Labor Parlamentaria

El señor ROMERO ( Presidente ).-

Corresponde continuar la discusión general, iniciada en la sesión especial celebrada hoy a las 15, del proyecto que introduce diversas modificaciones a la ley Nº 19.450, relativa a la escala de multas.

2014-07

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 43ª, en 29 de abril de 1997.

Informe de Comisión:

Constitución, sesión 45ª, en 6 de mayo de 1997.

Discusión:

Sesión 46ª, en 7 de mayo de 1997 (queda pendiente la discusión general).

El señor SULE.-

Señor Presidente , Honorables colegas, la presente iniciativa recoge la inquietud de la opinión pública en general. Así lo hemos escuchado de los diferentes medios de comunicación social, como también de los diversos actores implicados en el tema, de los jueces de policía local, de la Asociación Chilena de Municipalidades y de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Ésta es la oportunidad de enmendar las inobservancias de una ley que cumple objetivos importantes para la actualización de nuestra legislación penal y de policía local.

Uniformar las multas y afectaciones patrimoniales para determinar los tramos de las cuantías establecidas en diversos tipos penales en unidades tributarias mensuales y diversificar las sanciones para los infractores, estableciendo trabajos en beneficio de la comunidad y la reclusión nocturna, son aspectos no menores que equilibran y renuevan nuestro sistema jurídico.

El proyecto en debate fija las multas y cuantías de las afectaciones patrimoniales que señala el Código Penal en UTM, unidad más acorde a la realidad económica del país que los sueldos vitales y los ingresos mínimos.

Por otra parte, desde el punto de vista procedimental, se mantienen aquellas normas indispensables para hacer más expedito el procedimiento por faltas.

Y ha sido criterio de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado uniformar las innovaciones propuestas para el procedimiento de las faltas de que conocen los juzgados del crimen en la aplicación de la ley Nº 18.287, que regula dicho procedimiento ante los juzgados de policía local.

Debo hacer la prevención de que es necesario subsanar la proliferación de procedimientos para los asuntos de que conocen actualmente tales juzgados, que son, entre otros:

-Las infracciones del transporte en calles y caminos públicos.

-Los daños y perjuicios ocasionados en accidentes del tránsito o con motivo de ellos.

-Las infracciones a las normas municipales y a la ley de rentas municipales.

-Las faltas que establece el Código Penal.

-Las inobservancias a las leyes sobre derechos de los consumidores; sobre propiedad horizontal o copropiedad inmobiliaria, y sobre votaciones populares y escrutinios.

-Los incumplimientos a la ley sobre tabaco y cigarrillos.

-Los asuntos que emanan de las leyes de bosques y de fomento forestal.

-La transgresión a las leyes sobre conexiones o empalmes clandestinos a matrices o arranques de agua potable o alcantarillado; sobre vigilantes privados, y sobre discapacitados.

-Las infracciones a las leyes sobre buses contaminantes, pesca deportiva, caza y letreros de calles, como también a la denominada "Ley de Caminos".

-Las inobservancias a las leyes que crean la Comisión de Energía Nuclear y la Educación Primaria Obligatoria.

-El incumplimiento a las leyes sobre calificación cinematográfica, empadronamiento vecinal, pavimentación, boletos de la Lotería y de la Polla Chilena de Beneficencia, y sobre espectáculos públicos.

-Algunas infracciones a las leyes de alcoholes, combustibles y almacenes generales de depósito.

Cabe señalar, además, la transgresión a otros tantos cuerpos legales que sería muy largo enumerar.

Sin perjuicio de lo anterior, en el Parlamento se encuentran en trámite legislativo algunos proyectos que aumentan la competencia de estos tribunales.

Todo esta heterogeneidad de competencias hace difícil la labor de una jurisdicción que nació para resolver asuntos de naturaleza local. Pero la mayor dificultad para el adecuado desempeño de las funciones jurisdiccionales de estos tribunales radica en los procedimientos especiales que algunas de estas leyes establecen.

Por eso, es preciso que el Ejecutivo envíe un proyecto que unifique el procedimiento aplicable en la jurisdicción local, sustituyendo así el criterio de heterogeneidad que ha provocado la multiplicación de procedimientos según la materia. Esto sería de gran utilidad para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales que desarrollan dichos tribunales, porque significaría contar con un sólo procedimiento para todos los asuntos de que deban conocer los juzgados.

No obstante lo observado, y sin perjuicio de contemplar más adelante esas materias, daré mi aprobación a la iniciativa en estudio.

He dicho.

El señor OTERO.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero salvar algunas cosas que se han dicho sobre la responsabilidad que tuvo el Senado en el despacho de la ley Nº 19.450.

Al respecto, debo señalar que dicha normativa fue aprobada por unanimidad, y que los informes del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Chile y del Instituto de Ciencias Penales se referían a ella en términos elogiosos. También, quiero hacer presente que, dentro del plazo fijado por el Senado para formular indicaciones, sólo una fue presentada, la del Honorable señor Hormazábal , quien posteriormente la retiró, pues proponía reemplazar las unidades tributarias mensuales por pesos.

Por lo tanto, no proceden las críticas que se hacen al citado cuerpo legal.

En segundo término, debo recordar que cuando se nos pidió la aprobación de la ley Nº 19.456, el único fundamento entregado por el Ejecutivo fue que se debían procurar "los recursos financieros que hagan posible contar con una adecuada infraestructura y con los recursos humanos que posibiliten que la ley tenga una aplicación práctica ajustada a la voluntad del legislador". Cuando se planteó la iniciativa en la Sala -posterior ley Nº 19.456-, señalamos que el plazo de un año era excesivo y que nuevamente nos íbamos a encontrar discutiendo la materia en los últimos días antes de expirar el plazo para la entrada en vigor de la ley Nº 19.450. Lamentablemente ocurrió así, y la iniciativa que ahora debatimos llega al Senado de la República cuando faltan 19 días para que entre en vigencia el cuerpo legal respectivo.

Sin embargo, aparte tales circunstancias, debemos analizar el proyecto en sí mismo, y quiero referirme a ciertas observaciones que se han formulado.

Primero, no se consultó a la Corte Suprema, porque no correspondía hacerlo. Si se revisa la historia de la ley Nº 19.450, observaremos que en la parte pertinente se señala que no hay artículos de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado, porque se trata de preceptos relativos a modificaciones introducidas al Código Penal, y que, a mayor abundamiento, no inciden en la organización ni en las atribuciones de los tribunales.

La iniciativa en análisis modifica el Código Penal; el Código de Procedimiento Penal en materia de procedimiento sobre faltas, lo que no es necesario consultar a la Corte Suprema; y el procedimiento ante los juzgados de policía local, que tampoco precisa de tal trámite.

Por lo tanto, no se requiere ese informe ni constituye un requisito constitucional. Ello, por una razón muy simple: no se modifican las competencias de los tribunales, sino que se introduce un cambio en el umbral de la penalidad. No se dispone que los juzgados de mayor cuantía en lo criminal o los juzgados de policía local cambiarán la competencia: unos seguirán conociendo de las faltas, y otros, de los delitos, y en el caso de los juzgados del crimen, éstos continuarán conociendo de faltas y delitos, conforme a lo señalado en el Código.

También se ha planteado acá lo concerniente a la reiteración. Al respecto, quiero señalar que es una materia que está bien tratada. En el Código Penal estaba contemplada en el artículo 451, cuando se refería solamente a distintos hurtos a una misma persona o a distintas personas en una misma casa, y esa norma nunca produjo problema alguno. ¿Qué ocurre hoy? Actualmente, en los centros comerciales, ferias, establecimientos de comercio, supermercados, se cometen distintos hurtos, que siempre buscan ser inferiores al umbral del delito. Por lo tanto, una persona, en un mismo día, puede cometer cinco, seis o siete faltas y no va a ser considerada como delincuente aun cuando la suma de lo sustraído, en definitiva, exceda del umbral del delito de hurto.

Ésta fue, precisamente, una de las materias que fue objetada. De ahí, entonces, que se buscó la solución que existe hoy, y, obviamente, como lo establece la jurisprudencia, son los tribunales los encargados de aplicarla. Cuando uno habla de cualquier delito reiterado, en ninguna parte del Código se señala que debe ser cometido afectando a una misma persona o en un mismo lugar. Una persona puede ser autor de delitos reiterados de hurto a distintas personas, y, muchas veces, al ser detenida, se descubre, por la investigación que se hace, que ha cometido otros delitos. Por lo tanto, es autor de delitos reiterados y se aplicarán las reglas de la reiteración. Lo mismo ocurrirá en el caso de las faltas.

En cuanto a la reincidencia, lo que distingue a la reiteración de la reincidencia es que en esta última ha habido proceso y también condena. En lo que respecta a las faltas, se aplican las reglas generales, pero además hay normas que señalan que el juez, en caso de reincidencia, no puede aplicar el mínimo de la pena asignada a la falta.

Uno podría extenderse latamente en esta materia. En verdad, lo que aquí se está haciendo es solucionar, por la vía de la reducción del umbral, un problema práctico: el referente al número de jueces de policía local y a las condiciones en que funcionan estos juzgados. Ello no ha sido resuelto aún, y se está solucionando por la vía en estudio, encaminada a que los juzgados del crimen sigan conociendo de lo que antes pasaba a ser falta y que hoy continúa siendo delito.

Ésa es la solución. Lamentablemente, no tenemos otra forma de resolver al respecto, porque el proyecto debe ser despachado antes de los próximos 14 días. Estudiamos lo propuesto por el Gobierno y el texto aprobado por la Cámara de Diputados, y le hemos introducido las correcciones correspondientes. En nuestra opinión, el proyecto permitirá la aplicación de la ley sin que se originen problemas, que -reitero- no eran de carácter jurídico, sino de orden práctico. En ese sentido, la Comisión fue acuciosa y analizó la materia en detalle.

En mi concepto, estamos ante un problema que debe someterse a votación, por cuanto, indiscutiblemente, la materia que nos ocupa podría estudiarse más latamente y buscarse una serie de otros elementos. Sin embargo, el tiempo de que dispone el Senado no lo permite.

Por las razones que he señalado, solicito que el proyecto se vote en general y en particular; de lo contrario, si se da plazo para formular indicaciones, éste deberá ser muy breve, porque el Supremo Gobierno, dado que se le avecina la fecha de entrada en vigencia de la ley Nº 19.450, tendrá que fijar suma urgencia a la iniciativa, para que la Cámara de Diputados pueda despacharla antes de que entre en vigor dicha normativa legal. Sería bastante grave e injustificable ante la opinión pública que el proyecto en debate no sea promulgado como ley antes de que comience a regir la ley Nº 19.450. De lo contrario, tendremos en vigencia esta última por uno o dos días, y después entrará en vigor el proyecto modificatorio en debate.

Si bien es cierto que ello es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo , sin duda alguna, quien pagará las consecuencias desde el punto de vista del prestigio público, será el Poder Legislativo, como ha sido permanentemente. Porque se va a señalar que no hemos podido despachar a tiempo un proyecto de ley para evitar esa circunstancia.

Sin embargo, quiero ser muy claro y categórico -así como dejé constancia en el informe de esta situación, también deseo hacerlo en la Sala-: el Senado ha recibido con 14 días de anticipación un proyecto respecto del cual el Gobierno dispuso 350 días para haberlo enviado con anterioridad. En la Sala otorgamos plazo de un año, pensando que la iniciativa iba a llegar a los seis meses; pero no fue así. La señora Ministra ha dado las explicaciones del caso. Entiendo su posición y la del Ministerio del ramo, y no es mi ánimo criticar. Pero sí quiero dejar constancia en la Versión Taquigráfica y para la historia de la ley de que no es responsabilidad del Senado de la República la demora en promulgarse como ley la iniciativa en debate.

El señor MC INTYRE.-

Señor Presidente , después de escuchar las palabras del Senador señor Otero , en el sentido de que el tiempo de que se dispone no permite estudiar más latamente la materia que nos ocupa, cabe señalar que el proyecto viene con urgencia calificada de "simple" y el informe es de fecha de 6 de mayo en curso. Las modificaciones introducidas a la iniciativa que vimos hace un año se hallan contenidas en, más o menos, 10 páginas, las cuales, en general, se refieren a la baja de las penas; pero, en realidad, hay muchos temas ajenos a dicha materia.

Me parece más conveniente que el Ejecutivo , para evitar los días que, eventualmente, estará en vigencia la ley Nº 19.450, prorrogue el tiempo y podamos analizar el proyecto en debate con tranquilidad, como corresponde. Estoy totalmente de acuerdo con lo señalado por la Senadora señora Feliú , en cuanto a escuchar a la Corte Suprema. Hemos oído la opinión de los jueces de policía local, pero es mucho mejor -se halla establecido en la Constitución; no sé si para los procedimientos, pero sí en estas materias que son importantes- consultar al Máximo Tribunal.

Sugiero solicitar al Ejecutivo que postergue por uno o dos meses el plazo de entrada en vigencia de la ley, a fin de estudiar más detenidamente el informe -evacuado recién el día de ayer-, que trata sobre correcciones a una ley despachada hace un año, que fue indudablemente mal aprobada, por los errores que estamos corrigiendo.

El señor OTERO .-

Sólo quiero agregar dos cosas, señor Presidente .

En primer lugar, los jueces de policía local -tal como dijo la señora Ministra- fueron escuchados.

En segundo término, cuando pedimos a la Corte Suprema informar un proyecto respecto del cual su opinión no es obligatoria, no lo hace; señala que sólo emite informe si constitucionalmente le corresponde hacerlo.

Al respecto, puedo mostrar al Senador señor Mc-Intyre múltiples respuestas del Máximo Tribunal en el sentido de que opina única y exclusivamente sobre las materias en que debe hacerlo. Tanto es así que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia hizo presente esta circunstancia al señor Presidente de la Corte Suprema , manifestándole que para nosotros es muy importante recibir un informe general del Tribunal Supremo. Y nos expresó que trataría de cambiar el criterio imperante. Sin embargo, hasta el momento no se puede solicitar a dicha Corte que informe sobre aquello a lo cual no está obligada, pues sigue sosteniendo que no le corresponde hacerlo.

Por otra parte, a propósito de un planteamiento del Senador señor Horvath, debo decir que la posibilidad de conmutar la pena de multa por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad no ha sido tocada en la reforma; por ende, permanece igual.

Por último, debo explicar que la extensión de la normativa propuesta -hizo referencia a ella el Honorable señor Mc-Intyre- obedece a la multiplicidad de distintos artículos donde debe repetirse la misma modificación. Uno podría haber aportado a la reducción del texto con meras referencias. Sin embargo, por razones de técnica legislativa y pedagógicas, preferimos hacer las modificaciones artículo por artículo, aunque resultara reiterativo.

Gracias, señora Ministra .

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , tocante a la aplicación del artículo 74 de la Constitución Política, la cuestión es discutible. No obstante, me inclino a pensar que debe pedirse el parecer de la Excelentísima Corte Suprema.

Recuerdo al Senado que se han escrito varios artículos con motivo de la ley Nº 19.450 precisamente para hacer presente la necesidad de cumplir en este caso tal trámite ante la Corte Suprema, considerando que el cambio de figuras delictivas importa, en definitiva, radicar en los juzgados de policía local materias que hoy son del conocimiento de otros tribunales.

Recuerdo también que entre los puntos muy discutibles que se plantearon en relación a la enmienda de la ley Nº 19.450 se encuentra el artículo 72 del Código Penal, que no va a ser aplicable tratándose de faltas. Dicho precepto, que regla la situación de bandas o grupos donde participan mayores y menores, no se aplica tratándose de las faltas. Y sucede que eso es muy frecuente en el caso de los denominados "hurtos hormiga".

En suma, sobre la base de lo que manifesté anteriormente, votaré en contra del proyecto. Y llamo la atención sobre la gravedad que representa el hecho de que, ante un proyecto de esta naturaleza, el mensaje se haya enviado al Parlamento el 8 de abril último, en circunstancias de que la ley cuya vigencia debió postergarse entrará en aplicación el próximo 16 de mayo.

Advierto también que los jueces de policía local no fueron consultados por la Comisión de Constitución del Senado -al menos, el informe no deja constancia de lo contrario-, como tampoco ningún especialista en Derecho Penal, no obstante que el proyecto contiene normas de esta naturaleza, que son de compleja aplicación y que generan múltiples problemas, como ocurrió con la ley Nº 19.450, que permitió un sobreseimiento que nadie pensó que debía ordenarse.

Voto en contra.

El señor HAMILTON .-

Señor Presidente , ya expliqué las razones por las cuales votaré favorablemente el proyecto. Sin embargo, como se ha insistido en la necesidad de consultar a la Corte Suprema de acuerdo con el artículo 74 de la Constitución Política, citaré la norma pertinente, para que la situación quede bien clara.

El inciso segundo del ya referido artículo 74 expresa: "La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema.".

Con el proyecto en debate no estamos alterando la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales. Más aún, el criterio que hemos reconocido en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de parte de los señores Ministros de la Corte Suprema se basa en que no podemos recargar sus tareas con todas las consultas que queramos formularles a raíz de cualquier materia que guarde relación con las leyes procesales u otros problemas de orden judicial.

El proyecto que originó la ley Nº 19.450 no se consultó. El que ahora nos ocupa no tiene por qué ser consultado. Y existe urgencia (reconocida por todos) en la aprobación de esta iniciativa, ya que el 16 de mayo entrará en vigor la legislación que estamos procurando modificar.

Voto que sí.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , repetiré mi argumento anterior, que se basa en el informe de la Comisión.

Ese organismo señala que en el mensaje se expone que el Gobierno "creó una comisión interministerial con el propósito de abordar de manera más integral el tema relativo a la jurisdicción local", explicando que actuó de ese modo "dada la envergadura de las deficiencias que la ley Nº 19.450" -aprobada por nosotros mismos hace sólo un año- "puso de manifiesto.". O sea, el Ejecutivo juzgó necesario crear al efecto una comisión interministerial, mientras el Senado recibió sólo ayer el informe correspondiente y hoy está votando un texto del que ha podido tomar un conocimiento mínimo.

