Labor Parlamentaria

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Corresponde conocer el segundo informe del proyecto, en primer trámite constitucional, que crea el fondo para la modernización de las relaciones laborales y desarrollo sindical.

Diputado informante de la Comisión de Trabajo es el señor León.

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Trabajo, boletín Nº 2170-13, sesión 29ª, en 19 de agosto de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 2.

El señor LEÓN.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero recordar que diputado informante del proyecto era nuestro colega Manuel Bustos, quien se encuentra con su salud quebrantada.

Por cierto, lo recordamos y esperamos que tenga una pronta mejoría.

El proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, crea el fondo para la modernización de las relaciones laborales y desarrollo sindical.

El mensaje de su Excelencia el Presidente de la República fue recibido el 18 de mayo, y la Sala lo aprobó en general en su sesión ordinaria del 11 de agosto del año en curso.

A la sesión destinada a su estudio, asistió el Subsecretario del Trabajo , don Julio Valladares.

En conformidad con las disposiciones legales, la Comisión evacuó su segundo informe reglamentario, cuyas menciones y acuerdos se consignan en su texto y cuya lectura omitiré en beneficio del tiempo.

No obstante, mencionaré, resumidamente, que los artículos del primer informe que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones son: 3º, 5º, 6º, 8º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 permanentes.

En los transitorios no hubo supresiones y sólo se modificaron los artículos 4º, 7º y 9º del proyecto original.

Asimismo, hago presente que la Comisión estima que las modificaciones, contenidas en sendas indicaciones que figuran en el informe, mejoran la redacción primitiva.

Por último, dejo constancia de que no hay disposiciones que revistan el carácter de norma orgánica constitucional o de quórum calificado; no se han introducido artículos nuevos ni existen normas que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Darío Paya.

El señor PAYA.-

Señor Presidente , no podré emitir voto al respecto, por encontrarme pareado con el Diputado Seguel . No obstante, quiero expresar mi opinión, que fundamentalmente se remitirá a lo que expresé durante la discusión del primer informe en la Sala.

Reitero mi oposición al proyecto, puesto que, más allá de las palabras de buena crianza y de la buena disposición que se manifestaron más de una vez, a mi juicio, nunca se corrigieron los defectos esenciales, que son dos. Y son esenciales porque, tratándose de un fondo -dinero-, mi objeción tiene que ver con sus posibles destinatarios y, en segundo lugar, con los encargados de asignarlo.

En materia de los posibles destinatarios de los recursos que contempla el fondo, mi objeción es que se establecen, en el papel, dos líneas de financiamiento para proyectos. Una, básicamente de origen sindical, para beneficiar a trabajadores sindicalizados y a sus organizaciones, y otra, para proyectos originados en microempresas y en sus organizaciones.

Eso sería sumamente conveniente y fantástico, pero, en la práctica, como está redactada la norma que regula los montos que deben destinarse a uno y otro proyecto, se asignará cero peso a los de origen en las microempresas y en sus organizaciones.

Insisto, eventualmente la autoridad podría resolver el próximo año invertir cero peso en proyectos de microempresas o de sus organizaciones y destinar todo el fondo a la vida sindical, lo que echaría por tierra el espíritu del proyecto: beneficiar, justamente, a las microempresas y a sus organizaciones.

Eso se planteó en forma reiterada en la Comisión. Durante largo tiempo, la discusión giró en torno a la redacción de la norma. Casi hubo que recurrir a profesores de castellano para demostrar que o estaba mal redactada, porque se quería decir otra cosa, o lisa y llanamente expresaba algo con lo que yo no podía estar de acuerdo. Se concluyó que era así y se manifestó disposición al respecto.

Conversé con el Ministro en la Sala, durante la discusión del primer informe, con el propósito de introducir la modificación del caso. Presenté una indicación -la analizamos previamente en conjunto- orientada a establecer que al programa destinado a microempresas y a sus organizaciones no podría destinarse menos de la mitad de los recursos anuales.

El monto era discutible. Podría haber sido 30 ó 40 por ciento. Lo importante era establecer una garantía. Lamentablemente, esa indicación no fue patrocinada por el Ejecutivo y se rechazó.

Mi segunda objeción dice relación con el consejo encargado de decidir a quiénes, en definitiva, se entregarán los fondos. Básicamente, es porque se opta por el camino más sencillo, cual es establecer un ente de origen absolutamente discrecional por parte del Presidente de la República , sin ninguna limitación.

Múltiples modelos se podrían haber usado como ejemplo para crear un ente que garantizara la participación de los representantes de los distintos sectores del quehacer laboral: empresariales, sindicales, trabajadores de la microempresa, microempresarios, etcétera. No habría costado mucho.

Pero, reitero, un ente absolutamente discrecional responderá en forma exclusiva al Presidente de la República , y no me parece sano, en general, que ésa sea la forma de administrar fondos que apuntan a fines tan altos como los señalados.

Si bien me alegro de que se le hayan introducido indicaciones, patrocinadas, entre otros, por el Diputado señor Dittborn, reitero mis objeciones a los dos puntos que considero esenciales, de manera que consten en el informe que enviará la Cámara al Senado, donde espero que sean atendidas.

Por ello, si bien ahora no puedo votar, manifiesto mi opinión contraria al proyecto.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Antonio Leal.

El señor LEAL .-

Señor Presidente , el fondo para la modernización de las relaciones laborales y el desarrollo sindical es vital, no sólo para el mundo del trabajo, sino en general, también para la economía chilena, para las relaciones en el ámbito productivo y para el país.

Se vive un gigantesco proceso de globalización que tiene un impacto directo en nuestra economía, en la tecnología, en la automatización, en la introducción de la informática y en la electrónica, todo lo cual implicará, cada vez más, una enorme flexibilidad y movilidad laboral, que ya estamos apreciando, y para las cuales hay que preparar al mundo laboral. A mi juicio, no hacerlo significa quedarse atrás en la renovación de un factor esencial de la productividad, como es el trabajo humano y la calidad del mismo.

Al acceder crecientemente a una sociedad mundializada y altamente tecnologizada, la capacitación es esencial para el desarrollo de nuestras economías. Quiero recordar que en los cuatro años de funcionamiento, el fondo, a través de la ley Nº 19.214, ha permitido capacitar a más de 60.000 trabajadores y dirigentes sindicales, en más de 1.821 cursos. Esto es importante, sobre todo para las regiones.

La renovación del fondo permite ampliar la capacitación, la formación y la asesoría del mundo laboral; pero también posibilita entregar recursos a las asociaciones gremiales de la pequeña y microempresa. La experiencia nos dice que cerca del 40 por ciento de estos fondos van hacia la pequeña y mediana empresa, factor que también incide en la ocupación. Vamos a vivir una restricción de la economía nacional; ya estamos viviendo una reducción significativa del empleo, y por la vía de estimular a la micro, pequeña y mediana empresa con la capacitación, podremos abordar una parte del fenómeno de la desocupación.

Por eso, quería subrayar la enorme importancia que tiene este proyecto para la economía chilena, para el mundo laboral, para las organizaciones sindicales y para el fortalecimiento de la otra “pata” de las relaciones laborales -el mundo laboral chileno-, y, en razón de eso, lo votaré favorablemente.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Edgardo Riveros.

El señor RIVEROS.-

Señor Presidente , la verdad es que el Diputado señor Paya formuló algunas consideraciones que lo mueven a oponerse al proyecto. Sin embargo, en esta ocasión no se ha referido a la razón de fondo por la cual la UDI se opone a una iniciativa de esta naturaleza.

Dicha razón quedó planteada cuando discutimos en general este proyecto. Fue entonces cuando el Diputado señor Paya expresó la razón de fondo que lo llevaba a oponerse a la iniciativa: porque no considera necesaria la organización de los trabajadores, dado que ésta, según su parecer, no se condice con el interés nacional. Ésa es la razón de fondo, y así quedó consignada en la versión oficial.

En realidad, este punto corresponde a la esencia de la discusión de muchos años en nuestro país. Es el pensamiento conservador que ha estado vigente en Chile durante décadas, y que incidió en la creación de nuevas ideas a través del pensamiento social de la Iglesia Católica.

Desde la Encíclica Rerum Novarum hasta nuestros días, la Iglesia Católica y, en general, el mundo cristiano, han visto cómo se ha ido incorporando la idea de una mayor participación de los trabajadores mediante sus organizaciones, porque dichas organizaciones no se ven como un adversario para el progreso de los Estados; por el contrario, se consideran un factor necesario y coadyuvante al proceso del desarrollo de los países, un aporte a la paz social y a un mejor equilibrio de las relaciones en las unidades productivas. Por eso, un proyecto de esta naturaleza sirve a ese objetivo: lograr que los actores que se mueven en el proceso productivo del país tengan más conocimiento, más información y la posibilidad de participar de manera más equilibrada en el quehacer productivo de nuestro país.

Pero la UDI insiste en el pensamiento conservador tradicional: en mirar a las organizaciones de trabajadores como algo negativo y abyecto. Es el pensamiento conservador tradicional expresado hoy día por los nuevos conservadores; es el pensamiento de la Unión Demócrata Independiente. Ése es el punto que está presente en el fondo de este debate.

Por eso, resulta tan contrario a la realidad de los hechos el que en la actualidad existan personas que pretendan adornar su posición política con el pensamiento que, precisamente, ha provocado una modificación trascendente en el pensamiento social-cristiano en nuestro país: el compromiso con las organizaciones y con los trabajadores.

