Labor Parlamentaria

El señor LARRE ( Presidente accidental ).-

En primer lugar, corresponde proseguir la discusión particular del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de gestión municipal. Cuenta con segundos informes de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 20ª, en 7 de enero de 1997.

Informes de Comisión:

Gobierno, sesión 29ª, en 4 de marzo de 1997.

Hacienda, sesión 29ª, en 4 de marzo de 1997.

Gobierno (segundo), sesión 8ª, en 22 de octubre de 1997.

Hacienda (segundo), sesión 8ª, en 22 de octubre de 1997.

Discusión:

Sesiones 34ª, en 19 de marzo de 1997 (se aprueba en general); 11ª, en 11 de noviembre de 1997; 23ª, 25ª, 26ª, 28ª y 33ª, en 6, 7 , 13, 14 y 27 de enero de 1998, respectivamente (queda pendiente su discusión particular).

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , al término de la sesión anterior el Senado ya se encontraba en condiciones de analizar la letra d) que se propone en el segundo informe, la cual agrega una norma a la Ley Orgánica de Municipalidades que autoriza al alcalde para "Restringir los horarios de funcionamiento de las botillerías por zonas o barrios de la comuna.". En lo personal, quisiera agregar dos conceptos en relación con este tema.

En primer término, aquí se recordó la grave situación que se vive en circunstancias extraordinarias como en el caso de partidos de alto riesgo. Sobre el particular, deseo hacer presente que la ley que fija normas para prevenir y sancionar los hechos de violencia en los recintos deportivos con ocasión de los espectáculos de fútbol profesional contiene un artículo que modifica de manera explícita la Ley N° 17.105, de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres, actualmente vigente, el cual establece que "En los espectáculos de fútbol profesional que el Intendente califique de alto riesgo para la seguridad pública, decretará la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas en los centros o recintos donde se lleven a efecto y en un perímetro máximo de cinco cuadras, medida que regirá desde tres horas antes del inicio del evento hasta tres horas después de su finalización.

"Los establecimientos afectados serán notificados de esta resolución por inspectores municipales o por Carabineros de Chile con veinticuatro horas de anticipación a la entrada en vigencia de la misma.".

He creído conveniente que el Senado recordara esta disposición porque ella tiene la virtud de ser explícita para señalar qué autoridad y en qué casos concretos puede tomar la medida, y cuál es la extensión de la misma, respecto tanto del horario de funcionamiento como de la ubicación de los locales de que se trata. En mi opinión, esa norma es perfectamente congruente con la Carta Fundamental y, a su vez, con la Ley de Alcoholes, porque la modifica de manera explícita. La proposición del segundo informe, en cambio, como tiene carácter genérico, modifica tácitamente la Ley de Alcoholes, pero realmente no resulta clara su aplicación respecto de ésta.

La norma que leí permite impedir casos como los que aquí se han recordado, así como resguardar suficientemente la tranquilidad de los barrios en las situaciones de peligro. Lo contrario ocurre con el precepto que se somete a nuestra consideración, el cual contempla una discrecionalidad de la autoridad. Además, reitero: no es conciliable con la Ley de Alcoholes ya que no determina cuáles son los establecimientos y los lugares afectos a la medida de que se trata, ni la duración de la misma, etcétera.

Por otra parte, también creo conveniente que el Senado recuerde la situación de los establecimientos clandestinos de expendio de bebidas alcohólicas. Aquí la situación es altamente delicada: se hace el expendio igual, no se pagan los impuestos y, además, se expende un alcohol que no tiene ninguna procedencia conocida, por lo que puede dar lugar, incluso, al envenenamiento de personas. En síntesis, hay una falta absoluta de control, como en el caso de la venta de drogas o algo similar. Esos fenómenos son los que ha querido prevenir la Ley de Alcoholes actualmente vigente.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , a mi juicio la palabra "temporal" puede llevar a discusión. Desde el momento en que el alcalde tiene la facultad de regular, con el acuerdo de los dos tercios del concejo, en la regulación podrá determinar el tiempo o el período que le parezca apropiado. Pero si la norma dice "temporalmente", puede significar un conflicto para el alcalde. Concurrí con el Senador señor Errázuriz a aprobar el texto, que mejora la redacción. En mi opinión, "temporalmente" es como redundante e incluso, limitativo. Yo diría: "regular por razones fundadas", no "temporalmente". Porque, entonces, ¿tendría que ser por un mes, por dos o por un año?

El señor ERRÁZURIZ .-

Si es una regulación permanente y no por el tiempo que dure un partido de fútbol o que permanezca la razón que origina un conflicto -que obligue, por ejemplo, a un cambio en el tráfico de las calles-, evidentemente que habría un problema constitucional. En cambio, si es temporal y por razones fundadas, se fijará la fecha -un mes o todos los sábados- en que haya partidos. Junto con el fundamento, se establecerá la condicionalidad, la cual consiste en la restricción durante un determinado período de tiempo. A eso me refiero con la palabra "temporal". Porque, de lo contrario, podría sentarse el precedente de que la mayoría del concejo y con el visto bueno del alcalde, restrinja en forma permanente, en un barrio completo, la operación de las botillerías. Podría darse cualquier razón, si tanto el alcalde como esa mayoría circunstancial estiman que no es bueno que haya botillerías en la zona respectiva. Eso sería inconstitucional, a mi juicio.

Por lo tanto, agregar la palabra "temporal", precisamente quita el viso de eventual inconstitucionalidad.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés ).-

En mi opinión, no es inconstitucional la posibilidad de regular, pues está dentro de las facultades constitucionales de la autoridad.

A mí no me gusta el término "temporal" -él puede significar discusión más que solución-; pero estoy de acuerdo con la idea. Por eso, pido votar por ideas. Es decir, que nos pronunciemos por separado respecto de esa palabra y de la idea en que tenemos acuerdo. O sea, demos por aprobada la idea en general, resolviendo si agregamos o no agregamos la palabra "temporal".

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , estamos en un segundo informe. En consecuencia, procede aceptar o rechazar lo propuesto por la Comisión.

En este caso, se trata de una indicación de un señor Senador. Yo no doy la unanimidad, señor Presidente , porque considero que la norma de la letra n) es inconstitucional, al igual que la proposición que se acaba de hacer.

El concepto de regulación de actividades económicas se encuentra en el artículo 19, número 21, de la Constitución, al hacer referencia a que la ley sea la que regule.

Por su parte, el artículo 164 de la Ley de Alcoholes establece de manera explícita el horario de funcionamiento de los establecimientos clasificados para expender bebidas alcohólicas.

En mi opinión, no es admisible que en este tipo de normas se establezcan disposiciones que entreguen facultades al alcalde, porque ello implica modificar la norma vigente. Y, en consecuencia, en virtud de esta delegación de facultades, esa autoridad va a modificar lo preceptuado por la ley.

En cuanto a la situación de ciertos partidos de fútbol que puedan representar peligro, tal materia se encuentra regulada actualmente en el artículo 159 de la Ley de Alcoholes, la que en su texto modificado por el artículo 11 de la ley 19.327, dispone las modalidades y el sistema para restringir el funcionamiento de esos negocios en determinados horarios y perímetro.

El señor THAYER.-

Señor Presidente, aun cuando, en mi concepto, el asunto no da para más, quiero agregar un par de planteamientos.

Si se usa la expresión "restringir", me parece concordante decir "temporalmente y por razones fundadas". Pero, si se emplea "regular", no tiene sentido hacerlo por determinado tiempo.

¿Quién regula de manera estable? Toda actividad está sometida a alguna regulación. Por lo tanto, podría asignarse la facultad de restringir la regulación, que es lo normal, frente a un motivo especial.

La idea de modificar por acuerdo unánime lo propuesto por la Comisión en cuanto a "restringir temporalmente y por razones fundadas", a mi juicio, sería razonable y aceptable. De lo contrario, habría que votar. Podrá haber o no haber acuerdo, pero esto de regular temporalmente genera una especie de contradicción. Porque regular supone de suyo una normativa permanente.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , a propósito de discrecionalidad, la Honorable señora Feliú ha sostenido que depende del intendente ponderar si los partidos de fútbol son de alto riesgo.

La señora FELIÚ.-

Lo dice la ley.

El señor DÍAZ .-

¡Claro! Por boca de la Honorable señora Senadora lo dice muy bien la ley, o lo dice muy bien ella en nombre de la ley. Pero, para el caso da lo mismo.

El problema radica en que la decisión dependa de una sola persona. En mi concepto, es mucho más lógico que lo resuelva el concejo, el cual conoce más de la materia y está más compenetrado de la misma.

Tanto quien preside en estos momentos la sesión como el Senador que habla fueron alcaldes. Por tal razón, sabemos que las quejas le llegan al alcalde , pero no al intendente, que es una autoridad inaccesible o de más difícil alcance. Cuando en las regiones las barras incendian kioscos, pintarrajean las figuras de don Arturo Prado o de don Bernardo O'Higgins , por ejemplo, sin duda la gente irá a quejarse a la alcaldía o a los concejeros. Indiscutiblemente que en ese organismo hay más personas para pensar.