Desgraciadamente, no puedo votar, por estar pareado. En todo caso, me habría pronunciado por el rechazo.

--Se aprueba en general el proyecto (35 votos contra uno y 2 pareos).

Votaron por la afirmativa los señores Alessandri, Bitar, Cantuarias, Carrera, Cooper, Díez, Errázuriz, Fernández, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Hormazábal, Horvath, Huerta, Lagos, Larraín, Larre, Lavandero, Letelier, Martin, Matta, Núñez, Ominami, Otero, Páez, Pérez, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Siebert, Thayer, Urenda, Valdés, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).

Votó por la negativa la señora Feliú.

No votaron, por estar pareados, los señores Mc-Intyre y Sinclair.

--No habiéndose presentado indicaciones, el proyecto queda aprobado también en particular, con el voto contrario de la Honorable señora Feliú.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Corresponde discutir en particular el proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones a la Ley General de Bancos; al decreto ley Nº 1.097, de 1975; a la ley Nº 18.010, y al Código de Comercio, con segundo informe de la Comisión de Hacienda.

1404-05

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 15ª, en 9 de julio de 1996.

Informes de Comisión:

Hacienda, sesión 31ª, en 11 de marzo de 1997.

Hacienda (segundo), sesión 43ª, en 29 de abril de 1997.

_______________________

--Se autoriza el ingreso de los señores Manuel Marfán, Subsecretario de Hacienda ; José Florencio Guzmán, Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras , y Cristián Larraín, Asesor del Ministerio de Hacienda.

_______________________

El señor LAGOS ( Secretario ).-

La Comisión de Hacienda previene que este proyecto, calificado de "Simple Urgencia", contiene las siguientes disposiciones que deben ser aprobadas con quórum de ley orgánica constitucional (26 votos favorables):

Artículo 1º: inciso cuarto del artículo 82, contenido en el número 47; inciso primero del artículo 83 bis y número 2) del inciso séptimo del artículo 83 bis, contemplado en el número 60; letra c) del inciso final del artículo 119, inserto en el Nº 69.

Artículo 2º: artículo 18 bis, nuevo, contenido en el numeral 4; artículo 24, nuevo, contemplado en el número 6.

Artículo 3º: letra c) del artículo 5º, nuevo, contenido en el Nº 1.

Agrega la Comisión que los siguientes preceptos deben ser aprobados con quórum calificado (24 votos a favor):

Artículo 1º: artículo 27 A, contenido en el Nº 4; inciso cuarto del Nº 18 del artículo 65, modificado por el número 36; el primero de los nuevos incisos que se agregan al Nº 15 bis del artículo 83, inserto en el numeral 58; letra e) del inciso segundo y número 1) del inciso séptimo del artículo 83 bis, contemplado en el numeral 60; artículo 115, contenido en el número 66, e inciso cuarto del artículo 124, contemplado en el numeral 71.

En seguida, para los efectos de lo establecido en el artículo 124 del Reglamento, se deja constancia, en primer lugar, de que no fueron objeto de indicaciones los siguientes preceptos:

Artículo 1º, números 1, 3, 7, 9, 10, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 36 (quórum calificado), 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47 (quórum de ley orgánica constitucional), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58 (quórum calificado), 62, 63, 64, 65, 66 (quórum calificado), 67, 68, 71 y 72; artículo 2º, número 1; artículo 3º, números 1 (quórum de ley orgánica constitucional), 3 y 4; artículo 4º; artículos transitorios 1º, 2º, 3º y 4º.

De acuerdo con el Reglamento, corresponde dar por aprobados en forma automática los preceptos enumerados, con excepción de los que necesitan quórum especial, además del artículo 1° transitorio, que no fue objeto de indicaciones, pero que sí fue modificado como consecuencia de indicaciones aprobadas a otras normas.

-Conforme al artículo 124 del Reglamento, se dan por aprobados, salvo los artículos que requieren quórum especial.

El señor LAGOS ( Secretario ).-

Artículos modificados como consecuencia de indicaciones aprobadas: sólo el artículo 1° transitorio.

Artículos que sólo han sido objeto de indicaciones rechazadas: artículo 1°, números 15, 17, 19, 21, 31, 32 y 41.

Indicaciones aprobadas: las N°s 1, 2, 11, 11 A, 15 B, 16, 17, 18 (primera parte), 20, 20 A, 22 A, 28, 28 A, 29, 29 A, 37, 37 A, 58, 60, 74, 74 A, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 85 A, 86, 86 A, 87, 88, 88 A, 88 B, 91, 92, 102, 102 A, 108, 109, 109 A, 114, 115, 116, 122, 122 A, 127, 127 A, 130 A, 135, 142, 163 y 167.

Indicaciones aprobadas con modificaciones: 9, 10, 14, 14 A, 15, 15 A, 21, 23, 24, 24 A, 26, 27, 31, 32, 33, 33 A, 38, 41, 68 A, 69, 70, 80, 80 A, 83, 84, 90, 93, 93 A, 94, 94 A, 95, 96, 97, 99, 99 A, 103, 107, 119, 120, 121, 121 A, 132, 133, 134, 143, 150, 151, 152, 154, 154 A, 156, 157, 161, 162, 165 y 165 A. Estas indicaciones son las que constituyen las proposiciones de la Comisión, de las cuales se dará cuenta oportunamente.

Indicaciones rechazadas: 25 A, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 63, 64, 65, 68, 71, 72, 75, 101, 106, 110, 112 y 113 (salvo oración final), 126, 128, 129, 138, 139 y 153. Estas indicaciones pueden ser renovadas con la firma de 10 Senadores o la del Presidente de la República.

El señor DÍEZ.-

¿Se han renovado muchas indicaciones?

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Se dará esa información en un rato más, señor Senador.

El señor LAGOS ( Secretario ).-

En seguida, la Comisión señala en su informe las indicaciones retiradas y las declaradas inadmisibles. Y, a renglón seguido, hace una descripción de todas las indicaciones, dejando constancia tanto de la discusión efectuada como de los acuerdos adoptados respecto de cada una de ellas.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

En discusión particular el proyecto.

El señor LAGOS ( Secretario ).-

La primera proposición de la Comisión tiene por objeto suprimir el N° 2 del artículo 1°. Fue aprobada por unanimidad (5 votos contra cero) y corresponde a las indicaciones N°s 1 y 2.

El N° 2 del artículo 1° dice:

"2.- Reemplázase en el inciso final del artículo 20, la frase: "La justicia ordinaria y la militar, en las causas que estuvieren conociendo", por la siguiente: "Los tribunales de la República, tanto ordinarios como especiales, a excepción de los jueces árbitros, en las causas que estuvieren conociendo y dentro de sus facultades legales,"."

La señora FELIÚ.-

La proposición fue acordada por unanimidad, señor Presidente , por lo que correspondería aprobarla.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Conforme al artículo 133, inciso sexto, del Reglamento, habría que darla por aprobada sin discusión.

-Se aprueba la supresión.

El señor LAGOS ( Secretario ).-

El N° 3 del artículo 1° pasa a ser N°2, sin modificaciones.

En cuanto al N°4, que pasa a ser N°3, la Comisión propone sustituirlo por el siguiente:

"3.- Modifícase el artículo 27 de la siguiente forma:

"a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente:

""Los accionistas fundadores de un banco deberán presentar un prospecto a la Superintendencia, tanto para la creación de un nuevo banco como para la transformación de una sociedad financiera en empresa bancaria. El prospecto deberá ser acompañado de un plan de desarrollo de negocios para los primeros tres años de funcionamiento."

"b) Sustitúyese en los incisos tercero, cuarto, quinto y sexto, el vocablo "organizadores" por la expresión "accionistas fundadores"."

Esta proposición también fue aprobada por unanimidad en la Comisión.

-Se aprueba.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , creo que deberíamos acoger los textos sugeridos por la Comisión. Sólo un exceso de celo lleva a decir que para ello se necesita quórum calificado. La situación de excepción que señala la parte final del artículo 27 C, en cuanto a que debe darse cuenta al Ministro de Hacienda y al Banco Central, es lo que induce a considerar que la aprobación requiere de ese quórum. Si bien puede ser dudoso, la verdad es que pienso habrá acuerdo, y es preferible ser estricto en este aspecto. Pero bien podría estimarse que no se requiere quórum especial.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , sólo para referirme a la disposición anteriormente aprobada, respecto de la cual yo había presentado una indicación que, por alguna razón, el señor Secretario me informa que no se puede discutir en la Sala. Está bien. Quiero únicamente, para los efectos de que haya constancia al respecto, señalar que el Nº 11 del artículo 1º que acabamos de aprobar por unanimidad dice: "Los acreedores de las obligaciones contraídas por el banco extranjero, que sean chilenos o extranjeros domiciliados en Chile, gozarán de preferencia sobre el activo que el banco tuviere en el país.".

Deseo que se considere la posibilidad de corregir la disposición mediante otra modalidad. Y en tal sentido presenté mi indicación porque, según ese Nº 11, si un chileno o extranjero, domiciliado en Chile, cuenta con una acreencia del Banco de Tokio en Hong Kong, tiene preferencia sobre los activos que la sucursal del Banco de Tokio posee en nuestro país. Me parece que ése no fue el propósito que se pretendía con la disposición, y traté de corregirla con mi indicación.

Por ello, solicito que, por unanimidad, la reconsideremos para que la preferencia recaiga solamente en las obligaciones que tenga el banco extranjero, con chilenos o extranjeros domiciliados en nuestro país, pero contraídas en Chile. Y veo que el señor Superintendente está manifestando su conformidad con esta propuesta.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor Subsecretario.

El señor MARFÁN ( Subsecretario de Hacienda ).-

Señor Presidente , el Ejecutivo no tendría ningún inconveniente si la indicación se aprobara por unanimidad y, en consecuencia, quedara incorporada al proyecto.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Ruego al señor Senador hacer llegar a la Mesa el texto de su indicación.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , en realidad, la acabo de presentar y no fue sometida a trámite en la Comisión. Por ello, reglamentariamente, es correcta la conducta asumida por la Secretaría. Pero estoy formulando una proposición de fondo cuyo texto haré llegar a la Mesa y que debiera ser aprobada por unanimidad.

El señor LAGOS ( Secretario ).-

La indicación del Honorable señor Piñera , dice:

"Para modificar el N° 10 del Artículo Primero en la siguiente forma:

"1) En el inciso final, insértase a continuación de la palabra "contraídas" la frase "en Chile.

"2) En el inciso final, elimínase la primera coma que aparece e insértase una coma a continuación de la palabra "extranjeros".

En consecuencia, el artículo quedaría redactado en la siguiente forma: "Los acreedores de las obligaciones contraídas en Chile por el banco extranjero, que sean chilenos o extranjeros domiciliados en Chile,...", etcétera.

La indicación, para ser aprobada, requiere de la unanimidad de la Sala.

El señor PIÑERA.-

Insisto en que ella apunta a lo que acabo de señalar: que la preferencia es solamente para las obligaciones contraídas por el banco extranjero en Chile.

El señor LARRAÍN .-

Señor Presidente , puede darse el caso de bancos extranjeros que celebren un compromiso en el exterior con acreedores chilenos. Lo importante -y es lo que en distintas normas consagra el Código Civil- es que surtan efecto en nuestro país. De modo que, entendiendo y compartiendo su espíritu, habría que estudiar con más rigor la indicación.

El señor PIÑERA.-

¿Me permite, señor Presidente ? La verdad es que no es así. Si hay una acreencia contraída por un banco extranjero con un chileno, pero fuera de nuestro país, por ejemplo, una entre el Banco de Tokio y un chileno, en Tokio, ella no tiene preferencia sobre los activos que dicho banco posee en Chile. En consecuencia, aquí estamos otorgando preferencia sobre los activos que el banco tiene en Chile a los acreedores que hayan contraído derechos sobre esa entidad en Chile, sean chilenos o extranjeros domiciliados acá. De manera que estaría correcta la indicación.

-Por unanimidad, se aprueba la indicación.

-Se aprueba la proposición de la Comisión.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , pido a mis Honorables colegas reflexionar en forma especial respecto a esta materia, por cuanto si el ánimo de la mayoría -como se ha demostrado- es aprobar lo que se define como "modernización del sistema financiero", más allá de las legítimas dudas que a algunos nos asaltan respecto del concepto y las modalidades que tiene su proposición, quiero recordar que, en el primer informe el señor Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras , expuso las fundamentaciones básicas del proyecto en materia de nuevos negocios; requisitos para acceder a nuevas actividades; tipo de calificación de gestión; la justificación con estudios de factibilidad de la apertura de nuevas actividades; adaptación de la ley a las normas de Basilea; establecimiento de pautas para sociedades financieras; control de la composición accionaria; simplificación de las regulaciones de los bancos para agilizar su funcionamiento; modificaciones a la ley Nº 18.010, en términos de limitación de intereses y prepago de créditos, e intercambio de información de deudas de consumo entre comercio y banca. Durante la discusión de la iniciativa se estimó que este último tema se dejase pendiente debido al surgimiento de algunas materias que han generado legítima controversia sobre el particular.

Y al revisar los informes despachados por la Comisión de Hacienda -la cual ha trabajado con mucha acuciosidad en el estudio de esta iniciativa-, observo que tanto la modificación propuesta para el artículo 32 como la derogación del artículo 33 no ayudan a que el concepto de modernización sea tomado adecuadamente por actores tan relevantes dentro del sistema como lo son los propios trabajadores. Porque ninguna de las proposiciones del señor Superintendente puede tener relación con la afectación de un derecho histórico de los trabajadores del sistema financiero. Y quiero recordar al Senado que la ley que definió el inciso segundo, que hoy se derogaría, fue dictada durante el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva , cuando era Ministro del Trabajo nuestro Honorable colega señor Thayer , y Subsecretario de Hacienda , el actual Senador señor Andrés Zaldívar .

Entonces, hace 32 años personeros calificados determinaron que la efectiva eficiencia en el sistema financiero podía lograrse con una modalidad de trabajo conforme a la cual los funcionarios bancarios trabajaran en atención de público sólo de lunes a viernes. Pero quienes hemos trabajado más de 20 años en el sistema financiero sabemos que éste funciona día y noche, que trabaja sábados, domingos y festivos, pues hay un conjunto de actividades de tipo continuo que no pueden desatenderse. Es decir, todo lo que se ha denominado "modernización" puede seguir su marcha perfectamente, sin que los trabajadores chilenos perciban que el Senado de la República, al aprobar una iniciativa de esta naturaleza, afecta derechos históricos, respetados y promovidos por Gobiernos de los más distintos signos ideológicos.

¿Qué tiene que ver con las normas de Basilea que los bancos no atiendan los sábados y domingos? ¿Qué tiene que ver con los requisitos de solvencia, integridad u otros exigidos a los accionistas fundadores, lo tocante a modificar la legislación vigente respecto a esos trabajadores? ¿Mejorará la atención de público? En verdad esto no tiene ningún sentido.

Sus Señorías saben que actualmente, a cualquier hora del día o de la noche, puede accederse a cajeros automáticos que, incluso, están en condiciones de entregar no sólo saldos o dinero en efectivo, sino, además, talonarios de cheques. Y es conocido también que los procesos de informática en el sistema de los negocios hace que muchos empresarios profesionales puedan obtener desde sus propias oficinas, o desde sus hogares, la información pertinente de todo el sistema financiero. Entonces, ¿cuál sería la razón de fondo para que en la modernización del sistema financiero se parta en contra de los trabajadores? ¿Por qué el Senado, preocupado de modernizar el sistema financiero, debe entender que ello implica derogar derechos adquiridos de los trabajadores? ¿Por qué?

Señor Presidente , examiné el primer informe de la Comisión de Hacienda, donde el señor Fiscal de la Superintendencia -distinguido profesional, del que guardo el mayor de los recuerdos por haber sido yo también un trabajador bancario- señaló que la norma es un poco rígida. ¿Por qué rígida? En el informe no viene ningún elemento que demuestre eso. Cuando, por ejemplo, ha habido una emergencia, los funcionarios bancarios y los bancos han estado en condiciones de sesionar; cuando el país vive una sola vez al año la experiencia maravillosa de solidaridad con la Teletón, nunca ha habido dificultades para que los empleados del Banco de Chile atiendan día y noche, y trabajen como corresponde. O sea, las normas actualmente vigentes, respetando esa conquista de los trabajadores, permiten al sistema financiero funcionar de manera notable. Y es tan destacado esto que el Presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, don Hernán Somerville -brillante negociador de la deuda externa, etcétera- coincide en señalar aquí que uno de los grandes patrimonios de la banca se halla en su capital humano. ¿Y por qué los hombres que forman ese capital humano, que se profesionalizan -hay ya más de 30 por ciento de trabajadores bancarios que son profesionales universitarios-, tendrían que entender que el proyecto que moderniza el sistema es contrario a sus intereses? ¿Qué gana el país con la derogación de esta norma?

Señor Presidente , he visto con agrado que en la Comisión de Hacienda se estudiaron los pros y los contras de esta materia. Conocí la argumentación entregada por los Honorables señores Andrés Zaldívar y Ominami , buscando una solución para la pretendida rigidez que el señor Fiscal atribuyó a la actual norma. Conversé con el señor Superintendente , quien me indicó que ha dado autorizaciones al sistema financiero para actuar en todas aquellas prestaciones de servicio necesarias, sin ley. Y esto ha operado así. Hoy día, aparte del horario de atención de 9 a 14 horas, todos los bancos pueden atender en las tardes a los jubilados y abrir oficinas especiales de pago. Además hay oficinas móviles que van a pagar a las empresas, y cajas auxiliares autorizadas para funcionar. En consecuencia, ¿cuál es el requisito de la modernización para terminar con una norma de esta naturaleza? Creo que con esto daríamos una connotación tremendamente negativa al precepto en discusión, pese a las buenas intenciones manifestadas en la Comisión respecto a evitar rigideces.

