si vale la pena mantener ese sistema de justicia especial, como es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Es justo que se plantee; es un tema que tendremos que discutir.

Espero sinceramente que las normativas aprobadas hagan que las grandes empresas terminen de una vez por todas con esa práctica que causa tanto daño a todos los chilenos como es la colusión.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA (don Fidel).-

Señor Presidente, estamos analizando el informe de la comisión investigadora relacionada con el decreto ley N° 701, dictado en 1974, en plena dictadura militar.

Uno de sus actores tiene una enorme relevancia en la Región de Los Lagos, de la que formo parte. Me refiero a Julio Ponce Lerou . En efecto, el señor Julio Ponce Lerou comenzó a cimentar una serie de abusos, entre los que figura, como todos sabemos y así lo determina la historia, la enajenación de los bienes de la exhacienda Rupanco , lo que afectó directamente a más de ochocientos pequeños agricultores de nuestra región.

En la actualidad es propietario de más de 10.000 hectáreas de terrenos ubicados entre las regiones de Los Ríos y de Los Lagos, en particular en las comunas de Puerto Octay, Puyehue y Río Bueno, territorio en el que hace y deshace, incluso transgrediendo las leyes vigentes.

Hago esta introducción porque el mismo señor Ponce Lerou , a quien he denunciado muchas veces en la Cámara de Diputados desde que tengo el honor de representar a la gente de nuestra región, instauró en 1974, cuando era director de la Corporación Nacional Forestal, el decreto ley N° 701, que, como dice el informe, favoreció escenarios de colusión.

Lamento profundamente las palabras vertidas una vez más en la Sala por el diputado de la UDI señor Ignacio Urrutia , quien, con su ya típico lenguaje, que utiliza acá para defender la figura de su exgeneral Pinochet, pretende desvirtuar un informe que ha sido el resultado de un trabajo de largos meses, que además entrega antecedentes de lo que verdaderamente ha ocurrido con el modelo que se generó en la dictadura, el que, lamentablemente, se perpetuó después de que se recuperó la democracia, con las correspondientes prórrogas.

Lo que omite el señor Ignacio Urrutia en esta Sala es que la ausencia de los diputados a las sesiones de una comisión investigadora no es culpa de los que asisten a ellas.

Es una característica de los diputados de la oposición que muchas veces utilicen las comisiones investigadoras que tratan temas que están en el tapete público, para aparecer durante los treinta segundos que dura la cuña para la televisión; pero, posteriormente, no asisten a las sesiones correspondientes.

En este caso puntual, no es culpa de los parlamentarios que asistieron a la comisión investigadora sobre esta materia que la derecha, que la oposición, en particular la UDI, no haya participado en esas sesiones. La responsabilidad recae en su bancada, que nombró a los diputados que la representarían en esa instancia.

Señor Presidente, en sus conclusiones el informe señala que, en los últimos años y cada ver con mayor frecuencia, los consumidores han sido víctimas de colusión, lo que no solo dice relación con el tema forestal, ya que la hemos visto respecto de los remedios. Incluso, algunos parlamentarios de enfrente son familiares directos de los dueños de las farmacias que se coludieron para estafar a los adultos mayores con el precio de los remedios, ¡con algo tan básico que afecta la salud de la población! O sea, ¡no hay acto más inhumano que coludirse para poner precios exacerbados a los remedios, ya que con eso se impide a la población acceder a los medicamentos o la obliga a endeudarse para obtenerlos!

El informe señala que ha habido colusiones hasta con el papel higiénico. O sea, la gente sufre hasta para ir al baño, como se dice en buen chileno, por culpa de los dueños de las empresas coludidas que producen ese bien, los que además tienen una estrecha vinculación con el mundo forestal.

Señor Presidente, discúlpeme por la expresión que voy a utilizar: en este país se cagan a la gente por todos lados, ya que las empresas se coluden.

Gracias a las investigaciones judiciales también se ha ido comprobando que algunos parlamentarios votaban de acuerdo con las indicaciones que les mandaban los empresarios en relación con el proyecto de ley de pesca. O sea, por todos lados vemos que a los chilenos se les afecta de una u otra manera. Se supone que los 120 diputados representamos a los ciudadanos, no a los empresarios.

Las conclusiones señalan, además, que aquí hay importantes grupos económicos, que hay una alta concentración e integración vertical y horizontal de las empresas, lo que ha permitido el florecimiento de estos verdaderos carteles.

Señor Presidente, las cifras son decidoras, porque señalan que más de 868 sociedades han sido beneficiadas en los últimos diez años por las colusiones de las empresas forestales.

Las bonificaciones para los propietarios y para las empresas forestales han sido escandalosas: CMPC, del grupo Matte ; Arauco , del grupo Angelini , es decir, para los dueños de Chile.

Los dueños de Chile tienen sus tentáculos en todas partes: en las forestales, en las pesqueras, en las farmacias y en todo ámbito. Los grandes empresarios tienen tanta plata que incluso se están comprando las sociedades anónimas respectivas para dirigir los destinos del fútbol chileno.

Señor Presidente, lo que devela este informe es tan decidor como lo que reveló otro de una comisión investigadora del pasado, que señaló que estos mismos señores, los dueños de Chile, se hicieron de los recursos de todos los chilenos de manera escandalosa durante la dictadura, cuando se apropiaron, a precio de huevo, de las empresas del Estado. Eso lo develó la misma comisión investigadora que mencionó el diputado de la UDI señor Ignacio Urrutia .

Señor Presidente, como indica el informe en debate, el decreto ley N° 701 favoreció un escenario de concentración de la industria forestal.

Además, sostiene que el subsidio estatal se encuentra obsoleto y que generó una serie de externalidades negativas. Por un lado, esos subsidios permitieron la alta concentración e integración vertical y horizontal de las empresas, como ocurrió con la CMPC y Arauco , lo que les confirió un poder de mercado que les permitió asignar cuotas y fijar precios.

