Labor Parlamentaria

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Corresponde ocuparse del proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Hamilton y Andrés Zaldívar, que modifica los artículos 66 y 69 de la Ley Nº 19.253, sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, respecto a la constitución del dominio en la Isla de Pascua para los miembros de la Comunidad Rapa Nui, con segundo informe de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley: (moción de los señores Hamilton y Andrés Zaldívar).

En primer trámite, sesión 31ª, en 5 de septiembre de 1995.

Informes de Comisión:

Gobierno, sesión 3ª, en 4 de junio de 1996.

Gobierno y Medio Ambiente, unidas (segundo), sesión 27ª, en 21 de enero de 1997.

Discusión:

Sesión 11ª, en 2 de julio de 1996 (se aprueba en general).

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Conforme al Reglamento, en el informe se deja constancia de lo siguiente: 1) Que no hay disposiciones del primer informe que no fueron objeto de indicaciones; 2) Indicaciones aprobadas: la Nº 2; 3) Indicaciones aprobadas sin modificaciones: no hay; 4) Indicaciones aprobadas con modificaciones, la Nº 2; 5) Indicaciones rechazadas: las signadas con los números 1, 4, 5, 6, 7, 9 y 10, las cuales pueden ser renovadas en la forma reglamentaria; 6) Indicaciones retiradas: la Nº 8; y 7) Indicaciones declaradas inadmisibles: la Nº 3.

Asimismo, en el informe se deja constancia de que requieren de quórum calificado para su aprobación la letra c) del Nº 3 del artículo 1º y el Nº 1 del artículo 2º de la iniciativa en debate, en conformidad al artículo 19, Nº 23, de la Constitución Política, toda vez que establecen requisitos para acceder al dominio de bienes inmuebles en la Isla de Pascua.

En seguida, se hace una relación de las indicaciones, la discusión que hubo en torno de ellas y los acuerdos recaídos en las mismas, y de las enmiendas de las Comisiones unidas al texto del proyecto aprobado en general.

La iniciativa consta de dos artículos permanentes.

Los señores Senadores tienen en su poder un estudio comparado entre la ley Nº 19.253; el texto del primer informe aprobado en general; las modificaciones propuestas en el segundo informe, y el texto final del proyecto aprobado.

El señor DÍEZ (Presidente).-

En discusión particular el proyecto.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , según esta norma, tendrían el carácter de rapa nui o pascuenses las personas provenientes de la Isla de Pascua que cumplan los requisitos exigidos por las letras a) o b) del artículo 2º. En consecuencia, lo sustantivo del concepto de "pascuense" estaría dado por el artículo 2º que viene a continuación. Es decir, la norma propuesta no se autoabastese.

El señor HAMILTON.-

Señor Presidente , efectivamente el punto central o idea matriz del proyecto en debate consiste en excluir a la etnia rapa nui de la exigencia de la letra c) del artículo 2º de la Ley Nº 19.253 o Ley Indígena. Por consiguiente, pasan a ser miembros de tal etnia quienes cumplen con los requisitos establecidos en las letras a) y b) del mismo artículo 2°.

La letra c) del precepto que se suprime concebía como miembros de la etnia a quienes mantengan rasgos culturales de alguna etnia indígena, tales como determinadas prácticas o formas de vida, costumbres o religión de ella, de modo habitual, y a quienes cuyo cónyuge sea indígena. En tales casos, además, será necesario que se autoidentifiquen como indígenas.

Ello, en la apreciación de los afectados -vale decir, de los miembros de la etnia rapa nui-, es muy fácil de burlar. Sin tratar de llevar la situación al ridículo, bastaría con que bailaran sau-sau, comieran curanto pascuense, asistieran a la misa dominical tradicional en Pascua y se declararan pascuenses, para que pudieran adoptar dicha condición y acceder así a los beneficios de la Ley Indígena.

El rechazo habido en la Isla a esta disposición ha impedido hasta ahora la distribución de las tierras que, desde el Gobierno antepasado, estaban dispuestas para ser entregadas a un número delimitado de familias de esa etnia y que las necesitan para vivir y trabajar.

En consecuencia, esta norma se sustenta absolutamente porque subsiste en toda la Ley Indígena -salvo las modificaciones que se le introducen por medio de esta iniciativa-, y en el artículo 2°, considerar indígena al que reúne las características consignadas en las letras a) y b), y excluye, en especial, a los rapa nui de la letra c), por las razones que he indicado.

El señor THAYER.-

Señor Presidente , este proyecto ha sido vinculado a otros anteriores ya aprobados -respecto de los cuales manifesté en su oportunidad mi preocupación-, porque establece una relación muy estrecha entre una situación propiamente racial, o racial-cultural, como es la etnia, y el reconocimiento de determinados derechos. Probablemente me abstendré de aprobar varias de las disposiciones en discusión en razón de un concepto básico y fundamental. Personalmente, no soy partidario de conceder derechos diferentes en función de razas existentes en Chile. Lo soy de otorgar y reconocer derechos para que los distintos grupos raciales o etnias ejerzan sus hábitos y culturas, de acuerdo con sus tradiciones, siempre que no se opongan a la moral y las buenas costumbres. Pero no me satisface el reconocimiento de derechos sobre la base de una determinada consideración de carácter racial.

Esto fue largamente discutido en oportunidades anteriores con motivo de materias referentes a la etnia mapuche. Es un tema en el cual es muy difícil adentrarse si no se dispone del tiempo adecuado para ello. Estoy consciente de que nos encontramos ante un segundo informe y que se refiere a una materia extensamente debatida anteriormente. Por consiguiente, lo que estoy enunciando es la justificación de los motivos por los cuales no concurriré a la aprobación de ciertos preceptos, en la medida en que estime que hay una situación jurídica que deriva del principio de que se conceden más o menos derechos con motivo de una característica racial de alguna persona que invista la nacionalidad chilena. Pienso que el Derecho chileno debe proteger la libertad -en especial la libertad de la cultura- y las formas culturales derivadas de hábitos ancestrales, pero, a mi juicio, no es conveniente vincular estas tradiciones que van de generación en generación a una determinada pureza racial o mezcla de razas. Creo que ello nos conduce por un camino que, a mi entender, no es aceptable. Ésa es la prevención que, en general, deseaba formular.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , creo que este proyecto reviste enorme trascendencia y, lamentablemente, estamos discutiéndolo en términos particulares, en circunstancias de que hay un problema de fondo que, de alguna manera, concierne casi al conjunto de la iniciativa. Hago mías las expresiones del señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra en lo que atañe a la creación de derechos, privilegios o circunstancias especiales por razones meramente étnicas o culturales. Pero me parece que en este caso relativo a la etnia rapa nui, y específicamente a la Isla de Pascua, el problema tiene una relevancia enormemente mayor, porque -lo digo a vía de ejemplo- entregar preferencias, que en algunos casos llegan a ser absolutas, para adquirir ciertas partes del territorio continental chileno, podría no tener una importancia estratégica, pero aquí estamos en presencia de la Isla de Pascua, un lugar situado a tres mil setecientos kilómetros del territorio nacional, de sólo ciento ochenta kilómetros cuadrados de superficie, pero cuya pertenencia a Chile le significan derechos sobre el mar por una superficie superior a un millón seiscientos mil kilómetros cuadrados. Es uno de los fundamentos de lo que se ha llamado el "mar presencial", que considera veinte millones de kilómetros cuadrados de mar, donde no hay más tierras emergentes que las chilenas. Y aquí, por un conjunto de normas, estamos creando un privilegio especial para unas pocas personas, como lo decía uno de los autores del proyecto. Estamos hablando de quinientas o seiscientas personas. Mientras menos personas sean, más grave es el problema, porque estamos entregando, sobre la base de diversas disposiciones, y en términos absolutos, sin ni siquiera la salida que representaba la letra c) del artículo 2° de la Ley Indígena, el derecho único y absoluto a ser dueños de toda tierra en la Isla de Pascua exclusivamente a quienes pertenecen a una etnia totalmente restringida.

Considero que Chile tiene la obligación de fomentar y proteger la cultura rapa nui, como también su folclore y todo el valor que ello encierra. Pero eso no puede traducirse en crear condiciones para que, en definitiva, haya dos tipos de chilenos: los catorce millones de chilenos y los dos o tres mil descendientes de pascuenses. No olvidemos que cuando la Isla fue incorporada a Chile contaba sólo con ciento sesenta y seis habitantes, y aquí, en virtud de un conjunto de normas, estamos creando un enclave que reviste un grave peligro. Pensemos que la Isla forma parte de la Polinesia y está más cerca de culturas distintas de la chilena. No olvidemos que muchos de los pascuenses, por el hecho de trabajar precisamente en la Polinesia francesa, pueden acceder a una doble nacionalidad. Y aquí, sin embargo, estamos creando -la norma específica que en este momento discutimos constituye sólo una parte del problema- una situación de absoluto privilegio, de total discriminación y separación del principio de igualdad ante la ley que consigna la Constitución, respecto de un grupo restringidísimo de chilenos que, prácticamente, ni siquiera es posible ampliar, porque nadie puede, aun cuando asumiera la cultura rapa nui, convertirse en uno de sus miembros, como lo establece la letra c) del artículo 2° de la actual Ley Indígena. En consecuencia, estamos creando aquí una bomba de tiempo, para que el día de mañana la decisión de unos pocos cientos de personas pueda influir en la soberanía que tiene Chile respecto a una parte tan importante de su territorio.

