Labor Parlamentaria

El señor MONTES ( Presidente ).-

En el Orden del Día, corresponde tratar, en tercer trámite constitucional, las modificaciones del honorable Senado al proyecto que concede beneficios al personal del Servicio de Impuestos Internos, del Consejo de Defensa del Estado, de la Dirección de Presupuestos y de las Fuerzas Armadas, y dispone otras normas sobre racionalización del sector Hacienda.

El Senado ha introducido modificaciones a los artículos 24 y 2º, 8º y 15 transitorios.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, boletín Nº 2298-05, sesión 40ª, en 14 de septiembre de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 7.

El señor ORTIZ .-

Señor Presidente, intervengo en nombre de mi bancada, por haber sido informante del proyecto en su primer trámite constitucional y porque la mayoría de los trece miembros titulares de la Comisión de Hacienda fuimos garantes, y el Ejecutivo cumplió su parte, del aumento de remuneraciones del personal del Servicio de Impuestos Internos y de la Dirección de Presupuestos. Lo relativo al Consejo de Defensa del Estado y de las Fuerzas Armadas lo vio directamente el Ejecutivo con las autoridades pertinentes.

El proyecto en estudio introduce elementos de mejoramiento de la gestión, concede o incrementa determinados beneficios remuneratorios y efectúa ajustes a las plantas del personal del Servicio de Impuestos Internos, del Consejo de Defensa del Estado y de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. También está encaminado a resolver significativas diferencias de rentas con sectores homologables y a asumir los serios problemas de captación, mantención y desarrollo de recursos humanos. Además, corrige aspectos estructurales críticos y específicos que enfrentan dichos servicios y consagra normas destinadas a alcanzar mejoras en la productividad de las instituciones del sector Hacienda, entre ellas, la Dirección de Aprovisionamiento del Estado.

En mi nombre y en el del diputado señor Silva , quiero manifestar nuestra satisfacción por el hecho de que el Senado, en el segundo trámite constitucional, acogiera lo aprobado por la mayoría de los diputados, en cuanto a quitar una facultad al director del Servicio de Impuestos Internos y a hacer un reconocimiento a las organizaciones sindicales y gremiales de ese servicio, en especial a los fiscalizadores. Nos alegra que ellos también hayan ratificado la indicación que patrocinamos en la Comisión de Hacienda, junto con el diputado Jaramillo.

Tal como lo señaló el señor Presidente , son tres las modificaciones del Senado al proyecto: al artículo 24, que faculta al Presidente de la República para dictar un decreto con fuerza de ley, con el objeto de modificar el estatuto del personal de las Fuerzas Armadas, fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1997, del Ministerio de Defensa.

En el informe financiero complementario, se plantea que el mayor gasto que irrogue en el presente año la aplicación de dicho artículo se financiará con cargo al subtítulo 21 del presupuesto de las instituciones de las Fuerzas Armadas, en la forma dispuesta en el artículo 15 transitorio de este proyecto de ley.

Por otro lado, la segunda modificación, tal como lo adelantó el señor Presidente , tiene que ver con el artículo 2º transitorio, y, para decirlo en forma muy clara y precisa, a fin de que lo entienda toda la gente que nos está viendo a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados, significa lo siguiente: para el personal del Servicio de Impuestos Internos había un ingreso variable, que dependía y depende del aspecto tributario, y como es una realidad que la captación de tributos ha bajado, se estaba cometiendo una injusticia con el personal de dicho servicio. La indicación del Ejecutivo sustituye el artículo 2º transitorio, a fin de eliminar el guarismo 0,8 que corresponde aplicar a las asignaciones establecidas en los artículos 4º y 7º de este proyecto. De esa manera, en vez de otorgarse estos beneficios en tres años, se concederán en dos. El costo fiscal máximo que representa la aplicación de esta iniciativa para el año 2000 es de 1.477 millones.

La otra modificación tiene que ver con el Consejo de Defensa del Estado, que, desde el punto de vista del encasillamiento de su personal, tal como se despachó el proyecto por la Cámara, establecía que podrá excluirse del mismo un número de funcionarios que no exceda del 10 por ciento del total de cargos de la planta.

Los gremios de ese Consejo plantearon la inquietud de que algunas personas podrían quedar cesantes debido a la facultad de encasillar. Para tal efecto, en el Senado se dispuso que esto se puede hacer, siempre y cuando se dicte una resolución fundada que establezca que el funcionario no cumple con los requisitos exigidos para ocupar un cargo en la nueva planta.

Por otro lado, el artículo 15 transitorio señala que el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley para el presente año, será financiado con los recursos contemplados en los respectivos presupuestos, y si éstos no alcanzaran, serán complementados con cargo al ítem 50-01-05 de la partida Tesoro Público de la ley de Presupuestos vigente.

Quiero terminar expresando que el proyecto comienza a hacer justicia a personales del Servicio de Impuestos Internos, del Consejo de Defensa del Estado, de la Dirección de Presupuestos y de las Fuerzas Armadas, pues contempla estos beneficios especialmente para el de más bajo grado, algo que a los parlamentarios de la Concertación nos interesa que quede claramente establecido en este tercer trámite.

Por eso, anuncio que votaremos favorablemente todas las modificaciones del Senado.

He dicho.

El señor MONTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Longton.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, quiero referirme a un tema importante, relacionado con este tipo de proyectos.

Desde ya, anuncio que votaremos a favor las modificaciones del Senado, pero creo que es tiempo de que la Cámara adopte conductas distintas de las que hemos seguido durante casi diez años. Me refiero a las delegaciones de facultades al Presidente de la República para que fije plantas en la Administración Pública, a través de decretos con fuerza de ley; para que conceda beneficios económicos, como los que estamos otorgando hoy, de los cuales, finalmente, la Cámara de Diputados no se entera, porque todo parece secreto de Estado. Además, ni siquiera tiene conocimiento de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas, de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y del Consejo de Defensa del Estado.

Es importante señalar esto, porque en más de una ocasión se nos ha criticado por altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de directores de servicios, por los beneficios que estamos otorgando. La respuesta es que no sabemos exactamente cuánto ganan. Es relevante tener a la vista, si estamos concediendo beneficios económicos, el monto de las remuneraciones y el porcentaje del sueldo base que estamos dando a los beneficiarios de la ley.

Por lo tanto, junto con hacer esta salvedad, habría que pedir al Presidente de la República , seguramente en Incidentes y a través de un oficio, que envíe algún proyecto de ley para que, paulatina y progresivamente, la Cámara, en particular, y el Congreso, en general, conozcan las remuneraciones totales del personal que trabaja en la Administración Pública.

He dicho.

El señor MONTES (Presidente).-

Entiendo que los antecedentes están en las Comisiones de Defensa y de Hacienda, señor diputado.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Corresponde votar las modificaciones del Senado.

Propongo realizar una sola votación para las enmiendas al artículo 24 y a los artículos 2º, 8º y 15 transitorios.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

El señor PALMA (don Andrés) .-

Señor Presidente , como el diputado señor Longton hizo una observación a la modificación al artículo 24, solicito que se vote por separado.

El señor MONTES (Presidente).-

Bien, señor diputado.