Eso es colusión, con la que, como ya dije, deben vivir los chilenos en todo ámbito.

Chile está convirtiéndose en un país de colusiones, lo que hace necesario que se sancione a los autores con penas de cárcel. Las colusiones no deben ser penalizadas con meras multas. En la actualidad, muchas veces ocurre que quien es sorprendido trasgrediendo los derechos laborales, prefiere pagar la respectivas multa en lugar de mejorar su conducta.

Este es el país de las multas. Por eso es bueno que se sepa que el mejor ejemplo de ello es el de una empresa de la Región del Biobío que fue sorprendida con 7.000 toneladas de harina de pescado ilegales, por lo que recibió una sanción de 13 millones de pesos. No obstante, como dijo en la comisión el subsecretario de Pesca, Raúl Sunico , a un pescador artesanal que es sorprendido hoy, 1 de septiembre, con diez kilos de almejas, se le puede aplicar una multa que va desde un millón a trece millones de pesos.

Esto se va a subsanar, pero todavía ocurre ese tipo de injusticias en Chile.

Por lo tanto, esos empresarios se han hecho millonarios con las colusiones, que en el ámbito forestal también son escandalosas, pero con la diferencia de que además tienen a favor el subsidio que el propio Estado les aporta, a través del decreto de ley N° 701, para que hagan su colusión.

Por lo anterior, solicitamos valorar el trabajo de la comisión investigadora y sus propuestas, que son por todos conocidas.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra al diputado señor Pepe Auth .

El señor AUTH.-

Señor Presidente, lo primero que quiero hacer es responder a lo expresado por el diputado Ignacio Urrutia , aunque imagino que también lo hará la UDI.

Resulta ser una paradoja bastante inaceptable que quien dejó de asistir a las sesiones de una comisión investigadora, que quien no participó en la investigación ni en el debate de las conclusiones, que quien no presentó un informe de minoría, que debería haberse votado para que se pudiera leer en la Sala; es decir, que quien abandono su obligación de participar en el cumplimiento del mandato de la Sala, luego se sienta con autoridad para descalificar lo que hicieron los parlamentarios que sí trabajaron para cumplir el cometido de la comisión.

Eso es franca y completamente inexplicable, viniendo de un diputado cuya bancada abandonó su rol fiscalizador. Es inaceptable que hoy critique a quienes sí ejercieron el suyo.

Por otra parte, señor Presidente, no quiero que se convierta al decreto ley N° 701 en lo que no es.

Es efectivo que durante parte de su vigencia, entre 1974 y 1995, se produjo un proceso de concentración económica brutal, no exento de abusos; pero digamos que eso se debió a la existencia de una dictadura, no a las disposiciones del decreto ley. Hay que decir las cosas como fueron.

Hace poco, en Uruguay se discutía el establecimiento de una normativa de la misma naturaleza, debate en el cual los liberales -nos lo confirmará Ernesto Silva se manifestaron en contra de aprobar una regulación de ese tipo, porque, en su opinión, la que debe resolver las cuestiones relativas al desarrollo, sobre las áreas económicas que se impondrían sobre otras, es la mano invisible del mercado, no una decisión del Estado que oriente el desarrollo económico en determinada dirección.

Esto que ocurrió en Chile fue previo al establecimiento del dominio de los Chicago boys en la orientación económica de la dictadura, quienes jamás habrían aprobado la idea de que el Estado decidiera cuáles eran las áreas de la economía en que teníamos potencialidades y que se estableciera un subsidio para fomentar su desarrollo. Eso va completamente en contra de sus postulados teóricos. Nos lo podrá confirmar o desmentir el colega Jaime Bellolio , pero, en mi opinión, es evidente que eso no estaba en la línea de las teorías económicas que se impusieron en el Chile de los años 70, en un marco de violaciones a los derechos humanos y de falta de democracia y de libertad de expresión.

Entre 1974 y 1995, que es cuando rigió el texto original decreto ley N° 701, el país aumentó en dos millones de hectáreas su patrimonio forestal. Casi la mitad de eso se hizo con subsidios. El resultado tiene, por supuesto, la cara del desarrollo económico, particularmente de algunas regiones; pero también la contracara de la tremenda concentración económica y el poder político que generó esa concentración.

En 1998, ya en democracia, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que modificó el decreto de marras, para orientarlo prioritariamente a la pequeña propiedad y a la recuperación de suelo. A estas alturas, me parece que es completamente necesario que esa priorización se transforme en exclusividad.

No quiero que botemos al bebé junto con el agua sucia de la bañera; debemos reconocer la necesidad de focalizar exclusivamente en la pequeña propiedad campesina la ayuda para continuar desarrollando al país desde el punto de vista forestal.

Chile es un país forestal, tiene vocación forestal y debe desarrollarla; no hay que esperar la mano invisible del mercado, porque ella genera concentración económica y que se desarrollen aquellas áreas de la economía que producen rentabilidad rápida, pero no aquellas de rentabilidad retardada, como es el caso de la producción forestal, en que se deben esperar quince, veinte o más años para recibir la retribución.

Por un lado, la pequeña propiedad, y por otro, la conservación de suelos. Lo dijo Federico Albert , científico alemán que fue traído al país para combatir la “dunificación”. El avance de las dunas y de la erosión se combate con el desarrollo forestal, porque permite “pegar” la tierra al suelo de manera estable.

No debemos olvidar que Chile tiene vocación forestal y que debe seguir desarrollándola, pero sin sus externalidades negativas, como son la concentración económica y el abuso, como ocurrió en la primera etapa de vigencia de este decreto ley, período en el cual, a causa de la falta de la igualdad de trato y la falta de relaciones equilibradas entre las grandes empresas y los pequeños propietarios mapuches, se originó una situación de abuso que, en mi opinión, es el origen de una de las principales deudas históricas que mantiene el país.