Por lo mismo, en su oportunidad, concurrimos decididamente a apoyar la idea de legislar al respecto, y hoy día también apoyamos de manera clara las modificaciones e indicaciones que tienden a perfeccionar el proyecto. Pero no adornemos con frases el pensamiento básico, esencial, manifestado por el Diputado señor Paya al oponerse a la idea de legislar sobre este proyecto, de mirar a las organizaciones de trabajadores como algo innecesario y perjudicial para el desarrollo del país. Nosotros nos inscribimos en la línea exactamente contraria: miramos a dichas organizaciones como algo positivo, que favorece el diálogo y el desarrollo del país, y vemos en este proyecto una forma concreta de favorecer esa idea.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia.

El señor URRUTIA.-

Señor Presidente , es indudable que dentro de los cambios de la relación trabajo-capital que vive nuestra época, la necesidad de fortalecer al sector de los trabajadores a fin de que enfrente en mejor forma las transformaciones tan rápidas que se producen en el mercado del trabajo, hace indispensable que el Estado favorezca la preparación de los trabajadores en tal sentido. Por eso, la creación de un fondo para modernizar las relaciones laborales y favorecer el desarrollo sindical apunta en el sentido correcto.

Los trabajadores no deben permanecer inermes ante los cambios repentinos y muchas veces desconocidos que ocasiona a su situación de trabajo un eventual problema de fracaso de la empresa o de obsolescencia del sistema productivo al cual están adscritos, como ocurrió en nuestro país en los sectores del carbón y de ferrocarriles -por citar algunos casos-, en los cuales nuestros trabajadores, al no contar con asesoría antes de incorporarse al mundo laboral, ignoraban que estaban ingresando a un sistema que la modernidad haría de muy corta vida. Por eso, debemos preparar a los jóvenes que ingresan al mundo del trabajo para enfrentar los inevitables cambios que deberán experimentar a lo largo de su vida laboral.

En países desarrollados como Estados Unidos, un trabajador cambia, en promedio, siete veces de ocupación durante su vida laboral antes de jubilar. En Chile, todavía tendemos a buscar un trabajo para toda la vida y a permanecer en la misma empresa; pero, naturalmente, esto ya no será posible por las transformaciones que se están generando en los sistemas productivos de nuestro país y del mundo.

Por eso, presenté una indicación para establecer que los fondos disponibles para los dos programas que se mencionan -perfecciona-miento sindical, capacitación y apoyo al conocimiento de los trabajadores, tanto de las grandes como de las pequeñas y medianas empresas-, también pueden destinarse a financiar proyectos que permitan a los trabajadores conocer exactamente la situación de su empresa en el corto, mediano y largo plazo, a fin de que puedan tomar decisiones a tiempo. Así, un joven que ingresa a una empresa podrá saber, gracias a un estudio imparcial realizado por una consultora que dé garantías, si determinada empresa le asegurará un trabajo y una remuneración adecuada durante largo tiempo, o si se trata de una empresa que está flaqueando y, por lo tanto, desde el punto de vista de sus intereses, lo mejor será pensar en buscar un trabajo más seguro en otra parte y mejor remunerado.

Creo que aquí hay una enorme asimetría. El sector empresarial dispone de medios, conocimientos, asesorías, consultorías, etcétera, para saber exactamente cómo va y qué futuro tiene una determinada empresa. Así, los accionistas y sus dueños pueden vender, traspasar o modificar la situación de propiedad y recibir el menor daño posible, en caso de que quiebre u obtenga una rentabilidad cada vez menor. Sin embargo, en la actualidad, los trabajadores no tienen esa información, que es necesario otorgarles para crear en Chile un moderno mercado del trabajo.

Como esta indicación fue rechazada en la Comisión de Trabajo, deseo reponerla. Mis colegas argumentaron que esta materia ya está considerada en las normas del Código del Trabajo y en este mismo proyecto; sin embargo, aquéllas son demasiado imprecisas y no apuntan a este tema esencial. Si bien la capacitación sindical puede ser importante en lo global, es mucho más importante que cada trabajador sepa qué pasará con su empresa, con el objeto de que tome decisiones informadas que le sean realmente útiles para su futuro laboral.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor Navarro .

El señor NAVARRO .-

Señora Presidenta , cada día que se retrasa la aprobación de este proyecto, perjudica, sin duda, a trabajadores y empleadores, a las empresas y a los sindicatos.

Sólo quiero hacer resaltar que esta iniciativa no se refiere a educación, preparación y capacitación de sindicatos u organizaciones sindicales. En su título está establecida la esencia del objetivo que persigue: “crea un fondo para la modernización de las relaciones laborales y desarrollo sindical”. Así, se da un tremendo énfasis a la modernización de las relaciones laborales, elemento indiscutido en el mundo entero para mejorar dichas relaciones y algo que es esencial: la productividad de las empresas. Cuando hay mayor productividad, ganan los trabajadores y los empresarios; cuando se produce más y mejor, ganan todos.

Pero la base esencial para lograr tal objetivo es el recurso humano. Chile empieza a descubrir, al insertarse en la modernidad del desarrollo económico y productivo, que todo esto está basado en el hombre; el hombre es el centro de todo, puesto que maneja las máquinas y hace producir, y si las relaciones humanas entre empresarios y trabajadores están desvinculadas o en conflicto, la máquina no funciona, o si funciona lo hace en forma deficiente.

Por lo tanto, modernizar las relaciones laborales y dejar progresivamente de lado las tesis que contraponen a empresarios y trabajadores, son, sin duda, los objetivos del proyecto, que coadyuva en tal sentido, al mantener sólo durante cuatro años -es la observación que quería hacer- el financiamiento para lograr dichos objetivos.

Quiero rescatar el hecho de que todas las indicaciones de que fue objeto la iniciativa en el segundo informe, sin duda, contribuyeron a mejorarlo, incluso la del Diputado señor Paya . Si bien reconozco la aprensión que surge de la interpretación del concepto, el espíritu del precepto establece claramente que la distribución será homogénea y dependerá del consejo que se crea para estos efectos. Por lo tanto, no asumo que, en definitiva, vaya a existir un consejo que, integrado por importantes representantes, tanto de los trabajadores como de los empresarios, perjudique a alguna de las áreas que el mismo proyecto pretende beneficiar.

Por lo tanto, las indicaciones mejoran sustancialmente el proyecto. Es así como, en primer lugar, los cargos de consejeros serán incompatibles con los de socio de organismos ejecutores -lo que me parece muy bien porque no se puede ser juez y parte-, así como con las calidades de gerentes o administradores de dichas entidades. La Comisión aprobó la indicación por cuanto perfecciona la condición del consejo.

En segundo lugar, el hecho de que la idoneidad en materia de capacitación y formación se acredite, además, mediante la competente inscripción en el registro de organismos técnicos de capacitación que lleva el Sence, me parece absolutamente adecuado y, por lo tanto, también la Comisión aprobó la indicación sin mayores problemas.

En tercer lugar, se mejoró la letra b) del artículo 9º, según la cual los beneficiarios directos serán las pequeñas empresas y microempresas. Se agregó que se debe beneficiar también a las asociaciones gremiales legalmente constituidas.

En síntesis, el proyecto mejora en su segundo informe, establece mejores requisitos, regulaciones y exigencias y, sin duda, se constituirá en un instrumento muy importante.

Quiero recordar que la estadística de 1997 señaló, región por región, las personas beneficiadas. El informe que para ese efecto nos hizo llegar el Sence consigna que durante 1997 en la Primera Región se capacitaron 928 personas; en la Segunda, 770; en la Tercera, 552; en la Cuarta, 690; en la Quinta, 1.935; en la Sexta, 942; en la Séptima, 744; en la Octava, 988; en la Novena, 686; en la Décima, 1.253; en la Duodécima, 638; en la Undécima, 235, y en la Metropolitana, 3.514 personas. En definitiva, el fondo funcionó con anterioridad y no me cabe ninguna duda de que nuevamente lo hará.

Por eso, la bancada socialista y también los Diputados de la Comisión de Trabajo, aprobaremos el proyecto, que requiere un pronto despacho, ya que tanto el mundo sindical como el empresarial han manifestado que será positivo en los ámbitos en que fija su objetivo.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor Dittborn .