Tampoco sería adecuado que el sistema rija solamente para los partidos de fútbol. ¿Por qué no para un evento musical? A veces la música exalta de tal manera las bajas pasiones que algunos grupos musicales -específicamente los de rock metálico, duro- dan origen a desmanes peores que los partidos de fútbol. Y digámoslo de manera clara: lo mismo sucede en concentraciones políticas. Entonces, la norma no debe referirse exclusivamente a los partidos de fútbol.

Un Honorable señor Senador -cuya señora esposa es Diputada por Cardenal Caro- sabe que el balneario de Pichilemu tiene algunas características que le han dado fama: allí se producen las olas más hermosas y grandes del mundo, las que posibilitan ciertos deportes náuticos. Sin embargo, hubo que suspender el evento que se realizaba para la práctica de los mismos, porque las orgías, los abusos y los desmanes que producían los perjuicios fueron superiores a los beneficios. Terminó algo que era hermoso.

Entonces, ¿por qué no facultar al concejo municipal para restringir ciertas actividades no ilícitas ni ilegítimas, pero sí inconvenientes.

Señor Presidente , ¿por qué se prohíbe la venta de licores horas antes de un acto electoral? ¿Acaso con ello se restringe la actividad comercial? Con el mismo criterio se pueden impedir ciertas cosas.

Por último, la norma no debe ser tan rígida. Si mal no recuerdo, la actual dispone que la restricción rige en un radio de cinco cuadras. Y si a un cuarto de cuadra hay un prostíbulo o un boliche o un clandestino, ¡hasta ahí llega el señor intendente, pues más allá no puede prohibir! Creo que se debe ser más flexible y elástico, y entregar las facultades a quienes mejor conocen su ciudad: el alcalde y los concejales; no el intendente, pues éste tiene que controlar toda la región.

Tampoco tiene que ser a una hora específica, como dice la ley, porque un partido de fútbol puede desarrollarse a las 7 de la tarde, aun cuando, por conveniencia económica, puede dejarse para las 9 u 11 de la noche. Para qué decir de los actos musicales u otros, que se llevan a cabo en cualquier hora.

Entonces, el que una disposición como ésta sea tan rígida, me parece absolutamente ineficaz. Por eso, soy partidario de "restringir los horarios de funcionamiento de las botillerías por zonas o barrios" y entregar las facultades al concejo para que resuelva no por una mayoría de los dos tercios, pues, a lo mejor, bastaría la simple mayoría. Tenemos que partir de la base de que los alcaldes y los concejales son personas con sentido común que van a hacer cosas convenientes y no que perjudiquen a la ciudadanía de su comuna.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , sólo deseo dar una explicación al Honorable señor Núñez .

La Honorable señora Feliú ya dio lectura a normas de la ley vigente, conforme a las cuales los intendentes tienen la responsabilidad en los espectáculos deportivos, de fútbol, etcétera.

El proyecto señala las áreas donde pueden venderse bebidas alcohólicas. No sólo establece eso, pues también prohíbe su venta en las vías, plazas y paseos públicos: "En los espectáculos de fútbol profesional que el intendente califique de". O sea, la redacción es similar a lo vigente. Entonces, serían tres los textos que contendrían más o menos lo mismo.

A mi juicio, vale la pena respetar el proyecto que modifica la Ley de Alcoholes que se encuentra en el Senado, y aceptar que el Senador señor Núñez retire la indicación.

El señor BITAR.-

Señor Presidente, es mejor que la facultad de regular la venta de alcohol la tenga el municipio, pues todo depende de la circunstancia, de las horas y de si se trata de un sector rural o urbano. En mi opinión, debe haber sobre el particular cierto grado de flexibilidad

Respecto del tema del consumo de drogas y alcohol, deseo manifestar que la Fundación Paz Ciudadana entregó la encuesta más grande que se ha hecho en el país. Las cifras muestran que los índices no bajan, sino que, por el contrario, entre los jóvenes estudiantes, las cifras, que son muy altas, inclusive han subido un poco. Lo mismo ocurre con el uso de marihuana.

Debemos estar atentos a tal situación y aprobar disposiciones que nos permitan, flexiblemente, operar en estos casos.

Por eso, voto a favor.

El señor COOPER.-

Señor Presidente , he escuchado con mucha atención lo que expresó la señora Feliú . Comparto totalmente sus argumentos, y las conclusiones a que ha llegado Su Señoría me convencen de la inconveniencia de la letra n). Más aún, estoy de acuerdo con dicha señora Senadora, y también hago reserva de constitucionalidad de la norma.

Voto en contra.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , no ha sido posible llegar a un consenso a fin de reemplazar la palabra "restringir" por "regular", que es lo que corresponde, ni tampoco para que la regulación sea sólo temporal.

Si se trata de una regulación permanente, nunca se podrá abrir las botillerías en determinada tarde de algún sábado. En realidad, el acuerdo puede ser temporal.

Me parece que la norma propuesta es inadecuada e inconstitucional.

Tampoco se pudo establecer un quórum adecuado, para que la norma que regule temporalmente no sea aprobada por simple mayoría.

Por otra parte, la forma en que está redactada la letra n) restringe los horarios de funcionamiento de las botillerías en zonas o barrios de la comuna, pudiendo ser la restricción permanente acordada por una simple mayoría, que puede ser ocasional, como señalé antes.

Por lo tanto, voto negativamente.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , si se tratase de terminar con el alcoholismo en Chile sobre la base de un precepto como éste, creo que habría unanimidad para su aprobación. Sin embargo, no es así.

Una norma de esta naturaleza conduciría a toda clase de inconvenientes, empezando por la venta clandestina de alcohol, lo que, como recién dije, constituye uno de los peligros reales en esta materia y que, por lo demás, en Chile es muy conocido. No se trata de un tema que cause temor. En el país ha sido una realidad. Incluso, todavía lo es en algunos lugares, siendo aún más grave que en los establecimientos regulares del comercio.

Señor Presidente , esta materia se encuentra reglada en la ley Nº 17.105, de Alcoholes. Hay un proyecto en trámite en el Senado que la modifica, en el cual se debe estudiar el tema, y analizar qué facultades pueden darse y qué normas es posible establecer. Pero el ejercicio de toda actividad económica debe estar regulado en una ley y no en el ejercicio de facultades discrecionales de algunas autoridades ni de los municipios.

La norma sometida a votación se aparta de las ideas matrices del proyecto, porque da facultades a los alcaldes sobre una materia que -reitero- está regulada por otras leyes de carácter especial. Además, afecta las garantías establecidas en el artículo 19, números 21º y 24º de la Constitución Política, porque importa una delegación de facultades en materias que son propias de ley.

Por todas esas consideraciones, estimo que la disposición es inconstitucional, y voto en contra.

El señor FERNÁNDEZ.-

Señor Presidente , estamos en presencia de una norma que dice relación a lo que ya está reglado en forma específica en la Ley de Alcoholes. Como se ha señalado en la Sala, hay una iniciativa en el Senado que le introduce importantes cambios a ese cuerpo legal. Ello significa que cuando se dicten tales enmiendas, eventualmente se produciría un conflicto en cuanto a si orgánicamente se deroga o no se deroga esta norma especial. Esto se puede prestar a dudas, ya que nos hallaríamos en presencia de una ley que regula todo un cuerpo legal respecto de determinada materia. Y, en ese caso, se produce lo que en Derecho se denomina una derogación orgánica, lo que abarca todas las disposiciones vigentes.

Por lo tanto, deberíamos tener especial cuidado en el estudio de ese proyecto, para no incluir las disposiciones aquí señaladas. Todo ello nos lleva a la conclusión de que es inconveniente legislar en forma parcial respecto de una materia tan delicada e importante, como el comercio de bebidas alcohólicas, con todas sus implicancias económicas, sociales e, incluso, delictuales.

Quiero señalar solamente un aspecto: la Ley de Alcoholes cuenta con todo un sistema, con una normativa sobre sanciones, con un procedimiento diferente de la legislación común. Y habría que ver si éste es o no aplicable al caso que nos ocupa. Además, la concepción de la Ley de Alcoholes acerca de los establecimientos de venta, es mucho más amplia que hablar de botillerías. Tiene una nomenclatura completamente diferente y, obviamente, aquí se estaría restringiendo la norma a cierto tipo de locales dentro de los cuales se expenden bebidas alcohólicas. En este caso, habría también aquí una distinción, a mi juicio, muy arbitraria, que en algunos casos sería positiva, y en otros, negativa.

Por lo tanto, considero que esta materia debería ser regulada por la Ley de Alcoholes, instrumento legal que se encuentra precisamente en el Senado. En consecuencia, esta norma es perturbadora de la legislación y el ordenamiento jurídico que pretendemos proteger.

Por esas razones, voto negativamente.

El señor HAMILTON .-

Señor Presidente, estoy realmente admirado de la capacidad del Senado para hacer, a partir de una discusión tan sencilla como lo fue ésta en un comienzo, un debate tan largo, tan profundo y extenso sobre el tema. Creo que, con este trote, no vamos a despachar en la actual legislatura el proyecto que estamos discutiendo.

