Labor Parlamentaria

El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente , el tema que hoy nos reúne es de vital importancia para el fortalecimiento de nuestra democracia. Qué duda cabe de que una de las principales bases de una democracia sólida y moderna es la existencia y el respeto de valores tan fundamentales como la libertad de expresión, opinión e información.

Nuestro ordenamiento jurídico así lo entiende y consagra en el inciso duodécimo del artículo 19 de la Constitución Política, al asegurar a todos los ciudadanos la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio.

No es menos cierto que el respeto a esta garantía constitucional contribuye a la distribución y al equilibrio de los poderes, elemento esencial de una sociedad libre. Íntimamente ligada a ese equilibrio está la exigencia de una correcta y amplia difusión de la información y de los conocimientos.

Sin embargo, esta correcta y amplia difusión de la información es imposible sin la existencia de una verdadera garantía de la libre expresión, que permita emitir opiniones divergentes sin ser censurado o restringido. Así lo entendimos como Cámara de Diputados al aprobar el proyecto de ley sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo, también denominado ley de prensa.

En dicha oportunidad, consideramos necesario consagrar, junto a las libertades de expresión e información y como un elemento copulativo de éstos, el derecho a la información, denominado en el artículo 1º de dicha norma como “la libertad de recibir la información”.

Así, por lo demás, cumplimos con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también con el Pacto de San José de Costa Rica, los cuales establecen que toda persona tiene el derecho de buscar, recibir y difundir información e ideas. Este derecho ciudadano es básico e indispensable, pues el conjunto de principios, libertades y derechos se establecen teniendo como fin a las personas que se consideran anteriores a toda estructura o poder.

Cuando discutimos la ley de prensa, el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia decía: “El derecho a la comunicación es un derecho humano de naturaleza primordial, tanto que es imposible imaginar la vivencia práctica de cualquier otro derecho humano sin el previo aseguramiento de la comunicación”.

Sin embargo, vemos con preocupación como este punto, que fue gestado y aprobado con la participación de diputados de todas las corrientes, ha sido modificado por el Senado, lo cual nos obliga a detenernos en un análisis muy cuidadoso de las modificaciones que dicha Corporación ha efectuado a tan importante proyecto de ley.

Somos muchos los que creemos firmemente que una manera de asegurar la entrega de informaciones veraces es a través de la existencia de un efectivo pluralismo informativo. El proyecto de ley de prensa, como lo señalaba el informe entregado a la Sala, buscaba incorporar con mayor fuerza en la cultura nacional que las libertades de opinión y de información sean el soporte de la libertad, y que sin ellas todas las otras libertades se derrumban.

La opinión que nos podemos formar de un hecho o acontecimiento no es sino el ejercicio de buscar la verdad, lo cual posibilita el constante proceso de perfeccionamiento que nos abre el camino hacia el cambio a que todos aspiramos dentro de los valores de una sociedad libre y democrática.

La libertad de expresión no puede ser, a su vez, comprendida en toda su amplitud si no nos detenemos en otro concepto, en otra libertad que convive con ella: la libertad en la formación de las ideas.

Al poder contar con información, con conocimientos, podemos desarrollar, construir nuestras propias opiniones, compartirlas e integrarnos a otros seres humanos que sienten y comparten nuestras mismas necesidades. Sin embargo, todos estos conceptos resultan vacíos si no son acompañados por la posibilidad cierta y garantizada de informar, de emitir y de recibir opiniones y del derecho de todo ciudadano a ser plenamente informado.

La libertad de expresión es un atributo, un derecho que pertenece a todas las personas y comprende la libertad de instalar los correspondientes medios de comunicación. La mejor información de que pueda disponer un ciudadano supone la mayor y máxima concurrencia posible de canales informativos.

Durante los largos años del gobierno anterior al anterior fuimos testigos del control que se ejerció sobre los medios informativos: la censura previa, la persecución de aquellos que intentaban desarrollar una prensa independiente, la clausura de medios y los procesos ante la justicia militar eran hechos de todos los días. Sólo algunos medios se atrevían a desafiar a la autoridad y denunciaban lo que otros medios contribuían a ocultar.

La restricción a la libertad de expresión se manifestó más claramente en las dificultades que debió sortear un grupo que quiso abrir un espacio para la divergencia. En 1983, los fundadores de “La Época” enfrentaron esta restricción al presentar la solicitud al gobierno de antaño para crear dicho medio de comunicación, solicitud que fue archivada por más de dos años y medio. “La Época” sólo logró salir a circulación, tras la intervención de los tribunales de justicia, el 18 de marzo de 1987. Su aparición marcó claramente un espacio para el ejercicio del pluralismo, para el desarrollo y expresión de las opiniones de los más diversos sectores del país.

En medio de un clima adverso, lleno de restricciones y temor, “La Época” encarnó los deseos y las esperanzas de un cambio, los valores de una democracia plena y estable donde todos deseábamos tener cabida.

Los problemas financieros que hoy enfrenta, que amenazan su supervivencia, nos obligan a una discusión vital sobre la importancia que otorgamos a ciertos aspectos de la economía de mercado.

Sin entrar en un extenso debate sobre los pro y los contra del mercado, del cual soy partidario, no podemos desconocer que la existencia de una gama suficiente de medios de comunicación, que permitan hacer efectivo el pluralismo y con ello la libre expresión y el derecho a la información, es un tema de interés de la sociedad y, por ende, del Estado como parte de ella.

Ese interés no es novedoso y todos sabemos que es algo muy discutido en el mundo occidental. Hace poco tiempo, el Parlamento Europeo constituyó una comisión especial sobre la materia. Así, en diferentes países existen mecanismos legales destinados a asegurar dicha existencia plural y concertada.

Me parece central afirmar que los medios de comunicación no pueden estar limitados o sometidos a poder alguno, salvo al juicio de los ciudadanos. Un medio de comunicación, tal como lo señalaron los dirigentes del Colegio de Periodistas, no puede estar sólo sujeto a la regulación del mercado, más aún cuando no es claro que la asignación publicitaria se haga de acuerdo con ese mecanismo, y todos sabemos que es precisamente dicha asignación y no la compra del diario día a día por parte de los ciudadanos, de lo que depende efectivamente la supervivencia de un medio de comunicación, al menos en la prensa escrita.

De algún modo, esto se relaciona con una realidad muy particular de nuestro país: en Chile la inmensa mayoría de los sectores económicos tiende a alinearse ideológica y políticamente en una posición, lo cual aumenta la problemática de falta de alternativas al momento de buscar información y de allegar fundamentos para las decisiones que debe adoptar cada ciudadano.

Creo que la falta de alternativas debe ser entendida como un problema global de la sociedad y del Estado, principalmente al ser éste el encargado de velar por el bien común. La visión de una democracia moderna, estable y pluralista, conlleva la necesidad de una multiplicidad de medios y canales informativos que permitan desarrollar y enfocar la extensa y rica variedad de opiniones que conforma nuestra realidad diaria.

Estoy seguro de que la democracia es y será la gran perjudicada con el eventual cierre de un medio que da espacio al pluralismo, al intercambio de ideas, a la confrontación de pensamientos.

A su vez, estimo que si ayer el Estado colaboró activamente a paliar la situación de empresas periodísticas en difícil situación, el principio de equidad, al menos, nos indicaría que debiera haber un camino común en la actual realidad. Por supuesto, habría que arreglarlo y objetivizarlo, pero no sería justo que hoy el Estado no se preocupara del tema igual como lo hizo ayer.

La supervivencia de un medio de comunicación, como es “La Época”, debe ser el resultado del trabajo mancomunado de todos los que somos actores y que abogamos por una sociedad libre, pluralista e igualitaria.

La necesidad de mantener y propender a la proliferación de los medios de comunicación existentes contribuye a asegurarnos a todos -Gobierno y Oposición, chilenos que pensemos de cualquier manera- una posibilidad de ejercer nuestros derechos de libertad de expresión y de información.

El pluralismo que se logra con la existencia de múltiples medios, de ideas y corrientes divergentes, no es más que una forma de fortalecer la democracia y de legitimar el poder político.

