Labor Parlamentaria

El señor ROMERO ( Presidente ).-

Proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados relativo a las remuneraciones de los profesionales de la educación afectos a lo establecido en el artículo 26 transitorio del D.F.L. Nº 1, de Educación, de 1996. La iniciativa cuenta con informes de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Hacienda, y su urgencia ha sido calificada de "Discusión Inmediata".

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 16ª, en 15 de julio de 1997.

Informes de Comisión:

Educación, sesión 17ª, en 16 de julio de 1997.

Hacienda, sesión 17ª, en 16 de julio de 1997.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, al comenzar el análisis del proyecto de ley que nos ocupa, es importante recordar a Sus Señorías la historia legislativa del llamado complemento de zona.

Cuando se discutió la incorporación de la asignación de zona entre aquellas asignaciones de que gozan los profesionales de la educación del sector municipal -como son, por ejemplo, las de experiencia, perfeccionamiento, desempeño difícil y responsabilidad docente-directiva y técnico-pedagógica-, se tuvo en cuenta que dicho beneficio les correspondía a todos ellos, en su calidad de empleados fiscales, hasta 1981, fecha en que, como los señores Senadores recordarán, el sistema educacional fue traspasado a las municipalidades.

Reformas introducidas a la legislación en l983, determinaron que los docentes quedaban regidos por las normas del Derecho del Trabajo Privado, lo cual se tradujo en la pérdida del derecho explícito a la asignación de que se trata. Ésta pasó, entonces, a integrar la remuneración que los profesores pactaban en conformidad con las estipulaciones del convenio laboral y el Código respectivo. En rigor, debo manifestar que la asignación no desapareció, sino que quedó comprendida, en forma tácita, en la remuneración convenida. Desgraciadamente muchos alcaldes, o no lo entendieron de este modo, o le dieron otra interpretación. Fue así como, aun cuando el complemento de zona se encontraba incluida en la USE (Unidad de Subvención Educacional), no estaba titulada como tal. De ahí comenzaron a arrastrarse múltiples problemas.

Con la dictación del Estatuto Docente surge ya, a petición de los propios profesores acogida por el Ejecutivo , el concepto de "complemento de zona", que fue interpretada por diversos órganos públicos en el sentido de que las municipalidades debían ajustar sus presupuestos para su pago obligatorio a partir de 1994. En otras palabras, algunos estimaron que el complemento de zona consistía, precisamente, en un complemento a la asignación respectiva.

Por otro lado, parte de las Municipalidades imputó el pago del complemento de zona a la remuneración adicional establecida por el Estatuto. Esto dio origen a las "famosas" planillas suplementarias, para aquellos profesores que percibían más de lo que correspondía a título de remuneración básica mínima nacional. Se sostenía que había profesores que recibían dos veces un mismo pago. Por eso se creó la planilla suplementaria, que tenía por finalidad ir descontando posteriormente los pagos excesivos, pero de asignaciones extraordinarias, no de los aumentos de sueldos normales que tradicionalmente se otorgan al sector público, y en este caso a los profesores que quedaron casi con una doble calidad: siendo funcionarios municipales, para el pago de los reajustes aparecen como empleados fiscales.

El criterio que inspiró al legislador de la ley Nº 19.410, fue introducir un trato igualitario entre todos los docentes del sector municipal con respecto al pago del complemento de zona, por cuanto a algunos profesores el complemento de zona no se les imputaba a la remuneración adicional que percibían y, en cambio, a otros sí, con la consiguiente disminución de su ingreso.

Luego de la dictación del cuerpo legal citado, la ley Nº l9.504 otorgó un aumento de remuneraciones a los docentes, tanto del sector municipal como del particular subvencionado, y estableció un incremento del valor de la hora cronológica mínima, lo que se expresó en el aumento de las asignaciones que corresponden a los profesionales de la educación regidos por el Estatuto Docente, como también del complemento de zona.

Con el presente proyecto se pretende que los aumentos de remuneraciones dispuestos en la ley Nº 19.504 -a que he hecho alusión- para los profesionales de la educación, no sean absorbidos por la planilla suplementaria a que se refiere el artículo 4º transitorio de la ley Nº 19.410.

En cuanto al financiamiento, el Ejecutivo señala en el mensaje -y así también lo planteó el señor Ministro en la Comisión de Educación, que presido- que se hizo entrega " a todos los sostenedores de la totalidad de los recursos necesarios para su pago.".

¿Por qué es necesaria esta clarificación? Porque algunas contralorías regionales han hecho interpretaciones que han impedido a los alcaldes realizar ese pago y normalizar la situación, que, como señalé ayer, ha devenido en dificultades y conflictos. Solamente en Concepción hay cerca de mil 500 profesores que se encuentran movilizados desde hace bastantes días. Y a través del país hay diferentes ciudades que enfrentan el mismo problema. Son alrededor de 5 mil los profesores que no están desarrollando sus labores, o que efectúan diferentes manifestaciones como forma de presión.

Por las razones expuestas, y como se trata de normalizar la situación mediante este proyecto, que consta de un solo artículo, donde se faculta a los sostenedores para hacer estas cancelaciones y para cuyo pago se les entregaron los recursos, solicito a los señores Senadores que le demos nuestra aprobación, acogiendo así el clamor de diversos alcaldes y autoridades comunales.

Ése fue el motivo de la premura en estudiar la iniciativa. Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a la Comisión de Hacienda, cuyo Presidente , mi estimado amigo Senador señor Lavandero , también hizo todo lo posible para que Sus Señorías tuvieran hoy el informe de ese órgano técnico, además del de la Comisión de Educación.

No alargaré más esta intervención, en aras del rápido despacho de la iniciativa.

El señor LAVANDERO .-

Seré muy breve, dado que el informe entregado por el señor Presidente de la Comisión de Educación ha sido bastante completo.

Quiero destacar que el texto original el Ejecutivo facultaba a los sostenedores del sector municipal para pagar el aumento de que se trata. Por razones que no comprendo, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados tal facultad se transformó en una obligación, lo cual, evidentemente, podía generar la inconstitucionalidad del proyecto, ya que la indicación pertinente no tenía el respaldo del Presidente de la República.

Ante esa circunstancia, me contacté con el Presidente de nuestra Comisión de Educación , Senador señor Muñoz Barra , y le advertí sobre el particular. Esa Comisión procedió a reponer el texto facultativo.

Por nuestra parte, en la Comisión de Hacienda aprobamos una indicación para dejar claramente establecido que el pago debía hacerse a partir de la misma fecha contemplada en el artículo 12 de la ley Nº 19.504, puesto que los fondos pertinentes se imputaron en su oportunidad a la partida 09-20-01.

Los recursos para financiar la totalidad de la ley Nº 19.504 alcanzan a 30 mil millones de pesos para 1997, y se encuentran consignados en la partida mencionada. En 1998 ascenderán a 60 mil millones de pesos.

Como el proyecto se refiere, específicamente, a las normas pertinentes de la ley Nº 19.504, se halla totalmente financiado y la Comisión de Hacienda no tuvo inconveniente en aprobarlo por unanimidad.

