Labor Parlamentaria

El señor ANDRADE (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en mociones refundidas, que modifica la Constitución Política en lo relativo a la fecha en que el Presidente de la República rinde cuenta al país del estado administrativo y político de la nación ante el Congreso Pleno.

De conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados ayer, para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputado.

Rinde el segundo informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, la diputada señora María José Hoffmann , a quien ofrezco la palabra.

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, sesión 133ª de la presente legislatura, en 7 de marzo de 2017. Documentos de la Cuenta N° 5.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

La señora HOFFMANN, doña María José (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, paso a informar sobre el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite reglamentario, iniciado en tres mociones refundidas, que da cuenta del acuerdo transversal que alcanzó la Corporación en esta materia.

Como se sabe, conforme a la normativa vigente, el Presidente o Presidenta de la República debe dar cuenta al país sobre el estado administrativo y político de la nación ante el Congreso Pleno cada 21 de mayo, mismo día en que se celebran las glorias navales.

Acuerdos adoptados

En relación con las cuatro indicaciones presentadas en la Sala al primer informe en enero recién pasado, la comisión acordó declarar inadmisible aquella que tenía por objeto agregar la expresión “o Presidenta” después de la palabra “Presidente”, al referirse al Presidente de la República. Esto, básicamente, por no tener relación con la idea matriz del proyecto de reforma constitucional, que consiste en cambiar la fecha de la cuenta pública que el Presidente de la República rinde al país, acto que, como ya señalé, se lleva a cabo el 21 de mayo.

Asimismo, se consideró que tal modificación dejaría el resto de los artículos de la Carta Fundamental tal como se encuentran, lo que generaría una disonancia con el resto del articulado, que seguiría refiriéndose a la figura del Presidente sin ninguna otra agregación. La comisión observó, de común acuerdo, que la materia debería proponerse a través de otro proyecto de reforma.

Del mismo modo, se declaró inadmisible una indicación que proponía que la cuenta pública se rindiera en la sede del Congreso Nacional o en la ciudad del país que este determinara. La declaración de inadmisibilidad se fundó, una vez más, en que la idea matriz de los proyectos refundidos se refiere a la modificación de la fecha en que el Presidente debe rendir cuenta ante el Congreso Pleno y no al cambio del lugar en que debe hacerlo o a otras consideraciones de esa naturaleza.

En cuanto a las otras dos indicaciones presentadas, ambas referidas a la fecha en que se deberá rendir la cuenta ante el Congreso Pleno, una proponía remplazar el 21 de mayo por el 11 de septiembre, en vez del 1 de junio, en tanto que la otra proponía el 11 de julio. Cabe destacar que ambas indicaciones comparten el fondo del proyecto, cual es separar o dejar solo una conmemoración el 21 de mayo: la de las glorias navales.

Los integrantes de la comisión rechazaron ambas fechas, porque estuvieron contestes en argumentar que las dos dividen al país, en circunstancias de que la fecha a elegir debe llevar implícita un acto republicano de unidad, como es la cuenta pública del Presidente. Debo señalar que no fue en votación unánime, pero sí se mantuvo el acuerdo que se había logrado en enero.

En consecuencia, la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones reitera el texto ya aprobado, teniendo en consideración que, entre las fechas propuestas, la del 1 de junio concita la mayor unidad y transversalidad en la comisión, es una fecha ligada a la historia del Congreso y se vincula más con el acto que se celebra y no con otras consideraciones.

Como argumento para insistir en su texto, la comisión hace presente que si nuevamente se mezclara la cuenta pública con algún otro hito importante de la vida nacional, se producirán, una vez más, los problemas que hoy se busca solucionar, que derivan de la coincidencia de las fechas. Esto porque la cuenta púbica se refiere a otras materias, que van más allá de la consideración o conmemoración de un hecho particular.

Por lo expuesto, la comisión, presidida por el diputado Ramón Farías , recomienda aprobar el texto aprobado en el primer informe, y expresa su esperanza de que el cambio propuesto se haga efectivo antes del próximo 21 de mayo.

Después de una larga espera y de muchos proyectos presentados por parlamentarios de distintas bancadas, la Cámara de Diputados tiene la oportunidad de relevar dos fechas históricas y así dar respuesta a una petición manifiesta de las familias chilenas, en especial de las familias porteñas e iquiqueñas, que quieren recuperar el día de las glorias navales.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra al diputado Renzo Trisotti .

El señor TRISOTTI.-

Señor Presidente, como se expresó en el informe, este proyecto de reforma constitucional se funda en la necesidad de imponer sensatez y racionalidad en la conmemoración de dos hechos históricos de nuestra historia republicana y democrática, propósito que cuenta con apoyo transversal. El objetivo principal es, entonces, separar la conmemoración de la gesta heroica de Prat de la obligación del Presidente de la República de dar cuenta al país del estado administrativo y político de la nación ante el Congreso Pleno. Con tal finalidad, proponemos que, en adelante, la realización del segundo de dichos actos tenga lugar el 1 de junio de cada año, fecha que no es antojadiza, sino que tiene sus bases en nuestra historia republicana.

En efecto, ya la Constitución de 1828 establecía la obligación de los presidentes de rendir cuenta, lo que, posteriormente, fue consignado en el artículo 52 de la Constitución de 1833. En aquella época la cuenta se rendía el 1 de junio, fecha en que se iniciaban las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Luego también lo consideró la Constitución de 1925. A su turno, el texto original de la Constitución de 1980 establecía la obligación de rendir cuenta, pero no específicamente el 21 de mayo, fecha que se consignó a contar de la reforma de 2005.

Este es un proyecto que se planteó de manera absolutamente transversal. Por ello, agradezco a los diputados patrocinantes: Aldo Cornejo , Joaquín Godoy , Rodrigo González , Hugo Gutiérrez , Jorge Ulloa y Osvaldo Urrutia , y también el apoyo que recibimos en la Comisión de Cultura, tanto de su Presidente, Ramón Farías , como de la diputada María José Hoffmann .

Lo que queremos es relevar y potenciar dos hitos de nuestra historia, porque cada uno de ellos tiene una gran connotación.

Represento a la Región de Tarapacá; creo que no hay lugar donde se sienta o viva con mayor devoción el 21 de mayo. Lo que pretendemos es que no solo en Iquique y en Valparaíso, sino en cada colegio que haya en el país, se releve la celebración de las glorias navales y los valores de generosidad y de amor a la patria que manifestaron en sus actos Arturo Prat y los héroes que lo acompañaron en la gesta que tuvo lugar el 21 de mayo de 1879 en la rada de Iquique.

En la discusión surgieron otras fechas, pero, tal como expresé ante la Comisión de Cultura, considero que el espíritu que tuvimos inicialmente, al presentar el proyecto, es el que debe mantenerse. Este no puede ser un proyecto para clavar una bandera de la izquierda o de la derecha.

Hoy, como Cámara de Diputados, tenemos el deber y la oportunidad de actuar con madurez y, después de muchos años en que este tema se ha estado discutiendo, avanzar de manera real para generar el cambio necesario que nos permita que el próximo 21 de mayo tengamos la oportunidad de conmemorar exclusivamente el día de las glorias navales, en especial la gesta del combate naval de Iquique, y el 1 de junio, ante el Congreso Pleno, escuchar lo que los presidentes de la República nos pretendan plantear.

Este proyecto se gestó con unidad y de manera transversal, espíritu que se mantuvo durante su tramitación. Hoy tenemos la oportunidad de continuar con ese espíritu y de avanzar para que en el futuro podamos relevar dos hitos sumamente importantes en la historia de nuestro país y para nuestra vida democrática.

Por eso, llamo a todos los diputados a que no clavemos banderas de la izquierda o de la derecha, sino que, en definitiva, mantengamos el espíritu de unidad que hubo en la creación de esta iniciativa, que se mantuvo en su tramitación y que ojalá este año se exprese en la celeridad con que lo despache el Senado, para que el próximo 21 de mayo podamos conmemorar el día de las glorias navales en cada uno de los puertos y en cada uno de los colegios de nuestro país, y luego, el 1 de junio, en esta sede del Congreso Nacional, escuchando lo que nos deberá plantear la Presidenta de la República.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías .

El señor FARÍAS.-

Señor Presidente, en esta ocasión en que nuevamente sometemos a votación este proyecto de reforma constitucional, quiero reiterar algunos de los argumentos que fundamentan mi voto a favor, y en especial, respaldar lo que ha determinado la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, que presido, a través de este segundo informe solicitado por los honorables diputados.

Señor Presidente, resultaría inoficioso reiterar en forma extensa y detallada los fundamentos de carácter fáctico que se tuvieron a la vista cuando se realizó el debate en la comisión y en la propia Sala sobre la conveniencia de modificar la fecha de la cuenta pública, por cuanto todas las mociones refundidas que conforman la presente iniciativa contenían en su idea matriz la urgente necesidad de garantizar, por una parte, que la conmemoración del Día de las glorias navales mantenga el prestigio de ser una ceremonia de orgullo para nuestros compatriotas, y, por otra, que la cuenta pública adquiera la solemnidad y respeto que merece, al ser un acto republicano profundamente arraigado en nuestra tradición democrática.

Dicho esto, quiero centrarme en el análisis posterior a dicha discusión, que es lo que hoy nos convoca.

En primer lugar, valoro y respeto la iniciativa impulsada por mis colegas parlamentarios para proponer una nueva fecha, distinta a la proposición original, porque entiendo que la labor de determinar una nueva fecha para la cuenta pública merecía una discusión en la que participaran todos los interesados y que recogiera la mayor cantidad de aportes.

También, señor Presidente, debo reconocer que me siento profundamente satisfecho de que en ese contexto de legítima discusión, se consiguiera una vía de acuerdo que me parece razonable y que, además, recoge transversalmente el sentir de los colegas parlamentarios que entendemos que la ciudad de Valparaíso no puede esperar si se trata de resolver un problema que está en nuestro ámbito de competencias y que requiere básicamente del compromiso de todos los que comprendemos que no se puede repetir la grave situación de descontrol que se vivió el año recién pasado en esta ciudad.

En ese contexto, el día de la nacionalización del cobre nos parecía una fecha aceptable en términos generales, pero lamentablemente no cumplía con el objetivo principal del proyecto, cual es separar dos hitos históricos importantes, dado que surgiría el mismo problema que se buscaba evitar, ya que se debería optar nuevamente por privilegiar una de las dos fechas en perjuicio de la otra, pues, según mi parecer y entiendo que el de varios miembros de la comisión, ambas fechas resultan igual de relevantes.