He dicho.

El señor ANDRADRE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa .

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, si bien no integré esta comisión investigadora, formé parte de la Comisión de Medio Ambiente al menos en dos períodos legislativos, instancia que discutió mucho estas materias, en especial entre 1990 y 1998.

En estos pocos minutos de debate hemos escuchado, a través de las intervenciones de los distintos colegas que han participado en la discusión, una gama muy amplia de observaciones. Algunas han sido bastante extremas, en ambos sentidos, y otras, tal vez, más equilibradas. Me quedo con estas últimas, entre las cuales está la del diputado Auth , que comparto al menos en parte.

Debemos considerar que el país no nació en 1974, y menos en 1973. En esos años el país tenía todo su sistema económico en ruinas, absolutamente en ruinas. Ello llevó a las autoridades a apostar por la aplicación de políticas de shock en distintas áreas.

Diría que el diputado Auth no ha sido generoso en sus palabras, sino justo, al reconocer que el decreto ley N° 701 permitió un gran desarrollo forestal en el país. Del total de las hectáreas que se forestaron al amparo de dicho decreto ley, 610.510, el 66 por ciento, fue por obra de los grandes propietarios, según señala el informe. Los propietarios medianos también hicieron su aporte, 284.142 hectáreas, que representan el 31 por ciento del total. Finalmente, los pequeños, con 32.335 hectáreas, aportaron el otro 3 por ciento.

Es cierto que el éxito del decreto ley N° 701 generó parte de las dificultades que hoy tenemos, como la alta concentración, pero considero que el problema real es distinto, y es esa la razón que no me permite estar de acuerdo con las conclusiones del informe.

El problema de fondo en esta investigación no eran los efectos laterales o no deseados del decreto ley N° 701, sino contar con esa norma o nada, lisa y llanamente nada, que era lo que había.

Claramente, había deforestación y una situación de descontrol económico en todos los ámbitos. Es cierto el decreto ley N° 701 generó problemas o efectos no deseados; pero también seamos justos para decir que el decreto ley N° 701 siguió vigente desde 1990 hasta hace poco tiempo, cuando se le hizo una modificación.

Sinceramente, me complica mucho que estemos jugando a que unos hallan todo malo y los otros, todo bueno, porque no es así; no se puede mantener una visión maniquea al respecto.

Lo que está claro es que el decreto ley N° 701 permitió no solo un rápido desarrollo económico, sino una rápida recuperación de suelos. Al respecto, comparto de nuevo lo dicho por el diputado señor Auth : Chile es un país con aptitud forestal, la que debemos desarrollar.

¿Es verdad que el decreto ley N° 701 tuvo consecuencias no deseadas? Por cierto que sí; negarlo sería una torpeza. Pero una torpeza mayor es decir que ese decreto no fue ningún aporte o que fue malo, porque eso es ignorar o querer tapar el sol con una mano.

Señor Presidente, ayer en la comisión especial investigadora sobre el fraude en el Ejército llegamos a una conclusión unánime. ¿Sabe por qué? Porque dejamos de lado la visión maniquea, porque estamos colocando el interés de Chile primero, en lugar de esa visión corta.

Señor Presidente, el decreto ley N° 701 genera dificultades, las que pueden y deben ser corregidas. No creamos que con la modificación que se hizo se mejoró todo. Resulta necesario seguir observándolo, con el propósito de continuar mejorándolo.

Lo que no podemos hacer es desarmar un camino andado; pero, lo que es peor, un camino andado que ha tenido éxitos, y que también tiene sombras.

En consecuencia, lo que tenemos que hacer es dar luz a esas sombras, es mejorar lo que sea posible y no desandar todo lo que se ha andado; porque además ha demostrado al país que tuvo éxitos extremadamente positivos para el desarrollo del país, de las regiones y de las personas.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa .

El señor JARPA.-

Señor Presidente, ha sido interesante lo que hemos escuchado hoy día, sobre todo las intervenciones de los colegas Auth y Ulloa , porque lo que señala esta comisión investigadora es precisamente el tema de la colusión que permitió el decreto de ley N° 701.

Deseo formular una reflexión sobre la comisión investigadora.

Me hubiera gustado que los parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional que integraron esa comisión, si no estaban de acuerdo con estas conclusiones, hubiesen elaborado un informe de minoría.

En esa misma línea, deseo plantear que no asisten a las sesiones de las comisiones investigadoras de nuestra Cámara más de cuatro o cinco diputados del total que las integran.

Con respecto al decreto ley N° 701, quiero referirme a lo que ocurrió en los sectores rurales, porque no solo debemos hablar de lo que por supuesto sucedió en La Araucanía con el pueblo mapuche.

El decreto ley N° 701 ha traído consecuencias económicas para los sectores rurales de la provincia de Ñuble, además de que ha permitido la colusión de las grandes empresas. Por ejemplo, el 54 por ciento de la población de la provincia de Ñuble estaba en el nivel de pobreza en 1990, y el 25, en el de la indigencia, lo que es consecuencia de la disminución de la economía tradicional de la provincia, como la producción de trigo y remolacha, debido a la rebaja de los impuestos arancelarios. Lo mismo ocurrió con los viñateros de nuestra región con la explosión de la producción de uva para elaborar vinos.

Los habitantes de la provincia del Ñuble resienten esas consecuencias económicas, ya que consideran que después de diez años y de las ganancias que recibieron del Estado esos productores, el Parlamento, que es el organismo que debe dictar las leyes para regular eso, no ha cumplido con su rol, pues no ha logrado evitar los abusos que han cometido las grandes empresas contra nuestra gente, especialmente contra la más humilde.