Voto favorablemente la disposición en el entendido de que se le incorporará, como sugirió el Honorable señor Urenda , una frase intercalada en el sentido de que estas disposiciones se dictarán con fundamento plausible.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , creo compartir el sentido y el espíritu de la disposición que estamos votando. Pareciera razonable que, a nivel local, próximo a la comunidad, se disponga de los instrumentos para, en casos calificados, restringir el expendio de bebidas alcohólicas, y de esa manera evitar los efectos negativos a que en determinadas circunstancias ese hecho pueda conducir. Y nadie mejor que las autoridades locales para lograr ese cometido. Sin embargo, considero que la disposición que estamos analizando es de una generalidad e imprecisión tales que, lamentablemente, no garantiza que se vaya a conseguir tal objetivo. Por lo contrario, permite pensar que podrían lograr otros propósitos que no dicen relación con el sentido genuino de esta norma. Aparte de ello, se han hecho presentes objeciones de constitucionalidad y finalmente se ha señalado, con razón, que hay una iniciativa particular que regula esta materia -la Ley de Alcoholes-, lo que me lleva a pensar que quizás ella constituya el lugar más apropiado para reglar esta situación.

Por todo lo anterior, me abstendré de votar.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente, ya argumenté a favor de la indicación y ratifico con mi voto tal posición. Sin embargo, insisto en que los argumentos que se han dado no son suficientes para rechazarla. Honestamente, vuelvo a señalar lo mismo que denantes: hay bienes superiores y hay bienes particulares. Y en esta perspectiva es en la que los Senadores debemos pronunciarnos. Nadie puede suponer simplemente que la indicación no sea pertinente al proyecto. ¡Cómo no va a estar dentro de las atribuciones de un cuerpo legal que modifica la normativa sobre municipalidades, el definir un aspecto tan importante como éste, en circunstancias de que las municipalidades están encargadas, entre otras cosas, de la salud pública! Y no estoy hablando de la salud y de la atención personal de la gente, de la medicina, sino que de la salud pública. El hecho de que pudiera haber colisión con otras leyes que se están modificando, es asunto que se analizará en el momento de tratarse alguna de ellas, ocasión en que se verá el modo de conciliar sus disposiciones con lo que ahora estamos aprobando.

¡Cómo puede catalogarse de arbitrario el que se cierre uno o determinado negocio, y no todos, en tales y cuales circunstancias, si ésa es precisamente la razón de la ley: el señalar las condiciones en las cuales se debe aprobar o restringir una determinada actividad, en función del bien superior de la comunidad!

En realidad, me parece increíble que estemos argumentando de esa manera cuando se trata de analizar exactamente si la medida contribuye o no al bien de la comunidad. Y nadie discute que ante lo que estamos hablando sobre el alcoholismo, todas estas medidas, con todo lo insuficientes que puedan ser, de una u otra manera ayudan. Nadie ha sostenido aquí que vamos a terminar con el alcoholismo gracias a esta disposición. Suponer que alguien lo hubiera pensado así es atribuirnos una carencia de inteligencia que es agraviante. Pero también es verdad que todos están conscientes de que cuanto apunte a restringir la venta de bebidas alcohólicas contribuye a combatir ese flagelo.

Por eso, voto que sí.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , habría sido deseable redactar esta disposición de otra manera, perfilando mejor la facultad de restricción. Sin embargo, sustancialmente, a mi entender, la norma apuntaba a que, de manos de la intendencia, pasara a las del municipio la facultad excepcional de restringir lo regulado normalmente en materia de alcoholes. Ese principio lo considero adecuado. Ahora, al momento de votar, ya está absolutamente sepultada la disposición. Si da lo mismo cómo se vote, yo, en apoyo de las municipalidades, voto que sí.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , ya argumenté anteriormente en cuanto a que, a mi juicio, había que interpretar la norma en un sentido racional, tratándose de ejercer una autoridad en forma excepcional y en cierta circunstancia.

Lamentablemente, no hay posibilidades de que la respectiva indicación fuera aprobada, y ni siquiera la norma misma. En consecuencia, a esta altura, el voto carece de mayor relevancia.

Simplemente, voy a votar que sí, nada más que para manifestar mi deseo de que, ojalá, corresponda a los municipios ejercer este tipo de facultades, que dicen relación con la vida ciudadana.

Voto que sí.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente, es indudable que hay bienes superiores que considerar al votar la disposición. Y entre la libertad de emprender y el bien común, no hay duda de que debe primar el bien común. Y así está determinado en la Ley de Alcoholes, pues se restringe el funcionamiento de las botillerías, por ejemplo, cuando éstas funcionen al lado de una escuela.

Entonces, si eso ocurre con la Ley de Alcoholes, ¿por qué no puede también la municipalidad restringir los horarios de funcionamiento de las botillerías en zonas determinadas?

A mi juicio, aquí queda en evidencia que el bien común se restringe cada vez más en beneficio de la libertad de emprender, del libre comercio, es decir, de la libertad más absoluta.

Creo que aquí se trata de una importante norma para restringir esa libertad de emprender. Y está basada en el bien común.

Por esa razón, voto a favor de la disposición.

El señor LAGOS ( Secretario ).-

A continuación, hay una indicación renovada, la Nº 145, de los Senadores señores Siebert, Alessandri, Horvath, Cooper, Mc-Intyre, Thayer, Larre, Otero, Larraín y Díez, referente a la letra i), que pasó a ser letra g), para agregar al inciso. propuesto la siguiente oración final: "Ésta se complementará por radio, si lo estima el concejo.".

En consecuencia, la norma quedaría como sigue: "El presupuesto, una vez aprobado, deberá ser publicitado para conocimiento de la comunidad local. Ésta se complementará por radio, si lo estima el concejo.".

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , pongo en duda la palabra "publicitado". Me parece que se trata de una novedad usada últimamente. No sé si el término sea castizo. Creo que debiera decir "comunicado" o "publicado"; pero habría que ver si la palabra "publicitado" se encuentra contemplada en la lengua castellana. Si no, sugiero que, por unanimidad, se cambie por el término que corresponda, o sea, "publicado", "comunicado", "hecho público", etcétera.

La palabra "publicitado" viene más bien del término "publicidad". De modo que pido que seamos un poco más respetuosos del lenguaje, tan vapuleado en el país.

El señor THAYER .-

Señor Presidente, sin inmiscuirme en la discusión de la palabra "publicitado" (encuentro que está bien; pero no hay problema para cambiarla por "publicado"), me parece que no queda bien redactada la norma con el agregado de la indicación renovada, aunque ésta lleve mi firma.

Si se lee completa la disposición, aparece como que la comunidad local se complementa por una forma de publicación.

Señor Presidente, pido que se dé lectura nuevamente a la norma completa, con lo agregado en la indicación renovada.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, se trata de que el presupuesto sea puesto en conocimiento de la comunidad local.

Creo que habría acuerdo para cambiar el vocablo "publicitado" por otro. Pero, tal como se encuentra planteada la indicación, no es posible aprobarla.

Tal vez, primero deberíamos votar lo relativo a que el presupuesto deberá ser dado a conocer a la comunidad. Si hubiera acuerdo en ello, veríamos si se agrega el concepto de que este conocimiento pueda hacerse por radio. Pero, en verdad, tal como se aprobó la norma, ello puede hacerse por radio o por cualquier medio que el municipio considere idóneo. En consecuencia, no deberíamos entrar a examinar cada medio de información.

La señora FELIÚ.-

La indicación renovada tiene sentido (también el señor Presidente presentó en su oportunidad una indicación paralela). Y se trata de lo siguiente.

El artículo 58 bis que se propone en el segundo informe establece en su inciso primero: "Cada municipalidad deberá disponer de un reglamento de contrataciones y adquisiciones, aprobado por el concejo a propuesta del alcalde, en el cual se establezcan los procedimientos de resguardo necesarios para la debida objetividad, transparencia y oportunidad en las contrataciones y adquisiciones que se efectúen.".

El inciso siguiente (el texto primitivo era más detallado) contiene la exigencia de que "Los llamados a licitación deberán ser publicados en un periódico provincial y a falta de éste, en un periódico regional, y mediante avisos fijados en la sede municipal, debiendo contener sus menciones básicas.".

¿A qué apunta la indicación renovada? A no establecer de manera perentoria tal exigencia, dado que las contrataciones y adquisiciones son de muy distinta naturaleza y monto. En consecuencia, será el reglamento el que entre a distinguir para los efectos de resguardar el procedimiento de objetividad, transparencia y oportunidad. Si se trata de una compra pequeña, no será necesario hacer la publicación e incurrir en el costo respectivo.

Tal es el sentido de la indicación renovada.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , la indicación recae en el artículo 60 bis, que dice: "Los alcaldes tendrán derecho a percibir una asignación inherente al cargo correspondiente al 30% de la suma del sueldo base y la asignación municipal, la que será imponible y tributable. El gasto que represente el pago de este beneficio se efectuará con cargo al presupuesto de la municipalidad.".

Sin embargo, su inciso segundo agrega que "En ningún caso el alcalde podrá percibir pago por horas extraordinarias.".

Los fundamentos de las indicaciones números 162 y 163 son los siguientes.

En primer lugar, una asignación para los alcaldes no es materia propia de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

En segundo término, reconozco que el pago de horas extraordinarias a los alcaldes es tema discutible, pues muchos señores Senadores estiman que ello se presta para abusos o falta de probidad en el sentido de que el trabajo que da origen a esa retribución se aprueba sobre la base de consideraciones distintas del funcionamiento del servicio.