Lamento que ahora nos encontremos en la discusión particular del proyecto, porque esta materia, a mi juicio, merece un estudio mucho más detenido.

Soy gran admirador de la cultura rapa nui; pienso, incluso, que debemos gastar mucho en favorecer a la Isla y a los pascuenses. Pero, por mucho afecto que le tengamos, ello no debe hacerse estableciendo un privilegio absolutamente discriminatorio, creando una categoría especial de chilenos, creando el absurdo de que un chileno, un hombre con segunda o tercera generación en Isla de Pascua, no tiene derecho a adquirir su casa allí, por más que se haya incorporado a ella y que se sienta más pascuense que sus propios habitantes.

No debemos olvidar que la Isla de Pascua tiene tres mil habitantes, de los cuales mil son propiamente pascuenses; mil son tal vez mestizos, y mil son continentales. Entonces, no es factible que, respecto a una isla tan importante, legislemos sobre la posibilidad excluyente de que sólo mil, dos mil o tres mil personas sean dueñas de su territorio, privando de estos derechos a los 14 millones de chilenos restantes, aunque residan en Isla de Pascua, aunque se hayan incorporado a sus valores, aunque hayan hecho negocios allí, aunque sean hijos de otros chilenos que llegaron a ese lugar.

Señor Presidente, debemos ser muy cuidadosos en esta materia. A mi juicio, no se justifican las modificaciones que pretenden introducirse, las que, en el fondo, corresponden al deseo de un grupo muy pequeño de personas. En todo caso, pienso que debiéramos estudiarlas con mayor detenimiento.

Específicamente, si nos referimos a la supresión implícita de la letra c) del artículo 2º de la ley, yo la rechazo como un anticipo a mi pronunciamiento negativo respecto de las otras normas que crean estos derechos tan absolutos, tan excluyentes, que, en mi concepto, son normas de dudosa constitucionalidad. Por ello, hago expresa reserva sobre la constitucionalidad de la iniciativa en su conjunto, por contener, a mi juicio, discriminaciones que significan otorgar privilegios especiales a un grupo de personas y, consiguientemente, excluir, en este caso, no a un grupo, sino a la inmensa mayoría de los chilenos.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente , en su oportunidad sugerí -en conjunto con el Senador señor Cooper presentamos una indicación- que en este artículo se asegurara que para los efectos de esta ley la condición rapa nui se mantuviera siempre que se conservara la nacionalidad chilena. De tal manera que comparto las opiniones señaladas aquí por los Senadores señores Urenda y Thayer , porque la gente que vive allá, muy cerca de la polinesia, también por otras razones puede optar por la nacionalidad de los vecinos del ueste.

Por ello, es peligroso para nuestra soberanía el artículo como viene. Pienso que es inconveniente aprobarlo. Creo necesario volver a la antigua aclaración en cuanto a mantener la nacionalidad chilena.

Es cuanto quería señalar.

El señor HAMILTON.-

Señor Presidente , pareciera que estuviéramos en la discusión general del proyecto, cuya aprobación dimos el 2 de julio de 1996, esto es, hace ya bastante tiempo. No obstante, estimo indispensable justificar nuevamente por qué se está legislando sobre esta materia, considerada en la Ley Indígena y que simplemente trata de establecer una adaptación a las condiciones particulares de Isla de Pascua.

En primer lugar, existe un compromiso histórico. En un libro de reciente publicación sobre análisis de la inscripción fiscal de la totalidad de las tierras de Isla de Pascua, se dice textualmente que "los Jefes de esta isla le habían entregado" (a don Policarpo Toro Hurtado) "la soberanía para el gobierno chileno, reservando sus derechos a la tierra sin hacer mención de nada más, lo que coincide plenamente con nuestra tradición de que Policarpo Toro Hurtado vino a pedir la soberanía de la isla para Chile, a cambio "de educación, trabajo, progreso y otros, además respeto por el pueblo pascuense"".

La verdad es que históricamente siempre se entendió que lo que Chile había obtenido era la soberanía. Sin embargo, respetaba las costumbres, la cultura y la tierra perteneciente a los pascuenses.

Ese reconocimiento lo hizo explícito el actual Presidente de la República el 10 de julio de 1994. En la Isla de Pascua leyó una declaración que dice:

"Isla de Pascua es un territorio chileno ubicado en Oceanía, cuyo pueblo reconoce su comunidad de origen en la cultura polinésica.

"El Estado de Chile obtuvo su soberanía de los Jefes Rapa Nui por acta suscrita el 9 de septiembre de 1888 entre el Capitán de Corbeta de la Armada de Chile don Policarpo Toro Hurtado, y el grupo encabezado por el Ariki Atamu Tekena.

"Como una medida destinada a proteger a sus habitantes, el Estado se opuso al requerimiento presentado en 1915 por el ciudadano francés Enrique Merlet ante el Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, por el cual pretendía inscribir el dominio de la Isla a su nombre. Para evitar actos como el indicado" -sigue el Presidente - "el Estado de Chile inscribió a nombre del Fisco, en el año 1933, las tierras de la Isla.

"El Estado de Chile reconoce que la tierra tiene un valor y significado trascendental para la comunidad étnica Rapa Nui, pues es ella quien les otorga el sustento, y es el fundamento principal de su existencia y de su cultura.

"El acto de inscripción de la Isla de Pascua a nombre del Fisco respondió al criterio señalado, y compromete al Estado de Chile en la protección de las tierras que la conforman en favor de sus habitantes originarios, postulando el derecho ancestral de la etnia sobre ellas.

"El Estado de Chile, actuando a través de los servicios y organismos públicos competentes, ha entregado, y continuará entregando, en forma progresiva, tierras fiscales a los miembros de la etnia Rapa Nui, sean en dominio, concesión u otras formas de uso, acordes con su tradición, y de conformidad a la normativa legal vigente o a la que pudiera imperar sobre la materia.".

Ése es el compromiso histórico; ése es el reconocimiento que hace el Gobierno de Chile; éste es el respaldo que ha tenido en la Isla de Pascua, de parte de los isleños, sean ellos naturales del continente u originarios de la etnia, expresado precisamente en la última elección municipal -y fue uno de los motivos de discusión-, donde no hubo un sólo concejal elegido en la Isla que no fuera partidario de llevar a cabo esta iniciativa sobre la base de que las tierras de que el Fisco se desprenda gratuitamente (no las que retenga en su poder, que son la gran mayoría, ni las que destine a fines culturales u otros) sólo pueden ser entregadas a los miembros de la etnia rapa nui.

¿Es posible que continentales accedan a ella? Sí. Si son cónyuges, si son hijos de padre o madre nacidos en la isla, si a través de las reglas de sucesión les corresponde. Eso no se altera.

Pero al cabo del tiempo, como esas tierras no pueden transferirse a terceros extraños a la etnia rapa nui, vuelven a ella, porque pertenecen a dicha etnia los descendientes de quienes originariamente tienen esa calidad.

Este precepto no es tan excepcional. Normas similares ya rigieron en el Gobierno militar, como el decreto Nº 2.885, de 1979, cuyo artículo 1º faculta para entregar títulos gratuitos de dominio en terrenos fiscales precisamente a los miembros de la etnia rapa nui.

Eso es lo que dice la Ley Indígena en su artículo 1º. Quiero señalar que esta ley, por su naturaleza, pasó al Tribunal Constitucional y fue aprobada íntegramente sin observación alguna.

Señor Presidente , me parece que no podemos seguir discutiendo el fondo del proyecto, la idea matriz de la iniciativa, porque eso ya fue aprobado por el Senado. Podrá gustar o no; podrá haber matices; podrá discutirse su articulado. Pero este artículo 1º, en los términos del segundo informe, o como aparece en el primer informe, o tal cual está en el texto original, contiene la idea fundamental o matriz del proyecto: excluye de la etnia rapa nui a los que por sangre no son miembros de ella y permite al Estado entregar tierra, en dominio, concesión u otra modalidad que se compadezca con dicha cultura, a los pascuenses que no la tengan.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente , estamos discutiendo una iniciativa de ley muy trascendental. En general, he sido partidario de ella. Pero, sin lugar a dudas, vale la pena también debatir en alguna forma lo señalado por el Senador señor Urenda , quien aludió a diversos principios y valores dignos de consideración, a lo menos para la historia de la ley o para los efectos de disposiciones específicas que analizaremos más adelante.

Cuando se discutió el proyecto que dio origen a la ley Nº 19.253, conocida como "Ley Indígena", lo que hicimos los Parlamentarios fue fijar un criterio, determinar acciones, crear organismos, destinar recursos, establecer un nuevo ítem en el Presupuesto, precisamente para recrear la nación chilena. Y la nación chilena es, justamente, la expresión de todas sus etnias, idiomas, lenguas, razas, religiones, etcétera. Entonces, yo diría que en el momento mismo en que se publicó el referido cuerpo legal se dio el primer paso recreacional.

Por muchos años hemos estado preocupados de la república y muy despreocupados de la nación. La propia Constitución dispone que la soberanía reside en la nación. Es en ella donde radican los aspectos más trascendentales de la expresión de Chile.

Al recoger algunas de las opiniones del Honorable señor Urenda -todas ellas, muy interesantes-, surgen las inquietudes. Su Señoría se pregunta cómo es posible que 14 millones de chilenos no puedan acceder a la propiedad en Isla de Pascua.