El señor DITTBORN .-

Señora Presidenta , es muy difícil no compartir el objetivo, loable y necesario, que persigue el proyecto: contribuir a mejorar la capacidad negociadora de los trabajadores agrupados en sindicatos; pero discrepo del mecanismo que se utiliza para conseguir ese objetivo: la creación de este fondo. Ya tengo bastantes canas y conozco lo que ocurre con la creación de este tipo de fondos. En general, termina repartiéndose entre los amigos. Ésa es la verdad. Entonces, cuando el Diputado señor Riveros afirma que en la UDI no somos partidarios de la capacitación de los trabajadores, comete un profundo error, porque en la Comisión de Trabajo, a la que pertenezco, propuse una indicación para gastar este fondo o parte de él en aquellos que más la necesitan, que no son los trabajadores que ya pertenecen a sindicatos, quienes, por último, ya tienen algún grado de organización. Estimo que el Fondo también pudiera destinarse a capacitar a aquellos trabajadores que pertenezcan a empresas donde no existe ningún tipo de organización laboral o sindical, para que se creen sindicatos al interior de las mismas, porque me parece mucho más importante y valioso capacitar a aquellos trabajadores que no tienen sindicatos. Sabemos que, en la actualidad, muchas empresas del país carecen de sindicatos, porque justamente sus trabajadores no tienen la capacitación para formarlos. Entonces, mal puede el Diputado señor Riveros acusarnos, como partido, de estar en contra de la organización de los trabajadores, de la creación de los sindicatos y de la negociación colectiva. Al rechazar la indicación que propusimos, se nos prohibió que este fondo pudiera destinarse a aquellos trabajadores que, no perteneciendo a sindicatos, soliciten su apoyo para capacitarse. Más bien, creo que este fondo es una especie de confabulación entre el Gobierno y la CUT para traspasarle recursos a ésta, y me molesta que para estos fines se recurra a una ley. El Gobierno, a través del presupuesto de la Nación y sin necesidad de una ley, puede traspasar recursos a aquellas agrupaciones sindicales que desee, aunque puedo no compartir ese objetivo. Me habría gustado una iniciativa que favoreciera a los trabajadores de aquellas empresas en que no existen sindicatos, a la pequeña y mediana empresa que, tal como decía el Diputado señor Paya , de acuerdo con este proyecto, podrían no recibir ningún apoyo. Con nuestra indicación, intentamos que una parte del fondo apoyara a los gremios en que están agrupadas la pequeña y la mediana empresa; pero, lamentablemente, tampoco se aprobó. Aunque debo reconocer que logramos incorporar algunas indicaciones importantes, por ejemplo, evitar que quienes administren el fondo sean también parte de los organismos de capacitación que prestarán los servicios -porque, evidentemente, ahí también se puede crear una confabulación para apropiarse en forma indebida de los recursos-, y se aprobaron otras indicaciones menores que mejoran la administración del fondo, me parece que, en lo sustancial, no se cumplió con lo más importante: que este fondo genere nuevos sindicatos en aquellas empresas donde hoy no existen.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor Paya.

El señor PAYA.-

Señora Presidenta , en primer lugar, quiero agradecer la intervención del Diputado señor Riveros , puesto que, probablemente sin pretenderlo, me ha recordado la principal objeción que, en su oportunidad, formulamos y que ahora también debe hacerse al proyecto. Si se trata de promover las relaciones laborales, uno debe preguntarse: ¿cómo promovemos la modernización de las relaciones laborales de esa enorme mayoría de trabajadores chilenos no sindicalizados? A eso justamente apuntaba la indicación que mencionaba el Diputado señor Dittborn y que fue rechazada. ¿Qué pasa en esas empresas donde no hay sindicatos? ¿Qué pasa con los trabajadores no sindicalizados dentro de una empresa en la que sí hay sindicatos? ¿Acaso no tienen relaciones laborales, o no tienen una relación laboral que amerita modernizarse? Nuestra objeción, Diputado señor Riveros , no fue la que usted señaló. Creo que lo traicionó el oído, porque tiene muy buena memoria, y ello es natural, porque se tiende a interpretar lo que se escucha conforme a los propios criterios. Nunca hemos sido partidarios de un mundo en que ningún trabajador pueda ni deba estar sindicalizado porque los sindicatos sean encarnaciones mismas del mal. Tampoco creemos que deban ser una panacea impuesta o forzada por ley de una u otra manera, y, por tanto, vivir en un mundo en que todos los trabajadores están sindicalizados. Fuimos siempre, lo somos y seguiremos siendo partidarios de la libertad y de la libertad sindical, algo que, gracias a Dios y al esfuerzo de muchas personas y, a pesar de otras, hoy es una realidad en Chile, como quiera que los trabajadores pertenecen a los sindicatos que quieren. Es verdad que en el límite, como en toda norma, se producen fricciones, y hay trabajadores que quisieran sindicalizarse con más facilidad; pero también es cierto que muchos sindicatos, también en el límite, fuerzan un poco la voluntad de los trabajadores. Pero ése no es el tema. Por tanto, Diputado señor Riveros , nuestra objeción no apuntaba a la entrega de plata a los sindicatos en Chile. Nuestra aprensión era otra: ¿acaso los trabajadores sindicalizados son los únicos que tienen relaciones laborales dignas de ser modernizadas y apoyadas mediante un fondo? No es así. Y eso no está recogido en el proyecto. La enorme mayoría de los trabajadores chilenos no es beneficiaria potencial del proyecto.

En segundo lugar -lamentablemente, no se encuentra presente el Diputado señor Navarro , quien de muy buena fe aludió a la norma que he objetado mil veces respecto de la distribución de los recursos de este fondo-, quiero señalar que mi planteamiento no es un problema de espíritu, ni siquiera de interpretación. Ojalá que quede en acta. Es claro que, según el proyecto, podría no entregarse dinero a la línea de financiamiento de programas de microempresas, no obstante que la norma pareciera decir que esto se repartirá por mitades o, por lo menos, por tercios. Según el informe financiero adjunto al proyecto, no se plantea la posibilidad de gastar ni la mitad, ni siquiera un tercio, en las microempresas. Basta ver el informe financiero para darse cuenta de que es una disposición discrecional, y que podría modificarse en el futuro y gastar cero peso en las microempresas. Eso quería aclararle al Diputado señor Navarro . Por lo tanto, no es una cuestión de espíritu ni de interpretación de la norma. Es claro que es así. Por eso, reitero mi objeción.

Señora Presidenta , por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Riveros , con cargo a mi tiempo.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra, hasta por un minuto, tiempo que le resta al Diputado señor Paya , el Diputado señor Riveros.

El señor RIVEROS.-

Muchas gracias, colega.

Señora Presidenta , simplemente quiero confrontar los dichos con lo que figura en la versión de la sesión 26ª, en la que el Diputado señor Paya , al anunciar su oposición a la idea de legislar, dice lo siguiente: “La razón de fondo es que el proyecto asume -y es una discusión que ni siquiera se planteó- un punto de vista que me parece sumamente discutible, respecto del sentido o rol que hoy tiene la actividad sindical en Chile y en las economías modernas.

“El proyecto asume -el mensaje lo dice con todas sus letras- que la promoción en la formación de organizaciones sindicales es del máximo interés nacional, al punto que, concretamente, a través del proyecto, se destinan recursos para promoverlas”.

Más adelante, en el párrafo siguiente, señala: “En definitiva, aquí hay una cuestión de fondo: es sumamente discutible que sea de interés nacional y de prioridad fiscal invertir recursos en el sentido que el proyecto propone”.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado .

El señor RIVEROS.-

Efectivamente, es una posición contraria a la organización de los trabajadores.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señora Presidenta , cuando se legisló originalmente, hubo desconfianza en crear una institucionalidad permanente que garantice recursos para la capacitación en el ámbito de las relaciones laborales, en particular en el del desarrollo sindical. Ésta es una antigua demanda del movimiento obrero del país, de la CUT, que comenzó a hacerse realidad hace unos cuatro años y, al igual que en el proyecto original, por desgracia, en esta iniciativa se mantiene un error conceptual, quizás por aproximaciones políticas y de desconfianza: el proyecto es a plazo fijo, lo que, a juicio de la bancada socialista, resulta nocivo. Pero el problema más de fondo radica en que es difícil hablar de modernización de las relaciones laborales del país cuando existe un amplio sector que no respeta las relaciones laborales. En efecto, más allá de la frase declarativa de que “hay libertad sindical”, en muchas partes, cuando los trabajadores intentan sindicalizarse, son despedidos o, en aquellos lugares donde hay sindicatos y la empresa quiere destruirlos, ésta establece grupos negociadores en el período previo a la negociación colectiva, precisamente para sacar el piso al rol que le corresponde a los sindicatos. Es decir, cuando queremos hablar de la modernización de las leyes laborales, necesitamos partir de un cambio cultural en nuestra sociedad, en la cual los empresarios den el ejemplo en el respeto a los derechos que establece la ley.

En segundo término, que la Oposición se sincere con el país y explique por qué ha votado contra las reformas laborales que permiten que un grupo mayor de trabajadores pueda sindicalizarse y tener derecho a la negociación colectiva.

Es una vergüenza, a nuestro juicio, que días después de las elecciones parlamentarias del año pasado, en la primera sesión del Senado, la Oposición haya tirado al piso el proyecto del Gobierno que permitía ampliar a otros sectores las capacidades de negociación colectiva y sindicalización.

En el fondo, establecer esos derechos es el prerrequisito para hablar de relaciones más modernas en el mundo laboral del país. En ese contexto, otorgamos un valor al proyecto de ley, pero no lo consideramos la panacea.

Otro de los elementos que nos hacen sostener ese argumento es que los recursos que se destinan a la iniciativa son limitados. Por eso a veces -al menos ése es mi juicio- se plantean objeciones conceptuales al hecho de que se hayan incorporado al proyecto recursos para la capacitación de la pequeña y microempresa, no porque no se les deba otorgar. Al contrario, la bancada socialista, en muchas ocasiones, ha sido partidaria de que exista una ley de promoción y defensa de la pequeña y microempresa. Pero entendemos que ese actor social, decisivo en el país como generador de empleos, y que ha sido objeto de varias iniciativas públicas para fortalecer su capacitación a través del Sence o Fosis , cumple un rol distinto al de los sindicatos.

Conceptualmente, algunos hubiésemos preferido que este segundo programa no estuviese en esta iniciativa, sino que se permitiera debatir el rol de la pequeña y microempresa, su fomento y capacitación en otro contexto.