La opinión pública se siente más cercana al accionar de un gobierno, a la idea de una Oposición, a los planteamientos de un partido, a los valores que promueve una determinada organización social o religiosa, cuando puede opinar con fundamento sobre ellos y tiene, en definitiva, todos los elementos para realizar una elección.

El pluralismo es la posibilidad cierta de poder elegir entre alternativas, sin restricciones; de formarnos una opinión sin que existan trabas políticas o económicas.

Una sociedad es libre sólo en la medida en que sus hombres son libres para elegir, y el requisito de cualquier elección es el de contar, de verdad, con alternativas entre las cuales optar.

El resultado que se obtenga de esta elección, de esta posibilidad cierta de decidir entre más de una visión de los hechos, es la apertura al diálogo, a la confrontación de las ideas, a la comunicación de las opiniones y al intercambio de las posibles soluciones a los problemas que se van planteando.

El cierre de los espacios para ejercer este diálogo, para que las diferentes corrientes se expresen y presenten sus creencias, es una pérdida para la democracia. De concretarse, generaría una realidad que, a mi juicio, debiera obligar a evaluar cuán efectivas y posibles son la libertad de expresión, el derecho de información y la libertad de opinión en nuestro país.

El pluralismo debe ser entendido como el punto culminante de la evolución de los regímenes democráticos, en el cual se valora la tolerancia, el respeto recíproco, pese a no compartirse las mismas creencias.

El pluralismo debe entenderse como el pilar fundamental de una democracia basada en el diálogo.

Por todo lo expresado, debemos propender a contar con una normativa que defienda la esencia del pluralismo.

En una democracia, el debate en torno a una estructura social más justa, a los cambios más necesarios, a las políticas que deberán implementarse, son y deben ser siempre frutos de una confrontación de argumentos y de ideas.

La libertad de expresión es el instrumento de participación de la ciudadanía en el peso de las decisiones políticas. La ciudadanía, incluso, puede llegar a convertirse en la garantía del orden político en la medida en que lo conoce, porque cuenta con la suficiente información.

La democracia se enriquece dentro de un clima de libertad, de sana competencia entre los diversos medios de comunicación y a través de la crítica de los acontecimientos públicos. Sólo así podemos tener una imagen relativamente fiel de la posición que cada uno ocupa dentro del sentimiento de la ciudadanía, lo cual debería orientarnos a tomar mejores decisiones.

La supervivencia de un medio como “La Época”, el surgimiento de nuevos canales de información, la posibilidad de contar con nuevos y cada vez más crecientes espacios de intercambio de ideas son la mejor herramienta y garantía para la mantención de nuestra democracia.

Señor Presidente , hemos pedido esta sesión para manifestar nuestra solidaridad con una situación aflictiva, pero también, con el mismo sentimiento, a la luz de una preocupación mayor, que se ve reactivada con esta contingencia y que no es otra que asegurar el pluralismo en la información, base esencial de la democracia a la que aspiran todos o la inmensa mayoría de los chilenos.

En este contexto, presentaremos un proyecto de acuerdo y actuaremos en la tramitación de la nueva ley de prensa, la cual, sin duda alguna, si “La Época” llega a caer, deberá ser reevaluada a la luz de la nueva situación.

He dicho.

-Aplausos.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

Con la venia del Comité Demócrata Cristiano, hará uso de la palabra, por diez minutos, la Diputada señora Isabel Allende.

La señora ALLENDE (doña Isabel).-

Señora Presidenta , mis primeras palabras son para agradecer al Comité de la Democracia Cristiana la gentileza de cedernos el primer lugar del turno, pues mi bancada se encuentra en una entrevista con el Presidente de la República .

Ésa es la razón por la cual la bancada del Partido Socialista no está presente en la Sala, pero se pronunciará por mi intermedio.

Comenzaré señalando la importancia de esta sesión que, espero, no se traduzca sólo en palabras, sino que como resultado de ella consensuemos medidas, acciones, sugerencias, que efectivamente garanticen ese pluralismo que es la esencia de la democracia.

Pero no es posible hablar de la actualidad sin dar una brevísima mirada a lo que ocurrió en Chile desde 1973.

Hasta esa época, sin lugar a dudas, en el país se había desarrollado un complejo sistema comunicacional donde concurrían diversos grupos económicos, partidos políticos, Iglesia, universidades, Estado. Así había también una amplia gama de pequeñas y medianas empresas locales de comunicación. Todo eso muestra la gran diversidad social y política que existía en nuestro país y que se traducía en los medios de comunicación.

Como sabemos, los orígenes de la televisión fueron de carácter universitario y ésta convivía con la televisión estatal que, si bien podía ser controlada por los gobiernos de turno, estaba obligada a reflejar ese pluralismo social y político que se expresaba en la sociedad.

Con posterioridad a 1973, las primeras medidas fueron la clausura y expropiación de todos los medios vinculados a la Unidad Popular, a partidos o simpatizantes de éstos. Conocemos lo que ocurrió con diarios como el “Clarín”, “El Siglo”, “Puro Chile” o radios como Magallanes, Corporación y muchas otras. También sabemos lo que ocurrió con los canales de televisión.

Sin lugar a dudas, en el régimen militar se llevó a extremos la intervención y regulación de las comunicaciones. Hubo un férreo control que atentó contra la más elemental libertad de expresión; se persiguió no sólo a los propietarios de los medios, sino también a los periodistas que ejercían sus funciones. No podemos sino recordar con qué sacrificio y esfuerzo comenzaron a emerger algunos medios de oposición en ese momento, que lograron abrir una pequeña brecha donde comenzó a hablarse de temas que, hasta ese momento, habían estado absolutamente vedados.

Es así como vimos nacer bajo el alero de la Iglesia el boletín de la Vicaría de la Solidaridad o, con posterioridad, a partir de 1976, revistas que gracias a la ayuda internacional pudieron emerger en un momento de gran represión y, como he dicho, de obstáculo absoluto a la libertad de expresión. Así, nacieron las revistas “Apsi” y “Análisis”.

Sin lugar a dudas, esta prensa opositora al régimen militar cumplió un rol que iba más allá del campo de las comunicaciones, al defender derechos humanos conculcados, la libertad de expresión y la necesaria recuperación de una democracia que en ese momento todavía no se lograba.

Este contexto de hostilización, de represión, de expropiación de los medios, desgraciadamente no siempre fue tomado en cuenta a la hora de diseñar una política de democratización de las comunicaciones en nuestra transición democrática.

El actual proyecto sobre libertad de expresión que se tramita en el Senado no tiene referencia alguna a esta dramática situación que hemos esbozado brevemente y que debieron enfrentar todos estos medios de comunicación independientes u opositores en la época del régimen militar.

En ese sentido, no podemos decir que la transición ha sido generosa en materia de reparaciones. Recién ahora acabamos de aprobar en la Cámara el proyecto sobre devolución de bienes y es posible que algunos puedan recuperarlos, como legítimos propietarios de esos diarios.

Tampoco se puede desconocer que hubo una política que, finalmente, significó entregar cifras siderales por parte del Banco del Estado a empresas como “El Mercurio” o Copesa -100 y 60 millones de dólares, respectivamente-, las que después del plebiscito fueron apresuradamente traspasadas a bancos comerciales, situación que no fue modificada a pesar de las muchas denuncias que se hicieron.

No ha ocurrido así con medios que nacieron, como he dicho, al calor de una lucha democrática. Quizás, este tema sigue estando presente cuando recordamos -como hoy lo ha hecho el Diputado señor Gutenberg Martínez - la situación de “La Época” que, desde luego, no ha tenido esa clase de facilidades. Esperamos que pueda superar su crítica situación y, de ese modo, se asegura la permanencia de un medio que nació durante la lucha contra la dictadura y que hoy es una piedra angular de la democracia.

El ex Presidente Aylwin , en 1990, expresaba: “No hay democracia si no existe en la prensa un ambiente de libertad, de respeto, de tolerancia, que permita la libre circulación de las ideas y opiniones y garantice el derecho de los ciudadanos a estar veraz y oportunamente informados. Por tanto, junto con dotar a los medios de comunicación y a los periodistas de herramientas legales para protegerse de las presiones indebidas, es preciso que quienes detentan el poder político y económico se acostumbren a no utilizarlo en perjuicio de la libertad de expresión y, por esa vía, de la propia democracia”.

