Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Exequiel Silva Ortiz
- Sergio Morales Morales
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Roberto Munoz Barra
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- VI. FÁCIL DESPACHO
- CONCESIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA A GIULIO DI GIROLAMO ANTONUZZI Y CLAUDIO DI GIROLAMO CARLINI. Proposición de la Comisión Mixta. Proyecto sobre tabla.
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 363 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera Gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Raul Urrutia Avila
- INTERVENCIÓN : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- INTERVENCIÓN : Dario Paya Mira
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Carlos Bombal Otaegui
- DEBATE
- CONCESIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA A GIULIO DI GIROLAMO ANTONUZZI Y CLAUDIO DI GIROLAMO CARLINI. Proposición de la Comisión Mixta. Proyecto sobre tabla.
- VII. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 14.908, SOBRE ABANDONO DE FAMILIA Y PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Fanny Pollarolo Villa
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- SIMPLIFICACIÓN DE NORMAS SOBRE MUTUOS HIPOTECARIOS EN FAVOR DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO HABITACIONAL. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Ramon Segundo Perez Opazo
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- DEBATE
- VISITA DEL PRIMER MINISTRO DEL REINO DE BÉLGICA.
- AUTORIZACIÓN DE PESCA PARA LANCHAS ARRASTRERAS DE MERLUZA COMÚN. Primer trámite constitucional. (Votación).
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Alfonso Vargas Lyng
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Alfonso Vargas Lyng
- Sergio Morales Morales
- Felipe Letelier Norambuena
- INDICACIÓN
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Alfonso Vargas Lyng
- Sergio Morales Morales
- Felipe Letelier Norambuena
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Belarmino Elgueta Becker
- Edmundo Salas De La Fuente
- INDICACIÓN
- REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE IGUALDAD JURÍDICA DE HOMBRES Y MUJERES. Primer trámite constitucional. (Votación).
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Fanny Pollarolo Villa
- Jose Antonio Viera Gallo Quesney
- Juan Pablo Letelier Morel
- INDICACIÓN
- MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 14.908, SOBRE ABANDONO DE FAMILIA Y PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- VIII. PROYECTOS DE ACUERDO
- ELABORACIÓN POR CONAMA DE NORMAS SOBRE MALOS OLORES. (Votación).
- DEBATE
- ASIGNACIÓN POR TURNO PARA PERSONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Armando Arancibia Calderon
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Jaime Rocha Manrique
- Luis Valentin Ferrada Valenzuela
- Jose Antonio Viera Gallo Quesney
- Victor Barrueto
- Harry Jurgensen Caesar
- Salvador Urrutia Cardenas
- Martita Elvira Worner Tapia
- Mario Hamuy Berr
- Juan Enrique Taladriz Garcia
- Sergio Aguilo Melo
- Jaime Naranjo Ortiz
- Jose Garcia Ruminot
- Ramon Segundo Perez Opazo
- Hosain Sabag Castillo
- Sergio Ojeda Uribe
- Juan Pablo Letelier Morel
- Vicente Karelovic Vrandecic
- Teodoro Ribera Neumann
- Erick Villegas Gonzalez
- Baldo Prokurica Prokurica
- Miguel Hernandez Saffirio
- Felipe Letelier Norambuena
- Carlos Valcarce Medina
- Alfonso Vargas Lyng
- Hector Zambrano Opazo
- Jose Maria Hurtado Ruiz Tagle
- Jorge Soria Macchiavello
- Sergio Correa De La Cerda
- Juan Masferrer Pellizzari
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Carlos Cantero Ojeda
- Sergio Morales Morales
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Ignacio Balbontin Arteaga
- Ivan De La Maza Maillet
- Jose Luis Gonzalez Rodriguez
- Eugenio Munizaga Rodriguez
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Eugenio Tuma Zedan
- Felipe Valenzuela Herrera
- Octavio Jara Wolff
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Armando Arancibia Calderon
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ASIGNACIÓN ESPECIAL DE ZONA PARA SECTOR PASIVO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Camilo Escalona Medina
- Alejandro Navarro Brain
- Isidoro Toha Gonzalez
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Sergio Aguilo Melo
- Felipe Letelier Norambuena
- Anibal Perez Lobos
- Ramon Segundo Perez Opazo
- Vicente Karelovic Vrandecic
- Erick Villegas Gonzalez
- Mario Hamuy Berr
- Miguel Hernandez Saffirio
- Hector Zambrano Opazo
- Salvador Urrutia Cardenas
- Jorge Soria Macchiavello
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Alfonso Vargas Lyng
- Sergio Correa De La Cerda
- Juan Masferrer Pellizzari
- Hosain Sabag Castillo
- Sergio Ojeda Uribe
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Sergio Morales Morales
- Juan Enrique Taladriz Garcia
- Carlos Valcarce Medina
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Harry Jurgensen Caesar
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Juan Pablo Letelier Morel
- Ivan De La Maza Maillet
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Homero Gutierrez Roman
- Eugenio Munizaga Rodriguez
- Eugenio Tuma Zedan
- Felipe Valenzuela Herrera
- Claudio Alvarado Andrade
- Cristian Antonio Leay Moran
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Camilo Escalona Medina
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- INTERVENCIÓN : Dario Paya Mira
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ELABORACIÓN POR CONAMA DE NORMAS SOBRE MALOS OLORES. (Votación).
- IX. INCIDENTES
- INSUFICIENCIA DE RESPUESTA A OFICIO DE FISCALIZACIÓN E INFORMACIÓN ACERCA DE INCENDIOS FORESTALES EN OCTAVA REGIÓN. Oficios.
- ADHESION
- Salvador Urrutia Cardenas
- Felipe Letelier Norambuena
- Eugenio Tuma Zedan
- Sergio Morales Morales
- Rosauro Martinez Labbe
- Sergio Ojeda Uribe
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- ADHESION
- SUSPENSIÓN DE COBRO POR CARGO FIJO EN CUENTAS DE ESVAL. Oficios.
- SUSPENSIÓN DE COBRO POR CARGO FIJO EN CUENTAS DE ESVAL. Oficios
- INFORME SOBRE ASISTENCIA DE PARLAMENTARIOS A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
- CONTAMINACIÓN DEL RÍO LOA. Oficios.
- COBROS EXCESIVOS POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE EN LONQUIMAY. Oficios.
- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y CONSTRUCCIÓN DE CAUCE EN COMUNA DE PEÑALOLÉN. Oficios.
- MEDIDAS UNILATERALES ADOPTADAS POR MIEMBROS DEL MERCOSUR. Oficios.
- ADHESION
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Patricio Melero Abaroa
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE EXTENSIÓN DE LÍNEA CINCO DEL METRO. Oficios.
- REUBICACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN COLINA. Oficios.
- UNIFORMIDAD DE CRITERIOS DE EXIGENCIAS PARA OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR. FLEXIBILIDAD EN PLANTAS REVISORAS TIPO “A”. Oficios.
- INSUFICIENCIA DE RESPUESTA A OFICIO DE FISCALIZACIÓN E INFORMACIÓN ACERCA DE INCENDIOS FORESTALES EN OCTAVA REGIÓN. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPUBLICA DE CHILE
CAMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 334ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 58ª, en martes 8 de abril de 1997
(Ordinaria, de 11.09 a 14.41 horas)
Presidencia de los señores Martínez Ocamica, don Gutenberg Arancibia Calderón, don Armando, y Rocha Manrique
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
VI.- FÁCIL DESPACHO
VII.- ORDEN DEL DÍA
VIII.- PROYECTOS DE ACUERDO
IX.- INCIDENTES
X.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 7
III. Actas 7
IV. Cuenta 7
V. Acuerdos de los Comités. 7
VI. Fácil Despacho.
- Concesión de nacionalidad chilena a Giulio Di Girolamo Antonuzzi y Claudio Di Girolamo Carlini. Proposición de la Comisión Mixta. Proyecto sobre tabla 7
- Modificación del artículo 363 del Código de Procedimiento Penal. Primer trámite constitucional 8
VII. Orden del Día.
- Modificación de la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. Primer trámite constitucional. (Continuación) 15
- Simplificación de normas sobre mutuos hipotecarios en favor de beneficiarios del subsidio habitacional. Primer trámite constitucional 23
-o-
Visita del Primer Ministro del Reino de Bélgica 29
-o-
- Autorización de pesca para lanchas arrastreras de merluza común. Primer trámite constitucional. (Votación) 31
- Reforma constitucional sobre igualdad jurídica de hombres y mujeres. Primer trámite constitucional. (Votación) 33
VIII. Proyectos de acuerdo.
- Elaboración por Conama de normas sobre malos olores. (Votación) 35
- Asignación por turno para personal de Gendarmería de Chile 35
- Asignación especial de zona para sector pasivo 37
Pág.
IX. Incidentes.
- Insuficiencia de respuesta a oficio de fiscalización e información acerca de incendios forestales en Octava Región. Oficios 39
- Suspensión de cobro por cargo fijo en cuentas de Esval. Oficios 41
- Informe sobre asistencia de parlamentarios a la Cámara de Diputados 42
- Contaminación del río Loa. Oficios 42
- Cobros excesivos por concepto de agua potable en Lonquimay. Oficios 44
- Pavimentación de calles y construcción de cauce en comuna de Peñalolén. Oficios 45
- Medidas unilaterales adoptadas por miembros del Mercosur. Oficios 46
- Información sobre proyecto de extensión de línea cinco del Metro. Oficios 48
- Reubicación de planta de tratamiento de aguas servidas en Colina. Oficios 49
- Uniformidad de criterios de exigencias para otorgamiento de licencias de conducir. Flexibilidad en plantas revisoras tipo “A”. Oficios 51
X. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el cual retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto que regula el traspaso de servicios municipales entre las municipalidades de las comunas que se indican (boletín Nº 2008-06). 53
2. Informe de la Comisión Mixta, constituída para resolver las divergencias producidas en la tramitación del proyecto que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a los señores Giulio Di Girolamo Antonuzzi y Claudio Di Girolamo Carlini (boletín Nº 1940-17). 53
3. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, recaído en el proyecto de Acuerdo Aprobatorio de la Convención sobre prerrogativas e inmunidades del Organismo para la proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina (boletín Nº 1271-10). 55
4. Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de Acuerdo Aprobatorio de la Convención sobre prerrogativas e inmunidades del Organismo para la proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina (boletín Nº 1271-10). 63
XI. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
-Del Jefe de la Bancada del Partido Demócrata Cristiano, por las cuales informa que el Diputado señor Silva reemplazará, en forma permanente, al Diputado señor Reyes, en la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, y que el Diputado señor Morales reemplazará, de igual forma, al Diputado señor Rocha en la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (108)
Acuña Cisternas, Mario
Aguiló Melo, Sergio
Alvarado Andrade, Claudio
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
Allamand Zavala, Andrés
Arancibia Calderón, Armando
Ascencio Mansilla, Gabriel
Ávila Contreras, Nelson
Aylwin Azócar, Andrés
Aylwin Oyarzún, Mariana
Balbontín Arteaga, Ignacio
Bartolucci Johnston, Francisco
Bayo Veloso, Francisco
Bombal Otaegui, Carlos
Cardemil Herrera, Alberto
Ceroni Fuentes, Guillermo
Coloma Correa, Juan Antonio
Cornejo González, Aldo
Correa De la Cerda, Sergio
Cristi Marfil, María Angélica
Chadwick Piñera, Andrés
De la Maza Maillet, Iván
Dupré Silva, Carlos
Elgueta Barrientos, Sergio
Elizalde Hevia, Ramón
Encina Moriamez, Francisco
Escalona Medina, Camilo
Espina Otero, Alberto
Estévez Valencia, Jaime
Fuentealba Vildósola, Renán
Gajardo Chacón, Rubén
Galilea Vidaurre, José Antonio
García García, René Manuel
García Ruminot, José
Gutiérrez Román, Homero
Hamuy Berr, Mario
Hernández Saffirio, Miguel
Huenchumilla Jaramillo, Francisco
Hurtado Ruiz-Tagle, José María
Jara Wolf, Octavio
Jeame Barrueto, Víctor
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás
Jürgensen Caesar, Harry
Karelovic Vrandecic, Vicente
Kuschel Silva, Carlos Ignacio
Latorre Carmona, Juan Carlos
Leay Morán, Cristián
León Ramírez, Roberto
Letelier Morel, Juan Pablo
Letelier Norambuena, Felipe
Longton Guerrero, Arturo
Longueira Montes, Pablo
Luksic Sandoval, Zarko
Makluf Campos, José
Martínez Labbé, Rosauro
Martínez Ocamica, Gutenberg
Masferrer Pellizzari, Juan
Matthei Fornet, Evelyn
Melero Abaroa, Patricio
Montes Cisternas, Carlos
Morales Morales, Sergio
Moreira Barros, Iván
Munizaga Rodríguez, Eugenio
Muñoz Aburto, Pedro
Naranjo Ortiz, Jaime
Navarro Brain, Alejandro
Ojeda Uribe, Sergio
Orpis Bouchón, Jaime
Ortiz Novoa, José Miguel
Palma Irarrázaval, Andrés
Palma Irarrázaval, Joaquín
Paya Mira, Darío
Pérez Lobos, Aníbal
Pérez Opazo, Ramón
Pérez Varela, Víctor
Pizarro Soto, Jorge
Pollarolo Villa, Fanny
Prochelle Aguilar, Marina
Prokuriça Prokuriça, Baldo
Rebolledo Leyton, Romy
Reyes Alvarado, Víctor
Rocha Manrique, Jaime
Rodríguez Cataldo, Claudio
Saa Díaz, María Antonieta
Sabag Castillo, Hosain
Salas De la Fuente, Edmundo
Schaulsohn Brodsky, Jorge
Seguel Molina, Rodolfo
Silva Ortiz, Exequiel
Solís Cabezas, Valentín
Soria Macchiavello, Jorge
Taladriz García, Juan Enrique
Tohá González, Isidoro
Tuma Zedan, Eugenio
Ulloa Aguillón, Jorge
Urrutia Ávila, Raúl
Urrutia Cárdenas, Salvador
Valcarce Medina, Carlos
Valenzuela Herrera, Felipe
Vargas Lyng, Alfonso
Vega Vera, Osvaldo
Venegas Rubio, Samuel
Viera-Gallo Quesney, José Antonio
Vilches Guzmán, Carlos
Villegas González, Erick
Villouta Concha, Edmundo
Walker Prieto, Ignacio
Zambrano Opazo, Héctor
-Asistieron, además, el Ministro de Vivienda y Urbanismo , señor Edmundo Hermosilla, y la Ministra Directora del Sernam , señora Josefina Bilbao. Concurrió, también, el Senador señor Roberto Muñoz.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.09 horas.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El acta de la sesión 54ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 55ª queda a disposición de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario accidental ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Reunidos los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del Diputado señor Arancibia, adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Despachar en la presente sesión, con tratamiento de proyecto de fácil despacho, la iniciativa que modifica el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, para perfeccionar las normas sobre libertad provisional y proteger a las personas ante la delincuencia.
2. Considerar sobre Tabla el informe de la Comisión Mixta respecto del proyecto que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a los señores Giulio y Claudio Di Girolamo.
3. Facultar a la Mesa para poner en votación, en la presente sesión, el proyecto de reforma constitucional que otorga igualdad de oportunidades a mujeres y hombres, y el que permite a los armadores de lanchas arrastreras orientadas a la merluza común, solicitar autorización de pesca.
VI. FÁCIL DESPACHO
CONCESIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA A GIULIO DI GIROLAMO ANTONUZZI Y CLAUDIO DI GIROLAMO CARLINI. Proposición de la Comisión Mixta. Proyecto sobre tabla.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En conformidad a lo acordado por los Comités, corresponde pronunciarse, sobre tabla, respecto de la proposición de la Comisión Mixta, respecto del proyecto de ley que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a los señores Giulio di Girolamo Antonuzzi y Claudio di Girolamo Carlini.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 1940-17. Documentos de la Cuenta Nº 2, de esta sesión.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
-Aprobada.
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 363 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Primer trámite constitucional.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En Fácil Despacho, corresponde tratar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, para perfeccionar las normas sobre libertad provisional y proteger a las personas ante la delincuencia.
Diputado Informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Sergio Elgueta.
Antecedentes:
-Segundo Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 34ª, en 5 de septiembre de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 4.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente , paso a informar a la Sala, en segundo trámite reglamentario, un proyecto iniciado en moción de los Diputados señores Espina, Viera-Gallo , Luksic , Chadwick , señora Cristi , señores Allamand , Elgueta , Galilea , Kuschel y Taladriz.
Su idea central es perfeccionar las disposiciones sobre el otorgamiento de la libertad provisional en relación con el grado de peligrosidad del delincuente respecto de la seguridad de la sociedad.
Nuestra Carta Fundamental explicita como un derecho el acceso a la libertad provisional, a menos que sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones del sumario o para la seguridad de la víctima o de la sociedad.
Precisamente, sobre este último concepto versa el proyecto.
El artículo 363 del Código de Procedimiento Penal señala: “Sólo podrá derogarse la libertad provisional, por resolución fundada, basada en antecedentes calificados del proceso, cuando la detención o prisión sea estimada por el juez estrictamente indispensable para el éxito de las diligencias precisas y determinadas de la investigación, o cuando la libertad del detenido o preso sea peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido.”
“Se entenderá que la seguridad de la víctima del delito se encuentra en peligro por la libertad del detenido o preso cuando existan antecedentes calificados que permitan presumir que éste puede realizar atentados graves en su contra.”
Sin embargo, la aplicación de este precepto se dejó al exclusivo criterio del magistrado, sin indicarle ninguna pauta para determinar lo que es peligroso para la seguridad de la sociedad.
Este proyecto fue objeto de indicaciones del Diputado señor Walker y del que habla, aprobadas por unanimidad, con lo cual el artículo 363, en lo que se refiere a la peligrosidad para la seguridad de la sociedad, quedará de la siguiente manera:
“El juez podrá estimar que la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad tomando en consideración alguna de las siguientes circunstancias: la gravedad de la pena asignada al delito;...” -o sea, se atiende a la gravedad de la pena asignada al delito y no sólo a la pena- “... el número de delitos que se le imputare y el carácter de los mismos; la existencia de procesos pendientes; el hecho de encontrarse sujeto a alguna medida cautelar personal, en libertad condicional o gozando de alguno de los beneficios contemplados en la ley Nº 18.216,...” -que se refieren a la remisión de la pena, a la libertad vigilada y a la reclusión nocturna- “... y la existencia de condenas anteriores cuyo cumplimiento se encontrare pendiente, atendiendo a la gravedad de los delitos de que trataren (y, en general, si existieren antecedentes graves que permitan presumir que tratará de eludir la acción de la justicia).”
El fundamento práctico del proyecto radica en el hecho de que en delitos graves, como los robos -de común ocurrencia-, en que existe verdadero riesgo para los moradores de las viviendas, industrias u otros lugares habitados o en disposición de ser habitados, las personas son detenidas y posteriormente el tribunal les otorga la libertad bajo fianza, en el supuesto de que no hay riesgo para la sociedad. Sin embargo, muchas veces se trata de reincidentes de delitos de la misma especie o que han cometido otras conductas ilícitas gravísimas, no obstante lo cual acceden al beneficio de la libertad provisional bajo fianza.
Es lo que el proyecto trata de evitar mediante una vía indicativa al magistrado, que le permita determinar la peligrosidad para la seguridad de la sociedad, y cuando deba pronunciarse sobre la libertad provisional bajo fianza de un reo.
La iniciativa no contiene normas orgánicas constitucionales ni de quórum calificado, pues se trata de modificaciones a las leyes de procedimiento.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor José Antonio Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, cuando ocurre un hecho punible y se formulan cargos a una persona, inevitablemente en toda sociedad se presenta el dilema, por una parte, de pesquisar eficazmente el delito y resguardar a la sociedad de la peligrosidad del posible delincuente y, por otra, respetar los derechos de la persona inculpada, entre los cuales está la libertad provisional.
La iniciativa que presentamos con los Diputados señores Espina y Luksic nació del hecho de que muchos jueces otorgan la libertad provisional con manga ancha -por decirlo en lenguaje simple-, con lo cual se produce cierta indefensión de las víctimas, al punto que ha habido casos en que la persona ofendida, e incluso su familia, se ha visto sometida a burlas y vejámenes por parte del ofensor, quien también se burla de la ineficacia de la justicia. En muchos casos la situación se ha hecho irritante, lo que hace que la ciudadanía pierda confianza en la acción de la justicia y de los cuerpos policiales.
Por eso, quisimos entregar al juez directrices o líneas de orientación más precisas, para determinar el otorgamiento del beneficio de la libertad provisional.
Como muy bien ha indicado el diputado informante , el juez, para evaluar si existe o no peligrosidad, es decir, si la sociedad corre algún riesgo si la persona sale en libertad, tendrá ahora que tomar en cuenta la gravedad del delito que se le imputa -hay delitos que tienen poca gravedad o peligrosidad para la sociedad; en cambio, otros son extremadamente repudiables-; el número de delitos que se le atribuyen y el carácter de los mismos, pues puede tratarse de un reincidente; la existencia de procesos pendientes, el hecho de encontrarse sujeto a alguna medida cautelar personal, en libertad condicional o gozando de algunos de los beneficios contemplados en la ley N°18.216 y la existencia de condenas anteriores cuyo cumplimiento se encontrare pendiente.
En síntesis, se le otorgan al juez ciertas indicaciones para que pueda razonar y emitir su juicio. Esto se enmarca dentro de la voluntad reiterada del Parlamento por contribuir a combatir eficazmente la delincuencia y salvaguardar la seguridad ciudadana o la tranquilidad de los habitantes de la República, considerada por todos como un valor esencial y primordial en las circunstancias en que vivimos.
