Labor Parlamentaria

El señor LEÓN (Vicepresidente).-

Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo a la obtención de las licencias de conducir.

Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor Pareto.

Antecedentes:

Mensaje, boletín Nº 2504-15, sesión 2ª, en 7 de junio de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 1.

Informe de la Comisión de OO.PP. Documentos de la Cuenta Nº 10, de esta sesión.

El señor ORTIZ.-

Pido la palabra por un asunto de Reglamento.

El señor LEÓN (Vicepresidente).-

Señor diputado, podrá usar de la palabra luego de que el diputado señor Pareto rinda su informe.

Tiene la palabra su Señoría.

El señor PARETO.-

Señor Presidente, paso a informar acerca del proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo a la obtención de las licencias de conducir, de origen en mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de “discusión inmediata” en todos sus trámites.

Para el estudio del proyecto, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Carlos Cruz Lorenzen ; del subsecretario de Transportes, señor Patricio Tombolini , y de sus asesores.

Antes de entrar en el análisis del proyecto, debo hacer presente que durante el último año se presentaron tres mociones sobre las materias que aborda el mensaje, las cuales, por acuerdo de la Comisión, se han tramitado conjuntamente con él. Una de ellas fue presentada por los diputados señores Claudio Alvarado , Francisco Bartolucci , Juan Masferrer , Darío Molina y Manuel Rojas ; otra es de autoría de los diputados señores Francisco Bartolucci, René Manuel García , Antonio Leal , Luis Pareto , Jaime Rocha , Eugenio Tuma , Jorge Ulloa , Felipe Valenzuela , Enrique Van Rysselberghe y Sergio Velasco , y la tercera corresponde a los diputados señores Juan Pablo Letelier , Juan Bustos y Francisco Encina.

Las tres mociones versan sobre la misma materia del proyecto en informe. En unos casos, los objetivos que persiguen se alcanzan igualmente e, incluso, de mejor manera en el mensaje en estudio y, en otros, son claramente opuestos, según se desprende del estudio de su contenido que se encuentra en el informe.

Antecedentes generales.

Con fecha 8 de marzo de 1997, se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 19.495, que modificó la ley de Tránsito en lo referente a licencias de conducir y escuelas de conductores profesionales. Esa ley creó las licencias de conducir profesionales y estableció los requisitos para obtenerlas. Entre ellos figuran dos cuyo difícil cumplimiento ha ocasionado serios problemas a los conductores de vehículos de transporte de pasajeros y de carga, que eran los antiguos titulares de las licencias clases A1 y A2. Los requisitos a los que he aludido son los siguientes:

1.Haber aprobado los cursos teóricos y prácticos en las escuelas de conductores profesionales debidamente reconocidas por el Estado.

2.Cumplir con el plazo de dos años de posesión de licencias clases A1 o A2, nuevas, para optar a la licencia A3, para el transporte de pasajeros, y cumplir con igual plazo en posesión de licencia A4, nueva, para acceder a la A5, para el transporte de carga.

La ley Nº 19.495 reconoció la existencia y validez de las licencias A1 y A2 otorgadas antes de su publicación en el Diario Oficial y, además, permitió que esas mismas siguieran otorgándose por el período de dos años, de manera de dar tiempo para que se crearan las escuelas de conductores profesionales.

Llegada la fecha de vencimiento de esa facultad, el 8 de marzo de 1999, debido a la inexistencia de escuelas de conductores profesionales, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dictó el decreto supremo Nº 15, para que pudieran seguir otorgándose las licencias, y, un año más tarde, en marzo de 2000, dictó el decreto supremo Nº 25, con el mismo objeto, aunque un poco más restringido. En el informe se ahonda en el contenido de las normas señaladas.

En consecuencia, en la actualidad existen licencias antiguas clase A1 y A2 otorgadas al amparo de diferentes normas, lo que en la práctica ha llevado a que ningún conductor esté en condiciones de cumplir con el requisito de posesión de licencias clase A1 o A2, nuevas, para acceder a la licencia A3, que es la que deben poseer los conductores de locomoción colectiva, lo cual ha ocasionado serios problemas a ese gremio. Otro tanto puede decirse del transporte de carga.

En la actualidad, un conductor de vehículo de locomoción colectiva que obtuvo una licencia clase A1 de acuerdo a las normas señaladas y que, por lo tanto, se encuentra habilitado para su ejercicio, no podrá obtener la licencia profesional clase A3 para manejar el mismo tipo de vehículo, en razón de que la ley le exige haber estado en posesión de la licencia clase A1 o A2, nueva, al menos durante dos años. Como consecuencia de ello, dicho conductor no puede continuar ejerciendo su profesión, aun cuando haya efectuado el curso en las escuelas de conductores profesionales, lo que es un contrasentido.

Lo mismo ocurre con un conductor que esté en posesión de la licencia clase A2, que faculta para conducir todo tipo de vehículo de carga, y que ahora se distribuyen entre las licencias clases A4 y A5. Él no podrá obtener su licencia profesional clase A5 por cuanto la ley le exige estar en posesión de la licencia A4, nueva, durante dos años.

De esta manera, en ambos casos dichos conductores efectivamente se encuentran en una situación que les afecta laboralmente. Son éstos los problemas que el mensaje y las tres mociones persiguen solucionar.

Fundamentos del proyecto.

Según la parte expositiva del mensaje, el no perfeccionamiento oportuno de la normativa vigente ha significado un grave perjuicio para gran cantidad de ciudadanos, toda vez que la imposibilidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley para ser titular de licencia de conducir profesional se traduce en incumplimiento de las obligaciones laborales, pues el hecho de contar con una determinada clase de licencia vigente constituye un requisito de la esencia de muchas de estas relaciones.

Sin embargo, es necesario hacer presente que la imposibilidad de haber obtenido licencias de conducir profesionales en el comienzo del sistema es decir, a contar del 8 de marzo de 1999 se debió a la tardanza en la creación de las escuelas de conductores profesionales, puesto que el reglamento de las mismas se publicó en el Diario Oficial el 9 de febrero de 1999, sólo un mes antes de que comenzara a exigirse el requisito de haber aprobado los cursos teóricos y prácticos impartidos por las escuelas de conductores profesionales. Evidentemente, en menos de un mes no podían instalarse las escuelas, ser aprobados sus planes y programas ni menos dictarse los cursos.

Ideas matrices o fundamentales del proyecto.

Las ideas matrices o fundamentales del proyecto son las siguientes:

1.Establecer una ficción legal por la cual se entienda que determinados conductores cuentan con el requisito exigido por el artículo 13, inciso segundo, número 5, de la ley Nº 18.290, de Tránsito, aunque en la práctica no cuenten con dos años en posesión de licencia profesional que los habilite para optar a las licencias clases A3 y A5.

2.Eliminar algunas palabras usadas incorrectamente en la legislación vigente.

3.Establecer una sola licencia de conducir para los conductores de vehículos de las instituciones uniformadas y evitar de esa manera que deban poseer una licencia de conducir por cada tipo de vehículo que manejen, según el artículo 12 de la ley Nº 18.290, como ocurre en la actualidad.

4.Aumentar el plazo que medie entre cada control de las licencias profesionales, como una forma de estimular la enseñanza en las escuelas de conductores profesionales.

5.Calificar la idoneidad moral de los conductores no profesionales no sólo en el momento del otorgamiento de las licencias, sino también en el de cada control.

6.Hacer coincidir, en el caso de todas las licencias de conducir, la fecha de control con la fecha de cumpleaños de su titular.

Para materializar las ideas matrices, el mensaje tiene siete objetivos claramente expresados en su texto, a saber:

1.Se persigue solucionar los problemas que afectan a los postulantes a licencias de conducir profesional clases A3 y A5, en relación con el requisito del plazo que deben cumplir. La ley vigente establece que para obtener licencia clase A3, el postulante debe acreditar haber estado en posesión de licencia A1 o A2 licencia profesional por lo menos durante dos años. En el caso de la licencia clase A5, el postulante debe acreditar haber estado en posesión de licencia clase A4 a lo menos durante dos años. Sin embargo, debido al poco tiempo que lleva en operación el sistema, no hay conductores profesionales que cumplan ese requisito. Además, se produce un problema con los conductores que poseen licencias “antiguas” no profesionales, puesto que, en virtud de lo expresado en el artículo 2º transitorio de la ley Nº 19.495, las licencias clases A1 y A2 mantendrán su vigencia.

El proyecto propone crear una ficción legal mediante la cual considera cumplido el requisito del plazo señalado en el artículo 13, inciso segundo, número 5, de la ley de Tránsito, respecto de los conductores que han obtenido licencias clases A1 y A2 antes del 8 de marzo de 1997 y de los que las obtuvieron al amparo del artículo 3º transitorio de la ley Nº 19.495.

En el caso de quienes hubieren obtenido licencias clases A1 y A2 antiguas con posterioridad al 7 de marzo de 1999, se faculta a los directores de los departamentos de tránsito y transporte público municipales respectivos para otorgar una prórroga de las mismas, para el solo efecto de cumplir con el plazo de dos años exigidos para optar a las licencias clases A3 y A5.

2.Se plantean algunas modificaciones menores que evitarán dificultades en la aplicación de las normas legales relativas al otorgamiento de licencias, como la utilización de voces inadecuadas que lo único que han causado hasta la fecha es confusión. En concreto, el artículo 3º transitorio de la ley Nº 19.495 propone eliminar el vocablo “profesional” la primera vez que aparece mencionado, y la palabra “nueva”.

3.Se faculta, además, a los directores de los departamentos de tránsito y transporte público de las municipalidades autorizadas para otorgar licencias de conducir para prorrogar las licencias A1 y A2 otorgadas entre el 8 de marzo de 1997 y la fecha de publicación de esta ley hasta la fecha de cumpleaños del titular en el 2001.

4.Se modifica la licencia especial clase F, en el sentido de eliminar del artículo 12 de la ley de Tránsito las expresiones “especiales” y “no incluidos en las clases anteriores”. En la actualidad, la licencia especial clase F está referida únicamente a vehículos motorizados de guerra y afines, pues la mayoría de los otros vehículos ya están comprendidos en las demás clases de licencias.

5.Se propone aumentar el plazo de control de la licencia profesional de dos a cuatro años, como una forma de estimular la enseñanza en las escuelas de conductores profesionales. Como contrapartida, se faculta al juez de policía local, en los casos en los que le toca intervenir, para ordenar un nuevo plazo de control de licencia, antes del plazo establecido. Además, se faculta al director de tránsito y de transporte público municipal para modificar el plazo de control en casos calificados, como, por ejemplo, en el de edad avanzada.

6.También se establece que el control de la licencia se verificará en la fecha de cumpleaños del titular, lo que constituye una medida para contrarrestar el olvido que dicho trámite supone para todos los titulares de licencias de conducir y para distribuir la demanda.

7.Finalmente, se modifica lo relativo a la idoneidad moral en el control de las licencias no profesionales. En la actualidad, las municipalidades no pueden negar la renovación de éstas por factores vinculados a la idoneidad moral, la que sólo se califica en el momento de su otorgamiento. El proyecto propone que la idoneidad moral también sea calificada en el momento de efectuar los controles por parte de las direcciones de tránsito, de modo que se permita negar o restringir el período del siguiente control por esta causal.

Artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política de la República, ha sido calificada como norma de rango orgánico constitucional la contenida en el artículo 4º, número 3, del proyecto, por la que se modifica el artículo 19 de la ley Nº 18.290, de Tránsito, específicamente sus incisos segundo y tercero.

Discusión y votación general del proyecto:

A la discusión en general del proyecto habida en el seno de la Comisión, concurrió el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Carlos Cruz Lorenzen , quien expuso el parecer del Ejecutivo sobre el particular.

Hubo consenso en la Comisión sobre la necesidad de legislar sobre la materia, a fin de solucionar los problemas a que he hecho referencia.

Informo a la honorable Sala que el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los diputados presentes en la Comisión.

Discusión y votación particular del proyecto.

El proyecto consta de cuatro artículos permanentes y un artículo transitorio, a saber:

Artículo 1º

Señala los casos en los que se entenderá que los conductores que han obtenido licencias de conducir clases A1 y A2 antiguas en diferentes momentos, tanto antes como después de la entrada en vigencia de la ley Nº 19.495, cumplen con el requisito de posesión durante dos años para acceder a las nuevas licencias profesionales A3, para el transporte de pasajeros, y A5, para el transporte de carga.

Los diputados señora Caraball y los señores Alessandri , Alvarado , Ceroni , René García , Felipe Letelier , Pareto , Salas, Ulloa , Van Rysselberghe y Vega formularon una indicación para sustituir el artículo 1º por el que se señala en el informe, la cual fue aprobada, sin discusión, por la unanimidad de los diputados presentes.

Artículo 2º

De una manera indirecta, esta norma establece una postergación de la exigencia de efectuar los cursos teóricos y prácticos en una escuela de conductores profesionales, al permitir su prórroga hasta la fecha de cumpleaños de su titular en el año 2001.

Este artículo fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes.

Artículo 3º

Este precepto plantea dos modificaciones pequeñas que evitarán dificultades en la aplicación de las normas legales relativas al otorgamiento de licencias. En concreto, en el artículo 3º transitorio de la ley Nº 19.495, propone eliminar el vocablo “profesional” la primera vez que aparece mencionado, y la palabra “nueva”.

Este artículo fue aprobado sin debate por la unanimidad de los diputados presentes.

Artículo 4º

Por este artículo se introducen cuatro modificaciones en la ley de Tránsito.

1.Por este número se permite que los conductores de vehículos de las instituciones uniformadas utilicen solamente una licencia especial denominada Clase F, y no una licencia por cada tipo de vehículo que conduzcan, como ocurre en la actualidad.

Este número fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes.

2.Por este número se reemplaza el inciso segundo del artículo 18, con el objeto de incorporar el antecedente “idoneidad moral” dentro de aquellos que se controlan cada seis años a los titulares de licencias no profesionales. Actualmente, sólo están en esa situación la idoneidad física y psíquica.

Este número fue aprobado por nueve votos a favor y dos abstenciones.

3.Por este número se reemplaza el artículo 19 de la ley de Tránsito, en el siguiente sentido:

a)Se aumenta de dos a cuatro años el plazo de control de la licencia profesional.

b)En concordancia con lo anterior, se le confiere una nueva facultad al juez de policía local para ordenar controles antes del plazo legal.

c)Establece una norma novedosa: hace coincidir la fecha de control de las licencias con la fecha de cumpleaños del titular.

Este número fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes.

4.El actual inciso sexto del artículo 21 se refiere a la posibilidad de fijar plazos de vigencia distintos de los señalados en la ley para las licencias no profesionales. La norma propuesta hace referencia a las licencias no profesionales, que duran seis años, y a las profesionales, que duran cuatro.

Este número fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes.

Artículo 1º transitorio

Señala que los titulares de licencias de conducir otorgadas con anterioridad a la publicación de esta ley deberán efectuar su control en la fecha de su cumpleaños siguiente a la anotada en su licencia de conducir.

Este artículo fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes.

Artículo 2º transitorio, nuevo:

La diputada señora Caraball y los diputados señores Alessandri , René García , Felipe Letelier , Pareto , Salas y Ulloa formularon una indicación para agregar un artículo 2º transitorio, nuevo, que permita que los conductores de vehículos de las instituciones uniformadas puedan seguir utilizando las licencias que actualmente poseen hasta su vencimiento, y sólo en ese momento deban obtener la licencia especial Clase F.

Este artículo fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes.

En virtud de las consideraciones expuestas, recomiendo a los señores diputados la aprobación del proyecto propuesto.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor LEÓN (Vicepresidente).-

Señor diputado, el Orden del Día concluye a las 13.30 horas, de manera que cerca de esa hora plantearemos a la Sala su solicitud.

En discusión general y particular el proyecto que modifica la ley de Tránsito.

Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, en primer lugar felicito al ministro de Transportes y Telecomunicaciones porque no actuó como los ministros anteriores, quienes, mediante decreto, prorrogaron la vigencia de la ley. A juicio de la Comisión, un decreto no puede estar por sobre la ley. Aquí se mencionaron los decretos supremos Nºs 15 y 25, que modificaron en ambas ocasiones la normativa legal.

Creo que hoy se ha actuado bien y dado el paso correcto, sin “baipasear” al Parlamento. Por nuestra parte, hemos cumplido y antes de 24 horas despachamos el proyecto, aun cuando el clima nos hizo una mala jugada. De lo contrario, estaría en el Senado desde la semana pasada, pues fue aprobado por la unanimidad de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados.

Se van a decir muchas cosas respecto del proyecto, porque es muy sencillo, pero complicado para el común de las personas. Cuando se dictó la nueva ley de Tránsito, se pensó que habría escuelas de conductores a lo largo de todo el país, que habría una competencia razonable y que los cursos tendrían un precio justo.

Sin embargo, a pesar de que existen ochenta escuelas de conductores en el país, no todas las regiones cuentan con una de ellas y, por lo general, se han instalado en las cabeceras de provincia. Esto significa que quien quiere tomar un curso de esta naturaleza, tiene que trasladarse durante diez o veinte días hasta donde existen estas escuelas, porque deben cumplir ciento cincuenta horas de clases, lo que encarece enormemente el curso.

Señor Presidente, el espíritu que existía cuando se modificó la ley del Tránsito era que la gente que tenía licencias A1 y A2 antes del 8 de marzo de 1997 no requeriría de estos cursos.

No obstante, mediante un reglamento del Ministerio de Transportes, se exigió su realización a los poseedores de dichas licencias, y lo que es peor, cada vez que una persona va subiendo de licencia, se le obliga a efectuar estos cursos. Vale decir, las personas que tengan licencia A1 deberán realizar uno de estos cursos para obtener una licencia A2. Lo mismo ocurrirá con quienes tengan una licencia A2 y quieran obtener una licencia A3, con quienes tienen una licencia A3 y necesitan una licencia A4 y con quienes tienen una licencia A4 y postulan a una licencia A5. Esto significa que quien desea pasar de la licencia A1 a la licencia A5 tiene que concurrir a cuatro cursos en estas escuelas de conductores. Estimamos que la única diferencia que existe entre estas licencias es que unas se exigen para conducir vehículos de pasajeros y las otras, para conducir vehículos de carga superiores a 3.500 kilogramos.

En consecuencia, la gente que ya tiene licencia A1 o A2 y ha manejado por varios años, no tiene la necesidad de hacer estos cursos para renovarlas, siempre que su licencia haya sido extendida desde 1997 hacia adelante. Eso significa que todas las licencias profesionales extendidas antes eran prácticamente brujas, ya que esa gente, que ha manejado muchos años, no cumple algunos requisitos, como tener cuarto medio, mientras que quienes poseen las nuevas licencias sí lo tienen. En consecuencia, había gente que tenía una tremenda práctica, muchas condiciones y años de servicio en esto, pero debía realizar estos cursos.

Por lo tanto, mediante este proyecto, que es muy sencillo, se considera que las personas que tienen licencia de conducir A1 o A2 cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 13 y, además, las prorroga hasta el 2001, con el objeto de evitar los problemas que están sufriendo sus poseedores en la actualidad.

Aún más, cuando una persona obtenía una licencia de este tipo, se le ponía un timbre “No profesional”; en consecuencia, mientras no cumplía estos requisitos era “No profesional”, lo que, en el fondo, significa que manejaban con una licencia legal, pero no profesional. Felizmente, ya se ha dictado un decreto para que esto se vaya subsanando.

Creemos que es de toda justicia que se arreglen estos problemas que soportan los choferes profesionales. Tan cierto es esto que existen tres proyectos de ley para resolver los problemas relacionados con estas licencias.

Señor Presidente, a pesar de que la iniciativa se aprobó por unanimidad, mucha gente dice que estamos frente a una mala ley; pero estimo que esto no es así, porque aquí se trataron de resguardar dos cosas fundamentales: que el conductor profesional tenga la capacidad e idoneidad para dar seguridad al transporte que realiza.

Reitero, algunos dicen que se trata de una mala ley y que se ha legislado a la ligera, lo que es absolutamente falso. No creo que los 120 diputados y los 48 senadores hayan procedido de esa manera, ya que, como dije, el proyecto fue aprobado por unanimidad.

¿Cuál fue el problema? Que muchas regiones no cuentan con escuelas de conductores y a lo imposible, nadie está obligado. Ese es el problema fundamental de la ley vigente, lo que nos ha obligado a tramitar este proyecto.

Varios diputados hemos presentado indicación para que el plazo que concede este proyecto se prorrogue hasta el año 2002, en lugar del 2001, porque ya queda muy poco tiempo.

Con la misma honestidad y franqueza con que estamos hablando, quiero decir a los señores conductores que ya se les han otorgado prórrogas desde 1997, por lo que espero que ésta sea la última que se apruebe para solucionar estos problemas.

En relación con la falta de escuelas de conductores, que es la traba que tenemos actualmente, el señor ministro señaló en una conversación con la Comisión, que esto se podría solucionar mediante la creación de escuelas de conductores atendidas por Carabineros de Chile, lo que permitiría impartir los cursos a través de todo Chile, con lo que se eliminaría el problema de traslado a las personas que solicitan licencias. Esto no es algo extraño, ya que Carabineros cuenta con su propia escuela de conductores, en la cual capacita a su personal para que pueda servir mejor.

La otra solución planteada por el ministro era que las municipalidades establecieran escuelas de conductores, lo que permitiría ofrecer este servicio en todas las comunas del país y evitaría que la gente que necesite realizar estos cursos tenga que trasladarse a las cabeceras de provincia. En caso de que no se pudieran implementar en todas las comunas, se podrían realizar convenios para rebajar los costos de traslado y estada de las personas que requieren este servicio, quienes tienen que estar diez, quince o veinte días fuera de su casa para participar en estos cursos destinados a obtener licencias profesionales de conducir.

No quiero dejar pasar esta oportunidad para señalar que el proyecto establece que a los conductores de vehículos de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de Investigaciones y de Gendarmería que a la entrada en vigencia de esta ley posean licencias de acuerdo con lo establecido por el artículo 12 de la ley de Tránsito para conducir los distintos tipos de vehículos que en él se señalan, no se les exigirá obtener la licencia especial clase F, sino a contar de la fecha de control de las que actualmente poseen. O sea, si un carabinero tiene licencia para conducir vehículos, también podrá conducir motocicletas y viceversa. Esta modificación tiene por objeto facilitar las labores de quienes trabajan en estos organismos.