Respecto de la reflexión del colega señor Paya , debo reconocer que si uno acepta en plenitud la lógica del proyecto, el cual creemos que es limitado, de escasos recursos, que se da en el contexto de un país como el nuestro -en que no hay relaciones modernas en el mundo del trabajo y donde la Oposición no ha permitido avanzar en reformas laborales para que más trabajadores puedan organizarse, a fin de participar de las negociaciones colectivas, garantizándoles derechos laborales-, tiene razón en un punto. Si la voluntad es asegurar que un tercio, a lo menos, de los fondos vaya a la pequeña y microempresa, es importante que quede consignado en la ley, toda vez que la redacción, a mi juicio, sí se presta para diferentes interpretaciones.

Si la voluntad es que esta normativa no sea letra muerta y aceptando que quede incorporada aquí -reitero que somos críticos de que este aspecto figure en el proyecto, porque creemos que debe estar en otro ámbito, como podría ser la ley de fomento a los artesanos y microempresarios-, sin duda se debería establecer, tal como se hace para el otro programa, un piso de recursos con el fin de dar la posibilidad de que su efectividad sea evaluada en el tiempo.

Entiendo que hay diferentes juicios sobre si la interpretación que surge del texto es suficientemente clara o no. Es importante que quede registrado el espíritu de la norma en la historia de la ley, en orden a que si establecemos este programa, que es uno de los elementos de transacción que hay en el proyecto para que sea aprobado, por lo menos debe garantizársele un piso, de forma tal que lo podamos evaluar más adelante.

Sin duda, las modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda mejoran sustantivamente el proyecto. Garantizan mecanismos de transparencia, que no se presten para equívocos, que el rol de quienes deciden el uso de los recursos esté absolutamente “descontaminado” de quienes ejecutan las acciones de intervención en el mundo de la capacitación de las relaciones laborales. En ese sentido, la bancada socialista va a respaldar esas indicaciones.

Quiero hacer una última reflexión. La creación de fondos de capacitación de las relaciones laborales cobran mayor relevancia en la coyuntura económica que vive el país. Lo que puede ocurrir en la economía nacional en el próximo tiempo nos tiene que llevar a la reflexión sobre cuán importante es destinar una mayor cuantía de recursos para un mercado laboral cada vez más flexible, móvil y dinámico.

El monto de recursos de que se dispone no guarda relación con las transformaciones del mercado laboral ocurridas en los últimos diez años en nuestro país, por lo cual espero que, una vez que despachemos el proyecto, el Ejecutivo se allane a proporcionarlos en un instrumento permanente, como ha sido la demanda de la CUT en estos años.

En definitiva, que se logre comprender que este marco de recursos es insuficiente, si queremos realmente establecer una lógica de educación y capacitación permanentes para las fuerzas de trabajo de nuestro país.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ .-

Señora Presidenta , es una realidad que en nuestro país sólo 500 mil trabajadores son parte de los sindicatos legalmente constituidos. Es un número mínimo, producto, entre otras causas, de que, ahora más que nunca, el desempeñar cargos de dirigente sindical es complicado y trae inmensas dificultades.

Algunos empresarios estiman que, por el hecho de que los trabajadores formen una organización sindical, se transforman prácticamente en adversarios e incluso en enemigos. Eso ha provocado una justa inquietud en los 4 millones de trabajadores.

En ese aspecto, los parlamentarios, como Poder Legislativo, que somos precisamente los representantes populares, debemos dar señales precisas de que queremos revertir esa situación.

En la discusión del proyecto, se planteaba, entre otras cosas, que no significaba una modernización de las relaciones laborales y mayor desarrollo sindical. Al respecto, me hago la siguiente consulta: ¿Debido a eso también le vamos a restar a esos 500 mil trabajadores la oportunidad de que se desarrollen como personas, como seres humanos, que siempre deben ser el centro de la sociedad, y la posibilidad de tener una capacitación respecto de sus deberes, obligaciones y sus fortalezas como dirigentes sindicales para representar a sus compañeros de trabajo?

En el informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social se consignan tres indicaciones patrocinadas por parlamentarios de todos los partidos políticos con representación en la Cámara, las que mejoran sustancialmente, de acuerdo a lo que todos han planteado aquí, el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

En primer lugar, planteamos que los cargos de consejeros son incompatibles con los de socios de organismos ejecutores, así como con las calidades de gerentes o administradores de dichas entidades. Tal como se dijo aquí, se pone término a lo que podría constituir una especie de juez y parte.

En la segunda indicación se elimina la frase “asesores y consultores independientes”, con el objeto de dar transparencia a la capacitación y formación de los trabajadores, buscando organismos técnicos de capacitación que tengan el reconocimiento del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

No se formuló la tercera indicación por el qué dirán, sino porque a través de ella se deja de manifiesto nuestro deseo de que la pequeña y microempresa formen parte del fondo de modernización laboral.

Recuerdo que en estos cuatro años se han capacitado 60 mil trabajadores chilenos, con un presupuesto de más o menos 2.400 millones de pesos. Tal como lo dice uno de los artículos del proyecto, los montos deben quedar fijados en la ley de Presupuestos. Los Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social han manifestado la voluntad y disposición para que el próximo año se otorguen recursos por, a lo menos, 900 millones de pesos, lo cual implicará un aumento de 50 por ciento anual, con un tope, al cabo de cuatro años, de 3.600 millones de pesos. Eso significa aumentar también en un 50 por ciento la capacitación y modernización de los trabajadores chilenos.

Me parece que es nuestro deber y responsabilidad ser claros y precisos y apoyar, en lo posible en forma unánime, este segundo informe, con el fin de que el proyecto se convierta a la brevedad en ley de la República.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Vilches.

El señor VILCHES .-

Señora Presidenta , el despacho del proyecto que crea un fondo para la modernización de las relaciones laborales y el desarrollo sindical es, sin lugar a dudas, un hecho importante. Ésta es la tercera vez que estamos en condiciones de aprobar un fondo para la capacitación de dirigentes sindicales.

Los diputados de Renovación Nacional apoyamos la iniciativa, porque creemos en el sindicalismo y en la representación de los trabajadores.

Pero también hay que señalar algunos hechos. Normalmente, las relaciones de los sindicatos con los empresarios han sido confrontacionales. Y ello se advierte en el discurso que acaba de pronunciar mi colega Juan Pablo Letelier, quien se ha referido a las debilidades que tiene el sistema de sindicalización.

Precisamente, a pesar de que se ha legislado para fortalecer el sindicalismo, los trabajadores todavía no creen en él, porque el 90 por ciento de ellos, la gran masa laboral, no está sindicalizada.

Es decir, estamos legislando para un grupo que, sin lugar a dudas, ha cumplido un rol importante en el país. Pero éste no constituye un privilegio para los dirigentes de los sindicatos de uno u otro color político. Eso es una utopía de la Izquierda, que siempre quiere aparecer como manejando los sindicatos. No es así y por eso concurriremos con nuestro voto favorable.

Al respecto, cabe señalar que en El Salvador, división de Codelco Chile, los sindicatos más políticos son manejados por dirigentes independientes, quienes han tenido especial preocupación por capacitarse y prepararse para negociar cada dos años -en esta oportunidad por tres años-, a fin de representar en debida forma a los trabajadores. Al respecto, hay que tener presente que hoy la modernización ha dejado a muchos fuera de lugar y los imposibilita para cumplir su función de manera adecuada.

Sin complejos, aprobaremos el proyecto, porque consideramos positivo el hecho de que dirigentes y trabajadores sigan capacitándose. Ello les permitirá contar con los elementos necesarios para negociar en buena forma en representación de los trabajadores.

Aun cuando el fondo será manejado por un consejo, como Oposición nos parece que podría ser utilizado en forma sesgada; pero ahí está el rol de los parlamentarios, porque también es responsabilidad nuestra fiscalizar que un fondo del Estado, destinado a asignar recursos para capacitar a trabajadores sindicalizados, llegue, sin discriminación, a todos, lo cual se resguarda por la forma en que se integre el consejo.

Señora Presidenta , por su intermedio concedo una interrupción al Diputado señor Aguiló.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

Con cargo a su tiempo, señor diputado . Restan cuatro minutos.

Tiene la palabra el Diputado señor Aguiló.

El señor AGUILÓ.-

Agradezco la caballerosidad del Diputado señor Vilches .

Señora Presidenta , sólo quiero precisar, respecto de la intervención del colega Juan Pablo Letelier , que los socialistas no hemos estado nunca por un sindicalismo confrontacional. A nuestro juicio, el rol de los sindicatos es de colaboración y de instrumento para la negociación colectiva, es decir, para establecer relaciones laborales armoniosas, en lo posible, en todas las empresas del país. Lo que ocurre es que en Chile hay un 90 por ciento de trabajadores no sindicalizados, básicamente porque nuestras leyes, a diferencia de lo que sucede en todos los países modernos, en particular en Estados Unidos y en Europa, no defienden la posibilidad de que el sindicato juegue efectivamente el rol de armonizar las relaciones laborales de manera que permitan negociar las condiciones laborales y remuneracionales en la empresa.

Quise hacer esa precisión para que no se entienda mal lo que señaló el Diputado señor Juan Pablo Letelier .

Me alegra mucho que Renovación Nacional tenga la opinión que señaló el Diputado señor Carlos Vilches respecto del rol de los sindicatos en Chile.

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Vilches .