Además, me parece importante que la ciudadanía esté informada de que se trata de una reforma parcial al Código de Procedimiento Penal, que la misma Comisión, a propuesta del Gobierno, está sustituyendo en su globalidad por un proceso oral y público e introduciendo la institución del ministerio público, con lo cual esperamos dar mayor eficacia a la acción policial y a la justicia y, a su vez, permitir una mejor defensa del inculpado inocente. O sea, se trata de una reforma que tendrá corta duración, por cuanto después vendrá la sustitución completa del Código de Procedimiento Penal. Esperamos que luego del acuerdo político habido en el Senado, la Cámara pueda conocer, de aquí a quince días o a más tardar dentro de un mes, la reforma constitucional que establece el ministerio público y luego el proyecto sustitutivo global de ese cuerpo legal, que es la acción más innovadora en esta materia desde su dictación durante la presidencia de don Pedro Montt.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Urrutia.
El señor URRUTIA (don Raúl).-
Señor Presidente , en verdad, el número 7° del artículo 19 de la Constitución Política establece como garantía constitucional el derecho a la libertad personal, y su letra e) se refiere a la libertad provisional que el juez podrá otorgar a quienes sean sometidos a proceso. Según nuestra Carta Fundamental, sólo tiene tres impedimentos para otorgarla: primero, cuando considere que la detención de la persona procesada es necesaria para la investigación del proceso, porque faltan algunos antecedentes; segundo, cuando constituya peligro para la sociedad y, tercero, cuando implique un peligro para el ofendido.
Después de la modificación que se introdujo en 1991 en las denominadas “leyes Cumplido”, donde claramente se restringe la posibilidad de otorgar la libertad provisional y empieza a operar la nueva normativa, se crea una serie de conflictos, por cuanto, muchas veces, el juez otorgaba la libertad provisional basado en los antecedentes del proceso, pero sin tener en consideración si la persona que estaba siendo sometida a proceso era o no reincidente. En definitiva, no tenía orientación legal alguna y podía operar con la más absoluta y amplia libertad.
Al proyecto que hoy nos ocupa, que tiene como autores a tres distinguidos señores diputados, se adicionó una indicación de los honorables señores Elgueta y Walker que lo mejora profundamente, porque establece criterios objetivos para que el juez otorgue la libertad provisional.
Cuando el magistrado deba resolver sobre la libertad provisional de una persona y no vea la necesidad de mantenerla en detención preventiva para los efectos de allegar nuevos antecedentes al proceso, pero considere que hay peligro para la sociedad, dispondrá de los elementos objetivos -que se introducen al referido artículo 363- para adoptar la decisión correspondiente.
El proyecto tiene por objeto mejorar la legislación vigente respecto de algo que preocupa a todo el país: la seguridad ciudadana. El reclamo permanente es que quien comete un delito es llevado a presencia del magistrado y a los pocos días queda en libertad provisional, lo que produce la más amplia frustración de la sociedad que no entiende que existen normas procesales que el juez debe aplicar y, sobre ellas, incluso, la garantía constitucional establecida en el Nº 7 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental.
Por ello, al fijarle al tribunal orientaciones objetivas para determinar el otorgamiento de la libertad provisional, sin duda que la seguridad ciudadana quedará mejor resguardada y, sobre todo, habrá mayor credibilidad en los tribunales de justicia frente a delitos que se cometen diaria y permanentemente.
Como señalaba el Diputado señor Viera-Gallo , la Cámara de Diputados pronto tendrá que analizar un nuevo proyecto de Código de Procedimiento Penal, cuyo estudio la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia ya tiene adelantado, que mejorará en forma considerable el que se encuentra vigente y permitirá también entregar a los tribunales una mejor herramienta para castigar efectivamente a quienes cometen delitos y atentan en contra de la sociedad.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Chadwick.
El señor CHADWICK.-
Señor Presidente , sólo quiero profundizar y reafirmar lo señalado por los Diputados señores Viera-Gallo y Urrutia.
Una de las materias que más afectan la seguridad ciudadana y que ocasionan mayores problemas a las víctimas de un delito es cuando después de un gran esfuerzo policial se logra capturar al autor -lo que es difícil-, y con posterioridad, en un plazo muy breve, los tribunales de justicia proceden a otorgarle la libertad.
Pocos días atrás el Diputado señor Bombal relataba una acción delictual que se produjo en la comuna de Las Condes, hace dos o tres semanas. Uno de los delincuentes permaneció dentro de la casa asaltada y varias horas después se entregó, y en ese momento dijo: “Me entrego, porque en poco tiempo más voy a salir libre”. Sin duda, eso genera gran intranquilidad y la seguridad ciudadana se ve fuertemente debilitada. Lo más grave es que el delincuente, al hacer esa afirmación, estaba diciendo algo cierto, porque hemos conocido situaciones en que se otorga la libertad provisional con gran flexibilidad.
Frente a esa realidad, decidimos presentar la moción. Si bien es cierto, como decía el Diputado señor Raúl Urrutia , el Nº 7 del artículo 19 de la Constitución establece que la libertad provisional es un derecho, señala que puede ser limitada por el juez cuando se ve afectada la seguridad de la sociedad. ¿Qué ha ocurrido? Que los jueces, al no tener orientaciones legales acerca de las materias que afectan la seguridad de la sociedad, han usado un criterio flexible, amplio y -como decía el Diputado señor Viera-Gallo - de manga ancha para conceder la libertad. Por eso, ante la excesiva liberalidad en el otorgamiento de este derecho, nos hemos visto obligados a entregar, a través de la ley, criterios orientadores a los magistrados en materia de seguridad de la sociedad, con el objeto de que se restrinja la forma en que en estos momentos se concede la libertad provisional.
Debe quedar claro en la historia de la ley que los magistrados deben otorgar este derecho con menos flexibilidad que hasta el momento, y orientarse con estos criterios.
Algunas personas han planteado que esta iniciativa, de origen en una moción, pudiera tener problemas de constitucionalidad, porque la Carta Fundamental establece la libertad provisional como un derecho, y que sólo los jueces -y no la ley- pueden determinar la forma como éste debe concederse o restringirse. Teniendo en cuenta esta situación, hemos redactado el proyecto con especial cuidado, estableciendo que ésta es una facultad del juez, a quien le entregamos criterios orientadores. Por eso, se señala que el juez podrá denegar la libertad provisional cuando se den los criterios que ella establece. Hemos tenido especial cuidado en entregar criterios orientadores para que el juez los pueda usar facultativamente y no con carácter obligatorio, con el objeto de resguardar que la libertad provisional, como aparece consagrada en la Constitución, sea un derecho que sólo pueda ser limitado por el juez. Esto se ha hecho con el propósito de preservar la norma constitucional, pero, al mismo tiempo, dejando claro que el espíritu del legislador es que los magistrados apliquen estas orientaciones con criterio más restrictivo y no con la flexibilidad empleada hasta ahora.
Las indicaciones presentadas por los Diputados señores Walker y Elgueta son especialmente precisas para perfeccionar la iniciativa. Creo que podremos entregar, si la mayoría de esta Cámara así lo dispone, criterios orientadores a los magistrados, los cuales pueden ser extraordinariamente útiles para seguir resguardando la seguridad ciudadana.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Paya.
El señor PAYA.-
Señor Presidente , apoyaré este proyecto porque, a mi juicio, se hace cargo de una de las grandes tragedias de nuestra sociedad. El modelo de estado de derecho que hemos construido da muchas herramientas para proteger a los ciudadanos inocentes que, eventualmente y por error, pueden ser objeto de sospecha por parte de la policía y de las autoridades, y trata de prevenir que una persona inocente sea sometida al vejamen de un encarcelamiento prolongado. La tragedia es que esta herramienta, concebida para proteger a los inocentes, es el principal apoyo e incentivo de los delincuentes y criminales profesionales para actuar con impunidad y cada vez con mayor eficiencia en nuestra sociedad. En consecuencia, con esta iniciativa estamos caminando por una línea tremendamente fina: cómo impedir que lo que hacemos a fin de proteger a los buenos elementos termine siendo una herramienta eficaz para los delincuentes y enemigos de la sociedad.
En este sentido, el proyecto asume la línea correcta y por eso lo apoyo. Sin embargo, a mi juicio es insuficiente, porque debe hacerse cargo del tema del delincuente habitual que es condenado, cumple su condena y vuelve a delinquir, frente al cual nuestra legislación está inerme. Lamentablemente, el proyecto no soluciona ese problema, por cuanto restringe la posibilidad de limitar la libertad provisional al caso de personas que tienen condenas pendientes, ya que el juez no puede presumir que quien ha sido condenado tres o cuatro veces, pero que ya cumplió la última condena, constituye un peligro para la sociedad, lo que me resulta absolutamente chocante, porque esa situación la vemos todos los días: delincuentes que han sido condenados muchas veces, siguen delinquiendo.
También me parece incompleto -a pesar de que no era el propósito de sus autores- porque no aborda un tema del que tenemos que hacernos cargo, cual es restringir y limitar otros derechos, como el de la libertad condicional, que básicamente es el premio que se da a la persona que tiene buena conducta dentro de la cárcel para que cumpla su condena con algún grado de libertad. A mi juicio, un reincidente, un delincuente profesional que está cumpliendo una condena por segunda vez, no debiera tener acceso a este beneficio; la gracia es que se porte bien fuera y no dentro de la cárcel. Me parece absolutamente insólito que estemos premiando con la libertad condicional la buena conducta dentro de la cárcel de una persona que en cuanto sale a la calle vuelve a delinquir.
Finalmente, soy partidario, y lo he planteado en esta Cámara, de establecer una sanción especial gravísima a la persona que es condenada por tercera vez por delitos de gravedad. Una persona es aprehendida por tercera vez y condenada por un delito -con lo que cuesta detener y condenar a alguien en este país-, es evidente que, lisa y llanamente, no se quiere reformar ni ha aceptado siquiera esa posibilidad. En consecuencia, como debe respetar la ley y, mucho más que eso, a las demás personas de esta sociedad, a mi juicio debiéramos aplicarle una pena especial, con el objeto de que no tenga la posibilidad de seguir dañando a nuestros conciudadanos. Es lo que yo llamo la sanción de “tercera es la vencida”: si una persona es condenada por tercera vez, debiera tener una sanción especial, la que, en mi opinión, no puede ser inferior a 20 años de prisión.
En resumen, felicito a los autores de la iniciativa, porque es un paso en la dirección correcta, e invito a este Congreso a seguir avanzando en la línea de restringir la libertad provisional, incluso en el caso de las condenas pendientes; de restringir la libertad condicional para los reincidentes y de establecer una sanción penal especial para las personas que son condenadas por tercera vez por crímenes o delitos.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil.
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, quiero adherir a lo expresado por varios señores diputados y manifestar mi apoyo pleno e irrestricto a este proyecto de ley que, espero, se transforme pronto en ley.
Todos los legisladores presentes estamos conscientes de la gravedad del peligro social que significa la delincuencia y la falta de seguridad ciudadana. Todas las encuestas de opinión indican que los chilenos consideran que son las preocupaciones más importantes para sus vidas y el problema más trascendental que debe solucionar la autoridad. Es así como el acceso a una justicia expedita, la seguridad y el orden públicos se transforman en el principal problema y en el requerimiento esencial que los ciudadanos hacen a la institucionalidad.
Entiendo que la lucha contra la delincuencia, que debe ser un esfuerzo de Estado, tiene dos ejes principales:
El primero, es respaldar a la policía; mantener una actitud firme contra la delincuencia y sus excesos en la prevención y en el combate de este flagelo; no dar señales equívocas a la ciudadanía en cuanto a que el Estado y sus autoridades están empeñados en erradicar la delincuencia de las calles y de los campos de Chile.
El segundo, es dictar buenas leyes, cuestión que le compete a la Cámara de Diputados y al Senado.
No digo ninguna novedad cuando planteo que ésta es una norma correcta, una buena ley en el combate contra la delincuencia. Uno de los principales problemas que existe hoy es que muchos delincuentes actúan durante la libertad provisional. Muchas veces los diputados hemos oído que la gente a la que representamos en este hemiciclo se queja y nos plantea que los delincuentes salen con demasiada facilidad de la cárcel y quedan en situación de delinquir de nuevo, lo cual se debe a que no hay una normativa clara respecto de la libertad provisional.
Esta iniciativa, muy bien ideada, a la que el Diputado señor Elgueta ha formulado una muy buena indicación, plantea uniformar criterios para que los jueces, orientadamente, otorguen la libertad provisional o no, de acuerdo con la peligrosidad del delincuente para la sociedad, las condiciones generales de seguridad de la misma y, en general, teniendo en consideración todas las normas, problemáticas y situaciones que rodean una decisión tan delicada como es poner o no en libertad a una persona que ha delinquido y que, por lo tanto, puede seguir haciéndolo.
Con entusiasmo expreso mi adhesión a este proyecto, que es un paso adelante, y espero que sea aprobado por unanimidad, o por gran cantidad de votos, para que, de esta manera, demos una señal clara y eficiente a quienes representamos en la Cámara de lo que su Parlamento está haciendo por la seguridad de todos.
He dicho.
-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye el siguiente discurso no pronunciado en la Sala:
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , la semana recién pasada y haciendo uso de la hora de Incidentes, llamaba a reflexionar sobre el altísimo grado de violencia que sufre nuestra sociedad. Desde tal perspectiva me parece muy auspicioso que hoy nos encontremos abocados justamente a entregar a los jueces criterios generales mínimos y adecuados, para denegar el beneficio a la libertad provisional cuando ésta resulte peligrosa para la seguridad de la sociedad, respecto de quienes aparecen bajo la presunción fundada de ser autores, cómplices o encubridores en un delito.
Sin embargo, no obstante que aseguro mi voto positivo frente a este proyecto de ley, no puedo dejar pasar la ocasión de emitir un fuerte juicio político crítico a los Gobiernos de la Concertación que, con su política de dejar hacer, han permitido, en definitiva, que los niveles de violencia en nuestro país alcancen alarmantes cifras y que el tema de la delincuencia sea el primer tema público, aunque no quieran reconocerlo, pese a que todos los sondeos de opinión pública así lo consignen.
En efecto la situación es la descrita, y para ello los llamo a hacer memoria. El actual art. 19, Nº 7 letra e) de la Constitución Política de la República, que reconoce el beneficio de la libertad provisional, posee como antecedente inmediato a su dictación, el Acta Constitucional Nº 3, la que incorporó el concepto de la seguridad de la sociedad como un elemento de discreción para denegar el beneficio a la libertad provisional. Asimismo, tal Acta Constitucional consagró la libertad provisional como un derecho del detenido o sujeto a prisión preventiva que procedería “siempre”, a menos que la detención o prisión preventiva fuera considerada por el juez como “estrictamente” necesaria para las investigaciones del sumario o para la seguridad del ofendido o de la sociedad, entregando a la ley la fijación de los requisitos y modalidades para obtenerla.
No obstante lo anterior la formulación constitucional final consagrada en el actual art. 19, Nº 7 letra e) sufrió no menores cambios a los antes descritos. En efecto, en primer lugar se eliminó la referencia explícita a que se trata de un “derecho”, expresándose que la libertad provisional “procederá, a menos que...”. En segundo lugar, como se aprecia se eliminaron los vocablos “siem-pre”, destinados a fortalecer la referencia al carácter de derecho de la libertad y “estrictamente” que debía referirse al carácter excepcional de los parámetros de limitación.
Bajo tal supuesto y en lo que tocaba al criterio de la seguridad de la sociedad, que es el mismo que hoy nos ocupa, la legislación procesal penal hasta el año 1991 contemplaba casos o situaciones específicos en que debían considerarse concurrentes, de forma concreta, un peligro para la seguridad de la sociedad.
En el paquete de leyes conocido como “leyes Cumplido” y que conociera esta misma Corporación se encuentra la ley Nº 19.047, de 14 de febrero de 1991. Esta norma modificó los artículos 356, 363 y 364 del Código de Procedimiento Penal.
a. En el primer caso se reconoció a nivel legal, y a mi juicio transgrediendo abiertamente la Constitución por lo ya dicho, el carácter de “derecho” de la libertad provisional, que puede ser ejercido “siempre”, concediéndose a la ley la facultad de regular la “forma y condiciones” de la misma.
b. En el inciso segundo del nuevo artículo 356 se destacó el carácter “transitorio” de la medida cautelar de la prisión preventiva, señalando que “sólo durará el tiempo necesario para el cumplimiento de sus fines” y que este transcurso de tiempo privado de libertad es un antecedente importante a la hora de resolver sobre la libertad provisional de algún procesado.
c. Finalmente, se logró el anhelo con la modificación del artículo 363, que hoy reponemos en parte, de restringir la posibilidad judicial de obstaculizar el otorgamiento de la libertad provisional, prescribiendo que la denegatoria debía constar en resolución fundada, basada en antecedentes “calificados” del proceso los que deben hacerse constar “pormenoriza-damente” y cuando la prisión preventiva fuese “estrictamente indispensable” para el éxito de diligencias “precisas y determinadas”, la seguridad del ofendido o de la sociedad. Y respecto de esta última se suprimieron los “criterios orientadores”, así como los casos en que se suponía la presencia de un “peligro concreto” para la seguridad de la sociedad.
Por lo antes dicho considero que los votos de los miembros de la Concertación que recoge este proyecto son verdaderamente un primer mea culpa de aquella lamentable legislación del primer Gobierno de la Concertación que ha llevado a la delincuencia a límites antes no conocidos en nuestra sociedad. Bien vale aquí la conocida frase “me equivoqué medio a medio”.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Corresponde votar.
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto por unanimidad.
El señor PAYA.-
Señor Presidente , sin perjuicio de que creo que será aprobado por unanimidad, me gustaría que quedara constancia de la votación.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor PAYA.-
¿Me permite, señor Presidente?
Pedí votación porque el sistema electrónico está fallando desde la semana pasada, como que ha ocurrido en esta oportunidad, en que no aparecen los votos de este sector de la Sala, y me interesa dejar constancia de mi voto a favor. Lo mismo pasa con los votos de los Diputados señores Orpis , Álvarez-Salamanca , Moreira , etcétera.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene razón, señor diputado.
Quedará constancia de que en la votación no se consideraron esos votos.
¿Habría acuerdo para aprobar el proyecto por unanimidad?
Aprobado.
VII. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 14.908, SOBRE ABANDONO DE FAMILIA Y PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Corresponde continuar la discusión del proyecto, en primer trámite constitucional y segundo informe, que modifica la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias.
Para la discusión del artículo 1º están inscritos las Diputadas señoras Pollarolo y Saa y el Diputado señor Aguiló.
Solicito el acuerdo de la Sala para cerrar el debate con la intervención de los diputados mencionados.
Acordado.
Tiene la palabra la Diputada señora Fanny Pollarolo.
La señora POLLAROLO.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero expresar la satisfacción que sentimos como parlamentarios cuando nos abocamos a la búsqueda de soluciones efectivas y concretas para problemas tan importantes y, lamentablemente, demasiado frecuentes en nuestra sociedad, que afectan -como aquí se ha dicho latamente- la vida y el desarrollo de tantos niños y de sus madres, por lo general de los estratos más necesitados.
Es útil reafirmar, una vez más, que respecto de los juicios por demanda de alimentos enfrentamos la parte más dolorosa y cruel, que familiares no asumen su responsabilidad frente a los hijos. Quiero subrayar que estamos hablando de un problema demasiado extenso, frecuente y se puede denominar paternidad irresponsable, el cual aún persiste en nuestra sociedad. A través de nuestra legislación buscamos minimizar, reducir y, además, corregir un problema cultural, de conciencia y de cómo se asumen los roles en nuestra sociedad, que afectan, ni más ni menos, el desarrollo de los hijos. Porque, ¿qué puede ser más doloroso para un hijo o hija que sentir cómo su padre evade su responsabilidad y le niega el alimento, la protección y la ayuda?
Creo que mediante el proyecto, además de tratar de maximizar la eficacia de los mecanismos legales y judiciales para obtener el efectivo pago de los alimentos, estamos buscando un cambio mucho más profundo en nuestra sociedad.
Sin embargo, quiero destacar brevemente las innovaciones normativas que me parecen más relevantes.
En primer lugar, aquellas que agilizan los procedimientos judiciales. Como aquí se ha dicho, es vergonzosa la situación -todos la vivimos en nuestros distritos- de mujeres que deben esperar meses y hasta años para obtener una solución a su demanda.
El artículo 1º, sobre los juicios sumarios, el valor probatorio de los informes socioeconómicos de las corporaciones y el mérito otorgado a los avenimientos -Nº 5, relativo al artículo 7º de la ley Nº 14.908-, están destinados a agilizar procedimientos que hoy resultan realmente dramáticos por su lentitud y prolongación.
Me parece también que la solución transitoria, pero de alguna manera inmediata, en cuanto a que ahora el juez estará obligado a decretar de plano los alimentos provisorios, es muy importante para dar solución al problema de carencia, de indefensión y de desprotección en que quedan los niños y las mujeres hasta que se llega a la solución definitiva.
Por último, mencionaré la trascendente innovación de la inversión de la carga de la prueba, introducida en el artículo 3º, que también agilizará los procedimientos y corregirá una situación injusta. Hasta ahora, es humillante y vergonzoso para las mujeres realizar procedimientos extraordinariamente largos, difíciles y odiosos para probar que efectivamente el alimentante está en condiciones de aportar alimentos en cantidad suficiente, de acuerdo con sus ingresos.