Es importante, Honorables colegas, recordar lo que dispone el artículo 12 de la ley Nº 19.253, referente a las tierras indígenas:

"Son tierras indígenas:

"1º Aquellas que las personas o comunidades indígenas actualmente ocupan en propiedad o posesión provenientes de los siguientes títulos:

"a) Títulos de comisario de acuerdo a la ley de 10 de junio de 1823.

"b) Títulos de merced de conformidad a las leyes de 4 de diciembre de 1866; de 4 de agosto de 1874, y de 20 de enero de 1883."-

"2º Aquellas que históricamente han ocupado y poseen las personas o comunidades mapuches, aimaras, rapa nui o pascuenses, atacameñas, quechuas,", etcétera.

Ahora bien, de lo que se trata es de fijar un límite. Si aplicamos el referido número 2º en plenitud, indudablemente que el edificio de nuestro Parlamento se alza sobre tierras indígenas (porque históricamente lo fueron). Esto es así y no de otra forma. Pero ocurre que en las tierras aborígenes del continente americano, en el sur o en el norte, existe cierta concentración de etnias radicadas en un lugar determinado. Por ejemplo, en la Octava, Novena y Décima Regiones, por el sur; en la Primera y Segunda, por el norte (aimaras, atacameños, etcétera). Lo que sucede en Pascua es que están localizadas en la isla y nada más.

Por tal motivo, desde el punto de vista del Nº 2º del artículo 12 del citado cuerpo legal, toda la Isla de Pascua es tierra indígena. Y no existe un metro cuadrado -¡ni uno solo!- que no lo sea. Si interpretamos bien el referido precepto, no hay -repito- un solo metro cuadrado que no sea suelo aborigen. Todo pertenece a la etnia que reconoce la ley: la rapa nui o pascuense.

Entonces, el proyecto en debate recoge un aspecto muy importante. Es cierto que todo pertenece a dicha etnia y que debe entregarse a ella lo que la ley ordena. Pero la normativa legal vigente establece, en la letra c) de su artículo 2º, que se considerará indígenas a "Los que mantengan rasgos culturales de alguna etnia indígena, entendiéndose por tales la práctica de formas de vida, costumbres o religión de estas etnias de un modo habitual o cuyo cónyuge sea indígena. En estos casos, será necesario, además, que se autoidentifiquen como indígenas.".

Así que el planteamiento y la inquietud señalados por el Senador señor Urenda ya están presentes en la ley actual, aprobada por unanimidad en la parte pertinente (la citada norma no tuvo ningún voto en contra). Ya existe un cuerpo legal que definitivamente protege las etnias. Eso forma parte de la nación. Y se debe entender que la referida normativa se dictó en momentos en que el país estaba en condiciones de estudiar con tranquilidad todos sus procedimientos, para ir al encuentro de la nación, lo que es muy relevante.

Si alguien no pertenece a determinada etnia, ¿deberá vivir en su territorio, profesar su religión, tener sus rasgos, decir públicamente que es miembro de ella y cumplir numerosas otras exigencias para acceder a la propiedad?

Ciertamente, podemos pensar que eso es inconstitucional. Porque si formo parte de un mismo territorio (el de Chile), no puedo hacer tantas declaraciones (en algunos casos, a lo mejor, mintiendo) para tener acceso a la propiedad: "Sí, declaro formar parte de esta etnia. Me gusta. Voy donde la machi" -en el caso de los mapuches, pehuenches, lafquenches o huilliches- "y vivo en plenitud".

Es indudable que ello refleja una concepción distinta de lo que ha sido nuestro ordenamiento social, institucional y territorial.

La ley, tal cual está, permite efectivamente que personas de rasgos polinésicos compren Isla de Pascua. Hoy día lo pueden hacer. Con la proposición en estudio, ello no es factible. Existe, claro, la limitación a los continentales -como se llama a los habitantes del continente americano; porque la isla pertenece a Oceanía-, quienes deben enfrentar una realidad que la propia ley estableció.

Señor Presidente , el sentido de este artículo -entiendo que ya se aprobó; ignoro si la Mesa lo va a poner nuevamente en votación- es recrear la nación, cuidar los aspectos trascendentales de ella, para poder provocar un encuentro definitivo de ese enorme territorio con los millones de kilómetros cuadrados que están en su entorno, con una expresión geopolítica tan trascendente como es la del mar presencial, donde Isla de Pascua tiene un rol fundamental desde el punto de vista geográfico, y, en definitiva, dar protección real y profunda a los hombres que la habitaron, le dieron esa plenitud histórica maravillosa y desarrollaron una cultura fantástica que hoy deseamos preservar.

Por eso, en principio, votaré favorablemente el artículo 1º, en el entendido de que debe ser aplicado con la prudencia del caso. Por lo demás, se confiere al Fisco chileno, al Ejecutivo , al Presidente de la República , la facultad de otorgar propiedades, títulos, etcétera, pero no todo definitivamente, a fin de ir combinando y armonizando el interés nacional con los aspectos propios de la etnia -ello es muy importante-, para de esa forma recoger de nuevo esta expresión de nación a veces tan olvidada y tan necesaria en el país.

He dicho.

El señor THAYER.-

Señor Presidente , esta segunda intervención mía será muy breve y tendrá un carácter sustancialmente de consulta y referencia a los Honorables colegas que han estudiado a fondo el problema.

¿A qué punto quiero ir -y me interesa que quienes han llevado adelante este interesante proyecto lo tengan presente y procuren que no se escape-, dónde está mi preocupación?

Cuando leo el inciso segundo del artículo 66 de la ley Nº 19.253 -para que se entienda mi inquietud-, quedo perfectamente tranquilo. Dice esa disposición: "Reconócese que esta Comunidad posee sistema de vida y organización histórica, idioma, formas de trabajo y manifestaciones culturales autóctonas.".

Ahora bien, todo lo que signifique estructurar un sistema normativo para proteger la libertad de una comunidad que tiene esa forma de vida y la pueda expresar es, a mi juicio, legítimo y concurrente a solidificar la nacionalidad chilena, la cual pertenece a un país que, como la gran mayoría de las naciones del mundo, es fruto de una fusión de razas.

Mi idea consiste en evitar que en la ley exista siquiera la sombra de un principio de base racial que asigne derechos, considerando el tremendo proceso de investigación biológica en que estamos cada vez más perfeccionados y donde se busca determinar el último sentido de lo que es una raza diferenciada de la otra. Tal situación, a mi modo de ver, nos conduce por un camino que puede ser muy perjudicial y que tiene envuelto al mundo entero en dificultades derivadas de conflictos de tipo racial sumamente delicadas.

Por eso, todo lo que podamos hacer para reconocer tales derechos o, incluso, los compromisos -como lo expresó muy erudita y justamente el Senador señor Hamilton - que hay con la comunidad pascuense provenientes de sus peculiaridades culturales, conforme a la definición contenida en el inciso segundo del artículo 66 de la ley Nº 19.253, en mi opinión, constituye la línea correcta de acercamiento a lo que significa reconocer que en Chile existen etnias o formas culturales diversas que deben ser respetadas.

A mi modo de ver, tenemos que impedir que se pierda el sentido de que la chilenidad, en definitiva, es una; la soberanía, una, el derecho, uno, y entender que la diferenciación de derechos nunca estará dada por la composición químico-biológica -por así decirlo- de una raza, pero sí por los derechos que la libertad de la cultura confiere a la persona o grupo que finalmente ha establecido un sistema de vida respetable dentro de los usos y culturas de un país.

He dicho.

El señor PRAT.-

Deseo apoyar la proposición de la Mesa en cuanto a que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Defensa y, al mismo tiempo, discrepar de las razones aducidas por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra para no proceder en esa forma.

Pienso que las materias relativas a Isla de Pascua, como zona limítrofe que es, conciernen al tema de la Defensa, particularmente cuando hemos visto campañas internacionales que afectan los derechos de Chile en el territorio que estamos analizando.

La normativa en análisis, que toca a esa parte del territorio nacional, dice estricta relación a la Defensa. Por lo tanto, la proposición del señor Presidente me parece del todo pertinente.

El señor HAMILTON.-

Señor Presidente , de acuerdo al criterio sustentado por la Mesa, todos los proyectos de ley deberían pasar a la Comisión de Defensa, porque de una u otra manera tienen que ver con la nacionalidad, con la integración territorial, con el desarrollo del país.

La iniciativa en debate fue informada en primer lugar por la Comisión de Gobierno; luego fue discutida y aprobada en general por la Sala, y finalmente se remitió para segundo informe a las Comisiones unidas de Gobierno y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Además, se escuchó al Ejecutivo y a todas las partes involucradas. Y el análisis ha durado meses, no obstante tratarse de una materia muy simple.

Por las palabras expresadas por algunos señores Senadores, parece que se estuviera entregando Isla de Pascua.

Señor Presidente , Isla de Pascua es parte del territorio nacional. Su propiedad corresponde casi íntegramente al Fisco. Pero éste, de acuerdo a la legislación del Régimen militar, a la del Gobierno anterior y al proyecto propuesto ahora, desea entregar tierras (una porción muy minoritaria), en dominio o concesión, a parte de los pascuenses, que no pasan de 500 familias.

Aquí se ha planteado que debe estudiar la iniciativa la Comisión de Defensa. ¿Y por qué no también la de Relaciones Exteriores, si se trata de un vértice que el Almirante Martínez Busch ha vinculado al mar presencial de Chile?