El señor VILCHES .-

Señora Presidenta , durante muchos años se nos ha responsabilizado de no aprobar las reformas laborales propuestas por los partidos de la Concertación. No lo hemos hecho, porque nuestras ideas, nuestro plan para modificar las leyes y dar mayores posibilidades a los trabajadores, no fue aceptado por el Gobierno. Nos hemos opuesto a la negociación por áreas, tema muy sensible para los trabajadores, porque si ellos no lo aceptan, menos lo haremos nosotros, que deseamos representarlos de la mejor manera.

Señora Presidenta , por su intermedio concedo una interrupción al Diputado señor Haroldo Fossa .

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor Fossa, hasta por dos minutos.

El señor FOSSA.-

Muchas gracias, colega Vilches .

Señora Presidenta , aun cuando Renovación Nacional votará a favor el proyecto, deseo dejar constancia de algunas cosas.

No es posible que en un debate en el cual tratamos la creación de un fondo de capacitación para los trabajadores, nos vayamos por otros aspectos en materias laborales, en particular la negociación colectiva.

Vuelvo a insistir en un punto: si en este momento de crisis tuviésemos aprobada una ley laboral sobre negociación por área o negociación colectiva, que nos pillen confesados, porque estaríamos absolutamente en la línea incorrecta, sobre todo si hay un desempleo permanente y una crisis a la que me referiré más tarde, en Incidentes.

Me extraña que en el proyecto se haya mantenido una diferencia de financiamiento entre las organizaciones sindicales y las pequeña y mediana empresa. Le aclaro a mi colega señor Juan Pablo Letelier que no se capacita a las empresas, sino a sus trabajadores, razón por la cual deberían tener la misma oportunidad que los sindicatos más organizados.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

Como no ha intervenido el Comité del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el Diputado señor José Pérez.

El señor PÉREZ ( don José ).-

Señora Presidenta , el proyecto en discusión es de la mayor relevancia para nuestro país y sus trabajadores.

Sabemos que los países desarrollados entregan cantidades importantes de recursos para capacitar a los trabajadores de las distintas áreas del quehacer nacional. Nosotros estamos recién preocupándonos de este tema tan trascendente.

Tal como se ha señalado, la capacitación de los trabajadores, de los pequeños y medianos empresarios, es de gran importancia para que sean más eficientes y tengan un mayor rendimiento en su fuente laboral. La empresa aumenta su producción y ganan ambos, la empresa y el trabajador. Es cierto que aún existen relaciones confrontacionales entre empresas y trabajadores en muchos sectores de nuestro país, pero, junto con la capacitación, es conveniente crear un clima de armonía, con el objeto de que los empresarios sepan que los trabajadores son indispensables, que es necesario darles un buen trato a fin de que cuiden la empresa y ésta mejore sus niveles de rendimiento y, a su vez, los trabajadores entiendan que deben cuidar su fuente laboral, porque si no lo hacen, se puede terminar. Ésa es la función de empresarios, trabajadores y políticos: crear un clima de acercamiento, de entendimiento, de responsabilidad laboral y de sensibilidad del empresariado. El día que logremos ese punto, no habrá divergencias, sino un gran entendimiento.

La iniciativa mejorará las posibilidades de capacitación de mucha gente que hoy la necesita y que está en muy precarias condiciones tratando de superarse.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-

Cerrado el debate.

En votación.

Por no haber sido objeto de indicaciones ni modificaciones, se declaran aprobados reglamentariamente los artículos 3º, 5º, 6º, 8º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 y el artículo transitorio.

En votación el artículo 1º.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 3 abstenciones.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló,Álvarez-Salamanca, Álvarez, Bertolino, Bustos (don Juan), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Delmastro, Elgueta, Encina, Errázuriz, Fossa, Galilea (don Pablo), Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Reyes, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Silva, Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Vega, Velasco y Villouta.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Dittborn, Recondo y Van Rysselberghe.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Bartolucci, Orpis y Pérez (don Víctor).

La indicación es de los honorables Diputados señores Pareto, Ceroni y Urrutia, para agregar en el artículo 2º una letra c), nueva, redactada en los siguientes términos: “Los dos programas anteriores también podrán financiar proyectos que permitan a los trabajadores conocer la situación de sus respectivas empresas, tanto en el presente como su proyección a corto, mediano y largo plazo”.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-

En votación el artículo 4º, modificado.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 5 abstenciones.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló,Álvarez-Salamanca, Álvarez, Bustos (don Juan), Caminondo, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Delmastro, Elgueta, Encina, Errázuriz, Fossa, Galilea (don Pablo), Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Luksic, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Reyes, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Silva, Tuma, Urrutia, Valenzuela, Vega, Velasco, Vilches y Villouta.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Dittborn, Pérez (don Víctor), Recondo, Ulloa y Van Rysselberghe.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Bartolucci, Correa, Díaz, Molina y Orpis.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-

En votación el artículo 7º, modificado.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Álvarez-Salamanca, Bustos (don Juan), Caminondo, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Correa, Delmastro, Encina, Errázuriz, Fossa, Galilea (don Pablo), Gutiérrez, Hales, Hernández, Huenchumilla, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Recondo, Reyes, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Silva, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vega, Vilches y Villouta.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Díaz yMolina.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-

En votación el artículo 9º, modificado.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 4 abstenciones.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-

Aprobado.

Queda despachado el proyecto.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló,Álvarez-Salamanca, Bustos (don Juan), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Elgueta, Encina, Galilea (don Pablo), Gutiérrez, Hales, Huenchumilla, Jarpa, Jiménez, Jocelyn-Holt, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Reyes, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Silva, Tuma, Urrutia, Vega, Velasco, Vilches y Villouta.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Álvarez, Dittborn y Ulloa.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Díaz, Molina, Orpis y Van Rysselberghe.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-

Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto que modifica el inciso tercero del artículo 6º de la ley Nº 17.238, que autoriza la importación de vehículos destinados a personas lisiadas.

Diputada informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es la señora Eliana Caraball.

Antecedentes:

-Moción, boletín Nº 2024-15, sesión 70ª, en 14 de mayo de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 3.

-Informe de la Comisión de Obras Públicas, sesión 27ª, en 18 de agosto de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 7.

La señora CARABALL (doña Eliana).-

Señora Presidenta , la moción que paso a informar tiene su origen en una iniciativa del Diputado señor Baldo Prokurica , la que contó con el apoyo de la Diputada señora María Angélica Cristi , de los Diputados señores Arturo Longton , Carlos Ignacio Kuschel y de los ex Diputados señores Eugenio Munizaga , Francisco Bayo , Harry Jürgensen , Ángel Fantuzzi , Vicente Karelovic y Teodoro Ribera .

Durante el estudio del proyecto, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del Diputado autor de la moción, señor Baldo Prokurica , y de la Diputada señora María Angélica Cristi .

En lo fundamental, el proyecto propone modificar el inciso tercero del artículo 6º de la ley Nº 17.238, que autoriza la importación de vehículos destinados a personas lisiadas, dado que éstas no pueden beneficiarse con la legislación vigente por la cantidad de trabas que ésta contiene. La moción busca agilizar esos trámites para que la gente impedida pueda incorporarse efectivamente a su actividad laboral y darles la oportunidad que merecen.

El actual artículo 6º consta de 11 incisos, en los cuales se definen con lujo de detalles las condiciones que se deben cumplir para poder importar estos vehículos, las exenciones aduaneras de que se dispone y las sanciones en las cuales se incurre por dar datos falsos o por abusar de esta franquicia.

Hago presente a la Sala que cuando se dictó esta ley, que data de finales de la década del 60, la importación de vehículos era prácticamente un lujo. Por lo tanto, esta ley está llena de indicaciones para evitar los abusos que se pudieren haber cometido en el uso o en la importación de un vehículo mediante ciertos privilegios, como exenciones tributarias y otros, con lo que se perdió un poco el objetivo de privilegiar a las personas que sufren de un tipo muy determinado de discapacidad, para traer un vehículo importado con el acondicionamiento necesario para poder usarlo y, de esta manera, incorporarse al mercado de trabajo o mantener el trabajo que actualmente tienen.

Es importante destacar que el inciso primero del artículo 6º de la ley Nº 17.238 señala que esta importación se hace sin depósito y con una tributación aduanera única, equivalente al 50 por ciento del derecho ad valorem del arancel aduanero que les afectaría de acuerdo al régimen general. Los vehículos que se importen deben tener características técnicas especiales, de manera que su manejo y su uso sea condicionado especialmente para las personas lisiadas. El destino del vehículo que se importe sólo puede ser para que el beneficiario ejerza su trabajo habitual o complete sus estudios o enseñanzas que propendan a su integral rehabilitación.

Cabe señalar aquí que el beneficiario que no tenga trabajo o no esté actualmente incorporado al mercado de trabajo tampoco puede hacer uso de esta ley.

Para los efectos de la aplicación del artículo 6º de esta ley, su inciso segundo establece que personas lisiadas son aquellas que presentan incapacidad permanente para la marcha normal, en virtud de lesiones orgánicas o funcionales que afectan uno o los dos miembros inferiores y, además, aquellas que, conjuntamente a su incapacidad permanente para la marcha normal, sufran de la incapacidad absoluta de uno de los miembros superiores.

Su inciso tercero, que es el que se propone modificar, dispone que para la internación, los interesados deben presentar a la Aduana un certificado que controle la incapacidad permanente requerida y que sólo podrá otorgar una comisión especial designada por el Servicio Nacional de Salud.