Entonces, llamo la atención de mis Honorables colegas para decirles que es preferible la norma actualmente vigente y no introducir un cambio que genere algo distinto a lo que interesa al país, cual es la modernización propuesta en el proyecto.

Por lo tanto, solicito formalmente su apoyo, y agradezco a los Honorables colegas de distintos partidos e independientes que respaldaron la indicación. Pienso que el mercado juega un papel importante dentro de la asignación de recursos; pero cuidémonos de que él se expanda, porque la ficción de que la gente actúa sobre la base de determinado número de principios morales se hace más difícil de sostener.

El trabajador bancario es parte importante de la fe pública. Así, por ejemplo, en la normativa destinada a controlar lo relativo al lavado de dinero, se establece, incluso, la responsabilidad de quien sepa, en el desempeño de sus funciones, que se están haciendo depósitos provenientes de actividades que tienen una connotación muy negativa para el país. Pues bien, para ese empleado bancario, que está experimentando el proceso de modernización, las fusiones han significado despidos, rebaja de remuneraciones e, inclusive, la aparición en el sistema financiero del concepto de trabajo "part-time". Sus Señorías saben que algunos bancos contratan cajeros por horas, con lo cual la fidelidad al compromiso y la responsabilidad -que en la antigua carrera funcionaria bancaria significaba llegar a cajero como parte de un proceso-, hoy día, por abaratar costos, se trae gente ajena al banco, cuya vinculación e identificación con la empresa tiene elementos de mucha debilidad.

Pienso que debiéramos evitar que la legislación que se dicte esté contaminada con efectos perversos no deseados. Y por ello me permito sugerir que aprobemos la indicación que presentamos con las firmas de Senadores de todos los partidos y de distintas orientaciones, para que, de esa manera, resulte un proyecto que, de acuerdo con quienes saben más que yo sobre el particular, pueda ser positivo para la banca, pero sin afectar derechos adquiridos de los trabajadores, reconocidos por Gobiernos de los más variados signos.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente, deseo explicar el origen de esta disposición. Es efectivo lo dicho por el Honorable señor Hormazábal . Para el Senador que habla siempre ha constituido un paso muy positivo el dado hace 32 años, cuando establecimos la jornada única en el país. Creo que una medida de ese tipo significó modernizar el sector público, pues posteriormente fue asumida por casi todos los sectores, salvo aquellos que deben prestar servicios continuados, o en días festivos, o los sábados.

Respecto del tema en discusión, deseo señalar, primero, que la norma en análisis fue originalmente aprobada en la Cámara de Diputados. O sea, la Comisión de Hacienda del Senado recibió de aquélla un texto que modifica el actual artículo 32 del DFL Nº 252. Cuando supimos que había sido aprobada por la otra rama del Parlamento, a insinuación del Senador señor Ominami , a quien acompañé, hicimos ver que su redacción no dejaba en claro lo relativo al descanso dominical y a los días festivos. Por eso se agregó que sólo podía autorizarse a trabajar los domingos y festivos en casos excepcionales y debidamente calificados por la Superintendencia al ser requerida para ese efecto.

Revisamos el artículo 32 del DFL N° 252 junto con los dirigentes bancarios que concurrieron a la Comisión para el estudio del segundo informe, a quienes escuchamos especialmente sobre el asunto. Les hicimos ver que la actual disposición de esa norma podría tener mayor liberalidad. Porque, si bien su inciso segundo establece una jornada única de lunes a viernes de cada semana, también es efectivo que es "sin perjuicio de las facultades conferidas al Superintendente para determinar el horario de dichas instituciones". O sea, aquél podría modificarlo, pues tiene facultades para hacerlo. Pero el inciso final consigna lo siguiente: "Podrá, además, sin las limitaciones y formalidades indicadas, pero en las condiciones que señale," -se refiere al Superintendente - "autorizar a las empresas bancarias para que presten determinados servicios fuera de los días y horas de atención obligatoria al público." Es decir, en virtud de la disposición vigente, el Superintendente , con un criterio distinto al del actual, el día de mañana perfectamente, no por causa excepcional y debidamente calificada -como lo hemos señalado-, sino por cualquier motivo que estime prudente, podría hacer trabajar perfectamente a los empleados bancarios los sábados y domingos.

Entonces, en razón de lo anterior, con el Senador señor Ominami consideramos que para clarificar la situación y, sobre todo, para resguardar el feriado y el descanso dominical, era necesario presentar la indicación, que fue aprobada por la Comisión.

Lo señalado por el Honorable señor Hormazábal , efectivamente, a uno lo lleva a dudar el mantener o no mantener la disposición actual. Pero quiero ser bien claro: en virtud de ella, el día de mañana un Superintendente con un criterio distinto al del actual, que ha expresado su parecer, podría modificar como norma general el horario bancario para determinados servicios, incluyendo sábados y domingos, no caso a caso ni en forma excepcional.

Tales son las razones por las cuales en la Comisión, por mayoría, estimamos más conveniente la norma aprobada por la Cámara de Diputados, con las correcciones que le introdujimos, que el artículo 32 en actual vigor.

Si se dice que con esto estamos provocando un daño al sector de trabajadores bancarios -que se sienten más protegidos con el artículo 32 vigente- en realidad, no puedo ir más allá de lo que pretenden los interesados. Por ello no insistiré en lo aprobado en la Comisión de Hacienda. Pero -reitero- de acuerdo con mi criterio, hoy día la situación es mucho más clara en cuanto a definir y resguardar el derecho al descanso dominical y en días festivos. Y en cuanto a la jornada, reitero que el Superintendente el día de mañana podría modificarla, conforme al inciso final del artículo 32. Veremos lo que sucederá, pero no voy a reiterar mi posición sobre este artículo; y si hay mayoría para mantenerlo, me sumaré a ella.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , éste es un tema muy importante, y me gustaría argumentar por qué razón no sólo estamos de acuerdo con la propuesta de la Comisión de Hacienda, sino que además hemos presentado una indicación -está en poder de la Mesa- para flexibilizar el horario de atención de público.

Escuché con mucha atención al Senador señor Hormazábal , cuyas observaciones me hicieron recordar la discusión del tema de las inversiones de las AFP fuera de Chile. En esa oportunidad, Su Señoría, defendiendo a los trabajadores -no discuto ni pongo en duda su buena fe- se opuso a que las AFP pudieran invertir en el exterior. Y me parecía absurdo que ENDESA, la papelera, COPEC, los grandes grupos económicos, aprovecharan buenas oportunidades de inversión en el exterior -si las hubiere-, y que a los trabajadores chilenos, cuyos ahorros están en las AFP, les prohibiéramos por ley hacer lo mismo. Se trataba de dos formas distintas de velar por el interés de los trabajadores.

En mi opinión, aquí estamos en cierta forma en una discusión similar, por lo siguiente. En primer lugar, cabe considerar lo señalado por el Honorable señor Pérez , en orden a que el artículo 32 propuesto dice que "Corresponderá al Superintendente determinar, mediante resolución que publicará en el Diario Oficial, un horario mínimo para la atención de público...". Vale decir, la norma no se refiere a la jornada de trabajo.

Si hubiera alguna manera de atender público sin que para ello fuera necesaria la concurrencia de los trabajadores, de acuerdo a la lectura textual del precepto esa atención no podría darse en día domingo. Comprendo perfectamente bien que los cajeros automáticos funcionan ese día, lo cual indica que hay un problema en la redacción del artículo si se pretende que él afecte el horario de trabajo. Sin embargo, la disposición alude a la atención de público, al señalar que los bancos no podrán brindarla los domingos y los días festivos, salvo que la Superintendencia en forma calificada y en situaciones excepcionales así lo autorice. Por lo tanto, lo manifestado por el Senador señor Pérez , en el sentido de que hay una confusión entre lo que es la atención de público y el horario de trabajo, es del todo pertinente.

Entiendo que la idea apunta al horario de trabajo. Si así fuere (no es lo que establece la norma), me gustaría expresar lo siguiente. El Código del Trabajo dispone que los domingos y aquellos días declarados festivos serán de descanso, salvo las actividades autorizadas por ley. Inmediatamente después -en virtud de una reforma muy reciente aprobada por el Congreso- menciona ocho actividades que escapan a la normativa. La séptima se refiere a los establecimientos comerciales y de servicios que atienden directamente público, respecto de los cuales el mismo Código del Trabajo que aprobamos plantea una serie de protecciones. Dice que las empresas exceptuadas del descanso dominical y de los días festivos podrán distribuir la jornada, pero que las horas trabajadas en esos días se pagarán como extraordinarias, es decir, con un recargo. Al mismo tiempo, agrega que las empresas exceptuadas del descanso dominical deberán otorgar un día de descanso a la semana en compensación por las actividades desarrolladas el domingo. Al respecto, cabe agregar además que una ley aprobada hace muy poco por el Parlamento establece que, al menos, uno de esos días deberá corresponder a domingo.

En consecuencia, el referido Código se pone en el caso de aquellas actividades respecto de las cuales es conveniente que operen en días distintos a los días hábiles normales, incorporando dentro de ellas -con la aprobación del Senado- el comercio.

Pienso que restringir el horario de atención de público, tal como lo establece el artículo, no resulta conveniente. Lo que eventualmente debe hacerse es velar por la jornada de los trabajadores bancarios, que es una cosa distinta. En todo caso, si se tratara solamente del horario de atención de público y no de la jornada de trabajo, a mi juicio sería absurdo contemplar dicha restricción per se. Ahora bien, si la referencia es a la jornada -no es lo que consagra la disposición-, conviene señalar que en este país hay mucha gente que necesita hacer sus trámites precisamente en horas distintas a las de trabajo, y que millones de personas se benefician con el hecho de que los establecimientos comerciales funcionen los sábados y domingos. Basta acudir no solamente a los del barrio alto de Santiago o de los sectores de mayores ingresos de las ciudades, sino a los "malls" más populares, para darse cuenta de que el domingo es cuando hay mayor asistencia de público.

Por consiguiente, aquí estamos barajando, por una parte, el interés de los trabajadores bancarios -que, al parecer, son 13 mil-, y por otra -esto también debe ponerse arriba de la balanza-, el interés de los 14 millones de consumidores.

En segundo lugar -y digamos las cosas como son-, si nosotros restringimos la jornada de trabajo (no el horario de atención al público), estamos incentivando artificialmente la banca virtual, y las entidades bancarias tendrán necesariamente que poner computadores con sonrisa, que contesten y paguen cheques. Como la tecnología está progresando notablemente, lo único que estamos haciendo ahora es obligar al sistema bancario a reemplazar por máquinas a gente que quiere trabajar.

Hoy día existe tecnología avanzada; no así hace treinta años. No estoy hablando de ciencia ficción, sino de puro realismo. Y podrá darse el caso de que los domingos observaremos pantallas de televisión con figuras casi humanas ejerciendo labores bancarias, las cuales estarán grabadas en una cinta magnética, sin que podamos brindar a una persona la oportunidad de hacerlo, en circunstancias de que todos prefieren ser atendidos por seres humanos y no por máquinas. Sin embargo, ahora se pretende establecer una prohibición para muchos que trabajan felices y voluntariamente los domingos y que reciben un premio en compensación por su labor.

Tercera razón. La modernidad apunta a que la jornada de trabajo sea cada vez más libre. Quienes han leído libros futuristas saben perfectamente bien que llegará el día en que cada uno escogerá a qué hora trabajará, y muchos lo harán desde sus casas. Ésa es la revolución que viene con la computación y las comunicaciones. Sin embargo, nosotros estamos sosteniendo que no se puede laborar tales días.

¿Qué pasará cuando la tecnología permita a la gente trabajar en su hogar, como ya lo están haciendo algunos? Las personas no podrán laborar en su casa a la hora que deseen, sino solamente en los horarios que el Superintendente decida autorizar en forma excepcional y, además, debidamente calificada. No sé cómo esa autoridad calificará a una señora o a un señor que pretenda trabajar un domingo entre las 12 y las 6 de la tarde por ser ésa la hora que tiene disponible para ello y preferir dejar el viernes para hacer las cosas que le parecen interesantes.

En cuarto lugar, cabe señalar que la posibilidad de laborar los domingos abre la oportunidad de trabajos flexibles, en horarios que no sean de 9 a 18 o de 8 a 17; es decir, permite más flexibilidad, lo cual puede significar un tremendo aliciente para el empleo de la mujer.

En consecuencia, respetando mucho la argumentación del Senador señor Hormazábal , debo señalar que nosotros en esta materia aprobamos una ley que protege y compensa a los trabajadores exceptuados de la regla y que pueden laborar los domingos. Por consiguiente, estimo que las mismas razones dadas para el caso de los establecimientos comerciales son aplicables a los bancos, que brindan una atención de público masivo.

¿Cuál es mi preocupación? Que una persona no desee trabajar ese día, y está en su pleno derecho. Digo esto, porque estoy pensando que el cambio de horario es voluntario: solamente laborarán los domingos quienes deseen hacerlo. Sin embargo -y ello es factible-, puede ocurrir que los bancos abusen de esta prerrogativa y manifiesten a una persona que trabaja de lunes a viernes su interés de que también labore el domingo, no obstante que ese día prefiera pasarlo con su familia, lo cual es perfectamente posible si se trata de una decisión voluntaria. Pero puede haber otro señor que prefiera tener el miércoles libre y trabajar el domingo, y no deberíamos tener derecho alguno de prohibírselo. Pero el problema radica en que un banco puede decir a su empleado: "Si usted no labora el domingo, lo echo de su jornada de trabajo normal, de lunes a viernes". En tal virtud, podría plantearse una cortapisa respecto de los trabajadores ya contratados, para impedir que se produzca tal abuso.

Sin embargo, estimar que al prohibir una decisión libre y voluntaria entre las partes estamos favoreciendo el bienestar de los trabajadores, constituye un grave error.

Por las cuatro razones señaladas, y porque hay un Código del Trabajo que contempla protecciones especiales para estos trabajadores, hemos presentado una indicación renovada que va más allá de lo aprobado por la Comisión. En efecto, plantea esencialmente suprimir aquella parte que dice "No obstante lo anterior, no podrán atender público los días domingos y festivos, salvo casos excepcionales debidamente calificados por la Superintendencia", reemplazándola por la frase "Deberán observarse las normas establecidas en esta materia por el Código del Trabajo".

Al margen de la posición del Senado sobre el particular, cabe expresar que existe un grave problema: el artículo en cuestión está restringiendo -como lo sostuvo el Senador señor Pérez - la atención de público y no la jornada laboral, lo cual, por tanto, induce a pensar que puede haber trabajo los domingos en la medida en que no se atienda público y que no es factible esa atención sin trabajo. Esto, en mi opinión, constituye una ambigüedad, un error y una contradicción en el articulado de la ley que de alguna u otra forma debiéramos corregir.

Desde mi punto de vista, lo que fue bueno hace treinta años, cuando el mundo era mecánico -las personas laboraban entre las nueve de la mañana y las 5 de la tarde, y las personas debían trabajar en un mismo lugar-, puede ser absolutamente inapropiado en los tiempos modernos, en donde se aspira a que la gente tenga la posibilidad de desempeñarse con mayor flexibilidad de horario y de ubicación física. Pero frente a este tipo de normativas -ellas se justifican en parte, porque son conquistas laborales de hace treinta años-, no nos damos cuenta de que los logros alcanzados en esa época pueden significar una severa restricción en treinta años más, e incluso es posible que sean una drástica restricción hoy día.

Por eso, nosotros presentamos una indicación renovada cuyo objetivo es flexibilizar el horario, sin perjuicio de hacer hincapié en que las normas del Código del Trabajo, las cuales protegen y cautelan esas situaciones, se apliquen en su integridad.

He dicho.

El señor OMINAMI.-

Señor Presidente , quiero partir despejando una confusión: no es efectivo que la discusión planteada se vincule exclusivamente con el horario de atención al público.

Sobre el particular, deseo comenzar discrepando del Senador señor Piñera , por lo siguiente. Si bien la redacción del nuevo artículo 32 se relaciona exclusivamente con el punto mencionado, la supresión de la norma actual conduce de lleno, también, al tema del horario de trabajo, dado que ésta alude a la jornada laboral. El inciso segundo de la disposición vigente determina, en efecto, que "Las instituciones bancarias a que se refiere el inciso anterior, trabajarán de lunes a viernes de cada semana, ambos días inclusive", etcétera. En consecuencia, la eliminación...

El señor PIÑERA .-

¿Me permite una breve interrupción, Honorable colega?

Usted tiene razón. Sin embargo, si se aprueba el nuevo precepto -lo que anulará al actual-, sólo se regulará el horario de atención al público.

El señor OMINAMI.-

Claro. Pero se trata de las dos cosas: se dictan normas respecto del horario de atención al público y se deroga una disposición expresa acerca del horario de trabajo. Por lo tanto, no es cierto que la discusión se refiera, como expresó Su Señoría, únicamente al horario de atención al público: se halla ligada tanto a ese aspecto como a la extensión de la jornada laboral. En el caso del precepto vigente, esta última se extiende de lunes a viernes; de ser aprobado el nuevo artículo 32, se dejaría abierta la situación para incluir, concretamente, el día sábado.

Quisiera complementar, simplemente, lo que planteó el Senador señor Andrés Zaldívar respecto de cuál fue la motivación que tuvimos algunos Senadores de la Comisión de Hacienda. No ha estado nunca en nuestro espíritu, en un proceso de modernización de la actividad bancaria, el avanzar poniendo en cuestión las conquistas laborales. No creo que ésa constituya una buena vía. La modernización debe ser tal que traiga beneficios para el conjunto del país, incluidos los sectores que deben sufrirla y vivirla de la manera más directa, como los propios trabajadores de esa importante área.

Ése es el sentido de una indicación que presentamos en la Comisión de Hacienda, en cuanto fortalece la norma sobre descanso dominical tal cual fue aprobada por la Cámara de Diputados. Luego de la discusión en dicho órgano técnico, el texto correspondiente señala, respecto de los bancos, que "No obstante lo anterior, no podrán atender público los días domingos y festivos, salvo casos excepcionales debidamente calificados". Dicha indicación, acogida por la Comisión, busca cautelar el debido descanso dominical de mejor manera que lo determinado por la otra rama del Congreso.