Nuestro país no está renunciando a nada. Yo diría que el único peligro de que en Isla de Pascua se desarrollen tendencias separatistas del territorio nacional es precisamente impedir a sus habitantes el cumplimiento del compromiso histórico de ser propietarios de un pedazo de tierra, en la medida en que pueda otorgárseles y en que el Estado chileno considere necesario hacerlo.

Los Gobiernos anteriores han entregado tierras. El actual no ha podido hacerlo por el problema de la definición, porque no sabe a quién debe darlas y porque, además, tiene que haber un representante de la etnia rapa nui en la Comisión que recomienda su otorgamiento. Y todo ello supone una definición previa de quiénes son pascuenses.

En consecuencia, estimo que aquí se están exagerando los alcances del proyecto. Lo entiendo. Pero quienes hemos estado vinculados a Isla de Pascua conocemos la situación.

Soy representante de ese territorio ante el Senado. Y junto con el Senador señor Andrés Zaldívar , tras varias visitas a la Isla y numerosas consultas, patrocinamos el presente proyecto, que expresa -yo diría- el deseo unánime de los isleños.

El ex Presidente de nuestra Comisión de Gobierno tuvo a bien realizar una sesión telefónica, al aire libre, con toda la comunidad rapa nui, en la que participaron el alcalde de Isla de Pascua , quien fue reelecto, y el Gobernador , que es un distinguido abogado, con títulos incluso internacionales; el Presidente del Consejo de Ancianos , circunstancia que expresa la superioridad del elemento histórico. Todos ellos estuvieron de acuerdo. Y todos reconocieron que la soberanía es exclusivamente de Chile; que lo que reclaman es un pedazo de tierra, el que el Estado puede dar o no, de acuerdo con la ley, pero que si da, lo da sólo a la etnia.

Diría que aquí hay en juego dos modelos de desarrollo: el del continente, llevado a la isla, o el propio de mantener las costumbres, preservar ese territorio y respetar la idiosincrasia de sus habitantes. Es una contradicción que el proyecto resuelve a favor de la etnia pascuense. Y a ello obedece, desde que Chile es dueño de la isla, el compromiso asumido en 1933, cuando las tierras fueron inscritas a nombre del Fisco, para proteger a los isleños y para que no pasara lo que en otros lugares de la Polinesia en que los habitantes primitivos no tienen hoy ni una sola propiedad: todas pertenecen a extranjeros.

La cuestión es al revés. Por eso, el Presidente de la República , solemnemente, ha reafirmado este compromiso con Chile. Y ahora, con el acuerdo del Gobierno, la mayoría del Senado, que aprobó esta iniciativa, y la gran mayoría de la población de la isla -sean continentales que trabajan allá o pascuenses originarios, por sangre- tratan de respaldar la acción legal en análisis.

Me parece muy buena la intención manifestada, señor Presidente, pero con ella se puede llegar al punto de que el proyecto tenga que pasar por todas las Comisiones, en circunstancias de que los Senadores podemos pronunciarnos en la Sala. Y no se trata de una materia tan difícil de entender, a mi juicio.

He dicho.

La señora FELIÚ.-

La verdad es que iba a hablar sobre la disposición que se había expuesto, señor Presidente , pero, atendida su proposición, me referiré muy brevemente a la ley misma y al artículo 2º, que ha sido objeto de debate, y al trámite que la Mesa propone.

En lo personal, comparto sus palabras. El proyecto, que contiene cinco o seis preceptos, no es de gran extensión y determina excepciones a la legislación vigente, pero tanto en aquellas propuestas en la norma que nos ocupa como en las siguientes se crea un sistema realmente especialísimo, en virtud del cual se "margina", por así decirlo, de la calidad de chilenos a los habitantes de la isla de Pascua.

Ocurre que en la ley Nº 19.253 ya existen disposiciones que...

El señor HAMILTON.-

¿Me permite una breve interrupción, señora Senadora ?

La señora FELIÚ.-

Con el mayor gusto, Honorable colega.

El señor DÍEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Hamilton.

El señor HAMILTON.-

Hay algo que no quisiera dejar pasar, señor Presidente. No se margina a ningún chileno. Por el contrario. Es esencial serlo para poder acceder a tierras en la isla de Pascua. Y los miembros de la etnia rapa nui, al igual que los mapuches y los de muchas otras, son chilenos. Si no lo fueran, no podrían contar con dicho acceso, de acuerdo con el proyecto.

Muchas gracias, señora Senadora.

La señora FELIÚ.-

No comparto lo que se expresa, señor Presidente. Precisamente, en su oportunidad, y sobre la base del debate en esta Corporación -si mal no recuerdo, se trató del planteamiento del Honorable señor Muñoz Barra respecto de las familias en que uno de los cónyuges es chileno y queda privado del estatuto especial que determina la ley-, formulé una indicación para dejar comprendido al cónyuge chileno en la definición del artículo 2º, que se apunta a enmendar, lo que fue rechazado. Y la razón que se dio para tal efecto fue que esa persona puede ser titular de un derecho sucesorio respecto de los bienes. Pero no era eso lo que se hacía presente, sino su calidad directa de cónyuge.

En cuanto al proyecto, éste modifica, en la norma de que se trata, el sistema general de la ley Nº 19.253, al eliminar el requisito del reconocimiento de pertenecer a una cultura especial. Las argumentaciones que aquí se han dado, relativas al sau-sau o lo que sea, realmente no me parecen en absoluto convincentes. Creo que las razones que dicho cuerpo legal contempla para los tres casos que consigna son válidas respecto de cualquier etnia. Y, desde esa perspectiva, considero inconveniente la proposición formulada.

Como resulta que más adelante se establece un precepto, también modificatorio de la norma general de la ley Nº 19.253, relativo a que, por exigirlo el interés nacional, las tierras de isla de Pascua no pueden ser enajenadas, embargadas, permutadas, etcétera -y ello, en una forma más restrictiva que la vigente-, estimo muy adecuado que la Comisión de Defensa estudie previamente el texto, a fin de que analice el impacto o las consecuencias que estas disposiciones pueden producir en relación con la soberanía de Chile.

Gracias, señor Presidente.

El señor SINCLAIR.-

Sólo deseo expresar que coincido tanto con el señor Presidente , en cuanto a la tramitación a que debe ser sometida esta iniciativa, como con el Senador señor Prat. Pienso que todo lo atinente a isla de Pascua, por la ubicación de ésta, de acuerdo con nuestra posición geográfica, y porque conforma uno de los vértices del mar presencial, obliga a actuar con la mayor prudencia y a dar el mayor tiempo posible para analizar cada aspecto que incide en el tema. Por la misma razón, me parece del mayor interés que esta materia, por hallarse vinculada a una porción del territorio nacional, sea conocida por la Comisión de Defensa.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , en primer lugar, no sé si acaso por tratarse de una iniciativa referente a una etnia se puede discriminar en cuanto a si los integrantes de ésta son chilenos o no. Se debe partir de la base de que todos lo son. Y, en esa medida, no se puede negar la existencia de etnias dentro de nuestra nacionalidad, las que forman parte de la comunidad nacional.

La razón del proyecto -y se repetirá el debate en general por tercera vez- es, precisamente, reconocer la realidad propia de isla de Pascua. Y quienes han tenido contacto con esta última o han seguido por algún tiempo el tema que constituye, saben que esa parte del territorio debe ser cuidada y tomada en cuenta como algo distinto de la realidad del continente.

Cabe recordar que allá rige otro procedimiento judicial, en relación con el cual se legisló en los años 60, y que la situación es diferente en materia de propiedad: las tierras son fiscales. ¿Y qué está pidiendo la gente que vive en Pascua y cuál es la razón por la que hemos iniciado este proyecto de ley? El que se le dé acceso a la tierra.

¿Esto es algo excepcional respecto de la legislación corriente sobre el derecho de propiedad? Por supuesto que lo es, ya que se trata de un caso de excepción. Y ello, del mismo modo que existe una legislación excepcional acerca de los mapuches, y de la tierra mapuche, y de la constitución de la propiedad mapuche. Y nadie puede reclamar que se realiza una discriminación entre una etnia y los chilenos. Conviene cuidar el lenguaje: son todos chilenos.

Se requiere mucha sensibilidad, realmente, para tratar el tema de isla de Pascua y buscar soluciones. La ley dictada en el Gobierno del Presidente Frei Montalva, en la que participé junto con el Senador señor Hamilton , obedeció a la necesidad de reafirmar la soberanía nacional, porque se observaba un distanciamiento entre los isleños y el continente. Y, por ello, fue preciso instalar mecanismos de administración; preocuparse de respetar a los pascuenses, pero, a la vez, incorporándolos al país.

Por mi parte, estuve hace dos años en Isla de Pascua, y quedé impresionado. Es una de las causas por las que intervengo en el proyecto. Porque la cercanía de ese territorio a la Polinesia francesa hace mucho más atractivo para los pascuenses, en todo sentido, mirar hacia allá que hacia el continente. Se trata de un lugar donde el abastecimiento de alimentos es difícil, por lo que tampoco podemos hablar siquiera de la existencia de una economía de mercado. Además, los isleños se sienten con identidad propia y no desean que Pascua se extranjerice, a lo que debe añadirse un sentimiento anticontinental, porque muchas veces los que han ido allá han abusado.

