Labor Parlamentaria

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Corresponde continuar la discusión general del proyecto, en primer trámite constitucional, que regula los principios jurídicos y éticos de las técnicas de reproducción humana asistida y establece sanciones para los infractores de sus normas, informado por las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Salud.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley: (moción del señor Piñera).

En primer trámite, sesión 8ª, en 6 de julio de 1993.

Informes de Comisión:

Constitución, sesión 60ª, en 15 de mayo de 1996.

Salud, sesión 60ª, en 15 de mayo de 1996.

Discusión:

Sesiones 19ª, en 16 de julio de 1996 (queda para segunda discusión); 26ª, en 7 de agosto de 1996 (queda pendiente la discusión); 8ª, en 6 de noviembre de 1996 (queda para segunda discusión); 10ª, en 20 de noviembre de 1996 (queda pendiente la discusión general).

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Esta iniciativa comenzó a discutirse en general hace dos sesiones.

Están inscritos los Senadores señores Piñera y Díaz.

Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , como ya se ha hablado in extenso de este asunto, trataré de ser breve al plantear algunas cosas fundamentales.

A mi juicio, la fecundación humana asistida no es un acto puramente médico, ni tampoco solamente de salud. Si así fuera, ¿estaríamos discutiendo esta materia en el Senado? ¿Tendría que pasar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia? ¿Sería motivo de ley? Los más difíciles tratamientos en intervenciones, en la medida en que afectan la salud y la vida de una persona, corresponden, en todo caso, a la deontología médica. Ése es su ámbito.

Por lo tanto, la primera cuestión que cabe responder es si las técnicas de reproducción asistida pueden o no pueden ser consideradas terapéuticas. Ello, porque tanto en el artículo 2° del proyecto de ley, como en numerosas partes del informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y del de la Comisión de Salud, y en las discusiones relativas al tema, se parte del presupuesto de que esas técnicas han de considerarse únicamente terapéuticas. A mi modo de ver, no lo son.

En la reproducción humana asistida se interviene en el patrimonio genético de una mujer y de un hombre para procurar la existencia de un nuevo ser. Ser personal e irrepetible. Sí: personal e irrepetible, aunque igual en cuanto a su naturaleza fundamental y específica, e igual en dignidad y en derechos, en cuanto ser humano. Esto, ¿desde qué momento? Si aceptamos el principio aristotélico de que son vivos aquellos seres que desde sí mismos y por sí mismos son capaces de llevarse desde un estado de potencialidad a un estado de actualidad, en lo referente a sus operaciones propias, es un ser en su totalidad.

El biólogo suizo Adolph Portman y el filósofo Hans Jonas , entre otros, recientemente han informado de esta concepción y reafirmado los continuos estudios que se hacen en este aspecto. No existe ni puede existir un sujeto humano que no sea persona, ni una persona humana que no sea un sujeto humano.

Desde el punto de vista ontológico, ser persona es ser humano, y no es sino su modo peculiar de ser sujeto. Se trata de un mismo y único problema, mirado desde dos perspectivas diversas: la primera, en tanto que es un ser humano en su forma corpórea, y, la segunda, en tanto que es un ser humano en su aspecto espiritual.

Estos conceptos son vertidos por el profesor Alejandro Serani Merlo , profesor adjunto de neurología y bioética de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en un estudio sobre el estatuto antropológico y ético del embrión humano. Este nuevo ser --a la luz de abundantes datos científicos, coincidentes con las concepciones filosóficas-- comienza en el momento de la concepción, es decir, en el momento de la unión de los gametos y la constitución de una célula única funcionante y distinta de la del padre y de la de la madre. Este nuevo ser, anterior a la singamia o fusión de los núcleos, merece toda la protección propia de una nueva vida. La ley debe ser rigurosa en este sentido. De lo contrario, la tecnología biomédica hace posible la suspensión indefinida de la fusión nuclear mediante las técnicas de criopreservación.

Es importante aclarar este punto, ya que aceptar la singamia es aceptar, a la vez, la posibilidad de crioconservar embriones como procedimiento complementario a la reproducción humana asistida, y considerar este método mucho más eficaz y bastante más barato que la fecundación in vitro. Y de ahí se puede llegar, por supuesto, al congelamiento de los pronúcleos.

Eso nos parece sumamente arbitrario. No se ve qué naturaleza podrían tener estas células en estado de pronúcleo, si no son embriones. Está claro que no son ni el espermio ni el óvulo ya unidos y que, por el contrario, constituyen un sistema celular único que contiene en sí mismo la posibilidad autónoma de desarrollarse y de nacer. ¿Por qué, entonces, se le quita la protección concedida al embrión humano? Cuando más deberíamos convenir en que existe la duda de que si ya la vida ha comenzado, esa misma duda justificaría que se prohibiera todo tipo de manipulaciones que atente contra la vida e integridad de lo que podría ser un ser humano. Recordemos la iluminadora frase de Tertuliano: "Ya es un hombre aquel que lo será". Tertuliano, entre otras cosas, dijo que un gran orador era no sólo el que hablaba bien, que podría aprenderse de memoria un discurso, sino que el que hablaba bien y actuaba en consecuencia.