En votación la modificación del Senado al artículo 24.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor MONTES (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Acuña, Alvarado, Allende (doña Isabel), Ávila, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo (don Patricio), Correa, Delmastro, Dittborn, Elgueta, Encina, Fossa, García (don René Manuel), García (don José), González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Jaramillo, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Kuschel, Leal, León, Longton, Martínez (don Rosauro), Molina, Monge, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Recondo, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Rozas (doña María), Salas, Sánchez, Ulloa, Urrutia, Van Rysselberghe, Vega, Velasco, Venegas y Walker (don Patricio).

El señor MONTES ( Presidente ).-

En votación las modificaciones del Senado a los artículos 2º, 8º y 15 transitorios.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor MONTES (Presidente).-

Aprobadas.

Despachado el proyecto.

(Aplausos en tribunas).

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Acuña, Aguiló, Alvarado, Allende (doña Isabel), Ávila, Bustos, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo (don Patricio), Correa, Delmastro, Dittborn, Elgueta, Encina, Fossa, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Kuschel, Leal, León, Longton, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Molina, Monge, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Recondo, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Rozas (doña María), Salas, Ulloa, Urrutia, Van Rysselberghe, Vega, Velasco, Venegas, Vilches y Walker (don Patricio).

El señor MONTES ( Presidente ).-

En seguida, corresponde conocer, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto que modifica la ley Nº 12.927, sobre seguridad del Estado, con el fin de acotar los delitos contra el orden público y las facultades de los tribunales para requisar libros o textos en delitos contra la seguridad del Estado.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Gabriel Ascencio.

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Constitución, sesión 42ª, en 16 de septiembre de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 9.

El señor MONTES ( Presidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor Elgueta, miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente , como debe recordar esta honorable Cámara, este proyecto de ley, en primer lugar, tiene como idea fundamental suprimir como delito contra el orden público la calumnia, la difamación o la injuria en contra del Presidente de la República , ministros de Estado , senadores o diputados, miembros de los tribunales superiores de justicia, contralor general de la República , comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y general director de Carabineros.

En segundo lugar, elimina la facultad de los tribunales en los delitos contra la seguridad del Estado cometidos por medio de la imprenta, la radio o la televisión, para ordenar la suspensión de las publicaciones del diario o revista culpables o las transmisiones de la radio o canal de televisión infractores, o la requisición inmediata y total de toda edición en que aparezca de manifiesto algún abuso de publicidad penado por la ley.

Es menester mencionar que actualmente existe un proceso por haberse publicado “El libro negro de la justicia”, cuya autora -ade-más de haberse requisado en forma previa los ejemplares- debió salir del país e, incluso, pidió asilo político en Estados Unidos, lo que le fue concedido.

En tercer lugar, restringe la facultad de los tribunales para disponer, en todo proceso que se incoe de acuerdo con la ley de seguridad del Estado, la incautación de los impresos, libros, panfletos, discos, películas, cintas magnéticas y todo otro objeto que parezca haber servido para cometer el delito, excepto los que sean estrictamente necesarios para acreditar la comisión del delito.

En cuarto lugar, suprime las normas especiales de responsabilidad previstas en la ley de seguridad del Estado y las diversas presunciones de autoría que contempla, con el fin de restablecer la plena vigencia de las normas generales del derecho que rigen en la materia, y de las especiales, previstas en la ley Nº 16.643, sobre abusos de publicidad.

Por otro lado, como se estableció en la discusión general, no se quiso dejar en descubierto la posibilidad de sancionar a quienes injurien o calumnien al Presidente de la República , a los diputados, senadores, miembros de los tribunales superiores de justicia, contralor general de la República , comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, general director de Carabineros y director general de la Policía de Investigaciones, en su carácter de tales.

Se modificó el Código Penal, señalando que se haría aplicable en esta situación la circunstancia agravante 13ª del artículo 12 del Código Penal, con lo que se da por sentado que el acto se ha ejecutado en desprecio u ofensa de la autoridad pública o en el lugar en que se hallare ejerciendo sus funciones.

Además, en esta segunda discusión en particular se indicaron dos situaciones importantes con respecto a la competencia y al procedimiento de los tribunales para conocer estas injurias o calumnias en contra de las autoridades.

En primer lugar, se establece como tribunal competente a un ministro de la corte de apelaciones, para lo cual se modifica la disposición respectiva del Código Orgánico de Tribunales. En segundo lugar, se dispone que el procedimiento a que se sujetará esta causa es el del juicio procesal penal ordinario. En consecuencia, regirá el sumario, el cual no podrá durar más de treinta días, plazo que puede ser prorrogable por una sola vez y hasta por igual tiempo, mediante resolución fundada.

La prueba deberá rendirse dentro de los ocho días siguientes a la notificación de la resolución que recibe la causa a prueba. El tribunal podrá prorrogar este plazo hasta por doce días en casos calificados. Vencido el término probatorio y sin más trámite, el tribunal dictará sentencia dentro del plazo de cinco días.

Con esto quedan zanjadas las dificultades que se manifestaron durante la discusión general del proyecto en relación con la necesidad de otorgar protección a la institucionalidad democrática, especialmente a las autoridades que sustentan este régimen, porque al suprimirse la difamación, la injuria y la calumnia como delito contra el orden público en contra de estas autoridades, se pensaba que ellas quedarían absolutamente en descubierto, que estos delitos serían impunes y que no habría posibilidad de sancionarlos.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobó esta norma, con el voto en contra o la abstención de uno de los diputados.

Finalmente, cabe mencionar que existe un artículo que debe aprobarse con quórum orgánico constitucional, ya que modifica el Código Orgánico de Tribunales en materia de competencias.

Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

He dicho.

El señor MONTES ( Presidente ).-

Tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán.

La señora GUZMÁN (doña Pía) .-

Señor Presidente, ya he intervenido en relación con este proyecto de ley que deroga normas de la ley de seguridad del Estado, las cuales vulneran una de las libertades más preciadas en un sistema democrático: la libertad de expresión. Incluso, creo que mis expresiones fueron malentendidas o causaron cierto escándalo.

Sin embargo, hoy quiero ahondar en algunos de esos criterios y expresar mi satisfacción respecto del texto que hemos logrado concordar en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, porque la finalidad perseguida con la derogación de normas de la ley de seguridad del Estado, desde hace diez años, es tratar de profundizar y consolidar nuestro sistema democrático.

Estas normas son importantes, aunque no sean propiamente institucionales, porque no tiene que ver con la organización del Estado, pero sí se relacionan con la cultura, la manera en que vivimos el sistema democrático, la libertad para opinar, decir lo que se estime conveniente, criticar y hacer las observaciones que las autoridades requieren para encaminar su trabajo cotidiano.

En segundo lugar, mi concepto de democracia no se relaciona con otros más o menos antiguos, sino con lo que expresan algunas autoridades. Mi idea de autoridad se aleja de la majestad de los cargos; por el contrario, se acerca a la persona que cotidianamente camina en las calles y está en contacto con los electores, a los cuales sirve. Como dije alguna vez, este principio es más antiguo, pues tiene que ver con que los cargos no se ejercen, sino que se sirven.