Por otra parte, necesitamos que se envíe un proyecto de ley al Congreso Nacional, que cree el servicio nacional forestal, que reemplazará a la Conaf, para que exista una política forestal intensa, más que extensa, destinada a recuperar nuestros suelos, lo que debe ir en beneficio de todos los chilenos.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio .

El señor BELLOLIO.-

Señor Presidente, la interpelación del diputado Auth es interesante por varias razones.

En primer lugar, porque cuando él habla de la “mano invisible” y de la “mano visible”, obviamente es una provocación para ver si nosotros contestamos.

Quiero recordar al diputado Auth que Adam Smith escribió sobre la “mano invisible” en 1776, es decir, doscientos años antes que existieran los Chicago boys.

Antes de leer la típica frase que descontextualizan algunos a quienes les gustan las caricaturas, debo informarles que escribió otro libro previamente, que se llama La teoría de los sentimientos morales, que es mucho más importante, porque sienta la base para determinar cuándo funcionará esa “mano invisible” y cuando no lo hará.

La primera cuestión muy relevante para que funcione esa “mano invisible” es que debe haber un marco normativo y de confianza, en el que se pueda hacer una asignación eficiente de los recursos.

Algunas personas ven al mercado con cara, pies y manos; pero es necesario dejar en claro que no es más que una herramienta, un mecanismo, y así como un cuchillo en manos de un doctor hace el bien, en manos de un delincuente hace el mal.

Un mercado con reglas adecuadas tenderá hacia la eficiencia; uno con reglas inadecuadas, no conducirá a ese fin.

Por eso, el Estado tiene el rol permanente de asignar esas canchas para que puedan funcionar adecuadamente. En economía hay un concepto llamado “óptimo de Pareto”, que corresponde a la tensión que existe entre la distribución y la eficiencia.

El debate que tenemos hoy en Chile no es solo sobre eficiencia, como sucedía en el ciclo antiguo de la política, sino que es sobre distribución, justicia y dirección normativa.

Algunos se sienten avergonzados del Chile de los últimos treinta años; otros, en cambio, no nos sentimos avergonzados, pero sí queremos superar las injusticias que se produjeron durante esos años.

Es paradójico que se critique el decreto ley N° 701 por su carácter focalizado, y, al mismo tiempo, se promuevan políticas sociales universales que, por excelencia, no son focalizadas.

¡Es una buena paradoja!

En mi opinión, tiene que existir una acción decidida del Estado que tienda a focalizar los recursos en quienes más los necesitan, para lo cual tiene que haber impuestos progresivos. La falta de dinero no debe impedir el ingreso de jóvenes talentosos a la educación superior.

¡Qué bueno que estemos de acuerdo en que los subsidios del Estado no pueden ser universales, sino que deben ser focalizados!

Los derechos sociales son muy importantes, pero más relevante es su contenido. Hay constituciones que están muy bien escritas, son preciosas, pero no significan nada, porque carecen de contenido, que es lo esencial.

Hace un tiempo, una persona de la embajada de China me regaló un libro de Xi Jinping, cuya lectura me resultó muy entretenida. En él se habla de la mano visible y de la mano invisible. En el libro de Xi Jinping, el Partido Comunista chino reconoce que la asignación eficiente de los recursos se tiene que hacer a través del mercado y que eso ha sido un aprendizaje por parte de la economía socialista de mercado. ¡Vaya paradoja esa expresión!

No sé si el diputado Auth lo habrá leído, pero está muy cerca de lo que señala Xi Jinping. A través de este tipo de declaraciones tan interesantes, uno podría suponer que el PC chino quizás estaría sentado junto con el diputado Auth .

Otro aspecto interesante de discutir por eso lo agradezco es la defensa del libre mercado. En ese sentido, la colusión ataca el centro de una economía y de una sociedad libre, porque quienes se coluden no solo les meten la mano al bolsillo a los consumidores, les roban a las personas, sino que además están haciendo trampa, con lo cual dañan o perjudican la asignación eficiente de los recursos.

Algunos pedían penas de cárcel. ¡Qué bueno que ya lo aprobamos! Defendimos con mucha fuerza la aplicación de ella, porque con la práctica colusoria se le hace un doble o un triple daño a una sociedad libre.

¡Qué bueno que con el diputado Auth estemos de acuerdo en que hay que focalizar las asignaciones del Estado y no universalizarlas! ¡Qué bueno que estemos de acuerdo con defender la libre competencia porque así se promueve una sociedad más justa! ¡Qué bueno que estemos de acuerdo en tener un marco normativo que nos guíe y no solo eslóganes que obnubilan la razón y nos señalan, con el puño en alto, qué cosas sí y qué cosas no debemos hacer!

Hoy la discusión es sobre lo justo y no solamente sobre lo que a algunos les parece que puede mover más en Twitter o Facebook.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, no quiero referirme a la forma como nació el decreto ley N° 701, que fomenta el desarrollo forestal del país, y a quién benefició. Quiero hablar más bien de su impacto ambiental, que se ha tomado con ligereza hasta el día de hoy.

Me consta que en la Octava Región, sobre todo en el secano costero, las empresas forestales talaron el bosque nativo, porque les molestaba.

Una pregunta que debemos hacernos es por qué en las comunas donde está instalado este “desarrollo forestal”, apalancado fuertemente por el decreto ley N° 701, existen las más altas tasas de pobreza. Esa es una buena pregunta.

¡Qué pena que esto no haya significado un desarrollo ni un auge de la economía nacional! Conozco los casos de las comunas de Portezuelo, Coelemu y Ránquil, entre otras, y la verdad es que los impedimentos que tuvieron los vecinos y campesinos para ingresar a las forestales eran de carácter policiaco.

La redirección del decreto ley N° 701 tiene que ser una realidad y no, como dice el refrán, taparle el ojo al macho, señalando que vamos a redireccionarlo para darles a los más pobres, si al final terminan los mismos poderosos beneficiándose con ese decreto ley. Hemos visto casos de colusión con fondos del Estado, con la plata de todos los chilenos.