Es cuanto puedo informar.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, como se ha dicho aquí, el origen de esta iniciativa corresponde al artículo 26 transitorio de la Ley de Estatuto Docente, que a su vez -se trata de un texto refundido- es el artículo 4º transitorio de la ley Nº 19.410, publicada en septiembre de 1995. Allí nació el llamado "complemento de zona", denominación sui generis para cierto tipo de remuneraciones de los trabajadores. El Estatuto Docente habla de renta básica y de distintas asignaciones, y esto se llama así: "complemento de zona", que es, por lo demás, el que ha originado los problemas a que me referiré.

Al igual que el Presidente de la Comisión de Educación, haré un breve recuento de lo que ha sido la asignación de zona para el personal de la enseñanza municipalizada, el que, hasta 1981, tenía el carácter de fiscal, pues pertenecía al Ministerio de Educación. Hasta esa fecha estos funcionarios tenían derecho a la asignación de zona, beneficio especialísimo del cual gozan los empleados fiscales. Hago presente que existe consenso, entre quienes manejan el tema de las remuneraciones del sector público, en cuanto a que este beneficio debería reexaminarse, porque no corresponde a los factores que la ley señala para otorgarlo: aislamiento y costo de vida.

Por distintos motivos -presiones de las regiones, factores de tipo histórico o de evolución, pues ésta es una asignación muy antigua-, más profesores han ido accediendo a esta asignación, de manera que hoy día no todos los que debieran la reciben y hay muchos que no deberían recibirla.

Cuando en 1981 se produjo el traspaso, estos funcionarios perdieron la asignación de zona, contrariamente a lo sostenido aquí por el Presidente de la Comisión de Educación. Sólo tenían una remuneración global que no correspondía a zona porque ésta no existe. Yo he visto numerosísimos contratos de trabajo y este beneficio no estaba contemplado como asignación de zona.

En 1991, la ley Nº 19.070, sobre Estatuto Docente, otorgó a los profesionales de la educación que se desempeñaban en las localidades...

El señor MUÑOZ BARRA.-

¿Me permite una interrupción, señora Senadora, con la venia de la Mesa?

El señor ROMERO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , los profesores que en ese tiempo eran funcionarios fiscales tenían asignación de zona y el Ejecutivo entendió que eso se traspasaba en igualdad de condiciones al sector municipalizado; por ello, aumentó la USE en el porcentaje que la asignación de zona tenía en cada sector del país.

Lo que ocurrió fue que no se tituló la asignación de zona como tal, lo que llevó a diferentes interpretaciones.

Gracias, señora Senadora.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , lo que he hecho presente es que en 1981, cuando se hizo el traspaso a los municipios, los profesores empezaron a regirse por el Código del Trabajo, que no establece el incremento por zona. He sostenido, ratificando lo dicho por el Honorable señor Muñoz Barra , que la ley Nº 19.070 otorgó una cosa rara que llamó "complemento de zona", que es lo que ha originado todos los problemas sobre la materia.

Se dijo que esto no implicaba aumento de la remuneración básica mensual, etcétera. Interpretando normas clarísimas de la ley Nº 19.070, en su tenor literal, la Contraloría señaló que el complemento adicional no tiene el carácter de remuneración -lo dice la ley- y que no se imputaba a la planilla suplementaria, que nació con motivo del Estatuto Docente. Ello generó problemas de hecho en los distintos municipios del país; hubo algunos que no pagaron nada. La verdad es que hasta el 1º de enero de 1994 era facultativo hacerlo, lo que está absolutamente claro. Sólo a partir de entonces comenzó a ser obligatorio. Desde la aprobación del Estatuto Docente, en 1990, hubo quienes pagaron y quienes no, situación que es correcta, porque -como dije- era facultativo. Pero también, entre los que pagaron, hubo algunos que imputaron a la planilla suplementaria y otros que no lo hicieron. En otras palabras, en cuanto al llamado "complemento adicional", se produjo la anarquía más completa.

Esta anomalía dio origen a muchísimos juicios en virtud de los cuales grupos de profesores -más o menos numerosos- que percibían el beneficio de zona, pero que no se les había pagado o que se les había imputado a la planilla, demandaban a las correspondientes municipalidades por las diferencias. Tales juicios implicaban recursos cuantiosos, lo que significó pagos sumamente elevados para los contribuyentes chilenos y una situación de gravedad e insolvencia para los municipios. Recuerdo el caso de la Municipalidad de Coihaique que prácticamente estuvo cerrada, porque no tenía un centavo más que pagar a raíz de los juicios por los cuales estaba siendo embargada.

Con el objeto de remediar esa situación, se propuso una norma -corresponde al artículo 4º transitorio de la ley Nº 19.410- según la cual se estableció que el "complemento de zona" se iba a imputar a la remuneración adicional determinada por el Estatuto Docente a contar del día 1 del mes siguiente al de la fecha de publicación de esta ley. Pero también estipuló que a los profesionales de la educación que se les estuviere pagando el "complemento de zona" sin imputarlo a la remuneración adicional se les continuará pagando por planilla suplementaria. Ése es el tema de fondo. El legislador consagró que dicha planilla suplementaria será reajustable de acuerdo con los reajustes generales del sector público, y sólo será absorbida por futuros incrementos de remuneraciones que puedan otorgarse por leyes especiales, quedando excluidos los reajustes generales y aumentos de remuneraciones derivados de la aplicación de la ley N° 19.070.

En consecuencia, conforme al tenor del artículo 4º transitorio de la ley 19.410, que reproduce el artículo 26 transitorio del Estatuto Docente en su texto refundido, la planilla suplementaria se absorbe por los aumentos futuros de remuneraciones.

En esas condiciones, se publicó la ley Nº 19.504 en mayo de 1997, que estableció un incremento del valor de la hora cronológica mínima. Entonces, con arreglo al claro sentido de la planilla suplementaria, que se absorbe por aumentos de remuneraciones posteriores, esto debió imputarse a la planilla. Y, por lo tanto, sobre la base de la ley N° 19.504, quienes perciben hoy remuneración más planilla debieron sólo percibir diferencias o nada, según el monto de su planilla suplementaria. En consecuencia, con motivo de la ley 19.504, en el hecho, los profesores reciben menos remuneración por un efecto natural de imputación a la planilla. Ello naturalmente ha generado una suerte de presión de estos profesionales para recibir la remuneración sin imputación a la planilla.

El proyecto del Ejecutivo faculta a las municipalidades para no imputar el mejoramiento de remuneraciones a la planilla; o sea, algunos municipios lo harán, y otros, no. La Cámara de Diputados estableció la obligación de imputar, pero se trata de una imposición para cuya introducción carecía de competencia. Y el Senado acogió el planteamiento del Ejecutivo que faculta a los municipios para conceder o no el mejoramiento, sin imputarlo a la planilla suplementaria.

Señor Presidente , esta materia me merece varias observaciones.

En primer lugar, aquí estamos hablando de sumas que son cuantiosísimas. El costo por concepto de "complemento de zona", a enero de 1994 -dispongo de la información desde que estudié lo relativo a la planilla suplementaria-, era de 13 mil millones de pesos. Hay juicios pendientes por 6 mil millones de pesos u 8 mil millones de pesos, que son cantidades realmente astronómicas.

Por esa razón, nosotros deberíamos ser particularmente cuidadosos -y exigir este mismo proceder- en el otorgamiento de estos beneficios económicos, los que, si no se otorgan en condiciones claras, perjudican derechamente a todos los chilenos, a la educación y a las municipalidades. Por eso, hice presente este problema desde el momento que empecé mi intervención.

