Labor Parlamentaria

El señor ROMERO ( Presidente ).-

Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica el régimen jurídico aplicable al sector de servicios sanitarios, con urgencia calificada de "Suma", e informado por las Comisiones de Economía y de Obras Públicas, unidas.

1592-09

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 62ª, en 16 de mayo de 1995.

En tercer trámite, sesión 6ª, en 17 de junio de 1997.

Informes de Comisión:

Economía y Obras Públicas, unidas, sesión 23ª, en 12 de diciembre de 1995.

Economía y Obras Públicas, unidas (segundo), sesión 25ª, en 6 de agosto de 1996.

Hacienda, sesión 25ª, en 6 de agosto de 1996.

Economía y Obras Públicas, unidas (tercer trámite), sesión 16ª, en 15 de julio de 1997.

Discusión:

Sesiones 27ª, 28ª y 29ª en 9, 10 y 16 de enero de 1996, respectivamente (queda pendiente su discusión general); 34ª, en 23 de enero de 1996 (se aprueba en general); 31ª, 32ª y 33ª, en 27 , 28 y 29 de agosto de 1996, respectivamente (queda pendiente su discusión particular); 34ª, en 3 de septiembre de 1996 (se despacha en particular).

El señor LAGOS ( Secretario ).-

Las Comisiones unidas señalan que, en mérito de los fundamentos y de las razones expuestas en su informe, vienen en proponer los acuerdos que en él figuran.

Cabe hacer presente que se confeccionó un comparado, documento que se encuentra en poder de los señores Senadores. En la primera columna aparecen los textos legales vigentes; en la segunda, el texto aprobado por el Senado, y en la tercera, las modificaciones de la Honorable Cámara de Diputados.

La primera de esas modificaciones consiste en que han reemplazado el número 2 del Artículo Primero por el siguiente...

El señor PRAT.-

Las Comisiones unidas emitieron un informe bastante extenso, cuya lectura inició el señor Secretario. Si la Mesa lo permite, yo sugiero agrupar los artículos en la forma en que fueron tratados por aquéllas, pues muchas normas se resolvieron conforme a lo propuesto por la Cámara Baja. Asimismo, existió consenso para enviar determinadas disposiciones a Comisión Mixta, sobre la base de una voluntad común de perfeccionamiento.

Estimo que si procedemos de esa forma, se podría agilizar el tratamiento de la iniciativa; pero no ocurrirá lo mismo si se discuten por separado los artículos. No propongo omitir el análisis y votación de cada una de las normas, sino agruparlas, como lo hicieron las Comisiones unidas. Ello facilitará el despacho del proyecto.

El señor PRAT.-

Como se sabe, señor Presidente , se trata del tercer trámite, de modo que las Comisiones unidas sólo pueden emitir pronunciamiento en términos de aprobar o rechazar -es la misma alternativa que enfrenta la Sala-, sin la posibilidad de introducir cambios o perfeccionamientos.

En virtud de lo anterior, y para la presentación del informe, se han agrupado primero aquellas materias en que por unanimidad se ha acordado acoger las enmiendas de la Cámara y proponer a la Sala que proceda en la misma forma, con lo cual las disposiciones respectivas se transformarían en ley.

Respecto del ARTÍCULO PRIMERO, que contiene las modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, el número 19 despachado por el Senado se relaciona con la conexión, cuando ésta procede. Ahora se amplía el concepto empleado, ya que se ha sustituido la palabra "colindantes" por la expresión "más cercana", con lo cual se determina una extensión que puede ser más acorde con la realidad. Ello fue resuelto en las Comisiones unidas por unanimidad de 8 votos.

En el número 24 del Senado, se ha incluido una proposición de concordancia, para aplicar debidamente el Capítulo "De los Grandes Consumidores", que acordó, en su oportunidad, esta Corporación. Se registró unanimidad de 10 votos.

El número 33, nuevo, de la Cámara de Diputados establece una concordancia, pues el inciso segundo del artículo 2º transitorio del decreto con fuerza de ley citado emplea la palabra "garantía", en circunstancias de que son dos, en el hecho, las que se deben presentar. Este acuerdo contó con unanimidad de 9 votos.

Con relación al ARTÍCULO SEGUNDO, atinente a modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, la propuesta original del Senado en el número 8 prácticamente contenía una sobrerregulación, al fijar una multiplicidad de criterios para las bases de los estudios tarifarios, lo que dificultaba el cumplimiento de todas las condiciones contempladas. La sustitución aprobada por la Cámara simplifica la identificación de los aspectos que se deben definir. Las Comisiones unidas dieron su aprobación por unanimidad de 8 votos.

El número 17, nuevo, de la Cámara de Diputados incluye una concordancia en el inciso segundo del artículo 21 del decreto con fuerza de ley, vinculada con el artículo 12 de este último cuerpo legal. La disposición recién mencionada se refiere a la fórmula tarifaria procedente cuando corresponden cambios en el área geográfica, o en la calidad del agua, o en algún servicio, según el aspecto comprendido en la concesión. La enmienda fue acordada por unanimidad de 8 votos.

Tocante al ARTÍCULO TERCERO, que comprende modificaciones a la ley Nº 18.902, se aprobó, respecto del número 8 despachado por el Senado, la sustitución del vocablo "peritos", en el artículo 29 que se agrega, por "expertos", término más propio para la función que cumplen estas personas. En las Comisiones unidas existió unanimidad de 6 votos sobre el particular.

En lo relativo al ARTÍCULO 2º TRANSITORIO, se cambia la expresión "filiales", concerniente a las empresas donde la Corporación de Fomento cuenta con mayoría accionaria, por la referencia a los casos en que el Estado fuere "controlador", porque, al no ser la CORFO una sociedad anónima, no corresponde emplear ese primer vocablo. Hubo unanimidad de 6 votos al respecto.

Además, se agrega un inciso final, nuevo, que comprende el concepto de "filiales" pero para el caso de las empresas de agua potable rural, que podrán constituirlas para cumplir con la obligación dispuesta en el artículo de que se trata. Ello fue acordado por unanimidad de 6 votos.

A continuación se hallan las normas rechazadas por unanimidad, ya sea por razones de perfeccionamiento formal o porque, si bien se produce una concordancia sobre algunos de sus aspectos, en cuanto al fondo, deben ser llevadas a un texto elaborado en Comisión Mixta. Las Comisiones unidas resolvieron enviarlas a esta última, con acuerdo.

Señor Presidente , tal vez procede someter a la resolución de la Sala el primer bloque de cambios que llevó a cabo la Cámara de Diputados, acogidos por unanimidad en las Comisiones unidas, a los que ya hice referencia.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Cabe recabar el asentimiento de la Sala para dar por aprobadas, ojalá sin debate, las disposiciones comprendidas en ese último punto, según lo ya reseñado, y luego pronunciarse acerca de las rechazadas en forma unánime.

La Secretaría está intentando determinar si en el informe se encuentra la relación exacta de las normas que se someterán en primer término a la consideración de la Sala, para precisar el alcance de lo que se decidirá.

El señor PRAT.-

Sugiero avanzar caso a caso, y ya no con explicación mediante, sino con la mera referencia al precepto de que se trata.

El señor PRAT.-

La disposición que habrá de discutirse es el ARTÍCULO OCTAVO aprobado por el Senado, que se refiere a la posibilidad de dividir las empresas CORFO con el objeto de privatizarlas. Las Comisiones unidas respaldaron el criterio de la Cámara Baja de eliminar esa posibilidad. Cabe señalar que ésta adoptó tal resolución por falta de quórum, no por existir la voluntad de suprimirla.

Por lo tanto, el deseo general de los integrantes de las Comisiones unidas que apoyamos lo actuado por la Cámara, es que esta materia se dilucide en Comisión Mixta, para lo cual estamos llanos a cambiar el sentido de nuestro voto a fin de generar la unanimidad.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , coincido con lo expresado por el Honorable señor Prat , en cuanto a que efectivamente el ARTÍCULO OCTAVO, según vimos en las Comisiones unidas al debatirlo, era para autorizar la división de empresas y facilitar, por lo tanto, la operación de la ley.

Es satisfactorio que todos concordemos en que es menester producir el desacuerdo correspondiente respecto de lo aprobado por la Cámara de Diputados y, por la vía del rechazo, llevar el asunto a Comisión Mixta, con miras a introducir las correcciones del caso y permitir la subdivisión de las empresas.

Es bueno proceder de esa manera.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Corresponde ocuparse en el proyecto de la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, que fija el nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo, con segundos informes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda.

1329-13

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 34ª, en 23 de enero de 1996.

Informes de Comisión:

Trabajo, sesión 35ª, en 1º de abril de 1997.

Hacienda, sesión 35ª, en 1º de abril de 1997.

Trabajo (segundo), sesión 14ª, en 9 de julio de 1997.

Hacienda (segundo), sesión 14ª, en 9 de julio de 1997.

Discusión:

Sesión 39ª, en 9 de abril de 1997 (se aprueba en general).

El señor LAGOS ( Secretario ).-

La Comisión de Trabajo y Previsión Social hace presente en su segundo informe que los artículos 9º, 12, 28, 73 y 80 requieren quórum de ley orgánica constitucional para ser aprobados.

A continuación, y para los efectos reglamentarios, deja constancia de que no fueron objeto de indicaciones los siguientes artículos: 1º, 3º a 6º, 8º, 15 y 16, 18 a 22, 24 a 27, 29, 31 y 32, 34 y 35, 37 a 45, 48 a 72, 74 a 78, 81 a 85 y 87 a 95, permanentes, y Primero a Noveno transitorios. Todos estos preceptos son de quórum simple y, de acuerdo con el Reglamento, deben ser aprobados automáticamente.

--Se aprueban.

El señor LAGOS ( Secretario ).-

En seguida, la Comisión da cuenta en su informe de que no hay artículos modificados como consecuencia de indicaciones aprobadas; de que los artículos 2º, 7º, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 30, 33, 79 y 86 sólo han sido objeto de indicaciones aprobadas; de las indicaciones aprobadas y de las indicaciones aprobadas con modificaciones; y de que las indicaciones rechazadas son las números 3, 4, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 y 21, las cuales pueden ser renovadas reglamentariamente.

Y, por último, hace constar de que no hay indicaciones retiradas ni declaradas inadmisibles.

Por su parte, la Comisión de Hacienda en su segundo informe expresa que, de conformidad a su competencia, se abocó al estudio de las indicaciones números 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, y a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo , según el acuerdo de Comités de fecha 3 de julio del presente, adoptado con posterioridad al segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Asimismo, deja constancia de la discusión de estas indicaciones y de los acuerdos respectivos.

Hay un boletín comparado que se divide en cuatro columnas: en la primera, aparece el texto aprobado en general por el Senado; en la segunda, las modificaciones introducidas por la Comisión de Trabajo y Previsión Social; en la tercera, la proposición de la Comisión de Hacienda, y en la última, el texto final.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

En discusión particular el proyecto.

El señor THAYER.-

Señor Presidente , se trata de un asunto no conflictivo, más bien es una precisión de términos. Se desea especificar que el centro de la acción del SENCE está orientado a la capacitación ocupacional; es decir, a lo que significa el aumento de la productividad del trabajador en su empleo. La orientación laboral puede ser mucho más amplia, puede referirse a tareas de formación profesional, que están al margen de la función propiamente capacitadora.