Considero que las conclusiones de la comisión investigadora tienen sentido, y lo digo de manera positiva. ¿Cómo logramos que los impactos ambientales y socioeconómicos en las comunas donde existe desarrollo forestal sean aminorados, y sean redireccionados los beneficios que otorgue el decreto ley N° 701 para los pequemos y medianos agricultores?

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas .

El señor VENEGAS.-

Señor Presidente, represento a una región y a una provincia que tiene una fuerte presencia del sector silvoagropecuario. En nuestra zona existen cientos de miles de hectáreas plantadas. Nadie, objetivamente, podría dejar de ver sus aspectos positivos, por ejemplo, la generación de trabajo, la subcontratación en distintas áreas, desde transporte, pequeños empresarios que prestan servicio a las forestales, las vulcanizaciones, etcétera. Pero también hay externalidades negativas -como las llaman los economistas-, es decir, un conjunto de elementos que impactan negativamente sobre nuestra realidad.

Entre estas últimas se encuentra el deterioro de nuestros caminos y el problema gravísimo del agua, dada la enorme cantidad de plantaciones de especies exóticas que han reemplazado al bosque nativo, que ha disminuido considerablemente. No ha habido racionalidad a la hora de plantar especies exóticas; no se han respetado las cuencas, las quebradas ni los humedales, lo que ha provocado un enorme impacto, que sufre la gente más pobre de nuestra región, entre ellos, nuestros hermanos mapuches, que viven precisamente en las áreas en donde se ha concentrado la explotación forestal.

La emigración campo-ciudad ha sido consecuencia de esta industria, que ha expulsado al pequeño propietario que antes vivía en un sistema casi autárquico, pues se proveía de lo necesario para vivir con cierta dignidad y con solvencia. Al emigrar, esas personas pasan a engrosar los cordones de marginalidad en nuestras ciudades. Lo que señalo es una realidad.

La comisión también debía analizar la colusión que se produjo entre las empresas respecto de la producción del papel tissue, que incluye productos como servilletas, papel higiénico, toalla Nova, pañuelos desechables, etcétera.

Debemos tener una sola voz al respecto. Es inaceptable la colusión, que significó más de una década de ir en contra, como decía Jaime Bellolio , quien, por cierto, defiende el sistema de mercado.

Esas no son las reglas del mercado, porque un mercado no opera así. Quien estudió la teoría sabe que el mercado debe ser transparente, debe entregar buena información, tiene que jugar con reglas justas y no hacer trampas. Además, como hemos visto en otros casos, como en el de las farmacias, esta mala práctica tiene el efecto de castigar a todo el país, particularmente a los más pobres, porque nos cobran más caro de lo que realmente correspondería. Otro ejemplo es el de las empresas productoras de pollos.

Entonces, una de las conclusiones de esta comisión especial investigadora -si de algo sirven las comisiones investigadoras es que tenemos la responsabilidad de legislar para establecer sanciones legales drásticas que sean efectivamente coercitivas, para impedir que esas prácticas se repitan en el futuro.

Es evidente que la autorregulación no ha funcionado. Hay demasiadas pruebas de ello. Al parecer, es posible torcer a voluntad “la mano invisible” de Adam Smith. ¡Eso es lo que ha estado ocurriendo! Quienes creen genuinamente en la economía de mercado tienen que sentirse asqueados, escandalizados y traicionados por dichas acciones realizadas por una de las industrias más poderosas del país, con una característica adicional: se ha construido y se ha desarrollado en base a subsidios del Estado. ¡De eso estamos hablando! En Chile, la industria forestal creció gracias a subsidios que el Estado entregó generosamente por décadas. No quiero remontarme a la historia, porque no tiene sentido, pero la gente medianamente informada conoce el tema, desde Ponce Lerou en adelante.

Lo importante ahora es evaluar qué va a hacer el Parlamento, y la única conducta digna y responsable es legislar, para evitar que estas conductas sigan produciéndose en el futuro.

Por eso, adhiero a algunas conclusiones de la comisión investigadora y espero -hago votos para ello que tomemos conciencia de que, para defender a aquellos que nos eligen para representarlos en esta Sala, no cabe otra conducta que no sea legislar para dar las garantías necesarias de que esta situación no volverá a ocurrir, y que si ocurre, se aplicarán las sanciones que correspondan, que deben ser ejemplares y que, sin duda, deben incluir la prisión.

No tengo ambigüedad en este tema. Si nuestro derecho penal castiga con cárcel a una persona que se roba un par de gallinas, imagínense lo que pasaría a quienes roban a millones de chilenos por una década entera. Tiene que existir proporcionalidad en las penas -pido excusas a los colegas abogados, porque no lo soy y tiene que aplicarse un principio elemental al respecto.

Esta es una oportunidad, de manera que debiéramos tomar muy en consideración las conclusiones de esta comisión especial investigadora.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora de los actos del gobierno que se vinculen directa o indirectamente al llamado proceso de reubicación de los exalumnos de la Universidad del Mar y actividades sobre este tema de autoridades y funcionarios públicos.

De conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados el martes 31 de marzo de 2015, se destinarán diez minutos para rendir el informe y luego una hora de debate, que se repartirá de manera proporcional entre las bancadas.

Diputada informante es la señora Cristina Girardi .

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Especial Investigadora, sesión 39ª de la presente legislatura, en 5 de julio de 2016. Documentos de la Cuenta N° 22.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Rinde el informe el diputado Jaime Bellolio .

El señor BELLOLIO (de pie).-

Señor Presidente, paso a informar sobre las conclusiones y proposiciones de la Comisión Especial Investigadora de los actos del gobierno que se vinculen directa e indirectamente al llamado proceso de reubicación de los exalumnos de la Universidad del Mar y actividades sobre este tema de autoridades y funcionarios públicos.