También hay que decir aquí que al primer gobierno de la Concertación le correspondió -y ha continuado- la reconstrucción del sistema democrático de comunicaciones, desmantelado por el poderoso aparato comunicacional del gobierno militar. Como bien sabemos, fue dejado en crítica situación económica, puesto que, en el caso de Televisión Nacional, por ejemplo, fue empleado como órgano de propaganda y, por lo tanto, se desestimó una buena administración. Hoy, esa televisión -la única que no está completamente en manos privadas- es pública, su consejo es plural y su desafío es tener y demostrar solvencia económica.

Particularizo una reflexión personal en cuanto a la campaña del Sida: ¿qué pasaría en el país si no existiera hoy una televisión pública como Televisión Nacional? Dos televisiones privadas se han negado a pasar publicidad sobre un tema tan trascendental como ése, argumentando determinadas razones ideológicas y principios. Con ello impiden que la población acceda a la información correspondiente y a compartir las diversas medidas preventivas. Por consiguiente, no hay diversidad ni respeto a ese pluralismo.

¿Acaso los medios de comunicación son simples mercancías sometidas a las leyes de la oferta y la demanda? ¿La información es sólo un bien transable en el mercado o podemos considerarla como un derecho humano consustancial a la libertad de expresión? Creo que todos concordaremos en que, si los medios cumplen una función de interés público, entonces, como país, como sociedad y como democracia, debemos garantizar su existencia, su espacio y pluralismo.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

Diputada señora Allende, le queda un minuto de su tiempo.

La señora ALLENDE (doña Isabel).-

Terminaré en seguida, señora Presidenta .

Por eso debe haber regulaciones y no considerar que sólo el mercado puede regir a través de sus leyes.

Conviene, aunque sea fugazmente, echar una mirada a lo que ocurre en otras democracias.

Por ejemplo, en países como Alemania, Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos existen normas que limitan la concentración y recurren a procedimientos, como la publicación detallada de las personas naturales que tienen participación significativa en la propiedad o control de un medio. En Francia también existe una legislación orientada a prevenir los atentados al pluralismo. En los Estados Unidos hay leyes federales que regulan la concentración a través de mecanismos que impiden superar determinados porcentajes de publicaciones o ediciones en televisión por cable o transmisión vía satélite. Es decir, al Estado le corresponde crear condiciones socioeconómicas que hagan posible el pluralismo informativo. Es esencial para la democracia la existencia de ese pluralismo, y así como creemos que “La Época” debe sobrevivir, el Estado debe regularlo, garantizarlo y no, lisa y llanamente, dejarlo sometido a las leyes del mercado.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el Diputado señor Zarko Luksic.

El señor LUKSIC.-

Señora Presidenta , las normas de la Constitución, en especial las que regulan las garantías, deben interpretarse armónicamente, con un sentido finalista. Así, la libertad de expresión, consagrada en el Nº 12º, del artículo 19, presupone el pluralismo en las ideas de carácter cultural, valóricas y políticas. Por otra parte, el concepto de pluralismo político lo encontramos en el Nº 15 del artículo 19, al asegurar a todas las personas el derecho de asociación y al garantizar el pluralismo político.

Este cuadro debería completarse con el artículo 4º, que nos indica que Chile es una república democrática.

Esta normativa, señalada en la Carta Fundamental, nos dice que nuestro sistema político democrático está basado en el respeto y protección a la diversidad de ideas; o sea, a la diversidad de ideologías, cuestión que se expresa a través de los partidos políticos y movimientos u organizaciones de esa índole, todos instrumentos llamados a posibilitar la participación ciudadana y el acceso al poder político para ejercer sus ideas.

El pluralismo -como digo- es base de la estructura política democrática, ya que a través de él se manifiesta la diversidad ideológica y ésta se plasma a través de los medios de comunicación social. De allí la importancia de estos instrumentos, tanto los medios escritos, televisivos como radiales. ¿De qué otra manera podría expresarse el pluralismo, la diversidad, sino a través de esos medios de comunicación social? Por eso nos preocupa cuando nos dicen que un medio de comunicación, el diario “La Época”, que tiene una línea editorial distinta a la mayoría de los medios escritos, está en peligro de extinguirse, ya que de ocurrir, se extingue un pensamiento político, una cosmovisión, un conjunto de ideas.

El diario “La Época” -hay que decirlo con todas sus letras- representa, en su línea editorial, un pensamiento que es mayoritario en nuestra patria. Sin embargo, no cuenta con apoyo y respaldo suficiente de avisaje económico que le permita financiarse.

Sería deshonesto de mi parte señalar que en nuestro país no existe pluralismo político. Sí, en mi país existe pluralismo político en el sentido de la expresión de dichas ideas. En Chile todos los partidos políticos que tienen representación en el Congreso Nacional tienen cobertura en los medios de comunicación, pero el problema radica en que nosotros, como legisladores, no solamente tenemos la obligación y la responsabilidad de legislar respecto del presente, sino que también debemos hacerlo respecto de coyunturas del futuro, de perspectivas en que, quizás, las vacas no van a ser tan gordas, sino flacas; o tal vez vamos a vivir en un sistema de no tanta tolerancia, sino de mayor intolerancia. Por eso, nuestra obligación es ser capaces de dar respuesta a situaciones futuras donde el pluralismo político esté en juego o en una situación difícil.

De ahí que considero fundamental que el proyecto de ley de prensa -en tercer trámite en el Senado y que irá a Comisión mixta- contemple un mecanismo que dé garantías a dicho pluralismo político, que sea eficaz, que permita que en el futuro no nos veamos en situaciones como las que vivimos durante el régimen autoritario.

Desde mi punto de vista, el artículo 7º, fruto de un acuerdo en el Senado, consagra el núcleo esencial de la norma que adoptamos y aprobamos en esta misma Sala. Sin embargo, nos gustaría aclarar un aspecto.

Dicho artículo 7º señala que el pluralismo en el sistema informativo se garantiza a través de la libertad de fundar, editar, establecer, etc., y creo que es importante que la idea que establece el Nº 15º del artículo 19 de la Constitución Política, que garantiza el pluralismo político, se enmarque en la ley de prensa.

¿Qué es la Constitución Política? Es el Estado. Sería bueno que se volviera a la enunciación que emanó de esta misma Sala, cual es que el Estado tiene la obligación de garantizar el pluralismo en el sistema informativo, porque él, en definitiva, debe dar protección y garantía de que habrá libertad de expresión, pero también de que existirá pluralismo político.

No queremos que medios de comunicación como “La Época”, que expresan una posición diversa, se extingan; no queremos que en nuestro país no haya debate de las ideas. Considero positivo y no tengo ningún temor de que los medios de comunicación posean una línea editorial distinta desde un punto de vista cultural, valórico, político e ideológico; siempre que dicha línea editorial se exprese de manera diversa, que no sea unívoca, uniforme, porque ésa es la base de nuestro sistema; es lo que permite que haya más democracia en nuestra patria.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señora Presidenta , éste es un debate muy importante que cobró especial vigencia en el período legislativo pasado. Ahora que “La Época” atraviesa por una situación difícil, cómo reviven esos principios que, con el Diputado Andrés Aylwin , tratamos de incluir en el proyecto sobre libertad de prensa. En su artículo 1º señalamos que la sociedad, la comunidad, el pueblo, tenía derecho a ser plenamente informado. Esa norma fue objeto, por parte de la Derecha, de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional; sin embargo, sobrevivió en dicho Tribunal. Pero, ¡oh, paradoja!, en el Senado la borraron y actualmente no existe en el proyecto que nos devolvieron de esa Cámara Alta.