Nada más que por una asunto de precisión se optó por el término "ocupacional" en vez de "laboral".

El señor THAYER.-

Señor Presidente, la norma resulta muy lógica, porque, como se establece más adelante una asignación de recursos, con cargo al Fondo Nacional de Capacitación, para labores que se realicen en territorio extranjero es perfectamente concordante con esta modificación propuesta.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente , deseo aclarar que la indicación para suprimir el inciso cuarto fue formulada por el propio Ejecutivo , porque éste presentará más adelante un reglamento que va a contemplar todas estas medidas.

Por esa razón, para que la disposición quedara más armónica, la Comisión de Hacienda determinó aceptar la indicación del Ejecutivo para suprimir el inciso cuarto.

El señor THAYER.-

Señor Presidente , haré un pequeño alcance, pues quiero ser leal con lo que se discutió en la Comisión.

Estoy de acuerdo con la supresión propuesta por la Comisión de Hacienda. ¿Qué se discutió en ella? El problema de la capacitación de trabajadores que prestan servicios en empresas del extranjero, lo cual tiene ventajas y desventajas.

En definitiva, se optó por el planteamiento del Gobierno, en el sentido de que es posible realizar la capacitación a trabajadores que ejercen en el extranjero, pero a través de mecanismos de asignación de recursos fijados por el Fondo Nacional de Capacitación.

Por ello, se modifica la disposición en cuanto a que no aparece la expresión "en el extranjero" en el texto aprobado en general, pero sí se establece tal posibilidad de capacitación en el párrafo relativo a la asignación de recursos con cargo al Fondo Nacional de Capacitación.

Se trata sólo de una cuestión de forma. Quienes esperaban una forma más fluida para ayudar y facilitar la capacitación de los trabajadores que prestan servicios en el extranjero, sin mucha reglamentación, tenían la ventaja de una mayor agilidad, pero la desventaja del menor control.

El Gobierno prefirió acceder a que la capacitación fuera objeto de asignación de recursos a través del Fondo Nacional de Capacitación, y la Comisión de Trabajo consideró por lo menos aceptable dicho criterio.

Entiendo que el Senador señor Urenda tenía reparos al respecto, razón por la cual hago estas observaciones.

El señor RUIZ (don José).-

Señor Presidente , sólo quiero dejar constancia de que en la Comisión no concordé con el criterio de destinar recursos públicos para financiar la capacitación en el extranjero; y no porque la considere poco importante, sino por el hecho de que quienes capacitan en el extranjero son las grandes empresas del país, las cuales tienen bastantes recursos.

Me gustaría mucho más que tales fondos públicos se destinen exclusivamente a las pequeñas y medianas empresas, las cuales no cuentan con los recursos suficientes para capacitar a sus trabajadores.

Por lo tanto, en la Comisión voté en contra de la indicación pertinente y quiero dejar constancia de ello, lo que no altera en nada lo que estamos discutiendo.

El señor THAYER.-

Señor Presidente, a mi juicio, no existe dificultad alguna para aprobar la proposición.

Solamente deseo señalar que la norma propuesta es extraordinariamente importante, porque se trata de casos en que, de alguna manera, se extiende la labor del SENCE a quienes, no siendo trabajadores, han abandonado sus estudios, que son personas de escasos recursos que requieren ser capacitadas para poder encontrar ocupación.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , al igual que el Senador señor Thayer , quiero resaltar la importancia de la letra e) -incluida en virtud de dos indicaciones presentadas en la Comisión de Trabajo por los Honorables señores Díez , Hormazábal , Ruiz De Giorgio , Thayer y el Senador que habla-, mediante la cual se crea una nueva forma de capacitación dirigida a personas que no son trabajadores. Su finalidad es restablecer algo que el país cuidó durante mucho tiempo y después abandonó, que es la formación de oficios, a través de programas que, gracias a una sugerencia acogida por el Ejecutivo , no sólo serán de corto plazo, sino también anuales.

La norma busca favorecer a jóvenes marginados de cualquier posibilidad laboral, para que, luego de un año de aprendizaje de un oficio, se incorporen al mundo del trabajo. He tenido la oportunidad de apreciar la experiencia de INFOCAP, de la Escuela "Cristo Vive", en Huechuraba, donde la acción realizada durante los últimos cuatro años ha permitido cambiar la imagen de la juventud del sector, logrando que más de 1.500 muchachos aprendan oficios básicos, encuentren empleo y, de este modo, no sean rechazados, como antes, por no contar con ninguna capacitación, muchas veces por haber quedado marginados de la educación.

Por eso, quiero resaltar el hecho de que el Ejecutivo haya acogido la norma y de que ésta sea fruto de una iniciativa llevada adelante por Senadores. Ella, indudablemente, producirá grandes beneficios, abriendo una nueva área de capacitación, sin que ello desmerezca, en caso alguno, los programas que realiza el SENCE en el mismo ámbito, que también son muy importantes para el país.

El señor RUIZ (don José).-

Señor Presidente , para ser consecuente con la línea que he mantenido en esta materia, voy a votar en contra de los incisos, dejando en claro que ello no afecta a los profesores, que cuentan con un programa especial de becas para capacitarse en el exterior.

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente , yo tengo la misma prevención del Senador señor Ruiz De Giorgio , pero me gustaría saber en qué sectores se aplicarían las normas (eléctrico, AFP), porque, si alguien da un buen ejemplo, a lo mejor cambio mi posición negativa.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , pienso que el Servicio Nacional de Capacitación tiene las atribuciones necesarias para realizar este programa.

Después de los antecedentes proporcionados por el señor Ministro relativos a la globalización efectiva de nuestras actividades productivas (no estoy hablando de las del mundo, sino de las de Chile), que exige muchas veces, para poder enfrentar debidamente la competencia, preparar a los trabajadores chilenos en maquinarias, en "know-how" o en actividades que sólo se desarrollan excepcionalmente aquí, creo que hay que aprovechar esta oportunidad. Además, como cada programa deberá contar con recursos, será necesario contemplarlos en cada Ley de Presupuestos. Por lo tanto, no hay ningún riesgo. Por el contrario, como digo, es una oportunidad a la cual no debemos cerrarnos.

El señor HORMAZÁBAL.-

Agradezco la información dada por el señor Ministro.

Por la mecánica de la ley, ¿las entidades que den capacitación en el extranjero, por ejemplo, deberían estar registradas? Porque, en vista de las proposiciones siguientes, hay toda una dinámica que yo deseo recordar a los Honorables colegas: primero, la exigencia legal en cuanto a que el respectivo organismo debe estar inscrito en un registro; segundo, debe tener una oficina en la región pertinente; tercero, es indispensable establecer ciertas inhabilidades para los miembros del directorio, etcétera. Si bien la idea tiene una buena perspectiva, me parece que sería casi imposible de aplicar por la dinámica de otras obligaciones.

Entonces, como creo que en 1998 o en los dos años próximos la prioridad debería ser capacitar dentro del país, tendré que sumarme, por los impedimentos operativos que implica la actual norma, a la posición del Senador señor Ruiz de Giorgio. De modo que no concuerdo con las modificaciones propuestas por la Comisión de Hacienda.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , coincido con lo expresado por el señor Ministro. Creo conveniente dejar abierto el campo para la capacitación en el extranjero. Probablemente, habrá que reglamentar la manera de llevarla a cabo, por los aspectos que acaba de señalar el Senador que me antecedió en el uso de la palabra.

En todo caso, quiero hacer un alcance en cuanto a que las mismas razones que se invocan aquí fueron las que justificaron las normas que se suprimieron.

La verdad es que uno debe mirar las cosas en su conjunto. No siempre es tan exacto decir que la capacitación en el extranjero la utilizan empresas de gran capacidad o de gran capital, porque también esta especialización es importante para pequeñas empresas de orden técnico.

Debo recordar que esta materia no la tratamos en la Comisión de Trabajo. En cierto modo, y en cuanto a los fundamentos, existe una inconsecuencia entre el rechazo que se hizo antes y lo que se está aprobando hoy. Porque el rechazo anterior simplemente priva a las empresas de la posibilidad de ocupar recursos que corresponden a una parte de los impuestos, pero con un fin que, a lo mejor, podría ser tan justificado como el que aquí se señala.

En todo caso, concurriré a aprobar esta disposición, pero con el alcance de que, en mi opinión, hubo cierta ligereza en la eliminación de lo que habíamos propuesto en la Comisión de Trabajo.

El señor THAYER.-

Señor Presidente , sólo para apoyar la opinión del señor Ministro y complementar lo que ha comentado el Honorable señor Urenda.

Había tres opciones: no admitir la destinación de fondos para capacitación en el extranjero; acogerla de igual manera que como se capacitan los trabajadores chilenos en el país; o hacerlo en forma más cuidadosa y regulada a través del Fondo Nacional de Capacitación, que tiene de suyo una reglamentación que asegura que no se cometan excesos en este primer paso que se está dando en un mundo nuevo. Por eso, soy partidario de la norma.

En todo caso, quiero advertir, tal como muy consecuentemente lo manifestó el Honorable señor Urenda , que con mayor razón debería ser aprobada esta proposición por quienes apoyaban la que se rechazó antes, en cuanto a aplicar la misma forma, más liberal, que existe para capacitar en el extranjero a trabajadores, igual como si fuera en el territorio chileno.

La señora FREI (doña Carmen).-

Señor Presidente , sin lugar a dudas soy partidaria de la capacitación de los trabajadores chilenos. Aún más, creo que debemos favorecerla con recursos especiales, sobre todo cuando las técnologías modernas están llegando cada días más a nuestro país y se necesita de personal muy especializado para aplicarlas. Pero tengo una gran duda. Pienso que el Fondo Nacional de Capacitación será empleado de manera contraria a lo que deseamos: no serán beneficiados los trabajadores que no disponen de otras posibilidades de capacitación, porque las grandes empresas enviarán a especializarse afuera al personal de mayor jerarquía, en circunstancias de que, si tienen interés en esta materia, poseen los medios para entrenar a sus técnicos en otros países o para traer capacitadores a Chile.

Entonces, mi gran duda es si, al final, la creación de este Fondo no beneficiará a los trabajadores más modestos, que son los que nos interesa que adquieran nuevas destrezas, sino personas que pueden capacitarse en el extranjero sobre la base de otros recursos. Me gustaría que el Fondo Nacional de Capacitación se destinara, mediante programas extraordinarios, a especializar a estos trabajadores en Chile y, en casos muy calificados y con mucha discreción, en el exterior. Pero en la forma como se propone en el informe de la Comisión de Hacienda, temo que se favorecerá a personas especiales y, al final, los trabajadores no van a viajar ni a capacitarse en ninguna parte. Entonces, prefiero que estos recursos se empleen en Chile, en especial para capacitar a quienes laboran en actividades productivas de zonas o localidades muy específicas, como las de la minería de la Segunda Región. Pero creo que a este tipo de trabajadores no los van a mandar a capacitarse afuera. Si la gran minería o las grandes empresas necesitan que su personal adquiera nuevas habilidades, deben traer a Chile capacitadores o deben financiar esa especialización en el extranjero con recursos propios.