En cuanto a los embriones, es insólito que el proyecto sólo sancione penalmente la "Entrega o promesa a título oneroso de gametos, células en estado de pronúcleos o embriones humanos;". Es decir, contrario sensu, es legitimada la transferencia a título gratuito o donación, no sólo de gametos, sino también de embriones ¡y en cualquier etapa de su desarrollo! Aquí el proyecto termina por consagrar una especie de "cosificación" del embrión humano, al equipararlo a material susceptible de transferencia e intercambio.

Por otra parte, la iniciativa prohíbe la "Manipulación de embriones humanos sin fines terapéuticos,". Sin embargo, no especifica en favor de quién pueden operarse los fines terapéuticos. Si se restringieran al bienestar del embrión, no habría problema. Pero puede tratarse de otras personas distintas del embrión, y en ese caso el embrión pasará a ser un medio para lograr la salud de otros, lo cual es inaceptable moral y jurídicamente. Si se interpretara abiertamente la finalidad terapéutica, podría llegar a sostenerse la legitimidad de la utilización de células o tejidos embrionales para el tratamiento de enfermedades de personas adultas, como incluso se ha comenzado a hacer en los Estados Unidos.

El proyecto minusvalora la vida y la salud del embrión humano al considerarlo menos valioso que el deseo de los padres de superar la infertilidad. De esta forma, se legitima que las técnicas de procreación artificial puedan tener por resultado la muerte premeditada de numerosos embriones, o, al menos, que se los coloque en una situación de riesgo tal que sea casi segura su destrucción.

Al respecto, tenemos un ejemplo dramático y elocuente. Hace poco tiempo, en Inglaterra existía un stock de 70 mil embriones. De ellos, 3 mil 300 tenían una fecha de muerte definitiva y, sencillamente, se les eliminó como chatarra, pese a que las disposiciones pertinentes establecían que, considerando que el embrión era un ser vivo, debería dársele el respetuoso y digno fin que corresponde a un ser humano. No obstante, se botaron a tarros de basura. Ésa es la verdad de las cosas. Indiscutiblemente, los otros 67 mil embriones en crioconservación no sabemos qué destino tendrán. No sé cuál es la diferencia entre lo que hiciera Herodes hace dos mil años, de mandar matar a los menores de dos años, y lo realizado por los ingleses al eliminar 3 mil 700 vidas humanas. Se trata de una cuestión de edad: uno lo hizo antes de los dos años, y los otros, cuando ya eran seres humanos de acuerdo a nuestra concepción.

Por lo tanto, de esta forma se legitima que las técnicas de procreación artificial puedan tener por resultado la muerte premeditada de numerosos embriones. En efecto --tal vez sea éste el más grave cambio introducido por el proyecto--, se eliminó el requisito establecido originalmente en el sentido de que éstas técnicas sólo podrían practicarse cuando "la aplicación de estos procedimientos no signifique un grave peligro para la salud o un riesgo de muerte, ya sea para el paciente o para el embrión.".

Señor Presidente , podríamos argumentar durante horas sobre la materia. Pero, quiero reproducir en la Sala algunas expresiones y respuestas que sobre el particular tiene el doctor Bernard Nathanson , el mayor abortista del mundo, quien, en un artículo aparecido en la prensa, cuenta cómo manipuló a la opinión pública para lograr que esta práctica fuera legalizada en Estados Unidos, califica de "infanticidio" algunos procedimientos y se declara, por supuesto, en contra de la reproducción artificial in vitro.

El hombre que ha practicado más abortos en el mundo --en cierto momento, se percató de lo que estaba haciendo-- confesó: "Pude comprobar que era un ser humano" --el feto-- "con todas sus características y que debe otorgársele todos los privilegios y ventajas de que disfruta cualquier ciudadano". Esta declaración corresponde a quien tiene mayor experiencia a nivel mundial en materia de abortos.

Al doctor Nathanson se le formulan diversas preguntas, que a mi entender están íntimamente relacionadas con el asunto que nos ocupa. Por ejemplo, si es efectivo que se usan óvulos de guaguas abortadas para fertilizar a mujeres. Y responde: "No en Estados Unidos, pero en Escocia y en Inglaterra se usan los óvulos de estas guaguas abortadas para hacerles fertilización in vitro a mujeres estériles. Pero esto se hace incluso en abortos más tempranos, porque los óvulos de los embriones femeninos están maduros para ser extraídos después de las doce semanas de embarazo.".

A raíz de una consulta sobre la fertilización in vitro, afirma --con la autoridad que tiene--: "La infertilidad no es una enfermedad, es un problema social y requiere soluciones sociales y no médicas. Es objetable, fundamentalmente, porque separa el acto de la procreación, el acto de hacer una guagua." --es muy duro lo que señala--"Y si no se tienen dos personas que se quieren, haciendo una guagua, hay un elemento mecánico, propio de una máquina, que está creando al niño, y ellos no deben ser creados por máquinas.". Y luego de consultado sobre si una pareja no puede tener guagua, agrega categóricamente: "Pueden adoptar un bebé", pues es mucho más aceptable eso "que someterse a esta máquina que produce guaguas como en una línea de ensamble de una fábrica, igual como se hacen los automóviles".

Ahí está la diferencia. ¡A eso podríamos llegar!

Cuando se le pregunta sobre la situación tan conflictiva y tan discutida en relación con el momento en que nace la persona y cuándo puede considerarse un ser humano, contesta: "No existe ese tal estadio de preembrión. O eres un embrión o no lo eres y eres nada". Lo mismo dijo Tertuliano hace varios siglos, pero por intuición filosófica, no por conocimientos biológicos o técnicos respecto a la materia. Se repiten las afirmaciones.