Desde esa perspectiva, se optó por privilegiar en la moción, cuyo segundo informe ya han conocido, el 1 de junio, por el especial sentido que adquiere la iniciativa de restablecer la fecha en que originalmente se rendía la cuenta pública.

En ese sentido, discrepo de algunas críticas que se hicieron a propósito de esta discusión, que afirmaban que “restaba valor” el contexto político en el que se había aprobado la Constitución de 1833, dado que, desde el punto de vista democrático, es imposible restar valor a un hecho tan relevante como la aprobación de dicha Carta Magna, que finalmente sirvió de sustento a todo nuestro sistema legal. Los hechos de la historia no pueden ser separados ni juzgados en términos individuales y aislados; su análisis debe estar ubicado siempre dentro de un proceso histórico, social y cultural.

Señor Presidente, valoro que se permitiera continuar con la tramitación de esta reforma. Particularmente, quiero celebrar el actuar oportuno en materia legislativa, que es algo que le debemos a la ciudadanía, cuya crítica principal radica siempre en la falta de conexión que existe entre las leyes que se promulgan y la realidad social. Esta reforma constitucional ha sido presentada y discutida con la debida antelación, con lo que nos hemos anticipado al deseo de la ciudadanía de que sea promulgada oportunamente.

Finalmente, me permito agradecer la labor del resto de los autores de las mociones y de los miembros de la comisión, quienes cumplieron el compromiso de sacar adelante el proyecto, dejando de lado las diferencias ideológicas y unificando criterios para buscar una solución que acogiera los planteamientos de los distintos invitados a la comisión.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Aldo Cornejo .

El señor CORNEJO.-

Señor Presidente, como se ha señalado en el informe y en otras intervenciones, el proyecto que votará hoy la Cámara de Diputados se originó en un conjunto de mociones refundidas, las que pretendían cambiar, después de mucho tiempo, la fecha en que el Presidente de la República entrega la cuenta al Congreso Pleno, la que, como todos sabemos, se realiza el 21 de mayo.

Durante el debate que se desarrolló en la Cámara de Diputados, se plantearon distintas opciones respecto de la fecha en que el Presidente de la República debe dar cuenta de su gestión ante el Congreso Pleno, las cuales tienen diversos significados.

Me parece necesario rescatar que esta reforma constitucional, que pretende modificar la fecha en que el Presidente de la República rinde la cuenta pública, no se cambia solo por cambiar, sino que corresponde a una demanda de los ciudadanos de Valparaíso planteada desde hace muchos años, ya que veía con preocupación que con motivo de la cuenta presidencial -es un hecho público y notorio, por lo que no es necesario referirse a él latamentese generaban dificultades, ya que, independientemente de quién sea el Jefe de Estado, tienen lugar movilizaciones ciudadanas para plantear demandas o rechazar modificaciones que se han efectuado en el último tiempo.

Lo anterior pone en un segundo plano al homenaje que, el 21 de mayo, rinde el país a los héroes del combate naval de Iquique. Además, priva a la ciudadanía de Valparaíso de participar en una celebración cívico-militar, que era una fiesta de la ciudad, la que hoy, por razones de seguridad, está reducida a un espacio físico determinado.

En consecuencia, el proyecto de reforma constitucional, más allá de plantear otra fecha en la cual el Presidente deberá dar su cuenta pública, satisface una demanda de la ciudadanía de Valparaíso, que ve con preocupación que la fiesta en que años atrás participaban todas las familias de Valparaíso se ha ido reduciendo, reitero, a un espacio físico determinado, al que es bastante complejo acceder.

En consecuencia, señor Presidente, me alegro del respaldo que seguramente dará la Cámara de Diputados a la iniciativa. Espero que el próximo 21 de mayo sea una fiesta en la que Valparaíso y el país celebren solo las glorias navales, no la cuenta pública del Presidente, la que se dará el día que corresponda.

Naturalmente, no sé si el gobierno está disponible para que esto se aplique a partir de este año. A lo mejor el señor ministro que está presente en la Sala podrá referirse a ello en un rato más.

Finalmente, agradezco a los diputados de mi partido, la Democracia Cristiana, muchos de los cuales, con toda razón, podrían no sentir la misma motivación que tenemos quienes vivimos en Valparaíso, pero que han estado disponibles y han manifestado su plena disposición, todos sin excepción, a respaldar este proyecto para que ojalá a la brevedad se convierta en ley de la república.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Urrutia .

El señor URRUTIA (don Osvaldo).-

Señor Presidente, el segundo informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones sobre el proyecto de reforma constitucional que establece el cambio de fecha de la cuenta pública que debe rendir el Presidente de la República ante el Congreso Pleno, reitera el criterio mayoritario que primó en la discusión y votación general del primer informe de la comisión, ratificándose el 1 de junio como la fecha elegida para la rendición de la cuenta pública presidencial ante el Congreso Pleno.

Como ha quedado de manifiesto en este hemiciclo, la mayoría de los diputados de todos los partidos políticos está de acuerdo en cambiar la fecha de la cuenta pública, puesto que la relevancia de este acto republicano y la conmemoración de la gesta heroica de Arturo Prat y sus hombres no pueden continuar superponiéndose y minimizándose por esa circunstancia. A mayor abundamiento, las razones de orden público y logísticas que la celebración de estos dos importantes actos ha generado en la ciudad de Valparaíso y sus habitantes, y que ya hemos expuesto latamente en la discusión en general, nos han dado la experiencia para ponderar y concluir que esos dos actos republicanos no pueden seguir desarrollándose en un mismo día.

Adicionalmente, tal como hemos sido enfáticos en las diversas instancias en que hemos discutido el proyecto, por el respeto que merecen nuestras tradiciones e instituciones, es de toda lógica que cada acto por separado tenga una celebración singular, en una fecha que esté íntimamente ligada a su origen y que represente la unidad de todos los chilenos.

Tratándose de las glorias navales, su conmemoración corresponde al 21 de mayo, día en que las autoridades y el pueblo chileno rendimos honores a partir del mediodía -12.10 PM, hora en que se hundió la corbeta Esmeralda al capitán de fragata Arturo Prat Chacón y a sus hombres, quienes grabaron con su sacrificio sus nombres en las páginas de nuestra historia. En ese sentido, la separación de ambos actos permitirá que la celebración del 21 de mayo, Día de las glorias navales, esté dedicada exclusivamente a su conmemoración. De esa manera, volverá a congregar a las familias chilenas y a ser un motivo de unidad y respeto hacia nuestras tradiciones, nuestros héroes y a los valores patrios que representan.

Respecto de la cuenta pública, si queremos buscar fechas, tenemos 364 alternativas, en las cuales podemos proponer días nuevos o bien realzar hechos políticos, sociales o históricos que ya conmemoramos como país. Así, estimo que las indicaciones que propusieron los días 11 de julio y 11 de septiembre no tienen relación alguna con la cuenta pública presidencial, sino que corresponden a hechos históricos de relevancia política, a los que cada persona asigna una valoración en particular, pero que, a todas luces, no generan unidad nacional.

En ese contexto, la fecha que tiene una mayor vinculación con la historia de nuestro Congreso Nacional, un sentido republicano y que no admite ventajas políticas a ningún sector es el 1 de junio. En esa fecha, desde 1833 y por más de noventa años, los distintos presidentes de la República rindieron su cuenta pública ante el Congreso Pleno, siendo la fecha que por mayor tiempo ha albergado ese acto.

De esta manera, la fecha del 1 de junio, que de manera transversal propusimos en el proyecto más antiguo -data de 2014-, que, refundido con otros, dio origen a esta moción aunque reconocemos que existen otros proyectos anteriores que fueron desechados-, ya fue aprobada en la discusión general y particular, tanto en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones como en la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Destaco el carácter transversal de la iniciativa porque participaron de ella los diputados Cornejo y Godoy, ambos de Valparaíso; González , de Viña del Mar; Hugo Gutiérrez , de Iquique; Ulloa , de Talcahuano, Trisotti , de Iquique, además de quien habla.

Si esta honorable Sala ratifica la fecha, volverá a restablecerse el mismo día en que hace 184 años se inició esa tradición republicana.

El despacho de este proyecto es urgente y necesario para Valparaíso y muy anhelado por sus habitantes, por lo cual insto a la Sala a tener una visión país e institucional sobre la iniciativa que hoy votaremos, y solicito al gobierno su compromiso con el despacho de esta moción, haciendo presente las urgencias que sean necesarias para concluir la tramitación de esta reforma constitucional a la brevedad posible, con el fin de que el próximo 21 de mayo celebremos exclusivamente la gesta épica de Arturo Prat y reservemos el 1 de junio como la fecha para la cuenta pública presidencial.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada .

El señor ARRIAGADA.-

Señor Presidente, ayer, durante la reunión de la bancada de la Democracia Cristiana, los diputados Aldo Cornejo , quien tiene una dilatada trayectoria en la Quinta Región como alcalde y como parlamentario, y Víctor Torres plantearon con fundamentos las razones por las cuales solicitaban a la bancada apoyar este proyecto de reforma constitucional.

En mi caso, encabecé la presentación de un proyecto distinto, que proponía el 11 de julio como la fecha apropiada para rendir la cuenta pública presidencial. Para ello recurrimos a la historia, en especial a un hecho acontecido durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, cuando destacados políticos chilenos, como el senador por Tarapacá señor Radomiro Tomic y el también senador Ignacio Palma Vicuña iniciaron el proceso de chilenización del cobre, que culminó con la aprobación de ese proyecto por parte del Congreso Pleno durante la presidencia de Salvador Allende, quien declaró esa fecha como el Día de la Dignidad Nacional.

Con todo el respeto que merece la fecha propuesta y aprobada por la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones -fui el voto de minoría-, vuelvo a reivindicar en la Sala la importancia que considero hubiese tenido que la cuenta pública se rindiese cada 11 de julio. No se trata de una postura caprichosa ni de trincheras políticas; por el contrario, considero que es una de las pocas oportunidades en nuestra historia en que el Congreso Pleno vota por unanimidad una decisión tan importante, como fue en ese caso la nacionalización del cobre, que dio lugar también a la creación de un billete que recuerda ese hecho.

Ese proceso no culminó ahí por todo lo que significan el cobre y Codelco en la actual etapa de nuestro país. De hecho, el Congreso Nacional aprobó la instalación de un monumento en su frontis que reconoce esa gesta histórica del cobre, considerada la riqueza básica de nuestro país.