Ahora, queda abierta, sin embargo, la situación del sábado. Ésa es la razón por la cual, señor Presidente , me parece importante atender los argumentos del Honorable señor Hormazábal .

Además, quisiera referirme a otro aspecto de lo expresado por el Senador señor Piñera : Su Señoría habla de la voluntariedad de la norma. A mi juicio, debemos ser realistas y sinceros, también, en reconocer el mundo tal cual es y en no describir uno que desgraciadamente no existe. El pretender que existe igualdad entre el alto ejecutivo de un banco y un modesto empleado implica situarse, simplemente, en un ámbito de gran irrealidad. Un trabajador que de modo sistemático rechace trabajar el domingo se pone de manera objetiva, independientemente de que el precepto diga lo contrario, en una condición desmedrada dentro de una institución. Y, en caso de que una persona solicite empleo a un banco y en la entrevista responda negativamente -por cierto, esgrimiendo el Código del Trabajo y lo que aquí se pueda establecer- la pregunta de si está dispuesta a trabajar el domingo, no se cuenta con ninguna garantía de que ello no importe un antecedente que considere el empleador.

Por lo tanto, estimo muy importante, señor Presidente, que nos situemos en el mundo de las realidades laborales, de cómo suceden las cosas en la vida real, y no legislemos sobre la base de una situación absolutamente ficticia.

El señor VALDÉS .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor OMINAMI.-

Con mucho gusto, con la venia de la Mesa.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Valdés.

El señor VALDÉS .-

Señor Presidente , deseo exponer un planteamiento extremadamente ingenuo, si lo permite el Honorable señor Piñera .

Estoy de acuerdo con el Senador señor Ominami en el sentido de llevar las cosas a la realidad. Respeto al mercado, pero me parece que no se debe legislar sobre la base de que los hechos irán ocurriendo según lo determinen los futuristas. Todavía sigo pensando que Dios, al crear el mundo, estableció el domingo para descansar y no para que se legisle en forma tal que éste desaparezca en virtud de que el mercado es superior a la ley de Dios.

Gracias.

El señor BITAR .-

¡Friedman nació después...!

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Ominami.

El señor OMINAMI.-

Por último, señor Presidente , quisiera decir lo siguiente. Considero importante el estar atentos a la evolución tecnológica, la cual, como todos podemos constatarlo, es muy rápida durante la época en que vivimos, pero ella debe ser respetuosa de ciertas conquistas básicas, como el derecho al descanso dominical.

Estimo, además, que esa evolución se irá imponiendo independientemente de los contenidos de las normas que aquí se dicten. No será el precepto en debate el que la agilizará o frenará. Es el propio interés de los establecimientos bancarios en tecnologizarse, en modernizarse, el que constituirá el factor determinante.

Por todo este conjunto de razones y no obstante que en la Comisión de Hacienda tuvimos buena disposición para los efectos de que la modernización se lleve a cabo tomando en cuenta, también, las conquistas de los trabajadores bancarios, me inclino frente a los argumentos del Senador señor Hormazábal . Y, desde ese punto de vista, mi impresión es que finalmente conviene reconocer que los esfuerzos para establecer un precepto alternativo no han sido exitosos y que lo más adecuado, simplemente, es quedarse con la norma tal cual hoy la establece el artículo 32 de la Ley General de Bancos.

Gracias.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , en abono del tiempo, seré muy breve. Creo que el planteamiento del Senador señor Piñera ahorra mayores consideraciones a quienes compartimos ese criterio.

Dos comentarios. El primero de ellos, a propósito de la realidad. Todos podemos leer en un vespertino de hoy el aviso de uno de los bancos del país: "Pregúntele todo menos el nombre", aludiendo al avance ya ofrecido por la tecnología actual, que de alguna manera busca reemplazar la labor de las personas.

Eso es lo que está ocurriendo. De manera que, si cerramos las oportunidades, obviamente forzaremos a que la tecnología invada todas nuestras actividades cada vez que no queramos el trabajo de las personas.

En segundo término, no todo puede ser mirado bajo el prisma de que se perjudica a los trabajadores. Porque la legislación -y por eso es importante el agregado que plantea la regulación por el Código Laboral, pues busca defender y proteger los derechos de los trabajadores- debe pensarse en función de lo que hoy día es el símbolo, a mi juicio, de la modernización en materia laboral: la flexibilidad. Y ésta debe permitir distintas formas de efectuar trabajos.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta también que, al aumentar el servicio un banco -ello responderá a las demandas de mucha gente-, no sólo se está pensando en los actuales trabajadores, sino también en otros que puedan obtener ocupación precisamente por estas nuevas oportunidades que se ofrecen. Estamos pensando, por lo tanto, en los desempleados o en los subempleados, quienes, en la medida en que crecen sus posibilidades laborales, generan nuevas mejorías para su bienestar y el de su familia. Y, en este sentido, mucha gente que lleva una existencia en condiciones subhumanas cree que esto puede ser una oportunidad para mejorar su situación.

Por consiguiente, todo esto no puede ser mirado en forma negativa, no sólo porque la legislación puede corregir los errores y evitar las eventuales injusticias, sino además porque estamos generando oportunidades nuevas, lo cual, si se hace con mucha flexibilidad, puede abrir posibilidades a los desempleados o a quienes tienen trabajo en malas condiciones.

Por eso, pienso que se debe apoyar la indicación que hemos renovado con el Senador señor Piñera.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , deseo aclarar una confusión producida durante este debate.

Al margen de los argumentos, quiero que Sus Señorías presten atención, porque, de aprobarse la norma como viene en el informe de la Comisión de Hacienda, los trabajadores bancarios, quienes hoy atienden público de lunes a viernes, podrían hacerlo de lunes a sábado, ya que se modifica el artículo 32 de la Ley General de Bancos y se deroga el artículo 33, el cual, precisamente, prohíbe trabajar el sábado.

Es decir, al margen de los conceptos, sepan los señores Senadores que no se mantiene la situación actual, que prevé una jornada de lunes a viernes, pues la derogación del citado artículo 33 implica ampliar aquélla hasta el sábado. Y ello, en perfecta armonía con el Código Laboral, motivará que los empleadores bancarios llamen a los trabajadores, quienes laboran de lunes a viernes, para modificar sus contratos agregando el sábado. Incluso, aparte la factibilidad de fijar la jornada de lunes a sábado, tal como figura en el artículo 32 propuesto por la Comisión, que asigna a la Superintendencia la función de determinar un horario mínimo, los bancos podrán fijar horarios adicionales al establecido por el Superintendente y atender en días distintos de los señalados en él, de conformidad con sus necesidades y servicios, y sólo requerirán autorización de aquel organismo para los días domingos.

En suma: hoy se labora de lunes a viernes; con la aprobación de lo propuesto en el segundo informe de la Comisión de Hacienda, pueden incluirse los domingos en el horario de atención de público.

No nos confundamos, Honorables colegas: en la actualidad, los bancos trabajan de lunes a domingo, pero la atención de público es sólo de lunes a viernes. Por lo tanto, cuando algunos señores Senadores voten por "modernizar", ello significará permitir la incorporación del sector extranjero, de las normas de Basilea -exigencias de ese tipo-, y modificar la jornada de trabajo de los funcionarios bancarios: normalmente, de lunes a sábado, y eventualmente, de lunes a domingo.

No haré especificaciones más de fondo respecto del planteamiento del Honorable señor Piñera . Sin duda, Su Señoría es muy inteligente; pero tenemos visiones distintas. Yo soy partidario de que los fondos que nuestros trabajadores mantienen en las AFP se inviertan en Chile -para generar caminos, escuelas, infraestructura y oportunidades de trabajo- y no fuera del país (se trata de una diferencia legítima). Su Señoría considera que hay 14 millones de chilenos que son funcionarios de los bancos. Yo estoy al lado de los más pobres, a quienes los bancos ni siquiera dejan entrar, pues no tienen derecho a pagar dividendos, ni a usar "tarjetas plásticas", ni a nada. Es decir, vemos la vida desde perspectivas distinta, ambas igualmente respetables. Pero, sí, hay una cuestión cultural.

Al respecto, emplazo a los señores Senadores con quienes, en su momento, pedimos que el domingo fuera día de descanso para los trabajadores del comercio. Incluso, hubo un instante en que en la Comisión de Trabajo teníamos aprobados dos domingos al mes. Y, en la Sala, todos hicimos discursos acerca de la cultura, los valores, los principios. Sostuvimos que el mercado no podía convertirse en un factor tan fundamental como las creencias (ni siquiera las religiosas; porque aquí participaron del mismo concepto señores Senadores que no profesan determinado credo).

Entonces -es mi única observación-, queda en claro que existe una diferencia, pues se pretende modernizar siguiendo un parámetro cultural que no es el mío.

En esa línea, deseo finalizar mi intervención citando a un experto empresario -puede hacer el peso al Honorable señor Piñera - que, no obstante decir que su fe en el liberalismo y en el mercado es grande, denuncia "la intensificación descontrolada del capitalismo del laissez faire y la penetración de los valores de mercado en todas las áreas de la vida", añadiendo que "el peligro para la libertad proviene hoy día de un exceso de individualismo": George Soros , multimillonario de Wall Street, responde a un gran Senador multimillonario de Chile : Sebastián Piñera .

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , reconozco que cuando discutimos este tipo de problemas, querámoslo o no, nos encontramos con visiones diferentes sobre cómo debe organizarse la sociedad. Y eso no es ni bueno ni malo para quien sostiene una tesis u otra. Yo no sustento la visión maniquea de que quienes no piensan igual que yo son malos y, por eso, sus criterios deben ser despreciados.

Querámoslo o no -insisto-, aquí existen discrepancias respecto a la forma como debe organizarse la sociedad, a cuál debe ser el rol del hombre dentro de ella y a qué tiene que estar primero: si la persona humana a la que se hacen todos los aditamentos de la modernidad, o al revés.

En esa perspectiva, después de escuchar las intervenciones de los señores Senadores, sinceramente no logro entender qué se pretende hacer. Según los argumentos dados, hay varias razones para el cambio propuesto.

En primer lugar, se sostiene que debe darse mayor flexibilidad al sistema bancario y, por lo tanto, posibilitar su funcionamiento en días sábados o domingos.

Me parece, señor Presidente , que tal flexibilidad terminará como han terminado, de un tiempo a esta parte, todas las formas nuevas de organizar la sociedad en el mundo occidental (en Chile, también): deteriorando la calidad de vida de las personas. Porque, en definitiva, la flexibilización consiste en que quien ostenta el poder fija sus normas, lo cual implica que las personas que no tienen capacidad de influir vean rigidizados sus derechos. Y, en el caso que nos ocupa, no cabe duda de que los bancos acabarán imponiendo las reglas que los favorezcan a ellos, pero no a sus trabajadores.

Nuevamente, entonces, nos topamos con lo que he señalado: vemos la vida de manera distinta.

En segundo término, se dio un argumento que ya se adujo a los efectos de aprobar un ingreso mínimo diferente para los menores de 18 años: eso abre alternativas de mayores trabajos y, por lo tanto, se trata de un avance social. Empero, no logro entenderlo si en forma simultánea me muestran un diario y me dicen que hoy día, sin modificar la ley vigente, para dar mayor empleo, ya existe la posibilidad que se procura abrir con la sugerencia de la Comisión de Hacienda.

Entonces, seamos claros: el mayor número de ocupaciones tanto en los bancos como en otras actividades no está determinado por la posibilidad de que se trabaje más horas, sino única y exclusivamente por los intereses económicos de las empresas respectivas, que se hallan éticamente adscritas a un modelo de lucro que, ciertamente, respeto. El Evangelio no entrega normas sobre el lucro; sin embargo, las empresas funcionan para obtener utilidades; por lo tanto, no soy contrario a ello. Pero no puede argumentarse que, por el hecho de atender más horas, los bancos incrementarán su capacidad de empleo y los desocupados tendrán mayores chances para mejorar sus condiciones de vida, en circunstancias de que, simplemente, procederán a utilizar los sistemas -ya los describió un señor Senador- que se están instalando desde ya. Y esto ocurre en todas partes.

Otro argumento escuchado se refiere a la voluntariedad. Y se dice: "No hay problema, porque la persona que quiera trabajará más días, y la que no lo desee, no, sin que esto signifique perjuicio alguno para ella".

Salvo que se estime que uno es ingenuo, resulta imposible creer eso en la actual sociedad. ¿O alguien piensa que, cuando un banco u otra empresa plantea la posibilidad de trabajar más o la de laborar el domingo, el empleado que se niegue tendrá las mismas oportunidades que el que acepte de ascender o de mejorar sus condiciones de vida? ¡Por supuesto que no! Creer otra cosa es pensar que las empresas -y específicamente los bancos- están dedicadas a hacer caridad pública, a procurar la conciliación social o a practicar la generosidad para con sus trabajadores, y no a incrementar sus negocios y ganancias.

Por consiguiente, ese argumento tampoco es válido.

Ahora bien, se han expuesto las razones por las cuales se pretende que los bancos operen fuera del horario actual. Sin embargo, nadie ha demostrado que eso ayude al funcionamiento del sistema bancario. Se ha manifestado tan sólo que en otros países sucede así, que ahora se podría abrir los domingos, etcétera. Y volvemos a lo mismo.

No creo que el hecho de que se trabaje los domingos en los bancos, instituciones esencialmente de lucro y no de primera necesidad, implique un avance social, entrar en la modernidad.

No entiendo en esa forma la modernidad. Es probable que se me tilde de obsoleto, mote que se me da cuando debo enfrentar, personal y políticamente, situaciones vinculadas al tema brutal de la efectividad, la eficiencia y el valor del dinero. Empero, todavía creo que el fin de semana es algo que hemos de resguardar. Otorgar la chance de ocuparlo también en la actividad de los bancos no ayudará al funcionamiento de estas instituciones, pues igual utilizarán el sistema mecanizado, abran o no sus puertas, haya o no más empleos. En cambio, se generará en la comunidad una cultura que no corresponde a nuestra idiosincrasia.

A veces parece que la modernidad -excúsenme, señores Senadores, por plantearlo así- consiste en transformar nuestros valores y nuestra raigambre cultural, e incluso nuestra visión religiosa, de acuerdo a lo que existe en otras latitudes, donde las personas tienen un mecanismo mental, un sistema de crecimiento interior y una forma de ver la vida diferentes. Y lo que es bueno en esas latitudes posiblemente fuerce nuestro ser. En las sociedades latinas, como la chilena, es aplicable el postulado de Maritain -y no por ello seremos menos eficientes- de que no todo se reduce a tener más, sino que debemos pensar también en lo que involucra el ser más.

Hay otro factor que es preciso considerar, señor Presidente . Uno puede tener cualquier criterio respecto de lo que es bueno para el funcionamiento de los bancos. Pero si queremos saber lo que es bueno para el desempeño y la vida de sus trabajadores, lo menos que podemos aceptar es que en este momento, en que el valor fundamental de una democracia es la participación creciente de los actores sociales, ellos mismos sean capaces de decir lo que realmente les parece adecuado. No debemos ser los Senadores presentes en esta Sala los que, en una suerte de -por decirlo así- despotismo ilustrado, expresemos: "Nosotros sabemos lo que es bueno para los empleados de los bancos. Nos parece fantástico que deban laborar también los fines de semana, porque eso permitiría hacer diversas gestiones. Y -¡por Dios!-, como el trabajo dignifica," (no estoy ironizando, Honorables colegas) "¡qué bueno que los bancos abran, además, los sábados y domingos!".

En ese marco, señor Presidente , no visualizo una ventaja sustancial para el objetivo central del proyecto. Honestamente, pienso que con esa extensión horaria se daña el avance social de los trabajadores del país y se da una señal en orden a que todo ha de resolverse por la vía de estrechar los derechos laborales, lo que, personalmente, no estoy dispuesto a suscribir.

He dicho.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , según las argumentaciones que he escuchado de quienes han defendido la indicación que suprime el artículo 32 aprobado en el primer informe, se pretende que no haya atención de público ni sábados ni domingos. Y, por tanto, para lograr tal objetivo, hay que votar en conjunto las dos indicaciones renovadas, porque el artículo 32 actual sólo se refiere al horario de lunes a viernes y a posibilidad de atender público los domingos. En consecuencia, si se mantiene el artículo 32 vigente y se deroga el artículo 33 de la Ley General de Bancos, no se cumple el objetivo de los Senadores que renovamos la indicación.

El señor BITAR.-

Señor Presidente, me inclino por una mayor flexibilidad en esta materia. Me parece que el proyecto no podrá detener el cambio tecnológico ni inducirlo en una dirección u otra. Los argumentos de tipo cultural y tecnológico aquí vertidos son ciertos, pero es imposible que mediante una iniciativa manejemos procesos que tienen una intensidad bastante mayor que la que podría esperarse. Lo ideal sería que estas normas fueran más flexibles, que permitan tanto la adaptación al cambio tecnológico como el otorgamiento de más poder de negociación a los trabajadores, posibilitando a las empresas autorregularse. Pero el problema es que ninguno de estos dos elementos está presente. Y al no poseer los trabajadores capacidad de negociación, debemos hacer las cosas por ley, con lo cual se rigidiza el sistema.

Por eso creo que el debate es bastante más complejo.

Y, en este cuadro, me enfrento a un dilema: yo deseo que exista mayor flexibilidad, pero la norma sugerida por la Comisión no es la mejor. No estamos frente a una redacción feliz. Habría preferido agregar, en el nuevo artículo 32, aparte de los domingos y festivos, los días sábados, con lo cual habríamos resuelto el problema del artículo 33 y precisado mejor que esto no se refiere a la atención de público en general, sino a la jornada de trabajo para atender público, que son dos cosas distintas. Si ésta fuera una solución posible, me inclinaría por una nueva fórmula que dé flexibilidad. Sin embargo, nos encontramos frente a una enmienda cuya redacción -repito- es poco feliz, pues no resuelve bien las dificultades.