Además, cabe hacer presente el inconveniente de que muchos trabajadores vuelvan del exterior con tanta calificación que los contraten la gran minería o las grandes empresas, en circunstancias de que éstas disponen de recursos para brindar este tipo de capacitación a su personal.

Por lo tanto, me parece que esta medida no resultará como deseamos. Si se pudiera especificar de alguna manera que el fondo favorecerá a trabajadores sin recursos, etcétera, entonces lo aceptaría. Pero así como se propone, considero que será contrario a lo que justamente perseguimos.

El señor MATTA.-

Señor Presidente , en el proyecto se entrega al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo una facultad absolutamente discrecional al decir: "podrá establecer programas".

Surgen dudas en cuanto a cómo se regularán efectivamente estos programas, ¿al margen del ítem presupuestario, de las regulaciones presupuestarias existentes? ¿En qué forma evitaremos efectivamente que se repita lo ocurrido en el pasado -que mencionó el señor Ministro -, en el sentido de impedir que haya sectores que abusen del sistema?

La señora FREI (doña Carmen).-

Señor Presidente, deseo hacer una consulta al señor Ministro.

Estamos discutiendo una norma que propuso la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que dice: "Además, el Servicio Nacional podrá desarrollar con cargo al Fondo, programas extraordinarios tendientes a capacitar". En este caso, se comprende que los programas extraordinarios pueden ejecutarse en el país o en el extranjero. Por lo mismo, considero que estaría de más lo propuesto por la Comisión de Hacienda, porque si el Servicio puede desarrollar programas extraordinarios, no importa que sean en Chile o en el extranjero.

Por eso, con lo expresado quedaría planteada la inquietud sobre el particular.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , para información de la señora Senadora , al modificarse el artículo 36 en la Comisión de Hacienda, se eliminó expresamente la posibilidad de participar en programas de capacitación en el extranjero, exigiendo que se realicen en el territorio nacional.

No hay redundancia en el proyecto. Ésta es el única disposición que permite capacitarse en el extranjero, porque las empresas ya no podrán hacerlo con cargo al uno por ciento del impuesto a la renta.

El señor CALDERÓN.-

Señor Presidente , con la disposición propuesta por la Comisión de Trabajo y Previsión Social no había control. Ésa es la experiencia que existe al respecto. Pero con la sugerida por la Comisión de Hacienda se regulará la utilización del Fondo para la capacitación en el extranjero.

Por eso, voto a favor.

La señora FREI (doña Carmen).-

Señor Presidente , para no cerrar la posibilidad de que la gente que realmente necesita capacitarse pueda salir al exterior, me abstendré de votar, porque la forma como está redactada la disposición me provoca dudas. Pero me voy a abstener pensando en que si se aclarara, a lo mejor podría resultar.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , creo que esta disposición revela una visión moderna del Presidente de la República , y confío en que la forma como el Gobierno la va a reglamentar nos dejará a todos satisfechos. Además, como las empresas grandes ya lo vienen haciendo sin necesidad de recurrir a fondos estatales, creo que constituye un gran apoyo para las empresas pequeñas, para los trabajadores más modestos que no pueden por sus medios financiar sus viajes al extranjero.

Voto que sí.

El señor MATTA.-

Señor Presidente , quiero dejar constancia de que, compartiendo la visión modernizadora del Gobierno del Presidente Frei, me alegra muchísimo que el Senador Larraín haya encontrado algo positivo en la labor de esta Administración.

Por tener más dudas respecto de esta norma, voy a votar en contra.

El señor NÚÑEZ.-

Esperando que se repita continuamente la disposición que ha manifestado el Honorable señor Larraín , voto favorablemente.

El señor OTERO.-

Señor Presidente , en verdad, me es muy difícil entender cómo se puede votar en contra de una norma que tiende a posibilitar el perfeccionamiento de trabajadores chilenos en el extranjero. Uno de los grandes problemas del subdesarrollo económico es el del subdesarrollo cultural y el subdesarrollo en la capacitación. Indiscutiblemente, Chile necesita perfeccionarse en los centros que brindan una mejor educación y que poseen los adelantos técnicos. En las conferencias internacionales se ha señalado que el gran problema de las naciones en vías de desarrollo, o en desarrollo, es precisamente la falta de capacitación de las personas en los avances técnicos, que es lo que permite el progreso de los países.

Creo que la indicación aprobada por la Comisión de Hacienda es lógica, justa y adecuada. Más aún: debiéramos impulsar que mayor cantidad de trabajadores chilenos pudieran realmente perfeccionarse en el extranjero. Y los señores Senadores de la Concertación deben tener la certeza de que cuando el Gobierno propone cosas adecuadas y útiles, votamos a favor de ellas.

Voto que sí.

El señor PÁEZ.-

Votaré favorablemente, señor Senador, porque la verdad es que siempre el Gobierno propone cosas adecuadas.

El señor RUIZ (don José).-

Señor Presidente , comparto la aspiración de algunos señores Senadores, y que es también la del Gobierno, en el sentido de que en el año 2017 haya mucha gente saliendo fuera del país para perfeccionarse. Pero, antes de que lleguemos a esa fecha, debemos sacar al país de la pobreza, y eso lo haremos capacitando a los pobres para que, al menos, tengan acceso a una fuente de trabajo. Por eso es que hay un problema de prioridades. No es que me oponga a que viajen al exterior a capacitarse. Mucha gente, como lo dijo el Senador Larraín, sale fuera del país sin necesidad de medidas como ésta, pues las que precisan estar al día en las técnicas modernas y en todo lo que constituye la tecnología de avanzada, son empresas grandes o pequeñas de muchos recursos económicos. Ninguna empresa que necesite capacitar a uno de sus funcionarios en el exterior dejará de hacerlo, exista o no este programa del SENCE, pero sí muchos trabajadores chilenos actualmente cesantes, jóvenes que carecen de la preparación necesaria para optar a una ocupación, requieren del apoyo del Estado. Y lo que estoy planteando es que demos prioridad a quienes tienen necesidad urgente de sobrevivir en este país, y los que desean perfeccionarse en estudios de posgrado, de desarrollo de su carrera profesional, que lo hagan con fondos propios o de las empresas donde prestan servicios. Pero los recursos del Estado, como se ha dicho tantas veces -a menudo, en forma demagógica-, deben priorizarse, focalizarse en los sectores más pobres de la población. Aquí estamos haciendo precisamente lo contrario. No es un problema de modernidad ni de que sólo muy pocos tengan acceso a ella. Al rechazar esta norma aspiro a que los pobres de Chile también tengan acceso a la modernidad, y no los van a mandar al extranjero.

Voto en contra.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Señor Presidente , creo que éste es un tema en el que las exageraciones en la argumentación no valen. Pienso que ningún señor Senador podría votar "blanco" o "negro" en este caso. Quienes lo hagan a favor, no están por la modernidad ni abriendo caminos al país, y los que voten negativamente, nos estamos oponiendo a ello o negando la opción del Gobierno. En consecuencia, no es fácil, en un momento determinado, resolver qué es lo mejor. Personalmente, me quedo con dos argumentos. Uno es el de que se puede abrir para la gente una posibilidad real en el extranjero, y eso es bueno para Chile. Pero al mismo tiempo me quedo con el argumento en contrario de que, al contar con recursos limitados, obviamente, debo buscar un mecanismo de racionalización de esos recursos. Y como se trata de procesos que también requieren avanzar desde abajo, en la mayor cobertura, para luego llegar a una mayor especialización, con alguna reserva, debo reconocerlo -sobre todo, porque en este momento se quiere crear en la Sala la imagen de que estamos votando contra el Gobierno, cosa que jamás haremos, pues simplemente tenemos un criterio libre y abierto, y menos tratándose de un Ministerio servido por mi distinguido amigo el Ministro Arrate , a quien tanto afecto le tengo-, pero ante la duda de qué es lo mejor, me inclino por votar negativamente el artículo.

El señor THAYER.-

Señor Presidente , votaré favorablemente esta disposición y no podría encontrar razones para hacerlo en contra, porque por lo menos como rector universitario patrociné constantemente el perfeccionamiento de chilenos en el extranjero. Estamos por entrar a discutir en la Comisión de Educación un proyecto sobre las universidades estatales. Todos sus egresados viajan, de alguna manera, a capacitarse en el exterior con fondos estatales. ¿Por qué esto va a estar reducido exclusivamente a los niveles universitarios? Corresponde también que puedan acceder a esa posibilidad los trabajadores a fin de que puedan capacitarse adecuadamente, según su especialidad. Por eso, voto a favor.

El señor URENDA.-

Señor Presidente, considero que nunca es conveniente cerrarse posibilidades y que cuando perfeccionamos a la gente estamos ayudando a hacer un país más eficiente y a trabajar mejor en forma conjunta. En consecuencia, a conseguir más trabajo, más riqueza y a elevar el nivel de vida y a brindar mayores posibilidades a los más pobres. Pero, además, hay dos consideraciones. En este caso, se dice expresamente que la medida se dirija a trabajadores e instructores laborales chilenos. Es decir, hay una orientación indicada en el propio artículo, y pienso en cuántas pequeñas industrias (las PYME)y qué cantidad de pequeños empresarios pueden surgir de esta capacitación, todos los cuales en los Estados Unidos, por ejemplo, son los que han movido muchas veces los grandes programas técnicos.

Por ello y por confiar en el buen criterio y adecuada ponderación con se manejará tal facultad, voto a favor.

El señor PÉREZ.-

Señor Presidente , si el Ministerio de Educación manda fuera del país a profesores para especializarse y capacitarse, la norma propuesta permitirá que ello también pueda verificarse en los colegios particulares chilenos.

En todo caso, confío en la nueva mayoría que se está dando, triangulizada y transversalizada, liderada por el Presidente Frei , por el Ministro señor Arrate y por los Senadores señores Prat y Larraín. Tengo confianza en ella.

Voto a favor.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Proyecto de ley de la Cámara de Diputados para modificar el artículo 194 del Código del Trabajo en materia de protección a la maternidad, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Antes de proceder con la relación del proyecto, solicito el asentimiento del Senado para que ingrese a la Sala la asesora jurídica del Ministerio del Trabajo señora Patricia Roa.

Acordado.

1760-13

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 47ª, en 9 de abril de 1996.

Informe de Comisión:

Trabajo, sesión 47ª, en 7 de mayo de 1997.

El señor LAGOS ( Secretario ).-

La Comisión deja constancia en el informe de que la Cámara de Diputados aprobó la letra a) del Nº 1 del artículo único de la iniciativa con quórum de ley orgánica constitucional, norma que, a juicio de ella, no reviste tal carácter, por las razones que señala. No obstante, propone que, al aprobarse el referido precepto, se deje constancia del quórum correspondiente.

En cuanto a los objetivos del proyecto, se señala que consisten en modificar las disposiciones del Código del Trabajo sobre protección a la maternidad, con los fines que se indican: primero, explicitar que el Congreso Nacional y el Poder Judicial están sujetos a las normas sobre protección a la maternidad; segundo, prescribir que ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadoras, su permanencia o renovación de contrato, o la promoción o movilidad en su empleo a la sola existencia o ausencia de embarazo, pudiendo sólo exigirse exámenes o certificados relativos a este estado cuando ellos sean necesarios por la naturaleza del trabajo de que se trate, y tercero, establecer que la normativa sobre salas cunas es aplicable a las empresas y no a sus establecimientos independientemente considerados.