Cuando se le consulta si respetan la vida los médicos que realizan la fertilización asistida y crean numerosos embriones para colocar en el útero materno sólo algunos, sabiendo el riesgo que significa dejar otros fuera, pero que ellos aseguran devolver todos al útero, sin excluir ninguno,. el doctor Nathanson responde en forma terminante: "Eso no es cierto", hay muchos que "son puestos en el freezer (o criopreservados)". Y durante el embarazo se procede a eliminar varios de los embriones introducidos al útero materno, dejando sólo uno o dos por los riesgos que implica un parto múltiple, de 7 u 8 niños. ¿Cómo se hace para eliminar esta sobreovulación? --incluso describe el mecanismo utilizado de acuerdo a su experiencia--: "Con una máquina ultrasonido se localizan las guaguas y les pinchan el corazón con una aguja, a través de la cual le inyectan cloruro de potasio u otro químico para detenerles el corazón.". Después se botan como chatarra. ¡Ése es el tratamiento que se da a un ser humano!

Muchos opinan que los médicos exageran --yo tengo esa profesión--; pero algunos han convertido el proceso en algo que no va en procura de la salud, sino --digámoslo claramente-- en un negocio, según lo afirma categóricamente el doctor Nathanson. Éste termina señalando que tales problemas no son de salud pública, sino sociales, morales, éticos, antropológicos y religiosos.

Señor Presidente , tengo en mi poder un reportaje publicado por "La Tercera", del 11 de agosto de 1996, el cual me provocó un tremendo impacto. Su título dice: "Británica espera ocho hijos. Médicos aconsejaron a la madre que considere la posibilidad de que algunos de los fetos sean abortados.". Lo anterior constituye un verdadero negocio en Inglaterra. El caso salió a la luz pública, porque, al parecer, la madre estaba separada de su cónyuge y conviviendo con una persona con quien habían instalado un negocio muy fructífero.

A la consagración del matrimonio entre homosexuales y situaciones por el estilo en Inglaterra, se suma esto que, sin duda, causó gran revuelo en el mundo. Ello no es inusual. Si se utiliza la sobreovulación o cuando existen la fecundación in vitro y la implantación de embriones, indiscutiblemente que pueda darse.

Hay información como para conversar durante muchas horas sobre el tema, señor Presidente ; pero, para no extender mis observaciones, anuncio que haré las indicaciones correspondientes, para que, efectivamente, legislemos sobre la reproducción humanan asistida. Tenemos que evitar que se produzcan abusos en este sentido. Junto con aclarar ciertos conceptos, como fecundación humana homóloga, heteróloga, útero arrendado y otros que, en mi opinión, aún no están dentro de la ética y la conducta habitual de los chilenos --tengo muchas reservas al respecto--, debemos reafirmar la consideración de que el embrión es un ser humano desde el momento de la concepción, todo ello derivado hacia lo que significa un nuevo ser humano.

Producto de lo reseñado, en el último tiempo, se ha producido una serie de partos múltiples no sólo en Chile, sino en otras partes del mundo. Éstos son algunos datos nacionales: el 6 de julio de 1990, nacen sextillizos, de los cuales sobrevive uno; el 3 de diciembre de 1993, nacen cuatrillizos en la Clínica Las Condes, sin que sobreviva ninguno; el 11 de noviembre de 1994, nace igual número en la Clínica El Sol de Puerto Montt, de los que mueren tres. Hay una larga lista de casos de fertilización asistida, con el uso de las técnicas más depuradas de sobreovulacicón, implantación de úteros, etcétera.

Por otro lado, es muy alto el costo de esta técnica, dadas las necesidades urgentes de nuestros hospitales. Tengo las cifras de lo que cuesta cada fertilización asistida, aunque no son las de Chile. Se habla de 6 a 7 mil dólares por mes desde que el embrión se implanta hasta que nace, suma que no está dentro del presupuesto ordinario del Ministerio de Salud, el que tiene grandes requerimientos.

Además, el proceso de fertilización asistida es absolutamente elitista, porque el Ministerio del ramo tendrá que discutir si los pocos recursos de que dispone los destinará a esos fines --muy loables-- o a salvar la crítica situación en que se encuentran los hospitales y la salud en Chile.

En mi concepto, hay prioridades. No me niego a legislar en este aspecto, pero existen varios puntos muy polémicos que es preciso discutir y acotar.

Estoy a favor de la idea de legislar, porque pueden producirse abusos respecto de la materia que nos ocupa. Sin embargo, formularé algunas indicaciones al proyecto, para que quede lo más acorde posible con el criterio que tenemos la mayoría de los chilenos.

He dicho.

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente , el proyecto en debate ha sido unánimemente aprobado por las Comisiones de Constitución y de Salud, lo que indica la voluntad de legislar sobre el particular.

Sin embargo, hay discrepancias sobre cuatro materias. En primer lugar, acerca de en qué momento comienza la vida. Unos opinan que ella se inicia cuando el espermio penetra la membrana, lo que se ha llamado "fusión de membrana", y otros han planteado el tema de la fusión de los pronúcleos, el intercambio cromosómico.