El segundo aspecto que planteamos en esa oportunidad, aprobado por la Cámara y después eliminado por el Tribunal Constitucional, fue el llamado derecho a no ser silenciado. Recuerdo que argumentamos que muchos hechos que suceden en nuestra comunidad no son comunicados o informados al pueblo; porque, en definitiva, es la sociedad la dueña, la que tiene ese derecho a que se le informe de lo que está ocurriendo a su alrededor. Decíamos que los dueños y editores afirman que las personas tienen derecho a saber, pero que se debe guardar en secreto la identidad de la fuente. Tienen derecho a saber, pero se seleccionan cuidadosamente ciertas informaciones y se retienen otras relativas a cierto tipo de temas. Existe el derecho a saber, pero se abstienen, consciente y deliberadamente, de publicar ciertos reportajes o informaciones que obran en su poder. Tienen derecho a saber, pero se omiten nombres en los reportajes y se entregan otros por propia decisión. Tienen derecho a saber, pero todos los días se llenan de papeles las canastas de algunos medios con reportajes e informaciones que, se piensa, el público no debería o no necesita saber.

¿Qué vemos hoy? En un folleto de Comunicaciones y globalización sobre el negocio de la televisión, que puede ser aplicado a todos los medios, se dice: “¿Negocio o cultura?” Si uno escucha a cierto ejecutivo de la industria, al final se queda con la impresión de que lo único que interesa a este medio es el negocio.

Dice uno, por ejemplo: estamos en el negocio de vender audiencia a los avisadores. Otro añade: es un hecho que la televisión comercial es primero que todo un medio de marketing y, en segundo lugar, un medio de entretención. O bien, como decía un antiguo vicepresidente de la CBS, la cadena norteamericana: “No estoy interesado en la cultura ni en valores prosociales. Sólo tengo un interés: que las personas miren el programa. Ahí radica mi definición de bueno o de malo”.

Entonces, frente a la crisis del diario “La Época”, no cabe duda de que hay una confusión completa entre los derechos constitucionales y la libertad de expresión, de opinión, de información; de informarse y de reproducir esos hechos. Junto a ello, está el sacrosanto derecho de propiedad.

Más aún, está el hecho de si el goce o uso de esa propiedad produce dinero o no. Entonces, tenemos tanta cultura, noticia, información y educación según el lucro que obtengamos. Ésa es la triste realidad.

En nuestro país existen dos cadenas periodísticas: la de “El Mercurio” y la de Copesa, que copan un alto porcentaje de los medios de comunicación escritos.

Cierto diputado o, tal vez, algún ministro podrá asegurar que en Chile la prensa escrita ha aumentado; que existen, por ejemplo, 700 concesiones de radio y 70 emisores de televisión por cable y que a lo largo del país se publican 92 periódicos.

En verdad han aumentado, y uno, si lo ve desde el punto de vista de las estadísticas, piensa que ha mejorado la libertad de expresión; pero el punto es cuáles son las publicaciones que pautean en el mundo de las comunicaciones. No cabe la menor duda que, en el caso de la cadena de “El Mercurio”, el diario de la mañana pautea a la cadena de televisión de la tarde, y “La Segunda”, a los noticieros de la noche.

Se alega que los ejemplares son reducidos. Sin embargo, llegan a millones de personas mediante esa amplificación comunicacional a través de la televisión.

Por eso, en la Cámara añadimos al proyecto de ley un tercer aspecto: la regulación de los medios de comunicación. Fijamos cuotas, al igual que Inglaterra. Nadie podía tener más del 30 por ciento. Fue lo único que se aprobó en el Congreso, pero se eliminó por el requerimiento presentado por la Derecha ante el Tribunal Constitucional, porque ofendía nuevamente el sancta sanctórum de los derechos, que es el de propiedad.

En tal situación, en el proyecto se habla de pluralismo, de que los dueños de los medios deben decir sus nombres y los porcentajes que les corresponden de tal o cual medio de comunicación. No quedó absolutamente nada.

Ahora, en el Senado, también se eliminó la no existencia de monopolios o actividades tendientes a concentrar, en una o en dos manos, la totalidad de los medios de comunicación. Ésa es la realidad de nuestro país.

¡Para qué hablar de la publicidad! Se concentra también en estas dos cadenas periodísticas. Prácticamente, alrededor de 500 millones de dólares baraja la televisión en publicidad. El resto, se lo reparten las dos cadenas de la prensa.

Nosotros, como representantes populares, que formamos parte de un órgano dentro del sistema general, ni siquiera podemos pedir que el Estado se preocupe del pluralismo, o que reparta los avisos en forma equitativa, sobre todo en los medios regionales; o que regule, a través de las cuotas que hemos señalado, el porcentaje en que cada uno es dueño, o que se otorguen incentivos, porque se subsidia y bonifica la mano de obra a una serie de empresas, pero eso no ocurre respecto de los medios informativos. No hay créditos blandos para la gente que quiere intentar abrir un canal de comunicación, especialmente escrito.

En consecuencia, tenemos una intensa actividad que desarrollar en este campo. Cuando el proyecto que se encuentra en el Senado llegue a la Cámara, indudablemente deberemos abordar muchos de estos temas y reclamar, por cierto, una mayor acción por parte de la sociedad -que representamos- respecto de los medios de comunicación. No podemos contentarnos con las leyes del mercado. Un Pontífice dijo: “El mercado es un buen instrumento, pero un mal amo”. No basta que opere la libertad económica.

El otro día, a propósito de las regiones extremas, observamos una verdadera clase de estatismo para sacarlas -según algunos- de su retraso. Pero cuando se trata de cultura, somos liberales. Decimos que cada uno se las arregle. No importa que quiebre. Total, para eso habrá dos empresas que nunca van a quebrar.

En una oportunidad, como se recordó acá, en el período del gobierno militar, esas dos empresas se financiaron mediante una curiosa operación de no dación, en que se les traspasaron al Estado los créditos malos y las empresas se quedaron con los créditos buenos. Si ese criterio se hubiera aplicado a “La Época”, no me cabe la menor duda de que ese diario estaría funcionando sin problemas.

Cuando examinamos el proyecto de prensa que nos devolverá el Senado, volveremos sobre estos puntos, que he puesto de relieve, para que recordemos que hay que fortalecer el pluralismo.

Todos los católicos deben haber leído alguna vez el “Intermirifica”, trabajo aprobado en el Concilio Vaticano Segundo y primer documento de la civilización occidental que estableció que el derecho a la comunicación no pertenece a los dueños de los soportes ni a los periodistas, sino a la sociedad misma.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma, hasta por seis minutos, tiempo que resta al Comité de la Democracia Cristiana.

El señor PALMA (don Andrés) .-

Señora Presidenta , la libertad de expresión es un valor democrático que debe ser defendido mediante actitudes concretas, tanto de parte de los profesionales del área como de los empresarios del ámbito comunicacional, pero, principalmente, del mundo político.

Sin libertad de expresión no hay democracia. La democracia sólo es posible si ella existe. Por lo tanto, el derecho a la libertad de expresión, la capacidad y posibilidad de la actividad periodística y la pluralidad son intrínsecas a la democracia.

La concentración en la propiedad de los medios de comunicación conlleva una amenaza latente al sistema democrático, al pluralismo, a la libertad necesaria en la actividad periodística y, por cierto, a la posibilidad de que haya libertad de expresión.

Una gran cantidad de canales masivos de comunicación da sustento a la democracia y garantiza la expresión de las minorías y de las mayorías, que no necesariamente tienen canales de expresión en la sociedad. En definitiva, en la medida en que haya pocos medios de comunicación o que estén concentrados en escasas manos, no habrá pluralismo ni tampoco democracia.

En la sociedad moderna, ya no es la propaganda política la que amenaza a los medios de comunicación y al pluralismo. Es la publicidad, principal fuente de financiamiento de los medios de comunicación. En materia de información y de comunicación, ella hace que se reproduzca la distribución del ingreso y, a veces, de la riqueza existente en la sociedad. Los que tienen mayores ingresos y más riqueza, definen qué y cómo se informa a través del mecanismo de la publicidad. Por lo tanto, paradójicamente, la publicidad, que surge como un avance hacia la libertad, en la medida en que las distribuciones del ingreso sean extremadamente injustas, como ocurre en nuestra sociedad, constituye una amenaza evidente a la democracia.

La concentración de la publicidad en pocos medios de comunicación, a su vez concentrados, impide el desarrollo de las ideas plurales y la expresión de minorías y mayorías. En consecuencia, coarta el desarrollo de una sociedad sana, informada, democrática.