El "complemento de zona", que estableció la ley N° 19.070, fue muy mal concebido, y ello ha generado todas las dificultades planteadas. Y esto debería originar responsabilidades en quienes diseñaron y aplicaron un sistema que causó la ruina de muchas municipalidades. A mi juicio, no podemos seguir haciendo leyes defectuosas en esta materia.

Desde esa perspectiva, ¿qué ocurre con el proyecto en análisis? El mensaje contiene una serie de afirmaciones que son francamente poco felices. Se establece, por ejemplo, lo que significa el incremento del complemento de zona, aun cuando lo que se imputa en la planilla es el mejoramiento, y no dicho complemento. ¿Por qué se hacen observaciones equívocas que, en definitiva, generarán nuevos juicios y nuevas responsabilidades a los municipios?

Los juicios a las entidades edilicias, aparte de significarles desembolsos, representan para ellas tener que asumir el costo de su defensa y, además, pagar las costas de quienes las demandan. Realmente, es un tema muy delicado.

Quiero llamar la atención sobre el financiamiento del proyecto.

El informe de la Comisión de Hacienda señala -a mi juicio, correctamente- que la iniciativa faculta para otorgar dicho mejoramiento sin que disminuya la planilla suplementaria correspondiente, ya que ésta, por ser una asignación especial, debería producir tal disminución, lo que se evita con la aprobación de la iniciativa. Sin embargo, inmediatamente agrega que el proyecto no implica mayor costo. ¿En qué quedamos? Si esto no debe imputarse y hay que pagarlo, ¿cómo una ley que faculta para otorgar el beneficio, más allá de la imputación, no va a significar costo? Podrá no representar mayor gasto al Fisco, que no está dispuesto a entregar los recursos, pero el desembolso por parte de los municipios resulta evidente.

Llamo la atención de la Corporación al respecto, porque los municipios no han sido oídos y, sin duda, esto nuevamente generará problemas en ellos, pues deberán afrontar un gasto sin haber sido dotados de los recursos correspondientes.

En 1995, cuando precisamente se discutió lo atinente a la planilla suplementaria y al complemento de zona, la Asociación de Municipalidades se dirigió a los Senadores para señalar la gravedad del tema, puesto que se estaban aprobando leyes que las obligaban a incurrir en gastos sin proveerlas de los fondos respectivos.

Por todas estas razones, llamo la atención del Senado, pues las normas sobre materias de remuneraciones deben ser claras, y no equívocas. Por su parte, los mensajes deben contener las ideas matrices, pero señalar hechos ciertos, y no unos que no corresponden a la realidad.

Señor Presidente , el proyecto debe indicar el costo que representará para los municipios, porque el incremento otorgado a la USE debe entenderse como una entrega para que las municipalidades paguen los beneficios económicos de acuerdo con las leyes vigentes, y no con las que habrán de modificarse a futuro.

Éstas son las observaciones que deseaba hacer sobre el proyecto, el cual me parece altamente delicado en los términos de una legislación que cada vez entrega más obligaciones y responsabilidades a los gobiernos comunales, sin dotarlos de los recursos correspondientes para poder afrontar los gastos.

He dicho.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente, comparto el interés de la Mesa en despachar lo más pronto posible la iniciativa. Quienes somos miembros de la Comisión de Educación también hacemos un esfuerzo para lograr su aprobación, porque concierne a un tema que hoy se halla en el debate público y ha generado conflictos en el sector.

La relación hecha por el Presidente de la Comisión de Educación, así como los planteamientos formulados por la Honorable señora Feliú , señalan exactamente cuál es el tema en el que estamos comprometidos. Sin embargo, la interpretación que nosotros le damos, en cuanto a las secuencias y consecuencias que se produzcan respecto a la materia, no corresponde a tales observaciones.

Primero, la iniciativa no produce daño a la educación. Por el contrario, estamos tratando de dar solución a la interpretación de una o varias leyes que, en definitiva, generaron una situación difícil para un sector importante de profesores.

Segundo, no existe un problema de desfinanciamiento, porque los fondos están incluidos en la normativa pertinente y se han entregado a los sostenedores, según señaló el propio Ministro de Educación en la Comisión.

Tercero, se trata de resolver un tema que se arrastra desde hace por lo menos tres o cuatro años, como consecuencia de situaciones que anteriormente fueron descritas en la Sala.

En ese marco y en esa condición, y contando con la disposición del Ejecutivo para aportar los fondos pertinentes, la del Legislativo para resolver los problemas de interpretación de la ley y la de los trabajadores de la educación para enfrentar una situación de suyo compleja, resulta lógico, natural, conveniente y útil que el Senado apruebe esta iniciativa en los términos propuestos, a fin de que podamos solucionar un problema que se ha prolongado más allá de lo conveniente y que no producirá, por de pronto, ninguna consecuencia negativa.

El señor MUÑOZ BARRA .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

El señor Presidente de la Comisión de Educación me ha pedido una interrupción.

Con la venia de la Mesa, se la concedo con mucho gusto.

El señor ROMERO (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Simplemente, quiero responder los planteamientos de la Senadora señora Feliú referidos a la cuestión de financiamiento.

Si sus Señorías leen el informe de la Comisión de Hacienda, en su página 4 señala:

"Se deja constancia que la iniciativa de ley en estudio no implica un mayor gasto fiscal por cuanto su financiamiento quedó comprendido en la ley Nº 19.504, de 31 de mayo de 1997. Dichos fondos se imputaron en su oportunidad" -y lo establece claramente- "a la partida 09-20-01, Subvenciones a Establecimientos Educacionales, del Ministerio de Educación y, en lo que faltare," -agrega la Comisión- "deberán transferirse desde la provisión para financiamientos comprometidos de la partida Operaciones Complementarias del Tesoro Público del presupuesto vigente.".

Por lo tanto, curiosamente, los recursos ya existen. Y son los propios alcaldes quienes están presionando para que despachemos a la mayor brevedad el proyecto, que les entrega la facultad de pagar el beneficio.

Gracias, señor Senador.

El señor ROMERO (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , termino señalando que los Senadores demócratacristianos votaremos favorablemente el proyecto.

He dicho.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, antes de poner en votación la iniciativa, deseo hacer una consulta y solicitar una aclaración al señor Presidente de la Comisión de Educación , ya que el Ministro del ramo no se encuentra presente en la Sala.

Cuando el Congreso Nacional analizó el proyecto original de Estatuto Docente, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, se planteó oportunamente el problema de la asignación de zona. Y la autoridad de la época no lo dejó establecido, generando un espacio de confusión. Sin embargo, sí quedó claro que las asignaciones de Unidades de Subvención Educacional venían con el complemento de zona, a fin de prever estas dificultades.

En ciertos casos, esta confusión generó algunos problemas de pagos fraccionados, los cuales se debían completar en una fecha determinada, establecida por la ley, hasta llegar al 100 por ciento. Algunos municipios lo hicieron; otros, no.

Esto provocó reclamos gremiales justos, y muchos docentes iniciaron juicios de alto costo para ellos, porque finalmente los gastos judiciales serían descontados de las asignaciones de zona que perciben o deberían percibir.

Por otro lado, persisten dudas en algunas municipalidades que, en su oportunidad, dispusieron tal vez de estos fondos, pero los destinaron a otros fines.