Su inciso cuarto plantea que los vehículos a que se refiere el inciso primero en ningún caso podrán tener un valor superior a 8.385,60 dólares FOB, sin considerar el mayor valor que representen los elementos opcionales constitutivos del equipo especial para lisiados que se señala en los certificados que para los efectos de esta ley deben emitir los servicios de salud a cada beneficiario. Para los vehículos de transporte de mercancías clasificados en la posición arancelaria 87.02.04, el límite señalado será de 12.578,41 dólares FOB.

Lo fundamental es que en el inciso tercero se señala que la incapacidad debe ser de tal grado que impida a la persona lisiada hacer uso de los medios de locomoción colectiva pública o particular para hacer su trabajo, completar sus estudios o enseñanzas que propendan a su integral rehabilitación en forma adecuada, o que el uso de los medios habituales de locomoción implique un agravamiento de su incapacidad.

Las personas lisiadas que importen estos vehículos deberán necesariamente cumplir con los requisitos de ser trabajadores habituales; tratarse de personas que están completando sus estudios en establecimientos educacionales del Estado o reconocidos por éste o de personas que se encuentran en proceso de rehabilitación en organismos estatales o reconocidos por el Estado.

A continuación, el artículo 5º preceptúa que la importación de vehículos mencionados en el reglamento se hará con informe del Banco Central de Chile, previa presentación de la resolución emitida por el Ministerio de Hacienda, la que deberá ir acompañada del certificado referido en el artículo 3º.

Finalmente, el artículo 8º se refiere a la resolución del Ministerio de Hacienda que debe presentar al Banco Central de Chile para que éste emita su informe. Mediante esta resolución, el Ministerio de Hacienda concede la franquicia y autoriza la importación del vehículo, previa presentación de la respectiva solicitud por el interesado, conjuntamente con los documentos que la misma enumera en sus letras a) a la k), entre los que se encuentra el siguiente: “d) “Copia de la licencia para conducir vehículos motorizados”.

En la mencionada licencia debe constar, con arreglo a las disposiciones de la ley Nº 18.290, la exigencia especial que afecta a su titular. Pero cabe hacer presente que, muchas veces, la licencia sólo se puede obtener una vez que la persona impedida esté en posesión del vehículo, ya que, de lo contrario, es imposible que pueda conducir.

Por lo tanto, esto se ha convertido en un círculo vicioso, porque las personas no pueden obtener la licencia por no tener el vehículo y no pueden obtener el vehículo porque no tienen la licencia.

Con esta moción se busca romper ese círculo vicioso, para lo cual se propone incorporar una disposición en la ley Nº 17.238, mediante la cual se señale que a las personas lisiadas e interesadas en importar un vehículo con características técnicas especiales para ser usado por ellas, no se les deberá exigir contar con licencia de conducir, puesto que es obvio que ésta sólo podrán obtenerla cuando cuenten con el vehículo especial.

Esto se discutió en la Comisión, y sus miembros estuvieron unánimemente de acuerdo en que esta moción, iniciada por el Diputado señor Prokurica y apoyada por otros señores parlamentarios, realmente propendía a mejorar una legislación que busca favorecer a los impedidos de este país -quie-nes, desgraciadamente, han sido incorporados a la administración pública en un porcentaje muy bajo-, con el objeto de que puedan acceder y mantener su actividad laboral o formativa, ya que, pese al buen espíritu de las leyes vigentes, las restricciones objetivas que contienen hacen muy difícil el acceso de estas personas a esos vehículos, entre las cuales figura una que es mucho más obvia de eliminar, cual es la de exigir previamente la licencia de conducir a la compra de este tipo de vehículos.

Éste proyecto de ley consta de un artículo único, que dispone: “Agrégase en el inciso tercero del artículo 6º de la ley Nº 17.238, a continuación del punto aparte (.), que pasará a ser punto seguido (.), lo siguiente: “Para efectos de dicha importación, en ningún caso se exigirá licencia de conducir”.

En consecuencia, la Comisión solicita a la Sala la aprobación de esta moción, por considerar que ella hace factible la aplicación de la legislación vigente a tan loable fin.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señora Presidenta , sin desconocer la importancia de este proyecto, que a lo mejor abarca un aspecto más limitado, quiero hacer presente que, a partir de estas mociones, uno debería plantearse y reflexionar sobre el tema de fondo, cual es cómo lograr la plena integración a la sociedad de las personas discapacitadas.

Por lo tanto, he presentado un conjunto de indicaciones a esta moción, que apuntan a transformar la lógica con que opera la ley Nº 17.238.

El bien jurídico que tratamos de fomentar y promover en este caso es la plena integración de las personas discapacitadas a la sociedad. La ley Nº 17.238 básicamente otorga un beneficio para esta integración, pero es absolutamente limitado.

Una de las formas en que las personas pueden integrarse a la sociedad es trasladándose de un lugar a otro, a través de un medio de transporte, en este caso un vehículo, para cuya importación se han dado las facilidades, porque muchas veces el costo de sus elementos adicionales impide que las personas tengan acceso a él.

¿Cuál es la lógica de la ley Nº 17.238? Básicamente, que las personas puedan trasladarse a su lugar de trabajo o completar sus estudios o enseñanzas que propendan a su plena rehabilitación. Pero muchas veces nos encontramos con personas discapacitadas en forma permanente que no están trabajando, lo que les impediría gozar de los beneficios de esa ley.

El tema no sólo se reduce al problema de la licencia de conducir, sino que, tal como lo ha señalado la señora diputada informante , a la cantidad insólita de trámites que se exige a estas personas para acceder a este beneficio de carácter tributario. No sólo tienen que demostrar la discapacidad o que cuentan con licencia de conducir, sino que, además, acreditar que no pueden trasladarse de un lugar a otro a través de la movilización colectiva, como lo exige el artículo 4º del decreto Nº 150, que reglamenta la ley Nº 17.238. Es decir, existe un conjunto de trabas en la actual legislación que impide la plena integración de los discapacitados a la sociedad.

En 1994 se dictó la ley Nº 19.284, respecto de la cual tengo serias dudas de que esté operando eficazmente, por ciertos elementos que he estado analizando. Por eso señalo que el tema va mucho más allá.

He presentado un conjunto de indicaciones para cambiar la lógica de la ley Nº 17.238. Creo que a las personas no sólo se les debe conceder este beneficio cuando existe un vínculo de carácter laboral o cuando están en un curso de enseñanza o rehabilitación para su plena integración, sino que debería otorgarse por el solo hecho de que una persona acredite esta discapacidad.

Quiero llamar a reflexionar qué ocurre con una persona que, a raíz de su discapacidad, es pensionada y vive de una pensión; qué ocurre con un menor discapacitado que necesita contar con un vehículo adecuado para poder trasladarse. ¿O acaso la movilización colectiva del país otorga grandes facilidades en la actualidad para que las personas lisiadas se trasladen de un lugar a otro? Creo que ninguna. Dado como se define la discapacidad en el inciso tercero de este artículo 6º, estoy seguro de que lo que deberíamos hacer aquí es abrir derechamente las puertas para que todas las personas con discapacidad gocen de los beneficios tributarios mencionados, y no sólo los que están trabajando o los que se están rehabilitando.

Por eso, he presentado una indicación al inciso tercero del artículo 6º de la ley Nº 17.238 para eliminar todas las condiciones establecidas para estas personas.

Por otra parte, debo hacer presente que se han ido cerrando los caminos por la vía reglamentaria, mediante la incorporación de exigencias que ni siquiera establece dicha ley, las que hacen muchísimo más difícil la impetración de este beneficio.

Por lo tanto, también he presentado indicaciones para que, en ningún caso, se hagan exigencias adicionales, por la vía reglamentaria, que impidan a los discapacitados obtener este beneficio.

Por eso, voy a aprobar la idea de legislar; pero, además, voy a plantear una reflexión a la Cámara, con el objeto de abrir mucho más estas puertas para integrar realmente a los discapacitados a la sociedad y que este beneficio de carácter tributario opere de manera mucho más amplia, porque creo que no se han logrado estos objetivos mediante las leyes Nºs 17.238 y 19.284.

He dicho.

El señor PARETO .-

Señora Presidenta , este proyecto, al margen de sus patrocinadores de una u otra tendencia, es absolutamente legítimo e imprescindible y esta Corporación debiera aprobarlo en esta oportunidad por la unanimidad de sus miembros. Ojalá que no existan indicaciones para que no obligue a devolverlo nuevamente a la comisión.

La iniciativa viene a hacer justicia a personas lisiadas, discapacitadas, a las que muchas veces se les prometen cosas que lamentablemente, en la práctica, nunca se cumplen.

Desde hace varios años, esas personas no tienen posibilidades para importar vehículos; en el fondo, la legislación vigente ni siquiera ha sido de gran apoyo, porque hoy sus precios están prácticamente casi al margen de los del mercado. El proyecto, por lo menos, fomenta y entrega un aporte interesante a la solución de sus problemas.

Cuando a través de las pantallas de televisión se nos presentan casos dramáticos de lisiados incapacitados, toda la opinión pública se conmueve; pero, pasado el momento o la oportunidad, nos olvidamos. Este proyecto hace justicia a esas personas, a quienes lamentablemente el destino les jugó una mala pasada.

La Diputada señora Caraball ha entregado el informe muy acucioso de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. Se escucharon muchas opiniones y, a mi juicio, hoy, en la Cámara, ningún diputado debiera oponerse o abstenerse en la votación del proyecto.