Y en ese caso, sin perjuicio de que en Comisión Mixta pueda encontrarse una redacción mejor, me abstengo.

El señor THAYER .-

Señor Presidente, como me encuentro pareado, no voy a votar, pero quiero expresar mi opinión sobre un tema que, a mi juicio, es muy importante y que no hemos tenido oportunidad de profundizar como a muchos les hubiese gustado.

Me parece que, en este caso, se está legislando en dos partes sobre una misma materia. Con toda sinceridad, a mi juicio, la Comisión se equivocó al rechazar la indicación N° 50 del Senador señor Piñera , que intercala, después de la palabra "satisfacer", la frase "debiendo observarse las normas establecidas en la materia por el Código del Trabajo". De otra manera, estaríamos creando dos institutos: el que reglamenta los horarios según la Superintendencia y el que fija la Dirección del Trabajo conforme a la facultad expresa del artículo 37 del Código del Trabajo.

Por ello, si pudiera votar, lo haría en contra de la indicación renovada N° 49 y sugeriría aprovechar la número 50 del Honorable señor Piñera .

No voto por estar pareado.

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente , los bancos han ido tecnificándose sistemática y permanentemente y han despedido a muchos funcionarios en estos años. La banca no está modernizándose de acuerdo con lo que nosotros aprobemos en el Parlamento, sino que, mediante la incorporación de nuevos elementos tecnológicos, ha mejorado sus procesos. Y, por tanto, es eficiente y competitiva.

Los trabajadores bancarios saben muy bien lo que les conviene, y a pesar de que seguirán sufriendo despidos -así están los tiempos-, prefieren la norma vigente, pues les da más garantías. Estiman que la Superintendencia va a tener buen juicio para discernir sobre los cambios de horario laboral o de atención solicitados por los bancos. Éste es un buen elemento de equilibrio. La Superintendencia de Bancos -como otras en el país- es un ente regulador necesario para que pueda funcionar adecuadamente el mercado; si no existieran, el mercado terminaría comiéndose a todo el mundo.

Por lo tanto, no es conveniente restarle atribuciones a la Superintendencia de Bancos, pues se facilitaría un libertinaje absoluto para que los bancos, por sí y ante sí, decidan. En esas condiciones, no hay Código que proteja a los trabajadores, como lo saben todos los Senadores presentes en la Sala.

Voto a favor de la indicación que presenté en la Comisión de Hacienda y que ahora renuevo.

El señor URENDA.-

Señor Presidente, deseo precisar algunos conceptos.

Aquí se plantean los derechos adquiridos de los trabajadores como una cuestión absolutamente primordial y no se tiene en cuenta de que estamos ante un servicio que, en definitiva, es público, que lo que está en juego son los eventuales derechos -veremos que no son tales- de determinados trabajadores frente a la población entera de un país: los jubilados, las dueñas de casa y las personas que tienen dificultades y están obligadas a hacer colas.

En consecuencia, tampoco se está sacrificándonos al mercado; se está sacrificando el nivel de vida de la gente, oponiendo supuestos derechos de algunas pocas personas frente a la gran masa de la población que cada vez, por la diversidad de la vida moderna, requiere mayor flexibilidad en la atención bancaria.

Por otra parte -y aquí hay una confusión-, el problema específico es, tal como se ha dicho, el horario de atención de público y no el de trabajo del banco. A este respecto, quiero sacar de un error a los que aquí han dicho que el inciso segundo actual del artículo 32 habla de jornada de trabajo, pues sólo establece que la jornada es única, conquista teórica hoy día y que más bien obedece a imposición derivada de las condiciones de la vida moderna. Eso no significa que el banco vaya a trabajar exclusivamente las horas de atención al público. Todos los empleados del banco deberán desarrollar sus funciones conforme a las reglas generales del Código del Trabajo y a la normativa que el propio banco haya fijado.

Por lo demás, si nos referimos al problema específico de los cajeros -porque a eso se ha circunscrito: se trataría de los cajeros frente a toda la población del país-, no es necesario tampoco que tengan un horario de atención más extenso, pues pueden haber turnos y flexibilidades.

En suma, estamos creando un problema que afecta al grueso de la población. No estamos dando las facilidades adecuadas, y en definitiva haremos que las operaciones que no puedan efectuarse en un banco deban ejecutarse en otras instituciones hoy dedicadas al crédito, si es que no se cae en manos de prestamistas particulares.

En consecuencia, el verdadero interés general -el de la población- se halla en la flexibilidad, lo cual, a mi juicio, es totalmente ajeno a los derechos laborales. En todo caso, éstos deben ser respetados, con la frase propuesta por el Senador señor Piñera o sin ella. Porque, en mi opinión, es algo que está por encima de la flexibilidad; puede flexibilizarse un horario, pero dentro de las normas establecidas por el Código del Trabajo.

Por ello, opino que en esta materia hay un concepto anticuado acerca de determinados derechos o conquistas de un grupo de trabajadores, que, en el fondo, no son tales frente al progreso, a la vida moderna, en que cada vez la población, afortunadamente, dispone de más tiempo para actividades de descanso y recreación, y que, necesariamente, tienen la contrapartida de las personas que atienden este tipo de actividades. El turismo, los viajes vía aérea, hoy requieren ser realizados -de hecho así ocurre- todos los días de la semana.

La norma propuesta lo único que plantea es la posibilidad de que los bancos puedan fijar horarios adicionales los días lunes a viernes de cada semana, pues la atención de público los domingos y festivos es en caso de extraordinaria importancia, calificado por la Superintendencia. Por lo tanto, so pretexto -reitero- de un interés absolutamente particular, y en el fondo de pocas personas y que dependerá de su habilidad para que no se les imponga internamente una jornada mayor, se afecta el interés general de la población y el desarrollo, y este último obviamente se traducirá en más posibilidades de trabajo para todos.

Por lo anterior, voto en contra de la indicación.

La señora FREI (doña Carmen) .-

Señor Presidente , toda esta discusión me tiene presa de una confusión total. Porque me criaron en la convicción de que Dios descansó el séptimo día. Aquí hablamos de que la modernidad, la tecnificación, son muy buenas -lo que acepto, y estoy feliz de vivir en un mundo que cada día se moderniza y progresa-; pero si se producen a costa de la humanidad de las personas, que ya no van a contar ni siquiera con el día domingo para descansar, me tengo que replantear una serie de problemas.

Al respecto, echo de menos a un señor obispo -actualmente, no se halla en esta diócesis- quien me podría ayudar para conseguir que la misa del domingo la cambiáramos para cualquier otro día:...

La señora FELIÚ .-

¡Para el sábado...!

La señora FREI (doña Carmen) .-

...sábado, jueves o viernes. En efecto, si tuviera que hacer algo importante el domingo, como cambiar un cheque o realizar algún trámite bancario, ¿por qué no me dan la facilidad de concurrir a misa el día en que yo pueda? ¿Por qué debo ir sólo el sábado en la tarde o el domingo? Me crié en la idea de que era muy bueno contar con un día domingo o festivo y, además, con el sábado en la tarde para disfrutar de la familia, de los hijos, etcétera.

Entonces, por un lado, el discurso es: "Fomentemos la familia, ayudémonos para que eduquemos a los hijos, compartamos con nuestra gente más cercana", y por otro, las mismas voces dicen: "Trabajemos también el domingo".

Por lo tanto, presa de esa confusión total en que me han sumido las intervenciones de los señores Senadores, me quedo con mi mentalidad, a lo mejor, burguesa, católica, apostólica y romana. Y confieso que el domingo, para mí, es un día de descanso, y que si yo lo merezco, lo merecen los 14 millones de chilenos que tienen también el derecho de descansar ese día y dedicarlo a su familia.

Voto a favor.

La señora CARRERA.-

Señor Presidente , a mi juicio, la indicación -que votaré favorablemente- resume algunas de las reflexiones que uno se hace al contemplar nuestra sociedad. Hay estadísticas que nos demuestran que, por una parte, los chilenos trabajan muchísimas horas más que los habitantes de otros países, que nuestra población es una de las más neurotizadas del planeta; y por otra, que, a pesar de tantas horas de trabajo, los chilenos no son completamente productivos. Todo ello es cierto.

Por lo tanto, si además de los cinco días que laboran los trabajadores bancarios, van a trabajar dos más, uno se pregunta: ¿es cierto que ello será más productivo para las empresas? ¿Es cierto que aumentará la neurosis en las familias -de capas medias- de los trabajadores bancarios? ¿Es cierto que habrá más violencia intrafamiliar, más despreocupación por la familia, más niños golpeados, etcétera? Porque de alguna parte emana la violencia intrafamiliar en el país; no surge porque sí, por el clima, porque hay terremotos -ya que ni siquiera se producen cíclicamente-, sino por otras causas, como las psicológicas. Estoy absolutamente convencida de que esta nueva sociedad "tan moderna" a la que nos empujan algunos sectores, esta nueva forma de entender la vida a la que nos están impulsando con leyes, con indicaciones, con el poder de la macroeconomía, de la microeconomía y de la mesoeconomía, no sé si la van a agradecer nuestros nietos y bisnietos. Es muy posible que este péndulo se dé vuelta y muchos de nuestros descendientes odien estas cosas que el Congreso, muchas veces, vota a favor.

Por defender la salud mental del país, por lo menos en un sector de nuestra sociedad, voto a favor de la indicación.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente, sólo quiero agregar a esta larga discusión que la utopía de los futuristas que nos presenta el Senador señor Piñera no es tan nueva. Hace más de 150 años, en un texto que hoy no goza de mucho favor del mercado, había un autor que señalaba que, en su utopía -estoy hablando de "El Capital", de Marx, y del comunismo-, el hombre, liberado de toda carga, iba a ser cazador en la mañana; a mediodía trabajador manual y en la tarde artista. En eso coincide la utopía de Marx con la utopía liberal.

Sin embargo, mientras el mundo no llegue a esa situación de hombres efectivamente libres e iguales, estoy por que haya regulaciones que preserven los derechos de los trabajadores y los valores de la sociedad.

Por la razón expuesta, voto a favor.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente, seré muy breve.

Muchas veces me he referido a la modernización en cuanto al desarrollo del área de la exportación. En las visitas realizadas a países extranjeros, hemos visto con toda claridad el ininterrumpido funcionamiento, durante las 24 horas del día, de los puertos, buques, aduanas, servicios agrícolas y ganaderos y de los bancos. Inclusive, en países como Singapur, los funcionarios trabajan permanentemente y los trámites, que antes se hacían en dos días y medio, hoy se llevan a cabo en 10 ó 15 minutos.

El trabajo de los bancos, ante el desarrollo y la modernización, es inmediato. Luego, existen bancos que no atienden público, pero están instalados en el centro de las empresas o, en este caso, de los puertos.

Sé también, por ejemplo, que en Bolivia algunos bancos se mantienen abiertos hasta las 6 de la tarde, para favorecer a la gente de menores recursos.

Por otro lado, dentro del proceso de globalización, las inversiones financieras que actualmente se efectúan en Chile obedecen al hecho de que en otros países puede ser día festivo o de noche, y los capitales están recibiendo intereses. Tal vez, las grandes empresas podrán hacerlo; pero nosotros, que contamos con pequeños capitales, no podemos acudir a un banco y pedir que nos reciban una inversión en día festivo. Hoy, ello no es posible.

Por eso, voto que no.

--Se rechaza la indicación Nº 49, renovada (17 votos contra 15, una abstención y cuatro pareos).

Votaron por la negativa los señores Alessandri, Cooper, Díez, Errázuriz, Feliú, Fernández, Horvath, Huerta, Larraín , Larre, Mc-Intyre, Otero, Pérez, Piñera, Prat, Siebert y Urenda.

Votaron por la afirmativa los señores Carrera, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Hormazábal, Lavandero, Letelier, Martin, Matta, Muñoz Barra, Ominami, Páez, Ruiz (don José), Valdés y Zaldívar (don Andrés).

Se abstuvo de votar el señor Bitar.

No votaron, por estar pareados, los señores Cantuarias, Ruiz-Esquide, Thayer y Zaldívar (don Adolfo).

El señor LAGOS ( Secretario ).-Indicación Nº 50, renovada, para intercalar, en el inciso segundo del artículo 32 propuesto, a continuación de la palabra "satisfacer", la frase "debiendo observarse las normas establecidas en la materia por el Código del Trabajo.". Esta indicación fue suscrita por los Senadores señores Piñera, Cooper, Larre, Otero, Díez, Ríos, Prat, Pérez, Siebert, Horvath y Larraín

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , esta indicación en verdad retrotrae el sistema de trabajo del sector bancario a condiciones que, en mi opinión, son francamente inaceptables, pues, de esa forma, el Código del Trabajo puede significar que la banca privada establezca un régimen laboral de todos los días, exceptuando un domingo al mes, lo cual me parece que va mucho más allá de todo lo argumentado en el transcurso de la sesión.

Por lo mismo, llamo la atención del Senado respecto a la gravedad que, a mi juicio, implicaría el hecho de aprobar esta indicación, que desmejora en mucho el artículo 32 propuesto en el informe de la Comisión de Hacienda y que fue aprobado, según entiendo, por la amplia mayoría de sus integrantes.

En consecuencia, hago un llamado a la Sala para rechazar la indicación y, a su vez, mantener el artículo 32 propuesto, el que no es lo mismo que la indicación que acabamos de votar, desde el punto de vista de los resultados, pero que claramente es mucho mejor en cuanto a las condiciones en que quedaría el régimen de trabajo del sistema bancario, en caso de aprobarse la indicación del Senador señor Piñera .

El señor URENDA.-

Señor Presidente , dejando constancia de que, a mi juicio, la frase sugerida en la indicación resulta innecesaria, pues siempre deben observarse las normas del Código del Trabajo, la apruebo para evitar toda duda sobre el particular.

Voto que sí.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , he guardado prudente silencio durante la discusión, porque no entiendo las razones que puedan mover a algunos señores Senadores a creer que es posible detener el avance del mundo de la libertad.

En cualquiera empresa que emplea trabajadores, si las normas legales pretenden coartar esa libertad, los individuos buscan caminos para ejercerla. Ocurre así en este caso específico. Un banco, en cualquier parte del mundo, cuenta con gente que trabaja operando no sólo sistemas muy modernos, sino también otros no tan avanzados y que precisan de la actividad de personas para su manejo. Desde los métodos computacionales hasta los más sencillos, requieren del trabajo de las personas, en días hábiles, en festivos, en domingos, y para eso hay turnos.

Si la ley, como es el caso, establece que las autorizaciones correspondientes deben solicitarse a la Superintendencia, estará entregando a ésta atribuciones adicionales, sobre las muchísimas que ya tiene -y que en mi opinión le sobran-, como son las concernientes al campo laboral. Me parece bastante injusto someter a la Superintendencia a presiones de tipo laboral o sindical que no son propias de su ámbito de acción.

Además, es evidente que cualquier banco puede contratar personas para que cumplan aquellas labores, prescindiendo de la propia dotación. Por lo tanto, aunque los trabajadores, en el ejercicio de su libertad, quisieran desempeñar ellos las labores de los días sábados o domingos, ganando dineros adicionales que necesitan y tomando en cambio descanso cualquier otro día de la semana, de acuerdo con las normas que contienen el Código del Trabajo y las diferentes legislaciones aceptadas y votadas por nosotros mismos, no pueden hacerlo. Pero el banco sí puede acordar con un contratista que éste ejerza esas funciones. Con ello prescinde del personal que le sobra, puesto que va a contar con alguien que realizará el trabajo de sábados, domingos o cuando fuere.

Por consiguiente, me parece realmente absurdo que se aduzca que los bancos deben estar sujetos a las normas del trabajo, como propone esta indicación renovada. Éstos pueden llegar a acuerdos, obviamente voluntarios, con sus trabajadores para desempeñar labores, cuando así lo estimen necesario. Por lo demás, los bancos compiten entre ellos, y puede ser que esto constituya precisamente la herramienta del éxito que permita a determinada entidad bancaria obtener más ganancias para, mañana, estar en condiciones, en una negociación libre y espontánea con sus sindicatos, de pactar remuneraciones más altas.

Voto que sí.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , en la misma línea en que intervine antes, argumentaré sobre la preferencia de mantener la norma propuesta por la Comisión, con el propósito de corregirla y mejorarla en el trámite de Comisión Mixta.

Por lo tanto, votaré en contra de la indicación renovada. Lo hago en razón de que, como lo expresé hace un momento, no habiendo poder de negociación real en nuestro país, la posibilidad de imponer determinadas normas en cada caso generaría un estado de cosas bastante desordenado, en lugar de orientar en buena forma la operación de los bancos.

El dejar liberado este aspecto únicamente a la normativa del Código del Trabajo no me parece el camino más aceptable. Debe existir una normativa general que rija a la banca, con el fin de obtener un ordenamiento del sistema financiero.

Ahora, sigo pensando -lo reitero- que el avance tecnológico a nivel internacional; el hecho de que estemos internacionalizando la actividad bancaria; las operaciones futuras con el Japón, que se realizan en horas completamente distintas, obligan a mantener personal para atender ciertos procesos en horarios diversos de los contemplados en legislaciones que datan de hace veinte o treinta años.

Por estas consideraciones, voto en contra de la indicación. Pero mi línea argumental se basa en la posibilidad de encontrar, en la Comisión Mixta, una fórmula que perfeccione las disposiciones del actual artículo 32. Para precisar, debo decir que la idea es cambiar el último párrafo del inciso segundo del artículo 32 nuevo, dejándolo del siguiente tenor: "No obstante lo anterior, no podrán establecerse jornadas de trabajo para atender al público los días sábados, domingos y festivos, salvo casos excepcionales debidamente calificados por la Superintendencia.".

Pienso que ésa es una buena fórmula, y que debemos encaminarnos en su dirección, manteniendo en consecuencia el artículo 32 como viene, aunque cambiándolo lo necesario para proteger el descanso de los trabajadores en días sábados, y al mismo tiempo introduciendo la flexibilidad necesaria para acomodarse al cambio tecnológico.

Por eso, voto que no.