La Cámara de Diputados, en su sesión 99ª, celebrada el 24 de noviembre de 2015, en virtud de lo dispuesto en los artículos 52, N° 1), letra c), de la Constitución Política de la República; 53 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y 313 y siguientes del Reglamento de la Corporación, prestó su aprobación a la solicitud de 48 diputadas y diputados para crear una comisión especial investigadora que investigara y reuniera informaciones relativas a los actos de gobierno vinculados directa e indirectamente al llamado proceso de reubicación de los exalumnos de la Universidad del Mar y actividades en este tenor de autoridades y funcionarios públicos, fundándose para ello en los siguientes hechos:

En 2012 se reveló que la Universidad del Mar, entidad de educación superior acreditada por el Estado de Chile, había realizado procedimientos con claras y directas intenciones de generar lucro a sus propietarios. Ello llevó a la cancelación de su acreditación, lo que dejó desamparados a casi veinte mil alumnos.

A fin de reubicar a los estudiantes de la Universidad del Mar, el Ministerio de Educación creó, durante el gobierno de don Sebastián Pinera, una unidad de reubicación. La mencionada unidad de reubicación, cuya gestión tiene continuidad en la administración de la Presidenta Michelle Bachelet , realizó convenios con cerca de una veintena de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica para que estas instituciones dieran continuidad de estudios a los alumnos de la Universidad del Mar. Sin embargo, casi todos esos convenios fueron suscritos de manera informal, razón por la cual el Ministerio de Educación no tiene manera de verificar ni fiscalizar que dichos compromisos efectivamente se estén cumpliendo.

Tan sólo cinco de los convenios gestionados por la unidad de reubicación fueron ratificados por escrito por el ministerio. Se trata de aquellos suscritos con las universidades de Playa Ancha, de Magallanes, de Atacama, Católica del Maule y Católica Silva Henríquez .

En virtud de lo anterior, existen serias dudas respecto a la correcta fiscalización de parte del ministerio del uso de los dineros públicos que dichas universidades recibieron en virtud de tales convenios.

En este sentido, parece necesario despejar las dudas que surgieron luego de la firma de contratos, a través de los cuales hubo traspaso libre de fondos fiscales, sin el posterior control y rendición de cuentas de dichos fondos, lo que podría ayudar a que los dineros públicos no hayan sido utilizados en beneficio de los alumnos reubicados, sino para fines ajenos a la necesidad que los justificó.

Por otra parte, muchos de los alumnos de la Universidad del Mar, irritados por la tardía tramitación de la ayuda comprometida por parte del Ministerio de Educación, optaron por autorreubicarse e ingresaron por sus propios medios en otras instituciones de educación superior, para comenzar sus estudios desde cero. No obstante, para efectos del gobierno, esos alumnos también habrían sido reubicados, a pesar de que en dicha “reubicación” el ministerio no participó ni los alumnos recibieron beneficio alguno de parte de este. Es decir, el ministerio está haciendo pasar como gestión propia el resultado del esfuerzo personal de miles de alumnos que no fueron ayudados realmente con los dineros públicos que el Estado dispuso para estos fines y sin la actuación de las autoridades públicas que, se suponía, verificarían su reubicación.

Por tanto, en base a los fundamentos recién expuestos, los suscritos consideramos que es necesaria la constitución de la antedicha comisión especial, la cual deberá investigar, entre otros, los siguientes hechos:

1) Participación del Ministerio de Educación en los hechos relatados, en especial de los ministros y ministras del ramo, desde 2012 hasta la presente fecha.

2) Conocimiento y participación de otras autoridades o funcionarios públicos, cualquiera sea su régimen contractual con el Estado, respecto del proceso de reubicación de los exalumnos de la Universidad del Mar.

3) Vínculos, convenios, mutuos, donaciones, pagos y otras operaciones de cualquier tipo, clase o naturaleza desarrolladas o verificadas por autoridades, funcionarios o reparticiones públicas hacia entidades educacionales privadas y/o públicas de nivel superior en relación con el proceso de reubicación de los exalumnos de la Universidad del Mar, así como también la verificación del correcto uso de recursos públicos en dicho proceso y el cumplimiento de las condiciones por las cuales tales pagos fueron realizados.

4) Articulación y mecanismos de interacción existentes entre autoridades políticas de gobierno e instituciones privadas y/o públicas de educación superior para la implementación de la reubicación de los exalumnos de la Universidad del Mar.

La Comisión celebró 16 sesiones en el cumplimiento de su cometido y procedió a escuchar las opiniones y las declaraciones de la ministra y de la subsecretaria de Educación, del rector de la Universidad de Playa Ancha, de la directora ejecutiva de la Comisión Ingresa, del superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, de la coordinadora del proceso de cierre de la Universidad del Mar, del presidente del Consejo de Defensa del Estado, del jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, del exencargado de la administración de cierre de la Universidad del Mar, del rector de la Universidad Católica Silva Henríquez, de la rectora (S) de la Universidad Católica del Maule, del rector de la Universidad La República y del exministro de Educación y actual ministro secretario general de la Presidencia.

Asimismo, durante todo el desarrollo de esta investigación se contó con la asistencia y participación de la vocera de los exalumnos de la Universidad del Mar, señorita Susana Giacaman Mondaca , acompañada de la asesora jurídica de los estudiantes de esa universidad, señorita Valeska Concha Cisterna .