Entonces, quiero dejar testimonio de que concurro con gusto a respaldar la petición que con mucho fundamento hiciera Aldo Cornejo , diputado por esta región y comprometido con ella, acompañado del diputado Víctor Torres . Cambio mi posición por el valor que tiene el hecho de que el Parlamento apruebe esta modificación con la mayoría que requiere, por tratarse de una reforma constitucional. Sin embargo, también reivindico la importancia que tiene el 11 de julio para la historia de Chile y del Parlamento, ya que ese día se conmemora la nacionalización del cobre, que culminó en el gobierno del Presidente Salvador Allende.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa .

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, agradezco el hecho de que este proyecto finalmente vea la luz en esta Sala.

Hace más de diez años propuse esta modificación, pero ese proyecto fue desechado. Las razones que expuse en ese momento son las mismas que hoy se han entregado. Relevar ambos aspectos en un solo día resulta contraproducente. Objetivamente, el 21 de Mayo es una fecha que debe ser de completa unidad nacional, porque ese día recordamos la gesta más heroica de un grupo de chilenos que, vestidos con el uniforme de la Armada de Chile, le dieron a nuestro país el empellón para finalmente triunfar en la Guerra del Pacífico.

No debemos olvidar que esa frágil corbeta, hábilmente dirigida por un joven oficial, el capitán Arturo Prat , hizo frente al “caballero de los mares”, el también gran almirante Miguel Grau Seminario, peruano que luchó y murió por su patria y que también merece nuestro respeto. Sin embargo, el mayor respeto se lo brindamos a este hombre que, consciente de que su vida y la de sus hombres estaban en peligro, no dudó en entregarla para que nuestro país alcanzara la victoria que merecía.

Sin duda que la victoria de Punta Gruesa, al mando del muy hábil almirante Condell , hizo lo propio. Ellos triunfaron. Entonces, el 21 de Mayo debe ser una fecha que nos una de verdad. En Iquique, nadie entiende que esa fecha no se celebre sino de la forma en que merece: con felicidad. Lo mismo hacemos en Talcahuano, ciudad guardadora del Huáscar.

Por esa razón, hace más de diez años, pedí que se separaran ambos actos. Me alegra que hoy la Sala esté dispuesta a hacerlo, porque la cuenta pública al país por parte del Presidente de la República tiene que ser un hecho importante, pero sin menoscabar la gesta heroica, ni que esta afecte a la cuenta pública al país. Esa es la razón, y no otra, que nos motiva a todos para cambiar la fecha que establece la Constitución por la fecha propuesta en la Constitución de 1833, el 1 de junio, que no es más que recordar y rehacer nuestra historia.

Me parece que con esta modificación sentamos un buen precedente. El hecho de que parlamentarios de tan distintas corrientes políticas hayamos firmado un proyecto común le da mayor fuerza a la iniciativa. El respeto por Iquique, Valparaíso , Talcahuano y el resto de las ciudades hace necesario que el proyecto se convierta en una realidad. Creemos que ambas actividades, el desarrollo del 21 de Mayo, que es el recuerdo de nuestros héroes nacionales, y la cuenta pública, son elementos extremadamente importantes que merecen ser destacados por separado, para que no se anulen entre sí.

Por esa razón, entusiastamente, votaremos a favor el proyecto, el cual he tenido el honor de suscribir.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-

Señor Presidente, la bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana dará su completo respaldo al proyecto de ley. Creemos que la cuenta pública que el Presidente o la Presidenta da al país respecto de la administración del Estado es un acto relevante en una democracia, ya que está instituido en nuestro país como una muestra de transparencia que ha pasado de Constitución en Constitución. Es indispensable y fundamental que los ciudadanos estén informados de cómo se desarrolla la gestión político-administrativa del país. Es decir, la cuenta pública, por sí sola, es un acto relevante en un estado democrático, participativo e inclusivo, guiado por la transparencia y la probidad. Por eso, la cuenta pública debe relevar en sí misma el prestigio que tiene, pero que se ve menoscabada por celebrarse en una fecha también relevante para los chilenos, por cuanto se trata de la conmemoración de una gesta militar, marina, muy significativa para el país. Ambas actividades merecen, por sí solas, el festejo ciudadano, la convocatoria y la unidad de todos.

El proyecto que estamos discutiendo entrega relevancia a cada una de estas actividades propias de nuestra democracia, para que cada una de ellas tenga su momento y su oportunidad. Por ello, apoyaremos el proyecto de ley y creemos que debe contar con el respaldo de toda esta Cámara.

Si bien me habría gustado que se hubiese propuesto otra fecha, hoy debemos pronunciarnos respecto de la que tenemos sobre la mesa, y nosotros lo haremos de manera favorable.

Para mi región, el 21 de Mayo es una fecha significativa. Como muchos historiadores expresan, aparece como el día de la independencia de Tarapacá, sin serlo, porque para muchos de los que hemos nacido y vivido en Iquique es una fecha que marca y da identidad a cada uno de nosotros. Por ello, me alegro de que el Parlamento tenga la grandeza de considerar que para los iquiqueños y para los que vivimos en Tarapacá el 21 de Mayo, por sí solo, es una fecha que debemos honrar a nivel nacional.

Asimismo, la cuenta pública es una actividad que debe continuar con el prestigio que se merece en nuestra república.

Por lo expuesto, estamos de acuerdo con el proyecto y lo votaremos favorablemente.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora María José Hoffmann .

La señora HOFFMANN (doña María José).-

Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo planteado en la Sala. Llevamos varios meses de tramitación de este el proyecto. Por eso, quiero valorar y realzar la transversalidad de esta iniciativa, ya que escuchar a los diputados Hugo Gutiérrez , Trisotti , Cornejo , Ulloa y al resto de los parlamentarios que representamos mundos políticos distintos demuestra que estamos de acuerdo con un proyecto que releva una fecha tan importante como el 21 de Mayo, tanto para Iquique como para Valparaíso, pero también para todo el país, y, por supuesto, buscar una fecha de unidad.

Asimismo, quiero agradecer el debate que tuvimos en enero, porque en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones se planteó hacerla coincidir con otra fecha importante, por ejemplo, el día de la nacionalización del cobre o el 11 de septiembre, pero no tenían el espíritu que buscaba el proyecto.

Mis colegas ya se han referido a los temas importantes del proyecto de reforma constitucional que nos convoca, pero quiero hacer un llamado especialmente a los senadores. En la Cámara de Diputados hemos llegado a este acuerdo, por lo que espero que el Senado haga lo propio. Es importante que los senadores de nuestra región trabajen arduamente por sacar adelante la iniciativa, porque queremos que se aplique el próximo 21 de mayo.

Pedí la palabra para agradecer la transversalidad y generosidad -pocas veces vistas en el Congreso demostrada por los señores diputados y señoras diputadas.

Aprovecho la presencia del ministro de la Segpres, señor Nicolás Eyzaguirre , para señalar que el gobierno también ha jugado un rol importante en esta materia y agradecer su compromiso con el proyecto. Así lo hicimos saber en el momento en que tuvimos la audiencia con el ministro del Interior. Asimismo, será de gran apoyo que nos ayude a apurar los trámites en el Senado, porque el gobierno tendrá que organizarse con lo que implica el cambio de fecha.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, respaldo absolutamente el proyecto que pretende cambiar una costumbre constitucional, cual es que el 21 de mayo de cada año el jefe o jefa de Estado rinda cuenta pública ante el Congreso Pleno sobre el estado político y administrativo de la nación, día que coincide con la conmemoración del combate naval de Iquique.

Lamentablemente, un hecho tan significativo como ese, con el devenir del tiempo, se estaba confundiendo con un día de desunión nacional por una serie de protestas y movilizaciones con ocasión de la visita del jefe de Estado al Congreso Nacional. Se adquirió la mala costumbre de generar protestas y desmanes en Valparaíso, lo que daba una señal muy lamentable hacia el exterior. Esas protestas tuvieron su consecuencia más lamentable el año recién pasado, ocasión en que murió un funcionario municipal.

Por lo anterior, los autores del proyecto, entre ellos el diputado Aldo Cornejo , exalcalde de Valparaíso, han propuesto cambiar la fecha en que se entrega el mensaje presidencial. Para un parlamentario que no es de la zona, la iniciativa puede no tener gran significado, pero es muy importante que se separen las fechas por el impacto que tienen en la comuna de Valparaíso los desmanes que ocurren ese día.

Como una manera de dar mayor realce al 21 de Mayo, fecha tan significativa para Chile en el ámbito de las glorias navales, respaldaremos la idea de que la cuenta pública vuelva a rendirse cada 1 de junio, como sucedía bajo el amparo de la Constitución de 1833. Además, ello prácticamente coincide con el inicio del segundo semestre, lo que permite que el Presidente de la República haga una cuenta pública más detallada.

Reitero: los diputados de la Democracia Cristiana vamos a respaldar esta reforma constitucional, tal como lo han solicitado los diputados que representan al puerto de Valparaíso.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, el proyecto de reforma constitucional en discusión tiene como objetivo cambiar la fecha en que el Presidente o Presidenta de la República da cuenta pública respecto de la marcha de las cosas en nuestro azotado Chile.

En nombre de la bancada del Partido Radical Socialdemócrata, debo señalar que estamos de acuerdo con la iniciativa y que la votaremos favorablemente. Con todo, permítanme hacer algunas consideraciones.

El señor Claudio Arriagada , entre otros diputados, señalaba que es bueno que en el debate de la reforma constitucional hayan surgido otras fechas y que se haya reafirmado la importancia de las mismas. El 11 de julio, día de la dignidad nacional, implica rememorar el largo camino que comenzó con Eduardo Frei Montalva , en el que trabajó Radomiro Tomic e intervino la ciudadanía reclamando la chilenización del cobre. Por cierto, hoy ello se nos antoja lejano, porque de chilenización poco tenemos. En efecto, seguimos con nuestra principal riqueza en manos de otros bolsillos. Aunque tengamos la mayor empresa productora de cobre, Codelco , otros bolsillos acumulan parte de esas riquezas que nos corresponden, incluso bolsillos chilenos. Todo ello impide el desarrollo socioeconómico que la gente reclama y la disminución de las desigualdades, que es el tremendo lastre que nos impide ser mejor comprendidos por las chilenas y los chilenos.

Un 11 de julio de 1971 Salvador Allende nacionalizó el cobre. Hubo gente a la que no le gustó. Otros creemos que todavía no se ha nacionalizado el cobre como corresponde. Eso se llevó a cabo cuando era ministro de Minería un militante del Partido Radical: Orlando Cantuarias . Los que pintamos canas estuvimos juvenilmente presentes y orgullosos ese día agitando nuestras banderas y reivindicando el sentido patriótico de que esa principal riqueza por fin era nuestra. Todavía nos sentimos en deuda con ello.