Pero hay otro aspecto más complejo que me obligó a una reflexión prolongada, razón por la cual voy a cambiar mi forma de votar respecto de cómo lo hice en la Comisión. Sin duda, existen necesidades y es importante que el proyecto las recoja para que, a través de sanciones adicionales y medidas de presión coercitivas, disminuya el problema de fondo de la evasión, de quienes se niegan a cumplir con su obligación en la forma que corresponde.
El arraigo es importante, pero quiero referirme a las sanciones adicionales.
En relación con el número 2 del artículo 19 -por lo demás, el más discutido- que establece una sanción adicional en el sentido de hacer perder el derecho al padre a autorizar o denegar la salida del país de sus hijos, cometí un error al aprobar la correspondiente indicación. Creo que, en la práctica, significaría retroceder respecto de una situación lograda en años recientes a través de una modificación legislativa, cual es que haya una autorización compartida en la salida del país de los hijos, por dos razones:
Una para asegurar que su uso no sea arbitrario. En estos procesos, por la tensión, el conflicto y la dificultad para concordar los roles paterno y materno cuando hay ruptura definitiva, existe el riesgo de cometer arbitrariedad.
Y otra -creo que es la razón más relevante-, porque si observamos el proyecto desde el punto de vista del interés superior del niño -ése ha sido y debe ser el enfoque-, es más riesgoso no asegurar en forma adecuada el contacto de los hijos con ambos padres.
Por esa razón, a partir del derecho de los niños y niñas, y de concentrar su interés como protección fundamental, estaría por rechazar el número 2. del artículo 19.
Asimismo, pienso que es indispensable no olvidar en este caso -como en toda acción legislativa- que nos enfrentamos a problemas extraordinariamente complejos. Sin duda, con este proyecto avanzaremos; pero debemos tener conciencia de que no estamos entregando todas las soluciones. Tampoco podríamos hacerlo.
Hubo una pregunta muy importante que hizo -si mal no recuerdo- la señora Ministra del Sernam: ¿Qué se reparte cuando la pobreza es extrema y cuál es el rol del Estado en esa situación, ya que su obligación es proteger la vida y procurar igualdad de oportunidades a todos los niños y niñas? Esa pregunta no tiene respuesta aún.
Además, ¿cómo corregimos en forma decidida, cómo avanzamos más profunda y rápidamente, de acuerdo con el cambio cultural? Sin duda, éste es también un avance en ese sentido, pero debiéramos tomar mayor conciencia de corregir en la medida en que no logramos un cambio de actitud, en el fondo, la visión claramente machista de que se puede separar la vida sexual de sus consecuencias, el goce de la actividad sexual de la responsabilidad de los hijos. El hombre la ha separado demasiado tiempo en este país. Esos resabios quedan entre nosotros y también se están expresando aquí.
Creo que debemos tener más conciencia sobre ese cambio cultural y aprovechar este proyecto para avanzar en este debate.
Finalmente, ¿cuánto más debemos esperar para contar con los tribunales de familia y con la ley de divorcio vincular, que ayuda a una solución racional y sana de los conflictos de pareja, que impida que los niños sean objeto de chantaje en estos conflictos que no se solucionan de manera civilizada ni positiva?
Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, de que este proyecto no logra corregir todo, porque no podría hacerlo, aun enfrentado a ellas, sin duda que constituye un gran avance y forma parte de las actividades que nos permiten sentir que realizamos cosas positivas y que nuestro trabajo aquí vale la pena.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Diputada señorita María Antonieta Saa.
La señorita SAA.-
Señor Presidente, hemos llegado al final para aprobar, en particular, modificaciones a la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y al artículo 327 del Código Civil.
Para todos es claro que legislar sobre el derecho de alimentos es reconocer la necesidad más elemental de las personas, la subsistencia, y, por lo tanto, que ella constituye un derecho humano. El derecho a alimento es aquel que tiene una persona para exigir a otra, a la que está unida por un vínculo de parentesco, de adopción o de matrimonio, lo suficiente para vivir, cuando por sí sola no puede obtenerlo.
¿Qué pasa con la actual ley de pensiones alimenticias en nuestro país? La lentitud de la tramitación, la dispersión de las causas, las distintos juicios o tribunales, según sean alimentos para mayores o menores; una cantidad enorme de evasiones en el pago, ya sea por irresponsabilidad o pobreza paterna, y la falta de mecanismos eficientes para controlarlas o para sufrir las limitaciones económicas de los padres; el desconocimiento de las mujeres sobre sus derechos y los de sus hijos y en cuanto a la forma de ejercerlos; la desigualdad ante la justicia, en términos de la defensa; la tramitación de estas pensiones y, por último, el bajo monto de la mayoría de las pensiones, no compensan el esfuerzo y el tiempo invertidos para conseguirlas. Las pensiones alimenticias representan las mayores causas que se ven en los tribunales de justicia y las mayores solicitudes de apoyo al programa de asistencia jurídica, a la fundación de asistencia legal de la familia y al centro de información de los derechos de la mujer del Sernam.
Creo que mediante este proyecto de ley hemos avanzado suficientemente, en términos de que estos juicios sean más rápidos, eficientes y claros; pero no hemos llegado todavía al meollo del problema.
Sí -repito-, hemos introducido una serie de cambios que permiten realmente tramitar estos juicios en forma mucho más rápida. Sin embargo, hay muchos elementos que todavía quedan pendientes. Mientras no se apruebe el proyecto sobre igualdad de derechos de los hijos ante la ley, seguimos todavía con las diferencias respecto del derecho a alimento de los hijos legítimos e ilegítimos. No está claro tampoco el derecho a alimentos de la mujer y creo que es fundamental analizarlo. Ese derecho es consecuencia necesaria de su dependencia económica y del cumplimiento del rol que le asigna la sociedad y que asumió con el acuerdo de su pareja. Hoy sólo permanece como derecho para aquellas mujeres casadas en matrimonio legal, pero deja fuera a muchas mujeres que están unidas de hecho o en parejas constituidas después del matrimonio. Por lo tanto, éste es un primer paso.
Nos parece tremendamente importante legislar sobre las rupturas matrimoniales. Sin embargo, es necesario dejar claramente establecidos los derechos de la mujer en relación con la pensión de alimentos. Ella, al asumir las tareas domésticas y el cuidado de los hijos, queda al margen del mercado laboral y en desventaja con su pareja.
Por lo tanto, el proyecto sobre rupturas matrimoniales debe velar por el equilibrio económico entre los cónyuges, a través del reconocimiento del trabajo doméstico de la mujer. Falta dar un paso más con respecto a las pensiones alimenticias en el caso de las uniones de hecho y no reconocer como familia sólo al matrimonio legalmente constituido. Hay que superar la desigualdad de deberes, derechos y roles en la pareja.
La primera medida que establece el artículo 19 en caso de reincidencia en el no pago de alimentos, es la suspensión de la administración ordinaria de la sociedad conyugal, la que pasará ipso jure a la mujer. A algunos colegas les pareció que era extremadamente fuerte. Sin embargo, pensamos que es necesaria, puesto que el padre que no cumple con su deber de alimentar a los hijos, debe tener sanciones claras.
No recuerdo bien, pero en la prensa o en el cable internacional se dijo que en Argentina un juez había fallado la suspensión de la administración de la sociedad conyugal al marido, precisamente por no cumplir con sus obligaciones alimentarias. Creo que la medida es adecuada, por cuanto pone en equilibrio a los cónyuges.
Por último, hay dos factores culturales importantes. Primero, de qué manera se logra un protagonismo mayor de los varones en la crianza de los hijos y un compromiso mayor con respecto a la familia, compromiso que no está claro para muchos hombres, que la abandonan, sin preocuparse por el alimento de sus hijos. Y segundo, cómo se enfrenta el derecho humano a la alimentación en los casos de pobreza. Pensamos que es necesaria la solidaridad del país con la infancia, a través del compromiso del Estado que persiga precisamente el bien común en aquellos casos en que los padres no pueden cumplir con el monto mínimo de la pensión. Lo conversamos con la Ministra del Sernam y lo vamos a seguir haciendo como Comisión de Familia. ¿De qué manera el país responde a aquellos niños cuyos padres, en la pobreza, no pueden responder ni siquiera al monto mínimo de la pensión? Tenemos que buscar un mecanismo para hacerlo.
La modificación que hoy se considera es un paso adelante; contiene medidas claras que apuntan a una mayor eficacia en la tramitación de estos juicios, pero no resuelve todos los problemas.
Debemos legislar sobre la ruptura matrimonial y los derechos de todos los miembros de la familia, de manera que el procedimiento judicial sea mucho más expedito y, a su vez, se responda solidariamente, como país, con respecto al alimento de aquellos niños y niñas cuyos padres no pueden financiarlo.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Cerrado el debate.
Han llegado a la Mesa seis indicaciones, una de las cuales dice relación con el número 7 del artículo 1º.
¿Habría unanimidad de la Sala para someterlas a votación?
No hay acuerdo.
Se declaran aprobados reglamentariamente, por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, el número 7 del artículo 1º y el artículo 2º.
En el artículo 1º hay numerales que requieren quórum de ley orgánica y otros de ley común.
¿Habría acuerdo para votarlos por grupos?
Acordado.
En cuanto al sistema electrónico de votación, de acuerdo con el experimento que hicimos recién, el total de votos que aparece en pantalla corresponde al total de votantes. Se corroboró que el resultado que se registra es el que corresponde, según me indica el señor Secretario.
El señor VIERA-GALLO.-
Pido la palabra para plantear un problema reglamentario.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, es posible que el computador que están usando los Diputados señores Paya y Orpis esté interfiriendo en el sistema. Lo digo porque cuando se viaja en avión, por lo general se pide que no se usen aparatos electrónicos, y esto debe ser más o menos parecido.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Podría ser.
De todos modos, doy la información porque creo que es razonable que se use el sistema computacional, para todos sus efectos prácticos.
Corresponde pronunciarse sobre los numerales 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10 y 11 del artículo 1º.
El señor ELGUETA.-
Pido la palabra por un asunto reglamentario.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, pido votación dividida para el numeral 11 del artículo 1º.
El señor SILVA.-
Señor Presidente, adhiero a la petición del Diputado señor Elgueta.
El señor GAJARDO.-
Señor Presidente, pido excluir también el numeral 6.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En consecuencia, en votación los numerales 1, 3, 4, 8, 9 y 10 del artículo 1º.
¿Habría acuerdo para aprobarlos por unanimidad?
Aprobados.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En votación el número 6) del artículo 1º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Acuña, Aguiló,
-Votaron por la negativa los siguiente señores Diputados:
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En el número 11), los Diputados señores Elgueta y Silva solicitaron votación separada.
Ruego al Diputado señor Elgueta que clarifique su solicitud.
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, el artículo 19 que se propone establece tres medidas, que contienen los números 1, 2 y 3. Queremos que se voten separadamente del 3 las de los números 1 y 2.
La señora AYLWIN (doña Mariana).-
Señor Presidente, solicito votación separada para los tres numerales.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señora diputada, su petición es pertinente; así se procederá.
Por lo tanto, en votación los incisos primero y final del artículo 19 que contiene el número 11) del artículo 1º.
¿Habría unanimidad?
Aprobados.
En votación el número 1 del artículo 19 que contiene el número 11).
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 25 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Aguiló,
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
Acuña,
-Se abstuvieron los Diputados señores:
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En votación el número 2 del artículo 19 que contiene el número 11).
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 17 votos. No hubo abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Acuña, Aguiló,
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En votación el número 3 del artículo 19 que contiene el número 11).
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema eletrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Acuña,
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
Bayo,
-Se abstuvieron los Diputados señores:
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En consecuencia, aprobado en su totalidad el número 11) del artículo 1º.
Corresponde votar los números 2 y 5 del artículo 1º, que requieren quórum de ley orgánica constitucional, en este caso, de 67 votos, como me informa el señor Secretario.
¿Habría acuerdo de la Sala para aprobar por unanimidad los números 2 y 5 del artículo 1º, dejando constancia del quórum requerido?
Acordado.
Se aprueba, entonces, por los más de 70 señores diputados presentes.
En votación el artículo transitorio.
Si le parece a la Sala, se aprobará por la unanimidad de los diputados presentes.
¿Habría acuerdo?
Aprobado.
Despachado el proyecto.
-o-
El señor LUKSIC.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente, por el quórum que requiere, solicito a la Mesa que se fije una hora para votar la reforma constitucional que establece la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Propongo que sea a las 13 horas.
Varios señores Diputados.-
¡De inmediato!
El señor LUKSIC.-
Conforme. Puede ser ahora.
El señor MUNIZAGA.-
Pido la palabra.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Un momento, señor diputado.
De acuerdo con la Tabla, a continuación, corresponde tratar el proyecto que modifica las normas sobre contratos de mutuos hipotecarios; a las 12.50 horas vamos a recibir al Primer Ministro del Reino de Bélgica. Considerando que dicha ceremonia será breve en cuanto a discurso y condecoración -aproximadamente de 15 minutos-, propongo votar primero el proyecto que faculta a los armadores de lanchas arrastreras a solicitar autorización de pesca e inmediatamente después el proyecto de reforma constitucional.
Ése es el procedimiento que estima adecuado la Mesa. Por lo tanto, aproximadamente a las 13 horas, correspondería votar el proyecto de reforma constitucional.
Tiene la palabra el Diputado señor Munizaga.
El señor MUNIZAGA.-
Señor Presidente , solicito que recabe la unanimidad de la Sala para votar la reforma constitucional en este momento, dado que la intervención del Primer Ministro de Bélgica puede demorar y atrasar todo el proceso.
El señor BOMBAL.-
¡No!
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
No hay acuerdo.
-o-
SIMPLIFICACIÓN DE NORMAS SOBRE MUTUOS HIPOTECARIOS EN FAVOR DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO HABITACIONAL. Primer trámite constitucional.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica las normas sobre contratos de mutuos hipotecarios endosables otorgados respecto de beneficiarios del subsidio habitacional.
Diputado informante de la Comisión de Vivienda es el señor Víctor Pérez.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 1991-14, sesión 51ª, en 12 de marzo de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, sesión 55ª, en 1 de abril de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 9.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez.
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano paso a informar sobre el proyecto de ley, de origen en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República , que modifica las normas sobre mutuos hipotecarios endosables otorgados respecto de beneficiarios del subsidio habitacional.
El mensaje ingresó a tramitación legislativa a esta Cámara de Diputados el 11 de marzo recién pasado y su calificación fue “sin urgencia”.
En la Comisión participaron el Ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Edmundo Hermosilla , y la asesora jurídica de ese Ministerio, señora Jeannette Tapia.
El proyecto no contiene normas de quórum calificado ni artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
Tanto el Congreso Nacional como el Gobierno han estado trabajando en perfeccionar las normas que permitan a las personas de escasos recursos el financiamiento adecuado para la obtención de su vivienda.
En la adquisición de viviendas en que interviene el Estado vía subsidio, a las personas se les exige básicamente un ahorro previo, un subsidio habitacional y un crédito complementario.
Existen dos instrumentos para lograr el crédito complementario: la emisión de letras hipotecarias y el mutuo hipotecario endosable. Pero, para las personas que adquieren viviendas por la vía del subsidio habitacional no existe esta alternativa. Diversas disposiciones de otros cuerpos legales, establecen ciertos beneficios para el crédito con emisión de letras hipotecarias, que le permiten entregar algunas ventajas respecto de los mutuos, entre ellos, rebaja en los aranceles del conservador de bienes raíces y de los notarios y en la simplificación de las escrituraciones que requieren los contratos de esta naturaleza. Eso lleva a que otro instrumento -al cual las autoridades del Ministerio de Vivienda le dan gran importancia- no pueda competir con los créditos con letras hipotecarias, puesto que esta legislación no es oponible a los mutuos. Es decir, cuando una persona obtiene el subsidio y quiere realizar un ahorro complementario a través de un mutuo, no obtiene rebaja ni de los conservadores de bienes raíces, ni de los notarios, ni la simplificación de la escrituración, lo que hace que, por razones exógenas, al margen de las condiciones económicas y financieras de las letras hipotecarias y de los mutuos, la primera tenga alguna ventaja.
En la Comisión se establecieron algunas diferencias. Por ejemplo, una vivienda que tiene un valor de 500 UF y el crédito es de 300 UF, si la persona lo realiza a través del mutuo, debe pagar sobre el costo total la escrituración en notaría más los aranceles del conservador, que asciende a 7,69 UF; por el contrario, si realiza el crédito complementario a través de letras hipotecarias, debe pagar solamente 1,72 UF. Por lo tanto, por disposiciones legales que favorecen las operaciones con letras hipotecarias, es imposible que el mutuo quede en condiciones de ser elegido como opción.
En consecuencia, el proyecto busca igualar esa legislación a los mutuos, para que las personas que adquieran una vivienda tengan igualdad de oportunidades, opten libremente por lo que consideren más beneficioso en la adquisición de una vivienda.
La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto y recomienda a esta Sala proceder en ese mismo sentido.
He dicho.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente , este proyecto beneficia a los compradores de viviendas sociales en cuanto a mejorar el acceso al mecanismo de financiamiento complementario, conocido como mutuo hipotecario endosable, simplificando los procedimientos de escrituración e inscripción a que deben sujetarse.
El proyecto busca eliminar la diferencia existente en la actual legislación entre los mecanismos de financiamiento pertenecientes al sistema de préstamos complementarios, destinado a los beneficiarios del subsidio habitacional, del crédito con emisión de letra hipotecaria y del mutuo hipotecario endosable. La modificación apunta al término de los procedimientos de escrituración notarial y de inscripción en los registros de propiedad, hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces.
Las actuales diferencias producen un impacto negativo, debido a los aranceles notariales que los beneficiarios de viviendas sociales deben cancelar, en relación con las escrituras que se otorgan y en los que incurren al efectuar las inscripciones y solicitar el certificado correspondiente al conservador de bienes raíces.
En efecto, dichos costos son significativos para quienes acceden a tales viviendas. De manera que las opciones de financiamiento habitacional mencionadas, en la práctica, se han reducido sólo a una: el crédito con emisión de letra hipotecaria, ya que éste se encuentra beneficiado con franquicias en los aranceles notariales y de los conservadores de bienes raíces, convirtiéndolos en un mecanismo de financiamiento más barato que el mutuo hipotecario endosable. Esto demuestra que un factor exógeno que debería ser totalmente neutro, está influyendo en la adopción de las decisiones en el ámbito de la vivienda social, lo que es contrario a la política que en esta área debe seguirse, al terminar con las posibilidades de elección del financiamiento de su vivienda para este sector social de la población.
El proyecto corrige esta distorsión e iguala ambas alternativas de financiamiento para que puedan operar sólo consideraciones de carácter económico-financiero en las decisiones que tomen quienes tienen derecho a acceder a una vivienda social. En el fondo, para corregir la actual situación, la iniciativa brinda ambas alternativas a los sectores menos privilegiados de nuestra sociedad.
El proyecto tuvo su origen en una iniciativa del Diputado señor Víctor Pérez al Ministro de la Vivienda y Urbanismo, que fue acogida por el Ejecutivo. Consta de dos artículos permanentes mediante los cuales se modifican las siguientes disposiciones: el artículo 41 de la ley Nº 18.196, al que se agregan dos nuevos incisos, y el artículo 4º del decreto ley Nº 2.833, de 1979, al que se incorpora una nueva frase.
De acuerdo con las modificaciones al artículo 41 de la ley Nº 18.196, se puede emplear un procedimiento de escrituración simplificado en el caso de los contratos en que intervienen las personas beneficiadas con el subsidio habitacional del Estado. Dicho procedimiento se establece en el artículo 68 de la ley Nº 14.171, y consiste en reemplazar el otorgamiento de una escritura pública por un instrumento privado firmado ante notario, el cual debe protocolizarse dentro de treinta días, contados desde que se suscribe.
Según las normas citadas, dicho instrumento privado se considera escritura pública para todos los efectos legales. Sin embargo, ello ha resultado dudoso para el caso de los mutuos hipotecarios endosables otorgados para la adquisición de vivienda, debido a que la regularización de éstos exige siempre una escritura pública. Los notarios entregan una sola copia autorizada de este instrumento con carácter de endosable, no siéndolo las restantes copias autorizadas que se solicitan, de lo cual deben dejar constancia expresa en los ejemplares que emitan.
Además, no existen reglas que adapten el mecanismo simplificado de escrituración de tipo mutuo. Consecuentemente, aunque el comprador de la vivienda sea beneficiario del subsidio habitacional, el mutuo se otorga por escritura pública.
Las rebajas que se otorgan están establecidas en el artículo 3º del decreto ley Nº 2.833, de 1979, según el cual los notarios, por intervenir en el proceso de escrituración simplificada no pueden cobrar una suma superior al 35 por ciento de la cantidad fijada del arancel vigente para esta actuación. Asimismo, los conservadores de bienes raíces pueden cobrar como máximo el 20 por ciento de los derechos que determine el respectivo arancel por las anotaciones que deban practicar y por los certificados y copias que entreguen relacionados con la escrituración simplificada. Al no ser aplicable esta rebaja a los mutuos hipotecarios endosables obliga a los compradores de viviendas sociales a recurrir a esta fuente de financiamiento a pagar aranceles comunes.
Como resultado de esta situación, las alternativas de financiamiento ofrecidas por la ley han dejado de ser tales para los adquirentes de viviendas sociales, quedando abierto a ellos sólo el préstamo con letra hipotecaria por ser la fuente favorecida con el procedimiento de escrituración simplificado y, por ende, con la rebaja arancelaria.