En tal sentido, quiero plantear mi inquietud al señor Presidente de la Comisión de Educación, entendiendo los beneficios del proyecto, en cuanto pueda aclarar estas situaciones para que, de una vez por todas, los profesores reciban el complemento de zona que se les adeuda, y evitar que este cuerpo legal se transforme en un blanqueo de situaciones anormales.

Ésas son mis consultas.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , efectivamente lo que plantea el Senador señor Horvath ocurrió: se entregaron los recursos para el complemento de zona. Y sucedió que tales fondos iban incrementados en las USE respectivas. Al no existir un título específico para su asignación -como señalé anteriormente-, muchos alcaldes entendieron que debían pagar tal porcentaje aumentado con la USE; sin embargo, otros no lo entendieron así. En efecto, algunos ocuparon los recursos para otros fines. Posteriormente, tal situación salió a la luz y comenzó el proceso de regularización.

Esta iniciativa pretende normalizar todas las situaciones un tanto complejas. Y en ese sentido no habrá un cálculo transaccional, como -me da la impresión- teme el Senador señor Horvath , donde los alcaldes digan: "Mire, señor. En lugar de cancelar el 25 por ciento, le pagaré el 10 o el 12 por ciento.". ¡No! Deben pagar lo que legalmente percibía ese profesor al momento de pertenecer al sistema público.

Estas explicaciones pueden satisfacer las dudas del Senador señor Horvath.

La señora FELIÚ.-

No, señor Presidente. Yo me abstengo, pues los municipios no han sido escuchados, y toda esta clase de proyectos genera múltiples problemas financieros.

Además, el problema de la planilla suplementaria debe afrontarse, o dejándola sin efecto, o bien aplicándola, pero no en la forma que plantea el texto, que me parece inconveniente.

El señor LARRE.-

Señor Presidente, voy a votar a favor, pero quiero solidarizar con el planteamiento de la Senadora señora Feliú, en el sentido de que esta Alta Cámara, antes de adoptar cualquier determinación en materias relacionadas con la educación y la salud municipales, consulte a las Corporaciones afectadas. La verdad es que la información que aquí se nos entrega no es efectiva en el plano comunal, porque muchos de los déficit municipales se deben, justamente, a la carga de mayores gastos o inversiones en educación y salud.

De todos modos, apruebo.

El señor COOPER.-

Señor Presidente , comprendo perfectamente el problema que se busca solucionar con el proyecto, pero he sido reiterativo en cuanto a la dificultad que se crea a las municipalidades, tanto en el ámbito de la salud como en el de la educación, con iniciativas de esta naturaleza, que no consideran la situación particular de cada uno de los municipios, los cuales, en definitiva, terminan dejando de atender las obligaciones que les son propias para suplir los déficit que generan proyectos que, como el que nos ocupa, no han sido suficientemente estudiados.

Me abstengo.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , el hecho de que cierto beneficio fuera pagado de más, por así decirlo, a algunos funcionarios, motivó la creación de una planilla suplementaria que, de acuerdo con la ley, sería absorbida por futuros incrementos. Si ahora se trata de un aumento de remuneraciones, debe aplicarse la ley; de lo contrario, debe proponerse derechamente la supresión de la planilla.

El sistema que emplea el proyecto es altamente inconveniente. Permite que un aumento de remuneraciones no sea imputado a dicha planilla, so pretexto de la existencia de una huelga. ¿Y qué pasa con las municipalidades que se encuentran en esta situación? ¡La verdad es que las municipalidades están pagando actualmente, a través de la USE, un monto superior al que desembolsan todas sus similares y, en consecuencia, hoy día compensan, por así decirlo! Al establecerles la obligación que señala el proyecto, les vamos a imponer un gravamen, cuya magnitud se desconoce, y sin siquiera haberlas escuchado.

Por tal motivo, me abstengo.

El señor HAMILTON .-

Señor Presidente, varios señores Senadores han expresado que los municipios no fueron consultados. Sin embargo, el Honorable señor Ruiz-Esquide , que es nuestro representante en la Comisión de Educación, me ha indicado que no sólo se les solicitó su opinión, sino que fueron ellos mismos los que pidieron dar curso a la iniciativa.

Voto que sí.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , voy a votar favorablemente esta iniciativa, dejando constancia de mi adhesión a los planteamientos formulados por la Honorable señora Feliú.

Pienso que el proyecto no resuelve la gran cantidad de problemas que existen en el ámbito docente, por cuanto aún no se ha enterado a los profesores una serie de asignaciones. Y esos problemas se van a mantener hasta el día en que el Fisco asuma su responsabilidad en la deuda, que cada día crece más, para con el personal municipalizado.

Con todo, voto que sí.

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente, yo me alegro de este proyecto, porque viene a solucionar una situación que, como se ha indicado aquí, en forma muy documentada, se arrastra desde hace mucho. Es efectivo que él no resuelve todos los problemas pendientes en la educación, ni los que originó el traspaso de la misma a las municipalidades, pero no hay que olvidar que dicho proceso se llevó a cabo antes de los Gobiernos de la Concertación, y que fueron éstos los que empezaron a corregir las fallas derivadas del mencionado traspaso. Éste, efectuado sin consultar a nadie y en forma arbitraria, provocó una serie de dificultades en la educación -especialmente en lo que se refiere a las remuneraciones de los profesores-, las cuales se han venido corrigiendo paulatinamente durante estos años.

Reconozco que el proyecto no resuelve el problema en su totalidad, pero creo que significa un avance importante en la materia.

Por eso, voto a favor.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , quiero precisar algunas cosas que han sido motivo de preocupación por parte de los señores Senadores.

Primero: éste es un proyecto en el cual todos los actores están de acuerdo: Gobierno, municipalidades y profesores.

Segundo: los municipios cuentan con el financiamiento para efectuar el pago, pero no lo han podido hacer porque no tienen la facultad legal para ello, por todas las consideraciones que aquí se han indicado. Por eso, hemos recibido una petición expresa y oficial del Secretario General de la Asociación Chilena de Municipalidades, el Alcalde de Concepción , en orden a despachar la iniciativa y así resolver esa dificultad a los cuerpos comunales.

Tercero: como he señalado, los recursos ya fueron otorgados por una ley anterior, de manera tal que aquí no hay problema de desfinanciamiento.

Y cuarto: comprendo la preocupación de algunos señores Senadores en cuanto a recabar la opinión de las municipalidades en los temas relacionados con la salud y la educación, pero debo decir que, en lo que respecta a nuestra Comisión, ello siempre se ha hecho, e incluso hemos contado con la permanente asesoría de los municipios.

Ahora, por supuesto que existen problemas en la educación municipalizada, al igual que en la salud municipal, pero ellos se deben a circunstancias que se arrastran desde hace largo tiempo. En lo personal, he expresado mis reservas acerca del modelo municipal en ambas áreas, porque tiene conflictos muy grandes y, a mi juicio, debió haber sido resuelto de una manera distinta. Pero eso no colisiona con el proyecto que estamos tratando hoy día, que busca resolver un problema concreto.

Por mi conocimiento del tema, puedo asegurar a los señores Senadores que la finalidad de la iniciativa es solucionar, de la mejor forma posible, una situación muy puntual. Y, como el proyecto ha recibido el apoyo de todas las partes involucradas (Gobierno, municipalidades y profesores), debo suponer que se trata de un buen proyecto.

Voto que sí.