En segundo término, existe divergencia en cuanto a determinar a quiénes se permite y a quiénes se prohíbe usar las técnicas de reproducción asistida. Unos lo aceptan sólo en el ámbito del matrimonio, cuando hay problema de fertilidad, y otros sostienen que debe permitirse su aplicación a parejas heterosexuales estables, lo que implica definir el tema de la estabilidad.

En tercer lugar, existe disenso en cuanto al origen de los gametos: si deben provenir o no de la pareja, o bien, en casos excepcionales, de una donación. De nuevo estamos frente al caso de la esterilidad. Ciertamente, lo ideal es que provengan de la pareja casada. Sin embargo, lo que planteó al respecto el Honorable señor Piñera --autor del proyecto-- es que la ley es un piso y no un techo de la virtud.

En verdad, sobre todos estos temas, con ciertos énfasis, hay opiniones divididas en la propia Iglesia.

Por último, hay discrepancia acerca de la filiación, en precisar quién es el padre y quién es la madre.

Todas las materias a que he hecho referencia estarán planteadas en indicaciones, a fin de ser analizadas cuando se discuta en particular el proyecto. Sin embargo, ya que éste fue acogido por ambas Comisiones, sugerimos aprobar la idea de legislar; dar plazo de 15 días para formular indicaciones, y determinar sobre cuál texto deberán ser presentadas. Respecto a esto último, proponemos que ellas sean formuladas al proyecto aprobado por la Comisión de Salud, opinión que es compartida por el Presidente de la de Constitución , Legislación y Justicia, Senador señor Otero --a quien se le consultó al respecto--, y otros miembros de estas bancas que estudiaron la iniciativa en la Comisión de Salud.

He dicho.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , sólo deseo compartir la idea propuesta por los Comités, que fue recogida por algunos señores Senadores y aceptada --en forma muy gentil y benevolente-- por el titular de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

Quiero hacer dos observaciones para los efectos de la discusión misma, a fin de que no haya silencio frente a una opción que se ha planteado y que yo no comparto.

Estoy de acuerdo en que, sin perjuicio de lo que hemos señalado, la interpretación normal que se ha dado al artículo 41 del Reglamento es que, precisamente, se vota el último de los informes. Sin embargo, en cuanto a la aprobación, por parte de la Comisión de Salud, de algunos puntos contrarios a la forma en que venía presentada la moción o en que ella fue aprobada en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, quiero traer a colación que el proyecto sobre fluoración del agua potable --que íbamos a tratar a continuación del que ahora debatimos--, se originó en una moción en la que se prohibía la fluoración y respecto de la cual la Comisión de Salud aprobó un texto que, en el fondo, significa mantener y regular su aplicación. Y la Mesa y la Sala entendieron que la base del problema radicaba en el asunto de la fluoración y no en el texto o en las ideas que en él se aprobaran. Por lo tanto, si uno aplica ese mismo criterio --el cual ya constituye un precedente en la Sala--, no podría ser sostenible el planteamiento del Senador señor Prat , porque aquí lo que se está discutiendo --como dije en mi intervención anterior-- es el tema de la regulación de la fertilización asistida. Las materias que puedan debatirse al respecto, que probablemente volverán a ser, en muchos aspectos, similares a las que aprobó la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, no ameritan declarar que el texto del informe es contradictorio con la idea central del proyecto.

Por ello, acepto la propuesta de la Mesa.

El señor THAYER.-

Señor Presidente , el punto planteado por el Senador señor Ruiz Esquide es muy importante e incluso trasciende la gravedad del asunto que nos preocupa sobre la reproducción asistida.

Cuando un proyecto dice "sí" sobre algún tema, no resulta claro entender, dentro de su idea matriz, que sobre el mismo se diga "no". A mi juicio, la negación de lo que una iniciativa propone no integra la idea matriz del proyecto: la niega.

Por ello, en este caso concreto, el informe de la Comisión de Salud se refiere a aspectos fundamentales dentro de las técnicas de reproducción humana asistida y afirma o niega situaciones en el sentido absolutamente opuesto al planteamiento de la idea matriz del informe original.

Quiero ser muy claro. Si el Senado entiende que "idea matriz" es cualquier tema alusivo al proyecto, sea negándolo o afirmándolo --¡bueno!--, ése será un criterio. Pero yo pienso que la idea matriz de un proyecto es aquello que concuerda sustancialmente con la idea del mismo --puede modificarlo o cambiarlo en uno u otro aspecto--, y negar lo que una iniciativa afirma, sosteniendo que su idea matriz incluye la negación de la misma, me parece un absurdo.

Por ello, si el proyecto de la Comisión de Salud es votado en general, tendré que rechazarlo o abstenerme.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , voy a referirme al mismo tema.

Se ha planteado aquí una situación muy especial relacionada con el proyecto que nos ocupa.

Tal como ha hecho presente el Senador señor Prat , ambos informes, los propuestos por las Comisiones de Salud y de Constitución, son muy disímiles en lo central, en lo fundamental. El de la Comisión de Constitución apunta a un proyecto en el cual se trata de un matrimonio que hace uso de estas técnicas de fertilización asistida. Por su parte, el de la Comisión de Salud plantea el concepto de una pareja estable, en cuanto a si la fertilización debe practicarse entre cónyuges o ser heteróloga. El informe de la Comisión de Constitución acepta la fertilización homóloga, y el de la Comisión de Salud, la heteróloga. Respecto a si es posible o no anticipar el concepto de embrión, el informe de la Comisión de Salud entrega una noción que ha generado toda suerte de rectificaciones, aclaraciones, etcétera, lo cual, en definitiva, atendiendo a la mayoría de los discursos formulados en el Senado, ha dejado en claro que ello se refiere a dar un concepto de inicio de vida congruente con la protección más absoluta en el caso de la unión del óvulo con el espermio.

