Labor Parlamentaria

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Proyecto de la Cámara de Diputados, iniciado en mensaje, que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Hubo acuerdo unánime de Comités para tratarlo hoy.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 23ª, en 6 de diciembre de 1994.

Informe de Comisión:

Constitución, sesión 12ª, en 3 de diciembre de 1996.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

La Comisión deja constancia de la colaboración que recibió de las señoras Ministra y Subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer , de los asesores de dicha cartera, de los representantes del clero, del Ministerio de Justicia, de la Gran Logia de Chile y de distinguidos profesores de Derecho de diversas universidades del país.

Asimismo, hace presente que los principales objetivos del proyecto son:

"A.- Modificar el régimen filiativo de nuestra legislación civil, a fin de establecer un solo estatuto jurídico, que como regla muy general iguala los derechos y deberes que emanan de la filiación que se genera por el matrimonio, con aquella que se produce sin que éste exista, en materias tales como: acciones de reclamación y de impugnación, patria potestad, cuidado personal de los hijos, alimentos, derechos sucesorios y guardas.

"B.- Derogar la institución de la porción conyugal y mejorar los derechos del cónyuge sobreviviente al que se da la calidad de heredero.".

Designó como Senador informante al Honorable señor Sule.

En el informe, expresa que, en vista de los antecedentes recibidos, y luego de un intercambio de opiniones de sus integrantes, sometió a votación general el proyecto, resultando aprobado por 4 votos contra uno. Votaron favorablemente los Honorables señores Fernández, Hamilton, Otero y Sule, y en contra lo hizo el Senador señor Larraín. Los respectivos fundamentos de voto están consignados en las páginas 16 a 27.

En seguida, hace una reseña de cada una de las normas del proyecto, del debate producido y de los acuerdos adoptados sobre ellas. En la parte resolutiva, recomienda a la Sala la aprobación del proyecto despachado por la Cámara de Diputados, con las modificaciones que indica.

El texto propuesto consta de 10 normas permanentes (el artículo 1°, que modifica el Código Civil, está subdividido en 119 numerales) y 7 transitorias.

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--Se autoriza el ingreso a la Sala de la señora Andrea Muñoz Sánchez, Asesora del SERNAM.

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El señor DÍEZ (Presidente).-

En discusión general el proyecto.

El señor SULE.-

Señor Presidente , Honorable Senado, en cumplimiento de lo previsto en el inciso cuarto del artículo 40 del Reglamento de la Corporación, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento me ha designado Senador informante, para entregar las conclusiones del informe evacuado respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación. Me es muy grato hacerlo, pues ésta es una de las iniciativas más importantes y trascendentales que se han tramitado en el Congreso Nacional después del restablecimiento de la democracia. Ella permite avanzar sustancialmente en la mejora de nuestro Derecho Civil, específicamente en lo tocante a una de sus ramas que mayor retraso presenta, no obstante la elevada significación y repercusión social que tiene: el Derecho de Familia.

El proyecto original, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, estaba bien estructurado y giraba en torno a tres aspectos básicos:

1.- La consagración, en materia de filiación, del principio de igualdad y no discriminación;

2.- La libre investigación de la paternidad y maternidad, expresada en la admisibilidad como medio probatorio de los análisis biológicos, y el establecimiento de la reclamación de estado filiativo, en términos amplios.

3.- El imperio del principio de igualdad en materia de derechos hereditarios: transformación del cónyuge sobreviviente en heredero; patria potestad; cuidado personal de los hijos, y alimentos.

Dicho texto fue aprobado por la Cámara de Diputados sin modificaciones sustanciales; recibido a tramitación en el Senado el 6 de diciembre de 1994, y derivado, para su estudio, a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Este órgano técnico empezó a conocerlo en sesión de 6 de enero de 1995, y durante su discusión general recibió las explicaciones acerca de él de la Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer , señora Josefina Bilbao Mendezona ; de la señora Subdirectora y de sus asesoras; de lo más representativo de todos los sectores de la vida nacional, así como de destacadísimos profesores de Derecho Civil. No menciono sus nombres, porque en el informe se deja expresa constancia de la gratitud de la Comisión hacia todos ellos.

Una vez recogidos esos valiosos aportes, se procedió a votar en general el proyecto, siendo aprobado por cuatro votos a favor y uno en contra. Se dejó testimonio de la fundamentación del voto de cada uno de los señores Senadores.

A continuación se realizó un extenso debate de las diversas normas. Me limitaré a señalar los aspectos más importantes, en que se propone introducir cambios al texto despachado en primer trámite constitucional.

El proyecto consta de 10 disposiciones permanentes y 7 transitorias. El artículo 1° introduce diversas modificaciones al Código Civil, las que se consignan en 119 números.

El primer aspecto que merece destacarse está relacionado con la clasificación del parentesco. La Comisión acordó, por mayoría de votos, dividirlo en matrimonial y no matrimonial, a diferencia de la supresión lisa y llana de toda distinción parental que había aprobado la Cámara de Diputados. Sin embargo, esta nueva nomenclatura carece de relevancia en cuanto a los derechos de los hijos. Se trata solamente de la mantención del simple reconocimiento de una diferencia en el origen de la filiación. Con ello, el estatuto filiativo vigente, que hace dos divisiones: hijos legítimos e ilegítimos, y subdivide a estos últimos en naturales, ilegítimos con derecho a alimentos, e ilegítimos de padres desconocidos --o ilegítimos perfectos, como también se los llama, con alguna ironía--, se reduce a hijos matrimoniales y no matrimoniales, efecto que se alcanza una vez establecida la filiación, sin que exista diferencias entre ellos.

El proyecto aprobado por la Cámara Baja contemplaba, además, como fuente de filiación, la adopción. La Comisión consideró que esto era impropio, por no estar esta institución regulada en el Código Civil, y resolvió que lo pertinente era señalar únicamente que ella, así como los derechos entre adoptante y adoptado, se regirían por las leyes respectivas.

En la determinación de la paternidad y maternidad no matrimonial, se acordó, por unanimidad, que el reconocimiento pasaría a ser una modalidad voluntaria, opuesta a la determinación judicial del mismo y que actualmente se denomina "reconocimiento forzado".

Como se dispone que el reconocimiento es irrevocable, la Comisión manifestó su preocupación ante la eventualidad de que éste resultara interesado. A su juicio, la iniciativa propuesta desmejoraba relativamente la posición del hijo al eliminar la posibilidad de éste de repudiar el reconocimiento, obligándolo a interponer una acción judicial de impugnación de la filiación, la cual de nada serviría si, en definitiva, el reconocimiento correspondía a la verdad biológica y así quedaba probado en el proceso. Por este motivo, decidió mantener la institución de la repudiación.

En cuanto a las acciones de filiación, le pareció adecuado incluir un inciso inicial en el artículo 192 del Código Civil, donde se expresara, como principio general, la libre investigación de la paternidad y maternidad.

Con referencia a la incorporación de los análisis biológicos, juzgó más apropiado llamarlos "pruebas periciales de carácter biológico" y "peritaje biológico", por estimarlos más acordes con la denominación de "informe de peritos" que tiene este medio de prueba en el Código Civil y en los Códigos de Procedimiento. Con todo, la Comisión manifestó su inquietud por la prevalencia absoluta que el proyecto aprobado por la Cámara Baja le asigna a este medio probatorio, en relación o comparación con otros tipos de prueba, debido a que hay ciertos casos en que la verdad biológica debe dejar paso a valores más importantes, como ocurre con la posesión notoria del estado civil, lo que además está conforme con los criterios dominantes en el derecho comparado moderno. También consideró del caso introducir algunas precisiones acerca de la prescripción de estas acciones, a fin de darle mayor coherencia y evitar aparentes contradicciones.

En lo relativo a la institución de la patria potestad, que en el proyecto despachado por la otra rama legislativa se unificaba con la autoridad paterna, siguiendo, igualmente, criterios dominantes en el derecho comparado, se optó por mantener su distinción, en virtud de un acuerdo mayoritario, más general, de permanecer más cerca de las disposiciones y estructura del Código Civil vigente, para aprovechar la rica tradición jurisprudencial y doctrinal que éste tiene.

Se debatió también la conveniencia de que la patria potestad fuera ejercida conjuntamente por los padres, coincidiendo los integrantes de la Comisión en estimar preferible que quedara radicada en uno solo de ellos. Sin perjuicio de esto, algunos de sus miembros añadimos no tener inconvenientes en estudiar más a fondo el ejercicio conjunto de la patria potestad y de autorizaciones conjuntas recíprocas, consistiendo su principal objeción en que cada desacuerdo tuviera que llevarse ante los tribunales para que lo dirima el juez. Al mismo tiempo, la Comisión se declaró partidaria de una fórmula que permita que la patria potestad y la autoridad paterna sean ejercidas por una misma persona, dando un papel preponderante en estas materias al acuerdo que se logre entre el padre y la madre.