Entonces, esta iniciativa se justifica plenamente. No es necesario que pase a la Comisión de Defensa, pues todos los Senadores tenemos la suficiente capacidad como para discernir la conveniencia o inconveniencia de dar acceso a la propiedad a los miembros de la comunidad rapa nui mediante un sistema que no es una excepción. Porque el artículo 13 de la ley Nº19.253 dice: "Las tierras a que se refiere el artículo precedente, por exigirlo el interés nacional, gozarán de la protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia.". A lo mejor, muchos de quienes hoy objetan este proyecto votaron favorablemente esta norma.

Entonces, lo único que debe resolverse es o dar acceso a la propiedad a aquellas familias pascuenses que viven en la isla o que pertenecen a la etnia rapa nui -que, sin discusión, son chilenos- o negarles ese acceso y mantener la situación en statu quo. Quiero decir, como Senador responsable, que, en este último caso, cometeríamos un grave error, porque los isleños podrían sentirse marginados o no incorporados a nuestro país. Hace dos años la emisión de televisiva con informaciones de Chile llegaba en avión cada tres o cuatro días, mientras que las noticias del resto del mundo se conocían en el día. Este problema se solucionó con la instalación de los dispositivos necesarios para bajar la señal audiovisual, precisamente a petición nuestra después de la visita que hicimos a la isla. Hoy las noticias les llegan diariamente, con lo que se sienten incorporados, al menos en este ámbito de las comunicaciones, al acontecer del continente y no tanto al de la Polinesia francesa.

Actualmente, los pascuenses se interesan más por buscar trabajo en las islas de la Polinesia francesa, donde el gobierno galo está desarrollando una política de turismo agresiva y no ha tenido problemas para entregar en propiedad tierras a los originarios de ellas. Y ha ido mucho más allá: incluso el servicio religioso -de ello fui testigo; no pretendo con esto imputar a los sacerdotes una acción proselitista contraria a los intereses de nuestro país- muchas veces se realiza desde la Polinesia francesa hacia la isla de Pascua.

El paso que ahora estamos dando es mínimo. El Parlamento y el Gobierno chileno deben actuar mucho más decididamente en favor de la isla de Pascua para renovar -tal como lo hicimos en 1964- el mecanismo de tratamiento de excepción -porque eso es-, a fin de que los pascuenses se sientan realmente partícipes de nuestra nacionalidad y no marginados, o discriminados, o crean que se les está negando, en base a una votación en el Senado, acceso a la propiedad, lo que han estado pidiendo desde hace muchos años.

Por estas razones, soy coautor de esta moción.

Solicito al Senado no dilatar más la tramitación, lo que podría interpretarse como falta de interés por legislar en favor de la comunidad rapa nui.

Muchas gracias.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , para la Armada la isla de Pascua siempre ha tenido gran importancia. Desde que Policarpo Toro arribó a ella, toda su historia ha sido rica en cosas muy buenas. Pero también se han presentado problemas.

Desde luego, Pascua reviste gran relevancia desde el punto de vista de la defensa, por encontrarse en el borde del mar presencial. Sus habitantes siempre recuerdan los tremendos problemas que tuvieron con el Perú en el siglo pasado cuando, a raíz de la esclavitud, les llevaron un montón de gente. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos negoció el empleo de la isla para fines bélicos -sobre todo aeromarítimos- respecto a Japón. Y no hace muchos años, en la década de los ochenta, se efectuaron conversaciones muy importantes con Estados Unidos sobre proyectos secretos relativos al transbordador espacial, y no para tareas pacíficas, que contemplaba la salida desde la base Vandenberg, en el Pacífico, en el marco de la guerra fría con la Unión Soviética. Recuerdo, también, la posibilidad de la instalación, con motivo de los ensayos atómicos en la zona, de estaciones tacticoestratégicas para observarlos. En fin, hoy en día hay allí una excelente estación de control de tráfico marítimo.

Por consiguiente, no existe la menor duda de que la isla reviste gran importancia geopolítica y estratégica desde el punto de vista de la defensa, aunque ello no es lo trascendente de la iniciativa que estamos discutiendo. Su territorio es tan pequeño que sus habitantes carecen de espacio, como muy bien lo señaló el Senador señor Hamilton. Y debido a que el sector arqueológico es muy significativo y el forestal tiene muchas dificultades, no queda mucho terreno libre para viviendas. En este punto hay que tener mucho cuidado y me parece que el proyecto no lo ha abordado suficientemente.

En cuanto al interés de los pascuenses por ir a Tahití, que se ha evidenciado desde hace muchos años, recuerdo que, cuando la Comisión de Gobierno visitó la isla, el entonces alcalde, Alberto Hotus , había viajado a Tahiti para hablar con los pascuenses que de allá retornaban debido a los grandes problemas que presentaba la venta de la tierra. Eran más de trescientos. Ahora estamos hablando de 3 mil ó 3 mil 500. ¿Saben, señores Senadores, cuántos pascuenses hay en el continente? Más de 17 mil, de acuerdo con el censo de 1992. En Santiago, por ejemplo, hay más de 11 mil 600, y en la Quinta Región, 3 mil 344. Si la constitución del dominio se abre para ellos y para los que vienen de la Polinesia, Pascua no será capaz de soportarlo. Por consiguiente, desde el punto de vista pascuense la iniciativa, tal como está redactada, no es una buena solución.

Por otro lado, hay continentales que han vivido en la isla por muchos años. Pongo el caso del piloto Roberto Parraguez , quien, pese a su gran cariño por esa tierra, con esta normativa no habría podido tener ni siquiera una casita; ni tampoco podrían tener acceso a un pedazo de tierra su hermana y otros parientes que residen en ella. Estoy de acuerdo en que la isla, en esta materia, no puede abrirse a los 14 millones de chilenos, pero tampoco puede cerrarse para que ni un solo continental tenga acceso a este beneficio.

En resumen, comparto la idea de que la iniciativa pase a la Comisión de Defensa, porque la isla de Pascua es importante y porque me parece que quedan puntos no tratados. Sin embargo, deseo recalcar que no sólo hay pascuenses en la isla. En todo nuestro país ellos han sido acogidos con beneplácito: desde Arica, donde suman 504, hasta la Duodécima Región, donde hay 183.

He dicho.

El señor DÍEZ.-

Señor Presidente , quiero precisar el sentido de mi intervención.

Nadie desea marginar ni perjudicar a los "chilenos de origen pascuense", para usar las palabras exactas.

Nos alegramos de todos los progresos que esa parte del territorio y del pueblo chileno ha recibido, ya sea en comunicación, atención, etcétera. Pero, por ejemplo, lo que anteriormente resolvimos respecto de las propiedades de los chilenos de origen mapuche, no es exactamente igual a lo que ahora debatimos con relación a los chilenos de origen pascuense. Ello, por una razón geográfica que no debemos olvidar: porque la reglamentación de la propiedad en el centro del territorio, rodeada de propiedades pertenecientes a otros chilenos y sometida a una autoridad directa e inmediata, es distinta de la existente en Isla de Pascua, por la situación geográfica que allí pueden tener los terrenos.

Quizás el proyecto que estamos analizando sea perfecto; puede que sea la mejor normativa que haya sido posible formular. Sin embargo, como recae en un asunto que dice relación específica a la Isla de Pascua y por el cual he tenido especial preocupación -informo al Senado que, siendo Embajador de Chile ante las Naciones Unidas, en varias oportunidades hube de realizar gestiones a fin de que el Comité de Descolonización, o "Comité de los Doce", no colocara en su agenda el tema de Isla de Pascua, aduciendo que era territorio nacional-, pienso que sería conveniente enviarlo también a la Comisión de Defensa Nacional, para que este órgano técnico cite a las Fuerzas Armadas y escuche su opinión. Lo anterior de manera que, aunque finalmente aprobemos la iniciativa en los mismos términos propuestos, dicha aprobación esté avalada por el conocimiento de las Fuerzas Armadas y el respectivo texto también sea de responsabilidad de esas instituciones, a través del juicio de las personas de su Mando a quienes la Comisión estime apropiado consultar.

Por eso, en conformidad al Reglamento, formalizo mi petición de que el proyecto se remita a la Comisión de Defensa Nacional.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente , en primer término, me alegro de que en el debate que hemos efectuado se haya aclarado cuál es la característica que tiene el ser nacionales, el ser chilenos. Y son tan chilenos como nosotros los pascuenses, los aimaras, los mapuches y cualquier otra etnia que históricamente haya ocupado u ocupe hoy nuestro territorio.

El territorio nacional está bien delimitado, y obviamente desde el siglo pasado incluye, por posesión, la Isla de Pascua. Ésta es una primera cuestión importante de precisar, porque de alguna manera estamos rediscutiendo la Ley Indígena, que en su momento, hace ya bastante tiempo, contó con amplio consenso aquí en el Senado.

En segundo lugar, es necesario analizar la situación estratégica de la Isla de Pascua. Con tal objeto, deberíamos nombrar una Comisión especial, o encargar a la Comisión de Defensa Nacional, el estudio de otros problemas que van más allá del proyecto. Porque el texto es extraordinariamente simple: consiste en determinar cómo accederán a las tierras fiscales quienes son oriundos o forman parte de la etnia rapa nui. El hecho de que no compartamos la idea de que la iniciativa se remita a la Comisión de Defensa Nacional, no significa que no tengamos conciencia de que esa Isla involucra temas estratégicos, como el relativo a su mar presencial; o el intento de Francia por apoderarse de ella, directa o indirectamente; o la influencia cultural que, través de la Polinesia, están tratando de imponer determinados grupos del sistema semicolonial francés.