Creo que aquello podrá ocurrir en algunos casos. Pero también me parece real la situación inversa: que el alcalde deba trabajar en días y horas que no corresponden a su jornada.

Desde esa perspectiva, me parece que en la ley no debería figurar una norma que prohíba a los alcaldes percibir pago por horas extraordinarias.

Por ende, en cuanto al inciso primero, sin perjuicio de mi observación en orden a que contiene una materia impropia de la Ley Orgánica de Municipalidades, estimo que debería ser aprobado.

Y pido dividir la votación sólo con respecto al inciso segundo, que impide a los alcaldes percibir pago por horas extraordinarias.

El señor HAMILTON .-

Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo expresado por el señor Subsecretario . Me parece claro lo de la existencia de una remuneración especial para el alcalde, fijada por ley y conocida por todo el mundo. Pero se trata de un funcionario de tiempo completo, no sujeto a horario. Y no es posible distinguir entre una labor social, una política y una propiamente de la corporación edilicia.

En consecuencia, se presta para todo tipo de abusos el establecer que el propio jefe comunal puede fijarse horas extraordinarias, en circunstancias de que trabaja prácticamente toda la semana. Para ello se dispone una asignación especial en el inciso anterior.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , quisiera consignar que retiraré mi voto a favor de la primera parte del artículo en la medida en que se despache un proyecto de ley en que aparezcamos incrementando en 30 por ciento las remuneraciones de los alcaldes y sin poder aprobar, por falta de quórum, la segunda parte.

La abrumadora mayoría de quienes se desempeñan en esas funciones son hombres y mujeres honestos. Pero los que tenemos experiencia fruto de trabajo en el tema hemos visto que uno de los elementos inarmónicos radica en que el jefe de la municipalidad es el alcalde y en que éste se determina las horas extraordinarias. Y, por lo tanto, ello ha sido objeto de situaciones bastante complicadas. Para evitarlo, el señor Subsecretario de Desarrollo Regional ha explicado que se asigna al alcalde , por la naturaleza de su función, 30 por ciento extra, pero, a cambio, no podrá autoasignarse horas extraordinarias.

No se trata de una presunción de mala fe: constituye un reconocimiento de la experiencia. Y se apunta a una justa proporción en lo requerido por esos hombres y mujeres honestos, así como a sacar de la discusión un asunto que puede prestarse para abusos.

En el mismo proyecto, se ha eliminado otra norma, relativa a la única causal por la cual la Contraloría puede destituir a los alcaldes, como sucede con el mal uso de un vehículo fiscal. ¿Por qué? Porque, con las crecientes nuevas funciones de los municipios, los alcaldes trabajan sábados, domingos y festivos. Ése es un hecho de la causa.

Pido formalmente a la Sala que el artículo en análisis sea visto como un todo armónico. Si no, invito a mis Honorables colegas a ayudarme y a retirar el pronunciamiento a favor que hayan emitido, porque no estoy dispuesto a que se apruebe sólo una parte de un precepto que en otra perspectiva obedece a una lógica distinta.

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente, creo que a cualquier Senador le asiste el justo derecho de pedir la división de una votación, pero que ello no procede cuando se trata de normas complementarias. En el caso que nos ocupa, la primera parte, ya acogida, se relaciona con la segunda, y se suscitaría una dificultad si ésta es rechazada, como dice muy bien el Senador señor Hormazábal , porque se otorgaría un doble beneficio. Entonces, el artículo, como viene, o se aprueba o se desestima completo.

El Senador que habla también anuncia que si la segunda parte se rechaza, no apoyará la primera.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , deseo consignar que se ha renovado una indicación. El inciso primero de la norma planteada dispone que los alcaldes no pueden tomar parte en la discusión y votación de asuntos en que ellos o sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, estén interesados. Por mi parte, creo que debe emplearse la expresión "tengan interés".

Pero el inciso segundo agrega que "Se entiende que existe dicho interés cuando su resolución afecta moral o pecuniariamente a las personas referidas.". A mi juicio, esa forma de explicar la idea del inciso anterior no es correcta. ¿Qué se considera que afecta moralmente al alcalde ?

La verdad es que el concepto de "tener interés" resulta suficientemente claro y constituye una inhabilidad. ¿Qué tipo de interés? Uno de cualquier clase o naturaleza. En cambio, la explicación que se contempla, en lugar de ampliar, restringe: se menciona lo moral y lo pecuniario. Incluso, podrían resultar comprendidas, tal vez, pequeñas ventajas que fuera posible obtener. No me parece conveniente hacer referencia al interés moral en una decisión.

Por esas razones, señor Presidente , se ha renovado una indicación para suprimir el inciso segundo. Estimo que el inciso primero es claro y que, si le parece a la Sala, se deben reemplazar las palabras "estén interesados" por "tengan interés", terminología igual a la usada en el Estatuto Administrativo de Empleados Municipales.

La cuestión radica en que se tenga interés. ¿De qué clase? De cualquiera: pecuniario u otro. Pero señalar lo atinente a la moral podría resultar dudoso.

He dicho.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente, tomaría dos aspectos del aporte de la Senadora señora Feliú . Primero, el artículo 77, como recuerda el Subsecretario señor Schilling , se refiere a los concejales, pero, también, la redacción mejora notablemente con la sugerencia de la Senadora señora Feliú en cuanto a reemplazar "estén interesados" por "tengan interés.".

Asimismo, si se mantuviera vigente el artículo 77, debería agregarse la expresión "Ningún concejal o alcalde". A mi juicio, una referencia genérica a dicha disposición tendría que hacerse de manera más expresa. Si no, sería partidario de aprobar el numeral propuesto, con la modificación que acaba de plantearse.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , manifiesto, por lo menos, duda en relación con la parte final de la enmienda, que dice "Esta facultad la tendrá también cualquier concejal". Y si éste no actúa con mucha prudencia, los funcionarios, o los organismos, podrían estar el día entero contestando oficios.

Manifiesto mi aprensión sobre este agregado.

El señor NÚÑEZ ( Presidente accidental ).-

Tiene la palabra Senador señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente, conforme a la experiencia humana, nadie podría refutar la afirmación de la Honorable colega en cuanto a que esta facultad se prestaría a abusos. Sin embargo, uno de los problemas que presenta el trabajo municipal es que el concejal, en la fiscalización del ámbito colectivo del organismo, muchas veces es marginado en el acceso de los antecedentes. La norma no establece que el concejal puede fiscalizar por su cuenta -es lo que entiendo que la Comisión propone-, sino algo que muchas veces ha sido puesto en duda: cuando un concejal pide por escrito una información a un jefe de departamento, si el alcalde no autoriza, no se entrega. Y esto es inadecuado.

La señora FELIÚ.-

Está el abuso.

El señor HORMAZÁBAL .-

Sé que podría abusarse, señora Senadora. Pero -estoy razonando en voz alta- ¿cuál podría ser el efecto si un concejal envía una nota en la cual solicita cierta información? ¿Dónde está el plazo? No hay uno perentorio. Y los funcionarios podrían tener problemas para satisfacer esa demanda. Lo único que se señala es que, por ley, el concejal está autorizado a pedir la información.

¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los Senadores hacen uso de la petición de oficio o del artículo 9º de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional? La Oficina de Informaciones solicita los antecedentes. Muchas veces la respuesta demora 30 días o más. Pero no podría negarse el derecho a petición -que es constitucional- o el derecho a estar informado, para una función tan relevante.

Por eso, aún estando conscientes de eventuales abusos -cuya sanción podría derivarse del simple hecho de que un jefe se demore en contestar-, la norma va en beneficio de la comunidad y de la armonía que debe reinar en el municipio.

Por lo menos, debemos respaldar la disposición, señor Presidente.

El señor LARRE.-

Señor Presidente , concuerdo con la proposición, pero su lectura resulta incompleta. Podría decir: "Esta facultad la tendrá también cualquier concejal, solicitándolo por escrito (o a petición escrita) a través de la alcaldía.".

El jefe de los servicios es el alcalde; por lo tanto, corresponde que esté en antecedentes de cualquier solicitud interna que se haga, aunque sea de fiscalización. Y no la puede negar.

En consecuencia, propongo esta modificación.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , quiero expresar lo mismo que quien me antecedió. Me parece mejor esa disposición que la propuesta por la Comisión de Gobierno.

En todo caso, hago presente que la norma no se refiere a los instrumentos municipales de carácter público, que pueden ser solicitados por los concejales y por cualquier persona, sino a las actuaciones que se encuentran -diría- en trámite de procedimiento y que, como tales, todavía no son públicas. Porque en principio todo acto del municipio es de carácter público.

Estoy de acuerdo con lo que planteó el señor Subsecretario . Sugiero aprobar esta letra.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, la letra g) forma parte de un conjunto de normas consignadas en el proyecto que tienden a limitar las funciones del alcalde.

Los "cometidos funcionarios" son propios de la labor que se desempeña, y, en esa perspectiva, cualquier jefe de servicio se autoordena el cometido. Así acontece en la Administración respecto de todos los jefes superiores. En este caso, en cambio, se limita al alcalde en esos cometidos. Y ésta es la razón por la cual se presentó la indicación y luego se renovó.