Asimismo, se deja consignado que, puesto en votación en general el proyecto, fue aprobado por tres votos a favor (de los Senadores señores Calderón, Ruiz de Giorgio y Thayer), uno en contra, del Senador señor Prat, y la abstención del Senador señor Urenda.

En la parte resolutiva del informe, el organismo técnico propone aprobar el proyecto de la Cámara de Diputados, con las modificaciones consignadas en él.

La iniciativa consta de un artículo único, dividido en tres numerales.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

En la discusión general del proyecto, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Senador señor Thayer.

El señor THAYER.-

Señor Presidente, deseo situar el estado en que se encuentra el proyecto en estudio y proponer una forma de proceder, conversada previamente con el señor Ministro del Trabajo.

Hay un principio en el cual todos coincidimos: no es aceptable condicionar la contratación de una trabajadora a la exigencia de un test previo para determinar si está o no está embarazada, por resultar indigno para ella. En la Comisión nadie tuvo dudas al respecto. Pero acontece que el proyecto original del Gobierno era muy simple y apuntaba a la idea general de defender la dignidad de la mujer ante una exigencia que no parecía justificada. La Cámara le dio una redacción mucho más amplia que la de la Comisión de Trabajo, pero a muchos nos pareció que no salvaba un delicado problema: hay ciertos tipos de trabajo para los cuales, evidentemente, la prestación de servicios de una mujer embarazada puede significar un grave riesgo para la salud o la vida de ella o de la criatura que tiene en su vientre.

Se trata de un punto delicado de redactar. Llegamos a una forma de solución que no satisfizo al Gobierno. Sabemos que sobre el particular no hemos logrado una redacción suficientemente consensuada, aun cuando estamos todos de acuerdo en el objetivo fundamental del proyecto; pero no vamos a tener sino el albur de una votación por blanco o por negro respecto de un problema que, por otra parte, siendo de tipo previsional, requiere de quórum calificado.

Por ello, la idea que sugirió el señor Ministro -que apoyo- sería prestar nuestra aprobación a la idea de legislar y fijar plazo para formular indicaciones. Ello permitirá, en el curso de la semana regional, consensuar un texto satisfactorio.

El señor OTERO.-

Señor Presidente, lo primero que deseo pedir es que se fije plazo para presentar indicaciones, porque, en verdad, la idea de legislar la compartimos todos.

Lamentablemente, la redacción del proyecto da pábulo a situaciones que pueden resultar conflictivas. Por ejemplo, se sugiere agregar que "Ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadoras, su permanencia o renovación de contrato, o la promoción o movilidad en su empleo, a la sola ausencia o existencia de embarazo", etcétera.

Que yo sepa, no hay trabajo alguno en el que se exija a la mujer estar embarazada. De manera que, obviamente, hay un contrasentido. Se trata de verificar la ausencia de embarazo o la existencia de él. ¿Cómo se le va a condicionar la contratación al hecho de que esté embarazada?

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

¿Cómo?

El señor OTERO.-

Es lo que consigna la disposición. Podrá producir hilaridad, pero uno debe analizar lo que va a aprobar.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

No me río de Su Señoría.

El señor OTERO.-

Sé que no, pero la expresión de su rostro indica que no cree lo que estoy señalando. Lamentablemente, es así.

Entonces, estamos en presencia de un proyecto cuyo texto es equivocado. Porque entiendo que a nadie se le ha ocurrido nunca exigir que la mujer esté embarazada para contratarla.

El señor RUIZ (don José ).-

El Senador señor Urenda presentó esa indicación.

El señor OTERO.-

Un segundo problema que se plantea es la ausencia de embarazo. Y si bien estamos de acuerdo en que es necesario proteger a la mujer encinta, también estimamos que se deben considerar otras situaciones. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando se contrata a una mujer por 60 días, para ver si sirve para determinado empleo, que declara no estar embarazada, pero que no es idónea y después hace valer el fuero? Obviamente, debemos mirar los dos lados de la medalla para evitar ese tipo de situaciones.

Votaré favorablemente la idea de legislar, pero deseo que se fije plazo suficiente para formular indicaciones, porque, a mi juicio, este proyecto es perfectible y, sobre todo, porque nunca debe establecerse una exigencia para dar trabajo a una mujer embarazada, ya que ésta puede ser soltera.

El señor URENDA.-

Señor Presidente, coincido con lo expresado por el Senador señor Thayer, en orden a aprobar el general el proyecto y que se fije plazo para presentar indicaciones.

Ahora bien, tanto por las alusiones hechas en esta Sala como porque atribuyo importancia a la materia, me parece conveniente formular acá algunas consideraciones que hice en la Comisión y dar los fundamentos de por qué, en definitiva, se propuso la redacción que mereció una fuerte crítica por parte del señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra.

En primer lugar, deseo manifestar que veo con agrado la preocupación del Gobierno, pues, junto con defender la dignidad de la mujer, de alguna manera contribuye a la maternidad. Destaco esto porque, en general, las políticas que hemos visto en el último tiempo tienden precisamente a lo contrario: reducir la natalidad en Chile, con el grave riesgo de que en un momento determinado podamos convertirnos en uno de esos países de Europa en los cuales hoy día está bajando la natalidad, con el peligro de perder su identidad.

Al respecto, debo señalar -y me costó mucho obtener los datos respectivos- que en los últimos años ha disminuido la tasa de natalidad en Chile, de 23,4 a 19,7 por ciento en 1995. Es una reducción sistemática, y temo que durante 1996 y 1997 haya continuado este proceso.

Por otra parte, según las estadísticas del Banco Central, en nuestro país el número de niños menores de seis años -antes aumentaba, más o menos, en 40 mil niños anualmente- está llegando a una cierta estabilidad. Son antecedentes que emanan del Estado.

En consecuencia, observo con agrado tal preocupación, mirando el asunto desde ese punto de vista. Ojalá, hubiera otras inquietudes que tendieran, no a reducir la natalidad, sino que en algunos casos a fomentarla, por somos un país joven, con un gran territorio y que, a su vez, tiene dos vecinos cuyo crecimiento demográfico es muy intenso.

En segundo lugar, debo manifestar que inicialmente me abstuve cuando se votó el proyecto en la Comisión -mis argumentos aparecen en el informe-, no porque estuviera en desacuerdo con la idea, con el concepto, sino porque el texto aprobado por la Cámara de Diputados, prácticamente, podría resultar inoperante. Además, si se reducía el problema a la exigencia o no de un certificado para constatar si la mujer está o no embarazada, sin establecer paralela y perentoriamente la obligación de contratarla cualquiera sea el estado de ella, era imponer algo que se podía burlar fácilmente.

De la modificación hecha por la Cámara de Diputados -después me referiré a lo planteado por el Senador señor Otero - recogimos el concepto de que la ausencia o existencia de embarazo no debía ser una circunstancia para asegurar a la mujer la permanencia o renovación de su contrato, como también la promoción o movilidad en su empleo. La Cámara de Diputados hizo referencia a estos aspectos en forma indirecta.

¿Cuál fue nuestra preocupación en la Comisión y que motivó un largo debate, habiendo plena coincidencia en la absoluta necesidad de resguardar los derechos de la mujer? El hecho de que hoy día existen actividades que, obviamente, no pueden ser desarrolladas por una mujer embarazada, pues comprometen la vida del ser que está por nacer. El propio Código de Trabajo, en su artículo 202, las contempla. Dicha norma establece los casos en que una mujer en estado de gravidez no puede desempeñar ciertas labores.

En consecuencia, parece absurdo que cuando se contrata a una persona precisamente para un trabajo en el que se compromete la vida del que está por nacer no se tome el debido resguardo, porque ello podría causar la muerte o deformaciones al feto que se encuentra en el seno materno.

También consideramos que, así como existen situaciones conforme a las cuales se justifica plenamente comprobar si una mujer se halla o no embarazada, justamente para proteger la vida del que está por nacer, también puede darse el caso -hoy día los hay, aunque parezca raro- de que se desee contratar a una mujer en estado de gravidez. Por ejemplo, es posible que alguna universidad desee precisamente realizar un estudio de la evolución de la mujer y un análisis científico del proceso de desarrollo de la maternidad y para ello necesite específicamente a una mujer embarazada. Por lo demás, hemos visto que en portadas de revistas, determinadas propagandas se hacen, a veces, sobre la base de mujeres en estado de gravidez.

Aún cuando la contratación de una mujer embarazada es una circunstancia poco frecuente, la Comisión estimó que no estaba de más considerarla.

Dicho órgano técnico -como lo señalé- coincide en que es necesario otorgar protección a la mujer en estado de gravidez y en que no se puede pedir certificado por el simple deseo del empleador; pero considera que deben resguardarse esas situaciones especiales, las cuales se dan en determinados casos: en unos, resulta imposible contratar a una mujer embarazada, por la naturaleza del trabajo que desempeñará, y en otros, puede ocurrir -es poco habitual, pero sucede- que se busque precisamente a una mujer en estado de gravidez para determinadas circunstancias o ciertos cuidados.

Esas razones nos llevaron a aprobar el texto que aparece en el informe de la Comisión de Trabajo. Sin embargo, obviamente, todo puede ser perfectible, y en absoluto deseamos que su redacción se preste para burlar el objetivo fundamental de la ley. Ése es mi criterio, el que, en definitiva, fue acogido por la Comisión.

Lo resuelto por la Cámara de Diputados en orden a limitar el asunto a que no se podrá exigir exámenes de ninguna especie, resultaba insuficiente sin antes establecer perentoriamente la prohibición de condicionar la contratación a que una mujer no esté embarazada. De ahí surgió esta redacción, que tiende a reforzar el concepto inicial del Gobierno, porque no olvidemos que el proyecto primitivo apuntaba a esa situación: "Ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadoras a la ausencia o existencia de embarazo.".

Ésa fue la norma que propuso el Ejecutivo , pero la Cámara de Diputados la sustituyó por otra, sin establecer cuál era el propósito fundamental, ya que consideró sólo la parte mecánica o meramente operativa de no exigir certificado. El Senado, en cambio, consagró ambos conceptos: primero, que el embarazo no puede ser motivo para no contratar a una mujer, para no promoverla o para perjudicarla durante su labor, y, segundo, que no se podrá exigir certificado, salvo que circunstancias especiales lo justifiquen.

A mi juicio, constituye una buena solución, que corresponde, en todo caso, a cuanto se desea entrar a considerar, pero nada impide, obviamente, que otros señores Senadores propongan redacciones más perfectas. Se debe ser claro, sin embargo, en el establecimiento de los dos conceptos fundamentales: primero, qué se persigue, en el sentido de que el embarazo no excuse, en un momento determinado, para no contratar ni promover a una mujer; segundo, qué prohibición se determina, para no imponer exigencias indebidas pero sí resguardar las situaciones especiales contempladas. En mi opinión, la redacción que elaboramos resulta adecuada al respecto, pero, naturalmente, el Senado puede, en definitiva, disponer algo distinto.

No vale la pena, tal vez, insistir en otros aspectos.

Se convino, también, en aprovechar lo relativo a la protección de la maternidad para perfeccionar la norma referente a las salas cunas, lo que encontró una aprobación unánime en la Comisión.