En lo que respecta al derecho legal de goce sobre los bienes de los hijos y de su administración, la Comisión estuvo de acuerdo en la idea de innovar en cuanto a lo que el Código Civil llama "usufructo legal" del padre sobre los bienes del hijo de familia, ya que responde al criterio doctrinal dominante. Sin perjuicio de ello, le pareció adecuado mantenerlo como denominación subsidiaria, por el considerable arraigo que tiene en nuestra tradición jurídica, haciendo aplicables supletoriamente las normas que regulan el usufructo.

En relación a muchas otras instituciones del Derecho de Familia, sobre las cuales se extiende el informe, como la responsabilidad del padre o la madre en la administración de los bienes del hijo; la suspensión de la patria potestad; la emancipación; la atribución de efectos absolutos a los fallos sobre paternidad o maternidad que se hayan pronunciado respecto a las acciones de filiación que se establecen; el derecho de alimentos, en cuanto a otorgar la calidad de alimentarios y hacer desaparecer el régimen binario existente de alimentos congruos y necesarios, y la dación de tutores o curadores, deberé limitarme a su mera enunciación.

Sin embargo, por su trascendencia jurídica, resulta insoslayable destacar la eliminación de la porción conyugal y el reconocimiento de la calidad de heredero al cónyuge sobreviviente; la ampliación del derecho de representación en la descendencia del difunto y en la de sus hermanos, que hasta ahora existía tan sólo en la descendencia legítima; el establecimiento de la plena igualdad entre los hijos matrimoniales y no matrimoniales en lo referente a la porción hereditaria a que tienen derecho. A este respecto, la Comisión se hizo cargo de aquellos casos en que concurran hijos matrimoniales y no matrimoniales, por el detrimento que importaría en la porción que correspondería al cónyuge sobreviviente, lo que, conforme a lo propuesto por el Honorable señor Fernández , se morigeraría estableciendo que la porción del cónyuge sea el doble de la de cada uno de los hijos. Esta proposición fue acogida por la unanimidad de los integrantes de la Comisión; sin perjuicio de revisarla en el segundo informe a la luz de otras mejorías sobre los derechos del cónyuge sobreviviente y de casos en que pudiesen producirse situaciones de manifiesta iniquidad.

Tales son, en apretada síntesis, las consideraciones hechas presentes por la Comisión, durante la discusión particular, en relación al artículo 1º del proyecto, que modifica el Código Civil.

En lo que atañe a su artículo 2º, que modificaba la Ley Nº 4.808, sobre Registro Civil , y se dividía en trece números, interesa consignar lo debatido respecto a su Nº 5. Éste, en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, agregaba un inciso final al artículo 29, que señala que la inscripción del nacimiento deberá ser comunicada a la madre, salvo su reconocimiento expreso, o si quien hubiese denunciado el nacimiento fuese el marido. La Comisión estimó que, además de resultar innecesario el cumplimiento de este trámite, dicho inciso no indicaba la forma en que debería efectuarse tal comunicación, el funcionario encargado de ella, ni los efectos o sanciones que tendría en caso de incumplimiento, todo lo cual generaría innumerables problemas tanto jurídicos como prácticos. Por estas razones fue rechazado de manera unánime.

También merece destacarse el debate habido con ocasión del Nº 9 del artículo 2º, que incorporaba un inciso nuevo al artículo 33, el que obliga al Registro Civil a comunicar al Servicio Nacional de Menores cuando un menor aparece inscrito como hijo de padre o madre desconocidos. Este Servicio, a su vez --agrega la disposición--, deberá procurar, en los casos en que el menor se encuentra bajo sus cuidados y protección, obtener la determinación de la paternidad y reconocimiento del hijo.

El sentido y alcance del referido precepto suscitó algunas dudas en la Comisión, pues no se hace cargo de la representación legal del menor, la que podría entenderse asumida por el Servicio Nacional de Menores para estos efectos, dejando en la incertidumbre si la actividad del Servicio estará limitada a gestiones extrajudiciales, o si se le confiere la titularidad de la acción para solicitar la citación judicial de los supuestos padres a confesar paternidad o maternidad, o, incluso, para interponer acciones de reclamación de la filiación.

Además, motiva otra serie de inquietudes, como la disponibilidad de recursos para abordar esas tareas. Todo ello, a juicio de la Comisión, hace recomendable estudiar este punto en el contexto de una modificación al decreto ley Nº 2.465, de 1979, Ley Orgánica del Servicio Nacional de Menores, que corresponde a una materia de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , según lo dispone el artículo 62, Nº 2.º de su inciso cuarto, de la Carta Fundamental. Esta modificación podría ser propuesta por la vía de una indicación al proyecto en debate, o estar contenida en una iniciativa separada.

En virtud de las razones expuestas, se rechazó el Nº 9 del artículo 2º por la unanimidad de los miembros de la Comisión.

En cuanto al artículo 3º del proyecto, que contenía dos números que modificaban la ley Nº 17.344, sobre autorización de cambio de nombres y apellidos, importa consignar respecto a su Nº 1, que sustituye la letra c) del artículo 1º --autoriza solicitar judicialmente, en los casos en que la naturaleza de la filiación fuera no matrimonial, que se agregue un apellido cuando la persona hubiera sido inscrita con uno solo, o que se cambie uno de los que se le hubiere impuesto, cuando fuesen iguales--, que la Comisión prefirió hablar simplemente de filiación no matrimonial, e incluir el caso del hijo que no tenga determinada su filiación, manteniendo de esta forma las distintas situaciones que contempla el precepto vigente.

Tocante al artículo 4º, que derogaba la ley Nº 17.999, relativa a las actas extendidas ante un oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación en que se legitima un hijo o se reconoce a un hijo natural, la Comisión concordó con su derogación, aprobándola, atendido a que sus disposiciones resultan innecesarias, dada la potestad reglamentaria de ejecución que le asiste constitucionalmente al Presidente de la República.

Acerca del artículo 5º, que mediante 8 números modificaba la ley Nº 7.613, --establece disposiciones sobre la adopción--, la Comisión, teniendo en vista que se encuentra en tramitación un proyecto que dicta normas sobre adopción de menores (despachado en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados), y que por regular en forma orgánica la adopción deroga expresamente la citada ley, estimó adecuado no modificar en este proyecto una normativa que será derogada, sino que estudiar los cambios que fuere preciso introducir en la futura ley sobre adopción, por lo que fue rechazado también por la unanimidad de la Comisión.

En lo atinente al artículo 6º del proyecto, que consultaba tres modificaciones de mera concordancia con la ley Nº 18.703, sobre Adopción de Menores, la Comisión, aplicando el mismo criterio que tuvo para rechazar la norma anterior, resolvió suprimirlo.

En cuanto al artículo 7º (en cuatro numerales introducía modificaciones a la ley Nº 16.618, sobre protección de menores), cabe destacar que la enmienda propuesta en su Nº 1 sustituye el inciso primero del artículo 46, con el objeto de declarar que se entienden comprendidas una serie de situaciones referidas al cuidado personal de los hijos, las cuales enumera. A este respecto, la Comisión reparó que no se propone modificar el inciso segundo del citado precepto, que contempla la alteración de esas reglas por vía judicial y como sanción por la falta de contribución a la mantención del hijo. Y, aun cuando le mereció varias objeciones de orden técnico-jurídico, existió la convicción de que, en virtud del proyecto en informe, el ejercicio del cuidado personal del hijo queda regulado en el Código Civil de manera plena y comprensiva de las distintas situaciones que puedan presentarse --separación de hecho de los padres, nulidad del matrimonio y otras--, por lo que estas normas pierden su razón de ser y procede su derogación. Este acuerdo se adoptó por la unanimidad de los votos de los integrantes presentes de la Comisión.

Merece destacarse también que el número 4 de este artículo --aprobado en forma unánime por la Comisión-- modifica el artículo 49 de la ley, con el objeto de tratar en un solo inciso la autorización necesaria para la salida de un menor del país, disponiendo que deben prestarla ambos padres o el que lo hubiere reconocido voluntariamente, en su caso, eliminando para dicho efecto la clasificación de ilegítimo del hijo de que tratan los incisos primero y segundo y derogando el inciso cuarto, que versa sobre la salida de un menor que sea hijo natural.

La Comisión, al dar su unanimidad, rectificó la remisión que se hacía a los incisos primero y segundo, por corresponder al segundo y tercero, respectivamente, y suprimió la referencia al carácter voluntario del reconocimiento, porque, conforme a este proyecto, siempre tendrá dicho carácter.

En lo que dice relación al artículo 8º, compuesto por cuatro números, que modifican la Ley Nº 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, cabe destacar que una de las modificaciones propuestas en su número 1 para el artículo 3º de dicho cuerpo legal --que significaba suprimir la competencia que actualmente tienen los juzgados de menores para conocer de las citaciones a confesar paternidad, pasando tal gestión a ser de competencia de los tribunales ordinarios, sustituyéndose así el procedimiento aplicable--, no fue acogida por la Comisión, toda vez que no encontró justificada esta innovación. Por tal motivo, prefirió mantener el inciso cuarto, reemplazando solamente la remisión al Código Civil, pues corresponde hacerla a sus incisos segundo y tercero del artículo 187, conforme al texto propuesto.