Lo dispuesto en la letra g) forma parte de las restricciones que se están planteando respecto del alcalde, en circunstancias de que entre los fundamentos de la ley figura el de robustecer el rol de dicha autoridad, que es el jefe superior del servicio.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente, dado que la Honorable colega es destacadísima en materia de Derecho Administrativo , me gustaría saber, en primer término, si hoy en día un jefe de servicio puede salir fuera del país por decisión propia. Ya que la señora Senadora ha usado la analogía del jefe de servicio, en esta norma se habla de dos cosas distintas: una, del desempeño en el territorio nacional, y dos, de la salida fuera del país.

En segundo lugar, pienso que el proyecto en análisis tiene por objeto fortalecer el poder municipal, no el poder del alcalde. Entonces, es pertinente que en este tipo de materias sea el concejo municipal el que autorice un viaje del alcalde al exterior por más de 15 días, puesto que en tal caso se invierten fondos municipales.

Por lo tanto, no se trata sólo de que haya asuntos en los cuales el alcalde decida por sí mismo. Hay temas de interés en el ámbito del turismo, en el campo cultural y en otros, donde se justifica la participación de los municipios.

En general, pienso que en el sector público -y en esto, mi querida colega señora Feliú , me gustaría conocer sus antecedentes al respecto, para aprender- la decisión sobre viajes fuera del país no puede ser tomada sólo por un jefe de servicio.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , cuando se trata de un cometido funcionario -esto es, una labor propia del cargo, no ajena-, el jefe del servicio dicta un autocometido, y esto solamente por razones de carácter presupuestario.

En relación al uso de los recursos municipales, debo decir que éste nace de una autorización del concejo al aprobar el presupuesto. Pero ése es otro tema. Si no hay recursos, es imposible que el alcalde se ausente, porque, aunque lo acuerde el concejo, requeriría previamente que se modificara el presupuesto.

En todo caso, el sistema opera sobre la base de la comisión de servicio, que es aquella función distinta a la propia del cargo, pero que queda comprendida dentro de la jerarquía o de los conocimientos del funcionario. Así se define, si mal no recuerdo, una comisión de servicio, y ésta debe autorizarla un jefe superior.

Sin embargo, el cometido funcionario no requiere, en el ámbito administrativo, de la decisión de una autoridad mayor. Partamos del supuesto de que los jefes superiores del servicio son aquellos que no tienen sobre sí otra autoridad.

El señor HAMILTON .-

Señor Presidente , en mi opinión, el concejo tiene algo que decir respecto de las ausencias del alcalde. Éste es un personaje muy importante. Es la primera autoridad en la comuna. Cuenta con muchas facultades. Por tanto, no puede ser reemplazado por el concejo con facilidad.

En consecuencia, para viajar al exterior por un cometido funcionario el alcalde debe ser autorizado por el concejo, y no sólo por razones presupuestarias. Vean lo que ocurrió en una de las comunas de esta zona: con los temporales se crearon muchos problemas; el alcalde y gran parte del concejo estaban fuera del país, y, lamentablemente, no hubo quien tomara decisiones por ellos. Eso no puede volver a acontecer.

Por consiguiente, el problema no es sólo de recursos, ya que la autoridad comunal puede ser invitada y no requerir, por ende, dineros municipales. La presencia del alcalde, depositario de una autoridad tan importante en la comuna, no puede suspenderse por razones funcionales, si ello no es autorizado por el concejo, cuando excede determinado plazo.

Ahora bien, es posible que 15 días en el territorio nacional o 7 en el exterior sea muy corto. Podría ser por más de 15 días en ambos casos. A lo mejor, esa fórmula sería más aceptable.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , pediría aclarar de nuevo si figura o no dentro de las funciones del alcalde la posibilidad de oponerse a tal solicitud. Porque -entiendo- una de las funciones del alcalde es cumplir los acuerdos del concejo, firmar la correspondencia, etcétera. O sea, tendrá que decir que, por acuerdo del concejo, se determinó solicitar antecedentes. Entonces, me parece que no es necesario colocarlo, por encontrarse dentro de la estructura lógica del sistema. Si se incorpora, eventualmente podría entenderse que además es facultativo.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , el Senador señor Hormazábal formuló una consulta que tiene repercusiones según la respuesta.

¿El alcalde, de acuerdo a la disposición que Su Señoría solicita aprobar, debe necesariamente transmitir los acuerdos del concejo? Porque si tiene la obligación, yo no tengo problemas en dejar la norma como está propuesta. Pero que quede claro que no puede negarse, pues de lo contrario la disposición resultará ineficiente.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , trataré de responder la pregunta del Honorable señor Ruiz-Esquide .

El asunto es muy claro. La ley no permite, ni tampoco ningún sistema organizado, que en un cuerpo colectivo cada integrante de él ejecute resoluciones. Para eso existe un órgano ejecutivo: en el municipio, el alcalde. Él puede actuar sólo en ciertas materias, o sobre la base del respaldo del concejo respectivo. Adoptado un acuerdo por el concejo, debe cumplirlo el alcalde. Él es el órgano destinado a ejecutar las resoluciones de dicho organismo.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , la letra c) establece el emolumento a que tienen derecho los concejales, de ocho unidades tributarias mensuales, con determinación de los casos en que ello procede, según sea el número de habitantes de la comuna. Pero el inciso quinto agrega lo siguiente: "Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, cada concejal tendrá derecho anualmente al pago de la asignación correspondiente a cuatro unidades tributarias mensuales," -o sea, otro beneficio- "siempre que durante el respectivo año calendario haya asistido formalmente, a lo menos, al cincuenta por ciento de las sesiones celebradas por el concejo. El ejercicio de este derecho deberá ser comunicado previamente al concejo durante una sesión formal.".

Entonces, cómo opera el sistema. Pareciera que si se lee la norma hasta "las sesiones celebradas por el concejo", éste es un beneficio que operaría de pleno Derecho por la sola aplicación de la ley. ¿Cuál es el sentido de solicitarlo al concejo? Si lo debe comunicar, tal organismo tiene que concederlo de todas maneras, sin posibilidad de rechazo. Por lo tanto, la indicación sugiere suprimir la última parte de la disposición, por cuanto no queda clara la forma en que operaría el derecho. Si éste emana de la ley, sería suficiente lo preceptuado en la primera parte.

El señor FERNÁNDEZ.-

Deseo comprender claramente lo que se pretende eliminar

De la simple lectura de la norma -"El ejercicio de este derecho por cualquier concejal deberá ser comunicado previamente al concejo durante una sesión formal."-, se desprende que ello se pone en conocimiento de tal organismo, para los efectos de que si alguien dentro del mismo estima que no se cumplen las condiciones para impetrarlo, pueda oponerse. Pero, al cumplirse las condiciones objetivas establecidas en la norma, el derecho no puede quedar sujeto a ninguna otra limitación.

A mi entender, la norma tendría el sentido -yo no participé en la Comisión, por lo cual agradecería que uno de sus miembros lo explicara- de prever la posibilidad de que los señores concejales puedan no conocer la situación. De acuerdo con la disposición, el concejal pone en conocimiento del concejo tal circunstancia para los efectos de que quien se oponga al beneficio por incumplimiento de los requisitos, pueda hacerlo presente. Si así fuese el sentido, a mi juicio, tendría una razón de ser el dar publicidad al hecho, a fin de permitir que alguien pueda oponerse por esa causa. Lo que no dice la norma es que el concejo otorga el derecho. Ella dispone que, por la vía de la información, los concejales puedan oponerse por incumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

El señor HORMAZÁBAL .-

Tengo una observación sobre la propuesta en sí, la cual deseo reiterar, aunque, con el ánimo de no perjudicar el despacho del proyecto, no dejaré de aportar mi voto.

No soy partidario de mantener la fórmula propuesta para el pago de asignaciones, porque, tal como argumentamos al discutir la primera ley, estimo que darlas en menor cantidad a los concejales introduce un factor de distorsión de lo que, a mi juicio, debe ser la igualdad ante la ley cuando se desempeñan funciones similares. Es cierto que los concejales no son funcionarios públicos. Y no me cabe duda de que, si miramos la realidad en una comuna metropolitana de más de 120 mil habitantes, un concejal puede trasladarse fácilmente en el Metro o en bus. Sin embargo, en las zonas rurales del país, los concejales muchas veces viven en lugares donde el solo hecho de viajar para cumplir sus funciones implica gastos especiales.

No les diré a mis Honorables colegas que representan a regiones que, a veces, los medios de transporte en algunas comunas del país funcionan sólo tres veces por semana. Me pueden responder: "¡Ah, claro! Siempre habrá la posibilidad de que alguien lo lleve en camioneta.". Pero son factores distintos.

No me gusta la distorsión en la forma que se establece, pero -a estas alturas -no voy a convertirme en un obstáculo para el despacho del proyecto. Sin embargo, me parece que la fórmula propuesta por la Comisión de Gobierno mantiene imperfecciones, a las cuales se han referido algunos Honorables colegas.