Finalmente, y luego de haber escuchado a los invitados y estudiado los documentos y hechos que motivaron esta investigación, la comisión aprobó por unanimidad de votos las siguientes conclusiones y proposiciones:

Conclusiones

1. El ministerio solicitó el cierre de la Universidad del Mar porque el plantel no estaba cumpliendo con lo que exige la ley ni sus propios estatutos, poniendo en grave riesgo la continuidad de estudios de miles de estudiantes. El Ministerio de Educación detectó que la universidad no tenía procedimientos claros en temas de aseguramiento de calidad y no contaba con lo que se espera de una institución de esa naturaleza.

2. La Universidad del Mar arrastraba esta crisis, al menos, desde 2004. Los antecedentes institucionales y de público conocimiento remiten a síntomas de crecimiento descontrolado, detrimento de la calidad educativa, directivos con títulos falsos, incumplimiento de sus estatutos, entre otros problemas, en directo perjuicio de los estudiantes, lo que dio lugar al decreto de cierre de la institución.

3. Hoy aparece como un error que las autoridades de la época hayan decidido -y que las actuales autoridades hayan mantenido dicha opción que las instituciones receptoras de estudiantes, vía beca de reubicación, solo utilizaran las mallas curriculares de la propia Universidad del Mar, en circunstancias de que uno de los fundamentos del decreto de cierre fue la fragmentación de gestión de las distintas sedes y carreras que llevó a que existieran aproximadamente quinientos programas distintos. Eso implicó costos millonarios para el Estado y escaso beneficio para los estudiantes, quienes reciben títulos desvalorizados, que pueden afectar gravemente su empleabilidad.

4. Ligado a la conclusión anterior, nos encontramos con que la llamada beca de nivelación académica tenía sentido dentro de un contexto que, precisamente, los estudiantes reubicados, aun cuando tuvieren que aumentar los años en que debían cursar las carreras, se pusieran al nivel de los demás educandos de las casas de estudio receptoras. A pesar de lo anterior, con los antecedentes recabados por esta comisión, no se pudo determinar la viabilidad de esas adecuaciones, toda vez que esta Cámara no ha recibido registro sobre el trabajo realizado por el ministerio, las universidades receptoras y los estudiantes para esos efectos.

5. No cabe duda de que el proceso ha sido confuso y, en muchos aspectos, informal. Sin perjuicio de lo anterior, en la actualidad se han realizado algunas modificaciones legales y administrativas que han permitido ampliar la cobertura de los beneficios. Entre ellas se destacan:

a. La ley N° 20.799, que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala y concede otros beneficios que indica (para el año

2015). En virtud de su artículo 32, se modificó el requisito de haber estado matriculado en la Universidad del Mar a mayo de 2013, retrotrayéndolo a diciembre de 2012, dando con ello cobertura a aproximadamente 3.750 estudiantes. Se replicó lo mismo en la Ley de Presupuestos para los años 2015 y 2016.

b. La ley N° 20.905, que regulariza beneficios de estudiantes, sostenedores y trabajadores de la educación que indica y otras disposiciones (mal llamada “miscelánea”), para el pago de becas retroactivas en instituciones que no evacuaron información oportuna, concretamente la Universidad de Las Américas y la Universidad Ucinf, beneficiando a aproximadamente a quinientos estudiantes.

c. Actos administrativos, tales como la modificación de la fecha de cierre de la Universidad del Mar al 28 de febrero de 2018; la creación de la beca Beneficio de Apoyo para estudiantes de la Universidad del Mar, que se administra en convenio con Junaeb; las modificaciones del convenio con la Universidad de Playa Ancha.

Además, en virtud de quejas de estudiantes de áreas de la salud, que apuntan a la construcción de laboratorios con los recursos obtenidos con motivo de su reubicación y que no ocuparon, la Universidad de Playa Ancha otorgará diplomados sin costo para los alumnos de la Universidad del Mar, y la implementación de una glosa en los títulos de la Universidad del Mar donde conste que han estudiado en virtud de convenios de movilidad. Ello ya se ha implementado por el Instituto de Salud Pública, para efectos del registro de prestadores del área que maneja dicha institución.

6. Existen antecedentes de falta de diligencia por parte de las autoridades responsables de la reubicación de los estudiantes de la Universidad del Mar para coordinar el proceso, fiscalizar que los recursos públicos que fueron traspasados directa e indirectamente a las instituciones que recibieron alumnos de la Universidad del Mar, tanto en virtud de los convenios formales, informales y por autorreubicación de los alumnos, fueran utilizados en directo beneficio de dichos alumnos o que su destino final tuviese relación con el proceso de reubicación.

7. Sobre la existencia de soborno por parte del rector de la Universidad del Mar, don Héctor Zúñiga Salinas , y como contrapartida el delito de cohecho por parte de don Luis Eugenio Díaz Corvalán , la comisión tomo conocimiento de la sentencia recaída en los autos RUC 1200084351-0 y RIT 4799-2012, del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, en él se establecen hechos que resultan esenciales, a saber:

“El acusado Luis Eugenio Díaz , aprovechándose de su posición y funciones públicas desempeñadas dentro de la CNA en su calidad de comisionado y de Presidente interino de la CNA, se concertó con el rector la Universidad del Mar, el acusado Héctor Zúñiga ,… a cambio de pagos por dicha labor ilícita y de beneficios económicos a favor de terceros… para colaborar indebidamente con ellos en sus respectivos procesos de acreditación institucional”.

“Producto de la obtención de la acreditación ante la CNA, durante el año 2011 la Universidad del Mar obtuvo más de 3.500 millones de pesos sólo por concepto de Crédito con Aval del Estado (CAE) que constituye un crédito que el Estado avala para los estudiantes que se matriculan en Instituciones de Educación Superior que se encuentren acreditadas ante la CNA, recibiendo el 2012 otros 2.700 millones de pesos aproximadamente.”.

Es decir, el fallo no solo deja establecida la existencia de los ilícitos mencionados, sino además la relación causa-efecto respecto de la obtención de los beneficios CAE y sus montos.