En este contexto, nos debe preocupar el esfuerzo que hace por su supervivencia “La Época”.

Ese diario ha hecho historia y hoy, como se señaló, de nuevo la hace, por el hecho de que sus trabajadores se han hecho cargo de este medio de comunicación para continuar dándole vida.

Es posible que sin apoyo institucional, publicitario y político, “La Época” no siga existiendo, lo cual constituiría un hecho de gravedad para el pluralismo y el desarrollo democrático de nuestra sociedad. Uno puede estar de acuerdo o discrepar de la tendencia del diario “La Época” y del tipo de información que allí se entrega, por el contenido de su editorial; pero seguiremos progresando en la medida en que haya diarios que presenten diferentes visiones sobre lo que acontece en nuestra sociedad.

En la medida en que la concentración de los medios prevalezca y no busquemos los mecanismos para evitarla, nuestra sociedad irá perdiendo riqueza, capacidad de disenso y, por lo tanto, de progreso. Es el disenso el que hace progresar a los pueblos, no la homogeneidad ni la uniformidad. Creo -como ha planteado don José Luis Cea- que hay que buscar fórmulas como las de Inglaterra o Francia, donde expertos de alta jerarquía sean responsables de asignar fondos públicos sobre la base de proyectos específicos para que subsista el pluralismo informativo. Lo peor que podría ocurrir en nuestro país es que desapareciera ese pluralismo, pero, al mismo tiempo, tampoco es posible que el Estado entregue miles y millones de pesos a fondo perdido para empresas que no se sabe qué representan. En definitiva, necesitamos establecer un fondo de jerarquía que, contra proyectos específicos, garantice el pluralismo. Ello permitirá que “La Época” siga existiendo y que nuestro país continúe progresando.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Maximiano Errázuriz.

El señor ERRÁZURIZ.-

Señora Presidenta , el desarrollo de Chile como país independiente estuvo estrechamente vinculado a la prensa. Fue, en sus orígenes, imprescindible vehículo difusor de las aspiraciones independentistas, de las nociones de gobierno republicano, del constitucionalismo clásico, de la libertad de comercio, de los ideales de la Ilustración y de las incipientes concepciones ideológicas. Fue, además, y fundamentalmente, instrumento de crítica política. Esto explica que desde los primeros años de la República se elaborara una legislación que, respetando los preceptos constitucionales que garantizaban la libertad de imprenta, estableciera las sanciones para quienes abusaran de ella y los procedimientos judiciales para aplicarlas.

En lo fundamental, las regulaciones dictadas en 1828, 1846 y 1872 no exhiben diferencias muy grandes: son un catálogo de delitos que se pueden cometer a través de los impresos. Hay, sin embargo, modificaciones en los procedimientos, por estimarse que a través del control gubernativo de ellos era posible acallar las voces disidentes.

Dentro de este marco legal, la prensa chilena experimentó un desarrollo muy notable, tanto en el número de diarios y periódicos como en la calidad de los mismos. Cada uno de éstos respondió a la inspiración de un partido, por lo cual nuestra prensa del siglo XIX fue esencialmente política. Tal vez, como excepción, podría señalarse a “El Mercurio de Valparaíso”, que desde sus orígenes se definió como un diario mercantil y que, en general, aunque tuvo varios propietarios, logró mantener tal carácter.

El cuadro no varía mayormente en este siglo hasta 1925, cuando se dictó el decreto ley Nº 425, sobre abusos de publicidad, que innovó al incorporar otro medio de comunicación, la radio, a sus regulaciones y al uniformar el procedimiento. Esta normativa, aún vigente, sufrió múltiples modificaciones que obedecieron, por una parte, a la necesidad de reconocer los cambios que en materia de comunicaciones trae la televisión y, por la otra, a multiplicar el número de conductas sancionadas por ella. Contribuyó a este último aspecto la progresiva polarización política que se podía advertir ya en el decenio de 1950, pero que se haría mucho más aguda en el siguiente. Junto con modificarse la ley sobre abusos de publicidad en 1964 y 1967, se optó por modificar también otros preceptos legales, como la Ley de Seguridad Interior del Estado, creándose figuras que dificultan la labor informativa no sólo durante situaciones de emergencia política, sino incluso en momentos de plena normalidad. Las propias autoridades, cuando aspiran a acallar posiciones de crítica, han solido acudir a esta última legislación.

También el decenio de 1960 comenzó a ver la desaparición de periódicos de vieja raigambre, como “El Diario Ilustrado”, lo que se vinculó a los profundos cambios que, en materia política y social, experimentaba entonces Chile. Precisamente en esa época, la opinión pública y los sectores políticos percibieron, con mucho más fuerza que antes, a los diarios como constitutivos de un verdadero poder del Estado. Es probable que esta percepción indujera a algunos regímenes a intentar el control de diarios opositores, ya sea negándoles los avisos fiscales, de enorme peso en un régimen económico político en que la injerencia estatal era incontrarrestable, ya intentando manejar el abastecimiento del papel.

El gobierno militar, establecido en septiembre de 1973, dispuso la clausura de los medios de orientación marxista y sometió a los restantes a una rigurosa censura. Incluso, alzada ésta, trató de mantener siempre una cuidadosa supervigilancia sobre los medios escritos más importantes. Por curiosa paradoja, bajo el régimen militar se liberalizó la televisión, lo que significó un cambio radical en la importancia relativa de los medios. También en este período se asiste a un notable crecimiento de la radiotelefonía, en especial la de frecuencia modulada, así como de consolidación de importantes cadenas de radios. De esta manera, Chile cuenta hoy con una amplísima variedad de medios de comunicación, con cinco cadenas nacionales de televisión de libre recepción, más dos cadenas regionales; muchos servicios, en Santiago y en regiones, de televisión de recepción restringida; más de 500 estaciones de radiodifusión, con cadenas nacionales y regionales; ocho diarios de circulación nacional y sobre 40 diarios regionales y locales.

En forma paralela a esta multiplicación de ofertas informativas, se ha producido un cambio en los hábitos de las personas respecto de los medios de comunicación. En efecto, en enero de 1992, el 70,1 por ciento de los chilenos se informaba por la televisión; el 19,2 por ciento, por la radio; el 11 por ciento, por los diarios, y sólo el 0,2 por ciento, por las revistas.

Por otra parte, el interés por el acontecer político ha descendido de manera tan sostenida que los medios que en sus orígenes estuvieron volcados a informar sobre aquél, debieron cerrar muy pronto.

Se ha sostenido que la responsabilidad por las deficiencias informativas corresponde a los medios de comunicación y se les ha acusado de poco pluralistas. De allí las indicaciones al proyecto de ley sobre libertades de información y de opinión, presentadas en diversas etapas de tramitación, destinadas a limitar, al menos, tal deficiencia. Si entendemos por falta de pluralismo el hecho de que diversos e importantes sectores políticos carecen de expresión en los medios de comunicación, en particular en la prensa, hay que subrayar que la libertad para crear nuevos medios escritos es absoluta y que un proyecto realista y bien elaborado debiera contar con la aceptación del público y de los avisadores.

Por otra parte, se ha afirmado que las dificultades recientes de un diario, de gran calidad, es expresión de esa falta de pluralismo, derivada de la renuencia de los avisadores a contratar publicidad en él, tal vez, por su orientación. Los antecedentes que se han hecho públicos respecto de aquél hablan, más bien, de deficiencias serias en la administración, originadas presumiblemente en que no se ha considerado que todo proyecto periodístico debe cumplir, a la vez, con las exigencias informativas y con los requerimientos propios de un negocio.