El señor THAYER .-

Señor Presidente, votaré favorablemente el proyecto casi aplicando la teoría del mar menor. La información que tuvimos en la Comisión, como se ha dicho, es que los municipios consultados estaban pidiendo su aprobación.

Tengo la impresión de que nos falta todavía en nuestro sistema institucional alguna forma más auténtica y clara, en cuanto a que el Senado en particular y el Parlamento en general, al momento de resolver el proyecto de ley que afecta patrimonios o presupuestos de entidades autónomas, tengan la certeza de que todos los entes afectados han manifestado su opinión.

Se me ocurre que algunas municipalidades tal vez deban enfrentar pagos para cuyo financiamiento van a tener problemas. Probablemente en otros casos no sea así. Y efectivamente ciertas municipalidades han estado pagando, pero en forma distinta. Esto de alguna manera tiene que esclarecerse.

A mi juicio, el proyecto apunta en la línea de buscar una solución que, ciertamente, no es "la solución".

El debate ha sido muy enriquecedor -yo no lo seguí aquí en la Sala, pero sí por los parlantes-, y pienso que el Ejecutivo tomará debida nota de los antecedentes entregados para adoptar, a su vez, las medidas que eviten consecuencias ulteriores que pudieran ser confusas o conflictivas.

Entre tanto, voto que sí.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , he seguido con el mayor interés el debate; y debo confesar que, tal vez por estar un poco perturbado, no he encontrado la explicación adecuada de algunas materias.

Con respecto al financiamiento, se ha dicho que se consultaron en su oportunidad los recursos pertinentes. Pero he escuchado también del Presidente de la Comisión de que con los recursos respectivos algunas municipalidades efectuaron estos pagos, pero que otras los destinaron a necesidades diferentes. Entonces, obviamente surge la duda acerca de cómo aquellas que destinaron los recursos a otros fines van a hacer los pagos de que aquí se habla.

Para despejar las dudas existentes acerca de cómo debía actuarse , la ley -dado el problema del patrocinio del Ejecutivo-, en el texto que estamos aprobando, faculta a los sostenedores del sistema municipal para hacer tal cosa. En la norma de la Cámara de Diputados se establecía que "pagarán a los profesionales", con lo cual podría suceder que la ley futura no solucionara el problema integralmente, porque algunos de los sostenedores podrían no cumplir tal obligación. Son dudas que naturalmente surgen.

Quiero entender que existe ánimo de avanzar en ese camino y de que el proyecto haga posible el pago a los profesores que fueron postergados, aunque subsisten, como digo, las dudas anteriores.

Por ello, voy a dar mi aprobación al proyecto, pues, de alguna manera, va a contribuir a la solución del problema, lamentando que no se precisara su alcance debidamente y no se diera al menos a este problema un corte definitivo, estableciéndose una obligación y no una simple facultad, como podría entenderse la que existía antes.

Por ello, y con esa reserva, voto a favor.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , yo quiero también ratificar algunos hechos.

Primero, el que alguna municipalidad recibió recursos con un determinado objeto y los destinó a uno distinto es bastante delicado, porque pudo caer, incluso, en el delito de malversación, pues si se le entregaron dineros par pagar una obligación, debió destinarlos a ello.

En segundo término, de acuerdo con la consulta hecha por mí al presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades , a través del Senador que estuvo a cargo del estudio del proyecto en la Comisión respectiva, el Honorable señor Ruiz-Esquide , éste nos informa que se trata de un proyecto propiciado por la Asociación Nacional de Municipalidades; que los fondos existen y que lo que se necesita es precisamente la facultad para hacer los pagos. Y, por lo tanto, aquí no habría ni falta de información a las municipalidades, ni carencia de recursos en las municipalidades. Ésta es una iniciativa que les interesa fundamentalmente a ellas, para que puedan cumplir con una obligación que la ley les imponía. Entonces, lo que se está haciendo no es sino facultar a tales órganos edilicios para cumplir esa obligación.

Por lo tanto, no se justifican las observaciones de quienes han expresado sus prevenciones en cuanto al proyecto.

Por esas razones, voto que sí.

El señor LAGOS.-

Señor Presidente, en verdad, el proyecto viene a resolver un problema pendiente: la deuda que las municipalidades tienen en este momento con los profesores.

Y todos hemos sido testigos de la inmensa cantidad de juicios y el costo que ha significado para el Magisterio en general el haber tenido que demandar judicialmente el pago a las municipalidades.

Ciertos municipios en mi zona pagaron efectivamente; otros hicieron anticipos y algunos negociaron un sistema de pago. Pero la iniciativa faculta precisamente a las municipalidades para cumplir el compromiso adquirido con los profesores, sector que está muy decaído económicamente. Y creo que con ello se cumpliría en parte, además, la deuda que el país tiene con ellos.

Por eso, voto favorablemente.

El señor ROMERO ( Presidente ).-

A continuación, corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 46 del Código de Justicia Militar, originado en moción de diversos señores Diputados, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

85-07

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 31ª, en 9 de marzo de 1993.

Informe de Comisión:

Constitución, sesión 33ª, en 29 de agosto de 1996.

El señor LAGOS (Secretario).-

El objetivo principal del proyecto es conferir a los Secretarios de los Tribunales Militares las atribuciones y responsabilidades de los Archiveros Judiciales en lo que respecta a los expedientes afinados de la justicia militar.

Por las razones expuestas en el informe, la Comisión aprobó la iniciativa por tres votos contra uno. Votaron a favor los Senadores Hamilton, Otero y Sule, y en contra, el Honorable señor Fernández.

En la parte resolutiva, la Comisión propone a la Sala aprobar el proyecto despachado por la Cámara de Diputados, con las modificaciones que ella le incorporó.

El texto del proyecto consta de un artículo único, el que se transcribe al final del informe pertinente.

El señor HAMILTON .-

Señor Presidente, la iniciativa en debate tuvo su origen en una moción de los Diputados señores Elgueta , Gajardo y del ex Diputado señor Hernán Bosselin.

La mayoría de la Comisión sostuvo que, en la actualidad, no existe ninguna disposición de rango legal que encomiende a un funcionario público el archivo y custodia de los procesos, libros y documentos de la justicia militar.

Si bien por mandato de la enmienda introducida en 1988 al régimen del Archivo Nacional las normas sobre archivo y eliminación de documentos están entregadas a la reglamentación institucional de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, median razones de certeza jurídica y de interés social en que en aquellos que se generan en el ejercicio de la justicia militar, en particular, se sujeten a reglas similares a las que rigen los procesos, libros y documentos de la jurisdicción común.

Sobre esa base de unidad de criterio respecto de los documentos de orden jurisdiccional, hemos estimado que la especialidad de la jurisdicción militar debe ser recogida en tres aspectos diferentes.

Por un lado, asignar las funciones de archivo, custodia y demás anexos, a un funcionario militar y no a un auxiliar de la Administración de Justicia, como es el Archivero Judicial. Para este efecto se compartió la idea consignada en el texto aprobado en el primer trámite constitucional, en orden a que, por su carácter de Ministro de Fe , resulta apropiado que el Secretario de cada Juzgado institucional desarrolle dichas tareas.