Para transformar el mutuo hipotecario endosable en una alternativa real, la modificación del artículo 41 de la ley Nº 18.196 plantea que el procedimiento de escrituración simplificado, ya descrito, se aplicará a los contratos de mutuo hipotecario endosables cuando se trate de crédito hipotecario complementario otorgado a los beneficiarios del subsidio habitacional del Estado.
A fin de asegurar que lo anterior se cumpla, se introduce un nuevo inciso al artículo 41, el cual estipula que cada vez que las normas legales que rijan el mutuo hipotecario endosable aludan a la escrituración pública en que conste, se entenderá que se refiere a la copia del instrumento privado firmado ante notario oportunamente, protocolizado por éste.
Además, agrega que para todos los efectos legales este instrumento se considera escritura pública, desde la fecha de su protocolización, y tendrá el mismo mérito ejecutivo que la ley le otorgue a tal instrumento, siendo aplicable, por ende, a lo dispuesto en el artículo 434, Nº 2, del Código de Procedimiento Civil.
La modificación al artículo 4º del decreto ley Nº 2.833, de 1979, de acuerdo con su artículo 1º, consiste en que la tradición del dominio de la vivienda social, los gravámenes y prohibiciones de cualquier clase que se establezcan en ellos y su inscripción en el conservador de bienes raíces, pueden omitir deslindes y superficies de lotes. Las inscripciones en cuestión las efectuará el conservador de bienes raíces, agregando al registro respectivo copia autorizada del acto o contrato de la cuenta de transferencia de dominio y la constitución de los gravámenes o prohibiciones. Las anotaciones pertinentes se realizarán al final o al reverso de los mismos. De esta forma, se reemplazará el mecanismo normal de inscripción de un extracto aplicable como norma general.
A su vez, el artículo 2º de este cuerpo legal permite omitir la inserción de una serie de certificados y documentos en los títulos traslaticios de dominio correspondientes a las viviendas sociales, tales como el certificado de pavimentación y el comprobante de pago de impuesto territorial, entre otros. Lo anterior evita que se cometan errores de detalle que puedan afectar a los títulos del inmueble.
El artículo 4º del decreto que se modifica permite que la simplificación referida se aplique a los contratos en que intervengan instituciones bancarias o financieras que otorguen crédito hipotecario complementario a beneficiarios del subsidio habitacional.
No obstante, esta disposición no incluye los mutuos hipotecarios endosables, debido a que la regularización reglamentaria de los mismos conceptuaba al crédito hipotecario complementario de los mutuos de este tipo y a los diversos instrumentos de financiamiento, pues distingue claramente entre ellos.
A lo anterior debe sumarse el hecho de que el artículo 4º mencionado no podrá aplicarse a las agencias administradoras de mutuos hipotecarios endosables, ya que la ley de bancos no las menciona entre las instituciones financieras.
Por último, según el inciso cuarto del artículo 3º del mismo decreto, los conservadores deberán otorgar en triplicado copias autorizadas con las certificaciones que se otorguen a las inscripciones de dominio, gravámenes y prohibiciones al momento de efectuarlas. Además, cada uno de estos documentos en triplicado se considera como una sola copia y un solo certificado para los efectos de aplicar el arancel ya mencionado.
La reforma al artículo 4º del decreto ley que propone este proyecto extiende los beneficios señalados a los contratos de mutuos hipotecarios endosables otorgados a los beneficiarios del subsidio habitacional del Estado, de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley Nº 18.196.
En síntesis, el proyecto corrige una situación irregular que está limitando la posibilidad de elección de los mecanismos complementarios de financiamiento que la ley pone a disposición de quienes actúen como compradores en el mercado de viviendas sociales. Así, la iniciativa deja en un mismo pie de igualdad al mutuo hipotecario endosable frente al otro mecanismo existente, haciendo extensivos los beneficios de rebaja arancelaria por la intervención de los notarios y conservadores de bienes raíces y los procedimientos simplificados de escrituración e inscripción en el registro de conservadores que hasta el momento sólo beneficiaba al crédito con letra hipotecaria.
El proyecto del Gobierno se sustenta en las ideas que inspiran su política habitacional dirigida a los sectores sociales menos favorecidos, otorgándoles la fuente de financiamiento complementario que la ley establece para ello.
La situación planteada debe hacer pensar en torno al efecto negativo que pueden tener los aranceles que cobran los notarios y conservadores de bienes raíces, los que, por sus elevados montos, pueden dejar a importantes segmentos de la población sin acceso a los beneficios que la ley de viviendas sociales pone a su disposición. Esto demuestra que tales montos nada tienen que ver con la realidad de los ingresos que perciben importantes sectores de la sociedad chilena.
Por los motivos expuestos, la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recomienda aprobar el proyecto de ley en cuestión.
He dicho.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ramón Pérez.
El señor PÉREZ ( don Ramón).-
Señor Presidente , el proyecto en discusión es sumamente simple, pero entrega un gran beneficio social, pues favorece con una importante economía a la gente de más escasos recursos en lo que ambiciona: obtener su casa propia. En ese sentido, todos los gobiernos han orientado sus mayores esfuerzos a mejorar la fórmula de financiamiento para la adquisición de viviendas por parte de personas beneficiarias de los sistemas de subsidio habitacional del Estado.
Este sistema de préstamos contempla dos mecanismos: el de mutuos hipotecarios endosables y con emisión de letras hipotecarias.
Si bien es cierto que ambas fórmulas se utilizan para lograr el mismo fin, existen diferencias, distintas a las económico-financieras, que el proyecto trata de igualar. Las más importantes de considerar son las relativas al pago de aranceles de notaría, escrituras, conservador de bienes raíces, inscripciones y certificados, que sólo afectan a los mutuos hipotecarios endosables y no a los créditos con emisión de letras hipotecarias, en la obtención de crédito por las personas beneficiadas con subsidio estatal para la compra de viviendas sociales.
En definitiva, el proyecto establece que los mismos beneficios que rigen para las letras hipotecarias sean aplicables a los mutuos hipotecarios, transformando a estos últimos instrumentos en una alternativa para las personas que obtienen viviendas por la vía del subsidio habitacional del Estado, lo cual mejorará sustancialmente la capacidad de financiamiento de la vivienda social.
Hago propicia esta oportunidad para felicitar al colega Víctor Pérez por esta feliz iniciativa que va en directo beneficio de la gente que más lo necesita.
Por lo tanto, anuncio el voto favorable de Renovación Nacional.
He dicho.
El señor ROCHA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, por su intermedio y para mejor conocimiento de la Sala, quiero hacer algunas preguntas al Ministro de Vivienda, a fin de que nos ilustre sobre dos aspectos que me preocupan.
Tengo claro que la posibilidad de optar entre los mutuos hipotecarios endosables y las letras hipotecarias genera una serie de beneficios que el diputado informante , señor Víctor Pérez , ya señaló: menor costo en aranceles, trámites notariales, etcétera.
Sin embargo, en primer lugar, quiero que el Ministro nos ilustre sobre los riesgos que corre el contratante de un crédito que opta por el mutuo hipotecario, pues entiendo que allí hay algunas diferencias respecto de la responsabilidad final entre quien otorga el crédito y quien lo requiere. En segundo lugar, que nos señale cómo operaría el sistema en la práctica cuando las postulaciones se efectúan -el reglamento también las permite- a través de comités de 50 personas. Entonces, ¿sería viable que dentro de un mismo comité algunos opten por uno y otros por el otro sistema u obligará a que todos los postulantes opten por una sola forma de crédito?
Ésas son las consultas que deseo que responda el Ministro en la oportunidad que estime conveniente, antes de la votación, a fin de tener una mejor comprensión del tema.
He dicho.
El señor ROCHA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor HERMOSILLA ( Ministro de Vivienda y Urbanismo).-
Señor Presidente , el proyecto de ley sometido a consideración de la Sala complementa decisiones que esta misma Cámara ya tomó en cuanto a homologar los diferentes instrumentos de financiamiento habitacional, de manera que exista mayor transparencia y competencia en el financiamiento de largo plazo, lo que en definitiva redunda en beneficio de los sectores de menores ingresos que acceden a créditos a menor costo.
Como todos saben, el sistema habitacional es fuertemente dependiente del financiamiento de largo plazo, dado que el valor de una vivienda es varias veces mayor al ingreso de una determinada familia. Por eso, desde comienzos de 1994 planteamos la necesidad de aumentar la competencia tanto en la industria como entre los instrumentos. En Chile, durante muchos años el financiamiento habitacional estuvo dominado por los bancos, existiendo sólo un instrumento financiero: las letras de crédito hipotecario. En los últimos años, se han sumado a los bancos las compañías de leasing y las mutuarias, y a la letra de crédito hipotecario tradicional, el contrato de leasing y los mutuos hipotecarios. De modo que hoy existen al menos tres alternativas para financiar una vivienda a largo plazo.
Sin embargo, el tratamiento de los distintos instrumentos tiene un grado de discriminación importante en beneficio de la letra de crédito hipotecario. Este proyecto tiene por objeto eliminar las distorsiones existentes, a fin de que los diversos instrumentos puedan competir con los mismos costos. Por lo tanto, nos parece que esta iniciativa apunta a generar menores costos y, en consecuencia, beneficia a las familias de más escasos recursos.
Ahora bien, me parecen pertinentes las preguntas formuladas por el Diputado señor Melero. Considero bueno aclarar que los riesgos para el contratante probablemente radican en que el mutuo hipotecario será el instrumento de financiamiento habitual para los sectores de menores ingresos.
En la práctica, la diferencia entre el mutuo y la letra hipotecaria radica en quien asume el riesgo en el origen del instrumento, pero también en la liquidación de dicho instrumento en el mercado secundario. Es decir, mientras un préstamo en letras de crédito hipotecarias es precisamente eso: un préstamo en letras, y recibe el valor de su liquidación en el mercado secundario -en este caso, en la bolsa-, el mutuo hipotecario es un préstamo en dinero. Por lo tanto, si alguien pide 300 unidades de fomento, se le entregan 300. En el caso de la letra hipotecaria, se pide un préstamo de 300 unidades de fomento en letras de crédito; sin embargo, de acuerdo con la tasa de origen de dicha letra, se puede recibir un 90 ó 95 por ciento del crédito solicitado, como ha ocurrido muchas veces, dependiendo ello de las tasas existentes en determinado momento en el mercado secundario, lo que se transforma en una situación inexplicable para la gente. Al final, se le prestan, por ejemplo, 300 unidades de fomento en letras de crédito, pero recibe sólo 290, sin que entienda que la diferencia resulta de la variación entre la tasa de mercado y la tasa de emisión.
En segundo lugar, respecto de las postulaciones a través del mismo comité, recordemos que ese sistema está destinado básicamente a los subsidios privados; es decir, tramos uno, dos o tres del subsidio unificado, de los programas especiales para trabajadores, PET, de los progresivos privados -si tuvieran crédito; en este momento no lo tienen-, y también de la vivienda básica de libre elección.
En dichos casos, el financiamiento habitacional depende de cada uno, ya que el subsidio se logra a través del comité, pero el financiamiento es individual; de manera que cada postulante puede recibir su crédito de distintos bancos o instituciones originarias de crédito. En consecuencia, no hay problema, y la idea es, precisamente, que quienes puedan acceder a mejores sistemas ojalá lo hagan, permitiendo libre elección de la fuente de financiamiento, y no como ocurría hasta ahora en que, en la práctica, todos estaban obligados, por condiciones externas, a obtener financiamiento mediante el sistema de letras de crédito hipotecario.
Gracias, señor Presidente.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
Sugiero a la Sala votar el proyecto ahora, ya que a las 12.50 horas debemos suspender la sesión para recibir al Primer Ministro del Reino de Bélgica.
¿Habría acuerdo para votar de inmediato el proyecto?
Acordado.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Acuña,
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.
Despachado el proyecto.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
-Se suspendió la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión
VISITA DEL PRIMER MINISTRO DEL REINO DE BÉLGICA.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Se reanuda la sesión.
En nombre de la Corporación, y de conformidad con los acuerdos de la Comisión de Régimen Interno, damos nuestra más cordial bienvenida al Primer Ministro del Reino de Bélgica, excelentísimo señor Jean-Luc Dehaene, y le expresamos que representa un gran honor para nosotros recibirlo.
Tiene la palabra el señor Dehaene.
El señor DEHAENE (Primer Ministro del Reino de Bélgica ).-
Señor Presidente , señoras y señores diputados, ustedes han tenido la amabilidad de interrumpir su trabajo para acogerme en el seno de esta asamblea. De este modo, me permiten ser el primer ciudadano belga que hace uso de la palabra aquí desde que este pueblo retornó a la democracia parlamentaria. Me siento profundamente honrado y se lo agradezco en nombre de mi país.
El programa de esta Cámara para los próximos meses manifiesta la voluntad de la nación chilena de completar su normalización democrática, de avanzar resueltamente por la vía de la equidad social, de la modernización del Estado y de la apertura al mundo.
Sus debates relativos, por ejemplo, a la reforma de la Constitución, a la creación de un Ministerio Público y a la modernización del sector de la educación, implican desafíos muy importantes para el futuro de la sociedad chilena.
Ahora bien, este compromiso se lleva a cabo en un país muy extenso, donde la necesidad de estar presente y, en este hemiciclo a la vez, cerca de los electores exige una gran dedicación a las labores parlamentarias. Y no sólo la geografía complica la tarea de un diputado. Está también este “shock”, que se manifiesta en una multiplicidad de repercusiones y de cambios. En esta ola de acontecimientos, se pone a prueba la fe del ciudadano respecto del parlamentario; pero mientras la libertad y la justicia social formen parte de los ideales humanos, la democracia mantendrá su pleno sentido en nuestras sociedades.
Representantes del Ejecutivo y parlamentarios necesitamos redoblar los esfuerzos para seguir escuchando a nuestros conciudadanos y para incitarlos a participar activamente en la vida pública. Esto corresponde, por lo demás, a la naturaleza dinámica de la democracia en sí.
Por otra parte, fue una iniciativa chilena la que condujo en noviembre pasado, durante la 6ª Cumbre Iberoamericana, a la adopción de la “Declaración de Viña del Mar” sobre las condiciones de una democracia eficaz y participativa. Ello demuestra hasta qué punto este país está consciente de las responsabilidades que le caben frente a la consolidación democrática en toda América Latina.
Se perfila otro siglo y, con él, nuevas realidades para el mundo entero. Las sociedades de los distintos continentes ya no están aisladas unas de otras; reciben, al mismo tiempo, las mismas informaciones. El desarrollo de los medios de comunicación proporciona a los ciudadanos del mundo entero la posibilidad de informarse y de comparar. Experimentan modos y ritmos de vida cada vez más comparables. El aumento impresionante de la movilidad ha hecho del mundo una aldea. Por lo tanto, si los responsables políticos ejercen sus mandatos en condiciones cada vez más similares, el contacto con los ciudadanos es, sin duda, aún más fundamental.
Estoy convencido de que esta evolución se dirige hacia una extensión universal de los principios democráticos, pero siempre y cuando estemos atentos a aquello que pueda amenazar el funcionamiento de nuestras instituciones o deteriorarlas desde su interior, dados la extrema complejidad de los problemas y todos los desafíos de la modernidad.
De ahí depende que toda situación que pone en peligro una democracia nacional es más que nunca un riesgo para todas las demás. Los países miembros de la Unión Europea están, en este sentido, muy alertas. Ya no es únicamente por solidaridad o para hacer respetar los derechos humanos que seguiremos reaccionando frente a las crisis y abusos que se producen en el mundo, sino porque nosotros formamos parte de un conjunto en el cual las separaciones están desapareciendo y en el que todo acontecimiento provoca repercusiones inmediatas a nivel mundial.
A la luz de estas consideraciones, en nombre de mi Gobierno y de todas las fuerzas democráticas belgas, les deseo, señoras y señores diputados, con respeto y confianza, pleno éxito en la prosecución de vuestra crucial misión.
Muchas gracias, señor Presidente.
-Aplausos.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señor Secretario , le ruego dar a conocer los acuerdos de la Comisión de Régimen Interno.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Honorable Cámara, la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, en sesión Celebrada el 18 de marzo del presente año y con informe favorable adoptado por la unanimidad de la Comisión de Relaciones Exteriores, acordó, con el voto favorable de la totalidad de sus integrantes, distinguir con la condecoración Medalla al Mérito “Cámara de Diputados” al Excelentísimo señor Jean-Luc Dehaene, Primer Ministro del Reino de Bélgica.
-Aplausos.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Se suspende la sesión por dos minutos.
-Se suspendió la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
AUTORIZACIÓN DE PESCA PARA LANCHAS ARRASTRERAS DE MERLUZA COMÚN. Primer trámite constitucional. (Votación).
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Continúa la sesión.
De conformidad con lo acordado, corresponde terminar de votar el proyecto de ley que faculta a los armadores de lanchas arrastreras orientadas a la merluza común a solicitar autorización de pesca.
Según me indica el señor Secretario , sólo está pendiente su artículo 3°, que para su aprobación requiere un quórum de 60 señores diputados.
Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier por una cuestión de Reglamento.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente , por su intermedio, quiero consultar al señor Secretario en qué etapa quedamos de la votación del proyecto.
Cuando lo tratamos en la Sala, el señor Subsecretario estaba de acuerdo con que se eliminaría un artículo que decía relación con una cuota que se entregaría a los lancheros para que se traspasara a los industriales. Hubo acuerdo de que eso se descartara: era el antiguo artículo 5°.
Por tanto, cuando se vote, me gustaría tener claridad sobre si ese tema fue eliminado y si lo que votaremos será solamente la facultad de los tribunales.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señor diputado , según me indica el señor Secretario , el proyecto está aprobado en general. Falta aprobar en general el artículo 3° para que vuelva a comisiones.
En consecuencia, en su oportunidad, se conocerán las eventuales modificaciones mediante indicaciones.
Por lo tanto, sólo corresponde votar en general el artículo 3º.
En votación
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 5 abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Aprobado en general el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Acuña,
-Votó por la negativa el Diputado señor
-Se abstuvieron los Diputados señores:
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Por tener indicaciones, vuelve a Comisión.
-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
1. De los señores Vilches, Vargas y García Huidobro para sustituir el articulado del proyecto, por el siguiente:
“Artículo único.- Prohíbese el uso de redes de arrastre de cualquier tipo en las embarcaciones que califiquen como artesanales, para la pesquería de peces.”.
Al articulo 1º
2. De los señores Álvarez-Salamanca, Vargas, Morales y Felipe Letelier para suprimir la oración “que hayan estado facultados para operar sus naves con red de arrastre, de acuerdo a lo establecido en la resolución Nº 595, de 1996, de la Subsecretaría de Pesca, y que hubiesen efectuado capturas e informado de ellas al Servicio Nacional de Pesca durante los años 1995 ó 1996,”.
Al artículo 2º
3. De los señores Álvarez-Salamanca, Vargas, Morales y Felipe Letelier para eliminar en el inciso segundo la frase “durante los años 1995 ó 1996”.
A los artículo 5º y 6º
4. De los señores Álvarez-Salamanca, Vargas, Morales y Felipe Letelier para suprimirlos.
Artículo nuevo
5. De los señores Álvarez-Salamanca, Vargas, Morales y Felipe Letelier para incorporar el siguiente artículo 5º, nuevo:
“Artículo 5º.- La incorporación de pescadores artesanales como nuevos armadores pesqueros industriales no facultará para incrementar la cuota global anual de captura de las especies declaradas en plena explotación, más allá de los volúmenes que científicamente resulten adecuados para la preservación de las especies en el tiempo.”.
Artículo nuevo
6. De los señores Elgueta y Salas para modificar el artículo 2º de la ley Nº 18.892, de la siguiente manera:
“Agrégase en la definición de “Armador artesanal”, contenida en el numeral 29 del artículo 2º de la ley Nº 18.892, a continuación de la palabra “grueso”, lo siguiente: “salvo que usen artes de arrastre de fondo”.”
-o-
-o-
REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE IGUALDAD JURÍDICA DE HOMBRES Y MUJERES. Primer trámite constitucional. (Votación).
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Corresponde someter a votación el proyecto de reforma constitucional que establece la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.
Me informa el señor Secretario que sus dos disposiciones requieren un quórum favorable de dos tercios, que en este momento es de 79 votos.
El señor LUKSIC.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Luksic por una cuestión de Reglamento.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente , solicito a la Mesa que pida la autorización de la Sala para que ingresen la Subdirectora del Sernam y su asesora jurídica.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Aunque sea en la votación, no desmerece que autoricemos el ingreso de la Subdirectora del Sernam y de su asesora jurídica.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para votar el artículo en un solo acto?
Acordado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Aprobado en general el proyecto de reforma constitucional.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Acuña,
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Como hay indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
-Aplausos.
-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Artículo único
Número nuevo
1. De los Diputados señora Pollarolo y señores Viera-Gallo y Letelier, don Juan Pablo, para agregar al artículo único el siguiente número, nuevo:
“...- Incorpórase, al Nº16 del artículo 19, el siguiente inciso cuarto nuevo, pasando el actual inciso cuarto a ser quinto y así sucesivamente:
“Los trabajos de similares características y responsabilidades realizados por hombres y mujeres de igual versación y experiencia deberán tener remuneraciones similares.”.
Número nuevo
2. De los Diputados señora Pollarolo y señores Viera-Gallo y Letelier, don Juan Pablo, para agregar al artículo único el siguiente número, nuevo:
“...- Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 20, la frase: “y a lo establecido en el inciso cuarto”, por la siguiente: “y a lo establecido en los incisos cuarto, quinto y sexto”.
-o-
El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la señora Josefina Bilbao, Ministra Directora del Sernam.