También quiero recalcar, y vuelvo a señalar que los cargos que se sustentan implican un contrato de tracto sucesivo: el de la autoridad y sus electores, que se ejerce día a día entregándoles lo que ellos necesitan, pero también abriéndose hacia las críticas y a lo que ellos quieran señalar y juzgar respecto de nuestra actuación.

Se me ha dicho que enfrentamos un sistema de medios de comunicación social que no trabaja con responsabilidad y frente al cual nosotros, las autoridades, nos estamos despojando de cualquiera posibilidad de defendernos en forma eficiente en relación a posibles rumores, noticias falsas o hechos con los cuales se quiera dañar nuestra reputación.

Quiero contestar que la penalización de conductas, como injuria, calumnia, difamación, desacato o amenaza, no va a derivar en medios de comunicación social más responsables. Por el contrario, en la medida en que las penas que se les aplican son menores y que después se conmutan o remiten, en realidad, no tienen sanción.

Creo que debemos avanzar con audacia y decisión hacia una reforma del Código Penal que, en definitiva, despenalice las conductas que dicen relación con la injuria, calumnia, difamación y amenaza. Por el contrario, ir hacia un sistema de responsabilidad extracontractual, de responsabilidad civil por el daño moral que se comete contra aquellas personas que han sido injuriadas. Sólo a través de las indemnizaciones, que implican meter la mano al bolsillo de los medios de comunicación para pagar por los daños causados, van a ser más responsables en cuanto a no emitir noticias falsas.

Si la Cámara quiere ser moderna y avanzar en democracia, en la consolidación de las libertades personales y en materia de responsabilidad de los medios de comunicación, debe dar este paso audaz de despenalizar conductas y avanzar en un procedimiento indemnizatorio simple.

Mientras tanto -y ojalá sea una transición corta, que dependa sólo de nosotros- el proyecto, tal como salió de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, me parece conveniente.

Primer punto importante, se deroga la norma del artículo 6º, letra b), de la ley de seguridad del Estado. Esto significa que las injurias, calumnias o difamaciones eventuales, que quedan sujetas a la subjetividad de la persona que se siente dañada cuando son dirigidas hacia ciertas autoridades que todos conocemos, no van a constituir un atentado contra el orden público, pues se eliminan de la ley.

En concreto, esto significa que, como autoridades, sólo quedamos protegidos por el Código Penal, como todos los ciudadanos, salvo que haya una agravante en caso de que la injuria o calumnia se haya cometido respecto de las autoridades, que sólo eleva el piso de la pena que será aplicada.

El segundo punto importante dice relación con la derogación de los artículos 16, 17, 18 y 19 de la ley de seguridad del Estado, derogación que no es menor, ya que cualquiera que sea el delito contemplado y que se mantiene vigente en la ley, no va a ser posible la requisición de libros, revistas o la suspensión de programas. Esto es importante porque no sólo va a afectar al delito cuya responsabilidad derogamos, sino a todos aquellos que contempla la ley de seguridad del Estado. También lo es porque los artículos 16 y siguientes establecían una condena anticipada al medio de comunicación, al libro o a lo que fuere. Ello no va a ser posible.

Por último, es importante que las autoridades que están protegidas de la injuria y calumnia agravada van a tener un procedimiento especial, rápido y expedito, que va a permitir que se resuelvan en forma muy acelerada todas las acciones y querellas que se intenten por los delitos de injuria, calumnia o difamación.

Por tanto, creo que aunque lo ideal sería avanzar mucho más en la materia, para una etapa de transición el proyecto está equilibrado y armónico.

En consecuencia, anuncio mi voto favorable.

He dicho.

El señor MONTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Riveros.

El señor RIVEROS.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero valorar el contenido del proyecto, porque tiene el mérito de hacer frente a dos aspectos que en la legislación vigente contradicen de manera manifiesta la amplitud que debe tener la libertad de información en un sistema democrático.

Primero, para determinado conjunto de personas existe un tipo penal especial, como es en este caso la difamación. Eliminarla como tipo penal especial para determinadas personas constituidas en autoridades, me parece un paso significativo porque iguala la situación al conjunto de los miembros de la sociedad, al dejar los tipos penales tradicionales en esta materia, como la injuria y la calumnia.

En segundo lugar, elimina aquella facultad que hoy está radicada en los tribunales de justicia cuando conocen una causa: la de requisar o suspender la circulación de los impresos, sean estos diarios, revistas u otro tipo de publicaciones; o suspender también las emisiones a través de otros medios de comunicación, televisivos o radiofónicos.

Es significativo destacar esto porque cuando existen figuras de esa naturaleza, radicadas en cualquiera autoridad, administrativa o judicial, en la práctica se da curso a una censura. De tal manera que cuando eliminamos esta facultad, a través de una disposición legal, estamos en consonancia con lo que señala la propia norma constitucional, en el sentido de que en Chile no se admite la censura.

Queda pendiente, por cierto, lo que se refiere a eliminar la práctica y la normativa acerca de la censura cinematográfica, que no es materia del proyecto. Lo que es materia de este cuerpo legal se logra de manera significativa y debemos celebrarlo.

Con esto no se va a permitir, en la práctica, un cuadro de censura al requisar impresos o suspender otro tipo de expresiones cuando hay todavía riesgo -no comprobado, no sancionado, no sentenciado- de la existencia de injurias y calumnias; con esto se colocan las cosas en el sentido correcto, es decir, que exista plena libertad de expresión y de información, por una parte, y un adecuado estatuto de responsabilidad, por otra, que actúa en el caso de que se haya cometido delito de injurias o de calumnias y afectado la honra de una persona. Eso queda protegido.

Además, para el caso de que existan personas investidas de determinada autoridad, la norma procesal que se establece aquí, al hacer aplicable en este caso las normas del artículo 50 del Código Orgánico de Tribunales, está amparando un hecho que también tratamos de resguardar al legislar, en el sentido de que haya un procedimiento rápido, efectivo y radicado en una instancia judicial apropiada, como es un ministro de corte de apelaciones.

De manera que anuncio, con satisfacción, que concurriré con mi voto favorable, porque estamos dando un paso muy adecuado para resguardar la libertad de información, ajustando nuestra normativa, además, al moderno derecho internacional en esta materia, que siempre debiéramos tener como punto de referencia para proteger derechos fundamentales de las personas, uno de los cuales es, particularmente en un sistema democrático como el chileno, que exista amplia libertad de información, de opinión y de expresión.

He dicho.

El señor ORTIZ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el honorable diputado señor Antonio Leal.

El señor LEAL .-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero subrayar las consecuencias y la gravedad del fallo del magistrado Huerta, en virtud de la querella del magistrado Jordán , respecto del caso específico de Alejandra Matus, el cual, de alguna manera, ha motivado que aceleráramos la revisión del artículo 6º, letra b), de la ley de seguridad interior del Estado, y que pudiéramos abrir una reflexión respecto del tema.

Creo que es grave para Chile el hecho de que Estados Unidos le haya concedido asilo; que la comunidad internacional tenga que comprobar que una periodista prestigiosa, como Alejandra Matus, no puede vivir en su país porque ha realizado una investigación sobre los tribunales de justicia, sobre la Corte Suprema, y por ello se encuentra amenazada en su libertad.