Tanto en el extranjero como en Chile se advierte una tendencia a la reducción de la cantidad de medios escritos. Casi en todos los países, el diagnóstico frente a esta situación es parecido: sostenido descenso en la lectura y segmentación y especialización de la oferta informativa. También en diversos países se ha producido, como consecuencia de lo anterior, absorciones y fusiones de periódicos y estructuración de conglomerados mayores que aprovechan las economías de escala. En Chile, estos cambios se vieron acentuados desde 1973 por diversas circunstancias: desaparición de diarios y revistas por razones políticas, fuerte impulso al desarrollo de la televisión, profunda crisis en la enseñanza, que puede explicar la disminución del hábito de lectura. El resultado de este complejo proceso ha sido la disminución del número de medios escritos de aparición cotidiana. En 1970, existían en Chile 68 diarios y semidiarios, once de ellos se editaban en Santiago, y 21 revistas tenían contenidos informativos. En 1998, existen 11 diarios de circulación nacional, considerando el Diario Oficial, 33 diarios regionales y tres periódicos; paradójicamente, la cantidad de revistas suma hoy 34 -se consideran aquí sólo los medios editados por empresas afiliadas a la Asociación Nacional de la Prensa, y no se han computado las que no pertenecen a ella, un diario regional y varios periódicos locales, ni muchas publicaciones periódicas de información y opinión que editan universidades, fundaciones, empresas, gremios, municipios, juntas de vecinos, ni las de circulación gratuita financiadas sólo con avisos-.

Las empresas que han logrado encarar con éxito este proceso han debido poner énfasis tanto en la publicidad como en los contenidos. Se puede establecer que en los últimos diez años la venta de ejemplares ha perdido proporcionalmente significación en los ingresos de las empresas periodísticas, aumentando la publicidad su participación en ellos. Respecto del contenido, sobre la mera información parecen predominar el periodismo de opinión, el periodismo de entretención y el periodismo de servicio. Es fácil comprobar lo anterior a través del examen de la estructura que, en general, hoy han adoptado los diarios de circulación nacional. Por otra parte, en su necesidad de asegurarse un mercado lector, los elementos que podrían ahuyentar al usuario, como el sesgo ideológico, han sido reducidos al máximo, buscando un pluralismo que no perturbe las convicciones políticas de aquél.

Desde el punto de vista de la rentabilidad, interesa más contar con tirajes menores para reducir el costo de producción y con una abundante publicidad. Como el diario es preferentemente un portador de información publicitaria, debe tratar, por una parte, de llegar a los lectores no según su ideología, sino según su nivel socioeconómico, y, por la otra, de captar una porción del mercado publicitario asegurando al avisador su asepsia política. Esto significa que hoy tienen presencia en cualquiera de los grandes diarios chilenos, representantes de las más disímiles corrientes, fenómeno que difícilmente se podía comprobar antes de 1973.

La modificación en el mercado de lectores se ha traducido en menor número de diarios, en la absorción y fusión de algunos, en la búsqueda de diversos mecanismos que permitan la subsistencia del medio -concur-sos, donación de especies, como libros o discos, junto a la venta de revistas; nuevas fórmulas publicitarias, como los insertos; énfasis en los diarios de fin de semana, también con carácter magazinesco-.

El proceso de concentración que, comparado con la situación de la prensa chilena en 1950, puede hoy advertirse, responde a una realidad de la industria que lleva a la declinación cuantitativa del periodismo escrito.

Hay en Chile dos empresas periodísticas que ostentan posiciones dominantes: una, a través de elevados tirajes, y otra, por su presencia nacional y su segmentación regional. Cabría pensar que las aseveraciones en torno a la concentración de medios se dirigen hacia esas empresas. Conviene hacer notar que la posición alcanzada por ellas es producto de una larga historia de competencia, de la desaparición de otras sociedades periodísticas, de profundos cambios en la industria de la comunicación y de modificaciones en los hábitos informativos de la sociedad.

Por otra parte, si llegara a generarse una situación monopólica en los medios de comunicación, basta la aplicación de las normas del decreto ley Nº 211 para contrarrestarla.

En este cuadro, parece una respuesta racional la satisfacción de las necesidades de sectores muy segmentados, como lo prueba el caso de dos diarios de información económica, fundados después de 1980, que han logrado arraigar, no obstante que la mayoría de los diarios de circulación nacional dedican secciones especiales al tema, o el de las numerosas revistas especializadas que se ofrecen al público sobre aspectos tan variados como empresas, economía, arte y decoración, gastronomía, computación, navegación, vida de familia, deportes, etcétera. Otro tanto parece demostrar el auge de los diarios regionales que, al estar dirigidos a informar de materias de interés preferentemente local, prestan un servicio que, por su naturaleza, no son capaces de ofrecer los diarios de circulación nacional.

En cuanto a la radio y la televisión, cabría decir que su número y la diversidad de sus orientaciones debería ser garantía suficiente de que las más variadas sensibilidades pueden verse reflejadas en ellas. En la práctica, la competencia de los diarios regionales no está en los de circulación nacional -como lo acreditan las encuestas dispuestas por el Ministerio Secretaría General de Gobierno-, sino en la radio.

Para garantizar el pluralismo, evitando la concentración, se ha intentado establecer una regulación sobre la propiedad de los medios escritos, sobre la distribución de los mismos y sobre la propiedad de una misma persona de medios de diferente naturaleza, creando para estos casos sistemas de porcentajes de dominio, superados los cuales se incurriría en prácticas monopólicas. Este sistema es, tal vez, el más ilustrativo del desconocimiento de la moderna industria de las comunicaciones.

A pesar de las regulaciones restrictivas existentes sobre esta materia, en Francia, de donde se copió un hasta ahora fracasado intento de regulación del mercado informativo, los grandes grupos, como Hachette y Hersant , han adquirido enorme desarrollo. El primero tiene actividades relacionadas con la prensa, la edición, el sector audiovisual y la distribución; el segundo, con la prensa - France Soir y Figaro , entre muchos otros- y el sector audiovisual.

Si no se pierde de vista el aspecto económico de la industria de las comunicaciones, es evidente que ella será la más cuidadosa en mantener el pluralismo para responder así a la muy variada gama de tendencias de sus usuarios que ya no son, como en el pasado, un mercado cautivo por afinidades ideológicas.

Se ha llamado la atención, como un ejemplo interesante, sobre tres diarios de Normandía: “Le Havre Libre”, “Le Havre Presse ” y “ Paris Normandie ”. El primero tiene una línea cercana al Partido Comunista; el segundo es de tendencia liberal, y el último es un diario netamente regional. Los tres pertenecen al grupo Hersant .

Al existir múltiples posibilidades de informarse y de comparar la información -bas-ta hacerlo compulsando una noticia del periódico matutino con la que entrega la radio cuando uno va a la oficina-, la idea de que hoy es posible influir sobre el comportamiento de las personas, a través de un control de la información por la vía de la concentración de medios en pocas manos, es ingenua y arcaica.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).- ¿Me permite, señor diputado ?

De acuerdo con lo dispuesto por su bancada, se le habían asignado algunos minutos a la Diputada señora Lily Pérez , pero a su Comité sólo le restan dos minutos. De manera que si la diputada desea hacer uso de la palabra, su Señoría tendría que concluir su intervención en este momento.

El señor ERRÁZURIZ.-

Señora Presidenta , trataré de dejarle tiempo a los demás colegas.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

Restan sólo dos minutos a su Comité.

El señor ERRÁZURIZ.-

Como decía, la apreciación expuesta es falsa, porque supondría que tiene algún asidero la creencia de que los dueños de los medios de comunicación son los que se encargan de preparar las pautas de las noticias que deben aparecer o que deben ser escondidas. Quienes sostienen esto ignoran el papel que desempeñan los periodistas en un diario moderno y, probablemente, tienen en la cabeza el viejo diario de trinchera de la década del 50. Pero se han producido cambios radicales en Chile y en el mundo entre esa época y hoy. El medio de comunicación social que persistiera hoy en informar u opinar con una perspectiva sesgada por sus posiciones ideológicas, corre el riesgo de perder lectores.

En la medida en que no haya barreras para crear nuevos medios escritos, como en la actualidad no las hay, cualquier corriente política podría tener un diario o una revista que representara su pensamiento, como fue habitual en Chile desde el siglo pasado hasta la década del 70. El problema es que el mercado para un periódico de esa índole es muy limitado, como puede demostrarse empíricamente, y eso no se resuelve con normas legales.

En otras palabras, sin que haya sido necesaria regulación legal alguna, el pluralismo político parece estar asegurado en la prensa chilena por su obligada adaptación a las nuevas y muy difíciles condiciones del mercado.