La señora BILBAO ( Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer ).-
Señor Presidente , estoy profundamente emocionada, porque este es un momento de especial significación para las mujeres de nuestro país. A pesar de que el proyecto de ley estuvo más de tres años estancado en su tramitación, hoy, de manera contundente, ha sido aprobado por mayoría absoluta, lo que demuestra que no sólo es importante desde el punto de vista simbólico, sino que, además, tiene la particularidad de señalar objetivamente que los derechos ciudadanos de las mujeres son iguales a los de los hombres.
Agradezco a su Señoría y a todos los señores diputados y señoras diputadas el esfuerzo que han hecho, y estoy segura de que este momento quedará en las páginas de la historia de Chile como algo muy importante, tal como fue el instante en que se dio a las mujeres derecho a voto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ELIZALDE.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ELIZALDE.-
La señora Ministra , en su discurso de agradecimiento ha manifestado que el proyecto aprobado llevaba tres años en el Parlamento. Al respecto, deseo manifestar que yo, en octubre de 1990, presenté una iniciativa similar, la cual fue suscrita por varios señores diputados.
He felicitado al Gobierno por acoger mi proposición en este proyecto, pero también quiero reivindicar que desde antes de que éste ingresara al Parlamento ya había diputados que planteábamos la necesidad de que la Constitución señalara la igualdad de hombres y mujeres.
He dicho.
VIII. PROYECTOS DE ACUERDO
ELABORACIÓN POR CONAMA DE NORMAS SOBRE MALOS OLORES. (Votación).
El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura a la parte resolutiva del proyecto de acuerdo Nº 497, del cual sólo está pendiente la votación.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).-
“La Cámara de Diputados acuerda solicitar a la Comisión Nacional del Medio Ambiente que tome las iniciativas necesarias para priorizar la elaboración de normas sobre malos olores.”
El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.
El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los Diputados señores:
El señor SOLÍS.-
Señor Presidente , deseo añadir mi voto positivo.
El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-
Así se hará, su Señoría.
ASIGNACIÓN POR TURNO PARA PERSONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE.
El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario accidental ).-
Proyecto de acuerdo Nº 499, de los Diputados señores Arancibia, Ortiz, Rocha, Ferrada, Viera-Gallo, Barrueto, Jürgensen, Urrutia, don Salvador; señora Wöerner; señores Hamuy, Taladriz, Aguiló, Naranjo, García, don José; Pérez, don Ramón; Sabag, Ojeda, Letelier, don Juan Pablo; Karelovic, Ribera, Villegas, Prokuriça, Hernández, Letelier, don Felipe; Valcarce, Vargas, Zambrano, HurtadoSoria, Correa, Masferrer, Kuschel, Cantero, Morales, Galilea, García-Huidobro, Balbontín, De la Maza, Gutiérrez, Munizaga, Bayo, Tuma, Valenzuela y Jara:
“Considerando:
1. Que esta Corporación se encuentra tramitando un proyecto de ley relativo al establecimiento de una “asignación de turno” para determinado personal de Gendarmería de Chile.
2. Que en dicha iniciativa se contiene una disposición que sustituye el actual pago de horas extraordinarias a parte del personal de dicha repartición por la citada “asignación por turno”, la que tiene el carácter de imponible para efectos previsionales y de salud.
3. Que tal beneficio, sólo alcanza a las plantas I de Oficiales Penitenciarios y II de Vigilantes Penitenciarios, excluyéndose a aquellas comprendidas por Profesionales, Directivos, Técnicos, Administrativos, Oficiales Administrativos Penitenciarios y Auxiliares.
4. Que la asignación antes expuesta permitirá acceder a quienes favorece, toda vez que se trata de ingresos imponibles, a pensiones de mayor cuantía, mientras que quienes no la obtengan, pese a mantener el pago de las horas extraordinarias y con ello, incluso una remuneración actual mínimamente superior, verán limitadas sus posibilidades de obtener en el futuro una pensión satisfactoria y, en lo posible, cercana, en su monto, al nivel de remuneraciones percibidas durante el servicio activo. Al mismo tiempo, dicha diferenciación perjudica a las plantas desfavorecidas, en su acceso a planes de salud convenientes.
5. Que tal diferenciación entre personal de una misma institución, animados de objetivos y condiciones laborales comunes, que sabemos difíciles, con alto riesgo y esfuerzo físico, constituye una discriminación nociva y arbitraria, que creemos debe ser corregida.
6. Que tal predicamento ya fue utilizado por esta Corporación, con ocasión del tratamiento legislativo de la ley Nº 19.195, estableciéndose criterios de igualdad entre el personal de las distintas plantas de dicho servicio, lo que ha sido invocado, acertadamente por la Contraloría General de la República, con motivo de dictámenes referidos a la aplicación del citado texto legal.
Por lo anterior, la honorable Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar a los Ministros de Hacienda y Justicia con el objeto tengan a bien considerar el perfeccionamiento del proyecto de ley en estudio que otorga una asignación de turno a parte del personal de Gendarmería de Chile, extendiendo dicho beneficio, de forma que sea establecido uniformemente para todos los funcionarios de dicha institución.”
El señor ROCHA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia para hablar a favor del proyecto.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente , creo que hay un clima muy generalizado para aceptar este proyecto de acuerdo, que obedece a un principio de elemental justicia. Se trata de reiterar el criterio que ya se adoptó en la Corporación, cuando se aprobó la iniciativa que incorporó al personal de Gendarmería a un nuevo sistema previsional.
Cuando se discutió ese proyecto de ley, no habían sido considerados los profesionales y un conjunto de funcionarios que también están sometidos a las mismas condiciones de exigencias, de riesgo y de dedicación que tiene el personal a cargo de la custodia directa de los internos.
No hay ninguna razón que justifique ahora el no mantener el mismo criterio respecto de los directivos, profesionales, técnicos, administrativos, oficiales de administración penitenciaria y auxiliares, porque a quienes se les otorgue esta asignación por turno, recibirán ingresos imponibles para postular a pensiones de mayor cuantía y no quedar en una situación desmedrada frente al resto del personal.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor José García para hablar a favor del proyecto.
El señor GARCÍA (don José).-
Señor Presidente , desde hace varios meses se espera que ingrese a tramitación un proyecto de ley sobre la materia y que fue ofrecido a los funcionarios de Gendarmería.
Hace algunos meses conversé con la señora jefa de gabinete de la Ministra de Justicia , precisamente para exponerle la preocupación de aquellos funcionarios que quedaban al margen de ese proyecto. Esta funcionaria, por encargo de la señora Ministra de Justicia , me informó que el Ejecutivo había tomado la decisión de extender el beneficio a todo el personal y que eso se implementaría durante la tramitación parlamentaria. Dado que hace pocos días ingresó el proyecto de ley aludido, me parece absolutamente pertinente que aprobemos el proyecto de acuerdo, con el propósito de recordar al Ejecutivo el compromiso que tiene de hacer extensivo este beneficio a todos los funcionarios del Servicio de Gendarmería.
He dicho.
El señor ROCHA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra a algún señor diputado que quiera hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
ASIGNACIÓN ESPECIAL DE ZONA PARA SECTOR PASIVO.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario accidental ).-
Proyecto de acuerdo Nº 500, de los señores Muñoz, Escalona, Navarro, Tohá, Ceroni, Aguiló, Letelier, don Felipe; Pérez, don Aníbal; Pérez, don Ramón; Karelovic, Villegas, Hamuy, Hernández, Zambrano, Urrutia, don Salvador; Soria, Ortiz, Vargas, Correa, Masferrer, Sabag, Ojeda, Kuschel, Morales, Taladriz, Valcarce, Galilea, Jürgensen, García-Huidobro, Letelier, don Juan Pablo; De la Maza, García, don René; Gutiérrez, Munizaga, Tuma, Valenzuela, Alvarado y Leay:
“Considerando:
1. La desmedrada situación de los jubilados y pensionados del país, quienes, en su gran mayoría, perciben pensiones muy bajas, haciendo difícil el diario vivir, particularmente en una etapa de la vida en que se aumentan significativamente los gastos.
2. Que el Gobierno ha otorgado prioridad al mejoramiento del sector pasivo del país, impulsando diversos reajustes de pensiones, con el objeto de, paulatina, pero decididamente, recuperar el poder adquisitivo de dicho sector.
3. Que, el costo de la vida es disímil en el país, siendo mayor en los sectores más apartados del territorio, cuyas dificultades de acceso y de obtención de alimentos e insumos, produce un encarecimiento de los productos y servicios de primera necesidad.
4. Que tal situación encuentra una solución respecto de los trabajadores en servicio activo, particularmente del sector público, al establecerse la asignación de zona que pretende corregir tales diferencias, igualando el poder adquisitivo de los salarios.
5. Que, si bien la naturaleza de las pensiones, de su forma de pago y la cuantía de los recursos involucrados, hacen imposible la aplicación de un mecanismo, económicamente, exactamente similar para éstas, si es posible recoger, el espíritu de dicha asignación, posibilitando que en futuros mejoramientos se establezcan beneficios adicionales para los pensionados de regiones extremas y alejadas del país, con el objeto de atender a las desigualdades descritas.
Por lo anterior, la honorable Cámara de Diputados acuerda:
Manifestar la necesidad de continuar avanzando en el aumento de los montos de pensiones y jubilaciones, posibilitando el mejoramiento de la calidad de vida de dichos sectores de la población.
Oficiar a S.E. el Presidente de la República y al Ministro de Hacienda , con el objeto de expresarles la necesidad de que en los futuros proyectos de ley del Ejecutivo, destinados a mejorar las pensiones y jubilaciones, se estudie la implementación de una asignación especial de zona para el sector pasivo, de carácter permanente, que permita, además del aumento general que se aplique a todos los beneficiarios, establecer incrementos adicionales, de diverso monto, que equiparen el poder adquisitivo de aquellos pensionados que habitan las regiones y zonas más extremas y apartadas del país.”
El señor ROCHA (Vicepresidente).-
Para argumentar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Escalona.
El señor ESCALONA.-
Señor Presidente , este proyecto de acuerdo es el resultado de una conversación sostenida con una delegación de representantes de las organizaciones sociales del adulto mayor de la Undécima Región, en particular de la comuna de Aisén, quienes nos dieron a conocer las difíciles condiciones de subsistencia de los adultos mayores y ancianos de las zonas más apartadas del país. En esa virtud, resolvimos sugerir al Presidente de la República -dado que es facultad exclusiva del Ejecutivo, tal como lo señala el proyecto-, establecer incrementos adicionales, de diverso monto, que permitan atender el desequilibrio del poder adquisitivo de los pensionados de las regiones más extremas del país.
Entendemos que es una materia de justicia social y la redacción de la idea nos parece lo suficientemente clara como para contar con el apoyo unánime de la Cámara.
He dicho.
El señor ROCHA (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia.
El señor URRUTIA (don Salvador).-
Señor Presidente , este proyecto de acuerdo recoge una de las aspiraciones de las personas que viven en zonas extremas del país y que requieren de ayuda social por ser de escasos recursos. Caso paradigmático es el de los pensionados, sector social muy desprotegido en el cual el Estado debería focalizar su ayuda.
Es por todos conocido que en las zonas extremas el costo de la vida es mayor y la sobrevivencia mucho más difícil, y que la asignación de zona, que se recibe en actividad, se pierde al jubilar.
En consecuencia, me sumo al planteamiento del señor Escalona, en el sentido de que se trata de implementar un mecanismo para focalizar la ayuda social en algunos sectores desprotegidos, como es el caso de los pensionados.
He dicho.
El señor ROCHA (Vicepresidente).-
Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Paya.
El señor PAYA.-
Señor Presidente , el tema es muy delicado. Nadie puede discutir la grave situación en que se encuentra gran parte de los pensionados del país. Sin embargo, no me parece que para resolver esta lamentable realidad haya que desnaturalizar el concepto de la asignación de zona, que se paga a quienes trabajan en lugares geográficos de acceso y condiciones de vida difíciles, circunstancia que deja de existir cuando la persona pasa al sector pasivo.
Debo agregar que la asignación especial de zona, que recibió la persona durante su vida laboral, pasa a incrementar su jubilación futura, puesto que se contabiliza para esos efectos. Por lo menos, así era en el sistema antiguo.
Por lo tanto, no obstante compartir la preocupación de fondo del proyecto de acuerdo, cual es el problema de los jubilados de todo Chile, me parece que éste no es el mecanismo apropiado para intentar resolverlo. Por eso, me abstendré en la votación.
He dicho.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación el proyecto de acuerdo.
-Puesto en votación el proyecto de acuerdo, hubo fallas en el tablero electrónico.
Un señor Diputado.-
Señor Presidente , voté a favor, sin embargo, en el tablero mi votación figura como abstención.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
Se repetirá la votación.
-Nuevamente hubo fallas en el tablero electrónico.
Varios señores Diputados.-
El tablero electrónico no funciona.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
Se repetirá la votación por el sistema de manos levantadas.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
El señor ULLOA.-
Señor Presidente , en dos sesiones ha habido dificultades en el sistema electrónico de votación.
Por lo tanto, solicito formalmente que se haga revisar como corresponde.
He dicho.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
La Mesa tendrá presente la observación de su Señoría.
IX. INCIDENTES
INSUFICIENCIA DE RESPUESTA A OFICIO DE FISCALIZACIÓN E INFORMACIÓN ACERCA DE INCENDIOS FORESTALES EN OCTAVA REGIÓN. Oficios.
El señor ROCHA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Socialista.
Tiene la palabra el Diputado señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , con fecha 18 de julio de 1996, solicité a la Corporación Nacional Forestal que diera respuesta a 15 preguntas que formulé acerca de su funcionamiento. Transcurrieron 8 meses desde que hiciera la petición, y sólo el 3 de marzo del presente año, recibí un oficio firmado por el Ministro de Agricultura , señor Carlos Mladinic , en el que responde, en términos escuetos y poco precisos, cada una de las interrogantes.
Deseo llamar la atención acerca del extenso plazo que se toman los servicios públicos -específicamente la Conaf- para responder los oficios que solicitamos los diputados en cumplimiento de nuestra función fiscalizadora. Ocho meses es un tiempo excesivo para responder un oficio en el cual se consultaba entre otros temas, “qué cantidad de vehículos han sido dispuestos por Conaf para ser utilizados por funcionarios fiscalizadores; qué presupuesto se ha asignado para ese fin, y cuántas hectáreas o kilómetros cuadrados de bosque deben fiscalizar,” para tener una idea de la carga laboral que ellos tienen.
La respuesta es que todos los vehículos de la Conaf están destinados a la fiscalización, pero no señalan la cantidad. Además, agrega que todos los vehículos son utilizados de acuerdo con las necesidades efectivamente existentes; y que a ello se suman las unidades de control externo que apoyan a las direcciones regionales respectivas. Es decir, frente a una pregunta concreta, que busca precisar cómo se fiscalizan los planes de manejo, las autorizaciones de quema y de roce, a fin de que se cumplan eficazmente, la Corporación Nacional Forestal después de ocho meses, señala que “todos los vehículos existentes son utilizados de acuerdo a las necesidades efectivamente existentes,” sin precisar datos sobre lo consultado. Ninguna de las quince preguntas tuvo una respuesta concreta. Esta actitud constituye una falta de respeto no sólo al Diputado en particular, sino a toda la Corporación, pues considero que causa detrimento y menoscaba su facultad fiscalizadora.
Siento un profundo respeto por los funcionarios públicos, hemos tratado de dignificar su tarea, y cada año, cuando discutimos los presupuestos de los servicios fiscalizadores, nos esforzamos para dotarlos de mayores recursos. Sin embargo, ello no es posible dada la tenaz negativa de la Oposición, que quiere ver servicios públicos disminuidos, con pocos funcionarios y escasos recursos. Pero cuando nos encontramos ante este tipo de situaciones, no nos queda más que enfatizar la necesidad de que se respeten las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados y que no pasen ocho meses para dar una respuesta que, más encima, es vaga, imprecisa y no aborda lo que en el oficio se plantea.
Por lo tanto, insistiré en el oficio, haciendo presente que se requieren respuestas precisas y concretas. De lo contrario, la tarea fiscalizadora de los diputados se convertirá en un chiste.
Pienso que el Ministro de Agricultura no tuvo el tiempo ni la asesoría adecuada para detenerse a mirar una minuta titulada “Informe, fiscalización y control forestal”, pues, sin duda, no hubiera enviado una respuesta que es altamente insuficiente e inconveniente.
También solicito oficiar al Ministerio de Agricultura y, por ende, a la Conaf, a fin de que informen, ojalá con rapidez y precisión, todo lo relacionado con los incendios forestales que vienen ocurriendo en la Octava Región, y que han puesto en peligro de destrucción a poblados enteros. Tal es el caso de Menque, ubicado a nueve kilómetros de Tomé, que estuvo a punto de ser arrasado por las llamas en la madrugada del viernes. Quienes estuvimos allí, junto a bomberos, carabineros y brigadistas, comprobamos que se requiere con urgencia una mayor fiscalización de los planes de manejo. Actualmente, las empresas forestales llegan con las plantaciones de pinos hasta el cerco del vecino. Con los árboles encima de las casas no hay alternativas de espacios de seguridad, y cada vez que hay incendios se pone en peligro la seguridad de los poblados, de las casas, de las personas y de los animales.
Otro tanto ocurre con la franja de seguridad que deberían contemplar los planes de manejo, respecto de los caminos. Cuando los pinos llegan exactamente al cerco y hay incendios forestales, se cortan los caminos, se queman los puentes de madera y se crean situaciones como las ocurridas en las comunas de Florida, Penco y Tomé este fin de semana, donde arrasó con más de 12 mil hectáreas, quemó más de 36 casas, dio muerte a decenas de animales y puso en grave peligro a un poblado de más de mil habitantes.
Por lo tanto, solicito que Conaf informe en detalle sobre los planes de manejo aplicados en la Octava Región; que precise cuál es la distancia que media entre la línea de plantaciones autorizadas y las casas cercanas a zonas urbanas o pobladas, y si esa demarcación es suficiente para dar seguridad a los pobladores y a sus viviendas.
En segundo lugar, que se oficie a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas para que informe quién autoriza la línea de plantación forestal en cada uno de los caminos interiores, tanto principales como secundarios, y si existe una franja de seguridad que impida que los caminos queden cortados cuando ocurren estos siniestros. Es más, que dichos caminos sirvan como barreras de contención al avance del fuego, pues en la actualidad la poca distancia que existe entre las plantaciones de pino y los caminos vecinales y secundarios no constituye una barrera contra el avance del fuego.
En tercer lugar, pido que se oficie al Ministro de Agricultura , pues si bien en las últimas horas del fin de semana el Gobierno ha tenido una extrema diligencia y preocupación, a través del Ministerio del Interior y del gobierno regional, encabezado por el intendente, debo informar que es urgente brindar apoyo de forraje para los animales de los campesinos afectados. Los damnificados, que suman más de 150, están albergados en la escuela de Dichato, pero es necesario preocuparse del ganado, vacunos y corderos, abandonados en el campo, sin posibilidad alguna de ser alimentados, dado que el forraje que estaba almacenado se quemó y tampoco es posible obtenerlo de las praderas, que quedaron convertidas en cenizas. Ésa es la principal preocupación de los campesinos que se encuentran en los albergues, ya que el Gobierno ha tomado todas las medidas para instalar casas de emergencia y proporcionar alimentación.
He dicho.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría. En el caso del primero, se acompañará copia de su intervención, con la adhesión de los Diputados señores Urrutia, don Salvador ; Letelier, don Felipe ; Tuma , Morales , Martínez, don Rosauro ; Ojeda y Galilea.
SUSPENSIÓN DE COBRO POR CARGO FIJO EN CUENTAS DE ESVAL. Oficios.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Aldo Cornejo.
El señor CORNEJO.-
Señor Presidente , en días pasados, la opinión pública se enteró por los medios de comunicación del establecimiento, por parte de Esval, del cobro de un cargo fijo por tratamiento de aguas servidas.
No quiero argumentar, sino señalar que en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, de la provincia de Valparaíso, no existe un sistema de tratamiento de aguas servidas.
La opinión pública sabe, porque se difundió profusamente, que la solución para las playas de Viña del Mar fue transitoria durante el verano, y que el colector de Valparaíso aún está en construcción. Tanto es así que el diario “El Mercurio”, en su editorial del domingo recién pasado, consigna este argumento para no tener derecho a cobrar dicho cargo fijo.
Pido que se oficie al Superintendente de Servicios Sanitarios , a fin de que informe a la mayor brevedad la fecha en que Esval solicitó el cobro de este cargo fijo, los antecedentes de hecho en que funda la petición a la Superintendencia, y los que ésta tuvo a la vista para acceder a tal solicitud. Asimismo, que se oficie al Ministro Vicepresidente Ejecutivo de la Corfo , propietaria de la empresa de agua potable, a fin de que esta medida, implementada unilateralmente, se deje sin efecto hasta contar con los antecedentes suficientes para acreditar que dicho cobro se ajusta no sólo a los hechos, sino también a derecho.
He dicho.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
SUSPENSIÓN DE COBRO POR CARGO FIJO EN CUENTAS DE ESVAL. Oficios
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Iván De la Maza.
El señor DE LA MAZA.-
Señor Presidente , en el mismo sentido del Diputado señor Cornejo , quiero señalar que esta medida, adoptada por una empresa que todavía sigue siendo del Estado, nos obliga a exigir explicaciones. Nos preocupa tanto el tema que compromete nuestra opinión a futuro.