Creo que es grave para el país el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya comenzado a discutir este tema, porque todo esto demuestra los límites de la democracia y de las libertades que hemos sido capaces de construir durante diez años.

Ciertamente, la ley de seguridad interior del Estado corresponde a una fase del desarrollo del país donde estos temas eran restringidos; a una fase donde una ley, con connotación claramente autoritaria, entraba a regular las relaciones culturales ideales del país. Pero han pasado 50 años, muchos años, el mundo ha cambiado radicalmente y nosotros seguimos teniendo una ley de seguridad interior del Estado para regular estos temas. Yo estaría -como lo dije alguna vez en la Comisión- por modificar radicalmente esta ley o por eliminarla, porque no la considero válida, sino un instrumento negativo desde el punto de vista de la configuración de una institucionalidad democrática que debe regirse por principios distintos. Sin embargo, me parece que estamos dando un paso adelante de gran importancia, porque este proyecto de ley y sus modificaciones permiten terminar con privilegios inaceptables que las autoridades han tenido hasta ahora.

Quiero subrayar que el poder no se socava con la libertad de opinión e información; se fortalece si es capaz de aceptar la crítica, de aceptar la mayor posibilidad de transparencia, de ejercerse de manera no arrogante, escuchando las opiniones de la ciudadanía. El prestigio de una autoridad, su reputación, no depende de una ley de seguridad interior del Estado, sino de la transparencia, de la apertura, de la manera como se dedica a la función pública. En ese sentido, es muy importante subrayar el hecho de que la libertad de información es algo completamente vital para la democracia. Hoy, más que nunca, cuando el poder de las autoridades es tan grande, cuando vivimos en lo que muchos estudiosos llaman el “estado de los partidos”, cuando el poder tiende a elitizarse, a concentrarse en pocas manos, en círculos cada vez más reducidos en todo el mundo, entonces es más importante que haya contrapesos. Y cuando una sociedad, como ocurre con las sociedades de fin del siglo, se encuentra atomizada desde el punto de vista de lo que fueron sus orgánicas de estructuras sociales; cuando no existen ni sindicatos, ni gremios, ni organizaciones, ni tejidos culturales poderosos que puedan contrapesar desde la sociedad civil a la sociedad política, es más importante que nunca el poder de los medios de comunicación de masas y garantizar que ellos sean regulados, más que por este tipo de leyes, por un efectivo pluralismo en el seno de la configuración del pensamiento.

Si se restringe la libertad de información, toda compensación desaparece y se puede vivir en regímenes neoautoritarios, como ocurre en varios regímenes de América latina, aun cuando sean elegidos por los ciudadanos, sin que haya crítica u opinión libre en esa sociedad.

Creo que la sociedad de fin de siglo exige participación y crítica ciudadana. Creo que una de las grandes falencias de nuestras sociedades es que han desaparecido las instituciones que generaban el pensamiento crítico. Una ley de seguridad interior del Estado, en los términos como hoy está configurada, tiende justamente a delimitar, a anular, los entes de pensamiento crítico que una sociedad debiera tener.

Terminar con la vergüenza de que se pueda prohibir libros y encarcelar a periodistas por sus investigaciones; eliminar la requisición de libros y la prohibición de programas, es algo muy importante. Por eso, aun cuando considero insuficiente el texto de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y me hubiera gustado una redacción y un espíritu mucho más radical y profundo del paso que estamos dando -puesto que pienso que las autoridades no deben ser defendidas a través de una ley de seguridad interior del Estado-, no creo que dicha ley pueda defender el honor de nadie. El honor de las personas se defiende con su actitud, con la transparencia, capacidad y calidad con que ejercen la función pública. En ese sentido, aun cuando no comparto la forma como el proyecto ha salido de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, lo voy a votar favorablemente porque es dar un paso adelante y terminar con las vergüenzas que hemos descrito.

Finalmente, quiero señalar que terminar con la censura es una condición esencial para ampliar la libertad, la democracia y los derechos de las personas. Vivimos en una sociedad de la incertidumbre, en la cual hay cada vez menos certezas, donde hay menos verdades instaladas como objetivas y donde las personas tienen derecho a tener mayores libertades para fijar sus propios cuerpos valóricos, decisiones culturales y puntos de vista.

Entonces, si hoy aprobamos este nuevo texto y somos capaces de eliminar estos artículos de la ley de seguridad interior del Estado, que limitan la libertad de pensamiento, de opinión y de información, invito a los colegas a seguir avanzando, a fin de lograr que la sociedad chilena carezca de censura y goce de plena libertad de información y de opinión, sin lugares especiales de privilegio para quienes tengan en algún momento cierto poder. Sabemos que éste es muy fuerte y los ciudadanos son muy débiles, y lo que debemos hacer es revertir la pirámide, dar más poder a la gente y la posibilidad de que ejerza su capacidad de crítica y participe en el sistema político. Sólo así podremos contar con un sistema político robusto, instituciones políticas creíbles, con las cuales los ciudadanos se sientan identificados. De otra manera, viviremos el desgaste y desplome de las instituciones, regímenes neoautoritarios y desafección ciudadana por las instituciones y por la política.

He dicho.

El señor MONTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma.

El señor PALMA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, no hay que tenerle miedo a la libertad de expresión, a la democracia ni a la libertad. La democracia no es una moda ni nunca debe serlo. Es algo mucho más importante y trascendente. Es el pilar fundamental de un sistema que posibilita el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y una mayor igualdad y equidad social.

Deben desterrarse los miedos que existen en ciertas personas, grupos y entidades por aumentar la libertad. Se debe perder el miedo a la democracia. No hay que temer a la igualdad de oportunidades entre las personas, no hay que temerle a la libertad de expresión, de elección o de educación. Esta última posibilita y asegura a todos llegar a ser lo que puede ser y debe ser uno de los deberes y obligaciones básicos de la sociedad. Deben desterrarse las falsas creencias de que invistiendo a ciertas personas, autoridades o instituciones, como en remotos tiempos, con privilegios y oscuros poderes sobre los demás, adquieren la jerarquía académica, calidad ética y moral propia de la persona y del cargo que ocupan. Nunca se adquieren estas condiciones, que deberían ser naturales, indispensables y previas para alcanzar estos cargos, con privilegios, con ropaje falso, disfrazando, escondiendo detrás de mayores poderes verdaderas debilidades en el ejercicio de la autoridad.

Una situación como la descrita atenta contra una democracia plena y participativa. Esto tampoco debe ser camino para el vicio en que se ha transformado el desprestigio sistemático de las personas que ejercen cargos importantes dentro de la administración del Estado. Dañando consciente o inconscientemente a las instituciones, como es el caso de la política, actualmente tan denostada por muchos, labor digna y honor que confieren las personas a uno de sus iguales para defender, cautelar y mejorar el bien común, la política se ha transformado en algo indeseado y negativo. Así también se han transformado instituciones como ésta, imprescindibles para la buena y sana marcha de las naciones, en algo que ahuyenta a los buenos y atrae a otros, con oscuros intereses.