En mi opinión, se trata de dos informes muy diferentes y si, efectivamente, se ha aprobado la idea de que las indicaciones que puedan recaer en el proyecto sean vistas por una Comisión mixta, se requiere un texto cierto sobre el cual formularlas.

En tal perspectiva, desearía que se votara el informe de la Comisión de Constitución, para decidir si se aprueba en general su idea o si se prefiere lo propuesto por la Comisión de Salud. Ésta es una forma de tener en claro cuál de los informes se aprueba y de resolver este tema, que, a mi juicio, va mucho más allá del hecho de ser objeto de indicaciones la idea central del proyecto de que se trata.

Se ha recordado en la Sala que la iniciativa nació de una moción; efectivamente, es así. Y esa moción se ajusta mucho al texto que, en su oportunidad, aprobó la Comisión de Constitución. En mi opinión, no vale la pena discutir más intensamente el tema, pues será objeto de indicaciones. Sin embargo, podrían votarse los respectivos informes, porque son muy diferentes uno de otro. Podría someterse a votación, en general, el informe de la Comisión de Salud y, si es aprobado, formularle las respectivas indicaciones. A su vez, si se aprobara el informe de la Comisión de Constitución, se formularían respecto de él las indicaciones señaladas por los distintos señores Parlamentarios, en el plazo que se fijara.

Esa es mi proposición, señor Presidente, y que se proceda a votación nominal.

El señor PRAT .-

¿Me permite una interrupción, Su Señoría?

La señora FELIÚ.-

Con el mayor gusto, señor Senador.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , estas normas fueron acogidas en general por unanimidad por las Comisiones de Constitución y de Salud. Está claro que hay una expresión de voluntad de ambas Comisiones acerca de la importancia de legislar. Sin duda, existen diferencias entre los dos informes que apuntan, por lo menos, a tres temas polémicos, sin perjuicio de que pueden introducirse perfeccionamientos al proyecto: el comienzo o el origen de la vida; quiénes deben estar autorizados para aplicar técnicas de reproducción humana asistida y quiénes deben estar excluidos de hacerlo; y si puede o no puede haber donación de gametos y en qué circunstancias.

Estos tres puntos deberían dilucidarse durante la discusión particular.

Reitero: es muy fuerte la necesidad de legislar en esta materia, lo que por lo demás ha contado con un respaldo prácticamente universal.

Me alegro --por lo que he oído-- de que este proyecto se vaya a aprobar. Tenemos perfecta consciencia de que hay temas polémicos que deben resolverse y de que a una y otra posición le asisten muy buenas razones. Éste es el típico caso en que las argumentaciones discrepantes son excelentes. Sin embargo, dejar al país sin legislación en esta materia probablemente es la peor de las opciones.

Voto a favor.

--Se aprueba la idea de legislar (26 votos contra 5, 7 abstenciones y un pareo).

Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Calderón, Cantuarias, Carrera, Cooper, Díaz, Feliú, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Larre, Muñoz Barra, Núñez, Otero, Páez, Pérez, Piñera, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sinclair, Sule, Urenda, Valdés y Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la negativa los señores Fernández, Larraín, Martin, Mc-Intyre y Thayer.

Se abstuvieron los señores Alessandri, Huerta, Lagos, Letelier, Prat, Romero y Siebert.

No votó, por estar pareado, el señor Hormazábal.

El señor URENDA ( Presidente accidental ).-

Proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su excelencia el Presidente de la República y con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, que aprueba el "Acuerdo Marco de Cooperación destinado a preparar, como objetivo final, una Asociación de Carácter Político y Económico entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por un parte, y la República de Chile, por la otra", y la "Declaración Conjunta sobre el Diálogo Político entre la Unión Europea y Chile", anexa al Acuerdo Marco, suscrito en Florencia, el 21 de junio de 1996.

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de acuerdo:

En primer trámite, sesión 19ª, en 16 de julio de 1996.

Informe de Comisión:

Relaciones Exteriores, sesión 7ª, en 5 de noviembre de 1996.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

El informe deja constancia de que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, la Comisión acordó proponer al señor Presidente del Senado que el asunto --atendida su naturaleza-- se discuta en general y particular a la vez.

El señor URENDA ( Presidente accidental ).-

En la discusión general y particular del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Honorable señor Valdés.

El señor VALDÉS.-

Señor Presidente , la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó por unanimidad el proyecto en debate y recomienda al Senado adoptar igual predicamento.