El artículo 9º introduce dos modificaciones a la Ley Nº 16.271, sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones. El número 1 sustituye el inciso segundo del artículo segundo, estableciendo las exenciones a las asignaciones por causa de muerte y a las donaciones, tratándose del cónyuge, ascendiente, adoptante, hijo o adoptado, o a la descendencia de ellos.

El propósito de esa disposición es contemplar, en la forma señalada, la enunciación de las personas beneficiadas por la exención, suprimiendo con ello la calidad de ilegítimo o natural que hoy se consigna respecto de los padres y de los hijos.

En atención a lo anterior, la Comisión consideró innecesaria la sustitución completa del artículo 2º, por lo que prefirió reemplazar sólo su frase inicial, la cual contiene la correspondiente referencia, aprobándolo, consecuentemente, por unanimidad.

El número 2 suprime, en el inciso primero del artículo 26, los calificativos de "legítimos o naturales" referidos a los padres e hijos.

La Comisión acogió esta modificación, pero estimó, además, procedente derogar el inciso tercero del mismo artículo, que se refiere a los hijos ilegítimos.

En otro orden de ideas, la Comisión, por mayoría de votos, estimó conveniente incorporar, entre los artículos permanentes, una norma que evite la reforma expresa de todas las leyes o reglamentos que se refieran al estado filial, para concordarlas con las normas que se aprueben en este proyecto, y para ello agregó un artículo 8º que extiende la aplicación de sus disposiciones, incluso a las estipulaciones contenidas en los actos o contratos anteriores a la entrada en vigencia de esta ley en proyecto, salvo que esto último se opusiera a la intención claramente manifestada por quienes los hayan ejecutado o celebrado.

Los señores Senadores de minoría, si bien admitieron la conveniencia de una disposición de esta naturaleza, reiteraron su oposición a distinguir entre hijos matrimoniales y no matrimoniales.

Finalmente, en lo que concierne a sus artículos permanentes, los Honorables colegas integrantes de la Comisión, por unanimidad, estimaron conveniente agregar un artículo 9º nuevo, que contempla un plazo de 180 días para la entrada en vigencia de esta ley en proyecto a contar de su publicación en el Diario Oficial.

Ahora bien, respecto a sus disposiciones transitorias, la Comisión acordó, por unanimidad, tratarlas bajo la rúbrica de "artículos transitorios".

Dentro de éstos, el artículo 1º señala que quienes posean la calidad de hijo natural al entrar a regir la ley en proyecto tendrán los derechos que ésta establece para todos los hijos, cualquiera que sea el origen de su filiación. Con todo, los derechos hereditarios se regirán por la ley vigente al tiempo de fallecer la persona de cuya sucesión se trata.

La Comisión, por mayoría de votos, resolvió modificar este artículo, pues estimó que daba lugar a dudas de interpretación, por lo que prefirió regular completamente algunas materias, precisando que los hijos que tengan el estado civil de legítimos o legitimados, por subsiguiente matrimonio, una vez entrada en vigor la presente ley en proyecto, tendrán la calidad, derechos y deberes atribuidos a los hijos matrimoniales y el mismo status se aplicará a los padres o ascendientes legítimos; y a los hijos que tuvieran la calidad de naturales respecto del padre, madre, o ambos, se les atribuye la calidad, derechos y deberes de los hijos no matrimoniales, distinguiendo más adelante la situación del padre o de la madre que haya reconocido al hijo voluntariamente, atribuyéndole la calidad de padres no matrimoniales que ha reconocido el hijo, a diferencia de si la paternidad o maternidad ha sido establecida judicialmente. Tendrán, entonces, la calidad de padre o madre no matrimonial cuya paternidad o maternidad ha sido determinada judicialmente, a pesar de su oposición. Lo mismo regirá para los demás ascendientes del padre o madre. Con todo, concluye el precepto, los derechos sucesorios se regularán por la ley vigente al tiempo de la apertura de la sucesión, conforme a las reglas generales. Esta norma se aprobó por mayoría de votos.

El artículo 2º señala que las sentencias ejecutoriadas que hubieran sido pronunciadas bajo el imperio de las normas que por esta ley en proyecto se derogan, no impedirán el ejercicio de las acciones relativas a la filiación que se funden en pruebas nuevas previstas en éstas, aunque entre la antigua y la nueva exista identidad legal de personas. Añade que quienes hayan ejercitado las acciones contempladas en el artículo 280 del Código Civil, sea cual fuere el resultado de ese ejercicio, podrán, invocando las pruebas nuevas previstas en esta ley en proyecto, acceder al estado civil de hijo.

La unanimidad de los miembros presentes de la Comisión consideró que el precepto así concebido infringe el artículo 73 de la Carta Fundamental, que impide al Congreso Nacional hacer revivir procesos fenecidos y vulnera el principio de cosa juzgada, si bien tomó nota del parecer discrepante de los señores representantes del Ejecutivo , siendo rechazado este artículo por la unanimidad de los votos de los miembros presentes de la Comisión.

El artículo 3º faculta al Presidente de la República , por el plazo de un año, para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil, de sus leyes complementarias y, asimismo, de todas aquellas normas legales que contemplen parentesco y categorías de padres, madres, hijos legítimos, naturales e ilegítimos, haciendo las modificaciones y derogaciones de que hayan sido objeto, tanto expresa como tácitamente; reunir en un mismo texto disposiciones directas y sustancialmente relacionadas entre sí; introducir cambios formales, sea en cuanto a redacción, para mantener la correlación lógica y gramatical de las frases, o respecto a titulación, a ubicación de preceptos y otros de similar naturaleza, en la medida en que sean indispensables para su coordinación y sistematización, expresando que en el ejercicio de estas facultades no puede importar en caso alguno la alteración del verdadero sentido y alcance de las disposiciones legales vigentes.

La mayoría de la Comisión, formada por los Honorables señores Fernández y Larraín , fue partidaria de otorgar las facultades antedichas, haciendo mención a las leyes que son modificadas expresamente por el proyecto, en vez de la referencia imprecisa a las leyes complementarias del Código Civil. Asimismo, estuvo de acuerdo en incluir de manera expresa todos aquellos cuerpos legales que hagan referencia a los ascendientes, parientes, descendientes o hermanos, estimando conveniente, además, ubicar este precepto dentro de las normas permanentes y no transitorias, ya que es una disposición llamada a producir efectos de aquel carácter.

La minoría de la Comisión, constituida por el Honorable señor Otero , se manifestó contraria a la delegación de facultades legislativas por su excesiva amplitud. Sometido a votación el precepto, resultó aprobado con los cambios aludidos por la mayoría de los Senadores presentes y la abstención del Honorable señor Otero.

La Comisión, a fin de evitar dificultades interpretativas que se invocaron en la discusión del artículo 1° transitorio, decidió incluir otro artículo transitorio --signado con el Nº 2-- que regula la situación de las personas que haya adquirido el derecho a pedir alimentos en la calidad de simplemente ilegítimos y los que hayan ejercitado todas las citaciones a confesar paternidad, sin haber obtenido la calidad de hijo natural o, en su caso, simplemente ilegítimo con derecho a alimentos.

Asimismo, el artículo 3° transitorio reguló la situación de quienes tengan determinado por sentencia judicial o transacción aprobada por la justicia el derecho de percibir alimentos necesarios.

El artículo 4° transitorio se ocupa de la situación del hijo no matrimonial que pasa a estar sujeto a patria potestad, estableciendo que la guarda a que estuviere sujeto el hijo natural, expirará por la entrada en vigencia de esta ley y el respectivo padre o madre entrará de pleno derecho en el ejercicio de la patria potestad que le corresponde. Se preserva, además, el valor y los efectos de las emancipaciones voluntarias ya realizadas.

En un nuevo artículo 5° transitorio, se dan reglas para la aplicación temporal de la ley, en lo relativo a los plazos para impugnar, desconocer o reclamar filiación, paternidad o maternidad o para repudiar un reconocimiento o legitimación por subsiguiente matrimonio, distinguiendo que si han comenzado a correr o no lo han hecho, disponiéndose además que no podrá reclamarse la paternidad o maternidad respecto de personas fallecidas, con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

La Comisión acordó también la incorporación de un nuevo artículo 6° transitorio destinado a resguardar la intangibilidad de la cosa juzgada.

Finalmente, agregó un artículo 7° transitorio, disponiendo la aplicación supletoria de las normas de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, de 7 de octubre de 1861, en todo lo no previsto por los artículos transitorios precedentes.

Señor Presidente y Honorables colegas, tales son, a modo de suma y compendio, los fundamentos, razones y motivos del proyecto de ley que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento propone al Honorable Senado, contenido entre la páginas 399 y 447 del informe, y que he tenido el deber de presentar, lo que he tratado de hacer con la mayor objetividad posible, intentando ser fidelísimo en sus acuerdos y en cumplimiento de las disposiciones reglamentarias pertinentes.