Se ha ido minando la institucionalidad de la nación con esta inconsciencia y permisividad colectiva. Recuperar el prestigio y la confianza de las personas en sus instituciones tardará mucho más tiempo que el que se ha ocupado en su destrucción y en lamentar los graves daños que causa a la convivencia en sociedad estos afanes de suicidio social, tan de moda en estos tiempos.

Muchos están convencidos de que destruyendo el prestigio de las instituciones y de las personas adquieren la calidad moral y ética que nunca tendrán. Más aún, que nunca verán en ellos quienes los escuchan y juzgarán con posterioridad. Así como es necesario cuidar la libertad e igualdad de las personas, es menester mantener el orden y el respeto entre ellas mismas por las instituciones que éstas crean, para mantener sus bases sanas y sólidas y no generar el derrumbe institucional, el caos y la anarquía de nuestra sociedad a que conducen estos vicios políticos y sociales.

Anuncio mi voto favorable a esta trascendente moción que suscribí desde su inicio. Junto con ello, llamo a los señores diputados a meditar sobre este tema tan importante y a ser ejemplos para la nación, aprobándola.

He dicho.

El señor MONTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos.

El señor BUSTOS.-

Señor Presidente, votaré afirmativamente el proyecto, a pesar de que se trata de una reforma muy exigua, nimia y no trascendental, pues es demasiado terrenal.

En verdad, las leyes de seguridad del Estado siempre han sido expresión de autoritarismo. Así lo señala la historia de todos los países, desde que en Grecia se dictó la primera ley a principios de siglo. A ella siguió una serie de otras leyes de seguridad del Estado, con la única intención de oprimir y reprimir al disidente, sobre todo alrededor de 1920, en que se reprimían y oprimían las manifestaciones de los trabajadores, a quienes se había concedido el derecho de sindicarse y de huelga, pero, al mismo tiempo, se les prohibían las manifestaciones a través de leyes de seguridad del Estado. De manera que en un país que se precia de buscar y de profundizar la democracia, ya deberíamos haber derogado esta ley. Por eso esta reforma no sólo es exigua en cuanto a no derogarla, sino que trata de anular la libertad de expresión, es decir, la libertad de pensamiento -lo más aberrante de ella-, ya que, por desgracia, no se logró derogar el desacato, que pasara al Código Penal, y se mantuvieron determinadas normas especiales, que de alguna manera siguen recordando las disposiciones de la ley de seguridad del Estado al mantener privilegios para determinadas personas.

De modo que no podemos felicitarnos por esta reforma exigua y nimia. Naturalmente, es un paso en la medida en que deja de estar inserta en la ley de seguridad del Estado y pasa a la ley común, a la ley igual para todos, al Código Penal. En ese sentido, es un paso positivo, pequeño, de niño a lo mejor, pero no de personas que están legislando para la profundización de la democracia. Es cierto que en eso debería consistir la reforma fundamental. En materia de libertad de expresión, no se debe temer a la contradicción, a la diferencia, a la discusión ni al conflicto.

Por eso, en todas las convenciones internacionales debería plantearse la responsabilidad civil y no la penal. Ésa habría sido una reforma trascendental, y no ésta tan pequeña, exigua y terrenal.

He dicho.

El señor MONTES (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Respecto del artículo 1º, las letras a) y c) se encuentran aprobadas por no haber sido objeto de indicaciones; la letra b) fue motivo de indicación pero no de modificación; y las letras d) y e) fueron modificadas.

Los artículos 2º y 3º, asimismo, fueron modificados.

El artículo 4º, nuevo, requiere quórum de ley orgánica constitucional.

Si le parece a la Sala, se realizará sólo una votación.

Acordado.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 1 abstención.

El señor MONTES ( Presidente ).-

Aprobado el proyecto, con excepción de su artículo 4º, caso en el cual no se ha reunido el quórum de ley orgánica constitucional.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló,Alvarado, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Arratia, Ávila, Bertolino, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Delmastro, Elgueta, Encina, Fossa, García (don René Manuel), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Luksic, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Molina, Monge, Montes, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Riveros, Rojas, Rozas (doña María), Salas, Sánchez, Ulloa, Urrutia, Velasco, Venegas, Vilches, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Correa, Dittborn, Hernández, Jiménez, Ovalle (doña María Victoria) y Pareto.

-Se abstuvo el diputado señor García-Huidobro.

El señor MONTES ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo para votar por separado el artículo 4º?

Acordado.

En votación el artículo 4º.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.

El señor MONTES (Presidente).-

Se rechaza por no haber reunido el quórum requerido.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló,Alvarado, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Ávila, Bartolucci, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Delmastro, Díaz, Elgueta, Encina, Fossa, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Jarpa, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Luksic, Martínez (don Rosauro), Molina, Monge, Montes, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Riveros, Rojas, Rozas (doña María), Salas, Sánchez, Ulloa, Urrutia, Velasco, Vilches, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

 Correa y Dittborn.

El señor MONTES ( Presidente ).-

Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto que dicta normas destinadas a fortalecer las facultades jurisdiccionales de los tribunales de justicia.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Zarco Luksic.

Antecedentes:

-Moción, boletín Nº 2304-07, sesión 39ª, en 3 de marzo de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 1.

-Informe de la Comisión de Constitución, sesión 34ª, en 31 de agosto de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 13.

El señor MONTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Zarco Luksic.

El señor LUKSIC.-

Señor Presidente , el proyecto, de origen en una moción de las diputadas señora Fanny Pollarolo y Laura Soto y de los diputados señores Gabriel Ascencio , Juan Bustos , Guillermo Ceroni y Andrés Palma , dicta normas destinadas a fortalecer las facultades jurisdiccionales de los tribunales ordinarios de justicia para investigar en recintos militares.

¿Cuál es su historia? En primer lugar, el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 156, establece la regla general: que todos “los tribunales pueden decretar la entrada y registro en cualquier edificio o lugar cerrado, sea público o particular, cuando hubiere indicio de encontrarse allí el inculpado o procesado, o efectos o instrumentos del delito, o libros, (...)”.

Este principio está establecido en todas las legislaciones del mundo en que rige el estado de derecho. Los tribunales no tienen impedimento para efectuar su tarea de investigación.

Quiero agregar un complemento: en el futuro, según la reforma constitucional y la ley orgánica del ministerio público aprobadas, las tareas de investigación no sólo corresponderán al juez, sino también a los fiscales correspondientes.

Cerrado este paréntesis, cabe recordar que producto de una reforma del Código de Procedimiento Penal se estableció, en su artículo 158, inciso segundo, una excepción, según la cual “Tratándose de recintos militares o policiales, las diligencias a que se refiere el inciso anterior deberán cumplirse por intermedio de los Tribunales Militares de la correspondiente jurisdicción”.

De esta manera, al existir esas dos normas, sólo los tribunales militares están facultados para realizar investigaciones y visitas inspectivas a fin de reunir antecedentes y ubicar a los presuntos inculpados.

No lo dice el informe, pero dicha disposición viola claramente el artículo 19, Nº 2, de la Constitución, que establece la igualdad jurídica y la garantía de un justo y racional proceso, llevado a cabo, en este caso, por los tribunales que están conociendo una causa donde está involucrado personal militar o, desde el punto de vista militar, la necesidad de visitar o de investigar un recinto militar.