Corolario de lo anterior es que, sea cual fuere la ideología de quien controla un periódico, éste deberá estar abierto a las demás corrientes.

Sin embargo, ninguna de estas argumentaciones parece tener fuerza para disuadir a ciertos sectores de sus pretensiones de controlar el pluralismo, la concentración o la transparencia, para asegurar el adecuado acceso de los miembros de la sociedad a la información. Así, se ha propuesto asegurar el respaldo económico a los nuevos medios de comunicación a través de líneas de crédito. El propio proyecto de ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo consulta un mecanismo para informar sobre el avance del pluralismo en los medios de comunicación. También la norma sobre tiraje y verificación de circulación aprobada por el Senado parece perseguir el mismo objetivo.

En la etapa que hoy vive la prensa, no parecen tener sentido las regulaciones legales para asegurar el pluralismo. El lector siempre encontrará algún medio que interprete su sensibilidad, y que, como tal vez jamás antes había ocurrido, hay un amplio pluralismo en el interior de los propios medios, no sólo por una convicción en torno a su función pública, sino porque le permite servir a una gama más amplia y variada de lectores.

Inquieta la convicción de que en algunos sectores públicos los ciudadanos son menores de edad e incapaces de adoptar decisiones; preocupa la tendencia a estructurar instancias de intervención que se asemejan mucho a conocidas formas de censura. En esta materia, el principio básico reconocido por la Constitución es la más amplia libertad de expresión, que tiene límites muy precisos: los abusos y los delitos que puedan cometerse en el uso de esa misma libertad. Si un ciudadano es víctima de alguno de ellos, el Código Penal y la ley sobre abusos de publicidad establecen las acciones necesarias. Incluso, un adecuado trabajo jurisprudencial sobre los artículos 412 a 431 del Código, que se refieren a injurias y calumnias, más una profundización del trabajo del Código de Ética de los medios de comunicación social, resultan más que suficientes como marco legal para la industria de las comunicaciones.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra la Diputada señora Lily Pérez, en virtud del tiempo cedido por el Diputado señor Ibánez .

La señora PÉREZ ( doña Lily ).-

Señora Presidenta , agradezco al Diputado señor Ibáñez haberme cedido su tiempo, y espero interpretar su pensamiento.

El número 12º del artículo 19 de la Constitución Política asegura a todos los chilenos “La libertad de emitir opinión y la de informar...”. A mi juicio, con ello consagra no sólo el derecho de emitir opinión y de informar, sino también el derecho a informarse y a recibir información.

¿Por qué pongo énfasis en recibir información y ser informado? Porque informarse y ser informado es un derecho y, en virtud de la libertad personal, la persona puede escoger cualquier medio para hacerlo. Por ese motivo, resulta necesario que existan en el país instancias y medios, a fin de que la ciudadanía se informe, eligiendo cada ciudadano la alternativa que más lo represente.

A esta idea se opone, entonces, la supresión de los medios de comunicación importantes que, por diversos motivos, se ven amenazados con su cierre -por ejemplo, hoy, el diario “La Época”-, con lo que se pone en peligro la libertad de información, posibilitando así -por qué no decirlo- alguna forma de monopolio que vulneraría, de una u otra forma, la garantía constitucional.

A mi juicio, es necesario hacer realidad el derecho a informarse, porque dicha garantía no sólo posibilita la libertad de oportunidades para quienes puedan acceder a ella, sino que, además, amplía el espectro cultural y educativo nacional.

Hace once años nació el diario “La Época”, y hoy estamos discutiendo la posibilidad de su cierre. Esto abre un debate serio sobre la realidad que enfrenta el periodismo chileno; entre otras cosas, un eventual boicot de ciertas empresas -estatales o privadas- que a veces no quieren avisar en algunos medios, lo que redunda en desmedro económico de ellos.

Esta discusión -quiero decirlo con toda franqueza- no puede ser tomada como un asunto político. Hoy, el diario “La Época” no puede ser visto como patrimonio de un grupo de la Concertación, de un grupo del Gobierno o del gobierno de turno, en contraste con la opinión de la Oposición. ¿Y por qué lo planteo? Porque me da mucha pena -lo digo sinceramente- escuchar decir a algunos parlamentarios de la Concertación, aduciendo la libertad de expresión, que el cierre del diario “La Época” podría poco menos que dejar sin derecho a opinar a un segmento político de la sociedad. Quiero decirles que ese matutino es patrimonio de todos nosotros, de todos los chilenos, que hemos visto reflejado en sus páginas pluralismo, apertura, cultura, economía y otras ramas.

Por eso, considero muy peligroso dar una connotación política a la discusión y cargar emotivamente al Parlamento en cuanto a que, eventualmente, habría un grupo de partidarios u opositores al funcionamiento y mantención de dicho diario. Y lo digo porque soy de Oposición y porque siento que “La Época” también es patrimonio de los que creemos en la libertad de expresión.

Algo semejante a lo que le sucede hoy a ese diario, ocurre también en regiones. En efecto, hay muchos medios de comunicación regionales que tampoco pueden sobrevivir debido a problemas económicos. Creo que lo que hoy discutimos debe ser un llamado de atención; hoy es “La Época”, y mañana puede ser cualquier otro medio de comunicación necesario para el país.

Desde ese punto de vista, anuncio que vamos a aprobar el proyecto de acuerdo presentado. Hemos hecho sólo una observación, porque creemos que no se trata de pedir la intervención del “papá Estado” para todo, sino de todas las instancias que correspondan. La medida de subsidiar los medios de comunicación ocurrió en un gobierno autoritario. Hoy estamos en democracia y, por lo mismo, pensamos que esto tiene que funcionar distinto.

En el Parlamento se pronuncian muchos discursos, pero se hacen pocas cosas prácticas. He escuchado declaraciones de muchos dirigentes políticos y de parlamentarios que apoyan al diario “La Época”; pero me pregunto cuántos estamos suscritos a él. Por eso, pido el acuerdo de los parlamentarios de todas las bancadas para que nos suscribamos todos a dicho diario. Creo que hay que empezar por dar ejemplos concretos y no solamente pronunciar bonitos discursos.

He dicho.

La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-

En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Jeame Barrueto .

El señor JEAME BARRUETO .-

Señora Presidenta , creo que la intervención de la Diputada señora Lily Pérez , en nombre de Renovación Nacional, plantea las cosas en su verdadera dimensión: estamos frente a un problema cultural antes que político, y me parece muy importante asumirlo de esa manera.

La libertad de expresión es un fundamento cultural indispensable si queremos ser democráticos, y es condición para que pueda manifestarse plenamente la diversidad y pluralismo de nuestra sociedad. Sin la libertad de expresión, todas las otras libertades y derechos democráticos quedan entre paréntesis.

La libertad de expresión, en mi opinión, enfrenta fundamentalmente dos cuestionamientos muy importantes.

El primero dice relación con que la libertad de expresión debe regir fundamentalmente para aquel con el cual estamos en desacuerdo, para aquella opinión que, incluso, puede ser perjudicial, pero que debemos aceptar, y el hecho de que se exprese constituye un valor, porque fortalece la tolerancia en la sociedad y obliga al debate que permite buscar la verdad.

La segunda traba importante en la libertad de expresión, es si ella cuenta con sustento en la industria de los medios de comunicación para manifestarse en toda la diversidad de nuestra sociedad.

¿Cuál es la situación actual en Chile? Creo que hoy la libertad de expresión y el pluralismo están experimentando una grave amenaza, por tres razones fundamentales: primero, porque aún existe una gran censura y autocensura en el país; segundo, porque hay una tremenda concentración de la propiedad de los medios de comunicación y, peor aún, del mensaje ideológico y cultural de los mismos, y tercero, porque existe un proceso de centralización extrema de los medios de comunicación.