La bancada democratacristiana votará favorablemente, porque hacemos justicia a muchas personas que sufren y que, lamentablemente, no tienen las posibilidades de una persona normal.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor Roberto Delmastro .

El señor DELMASTRO .-

Señora Presidenta , me quiero sumar a los elogios para los autores de esta iniciativa, por cuanto en nuestro país no existe una legislación integral que favorezca la incorporación de los discapacitados a la vida nacional. Hoy, en Chile, se estima que existen un millón 400 mil chilenos discapacitados, cifra que generalmente sorprende a la gente, por cuanto no la aprecia en la calle, en la vida cotidiana, en las oficinas públicas o en los lugares de trabajo, debido a que en los edificios públicos, aceras de las calles, lugares de recreación o esparcimiento no existen facilidades para que esas personas se integren a la vida nacional. De hecho, sin ir más lejos, el aeropuerto Pudahuel, inaugurado hace algunos años, no contempla ningún tipo de facilidades para los discapacitados del país.

Entonces, me quiero sumar a esta iniciativa que favorece a esta gente que requiere de la ayuda tanto legislativa como económica para poder desarrollar una vida normal.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor Navarro .

El señor NAVARRO .-

Señora Presidenta , sin duda, el espíritu de los diputados que han patrocinado este proyecto es mejorar las condiciones de los discapacitados del país quienes, a pesar de los esfuerzos del Gobierno, con la creación del Fonadis, siguen siendo aún muy marginados debido, principalmente -como ha señalado el Diputado señor Orpis -, a una situación cultural que ejerce, constantemente, una discriminación -a veces inconsciente- en desmedro de ellos. Creo que la supresión de la exigencia de la licencia de conducir va a ser importante. Lamento no haber tenido oportunidad -así es la vida parlamentaria- de asistir con anterioridad a la discusión de esta iniciativa en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones; sin embargo, a pesar de su objetivo y eventual aprobación, el problema va a subsistir. Eso lo hemos conversado en más de una oportunidad con el director del Fonadis . El artículo 39 de la ley Nº 19.284 establece que para acceder a sus beneficios, las personas deben ser mayores de 18 años y, además, estar legalmente habilitadas para conducir. Por lo tanto, se vuelve a presentar lo que aquí queremos eliminar. Entonces, estamos reformando la antigua ley Nº 17.238 de discapacitados y no modificando la vigente.

Ésa será materia de discusión y habrá indicaciones de reedición, porque -repito- no parecería adecuado modificar la ley Nº 17.238 y dejar sin efecto la Nº 19.284 actual, en la cual también hay una exigencia similar, tanto o más importante, puesto que establece impedimentos concretos y efectivos, como asimismo beneficios para adquirir vehículos que faciliten el desplazamiento de los discapacitados.

Además, existe una vasta discusión respecto a modificaciones de la ley Nº 19.284, que es necesario abordar. Sin embargo, aún en la ley Nº 17.238 hay otros elementos que deben ser revisados. En la página 3 del informe se señala: “El artículo 1º establece que, para los efectos de la aplicación de este reglamento, se entenderá por persona lisiada a toda aquella que presenta una incapacidad permanente para la marcha normal por causa congénita o adquirida, que limita la función de uno o los dos miembros inferiores -es decir, una pierna o las dos-, y aquella que, además -esto es conjuntivo-, presenta una incapacidad absoluta de uno de sus miembros superiores;”, lo que constituye una nueva discriminación. Tengo en mis manos un documento de la Asociación Chilena de Lisiados, de 5 de agosto de 1997, en la cual se pide en forma reiterada hacer extensivos los beneficios de la ley Nº 17.238 y sus modificaciones a todos los discapacitados que no pueden conducir un vehículo por tener problemas tanto en sus miembros superiores como inferiores. Aparecería extremadamente discriminatorio exigir que una persona, para ser lisiada, deba tener problemas en una pierna o en las dos y, más todavía, en un miembro de las extremidades superiores. Eso -reitero-, claramente, es una discriminación y así lo haré presente a través de una indicación, porque esta definición se contiene en la ley Nº 17.238 que discutimos. El beneficio para la importación de vehículos motorizados -que conlleva el reglamento- debe ser para los discapacitados en cualquiera de sus miembros. Para conducir se requieren las dos piernas y los dos brazos, y no poseyendo uno solo de ellos se está en una franca discapacidad. Por lo tanto, dicha ley debiera ser modificada.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado .

El señor NAVARRO .-

Señora Presidenta , el trámite de la iniciativa que comentamos puede demorar varios meses en el Ministerio de Hacienda, y creo que debe establecerse un plazo inferior. La Asociación de Lisiados ha planteado que ese trámite no debiera durar más de 30 días.

Creo que es urgente conversar con el diputado informante y con la Comisión, por cuanto la modificación al artículo 6º de esta ley no produciría efecto inmediato y el artículo 39 de la actual ley sobre incapacidad reitera lo que pretendemos modificar.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor Baldo Prokurica.

El señor PROKURICA.-

Señora Presidenta , quiero agradecer la pulcritud de la diputada informante y, además, las intervenciones de los distintos diputados, ya que enriquecen el contenido de un proyecto de ley que debiera ser preocupación permanente del Poder Legislativo y del país.

Como se ha dicho, en Chile se han dictado diversas normas cuyo objeto es ir en ayuda de los discapacitados, pero, en la práctica, por distintas razones -es el motivo del proyecto-, ellas no han surtido todos los efectos que hubiesen querido quienes las presentaron y tramitaron.

Quiero traer a colación lo ocurrido con la ley Nº 19.284, despachada por el Parlamento en 1994. La verdad es que los cuantiosos beneficios que establece en favor de los discapacitados no se han podido cumplir, en primer lugar, porque los reglamentos demoraron años en ser dictados y, en segundo lugar, porque en el artículo 6º se establece la obligación de estar inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad y dicho registro sólo se implementó casi dos años después de que esa ley entrara en vigencia. Así, hay una serie de ejemplos que podríamos dar para establecer lo que han sido en la práctica sus beneficios.

Sin duda -como han dicho los Diputados señores Orpis y Navarro -, los problemas que afectan a los discapacitados en el país son muy vastos y, por supuesto, en esta materia, quienes hemos presentado el proyecto -la Diputada señora Cristi , los Diputados señores Longton , Kuschel , y el que habla, y los ex Diputados señores Munizaga , Bayo, Jürgensen , Fantuzzi , Karelovic y Ribera- estamos disponibles para ampliarlo y eliminar otras acciones que, a nuestro juicio, han producido también mucho daño y no han permitido que se lleven a la práctica sus beneficios.

El proyecto que nos ocupa tiene por objeto remediar sólo algunas de las injusticias que se están cometiendo en contra de los discapacitados. Me refiero, específicamente, a la exigencia contenida en el artículo 8º del Reglamento de la ley Nº 17.238 que los obliga, para los efectos de que puedan importar un vehículo con características especiales, según su grado de discapacidad, a contar con licencia de conducir que deberá establecer la exigencia especial que afecte a su titular. Ese documento debe ser acompañado -según prescribe el citado reglamento- a la solicitud de importación; de lo contrario, no se dará curso a la misma.

Como ha dicho la diputada informante hace unos minutos, esa situación se cierra a sí misma, porque todos los discapacitados tienen una realidad distinta y, por lo tanto, para poder dar el examen necesitan un vehículo acondicionado a su limitación. En la práctica, el requisito que se les exige, en virtud de la ley Nº 17.238, no se puede cumplir por esta misma razón.

Además, el beneficio no es tan grande como podríamos pensar, porque esa ley se redactó cuando tener vehículo era algo excepcional. Hoy todo el mundo posee vehículos y el beneficio es bastante bajo.

Como si fuera poco, las sanciones para el caso de transgresión de estas normas son muy graves. Por ejemplo, el comiso del vehículo; la Aduana, incluso, puede subastarlo si no se cumple con el objetivo.

En efecto -como se ha dicho-, para este tipo de importaciones, la ley libera a las personas discapacitadas del 50 por ciento del derecho de internación, del gravamen aduanero, y sólo dispone, en el inciso tercero del artículo 6º, que para los efectos de la internación de los vehículos, los interesados deben presentar a la Aduana un certificado que controle la incapacidad permanente requerida y que sólo podrá otorgar una comisión especial designada por el Servicio Nacional de Salud.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

Le queda un minuto, señor diputado .

El señor PROKURICA.-

Además, hemos presentado una indicación para suprimir el requisito -a que hacía mención el Diputado señor Navarro -, que aparece en el artículo 39 de la ley Nº 19.284, de que se esté legalmente investido para poder conducir, que ha sido interpretado como tener licencia de conducir.

Finalmente, creo que sólo así daremos un real testimonio, como Poder Legislativo, de que estamos efectivamente preocupados por integrar a los discapacitados a la comunidad y no fomentar que actúen en forma mendicante ante el Estado o el resto de los compatriotas, más aún si se considera que entre las personas afectadas con incapacidad hay ciudadanos competentes y con real disposición para trabajar y aportar a las fuerzas productivas del país.

Todos sabemos que la realidad que viven los discapacitados es muy difícil. Muchos de ellos quieren incorporarse a la sociedad, pero no como mendigos, como lo he dicho, sino trabajando, haciendo su aporte, con un ingreso digno para su familia, por lo que pido que no les neguemos esa posibilidad.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor Felipe Letelier.