Sin embargo, remitiéndonos a la discusión que nos convoca, el 21 de Mayo se reivindican las llamadas glorias navales, tal como se reivindican las glorias del Ejército. Me parece legítimo que se imponga la tolerancia y se reconozcan estas formas de pensar que nos han inculcado, con más o menos éxito, desde los primeros años de nuestra niñez, aunque con algunos matices históricos que se han descubierto y que no siempre se apegan estrictamente a aquello que nos enseñaron en la educación básica más que en los liceos.

De esa manera, una vez aprobada esta reforma constitucional -espero que así lo sancione la Sala-, los 21 de mayo se destinarán exclusivamente a la celebración de las llamadas glorias navales.

¡Perfecto! Ya no veremos más las carreras de la Presidenta o del Presidente de la República a la búsqueda del pabellón patrio en las barcazas, los buques y los desfiles, saliendo raudamente del salón de honor del Congreso Nacional una vez terminada a toda carrera la rendición de la cuenta pública. Con esta iniciativa nos ordenaremos. Y para que la ciudadanía lo sepa, el 1 de junio de cada año nos convocaremos todos los chilenos y chilenas a escuchar la cuenta pública que el Presidente o Presidenta de ese momento entregue al país, en orden y con más atención.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada Andrea Molina .

La señora MOLINA (doña Andrea).-

Señor Presidente, como representante y diputada de la Quinta Región, estimo sin duda alguna que este es un proyecto relevante e importantísimo para todos quienes queremos, por un lado, que el 21 de Mayo sea celebrado como corresponde, esto es, que se le dé el lugar que merece y que la gente pueda disfrutar con tranquilidad de nuestras glorias, de nuestros triunfos y, por otro, que exista un espacio en otro momento, en este caso el 1 de junio, para escuchar la cuenta anual de la Presidenta o del Presidente de turno.

Se ha mencionado latamente todo lo ocurrido durante los últimos años, cada 21 de mayo, y que lamentablemente ha traído la pérdida de vidas humanas. Son consecuencias que, como representantes de la Quinta Región, no queremos que se repitan. Ustedes, mis queridas amigas y amigos, que están en sus casas, también quieren respeto por la Quinta Región, por sus vidas, por sus espacios y por el derecho a salir a la calle y tener la tranquilidad de que nada les va a pasar en un 21 de mayo.

Por eso, premio y saludo a aquellos que han sido parte de esta iniciativa, a la que hoy nos sumamos de forma positiva. Esperamos contar con el apoyo de todos los miembros de esta Corporación para que sea aprobada, a fin de generar definitivamente el cambio de la fecha en que el Presidente de la República rinde la cuenta pública. Ello permitirá realizar ambas celebraciones en momentos oportunos y dar el lugar que se merecen a las glorias navales.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .

El señor SCHILLING.-

Señor Presidente, para no andar con eufemismos, creo necesario reconocer que esta moción se originó a raíz de los problemas que ocasiona en la ciudad de Valparaíso la conmemoración de las glorias navales y, simultáneamente, la rendición de la cuenta pública por el Presidente de la República. La presencia del Ejecutivo y del Parlamento el 21 de Mayo en Valparaíso genera que la ciudadanía se manifieste frente a las autoridades que le interesa que la escuchen.

Para nadie es desconocido que tales manifestaciones ciudadanas vienen acompañadas de problemas, de violencia y de vandalismo, lo que en alguna ocasión redundó en que se pusieran en riesgo la conmemoración del 21 de Mayo y los desfiles de quienes rinden homenaje a las glorias navales de esa manera.

La república se construye a lo largo de la historia. Es decir, en el transcurso de la historia se van produciendo hitos que se convierten en tradiciones y en hechos simbólicos que dicen relación –reitero con la construcción del país. Naturalmente, nuestra historia puede ser objeto de muchas interpretaciones. Algunos hablan de la “pacificación de la Araucanía”; otros hablamos de la “guerra de Arauco”. Lo mismo podría ocurrir respecto de otros hitos históricos. Por eso, para que las cosas no se digan de la manera que no corresponde, lo que está ocurriendo es que esta construcción de la república a través de hitos históricos, de símbolos y de tradiciones ha decidido rendirse frente al vandalismo de que hacen gala algunos grupos cuando se conmemora el 21 de Mayo en Valparaíso.

En mi opinión, deja mucho que desear el examen que se hace, por ejemplo, del accionar policial frente a esa situación, el cual, de haber sido más eficaz, probablemente nos habría evitado la discusión de este proyecto. Pero ya no estamos a tiempo de pedir que se ponga el ojo en ese hecho, porque se ha aceptado de buenas a primeras hacer a un lado la cuenta pública del 21 de mayo. Esta medida va a resultar como el cuento de tirar el agua de la bañera con la guagua, porque les aseguro que, cualquiera que sea la nueva fecha que se establezca, las manifestaciones que han inducido la presentación de esta moción van a seguir expresándose con las mismas características de siempre, y seguiremos reclamando de cuánto rinde el quehacer policial en el resguardo del orden público y de la seguridad de la ciudad.

Por esas razones, y porque no me rindo frente al vandalismo, me voy a abstener en la votación del proyecto, de modo de no votar en contra algo que la ciudad, tal vez poco informada y con poco análisis del asunto, ha decidido respaldar.

Reitero: por respeto a los habitantes de la ciudad no votaré en contra la iniciativa, pero sí me abstendré.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de instalación de torres soporte de antenas de telecomunicaciones.

Diputado informante de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales es el señor Osvaldo Urrutia .

Antecedentes: Mociones:

-N° 9335-15, sesión 21ª de la legislatura 362ª, en 7 de mayo de 2014. Documentos de la Cuenta N° 8;

-° 9527-15, sesión 63ª de la legislatura 362ª, en 2 de septiembre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 22;

-N° 9528-15, sesión 63ª de legislatura 362ª, en 2 de septiembre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 23;

-N° 9641-15, sesión 79ª de la legislatura 362ª, en 9 de octubre de 2014.Documentos de la Cuenta N° 5;

-N° 9647-15, sesión 80ª de la legislatura 362ª, en 14 de octubre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 13;

-N° 9651-15, sesión 81ª de la legislatura 362ª, en 15 de octubre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 9, y

-N° 9658-15, sesión 82ª de la legislatura 362ª, en 16 de octubre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 3.

-Informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, sesión

131ª de la presente legislatura, en 1 de marzo de 2017. Documentos de la Cuenta N° 11.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor URRUTIA, don Osvaldo (de pie).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, paso a informar sobre el proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de instalación de torres soporte de antenas, originado en mociones de los diputados Cristián Campos , Marcelo Chávez y Jorge Sabag (boletín N° 9335-15); Jenny Álvarez , Lautaro Carmona , Rodrigo González , Javier Hernández , Marcela Hernando , Enrique Jaramillo , Juan Morano y Alejandra Sepúlveda (boletín N° 9527-15); Gustavo Hasbún , Fernando Meza , Iván Norambuena , David Sandoval , Alejandra Sepúlveda y Osvaldo Urrutia (boletín N° 9528-15); Osvaldo Urrutia (boletines Nos 9641-15, 9647-15 y 9658-15); Guillermo Ceroni , Hugo Gutiérrez , Romilio Gutiérrez , Issa Kort , Pablo Lorenzini , Manuel Monsalve , Leopoldo Pérez y Alberto Robles (boletín N° 9651-15), en primer trámite constitucional, refundidas por la Cámara de Diputados en sesión de fecha 18 de agosto de 2016, a solicitud de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales.

La iniciativa consiste en perfeccionar la ley N° 20.599, que modificó la Ley General de Urbanismo y Construcciones en relación con la instalación de torres soporte de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones, la notificación de los vecinos afectados, los plazos para el otorgamiento de permisos de instalación de soportes de antenas, la regulación de sus instalaciones, las medidas de compensación a los vecinos afectados y la identificación de las empresas de telecomunicaciones que hacen uso del soporte de antenas, entre otras materias.

Asistieron a la comisión numerosos invitados, cuyos comentarios y observaciones se consignan en el informe que sus señorías tienen a su disposición, los que significaron aportes importantes para perfeccionar la iniciativa.

En el capítulo II del informe (Antecedentes) se consignan las consideraciones de las mociones refundidas y sus fundamentos, destacándose lo siguiente:

Si bien la ley N° 20.599, de 2012, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, modificó la Ley General de Urbanismo y Construcciones con el objeto de regular la instalación de torres soporte de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones, los resultados de este proceso en la práctica muestran que, por las variadas excepciones establecidas, dicho cuerpo legal no fue capaz de cumplir el objetivo original, por existir situaciones similares a las ocurridas antes de la aprobación del respectivo proyecto de ley.

En consecuencia, la normativa introducida por la ley N° 20.599 ha sido insuficiente para frenar la proliferación de torres de antenas de telefonía celular, especialmente en medio de barrios residenciales. Asimismo, se ha constatado que los vecinos no cuentan con instrumentos legales eficaces para frenar la instalación de nuevas torres de antenas de telefonía celular o mitigar adecuadamente sus efectos.

Por otra parte, la instalación de torres de proporciones gigantescas, que se reproducen e incrementan sin racionalidad ni planificación, deteriora la calidad de vida y afecta la plusvalía y el valor de las viviendas en las zonas afectadas. Esto es válido incluso con los disfraces con que se ha querido ocultar la fealdad de los mencionados artefactos.

Correspondería, entonces, hacerse cargo de brindar una protección económica y patrimonial más amplia a los vecinos afectados, como asimismo generar un desincentivo económico para la instalación de grandes soportes de antenas en zonas urbanas residenciales con el objeto de que las empresas de telecomunicaciones deban invertir en tecnología para reducir al mínimo el impacto negativo que tales construcciones generan.

En otro plano, cabe señalar que la ley es defectuosa tanto por los especiales y brevísimos plazos que otorga como por la forma de notificación propiamente tal a los vecinos. En efecto, la forma de notificación que dicho cuerpo normativo establece no otorga certeza de que el vecino afectado tome conocimiento de la instalación de las mencionadas torres de soporte.

Con la ley vigente no es posible tener directo conocimiento sobre qué empresa opera una infraestructura de soporte de antenas de telecomunicaciones. Esto ocurre porque en la mayoría de los casos son dueñas de la red, la infraestructura y las antenas empresas distintas de las compañías de telecomunicaciones, a las que el ciudadano común tiene acceso y con las cuales contrata sus servicios. Tener tal información es importante debido a que las externalidades negativas que la instalación de estas estructuras generan en la comunidad y el perjuicio económico que sufren los vecinos afectados por ello no son asumidos por ninguna empresa de telecomunicaciones.