El artículo 158 del Código de Procedimiento Penal establece, en su inciso primero, que “Para proceder al examen y registro de lugares religiosos, de edificios en que funciona alguna autoridad pública, el juez hará pasar recado de atención de la autoridad o persona a cuyo cargo estuvieren, quien podrá asistir a la operación o nombrar alguna persona que asista”. Como la regla general -reitero- es que los tribunales puedan entrar en cualquier edificio o lugar cerrado, este inciso constituye una excepción a lo dispuesto en el artículo 156 del mismo Código.

El inciso segundo del artículo 158 prohíbe a los jueces jurisdiccionales de tribunales ordinarios realizar diligencias en recintos militares o policiales.

La moción, votada favorablemente en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, tiene por objeto intercalar en el artículo 158, inciso primero, del Código de Procedimiento Penal -que faculta a los tribunales para examinar y registrar lugares religiosos o edificios en que funciona alguna autoridad pública-, la frase “de cuarteles o lugares sujetos a jefes militares o policiales, o buques del Estado”, con lo cual se deroga la prohibición de investigar e inspeccionar establecida en el inciso segundo del mencionado artículo.

En definitiva, estamos robusteciendo la facultad jurisdiccional que otorga la Carta Fundamental a los tribunales ordinarios de justicia para investigar, examinar, reunir antecedentes en cualquier lugar de la República, principio fundamental que, junto con honrar y fortalecer la separación de poderes del Estado, otorga a los tribunales de justicia atribuciones para ejercer plenamente su función jurisdiccional.

Para terminar, cabe mencionar que el proyecto fue aprobado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por la mayoría de los diputados; el diputado señor Bartolucci se abstuvo.

Señor Presidente , como el proyecto ha sido bastante discutido en la Comisión y en otras instancias, pido proceder a su votación sin discusión.

He dicho.

El señor MONTES ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo para votar el proyecto sin discusión?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente , aquí se trata, lisa y llanamente, de restituir una facultad que siempre tuvieron los tribunales de justicia hasta que se dictó el decreto ley Nº l.775, en 1977.

Para señalar las razones de su restitución, me atendré exclusivamente a la opinión de la Corte Suprema, que, al ser consultada por la Comisión, señaló: “El actual inciso segundo del artículo 158 del Código de Procedimiento Penal condiciona la ejecución de las actuaciones que resuelva llevar a cabo un tribunal de la jurisdicción criminal común en recintos militares o civiles a la intervención del respectivo tribunal militar, limitando así el ejercicio de la potestad jurisdiccional de ese tribunal ordinario para conocer de una causa criminal comprendida en el marco de su competencia”.

Y agrega: “El hecho de que los tribunales del mismo fuero tengan competencias territoriales diferenciadas, lo que determina que un tribunal ordinario deba actuar por intermedio de otro para llevar a efecto actuaciones en su territorio, no justifica mantener la regla en comento”.

En consecuencia, la Corte Suprema está de acuerdo con el proyecto, que restablece esta facultad de los tribunales. Esta opinión reproduce lo que dijo, en 1979, el ex presidente de la Corte Suprema señor Israel Bórquez , cuando, en forma inusual, protestó por la reforma del artículo 158, dispuesta en el decreto ley Nº l.775, de 1977.

He dicho.

El señor MONTES (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Fanny Pollarolo.

La señora POLLAROLO (doña Fanny).-

Señor Presidente, quienes presentamos este proyecto perseguimos un objetivo muy simple y claro: fortalecer las atribuciones investigativas de los tribunales ordinarios de justicia que, como se ha dicho, desde 1977 se encuentran limitadas en cuanto se trata de examinar y registrar los recintos militares, policiales o buques del Estado.

Una de las garantías constitucionales básicas de los chilenos, según el Nº 3º del artículo 19 de la Constitución, consiste en que sus derechos en litigio estén siempre sujetos a un racional y justo procedimiento. Y no resulta, sin duda, racional ni justo que un tribunal, el único competente para investigar un delito, esté limitado para realizar diligencias que pueden ser sustantivas y decisivas para comprobar un delito en el examen o registro de un recinto, lo cual debe hacer, en la actualidad, a través de un tribunal militar cuando se trata de un recinto militar o policial.

No es racional esta situación legal. Como dice el informe favorable de la Corte Suprema, al cual hizo alusión el colega Elgueta , en nuestro país se da hoy el absurdo de que un juez de la justicia ordinaria puede allanar y registrar los aposentos de cualquier autoridad del país, incluso del Presidente de la República , sin necesidad de recurrir para efectuar esa diligencia a un tribunal especial. Pero a los recintos militares o policiales, aunque sea la más modesta tenencia o cuartel, un juez no puede ingresar ni realizar la diligencia del registro por sí mismo. Debe hacerlo a través del tribunal militar. Esto no resiste análisis lógico alguno.

Además, como lo comprueba la práctica judicial y lo manifiesta también el informe de la Corte Suprema, ello ha ocasionado y sigue ocasionando entorpecimientos en las investigaciones sumariales. Es decir, no se trata de una situación de prejuicio o de desconfianza hacia la justicia militar ni una situación irracional. Es un problema de entrabamiento a la oportuna y cabal sustanciación de las investigaciones criminales, situación real y concreta que en muchos casos resulta dramática.

Estamos hablando del entorpecimiento que han sufrido las investigaciones relativas a las gravísimas violaciones a los derechos humanos, para las cuales se ha necesitado tener pruebas que permitieran constatar crímenes tan graves como los ocurridos en la pasada dictadura militar. Todos lo sabemos y la conciencia colectiva de este país ya lo ha asumido. Campos de prisioneros, de tortura, y la desaparición forzada de personas ocurrieron en recintos militares, policiales y en buques de la Armada. Así se comprobó en investigaciones realizadas por organismos de derechos humanos; lo corroboró también el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

Sólo quiero recordar un hecho que, como parlamentarios, nos atinge directamente en lo humano.

En relación con la situación del ex diputado Vicente Atencio, el informe Rettig dice lo siguiente:

“Él fue detenido el día 11 de agosto de 1976 en la vía pública por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional. Permaneció recluido en Villa Grimaldi, lugar desde el cual se perdió el rastro a fines de agosto del mismo año.

“El 21 de marzo de 1990, sus restos y los de otras dos personas fueron encontrados en una fosa clandestina ubicada en el fundo Las Tórtolas, de Colina, terrenos que pertenecieron al Ejército hasta 1980”.

¡Esta es la realidad! ¡Así ocurrió, señor Presidente , colegas de la Cámara! Durante años se buscaron los restos del ex diputado Atencio. Estaban allí, ocultos en ese recinto, negados para sus familiares; y la justicia no pudo llegar a ellos mientras el lugar perteneció al Ejército. ¡Eso no es racional! ¡Eso no es justo! Eso es una limitación grave, gravísima, al avance y a la realización de la justicia.