Se han presentado varias indicaciones destinadas a dar las facilidades necesarias a los conductores para obtener sus licencias, así como para llegar a tener choferes profesionales de verdad.

A mi juicio, el reglamento dictado por el Ministerio produjo estos problemas, ya que en él se dispuso la realización de estos cursos para obtener licencias profesionales de conducir, lo que no estaba en el espíritu de la ley de Tránsito.

Por lo tanto, tenemos que reafirmar que al parecer de la Comisión, las personas que obtuvieron licencia de conducir profesional antes del 8 de marzo de 1997 no tendrán que realizar cursos de conductores, porque ya tenían su licencia profesional.

Por estas razones, anuncio que Renovación Nacional va a aprobar este proyecto de ley.

He dicho.

El señor LEÓN (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el honorable diputado señor Enrique Jaramillo.

El señor JARAMILLO.-

Señor Presidente, me produce agrado intervenir en la discusión de este proyecto de ley, mediante el cual el Ejecutivo no sólo resuelve ciertas contradicciones existentes en la normativa que regula la obtención de licencias contenida en la ley de Tránsito, sino que también aborda un inquietante problema social, como es el que afecta a los conductores de taxis básicos, colectivos, buses y microbuses de la locomoción colectiva, a quienes se les exigía realizar cursos en las denominadas “escuelas de conductores profesionales” con el fin de quedar en posesión de una licencia de conducir habilitante para desempeñarse en el transporte de pasajeros.

Varias decenas, por no decir cientos, de conductores de las comunas de mi distrito, el 54, hicieron presente que era inminente la pérdida de sus fuentes laborales.

Me reuní con los sindicatos correspondientes y, en conjunto, solicitamos a las autoridades del ramo la prórroga del plazo que se establece en el proyecto para realizar los cursos en esas instituciones de reciente creación legal.

Mi preocupación se sumó a la de otros muy estimados honorables diputados, con quienes pedimos al Ejecutivo, mediante un proyecto de acuerdo, tomar cartas en el asunto para evitar un daño irreparable a un gremio que ya arrastra muchos problemas y al cual exponíamos derechamente a la cesantía.

Afortunadamente, el Supremo Gobierno y especialmente el señor ministro de Transportes y Telecomunicaciones, don Carlos Cruz , presente en la Sala, tomaron en consideración nuestra petición y hoy conocemos del proyecto que regulariza la situación de los conductores que se encuentran en la imposibilidad de renovar sus licencias vencidas, entre otras causas, por no haber realizado los cursos especiales obligatorios.

Destaco el gesto de respeto y de consideración del Ejecutivo hacia el Parlamento, que, sin duda, muestra un nuevo estilo de hacer las cosas, como mencionaba el diputado señor René Manuel García.

En relación con las escuelas de conductores y considerando que estas entidades continuarán en funcionamiento y que sólo prorrogaremos los plazos para que los interesados realicen su capacitación, me permito plantear al señor ministro la urgente necesidad de que se diseñen programas especiales de ayuda a estos gremios tan empobrecidos para que, efectivamente, cumplan la ley y los choferes puedan realizar los cursos.

Esas instituciones cobran en la actualidad precios realmente prohibitivos, de varios cientos de miles de pesos por cada trabajador que se capacita. En comunas alejadas, como sucede en mi distrito, tomar las clases supone trasladarse fuera del hogar por algunos días o semanas, a lo mejor, aparte de incurrir en gastos por alojamiento, manutención y, por supuesto, dejar de trabajar, todo lo cual no lo puede costear un conductor que a veces gana sumas que apenas alcanzan al ingreso mínimo mensual. El traslado de las escuelas al lugar, en mi opinión, también implica un mayor costo.

En estas condiciones, resulta fundamental saber del representante del Ejecutivo qué tipo de programas desarrollará a través de esa cartera o de la del Trabajo, como el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence , por ejemplo, para apoyar económicamente o subsidiar a los conductores que deban profesionalizarse mediante estos cursos. Al mismo tiempo, pido algún mayor control para evitar la especulación abusiva efectuada por los dueños de estas escuelas, en ocasiones, respecto de los precios.

En honor al tiempo, he formulado estas observaciones y consultas, y anuncio mi voto favorable a la iniciativa del Gobierno.

He dicho.

El señor LEÓN (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Ulloa.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, me alegro mucho de que un proyecto que motivó la inquietud de varios señores parlamentarios presentes en la Sala, tenga una rápida recepción en el Ejecutivo. Es importante señalar que tanto el subsecretario de Transportes, señor Tombolini , como el señor ministro de la cartera, acogieron rápidamente la idea de modificar aquí discrepo de mi colega René Manuel García lo que había sido y es hasta hoy una mala ley, hecha por nosotros seguramente con un sentido distinto, pero con obstáculos que han puesto en serio aprieto a muchas personas que se ganan la vida en Chile como conductores para llevar el pan a sus hogares. El Presidente de la República, con ayuda de sus funcionarios de confianza, ha recogido lo que planteamos en la Cámara para modificar y perfeccionar el texto legal que, sin duda, tiene graves deficiencias.

Es importante destacar que la actual ley de Tránsito tiene una serie de insuficiencias, y que hoy estamos atendiendo sólo lo más urgente: el problema de gran cantidad de personas que quedan cesantes por no poder acceder a los cursos que la ley exige para obtener licencia profesional de conducción, lo cual se debe a dos razones. En primer lugar, porque en marzo de este año apenas había 27 escuelas en Chile, y ahora, cerca de 80; pero en algunas regiones y provincias ellas no existen, lo que imposibilita la concreción del requisito de acceder a los cursos.

En segundo lugar, lo más grave es la dificultad que planteamos en la Sala, la cual incide en el costo elevado, oneroso y excesivo de estos cursos.

Es necesario que los conductores profesionales lo sean de verdad, no sólo en virtud de la antigüedad de sus licencias, sino por acceder a un curso que, dictado en un número de horas razonables, tenga un valor también razonable o que, por lo menos, no les impida hacerlo.

La ley de Tránsito, para acceder a la licencia profesional, ha clasificado a los conductores en cinco tipos, en vez de los dos tradicionalmente existentes: A1 y A2, de manera que cualquier persona que quiera ganarse la vida como conductor o imperiosamente desee trabajar como taxista, necesita una licencia; si postula a ser conductor de bus o de camiones, requiere otra distinta. En definitiva, si hoy no tengo empleo y quiero ganarme la vida como conductor profesional debo pagar un promedio de 300 mil pesos por curso, cifra absolutamente inalcanzable. Desde esa perspectiva, consideramos que hay deficiencias y que debe reducirse el número de licencias profesionales, porque exigir cinco es excesivo.

Por otro lado, nunca más hay que dejar fuera de la ley de Tránsito a quienes han desarrollado esa actividad durante toda la vida: a Carabineros de Chile. No es lógico ni normal que esa institución quede al margen de esa ley. Desde esa perspectiva, me parece saludable así se lo planteé en la Comisión al señor ministro, e incluso sería bueno, conveniente y hasta prudente que Carabineros de Chile pudiera acceder a estas escuelas en determinados lugares, ser partícipes de ellas y dictar los cursos. Esa fórmula es interesante. No me inclino por las municipalidades, básicamente porque emiten las licencias y, en consecuencia, serían juez y parte, a diferencia de Carabineros de Chile, que no tiene intervención en el costo de la infracción ni en el otorgamiento de las licencias.

Es bueno destacar que el señor ministro tiene claro que el proyecto soluciona el problema más urgente, pero no otros temas que vendrán más adelante. Es muy importante señalar que la Unión Demócrata Independiente lo ha acogido favorablemente y que con su concurso esperamos despacharlo de inmediato, porque estos temas son los que interesan a la gente, para los cuales, como lo hemos planteado, busca soluciones. ¡Esto afecta a la gente y no otras cosas!

Hoy, muchos profesionales tal vez demasiados están quedando sin trabajo por culpa de una ley defectuosa. En ese sentido, estimamos relevante que, aparte de los artículos que hemos aprobado en la Comisión, también sean acogidas favorablemente algunas indicaciones; pero quiero dejar muy en claro que no es nuestra intención que la tramitación del proyecto se detenga o se entrabe. Si el señor ministro entiende que alguna indicación puede ser perniciosa, podemos retirarla. Yo, por lo menos, estoy dispuesto a ello si alguna significa retrasar el proyecto. Es urgente que la Sala despache hoy este proyecto de ley, y que ojalá la próxima semana lo haga el Senado. Nosotros, como en varios otros proyectos que presentamos al Ejecutivo que los acogió y envió al trámite legislativo como uno solo, vamos a apoyar la iniciativa, por lo cual anticipamos nuestros votos favorables. Lo importante es dar solución a este problema en no más de una semana, para que mucha gente pueda mantener sus empleos o, por lo menos, logre conseguir otros. Eso nos anima e interesa y, desde luego, creemos que nuestro aporte en esta materia ha sido importante para corregir defectos.

Finalmente, me alegra que el señor ministro haya retirado el decreto completamente ilegal, por lo demás dictado por la administración anterior, que diferenciaba los conductores profesionales con curso de los sin él, con un timbre ni siquiera el papel de antecedentes de los presos lo cruzan con un timbre tan grandote que decía: “No profesional”. Al colocar esta frase se pasaba a llevar claramente la ley, porque ésta distingue entre profesionales con curso y profesionales sin curso, pero nada más.

He dicho.

El señor LEÓN (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Velasco.

El señor VELASCO.-

Señor Presidente, sin duda, las expresiones vertidas por aquellos parlamentarios que han hecho uso de la palabra son concluyentes y definitivas.

Agradezco al señor ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, y también al del Interior, por enviar este proyecto que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo a la obtención de licencias de conducir.

Hemos escuchado recientemente las palabras del honorable diputado Jorge Ulloa , en el sentido de que ésta es una mala iniciativa, incompleta, con grandes vacíos. En verdad, es así. Por ello, un conjunto de parlamentarios hemos estado preocupados por cuanto hemos recibido, de parte de choferes y organizaciones sindicales, una serie de aprensiones respecto de la aplicabilidad del presente proyecto. En reiteradas reuniones sostenidas con autoridades del Ejecutivo, hemos planteado la inquietud de la gente que trabaja como chofer de taxis colectivos o básicos, de camiones, buses, micros, etcétera.

Como muy bien lo señalara el diputado informante, señor Luis Pareto , se han presentado tres iniciativas para perfeccionar la mala legislación aprobada por esta Sala en su oportunidad. Por eso, estamos viendo de qué manera podemos modificar este proyecto para beneficiar a los choferes y transportistas.