La empresa ha desarrollado una importante cantidad de obras en este período, y ha recuperado -lo reconocemos- su prestigio público en la zona. Sin embargo, ese tipo de situaciones perjudica gravemente a la población que representamos. Estamos hablando de alrededor de 800 mil personas afectadas por cobros que nos parecen absolutamente injustos e infundados, por una razón muy concreta y que la opinión pública debe conocer: no hay tratamiento de aguas servidas en nuestra zona.
Por lo tanto, amerita que nos preocupemos de exigir el fundamento de la medida adoptada por Esval.
Adhiero plenamente a las palabras del colega Aldo Cornejo y, en representación de toda la opinión pública de nuestro distrito, creo indispensable tener a la brevedad la explicación correspondiente.
He dicho.
INFORME SOBRE ASISTENCIA DE PARLAMENTARIOS A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
El señor ROCHA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Rodolfo Seguel.
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente , en una sesión de la semana pasada el Diputado señor Orpis hizo una acusación bastante fuerte en relación a la asistencia de los diputados a las sesiones, y a la falta de quórum para aprobar proyectos.
Recurrí a la Secretaría de la Cámara para que me entregara un informe completo sobre el punto. Este informe demuestra que la peor asistencia la tienen los diputados de la UDI. Esto se desprende de documentos que repartí a todos los parlamentarios.
Como no quedé tranquilo, solicité otra información -la tengo en mi poder- sobre la asistencia de los diputados a las comisiones en este período, es decir, desde el 11 de marzo de 1994 hasta el 3 de abril de 1997. Lamentablemente, otra vez no se encuentra presente el Diputado señor Orpis , pero espero que la pueda leer o escuchar. No quiero nombrar a las personas que aparecen en este informe, porque es serio: la peor asistencia a las comisiones la tienen los diputados de la UDI.
Como el Diputado Orpis siguió hablando del tema durante el fin de semana, quiero demostrarle que se equivocó y que debería haber conversado con los colegas de su partido antes de hacer la denuncia.
Muchos parlamentarios -que todos conocemos muy bien- entran por una puerta y salen por la otra, y mientras van cruzando el hemiciclo miran al oficial de Sala, como indicándole: “Estoy presente”.
Entonces, solicito a la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento que, a partir de hoy, se lleve un control interno de la asistencia y de las votaciones, en general, y en particular de cada uno de los proyectos, de manera que en uno o dos meses más podamos tener un informe, no de la forma en que votaron, porque no me interesa, sino de la asistencia y permanencia en la Sala.
He dicho.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
Sus observaciones serán transmitidas a la Comisión de Régimen Interno.
CONTAMINACIÓN DEL RÍO LOA. Oficios.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo que resta al Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la Diputada señora Pollarolo.
La señora POLLAROLO.-
Señor Presidente , agradezco al Comité de la Democracia Cristiana que me haya cedido parte de su tiempo para referirme a un problema que se prolonga desde hace cerca de un mes y que está afectando en forma dramática a la Primera y Segunda Región. Me refiero a la emergencia ambiental por la contaminación del río Loa.
A pesar de todos los esfuerzos desplegados, aún no tenemos total claridad respecto de la naturaleza y origen de la contaminación, que ha causado preocupación no sólo a nivel local y nacional, sino incluso internacional.
Todos sabemos que el río Loa es un verdadero fenómeno de la naturaleza; pero más que eso, es el sustento de vida en una de las regiones más desérticas del mundo.
En este momento, hay gran preocupación por el daño que podría estar provocando en la desembocadura del río, zona muy especial por sus altos nutrientes -se llama zona nutricia-, cerca de la cual hay un número importante de caletas, donde los pescadores artesanales desarrollan gran actividad. Ignoramos los efectos que puede tener la contaminación en esa zona en el corto y largo plazo.
Tampoco sabemos hasta cuándo se prolongará el problema de los agricultores de Quillagua, que no pueden regar sus siembras porque aún no se permite utilizar sus aguas para el regadío de esa zona, que queda inmediatamente después del tranque Sloman , donde se concentró la mayor contaminación. Es urgente vaciar ese tranque, donde hay una verdadera bomba de tiempo, pues allí está acumulada la mayor cantidad de sedimentos.
Esta situación constituye una verdadera radiografía. Por una parte, revela las insuficiencias que tiene nuestro país para dar respuesta a las emergencias ambientales. Incluso -ahí hay un problema legislativo que habrá que corregir-, no está claro a qué institución le corresponde reaccionar ante las emergencias ambientales. Teóricamente deberían ser la Onemi o la Oficina Regional de Emergencia, pero esta situación es muy distinta de los terremotos, de los aluviones, en fin.
Por otra parte, la ley de la Conama no le otorga facultades para responder frente a estas emergencias. Eso causó, en gran medida, la descoordinación en las respuestas de las autoridades y de entes como las universidades. La falta de coherencia, de claridad, y el efecto de confusión y de pérdida de credibilidad de la opinión pública, es una cuestión muy lamentable que debe ser corregida no sólo para un problema inmediato, sino también a futuro.
Ayer visité la zona y tuve oportunidad de concurrir hasta la desembocadura del río Loa, donde los gobiernos de las Regiones Primera y Segunda se coordinaron para dar respuesta a los problemas más urgentes.
Por una parte, necesitamos saber a ciencia cierta cuál es la naturaleza de la contaminación que, como digo, aún no está clara. Para ello, me parece indispensable contratar un especialista internacional, para lo cual solicitaré que se oficie al Ministerio de Salud y a la Conama para que, ya sea a través de los acuerdos que mantiene Conama con Canadá o de la Organización Panamericana de la Salud, se pida la cooperación internacional para que concurra, a la brevedad, un especialista que pueda ayudar a clarificar este primer punto, que es indispensable.
En segundo lugar, es indispensable que el Estado de Chile acuda con los recursos necesarios a solucionar en forma urgente el problema del tranque Sloman. Los ingenieros, en coordinación con los gobiernos regionales de las Regiones Primera y Segunda, están tomando las medidas técnicas. La preocupación es que no se cuenta con los recursos necesarios para realizar el trabajo de ingeniería que -repito- es urgente por el problema que se ha suscitado en la desembocadura del río Loa, con efectos sobre la pesca y los pescadores, como asimismo respecto de los agricultores de Quillagua. Además, no se puede dejar el tranque en esa situación, ya que, como lo llamó el propio intendente de la Segunda Región, es una verdadera bomba de tiempo.
En tercer lugar, es indispensable contar con los recursos necesarios para efectuar un estudio completo sobre la cuenca hidrográfica del río Loa.
Recientemente me he informado -con verdadero asombro e inquietud, respecto de la despreocupación por la situación que afecta a este río, que llega a límites verdaderamente increíbles- que la Essan, de Calama, retira el arsénico de las aguas para el consumo en Calama; pero ese mismo arsénico, que retira luego de los procesos de purificación, lo vacía al río Loa.
Esto no tiene nada que ver con el accidente medioambiental que estamos analizando, pero es indicativo de una gravísima falta de conciencia respecto de la protección de este río y de una gravísima señal de conducta de agresión medioambiental.
Por lo tanto, es un nuevo elemento indicativo de que se requiere este estudio a la brevedad, y que habrá que proveer los recursos necesarios con esa finalidad.
Por último, si bien esta radiografía es preocupante y alarmante, puede tener gran efecto positivo si consideramos nuestras insuficiencias, reconocemos que es necesario definir un sistema de reacción ante las emergencias ambientales, conformamos un equipo de científicos, enviamos a algunos de nuestros científicos de las universidades nortinas a completar su formación como químicos y constituimos un equipo que investigue de manera más sistemática y permanente la situación medioambiental y esté preparado para reaccionar frente a estas emergencias.
En ese sentido, es muy lamentable que hayamos tenido tantas debilidades e insuficiencias para afrontar esta crisis; pero esperamos estar en condiciones de hacer las correcciones del caso para enfrentar de mejor manera los problemas que, inevitablemente, se seguirán suscitando en un tema que es nuevo, y que, como país, debemos saber resolverlos mejor.
He dicho.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
COBROS EXCESIVOS POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE EN LONQUIMAY. Oficios.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Galilea.
El señor GALILEA.-
Señor Presidente , desde hace algunos meses se viene produciendo un grave problema en la comuna de Lonquimay, que me honro en representar en esta Cámara, el cual está afectando seriamente a cientos de modestas familias de esa zona cordillerana.
Se trata de las altas cuentas de agua potable que les están cobrando a los habitantes del sector urbano, las que, en algunos casos, alcanzan a cifras simplemente irracionales, ya que algunas de ellas sobrepasan los 200 mil pesos, y estamos hablando de modestas familias; en otros casos, estos cobros más que duplican sus ingresos. Tengo en mi poder gran cantidad de fotocopias de cuentas que van desde los 20, 30 y hasta más de 40 mil pesos, que a los usuarios les resultan imposibles de pagar.
Tan crítica es esta situación -hasta ahora inexplicable- que la comunidad ha organizado un comité para defenderse de lo que califican un abuso y está dispuesta a luchar por que este problema tenga solución. Es así como han organizado protestas en la vía pública para expresar su reclamación a la Empresa de Servicios Sanitarios de la Araucanía S.A., Essar , y han exigido a las autoridades su intervención para obtener una respuesta que hasta ahora nadie está en condiciones de proporcionar.
Si bien la empresa se ha reunido con la comunidad y ha efectuado algunas revisiones, no llega a encontrar las razones que expliquen por qué Lonquimay tiene el agua más cara de Chile. La empresa muestra buena voluntad y disposición, pero ello no se traduce hasta ahora en soluciones concretas y definitivas. Más bien, se excusa aludiendo a eventuales filtraciones al interior de los hogares o en consumos desmedidos, razones que difícilmente explican una situación tan generalizada.
Por lo tanto, estamos frente a un problema que tiene dos aspectos.
Por un lado, las tarifas y montos del metro cúbico de agua consumido están resultando muy altas para una comuna de extrema pobreza, calificada de ese modo por el propio Gobierno, lo que debe ser enfrentado por medio de subsidios al consumo de agua potable.
Al respecto, debo informar que Lonquimay recibía un 65 por ciento de subsidio; pero a raíz de numerosas solicitudes, personalmente pedí al Ministerio de Planificación y Cooperación que considerara un aumento tanto en los porcentajes como en el número de subsidios. Se me ha informado que sólo se incrementará a un miserable 72 por ciento y que no se aumentará el número de subsidios que se entrega, lo que considero una insensibilidad por parte de las autoridades de Gobierno.
Expreso mi absoluta protesta ante este hecho, porque una comuna que busca opciones de desarrollo con el esfuerzo de sus habitantes, que hace patria y puebla nuestro territorio, sólo recibe en pago un pobre 7 por ciento más de retribución frente a este agudo problema social. Luego, hablamos de equidad y de justicia social.
El segundo aspecto dice relación con la duda de que los medidores instalados por Essar estén funcionando bien. Frente a esta inquietud, se hace indispensable la participación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y, en caso de comprobarse desperfectos, proceder al cambio o reparación. También debería intervenir respecto de las cuentas que evidencian mediciones erróneas.
En atención a que la solución del problema anteriormente expuesto no resiste más dilación, solicito que se oficie en mi nombre al Ministro del Interior , adjuntando copia de mi intervención, a fin de que se interiorice de esta situación y contribuya a la búsqueda de una solución.
También pido que se oficie a los Ministros de Hacienda y de Mideplán, para solicitar que se aumenten en forma más significativa y en mayor porcentaje los subsidios de agua potable para la comuna de Lonquimay, al igual que el número de esos beneficios.
Finalmente, pido que se oficie a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para que intervenga y, en uso de sus atribuciones, ordene a la empresa una completa revisión de los medidores, otorgándole un plazo para solucionar el problema planteado.
He dicho.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y CONSTRUCCIÓN DE CAUCE EN COMUNA DE PEÑALOLÉN. Oficios.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la Diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI.-
Señor Presidente , quiero manifestar mi preocupación por una situación que afecta a la comuna de Peñalolén, a la cual represento, y que se relaciona con la falta de pavimentación en arterias de gran importancia.
Específicamente me voy a referir a la avenida Tobalaba, en el sector ubicado entre Arrieta , que sigue por Departamental hasta la comuna de La Florida. Esta avenida se abrió al tránsito público en 1986, desde el sector de Alejandro Sepúlveda hasta Departamental y, posteriormente, se pavimentó el sector correspondiente al tramo de La Florida. Sin embargo, el enorme aumento poblacional al sur de Peñalolén, incluyendo a esta misma, sumado al gran aumento del flujo vehicular tanto público como privado, han hecho que la doble vía sea absolutamente insuficiente para contenerlo.
Por otra parte, debo recordar que cada día se están construyendo nuevas unidades vecinales, con la consiguiente congestión vehicular, lo que hará imposible pasar por ese sector.
También es importante destacar que Tobalaba es una alternativa importante de Américo Vespucio, en especial en el saturado sector de la rotonda Grecia , la cual, además, será remodelada, lo que, sin duda, aumentará el tránsito que llegará a la avenida Tobalaba.
Por lo anterior, es urgente que el Serviu incluya en sus planes de pavimentación el ensanche de esta avenida, a fin de contener, al menos en cuatro pistas, el enorme flujo vehicular, además de la enorme cantidad de puentes que fluyen a la avenida en una pendiente bastante peligrosa.
Al mismo tiempo, es igualmente importante y urgente que el Serviu se haga parte en la pavimentación de la avenida Arrieta , cuyo pavimento se encuentra interrumpido en diversos tramos, lo que la hace muy peligrosa, ya que por ella transita gran cantidad de vehículos públicos y particulares. En ese sector se han construido numerosas villas y condominios, una universidad y una unidad del Ejército, lo que genera la circulación de enorme cantidad de vehículos.
En respuesta a un oficio anterior dirigido al Serviu, se me informó que la pavimentación de parte de la avenida Arrieta , en una curva muy peligrosa frente al actual parque de La Paz, ex villa Grimaldi , se efectuaría conjuntamente con la construcción de dicho parque. Sin embargo, éste fue inaugurado, pero la curva sigue sin pavimentar e igual de peligrosa.
Además, cabe destacar que por la avenida Arrieta bajan quebradas que han perdido sus cauces en la cordillera, produciendo inundaciones, con sedimento de piedras y otras, lo que hace muy complicado el tránsito vehicular.
Por eso, pido, en primer lugar, el envío de dos oficios al Serviu para plantear el urgente ensanche de la avenida Tobalaba, ya que es una alternativa importante para la avenida Américo Vespucio, y la pavimentación de los tramos restantes de la avenida Arrieta , incluyendo el área frente al parque de La Paz, a lo que ya se había comprometido el Serviu a través de oficios que envió al Parlamento.
Por otra parte, solicito enviar un oficio al Ministerio de Obras Públicas, a fin de que se solucione el problema del cauce, que es un verdadero río que desemboca en una calle, el que en tiempos de lluvia deja totalmente inhabilitado un gran sector habitacional y poblacional de tránsito tanto peatonal como vehicular.
He dicho.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
MEDIDAS UNILATERALES ADOPTADAS POR MIEMBROS DEL MERCOSUR. Oficios.
El señor ROCHA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jürgensen.
El señor JÜRGENSEN.-
Señor Presidente , desde hace algunas semanas hemos conocido los primeros efectos negativos que está provocando la estrategia económica de apertura multilateral adoptada por el actual gobierno, cuya muestra principal lo constituye hasta ahora la incorporación de Chile al Mercosur. Esta estrategia ha establecido una discriminación comercial en favor de los países que integran el Mercosur, ya que principalmente se incentiva el intercambio con ellos, en desmedro de todos los demás. Lo que estamos viendo es que países del Mercosur, que firmaron compromisos comerciales, no están en condiciones de cumplirlos debido a los desequilibrios de sus cuentas corrientes y de sus déficit fiscales, que han originado la inestabilidad económica en que ellos viven.
En agosto de 1996, dijimos que deberíamos estudiar con más cuidado la búsqueda de nuestros socios comerciales, porque nada asegura que los países vecinos, por esa sola razón, se constituirán en los mejores.
En esa oportunidad, señalamos las inestabilidades económicas de esos países, que las estrategias eran diferentes entre los países del Mercosur y Chile, y que el grado de desarrollo también era totalmente distinto, lo cual hacía aumentar los riesgos de nuestra asociación con el Mercosur. Pero la Cámara de Diputados no cambió en nada la iniciativa del Gobierno, porque esta Corporación se ha ido convirtiendo con el tiempo sólo en la instancia de aprobación de todas las iniciativas del Ejecutivo, debido a la mayoría de votos de la Concertación.
Cuando se discutió este acuerdo en la Cámara, fuimos varios los parlamentarios que advertimos que la inestabilidad de las economías de los países miembros del Mercosur hacía poco confiable el tratado, y que estimábamos que era preferible una asociación con países de economías más estables y de mayor desarrollo. Pero en aquella fecha no pensábamos que a sólo seis meses de la vigencia de ese acuerdo aparecerían serios inconvenientes debido a decisiones unilaterales tomadas por los países integrantes del Mercosur.
En efecto, Brasil, que hoy participa en alrededor del 7 por ciento de nuestras exportaciones, por un valor aproximado a los mil millones de dólares anuales, presenta altos déficit en su balanza comercial que lo ha obligado a adoptar medidas para disminuir las importaciones. Una se refiere a los embarques superiores a 10 mil dólares, que los importadores brasileños deben contratar en moneda extranjera al momento de desaduanar la mercadería. Ello afecta directamente a las importaciones, por cuanto obliga a incurrir en costos financieros antes del pago acordado con los exportadores.
Posteriormente, debido a reclamos de los países integrantes del Mercosur y a negociaciones logradas, Brasil permitió que dichos países gozaran de una excepción de hasta 40 mil dólares en sus importaciones. Sin embargo, esa excepción es transitoria, puesto que dejará de regir a partir del próximo 1 de agosto.
Algunos analistas del sector productivo y exportador nacional han estimado que las medidas tomadas para equilibrar la balanza comercial de Brasil afectarán gravemente nuestro intercambio y han calculado, incluso, pérdidas que ascienden a 200 millones de dólares. Ello hace necesario revisar esta situación, ya que en el intertanto Chile seguirá importando desde ese país sin restricción alguna. Es indispensable conocer el impacto real que tendrán nuestras exportaciones hacia Brasil.
Lo anterior se hace más necesario aún, ya que economistas brasileños han anunciado que estas medidas son apenas las primeras de una serie que su gobierno deberá tomar para regular el grave déficit comercial que les afecta y que alcanza a los 3.000 millones de dólares el primer trimestre de este año. Entonces, podemos preguntarnos qué ocurrirá con nuestras exportaciones hacia ese país frente a una probable e importante devaluación futura. De eso ya se habla en Brasil, como asimismo de un aumento de aranceles para controlar el desequilibrio comercial que hoy presenta. Debemos preguntarnos también cómo se resolverán en el futuro estas controversias, ya que el acuerdo del Mercosur no las contempla.
Por lo tanto, por intermedio de su Señoría, solicito oficiar a los Ministros de Economía y de Relaciones Exteriores, adjuntándoles copia de esta intervención, a fin de que se sirvan responder a las interrogantes planteadas y qué posición tomará Chile frente a futuras decisiones similares que afecten el intercambio de nuestro país. Asimismo, que nos envíen una información detallada sobre el impacto que tendrá en nuestras importaciones y economía las medidas adoptadas por Brasil recientemente.
He dicho.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados y la intervención de su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Cardemil , Galilea y Melero.
INFORMACIÓN SOBRE PROYECTO DE EXTENSIÓN DE LÍNEA CINCO DEL METRO. Oficios.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil. Quedan dos minutos al Comité de Renovación Nacional.
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente , los diarios y medios de comunicación han dado cuenta de un debate muy profundo e interesante, con impredecibles consecuencias, que se ha producido en la comuna de Santiago, que represento en la Cámara de Diputados, en relación con la proyectada construcción de una línea del Metro que cruzará el centro de Santiago y que tendrá una estación subterránea bajo la Plaza de Armas.
Destacadas autoridades han manifestado que la construcción de dicha línea y estación subterránea del Metro producirá daños al entorno cultural de la Plaza de Armas, a los edificios históricos del casco de Santiago que rodean la plaza y, probablemente, a los vestigios arqueológicos que allí puedan existir. La dirección del Metro ha replicado en el sentido de que eso no es así. Éste es un debate de grandes alcances y consecuencias. Ni el diputado que habla ni el resto de las autoridades están en condiciones de apreciar, en todo su contenido y magnitud, si ese peligro existe o no.
Por lo tanto, pido a su Señoría que, en primer lugar, se envíe oficio al Ministro de Educación , a fin de que informe cuáles son las aprensiones que la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos tiene respecto de esta proyectada obra.
En segundo lugar, un oficio al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones para que informe si los proyectados trabajos del Metro contemplan estudios de impacto ambiental y aquellos que aseguran la preservación del patrimonio histórico.
En tercer lugar, un oficio al Ministro del Interior, a fin de que, por su intermedio, el señor alcalde de Santiago informe sobre los antecedentes y estudios que ha tenido en consideración para que la municipalidad -como el señor alcalde lo ha manifestado- haya autorizado esos trabajos.
En mérito de esos informes, las autoridades podremos apreciar cuál es el verdadero alcance de las denuncias, qué es lo que hay de efectivo en ellas y cuáles son las consecuencias negativas que podrían preverse, para conservar nuestro patrimonio histórico y nuestra identidad histórico cultural que se encarna en la Plaza de Armas de Santiago, centro histórico del país.
He dicho.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios pedidos por su Señoría.
REUBICACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN COLINA. Oficios.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Melero.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, intervengo nuevamente en esta oportunidad con el fin de referirme a una situación que afecta a algunas localidades de la comuna de Colina.