Por otra parte, se hace la salvedad que esas obligaciones le incumbirían a los Secretarios de Juzgados, sin perjuicio de que, por vía reglamentaria, se complementen mediante reglas -que incluso pueden ser diferentes para cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile- sobre los plazos o condiciones que, por su cumplimiento, pondrán término a la custodia y permitirán la disposición ulterior de esos documentos, por aplicación de la norma general relativa a estos instrumentos que consagran las disposiciones sobre el Archivo Nacional.

Por último, se reconoce la diferencia que existe entre las situaciones propias de tiempo de paz y aquellas que se produzcan en tiempo de guerra, tanto respecto de la falta de funcionamiento de los juzgados institucionales -y por ende la imposibilidad de aplicar las reglas sobre archivos por parte de los Secretarios de esos juzgados-, como en cuanto a la particularidad de que sean los Oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros los que ejerzan las funciones de archivo y custodia de los documentos relativos a la justicia militar.

En tal sentido, pareció aconsejable a la mayoría de la Comisión hacer recaer sobre los Oficiales de las Fuerzas Armadas que tengan a su cargo el archivo y custodia de los referidos procesos, libros o documentos durante el tiempo de guerra, aun cuando no tengan la calidad de secretarios, solamente la obligación de remitirlos al Secretario del Juzgado institucional tan pronto se reanude el funcionamiento de los tribunales militares en tiempo de paz.

El proyecto fue aprobado, con algunas enmiendas, por la mayoría de la Comisión, la que sugiere a la Sala adoptar igual resolución.

La iniciativa consta de un artículo único, y me parece que no ha sido objeto de indicaciones en la Sala.

El señor OTERO .-

Señor Presidente, este tema fue ampliamente debatido en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y existe el deseo de presentar indicaciones. Por lo tanto, estimo que lo más práctico es aprobarlo en general y que la Comisión estudie las indicaciones que se le formulen, a fin de que la Sala se pronuncie posteriormente sobre ellas.

Aquí hay dos materias distintas: la referente a los tribunales militares en tiempo de paz y la relativa a ellos en tiempo de guerra.

Como existe inquietud por parte de algunos señores Senadores sobre el texto aprobado por la Comisión, lo lógico es que ahora se apruebe la idea de legislar; que se formulen y estudien las indicaciones, y luego, que el Senado se pronuncie sobre el texto definitivo, en el sentido de aprobarlo o rechazarlo, o bien, si acepta una parte y no otra.

El señor ROMERO (Presidente).-

Proyecto, en segundo trámite constitucional, que habilita a deudores de la Corporación de Fomento de la Producción para participar directamente en la licitación de sus deudas, iniciado en moción de diversos señores Diputados, con informe de la Comisión de Economía.

1495-03

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 4ª, en 10 de octubre de 1995.

Informe de Comisión:

Economía, sesión 23ª, en 31 de julio de 1996.

El señor LAGOS ( Secretario ).-

La Comisión propone el archivo del proyecto, y hace presente que, mediante oficio Nº 3033, de 15 de mayo de 1996, el Ministro Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción señaló, en respuesta a la petición de antecedentes que se le formulara, que "dicho Proyecto de Ley resulta totalmente extemporáneo y carente de eficacia, por cuanto la Corporación, como es de público conocimiento, con fecha 21 de marzo de 1995, procedió a liquidar íntegramente su cartera de créditos.".

-Para acceder a lo propuesto por la Comisión se requiere el acuerdo previo de la Cámara de Diputados, porque el proyecto se encuentra, en este momento, en esa Corporación.

El señor ROMERO ( Presidente ).-

Proyecto, en segundo trámite constitucional, que crea como categoría de ingreso de extranjeros al país la de habitantes de zonas fronterizas, originado en mensaje, y con informes de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Relaciones Exteriores.

1113-06

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 51ª, en 7 de marzo de 1995.

Informes de Comisión:

Gobierno, sesión 6ª, en 30 de octubre de 1996.

Relaciones Exteriores, sesión 54ª, en 20 de mayo de 1997.

El señor LAGOS ( Secretario ).-

La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización señala en su informe que la Comisión Argentino-Chilena de Complementación Económica e Integración Física se ha venido preocupando de agilizar los trámites que faciliten el tráfico fronterizo vecinal mediante el empleo de un documento denominado Tarjeta Vecinal Fronteriza.

La idea principal del proyecto -según el informe- es crear una nueva categoría migratoria, la de habitante de zona fronteriza, diferente de las otras cuatro que reconoce la Ley de Extranjería, como son la de turista, de residente, de residente oficial y de inmigrante.

Puesta en votación la iniciativa, la Comisión aprobó la idea de legislar por dos votos contra uno. Votaron a favor de la proposición la Senadora señora Frei y el Honorable señor Núñez, y en contra lo hizo el Senador señor Cantuarias. En lo que atañe a la discusión particular, el informe hace una relación de las normas del proyecto, de los debates habidos y de los acuerdos que la Comisión adoptó al respecto. Y, en su parte resolutiva, propone al Senado aprobar el proyecto de la Cámara de Diputados con las modificaciones que indica. La iniciativa consta de tres artículos.

Por su parte, la Comisión de Relaciones Exteriores acordó aprobar el proyecto de la Comisión de Gobierno con las enmiendas que figuran en su informe. En el texto propuesto por la Comisión de Relaciones Exteriores deben basarse la discusión general y la particular de la iniciativa.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente , analizamos esta iniciativa con bastante detención en la Comisión de Gobierno, porque, como en su momento lo señaló el Honorable señor Cantuarias al fundar su voto, existían ciertas dudas sobre la legalidad del procedimiento propuesto por el Ejecutivo para facilitar el tráfico fronterizo a los habitantes de las Regiones Undécima y Duodécima, que son los que con mayor frecuencia deben viajar al vecino país a comprar o a vender diversos productos. Según se nos manifestó en esa ocasión, el flujo fronterizo de personas es sumamente intenso. En Argentina, en virtud de las disposiciones de un acuerdo bilateral entre nuestros países, se dan ciertas facilidades en este sentido, y el propósito es que nuestros connacionales también las tengan en el momento de salir del país y al regresar a él, a fin de que, por medio de un documento denominado Tarjeta Vecinal Fronteriza, puedan cruzar la frontera con mayor expedición y, naturalmente, sin afectar la seguridad nacional.

Esta modalidad favorecerá básicamente a las dos regiones mencionadas, pues en el norte del país no se da la misma situación. Por estas razones, después de un estudio exhaustivo de la iniciativa, a la cual se introdujeron las enmiendas señaladas en el informe, procedimos a su aprobación, tal como lo hizo también posteriormente la Comisión de Relaciones Exteriores, la que, según entiendo, efectuó también diversas consultas a organismos de Gobierno como la Dirección Nacional de Fronteras y Límites y el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, los que siempre estuvieron dispuestos a absolver las dudas planteadas por algunos señores Senadores.

En consecuencia, nos permitimos solicitar a la Sala la aprobación del proyecto.