Contenido del proyecto

La iniciativa propone, aplicando el principio precautorio más amplio, que la distancia mínima señalada en el inciso sexto del artículo N° 116 bis E se amplíe de 50 a 100 metros.

Asimismo, establece que los contratos de arrendamiento que suscriban las empresas de telecomunicaciones con los propietarios de los inmuebles donde estas se instalan se otorguen por escritura pública y se inscriban al margen de la inscripción del título de dominio.

De igual modo, confiere acción colectiva a los vecinos que se encuentren dentro del radio establecido en la letra e) del citado artículo para dirigirse en contra del propietario que dé en arrendamiento su inmueble para la instalación de estas antenas, por el perjuicio económico que les generará la baja en la plusvalía de sus propiedades.

Además de establecer la obligación de consignar expresamente en la solicitud de instalación que se presenta en la dirección de obras municipales (DOM) el nombre de la empresa de telecomunicaciones que va a utilizar esta infraestructura de antenas y sus sistemas radiantes, el proyecto viene a incorporar la obligación de mantener en el terreno mismo donde ella se encuentra instalada la información del concesionario, mediante un cartel, letrero u objeto de estas características con el nombre y el logo comercial de esas empresas de telecomunicaciones que la operan.

Debate de la comisión

En cuanto al procedimiento de instalación de antenas vigente, en la comisión se explicó que la ley distingue tres tipos de estructuras: torres de más de doce metros de altura, existiendo en la práctica algunas que exceden los treinta metros; torres de entre tres y doce metros, y torres de hasta tres metros.

Asimismo, se destacó que las torres soportantes de hasta tres metros se pueden instalar en cualquier parte, sin permiso previo de las DOM y sin necesidad de compensar los eventuales daños que con ello se causen (mal llamadas obras de mejoramiento). En los demás casos, el proyecto acompañado a la solicitud de instalación debe ser firmado por un ingeniero estructural, dando cuenta de la estabilidad y cantidad de antenas que podrá soportar la estructura. Además, se debe adjuntar un presupuesto que incluya las medidas de compensación y un comprobante de correos que acredite que se ha notificado por carta certificada a los vecinos directamente afectados (los ubicados dentro de un radio equivalente a dos veces la altura de la torre). El monto de las compensaciones equivale al 30 por ciento del costo total del proyecto declarado por el instalador, que en el caso de Viña del Mar no supera en general los

20 millones de pesos.

Finalmente, se señaló que, de acuerdo con la ley, existen zonas saturadas de instalación de estructuras y zonas saturadas de emisiones. Las primeras están constituidas por aquel territorio urbano donde existen dos o más torres de doce metros o más dentro de un radio de cien metros a la redonda, medido desde el eje vertical de cualquiera de las torres, lo cual debe ser determinado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). En cuanto a las segundas, según informó la propia subsecretaría, no existirían en Chile zonas saturadas de emisiones de radiación electromagnética, lo cual resulta llamativo, porque en el sector alto de Agua Santa, en Viña del Mar, se puede ver gran cantidad de antenas instaladas en un verdadero bosque de torres de soporte.

El subsecretario de Telecomunicaciones manifestó la disponibilidad del organismo que encabeza para trabajar con los parlamentarios en estas materias, porque hay distintos criterios al respecto. Existen zonas urbanas donde la gente no quiere más antenas y zonas rurales donde estas sí hacen falta. Actualmente, se ha llegado a dar conectividad a 1.281 localidades que nunca antes habían tenido servicios de telefonía o internet. Lo único que quieren los vecinos de esos lugares son antenas. El Estado ha fomentado esta posibilidad a través de un concurso, y debe obligar a las empresas a instalarse. Pero si se establecen restricciones al respecto, sin distinción alguna, se verán afectados aquellos territorios (zonas rurales, fuera del límite urbano) donde hay menos incentivos para que las empresas expandan su oferta espontáneamente.

Finalmente, la comisión insistió en la necesidad de distinguir entre “torres de soporte” y “antenas” porque su regulación y registro de instalación son diferentes. Además, aseguró que todas las antenas que se encuentran funcionando hoy cumplen las normas de emisión establecidas, lo cual es chequeado por la Subtel al presentarse el anteproyecto de instalación y al momento de la recepción, sin perjuicio de su actuar a petición de cualquier persona que requiera una revisión posterior.

La ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Paulina Saball , afirmó que el hecho de que los vecinos no tengan ninguna injerencia en las decisiones que se tomen respecto de sus barrios es algo que no debiera ocurrir en todo orden de cosas.

Por otra parte, señaló que el desarrollo de las ciudades y los asentamientos humanos requiere equilibrios, y así como se ha hablado de la altura de los edificios, del ancho de las calles o de los espacios públicos, es indudable que el cuerpo normativo vigente debe equilibrar el desarrollo de las telecomunicaciones con la calidad de vida de los barrios en que se instalan las antenas. Esto significa que, a medida que la tecnología vaya avanzando, los dispositivos que se utilicen deberán ser más livianos y menos invasivos.

Hoy, postuló la ministra, habría espacio para mejorar las disposiciones legales al menos en cuatro ámbitos: la información a los vecinos, es decir, la notificación, aspecto que este proyecto mejora; el agrupamiento de las antenas, esto es, la colocalización; la zonificación del territorio comunal para instalarlas -ello, mediante ordenanzas y las medidas de mitigación o compensación a los afectados, que deben estar directamente asociadas al objeto sobre el cual recae el perjuicio.

Por último, el detalle de la discusión de esta iniciativa y los acuerdos logrados se encuentran en el capítulo pertinente del informe de la comisión.

El proyecto fue tratado y acordado en diferentes sesiones realizadas entre noviembre de 2014 y enero de 2017.

Es cuanto corresponde informar a esta Sala.

He dicho.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Roberto León .

El señor LEÓN.-

Señor Presidente, este proyecto fue objeto de un largo debate en la comisión, y si bien lo voté a favor en dicha instancia y volveré a hacerlo ahora en la Sala, creo que nos faltó ser más audaces.

Si estudiamos el desarrollo de la telefonía celular en nuestro país, veremos que ya tenemos más de 20 millones o 25 millones de teléfonos celulares en operación.

A los parlamentarios que representamos zonas rurales nos piden que intercedamos para obtener la instalación de más antenas en esos territorios, para que haya más conectividad. Con esa finalidad, el gobierno ha apoyado con subvenciones la expansión de las compañías de telefonía hasta esas zonas.

La conectividad es vital para el adecuado desarrollo de las personas, especialmente para los niños y jóvenes que viven en sectores rurales. No obstante, la conectividad también provoca problemas.

¿Cuáles son esos problemas?

Si miramos nuestras ciudades, veremos que proliferan las antenas y los soportes para antenas. Las comunidades protestan por estas tremendas estructuras que se instalan en sus barrios. De hecho, la idea de refundir todos los proyectos que había en esta materia surgió del diputado Osvaldo Urrutia a causa de la petición de una comunidad de vecinos de Viña del Mar.

Desde esa perspectiva, ¿por qué esta iniciativa no me deja completamente satisfecho, aunque represente un avance? Lo que pasa es que si bien la tecnología de las antenas ha cambiado y cada día ellas son más eficientes, los soportes de las antenas que se encuentran en nuestro entorno son los mismos que había al comienzo de la telefonía celular: unos armatostes horribles e invasivos.

Hoy, tal como se demostró y acreditó ante la comisión, existen tecnologías más modernas para los soportes, pero son más caras. Sin embargo, eso no debiera ser impedimento para mejorar los que tenemos, porque si analizamos los resultados económicos de las compañías de telefonía celular, veremos que todas ganan mucha plata.

En la comisión conocimos ejemplos de soportes de antenas más amigables con el entorno y con el medio ambiente, más respetuosos con los cascos históricos, los que se utilizan en muchas ciudades de otros países, pero no en Chile.

Entonces, ¿este proyecto es un avance? Sí, señor Presidente, es un avance; pero en algún momento deberemos establecer condiciones que permitan obligar a las compañías a que, tratándose de las zonas urbanas, utilicen soportes de última tecnología, no invasivos, y no se dé el contrasentido de que, mientras la comunidad nos pide más conectividad, las compañías nos amenazan con poner un bosque de antenas para facilitar dicha conectividad.

En el sector rural no hay ningún problema, porque hay bosques que impiden ese tipo de inconvenientes. En las ciudades, en cambio, debemos ser más audaces.

Así y todo, creo que este proyecto es un avance, por lo cual, sin perjuicio de haber expresado ese alcance, anuncio que votaré a favor.

He dicho.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado René Manuel García .

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, cuando uno analiza por encima este proyecto, lo encuentra fantástico; pero lo cierto es que si lo vemos en profundidad, nos damos cuenta de que no contiene solución a los problemas que nos afectan en este ámbito. La razón es muy simple: por regla general, las leyes no tienen efecto retroactivo, y este es el caso. En consecuencia, tendremos que ver cómo mejorar lo que hay, no lo que se instalará a futuro.

Cuando hace unos años analizamos el primer proyecto de ley relativo a las antenas, se conversó acerca de la colocalización, esto es, la posibilidad de utilizar un mismo soporte para instalar antenas de diversas empresas. ¿Qué pasó? Una vez más las empresas fueron las que más se opusieron al sistema, porque, según dijeron, beneficiaría a empresas que no habían gastado nada, ya que se les permitiría ocupar torres en las que otras empresas habían invertido millones de pesos.

Mientras se daba esa discusión, pasaron uno o dos años y se instalaron más de cinco mil antenas nuevas en el país. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que se coparían los espacios y muchos quedarían sin posibilidades de competir.

A la gente de Viña, de Temuco, de Villarrica y de varios otros lugares, que ha reclamado por estas antenas, se le dice que una vez aprobado este proyecto de ley les van a sacar las antenas. ¡Mentira! Van a quedar ahí mismo, porque el proyecto se refiere a las antenas nuevas, a las que se instalen en el futuro. Es más -cosa curiosa-, todos los técnicos y todos los funcionarios de gobierno, especialmente los del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, están en contra de este proyecto, porque consideran que no se justifica, que no conducirá a nada y que creará falsas expectativas. Pero como muchos diputados solemos creernos los dueños de la verdad, la iniciativa continúa en proceso de aprobación.