Constituyen las Partes del Acuerdo Marco de Cooperación, por un lado, los Estados miembros de la Comunidad Europea, y por el otro, la República de Chile. Conforman la Comunidad Europea el Reino de Bélgica, el de Dinamarca, la República Federal de Alemania , la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, Irlanda , la República Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Finlandia, el Reino de Suecia, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Este Acuerdo reviste particular significación porque, en lo que atañe a un país latinoamericano, vincula a Chile, en forma novedosa y única, con el bloque económico más importante del mundo, que posee un producto geográfico bruto superior al del NAFTA y un ingreso per cápita mayor que el de todas las agrupaciones comerciales del planeta. La Unión Europea posee veinticuatro veces la población de Chile, su producto es noventa y seis veces superior al de nuestro país y constituye el segundo megamercado del mundo después del de Asia-Pacífico. El 27 por ciento de las exportaciones nacionales van a los países miembros de la Unión Europea, porcentaje que representa muy poco en ese continente: sólo el 0,25 del total de sus importaciones. Pero la importancia de un tratado de esta naturaleza reside en que, si bien prácticamente un tercio de nuestras exportaciones tienen como destino el continente europeo, ellas están conformadas por productos primarios, porque el arancel promedio de los productos manufacturados chilenos es de 13 por ciento, y en la medida en que sube el valor agregado de los productos los respectivos aranceles se elevan. Por ejemplo, las manzanas pagan 3 por ciento, pero el jugo de manzana paga 33 por ciento; la uva tiene un arancel de 14 por ciento, pero el del vino es de 32,5 por ciento; la merluza paga 15 por ciento y el pescado en conserva, 20 por ciento; las frambuesas pagan l4 por ciento y su mermelada, el 24 por ciento. Y así sucesivamente.

Es, como dije, el continente con el más alto PGB del mundo, que cuenta con un sistema de protección extremadamente riguroso, de carácter monolítico, que detiene el proceso de crecimiento de la economía chilena sobre la base de aumentar los aranceles en la medida en que se incrementa el valor agregado de los productos.

Por otra parte, Europa ha invertido alrededor de 3.500 millones de dólares en Chile, cifra que constituye un 21 por ciento del total de las inversiones extranjeras en nuestro país.

El Tratado, suscrito en Europa por el Presidente de la República en junio pasado, con la firma de todos los Jefes de Estado y de Gobierno de ese continente --y que debe ser ratificado por los respectivos Parlamentos, siete de los cuales ya le han dado su aprobación--, consta de 43 artículos y de una declaración conjunta.

¿A qué se refiere fundamentalmente el Convenio?

Primero, al denominado , que se materializará especialmente a través de encuentros entre funcionarios y autoridades de las partes. En seguida, al , que se refiere principalmente a la liberación recíproca del comercio, de las barreras aduaneras, arancelarias y no arancelarias, a la estructura arancelaria de las partes, identificación de productos sensibles y prioritarios para las partes, al control de prácticas restrictivas de la competencia y cooperación e intercambio de información.

diálogo político

ámbito comercial

Lo anterior constituye el nudo del problema con Europa, porque, además de las tarifas progresivas que he mencionado, los europeos aplican cuotas, aceptadas por casi todo el resto del mundo. Este sistema impide y limita --a veces, sorpresivamente-- los envíos de productos dispuestos a enfrentar los aranceles, pero que no se concretan por efecto de las cuotas. Esta situación ha perjudicado gravemente los intereses chilenos. Pero, a pesar de constituir prácticas reñidas claramente con las normas de la Organización Mundial de Comercio, como se dispone del tiempo suficiente para ajustarse a las exigencias de esta organización, es de toda conveniencia llegar a acuerdos.

Se promueve también la , que se traduce en intercambio de información y la uniformidad de la nomenclatura del sistema aduanero, muy diferenciada en la actualidad.

cooperación aduanera

Se acuerda, asimismo, la cooperación en materia de , garantizando una adecuada protección en este sentido. El tema lo discutimos en la Comisión y Chile está muy interesado en llegar a acuerdos al respecto.

propiedad intelectual

Se conviene también cooperación en lo tocante a la , sobre la base de procedimientos abiertos, no discriminatorios y transparentes de las contrataciones gubernamentales y de servicios públicos.

contratación pública

A continuación, hay capítulos referentes a área de servicios --de creciente importancia y cuyas acciones se concentrarán en el acceso de la pequeña y mediana empresa a los recursos de capital y a las tecnologías de mercado--; inversiones-- cuya idea central es crear un clima de estabilidad que favorezca las inversiones, especialmente mediante el establecimiento de un entorno jurídico basado en acuerdos bilaterales (en este sentido, ya hay acuerdos de protección de inversiones con varios países europeos, y, como decía, las inversiones europeas ocupan el segundo lugar en nuestro país, particularmente en el campo industrial): ciencia y tecnología; sector energía --renovable y no renovable-- sector transporte; telecomunicaciones; medio ambiente, y sector agrícola y rural.

Se han considerado también otros ámbitos de cooperación, como en  desarrollo social; administración pública e integración regional; cooperación interinstitucional; comunicación, información y cultura, formación y educación; lucha contra la droga y el narcotráfico, etcétera.

Es un convenio marco que establece la voluntad política de Europa y de Chile de ir creando condiciones de cooperación, fundamentalmente alrededor del nudo concreto que es el comercio. Los europeos se resisten a hablar de libre comercio, y sólo lo mantienen con un área del Mediterráneo norte, mejor dicho con África del Norte, dentro de la Convención de la OMC, y con ciertos países entre los cuales se cuentan algunos del Caribe, de un menor desarrollo relativo. Como dije, se resisten a hablar de libre comercio. Pero el libre comercio se encuentra implícito en este Convenio, porque es su objetivo.