Y se debió rechazar la indicación atinente a las empleadas domésticas, porque se podría introducir un factor tremendamente conflictivo en un hogar si media la obligación de mantener durante un largo período a una persona con la que simplemente no existe posibilidad de entenderse o con la que se suscita un choque de caracteres. El Estado, en definitiva, puede buscar la protección adecuada para esa embarazada y el niño por nacer.

Éstas son las consideraciones que deseaba formular, señor Presidente. Y, en todo caso, adhiero a lo expresado por el Senador señor Thayer en el sentido de que ojalá se apruebe unánimemente el proyecto y se fije un plazo para indicaciones, lo que permitirá ver si es posible perfeccionarlo o no.

He dicho.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , lo que nos ocupa es la aprobación general del proyecto, pero éste se ha convertido en un texto tan misceláneo, que realmente obliga a referirse a cada uno de los temas propuestos por la Comisión.

La idea central, que resulta importante y digna de análisis, de ver sus pros y sus contras, dice relación a la exigencia de test de embarazo para los efectos del ingreso a una actividad laboral. La verdad es que lo agregado con posterioridad, respecto de la mantención del trabajo y otros aspectos, me parece técnicamente muy deficiente, atendida la amplia inamovilidad que consagran las disposiciones sobre protección de la maternidad contempladas por el Código del Trabajo. En consecuencia, la cuestión se centra, a mi juicio, en lo referido, fundamentalmente, al primer punto.

Es posible, sin afectar principios contrarios a la discriminación, la exigencia de un examen de embarazo para los efectos de contratar a una mujer. Personalmente, reconozco sustentar algunas reservas, que nacen, no del hecho del test, sino de lo que ocurre con disposiciones restrictivas en cuanto al trabajo del sexo femenino, las que, en definitiva, se transforman en perjudiciales para éste. Hoy las mujeres, por ejemplo, con motivo de la maternidad, cuentan con una licencia que me atrevo a calificar de generosa. Tal vez, me parece así porque las cuatro veces que fui madre ella era más restringida en la Administración Pública. Pero conozco el asunto que señalo, así como los abusos que se cometen, y sé que se trata de algo delicado, grave y, en definitiva, desfavorable para las mujeres.

Entonces, creo que este punto, mirado desde esa perspectiva, se debe analizar con profundidad. Por mejorar la situación, cuidemos de no empeorarla. Naturalmente, soy muy partidaria de que las mujeres trabajen, y, por lo mismo, me preocupa todo lo que pueda afectarlas, aun cuando de partida la norma se pueda estimar muy conveniente.

Aprovecho para hacer presente un problema muy serio que estudié hace pocos días, sobre las licencias por maternidad, producida ésta, en los casos de enfermedades, respecto de mujeres con una antigüedad inferior a ocho meses en su trabajo. Existe un vacío sumamente importante, que significa un retroceso francamente grave en nuestra legislación.

Pero repito, señor Presidente, que el tema del proyecto es el impedir la exigencia de test de embarazo para los efectos de optar a un empleo. A mi juicio, el primero que debe dar el ejemplo -porque no media inconveniente alguno para que pueda proceder de oficio, por decirlo así, sin necesidad de norma- es el propio sector público.

Sin embargo, a esta iniciativa se le ha agregado una serie de normas a las que quisiera referirme de manera muy breve, pues me parece de la mayor importancia lo que cabe observar al respecto. Efectivamente, la Cámara de Diputados ha incorporado un precepto en el sentido de que las disposiciones sobre protección de la maternidad serán aplicables al Congreso Nacional y al Poder Judicial. Ello constituye un error, desde el punto de vista de la técnica legislativa, porque ya ocurre así desde hace muchísimos años, como lo demostraré.

Es posible que una equivocación no provoque consecuencias, pero, por desgracia, en este caso cabría una de carácter grave, ya que, naturalmente, si en el Diario Oficial se publica en esa forma la ley en proyecto, pueden ser desconocidos por la legislación los beneficios anteriores derivados de la protección de la maternidad en el ámbito del Poder Judicial y del Congreso Nacional.

Deseo señalar, en términos muy sucintos, que entre las primeras protecciones de la maternidad registradas en Chile se halla la dispuesta en 1931 para las obreras. Con posterioridad, en virtud de la ley Nº 11.462, de diciembre de 1953, ello se extendió a todas las trabajadoras, lo que significó modificar de pleno derecho las normas del Estatuto Administrativo, que con posterioridad también fueron objeto de enmienda por la vigencia completa del sistema.

No vale la pena que moleste a los señores Senadores exponiéndoles una secuencia de los cuerpos legales respectivos, pero, en realidad, y sobre la base de la aplicación directa de las disposiciones sobre protección de la maternidad, nítidamente expresadas, con historias de la ley clarísimas, cabe consignar que desde 1953 rigen a todas las trabajadoras.

Por otra parte, en virtud del artículo 213 del decreto con fuerza de ley Nº 256, de 1953, Estatuto Administrativo; del artículo 389 del decreto con fuerza de ley Nº 338, de 1960, y de la ley Nº 11.986, la protección de la maternidad comprende a las mujeres que se desempeñan en el Congreso Nacional y a las que lo hacen en el Poder Judicial. Además de las normas del Código del Trabajo, en lo que se comprende a todas, es preciso considerar el reenvío de las aplicables a las mujeres regidas por el Estatuto Administrativo.

Luego, la disposición del proyecto es errada y debe ser suprimida, porque sólo generará confusiones. Y, naturalmente, demuestra una técnica legislativa inapropiada.

En seguida, quisiera reiterar cuál es la idea matriz de esta iniciativa: prohibir el test de embarazo para los efectos de ingresar a un trabajo, sobre la base de una eventual discriminación y una serie de consideraciones. El precepto tendiente a incluir al Congreso Nacional y al Poder Judicial en el sistema de protección de la maternidad no queda comprendido en la idea matriz. Además, insisto en que resulta errado, porque las mujeres que allí laboran ya se rigen por las normas pertinentes. Pero éste es otro tema.

Ahora, también se ha agregado una disposición de la mayor trascendencia: se reemplaza el concepto de "establecimiento", en materia de protección de la maternidad, por el de "empresa".

Por mi parte, no digo que la vigente sea una buena ley. Estimo muy importante el poder analizarla. Ella se refiere a los establecimientos que ocupan más de 20 trabajadoras.

Si todas ellas son mayores de 60 años, tienen derecho a contar con una sala cuna o a recibir el beneficio equivalente, lo que es absurdo. Una empresa puede tener 10 trabajadoras, todas mujeres en edad fértil y con familia, y debería ser exigible tal derecho.

A mi juicio, es un tema que debemos analizarlo y perfeccionar este tipo de disposiciones.

El proyecto que nos ocupa, por indicación parlamentaria, cambia el vocablo "establecimientos" por "empresas", lo que da un sentido absolutamente distinto a la disposición. Una empresa puede tener establecimientos en todo el país, y deberá contar con salas cunas en cada uno, aunque trabaje en él sólo una mujer, o ninguna. Realmente, eso no está bien, sin perjuicio del costo que genera.

Cuando se aprobó el proyecto que establecía la obligación de mantener salas cunas en locales comerciales, como los "mall" -norma que también resultó bastante defectuosa-, hice presente que, a mi juicio, no cabía iniciativa parlamentaria en esta materia, porque, por una parte, se refiere a modificaciones a la legislación laboral de manera obligatoria que incrementan los costos de la contratación. Y por otra, son normas relativas a la seguridad social, respecto de lo cual, aun cuando se discutió en su oportunidad, mi planteamiento no tuvo éxito.

Personalmente, considero que lo anterior es así y se demuestra fácilmente. Si cambiamos la expresión antes mencionada, significará un inmenso incremento en el valor de la contratación de mano de obra. Incluso esta disposición debería tener algún fundamento y señalar el costo que implica, porque, reitero, la norma será aplicable a las empresas, cualquiera que sea el número. En verdad, habrá muchas a las cuales no se les aplicará, porque el precepto adolecerá del defecto de exigir al menos veinte mujeres. El término "establecimiento" se refiere a un local de trabajo donde laboran más de veinte mujeres, lo que obliga al empresario a establecer una sala cuna o a pagar los gastos equivalentes a ésta. En cambio, "empresa" puede significar la existencia de varios establecimientos, por lo que se haría necesario contar con una sala cuna en cada uno de ellos.

Por esas razones, señor Presidente, reclamo formalmente de las normas que se han apartado de la idea matriz del proyecto. El tema es muy importante, muy digno de analizarse, pero debe hacerse de manera que se examinen sus costos y las consecuencias que representa.

Por lo tanto, anuncio que formularé indicaciones para suprimir la letra a) del número 1, porque considero claramente que es una disposición errada desde el punto de vista jurídico y altamente inconveniente por la interpretación que pueda hacerse de la misma, en cuanto al reconocimiento de eventuales derechos de mujeres trabajadoras del Poder Judicial o del Congreso Nacional. Al respecto, alguien podría sostener que esta legislación viene reconociendo solamente hoy un derecho, en circunstancias de que éste nació en 1953 para esas mujeres.

Con esas prevenciones, me abstendré de aprobar este proyecto, porque debe volver a un cauce normal y estudiarse lo planteado originalmente, es decir, la imposibilidad de establecer un test de embarazo como requisito de ingreso de las mujeres a un trabajo.

Muchas gracias.

El señor SULE.-

Señor Presidente , en Chile es una realidad la creciente incorporación de la mujer a la actividad productiva y su enorme contribución al desarrollo económico y social. Por eso, es necesario potenciar el reconocimiento jurídico de su igualdad en materia laboral y legislar para brindar real protección a la mujer trabajadora, frente a la maternidad. Se trata de alcanzar la compatibilización del papel reproductivo de la madre trabajadora con su rol productivo, en las diversas áreas de la economía. Constatamos la cruda realidad que sufren muchas mujeres trabajadoras por la conducta discriminatoria de algunos empleadores, quienes condicionan la contratación laboral a la previa acreditación de ausencia de embarazo. Los que así actúan, ofenden gravemente la función reproductiva de la mujer e inhiben su contribución al desarrollo nacional.

Por esta razón, se justifica la modificación al artículo 194 del Código del Trabajo en la forma propuesta en este proyecto de ley del Ejecutivo.

Dentro de lo que podemos considerar un marco general, el número 16º del artículo 19 de la Constitución establece la libertad de contratación en materia laboral. Pero es necesario observar que tal libertad que asiste al empleador no es ilimitada, ya que prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad e idoneidad de la persona. En el número 2º del mismo artículo, se prohíbe disponer medidas arbitrarias en esta materia. Es decir, la conducta de los empleadores precitados es contraria a lo establecido en la Carta Fundamental.

Por otra parte, Chile ha suscrito una serie de convenios internacionales que lo obligan a acatarlas y que deben entenderse como normas complementarias en materia laboral. Tales son, por ejemplo, la "Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. También, el Convenio Nº 103 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre protección de la maternidad de las trabajadoras, y el Convenio Nº 156, de la misma Organización, sobre igualdad de oportunidades y trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares.