También me parece realmente increíble que sólo en escasas regiones existan escuelas de conductores. Hay algunas en provincias y ninguna en comunas alejadas de ciudades importantes, lo que implica que el chofer que debe seguir un curso para obtener la renovación de su licencia de conducir debe abandonar su “pega”, la actividad que le permite el sustento de su familia, y debe desplazarse cientos de kilómetros. Esa situación es consecuencia de un vacío legal enorme, que además tiene un grave problema de costos por los arbitrarios precios de los cursos, que oscilan entre 300 mil y 400 mil pesos. Por último, las restricciones que ha impuesto la ley Nº 18.290 a las direcciones de tránsito han agravado el problema, porque sus directores están atados de manos para resolver la situación de los choferes. Aún más, aparte de los costos, tanto por el valor de los cursos como por el traslado en el caso del chofer que debe viajar a la capital regional donde existe alguna escuela de conductores cuya idoneidad y competencia nadie puede garantizar se les exige a los conductores o choferes que quieran renovar su licencia llevar el camión, la micro, o lo que sea, para el examen práctico. Entonces, no sólo les cobran caro, sino que les hacen un cúmulo de exigencias. Realmente, es increíble lo que ha sucedido con esta ley; parece algo de Ripley. Reitero, además de cesantía, acarrea gastos y molestias a los conductores.

Como bien se ha dicho, hemos presentado, con el apoyo de los jefes de casi todos los comités, un conjunto de indicaciones que permitirán perfeccionar y mejorar este proyecto de ley para hacer más viable la normativa para los más de 500 mil choferes, cuya situación nos interesa resolver. Así, por ejemplo, en una de las cuatro indicaciones que ha contado con beneplácito, cambiaremos el guarismo “2001” por “2002”. Sin embargo en esto quiero ser absolutamente claro aquí no se trata de trabar, de alargar el proceso legislativo, sino de que esta Sala se pronuncie inmediatamente sobre estas indicaciones, que permitirán perfeccionar el proyecto en el sentido que lo ha hecho la Comisión técnica, no sólo porque el Gobierno lo ha calificado de “discusión inmediata”, lo que me parece excelente, sino porque ahora tenemos que sacar un proyecto de ley bueno, que sea útil para los choferes y conductores del país, y que no siga creándoles más dificultades. Hagamos posible que los choferes de cada medio de transporte sean favorecidos y no perjudicados con este proyecto.

He dicho.

El señor LEÓN (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente, cuando se intenta mejorar normas y se establecen nuevas instituciones es habitual que en su implementación se produzcan algunas dificultades. Es el caso del proyecto en discusión.

Un dato tremendamente grave es que la principal causa de muerte en nuestro país siguen siendo los accidentes del tránsito. Cuando nos enfrentamos con esta estadística, hace varios años, se dispuso el estudio de un conjunto de iniciativas. Una de ellas fue mejorar los requisitos para acceder a la licencia profesional. El proyecto de ley que estamos debatiendo ahora dice relación, precisamente, a cómo se ha ido implementando esa nueva institucionalidad.

Estoy de acuerdo con la profesionalización creciente de quienes se dedican a la labor del transporte público de pasajeros, de los que cumplen una función de transporte de carga mayor o conducen un vehículo por las calles del país durante largas horas. Junto con establecer ciertos requisitos nuevos, en particular para quienes ingresan por primera vez a esta actividad, es necesario ver y estudiar cómo se sigue ampliando la calidad de los conductores chilenos, por cuanto las estadísticas existentes son graves, propias de un país con problemas de subdesarrollo cultural, ya que la principal causa de muerte en el país son los accidentes de tránsito.

Por otro lado, se había presentado un problema con los plazos, que fue resuelto en forma adecuada por esta iniciativa para las personas que acceden por primera vez a la licencia profesional, estableciendo una prórroga para adecuar su incorporación en un calendario más fácil.

Sin perjuicio de ello, subsiste un verdadero cuello de botella que dice relación con los costos de los cursos en las escuelas de conductores, una de las principales dificultades que deben enfrentar, en especial los choferes de los taxis colectivos, por cuanto el escaso número de escuelas en las regiones hace subir los costos, los que, a veces, son muy superiores a sus ingresos. Son necesarios y útiles, pero en muchas ocasiones no están a su alcance, pues su valor asciende a los 300 mil pesos, lo que puede crear una tremenda dificultad social.

Es cierto que el proyecto en discusión mejora los plazos y permite dignificar y corregir el gran error que se cometió con los conductores profesionales previo a 1997, ya que, en algún momento, determinado funcionario cometió el despropósito de no calificarlos como conductores profesionales. Pero, junto con reconocer la experiencia de los choferes antiguos y facilitar los requisitos para que puedan ir optando al carné profesional superior, es decir, ir de la licencia clase A1 hasta la A5, para camiones de carga o con acoplado. Lo importante es qué pasa con los conductores no empresarios que comienzan a desempeñar esta actividad, realidad que se da en gran medida en el país. Normalmente, las empresas no tienen dificultad en que sus trabajadores realicen el curso, pues pueden descontarlo del IVA y acceder a la bonificación que establece la ley. Asimismo, muchas empresas de transporte, tales como la Pullman, los Buses del Sur u otras, podrán acceder a los mecanismos tributarios para financiar los cursos de sus trabajadores.

Sin embargo, hay otro segmento, en particular el vinculado a los taxis colectivos y a los buses rurales, cuyo negocio es muy poco rentable. Para ellos, que muchas veces declaran por renta presunta, es mucho más complejo acceder al financiamiento del curso para sus colaboradores, a quienes, en consecuencia, les será traspasada esa carga.

Hay trabajadores del sector público que han debido cargar con el costo de su estudio, materia que se discutirá más adelante.

Me gustaría saber qué pasa con el proceso de capacitación que nos interesa como país, a fin de evitar los accidentes de tránsito y mejorar la calidad del servicio. Dejo planteado el tema.

Es verdad que el Banco del Estado ha abierto una línea de crédito especial, pero ocurre que en la última década y media muchos chilenos se sobreendeudaron y aparecen en Dicom. Ello no quiere decir que sean delincuentes, pero ese hecho muchas veces impide la aprobación de un crédito para realizar sus estudios. Por ende, es importante buscar mecanismos que garanticen el acceso a esa capacitación, sea vía Fosis , por bonificación directa del Sence u otros mecanismos inventados para dar créditos.

Los 40 mil trabajadores del transporte público de pasajeros son gente digna, buena y que desean tener una oportunidad. Además, carecen de otras opciones de trabajo en un futuro cercano. Por eso, ahora hemos ampliado los plazos a fin de buscar un mecanismo que facilite su acceso a dichos cursos. Una forma, que planteo por su intermedio, señor Presidente, es que el subsecretario de Transportes estudie la posibilidad de que las escuelas existentes puedan impartir cursos fuera de sus sedes. Por ejemplo, si hay una escuela de conductores en Concepción, deseamos asegurar que los choferes de Mulchén tengan la misma posibilidad de realizar los cursos. Y la única forma de que eso pueda ocurrir es flexibilizando los lugares donde operan las escuelas para permitir que se trasladen y realicen los cursos teóricos y prácticos en Mulchén. Por ello, reitero mi petición, con el objeto de que se pueda llevar a efecto esta medida durante el período de ajuste, que es de dos años.

Adicionalmente, la iniciativa en estudio ha fijado un plazo mayor para renovar las licencias profesionales cada cuatro años, lo cual es muy importante. Algunos colegas han sugerido que sea cada seis. No tengo objeción respecto de esa proposición, siempre y cuando haya un control periódico. De igual modo, es necesario que las personas que realicen esa actividad cumplan ciertos requisitos.

En el artículo 18, se reemplaza el inciso segundo por uno que se refiere a la “idoneidad moral”, concepto que no comparto y que encierra un juicio discutible sobre lo que se entiende por moral o inmoral. Pero lo que interesa es que, en cuanto a quienes transportan a nuestros niños, mujeres, trabajadores, abuelos, etcétera, exista la garantía de que no son delincuentes, criminales ni violadores. Se requiere dignificar la labor de los choferes profesionales. Es un avance muy positivo el criterio de controlar en forma periódica sus antecedentes para asegurarse de que no hayan incurrido en falta.

Por último, en el estudio de estos nuevos plazos, más allá de esta iniciativa, es básico reflexionar sobre la incorporación de otros choferes que se desplazan por distintas calles y carreteras, quienes deben cumplir con los requisitos que exige la licencia profesional, por ejemplo, de empresas repartidoras; de cadenas que prestan servicios, en particular vinculadas al servicio público, tales como de electricidad, de agua potable, etcétera. No digo que sea en ésta, sino en futuras leyes.

He dicho.

El señor LEÓN (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Alvarado.

El señor ALVARADO.-

Señor Presidente, sin duda, el proyecto en discusión es de vital importancia para miles de conductores, ya que, por circunstancias impuestas por la legislación de hace un par de años, las condiciones para las escuelas de conductores no se dieron en los plazos que se pensaba y mediante decretos se fueron generando normas intermedias para prorrogar las licencias de conducir.

Quienes vivimos en regiones, sabemos lo que cuesta acceder a un curso profesional de conductores en lugares aislados del país. En esa perspectiva, nos parece sano que este proyecto recoja un problema real, pues muchas personas que habían prorrogado sus licencias de conducir iban a quedar imposibilitadas de seguir trabajando, porque los plazos establecidos por la legislación no calzaban para que continuaran conduciendo vehículos de transporte de pasajeros o de carga.

El proyecto solucionará un problema laboral que afecta a muchas personas. En definitiva, establece un plazo para que la futura ley se aplique en su integridad, de manera de evitar la incertidumbre que ocasionan las prórrogas sucesivas, que también inhiben la formación de escuelas profesionales de conductores en regiones.

Sin duda, debe preocuparnos el financiamiento de los cursos en ellas. Está claro que quien tiene un empleo estable, regulado por un contrato de trabajo, podrá acceder a beneficios del Sence, y que el pequeño empresario, que tributa por renta presunta, podrá financiarlos. Sin embargo, el que trabaja de manera independiente, como se expresó hace un rato, tendrá dificultades, que nosotros no podemos eludir.

En la Comisión se manifestó que el Banco del Estado está haciendo un esfuerzo especial de apoyo a los conductores; pero, como bien señaló el colega Juan Pablo Letelier , los informes comerciales negativos impiden el acceso al mercado formal del crédito.

Por eso, quiero formular una propuesta simple: utilizar el mecanismo del Banco del Estado, con el agregado de que mediante una disposición interna, de carácter administrativo, se exima, a quienes necesiten acceder al crédito para financiar los cursos de conductores, del requisito de los informes comerciales y se les exija, en cambio, al momento de renovar su licencia, cuatro años después, la certificación de la entidad bancaria de que el crédito está pagado. Esta solución no involucra mayor costo que el que dicho banco tiene dispuesto en la línea de crédito.

Por otro lado, cuarenta y ocho meses de plazo para los 300 mil pesos que vale el curso, significarán módicas cuotas de seis o siete mil pesos durante cuatro años, con la obligación del conductor de responder a la confianza que el Banco del Estado habría depositado en su persona, pues, de lo contrario, no podría renovar la licencia de conducir y, por ende, estaría imposibilitado de ejercer su profesión.

Dejo planteada esta proposición y ojalá el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones la acoja, porque el financiamiento del curso es importante y preocupa a miles de conductores a lo largo y ancho del país.

He dicho.

El señor JARPA.-

Señor Presidente, honorables colegas:

El 8 de marzo de 1997 se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 19.495, que modificó la ley de Tránsito en lo referente a licencias de conducir y escuelas de conductores profesionales.

En ella se dispone que la fecha de entrada en vigencia de la norma que exige cumplir los nuevos requisitos para obtener licencias profesionales será de dos años, contados desde su fecha de publicación, esto es, el 8 de marzo de 1999.