¿De qué se trata? El inciso quinto del artículo 76 bis dispone que cada concejal tendrá derecho anualmente al pago de la asignación correspondiente a cuatro unidades tributarias mensuales, siempre que durante el respectivo año calendario haya asistido formalmente, a lo menos, al cincuenta por ciento de las sesiones celebradas por el concejo. ¿Qué se pretende con esto? Entiendo que se trata de una forma de enfrentar un mes de receso o de vacaciones, cuando el municipio no funcione,

El señor HAMILTON.-

O de enfermedad.

El señor HORMAZÁBAL .-

En consecuencia, se otorga por ley una asignación de cuatro unidades tributarias mensuales a los concejales.

Recojo y tomo esa idea. Si se trata de decir: "Mire, señor. En vez de hacer algo bajo cuerda, o inventar un par de sesiones, respetemos el legítimo derecho al descanso", me parece bien. Sin embargo, si establecemos esa condición por ley, ¿para qué la obligación de que "El ejercicio de este derecho por cualquier concejal deberá ser comunicado previamente al concejo durante una sesión formal."? Si fijamos tal obligación por ley, entonces opera en virtud de ella y no por un acuerdo del concejo. Y si el punto es fiscalizar el cumplimiento del requisito -haber asistido a lo menos el cincuenta por ciento de las sesiones-, entonces ello corresponde al funcionamiento administrativo del municipio. Por lo tanto, cuando la Tesorería Comunal respectiva gire los fondos pertinentes, tendrá que tomar en cuenta si se reúne el requisito legal.

Señores Senadores, no quiero ser preciosista, pero he escuchado ese argumento y me parece razonable. ¿De dónde emana el derecho a exigir el pago de cuatro unidades tributarias mensuales una vez al año si se cumple con el cincuenta por ciento de asistencia? De la ley. Por lo tanto, estimo que perfectamente podemos suprimir la frase final del inciso quinto del artículo 76 bis propuesto por la Comisión de Hacienda que expresa: "El ejercicio de este derecho por cualquier concejal deberá ser comunicado previamente al concejo durante una sesión formal.".

Por último, deseo aclarar una cuestión.

Establecemos una excepción a lo dispuesto anteriormente cuando, más adelante, el mismo artículo 76 bis señala que "Los concejales tendrán además derecho a percibir una asignación equivalente a una unidad tributaria mensual por sesión, pero sólo hasta por un máximo de seis sesiones en el año de aquellas referidas en el inciso final del artículo 78.". ¿Y qué dice el inciso segundo del artículo 78 propuesto por la Comisión de Gobierno? "El concejo estará obligado a conocer en audiencia pública formal la materia de interés comunal que no menos de cien ciudadanos de la comuna le planteen.".

Atención, Honorables colegas. ¿De qué se trata? De que se pague a los concejales por cada sesión que se celebre. La ley fija un tope en cuanto a que tendrán derecho a percibir la asignación sólo hasta por un máximo de seis sesiones en el año. ¿Y qué pasa si los ciudadanos hacen uso del derecho a solicitar más de seis audiencias en el año? Porque no veo impedimento a que los vecinos puedan recurrir al concejo por más de seis veces al año. Tal opción queda abierta. No cuesta mucho, Honorables colegas, reunir cien firmas para los efectos de convocar una audiencia. Entonces, no observo armonía en los textos sugeridos.

Mi proposición se reduce a dos aspectos. Estoy dispuesto a facilitar el despacho del proyecto, a pesar de mi objeción a las unidades tributarias mensuales, con lo cual se discrimina respecto de las comunas más pequeñas.

En primer lugar, se podría eliminar la última frase del inciso quinto del artículo 76 bis respecto de la necesidad de ejercer el derecho al pago de la asignación correspondiente, previa comunicación al concejo.

En seguida, solicito una explicación acerca de cómo enfrentamos el problema que se genera a partir del artículo 78 sugerido por la Comisión de Gobierno, en relación con lo que he planteado.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , la indicación renovada propone suprimir los incisos quinto y sexto. Por eso, podemos referirnos a ambos, más aún cuando el Senador señor Hormazábal ya hizo alusión al inciso sexto.

El inciso quinto señala: "El ejercicio de este derecho por cualquier concejal deberá ser comunicado previamente al concejo durante una sesión formal.". La explicación a esto podría hallarse en las palabras del Senador señor Fernández , cuando sostuvo que algún concejal podría oponerse. Pero, como no se dice nada al respecto y los concejales no son ministros de fe, entonces, me atengo a lo planteado, en el sentido de suponer que está de más, porque distorsiona el sistema y no se ve para qué debe ser considerado por el concejo, pues, en tal caso, alguno de sus miembros podría verse tentado a discutir o hacer observaciones.

En las sesiones del concejo municipal actúa como ministro de fe el secretario municipal y, en consecuencia, es a éste a quien le corresponde certificar, en dicha calidad, el número de sesiones a las cuales ha asistido un concejal. Eso es suficiente para pagar la asignación.

Respecto al inciso que sigue, el sentido de la indicación resulta muy similar al planteamiento realizado por el Honorable señor Hormazábal . En mi opinión, no queda claro lo que señala: "Los concejales tendrán además derecho a percibir una asignación equivalente a una unidad tributaria mensual por sesión, pero sólo hasta por un máximo de seis sesiones en el año de aquellas referidas en el inciso final del artículo 78.". El inciso final del artículo 78 es nuevo y se refiere a las audiencias públicas, pero queda poco claro y corresponde a una indicación propuesta por el Ejecutivo. Sería conveniente dejar claramente establecido el tipo de sesiones de que se trata y el fundamento de la norma, porque estamos hablando de asignaciones para los concejales y ése es un tema que genera numerosas consultas posteriores.

En relación con este inciso, el Alcalde Ravinet entendió que se refería a las sesiones de trabajo en comisiones mencionadas en el artículo 78 bis de la ley. Ésa es una situación que debe aclarar la Sala.

El señor LARRE.-

Señor Presidente , me parece que el señor Subsecretario nos ha colocado en el camino de lo que yo quería plantear.

En el texto final estaríamos discutiendo lo propuesto por la Comisión de Hacienda, que en nada se compadece con lo que hemos expresado muchos Senadores en múltiples ocasiones, en cuanto a que no debe haber discriminaciones en la asignación de fondos a las comunas de menor población.

Por eso, me atrevería a proponer a la Sala que, por principio, rechace el texto de la Comisión de Hacienda, pues jamás hemos estado de acuerdo con su planteamiento.

Ahora bien, la norma sugerida por la Comisión de Gobierno establece:

"Los concejales tendrán derecho a percibir una asignación mensual no imponible, de entre cuatro y ocho unidades tributarias mensuales, según determine anualmente cada concejo por los dos tercios de sus miembros.".

Al respecto, diría que, en líneas generales, deberíamos estar de acuerdo con la disposición. Sin embargo, el ideal sería acceder a lo que permanentemente hemos planteado: ocho asignaciones mensuales por parejo en todas las comunas del país. Esto, porque en repetidas ocasiones hemos comprobado que mientras más pequeño es el municipio mayores son los gastos directos en que incurren los concejales, ya que no cuentan con el apoyo logístico del municipio. Eso ocurre, por ejemplo, con la locomoción. Por lo general, los concejales de comunas de poca población viven en el sector rural, e incurren en mayores gastos porque se trata de gente modesta que en su mayoría no dispone de medio de locomoción propia. Además, esas personas pierden parte importante de su tiempo de trabajo en concurrir a sus obligaciones comunales.

Por consiguiente, propongo que, de ser factible, la Sala apruebe por unanimidad la asignación de ocho unidades tributarias mensuales a cada concejal de cualquiera de las comunas del país.

Por último, considero necesario hacer una corrección de orden tipográfico. En la frase final del tercer inciso del artículo 76 bis, se dice: "debiendo efectuarse mensualmente a los menos dos.". Hay una "s" de más. Deberíamos hacer la corrección del caso para evitar problemas posteriores, como ha ocurrido con otras leyes.

Reitero que nuestra postura, como representantes de Renovación Nacional, favorece un trato igualitario para todas las comunas del país, prescindiendo de las diferencias de población, superficie o ingreso.

He dicho.

El señor THAYER .-

Señor Presidente, la norma que contempla la proposición de la Comisión de Gobierno, y que establece que "Los concejales tendrán derecho a percibir una asignación mensual no imponible, de entre cuatro y ocho unidades tributarias mensuales, según determine anualmente cada concejo por los dos tercios de sus miembros.", es, a mi juicio, muy inconveniente.

No me gusta que quede entregada al concejo la fijación del límite de su propia remuneración. Eso debe hacerlo la ley: cuatro, seis, ocho, o lo que se estime del caso. Pero que el concejo mismo fije su remuneración, no lo encuentro un buen procedimiento.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , el asunto de la injusticia que se comete contra las comunas rurales fue tratado una vez. Hicimos una propuesta al respecto, y creo recordar que perdimos por dos votos. Espero que con el transcurso de este tiempo haya aumentado la sensibilidad, y que a la opinión de tres Senadores de regiones, los Honorables señores Larre y Hormazábal , junto con el que habla, se sumen muchas otras.