--Se aprueba la indicación Nº 50, renovada (18 votos contra 15, y 3 pareos).

Votaron por la afirmativa los señores Alessandri, Cooper, Díez, Errázuriz, Feliú, Fernández, Horvath, Lagos, Larraín, Larre, Letelier, Mc-Intyre, Otero, Pérez, Piñera, Prat, Siebert y Urenda.

Votaron por la negativa los señores Bitar, Carrera, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Hormazábal, Huerta, Lavandero, Matta, Muñoz Barra, Ominami, Páez, Ruiz (don José), Valdés y Zaldívar (don Andrés).

No votaron, por estar pareados, los señores Cantuarias, Ruiz-Esquide y Thayer.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , la indicación número 51 fue presentada por la Honorable señora Feliú junto con el Senador que habla; y también corresponde a la 53, patrocinada por el Honorable señor Piñera , y guarda relación con la misma materia que ya fue votada.

En consecuencia, al haber ya un pronunciamiento y existir una clara mayoría para permitir la libertad de los trabajadores a fin de que puedan pactar con sus empleadores los horarios de trabajo, de conformidad con el Código del Trabajo, y no corriendo el riesgo -afortunadamente, gracias a la indicación aprobada-, de perder su fuente de empleo, porque las empresas bancarias podrían simplemente contratar un contratista para el trabajo, lo que estamos haciendo es concordar lo ya votado con lo que sigue. Cómo eso ya se votó, no doy la unanimidad para volver a votar lo que está claramente determinado.

Reitero que sólo estamos concordando lo que ya se votó, para hacer posible que la ley sea aplicable. Por lo tanto, pido al señor Presidente que sigamos avanzando en el tratamiento del proyecto.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

El artículo 32, sobre el cual han incidido las indicaciones anteriores, trata de un materia distinta a la del 33. Éste se refiere a atención del público los días sábados de cada semana y al 31 de diciembre. Esta última fecha corresponde a la oportunidad en que los bancos practican sus balances.

No se trata del horario normal, pues aquí se habla del día sábado, y lo que se aprobó anteriormente se refería a domingos y festivos. Eso fue lo que se suprimió. Y la norma se refiere también al 31 de diciembre. Por lo tanto, corresponde votar, más aún si hay indicación renovada.

El señor ERRÁZURIZ .-

Lo dicho por el Honorable señor Andrés Zaldívar es conducente a error, porque el artículo 33 establece: "El Banco Central de Chile," -uno- "el Banco del Estado de Chile" -dos- "y los bancos comerciales...". Y respecto de estas dos últimas menciones, ya se votó en cuanto a que no pueden atender público los días sábado de cada semana ni el 31 de diciembre.

Lamentablemente, la indicación del Honorable señor Ruiz De Giorgio no es lo suficientemente explícita como para hacer la separación que hubiese sido del caso para recoger lo planteado por el Senador señor Andrés Zaldívar . En consecuencia, debe entenderse necesariamente derogado el artículo 33 si queremos una ley coherente.

El señor OMINAMI.-

Antes de hacerlo, deseo dejar constancia de que yo no soy de origen hebreo. Lamento que no haya en la Corporación un Senador judío, porque, a mi juicio, seguramente, habría protestado con mucha fuerza por la indicación formulada. En el caso de que ella se estuviese aplicando a los días domingo, no me cabe la menor duda de que muchos Honorables colegas, con legítima razón, habrían esgrimido el argumento de que estaban siendo violentados en sus convicciones más profundas al eliminarse una prohibición de atención al público el día que ellos estiman como sagrado para el reposo.

El señor BITAR.-

Prestaré mi aprobación a la indicación, porque para nada es incompatible con la anterior, la cual disponía que la situación se regirá por el Código del Trabajo; y lo que dispone ésta es que no se trabajará los días sábado. De manera que regula la jornada respecto de todos los días, pero que el sábado no se incluye. Y lo anterior no sólo vale respecto de los judíos, sino que ello también se podría extender a los musulmanes, debiendo cubrirse el viernes, caso en el cual no tendríamos sino que inclinarnos por algunas de las religiones mayoritarias, para así poder laborar el resto de la semana.

En todo caso, voy a apoyar la indicación del Senador Ruiz De Giorgio, por estimar que la materia de todas maneras tiene que ser resuelta por la Comisión Mixta; y, dado que el péndulo se ha ido hacia el otro extremo, en el sentido de imponer sólo normas laborales para los trabajadores, sin protección para los mismos, entonces, debemos resguardar el sábado mediante una fórmula razonable. Por eso voto a favor.

-Se rechaza la indicación renovada N° 55 (l6 votos contra l4 y 3 pareos)

Votaron por la negativa los señores los señores Alessandri, Cooper, Díez, Errázuriz, Feliú, Horvath, Larraín, Larre, Letelier, Mc-Intyre, Otero, Pérez, Piñera, Prat, Siebert y Urenda.

Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Carrera, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Huerta, Lavandero, Matta, Muñoz Barra, Ominami, Páez, Ruiz (don José), Valdés y Zaldívar (don Andrés).

No votaron, por estar pareados, los señores Cantuarias, Lagos y Thayer.

El señor PIÑERA.-

¿Me permite, señor Presidente , para una breve explicación acerca de lo que significa lo propuesto?

Actualmente, la Ley General de Bancos dispone que éstos deben tener un mínimo de cinco directores y un máximo de once. Por su parte, la Ley de Sociedades Anónimas no establece tope; y, en consecuencia, sostengo que los accionistas de cada banco deben tener la posibilidad de tener el número de directores que deseen. Nosotros no debemos resolver la cuestión por ellos; es decir, dejar la misma norma que rige para las sociedades anónimas abiertas, tanto más cuanto que aquéllos tienen este último carácter.

Muchas normas de la ley bancaria se encuentran en contraposición con su congénere de sociedades anónimas; y por esa razón en la Comisión se acordó que hubiera uniformidad de criterio. Luego, lo que propongo en la indicación es eliminar el mínimo de once directores, con lo cual se lograrían dos objetivos: primero, igualar el tratamiento de los bancos con las sociedades anónimas, y, segundo, ampliar las libertades. Si los accionistas de un banco desean tener más de once directores, eso es un problema de ellos, el que, a mi juicio, no nos incumbe. Estamos proponiendo, entonces, eliminar una restricción, lo cual significa, como digo, ampliar las libertades.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , el Honorable señor Piñera parte de un error: el de comparar un banco con una sociedad anónima cualquiera. Los bancos administran depósitos y recursos de terceros, dineros que no les corresponden en propiedad. Y en una sociedad anónima, por supuesto, pueden hacer lo que estimen prudente y conveniente. Por eso, las entidades bancarias están sujetas a un regulación especial y existe al respecto una legislación determinada. Y de acuerdo con la práctica bancaria, con lo que hoy día sostienen las propias entidades del rubro, y como nos impusimos en las discusiones que tuvimos con la Asociación de Bancos sobre estos temas, ellos estiman preferible una reglamentación dotada de cierta flexibilidad, pero que no los obligue -muchas veces por la vía de la presión- a tener que ir aumentando el número de directores porque hay grupos que exigen contar con un director. Creemos que once directores en un banco es una cantidad suficiente. La integración de un directorio puede fluctuar entre cinco y once miembros, o entre tres y once, según lo que plantee la junta de accionistas. Pero insisto en que un banco es distinto de una sociedad anónima corriente, y me parece lógico mantener una normativa que, por lo demás, ha funcionado bien.

El señor OMINAMI.-

Señor Presidente , considero que establecer que la integración de los directorios de los bancos fluctúe entre cinco y once miembros constituye una medida con un margen muy amplio. Debemos recordar que en nuestro país hay algunos bancos, entre ellos los más importantes, cuya propiedad es relativamente atomizada. En esos bancos, el tema de los directorios es objeto de confrontaciones de importancia entre los distintos grupos que aspiran al control de tales instituciones. El fijar un límite de once constituye un resguardo para evitar una situación tal vez hipotética, pero posible de producirse, en el sentido de que se pretenda la creación de megadirectorios a fin de constituir alianzas que, a mi juicio, serían finalmente negativas desde el punto de vista, tanto del funcionamiento de esos bancos como, especialmente, de la protección de los intereses de sus pequeños accionistas.

Por tal razón, creo que la norma, sin referirse a un tema decisivo, evita la posibilidad de que, en algún momento, pudiera producirse una situación negativa.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , en la Comisión voté en contra de esta indicación por la siguiente razón. En primer lugar, los bancos, a diferencia de todas las sociedades anónimas, actúan con criterios distintos. De hecho, se compran o se venden sus directores. Por eso, oímos decir: "Se compró un director en el banco tal", o "Se vendió un directorio en el banco cual". ¿Por qué? Porque el ser director de un banco da poder. Por lo tanto, se están vendiendo cuotas de poder.

En consecuencia, me parece que se resguarda debidamente la libertad de los individuos al establecerse un directorio cuyos miembros fluctúan entre cinco y once personas. Si no, se produce lo que acertadamente indicaba el Senador que me precedió en el uso de la palabra: podría tenderse a dividir en tantas cuotas de poder como arreglos cupulares vayan existiendo para los efectos de distribuirse el poder. Y un organismo colegiado con once miembros es muy difícil de manejar. La técnica moderna aconseja que no debieran ser más de siete integrantes, o nueve como máximo. Sin embargo, aquí se permiten once. Si mañana fueran diez, quince, dieciocho o veinticinco los directores, para achicar las cuotas de poder, o para hacer factible vender determinado número de acciones que permite ser director de un banco equis, ello serio riesgoso y negativo para la administración de la institución financiera respectiva.

Por lo tanto, pido a mis Honorables colegas que votemos rápidamente y rechacemos la indicación, pues, aunque no es relevante, podría ser muy peligrosa.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , sólo deseo explicar por qué se estimó prudente poner la frase "que merezca pena aflictiva", ya que se decreta una inhabilidad. Estimamos que si se ha cometido una falta o un delito que no merezca pena aflictiva, hay posibilidad de que la persona en cuestión no concurra después con la inhabilidad. Debíamos, pues, analizar la forma de determinar un rango donde hubiere inhabilidad para participar como fundador de un banco. Ésa fue la razón por la cual se incluyó dicha frase y respecto de lo cual hubo votación dividida. En lo otro, se produjo unanimidad.

En consecuencia, creo que deberíamos votar lo referente a la expresión "que merezca pena aflictiva".

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , efectivamente, lo que estamos discutiendo es si se deja lo relativo a la pena aflictiva, que fue la frase que se agregó, modificando la indicación.

La Comisión debatió largamente sobre el tema, y el argumento esgrimido por el Senador señor Otero también se analizó. Y los Senadores señores Errázuriz y Lavandero tuvieron el mismo criterio señalado por Su Señoría. En cambio, los Honorables señores Piñera y Ominami , como el Senador que habla, estimamos que los delitos por tráfico de drogas, lavado de dinero, etcétera, están sancionados todos con pena aflictiva.

El señor DÍEZ .-

Entonces, ¿para qué lo ponemos?

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Pero puede darse el caso de una persona, menor de edad, que haya cometido un delito -incluso de drogas- y que éste no hubiese sido sancionado con pena aflictiva. Entonces, pensamos que era más lógico agregar que los citados delitos de la ley Nº 19.366 deben merecer, para los efectos pertinentes, pena aflictiva. Ésa es la razón por la que se dividió la votación, pues hubo posiciones en ambos sentidos.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , la razón que tuvimos en la Comisión para agregar lo relativo a la pena aflictiva no fue desde ningún punto de vista para facilitar el acceso a los bancos a personas condenadas por delitos sancionados con pena aflictiva, o de lavado de dinero.

Lo que dijimos era que si dos personas a los 15 años se concertaban para consumir un "pito", cometían un delito, de acuerdo a esa ley. Y a mí no me parece que, 30 años después, esa persona esté inhabilitada para formar un banco.

Por eso, tratamos de separar el delito de consumo concertado, que puede haberse cometido en una etapa muy temprana de la vida, del delito que realmente queremos describir.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , quiero recordar a Sus Señorías que en la legislación actual, transcurrido determinado tiempo, se borran los antecedentes penales. De manera que lo señalado sobre el perjuicio que los antecedentes penales podrían causar a una persona no obstante haber pasado 10 años desde que fumó un "pito", no corresponde a la realidad, porque habría transcurrido el tiempo luego del cual se borra la pena a la que fue condenada. Si esta pena aún figura en el prontuario, es porque todavía no se han cumplido los plazos para que se borren los antecedentes. Se trata, pues, de un tiempo prudencial para estimar que la persona, aunque sólo haya consumido droga, ha estado tratando con un delincuente.

Quiero ser muy claro en esto: quien trafica droga es un delincuente; quien compra drogas está tratando con un delincuente, a sabiendas de que lo es. En consecuencia, esa persona no puede formar un banco.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , podríamos hablar largo rato sobre el tema. El Honorable señor Lavandero y el Senador que habla pensamos que el tráfico de drogas y estupefacientes, penado por la ley Nº 19.366, es lo suficientemente claro y explícito. Obviamente, no hablamos de un muchacho que hace 30, 40 ó 50 años se fumó un "pito", porque tampoco son esos los casos que contempla esa ley, sino que nos referimos al tráfico de drogas o estupefacientes, que sí está penado por ella.

Entonces, no comprensible que se permita la formación de un banco a una persona condenada por dicho cuerpo legal. Y no es necesario que la sanción haya llegado a la pena aflictiva para estimar que es un delincuente. De manera que comparto el criterio de otros Senadores que me precedieron en el uso de la palabra, que fue precisamente el criterio que el Senador señor Lavandero y el que habla tuvimos presente cuando votamos en contra de agregar lo relativo a la pena aflictiva.

Nos parece que si se ha establecido un conjunto de requisitos bien estrictos, no podemos -por así decirlo- "ablandarnos", ni más ni menos, tratándose de aquel que guarda relación con el tráfico de drogas o estupefacientes. Por lo tanto, el caso teórico del muchacho que eventualmente haya fumado un "pito" hace 30 ó 40 años no es del mundo real. En cambio, sí es mucho más posible que una persona que de alguna forma haya participado en ese tráfico y no haya sido condenada con pena aflictiva, disponga de los recursos suficientes para formar un banco. Por lo tanto, creo que cualquier persona que de alguna manera haya estado vinculada al tráfico de drogas no debe formar un banco.

Ésa fue la razón de la postura que asumí en la Comisión de Hacienda.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , estamos examinando la ley Nº 19.366. Pero en esa ley existen delitos que no están sancionados con pena aflictiva, entre los cuales se encuentra el de dos personas que se concierten para consumir drogas. El hecho de que a los diez años se borren los antecedentes, no significa que la persona haya dejado de haber sido condenada por un delito contemplado por la ley Nº 19.366. Y, por tanto, le estaríamos prohibiendo de por vida acceder a una actividad como la bancaria, porque tal vez a una muy temprana edad se concertó con otra para consumir drogas.

Quiero recordar, sin que esto signifique ninguna excusa, que las estadísticas muestran que el 40 por ciento de los jóvenes chilenos en la educación secundaria consumieron drogas alguna vez. Probablemente no lo hayan hecho sólos. Y si fuera así, es muy posible que se hayan concertado para hacerlo.

Ahora, no han sido identificados, ni procesados, ni condenados. Pero, en teoría, excluir a una persona de por vida de una actividad por un delito menor, que nada tiene que ver con el tráfico de drogas o con el lavado de dinero, que sí están condenados con pena aflictiva, me parece una exageración.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , soy partidario de suprimir la expresión "que merezca pena aflictiva", debido a una razón de lógica: por no dar un mal signo en la ley.

Si esa persona ha sido condenada, o se encuentra procesada por delitos contra la propiedad o la fe pública relacionada con la administración de instituciones financieras, no puede fundar un banco, aunque esa condena no sea pena aflictiva. De manera que establecer el requisito de pena aflictiva para la ley de drogas y no para las demás leyes que contemplan sanciones para los delitos contra la propiedad o el manejo bancario, es una mala señal.

Ahora, siento estar en desacuerdo con el Honorable señor Piñera , pero considero muy sofisticado el caso de quien a temprana edad se concertó para consumir droga y fue condenado. En cambio, resulta mucho más real decir que la Ley de Drogas es tan estricta que, sin relación a la condena que sufrió, la persona está impedida de fundar un banco. De otro modo, también debiéramos extender la pena aflictiva a los delitos contra la propiedad o el manejo bancario, porque no creo que una situación sea menos grave que la otra. Al contrario, pienso que daría una muy mala sensación acerca de nuestra jerarquía de valores.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , el tema de la droga -y con el Honorable señor Piñera propusimos un proyecto de ley para modificar la Ley de Bancos, donde seremos mucho más duros en materia de "lavado de dinero"- exige ser muy cuidadoso. Prefiero equivocarme y dejar afuera a un potencial fundador de un banco en 20 años más, que abrir un resquicio que permita a cierta gente deslizarse justo donde se hace el "lavado de dinero", que es el delito contemporáneo más peligroso.

Pienso que, en esta materia, el único delito que puede ser objeto de una discriminación es el consumo concertado. Pero llegar a demostrar que una persona fue condenada por consumo concertado es superdifícil. Y si lo fue, en un proceso muy complejo, prefiero dejarla fuera de toda posibilidad de fundar un banco.

Me inclino, entonces, por una política más estricta. Y, en ese sentido, rechazo la incorporación de la frase que agrega lo atinente a la pena aflictiva, para dejar circunscrita la norma sólo a la condena por cualquier delito contemplado en la ley Nº 19.366.

Voto que no.

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente , votaré por el rechazo.

Además, deseo señalar que, como se requiere quórum calificado, de ninguna manera, a pesar de que va a ganar el "No", la proposición podría ser aprobada.

Llamo la atención, señor Presidente , acerca del hecho de que cada vez hay menos Senadores en la Sala. Y como otras disposiciones también requieren quórum especial de aprobación, pienso que la Mesa debiera tomar alguna decisión acerca de continuar o no con el tratamiento del proyecto.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente, votaré de manera tal que no pueda fundar un banco ni hacer negocios de la índole señalada quien esté vinculado con la droga.