De igual manera, dentro de ese plazo el Ejecutivo debía dictar las disposiciones referentes a la formación y reglamentación de las escuelas de conductores profesionales, a fin de que los nuevos conductores pudieran seguir los cursos establecidos en la nueva normativa.

Con fecha 9 de febrero de 1999, se publicó en el Diario Oficial el decreto supremo Nº 251, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que dicta normas para las Escuelas de Conductores Profesionales. Por ello, a la fecha de entrada en vigencia de los requerimientos para obtener licencia de conducir profesional, esto es, el 8 de marzo de 1999, era imposible que existieran dichas escuelas en el país.

Con el fin de dar una solución, se publicó en el Diario Oficial de 19 de febrero de 1999 el decreto supremo Nº 15, a fin de facultar a los Directores de los Departamentos del Tránsito y Transporte Público de las municipalidades autorizadas para otorgar licencias de conducir para prorrogar las licencias clases A1 y A2 otorgadas durante 1997 y 1998 por el plazo de un año, contado desde el reconocimiento oficial de una escuela de conductores profesionales en la respectiva región, y para otorgar licencias de conducir clase A1 y A2 antiguas sin exigir la aprobación del curso teórico y práctico en una escuela de conductores profesionales a que se refiere el artículo 13, inciso segundo, número 4, de la ley Nº 18.290, las que también durarán un año contado a partir del reconocimiento oficial de una escuela de conductores profesionales en la respectiva región.

El señalado decreto supremo Nº 15 fue derogado por el decreto supremo Nº 25, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial el 23 de marzo de 2000, que, mediante su artículo 1º, facultó a los directores de los Departamentos de Tránsito y Transporte Público de las municipalidades autorizadas para otorgar licencias de conducir para prorrogar por una vez las licencias clases A1 y A2 obtenidas al amparo del decreto supremo Nº 15, de 1999, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para lo cual el solicitante debía estar matriculado en una escuela de conductores profesionales e individualizarla en su solicitud. Esta prórroga duraría el plazo que dure el curso aumentado en treinta días, sin exceder el plazo de un año.

Se autorizó a los directores de los Departamentos de Tránsito y Transporte Público de las municipalidades autorizadas al efecto para otorgar licencias de conducir clases A1 y A2 antiguas, es decir, sin cumplir con el requisito de tener aprobado el curso en una escuela de conductores profesionales a que se refiere el artículo 13, inciso segundo, número 4, de la ley Nº 18.290, pero restringida a determinadas regiones del país, en las que no existían escuelas de conductores profesionales. Esas licencias tendrían la duración de un año, contado desde la fecha de su otorgamiento. Esta facultad caducaría de pleno derecho transcurridos treinta días desde el reconocimiento oficial de una escuela de conductores profesionales en la región.

Se extendió la facultad señalada precedentemente a aquellas municipalidades ubicadas en regiones en las que no se hubieren aprobado los planes y programas de los cursos conducentes a la obtención de licencias profesionales clases A1, A2 o A4, según corresponda. Esta facultad caducaría de pleno derecho transcurridos treinta días desde la aprobación del respectivo curso en la escuela de conductores profesionales autorizada para funcionar en la región.

De la aplicación de los distintos cuerpos legales, se desprende que todos aquellos conductores que hubieren obtenido su licencia profesional con anterioridad al 8 de marzo de 1997 no se encuentran obligados a realizar el curso de conductores profesionales. Por el contrario, aquellos conductores que efectivamente hubieren adquirido su primera licencia de conductor profesional con posterioridad a dicha fecha, deben necesariamente, al momento de su renovación, acreditar el cumplimiento de los requisitos que establece la ley.

Desde este punto de vista, se ha planteado un conjunto de dificultades que presenta la aplicación de la ley, utilizando para ello distintos argumentos que sin duda pueden producir una confusión.

Dentro de la aplicación de la ley Nº 19.495, especialmente en lo relativo al aspecto transitorio, se plantean algunos problemas que son materia de ley y otros que pueden ser resueltos administrativamente.

Respecto del tema de las licencias, la principal dificultad se produce en relación con aquellos conductores que están habilitados para conducir vehículos que requieren de una licencia profesional y que han obtenido su licencia bajo el imperio de la ley Nº 19.495. Ellos están imposibilitados de cumplir con los requisitos de antigüedad que se señala en la ley de Tránsito para la obtención de licencias para conducir vehículos de transporte público y privado de personas y vehículos de transporte de carga.

A contar del 8 de marzo de 1997, los conductores han podido obtener licencia clase A1, que los faculta para conducir todo tipo de vehículos de pasajeros, y licencia clase A2, para conducir todo tipo de vehículos de carga.

Las disposiciones sobre licencias de conducir establecen que aquellos conductores que postulen a las licencias de transporte de pasajeros, se ubican dentro de las licencias clases A1, A2 y A3. Esta última es la que faculta para conducir todo tipo de vehículos de pasajeros y es, por lo tanto, la que requiere como condición el haber estado en posesión de la licencia clase A1 o A2 al menos durante dos años.

Igual cosa ocurre con la obtención de la licencia para conducir vehículos de transporte de carga, en la que se establecen las clases A4 y A5, siendo esta última la que permite el manejo de vehículos de carga sin limitación. Para su obtención, se requiere haber estado en posesión de la licencia clase A4 al menos durante dos años.

Actualmente, un conductor de vehículo de locomoción colectiva que obtuvo una licencia clase A1 bajo un régimen transitorio y que, por lo tanto, se encuentra habilitado para su ejercicio, no obstante dar cumplimiento al curso que dictan las escuelas de conductores profesionales, no podría obtener la licencia clase A3, en razón de que la ley le exige haber estado en posesión de la licencia clase A1 o A2 al menos durante dos años. Como consecuencia de ello, dicho conductor no puede continuar ejerciendo su profesión.

Del mismo modo ocurre con un conductor que esté en posesión de la licencia clase A2, que faculta para conducir todo tipo de vehículos de carga, y que ahora se distribuyen entre las licencias clases A4 y A5. Él no podría obtener su licencia clase A5 por cuanto la ley le exige estar en posesión de la licencia A4 durante dos años.

De esta manera, en ambos casos dichos conductores efectivamente se encuentran en una situación que les afecta laboralmente.

La aplicación de las nuevas normas sobre licencias de conducir requiere de la existencia de las escuelas de conductores profesionales a lo largo del país, lo que no era posible que ocurriera sino en la medida en que efectivamente entrara en vigencia la normativa respectiva, hecho que sólo se materializó a partir del mes de marzo de 1999.

En la actualidad existen 47 escuelas funcionando en el país, 36 escuelas en proceso de evaluación y hay 6 solicitudes presentadas.

La mayoría de las escuelas han acreditado sus cursos ante el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), aplicándoseles por lo tanto las franquicias dispuestas por el artículo 31D de la ley Nº 18.290, de Tránsito.

En términos prácticos, ello significa que un trabajador dependiente o su empleador, si bien están obligados a pagar el curso, recuperan íntegramente su valor al año siguiente, a raíz de la devolución de los impuestos pertinentes. Es decir, el curso sale gratis, en razón de que el Estado paga totalmente el valor de los mismos.

De igual manera, existen otras modalidades Sence que pueden ser aplicadas a los taxistas y a transportistas escolares por estar considerados como pequeños empresarios.

Finalmente, se ha planteado que la aplicación de la ley afecta a una gran cantidad de trabajadores, por el alto precio que tienen los cursos, y se ha cuestionado la utilidad de ellos. Al respecto, debe tenerse presente que las estadísticas indican una cifra para el año 1998 que alcanzó a los 48.889 accidentes de tránsito, con una secuela de más de 1.800 muertos, lo que significó una pérdida que bordeó los quinientos millones de dólares.

Las ideas matrices o fundamentales del proyecto son las siguientes:

Establecer una ficción legal por la cual se entienda que determinados conductores cuentan con el requisito exigido por el artículo 13, inciso segundo, número 5, de la ley Nº 18.290, de Tránsito, aunque en la práctica no cuenten con dos años en posesión de licencia profesional que los habilite para optar a las licencias clases A3 y A5.

Establecer una sola licencia de conducir para los conductores de vehículos de las instituciones uniformadas, y evitar de esa manera que deban poseer una licencia de conducir por cada tipo de vehículo que manejen según el artículo 12 de la ley Nº 18.290, como ocurre en la actualidad.

Aumentar el plazo que medie entre cada control de las licencias profesionales, como una forma de estimular la enseñanza en las escuelas de conductores profesionales.

Calificar la idoneidad moral de los conductores no profesionales no solamente en el momento del otorgamiento de las licencias, sino también en el de cada control.

Hacer coincidir, en el caso de todas las licencias de conducir, la fecha de control con la fecha de cumpleaños de su titular.

Por lo expuesto, los diputados del Partido Radical Social Demócrata damos nuestro apoyo a este proyecto, que será perfeccionado con las indicaciones que se han presentado. Destacamos la importancia en regularizar el sistema de otorgamiento de licencias de conducir, pues la segunda causa de muerte en Chile son los accidentes de tránsito, y de éstos, el principal motivo es la deficiencia en la conducción; por ende, todos los esfuerzos en mejorar el nivel de los conductores irán en beneficio directo de la nación.

He dicho.

El señor MASFERRER.-

Señor Presidente, honorables colegas: me es grato intervenir en el día de hoy en la discusión de esta iniciativa legal, pues con su aprobación estamos dando cumplimiento al imperativo que nos asiste como parlamentarios, de legislar en beneficio de la gente y en la solución de sus problemas concretos.

En efecto, hace unos meses, y luego de constatar el problema que afectaba a miles de conductores, presentamos, junto a otros diputados de mi bancada, una iniciativa legal que proponía agregar un nuevo artículo 10 transitorio a la ley Nº 18.290, a fin de extender la vigencia de las licencias profesionales ya obtenidas, para poder cumplir así con los requisitos señalados en relación a los años que los conductores debían estar en posesión de las licencias profesionales clase A1 y A2 para poder acceder a la licencia clase A3, y a la licencia clase A4 para poder obtener una licencia profesional clase A5.

En esa oportunidad, manifestamos que eran 25.000 los conductores profesionales que se encontraban ante la necesidad de renovar sus licencias de conducir, por cuanto obtuvieron su licencia de conducir después del 8 de marzo de 1999. La autoridad ministerial restringió la validez de estas licencias obtenidas por primera vez, a un año, sin considerar que al adoptar esa medida afectaría a los mismos conductores, pues éstos se verían impedidos de renovar sus licencias al no cumplir con los requisitos que exige la ley de Tránsito para la obtención de licencias profesionales.

Como ustedes recordarán, a partir del 8 de marzo de 2000 se estableció como requisito para obtener una licencia profesional estar en posesión de licencia por al menos dos años.

La moción que presentamos permitía ampliar el plazo establecido por la ley para poder dar cumplimiento a los conductores profesionales a estos plazos y de esta forma no afectar al derecho a trabajar de todas las personas que se encontraban en esta situación.

Posteriormente, el Ejecutivo toma conciencia del problema y decide intervenir, enviando a este Congreso Nacional el proyecto que hoy discutimos y en el cual, de una manera distinta a la propuesta en la moción, se recoge mi preocupación y la de los parlamentarios de mi bancada, expresada en la iniciativa legal comentada y en algunos proyectos de acuerdo.