Todo ello, sin perjuicio de las opiniones que he hecho valer en la Comisión, las que mantendré o rectificaré en la oportunidad debida.

El señor HAMILTON.-

Señor Presidente , el proyecto de ley que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación es una de las iniciativas más importantes que el Senado ha debido conocer desde el reinicio de sus actividades en 1990. Esta importancia está dada por el cúmulo de factores sociales, culturales, jurídicos y éticos que han hecho de ésta una iniciativa que ha debido ser analizada cuidadosamente a lo largo de todos sus trámites parlamentarios.

Como señala el mensaje, suscrito por el ex Presidente Aylwin en 1993, el proyecto "tiene como objetivo principal sustituir el régimen de filiación actualmente vigente por otro, que termina con las diferencias entre hijos legítimos e ilegítimos y que establece un trato igualitario para todos los hijos, cualquiera sea la situación jurídica entre sus padres al momento de la concepción o el nacimiento".

De ahí tal vez, que la idea fundamental del proyecto no es otra que la de dar  concreción legal a los principios constitucionales que reconocen y aseguran la plena igualdad de todas las personas. En efecto, el actual régimen de filiación es absolutamente contradictorio.

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El señor DÍEZ (Presidente).-

Debo hacer un alcance en relación con el funcionamiento del Senado.

La Comisión especial que trata de los asuntos jurídicos y religiosos, solicita autorización de la Sala para sesionar junto con ella.

Acordado.

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El señor HAMILTON.-

En efecto, el actual régimen de filiación es absolutamente discriminatorio, toda vez que establece claras, nítidas e injustificadas diferencia entre los hijos legítimos, naturales o simplemente ilegítimos.

Estas diferencias contradicen abiertamente lo señalado en Nº 2º del artículo 19 de la Carta Fundamental, el que es muy claro al consagrar el principio de igualdad ante la ley como regla objetiva que debe ilustrar y guiar la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico. Esta máxima encuentra su origen en la igual condición que todos los seres humanos tenemos en cuanto tales; lo que significa que todos poseemos nuestra humanidad en igual medida y con similar intensidad. Por lo tanto, podemos deducir que, si existen derechos para cuya titularidad se exige la condición de ser humano, esos derechos deben distribuirse de igual forma entre todos los que poseemos las características de tales.

Por otro lado, las bases de nuestra institucionalidad consagran el principio de igualdad fáctica y mínima de todos los hombres en el artículo 1º de nuestra Constitución Política, al establecer que: "Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos.". Esta igualdad supone que el Estado debe facilitar a todas las personas su libre acceso a los bienes primarios que les permitan su autorrealización como seres humanos. Estos bienes primarios se acogen constitucionalmente, tanto bajo la fórmula de derechos económico-sociales, como también en cuanto bienes de naturaleza intangible.

Uno de estos bienes primarios intangibles es el autorrespeto y la autoimagen que los seres humanos adquirimos en el cotidiano trato con nuestros semejantes. En un segundo momento, y una vez que los hombres ya han comenzado a interactuar, surge el derecho al igual respeto y consideración por parte de los demás, lo que se deriva del principio de que las personas nunca han de ser tratadas como un simple medio para la realización de determinados fines en los que esa persona no ha consentido. Además, estos principios suponen, necesariamente, concebir al ser humano como un ente capaz de autodeterminarse, con lo que se hace responsable sólo de sus actos voluntarios.

Todo lo anterior nos demuestra que un estatuto filiativo como el vigente -que distingue nominativa y fácticamente entre hijos legítimos e ilegítimos, que beneficia o castiga de por vida al recién nacido con una de estas categorías y que, en último término, discrimina injustamente entre personas que no han escogido qué filiación tener- es absolutamente contrario al espíritu de nuestro ordenamiento constitucional.

A mayor abundamiento, el artículo 5º de la Constitución Política prescribe que los órganos del Estado, dentro de los cuales se encuentra el Congreso Nacional, deben respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; garantías que consagran, también, los tratados internacionales ratificados por nuestro país. Uno de estos tratados es la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica. Esta convención fue suscrita, ratificada y posteriormente publicada en el Diario Oficial del 5 de enero de 1991. Aprobada sin reservas por el Congreso, en su artículo 17 señala que la ley debe reconocer "...iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.". Esta igualdad, a la luz de lo contemplado en el Nº 1 del artículo 1ºdel mismo pacto, debe ser respetada y garantizada por el Estado de Chile. Cabría agregar que el régimen de filiación vigente contradice también lo prescrito en otros tratados internacionales suscritos por nuestro país, a saber, la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por lo demás, el Derecho Comparado occidental hace ya tiempo que reconoció este principio igualitario en materia de filiación.

Además, de acuerdo con la hermenéutica constitucional moderna, el respetar y garantizar no sólo significa para el Estado abstenerse de ejecutar acciones que lesionen sus derechos, sino que también lo obliga imperativamente a ejecutar actos institucionales que aseguren a todas las personas el goce efectivo y real de esos derechos.

En consecuencia, --y constatada la grave omisión cometida por nuestro Estado en cuanto sujeto de Derecho Internacional Público-- mediante la aprobación de este proyecto de ley sólo se está haciendo lo que debió haberse realizado hace ya largo tiempo. Sin ir más lejos, si revisamos nuestra historia legislativa reciente veremos como ya en 1973 la Cámara de Diputados estaba discutiendo el proyecto para igualar los hijos ante la ley, iniciativa que quedó truncada por la ruptura de nuestra democracia. Posteriormente, durante el Gobierno de las Fuerzas Armadas, el Grupo de Estudios Constitucionales, más conocido como "Grupo de los 24", recogió esta materia dentro de sus propuestas en el ámbito del Derecho de Familia.

Sin embargo, no quisiera detenerme sólo en consideraciones de carácter jurídico; también creo conveniente analizar la iniciativa desde el punto de vista fundamentalmente ético.

En este sentido, es claro que el proyecto se fundamenta en dos valores principales. En primer término, se trata de fortalecer el respeto por la dignidad de toda persona humana, lo que se traduce en la práctica en la supresión de adjetivos en el caso de la filiación, y en la introducción de la madre en la patria potestad. En el proyecto, tal como lo propuso el Ejecutivo y lo aprobó la Cámara de Diputados, se establece que habrá un solo parentesco por consanguinidad y por afinidad, y un único estado civil de hijo, prestando la ley igual respeto y consideración a todos los hijos, hayan o no acreditado su filiación.

En este mismo sentido, creo del todo consistente la reforma al concepto de patria potestad, no limitándolo sólo a un aspecto patrimonial, y ampliándolo al plano personal del cuidado de los hijos. Por lo demás, parece mucho más adecuado con los tiempos el conferir la patria potestad conjuntamente al padre y a la madre, haciéndola extensiva a todos los hijos, y no sólo a los legítimos, y extendiendo la representación legal del padre o madre a los hijos no matrimoniales.

Adecuada es también la disposición que establece que la tuición de los hijos menores de padres separados siga en manos de la madre, pudiendo ahora ser entregada al padre por el juez cuando así convenga al menor, sin mediar causales específicas y difíciles de probar como las que establece el Código Civil.

Un segundo valor que se desea robustecer a través de esta iniciativa es el principio de la igualdad de todos los hombres y mujeres ante la ley, lo que no otra cosa que una extensión de la máxima que señala que la igualdad ética supone necesariamente una elemental igualdad jurídica. El actual régimen de filiación es absolutamente discriminatorio en la medida en que clasifica a los hijos en legítimos e ilegítimos. Por ello, el proyecto elimina las diferencias existentes estableciendo un estatuto igualitario para todos ellos. Las desigualdades son, tal como lo señalé al referirme a la constitucionalidad del actual marco legislativo, absolutamente infundadas, discriminatorias e injustas.

Estoy convencido de que cada persona debe hacerse responsable de sus actos, lo que constituye un principio ético fundamental. Por tanto, el argumento esgrimido por algunos en orden a mantener tal cual está nuestro Código Civil pretendiendo defender así la institución matrimonial y dejando en la más absoluta impunidad a los padres responsables de la vida de personas inocentes, contradice abiertamente la ética, la justicia y el Derecho.

A este respecto, el sacerdote jesuita Tony Mifsud, que asistió al Parlamento enviado por la Conferencia Episcopal, ha señalado: "El fin no puede justificar el medio". En este caso, el fin de proteger la familia mediante la institución del matrimonio no puede lesionar los derechos ni dañar el buen nombre (la dignidad) del hijo inocente. En otras palabras, ¿cómo se puede proteger a la familia (fin) a costa de hijos inocentes (medios)?

La familia no se defiende ni fortalece mediante la injusticia que significa no reconocer al hijo los derechos que, como toda persona, tiene. ¿Cómo se pretende defender y fortalecer la familia a través de un sistema filiativo en el que el reconocimiento de la paternidad depende, en la práctica, de un acto dadivoso del padre? Es equivocado proteger la unidad de la familia ignorando artificialmente los deslices de alguno de sus integrantes, toda vez que nuestro actual marco normativo lamentablemente estimula conductas irresponsables al mantener en la más absoluta impunidad a quienes procrean fuera del matrimonio. Eso es no abordar debidamente el problema.