Aquí se ha hablado mucho de lo que significa la relación droga-"lavado de dinero". Sin embargo, a este respecto es necesario hacer una distinción: una cosa es ser traficante, y otra, consumidor. Éste es un enfermo; aquél, un delincuente. Creo que debemos ser mucho más rígidos en el caso del delincuente, pues en el del consumidor existe posibilidad de recuperación.

Por eso, voto contra la frase "que merezca pena aflictiva".

El señor URENDA.-

Señor Presidente , no obstante que en la práctica la disposición puede ser poco eficaz, porque la persona dedicada al "lavado de dinero" tendrá medios para actuar -lo podrá hacer a través de un testaferro-, me parece que, en todo caso, debemos dar una buena señal.

Por eso, voto que no.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , sólo deseo dejar constancia de los argumentos que justifican la inclusión de la frase, ya que podría pensarse que los Senadores que propiciamos mantener la pena aflictiva estaríamos facilitando a quienes han consumido drogas la posibilidad de ser fundadores de bancos.

Si uno lee la ley Nº 19.366, puede observar que todos los delitos contemplados en ella a propósito del tráfico de drogas y el "lavado de dinero" están sancionados con pena aflictiva.

El Título II se refiere a las faltas y su procedimiento. La sugerencia de la Comisión habla de procesado por la ley Nº 19.366, de delito contemplado en la ley Nº 19.366. Si precisamos que no es aplicable dicho Título, cuyo artículo 41 señala que "Los que consumieren algunas de las drogas o substancias estupefacientes o sicotrópicas a que hace mención el artículo 1º, en lugares públicos o abiertos al público, tales como calles, caminos, plazas, teatros, cines, hoteles...

El señor DÍEZ .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

No proceden las interrupciones, porque estamos en votación. Su Señoría podrá argumentar cuando le corresponda el turno.

El señor ERRÁZURIZ .-

Es que el Honorable señor Zaldívar cometió un error, pues la sugerencia de la Comisión habla de "delito".

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Si se estima que esa disposición no afecta, indiscutiblemente no tiene importancia eliminar la frase "que merezca pena aflictiva".

Empero, en la Comisión debatimos el asunto precisamente para evitar que los casos de procesados por consumo contemplados en la ley Nº 19.366 no quedaran incluidos. Ésa fue la razón.

El señor DÍEZ .-

Pero la proposición no dice "procesados".

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Por lo tanto, votaré en la misma forma como lo hice en la Comisión.

El señor LAVANDERO .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

No es posible conceder interrupciones durante una votación.

El señor LAVANDERO.-

Es que la proposición dice "por delito".

El señor LAGOS ( Secretario ).-

¿Cómo vota, Su Señoría?

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Afirmativamente.

--Se rechaza la frase "que merezca pena aflictiva" (27 votos contra 6).

Votaron por la negativa los señores Alessandri, Bitar, Cantuarias, Carrera, Cooper, Díez, Errázuriz, Feliú, Frei (doña Carmen), Horvath, Lagos, Larraín, Larre, Lavandero, Letelier, Mc-Intyre, Muñoz Barra, Otero, Pérez, Piñera, Prat, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Siebert, Thayer, Urenda y Valdés.

Votaron por la afirmativa los señores Gazmuri, Hamilton, Matta, Ominami, Páez y Zaldívar (don Andrés).

El señor ERRÁZURIZ.-

Señor Presidente , creo que habría sido bueno que todos los señores Senadores hubiesen podido cambiar su voto, porque, evidentemente, se trata de un error.

Por lo tanto, solicito que se realice una votación económica, rápida, para que la Cámara Alta pueda dar una buena imagen, ya que se pensaba que el término era "procesado" -tal como lo señaló el Honorable señor Zaldívar-, en circunstancia de que la proposición alude a "delito". De modo que, respecto de quienes estén condenados por delito contemplado en la ley Nº 19.366, no será necesario hablar de pena aflictiva.

Se ha incurrido, por ende, en un error.

Entonces, en nombre de quienes votaron afirmativamente, solicito dar la oportunidad para que unánimemente, en forma económica, aparezcamos rechazando la proposición. Y estoy seguro de que es el deseo de todos.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente, hay dos formas de ver esto.

En la actualidad, los bancos tienen los pasivos normales exigibles, pero también pueden tener los llamados "bonos" o "deuda subordinada". Ésta se paga después de servida la deuda normal. Por eso se denomina "deuda subordinada"; es decir, se ubica en una categoría intermedia, entre el pasivo exigible y el pasivo no exigible, que es el patrimonio.

Cuando un banco entra en dificultades, la ley contempla que esa deuda subordinada -esto es, subordinada a los pasivos normales- se capitalice, en forma de reponer el patrimonio que aquél requiere para operar.

En otras palabras, si una entidad bancaria no tiene dificultades, paga sus pasivos normales y, además, los subordinados; pero si enfrenta problemas, debe pagar sus pasivos normales, para lo cual la ley le otorga el derecho de capitalizar esa deuda subordinada.

Luego, la deuda subordinada tiene un riesgo mayor que el de la deuda normal y, por ende, también un mayor retorno.

La ley exige a los bancos una relación de cobertura patrimonial mínima de 8 por ciento. ¿Qué significa esto? Hasta ahora, a las entidades bancarias se las regula por la relación que hay entre la deuda y el capital; es decir, no pueden tener una deuda superior a 20 veces su capital. Ésa es la forma en que se las regula hoy día, independientemente del riesgo de los activos. Es decir, a dos bancos que se encuentran 20 a uno, pero uno de ellos con todos sus activos en papeles del Banco Central y el otro con todos sus activos en créditos riesgosos, se les trata igual.

Lo que busca el proyecto de ley al aplicar la norma de Basilea es cambiar ese criterio por otro mucho más inteligente y eficaz, consistente en asignar a cada activo un índice de cobertura patrimonial según su riesgo. Entonces, si una institución cuenta con papeles del Banco Central o de la Tesorería y no corre riesgo, no se le exige patrimonio para sustentar esos activos, pero, en la medida en que va disponiendo de otros de mayor riesgo, se le va demandando una cobertura patrimonial cada vez más elevada. Y, por lo tanto, dos bancos con el mismo nivel de activos, el mismo nivel de pasivos y el mismo nivel de capital enfrentarán requerimientos de capital distintos en función del riesgo de sus activos.

Ahora bien, consideremos que a una entidad, para funcionar normalmente, se le exige 8 por ciento de cobertura patrimonial, es decir, un patrimonio equivalente a 8 por ciento de sus activos, de acuerdo con la cobertura patrimonial de cada uno de ellos, y que se debe reponer el capital cuando surja una dificultad. La iniciativa en análisis, tal como está, requiere que se capitalicen bonos subordinados hasta llegar a 16 por ciento, es decir, la institución en dificultades debe capitalizar deuda subordinada hasta alcanzar un índice de cobertura patrimonial igual al doble de lo exigido al resto, como mínimo. Lo que plantea la indicación, señor Presidente , es que cuando una entidad se encuentre en esa situación se le exija capitalizar deuda subordinada hasta llegar a un índice de cobertura patrimonial no igual al mínimo, que es 8 por ciento, sino 50 por ciento superior a éste, es decir, de 12 por ciento. Al tener lugar una capitalización 50 por ciento más elevada que lo dispuesto por la ley, ello me parece suficiente.

Lo anterior significa, indudablemente, que los bonos subordinados ya no deberán capitalizarse tanto como lo habría requerido la ley actual. Eso es cierto. Y es algo bueno, en la medida en que la capitalización baste como para garantizar la solvencia del banco.

Estimo que exigir a una institución en dificultades que no solamente llegue al índice de cobertura patrimonial determinado por la ley, sino que lo supere en 50 por ciento, constituye una garantía adecuada de que la solvencia ha sido repuesta. Por esa razón, señor Presidente , la indicación apunta a que, en casos de dificultad, contemplados por la ley, se obligue a la capitalización de deuda subordinada hasta alcanzar un índice de cobertura patrimonial de 12 por ciento -es decir, 50 por ciento más que el de 8 por ciento- y no de 16, como lo plantea el artículo aprobado por la Comisión.

He dicho.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , cabe puntualizar, después de las largas discusiones llevadas a cabo aquí con relación a la iniciativa sobre la deuda subordinada, que muchos de los requisitos establecidos al respecto apuntaron a una mayor estrictez con los bancos en esa situación. Éstos fueron llevados a pagar; se buscaron soluciones, etcétera. Creo que si hoy existe deuda subordinada de este carácter, es preciso ser rigurosos, y que, en ese sentido, la fórmula inicial del proyecto del Ejecutivo es razonable y, por lo tanto, se debe mantener el 16 por ciento. Constituye el doble de la exigencia en cuanto a riesgo determinada para los bancos con créditos normales, pero, tratándose de estos otros valores, relativos a deuda subordinada, más riesgosos, ello se justifica. Me parece un criterio sano, que configura una política más conservadora, más estricta.

En consecuencia, se está diciendo a los bancos con deuda subordinada pagada que cuentan con más flexibilidad, que con el mismo capital pueden operar en un rango mayor. Pero aquellos con deuda subordinada comprometida deben realizar un esfuerzo de capitalización más grande.

Y sabemos que ciertas instituciones se favorecieron más que otras en esa materia. ¿Por qué se les darán ahora más facilidades?

No concuerdo, entonces, con la posición del Ejecutivo en términos de reducir de 16 por ciento a 12 la cifra a que se hace referencia y mantendré la idea de resguardar el 16 por ciento.

El señor ERRÁZURIZ .-

En efecto, señor Presidente , lo que nos ocupa es una cuestión distinta de la deuda subordinada de los bancos, que ha merecido tantas discusiones en esta Sala. De lo que se habla es de operaciones subordinadas, de captación de bonos subordinados, por ejemplo, o de otras formas de subordinar compromisos. En consecuencia, dado que es absolutamente discutible el fijar el 8, el 16, el 12, el 11, el 4 por ciento -podría ser cualquier cifra, por constituir algo aleatorio-, en la Comisión me abstuve, pues me pareció que no valía la pena seguir perdiendo el tiempo en un debate sobre un aspecto totalmente opinable.

Ante las razones expuestas por el Senador señor Piñera y el acuerdo del Ejecutivo , estimo que lo único procedente es una aprobación unánime. Y pido al Honorable señor Bitar concurrir a ello y cambiar su pronunciamiento, sobre la base de la precisión efectuada.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Deseo dejar una constancia, nada más, si bien acepto lo expresado por el Ejecutivo . La materia en estudio no es la deuda subordinada -estamos todos de acuerdo en ello-, sino el caso de un banco que cae en riesgo grave, el cual entrega a sus acreedores, con el objeto de que puedan hacerse pago, bonos subordinados, o sea, instrumentos transformables en acciones. Ése es un poco el sentido de la disposición.

Si se me preguntara al respecto desde el punto de vista de la mayor seguridad, en especial con relación al sistema financiero, respondería que prefiero que los acreedores que deben entrar a aceptar el convenio dispongan de una garantía sobre la base de 16 por ciento y no de 12 por ciento. Constituye una cuestión discutible, por supuesto, si esta última cifra es suficiente o la primera es mejor. Por mi parte, me quedo con 16 por ciento, porque lo creo más seguro, en caso de crisis, para responder a los acreedores.

Si existe unanimidad en el otro sentido, sin embargo, no me opondré, pero dejo constancia de mi punto de vista.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación renovada Nº 75.

--Se aprueba.

El señor ALESSANDRI.-

Aquí hay un problema serio, porque se incorpora el corretaje de seguros a las actividades que realizan los bancos, idea cuya inclusión fue aprobada por mayoría de votos (3 votos contra 2) en la Comisión. Me opongo terminantemente a que dichas entidades actúen también como corredores de seguros.

Por tanto, hay que dividir la votación. Me parece mejor el texto de la norma actual o del proyecto aprobado en general, al que el segundo informe propone agregar los corredores de seguros.

Estimo que los bancos desean absorber demasiadas funciones y, al hacerlo, seguramente muchas personas que se desempeñan como corredores de seguros quedarán sin trabajo. Y a pesar de que se ha señalado que los bancos no pueden forzar a una persona a contratar un seguro -lo cual está muy bien en la letra de la ley-, hay muchas maneras de obligar a la gente a hacer algo que no quiere cuando está sujeta a la voluntad del banco que le puede prestar dinero.

En resumen, me parece que es necesario analizar el punto con mayor detención. El Nº 55 debería suprimirse íntegramente.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , hay una indicación renovada sobre los seguros previsionales que quiero retirar, en virtud de un acuerdo para tratarlos cuando se discuta el proyecto referido directamente a ellos.

En cuanto a los seguros no previsionales -estamos hablando de corretaje-, se pretende, en primer lugar, ampliar el ámbito de oportunidades de todas las instituciones y aumentar la competencia en dicha área, de forma que, al haber más oferentes, se pongan a disposición del público servicios de mayor calidad o de menor costo, o una combinación de ambos.

Adicionalmente, en esta norma se tomaron dos salvaguardias para evitar conflictos. En primer término, se establece la incompatibilidad -que existe hoy día- entre los cargos de director o administrador de un banco y los de director o administrador, y otras funciones equivalentes, de una corredora de seguros. En segundo lugar, se dispone que el banco no podrá bajo ninguna circunstancia ligar el otorgamiento de un crédito a la contratación de un seguro con una corredora de seguros filial o relacionada, de manera de mantener libertad en esta materia.

Con estos dos resguardos, se evita cualquier posibilidad de abuso y, al mismo tiempo, se amplía la competencia en el mundo del corretaje de seguros no previsionales, lo cual favorecerá a quienes los contratan.

Por otro lado, hay "holdings" que no solamente poseen bancos, como el Citibank o el Santander, sino también AFP, corredoras de seguros, etcétera. Por tanto, están compitiendo en una manifiesta ventaja respecto de los bancos nacionales. Tal vez eso explica la evolución de estas instituciones bancarias: las que operan con esta facilidad son las que más han crecido.

Por lo tanto, de rechazarse la norma, los bancos extranjeros pertenecientes a "holdings" continuarán contando con más oportunidades que los nacionales, lo cual representa una abierta discriminación en su contra.

Este es un argumento adicional para aprobar la modificación propuesta.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , inexplicablemente el Ejecutivo repuso en la discusión del segundo informe la autorización que, dentro del contexto de la nueva Ley General de Bancos, permite a las instituciones financieras ejercer como corredores de seguros. Dicha facultad, que hasta ahora no establecía nuestra legislación, había sido rechazada unánimemente por en la Comisión de Hacienda durante la discusión del primer informe, lo cual fue ratificado en la Sala.

Permitir a los bancos incursionar en el rubro de corretaje, que nada tiene que ver con su giro financiero, resulta ampliamente peligroso para la libertad económica de las personas. Opino que éste es el inicio de la autorización a los bancos para adentrarse en actividades que no les corresponden, pudiendo mañana también incluso actuar como corredores de propiedades.

Estas ampliaciones del giro bancario a actividades no financieras lleva connaturalmente a la concentración del poder. Resulta indudable que la venta de paquetes de créditos y seguros pasará a ser una práctica habitual que hará desaparecer la actividad de más de 4 mil productores de seguros independientes, primer paso para que los bancos se posesionen luego de la actividad de las empresas aseguradoras.

Es más, el Senador señor Piñera acaba de señalar que -en virtud de un acuerdo- retira una indicación, lo que permitiría a los bancos más adelante -en virtud de no sé qué- incursionar también en el rubro de los seguros previsionales, es decir, en el campo directo de las AFP.

Ante la gravedad del problema, el Ejecutivo recogió en parte aprensiones del Senador que habla durante la discusión del segundo informe, oportunidad en que presenté una indicación adicional que decía: "La Superintendencia de Valores y Seguros mediante norma de carácter general, impartirá a las sociedades corredoras de seguros, que sean filiales de bancos o personas relacionadas al banco que actúen como corredores de seguros, instrucciones destinadas a garantizar la independencia de su actuación y el resguardo del derecho del asegurado para decidir sobre la contratación de seguros y la elección del intermediario.". ¡Vaya ingenuidad!

Considerando insuficiente e, incluso, confusa esta indicación, propuse agregar la frase: "estándoles especialmente vedado condicionar el otorgamiento de créditos a la contratación de seguros a través de un corredor de seguros relacionado al banco.". Se aprobó unánimemente. Peor era nada.

Hoy, durante la discusión en la Sala, deberemos definir si se acepta o no que los bancos invadan poco a poco actividades que no son del giro financiero. Deseo hacer hincapié en ello: no es del giro financiero actuar como corredor de seguros, de propiedades u otras actividades, pues ello conlleva el riesgo implícito de que muchos hombres de trabajo de clase media perderán su giro, actividad u ocupación.

Indicaciones del Ejecutivo -ya aprobadas- permiten a los bancos tener todo tipo de negocios financieros, hasta empresas de camiones para el transporte de valores y otros.

La discusión y análisis respecto de estas materias será de la mayor trascendencia para el desarrollo de la empresa privada en el país. Es necesario resguardar debidamente la libre competencia y la igualdad de oportunidades, que se ponen en riesgo, quedan en desmedro y en evidente peligro con la concentración de la riqueza y, obviamente, a través de los bancos que ejerzan actividades distintas de su giro.

Por lo tanto, anuncio desde ya que no concuerdo con esta situación. Y apoyo la propuesta de dividir la votación, para determinar si los corretajes de seguros se incluyen o no en esta norma.

El señor VALDÉS .-

Señor Presidente , estoy totalmente de acuerdo con la posición del Senador señor Alessandri , explicada con mucha claridad por el Honorable señor Errázuriz .

Los bancos tienen funciones muy amplias, riesgosas -como es natural- y suficientemente abiertas, como lo prueba el hecho de que en el proyecto se les estén otorgando facultades para operar en el ámbito internacional, que está dominado por las actividades financieras.