Esa situación es de lo más injusto. En nuestro caso, en la capital de mi Región necesito entre 15 y 20 minutos para trasladarme de un punto a otro, utilizando automóvil o cualquier medio de locomoción. Sin embargo, si tomamos el caso de Paredones, tiene cuatro veces esa extensión, y el hombre que es edil y vive en Bucalemu debe pagar comida y a veces alojamiento para asistir a una sesión. ¡Para qué decir sesiones de trabajo! Me parece que en eso hay una injusticia enorme. Debiera ocurrir exactamente lo contrario: en las comunas rurales habría que pagar más a los concejales, porque disponen de menos medios.

Además, tomemos la comuna de Las Condes -con un alcalde que tiene bastante publicidad-: estoy seguro de que cada concejal tiene su propio vehículo o su camioneta municipal. ¡Pregunten a cualquier concejal de una comuna pobre de nuestro país si tiene camioneta municipal! O medio de locomoción. Entonces, esto aparece muy injusto.

Es preferible que demore un poco la ley, pero que se corrija esta aberrante injusticia para con los sectores rurales.

Se puede decir: "¡Pero es cuestión de presupuesto! ¿Cómo va a tener Lolol o Pumanque para pagar esto?". Un fondo común, pues: que aquellos que tienen hasta para bombardear las nubes den un poco de plata a las comunas que no disponen de recursos, y que, sencillamente, se repartan los fondos de manera más equitativa. Si queremos empezar a tener un poco de equidad, hagámoslo también entre los concejales y las comunas rurales.

Tal vez éstas sean mis últimas palabras (no me voy a emocionar por ello), pero es inaceptable que a las comunas rurales y a los concejales modestos que generalmente viven de su propio trabajo, y de nada más, se les mantenga en una situación de tal injusticia.

He dicho.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , debo hacer presente al señor Senador que en la Región Metropolitana poniente hay más de 30 municipalidades, entre las cuales figuran algunas de la más extrema pobreza, de acuerdo a afirmaciones del propio Gobierno.

Cuando se ha tratado esta materia en la Sala, he sido uno de los que han señalado la injusticia que encierra tal discriminación. Es absolutamente falto de equidad el hecho de que haya municipalidades que disponen de recursos y de una serie de beneficios, mientras en otras cuesta mucho cumplir funciones de concejal.

Por lo tanto, entre la proposición que formula la Comisión de Gobierno y aquella que plantea la de Hacienda, yo debería optar por la de la primera, por tratarse de una materia propia del organismo especializado, que es el que va marcando la pauta general.

En mi concepto, la cantidad debería ser fijada necesariamente por ley, porque -pregunto a los señores Senadores-, ¿en qué situación quedarían los concejales obligados a determinarla ellos mismos? Si deciden asignarse 8 unidades tributarias mensuales, serán acusados de fijarse el máximo. Y si se establecen 4, se encontrarán con que para algunos eso no es suficiente. Por ejemplo, en la Región que representa el Honorable señor Larre , no es lo mismo ser concejal de Panguipulli y vivir en Choshuenco o en el lago Calafquén que serlo y residir en el mismo lugar. El que venga de Choshuenco perderá todo el día y deberá costearse, como bien lo decía el Senador señor Díaz , la locomoción, la comida, etcétera. Y es posible que el que habite en Panguipulli se conforme con 4, pues no tendrá esos problemas. Pero el de Choshuenco o el del lago Calafquén deberá pedir 6 ú 8, por la situación desmedrada en que se encontrará.

Me parece que lo lógico es que nosotros asumamos la responsabilidad de fijar la cantidad, la que, en todo caso, debería ser pareja, considerando que la función es la misma en todo el territorio nacional. A igual función, igual retribución. Yo no sé qué pasaría si la dieta de los Senadores fuera distinta según la Región que cada uno de ellos representara. No sería aceptable, porque la función es exactamente igual.

Además, en el inciso tercero se produce una situación bastante compleja. Mientras el texto de la Comisión de Hacienda exige a los concejales una determinada asistencia, el de la Comisión de Gobierno prescinde del hecho de que ellos asistan o no asistan. En mi opinión, debería precisarse que el monto fijado corresponde al ciento por ciento de asistencia, y que irá disminuyendo proporcionalmente a medida que ésta baje, porque, de lo contrario, los concejales tendrán derecho a la asignación completa independientemente de si asistan o no a todas las sesiones. ¡Si esto ocurre en el propio Senado! Ésta, entonces, es una materia que es necesario solucionar.

Después, hay otro problema serio en el inciso siguiente, que dice: "Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, cada concejal tendrá derecho anualmente al pago de la asignación correspondiente a cuatro unidades tributarias mensuales". ¿Se trata de una asignación distinta? Porque, si lo es, no debería decir "la", sino "una". Igualmente, el precepto habla de "cuatro unidades tributarias mensuales". ¿Se refiere a 48 unidades tributarias al año, o el total es 4 unidades tributarias mensuales? Una lectura detenida de la norma permite sostener ambas interpretaciones, de tal manera que mientras algunos afirmarán tener derecho a 48, otros dirán que sólo les corresponden 4.

La ley no debe ser ambigua en estas materias, porque ello genera serios problemas que luego hacen necesaria la intervención de la Contraloría General de la República. A mi juicio, habría que especificar si la asignación equivale a 4 unidades tributarias mensuales en total, por una sola vez, o si, por el contrario, ella corresponde a 4 UTM multiplicadas por 12. Porque, si la interpretación correcta es esta última, digamos expresamente que "cada concejal tendrá derecho anualmente a 48 unidades tributarias mensuales", como asignación adicional, siempre que cumpla con tales y cuales condiciones. Pero el inciso, en los términos en que aparece redactado, deja la duda de si dicha asignación se refiere a la otra establecida anteriormente y es compatible con ella, o si se trata de un beneficio adicional que, según la interpretación que uno escoja, puede consistir en 4 o, como algunos sostienen, en 48 unidades tributarias mensuales.

Por lo tanto, resulta indispensable redactar de nuevo el artículo 76 bis para que su contenido quede absolutamente claro. Yo propongo las siguientes pautas. Primero: fijar una asignación única. Segundo: que dicha asignación corresponda al tope mensual que deba pagarse a quienes asistan al ciento por ciento de las sesiones y vaya disminuyendo proporcionalmente según la asistencia durante el mes respectivo. Tercero: que el inciso pertinente no hable de una asignación adicional ascendente a 4 UTM, sino que disponga que tendrán derecho a una asignación adicional equivalente a 48 unidades tributarias mensuales los concejales que asistan a no menos del 50 por ciento de las sesiones celebradas por el concejo, porque, en el fondo, se trata de un premio, de una asignación adicional de estímulo.

Pienso que, con esas pautas, tal vez la Mesa podría lograr el quórum necesario para aprobar un artículo que, con su actual redacción, resulta inaceptable.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Señor Senador , ¿podría hacer llegar por escrito sus proposiciones?

El señor OTERO .-

Señor Presidente , planteé las ideas, pero, si Su Señoría me lo pide, las redactaré con mucho gusto.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente, recojo gran parte de lo expresado por el Senador señor Otero . Mi criterio es similar, pero con una pequeña variación.

En primer lugar, considero que debe haber un solo tipo de asignación por asistencia, cualquiera que sea la cantidad de habitantes de las comunas.

Las razones que ha dado el Honorable señor Díaz y otros Senadores me parecen plenamente atendibles, pero además, señor Presidente , hay otro tema que considero importante. Pienso que en la medida en que a los concejales de municipios más pequeños, y por tanto más pobres, se les otorgue una asignación menor, cada vez habrá menos personas interesadas en ocupar esos cargos, agudizándose la crisis de administración que existe en tales comunas. En consecuencia, la asignación debe ser una sola y en un monto razonable.

En segundo término, estimo que dicho monto debe ser proporcional al nivel de asistencia que cada concejal tenga.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente, pienso que la indicación es extraordinariamente importante, por las razones que aquí se han señalado. Sin embargo, presupone recursos que deben ser aportados por el Fisco, lo cual hace necesaria la iniciativa del Ejecutivo. De lo contrario, si no se destinan nuevos recursos, puede ocurrir lo siguiente. La Municipalidad de Puerto Saavedra, por ejemplo, debería ocupar todos sus recursos para inversión -30 millones de pesos al año- en pagar a los concejales. Y lo mismo va a pasar en los demás municipios pequeños.

Comparto la idea de fijar una misma asignación para todos los concejales; pero si la indicación no viene complementada con nuevos recursos por parte del Ejecutivo para esos efectos, ella será inviable.

Muchas gracias.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Como decía, señor Presidente , soy partidario de que la asignación, primero, sea igual para todos, y segundo, que ella no sea fijada por el propio concejo, porque eso genera una reacción de repudio en la comunidad, que, desgraciadamente, no entiende que el servicio público debe ser remunerado con asignaciones adecuadas que permitan que las personas se interesen en los cargos, sobre todo en un período en que pareciera que el servidor público es el más inútil de los seres de este mundo. Por lo tanto, me parece que la dieta debe ser fijada por ley.

En tercer lugar, considero absolutamente razonable que su monto varíe según el número de sesiones a que asista cada concejal. En cambio, no tengo tan claro que deba existir además una suerte de premio para quienes exhiban mayor asistencia. Me quedo con la idea negativa sobre ese punto, dejando la asignación clara y tajantemente relacionada con la concurrencia al concejo. El resto del premio lo otorgará después la comunidad, que elegirá a quienes hayan asistido y no a los que no lo hayan hecho.