Respecto de lo primero quiero ser muy breve. En el último año y medio ello se ha denunciado; pero la situación de miedo en que ha vivido el país, sin duda, ha afectado de manera muy fuerte la mantención de algunos mecanismos de censura. Pero creo que lo más evidente es la autocensura. Ello sucede incluso en los principales medios de comunicación y hasta en Televisión Nacional. Ejecutivos de ese canal me han explicado cómo opera la autocensura allí, pese a que el objetivo fundamental del mismo es asegurar el pluralismo y la expresión de las diversas ideas. Como el funcionario de primer nivel sabe que el del superior le va a censurar algunas cosas, se preocupa de sacarlas, a fin de evitar ser censurado. Y así sucesivamente, hasta llegar al máximo nivel con las cosas limpias y eliminadas.

Como hay muchos temas tabúes, gran parte de nuestra realidad no se enfrenta.

En segundo lugar, existe una tremenda concentración de la propiedad. No basta con que existan muchos medios si, en definitiva, pertenecen a dos grupos económicos: Edwards y Copesa , los cuales según informes del Colegio de Periodistas, controlan, prácticamente, el 90 por ciento en el caso de la prensa escrita. Sólo salva esta situación la existencia de Televisión Nacional, que, sin duda, se justifica ampliamente en este papel.

El problema no radica en que esto se haya ganado por la operatoria y la competencia del mercado. Tiene una historia y no podemos olvidarla: cinco diarios fueron confiscados y desaparecieron del mercado durante quince años. Comprenderán que, desde el punto de vista del mercado y de la competencia, ello constituye una desventaja espectacular.

En tercer lugar, los dos grandes grupos económicos recibieron una ayuda financiera cuantiosa por parte del Banco del Estado, con créditos blandos, renegociados en las mejores condiciones del mundo. Eso tampoco es igualdad de condiciones de competencia en el mercado.

Por último, para demostrar que el mercado de la publicidad en este caso, que es lo fundamental, no opera de manera tan transparente y no política, hay distintos ejemplos. En 1991, la revista “Análisis” tenía un tiraje muchísimo mayor que “Ercilla” y “Qué Pasa”; sin embargo, la publicidad de éstas era significativamente mayor que la de esa otra revista. Televisión Nacional tenía mucho más publicidad en el tiempo del régimen militar que el Canal 13; pero al llegar la democracia, aunque Televisión Nacional logra un “rating” mucho mejor que el que tenía en tiempos de Pinochet, su avisaje disminuye. O sea, el mercado no opera de una manera tan clara y transparente.

En primer lugar, en el país está sucediendo una de las más graves limitaciones a la libertad de expresión: la centralización progresiva de los medios, particularmente con mucho más fuerza en las radios que en la prensa escrita, en el caso de las regiones.

Sin ser tremendista ni exagerar, quiero decir con mucha claridad que las regiones están quedando sin voz, pues las nuevas técnicas permiten que las radios repetidoras, desde un estudio de Santiago, transmitan música y la realidad que ellos viven: la de Santiago. El resto del país pasa a ser inexistente. No tiene dónde plantear sus problemas o informar sobre sus realidades. Así, en Talcahuano están más enterados del accidente habido en una esquina de San Diego, de Santiago, que del ocurrido el mismo día en su comuna.

Estamos frente a una de las situaciones del proceso más aberrante: la limitación de la libertad de expresión en gran parte de las regiones y provincias del país. Frente a esto, quiero ser práctico: ¿qué soluciones fundamentales podemos asumir? En primer lugar, me parece que Televisión Nacional -que es una televisión pública-, para garantizar el pluralismo y la diversidad del país, no puede regirse por el criterio del mercado y de la competencia al igual que la televisión privada. Eso es absurdo. Por lo tanto, no cumple el papel que tiene; debe tener subsidios para expresar un conjunto de realidades que, por el interés del mercado, automáticamente, no podría exponer; de lo contrario, no tengamos televisión pública.

En segundo lugar, considero fundamental la creación de un fondo concursable -del mismo carácter que el que existe en la cultura-, para apoyar a los medios de comunicación de movimientos sociales, de los consumidores, como también de comunas y regiones.

En tercer lugar, me parece sumamente importante apoyar a los medios de comunicación de las regiones. Han surgido distintas propuestas, como exenciones tributarias para sus medios de comunicación; por ejemplo, que los organismos públicos estén obligados a avisar en los medios locales donde estén ubicados y, de esta manera, fortalecer, por lo menos, las 500 radios que existen en regiones para que no mueran.

En cuarto lugar, entiendo que no se quiera regular este mercado mediante leyes especiales, porque se corre el riesgo de generar organismos burocráticos que empiecen a decir qué se debe o no se debe hacer; pero tampoco podemos dejar las cosas totalmente libres.

El consenso es que esto suceda vía ley antimonopolio, pero todos sabemos que ella no tiene posibilidad alguna de aplicarse si no existe transparencia en el mercado. No hay información clara de cuál es el tiraje real de los distintos medios de comunicación ni tampoco de cómo se distribuye la publicidad, y ésas son medidas indispensables.

En definitiva, estoy por fortalecer la libertad de expresión no estableciendo nuevas restricciones o creando organismos burocráticos que lleven a restringir más aún la libertad de expresión, sino por la vía de promover instancias y mecanismos que la fortalezcan.

Termino señalando que, en la mañana de hoy, 16 diputados de la bancada del Partido por la Democracia, en un acto de solidaridad, nos suscribimos al diario “La Época”. Me parece muy importante que el conjunto de la Cámara pudiera hacer lo mismo. Sé que es un gesto mínimo, limitado, pero podemos pensar incluso en algo que vaya más allá. Algunos han planteado la idea de que “La Época” genere algún tipo de bono o de acciones de participación, simbólico, que permita desarrollar una verdadera campaña de aportes con valores emblemáticos y simbólicos para defender un medio que, sin duda, ayuda -diría de manera indispensable- a la expresión de la diversidad y el pluralismo de nuestra sociedad y de la política.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

En el tiempo del Comité del Partido Radical, tiene la palabra el Diputado señor Mora hasta por tres minutos tres cuartos.

El señor MORA .-

Señor Presidente , valorando lo que significa la libertad de expresión, en estos tres minutos y medio trataré de ser preciso y conciso para partir diciendo categóricamente que en Chile no hay libertad de prensa. Lo que existe es libertad de empresa.

Tal como lo han aseverado todos los expositores, aquí hay una concentración de la propiedad de los medios de comunicación, y quiero hacer la diferencia entre los medios de publicación que ejercen una libertad de información y aquellos que tienen la libertad de entretención.

En el caso de los diarios, el rol que juega “La Época” es de una supervivencia difícil de sostener, porque el medio con el cual podría sobrevivir un diario no lo constituye su venta, sino la publicidad, y uno como “La Época”, que permite una cobertura de información plural, no tiene los flujos publicitarios para sobrevivir, porque la concentración de los grupos empresariales en torno a la propiedad de otros grandes medios de comunicación se realiza a través de las agencias. Copesa, por ejemplo, es dueño de diarios, radios, canales de televisión, cadena de radios en formación, revistas y, lo que es más importante, en el caso de los diarios, de la forma de distribución. No le basta emitir el producto, que es el diario, sino que el control está en la forma de repartir los medios y cómo se canalizan.

Comparto plenamente el proyecto de acuerdo que se está patrocinando, por estimar que se trata de un problema de todos, no sólo del Gobierno ni de algunos medios en particular. Todos los chilenos tenemos la responsabilidad de garantizar que el pueblo esté debidamente informado y no debidamente entretenido. Las radios están viviendo un drama similar al de los medios escritos y, en el corto plazo, en Chile quedarán, a lo más, diez o doce grandes cadenas de emisoras, y las radios regionales desaparecerán por la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en los grupos empresariales que publicitan en sus propios medios para evadir de ese modo pagar impuestos sobre las utilidades. Como para ellos hacer publicidad es un gasto -para otros es una inversión publicitaria-, publicitan en sus propios medios y gastan recursos para sostenerlos. Si no, ¿qué razón podría tener el canal Megavisión para perder plata desde el día en que nació? Es porque su importancia no está en la utilidad, sino en sostener un sistema ideológico que les conviene y donde sus empresas lo sostienen.

Si en Chile, en consecuencia, no se legisla debidamente para garantizar la libertad de prensa e información, vamos a sucumbir y quedar sujetos a que determinados grupos empresariales, económicos o políticos, tengan el control de la prensa.

He dicho.

-Aplausos.