El Tratado será administrado por un Consejo Conjunto, encargado de supervisar el acuerdo y que se reunirá a nivel ministerial. Se creará, además, una Comisión Mixta compuesta por representantes de ambas partes, que se reunirá una vez al año y en otras sesiones extraordinarias, será presidida en forma alternada por un representante de cada parte y cuya función consistirá en asesorar al Consejo Conjunto.

Se establecen diversas normas acerca del cumplimiento de las obligaciones, y corresponde no a una afectación inmediata de aranceles. El convenio no consigna norma alguna que implique que, por su sola suscripción, se logre un beneficio concreto en términos de rebaja o de compromiso. Pero sí constituye un compromiso en cuanto a iniciar un proceso --importante y necesario para Chile-- destinado a mantener el equilibrio --que, felizmente, hasta ahora se ha logrado-- entre Europa, Estados Unidos, América Latina y los países orientales respecto de la dispersión de sus exportaciones y la búsqueda de nichos que, para algunos productos, como es el caso del vino, en Gran Bretaña, y la fruta y otros, en los países escandinavos, son extremadamente importantes.

Por tales razones, la Comisión de Relaciones Exteriores, después de analizar detenidamente el Tratado, solicita su aprobación, considerando la política general que Chile sigue en el sentido de ir creando las condiciones para rebajar progresivamente las barreras externas, máxime si se tiene en cuenta que nuestro país ha basado decisivamente su crecimiento en la ampliación del comercio.

He dicho.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente , quiero confirmar lo expuesto por el Senador señor Valdés respecto de esta materia.

En efecto, la Comisión analizó la declaración de principios que constituye el Acuerdo Marco de Cooperación suscrito con la Unión Europea. Nos parece innecesario profundizar en el tema, porque, sin duda, posteriormente a la firma del Acuerdo se requerirán convenios que vayan complementando y materializando efectivamente esta declaración de principios.

Lo que sí considero muy importante dejar en claro en la Sala del Senado es lo señalado por la Comisión en el sentido de que la aprobación del proyecto de acuerdo no implica renunciar a la ineludible y clara disposición que nos faculta para discutir, aprobar o rechazar, los diferentes convenios a que dará pábulo el Acuerdo Marco en un futuro próximo.

Es una cuestión que estimo importante y muy de fondo, pues no vaya alguien a entender mal una situación que está perfectamente clara y que, por lo demás, fue compartida por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de nuestra Corporación. Quiero hacer presente esta situación ahora, porque --reitero-- no me gustaría que el día de mañana, al conocerse de un tratado particular respecto de servicios, de materias industriales o de certificación técnica, nos encontremos con que ya lo habríamos aprobado, por lo que la intervención del Congreso no sería necesaria.

No es ése el espíritu ni la letra del Acuerdo Marco.

Por consiguiente, concurriré --como lo hice en la Comisión-- a la aprobación del proyecto de acuerdo, dejando expresa constancia de que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, por la unanimidad de sus miembros, comparte el criterio señalado en el sentido de que no renunciamos a la facultad que nos concede la Constitución Política de aprobar o rechazar los tratados que puedan derivarse de la declaración de principios contenida en el Acuerdo Marco.

He dicho.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , quiero complementar en forma breve lo expresado claramente tanto por el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores como, también, por el Senador señor Romero .

El Acuerdo Marco entre Chile y la Unión Europea fue suscrito el 21 de junio del presente año; el 25 de ese mismo mes se firmó el Acuerdo de nuestro país con el MERCOSUR, y el 16 de diciembre del año pasado la Unión Europea y el MERCOSUR también suscribieron un Convenio. De manera que aquí hay tres tratados que se hallan bastante relacionados.

Si leemos el contenido del Acuerdo Marco mencionado, veremos que prácticamente es igual al Tratado firmado entre el MERCOSUR y la Unión Europea. Creo que éste es un concepto que debe tenerse bien claro.

No obstante, siendo iguales estos Acuerdos, no existe ningún puente entre ellos. No lo hay en el Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea con respecto a los suscritos con nuestro país, ni al revés. O sea, cada uno de los tratados que Chile ha firmado es independiente. Y lo señalo porque en una oportunidad se nos hizo presente la conveniencia de que se firmara primero el Acuerdo de Chile con la Unión Europea, pues así se vería mucho más fortalecido.

Sin embargo, estos Convenios son totalmente independientes, a pesar de que --repito-- el Acuerdo Marco de Cooperación entre Chile y la Unión Europea es prácticamente igual al Tratado MERCOSUR-Unión Europea.

Otro punto interesante dice relación a que el objetivo final del presente Acuerdo Marco de Cooperación es preparar una asociación de carácter político y económico entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, y Chile, fundada en una cooperación política profunda, en una liberalización progresiva y recíproca de todos los intercambios, teniendo en cuenta la sensibilidad de determinados productos, etcétera.

Asimismo, quiero recalcar lo señalado por el Senador señor Romero en el sentido de que el ámbito del Acuerdo es exclusivamente de cooperación. Si leemos cualquiera de sus artículos veremos que se refieren a: cooperación en materia de estadísticas; cooperación en materia de normalización, acreditación, etcétera. Y tan así es que no hace mucho tiempo el Ministro señor Insulza , después de firmado el Acuerdo, declaró que las "exportaciones a la Unión Europea podrían duplicarse si se eliminan las trabas arancelarias". Y señaló que sería necesario buscar mecanismos especiales para que la Unión Europea elimine las trabas arancelarias. De manera que Sus Señorías se darán cuenta de que se trata de un Acuerdo Marco que por el momento no tiene ninguna claridad ejecutiva.