En fin, hay diversos otros temas que el Senado debería tratar. No obstante, me parece inadecuado hacerlo en el marco de la presente normativa, que se refiere a un asunto muy concreto, sobre el cual tenemos la obligación de pronunciarnos. A mi juicio, no corresponde que las Fuerzas Armadas se pronuncien acerca de si se entregan o no a los pascuenses las propiedades fiscales. Este aspecto no compete a los Institutos de la Defensa Nacional, aunque sí es de su incumbencia la posición estratégica de Isla de Pascua.

El señor DÍEZ.-

¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

El señor NÚÑEZ.-

Con mucho gusto.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Díez.

El señor DÍEZ.-

En ningún momento pedí que las Fuerzas Armadas se pronuncien sobre la materia. Planteé la necesidad de que sean oídas, con la finalidad de cumplir cabalmente nuestra obligación. No he hablado de traspasarles esa responsabilidad, señor Senador.

Agradezco la interrupción.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente , comparto plenamente la inquietud señalada por el Honorable colega. Pero soy partidario de encomendar a la Comisión de Defensa Nacional el estudio de otros aspectos -entre ellos, el que se encuentra analizando la Comisión de Gobierno, cuyos miembros seguramente pronto visitarán la Isla de Pascua- que no se hallan incluidos en el proyecto, que hemos ido conociendo en el transcurso del debate y que sería conveniente profundizar, como los mencionados por los Honorables señores Mc-Intyre y Díez y por otros señores Senadores. Ellos tocaron puntos relevantes, sobre los cuales me gustaría exponer mi criterio. Estoy dispuesto a impulsar un acuerdo para posibilitar ese estudio.

Reitero: me preocupa la situación estratégica de Isla de Pascua, desde el punto de vista de lo que significa el mar presencial de Chile, a cuyo respecto comparto la teoría sustentada por las Instituciones de la Defensa Nacional, y especialmente por la Armada. Me importa bastante el hecho de mantener a Isla de Pascua muy cercana, política y administrativamente, del territorio nacional. Y me importa, en forma significativa, que Chile permanezca firme frente a las pretensiones francesas de convertir a la Polinesia en una suerte de lugar de encuentro de quienes habitan esa región del planeta.

Es imprescindible debatir estos temas de fondo. Pero no es lógico hacerlo en función de un proyecto destinado a resolver una cuestión específica. En mi concepto, ésta es una responsabilidad estrictamente legislativa.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , en esta Sala a todos nos interesa resguardar la cultura rapa nui y contribuir al desarrollo de esa etnia, que es parte de la nacionalidad chilena. Creo que la petición formulada por el señor Presidente titular , en orden a que el proyecto se remita a la Comisión de Defensa Nacional, surge del hecho de que su análisis ha puesto en evidencia problemas de otra índole, de enorme trascendencia y estrechamente vinculados a sus disposiciones.

A vía de ejemplo, si bien es cierto que existe acuerdo en facilitar la entrega de tierras a los pascuenses, no podríamos hacer consultas a las Fuerzas Armadas una vez dictada la ley, cuando ya la propiedad entera se halle radicada en miembros de la etnia rapa nui. Sobre este particular, haré un alcance a lo expresado por uno de los autores del proyecto.

Como señaló el Senador señor Díez , el problema es distinto del de otras etnias. Los pascuenses forman parte de la etnia polinésica; son muy minoritarios y geográficamente se encuentran más cerca de territorios poblados por otros integrantes de esa etnia. Por ello, al otorgarles en el proyecto determinados derechos, simultáneamente se excluye o dificulta la posibilidad de una más completa integración a nuestro país. Porque el chileno que no tenga origen pascuense nunca podrá ser propietario y, naturalmente, a la larga tenderá a no residir en la Isla de Pascua. Con esta normativa estamos separándolos y obligando a los chilenos de la etnia rapa nui a viajar por lo menos 3 mil 700 kilómetros para vincularse con el resto de los compatriotas.

El hecho anotado crea un delicado problema y da al asunto características diferentes de lo que sucede con cualquiera de las otras etnias chilenas. A ello cabe agregar, como aquí se ha dicho, que en términos religiosos Isla de Pascua está vinculada a la Polinesia francesa. Los pascuenses visitan continuamente la Polinesia, y podría darse el caso de que muchos de ellos se vean obligados a adoptar la nacionalidad francesa, conservando su calidad de ciudadanos chilenos en virtud de lo dispuesto por el artículo 11, N° 1, de la Constitución Política de la República. Como consecuencia, tendríamos en la Isla de Pascua un gran número de habitantes con doble nacionalidad: chilena y francesa, y muy pocos chilenos -no quiero hacer distinción con los pascuenses, a quienes todos tenemos simpatía- propiamente tales.

Creo que una de las grandes tareas y responsabilidades de Chile es mantener la cultura rapa nui, tratando de combinar esos dos elementos, que son complejos.

Es probable -creo que en esta materia la iniciativa en debate es incompleta- que no baste lo que aquí se otorga para reforzar esa cultura. Sin embargo, hay que hacerlo, pero no a costa de crear una discriminación o un obstáculo para que cualquier chileno se interese por la Isla. No lo hagamos corriendo el riesgo de que el pascuense de origen o de raza se sienta separado del resto de sus compatriotas.

Por lo anterior, considero interesante y necesario hacer un nuevo y profundo análisis del proyecto. Como consecuencia de ello, a lo mejor, podríamos agregar otras normas en beneficio de estas personas. En todo caso, debemos ser muy cuidadosos, pues estamos hablando de 180 kilómetros cuadrados de tierras emergentes, y de un millón 600 mil kilómetros cuadrados de océano, amén de nuestro derecho y acceso a una de las mayores zonas de la humanidad, como es nuestro mar presencial.

Por lo tanto, creo útil que la Comisión de Defensa Nacional estudie la iniciativa y escuche a las Fuerzas Armadas. Ello no implica necesariamente un perfeccionamiento del proyecto, ni va contra el espíritu que lo guía. Pero sí puede evitar los riesgos derivados de una expresión muy directa de afecto o cariño hacia los pascuenses, expresión que, de alguna manera, es posible que a veces no esté de acuerdo con el pensamiento de aquellos de origen rapa nui que viven en el territorio nacional y que son mayoritarios, ni con esos miles de chilenos que hemos visitado la Isla o con esos tantos que, habitándola, no pertenecen a la etnia, los que de algún modo estarían obligados a considerarse como algo ajeno a la patria.

De esta forma, coincido con la idea, y la apoyo, de que esta iniciativa vaya a la Comisión de Defensa Nacional para los fines señalados y con el objeto de lograr un perfeccionamiento de su texto. No estamos, en absoluto, en contra de conceder mayores beneficios a los pascuenses ni de impulsar todo aquello que contribuya a reforzar su aspecto cultural, del cual nos enorgullecemos, porque forma parte de nuestra nacionalidad. Pero, so pretexto de dar una ayuda, debemos cuidarnos de estar produciendo, en otros aspectos, un problema de disgregación racial que nadie desea.

El señor HAMILTON.-

Señor Presidente , quiero ser muy breve, pues hemos seguido el tema durante la discusión general que el Senado realizó hace varios meses.

No se trata de enajenar la Isla de Pascua, ni de que el Fisco se deshaga de todas las tierras. El proyecto se refiere exclusivamente, en aplicación de la Ley sobre Pueblos Indígenas y en lo relativo a la etnia rapa nui, a entregar a esos chilenos (los pascuenses), y a nadie más, la posibilidad de acceder, gratuitamente y en varias formas, a las tierras que son del Fisco, de todos los chilenos.

Respecto a la posibilidad de que la iniciativa sea enviada a la Comisión de Defensa Nacional, pienso que podría pasar a cualquier Comisión, pero no veo para qué. Si la Ley Indígena -que contiene más de 77 artículos, sin incluir los transitorios, y varios párrafos completos dedicados a la Isla de Pascua , los que no se modifican con este proyecto-, no fue a Comisiones unidas y tampoco a la de Defensa, sino a la de Gobierno, ¿por qué vamos a dar ese destino a esta iniciativa? Si se desea analizar los problemas geopolíticos de Isla de Pascua, concordaría con el Honorable señor Núñez en el sentido de que sería interesante que la Comisión de Defensa hiciera un estudio al respecto; pero en este caso nada tiene que ver. Las tierras que posee el Fisco en Isla de Pascua han ido siendo entregadas por todos los Gobiernos anteriores. El actual se halla entrabado para hacerlo únicamente por un error cometido en una disposición de la Ley Indígena. Se trata de rectificar tal error. Ése es todo el fin. Pero no extrapolemos este problema hasta el infinito para decir, de una u otra forma, que no deseamos aprobar este proyecto.

Gracias, señor Presidente.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente , yo señalé que, si tenemos tanto interés por otros temas laterales -por decirlo de esa manera- a la sustancia misma del proyecto, como la significación estratégica de Isla de Pascua, la situación de ella respecto a la Polinesia, creemos una comisión especial que estudie esas materias, o que sean analizadas por la Comisión de Defensa Nacional. Pero no enviemos esta iniciativa a cualquier otro organismo técnico, pues ya fue examinada durante bastante tiempo por las Comisiones unidas.