Por otra parte, no podemos dejar de reconocer que los hijos nacidos fuera del matrimonio no obedecen sólo a conductas adulterinas de sus progenitores. Es claro también que muchos de estos menores son fruto de uniones de hecho prolongadas a través del tiempo, o bien, consecuencia de relaciones en las que los adolescentes aparecen como protagonistas principales. Si observamos las cifras, comprobaremos que esta discriminación legal afecta a uno de cada tres hijos que nacen hoy en Chile, y, en el caso de alumbramiento de hijos de mujeres menores de veinte años, esa cifra llega a seis de cada diez menores.

De allí que no se pueda, como país, ignorar una realidad demasiado evidente, y que se deban buscar los mecanismos educativos y formativos, especialmente en el plano de los valores que tiendan a mostrar a la sociedad, y especialmente a nuestros jóvenes, que el matrimonio es el lugar donde la sexualidad, la maternidad y la paternidad se pueden vivir de manera más plena e íntegra. El núcleo fundamental de la sociedad se vigorizará sólo si se funda en la verdad, la igualdad, la fidelidad matrimonial y un ejercicio responsable de la sexualidad y la paternidad, el que necesariamente se derivará de una adecuada formación y educación. No es posible aducir como fin la defensa de la familia, para emplear un medio ilegítimo. Las personas no pueden ni deben ser tratadas como un simple medio para la realización de determinados fines, por muy loables que éstos sean.

Estoy convencido de que, mediante la admisión de la investigación de paternidad y maternidad usando toda clase de pruebas, incluidas las biológicas ---que contempla el proyecto---, se dará un paso muy significativo para desterrar de manera definitiva de nuestra cultura lo precario que hoy resulta el concepto de paternidad responsable. Esta lamentable característica ha acompañado a Chile desde sus orígenes como nación, manifestándose desde la formación del mestizaje hasta nuestros días.

Es paradigmático de esta situación que el Padre de la Patria , don Bernardo O'Higgins , haya tenido legalmente el estatuto de hijo ilegítimo y que sus adversarios de la época lo hayan motejado con apodos hirientes relativos a esa circunstancia.

Para dar término a esta situación, la iniciativa legal consagra el principio de la libre investigación de la paternidad. Se posibilita así al hijo el ejercicio de acciones de reclamación del estado filiativo en términos amplios, consagrando el derecho de reclamar o impugnar la filiación como imprescriptible e irrenunciable. De este modo, se reemplazará el principio de la verdad formal por el de la verdad real, contemplándose, de todas formas, mecanismos de resguardo que impidan el escándalo y el mal uso y aprovechamiento de la acción. Con ello se intenta adecuar, por un lado, la búsqueda de la verdad y, por otro, la necesaria paz y armonía familiares.

Hay que señalar con claridad y firmeza que todo hijo tiene derecho a saber quién es su madre y quién es su padre, por lo que el promover y facilitar la libre investigación de la paternidad y la maternidad constituyen un deber ineludible para el Estado.

Algunos Parlamentarios y académicos han señalado que la igualdad ante la ley debe tener un tratamiento especial en materia de Derecho de Familia, en el cual se debiera contemplar un cierto favor legal hacia el matrimonio y la familia legítima. Esto justificaría, en parte, las desigualdades existentes actualmente en nuestro sistema filiativo. En tal sentido, se ha precisado reiteradamente que igualdad no es sinónimo de identidad. Otros llegan más lejos y sostienen que si todos los hijos fueran jurídicamente iguales no tendría sentido el contraer matrimonio. Creo, por el contrario, que la decisión de formar una familia auténtica no atraviesa necesariamente por este tipo de consideraciones. Pasa, más bien, primero por una determinación voluntaria de un hombre y una mujer, basada en el amor, de comprometerse a vivir una auténtica comunidad de vida y a crear y educar a su prole.

Por lo demás, una persona que nace dentro del matrimonio nada tiene de distinta a otra que nace fuera de esa institución. No podemos entrar a calificar y castigar a las personas sobre la base de un hecho que es absolutamente ajeno a su responsabilidad. Si hoy en Chile los hijos legítimos son diferentes a los ilegítimos es simplemente porque una norma legal los estigmatizó de esta forma, y no porque exista alguna diferencia ontológica entre ellos que justifique tal distinción. Por lo tanto, a través de este proyecto solamente se está reparando la injusta situación vigente.

En consecuencia, es necesario y conveniente precisar que -sin desconocer los hipotéticos efectos secundarios, indirectos y no deseados, que tendría el equiparar la procreación dentro y fuera del matrimonio- la supresión de la diferencia del tipo de filiación es éticamente superior. El reconocimiento de la dignidad del hijo y sus correspondientes derechos son ontológica y axiológicamente superiores a la defensa de la institución del matrimonio mediante la negación de una verdad, a saber, la responsabilidad del padre biológico. Es contrario a la ética sancionar de por vida al hijo inocente para proteger al padre culpable.

La afirmación sobre la igual dignidad en cuanto seres humanos, pero con una desigualdad de tipo social, es incomprensible desde un punto de vista ético, toda vez que estas dos realidades no tienen la misma jerarquía valórica. Esto quiere decir que la dignidad de las personas es axiológicamente superior y condicionante de lo jurídico. Por lo tanto, referirse a la igualdad en el ámbito de la dignidad humana sin una coherente equiparación en el plano jurídico del Derecho es una incongruencia incomprensible e inaceptable.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Perdón, señor Senador. ¿Cuánto tiempo resta a Su Señoría para terminar su intervención?

El señor HAMILTON.-

Sólo un par de minutos, señor Presidente.

En esta ocasión, quisiera referirme también al aspecto patrimonial que rodea la materia objeto de este proyecto de ley. Hay que recordar que, en la actualidad, en la sucesión intestada los hijos naturales llevan la mitad de lo que les corresponde a los hijos legítimos, no pudiendo quedarse en su conjunto con más de la cuarta parte de la herencia total. Con la nueva iniciativa, tanto los hijos matrimoniales como los no matrimoniales tendrán derechos sucesorios similares.

Sin embargo, algunas voces han señalado que el patrimonio de una familia resulta del trabajo de todos los que forman parte de ella, por lo que no sería justo que el fruto de una unión extra matrimonial llevase una parte igual a la de los hijos matrimoniales.

En este sentido, hay que señalar que el patrimonio está conformado por bienes que pertenecen jurídicamente al padre o a la madre; y en cuanto tal es que se reparte entre todos los hijos. Además, el patrimonio hereditario al que se tiene acceso es un acervo líquido al cual ya se le ha deducido lo que corresponde por concepto de gananciales o créditos de participación, lo que, sumado a las mejoras que se le brindan al cónyuge sobreviviente, desvirtúan cualquier crítica en la materia desde una perspectiva jurídica.

No se trata de que los hijos no matrimoniales participen de la herencia del cónyuge de su progenitor. Eso es un error. La participación igualitaria sólo se da respecto del patrimonio del propio padre o madre.

Por lo demás, tal como lo señalábamos al referirnos al aspecto valórico de este proyecto, el hijo no debe ser castigado en razón de la conducta de sus padres. La responsabilidad y los deberes del padre deben ser similares para con todos sus hijos por igual. Éste no se puede deber más a los matrimoniales y menos a los no matrimoniales, puesto que sus obligaciones de alimentos, de atención, de dedicación y de educación son similares para con todos ellos. Si hemos señalado que son todos personas y que, como tales, merecen igual consideración, no se observan razones sólidas para conservarles esta desmedrada situación patrimonial. Por lo demás, en la mayoría de los casos, los hijos extra matrimoniales se encontrarán en una situación económica desventajosa respecto de los nacidos en el matrimonio y, por lo tanto, al presentar una situación de mayor indefensión, merecerán éticamente un tratamiento favorable en los mismos términos que el resto de la descendencia.

El libro del "Génesis" expresa: "Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó: varón y mujer los creó". Así, hombres y mujeres son creaturas de Dios -iguales en derechos y en dignidad-, y en parte alguna las Escrituras hacen diferenciación entre criaturas legítimas e ilegítimas.

Para concluir, quisiera recordar que detrás de la discusión de este proyecto de ley se encuentran en el mundo real innumerables personas de carne y hueso que se verán directamente beneficiadas con las disposiciones del mismo. Esas personas son, simplemente, hijos.

Por todas estas razones, señor Presidente, votaré favorablemente la idea de legislar respecto del proyecto en debate.

He dicho.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , por supuesto, no entraré a analizar esta materia desde el punto de vista jurídico, por cuanto este campo no es de mi competencia. Pero el tema reviste implicancias sociales tales que quienes somos profanos en la parte técnica misma no podemos eludir nuestra responsabilidad en el sentido de entregar una opinión al respecto. Porque, precisamente, en el desempeño de nuestros cargos nos encontramos con un sinfín de historias humanas que tienen relación muy directa con la iniciativa que ahora discutimos.