Si el proyecto fuera tan relevante, aquí estaría el ministrode Transportes y Telecomunicaciones o el subsecretario de Telecomunicaciones, pero no está ninguno de los dos. La gente del Ministerio de Vivienda tampoco está de acuerdo con el proyecto.

Entonces, nos encontramos en una disyuntiva: ¿Aprobamos este proyecto para quedar bien con la gente o para beneficiarla de verdad?

Está pasando lo mismo que ya ocurrió con otros proyectos, como el de instalación de sillas de seguridad para los niños menores de 12 años en los automóviles: se planteó la idea y se armó la batahola. Cuando se discutió ese proyecto, en esta misma Sala se dijo que la vida de los niños no tiene precio; pero no pensaron en que una familia con tres hijos tendría que comprar un automóvil con tres corridas de asientos, porque las tres sillas no cabrían en un auto con dos corridas de asientos, que es el tipo de automóvil que habitualmente usamos los chilenos.

Ese es un buen ejemplo de una ley que salió mal. Pero también tenemos el de la ley de estacionamientos: ya se está diciendo que también salió mal, al punto de que querían cambiarla antes de que empezara a funcionar.

En consecuencia, me preocupa que estemos creando expectativas imposibles de cumplir. Me parece trágico.

Recuerdo que cuando vimos el proyecto de colocalización de antenas en la Comisión de Obras Públicas, se pidió que las antenas se pusieran dentro o arriba de los edificios, pero no más allá de cierta altura, para que no fueran muy visibles. En todas partes del mundo se utilizan los techos de los edificios para poner antenas con colocalización. Quienes hemos tenido la suerte o hemos sido bendecidos por Dios con la posibilidad de recorrer otros países, hemos visto que así ocurre. Incluso me llamó la atención el que en Madrid se permitiera instalar torres de telecomunicaciones en edificios históricos.

Parece que en Chile queremos ser más papistas que el Papa.

También se dijo que las antenas afectan la salud de las personas, que producen cáncer. Quiero informar a los señores diputados que en Chile las antenas emiten nueve veces menos radiación que las que se instalan en Estados Unidos de América. O sea, Chile es uno de los países en que las antenas emiten menos radiación.

En suma, vemos con tremenda alegría este proyecto, porque pensamos que con él vamos a arreglar problemas concretos, cuando en realidad no vamos a arreglar nada.

Respecto de la normativa contenida en este proyecto, el diputado Roberto León mencionó que en el campo no habría problemas. Indudablemente en el campo no habrá problemas como los que he mencionado, porque lo único que quiere la gente es más conectividad. Lo mismo pasa en las ciudades, donde la gente quiere mejor conectividad, para que cuando envíe un mensaje por WhatsApp o baje algún archivo, por ejemplo, su teléfono no se quede pegado media hora, con la redondelita dando vueltas porque la red está copada. Ahí es cuando la gente empieza a echar periquitos. Y ahora va a ser peor.

¿Qué dirán las empresas en casos como ese? “Nadie está obligado a lo imposible.”. Así que el usuario tendrá que esperar los diez minutos que esté dando vuelta el circulito del celular -este indica que el aparato está tratando de conectarse porque se negó la instalación de más antenas.

En la actualidad, existen 22 millones de teléfonos celulares. Me acuerdo que en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones no legislamos cuando se tramitó el primer proyecto de ley sobre los celulares porque era una materia irrelevante, ya que hace quince o veinte años había solo 10.000 celulares en Chile. ¿Para qué íbamos a legislar sobre los celulares? No obstante, como dije, en la actualidad existen 22 millones de celulares, o sea, hay más celulares que personas, lo que demuestra que los tiempos van evolucionando; pero muchas veces nos creemos técnicos, por lo que opinamos basados en lo que nos ha dicho alguna persona, lo que nos impide darnos cuenta de que con este tipo de leyes estamos haciendo un flaco favor a nuestra gente y a nuestras telecomunicaciones.

Recuerdo que se publicó una ley que establecía que las antenas debían estar a una distancia determinada de los colegios. Ninguna empresa quería instalar antenas en Reigolil o en la comuna de Curarrehue porque no era rentable, ya que costaba más de 2 millones de pesos instalar un par de antenas. Felizmente, hoy tenemos una tremenda y bonita conectividad.

Cuando se discutió esa iniciativa de ley debimos haber detectado todos los problemas que estamos viendo hoy. A los colegas diputados que son más nuevos debo decirles que en esa oportunidad se sugirió copiar el sistema americano o el europeo, es decir, que hubiese empresas que compraran lugares para poner antenas. Se rechazó la sugerencia, porque se dijo que las propias empresas de telecomunicaciones debían realizar ese trabajo. Entonces, las empresas colocaban cuatro o cinco antenas en una manzana para competir, en circunstancias de que con la colocalización, las compañías de telecomunicaciones pagarían a una empresa externa por usar ese soporte para instalar sus respectivas antenas.

Los soportes de antenas son más caros en la actualidad, porque tienen que estar de acuerdo con el medio ambiente. Recuerdo que en la península de Pucón una de las empresas puso unos tremendos soportes de antenas disfrazados de araucarias, en circunstancias de que en esa altura del monte solo crecen robles y otras especies, pero nunca araucarias. Otras empresas ponen soportes de antenas disfrazados de palmeras en cualquier parte del país.

Entonces, si quieren instalar soportes de antenas acordes con el medio ambiente, disfrácenlos de árboles que hay en la zona, no hagan las cosas a tontas y a locas.

Algunas empresas colocan en los soportes de antenas propagandas de cervezas o de vinos, ya que solo les interesa abaratar costos, no les importa el daño que puedan hacer a la sociedad.

Esos son los problemas que estamos discutiendo hoy.

Como están las cosas, este proyecto de ley no se justifica. Debemos escuchar a los técnicos, a las personas que entienden el problema, en lugar de hacer lo que nosotros creemos que es lo mejor. Ya nos pasó con la ley que regula el uso de las sillas de los niños en los automóviles, con la que regula el uso de los estacionamientos y con muchas otras, así como con la reforma tributaria, porque por hacernos los sabios, no escuchamos a las personas que realmente entienden los problemas que estamos viendo aquí. El mayor ignorante del mundo es el que cree que lo sabe todo.

En la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, los técnicos y la gente que fue en representación de los distintos ministerios dijeron que este proyecto de ley no se justifica. Por lo tanto, para ser consecuente, me abstendré durante la votación del proyecto de ley.

Quiero aclarar que voté favorablemente la idea de legislar por una razón muy simple: habría sido absurdo que un diputado o un senador se negara a legislar, porque estamos justamente para eso; es lo mismo que si un médico se negara a operar. Nosotros estamos para legislar; después podremos votar en contra los artículos que no nos gusten y podremos presentar indicaciones. En fin, hay mil maneras de hacer las cosas.

Reitero que me abstendré durante la votación, porque el proyecto ha creado solo expectativas, pero no va a entregar las soluciones que pretendemos.

He dicho.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, estamos debatiendo el proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de instalación de torres de soporte de antenas de telecomunicaciones.

Al respecto, quiero ver el vaso medio lleno y no medio vacío.

Este proyecto de ley, que ha impulsado con fuerza el diputado Osvaldo Urrutia , ha hecho posible que se refundan una serie de iniciativas que hemos presentado un sinnúmero de parlamentarios sobre esta materia. La bancada del Partido Radical va a aprobarlo, porque la ciudadanía se siente insatisfecha por el abuso que cometen algunas empresas al instalar soportes para antenas destinadas a las transmisiones de telecomunicaciones, ya que las ubican a 50 metros de las viviendas, debido a que esa materia no está regulada como corresponde. Las juntas de vecinos no tienen injerencia sobre esta materia y no hay consulta ciudadana para la instalación de dichos soportes.

Por lo tanto, en este caso debe primar el principio precautorio. Cuando uno tiene dudas sobre una determinada acción, debe abstenerse, que es lo que harán algunos parlamentarios en la votación del proyecto de ley. La abstención es respetable, como también lo es votar a favor o en contra; pero tenemos la obligación de abstenernos de decir no solo como país, sino como mundo, que las antenas provocan daños a la salud, porque no hay certeza al respecto. Sin embargo, el principio precautorio dice que debemos tomar todas las medidas necesarias para evitar que los marcapasos cardiacos de las personas dejen de funcionar debido a la radiación electromagnética, por mínima que sea la emisión de esas antenas.

He mencionado varias veces en este hemiciclo que se ha demostrado que las antenas son “responsables” -principio precautorio de enfermedades de la sangre, de depresiones y de trastornos de sueño, porque los índices de ocurrencia de esas patologías son superiores en lugares donde se instalan dichas antenas, ya que los glóbulos blancos disminuyen y los glóbulos rojos aumentan o decrecen.

Ante esa cantidad de situaciones que suceden en el mundo y que no están científicamente comprobadas, aparece el principio precautorio, en virtud del cual debemos abstenernos ante la duda, porque lo más importante es la vida humana.

En ese sentido, el mundo va más adelantado que nosotros. Chile está al debe, dado que ha habido una inmensa proliferación de antenas y una invasión medioambiental irritante. En realidad, la antena es un aparato de tamaño menor, porque las torres pueden tener tres, cinco o doce metros.

Si bien es cierto que hace algún tiempo se estableció la colocalización, es decir, que una misma torre soporte a tres antenas de distintas empresas de telecomunicaciones, en esta iniciativa se establecen normas muy importantes.

Señor Presidente, con su venia, me voy a permitir leer tres o cuatro líneas de los párrafos más importantes del proyecto, para quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de televisión de la Cámara o nos escuchan en los programas radiales que tenemos en los respectivos distritos que representamos los diputados. El informe sobre el proyecto en estudio dice lo siguiente: “las torres soportantes de antenas emisoras de radiaciones electromagnéticas, cualquiera sea su tamaño, forma y lugar en que esté empotrada, no podrán instalarse en zonas urbanas declaradas saturadas, establecimientos educacionales públicos y privados, salas cuna, jardines infantiles, hospitales, clínicas o consultorios, predios urbanos donde existan torres de alta tensión, hogares de ancianos, áreas sensibles definidas por Subtel, ni a una distancia menor a 8 veces la altura de la torre, con un mínimo de 250 metros de distancia de estos establecimientos.”.

Señor Presidente, ¿sabe a qué distancia se pueden instalar las antenas en la actualidad? A 50 metros. El proyecto modifica esa distancia a 250 metros.