El señor LETELIER (don Felipe).-

Señora Presidenta, concuerdo con varios colegas que me han antecedido en el uso de la palabra: el proyecto es un avance, pero no resuelve un problema grave en la sociedad chilena: el cultural.

Con los miles y miles de personas discapacitadas, la sociedad tiene una actitud que no vale la pena describir. Por lo menos, es discriminatoria y vejatoria.

Hay una conducta burocrática. Si se reemplazara y hubiera mayor sensibilidad, la situación de estos hermanos chilenos sería distinta. Estamos ad portas del desarrollo, pero gran cantidad de personas todavía no recibe beneficios.

Señora Presidenta , por su intermedio, quiero dar una interrupción al Diputado señor Salvador Urrutia .

El señor NAVARRO .-

Señora Presidenta , le expresé al presidente de la Comisión de Obras Públicas , Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara que, más allá de la intención positiva que han demostrado algunos diputados, entre ellos el señor Prokurica , la situación que se acomete es compleja, por cuanto en la ley antigua, la Nº 17.238, se habla de lisiados, en lugar de discapacitados, como lo hace la nueva.

La referencia que existe en la actual ley de discapacitados, la Nº 19.284, dejará sin efecto lo que hoy se apruebe, porque se refiere, en su artículo 39, a la ley antigua, y vuelve a reiterar la exigencia de los que estén legalmente habilitados para conducir.

Además, a propósito, dejaré a disposición de los señores diputados un proyecto de ley que tengo en mi poder.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la Diputada señora María Angélica Cristi .

La señora CRISTI (doña María Angélica ).-

Señora Presidenta , comparto la mayor parte de la inquietudes planteadas por los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra.

El número de lisiados en el país es de alrededor de l02 mil, y es evidente que no todas estas personas pretenden tener acceso a un vehículo. Hoy no es fácil adquirirlo, aunque sea imprescindible.

El proyecto hace más factible que los lisiados tengan un vehículo, porque en la legislación vigente los trámites son tantos y tan engorrosos, que imposibilitan su adquisición.

He ayudado a algunas personas a lograr ese objetivo, pero, a la larga, ha resultado más fácil comprar uno común y corriente y adaptarlo que hacer uso de las facilidades que da el Estado.

En la Comisión se planteó la posibilidad de aprovechar el proyecto para resolver algunos problemas pendientes. Entre ellos, el alza del monto para importar un vehículo automático -es el que necesita un lisiado-, que alcanza a alrededor de 8 mil dólares.

Es imposible importar un vehículo con esa cantidad. Por lo tanto, solicitamos al Gobierno aumentarla.

Por otra parte, hace bastante tiempo, la Cámara, por unanimidad, aprobó un proyecto de acuerdo mediante el cual se pedía corregir una serie de anomalías para acceder al beneficio. Básicamente, contenía tres puntos, los cuales solicito que se acojan como indicaciones.

lº Aumentar el valor máximo para la importación de vehículos motorizados para discapacitados.

2º Autorizar a sus cónyuges, padres o guardadores para conducirlos, en caso de impedimento para manejarlos, con el objeto de que puedan ser trasladados.

En algunos casos, se trata de personas postradas, que necesitan rehabilitación. Por lo tanto, es lógico que sus padres o guardadores puedan conducir dichos vehículos.

3º Eximir a los discapacitados de los derechos arancelarios para la importación de ayudas técnicas.

En la actualidad, primero se pagan y luego debe pedirse su devolución, lo cual también es tremendamente complicado. Si no tienen cómo pagarlos, con el tiempo, no lo pueden hacer, aunque después se les devuelva el dinero.

Es decir, es muy difícil acceder a un beneficio que establece la ley. La disposición que se modifica corrige algunas anomalías. En justicia, lo menos que podemos hacer es posibilitar a los lisiados un medio para que se movilicen.

Además, para ellos no se considera una serie de beneficios. En salud y en el medio urbano, no se les dan las facilidades que existen en otros países.

Por lo tanto, entregaré las indicaciones a la Mesa para que las haga llegar a la Comisión correspondiente.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-

Cerrado el debate.

En votación general el proyecto.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Álvarez-Salamanca, Bartolucci, Bertolino, Caminondo, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Coloma, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Elgueta, Errázuriz, Fossa, Galilea (don Pablo), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Huenchumilla, Jiménez, Leal, Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Melero, Molina, Monge, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Recondo, Reyes, Riveros, Rocha, Salas, Sánchez, Silva, Tuma, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Vega, Vilches, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-

Como el proyecto ha sido objeto de indicaciones, volverá a Comisión para segundo informe.

Artículo nuevo

1. Del señor Orpis para consultar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo... Elimínase del inciso primero del artículo 6º de la ley Nº 17.238, la siguiente oración: “y que se importen para ejercer su trabajo habitual o completar sus estudios o enseñanzas que propendan a su integral rehabilitación”.

2. De las señoras Pérez, doña Lily, y Caraball, doña Eliana, y de los señores Prokurica, Longton, Vilches, Huenchumilla, Mora y Navarro, para sustituir el artículo único, por el siguiente:

“Artículo único.- Agrégase en el inciso primero del artículo 39 de la ley Nº 19.284, que establece normas para la plena integración social de las personas con discapacidad, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido (.), lo siguiente: “Para efectos de dicha importación, en ningún caso se exigirá licencia de conducir.”.”.

3. Del señor Orpis para agregar en el artículo único, a continuación de la palabra “conducir”, la siguiente frase: “o la incapacidad que impida a la persona lisiada hacer uso de los medios de locomoción colectiva o particular para ejercer su trabajo”.

Artículos nuevos

4. Del señor Navarro para agregar los siguientes artículos nuevos:

“Artículo... Reemplázase el artículo 39 de la ley Nº 19.284, por el siguiente:

“Artículo 39.- Las personas mayores de 18 años que presenten discapacidad física en cualquiera de sus miembros inferiores y/o superiores, tendrán derecho a la importación de vehículos con características técnicas especiales, cuyo manejo y uso sea acondicionado especialmente según la discapacidad, sin depósito y con una tributación aduanera única equivalente al 50% del derecho ad valorem del arancel aduanero.

En ningún caso los vehículos a que se refiere el inciso precedente podrán tener un valor superior a US$ 8.556,46 FOB. Para los vehículos de transporte de mercancías que se clasifican en la posición arancelaria 87.02.04 el valor límite antes señalado será de US$ 12.834,64 FOB.

Igual franquicia obtendrán los vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad que no estén en condiciones de acceder en forma segura a los medios de transporte público corrientes, en cuyo caso el valor FOB de dichos vehículos no podrá exceder de US$ 15.000. Podrán ser beneficiarias de esta franquicia, las personas jurídicas sin fines de lucro que atiendan dentro del cumplimiento de sus fines a personas con discapacidad.

Las cantidades expresadas en este artículo se reajustarán anualmente, en la misma forma señalada en el artículo 1º, Nº 4, del decreto ley Nº 2.976, de 1979.

En los valores de los vehículos antes señalados, no se considerará el valor que representen los elementos opcionales constitutivos del equipo especial para discapacitados que señale el Compin, para cada caso.

Estos vehículos no podrán ser objeto de negociación o acto jurídico de ninguna especie, que signifique tenencia, posesión o dominio por personas distintas al beneficiario de la franquicia, dentro de los 3 años siguientes a la fecha de la importación, salvo que su transferencia sea efectuada a una de las personas beneficiadas con la presente franquicia. Respecto a los vehículos destinados al transporte colectivo de personas con discapacidad, éstos permanecerán por igual período afectos al uso indicado, sea en recorridos normales de la locomoción colectiva o mediante recorridos especiales, o contractuales para instituciones que demanden el transporte de pasajeros, escolares, o cualquier otro grupo de personas con discapacidad que dichas corporaciones atiendan.

El rendimiento que produzcan los derechos e impuestos que perciban las Aduanas por la importación de los vehículos señalados en este artículo será destinado al Fonadis.

En casos calificados, el Ministerio de Hacienda, por decreto fundado y previo informe favorable del Fonadis, podrá rebajar o eximir del pago de la tributación a que se refiere este artículo, a las personas discapacitadas que acrediten carecer de los recursos necesarios o conceder la presente franquicia, incluso en condiciones distintas, a aquellos discapacitados que se encuentren en situaciones especiales igualmente calificadas.

Las importaciones a que se refiere este artículo, no quedarán afectas a otros impuestos internos distintos del Impuesto al Valor Agregado . Por lo tanto, las leyes que graven con otro tipo de tributos a las importaciones de automóviles no afectarán a las de que se trata en este artículo, salvo que se les mencione expresamente.

En caso de transgresión a cualquiera disposición del presente artículo, la Aduana declarará el comiso del vehículo y procederá a subastarlo, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra e) del artículo 197 de la Ordenanza de Aduanas.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se pronunciará sobre las autorizaciones de importación a que se refiere el inciso tercero. Con todo, un reglamento determinará las normas para el otorgamiento de las autorizaciones, control y fiscalización por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de los beneficios establecidos en el referido inciso tercero.”.

Artículo... Derógase el artículo 6º de la ley Nº 17.238.”.

5. Del señor Orpis, para agregar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo... Elimínase del inciso primero del artículo 39 de la ley Nº 19.284, las palabras “mayores de 18 años”.”.

6. Del señor Orpis, para agregar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo... Suprímese del inciso primero del artículo 39 de la ley Nº 19.284, la frase “y estén legalmente habilitadas para conducir”.”.