Y desde ese ángulo, analizando información sobre el tema, me he encontrado con la sorpresa --por eso, quiero subrayar la importancia de este proyecto-- de que Chile tiene el raro privilegio de contar con una de las legislaciones de familia más atrasadas en el mundo occidental. Es lo que he captado de documentos que han llegado a mis manos. Incluso, estudiosos de la materia señalan que esto no sólo viene de ahora, por cuanto ya el Código Civil, al dictarse en 1855, estaba por detrás de su modelo, el Código Napoleónico, por más de medio siglo. Entonces, por esa razón, excluía a los hijos naturales totalmente de la herencia respecto de los legítimos; los padres naturales no tenían la patria potestad de estos hijos; no se admitía la investigación de la paternidad, etcétera, entre otras materias, que sí contempla esta iniciativa.

Por consiguiente, nada de extraño pueden tener --en un análisis de sociedad-- las consecuencias que ello ha producido en el drama de los hijos abandonados; la mala constitución de la familia; el alto porcentaje de abortos, muchos de éstos realizados en condiciones higiénicas deplorables; la alta mortalidad infantil; y, por cierto, los crecientes niveles de ilegitimidad en los nacimientos, que en 1995 han llegado al dramático porcentaje de casi 40 por ciento.

Vale la pena señalar, respecto de esta iniciativa del Gobierno del Presidente Frei que ahora se cristaliza en el Parlamento, que desde la década del 30 que se viene luchando por modernizar esta legislación, que reviste tanta implicancia social para Chile. Y, evidentemente, se ha logrado un gran avance en la situación jurídica de la mujer, y también en otros aspectos. Y, entre éstos, quiero destacar la disminución de la mortalidad infantil por la acción sanitaria exclusivamente realizada por el Estado y --por qué no decirlo también-- por el mejoramiento de la situación económica de las clases populares.

Por eso, pienso que vale la pena felicitar a las Ministras señoras Soledad Alvear y Josefina Bilbao --esta última se encuentra presente en la Sala-- por el enorme, inteligente y humano esfuerzo que están desplegando para modernizar nuestra legislación y ponerla al día con lo que es el mundo actual. Y, en este sentido, quiero hacer votos para que estos esfuerzos no se estrellen con análisis muchas veces intolerantes o con posiciones un tanto fundamentalistas de quienes poseen gran capacidad para creer en la libertad económica, pero, en cambio, restringen otras libertades y responsabilidades.

Y, en esta perspectiva, quiero tocar muy rápidamente materias que tienen relación con lo que estamos tratando esta tarde. Por ejemplo, el hecho de que Chile sea el único Estado de Occidente que no acepta el divorcio --tema que está latente entre nosotros--, no obstante encontrarse disfrazado bajo la figura de la nulidad del matrimonio.

Pero es en materia de filiación donde nuestra legislación constituye --según opinión de los técnicos en la materia-- una verdadera vergüenza nacional. Recién en 1952, con la ley Nº 10.271, se permitió que los hijos naturales concurrieran a la herencia con los legítimos, aunque en menor proporción que éstos, y una suerte de investigación muy limitada de la paternidad. Y es increíble --resulta anacrónico, digno de Ripley-- que, existiendo hoy métodos científicos de comprobación de la paternidad, con casi ciento por ciento de efectividad, los padres irresponsables, que siembran chiquillos que dejan abandonados, todavía se encuentran protegidos por una legislación que los pone a cubierto de cualquiera investigación. Y podríamos escribir un libro con los casos existentes en nuestro país.

Hay quienes piensan que estas medidas represivas en materia de derecho de familia resguardan la buena constitución de ésta. Y aquí hay un error garrafal. Las impactantes cifras sobre ilegitimidad --ya hablé de 40 por ciento-- prueban exactamente lo contrario.

Por ello, el proyecto que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación viene a restablecer al país dentro de la esfera de las naciones que se encuentran encarando este tipo de problemas sociales con un criterio de mayor justicia y protección a quienes son absolutamente inocentes de los errores de sus padres.

Sin embargo, en conversaciones sostenidas con técnicos en la materia --porque, por lo menos, en el aspecto general he tratado de analizarla--, se me ha dicho que el proyecto ha sido modificado y que no sigue directamente todas las directrices originales. Y si bien ya no se usaría el lenguaje descalificatorio de la ilegitimidad, la ha reemplazado por la categoría de hijos matrimoniales y extramatrimoniales.

No puedo negar la existencia de grandes progresos y de muchos aspectos positivos en la iniciativa que discutimos. Por ejemplo, abre la investigación de la paternidad a los métodos más modernos, pero con las debidas precauciones --es importante mencionarlo-- para que esto no se transforme en un chantaje, como desgraciadamente se advierte por las noticias del exterior, donde muchas personalidades son llevadas al escándalo público por determinadas paternidades, cuyos efectos son espurios.

La actual legislación en esta materia --reitero que lo conversé con los técnicos, porque no quiero arrogarme la paternidad de un conocimiento profundo en el tema, pero, sí, debo señalar que esto, como profano, me llamó la atención por lo aberrante-- es tan primitiva que --según se dice-- en Chile pueden distinguirse nueve categorías de hijos. Por un lado, están los legítimos; los legitimados; los naturales, que son los que han obtenido reconocimiento como tales; los simplemente ilegítimos, una categoría calificada sui géneris de nuestro país, porque sólo tienen derecho a alimentos; y los ilegítimos, sin reconocimiento de ninguna especie. Por otra parte, después que el Código Civil no contemplaba la adopción, ahora existen cuatro categorías de adoptados: los de la ley Nº 7.613; los que fueron legitimados adoptivamente, conforme a la primera ley que lo permitió (ley Nº 16.346, hoy derogada); los adoptados en adopción plena; y los adoptados en adopción simple.

Es una lástima que esta nueva iniciativa legal sobre adopción se esté tramitando por cuerda separada, porque, según los técnicos con quienes he conversado, podrían crearse incongruencias legislativas. Creo que en algún momento habrá que facultar al Ejecutivo para refundir y coordinar toda esta legislación, que en materia de Derecho de Familia significa la transformación más grande desde la independencia del país. Y no estoy diciendo una exageración.

En todo caso, el proyecto constituye un gran avance, al disminuir las categorías de hijos y eliminar las diferencias entre ellos. Así, los padres naturales, según esta iniciativa, tendrán también la patria potestad de sus hijos, ya que desaparece esa categoría; se les reconocen sus relaciones de familia; se elimina la distinción de alimentos congruos y necesarios, etcétera.

Un capítulo especial merecen las reformas sucesorias. En verdad, también en este aspecto nuestro Código es muy peculiar, pues conserva algunas instituciones que constituyen verdaderas reliquias jurídicas, como la porción conyugal. Los señores Senadores que son abogados, evidentemente, contarán al respecto con documentación mucho más amplia de lo que estoy planteando desde un punto de vista genérico. El proyecto suprime esta institución, bastante arcaica -con gran alegría, me imagino, para los estudiantes de Derecho-, como consecuencia de la eliminación de las distinciones entre hijos, y los iguala en materia sucesoria. Es un punto resistido -y es importante señalarlo-, sobre la base de querer proteger a la familia legítima.

En efecto, se dice a este respecto que el cónyuge inocente se puede ver expuesto de repente a que el patrimonio que ayudó a formar tenga que compartirlo con el fruto del engaño efectuado por parte de su consorte. Ello se ha evitado en la ley en proyecto transformando al primero en un legitimario privilegiado. Y esto origina otro problema. Es muy justo que el cónyuge sea mejorado en su herencia, pero siempre que se mantenga la relación matrimonial. Ya no lo es tanto cuando las partes están separadas. Allí habría una deficiencia de la iniciativa en estudio, la que, seguramente, podrá mejorarse mediante algunas indicaciones que estamos analizando.

Es digna de destacar la disposición que permite al cónyuge sobreviviente adjudicarse preferentemente la casa que fue el hogar común con el difunto. Ese aspecto, junto con el relativo al patrimonio familiar, debe ser perfeccionado a la brevedad, pues resultó técnicamente defectuoso, pese a que constituyen buenas protecciones para el hogar común.

Por último, no se entiende por qué se sigue negando al adoptado la misma calidad hereditaria de los otros hijos. Pensamos que debe dársele la categoría de legitimario. Y si se ha roto el vínculo, ha de existir la facultad de un más fácil desheredamiento.

En síntesis -y con esto termino-, pienso que el proyecto constituye un enorme paso adelante, por lo cual lógicamente lo aprobaremos en general, y -repito- con algunos de nuestros técnicos trataremos de mejorar algunos aspectos por la vía de la indicación, según las ideas que modestamente he tratado de desarrollar en esta intervención.

He dicho.

El señor RUIZ (don José).-

Señor Presidente, estimados colegas, discutimos una iniciativa tendiente a modernizar el Derecho chileno. No cabe duda de que si las instituciones avanzan y el país va introduciéndose en la modernidad, de la que tanto se habla, indudablemente que el sentido primero del Derecho, de resguardar a las personas que forman parte de la nación, también debe ponerse al día.