La circunstancia de permitirles extender su radio de acción, "contrario sensu" de lo afirmado por el Senador señor Piñera en orden a que eso aumenta la competencia, a mi juicio lleva a las instituciones con mayores recursos, con capitales más altos, con mejores contactos, a absorber actividades que necesariamente deberían estar separadas.

La ley no impedirá que el cliente de un banco propietario de una empresa de corretaje de seguros, en caso de requerir seguro, lo tome por intermedio de ésta. El camino es extremadamente peligroso, no sólo en el área de los seguros, sino también en el de los fondos mutuos u otros. Porque, con el mismo argumento, los bancos podrían constituir ISAPRES. ¿Por qué no, si éstas son empresas de lucro y trabajan para obtener ganancias? ¿Y por qué no incursionar, igualmente, en otros rubros?

Debemos considerar que se trata de sociedades bancarias y que, como tales, han de tener ciertas restricciones. Soy partidario de concederles muchas libertades, pero, al mismo tiempo, de fijarles un límite.

Votaré en contra del reemplazo de la letra a) del Nº 11 bis del artículo 83.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , se ha expresado que esta disposición afectaría la actividad desarrollada por otras personas, especialmente por los corredores de seguros independientes. Discrepo de esa afirmación. En primer lugar porque, como se ha dicho aquí, los bancos extranjeros pueden participar en el corretaje de seguros, y esto deja en situación desmedrada a los bancos nacionales.

En segundo término, los bancos que tienen concentrada la propiedad también lo hacen, ya que crean una sociedad separada y actúan como corredores de seguros de su propia entidad bancaria.

En consecuencia, los únicos que tendrían dificultades para actuar en el corretaje de seguros y que habrían de buscar algún subterfugio para operar en igualdad ante la competencia, serían los bancos cuya propiedad se encuentra atomizada entre muchos accionistas.

Lo que se pretende con esta norma es dejar a los bancos en igualdad de condiciones, para que compitan en los mismos términos.

Es indudable que una disposición de esta índole puede afectar intereses. Cuando la Comisión analizó este punto y escuchó a personeros de los corredores de seguros, establecimos una serie de inhabilidades para evitar que se cometan abusos. Y acogimos la indicación a que se refirió el Senador señor Errázuriz , porque estimamos conveniente que al crearse una filial de banco destinada al corretaje de seguros, se la sometiera a diversas restricciones a fin de impedir que hubiera colusión de intereses, que por esa vía se vendieran seguros a cualquier precio, o que se condicionaran los créditos a la contratación del seguro.

Aclaro que no se trata de la formación de compañías de seguros, sino de sociedades cuyo objeto sea el corretaje de seguros, es decir, la intermediación para contratar seguros.

En virtud del proyecto, el deudor hipotecario de un banco tiene dos opciones: o contrata el seguro a través del mismo banco, en una suerte de "paquete", porque se le presenta una buena cotización, o bien, lo contrata con un corredor de seguros independiente que le ofrezca mejores condiciones.

Reconozco que tuve dudas acerca de esta norma, pero llegué a la convicción de que si no la aprobábamos, crearíamos -repito- una situación de desigualdad, primero, entre los bancos extranjeros y los nacionales, en perjuicio de estos últimos, y, segundo, entre los bancos con propiedad concentrada y aquellos con propiedad atomizada.

Ésos fueron los motivos por los cuales aprobé esta disposición. Me parece que los resguardos establecidos no ponen en riesgo la actividad de los corredores de seguros independientes, que muchas veces actúan en otros campos de seguros, distintos de los que normalmente requieren los bancos, que son los seguros de créditos hipotecarios.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , en atención al interés del tema y con el propósito de formarme un juicio, consulté la opinión de representantes de distintas entidades bancarias, como el Banco del Desarrollo, el Banco de Crédito e Inversiones y otros. Quiero dar a conocer la opinión del Presidente del Banco del Estado , don Andrés Sanfuentes , contenida en una carta donde responde la consulta que le formulé. Leeré la parte pertinente relativa a la autorización para operar en corretaje de seguros:

"Al respecto consideramos que debiera restituirse la decisión de la Cámara de Diputados en cuanto a autorizar a los bancos para realizar este tipo de negocios. Aunque desconocemos los fundamentos que tuvo presente la Comisión de Hacienda del Senado, desde una perspectiva económica parece conveniente que los bancos puedan desarrollar estos negocios de modo de aprovechar las economías de ámbito que pueden generar las actividades complementarias al rubro bancario.

"La participación de los bancos en el mercado de seguros aumentaría la eficiencia de éste al hacerlo más competitivo, otorgándose mejores servicios y nuevos productos a menores precios para los usuarios. Estos argumentos tienen pleno respaldo a la luz de los excelentes resultados alcanzados por los bancos de economías industrializadas y emergentes en estos mercados.".

Creo que esta opinión es bastante útil.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , para tomar una decisión sobre este asunto, debemos tener en consideración los aspectos más riesgosos, que, a mi juicio, son los que paso a mencionar.

El primer riesgo es el de dejar a la banca nacional -a la que pretendemos abrir camino en el ámbito financiero internacional- en posición desventajosa. Si han de participar en una verdadera competencia, debemos crear condiciones equivalentes.

El segundo riesgo es el de fomentar la concentración de las operaciones financieras más importantes en la banca, al permitirle efectuar actividades de seguros. Pero el riesgo será menor, porque éstas se limitarán al corretaje (Hago presente que me estoy refiriendo a sociedades de corretaje, no a compañías de seguros).

El tercer riesgo, que está en cuestión y que también hemos de sopesar, se relaciona con el tema previsional. Y lo atinente a la previsión no está contemplado en el proyecto.

Por lo tanto, teniendo en cuenta estas prevenciones, las ventajas sobrepasan los riesgos. En ese sentido he sido muy cuidadoso respecto de concentrar actividades en bancos, especialmente de seguros, que pudieran comprometer sus patrimonios, que son, más bien, de corto plazo, con relación a los intereses de los seguros, que son de largo plazo. Sin embargo, hay que reconocer que todo eso está resguardado, porque estamos hablando de corretaje de seguros, que no tiene que ver con materias previsionales, y de una mayor competencia en la banca nacional para igualar las condiciones de las otras.

Conforme a lo expresado, estimo conveniente dar tal posibilidad de trabajo a los bancos, limitada en la forma como lo hemos establecido: de corretaje, lo que no abarca materias previsionales.

Por eso, votaré a favor de la fórmula en los términos mencionados.

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente , sólo agregaré a lo planteado por quienes han postulado votar a favor de la norma, el hecho de que en Chile los seguros son muy caros. A mi juicio, una mayor competencia los abarataría. Y nadie se ha fijado en los usuarios; solamente en los corredores de seguros.

Parte del precio del seguro caro en el país es por las comisiones que aquéllos ganan. Además, se ponen de acuerdo y crean un verdadero cartel de determinadas comisiones. La capacidad negociadora que tendría un banco frente a las compañías de seguros, por contar con una cartera grande, beneficiará al público, bajando los costos del seguro.

Por eso, anuncio mi voto favorable.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , quiero hacer una doble rectificación.

En primer término, el Honorable señor Cooper acaba de expresar algo erróneo, pues la referida actividad la pueden desarrollar los bancos directamente o a través de filiales. El señor Senador condicionó su voto a una situación que, de ser correcta, no importa; pero como no es así, mi explicación debe bastar para que cambie su votación. Rectificado el primer hecho.

En segundo lugar, deseo manifestar que la competencia de los corredores de seguros representa más de 4 mil personas. Si se aprueba la norma como se plantea, esa gente desaparecería. Y no me pueden decir que existe una concertación de 4 mil personas para formar un cartel, en circunstancias de que los corredores deben competir entre ellos para atender bien a sus clientes y lograr la contratación de seguros.

Por lo tanto, se trata precisamente de lo contrario a lo dicho por el Senador señor Pérez : permitir que la libre competencia existente pueda ampliarse a fin de que bajen los costos de los seguros, que, por lo demás, son los más bajos del mundo.

Hay más de 4 mil personas que trabajan como corredores de seguros. Si se autoriza a los bancos, o a éstos a través de sus filiales, a actuar directamente en ese ámbito, se terminará obviamente en una concentración peligrosa de la actividad.

En consecuencia, voto por eliminar esa parte de la norma.

--Se aprueba la idea de incluir el corretaje de seguros dentro de la actividad bancaria, con exclusión de los seguros previsionales (16 votos por la afirmativa, 9 por la negativa, una abstención y 2 pareos).

Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Cooper, Díez, Gazmuri, Huerta, Larraín, Larre, Lavandero, Ominami, Otero, Páez, Pérez, Piñera, Prat, Siebert y Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la negativa los señores Alessandri, Errázuriz, Feliú, Hamilton, Horvath, Letelier, Mc-Intyre, Urenda y Valdés.

Se abstuvo la señora Frei (doña Carmen).

No votaron, por estar pareados, los señores Cantuarias y Ruiz-Esquide.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , para los efectos de ilustrar a los Honorables colegas, debo informar que se trata de resolver si en la formación de todas las filiales, se a va a contar con facilidades o si habrá mayor grado de dificultades; y esto último guarda relación con la solvencia. Por eso, en el segundo informe se establece que deben incluirse las dos últimas categorías y no sólo la última. De manera que se exige al banco que sea más solvente, para los efectos de incursionar en negocios nuevos, como transportes de camiones, corretajes de seguros, etcétera. Por lo tanto, a mi juicio, correspondería dejar las dos últimas categorías.

El señor PIÑERA.-

En verdad, éste es un tema muy complejo, porque se trata de una indicación que corrige otra, la cual, a su vez, enmendaba el primer informe, el que por su parte modificaba el texto vigente. Entonces, para determinar de qué se trata, debe hacerse un poco de historia. Lo anterior me tomó algún tiempo, pero ahora puedo plantear lo siguiente: se están definiendo las categorías 1, 2, 3, 4 y 5. Al respecto solicito la colaboración del señor Ministro . Probablemente para quienes no han participado en la discusión, estamos hablando un lenguaje bastante poco comprensible. Por eso quiero explicar brevemente que lo que se está haciendo es fijar una pauta sobre la base de dos criterios: uno de solvencia patrimonial; y otro de calidad de la gestión. Sobre esa base, se pueden clasificar los bancos en cinco categorías, lo cual no es trivial, porque la categoría 5 implica insolvencia y obliga a los bancos a entrar en convenios con los acreedores y con todas las cláusulas que establecen para restituir su capital. La categoría 4 deja fuera a los bancos de participar en cualesquiera otras actividades. La 3, por su parte, los posibilita para hacer las actividades nuevas contempladas en el proyecto, las cuales requieren una autorización que puede ser denegada no en función de los requisitos establecidos en la ley, sino de la calificación realizada por la Superintendencia respecto de su gestión. La categoría 2 debería ser la normal, y la 1 es la que permite acceder al "fast track".

Entonces, al definirse las cinco categorías, lo importante es cómo se van a combinar los criterios de solvencia patrimonial y de calidad de gestión para organizar cada una de ellas. Si por ejemplo, dijéramos que el que figura en el tramo A de solvencia y de gestión, queda incluido en categoría 4, estaríamos diciendo que el banco que se encuentra en perfectas condiciones no podría hacer ningún nuevo negocio.

Por tal motivo, después de algunas conversaciones tanto con miembros de la Comisión de Hacienda, como con representantes del Gobierno, presenté una indicación -cuyo texto acabo de hacer llegar a la Mesa-, la cual cambia levemente la forma en que se combinan los criterios de solvencia y de gestión para encuadrar a los bancos en categorías. Si tal indicación fuese aprobada, entonces, todas las demás que se refieren a la misma materia también podrían serlo; si no lo fuera, debería suceder lo contrario. Debe tenerse en cuenta que estamos frente a un tema medular.

En resumen, deseo consultar a la Sala si habría unanimidad para aprobar un cambio en la clasificación, cambio que explicaré brevemente: cuando un banco se encuentra en un tramo B de solvencia -es decir, perfectamente normal- y por una vez en B de gestión (ésta en su definición es bastante ambigua y vaga, pero no hemos podido encontrar una más apropiada, pese a las indicaciones presentadas sobre la materia), planteamos que no por eso ese banco sea incluido en una categoría que requiere autorización discrecional, sino permanecer por dos períodos consecutivos con una evaluación menor en su gestión. A eso apunta el cambio que se propone con respecto a lo aprobado por la Comisión. Si hubiera unanimidad para hacer tal enmienda, creo que se facilitaría enormemente el aceptar las otras indicaciones.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , para evitar confusiones, deseo señalar que no estamos tratando lo que planteó la Mesa anteriormente.

Dada la nueva indicación que condiciona a las siguientes, corresponde -como se señaló- pronunciarse a su respecto, pues, en caso de aprobarse, en su gran mayoría las demás pasan a ser innecesarias.

En consecuencia, el tema que estábamos tratando queda supeditado a la resolución de este asunto previo y, como ha señalado el señor Subsecretario , me parece que corresponde aprobarlo, pues ya fue motivo de una larga discusión en la Comisión. Su objetivo es hacer una clasificación más clara, precisa, justa y objetiva, lo que se está logrando a través de las indicaciones, en lo cual no se alcanzó pleno consenso en la Comisión. Estuve junto al Senador señor Piñera cuando se vio el particular, y quedó de tratarse en la Sala.

Dado que el Ejecutivo en este momento otorga su consentimiento y, por lo tanto, concuerda con esta fórmula, corresponde aprobar unánimemente la indicación para eliminar trabajo en las otras que deberemos considerar más adelante y que pasarían a ser irrelevantes o innecesarias.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , respecto de la categoría 4, quiero aclarar que ella "Incluye a las instituciones que se encuentren clasificadas en nivel A de solvencia y por dos o más veces consecutivas en nivel C de gestión, o en nivel B de solvencia y por dos o más veces consecutivas en nivel C de gestión.".

A mi juicio, parece más sencillo poner "las instituciones que se encuentran clasificadas en nivel A ó B de solvencia y por dos o más veces consecutivas en nivel C de gestión.". Existe una repetición sin sentido.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

La Mesa puede redactar la definición de la categoría 4 en mejor forma.

--Se aprueba la indicación, con la corrección sugerida por el Senador señor Urenda.

El señor ALESSANDRI.-

Solicito que se aclare el significado de la frase "tener participación en una sociedad cuyo único objeto sea..." prestar servicios a sus asociados destinados a facilitar su giro. Eso es muy amplio. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las sociedades y cuáles son las operaciones que podrían realizar los bancos?

Aquí se dice que ello se reemplaza -al parecer- por "Prestar servicios destinados a facilitar el cumplimiento de los fines de las entidades financieras.". ¿Podría ser eso, por ejemplo, el transporte de valores? ¿O un servicio de restaurantes para el personal?

Me gustaría conocer el alcance de la disposición en cuanto a las actividades que pueden desarrollar los bancos.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , dado el hecho de que se está ampliando el giro de los bancos, y se les permite ahora desarrollar actividades de corretaje de seguros, se podrán prestar también todos los servicios que guardan relación con sus nuevos giros.

¿Es así o no, señor Superintendente ?

El señor GUZMÁN ( Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras).-

Señor Presidente , aquí se está tratando de las sociedades de apoyo al giro, que celebran los propios bancos. El otro caso que Su Señoría menciona se refiere a actividades que desarrollan los bancos a través de filiales; no unión de bancos para realizar una actividad de apoyo a su propio giro.

El señor ERRÁZURIZ .-

¿Podrían los bancos, por ejemplo, formar una unión de productores de seguros, para los efectos de apoyar su giro de seguros?

El señor GUZMAN ( Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras).-

No, señor Senador, porque eso cae derechamente dentro de las actividades que, por lo que se acaba de aprobar, está permitido desarrollar sólo a través de filiales.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , hay otra norma que determina que solamente podrán emprender estas actividades previa autorización de la Superintendencia, y cumpliendo los requisitos generales que para el objeto específico ahí establezcan, mediante normas de carácter general. Luego, esto no es automático.

La intención de la norma es precisamente permitir actividades como cajeros automáticos hoy día, o administradoras de tarjetas de crédito. Por lo tanto, se refiere solamente a las actividades complementarias del banco; no así de sus filiales.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Señores Senadores, en este momento se ha completado el quórum de 25 señores Senadores presentes, lo que nos permite someter a aprobación la norma propuesta bajo el numero 59, a la que dio lectura el señor Secretario.

--Se aprueba.

El señor ERRÁZURIZ.-

¿Me permite, señor Presidente?

Estaba pidiendo la palabra para referirme al numeral 20 del número 59 que acabamos de ver. El texto es el siguiente:

"Otorgar a sus clientes servicios financieros por cuenta de terceros,". Dentro de los servicios financieros caben todos ellos. Podría tratarse de cualquier tipo de servicio financiero encargado por terceros. O sea, las AFP podrían encargar a los bancos que otorguen servicios financieros por su cuenta.

Esto significa que lo que en su época se prohibió a Javier Vial en el sentido de usar el Banco de Chile para efectos de desarrollar la AFP de su grupo de entonces, llamado Santa María, ahora podría hacerlo perfectamente un banco, efectuando todas las acciones de la AFP a través de un simple mandato, u orden, o acuerdo, con otra institución, para usar sus redes y sucursales en actividades de este tipo.

En consecuencia, es conveniente que los señores Senadores, al aprobar estas normas, sepan esta situación. Ello debe sumarse a todo lo ya señalado y al anunciado acuerdo a que se habría llegado aquí en virtud del cual más adelante se permitiría incursionar, no sólo en el rubro de los seguros generales, sino también en el de los seguros de vida, lo que hasta ahora no es posible (estoy hablando del corretaje). De tal manera que en el futuro estas instituciones estarían autorizadas para incluir, dentro de las actividades que se están considerando, por ejemplo, operaciones de arrendamiento, de leasing; asimismo, financiamiento total o parcial de las mismas en operaciones de factoring, en asesorías financieras, custodias, transporte de valores, cobranza de créditos, prestación de servicios financieros, etcétera, más todas aquellas que la Superintendencia autorice expresamente.

Por lo tanto, señor Presidente, pido formalmente que se vote el número 20 que se agrega al artículo 83.