Agrega: “en cuanto al permiso de instalación, las torres soportantes de antenas emisoras de radiaciones electromagnéticas de más de 3 metros de altura, deberán quedar sujetas al mismo procedimiento que contempla el artículo 116 bis F de la Ley General de Urbanismo y Construcciones,…”.

Por lo tanto, se deroga el procedimiento establecido en el otro artículo que se aplicaba a las torres soportantes de más de 3 metros de altura.

¿Qué señala la legislación actual? Que si la torre tiene más de 12 metros de altura, la empresa debe realizar obras de mejoramiento, una torre armonizada, o proponga otro diseño, es decir, se establece un procedimiento riguroso. Ahora, si la torre tiene hasta 3 metros de altura se contempla un procedimiento menos riguroso.

Por lo tanto, las torres de hasta 3 metros no serán tocadas, pero sí las de 12 o más metros.

En cuanto al procedimiento unificado de instalación de torres soportantes de antenas emisoras y radiaciones electromagnéticas, se establece la posibilidad de que cualquiera de los propietarios afectados de la junta de vecinos respectiva puede oponerse a la instalación de la torre. No había consulta ciudadana; la empresa arrendaba un sitio e instalaba la antena. ¡Así de simple! Ahora los contratos de arrendamiento requerirán de una escritura pública.

¿Hay cambios? Por supuesto que hay cambios. Es más, aunque no haya oposición, la junta de vecinos tendrá la posibilidad de solicitar obras de mejoramiento.

Otro aspecto importante es que el dinero que cobre la municipalidad por instalar estas antenas se debe invertir directamente en obras de mejoramiento en el lugar donde va a estar instalada la antena. Por eso, el proyecto tiene aspectos positivos.

El drama que denunciaba un colega hace un momento es que estas medidas no son con efecto retroactivo.

El proyecto de ley contempla que las municipalidades tienen un plazo de seis meses para establecer zonas autorizadas para la instalación de torres soportantes de antenas emisoras.

Vaya mi reclamo hacia las empresas que, como dice mi colega Claudio Arriagada , en Chile solo buscan ganar dinero, dejando de lado su responsabilidad social.

Hay decenas de sectores en Chile que no resultan económicamente viables a estas empresas de telecomunicaciones. A modo de ejemplo, puedo nombrar localidades como Boroa, Toltén , Reigolil , pertenecientes a la comuna de Curarrehue; Chaura , perteneciente a Villarrica; el sector Las Quinientas, en Gorbea, y así puedo nombrar centenares de lugares. Las empresas dicen: “Ahí viven cuatro indiecitos, ahí viven los mapuches, ahí viven los campesinos pobres. ¡No importa que allí no llegue la señal! ¡Son solo veinte o treinta personas!”. Las comunicaciones debieran ser para todos.

Reitero: vaya desde aquí nuestro reclamo para que esas empresas inviertan todo lo que ganan en dar conectividad a todos los chilenos y no solo a quienes viven en las ciudades más grandes.

He dicho.

El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval .

El señor SANDOVAL.-

Señor Presidente, junto con mi colega y amigo Iván Norambuena presentamos una las mociones que, refundidas, han dado origen a este proyecto.

Independientemente de las limitaciones y, muchas veces, la frustración que sentimos quienes presentamos mociones cuando ellas no cuentan con el patrocinio del Ejecutivo o cuando después de ser aprobadas por la Cámara de Diputados terminan durmiendo el sueño de los justos en el Senado, considero que no podemos eludir nuestra responsabilidad en temas que preocupan a la comunidad que representamos.

Un ejemplo es el proyecto de ley sobre tenencia responsable de mascotas, las que se han transformado en un dolor de cabeza en todas las ciudades del país.

El proyecto que hoy discutimos es una respuesta a las demandas y las quejas que nos han planteado diversos dirigentes de juntas de vecinos y de otras organizaciones comunitarias debido a la presencia en sus territorios de antenas de telecomunicaciones.

A pesar de las dificultades, las que muchas veces impiden construir un buen marco regulatorio, debemos hacernos cargo de la situación. Debemos actuar con inteligencia para impulsar acciones que permitan salvar esas dificultades y construir una solución. No podemos quedarnos de brazos cruzados y no dar respuesta a los requerimientos de nuestras comunidades.

En los diferentes pueblos y ciudades vemos cableados telefónicos instalados en forma indiscriminada, lo que afecta la visión y, como bien señaló el diputado Meza , la estética de esos pueblos y ciudades.

¿Cuántos tendidos de redes vemos colgando en los postes? Esa es una materia que debe ser regulada.

Muchas de las quejas que recibimos tienen su origen en la falta de comunicación por parte de las empresas. En consecuencia, ellas deben asumir su responsabilidad.

En mi experiencia como alcalde recuerdo que las ordenanzas sobre las antenas chocaban con las normas vigentes. Aun cuando muchos municipios -entre ellos, el que encabecé avanzaron en materia de ordenanzas, al final estas entraron en colisión con la Ley de Telecomunicaciones. Así las cosas, las ordenanzas no tuvieron efectos prácticos. Por lo tanto, debemos avanzar para corregir la situación.

Durante la tramitación de este proyecto de ley, la ministra de Vivienda y Urbanismo señaló tres materias que había que tener presente.

Lo primero es que debemos hacernos cargo del acceso masivo a las comunicaciones hay más de veinte millones de celulares-, beneficio que cada vez es más reclamado por la gente, que lo considera un bien público. También debemos hacernos cargo, paralelamente, de las dificultades que implica satisfacer ese bien público. En ese sentido, la instalación de antenas debe ser regulada. Si existen dudas respecto del lugar de su instalación, tal como señaló el diputado Fernando Meza , es preferible abstenerse en la votación.

La otra materia dice relación con la prevención de problemas de salud. La propia ministra señalaba que, ante el riesgo y ante la duda, más vale abstenerse. La instalación de antenas se ha visto limitada en muchos lugares, por ejemplo, si en las cercanías hay una escuela.

La tercera variable, además del acceso a un bien público y la prevención en materia de salud, es su impacto urbanístico. Queremos tener ciudades cada vez más amigables con su entorno y con los servicios que se prestan. Todos los alcaldes sueñan con que su comunidad acceda a un buen servicio, que la conectividad se dé en todos los rincones y no tener tendidos de cableados eléctricos por todos lados afeando las ciudades. Muchos veíamos con envidia el soterramiento de tantas redes de instalaciones que hoy día son prácticamente un sueño. Pero, tal como dijo el diputado René Manuel García , no por eso podemos quedarnos de brazos cruzados.

Considero que la iniciativa va en la dirección correcta y destaco el impulso que le ha dado el diputado Osvaldo Urrutia . Tal como señalé, el diputado Iván Norambuena , quien habla y otros parlamentarios presentamos mociones sobre la materia.

No podemos quedarnos de brazos cruzados porque nadie nos escuche, y no dar respuesta al reclamo de nuestras comunidades. Debemos perfeccionar la normativa, porque hasta el

2012 la instalación masiva de antenas se desarrolló sin ningún tipo de control. En todos los rincones y en todas las poblaciones aparecieron antenas, algunas disfrazadas de palmeras. El proyecto busca regular la situación.

Cuando un particular accede a entregar su propiedad para instalar una antena, los vecinos se ven afectados, por ejemplo, con la depreciación de su propiedad. Esas son las cosas de las cuales debemos hacernos cargo.

Si el proyecto, como muchas mociones, no resuelve los problemas, debemos hacernos cargo. Aunque no contemos con el apoyo del Ejecutivo, debemos avanzar y ser capaces de dar una respuesta eficiente a las demandas de nuestras comunidades.

Tal como lo planteó el diputado Osvaldo Urrutia , vamos a respaldar la iniciativa.

He dicho.

El señor MEZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag .

El señor SABAG.-

Señor Presidente, soy uno de los firmantes del proyecto, aunque el autor principal es el diputado Marcelo Chávez , quien representa a comunas intensamente urbanas donde las antenas de celulares afectan mucho a los vecinos.

Una junta de vecinos de Viña del Mar enfrenta la posibilidad de que se instale la vigésima octava antena en el mismo sector, en un proceso que ha adolecido de irregularidades. Seguramente el diputado Osvaldo Urrutia nos puede ilustrar más al respecto.

En síntesis, con este proyecto, se trata de regular de mejor manera la instalación de torres para las antenas de telecomunicaciones, el procedimiento para la notificación a los vecinos, que debe ser mucho más transparente, pues, tal como expresó el diputado Osvaldo Urrutia , no se puede notificar cuando la antena ya está instalada -debe ser un trámite previo-; los plazos para los permisos de instalación, las exigencias para las instalaciones, las medidas de compensación y la identificación de las empresas de telecomunicaciones que usan las antenas, con el objeto de rectificar la excesiva libertad que había en esta materia antes de 2012, cuando se empezaron a aplicar algunas regulaciones para proteger los derechos de las personas.

Lamentablemente, según un principio general del derecho, la ley no puede operar con efecto retroactivo, pues solo puede regular las nuevas antenas que se instalen. En todo caso, aunque sea una iniciativa modesta, es un avance, porque establece mayores exigencias, en especial para las antenas de menor tamaño, que al poder estar sobre edificios adquieren otra connotación. El proyecto también permite mayor acceso a la información de las empresas administradoras de las antenas, de manera que los vecinos tendrán elementos para reclamar.

Cuando se instala una antena, los vecinos sufren un perjuicio porque sus propiedades pierden valor, pero es solo un vecino, el que arrienda o vende el terreno, el que resulta beneficiado. Quiero destacar este proyecto recoge la posible acción colectiva de los vecinos afectados contra ese vecino por el perjuicio ocasionado en el valor de sus propiedades. Esta medida será un desincentivo para instalar antenas sin consultar la opinión de los vecinos directamente afectados.

El Ejecutivo, a través de la ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Paulina Saball , coincidió en la conveniencia de que los vecinos tengan mayor injerencia sobre lo que sucede en sus barrios. Por eso, es importante notificar antes de que se instalen las antenas, para que las personas puedan tener influencia en las decisiones de su barrio.

Además, se propone duplicar la distancia autorizada para instalar las torres respecto de los establecimientos educacionales y de salud, de 50 a 100 metros. También se reducen las excepciones a las normas recogidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y se amplían los plazos para la información a los vecinos respecto de la instalación de antenas y se extiende el área de viviendas notificadas y el derecho de los vecinos a hacer observaciones, que las empresas solicitantes del permiso deberán resolver obligatoriamente.

En definitiva, este proyecto es un avance, aunque no opere con efecto retroactivo, pero implicará mayores restricciones y así se podrá regular de mejor manera la instalación de antenas, problema que hoy causa grandes molestias a los vecinos.