En la actualidad, existen disposiciones sumamente contradictorias con algunos principios y valores éticos fundamentales. Y no cabe duda alguna de que es responsabilidad nuestra incorporar a la legislación normas elementales de la Constitución, tales como los derechos de las personas, la igualdad ante la ley, y hacer realidad lo consagrado en la Carta, esto es, que ellas nacen iguales en dignidad y derechos.

Por eso, entonces, frente a algunos argumentos surgidos en este debate --como plantear, por ejemplo, la protección de la familia a expensas de seres inocentes; o la necesidad de mantener una situación, que podríamos calificar de mentirosa e hipócrita, en defensa del honor o, a lo mejor, ante cierta turbulencia familiar, por el hecho de que salga a la vista y se conozca la existencia de niños o personas que, de alguna manera, en cierta etapa de su vida fueron segregados por una legislación que no les reconocía sus derechos--, creo que lo que debemos poner en discusión es cuál es el bien superior que queremos defender.

Estimo que la defensa del matrimonio y de la familia pasa por respetar, primero, los derechos de todas y cada una de las personas. Una familia no puede consolidarse sobre la base del perjuicio que se ocasione a una víctima inocente de relaciones fuera del matrimonio. Además, como se ha expresado aquí, el número de hijos ilegítimos existente en el país aumenta diariamente, en mi concepto, por dos vías distintas: una, porque indudablemente parte importante de la población opta por no casarse y vivir en pareja, sin concurrir al vínculo del matrimonio, generando, por lo tanto, hijos ilegítimos. También existen relaciones extramatrimoniales que van haciendo aparecer en la vida nacional hijos abandonados o sin el resguardo adecuado de un matrimonio. Y cuando uno recurre al principio constitucional elemental y quiere establecer los derechos y la igualdad de las personas, se encuentra con que al hijo ilegítimo, aparte ser abandonado, segregado, marginado de la familia y encontrarse en situación desmedrada, se le niegan derechos que otros hijos tienen por el hecho de haber nacido dentro del régimen matrimonial.

Creo que la iniciativa en análisis contiene elementos muy importantes y, a mi juicio, básicos para constituir la esencia de un Derecho moderno, basado en valores y principios éticos que tiendan a resguardar el bienestar de cada uno de los seres humanos que nacen en la patria.

Asimismo, del proyecto en debate cabe destacar otro elemento que es vital: cómo complementar este valor que estamos asignando a la persona que nace fuera del matrimonio, y qué instrumentos debemos entregarle para que, efectivamente, pueda acceder a los derechos que le corresponden. Y por eso creo necesario hacer resaltar la posibilidad de llevar a cabo una investigación libre para demostrar, por métodos modernos y científicos, la paternidad o maternidad del niño nacido fuera del matrimonio. Ése es un elemento clave, que tiene relación con lo que expresábamos al comienzo. Si la ciencia y la técnica nos van proporcionando elementos susceptibles de incorporar al desarrollo de las comunidades, para mejorar la calidad de vida de la gente, indudablemente que tales adelantos deben ser incorporados al Derecho con el objeto de resguardar, también, las prerrogativas fundamentales de las personas.

Por ello, teniendo en consideración estos elementos y otros señalados aquí en el curso del debate, y sin entrar a analizar en general el articulado del proyecto, creo que éste representa un avance importante. Sin embargo, deseo plantear cierta reserva.

Estimo que la iniciativa despachada por la Comisión debe ser mejorada. En ella hay algunos aspectos que necesariamente tienen que restituirse. Por ejemplo, no es posible discriminar en contra de personas que, ejerciendo el derecho que les otorgan las normas constitucionales y legales en vigor, no hayan obtenido éxito en sus trámites sobre la materia por no usar métodos y mecanismos hoy día disponibles, y que la normativa vigente no les permite utilizar. No se puede negar la posibilidad de que, al amparo de las normas que estamos discutiendo y una vez que se conviertan en ley, el ciudadano concurra nuevamente a los tribunales y ejerza los derechos que le corresponden.

Estimo que, en justicia, todo individuo debería tener la posibilidad de defender su patrimonio, de acuerdo a la normativa vigente. Si mañana dictamos una ley que concede a las personas otros beneficios y derechos, nosotros no tenemos por qué --por un principio, a mi juicio, equivocado-- marginarlas de los mismos debido a que alguna vez recurrieron a normas que dejaron de tener efectos a partir de la dictación de esta nueva legislación.

Termino aquí mi intervención, pues sé que otros señores Senadores se hallan inscritos para usar de la palabra. Desde ya, anuncio que aprobaré el proyecto y que apoyaré las indicaciones tendientes a restituir disposiciones eliminadas de su texto y que inicialmente componían la iniciativa del Ejecutivo.

He dicho.

El señor FERNÁNDEZ.-

Hoy día nos encontramos analizando uno de los proyectos más importantes que le ha correspondido conocer a la Cámara Alta en los últimos tiempos. Se refiere a una materia que, regulada por el Código Civil en su oportunidad y modificada después fundamentalmente por la ley Nº 10.271, dice relación a aspectos básicos del Derecho de Familia, el cual --como su nombre lo indica-- rige las relaciones, beneficios y derechos de todos los chilenos que, de alguna u otra manera, se ven afectados por normas de esta naturaleza. Por eso, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento hemos prestado la mayor atención y estudio a un proyecto de esta envergadura.

La iniciativa, si bien apunta especialmente a eliminar los distintos tipos de filiación, comprende otros asuntos no menos importantes, que han sido tratados con mucha profundidad por la propia Comisión.

En primer lugar, aludiré a la igualdad jurídica de los hijos, sin dejar de considerar otros aspectos que son muy relevantes, como, por ejemplo, la modificación del concepto de patria potestad, haciéndolo incluir la autoridad y cuidado de los padres, que tanto el padre como la madre ejercen conjuntamente y por igual; la supresión de la autoridad del primero como jefe exclusivo de la familia; el establecimiento de la obligación de alimentar a todos los ascendientes, descendientes y hermanos; en materia sucesoria, la igualación de los derechos de los hijos y la eliminación de la porción conyugal, haciendo al cónyuge sobreviviente heredero forzoso, con una legítima igual al doble de la que le corresponde al hijo y ciertos derechos preferentes.

Comparto ampliamente el propósito general del proyecto. En efecto, me parece evidentemente positivo que se suprima la calificación de hijos legítimos e ilegítimos, cuya connotación es incompatible con la dignidad esencial de toda persona, cualesquiera que sean las circunstancias concernientes al estado civil o a la relación de sus padres. Resulta notoriamente más justa y exacta la clasificación propuesta en la iniciativa.

Sin embargo, ésta es una materia que ahora analizamos con motivo de la discusión general del proyecto, y, naturalmente, debe ser revisada muy atentamente por todos y cada uno de los señores Senadores, especialmente por quienes no han participado en su estudio. Ello, porque, a mi juicio, la responsabilidad que le corresponde a la Cámara Alta en una normativa de este tipo trasciende cualquier diferencia política, o de otra naturaleza, que pudiera existir. Considero que el Senado puede hacer una contribución muy importante para perfeccionar el texto en debate, sobre la base de los lineamientos fundamentales que lo inspiran.

Un aspecto esencial contenido en el proyecto es tratar de igualar a los hijos, punto sobre el cual conviene detenerse un instante.

Los sistemas de filiación pueden ser caracterizados o clasificados, en doctrina, conforme a diversos criterios: uno, respecto del tipo de filiación que establecen; otro, atendido el grado de diferenciación que presentan, y un tercero tiene que ver con los mecanismos de acceso que el sistema de filiación provee.

El sistema vigente en Chile contempla diversos tipos de filiación; también, estados civiles diferentes, y con ello, expectativas y trato social desiguales. En cuanto al mecanismo de acceso, en ausencia de los casos en que opera la presunción "pater is est", resulta bastante restringido puesto que en definitiva su éxito depende, en buena parte, de la voluntad discrecional de acogida o rechazo del presunto progenitor.

Me parece que el esquema precedentemente expuesto debe ser analizado de acuerdo con el compromiso constitucional de la igualdad a que tienen derecho todas las personas. Sobre el particular, cabe recordar que el artículo 1º de la Constitución, que es la base en que se fundamenta el proyecto, establece lo siguiente: "Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos."; su inciso segundo consigna: "La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.", y el inciso final señala: "Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta,". Vale decir, dentro de las bases esenciales de nuestro ordenamiento constitucional, se establece la igualdad de las personas, la dignidad de las mismas y, a su vez, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que el Estado debe propender a su fortalecimiento.

Por lo tanto, un proyecto de estas características debe procurar hacer compatibles tales elementos o bienes que la Constitución desea proteger: por una parte, dar dignidad e igualdad a todas las personas, y por otra, propender a fortalecer la familia. Éste es el desafío que enfrenta el Senado al estudiar una iniciativa de esta naturaleza: compatibilizar adecuadamente ambos elementos. No sacamos nada con desbalancear, favoreciendo a unos en perjuicio de otros. El éxito del legislador radicará en lograr una normativa lo más equilibrada posible.