Sólo queremos fortalecer las atribuciones investigativas de los tribunales ordinarios y restituir tanto la plena independencia y majestad del tribunal competente como la realidad normativa que siempre existió hasta la dictación del decreto ley Nº 1.775, de 1977, en que por primera vez en esta República se introduce esta anomalía procedimental, que despojó a los tribunales de su facultad de investigar. Se trata de recuperar derechos y garantías judiciales de las personas; de restituir la posibilidad efectiva de dar respuesta a dramas humanos y sociales muy profundos de nuestra sociedad; de recuperar la confianza en la justicia.

Por ello pido el pleno apoyo de esta Sala al proyecto, lo que permitirá apreciar con nitidez la vocación de justicia de los parlamentarios; que nos miremos a la cara y demostrar que somos sinceros en nuestro propósito de perseguir la verdad y de reparar tanto dolor que aún perdura en nuestra patria.

He dicho.

El señor MONTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Bartolucci.

El señor BARTOLUCCI .-

Señor Presidente, voy a mantener mi no concurrencia a la aprobación de este proyecto por las razones que expuse, tanto en la Comisión como en esta Sala, cuando se analizó el proyecto relativo a la permanencia de los ministros en visita extraordinaria para investigar en los tribunales militares.

En aquella oportunidad manifesté -criterio que mantengo y quiero exponer brevemente- que todo lo que diga relación con estas materias debe ser parte de un acuerdo más global. No es conveniente dar pasos que no estén dentro de un consenso nacional que tienda a encontrar los caminos de reencuentro, de reconciliación en el país.

Siento que se está avanzando en un solo sentido y no en el sentido propio de la reconciliación, en orden a llevar a cabo los encuentros. Por lo demás, hoy se están haciendo esfuerzos para ello.

Desde luego, estas normas son interesantes y tienen un sentido procesal muy lógico; pero siento que deben ser parte de un acuerdo global en materia de derechos humanos, sobre todo cuando hoy observamos cómo la administración de justicia está haciendo interpretaciones jurídicas muy discutibles en materias como la ley de amnistía, de prescripción y en la tipificación del delito de secuestro, lo que, sumado a estas disposiciones, permiten avanzar en un sentido unidireccional, sin poner todas estas normativas dentro de un contexto general que permita solucionar en definitiva el tema de los derechos humanos en nuestro país, como parte de un gran acuerdo nacional.

Por eso, votaré en la misma forma como lo hice en la Comisión y que ahora he argumentado.

He dicho.

El señor MONTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado don Juan Bustos.

El señor BUSTOS.-

Señor Presidente, nuevamente tengo que contradecir al diputado señor Bartolucci , quien, en forma extraña, desconoce la situación que existía en Chile hasta el año 1973. Mientras hubo democracia en Chile, los tribunales de justicia, como es lógico dentro de un sistema democrático, podían ordenar investigaciones y entrar a cualquier recinto de la República para llevar a cabo la investigación de un asesinato, de una tortura o de un secuestro. Tales hechos podían llevarse a cabo en cualquier recinto.

Sin embargo, en 1977 -y no es extraño que haya sucedido ese año- el dictador Augusto Pinochet suprimió la facultad que tenían los tribunales ordinarios de entrar a los recintos militares, donde se torturaba, desaparecían personas, se secuestraba y detenía a personas arbitrariamente; allí se perpetraban graves violaciones a los derechos humanos.

Por eso, en 1977 se suprime la facultad que tenían los tribunales ordinarios de justicia y, por lo tanto, se impide llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

No es casualidad que muchos procesos que en ese momento se habían entablado ante la justicia ordinaria no siguieran adelante, en virtud de que no se podía entrar a los recintos militares. Por lo tanto, la justicia estaba impedida y coartada. Esa es la razón de esta iniciativa. Lo que sorprende es que ahora se trate de ignorar esa realidad. Con este proyecto sólo se quiere reponer una disposición que siempre existió en el Chile democrático.

Por lo tanto, si este Parlamento, expresión de la democracia en nuestro país, no quiere ser contradictorio consigo mismo y llegar al absurdo y a la aberración, debe restablecer esa disposición, propia de un

país democrático, en orden a que, para hacer justicia, los jueces puedan investigar y buscar la verdad en cualquier parte de la República. Ese es un principio elemental en un estado de derecho.

En el mundo no hay país alguno donde, desde un punto de vista democrático de estado de derecho, los jueces estén impedidos de investigar y de entrar a un determinado recinto. Esa aberración sólo existe en nuestro país.

Por eso, esta reforma sólo tiende a reponer algo sustancial para la democracia y que siempre existió en Chile. De ahí que la Corte Suprema, por la unanimidad de su pleno, haya acordado responder el oficio enviado por la Cámara, señalando que esta reforma concordaba plenamente con su pensamiento, con su función económica y jurisdiccional, que, en definitiva, significa velar por que los tribunales de justicia cumplan con su deber de llevar a cabo una investigación y establecer la verdad.

Al objetar esta reforma se pretende impedir que se conozca la verdad y, por lo tanto, mantener encubierta una serie de graves violaciones a los derechos humanos. No es, en modo alguno, una justificación plantear que es necesaria una reforma global. No se trata de eso, sino de reponer algo que siempre existió. De manera que no se puede argumentar que es necesario esperar una reforma global, puesto que ésta tiene otro sentido: que la justicia militar se dedique sólo a los hechos militares. Una cosa es el problema relacionado con la función de la justicia militar en un estado de derecho, y una función completamente diferente es la que tienen los tribunales ordinarios de justicia, a los cuales no se les puede limitar.

De manera que el diputado Bartolucci se equivoca diametralmente sobre el sentido de esta reforma, que no está dirigida a la justicia militar ni a reformar cada uno de los preceptos del actual Código de Justicia Militar, según el cual, a diferencia de lo que ocurre hoy en cualquier estado de derecho democrático, a ésta sólo le competen los ilícitos militares, como una sublevación interna o un desacato dentro de un recinto militar, pero no delitos comunes. Ésa sería una reforma global, y ésta no tiene ese carácter, sino que es una reforma de principios, desde el punto de vista de un estado de derecho democrático; de principios, desde el punto de vista de lo que tiene que hacer como investigación un tribunal ordinario de justicia; de principios, desde el punto de vista de todos los convenios internacionales sobre derechos humanos; de principios, desde el punto de vista de la convención sobre la tortura; de principios, desde el punto de vista de las convenciones de Ginebra en 1949 y 1950.

Por lo tanto, le solicito al diputado Bartolucci que cambie su decisión y apruebe esta reforma.

He dicho.

El señor MONTES ( Presidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez.

El señor PÉREZ (don Víctor).-

Señor Presidente , sin duda, después del discurso del diputado Juan Bustos , apoyamos con más fuerza la postura del diputado Bartolucci , porque lo que aquél intenta -como lo hace constantemente la Izquierda- es cambiar el claro sentido de las cosas, al tratar de convencernos de que hasta el 11 de septiembre de 1973, en Chile existía una democracia ejemplar y, por lo tanto, tenemos que restituir las instituciones que existían a esa fecha.

Pero el diputado Bustos pretende engañarnos porque él, junto con los diputados que están sentados a su lado, decían que esa democracia era burguesa, que había que destruirla, que tenía que cambiar y terminar.