El señor GAZMURI.-

Señor Presidente , normalmente, a los Parlamentarios nos parece bien que se envíen iniciativas al organismo técnico al cual pertenecemos, pero, en mi calidad de miembro de la Comisión de Defensa Nacional, creo que en este caso no corresponde. Además, constituiría un mal precedente, pues podría entenderse cuestionada la soberanía de Isla de Pascua por una modificación relativa al acceso a la propiedad en dicho lugar. Y, por tanto, me parece innecesario.

Este proyecto ha sido bastante estudiado en las Comisiones unidas. Otra cosa es que existan opiniones distintas. La normativa en análisis no plantea cuestiones de soberanía, y pretender que lo hace sería peor, porque si hay algo indiscutido es la soberanía chilena sobre Isla de Pascua. Y, por tanto, que la Comisión de Defensa Nacional reitere un asunto evidente, me parece completamente innecesario y contraproducente.

En consecuencia, manifiesto mi opinión contraria a ello. Creo que podríamos adoptar el criterio que he señalado, e invito al Honorable señor Díez a retirar su proposición.

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente , el proyecto que nos ocupa lo discutimos durante meses, tanto en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales como en la de Gobierno, Descentralización y Regionalización, en las cuales se dieron abundantes razones para que fuera aprobado. Y a mí, sin necesidad de ser experto sobre la materia, me convencieron los argumentos en tal sentido.

Voto que no.

La señora FREI (doña Carmen).-

Señor Presidente , se trata de una iniciativa respecto de la cual trabajó durante bastante tiempo el organismo técnico correspondiente, se escuchó a todas las personas de la isla, se invitó a mucha gente, y luego fue estudiada por una Comisión unida. Es un tema cuya discusión se ha alargado inútilmente, y mandarlo a la Comisión de Defensa cuando realmente no hay disposiciones que le competan, me parece que es extremar el trámite. En tal sentido, es mejor decir inmediatamente si se quiere o no se quiere aprobar la iniciativa, por cuanto lo propuesto en la indicación es para encubrir el deseo de no legislar al respecto. Por lo tanto, es mucho más recomendable que el Senado se pronuncie en contra del proyecto y no enviarlo de nuevo a una Comisión, en la cual posiblemente permanecerá meses antes de volver a la Sala, para luego quizás remitirlo quien sabe donde.

Me parece que, por constituir una mala práctica, en el Senado no debiera actuarse de ese modo.

En consecuencia, voto que no.

El señor GAZMURI.-

Señor Presidente , además de los argumentos de fondo señalados en mi reciente intervención, quiero hacer presente que, según un acuerdo unánime de Comités, los proyectos deben enviarse al organismo especializado correspondiente, y, en caso de que dos Comisiones tuvieren que ver técnicamente con alguna materia, ellas tienen que constituirse en forma unida.

Por lo tanto, no sé cuál es la situación reglamentaria respecto de la votación que está sometiendo a la Sala el señor Presidente.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

¿Cómo vota Su Señoría?

El señor GAZMURI.-

Voto que no; sin embargo, interpelo a la Mesa para que al final de la votación informe acerca de la situación reglamentaria.

El señor HAMILTON.-

Señor Presidente , a mí me asalta la misma duda planteada por el Senador señor Gazmuri , en cuanto a que el proyecto pasara además de la de Gobierno, a Comisiones unidas. El acuerdo unánime de Comités adoptado al respecto no puede ser modificado por mayoría de la Sala, sino por unanimidad.

En relación con la propuesta del Senador señor Díez , me parece que no corresponde que el proyecto pase a la Comisión de Defensa. En efecto, la ley relativa a la Isla de Pascua -que se discutió en el Congreso a comienzos de los años 70- fue conocida en ambas ramas del Congreso por la respectiva Comisión de Gobierno. El proyecto de la Ley Indígena, promulgada durante el Gobierno pasado y que comprende entre otras etnias a la pascuense, no fue enviado a una Comisión que no fuera la de Gobierno.

En el caso concreto que nos ocupa ha habido dos informes favorables: el primero, de la Comisión de Gobierno, y el segundo, de las Comisiones unidas.

Me parece que enviar el proyecto a cualquier otra Comisión no tiene razón de ser. Y si los problemas que se desea enfocar son relacionados con la situación geopolítica de la Isla de Pascua o con cualquier otro punto del país, no corresponde hacerlo con motivo de la iniciativa en debate.

En consecuencia, voto que no.

El señor LARRE.-

Señor Presidente , quiero dejar en claro que estoy dispuesto a aprobar a futuro la idea contenida en el proyecto. Sin embargo, estimo que en la actual ley existen vacíos que requieren solución, a fin de dar garantía a todos los sectores del país.

Voto a favor.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , después de escuchar al Senador señor Gazmuri , quiero agregar que no hace muchos años la Armada administraba la isla con ocho personas, entre las cuales había dos o tres oficiales y un médico, y que dentro de las obligaciones figuraba justamente la misma que tienen ahora SASIPA de la CORFO, CONAF, etcétera. Así que una de las instituciones de la Defensa ya tiene experiencia de decenas de años en la administración y sobre los problemas de propiedad de la tierra en la isla.

Por eso, creo que la opinión de la Comisión de Defensa sería una más de las que conviene consultar; sin embargo, por estar pareado, no puedo votar.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente , no me gusta pensar que el problema de nuestras etnias corresponda al sector Defensa. Por lo demás, aunque la Comisión de Defensa tenga una función en ese ámbito -que es técnica, profunda y delicada-, no corresponde entregarle lo relativo a la soberanía de Chile. Aquí estamos ante un conjunto de actividades que responden a la acción propia de un pueblo, de una nación, que tiene funciones, responsabilidades muy claras y definidas. Por tal motivo, si la Comisión de Defensa en definitiva emite otro informe, reglamentariamente el Senado debería pronunciarse sobre él.

En todo caso, acepto que exista la inquietud y que los miembros de la Comisión de Defensa deseen conocer el proyecto. Para eso, la fórmula adecuada habría sido -recojo lo que recordaba el Senador señor Gazmuri - una Comisión unida conformada por la de Gobierno y por la de Defensa, a fin de que esta última conozca también los aspectos sociales, sociológicos y de otro tipo que responden a la especialidad de su congénere de Gobierno, de modo que unidas y trabajando armónicamente en las materias propias de Defensa se pueda llegar a alguna conclusión.

No me gusta que sea la Comisión de Defensa la que, en definitiva, entregue una opinión en relación con el proyecto en debate que puede ser relevante.

Por tal motivo, señor Presidente, solicito que esos dos organismos del Senado tengan la alternativa de estudiar la iniciativa en forma conjunta.

En consecuencia, si en el análisis del proyecto participara sólo la Comisión de Defensa, voto en contra.

El señor RUIZ (don José).-

Señor Presidente , me parece un procedimiento absolutamente equivocado el que estamos siguiendo. En primer lugar, porque nos hallamos en un segundo informe de un proyecto visto por dos Comisiones. Por lo tanto, si alguien tenía alguna duda respecto de un tema vinculado con Defensa -no lo advierto en el proyecto-, debería haberlo planteado en su oportunidad y no ahora.

En segundo término, en mi opinión, la iniciativa que nos ocupa nada tiene que ver con Defensa, aunque estoy de acuerdo en que, si vamos a hablar del desarrollo de la Isla de Pascua y de los temas relacionados con su futuro, indudablemente estaríamos refiriéndonos a otras materias y no a la específica del proyecto en debate.

En tal sentido, si algunos señores Senadores tienen la idea de modificar tanto la Ley Indígena como otras disposiciones legales para resguardar los intereses del país en materia de Defensa, sería perfectamente posible iniciar una iniciativa legal con tal finalidad. Sin embargo, aquí el tema se refiere a la propiedad de las tierras en esa isla y la asignación de ellas a quienes cumplen con ciertos requisitos, lo cual no tiene nada que ver con Defensa, ni fue analizada tampoco cuando se estudió la iniciativa que se convirtió en la mencionada ley. Ésta contiene temas similares al del proyecto que nos ocupa, y no fue a la Comisión de Defensa.

En mi opinión, en las condiciones en que se plantea la proposición, simplemente demora el trámite del proyecto, dificulta el normal desenvolvimiento de nuestra función parlamentaria y retrasa la tarea legislativa.

Por lo tanto, en mi opinión debemos rechazar la indicación.

Voto en contra.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente , como el proyecto trata de la integridad territorial, a mi juicio, por principio, debería ser consultado a la Comisión de Defensa, para que ésta dé una opinión más y no para que decida, pues primero -como lo han hecho presente varios señores Senadores- debería resolverse lo propuesto por las Comisiones unidas. Sería un parecer adicional del sector Defensa. Me parece que, en este caso, es importante considerar la opinión de esa Comisión.

Voto que sí.

El señor URENDA.- 

Señor Presidente , sólo deseo precisar que, contrariamente a lo afirmado, no existe ánimo dilatorio en la proposición de un mejor estudio de la iniciativa que nos ocupa. Pienso que ella tiene mucha importancia, y no sería conveniente que, desde otro ángulo, un estudio ulterior pudiera revelarnos que hemos cometido errores, los cuales no está en nuestras manos corregir ahora.

Por la importancia del tema y por las razones que he vertido anteriormente, voto a favor.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente , por tratarse de una votación muy trascendente, deseo dar a conocer la razón por la cual votaré favorablemente la proposición de las Comisiones.