Como es de público conocimiento, toda esa zona, especialmente la del sector del valle de Chicureo, ha experimentado, desde hace algunos años a la fecha, un cambio importante desde el punto de vista de la inversión inmobiliaria y de la generación de un plano intercomunal que se anexa al gran plano intercomunal de la provincia de Santiago, con el objeto de dar al vasto territorio de la Región Metropolitana un desarrollo industrial, inmobiliario, agrícola y de preservación que ha permitido la legislación de ese suelo con la aprobación del plano regulador.
Como consecuencia de ello se han iniciado allí importantes proyectos inmobiliarios y, entre ellos, concretamente uno, quizás el más grande de todos, con una inversión cercana a los 100 millones de dólares, denominado “Condominio Las Brisas de Chicureo”. Asimismo, debido al desarrollo de esos proyectos -de indudable valor e importancia no sólo para la provincia, sino también para el país- se generaron obras con el fin de canalizar, por una parte, las aguas servidas del citado condominio y de someterlas, por otra, a tratamiento en un lugar externo al loteo. Para la construcción de esta planta de tratamiento se eligieron una o más parcelas ubicadas exactamente en el camino entre Lo Pinto y San José , de la comuna de Colina, y frente a la entrada principal de otra parcelación conocida como “Los Ciruelos de Colina”.
Obviamente, se generó una profunda inquietud entre los vecinos del sector de San José y “Los Ciruelos de Colina”, puesto que frente a ellos se construía una planta de tratamiento de aguas servidas, con los efectos negativos que genera desde el punto de vista de la plusvalía de los terrenos y del desarrollo del sector.
La situación comenzó a detectarse a comienzos de marzo -concretamente, el 19 de ese mes- y los vecinos se organizaron en una asamblea, a la cual concurrieron autoridades de la zona, entre ellos, el gobernador, señor Patricio Rosende , el alcalde de Colina, don Manuel Rojas del Río , el director de obras de la Municipalidad , señor Gabriel Rojas, la presidenta de la junta de vecinos de San José de Colina , señora Mercedes Rojas , mi representante en el distrito, señora Inés Rivas , y miembros de las comunidades de San José, “Los Ciruelos” y Santa Inés de Miraflores.
La inquietud de los vecinos se relacionaba con la instalación de esa planta de tratamiento de aguas servidas y los efectos negativos que generaba sobre la comunidad adyacente.
En esa primera sesión de la asamblea se dieron las explicaciones, se constató la veracidad del proyecto por parte de la inmobiliaria “Las Brisas de Chicureo” y se escucharon las intervenciones de los señores gobernador y alcalde, contrarias a la instalación de la planta de tratamiento de aguas servidas. Se acordó citar a una segunda sesión -que se efectuó el 26 de marzo y en la cual participé junto con la comunidad-, para abordar el problema. También se resolvió recabar más antecedentes y requerir de las autoridades competentes y de la empresa, información respecto de la construcción de la planta.
En la asamblea del 26 de marzo tuve oportunidad de exponer a los vecinos mi conversación con los representantes de la empresa “Las Brisas de Chicureo”, concretamente con su gerente general, señor Larraín , con el objeto de conocer más en detalle el significado del proyecto inmobiliario. En esa oportunidad constaté la buena disposición de la empresa en el sentido de no generar un perjuicio al sector, como también fueron muy claros en señalar la importancia que revisten proyectos de esta magnitud. Si bien el decreto ley Nº 3.516, que rige a todas estas parcelaciones rurales, no exige alcantarillados o mecanismos de conducción de aguas servidas -basta la aprobación del Servicio de Salud del Ambiente para sistemas de fosas sépticas individuales u otro tratamiento que acepte ese Servicio-, la empresa, dada la importancia del proyecto, quería hacer las cosas bien y proponía esa planta de tratamiento de aguas servidas, señalando -reitero- que no estaba entre sus objetivos, bajo ningún aspecto, perjudicar a la comunidad adyacente ni generar un conflicto.
Entendido esto, vislumbré la posibilidad de una mediación entre los vecinos de los sectores San José y “Los Ciruelos” y los representantes de la empresa inmobiliaria Las Brisas. Con ese propósito -se convocó a los señores alcalde de la comuna y al gobernador-, tuvimos, felizmente, una tercera reunión el 1 de abril de 1997, a la cual deseo referirme en forma particular.
Concurrieron el gobernador, señor Patricio Rosende , el alcalde , señor Manuel Rojas del Río, el diputado que habla, el director de obras de la municipalidad de Colina, señor Gabriel Rojas ; los ejecutivos de la empresa “Las Brisas de Chicureo”, señores Cristián Wood y Alfonso Larraín , y en nombre de los vecinos de San José y “Los Ciruelos”, la señora Bernardita Méndez , el señor Gonzalo Cordero ; la presidenta de la junta de vecinos de San José , señora Mercedes Rojas , y los señores Alberto Pérez , Germán Veloso, Miguel Ángel Morales, Mario Olavarría y Paulo Egenau. Tuvimos la oportunidad de conocer, a través de la lata exposición del señor Alfonso Larraín , los aspectos que estaban considerando y su buena disposición en cuanto a no causar daño con la referida planta.
No quiero extenderme más sobre los dichos y efectos que allí se generaron. Sólo deseo consignar que, a juicio de la comunidad y del diputado que habla, la instalación de una planta de tratamiento de aguas servidas donde se pretende no originaría un problema técnico. No se trata de precisar si despediría o no malos olores o si estaría bien o mal hecha. Su efecto estaría en la disminución del valor de las propiedades, en la plusvalía, en las externalidades negativas que generaría su ubicación frente a los proyectos inmobiliarios.
Tanto es así, que en el folleto de promoción de venta -lo hizo ver la comunidad con mucha razón-, la empresa inmobiliaria señala como un factor de marketing importante que la planta de tratamiento de aguas servidas estará fuera de “Las Brisas de Chicureo”. En consecuencia, lo que se consigna como un factor positivo para estos terrenos es negativo para quienes deberían tolerarla frente a sus hogares.
De lo anterior, concluyo que esa asamblea fue tremendamente positiva. Hubo una excelente disposición de la empresa para revisar su posición, como asimismo de la municipalidad y de la gobernación, en cuanto a colaborar, en razón de la legislación del suelo de la provincia en virtud del plano intercomunal, en buscar y ofertar a la empresa alternativas distintas de ubicación. También hubo una muy buena disposición de los vecinos, en cuanto a entender lo que estaba sucediendo, a no efectuar acciones judiciales, movilizaciones sociales o presiones que pudieran perjudicar el proyecto.
Se llegó a las siguientes conclusiones: compromiso de la empresa, junto con la municipalidad, de buscar alternativas de ubicación al proyecto, distintas de las que hoy se proponen; valorización de la municipalidad de este tipo de proyectos inmobiliarios en la zona; compromiso de los vecinos de no ejercer acciones de presión social ni pública; creación de una comisión permanente para evaluar esto y fijación del 1º de mayo de 1997 para la propuesta, fecha en que la comunidad la conocerá.
En razón de lo anterior, solicito que se oficie al gobernador de la provincia de Chacabuco , don Patricio Rosende , y, por su intermedio, al alcalde de la Municipalidad de Colina, don Manuel Rojas del Río, para que informen, al 1º de mayo de 1997, fecha de término de este acuerdo, del resultado de las gestiones con la empresa inmobiliaria Las Brisas, de las nuevas ubicaciones y de las posibilidades que se están estudiando al respecto.
En segundo lugar, que se oficie al director del Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana , enviándole el texto de mi intervención, para que me informe si ese servicio ha tomado conocimiento de alguna solicitud para instalar planta de tratamiento de aguas servidas de la empresa “Las Brisas de Chicureo” en la ubicación que he señalado o en otra.
He dicho.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
Ha terminado el tiempo de la UDI.
UNIFORMIDAD DE CRITERIOS DE EXIGENCIAS PARA OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR. FLEXIBILIDAD EN PLANTAS REVISORAS TIPO “A”. Oficios.
El señor ROCHA (Vicepresidente).-
En el turno del Comité del Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente , mi interés en intervenir en Incidentes se debe, fundamentalmente, a que algunas modificaciones a la ley de tránsito, publicadas hace pocos días, han sido mal interpretadas o mal puestas en práctica.
Una señala que se exigirá 8º año básico a las personas que por primera vez soliciten licencia. Sin embargo, como miembro de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, he recibido una cantidad enorme de reclamos en contrario. Es más, a mi esposa, que fue a renovar su licencia hace 15 días a San Carlos, le exigieron la presentación del certificado de 8º año básico.
Una segunda mala interpretación se refiere al otorgamiento de licencia de conducir a los mayores de 17 años. La modificación señala que podrán concurrir a obtenerla con sus padres, apoderados, tutores, directores, etcétera, pero en muchos lugares se les exige que vayan con ambos padres. Entonces, al parecer, el término padres, apoderados o tutores, no se entiende.
La interpretación errónea, obviamente, genera situaciones anómalas y difíciles a lo largo del país. Me preocupa, porque deriva de los funcionarios del departamento del tránsito de municipalidades. Una gran cantidad de municipios está solicitando a todo el que renueva su licencia el certificado de estudios de 8º año básico, cuando la ley sólo lo exige a quienes quieran obtenerla por primera vez, con el consiguiente problema laboral para aquellos que no pueden conseguirlo.
Debe haber cierta flexibilidad y tolerancia, por cuanto hay personas que tienen 50 ó 60 años de edad, a las cuales no les es fácil obtener el certificado requerido.
Como dije anteriormente, para que los jóvenes de 17 años obtengan licencia de conducir se exige la autorización del padre o madre, ya que la ley dice padres, apoderados y representantes legales. El criterio de los legisladores -aquí hay que ver su espíritu- fue distinto, en ningún caso restrictivo. Al contrario, quisimos facilitar las cosas y no hacerlas más complejas; más bien, que cualquier apoderado, un pariente, el profesor, etcétera, del menor de 17 años pueda autorizar su postulación para obtener licencia de conducir.
El Ministerio de Transportes deberá definir un criterio único, con el objeto de no perjudicar a quienes necesiten licencia de conducir, en estas dos líneas: en que el 8º año básico es para quienes van a obtener una licencia por primera vez, y no para aquellos que la van a revalidar, y en que los jóvenes de 17 años no necesariamente deben ir con el papá y la mamá. Gráficamente, parecerían llevarlos de la mano para que puedan obtenerla.
Por lo anterior, pido oficiar al Ministro de Transportes , a fin de que establezca un criterio e instruya, a través de los seremis de transportes, a los departamentos de tránsito de las municipalidades, para que las cosas se hagan más fáciles y no en forma tan engorrosa, como está ocurriendo hasta ahora.
En segundo lugar, hoy día, gente de la locomoción colectiva, concretamente los conductores de taxis colectivos han protestado por las plantas revisoras clase “A”.
Estoy de acuerdo con el Ministro de Transportes en que hay que ser lo más exigente posible, por cuanto somos un país con récord de accidentes de tránsito; pero también hay que señalar que la mayor parte se produce fundamentalmente por causas humanas, más que mecánicas. Si se revisan los índices, se deben a cansancio, a estado de ebriedad y otros.
Me parece bien ser riguroso en esto, pero no somos Alemania ni Estados Unidos, desde el punto de vista socioeconómico, por lo que debemos tener márgenes de flexibilidad y tolerancia.
Ayer, algunos taxistas y conductores de taxis colectivos me señalaron que a veces ni
los autos nuevos aprueban la revisión técnica de las plantas clase “A”.
En nuestro país, el 75 por ciento de los vehículos tienen cinco o más años de antigüedad. En los últimos cinco años ha ingresado un “pull” muy grande de vehículos nuevos, pero la mayor parte son con cinco años o más.
En ese sentido, planteo que haya más flexibilidad respecto de los márgenes de rigurosidad, incluso, cuando se dice que hay pocos márgenes entre autos nuevos y usados, porque a veces los nuevos no aprueban la revisión técnica.
Estoy de acuerdo en cuanto a la vigencia de las plantas clase “A”, pero, a la vez, solicito que se oficie al señor Ministro para ordene instruir que al auto rechazado, a lo menos, se le extienda el plazo para reparar las fallas, porque, por razones socioeconómicas, no es fácil. Ajustar el motor de un vehículo y realizar otras reparaciones, de acuerdo con la distribución del ingreso del país, la mayoría de los chilenos no podría hacerlo.
Por eso, solicito que se oficie al Ministro de Transportes, con el objeto de que se den unos seis meses de plazo para reparar los vehículos rechazados en la revisión técnica.
He dicho.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su Señoría.
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.41 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones
X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que regula el traspaso de servicios municipales entre las municipalidades de las comunas que se indican. (boletín Nº 2008-06)
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JUAN VILLARZÚ ROHDE , Ministro Secretario General de la Presidencia.”
2. Informe de Comisión Mixta, recaído en el proyecto que concede por especial gracia, la nacionalidad chilena a los señores Giulio Di Girolamo Antonuzzi y Claudio Di Girolamo Carlini. (boletín Nº 1940-17)
“Honorable Cámara de Diputados
Honorable Senado:
La Comisión Mixta constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 68 de la Constitución Política de la República, tiene el honor de proponeros la forma y modo de resolver la divergencia surgida entre el honorable Senado y la honorable Cámara de Diputados, durante la tramitación del proyecto de ley individualizado en la referencia.
La honorable Cámara de Diputados en sesión de fecha 19 de marzo de 1997, designó como integrantes de la Comisión Mixta a los honorables Diputados señores Andrés Aylwin Azócar , Carlos Bombal Otaegui, Luis Valentín Ferrada Valenzuela , Jaime Naranjo Ortiz y Sergio Ojeda Uribe.
El honorable Senado, por su parte, en sesión de la misma fecha precedente, nombró como integrantes de dicha Comisión a los señores miembros de su Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Previa citación del señor Presidente del Senado , la Comisión Mixta se constituyó el día 2 de abril de 1997, con la asistencia de los honorables senadores señores Ricardo Martin Díaz , Nicolás Díaz Sánchez , Roberto Muñoz Barra , Mario Ríos Santander y Beltrán Urenda Zegers y de los honorables Diputados señores Andrés Aylwin Azócar , Jaime Naranjo Ortiz y Sergio Ojeda Uribe.
Eligió por unanimidad como Presidente al honorable Senador señor Ricardo Martin Díaz , quien lo es también de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado y, de inmediato, se abocó al cumplimiento de su cometido.
A la sesión en que la Comisión Mixta analizó el presente proyecto de ley asistió, especialmente invitado, el señor Ministro Secretario General de Gobierno , don José Joaquín Brunner Ried.
-o-
La controversia se ha originado en el rechazo formulado por la honorable Cámara de Diputados, en el tercer trámite constitucional, a la modificación introducida por el honorable Senado -durante el segundo trámite constitucional-, al texto aprobado por aquella Corporación en el primero de ellos.
En efecto, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley, originado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República , de artículo único, que otorga, por especial gracia, la nacionalidad chilena a los señores Giulio Di Girolamo Antonuzzi y Claudio Di Girolamo Carlini.
El honorable Senado modificó el proyecto, sustituyendo la frase “a los señores Giuliu Di Girolamo Antonuzzi y Claudio Di Girolamo Carlini ” por “al señor Giulio Di Girolamo Antonuzzi ”, concediendo, en consecuencia, la nacionalidad chilena solamente respecto del primero.
Finalmente, la honorable Cámara de Diputados, rechazó la enmienda, suscitando la controversia entre ambas Corporaciones que dio lugar a la formación de la presente Comisión Mixta.
En atención a la naturaleza de la materia que le correspondió pronunciarse a la Comisión Mixta, ésta se constituyó en sesión secreta, por lo que el presente informe se limita a consignar el acuerdo adoptado por ella.
Dicho acuerdo, adoptado por siete votos a favor y una abstención, consiste en proponer a ambas Corporaciones que se apruebe el proyecto de ley en los mismos términos que lo hizo la honorable Cámara de Diputados durante el primer trámite constitucional.
Ese proyecto de ley es del siguiente tenor:
PROYECTO DE LEY
“Artículo único.- Otórgase, por especial gracia, la nacionalidad chilena a los señores Giulio Di Girolamo Antonuzzi y Claudio Di Girolamo Carlini.”.
-o-
Acordado en sesión celebrada el 2 de abril de 1997, con la asistencia de los honorables Senadores señores Ricardo Martin Díaz ( Presidente ), Nicolás Díaz Sánchez , Roberto Muñoz Barra , Mario Ríos Santander y Beltrán Urenda Zegers y los honorables Diputados señores Andrés Aylwin Azócar , Jaime Naranjo Ortiz y Sergio Ojeda Uribe.
Sala de la Comisión, a 2 de abril de 1997.
(Fdo.): XIMENA BELMAR STEGMANN , Secretaria de la Comisión.”
3. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio de la “Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina (Opanal). (boletín Nº 1271-10) (S).
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informaros, en segundo trámite constitucional, el proyecto de acuerdo aprobatorio del tratado multilateral denominado “Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina (Opanal)”.
I. ANTECEDENTES GENERALES.
Este Organismo fue establecido por los Estados Partes del “Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina”, también denominado “Tratado de Tlatelolco”, para que vele por el cumplimiento de las obligaciones que les impone dicho Tratado, en orden, por una parte, a utilizar exclusivamente con fines pacíficos el material y las instalaciones nucleares sometidos a su jurisdicción, y, por otra parte, a prohibir e impedir las armas nucleares en sus respectivos territorios.
En él participan todos los Estados latinoamericanos, inclusive los del Caribe, en virtud de las modificaciones aprobadas por la Conferencia General de Opanal, el 3 de julio de 1990, que extendieron el ámbito de aplicación del Tratado de Tlatelolco, desde América Latina al Caribe. En nuestro país tales modificaciones han sido promulgadas por el decreto supremo Nº 132, de 1994, y publicadas en el Diario Oficial del 26 de abril del mismo año.
Para Chile el Tratado de Tlatelolco rige plenamente sólo a partir del 18 de enero de 1994, de manera que a partir de esa fecha se le ha hecho exigible a su respecto la norma del artículo 22 del Tratado, que reconoce a Opanal, en el territorio de cada una de las Partes Contratantes, la capacidad jurídica y las prerrogativas e inmunidades necesarias para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos.
Precisamente, son dichos atributos los que se determinan en la Convención sometida a la consideración de la honorable Cámara, y cuyo contenido normativo se os pasa a reseñar.
II. RESEÑA DE LA CONVENCIÓN EN TRÁMITE.
Este tratado multilateral, del cual se adjunta una copia al final del informe, consta de ocho artículos, en los que se establecen las prerrogativas e inmunidades que se otorgan a Opanal, a los Representantes de los Estados Miembros y a los Funcionarios, Inspectores y Expertos de Opanal. También se determinan los mecanismos que deberán ser seguidos para resolver las controversias que surjan de la aplicación de esta Convención, y, por último, se contemplan las cláusulas finales propias de todo tratado multilateral, materias sobre las cuales se dispone, en lo esencial, lo siguiente:
A. Las prerrogativas e inmunidades en favor de Opanal.
Respecto de Opanal se precisa que tendrá personalidad jurídica y, en particular, capacidad para celebrar toda clase de actos y contratos permitidos por las leyes del Estado respectivo e intervenir en toda acción judicial o administrativa en defensa de sus intereses (artículo 1).
Sus bienes, en cualquier parte y en poder de cualquier persona, gozarán de inmunidad contra todo procedimiento judicial y toda medida de allanamiento, requisición, confiscación y expropiación u otra forma de interferencia, ya sea de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo. La inmunidad judicial podrá ser renunciada por Opanal, siempre que ella no sea aplicable a medidas judiciales ejecutivas (Nºs. 1 y 2 del artículo 2).
Los locales, archivos y, en general, todos los documentos que pertenezcan a Opanal o se hallen en su posesión, dondequiera que se encuentren, serán inviolables (Nºs. 2 y 3 del artículo 2).
El Organismo podrá tener fondos o divisas, conservarlos y transferirlos de un país a otro o dentro de cualquier país, sin que pueda verse afectado por ordenanzas fiscales, reglamentos o moratorias de naturaleza alguna (Nº 4 del artículo 2).
Por su parte, los bienes de Opanal estarán exentos:
-De toda contribución directa;
-De derechos de aduana, y
-De prohibiciones y restricciones respecto de los artículos que importe o exporte para su uso oficial o de sus publicaciones (Nº 6 del artículo 2).
B. Las prerrogativas e inmunidades en favor de los representantes de los Estados Miembros y de los Inspectores y Expertos en misiones del Organismo (artículos 4 y 6).
Los representantes de los Estados Miembros, los Inspectores y Expertos de Opanal que participen en sus reuniones, Conferencias o trabajos, mientras se encuentren en funciones o en tránsito al respectivo lugar, gozarán principalmente de:
-Inmunidad de detención o de arresto personal y de embargo de su equipaje personal, y contra todo procedimiento judicial, respecto a todos sus actos y expresiones, orales o escritas;
-Inviolabilidad de todo papel o documento;
-Derecho de usar claves y recibir documentos y correspondencia por estafeta o valija sellada;
-Exención de toda restricción de migración y registro de extranjeros, de todo servicio nacional en el país que visiten o por el cual pasen en el desempeño de sus funciones;
-Las mismas inmunidades y franquicias acordadas a los agentes diplomáticos respecto de sus equipajes personales, pero no podrán reclamar exención de derechos aduaneros sobre mercaderías importadas que no sean parte de su equipaje personal, o de impuesto de venta y derechos de consumo, y
-Libertad de palabra y completa independencia en el desempeño de sus funciones.