El señor HORVATH.-

Efectivamente, como lo consigna el informe, ésta es una iniciativa destinada al perfeccionamiento de algunos acuerdos logrados en la Comisión Argentino-Chilena de Complementación Económica e Integración Física. En verdad, las disposiciones del proyecto tendrán frecuente aplicación -de la que somos testigos-, no sólo en las Regiones Undécima y Duodécima, sino también en muchos otros lugares de nuestro territorio donde existen problemas de acceso, por falta de caminos, condiciones climáticas, etcétera. Sin embargo, las reservas planteadas por un integrante de la Comisión de Gobierno, en el sentido de que todas estas materias se dejan sujetas a reglamentación, especialmente la determinación de puntos geográficos y lo relativo a los derechos por el uso de la tarjeta, demuestran que el proyecto amerita una revisión con mayor profundidad, no sólo desde el punto de vista constitucional, sino en sus aspectos prácticos. Asimismo, después de analizar el tema con el Senador por la Primera Región don Julio Lagos, hemos comprobado que hay serios riesgos, por ejemplo, en lo atinente a la internación de droga.

Considero que, en general, la idea propuesta es positiva, pero lo relativo a su materialización debiera ser objeto de una revisión acuciosa y perfeccionada mediante las indicaciones correspondientes.

El señor FERNÁNDEZ .-

Señor Presidente, concuerdo con la idea planteada en el proyecto en el sentido de facilitar el tráfico fronterizo a las personas radicadas en localidades aledañas a la frontera, especialmente en las Regiones Undécima y Duodécima. Ello, porque cada día el intercambio de habitantes entre uno y otro país es mayor, y porque numerosos extranjeros también tienen interés en estar permanentemente vinculados con nuestro territorio, pero sus posibilidades se ven limitadas con los actuales trámites. Como la iniciativa crea una categoría migratoria especial, la de habitante de zona fronteriza, debemos entender que la facultad que se otorga al Presidente de la República es para facilitar el ingreso de esas personas a nuestro país, ya sea por razones familiares, comerciales o de cualquier otra índole. Considero que la existencia de ese flujo de personas contribuye al desarrollo de la zona, pues algunas están unidas a ella por vínculos familiares muy arraigados, especialmente en la Duodécima Región y en la Región de Aysén.

Sin perjuicio de las indicaciones que se puedan presentar para perfeccionar el proyecto, considero oportuna y necesaria la idea de legislar al respecto, y por las razones mencionadas, soy partidario de aprobarla. Me parece obvio que el analizar lo referente a la fijación de las tarifas a través de la dictación de un reglamento constituye una materia delicada, y habría que estudiarla desde el punto de vista de la constitucionalidad, por cuanto en el caso de que las tarifas sean consideradas impuesto, no podrían ser objeto de una delegación de facultades, como aquí se está concibiendo. Sin embargo, hay opiniones en el sentido de que las tarifas no tienen el carácter de tributo y, en consecuencia, sería factible la delegación en esta materia.

Por tales razones, anuncio mi voto favorable al proyecto.

El señor LAGOS .-

Señor Presidente, tanto en la Primera como en la Segunda Región hay gran actividad fronteriza, especialmente en la Primera, donde nuestro país no ha logrado desarrollar una economía que favorezca a las localidades cercanas a la frontera. Y, por ejemplo, en el lugar donde empieza Chile, donde convergen los pueblos peruanos de Parca y Charaña con General Lagos y Bisbiri, nos encontramos a diez metros de la frontera. Allí funcionan ferias todos los fines de semana, especialmente el sábado, y se congregan entre seiscientas y setecientas personas procedentes de Bolivia, Perú y Chile. Gracias a esas ferias, los lugareños han podido subsistir. Lo mismo ocurre en Colchane, zona ubicada prácticamente en la línea fronteriza. Y así están viviendo los ciudadanos altiplánicos chilenos del norte, quienes sufren grandes inconvenientes para cruzar la frontera.

Por lo tanto, necesitamos un expediente como el que pretende la iniciativa en discusión, a la cual formularé las indicaciones pertinentes. Sin embargo, muchos de mis Honorables colegas desconocen la realidad que se vive en esa Región. Podría mencionar muchas otras localidades, además de las que he nombrado. Asimismo, hay otras dificultades, que afectan a bolivianos y a peruanos, como problemas de salud, accidentes, etcétera, cuya solución, por razones climáticas, es a veces más expedita en el otro lado de la frontera. Para ello necesitamos un mecanismo, que perfectamente puede ser la tarjeta propuesta, a fin de que simplifique el asunto y constituya un apoyo al desarrollo de la economía que estos tres países están impulsando en esa zona.

He dicho.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , sólo quiero realizar algunas observaciones. No estuve en la Comisión de Relaciones Exteriores cuando se aprobó la iniciativa, pero igualmente me siento involucrado.

Es interesante leer en el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores que tanto el Senador señor Larre , que reemplazó al Honorable señor Pérez , como el Honorable señor Valdés manifestaron que estimaban conveniente no cobrar derechos por el otorgamiento de la tarjeta que se establece. Y los representantes del Ejecutivo , según consigna el informe, señalaron que, en todo caso, con el cobro de derechos -facultad contemplada en el artículo 6º del decreto ley Nº 1.094, de 1975- sólo se pretende recuperar el costo del documento. De modo que ya existe una norma que grava con determinada cantidad el otorgamiento del mismo.

La otra observación que deseo señalar se refiere a que prácticamente la única diferencia existente entre los proyectos aprobados por las Comisiones de Gobierno y de Relaciones Exteriores radica en la sanción dispuesta en el artículo 2º.

El texto aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores contempla más posibilidades de sanción, pues establece que ésta podrá consistir en amonestación escrita, abandono del territorio nacional o término del beneficio. En cambio, el artículo 2º de la Comisión de Gobierno expresa que la sanción será el inmediato abandono del territorio nacional y el término del beneficio. Entonces, prefiero lo aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores, porque otorga más facultades al respecto, ya que pueden darse muchas circunstancias, y no sólo establece la expulsión inmediata del territorio. Considera una amonestación escrita, esto es, una especie de "tarjeta amarilla", y no forzosamente "roja" por la primera infracción cometida. Entonces, soy partidario de que se apruebe el artículo 2º propuesto por la Comisión de Relaciones Exteriores. Pienso que el Senado estará de acuerdo en que deben otorgarse mayores posibilidades a la autoridad, para que sancione según la gravedad del caso.

He dicho.

El señor RUIZ (don José).-

Señor Presidente, cabe destacar dos elementos.

Primero, no son iguales las zonas aledañas a la frontera de la Primera Región que las de la Duodécima. Existen distintas realidades geográficas en los países limítrofes, e incluso relaciones diferentes entre ellos. Entonces, me parece muy bien que sea un reglamento del Ministerio del Interior el que establezca las zonas limítrofes, la duración de las tarjetas, la forma y procedimiento de su otorgamiento, el lapso de permanencia, etcétera, a fin de dar forma a lo planteado aquí como beneficio para los habitantes de las eventuales zonas fronterizas que se creen. Porque es muy difícil establecer en la ley cada uno de los elementos que puedan componer este tipo de beneficio.

Es necesario reconocer, por ejemplo, que existen situaciones como la de río Turbio con puerto Natales, donde el poblado del mineral está sólo a 30 kilómetros de este puerto, donde hay una relación permanente de gente que se traslada diariamente entre las dos localidades, tanto chilena como argentina, y viajan a través de los procedimientos habituales.

Es cierto que las propias autoridades han desarrollado allí una suerte de facilidades para el traslado de personal. Sin embargo, el proyecto tiende a dar una solución bastante más estable, mediante el otorgamiento de una tarjeta que permitirá pasar por los puestos fronterizos sin mayores dificultades.