De acuerdo con las razones expresadas -las cuales, por lo demás, he señalado- al pronunciarnos de manera positiva, estamos dando un paso muy importante. Al mismo tiempo, como cuestión de fondo, se define mejor la acción del Ejecutivo y del Estado en relación con la administración de la Isla de Pascua, respetando su etnia, en su expresión más pura, su historia, su tradición y también su futuro. De ese modo, el Presidente de la República se encuentra capacitado legalmente para permitir que un continental-americano que eventualmente desee fomentar alguna acción en la isla, pueda hacerlo, pues, en ningún caso, se pretende marginar de esa posibilidad a la institucionalidad chilena.

Hay una responsabilidad muy clara y definida en el Nº 3, que sustituye el artículo 4º, materia que tienen presente los señores Senadores.

El hecho de votar favorablemente el artículo señala el inicio de todo el proceso referido a las tierras indígenas, las cuales corresponden a los nativos verdaderos, a quienes lo son por sangre y conforme a lo estipulado en las letras respectivas del artículo 2º. Sin embargo, no se está marginando a los 14 millones de chilenos restantes para desarrollar alguna actividad o acción que permita fortalecer la economía y los aspectos sociales y culturales de la isla. De partida, la propia Universidad de Chile tiene trabajando en ese lugar a destacados hombres especializados en antropología y otras ciencias, los cuales realizan una actividad importante.

El Honorable señor Andrés Zaldívar señaló lo relativo a la televisión. En dicho medio de comunicación, encontramos un ejemplo típico al cual, aunque tenga poco que ver con lo señalado hasta ahora, deseo referirme como un segundo punto que debe preocuparnos.

Las señales televisivas se generan en términos directos hacia la isla y, como consecuencia de ello, todos los programas para mayores de 18 años se emiten, debido al huso horario, exactamente a las siete de la tarde, es decir, a la hora en que los niños se encuentran en sus casas. Así, podemos advertir una cantidad enorme de detalles y cómo quienes vivimos en el continente vamos provocando problemas e inquietudes a lo que es la organización propia de esa etnia y de la isla.

En definitiva, voto favorablemente, teniendo claro que el artículo 4º --el cual discutiremos más adelante-- mantiene la alternativa de contar con personas no pertenecientes a la cultura rapa nui, contribuyendo al desarrollo de las acciones propias que aquél señala.

El señor SINCLAIR.-

Señor Presidente , no veo razón alguna para suprimir lo dispuesto en el artículo 2º, letra c), de la ley Nº 19.253, que establece: "Se considerarán indígenas"..."Los que mantengan rasgos culturales de alguna etnia indígena, entendiéndose por tales la práctica de formas de vida, costumbres o religión de estas etnias de un modo habitual o cuyo cónyuge sea indígena. En estos casos, será necesario, además, que se autoidentifiquen como indígenas.".

Esto es válido para los rapa nui, de tal manera que estoy en contra de ello. Voto que no.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , la modificación que se propone introducir al artículo 66 tiende a impedir en forma absoluta, a quien no haya sido miembro de la comunidad originaria de la Isla de Pascua , incorporarse a ella. Es decir, no solamente se estaría excluyendo a los demás habitantes de Chile de la posibilidad -como veremos después- de ser propietarios y de incorporarse a la vida de ese territorio, sino, además, impidiendo que la cultura pascuense se extienda y contribuya a enriquecer el patrimonio nacional. No se ve motivo alguna para tal exclusión. La correspondiente norma se dictó (tenemos que reiterarlo) en su oportunidad para hacer posible esta asimilación, con el debido estudio y mediante el voto conforme de la inmensa mayoría del Senado.

Estamos llevando el aspecto étnico a un extremo quizá distinto del que todos desearíamos, manteniendo un vínculo, porque es rapa nui y lo será aquel con diez generaciones anteriores viviendo en Chile; sin embargo, el chileno originario que lleve una, dos o tres generaciones en la Isla de Pascua, nunca podrá ser pascuense.

Lamento que se proponga introducir en la Ley Indígena, que se estudió con tanto detenimiento -como aquí se ha dicho-, esta norma discriminatoria que, en vez de enriquecerla, la empobrecería.

Voto que no.

El señor COOPER.-

Señor Presidente , la ley Nº 19.253 se dictó teniendo como objetivo el fomento, el desarrollo y, particularmente, la prestación de especial ayuda a los pueblos indígenas. Sin duda, nadie discute esa finalidad. Estoy de acuerdo también con que dicho cuerpo legal debe ser revisado, porque contiene una serie de disposiciones que conviene mejorar. Sin embargo, considero inaceptable que en una norma como la que se propone quede establecido que no todos los chilenos somos jurídicamente iguales. A mi modo de ver, ése es un aspecto de fondo que amerita su revisión por otra Comisión, y me mueve a votar en contra.

Voto que no.

El señor ERRÁZURIZ.-

Señor Presidente , rechazaré el precepto que se propone porque me parece peligroso crear un sistema de discriminación racial en Chile, en lugar de uno de protección a las etnias que puedan encontrarse afectadas.

Además, estimo que se sienta un precedente del todo inconveniente, ya que existen en nuestro país muchas otras razas indígenas, como los aimaras u otros, que podrían, con igual razón, pretender tratamientos especiales. Al final terminaríamos legislando en favor de quienes fueran descendientes de árabes, de italianos, de vascos, de franceses o de determinadas etnias aborígenes locales que, como he dicho, son muy numerosas.

En consecuencia, me parece claro que, siendo todos nosotros chilenos, debemos dictar leyes no considerando la raza, el color de la piel, el pensamiento o la religión de las personas, sino de acuerdo con la realidad de cada pueblo. Aquí, en cambio, la diferenciación se efectúa por raza en lugar de hacerlo por tratarse de determinado pueblo, que tiene necesidades precisas.

Me parece que el principio sobre el cual se fundamenta esta situación es equivocado, porque en lugar de favorecer la ayuda a Isla de Pascua, como es mi interés y mi deseo, para verla progresar y crecer, se está discriminando. Aunque por ahora tal discriminación aparezca en forma positiva, creo que, como toda discriminación, terminará siendo negativa.

En vista de eso, voto que no.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el número 1º del artículo 1º (17 votos a favor, 15 en contra y 4 pareos).

Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Carrera, Díaz, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Hormazábal, Matta, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Páez, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sule y Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la negativa los señores Cooper, Errázuriz, Feliú, Fernández, Lagos, Larraín, Larre, Martin, Mc-Intyre, Otero, Pérez, Prat, Siebert, Sinclair y Urenda.

No votaron, por estar pareados, los señores Alessandri, Cantuarias, Romero y Thayer.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , tengo dudas respecto del quórum.

En realidad, este proyecto establece una limitación para la adquisición de derechos. De acuerdo con el artículo 19, número 23º, de la Constitución Política, tal tipo de normas requiere quórum calificado. Sin embargo, me parece improcedente hacer un desdoblamiento y afirmar que exige quórum la prohibición o la limitación, pero no el precepto que define quiénes son los sujetos beneficiados con la prohibición. De los sujetos va a depender, por así decirlo, la suerte de la prohibición.

A mi juicio, la prohibición y los sujetos favorecidos son un todo indivisible, a lo cual debería aplicarse quórum calificado.

Ése es mi planteamiento, señor Presidente, y, por lo tanto, creo que se requiere ese quórum.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , los efectos de las normas de quórum deben tener una interpretación restrictiva, tal como señalan todos los fallos del Tribunal Constitucional, para el cual tiene que estar establecido expresamente el caso en que se aplica un quórum especial. No podemos hacer una interpretación extensiva en esta materia, como la que ha expuesto la Senadora señora Feliú.

La norma a que estamos refiriéndonos es la relacionada con el artículo 66 de la Ley sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el cual señala quiénes son rapa nui, para los efectos de que se les aplique la iniciativa en proyecto, y con qué requisitos deben cumplir para ser considerados como tales: los indicados en las letras a) o b) del artículo 2° de la mencionada normativa.

Entonces, no es una disposición que esté limitando el derecho de propiedad o algún otro, caso en el cual podría entrar a discutirse si acaso su aprobación requeriría quórum calificado o no.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , se ha planteado una posible preclusión de mi derecho a tocar el tema del quórum. En verdad, no he hablado de inconstitucionalidad, sino de la exigencia de un quórum especial. No existe tal preclusión o imposibilidad de que yo pueda hacer presente en este momento el quórum que requiere la aprobación de la ley. Por el contrario, éste es el momento de hacerlo presente: cuando estamos votando. Podría haber habido unanimidad en la aprobación de la ley.

Ahora, en cuanto al fondo de la disposición, cabe señalar que la norma a que me he referido es aplicable directamente en el caso de que se trata, y no se requiere para ello de una interpretación "extensiva" --entre comillas-- de la misma: "Una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes;". ¿Cuáles son los requisitos en este caso? Ser de la etnia rapa nui para adquirir los bienes "z". ¿Cuál es la norma que requiere quórum? La que establece los requisitos para adquirir el bien que determina, en definitiva, quién es el beneficiario de esta excepción constitucional, y de qué se trata la excepción, respecto de qué norma se exceptúa la adquisición del dominio.

Por eso, señor Presidente , me parece muy claro que la norma en debate requiere quórum. Así lo establece la Constitución en su artículo 19, número 23°, inciso final, a que he dado lectura.

Gracias.