8. Es lamentable la falta de voluntad e iniciativa tanto del Ministerio de Educación como de la mayoría de las universidades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas -Cruchpara concretar la reubicación de los alumnos de la Universidad del Mar en esas casas de estudio, pues el mayor porcentaje de alumnos fueron reubicados en universidades privadas.

Proposiciones

1. Proponemos enviar los antecedentes recabados por esta comisión al Consejo de Defensa del Estado para que este evalúe la presentación de una acción legal que apunte especialmente a condonar las deudas que poseen los exestudiantes de la Universidad del Mar con esta institución.

2. A los delitos cometidos por las autoridades de la Universidad del Mar y funcionarios de la Comisión Nacional de Acreditación -soborno y cohecho para la obtención de la acreditación fraudulenta de esta universidad, se suma la negligencia y desidia por parte del Estado en los procesos de fiscalización y control, lo que finalmente permite que la citada casa de estudios perciba ingentes recursos por el crédito con garantía estatal -CAE-, todo lo cual constituye un gravamen para los alumnos que no hayan recibido finalmente el servicio educacional. Por ello se propone al Ejecutivo buscar una fórmula que implique la extinción de la obligatoriedad o reintegro de las sumas pagadas.

3. Aparece como una necesidad tipificar aquellas conductas que derivan de enriquecimiento ilícito o de apropiación indebida para aquellas personas que cumplen funciones de dirección o control sobre las instituciones privadas de educación superior.

4. Nuestro país necesita con urgencia reconstruir su sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, que cautele la fe pública, el derecho a la educación y que vele por que las instituciones de educación superior cumplan con los estándares de excelencia que de ellos se espera. Ello requiere que los organismos que forman parte de este sistema operen efectivamente vinculados, coordinados e integrados, como en verdad debe ocurrir dentro de un sistema. El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación debe ser capaz de entregar la información necesaria a estudiantes y sus familias, de manera que ellos, al optar por estudiar en alguna institución, puedan encontrar toda la información necesaria, según intereses y condiciones.

5. En los dos ámbitos del sistema de aseguramiento -licenciamiento y acreditación-, el Ministerio de Educación debe liderar y coordinar la relación entre las instituciones del Estado, el Consejo Nacional de Educación y la Comisión Nacional de Acreditación -o el órgano que la reemplace-, como a su vez, la relación del Estado con las instituciones oferentes de educación superior. Para ello se requiere fortalecer y cambiar la institucionalidad y gobernanza de la educación superior mediante la creación de una Subsecretaría de Educación Superior y de una Superintendencia de Educación Superior.

6. Del mismo modo, se requiere de cambios profundos al sistema de acreditación, que asegure independencia y probidad de sus miembros y que eleve sus estándares. La acreditación debe ser un proceso que dé cuenta de condiciones de excelencia que el Estado pueda garantizar, sin perjuicio de velar y supervigilar los procesos a que dé lugar, en vista al mejoramiento continuo. Para ello, se necesita de una institucionalidad de acreditación autónoma. Dada la revisión hecha por la comisión, estamos convencidos de que el organismo a cargo de la acreditación de las instituciones de educación superior debe ser un ente autónomo que garantice un perfil técnico de sus decisiones.

7. Debe reforzarse el Consejo Nacional de Educación para que lleve a cabo los procesos de licenciamiento, en particular los de mantención de calidad en aquellas áreas y carreras que ya fueron licenciadas, y los de control de calidad en aquellas áreas del conocimiento y carreras que no existían al momento de habérseles otorgado la autonomía. Previamente -y con urgencia el Consejo Nacional de Educación debería consensuar y validar con la comunidad académica las normas mínimas de calidad, transparencia y procedimientos de verificación para efectos de licenciamiento de las instituciones de educación superior en sus diversos tipos -universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica y carreras, tanto profesionales como técnicas. Una vez que se hayan validado estas normas mínimas de calidad y los procedimientos de verificación, los controles de calidad deberían llevarse a cabo mediante un equipo amplio, debidamente capacitado, resistente a las presiones y libre de conflictos de intereses.

8. Es indispensable asegurar mecanismos de orientación y protección de los estudiantes. Se debe avanzar hacia normas que protejan a los estudiantes en su relación con las instituciones de educación superior, particularmente cuando estas incumplen estatutos y/o contratos. Lo anterior, de forma especial cuando la viabilidad y continuidad institucional esté amenazada por razones legales, académicas y/o financieras.

9. Resulta necesario mejorar la institucionalidad actual de la educación superior, respetando plenamente la autonomía de las instituciones para su libre desarrollo.

10. Que el Ministerio de Educación envíe semestralmente a esta Cámara un informe sobre el estado académico y financiero de los estudiantes reubicados, tanto respecto de aquellos que lo hicieron en virtud de convenios firmados por el Ministerio de Educación y las instituciones de educación superior, como de aquellos que se trasladaron a través de gestiones propias. Junto con el informe señalado anteriormente, se deberá adjuntar el detalle del gasto efectuado por la asignación de desarrollo institucional. Además, dicho informe deberá señalar los recursos comprometidos por concepto de beca de reubicación en el semestre y la proyección al período posterior.

11. Finalmente, se sugiere al Ministerio de Educación que estudie la posibilidad de ampliar el plazo del decreto de cierre de la Universidad del Mar más allá de febrero de 2018, a fin de que pueda continuar prestando servicios educacionales, con el objeto de resguardar el derecho a la educación de los estudiantes afectados.

La comisión acordó remitir copia del presente informe tanto a su excelencia la Presidenta de la República como a las autoridades a las cuales van dirigidas las propuestas, a saber: la ministra de Educación, la subsecretaria de Educación, el superintendente de Educación, el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, el presidente del Consejo Nacional de Educación, el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, el director ejecutivo de la Comisión Ingresa y el presidente del Consejo de Defensa del Estado.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.