Hoy día, nos encontramos frente a un proyecto que, a mi juicio --y por eso lo voté favorablemente en la Comisión--, consagra en forma apropiada dicho equilibrio, sin perjuicio, naturalmente, de las modificaciones, indicaciones y otras soluciones que puedan plantearse durante su discusión en particular.

Analicemos algunos aspectos que se refieren a la igualdad. Este concepto, contemplado en la Carta Fundamental, nos conduce, al igual que el relativo a la libertad --otro valor relevante de la Constitución--, a terrenos que pueden resultar semánticamente ilimitados. Por consiguiente, creo que en este momento no corresponde entrar a una discusión teórica, abstracta o dogmática respecto de los conceptos de "igualdad" y "libertad". Se encuentran contenidos en la Constitución y la inspiran de manera fundamental.

Con todo, desde un punto de vista conceptual, estimo interesante tratar de definir o de entender qué sentido otorga la Carta a la igualdad para estos efectos. Es así como puede afirmarse que ésta, de acuerdo con las normas constitucionales, es un concepto relacional; esto es, dicha noción pone en juego recíproco dos términos: igualdad o desigualdad. Entendido en esta forma, el término sugiere dos preguntas: primero, ¿igualdad entre quiénes?, y segundo, ¿igualdad respecto de qué? La combinación de estas preguntas puede generar otras posibilidades de relación igualitaria, las que van desde la igualdad de todos respecto de todo, a la igualdad de algunos respecto de algo. Es innecesario hacer explícitas otras alternativas, pues la mayor parte de ellas carece de relevancia o de plausibilidad constitucional. Sólo una parece tener sentido en el marco de la Constitución: la igualdad de todos respecto de algo. ¿De quiénes? De todas las personas, según los términos del artículo 19 de dicha Carta, el cual no hace distingos. ¿Respecto de qué? Respecto de las consecuencias jurídicas cuyo antecedente originario es la condición de ser humano. En otras palabras, en relación con los derechos cuya titularidad se fundamenta en la condición de persona. A éste es el tipo de igualdad a que se refiere en mi concepto, el articulo 1º de la Constitución.

Dicha igualdad permite a las personas acceder a los bienes primarios que arrancan del respeto de sí mismas y de la consideración que se les brinda en los procesos de interacción social. Entrelazar dichas cuestiones puede entenderse como la plataforma básica sobre la cual los seres humanos pueden diseñar --o, al menos, aspirar a hacerlo-- sus propios planes de vida. Lo anterior, a su vez, está vinculado a los preceptos que prohíben utilizar a las personas para la consecución de medios colectivos, por valiosos que éstos sean. Ésta es la única manera de entender los derechos fundamentales en forma verdadera, en serio, aun cuando ello se oponga a una eventual decisión de mayoría.

De los preceptos antedichos también se deriva la obligación de hacer a las personas responsables de sus propios actos --aquéllos libremente decididos--, ya que eso está dado por la autonomía que debe reconocerse y respetarse en cada persona, capacidad de autogobernarse que las hace dignas de una igualdad mínima, de una plataforma fundamental, capacidad que, por último, explica y justifica su naturaleza de fin en sí misma.

¿Qué se opone a dicha igualdad? Varios elementos que pueden resumirse bajo la idea de discriminación, la cual, para ser contraria a la igualdad, necesariamente debe ser arbitraria, ya que no toda discriminación es contraria a la igualdad. La arbitrariedad --no hace falta decirlo-- puede tener diversas fuentes. Una, que parece evidente, es la fundada en circunstancias adscritas o no voluntarias. Son adscritas, las circunstancias no voluntarias, por hechos en los que las personas no tienen posibilidad de control, tales como el sexo o el color de la piel, entre otros.

Nuestro ordenamiento jurídico establece que la familia debe ser protegida y fomentada por el Estado, y que la protegida es la originada en el matrimonio de los padres.

Si bien el desarrollo de una persona se produce mejor --ésa es mi opinión-- en el marco de una familia legalmente constituida y ojalá emocionalmente estable, me parece moral y constitucionalmente errado imponer obligaciones estatales respecto de la familia en cuanto a las obligaciones del Estado sobre los individuos.

Una razonable interpretación de toda la preceptiva contenida en el artículo 1º de la Constitución conduce a proteger a la familia en aras de respetar los derechos fundamentales de los individuos, y no a la inversa, ya que aquélla no es titular de derechos fundamentales. Mantener un estatuto filiativo discriminatorio con el propósito de resguardar a la familia legal implica seguir ese último camino.

Aun cuando familia y filiación están enteramente relacionadas, me parece una equivocación pensar en el sistema filiativo como un mecanismo para que las personas contraigan matrimonio.

En cuanto a la eventual irresponsabilidad en las conductas sexuales que una reforma al estatuto filiativo podría traer aparejado, estimo que al Estado poco o nada le cabe intervenir al respecto. Y si existen algunas razones de peso para hacerlo --como las hay para aspirar a que las personas sean responsables, no sólo en este ámbito, sino en todos--, ello debería ejecutarse a través de formas indirectas, como la educación, y no mediante el estatuto de la filiación.

Desde otro punto de vista, a mi juicio un estatuto igualitario más que incentivar conductas adúlteras irresponsables --como se ha dicho--, las desincentivarán, pues tales relaciones traerán consecuencias legales mayores que las existentes.

Aunque obviamente debe inquietarnos el hecho de que el 34 por ciento de los nacimientos sea ilegítimo, tal inquietud solamente demuestra que el actual sistema filiativo no está cumpliendo los objetivos que inspiraron su establecimiento.

Me preocupa también por el hecho de que el sistema jurídico no está dando cuenta adecuadamente de las características empíricas de la familia chilena, las cuales se reproducen a pesar de la legislación y mediante equivalentes emocionales. Ello conlleva el riesgo de que estemos frente a un sistema que, en lo esencial, sea meramente formalista o legalista.

Eso en cuanto a la base fundamental consagrada en el proyecto que dice relación a la igualdad. Hay otros aspectos menos conflictivos, pero no menos importantes. Por ejemplo, la apertura del proyecto a la libertad para investigar la paternidad o la maternidad.

Es absolutamente razonable, atendido el avance de la ciencia en los tiempos que corren, que esa apertura y flexibilización deba hacerse de acuerdo a normas regladas. Hoy es virtualmente imposible la aplicación del avance científico a los juicios de investigación de paternidad o maternidad. La iniciativa establece en forma muy completa y minuciosa una detallada reglamentación de cómo debe hacerse la investigación de la paternidad, en términos que, en mi concepto, contribuyen a una buena solución a este respecto, ya que exige no cualquier tipo de demanda de aventura o de chantaje, sino una que conste previamente, con fundamentos sólidos, que permitan al juez dar, mediante una especie de antejuicio, la posibilidad de que la acción pueda ser entablada.

El avance científico, de acuerdo a todos los informes recibidos en la Comisión, permite actualmente un cierto grado de certeza que obviamente, en la época de dictación del Código no existía, ya que, es algo reciente. Por lo tanto, la actual apertura no tiene nada que ver con las restricciones impuestas en el pasado, cuando no existía manera de probar o acreditar la paternidad en la forma actual.

Otro aspecto muy importante que dice relación a aspectos básicos del proyecto y que no sólo afecta a la filiación, se refiere a los derechos sucesorios del cónyuge sobreviviente, donde se mejora notablemente la situación de éste, en términos tales que se le otorga ahora el carácter de heredero forzoso, dándose además un derecho igual al doble del que le corresponde a cada hijo. Ésta es una decisión de la Comisión que complemente el proyecto original y que entra a establecer dentro de nuestro régimen sucesorio una norma de equidad que favorece al cónyuge sobreviviente, sin perjudicar a quienes poseen solamente derechos eventuales.

Juntamente con esas normas, también se fijan diversas disposiciones relacionadas con el hogar familiar, en términos perfeccionables. Algunos profesores hicieron varias observaciones, incluso, después de emitido el informe. Por ello, sobre esta materia debe legislarse en forma tal que produzca los efectos buscados por el legislador.

En síntesis, señor Presidente, no me referiré al detalle del proyecto en esta oportunidad, lo cual, por otra parte, ya ha sido analizado por otros señores Senadores y por la señora Ministro. De manera que ahora manifiesto mi voluntad de aprobarlo en general; y de que estoy dispuesto y abierto a considerar las indicaciones y proposiciones tendientes a mejorarlo, porque estamos frente a una iniciativa que, como dije al comienzo, es trascendental. Representa una de las modificaciones más importantes que se pretende introducir al Código Civil, ya que cambia en forma substancial el régimen filiativo, en forma importante el régimen de la patria potestad y también los derechos sucesorios y los de alimentos. Todo ello constituye una materia que deberemos estudiar con la mayor detención en el segundo informe. Confío en que en el Senado se harán aportes substanciales para el mejoramiento de un proyecto que como éste es de tanta trascendencia para el país.

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Por haber llegado el término del Orden del Día, queda pendiente la discusión del proyecto.