En cuarto lugar, recogiendo lo que plantea el Senador señor Lavandero, reconozco que se trata de una iniciativa que debe provenir del Ejecutivo, en cuanto tienen que darse los fondos necesarios.

Ahora, aquí se ha planteado que este asunto es de iniciativa del Ejecutivo. El señor Subsecretario me podrá mirar con ojos un poco inadecuados, pero la verdad es que, si queremos reformar el sistema municipal, debemos buscar un mecanismo de gestión apropiado. Y, al efecto, lo primero que hay que hacer es procurar la llegada de personas que estén en condiciones de trabajar decorosamente. Porque una de las cosas más tristes que le pueden pasar a un Parlamentario en una comuna pequeña es ver las dificultades que, por falta de recursos, enfrentan los concejales para cumplir su cometido. Y nunca tendremos una gestión adecuada si no les otorgamos los medios indispensables para desarrollar su labor.

Por eso, señor Presidente , pido que, por favor, veamos la manera -no sé si en este momento o en un trámite posterior- de buscar en el Senado un acuerdo que dé satisfacción a esos cuatro criterios.

He dicho.

El señor PRAT.-

Señor Presidente , quiero sumarme a las observaciones que se han formulado respecto a la forma como se está resolviendo este tema. Creo que debiéramos buscar una instancia para poder incorporar cabalmente las consideraciones planteadas aquí. Y deseo agregar otra.

Es evidente que hay comunas que están siendo bien administradas, y otras, no tanto. En mi opinión, el mejor indicador de una buena gestión son los proyectos que emanan del municipio. En regiones (seguramente, también ocurre en las grandes ciudades y en la Capital), muchas veces los consejos regionales carecen de ellos, porque la generación de proyectos de obras de adelanto local es muy pobre en gran parte de las comunas.

Un alcalde y un equipo de concejales son buenos cuando tienen capacidad para promover, diseñar y elaborar proyectos que, en definitiva, llevan a la comuna inversión pública que hay que administrar y supervisar en su ejecución.

Por el contrario, una comuna mal administrada es aquella que se limita a la mera administración de su presupuesto anual como gobierno comunal; que no genera proyectos, y que normalmente, incluso, debido a una pobre administración, no ejecuta obras de adelanto, ni siquiera con el ítem para inversión que debe quedar dentro del presupuesto de la municipalidad.

Cabe señalar -para explicarlo bien- que un municipio invierte por dos vías. Mediante lo que destina a inversión de su presupuesto municipal. También logra inversión en la medida en que elabora proyectos que son postulados al consejo regional, los que, una vez aprobados por éste, llegan en forma de inversión regional.

Entonces, una buena administración municipal es aquella capaz de elaborar proyectos. Un buen municipio es aquel que tiene un proyecto de 100, pero está administrando una inversión de 200, en términos comparativos. Y una mala administración es aquella que, con un presupuesto de 100, invierte 5 ó 0.

En fin, para generar un incentivo y una señal acerca de cómo deben avanzar las municipalidades, a mi juicio, sería dable que en los tramos remuneracionales se considerara este elemento de la gestión de inversión que realiza un municipio.

Respecto de la Administración Pública, se ha hablado de que hay que incorporar a la remuneración de sus servidores incentivos derivados del mérito en el desempeño de su función.

¿Qué más claro servidor público que quien administra un municipio? Es -diría yo- el cargo donde más efecto positivo tiene una buena gestión y, por el contrario, efecto más pernicioso, especialmente en cuanto a la frustración ciudadana a causa de una pobre gestión.

Por eso, sería dable considerar la posibilidad de incorporar en ese cargo un elemento que incentive la generación de proyectos y, por ende, la mayor inversión al interior de la comuna con relación a su presupuesto comunal; todo ello, en términos proporcionales.

En consecuencia, agregando ese nuevo elemento, me sumo al planteamiento de que el punto, o sea llevado a Comisión Mixta, o vuelva a Comisión, para incorporarlo con el resto de los elementos que se han expuesto en este debate.

He dicho.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , su intervención aclara el camino en cuanto a cómo arribar en Comisión Mixta a una fórmula que nos permita corregir la situación.

Sólo quiero agregar, por mi experiencia en la Región que represento, que las diferencias de pago en los municipios no tienen sustento en el desarrollo real del trabajo.

Pensemos, por ejemplo, en las comunas del altiplano. Allí las condiciones son durísimas. Hay que recorrer enormes distancias para llegar a las distintas comunidades. Y no puede decirse que el trabajo en dicha zona sea más aliviado que el que se realiza en las comunas más grandes de la Región que represento.

Por esa razón, entendiendo la necesidad de dar mayor incentivos para tener gente de calidad y con más interés por participar en la vida local, presentamos la indicación Nº 197, que establece que "Los concejales tendrán derecho a percibir una asignación mensual no imponible de ocho unidades tributarias mensuales.", en la línea señalada por otros señores Senadores.

Señor Presidente , acabo de hacer un cálculo. Si en 250 comunas del país debiéramos pagar a cinco concejales, durante doce meses, 100 mil pesos más al mes (aproximadamente, cuatro unidades tributarias mensuales), tendríamos un costo mínimo adicional al año de 1.500 millones de pesos, que deben obtenerse de algún lugar.

Si queremos llevar a cabo aquello, tenemos que contar con una indicación del Ejecutivo, procurando el tiempo necesario para que ella llegue a la discusión en la Comisión Mixta, siempre que el Gobierno coincida con las apreciaciones que mayoritariamente estamos haciendo los Senadores.

He señalado el costo aproximado que tendría una medida de tal naturaleza, el cual se justifica si a partir de aquélla generamos toda una dinámica de calidad y eficiencia en la gestión municipal, y un mayor equilibrio entre las comunas apartadas y las de las grandes ciudades.

He dicho.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , comparto lo expresado por el Honorable señor Bitar . El ideal es que todos perciban la misma remuneración, por las razones que se han dado aquí.

Sin embargo, cabe destacar también, en cuanto al costo de la asignación, que no todas las municipalidades tienen el mismo número de concejales. Las comunas más grandes, que son las más ricas, tienen mayor número de concejales. De manera que, tocante al costo, hay cierto equilibrio entre las más pequeñas y las más grandes. Y eso hay que tenerlo presente.

Ojalá que se logre una uniformidad, para que no haya distorsión ni se culpe a los concejales por haberse fijado una remuneración que induzca a decir: "¡Mire cómo se están gastando la plata! ¡En vez de fijarse el mínimo, se fijaron el máximo!", cuando eso es lo humano y a lo que todo el mundo aspira.

Por lo tanto, ojalá -como se expresó- que en la Comisión Mixta, con apoyo del Gobierno, se alcance una solución uniforme, teniendo en consideración -reitero- que hay municipalidades grandes con más concejales que otras y que ahí se produce cierto equilibrio.

He dicho.

El señor LARRE.-

Señor Presidente , el del Senador señor Bitar es un cálculo teórico basado en una asistencia perfecta.

Como hemos planteado en la Sala la conveniencia de que la asignación se pague contra asistencia, el volumen total disminuirá. Por lo tanto, sería conveniente hacer un ejercicio con la experiencia de los distintos municipios sobre la materia.

Ahora bien, concuerdo en que hemos estado planteando una expectativa que beneficiaría a todas las municipalidades del país. Sin embargo, ella comienza por rechazar la proposición de la Comisión de Hacienda y, en seguida, aprobar la de Gobierno, a fin de discutir el punto en una Comisión Mixta, donde el Gobierno tendría la oportunidad de asumir la iniciativa de lo aquí planteado en orden a alcanzar una asignación o dieta lineal para los concejales a lo largo de todo el país.

El señor OTERO.-

Señor Presidente, en el fondo, ese texto contiene lo mismo que se ha discutido aquí.

Pero deseo hacer una salvedad respecto de la declaración de inconstitucionalidad anticipada por la Mesa.

La norma aprobada por la Comisión de Gobierno habla de una asignación "de entre cuatro y ocho unidades tributarias mensuales". Por lo tanto, si la proposición, aprobada ya por el Ejecutivo , contiene ese rango, el Senado tiene perfecto derecho constitucional a señalar cuatro, siete, cinco o seis unidades tributarias mensuales, o ninguna. Lo que no puede hacer esta Sala es aumentar lo establecido por el Presidente de la República . Pero si éste y la Comisión nos proponen entre cuatro y ocho, y se entrega la determinación final al concejo, mucho más facultad tiene el Senado, dentro de ese margen, para decidir la cantidad.

He dicho.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente, me parece que lo planteado por usted es lo más práctico.

Sólo quiero agregar, con respecto a la proposición del Senador señor Otero , que en el "caramelo" o incentivo que ha creado de cuatro unidades de fomento adicionales, podría radicar el único grado de inconstitucionalidad ya que, a mi juicio, no tenemos por qué autolimitarnos en nuestras facultades. Si el Ejecutivo ha propuesto ocho y nosotros algo menos, en ningún caso pasa a ser inconstitucional. Ahora bien, como se trata de encontrar una solución definitiva, creo que es adecuado lo que Su Señoría planteaba en cuanto que el problema sea resuelto en Comisión Mixta.