El proyecto que comentamos, pretende el fuero maternal -obviamente, en forma responsable-, que es el derecho de la mujer trabajadora a estar protegida por los beneficios de la maternidad. Consiste en la imposibilidad, por un período determinado, de ser despedida de su trabajo por el empleador, o quien lo represente, que pretenda poner término a la relación laboral sin autorización judicial previa. Decimos que procura reforzar dicho fuero, porque se pone en una situación anterior a la contratación. Se persigue proteger a la mujer, no sólo en su contratación para un trabajo, sino también para su permanencia, la renovación del contrato y su eventual promoción.

Nuestro país puede exhibir al mundo grandes logros en su desarrollo económico; sin embargo, siempre es bueno recordar que ello solamente es posible gracias a la armónica conjunción de capital y trabajo. Por eso, estimo de la mayor importancia destacar que la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo ha crecido significativamente, ya que en 1976 las mujeres constituían el 27,6 por ciento de la población económicamente activa y, en 1995, alcanzaron el 34,5 por ciento; esto es, ellas representan más del tercio de la fuerza laboral.

Juzgo muy interesante e importante recoger la preocupación de la "Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe", en torno a una indicación formulada a la iniciativa. En ella, se sostiene que podría exigirse el test de embarazo a las mujeres que postulen a un puesto laboral en el cual "la naturaleza del trabajo así lo requiera", cuestión que entra en abierta contradicción con los propósitos y objetivos del "Plan de Igualdad de Oportunidades" que hizo suyo el Gobierno. Hoy, en Chile ocurren más de 150 mil abortos al año, y no cabe duda de que una parte de éstos corresponde a mujeres que defienden sus empleos bajo la presión orientada a la interrupción del embarazo, en especial en mujeres pobres, quienes corren riesgos para su salud y sus vidas.

Asimismo, deseo recoger la inquietud de la señora Ministra del SERNAM , quien observa: "Detrás de esta medida hay una suerte de introducir un elemento que permite, a la postre, que bajo cualquier motivo se exija exhibir el examen pronosticón de un embarazo.". Resulta contradictorio que los grupos conservadores, que dicen defender la familia, en materia laboral defiendan a los patrones capaces de inducir a una mujer a practicarse un aborto para salvar su puesto de trabajo. Rechazamos, pues, por discriminatoria, esa indicación.

Deseamos dejar claramente establecido que hacemos nuestra la definición del término "discriminación" de la Organización Internacional del Trabajo, la que expresa: "Discriminación comprende cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivo de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u otro origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.".

En consecuencia, señor Presidente, con este proyecto atendemos problemas que afectan a quienes tienen un papel protagónico en la economía chilena, en su doble rol de madre en potencia y creadora de riqueza.

Considerando que la iniciativa no sólo protege el derecho a la maternidad, sino que sobrepasa el ámbito de la legislación protectora y se hace parte de una política nacional que interesa a la sociedad en su conjunto, y sin perjuicio de presentar algunas indicaciones, entre otras una que coincide con la anunciada por la Honorable colega señora Feliú , en cuanto al ámbito del proyecto, o a quiénes favorece o a quiénes afecta, votaré favorablemente.

He dicho.

El señor RUIZ (don José).-

Señor Presidente , cuando se discuten normativas de este tipo surgen contradicciones, ya que siempre existe la posibilidad de que haya visiones distintas, tanto acerca del trabajo como de la sociedad. Aquí se ha mencionado un hecho que considero importante: la población chilena está envejeciendo. Las estadísticas indican que cada día se reduce más la natalidad, y una de las responsabilidades que tenemos, como nación, es justamente promover el aumento de los habitantes, especialmente por ser Chile un país con espacios tan amplios por llenar. Este proyecto tiende, no sólo a proteger el derecho de las trabajadoras de acceder a un puesto de trabajo, sino que, también, a defender -como aquí se ha dicho- el derecho a la vida. Por eso, es de gran trascendencia.

Más allá de las técnicas jurídicas que hayan de implementarse para corregir algunos aspectos del texto despachado por la Comisión, no me cabe duda alguna de que existen otras alternativas para mejorar la redacción, e incluso para aclarar ciertos conceptos. Por ejemplo, en la Comisión presenté una indicación destinada a modificar el artículo 203 del Código del Trabajo, la cual desglosé de una moción que presenté hace alrededor de dos años y que no ha sido tratada. Decidí formular la indicación a la iniciativa en debate, porque ésta modifica el artículo 194 de dicho Código, que desde ese precepto hasta el artículo 208 versa sobre protección a la maternidad. En consecuencia, los elementos que ellos contienen son susceptibles de modificarse en esta ocasión, por ser congruentes con el tema que nos ocupa, aunque tal vez la forma en que se encuentra redactada la indicación no sea la más adecuada.

¿A qué se refiere la indicación? En las distintas comunas a lo largo del territorio, hay empresas que operan a través de varios establecimientos, pero en cada uno de ellos no alcanzan a reunirse las 20 trabajadoras que la ley exige para que tengan derecho a sala cuna. Sin embargo, el personal femenino de esos establecimientos, en conjunto, sí puede sobrepasar ese número y sería legítimo que accedieran a tal derecho.

Estoy consciente de que la mencionada indicación es absolutamente insuficiente. Coincido con algunos Honorables colegas que han planteado que estas prestaciones deberían estar incorporadas entre las medidas de seguridad social, en lugar de cargárselas a las empresas. Todas las madres deberían tener la posibilidad de enviar a sus niños pequeños a una sala cuna para, de este modo, acceder a un puesto de trabajo, y no solamente las trabajadoras que pertenecen a una empresa en la cual laboran veinte o más mujeres. Esto sería lo razonable y lo correcto. Sin embargo, ello implica gastos, costos, por lo cual tendría que ser materia de un proyecto patrocinado o enviado por el Ejecutivo , porque los Parlamentarios carecemos de iniciativa al respecto. Lo único que nos cabe hacer desde el Congreso, es ir paulatinamente mejorando la legislación laboral en este aspecto, a fin de que las mujeres que estén en condiciones de trabajar puedan hacerlo, aunque tengan hijos pequeños.

Eso es lo que pretendemos con la enmienda al artículo 203 del Código del Trabajo. Seguramente habrá que perfeccionarla. Tenemos tiempo para formular indicaciones, y podremos acotarla para que no se produzca una aberración, como aquí se ha señalado.

Aparte la indicación mencionada, presenté otra -fue rechazada en la Comisión y la he renovado en la Sala, por lo que solicito incorporarla a aquellas que se analizarán la próxima semana- relacionada con el fuero maternal.

Lo que a mí me parece una aberración, es que a estas alturas del desarrollo del país, del avance de la modernidad, existan trabajadoras que no están protegidas por el fuero maternal y que, en consecuencia, arriesgan perder su puesto si llegaran a quedar embarazadas. Esto sí que es una aberración. Con la citada indicación, espero comenzar a desvirtuar una antigua práctica, a la que muy bien se refería el ex Presidente de la República don Jorge Alesessandri Rodríguez : nunca los Parlamentarios van a legislar a favor de las empleadas domésticas (así se llamaban antes), porque todos tienen alguna en su casa.

Al referirme a las empleadas de casa particular, estoy hablando de las trabajadoras quizás más desprotegidas de la legislación chilena, porque se hallan excluidas prácticamente de la mayor parte de los beneficios contemplados en el Código del Trabajo. Como gran cosa, durante la discusión del proyecto que modificó algunas disposiciones de dicho Código en 1990-1991, se introdujo una norma para establecer una indemnización a todo evento, con el propósito de compensar, de alguna manera, la ausencia de indemnización por años de servicios en caso de despido. Esa indemnización nada tiene que ver con el problema del fuero maternal.

El Código del Trabajo tiene un sentido muy fundamental: el de protección al trabajador, es decir, al sector más débil de la relación laboral. Por lo tanto, si bien es cierto que la indicación aludida generará problemas y conflictos en las casas donde se desempeña ese sector de trabajadoras, no lo es menos que en la relación trabajadoras-patrones, la asesora del hogar sigue estando en la condición más débil frente al empleador o empleadora.

Por consiguiente, he defendido y seguiré defendiendo el derecho de las trabajadoras de casa particular a tener el fuero maternal de que goza el resto de las mujeres que trabajan.

En cuanto al proyecto en sí mismo, estoy seguro de que la Comisión de Trabajo y Previsión Social hizo ya algunos perfeccionamientos al texto aprobado por la Cámara de Diputados, para facilitar su aprobación. En todo caso, en el plazo correspondiente presentaré nuevas indicaciones, para corregir algunos elementos introducidos por mayoría en la Comisión.

La iniciativa constituye un significativo avance y pienso que debe ser aprobada en general. Sería lamentable que algunos señores Senadores votaran en contra porque, independientemente de que discrepen de algunas de las disposiciones de su texto, pretende hacer justicia, además, a quienes se ganan la vida con tanto sacrificio, como son las trabajadoras de casa particular.

Voto favorablemente.

El señor CALDERÓN.-

Señor Presidente , en realidad, es una práctica permanente en las empresas discriminar a las mujeres exigiéndoles el test de embarazo para ser contratadas. Precisamente a eso apunta el proyecto enviado por el Gobierno al Parlamento. Sin embargo, el texto propuesto por la Comisión de Trabajo del Senado se aparta de la intención original del Ejecutivo , que consistía en disponer, en un artículo único, lo siguiente:

"Agrégase al artículo 194 del Código del Trabajo, el siguiente inciso final, nuevo: "Ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadoras a la ausencia o existencia de embarazo.".".

La Cámara de Diputados enmendó esta redacción, aun cuando respetó el sentido de la idea primitiva. Pero la norma que la Comisión ahora nos recomienda establece: "Ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadoras, su permanencia o renovación de contrato, o la promoción o movilidad en su empleo, a la sola ausencia o existencia de embarazo.". Y añade: -y aquí la Comisión introduce la modificación- "Con todo, el empleador podrá exigir exámenes o certificados que demuestren la existencia o ausencia de embarazo, sólo cuando ellos sean necesarios por la naturaleza del trabajo de que se trate, como aquellos a que se refiere el artículo 202.". Es decir, el segundo párrafo niega precisamente lo consagrado en el primero.

Por lo tanto, al distorsionar de esa manera la intención del Gobierno, que es proteger a la mujer embarazada, la maternidad y en definitiva a la mujer, me parece adecuado lo que aquí se ha señalado en el sentido de fijar un plazo para la presentación de indicaciones, con el objeto de restituir la idea original del Gobierno.

Señor Presidente , aquí se planteado otra materia, y quiero referirme a ella en forma muy breve.

Creo que para proteger a la trabajadora de casa particular -en realidad se encuentra desprotegida-, debemos legislar, precisamente, en tal sentido. En esta discusión el señor Ministro del Trabajo señaló que, sobre el particular, el Gobierno formularía algunas indicaciones a este proyecto, y que existirían iniciativas parlamentarias destinadas a favorecer a la trabajadora de casa particular que esté embarazada.

En relación a este tema, deseo contar una anécdota. La empleada de mi casa nos anunció hace como dos semanas que estaba embarazada, y toda la familia se puso feliz al conocer la noticia. Sin embargo, uno ve que las mujeres embarazadas están absolutamente desprotegidas, y no basta el apoyo personal y familiar que se les pueda dar. Es necesario legislar a favor de ellas. Por eso, me alegro por el anuncio del señor Ministro del Trabajo en cuanto a que se presentarían iniciativas sobre esta materia.