Hay que destacar la importancia con que todos los sectores políticos han abordado este problema y la voluntad de solucionarlo en forma rápida y efectiva. Muestra palpable de ello son las iniciativas legales presentadas, el mensaje del Ejecutivo y la decisión de calificarlo con la máxima urgencia.

Esta es una demostración de cómo debe ejercerse la labor parlamentaria y sin duda la mejor forma de mejorar nuestra deteriorada imagen ante la población.

La bancada de la UDI manifiesta su plena disposición a continuar apoyando todas aquellas iniciativas que vayan directa o indirectamente a solucionar los problemas de la gente, anunciando desde ya el voto favorable de sus parlamentarios a esta iniciativa legal.

He dicho.

El señor LOYOLA (Secretario).-

De los honorables diputados señores Velasco, Gutiérrez, Urrutia, Mesías, René Manuel García, Riveros, Rincón, Alessandri, Ulloa, Naranjo, Hernández, Mulet, Silva, Ascencio y Masferrer, para sustituir, en el artículo 2º, el guarismo “2001” por “2002”.

El señor LOYOLA (Secretario).- Indicación de los diputados señores Velasco, Silva, Gutiérrez, Urrutia, García, don René Manuel; Riveros, Mesías, Rincón, Ascencio, Alessandri, Rojas, Naranjo, Pareto, Ulloa, Mulet, Hernández, Rozas, doña María, y Villouta “Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 3º transitorio de la ley Nº 19.495: “l.Suprímense, en su inciso segundo, la expresión “profesional” la primera vez que aparece mencionada, y la palabra “nueva”. 2.Agrégase el siguiente inciso tercero, nuevo. “Sin perjuicio de lo anterior, se considerarán profesionales las licencias de conducir clases A 1 y A 2 obtenidas antes de la publicación de esta ley y sus titulares no deberán cumplir el requisito contemplado en el artículo 13, inciso segundo, número 4, de la ley Nº 18.290. Estas personas no sufrirán menoscabo alguno en relación con aquellos conductores que obtengan licencia profesional por primera vez”.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente, insisto en mi petición, por cuanto el sentido del número 2 no es claro, y nuestra responsabilidad consiste en asegurarnos de que las leyes salgan claras.

Si la interpretación que dio el diputado Riveros es la de los autores de la indicación, no sé si ella será compartida por la Contraloría General, por cuanto este texto se publicaría en 2000. Si el espíritu de los patrocinadores es lo señalado por el diputado señor Riveros , propongo que perfeccionemos la indicación. En vez de referirnos a “publicación de esta ley”, cabría mencionar la ley Nº 19.495, a fin de despejar cualquier duda de interpretación.

El señor LEÓN (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, el número 1 es lo mismo que contiene el actual artículo 3º, y el número 2, salvo lo del menoscabo, está contemplado en el inciso primero del artículo 1º de la ley vigente.

Las otras ideas están contenidas en los artículos 1º y 3º. La única diferencia entre la indicación y el texto presentado radica en que no habrá menoscabo. ¿Es eso lo que votaremos en definitiva?

Pido una precisión al respecto.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente, uno de los coautores de la indicación a quien consulté sobre este texto, me ha señalado algo distinto de lo que dijo el diputado señor Riveros ; por lo menos, así lo entendí.

Queremos aclarar si este criterio es válido para antes o después de 1997. Si lo es para antes, no hay problemas en votar la indicación; pero como el coautor me ha indicado que lo es para después de 1997, tiene un sentido distinto.

Por tanto, si el sentido es post 1997, corresponde rechazar la indicación, porque es el mismo punto que se discutió en indicaciones anteriores. Se tendría que rechazar, ya que se estaría fijando un criterio absolutamente distinto del que aprobamos en la comisión técnica.

He dicho.

El señor LEÓN (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Ulloa.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, efectivamente, tal como está redactada la indicación, da la posibilidad de interpretarla de distinta manera. El criterio del señor ministro que comparto es que sea hasta 1997. La indicación apunta claramente a que no haya ninguna diferencia en el trato de la persona que ha realizado el curso respecto de quienes no lo han hecho, o sea, estos últimos no pueden ser tratados con menoscabo.

En cuanto a la fecha, concuerdo plenamente con el criterio planteado por el señor ministro.

El señor LEÓN (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Riveros.

El señor RIVEROS.-

Señor Presidente, insistiré en mi punto de vista para los efectos de clarificar la votación.

La expresión “esta ley”, se refiere a la ley Nº 19.495, de 1997.

Con esta indicación se busca que no exista menoscabo ni diferencia entre aquellos conductores que obtuvieron su licencia cuando todavía no se exigían requisitos para ello y los que la obtengan con posterioridad, la que, por lo demás, tiene el grado de licencia profesional.

La indicación tiene por objeto que las licencias otorgadas antes de 1997 tengan también el carácter de profesional, pues los conductores las obtuvieron en conformidad con la normativa vigente en esos años.

En consecuencia, no veo razón para que exista duda alguna para votar favorablemente la indicación.

El señor Secretario dará lectura a la siguiente indicación.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación de los honorables diputados señores Velasco , Gutiérrez, García, don René Manuel ; Urrutia , Rincón , Mesías , Alessandri , Riveros , Silva , Ulloa, Pareto, Naranjo, Hernández, Mulet y Ascencio :

1.Para agregar en el artículo 4º, el siguiente número 2, nuevo, pasando los actuales números 2, 3 y 4, a ser 3, 4 y 5, respectivamente:

“2. Agrégase en el artículo 13, inciso primero, el siguiente número 4, nuevo:

“4. Acreditar, mediante un certificado médico emitido por un organismo de salud competente, que no se han detectado en el postulante metabolitos de alguna droga o estupefaciente en su organismo”.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación es de los diputados señores Velasco, Gutiérrez, García, don René Manuel; Urrutia, Rincón, Mesías, Alessandri, Riveros, Silva, Ulloa, Pareto, Naranjo, Hernández, Mulet y Ascencio.

Para reemplazar en el artículo 4º, número 3, el inciso primero del artículo 19 propuesto, por el siguiente:

“Todo conductor que posea licencia profesional, deberá acreditar cada seis años, que cumple el requisito exigido en el número 1 del inciso primero del artículo 13”.

El señor LEÓN (Vicepresidente).-

Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto que otorga compensaciones y otros beneficios que indica, a funcionarios públicos estudiantes de carreras técnicas de nivel superior.

Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor José García.

Antecedentes:

Mensaje, boletín Nº 2456-05, sesión 23ª, en 18 de enero de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 4.

Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 4ª, en 13 de junio de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 5.

El señor LEÓN (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor José García.

El señor GARCÍA (don José).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar el proyecto de ley que otorga compensaciones y otros beneficios a funcionarios públicos estudiantes de carreras técnicas de nivel superior.

El proyecto establece para los técnicos universitarios una asignación especial equivalente a la asignación profesional en el grado respectivo. Con esto se resuelve un grave problema generado en 1997, cuando la Contraloría General de la República, luego de sucesivos dictámenes positivos, cambió su interpretación y argumentó que esos títulos no daban derecho a percibir asignación profesional, frustrando con ello las expectativas de 5.200 funcionarios públicos que con mucho esfuerzo han seguido estudios superiores de nivel técnico.

Aparte de esta asignación especial, el proyecto contempla una devolución de gastos educacionales a los egresados y estudiantes de carreras técnicas universitarias que no se hayan titulado al 31 de julio del presente año. El reembolso tendrá un tope de 52,5 unidades de fomento y se hará extensivo a quienes se encuentren participando en algún programa de completación de estudios en procura de un título profesional. Por su parte, quienes hayan obtenido título profesional en virtud del mismo programa tendrán derecho a la asignación profesional y a una devolución por gastos educacionales, con un tope de 35 unidades de fomento.

El proyecto otorga estos beneficios a quienes hayan iniciado estudios entre el primer semestre académico de 1994 y el primero de 1998, ambos inclusive. Respecto de los titulados en la carrera de técnico universitario administrativo en la Universidad Arturo Prat, sede Victoria, y de técnico universitario en administración de recursos humanos, en la Universidad Mariscal Sucre, el período de reconocimiento se extiende a quienes hayan iniciado estudios el primer y segundo semestres de 1993 y el segundo semestre de 1992, respectivamente.

Es importante destacar que esta iniciativa no tiene efecto retroactivo; es decir, regirá a contar de su promulgación como ley de la República. A pesar de existir aspectos respecto de los cuales la Anef ha planteado algunas discrepancias incluso, ha presentado ideas que podrían traducirse en indicaciones, la Comisión de Hacienda así lo sugiere a la Sala pretende que este proyecto sea despachado lo antes posible, a fin de evitar mayores perjuicios económicos a quienes no están percibiendo beneficios por sus estudios técnicos universitarios realizados.

El costo del proyecto que será por única vez alcanza a los 1.116 millones de pesos, que corresponden básicamente a devoluciones por gastos educacionales. En régimen

por concepto del pago de la asignación especial que se otorga, asciende a 1.709 millones de pesos anuales.

Para no extenderme demasiado en el informe de esta iniciativa que, en lo medular, apunta a lo que he afirmado, sólo quiero referirme a un aspecto sumamente importante contenido en el informe de la Comisión de Hacienda y que dice relación con la diferencia de remuneraciones que se producirá entre quienes actualmente perciben la asignación profesional se reemplaza por una asignación especial y quienes empezarán a recibirla a contar de la fecha de promulgación de la ley. Dicha diferencia será aproximadamente 25 por ciento superior para quienes ya cuentan con ella, lo que se produce, básicamente, por el hecho de que existen discrepancias al respecto, en el caso de quienes la perciben, se toma como base para determinar el valor de la asignación mensual establecida en el artículo 36 del decreto ley Nº 3.551. En cambio, en el caso de quienes no la están percibiendo, no sirve de base para calcular dicho beneficio. En tal sentido, es importante dejar constancia de que los representantes del Ejecutivo se comprometieron en la Comisión a buscar alternativas de solución a través de otras iniciativas de ley, a fin de eliminar o atenuar al máximo esta diferencia.

Por último, la Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad todos los artículos del proyecto y recomienda a la Sala aprobarlo en los mismos términos.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PARETO.-

Votemos, señor Presidente.

El señor LEÓN (Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, podríamos votar el proyecto sin discusión. Hay nueve diputados inscritos, pero podrían pedir la inserción de sus discursos.

Tiene la palabra el diputado señor José García.

El señor GARCÍA (don José).-

Señor Presidente, estoy de acuerdo en que votemos y despachemos ahora este proyecto, pero siempre que los diputados ya inscritos y los que nos inscribamos a continuación podamos insertar nuestras intervenciones. A nuestro juicio, hay importantes aspectos del proyecto que podrían ser mejorados durante su tramitación en el Senado.

Gracias, señor Presidente.

El señor JARPA.-

Señor Presidente, honorables colegas, el proyecto de ley que hoy se analiza en esta Corporación otorga compensaciones y otros beneficios a funcionarios públicos estudiantes de carreras técnicas de nivel superior, y tiene como objetivo solucionar la situación que afecta a un numeroso grupo de trabajadores que no han podido acceder al beneficio de la asignación profesional, en virtud de las diferentes interpretaciones habidas respecto de las características que debe reunir el título exigido por la ley para acceder a dicho beneficio.