Creo que éste es un buen avance, aunque existen elementos que podrían corregirse. Pero sugiero, como cuestión fundamental, que las dudas que queden con respecto a la iniciativa se resuelvan más bien por el mecanismo del reglamento que por medio del proyecto mismo, porque las situaciones son muy diferentes en las distintas fronteras de nuestro extenso territorio. De todas maneras, desde luego, votaremos a favor la iniciativa.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , formularé dos observaciones.

En primer lugar, me parece que éste es el tercer proyecto relacionado con extranjería. Desde hace muchos años -no sé si cuatro o cinco- se encuentra en el Congreso un proyecto sobre esta materia. Ahora debe estar en la Cámara de Diputados. Y cada vez que hemos planteado una modificación, ha sido totalmente distinta a la iniciativa que, como digo, debe estar tramitándose en esa rama legislativa.

Por lo tanto, estimo conveniente que ese proyecto sea definitivamente retirado y continuemos introduciendo -como lo hemos hecho hasta ahora- modificaciones directamente a la Ley de Extranjería, que viene de 1975. Deberíamos preocuparnos de una vez por todas de esta ley, que es bastante importante y respecto de la cual existen muchas dificultades.

Un segundo punto que estimo interesante dice relación con la facultad que se otorgaría al Ministro del Interior respecto a un área determinada. Al dar esta atribución señalamos que en esa área deben garantizarse la libertad, los movimientos, la seguridad individual de todos, incluyendo los argentinos que pasarán a nuestro territorio. Es una garantía claramente establecida en la Constitución Política. O sea, si en alguna forma limitamos la libertad y seguridad individuales, lo hacemos por intermedio del Ministro del Interior. Eso no me parece muy correcto. En muchas de las leyes que hemos despachado sobre estas materias, se ha puesto límite de 8 ó 10 kilómetros. Entonces, tal vez puede otorgarse al Ministro del Interior la atribución que deseamos, pero fijando el límite hasta dónde pueda ejercerla. Porque, en caso contrario, podría aplicarla totalmente hasta la costa o sin límites en cuanto a la profundidad, lo que equivale a consagrar una disposición que establezca entera libertad de entrada al país.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente , quiero dejar constancia de mis reservas con respecto al proyecto, porque se habla de que estaría sujeto a la reciprocidad internacional. Me gustaría, entonces, que algún miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores me diera a conocer cuánto han avanzado nuestros vecinos en esta materia. Porque, al parecer, fundamentalmente se haría con Argentina.

Si llevamos este caso a un problema práctico, puedo señalar, por ejemplo, que frente a Futaleufú se halla la localidad de Esquel, donde hay muchos chilenos. A esos chilenos está dirigido el beneficio, para que puedan pasar a Futaleufú con el máximo de facilidades. Lo mismo ocurre respecto de los numerosos argentinos que viven en Futaleufú, los cuales también podrían ir a su patria por un máximo de cinco días con mayores facilidades.

Si la norma se va a aplicar a otros lugares de Chile, debe tenerse cuidado. Porque ahí también se aplica una limitante en cuanto al ámbito geográfico. Se dirá que estos chilenos que viven en Argentina podrán entrar a la parte chilena, pero no sobrepasar cierta línea. Las líneas que se establezcan por parte nuestra o por parte de nuestros vecinos no tienen ningún control. Cuando ingresen a uno u otro país, será factible -así lo entiendo- circular libremente por el resto del territorio respectivo.

Por eso, expreso mis reservas con relación a la iniciativa.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-

Señor Presidente , el proyecto viene a sancionar algo que sucede desde hace bastante tiempo. Existen regiones (entre ellas, por cierto, la Undécima) donde parte de la historia de la vida diaria se ha verificado porque la gente transitaba con toda libertad.

Me parece necesario regularizar de alguna forma esta situación, sancionarla y darle certidumbre jurídica. Creo que la integración, antes que económica, es humana; es la gente la que se vincula.

Deseo traer a colación un interesante libro de cuentos, escrito por don Carlos Aránguiz , Fiscal de la Corte de Apelaciones de Coihaique , titulado "Cuentos Bioceánicos", obra notable, compuesta de diez o doce pequeños relatos, donde esta realidad queda reflejada magistralmente por el autor, con gran sensibilidad. Inclusive, con un par de brochazos demuestra la poca base de ciertos intentos que algunos pretenden hacer para separar a nuestros países.

Uno de los cuentos se titula "Cuestión de Límites". Es la historia real de un pionero chileno que vivía justo en la zona por donde terminó pasando el límite, en la provincia de Palena, que con tanta calidad representa el Senador señor Siebert. Bueno, lo único que pedía ese poblador era que la línea divisoria pasara 50 metros hacia la derecha o 50 hacia la izquierda. La Comisión Mixta de Límites determinó que corriera por el medio de su casa, de modo que una parte de ella quedó en Argentina, y la otra, en Chile. ¡Quizás, con la ley en proyecto esa persona va a poder transitar del living al dormitorio con alguna facilidad...! ¡Así son estos problemas!

¿Qué ocurriría si se quisiera regular lo relativo a las cenizas del volcán Hudson, que en la última erupción partieron de Chile y llegaron a las Malvinas?

Hay otros relatos un poco más dramáticos, como el basado en el cuasiconflicto de 1978: un joven funcionario del Banco del Estado se encontró con que frente a la trinchera donde él estaba había un amigo suyo al que había conocido en una playa cercana a Comodoro Rivadavia.

Bueno, mediante esta iniciativa y otras que habrá que estudiar debemos facilitar la integración, pues el destino de los países del Cono Sur pasa por una buena compenetración para poder enfrentar el futuro.

El señor SIEBERT .-

¿Me permite formularle una pregunta, señor Senador ?

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-

Con todo gusto, con la venia de la Mesa.

El señor SIEBERT.-

Deseo preguntar a mi Honorable colega, con todo respeto, lo siguiente: un chileno que viva, por ejemplo, en Los Antiguos y tenga esta tarjeta vecinal internacional, entra por cinco días a la zona de Chile Chico. ¿Quién controla la salida de ese connacional hacia el resto del país? Porque está autorizado solamente a entrar hasta cinco kilómetros del límite. En ninguna parte hay un control, a no ser que se establezca uno en el lago General Carrera, para ir a Presidente Ibáñez , o en el camino que va por el lado sur del lago. No hay control alguno establecido. Ése es mi temor.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-

Bueno, en verdad, hoy día lo están haciendo. El número de chilenos residentes en Los Antiguos, que pasan, no precisamente por la aduana, hacia Chile Chico, es bastante elevado. Y no sólo en esa región, sino también en Lago Verde, Ñireguao e, incluso, en la parte alta de Coihaique, pues por los lagos Cástor y Póllux es muy fácil cruzar hacia el lado argentino, y viceversa.

El reglamento correspondiente deberá elaborarlo el Ministerio del Interior -en esto incide también parte de la inquietud del Senador señor Mc-Intyre - conforme al articulado de la ley en proyecto. El problema planteado por Su Señoría se refiere al caso de un chileno residente en Argentina.

El señor FERNÁNDEZ.-

Puede entrar con el carné.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-

Exacto. El problema subsiste para otra gente.

Como señalé, parto de la base de que será necesario elaborar el reglamento; y para que cumpla con la legalidad vigente, deberá ajustarse al articulado de la ley, debiendo adoptarse las providencias del caso para que no ocurran abusos en situaciones como la señalada.