Voto a favor.

El señor PRAT.-

Señor Presidente , aquí se ha repetido el detalle del contenido del mensaje presidencial y de las modificaciones que le introdujo la Cámara de Diputados. Y, efectivamente, ambos textos son muy distintos del que ahora nos propone la Comisión.

La iniciativa del Gobierno establecía: "Ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadoras a la ausencia o existencia de embarazo.". Por su parte, la Cámara de Diputados la modificó en los siguientes términos: "Ningún empleador podrá exigir para la contratación de mujeres, su permanencia o renovación de contrato, exámenes de ninguna especie que demuestren la existencia o ausencia de embarazo, como así tampoco para la promoción y movilidad en su empleo.".

Estas fórmulas, así planteadas, no identifican la existencia de trabajos que resultan incompatibles para las trabajadoras embarazadas, tanto por el riesgo que pueden involucrar para la criatura en gestación, como, a veces, también por la pérdida de algunas condiciones y habilidades de las mujeres embarazadas, situación que, en el manejo de elementos sofisticados, puede significar incluso riesgos para ellas y para quienes rodean su ámbito laboral. Por lo tanto, establecer en forma ciega, absoluta, que no puede verificarse la condición de embarazo para los efectos de proceder a una contratación es algo que puede ir en contra de la madre y de la criatura que se quiere proteger con la ley.

Por ello, si bien voté en contra de esas disposiciones, concurrí a aprobar las modificaciones hechas en la Comisión de Trabajo. De tal modo, se llegó a un texto razonable, que dice: "Ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadoras, su permanencia o renovación de contratos, o la promoción o movilidad en su empleo, a la sola ausencia o existencia de embarazo.". Y avanza aún más al agregar: "Con todo, el empleador podrá exigir exámenes o certificados que demuestren la existencia o ausencia de embarazo, sólo cuando ellos sea necesarios por la naturaleza del trabajo de que se trate, como aquellos a que se refiere el artículo 202.". Así, el Senado establece una justa diferencia entre los casos en que el embarazo es relevante y pasa a ser un factor inhabilitante por la naturaleza propia del trabajo, y la situación genérica donde ello no sucede.

A mi juicio, la disposición propuesta por la Comisión es adecuada, acogí la indicación correspondiente y, en el entendido de que eso es lo que se está votando, la aprobaré.

Sin embargo, quiero referirme a la indicación del Senador señor Ruiz de Giorgio , que trata del fuero para la trabajadora de casa particular. En mi opinión, ésta es una materia relevante de seguridad social. Como ya un tercio de la fuerza laboral está constituido por mujeres, nos encontramos con que muchas de ellas -de distintas condiciones sociales y económicas- deben contratar a su vez auxiliares que las reemplacen en el hogar como trabajadoras de casa particular. Si impusiéramos el fuero, podríamos llevar a hogares de ingreso medio y bajo a una situación muy difícil, puesto que la mujer que hizo la contratación -porque debía ir a trabajar- podría ser despedida y, por lo tanto, perder la fuente de ingresos que le permitía pagar la empleada de servicio doméstico; o bien, el jefe de hogar podría perder el empleo, impidiéndole seguir solventando la remuneración de una empleada. Pero en ambos casos se crea un problema, pues las trabajadoras de casa particular estarían protegidas por el fuero que ahora se propone. Entonces, estaríamos llevando a la informalidad la contratación de trabajadoras de casa particular o impidiendo su acceso a empleos que hoy día son fuente de ingresos. O sea, dañaríamos a quienes, en definitiva, queremos proteger.

La legislación ha sido sabia en no conceder fuero en un trabajo de naturaleza tan particular y distinta del que realizan las trabajadoras, por ejemplo, de industrias.

Creo que la situación social que hay detrás de esta realidad debiera ser resuelta a través de una legislación propia de la seguridad social. Y, aprovechando la presencia del Ministro del ramo, es atinente que él recoja esta inquietud que se ha planteado en la Sala para materializarla en una iniciativa legal, la que sin duda tendrá amplia acogida en la Corporación y también en la Cámara de Diputados.

Hechas estas salvedades y dados los argumentos del caso, voto que sí.

El señor MATTA.-

Señor Presidente , el proyecto que modifica el Código del Trabajo en materia de protección a la maternidad pretende -como lo señala el Mensaje del Ejecutivo - reparar deficiencias en la legislación que afectan, fundamentalmente, a la mujer trabajadora en cuanto a que muchas veces es marginada de la opción laboral cuando se le exige demostrar, antes de su contratación, que no está embarazada.

El sentido de la iniciativa apunta a proteger la función procreadora de la mujer, asegurando su acceso al mercado laboral, según se ha afirmado desde distintos puntos de vista. Sin embargo, existe en Chile la realidad de las trabajadoras de casa particular que constituye, sin duda, uno de los índices más significativos de la necesidad de país de asumir un gran desafío hacia la igualdad de oportunidades.

En efecto, las trabajadoras de casa particular aparecen discriminadas en el mercado laboral, primeramente, por ser mujeres y, además, por desempeñarse en un empleo que, por cierto, muchas veces es menospreciado y desprotegido legalmente frente a otras actividades.

La actual situación de estas trabajadoras -generalmente jefas de hogar- se presenta como un imperativo social que nos debe motivar como Parlamentarios para fomentar la aprobación de iniciativas legislativas que den real respuesta a sus necesidades de integración, igualdad y dignidad en el trato laboral así como en el previsional y social.

Tengamos presente que, según cifras obtenidas a través del Ministerio de Planificación y Cooperación -MIDEPLAN- mediante la aplicación de la encuesta CASEN, en nuestro país las trabajadoras de casa particular representan el 16 por ciento de la fuerza de trabajo femenino, lo que constituye alrededor de 250 mil mujeres que se dedican esta actividad. A esta cifra se agrega la circunstancia de que en este segmento laboral la oferta de trabajo proviene en gran parte de Regiones distintas de la Metropolitana. De hecho, se estima que alrededor de 47 por ciento de estas trabajadoras proviene de Regiones del sur del país, frente a 35 por ciento, que es originaria de la Región Metropolitana, lo que agrava aún más su situación de vulnerabilidad social, porque, en busca de una mejor situación económica, emigran de sus Regiones de origen, debiendo abandonar su medio con todas las dificultades que esto implica, para enfrentarse a otra realidad, urbana, extraña, muchas veces hostil e individualista, lo que se transforma en la condición propicia para la marginalidad, la desilusión y el desarraigo.

Consideremos, del mismo modo, que cerca de 80 por ciento de estas trabajadoras se ha incorporado al mercado laboral antes de cumplir los 20 años de edad, y 34 por ciento lo hace antes de los 15 años, lo que constituye una señal grave que nos permite deducir un alto índice de deserción escolar, al mismo tiempo que la negación absoluta de posibilidades de ingreso a la educación superior, ya sea técnico-profesional o universitaria.

Lo que más escandaliza es la desmedrada situación que enfrentan estas trabajadoras desde el punto de vista legal frente al ámbito laboral. Generalmente, la celebración de contratos de trabajo no se encuentra debidamente regulada por la efectiva fiscalización de su cumplimiento, así como también el establecimiento de cláusulas que definan en forma clara elementos básicos como condiciones de trabajo, horario, vacaciones, naturaleza del trabajo, remuneración y duración del contrato.

En materia de remuneraciones se establece que éstas no podrán ser inferiores al 75 por ciento del ingreso mínimo mensual, lo que constituye abiertamente una práctica discriminatoria, toda vez que el ingreso mínimo es una conquista laboral al que todo trabajador tiene derecho.

Especial mención merece el problema de los despidos. Si bien en Chile no existen estadísticas claras sobre la materia por falta de fiscalización, la trabajadora de casa particular puede ser despedida sin que exista causa legal para hacerlo, con lo que el despido queda entregado al entero arbitrio del empleador. El beneficio que opera como contrapartida es el subsidio de cesantía, de cargo del Estado, pero requiere, para su otorgamiento, estar cesante y tener doce meses continuos de imposiciones.

Otra situación especial relacionada con el proyecto que nos ocupa se vincula con el hecho de que las trabajadoras de casa particular no disponen de fuero maternal, por lo que pueden ser despedidas aun cuando se encuentren embarazadas, pudiendo contar únicamente con una asignación denominada "asignación maternal", cuyo monto, de cargo del Estado, es bajísimo y sólo se paga a partir del quinto mes de embarazo, siempre y cuando, a la fecha de solicitud del beneficio, el contrato de trabajo esté vigente, lo que la mayoría de las veces no ocurre.

Esfuerzos particulares sobre el tema se han traducido en la redacción de las bases para la discusión de una posible iniciativa legal sobre la modificación del Código del Trabajo, a fin de regular el trabajo a domicilio. Asimismo, se ha difundido en los medios de prensa el anteproyecto de ley que reconoce a las trabajadoras de casa particular su derecho a percibir subsidios maternales.

En el Mensaje Presidencial del pasado 21 de Mayo, Su Excelencia el Presidente de la República , anunciaba, dentro de las metas ministeriales del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la adecuación y ampliación de la protección de los derechos laborales, concretamente el perfeccionamiento del subsidio maternal para las trabajadoras de casa particular, lo que es una aspiración muy sentida de este grupo laboral y así lo ha manifestado en reiteradas oportunidades la coordinadora de trabajadoras de casa particular.

Sin perjuicio de votar favorablemente el proyecto en general, he presentado una indicación, en conjunto con otros Senadores, para suprimir el inciso final del artículo 201.

He dicho.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Señor Presidente, deseo hacer unas breves reflexiones acerca del tema en comento, pues votaré favorablemente el proyecto que, según entiendo, será aprobado en general. Luego, espero que haya algunos días para presentar indicaciones.

En mi opinión, estas normas se insertan en el afán que comparten el Gobierno y los Parlamentarios en general, con las debidas y naturales visiones distintas, para lograr que la sociedad chilena sea claramente mucho más democrática, justa, solidaria y menos inequitativa. En esta materia, debe reconocerse que los sectores laborales y aquellos que representan a algunos grupos de mujeres, así como también a jóvenes y trabajadores de muy bajos ingresos, hoy en día son discriminados por una legislación que ha ido acumulándose.

En ese cuadro se inserta la actitud conocida que motiva el proyecto, cual es que ciertas empresas solicitan a las postulantes a un empleo que se practiquen un test de embarazo para, en base al resultado, resolver si se las contrata o no. Desde el punto de vista de las empresas más de alguien podría argumentar que ello es razonable, pero más allá de lo que se ha dicho aquí con justa razón en cuanto a que se trata de dar protección a la vida, porque muchas de esas mujeres eventualmente podrían provocarse un aborto con el ánimo de poder acceder a los trabajos, y más allá de lo que significa la iniquidad y la injusticia que se genera concretamente respecto a esas personas, existe también un problema de respeto hacia el ser humano, a la dignidad de la mujer que se ve enfrentada a una situación como ésa. Por eso, votaremos favorablemente el proyecto.