La Contraloría General de la República mantuvo durante varios años el criterio de reconocer el derecho a la asignación profesional a los funcionarios que estuvieran en posesión de un título profesional universitario y que, además, desempeñaran funciones que requirieran del respectivo título profesional. Este criterio cambió el año 1977, al estimarse suficiente estar en posesión de un título profesional para tener derecho a la asignación, sin importar que la función desempeñada requiriera o no de dicho título.

Respecto de la calificación de los títulos, la Contraloría General de la República se atuvo inicialmente a lo que disponían las universidades, realizándoles la consulta correspondiente en caso de duda respecto a si un determinado título era profesional o técnico.

Posteriormente, la ley de Enseñanza definió que debía entenderse, para todos los efectos legales, como título profesional aquél otorgado por las universidades, correspondiente a carreras de a lo menos 10 semestres de duración y que requiere de licenciatura, y como título técnico de nivel superior, el otorgado por los institutos de educación superior y que corresponde a carreras de 8 semestres de duración. Al respecto, se ha entendido que las universidades también podrían otorgar estos últimos, aunque la ley no lo dice expresamente.

No obstante lo anterior, se produjo una distorsión respecto a la calificación de los títulos, ya que las propias universidades comenzaron a crear carreras que ellas mismas calificaron de profesionales y que no cumplían con lo dispuesto por la ley de Enseñanza, ante lo cual, el Colegio de Profesores reclamó de esta situación, así como las universidades que no habían recurrido a esta práctica.

El problema grave se suscitó a partir del año 1993, debido a que numerosos funcionarios públicos comenzaron a estudiar estas carreras, calificadas como profesionales sin serlo, según la ley de Enseñanza, teniendo como meta poder percibir la asignación profesional. Se celebraron convenios entre agrupaciones de funcionarios y algunas universidades con el objeto de regular los cursos que, según publicitaron las propias instituciones que los impartían, permitirían, a quienes los aprobaran, la obtención del derecho a la asignación profesional, no obstante que dichos cursos no se ajustaban a los criterios fijados por la ley de Enseñanza.

En consideración a lo anterior, la Contraloría General de la República manifestó no encontrarse en posición de reconocer el derecho a la asignación profesional a quienes obtuvieran títulos calificados como profesionales, pero que, sin embargo, no se ajustaban a lo dispuesto en la ley de Enseñanza, doctrina que se fijó en el dictamen Nº 35.741, de 31 de octubre de 1997.

En consideración a lo expuesto, este proyecto de ley otorga compensaciones y otros beneficios a los funcionarios de los servicios públicos y de los organismos a los que se aplica la escala única de sueldos del artículo 1º del decreto ley Nº 249, de 1974, que iniciaron estudios en universidades estatales o que gocen de reconocimiento oficial, en carreras técnicas de nivel superior, entre el primer semestre académico de 1994 y el primer semestre académico de 1998, ambos inclusive. Al pronunciarse sobre la calidad de los títulos y el derecho a la percepción de la asignación profesional establecida por el artículo 3º del decreto ley Nº 479, de 1974, la Contraloría General de la República los consideró como habilitantes para obtener el pago de la asignación profesional, no obstante su naturaleza de título técnico de nivel superior.

También se le otorgan beneficios a los funcionarios que iniciaron estudios en carreras de técnico de nivel superior, en virtud de convenios suscritos entre el jefe del Servicio donde se desempeñaban y una Universidad, y a aquéllos que estudiaron determinadas carreras técnicas con características de malla curricular, contenido y duración análogas a otra carrera que contara a esa época, con un dictamen favorable de la Contraloría General de la República. En este último caso, los beneficios que otorga el proyecto de ley sólo operan si durante el período que se establece, se verificó el pago de la asignación profesional a un funcionario por algún servicio público en virtud de dicho título.

El proyecto contempla dos beneficios diferentes, según la circunstancia de encontrarse los funcionarios titulados o no, de técnico de nivel superior, al 31 de julio del año 2000. Respecto de los titulados, se otorga una asignación especial, a contar de la vigencia de la ley, de carácter mensual, equivalente al último monto de lo que por concepto de asignación profesional hubieren percibido, o equivalente al monto de la asignación profesional que les habría correspondido de acuerdo al grado que ejercían los funcionarios al mes de diciembre de 1999. La asignación que se crea para este caso no tiene las características ni los efectos de la asignación profesional, será reajustable en la misma forma y monto que lo sean las remuneraciones del sector público, imponible para efectos de salud y pensiones, y servirá de base para el cálculo de las asignaciones que en el artículo 2º del proyecto se especifican.

A los funcionarios que, al 31 de julio del año 2000, tengan la calidad de estudiantes o egresados de una carrera de técnico de nivel superior, o en trámite de titulación, o de un plan de completación de estudios, en las condiciones que señala el proyecto, se otorgan compensaciones consistentes en el reembolso del 50% de los gastos en que hubiese incurrido el funcionario, hasta la fecha de vigencia del proyecto, por concepto de aranceles y matrícula, con un máximo de seis semestres académicos y con los topes en unidades de fomento que en cada caso se indican.

Los funcionarios que, al 31 de julio del año 2000, estuvieren ya titulados de una carrera profesional, como consecuencia de haber realizado un plan de completación de estudios, tendrán también derecho a un reembolso en las condiciones que se indica, sin perjuicio del derecho a percibir la asignación profesional. Los funcionarios que hubieren cursado una carrera de técnico de nivel superior, sin obtener el título y hubieren seguido un plan de completación de estudios para obtener un título profesional de la misma área o especialidad que la carrera técnica que cursaban, percibirán como única compensación un bono equivalente a 52.5 unidades de fomento.

El proyecto regula, además, las condiciones que debe cumplir el plan de completación de estudios, para efectos de la procedencia de los beneficios señalados. Establece los plazos para hacer efectivo los beneficios que otorga, los requisitos e incompatibilidades. En este último aspecto, dispone que no se aplicarán los beneficios a aquellos funcionarios cuyos estudios hayan sido financiados, en todo o parte, mediante becas u otros aportes no reembolsables otorgados por el Estado, por el propio Servicio o por el respectivo Servicio de Bienestar. En caso de estudios financiados parcialmente en la forma antes indicada, sólo se reembolsará aquella parte de los gastos en que hubiere incurrido el propio funcionario.

Se establece, también, que por el solo hecho de impetrar o percibir, en cada caso, los beneficios establecidos en el proyecto, se entenderá que los funcionarios renuncian a todas las acciones y derechos relacionados con la procedencia o pago de la asignación profesional establecida en los artículos 3º del decreto ley Nº 479, de 1974, y 19 de la ley Nº 19.185, y que se entenderán desistidos por el solo ministerio de la ley, de cualquier acción o recurso judicial interpuesto por concepto de la mencionada asignación, en razón de poseer un título de técnico de nivel superior.

Se dispone que un Reglamento emanado del Ministerio de Hacienda, el que se dictará dentro de los noventa días siguientes a la fecha de publicación de la ley, establecerá el funcionamiento de una Comisión Evaluadora de Antecedentes, encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos y la procedencia de los beneficios que se otorgan. Dicha Comisión estará integrada por representantes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Educación. La Comisión recibirá las solicitudes para optar a los beneficios a través de los respectivos servicios, solicitará antecedentes a las universidades y elaborará una nómina de los funcionarios beneficiarios del proyecto.

Se define, para aclarar el sentido y alcance del artículo 3º del decreto ley Nº 479, que “título profesional habilitante es aquel otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste, a quien haya aprobado un programa de estudios de un mínimo de ocho semestres académicos y 3.200 horas de clases...”. No obstante lo anterior, esta definición no afecta las asignaciones profesionales que se perciben actualmente.

Se declara correctamente pagado lo que hasta la fecha de vigencia de la ley, hubieren percibido los funcionarios por concepto de asignación profesional, beneficios remuneratorios originados en aquélla o que la incluyeron en su cálculo, y todo beneficio previsional e indemnizatorio otorgado hasta la fecha de entrada en vigencia del proyecto, respecto de los funcionarios que se encuentren en las situaciones previstas por el artículo primero.

Se entienden en virtud del proyecto perfeccionados los ascensos, nombramientos e incorporaciones a plantas o cargos que, para su ejercicio, requerían de un título profesional habilitante, verificados hasta la fecha de entrada en vigencia del proyecto. No obstante, para ello exige que, a la fecha del ascenso, nombramiento o incorporación, exista un pronunciamiento favorable de la Contraloría General de la República, en relación con el respectivo título técnico de nivel superior.

Por lo expuesto, los diputados del Partido Radical Social Demócrata apoyamos este proyecto, el cual hará justicia a un número importante de funcionarios públicos, los cuales han tenido muchos problemas para mejorar su situación laboral. Se han endeudado y sacrificado muchas veces, sin poder acceder a la asignación profesional debido a diferentes interpretaciones y modificaciones legales, lo que hoy este mensaje presidencial pretende subsanar.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ (don Rosauro).-

Señor Presidente, la idea del proyecto es solucionar la situación que afecta a numerosos funcionarios públicos que no han podido acceder a la asignación profesional, en virtud de las diferentes interpretaciones existentes respecto de las características que debe reunir el título exigido por la ley para acceder a ese beneficio.

Importante es recordar que, durante varios años, la Contraloría General de la República mantuvo el criterio de reconocer el señalado derecho a funcionarios que estuvieren en posesión de un título profesional universitario y que, además, desempeñaran funciones que así lo requirieran. Tal criterio fue modificado en el año 1977, al estimarse suficiente estar en posesión de un título profesional para tener derecho a la asignación, sin ser condición la función desempeñada.

Posteriormente, la ley orgánica constitucional de Enseñanza definió lo que debía entenderse por título profesional, al decir como aquí se ha recordado que es a aquel título otorgado por las universidades, correspondiente a carreras de a lo menos 10 semestres de duración y que requiere de licenciatura; y como título técnico de nivel superior, el otorgado por los institutos de educación superior y que corresponde a carreras de 8 semestres de duración.

Hasta ahí, hay claridad en la materia. El problema surge cuando se distorsiona el sentido de la calificación de los títulos, debido a que las mismas universidades comenzaron a impartir carreras que ellas calificaron de profesionales y que no encuadraban con la definición y requisitos establecidos en la ley.

Era evidente suponer, entonces, que más temprano que tarde comenzarían a gestarse dificultades, las que se vienen dando desde el año 1993, en razón de que numerosos funcionarios públicos comenzaron a estudiar carreras calificadas como profesionales, sin serlo, con el objetivo cierto y comprensible de percibir la asignación profesional.

Se podría pensar, señor Presidente, que esta es una responsabilidad directa y personal de los involucrados, razonamiento plausible en el contexto de una sociedad libre, donde cada uno de sus integrantes se supone responsable de sus acciones; pero no lo es tanto cuando se observan las circunstancias y lamentablemente actitudes, cuyo propósito encubierto es hacer negocio, sin cautelar el daño que se ocasiona a quienes, haciendo un gran esfuerzo, creen en la buena fe de los individuos. Sin duda, aquí se burló a funcionarios públicos que, legítimamente, optaron por programas que pensaron les significarían un porcentaje en sus remuneraciones, siendo además un antecedente para eventuales ascensos.