C. Las prerrogativas e inmunidades en favor de los Funcionarios de Opanal (artículo 5).
Ellos gozarán, en términos generales, de prerrogativas y privilegios análogos a los acordados a los Representantes de los Estados Miembros, con la principal diferencia en su favor, en cuanto a que ellos podrán importar, libres de derechos, sus muebles y efectos, con ocasión de su ingreso al País para ocupar su cargo y de exención de impuestos sobre los sueldos y emolumentos pagados por el Organismo, salvo que sus servicios los preste en el Estado de su nacionalidad (letras d) de párrafo 2, y a) de párrafo 3).
Todas estas prerrogativas e inmunidades se otorgan en interés del Organismo, para salvaguardar la independencia en el ejercicio de las respectivas funciones y no en provecho propio de las personas favorecidas. Los Representantes de los Estados Miembros, en su caso, y el Secretario General del Organismo, en el caso de los Funcionarios, Inspectores y Expertos, tienen el derecho y el deber de renunciar a las inmunidades cuando ellas puedan impedir el curso de la justicia, siempre que la renuncia no perjudique los intereses de Opanal (Nºs. 4, 5 y 2 de los artículos 4, 5 y 6, respectivamente).
D. La solución de controversias derivadas de la aplicación e interpretación de la Convención.
Ellas podrán ser referidas a la Corte Internacional de Justicia, a menos que, en un caso determinado, las Partes convengan en recurrir a otra vía de solución. También se contempla que la Corte pueda emitir una Opinión Consultiva sobre cualquier cuestión legal en la que surja una diferencia entre el Organismo y un Estado Miembro, opinión que será aceptada como decisiva (artículo 7).
E. Las disposiciones finales de la Convención.
Este instrumento está abierto a la firma de todos los Estados Miembros y regirá para ellos desde el momento en que depositen su respectivo instrumento de ratificación, de lo cual el Secretario General de Opanal deberá informar a los Estados Miembros (artículo 8).
III. OBSERVACIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD.
Durante su estudio vuestra Comisión observó que la norma que libera a los bienes de Opanal de requisiciones se contrapone con la disposición constitucional que permite al Presidente de la República autorizar tal limitación del dominio en casos en que declare todo o parte del territorio nacional en estado de asamblea o de catástrofe (Nºs. 1 y 5 del artículo 41).
Lo mismo observó respecto de las expropiaciones, de las cuales se libera absolutamente a Opanal, en circunstancias que la Constitución las permite en casos en que la ley las autoriza por causa de utilidad pública o de interés nacional (inciso. tercero de Nº 24 de Art. 19).
El Ministerio de Relaciones Exteriores acogió estas observaciones, anunciando que este tratado será ratificado con reserva, en la que se señalará que la procedencia de las medidas de requisición y expropiación que eventualmente pudieran afectar a los bienes de Opanal se regirán por las disposiciones constitucionales chilenas (Oficio RR.EE. (Dijur) Nº 12.047, de 16 de junio de 1995).
IV. DECISIONES DE LA COMISIÓN.
Al concluir el examen de este instrumento, en el seno de la Comisión hubo consenso en admitir:
a) Que la participación de Chile en esta Convención es una consecuencia directa e ineludible de su incorporación plena al Tratado de Tlatelolco;
b) Que los privilegios e inmunidades que se reconocen a Opanal son los que ordinariamente se han reconocido a los Organismos Internacionales de los cuales nuestro país es Estado Miembro, con la salvedad de las normas que serán reservadas en el acto de ratificación de este instrumento;
c) Que la sede de Opanal está en México y que en Chile no funciona ninguno de sus órganos permanentes, de manera que estos privilegios e inmunidades sólo serán exigibles cuando se efectúe alguna de las Conferencias Generales de las Partes en el Organismo o cuando se constituya temporalmente en el país alguna de sus misiones.
Por lo expuesto, decidió, por unanimidad, aprobar la Convención en informe y os propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo en los mismos términos en que, por unanimidad, lo hizo el honorable Senado, es decir, en los siguientes:
“Artículo único.- Apruébase la “Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina (Opanal)”, adoptada en Ciudad de México, el 23 de diciembre de 1969.”.
c) Designación de Diputado Informante.
Esta designación recayó, por unanimidad, en el honorable Diputado TEODORO RIBERA SOTO.
d) Constancias reglamentarias.
Para los efectos de los Nºs. 2 y 4 del artículo 287 del Reglamento de la honorable Corporación, se os hace constar que este instrumento no contiene disposiciones de quórum calificado ni de rango orgánico constitucional y que los Nº 4 y 6 del artículo 2; letra d) del Nº 2 y Nº 3 del artículo 5 inciden en materias que debieran ser informadas por la honorable Comisión de Hacienda.
Acordado en sesiones de los días 2 y 16 de mayo de 1995, y 16 de julio de 1996, con asistencia de los Diputados señores Dupré Silva, don Carlos y Fuentealba Vildósola, don Renán (Presidentes de la Comisión); Balbontín Arteaga, don Ignacio ; Bombal Otaegui, don Carlos ; Caminondo Sáez, don Carlos ; Escalona Medina, don Camilo ; Jocelyn-Holt Letelier, don Tomás ; Letelier Morel, don Juan Pablo ; Longton Guerrero, don Arturo ; Moreira Barros, don Iván ; Munizaga Rodríguez, don Eugenio ; Pizarro Soto, don Jorge ; Prochelle Aguilar, doña Marina ; Sota Barros, don Vicente ; Urrutia Cárdenas, don Salvador , y Valcarce Medina, don Carlos.
SALA DE LA COMISIÓN, a 16 de julio de 1996.
(Fdo.): FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Secretario de la Comisión.”
CONVENCIÓN SOBRE PRERROGATIVAS E INMUNIDADES
DEL ORGANISMO PARA LA PROSCRIPCIÓN DE
LAS ARMAS NUCLEARES EN LA AMÉRICA LATINA (OPANAL)
Las partes contratantes,
Considerando que el 12 de febrero de 1967 los Estados miembros de la Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de la América Latina aprobaron por unanimidad el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina ( Tratado de Tlatelolco ).
Considerando que en el Artículo 22 del Tratado de Tlatelolco se estableció que el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina (Opanal), en adelante denominado “el Organismo”, gozará en el territorio de cada una de las Partes Contratantes, de la capacidad jurídica y de las prerrogativas e inmunidades necesarias para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos, convienen en lo siguiente:
Personalidad jurídica
ARTÍCULO 1
El Organismo tendrá personalidad jurídica y, en particular, la capacidad para celebrar toda clase de actos y contratos permitidos por las leyes del Estado respectivo y podrá intervenir en toda acción judicial o administrativa en defensa de sus intereses.
Bienes
ARTÍCULO 2
1. El Organismo y sus bienes en cualquier parte y en poder de cualquier persona gozarán de inmunidad de todo procedimiento judicial, a excepción de los casos en que renuncie expresamente a esa inmunidad. Se entiende, sin embargo, que esa renuncia no se aplicará a ninguna medida judicial ejecutoria.
2. Los locales del Organismo serán inviolables. Los bienes del Organismo dondequiera que se encuentren y en poder de quienquiera que sea, gozarán de inmunidad de allanamiento, requisición, confiscación y expropiación y contra toda otra forma de interferencia, ya sea de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo.
3. Los archivos del Organismo y, en general, todos los documentos que le pertenezcan o se hallen en su posesión, serán inviolables dondequiera que se encuentren.
4. Sin verse afectados por ordenanzas fiscales, reglamentos o moratorias de naturaleza alguna:
a) el Organismo podrá tener fondos o divisas corrientes de cualquier clase y llevar sus cuentas en cualquier divisa;
b) el Organismo tendrá libertad para transferir sus fondos o divisas corrientes de un país a otro o dentro de cualquier país, y para convertir a cualquier otra divisa la que tenga en custodia.
5. En el ejercicio de sus derechos conforme al párrafo precedente, el Organismo prestará la debida atención a toda representación de los Gobiernos de cualquier miembro hasta donde se considere que dichas representaciones se pueden tomar en cuenta sin detrimento de los intereses del Organismo.
6. El Organismo y sus bienes estarán exentos:
a) de toda contribución directa, entendiéndose, sin embargo, que el Organismo no podrá reclamar exención alguna por concepto de contribuciones que, de hecho, constituyan una remuneración por servicios públicos;
b) de derechos de aduana, prohibiciones y restricciones respecto a los artículos que importen o exporten para su uso oficial. Se entiende, sin embargo, que los artículos que se importen libres de derechos no se venderán en el país donde sean importados sino conforme a las condiciones que se acuerden con las autoridades de ese país;
c) de derechos de aduana, prohibiciones y restricciones respecto a la importación y exportación de sus publicaciones.
Facilidades de Comunicaciones
ARTÍCULO 3
1. El Organismo gozará, en el territorio de cada uno de sus Miembros, para sus comunicaciones oficiales, de facilidades de comunicación no menos favorables que aquellas acordadas por el Gobierno de ese Miembro o cualquier otro Gobierno, inclusive las misiones diplomáticas, en lo que respecta a prioridades, contribuciones e impuestos sobre correspondencia, cables, telegramas, radiogramas, telefotos, teléfonos, y otras comunicaciones, como también tarifas de prensa para material de información destinado a la prensa y radio. Ninguna censura será aplicada a la correspondencia u otras comunicaciones oficiales del Organismo.
2. El Organismo gozará del derecho de usar claves y de despachar y recibir su correspondencia, ya sea por estafeta o valija, las cuales gozarán de las mismas inmunidades y privilegios que los concedidos a estafetas y valijas diplomáticas.
Representantes de los Miembros
ARTÍCULO 4
1. Se acordará a los representantes de los Miembros en los órganos principales y subsidiarios, y a los representantes a las conferencias convocadas por el Organismo, mientras éstos se encuentran desempeñando sus funciones o se hallen en tránsito al lugar de reunión y a su regreso, las siguientes prerrogativas e inmunidades:
a) inmunidades de detención o arresto personal y embargo de su equipaje personal, o inmunidad contra todo procedimiento judicial, respecto a todos sus actos y expresiones ya sean orales o escritas, en tanto se encuentren desempeñando sus funciones en dicha capacidad;
b) inviolabilidad de todo papel o documento;
c) el derecho de usar claves y recibir documentos y correspondencia por estafeta o valija sellada;
d) exención con respecto a los representantes y sus cónyuges de toda restricción de migración y registro de extranjeros, de todo servicio de carácter nacional en el país que visiten o por el cual pasen en el desempeño de sus funciones;
e) las mismas franquicias acordadas a los representantes de Gobiernos extranjeros en misión oficial temporal, por lo que respecta a las restricciones sobre divisas extranjeras;
f) las mismas inmunidades y franquicias respecto a sus equipajes personales, acordadas a los agente diplomáticos, y también;
g) aquellas otras prerrogativas, inmunidades y facilidades compatibles con lo antedicho, de las cuales gozan los agentes diplomáticos, con la excepción de que no podrán reclamar exención de derechos aduaneros, sobre mercaderías importadas que no sean parte de su equipaje personal, o de impuestos de venta y derechos de consumo.
2. A fin de garantizar a los representantes de los Miembros en los órganos principales y subsidiarios del Organismo, y en las conferencias convocadas por el Organismo, la libertad de palabra y la completa independencia en el desempeño de sus funciones, la inmunidad de procedimiento judicial, respecto a expresiones ya sean orales o escritas, y todos los actos ejecutados en el desempeño de sus funciones, seguirá siendo acordada a pesar de que las personas afectadas ya no sean representantes de los Miembros.
3. Cuando la aplicación de cualquier forma de impuesto dependa de la residencia, los períodos en que los representantes de Miembros de los órganos principales y subsidiarios del Organismo, y de conferencias convocadas por el Organismo, permanezcan en un país desempeñando sus funciones, no se estimarán para estos efectos como períodos de residencia.
4. Se concederán prerrogativas o inmunidades a los representantes de los Miembros no en provecho propio sino para salvaguardar su independencia en el ejercicio de sus funciones en relación con el Organismo. Por consiguiente, un Miembro no sólo tiene el derecho sino la obligación de renunciar a la inmunidad de su representante, en cualquier caso en que, según su propio criterio, la inmunidad entorpeciera el curso de la justicia, y cuando puede ser renunciada sin perjudicar los fines para los cuales la inmunidad fue otorgada.
5. Las disposiciones de los párrafos 2, 3 y 4, no podrán ser invocadas contra las autoridades del Estado del cual la persona de que se trate sea nacional o sea o haya sido representante.
6. La expresión “representante”, empleada en el presente artículo, comprende a todos los representantes, así como a los representantes alternos, asesores y expertos.
Funcionarios
ARTÍCULO 5
1. El Secretario General del Organismo determinará las categorías de los funcionarios a quienes se aplican las disposiciones de este artículo. Someterá la lista de estas categorías a la Conferencia General y después serán comunicadas periódicamente a los Gobiernos de todos los Miembros.
2. Los funcionarios del Organismo:
a) estarán inmunes de todo proceso judicial respecto a palabras escritas o habladas y a todos los actos ejecutados, en su carácter oficial;
b) estarán inmunes, tanto ellos como sus cónyuges e hijos menores de edad, de toda restricción de migración y de registro de extranjeros;
c) se les dará a ellos, y a sus cónyuges e hijos menores de edad, las mismas facilidades de repatriación en época de crisis internacional, de que gozan los agentes diplomáticos;
d) podrán importar, libres de derechos, sus muebles y efectos, en ocasión de su ingreso al país para ocupar su cargo.
3. Los funcionarios del Organismo, salvo en el país de su nacionalidad:
a) estarán exentos de impuestos sobre los sueldos y emolumentos pagados por el Organismo;
b) estarán exentos de todo servicio de carácter nacional;
c) disfrutarán, por lo que respecta en movimiento internacional, de fondos, franquicias iguales a las que disfrutan funcionarios de categoría equivalente, pertenecientes a las misiones diplomáticas ante el Gobierno respectivo.
4. Además de las prerrogativas e inmunidades especificadas en los dos párrafos anteriores, se acordarán al Secretario General del Organismo y a su cónyuge e hijos menores de edad las prerrogativas e inmunidades, exenciones y facilidades que se otorgan a los agentes diplomáticos, de acuerdo con el Derecho Internacional.
5. Las prerrogativas e inmunidades se otorgan a los funcionarios en interés del Organismo y no en provecho de los propios individuos. El Secretario General del Organismo tendrá el derecho y el deber de renunciar a la inmunidad de cualquier funcionario, en cualquier caso en que, según su propio criterio, la inmunidad impida el curso de la justicia y pueda ser renunciada sin que se perjudiquen los intereses del Organismo.
6. El Organismo cooperará siempre con las autoridades competentes de los Miembros para facilitar la administración adecuada de justicia, velar por el cumplimiento de las ordenanzas de policía y evitar que ocurran abusos en relación con las prerrogativas, inmunidades y facilidades mencionadas en este artículo.
Inspectores y expertos en misiones del Organismo
ARTÍCULO 6
1. A los inspectores y expertos del Organismo (aparte de los funcionarios comprendidos en el Artículo 5), en el desempeño de misiones del Organismo, se les otorgarán las prerrogativas e inmunidades que sean necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones y, durante el período de sus misiones, inclusive el tiempo necesario para realizar los viajes relacionados con las mismas. En especial, gozarán de:
a) inmunidad de arresto y detención y del embargo de su equipaje personal;
b) inmunidad de toda acción judicial respecto a palabras habladas o escritas y a sus actos en el cumplimiento de su misión. Esta inmunidad de toda acción judicial continuará aunque las personas interesadas hayan cesado ya de trabajar en misiones para el Organismo;
c) inviolabilidad de todo papel y documento;
d) para los fines de comunicarse con el Organismo, el derecho a usar claves y de recibir papeles o correspondencia por estafeta o en valijas selladas;
e) en lo que respecta a moneda o regulaciones de cambio, salvo en el país de su nacionalidad, las mismas facilidades que se dispensan a los representantes de Gobiernos extranjeros en misiones oficiales temporales;
f) las mismas inmunidades y facilidades con respecto a su equipaje personal, que las que se dispensan a los agentes diplomáticos;
g) inmunidad, tanto ellos como sus cónyuges e hijos menores de edad, de toda restricción de migración y de registro de extranjeros.
2. Las prerrogativas e inmunidades se conceden a los inspectores y expertos en beneficio del Organismo y no en provecho de los propios individuos. El Secretario General del Organismo tendrá el derecho y el deber de renunciar a la inmunidad de cualquier inspector o experto, en cualquier caso en que a su juicio la inmunidad impida el curso de la justicia y pueda renunciarse a ella sin que se perjudiquen los intereses del Organismo.
Solución de controversias
ARTÍCULO 7
1. El Organismo tomará las medidas adecuadas para la solución de:
a) controversias originadas por contratos u otras controversias de derecho privado en las que sea parte el Organismo;
b) controversias en que esté implicado un funcionario del Organismo, que por razón de su cargo oficial disfruta de inmunidad, si el Secretario General del Organismo no ha renunciado a la inmunidad de dicho funcionario.
2. Las controversias que surjan de la interpretación o aplicación de la presente Convención, podrán ser referidas a la Corte Internacional de Justicia, a menos que, en un caso determinado, las Partes convengan en recurrir a otra vía de solución. Si surge una diferencia de opinión entre el Organismo y un Miembro se podrá solicitar una opinión consultiva sobre cualquier cuestión legal conexa, de acuerdo con el artículo 96 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y el artículo 65 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La opinión que emita la Corte será aceptada por las partes como decisiva.
Disposiciones finales
ARTÍCULO 8
1. La presente Convención, una vez que haya sido aprobada por la Conferencia General del Organismo, quedará abierta a firma de todos los Estados Miembros.
2. Entrará en vigor para los Estados Miembros del Organismo que la suscriban en la fecha en que entreguen el respectivo instrumento de ratificación al Secretario General del Organismo.
3. El Secretario General del Organismo informará a todos los Miembros del depósito de cada instrumento de ratificación.
Hecho en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de diciembre del año mil novecientos sesenta y nueve:
Conforme con su original
(Fdo.): JOSÉ MIGUEL INSULZA SALINAS , Subsecretario de Relaciones Exteriores.”
4. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de acuerdo aprobatorio de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina (Opanal). (boletín Nº 1271-10) (S)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Hacienda pasa a informaros, en segundo trámite constitucional, el proyecto de Acuerdo mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República.
Asistió a la Comisión durante el estudio del proyecto el señor José Miguel Insulza , Ministro de Relaciones Exteriores.
El propósito de la iniciativa consiste en aprobar la referida Convención que reconoce a Opanal, en el territorio de cada una de las partes contratantes, la capacidad jurídica y las prerrogativas e inmunidades necesarias para el ejercicio de sus funciones. Dicho Organismo fue establecido en el ámbito del “Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina” o “Tratado de Tlatelolco”, para que velara por la utilización pacífica del material e instalaciones nucleares en sus respectivos territorios.
La normativa internacional propuesta consta de ocho artículos, en los que se establecen las prerrogativas e inmunidades que se otorgan a Opanal, a los representantes de los Estados Miembros y a los funcionarios, inspectores y expertos de dicho Organismo.
El señor Ministro de Relaciones Exteriores hizo presente en la Comisión que la Convención sometida a la aprobación del Congreso, por el proyecto de Acuerdo en informe, se encuentra vigente a nivel internacional, razón por la que sería conveniente la participación de Chile no obstante que la sede de Opanal está en México y que en nuestro país no funciona ninguno de sus órganos permanentes.
La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de los números 4 y 6 del artículo 2; de la letra d) del Nº 2 y del Nº 3 del artículo 5, de la Convención aprobada por ella.
En relación con el articulado del Convenio antes referido, cabe señalar lo siguiente:
En el número 4 del artículo 2, se señala que el Organismo podrá tener fondos o divisas corrientes de cualquier clase, llevar sus cuentas en cualquier divisa, transferir sus fondos o divisas corrientes de un país a otro o dentro de cualquier país, libremente, y convertir a cualquier otra divisa la que tenga en custodia.
En el número 6 del artículo 2, se declara que el Organismo y sus bienes estarán exentos de toda contribución directa; de derechos de aduana, prohibiciones y restricciones respecto a los artículos que importen o exporten para su uso oficial y de sus publicaciones.
En el artículo 5 números 2 letra d) y 3, se dispone la exención de impuestos sobre los sueldos y emolumentos pagados a los funcionarios del Organismo, salvo que sus servicios los preste en el Estado de su nacionalidad, pudiendo importar, libres de derechos, sus muebles y efectos, con ocasión de su ingreso al país para ocupar su cargo.
En consideración a los antecedentes expuestos, la Comisión acordó por unanimidad sugerir a la Sala de la Corporación la aprobación del proyecto de Acuerdo que aprueba la “Convención sobre prerrogativas e inmunidades del Organismo para la proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina (Opanal)”, adoptada en Ciudad de México, el 23 de diciembre de 1969.
SALA DE LA COMISIÓN, a 2 de abril de 1997.
Acordado en sesión de fecha 1 de abril de 1997, con la asistencia de los Diputados señores Montes, don Carlos ( Presidente ); Galilea, don José Antonio ; García, don José ; Jocelyn-Holt, don Tomás ; Jürgensen, don Harry ; Longueira, don Pablo ; Makluf, don José ; Ortiz, don José Miguel ; Palma, don Andrés ; Rebolledo , señora Romy , y Schaulsohn, don Jorge.
Se designó Diputado Informante al señor SCHAULSOHN, don JORGE.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Secretario de la Comisión.”