Este tipo de iniciativas se orienta en la línea que señalé al comienzo. En Chile existe una legislación variada en el ámbito del trabajo y de la salud que hace que éste no sea el único tema irracional, absurdo, en una sociedad moderna en donde buscamos que no sólo importen factores como el dinero, el lucro o el respeto hacia el crecimiento económico. El concepto de que las sociedades crecen y que por medio del "chorreo" de alguna manera el desarrollo les llega a todos, es algo que no compartimos, porque entendemos que el factor crecimiento debe darse en función de la persona y no al revés.

Y ésta no es una simple declaración. Por ejemplo, el señor Ministro conoce mi pensamiento y el Senado está al tanto de una moción que presentamos.

Y tan absurdo como lo que he señalado es lo que sucede con las licencias médicas, particularmente con aquellas otorgadas a las mujeres en algunas condiciones específicas. Si le dan diez días de licencia, se le pagan sólo siete; si la licencia es de once días, se le pagan todos, lo cual es algo que no tiene ninguna presentación y apunta al concepto de que quienes se encuentran en condiciones de indefensión, como ocurre en la enfermedad o cuando se busca trabajo, no cuentan con la protección adecuada.

Sin embargo, votaré favorablemente la idea de legislar, pero rechazaré -y veré la forma de hacer las indicaciones del caso o, al menos, compartir las que se presenten- la segunda parte de la letra b), que empieza diciendo: "Con todo, el empleador podrá exigir exámenes", etcétera, pues de alguna manera es contradictorio con lo anterior, salvo por el argumento que se ha dado de que con ello se podría proteger a la propia mujer o al fruto del embarazo, si así existiere. Sin embargo, creo que la forma de hacerlo es otra, y no a través de la redacción que se propone. Pienso que esto, de hecho, traslada el tema casi al mismo punto en que nos encontrábamos antes de la presentación del proyecto.

Como lo que importa es la aprobación del proyecto, votaré a favor del mismo.

En todo caso, debo expresar que participo de las ideas planteadas respecto de la modificación que se sugiere, en la letra a), al artículo 203, porque me parece razonable, en especial para las ciudades que no correspondan a la Capital o a las urbes más grandes del país.

En cuanto a la situación expuesta por el señor Senador que preside la sesión en este instante, y que forma parte de una indicación que firmamos, debo reconocer que es un tema opinable, donde existen puntos de vista diferentes. Pero, por el momento, me inclino por respaldar lo que suscribí, sin perjuicio de ver si acaso esa misma indicación puede modificarse, perfeccionándola en algunos aspectos.

En definitiva, estimo que estamos en presencia de un muy buen proyecto, y que con él el Gobierno da satisfacción al planteamiento que hemos hecho reiteradamente como Gobierno, como miembros de la Concertación, como personas y como Senadores individualmente, en orden a disminuir y morigerar algo que realmente es preocupante.

En el caso de los sectores más indefensos de la sociedad chilena -salvo en aquéllos de extrema pobreza, donde hay una acción directa del Estado que los resguarda, a lo menos en sus condiciones elementales de vida-, en una legislación extremadamente difusa en distintos aspectos, uno se va encontrando con situaciones como la ya mencionada. Como la circunstancia de que más del 62 por ciento del subsidio maternal esté favoreciendo de hecho sólo al 15 ó 20 por ciento de quienes cuentan con ingresos más altos, es la expresión de un mosaico de leyes que no están respondiendo a esta legítima aspiración que tenemos, para que la sociedad y la democracia se mantengan y sean, por lo tanto, internizadas por la población. De lo contrario, empezarán a transformarse en una cosa ajena, y no serán realmente capaces de dar satisfacción a esta norma de equidad. Ello, en un país en crecimiento, puede generar además un conflicto muy grande, pues en la medida en que quienes no perciben los beneficios, o son injustamente tratados, se dan cuenta de ello por efecto comparativo con quienes están ganando mucho, en ese mismo momento se genera una gran rebeldía, que puede poner en entredicho la propia solidez de nuestra democracia.

Hay cosas a las que tendremos que buscarles ajuste. Y si he tocado incidentalmente el tema de las licencias médicas, ha sido porque es un asunto que me atañe muy de cerca. Deseo aprovechar de plantearlo en presencia del señor Ministro , quien sé que se encuentra trabajando sobre la materia, y espero que se busque una solución adecuada, porque se trata de un tema mixto: salud y trabajo. Pero, en definitiva, lo indicado al respecto precedentemente carece de sustentación desde el punto de vista ético, como tampoco tiene sustentación, desde la misma perspectiva, el hecho de que una mujer deba someterse a la violencia de un control de esa naturaleza, sólo para ver si puede acceder o no a un trabajo.

Por eso, voto que sí.

El señor DÍEZ.-

Señor Presidente, no hay duda de que el proyecto camina en la dirección adecuada y de que todos los Senadores vamos a estar de acuerdo en aprobarlo. Y ésta es una buena oportunidad para reflexionar acerca de nuestra sociedad y de las tareas que tenemos por delante.

Pienso -y perdonen que lo diga de modo como anticuado y fuera de tiempo- que el creer que aquí hay dos posiciones frente a este problema, o que se trata de defender a los empleadores ricos contra los empleados pobres, demuestra un desconocimiento de la realidad en que vivimos.

Todos estamos de acuerdo en la idea de que debemos construir una sociedad que sea superior a la que hemos vivido anteriormente, en tres aspectos fundamentales. Lo señaló con tanta propiedad Su Santidad el Papa en el Comité de Justicia y Paz, en diciembre del año pasado en Roma, quien dividía los deberes de la sociedad contemporánea en tres. Primero -y voy a seguir el orden de Su Santidad-, la democratización de la sociedad; segundo, la defensa de los valores, y tercero, la solidaridad.

En el proyecto en debate se tocan indirectamente los tres puntos, pero directamente dos: el tema de los valores y el de la solidaridad. Hay un valor que la sociedad debe reconocer: el de la maternidad. La maternidad no puede ser un obstáculo. Es un privilegio, y nos corresponde a nosotros defender y proteger ese privilegio. La mujer, más que el hombre, es la cocreadora directa. Y ello merece y origina una serie de valores morales que la sociedad debe reconocer.

En el último tiempo hemos escuchado una serie de expresiones que tienden a evitar la discriminación en contra de la mujer, y a colocar a ésta en el lugar donde debe estar en la sociedad. Algunas las compartimos, otras van por caminos valóricos que no compartimos.

Pero, refiriéndonos al Derecho del Trabajo, materia sobre la cual nos estamos ocupando, creo que tenemos una gran tarea por hacer. Evidentemente, existe una legislación difusa, que corresponde a nuestro sentido de la solidaridad, a veces importante, como ésta, y otras veces, menos importante. Pero nuestra sociedad todavía no ha logrado entender que la principal obligación para evitar la discriminación de la mujer en la sociedad contemporánea, es reformar las maneras de trabajar.

Nuestra sociedad se halla construida, en todas sus actividades, bajo el concepto de que el hombre es el que trabaja, y como éste es el que trabaja, existe un sistema, maquinarias y horarios para que éste pueda laborar. Y no nos hemos puesto en la sociedad múltiple de hombres y mujeres, en la cual debe haber horarios, sistemas y equipos para que las mujeres puedan trabajar. Ésa es la única forma verdadera de terminar con la discriminación de ésta. Es una tarea difícil y lenta. Por lo mismo, debemos empezarla lo antes posible.

Quizás una de las maneras de comenzarla es lo que estamos haciendo esta tarde: dejar constancia en las actas del Senado - que alguien lee, o de las que se informa a través de la prensa- de que ésta es una tarea que debemos cumplir y es el camino por donde podemos conducir nuestras aspiraciones para llegar a una sociedad más solidaria.

Por supuesto, en ese sentido, el proyecto en estudio está en muy buena dirección. Evidentemente, merece nuestra aprobación y confianza. Y no hay duda de que, en el tiempo que esta Corporación ordinariamente se toma para que los Senadores que no somos miembros de esa Comisión podamos conocer los proyectos, vamos a formular algunas indicaciones que corresponden a nuestra filosofía moral, y, además, obedecen a aspectos que son muy importantes, como el decoro con que debe ser tratada la mujer, en especial la mujer embarazada.

Por eso, concuerdo con lo expresado por el Honorable colega que me precedió en el uso de la palabra. No me gustan los términos de "exigir un examen para", porque con ello se violan la intimidad y el decoro, que también tenemos que proteger, aspectos que son esenciales en la vida de la mujer. Sobre todo, durante procesos como el embarazo, el que muchas veces, por los motivos en que se ha producido, etcétera, coloca a la madre en un estado especial de sensibilidad, por lo que más cuidado debemos tener con ella. Porque cualquiera que sea la causa del hijo, aunque no estemos de acuerdo con la forma o la circunstancia en que éste fue concebido, ello desaparece frente a la maternidad, y lo otro pasa a ser una cosa accidental e insustancial. Lo importante es la maternidad, y nosotros debemos protegerla. Y si no somos capaces de hacerlo, estamos -como dijo el Senador señor Ruiz-Esquide - facilitando el aborto. Por eso es importante este proyecto, porque es una señal, una guía.

Aquí se mencionó el problema de las servidoras de casa particular. Quizás la forma como se ha planteado no es la adecuada, primero, debido a que los empleadores de ellas son de muy diversa naturaleza, de distintos medios y cultura. Y hoy día no son solamente hombres, sino también mujeres, que trabajan.

Abramos nuestra mente. No juzguemos con la discriminación del pasado, porque cada vez habrá más mujeres que trabajen, y también necesitarán personas que cuiden a sus hijos. Y, entonces, otras mujeres tendrán condiciones especiales para realizar ese trabajo tan digno, como es ser parte de una familia.

Con esa mentalidad hay que analizar la situación de las asesoras del hogar. Y tomando en cuenta, además, que envuelto en ello hay un valor, una realidad: éste no es un trabajo. En gran parte de nuestros hábitos, esa persona es realmente un miembro de la familia. Y, seguramente, en la práctica, no se produce la mayoría de los abusos que pensamos. Evidentemente, siempre hay excepciones o pequeños porcentajes que actúan de esa manera. Sin embargo, en la sociedad en que uno vive y en los casos que me ha tocado conocer, no hay duda de que se crea una relación casi familiar.

En definitiva, señor Presidente, nos alegramos de esto. Lo considero un paso importante, y creo que debemos seguir sembrando en este terreno.

En las campañas en contra de la discriminación de la mujer, echo de menos que no se ponga el acento en algo que considero la principal tarea: reestructurar nuestra mente, nuestras ideas, acerca de cómo funciona nuestra sociedad y cómo funciona un trabajo, para que la mujer tenga en ellos la debida participación.

El Senador que habla ha tenido el privilegio y la alegría de ser padre de cinco mujeres, antes de que naciera un hombre. Ellas trabajan, son profesionales, sus hogares están bien constituidos -una es madre de 7 hijos- y no han tenido problemas con la educación de sus hijos. De modo que es perfectamente armonizable el trabajo de una mujer con las tareas del hogar.

Mis hijas han tenido el privilegio de recibir educación, de contar con recursos, etcétera, lo que les ha permitido crear esa armonía para el ejercicio de sus profesiones. Y nosotros debemos extender tal armonía a todo tipo de actividades, y no sólo a las derivadas de la enseñanza superior.

Por estas razones, señor Presidente , con mucha satisfacción, doy mi voto favorable al proyecto.