Esta es una práctica que particularmente me preocupa. Es cosa de ver cómo se hacen grandes ofertones de carreras y especialidades que poco menos son garantía de éxito total; situación que sabemos no ocurre, con la agravante del desencanto y la frustración que ocasiona en quienes, esperanzados, se matriculan en ellas. Es necesario, en mi opinión, fortalecer la ética de las instituciones de educación superior; de lo contrario, tendremos jóvenes engañados y personas, como a quienes beneficia este proyecto, que se ven obligadas a llegar a instancias de presión para encontrar solución a sus problemas. Pero esa no es la idea; una sociedad madura, responsable, debe cautelar que prácticas como éstas no ocurran, y si suceden, ser drásticos en la sanción, porque, como dije, se juega con las personas y eso me parece condenable desde todo punto de vista.

De allí, entonces, lo gravitante de esta iniciativa, que subsana materias controvertidas, y creo lo hace bien, pues al revisar el artículo 1 se comprende que se involucran todos los ámbitos a los cuales pertenecen los funcionarios afectados.

Positivo resulta, además, haber acogido las observaciones formuladas por la Anef y que fueron recogidas en el inciso 2º del art. 1º, que dispone también como beneficiarios a los funcionarios públicos que, reuniendo los requisitos señalados en el inciso 1º del mismo artículo, hubieren iniciado estudios en el marco de un convenio suscrito entre el jefe del Servicio Público donde prestaban funciones y una universidad, en una carrera de técnico de nivel superior, respecto de la cual la Contraloría General de la República, con posterioridad a la firma del convenio, se hubiese pronunciado negativamente respecto de la procedencia de la asignación profesional, por tratarse de un título técnico de nivel superior.

El artículo 2º, por su parte, señala que los funcionarios que, al 31 de julio del año 2000, se encontraren en posesión de un título de técnico de nivel superior obtenido en las condiciones previamente descritas, tendrán derecho por el solo ministerio de la ley, a contar de la entrada en vigencia de esta ley, al pago de una asignación especial de carácter mensual, equivalente al último monto de lo que por concepto de asignación profesional estuvieren percibiendo a la fecha de vigencia de la ley.

En este artículo, se reemplazó la expresión “inciso anterior”, por la de “incisos anteriores” de manera de comprender a los funcionarios que a la fecha de vigencia del proyecto perciban asignación profesional. Se incluye la asignación especial como base para el cálculo, en los casos que proceda, de la asignación establecida en el artículo 36 del D.L. Nº 3.551 de 1981.

En el artículo 4º, se amplía el beneficio de reembolso por el costo del plan de completación de estudios, tratándose de una carrera técnica o profesional, y se deja el monto tope total de los beneficios, incluido el valor de matrícula, en 35 U.F.

El único punto que es conflictivo, es el señalado por el artículo 7º, que dispone: “Por el solo hecho de impetrar o percibir, en cada caso, los beneficios establecidos en esta ley, se entenderá que los funcionarios renuncian a todas las acciones y derechos relacionados con la procedencia o pago de la asignación profesional establecida en los artículos 3º del decreto ley Nº 479, de 1974, y 19 de la ley Nº 19.185 y se entenderán desistidos, por el solo ministerio de la ley, de cualquier acción o recurso judicial interpuesto por concepto de la mencionada asignación, en razón de poseer un título de técnico de nivel superior”.

Esto constituye, en mi concepto, un verdadero atropello e incluso un abuso de derecho por parte de la autoridad. El derecho de concurrir a los tribunales para que se solucione un conflicto o se esclarezca una situación determinada, es derecho que no puede ser negado y menos aún por la autoridad. Recordemos que toda ley puede tener errores; por lo mismo, es perfectible.

Con esta salvedad, señor Presidente, considero que el informe de la Comisión de Hacienda recoge las indicaciones formuladas tanto por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales como por esta Cámara, de manera que voto a favor.

He dicho.

El señor MESÍAS.-

Señor Presidente, estimados colegas, muy brevemente quiero referirme a este proyecto de ley del Ejecutivo para expresar mi gran satisfacción por la forma en que se está reparando una situación injusta, francamente discriminatoria que afecta a muchos servidores públicos, y que fuera denunciada el 11 de agosto de 1997 por el entonces senador Anselmo Sule , en oficio dirigido al ministro Secretario General de la Presidencia, planteando el caso de funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, donde personal que realiza iguales funciones tiene marcada diferencia en sus remuneraciones debido al no pago de asignación de título. Posteriormente, este mismo hecho fue objeto de un proyecto de acuerdo de esta honorable Cámara, auspiciado por el honorable colega señor Ojeda , el 8 de octubre del mismo año, y sacado de su sueño el año pasado por el diputado que habla, ampliando la denuncia a funcionarios del Instituto de Normalización Previsional y a algunos pocos casos que ocurrían en nuestra propia Corporación.

Este proyecto está poniendo las cosas en su lugar haciendo respetar el artículo 119 de la Constitución Política del Estado.

No obstante, tengo la impresión de que todavía quedarían al margen de los beneficios que indica el proyecto, algunos otros funcionarios, quienes, aunque pocos, deberían ser considerados. Me refiero a funcionarios del Sename; sin embargo, si esta situación se confirma, aún queda la oportunidad de solucionarla en el segundo trámite constitucional en el Senado.

Además, en el Instituto de Normalización Previsional, hay funcionarios para quienes las soluciones propuestas no son satisfactorias por las siguientes razones:

1.La base de cálculo de la Asignación Especial no contempla el art. 36 del DL Nº 3.551, con lo cual pierden el 20% del total de remuneraciones.

2.Se cancelará en base al grado de la escala única de sueldos que el funcionario tenía al 31 de diciembre de 1999, lo cual deja sin derecho a ascenso respecto de la mencionada asignación.

3.El proyecto incluye a todos aquellos funcionarios que ya gozan del beneficio de asignación profesional, y no se respetará el derecho ya adquirido con anterioridad.

Así y todo, reitero mi complacencia por la discusión de este proyecto que hará justicia a muchos funcionarios, sobre todo a aquellos que se han esforzado por capacitarse y perfeccionarse.

He dicho.

La señora PÉREZ (doña Lily).-

Señor Presidente, dos aspectos llaman la atención en este proyecto: uno relativo al proyecto propiamente tal y el segundo respecto a la errónea homologación que el proyecto de ley hace entre los técnicos universitarios y los técnicos de nivel superior.

1.Con respecto al proyecto de ley propiamente tal, se puede concluir de manera satisfactoria que los puntos de interés de los funcionarios públicos afectados por la normativa, fueron acogidos en su mayoría por la Comisión de Hacienda.

El proyecto contempla dos tipos de beneficios, excluyentes entre sí, atendiendo a la circunstancia de encontrarse o no los funcionarios titulados de técnicos de nivel superior al segundo semestre de 1999.

Respecto de aquellos funcionarios titulados, se propone otorgar una asignación especial, imponible para los efectos de salud y pensiones, de un monto equivalente a lo que por concepto de asignación profesional estuvieren percibiendo o les hubiera correspondido, según el grado que tenían al 31 de diciembre de 1999.

En lo que respecta a los funcionarios que a la fecha no se han titulado, se otorgará un reembolso equivalente al 50% de los gastos en que incurrió el funcionario por concepto de aranceles y matrículas.

El proyecto recoge las observaciones formuladas por la Anef y otros afectados, de esta manera:

También serán beneficiados los funcionarios públicos que, reuniendo los requisitos señalados en el inciso 1º del artículo 1 del proyecto de ley, hubieren iniciado estudios en el marco de un convenio suscrito entre el jefe del servicio público donde prestaban funciones y una universidad, en una carrera de técnico de nivel superior, respecto de la cual la Contraloría General de la República, con posterioridad a la firma del convenio, se hubiere pronunciado negativamente respecto de la procedencia de la asignación profesional, por tratarse de un título técnico de nivel superior.

A su vez, en el artículo 2, se reemplazó la expresión “inciso anterior”, por la de “incisos anteriores” de manera de comprender a los funcionarios que a la fecha de vigencia del proyecto perciban asignación profesional. Se incluye la asignación especial como base para el cálculo, en los casos que proceda, de la asignación establecida en el artículo 36 del DL Nº 3.551, de 1981.

Un punto conflictivo, es el señalado en el art. 7, al disponer que: “por el solo hecho de impetrar o percibir, en cada caso, los beneficios establecidos en esta ley, se entenderá que los funcionarios renuncian a todas las acciones y derechos relacionados con la procedencia o pago de la asignación profesional establecida en los art. 3 del DL 479 de 1974 y 19 de la ley Nº 19.185 y se entenderán desistidos, por el solo ministerio de la ley, de cualquier acción o recurso judicial interpuesto por concepto de la mencionada asignación, en razón de poseer un título de técnico de nivel superior”. Esto constituye, sin lugar a dudas, un atropello e incluso un abuso de derecho por parte de la autoridad. El derecho de concurrir a los Tribunales de Justicia para que se solucione un conflicto o se esclarezca una situación determinada es un derecho que no puede ser negado ni restringido y menos por la autoridad.

2.Respecto a la errónea homologación:

El título de técnico universitario de universidades como la de Santiago, en esencia es distinto y por lo tanto no comparable a los de carreras técnicas de nivel superior impartidas por otras universidades, las cuales utilizan el mismo nombre para sus títulos, propiciando la confusión y una errónea homologación con sus títulos.

A partir del año 1992, a raíz de una iniciativa del gobierno para mejorar las remuneraciones del sector público, se realizan varios convenios con algunas universidades (principalmente la Umce y UTM) con el objeto de que estas últimas impartan carreras cortas, en horario vespertino, de nivel técnico y con un bajo arancel de modo que pueda acceder la mayoría del personal administrativo de dicho sector.

Por lo anterior, a partir del año 1994 se produjeron egresos masivos, lo que causó un gran impacto en el presupuesto de las instituciones públicas, situación que hizo crisis a comienzos de 1998, cuando el ministro de Hacienda objetó el aumento explosivo en la asignación profesional, lo cual estaba en contra de la política de gobierno de reducir el gasto público.

Los títulos de técnico universitario de la Usach nunca estuvieron en tela de juicio, sino hasta noviembre del año pasado, cuando, a petición expresa de los técnicos cuestionados, la Contraloría emite un dictamen incluyéndolos en la lista de títulos no profesionales y, por lo tanto, no tienen derecho a percibir los beneficios del caso.

En otras palabras, por una situación netamente presupuestaria y luego de 21 años, el organismo contralor decide cambiar lo que hasta ese momento nunca cuestionó, cual es la calidad de profesional a los títulos otorgados por la Universidad de Santiago.

Por otro lado, las diferencias son claras entre los técnicos de la Usach y los otros. Los primeros ingresan vía prueba de aptitud (mínimo 500 puntos); a los otros se les exige haber dado la prueba o tener experiencia laboral. Hay diferencias en sus mallas curriculares, horas de clase, número de ramos aprobados, etcétera.

No se trata de cuestionar la calidad de los técnicos de nivel superior. La intención de proteger a estos últimos es buena y no estamos contra de ello, pero no a costa de los técnicos universitarios.

He dicho.