-Hablan varios señores diputados a la vez.

El señor PÉREZ (don Víctor).-

Podrán reírse y denostar todo lo que quieran, pero ésa es la verdad. La democracia, diputado Bustos , fue destruida por ustedes; la democracia que existía al 11 de septiembre de 1973 fue derrumbada por ustedes y, por eso, todos debemos trabajar para ir generando acuerdos y una reforma global que permita avanzar realmente hacia la transición y reconciliación de los chilenos. Ustedes no buscan la reconciliación, no intentan avanzar en forma sensata hacia la transición; lo que realmente buscan es la venganza.

-Hablan varios señores diputados a la vez.

El señor PÉREZ (don Víctor).-

Por eso, nosotros planteamos el tema de la reforma.

Algunos colegas pueden mirar atónitos, pero quiero decirles que los conocí en la Universidad de Concepción, que los escuché hablar del poder popular, que los vi tratando de infiltrar a las Fuerzas Armadas, que los escuché denostar al Poder Judicial , que los vi atacar a la Corte Suprema, que los escuché decir que ese poder del Estado era burgués. Ustedes destruyeron la democracia, porque lo que pasó en Chile, en definitiva, es que la razón fue sobrepasada y, lamentablemente, tuvo que venir la fuerza. Pero ¿quién sobrepasó la razón? Los que están sentados al frente de nosotros. Sobrepasaron la razón, porque no le hicieron caso a la Cámara de Diputados -a esta Cámara-, que el 23 de agosto de 1973 les dijo que habían caído en la ilegitimidad más absoluta; esta Corporación les dijo que estaban destruyendo la democracia y la libertad en nuestro país. Sobrepasaron la razón porque no le hicieron caso al Poder Judicial y lo transgredieron. Ustedes destruyeron la razón en nuestro país, y por eso no quedó otra cosa que seguir el camino de la fuerza; deben reconocer ese elemento histórico esencial. Para que el proceso de transición nos una verdaderamente a todos, tenemos que avanzar en una reforma global en que todos y cada uno podamos contribuir.

-Hablan varios señores diputados a la vez.

El señor PÉREZ (don Víctor) .-

Por eso, el diputado Bartolucci no está equivocado, porque lo que se pretende aquí es generar un engaño, y ése es el debate de fondo que debemos llevar a cabo.

Señor Presidente , en ese sentido, nosotros vamos a respaldar lo planteado por el diputado Bartolucci , porque representa la razón, esa misma razón que ustedes destruyeron en nuestro país.

He dicho.

El señor MONTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente, como tenemos que votar, seré muy breve.

Cada vez que se trata de avanzar en un tema concreto, la Derecha saca a alguno de sus expertos en enredar todo, en discutir los contextos y la historia. Para eso han tenido especialistas en las décadas del 20, del 50, del 70. Pero aquí estamos hablando de un proyecto muy específico y concreto, que consiste en restituir una atribución que tenían nuestros jueces, nuestro Poder Judicial , para investigar en todos los recintos, incluidos los militares. Ésa es la iniciativa de la que estamos hablando.

En su intervención, el diputado Víctor Pérez no aludió ni siquiera de manera indirecta al proyecto en discusión; se refirió a un contexto, y respecto de eso quiero hacer una sola afirmación.

En efecto, el diputado Víctor Pérez tiene razón en cuanto a que muchos de nosotros hablábamos del Poder Judicial , de las Fuerzas Armadas, incluso, sobre nuestro proceso democrático. Pero ustedes fueron un poquito más allá: la Dina asesinó y torturó, hicieron desaparecer personas, cometieron crímenes fuera de nuestras fronteras,...

-Hablan varios señores diputados a la vez.

El señor AGUILÓ.-

...y la verdad de las cosas es que en cualquier jerarquía moral del mundo, en cualquier jerarquía moral decente, hay una gran diferencia entre decir algo y cometer crímenes como los que hoy está condenando el mundo entero. Por eso, Pinochet está donde está, porque el mundo entero entiende que hay una jerarquía moral distinta entre decir cosas y cometer crímenes tan aberrantes como los que ustedes están justificando.

Quiero agregar una sola cosa más: si estamos seriamente por la reconciliación y por restituir las condiciones para que sólo haya verdad en el caso de los detenidos desaparecidos, aquí tienen un test, votar a favor de restituir una atribución a los jueces y al Poder Judicial.

He dicho.

El señor MONTES ( Presidente ).-

Tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán.

La señora GUZMÁN (doña Pía).-

Señor Presidente, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia apoyé este proyecto de ley. Creo que avanza en aquello que nosotros pensamos, esperamos y queremos para este país: la mantención y la consolidación de un estado de derecho.

La Corte Suprema ha apoyado esta iniciativa y lo ha hecho porque considera objetivamente que es la restitución de una de las facultades de las que, por diversas razones, nos gusten o no, se les privó a los tribunales ordinarios. Efectivamente, avanza en el estado de derecho, porque así como hoy los tribunales ordinarios de justicia pueden entrar, allanar e investigar en La Moneda, en algún ministerio, en la Contraloría, con los resguardos que el Código de Procedimiento Penal establece, también debería hacerlo en los recintos militares.

Como he dicho, éste es un proyecto necesario; pero debo también hacer presente que el ánimo con que se da la discusión en la Sala no colabora a que exista un análisis razonado y profundo de las normas que estamos analizando. Obviamente, esta discusión lo que hace es alejarnos de los ideales que perseguimos en la Cámara de Diputados. Nos aleja, como legisladores, de la posibilidad de establecer un real y completo estado de derecho en nuestro país, donde deben darse las normas de un justo y racional proceso.

Comparto el proyecto de ley. Como ya lo dije, lo apoyé en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia; lo apoyaré acá; pero déjenme decirles a los de las bancadas de enfrente que, con el ánimo con que se han dicho las cosas hace unos minutos, dan bastantes ganas de votar en contra. Pero hay principios que debemos mantener más allá de las pasiones que, como personas, en algún minuto sentimos.

Tenemos una responsabilidad superior por el bien del país: lograr una legislación acorde con estos tiempos. Actuemos, entonces, en relación con esa responsabilidad.

He dicho.

El señor MONTES ( Presidente ).-

Quedan cinco minutos para el término del Orden del Día. Han solicitado el uso de la palabra los diputados señores Ávila, Riveros, Elgueta y Bartolucci, que hará su segundo discurso.

¿Habría acuerdo para votar?

Acordado.

Cerrado el debate.

En votación general el proyecto.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 5 abstenciones.

El señor MONTES (Presidente).-

Aprobado en general el proyecto de ley. Como no ha sido objeto de indicaciones, con la misma votación queda aprobado en particular.

Despachado el proyecto.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló,Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Ávila, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Delmastro, Elgueta, Encina, Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Luksic, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Recondo, Reyes, Riveros, Rozas (doña María), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Ulloa, Urrutia, Velasco, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).

-Votó por la negativa el diputado señor Galilea (don Pablo).

-Se abstuvieron los diputados señores:

Bartolucci, Fossa, Molina, Pérez (don Víctor) y Van Rysselberghe.