Finalmente, anuncio que apoyaré el proyecto.

He dicho.

El señor MEZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Cristián Campos .

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, hemos escuchado distintas visiones sobre estos proyectos refundidos, de uno de los cuales soy autor junto con el diputado Rodrigo González .

Algunos elementos de los diferentes boletines fueron aprobados por la comisión, pero aunque me parece un avance -tiendo a ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío-, tal como dijo el diputado René Manuel García , la iniciativa no se hace cargo de las antenas ya instaladas. En mi caso, las antenas del Gran Concepción van a seguir estando en los mismos lugares.

Cuando presentamos el proyecto de ley, teníamos una antena de telecomunicaciones ubicada en el cementerio N° 2 de Talcahuano y mucha gente se persigna ante ella porque cree que es una cruz. También tenemos la postergación de la instalación de una antena de telecomunicaciones en la caleta Chome, que está cerca del sector urbano, a no más de 15 minutos, pero donde los pescadores artesanales nunca han disfrutado de la posibilidad de comunicarse.

Al revisar las mociones refundidas, constatamos que se refuerza la ley vigente, pero la comunidad quiere que no se instalen más antenas de telecomunicaciones al lado de establecimientos educacionales, como ocurre en el colegio Mozart Schule de Concepción, o de consultorios, porque no hay estudios científicos concluyentes que respalden que este tipo de antenas no afectan la salud de las personas.

Ver la parte medio llena del vaso respecto de esta iniciativa es valorar que se establecerán zonas saturas; incluso, propietarios y juntas de vecinos se podrán negar y hacer observaciones respecto de la instalación de antenas. En cuanto a las medidas de mitigación, si hay diferencias entre lo que propone la empresa y lo que opinan los vecinos, se entregarán facultades a los concejos municipales, quienes podrán dirimir entre las distintas visiones. De este modo, se instala poder comunal, porque serán realmente los actores de las comunas quienes podrán dirimir los conflictos entre privados y van a tratar de armonizar el desarrollo de la ciudad, con la debida protección a los vecinos, porque hay una invasión de antenas que afectan la calidad de vida de las personas.

Ha habido un gran desarrollo de las telecomunicaciones, en especial de las antenas de celulares, pero nos hemos percatado de que nuestro país se ha quedado atrás. Tenemos las mismas torres para antenas desde que se elaboró la primera ley. Existe la posibilidad de colocar en una misma torre a todos los operadores, pero las empresas que han hecho la inversión no quieren compatibilizarla con otros operadores para prestar el mismo servicio.

Ojalá que la instalación de estos instrumentos no sea tan invasiva y no afecte la calidad de vida de las personas.

No sé si hay propuesta de votación separada respecto de algunos puntos.

Todavía estamos en deuda. ¿Cómo vamos a obligar a las empresas que ya han instalado torres en distintos sectores, que afectan la calidad de vida de las personas, para que reformulen sus proyectos y sigan entregando la conectividad, que es tan necesaria?

Por último, debemos tener una mirada distinta para los sectores rurales. Como dijo un diputado que me antecedió en el uso de la palabra, no es lo mismo instalar antenas en sectores rurales que en sectores urbanos. En los sectores rurales existe mayor necesidad, por cuanto las empresas no tienen instalaciones, a veces porque no quieren hacer inversiones. Obviamente, eso hay que apurarlo.

Entiendo que hay un programa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones mediante el cual se han habilitado cerca de doscientos puntos a nivel nacional para favorecer la conectividad. Estoy de acuerdo con eso y creo que este proyecto podría ser un avance en esa materia, pero todavía hay mucho por hacer para compatibilizar la calidad de vida de los ciudadanos con un mejor sistema de telecomunicaciones para todos.

He dicho.

El señor MEZA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona .

El señor CARMONA.-

Señor Presidente, no cabe duda de que el proyecto en debate encauza muchas de las inquietudes, preguntas y protestas que tiene la comunidad respecto de lo que se ha convertido en una verdadera invasión de antenas en medio de la urbe, pues no se cuenta con precisiones acerca de los efectos que ello podría tener en la salud de sus habitantes.

Es un paso adelante, aunque insuficiente, que se enmarca en una suerte de ley de la selva, donde se impone el más fuerte, que se asocia al capital, a la empresa, a la debilidad de algún vecino que, por un tema económico, arrienda su terreno para que las empresas instalen torres y soportes de antenas de telecomunicaciones.

Hay una contradicción entre los avances desde el punto de vista tecnológico, la salud y la calidad de vida de las personas. En beneficio de la comunidad hay que resolver las discordancias entre los intereses y derechos de las empresas relacionadas con la prestación de un servicio que implica un salto tecnológico a nivel planetario y la relación que tiene la salud con los derechos humanos. Hay un conflicto entre querer tener acceso a una mejor repetidora y a una mejor cobertura del servicio de telefonía móvil, y el resguardo de los derechos de las personas desde el punto de vista de la salud.

Debemos implementar todo lo que vaya en la dirección de resguardar la salud de las personas, incluso con medidas que parezcan exageradas. No debemos llorar sobre la leche derramada cuando los efectos sean irreversibles. Desde esa perspectiva, me llama la atención que entre las medidas que se plantean se proponga extender la distancia, cincuenta o cien metros, entre las instalaciones de antenas y los hospitales y las escuelas; es decir, una medida de prevención para la salud de adultos y niños vinculados a esos establecimientos.

Si la convicción es que efectivamente hace falta avanzar en la legislación, este proyecto será el punto de partida para que por presión de la comunidad organizada lo hagamos con mayor rigurosidad, siendo más exigentes en cuanto a las medidas de prevención de daños.

¿Por qué habrían de tomarse medidas de prevención de daños hacia adelante, mientras las vigentes son inocuas?

La iniciativa será el punto de arranque para establecer una nueva ofensiva de reparación de daños, por ejemplo, mejorando la tecnología, aumentando las distancias entre las instalaciones y la comunidad, y abordando los efectos que tiene la instalación de una de esas antenas en la salud y en las condiciones de vida de la comunidad.

Es necesario que el Servicio de Evaluación Ambiental, como institucionalidad del país, no solo aplique todo el rigor que corresponde desde el punto de vista profesional, sino que, además, transparente los temas que están en debate.

Otro paso que aparece tibio en la nueva formulación, pero que podría ser suficiente para dar un salto al respecto, es la participación ciudadana. La comunidad organizada tiene derecho a exigir que se transparente la información involucrada en la instalación de antenas que pudiese afectar a sus habitantes.

Finalmente, se trata de cómo se compatibilizan el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el plano de las telecomunicaciones. No se trata solo de respetar, sino de mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en aquellas comunidades donde se instalan esos avances.

Con todas las observaciones críticas que tenemos, consideramos que el proyecto significa un paso adelante en esta materia, y como bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana lo apoyaremos.

He dicho.

El señor ANDRADE (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina .

La señora MOLINA (doña Andrea).-

Señor Presidente, la iniciativa viene a hacerse cargo de una problemática evidente que se ha asentado en distintas zonas de nuestro país y que tiene relación con la instalación de torres soporte de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones.

El desarrollo de las ciudades y de los asentamientos humanos requiere de equilibrios, y es indudable que la normativa vigente debe compatibilizar el desarrollo de las telecomunicaciones con la calidad de vida de los barrios donde se instalan las antenas.

Al analizar esta problemática descubrimos que existen tres normativas relacionadas: una, que promueve un bien público, como es el acceso a las comunicaciones; otra, que apunta a la prevención en materia de salud, y una tercera, de carácter urbanístico, que dice relación con el impacto visual que provoca en las áreas pobladas la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, y la percepción que tienen los vecinos de lo que debiera ser un barrio armónico. En ese sentido, se hace necesario enfrentar el desafío de conciliar el crecimiento de las redes de telecomunicaciones, lo que implica facilitar el acceso de muchas personas a servicios que hoy resultan indispensables, con el mejoramiento de las condiciones de las zonas en que se emplaza la infraestructura.

Hace tiempo analizamos este tema como consecuencia de la presentación de otro proyecto de ley que buscaba el sometimiento de esos proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En ese entonces, planteamos la necesidad de modificar y perfeccionar la ley N° 20.599, que modificó la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por cuanto surgió una serie de problemas, tal como dio cuenta el estudio realizado por el Departamento de Evaluación de la Ley, que, entre otros aspectos, detectó conflictos relacionados con la participación ciudadana en la instalación de las antenas, con las medidas de compensación, con el rol de las direcciones de obras de las municipalidades, con la ausencia de una norma de emisión electromagnética de parte del Ministerio del Medio Ambiente, y, por supuesto, con las áreas sensibles, ya que hoy es la misma legislación la que establece ciertas excepciones que permiten la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones en zonas sensibles, vulnerando con ello la protección a establecimientos educacionales, salas cuna, jardines infantiles, hospitales, clínicas o consultorios y hogares de ancianos. Por esa razón se siguen instalando en esas zonas.

El presente proyecto de ley viene a mejorar en parte muchas de las falencias señaladas, sobre todo las que dicen relación con la situación de desventaja en que se encuentran los vecinos. Para ello les otorga mayores herramientas para que presenten sus observaciones y manifiesten su opinión respecto de las medidas de compensación. Asimismo, establece una mejora en los mecanismos de información y transparencia, a través de la ampliación del número de propietarios a quienes se debe comunicar la presentación de una solicitud de permiso para la instalación de torres de soporte y sistemas radiantes.

Esta iniciativa constituye un avance respecto de la normativa existente, lo que no significa que no debamos seguir luchando por más y mejores cambios. En esta materia debemos ser ambiciosos y lograr que la tecnología utilizada por las empresas sea cada vez más avanzada y que los dispositivos que se utilicen sean más livianos y menos invasivos. Debemos avanzar en la línea de que las empresas de telefonía móvil vayan mutando hacia tecnologías mucho más amigables y menos invasivas. Existen países que cuentan con ellas; el propio subsecretario de Telecomunicaciones lo señaló. Si bien valoro inmensamente el presente proyecto de ley, creo que debemos seguir trabajando en esta materia y no estancarnos.

Por último, y muy relacionado con todo lo señalado, hago un llamado al Ejecutivo y, en especial, al ministro del Medio Ambiente para que dicte cuanto antes una norma de emisión electromagnética que limite como corresponda la exposición que podría ser perjudicial para la salud de las personas. Han pasado cuatro años desde la dictación de la ley Nº 20.599 y aún estamos esperando que el ministro del Medio Ambiente haga algo al respecto.

He dicho.