Otra cuestión que quiero mencionar es con respecto a uno de los compromisos concordados: la cooperación en materia de pesca marítima. Al respecto, el instrumento que nos ocupa dice: "Las Partes acuerdan que la cooperación en este ámbito se desarrollará en el respeto de las obligaciones internacionales", etcétera.

Hay que darse cuenta rápidamente de que la cooperación en materia de pesca marítima con Europa claramente se orientará al sector pesquero nacional, en nuestra área.

Sobre el particular, tengo a la mano una información que habla de que "la segunda ronda de negociaciones entre la Unión Europea y Venezuela para un acuerdo de pesca de tercera generación concluyó el pasado 19 de junio, en Bruselas, sin haberse abordado el problema central en debate. Los temas de las cuotas de pesca que podrá ser capturada por europeos en aguas venezolanas", etcétera.

Por eso, llamo la atención en cuanto a que el artículo 30 del Acuerdo debe manejarse con mucho cuidado, porque no es conveniente que termine en forma tan avanzada con estas negociaciones de pesca, como está ocurriendo con Venezuela.

He dicho.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , quiero referirme a tres puntos.

Primero, deseo reforzar lo expresado por el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Senador señor Valdés respecto a las ventajas que reportará el Acuerdo Marco cuando se celebren los respectivos Convenios.

Debemos pensar que en este momento existe una discriminación positiva en favor de los países productores de coca, que reciben un tratamiento especial en sus exportaciones a Europa. Esto nos perjudica, por cuanto gozan de derechos de aduana más bajos que los nuestros para los mismos productos.

Por lo tanto, espero que a través de la firma de este Acuerdo, y de los que se suscriban posteriormente, tales diferencias se terminen. Porque, de otra manera, hasta sería conveniente empezar a plantar coca en Chile para tener esas ventajas. No es el caso. Pero en este momento existe discriminación. Y --entiendo-- Bolivia, Perú y otros países gozan de un tratamiento preferencial para sus productos en Europa, precisamente para ayudarlos a reconvertir las plantaciones y sustituirlas por otros cultivos.

Segundo, la aprobación del Tratado se realizó en el entendido de que --como lo señaló el Senador señor Romero -- cualquier Acuerdo que se firme, dentro del marco general, indudablemente necesita de la aprobación parlamentaria, como cualquier tratado. En tal virtud, la Comisión, por unanimidad, lo aprobó. Y, naturalmente, también concurriré con mi voto favorable.

Y, tercero, refiriéndome sólo a uno de los temas del Acuerdo, la cooperación en materia de propiedad industrial e intelectual, debo decir que, efectivamente, no se modifica en absoluto la legislación en este sentido. Pero se indica que los países de la Unión deberán considerar el reforzamiento de la protección, por ejemplo, mediante la celebración de un acuerdo sobre protección y reconocimiento recíproco de indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

Existe preocupación, porque --tal como sucede en Estados Unidos-- se utilizan denominaciones de origen, como "champagne", que en Europa sólo se usa respecto del vino que se produce en la Champagne, en Francia, y en otros países se emplea ese término para distinguir un tipo de vino blanco y espumoso. De manera que es posible que, en el futuro, en la Comunidad Europea --y, por lo demás, respecto de muchos otros productos, por cuanto señalé sólo un ejemplo-- deba modificarse la legislación. Y aquí se hizo referencia al Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS), concluido en el marco de la Organización Mundial del Comercio, al cual nuestra legislación sobre propiedad industrial deberá adecuarse de aquí al año 2000.

Pero eso, también, será motivo de una modificación legal que habrá de aprobar el Congreso. Esto resulta interesante, porque así Chile se coloca a la par con los demás países en materia de protección a la propiedad intelectual, que cada día adquiere más relevancia.

En todo caso, anuncio mi voto favorable al proyecto de acuerdo en debate.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , es muy breve. Sólo para reafirmar el concepto planteado por quienes informaron el proyecto de acuerdo, en el sentido de que no se trata de un Acuerdo propiamente tal, sino más bien de un marco dentro del cual se desarrollarán las futuras negociaciones de eventuales convenios entre la Unión Europea y nuestro país.

Por consiguiente, los acuerdos que en el futuro se implementen no pueden entenderse aprobados como tales por el hecho de que ahora demos nuestro respaldo a este proyecto, sino que cada uno de ellos requerirá de la respectiva sanción por el Congreso Nacional, en cuanto constituyan instrumentos que específicamente tendrán por finalidad llevar a la práctica los compromisos jurídicos entre nuestro país y esa organización internacional o las naciones que la integran.

He intervenido simplemente para expresar mi opinión y anunciar mi voto favorable, dejando en claro que ello no significa renunciar a nuestra soberanía al definir en la debida oportunidad lo que queremos respecto de cada tratado que se firme.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente , también concurriré, como creo que lo hará la gran mayoría de los señores Senadores, a la aprobación de este Acuerdo.

Sin embargo, deseo dejar constancia de que me llama la atención que nuevamente se introduce, al igual como se hizo en otro caso, y sin tener nada que ver con el instrumento mismo, la cláusula democrática. No es que discrepe de estos aspectos, sino que me causa sorpresa que exista algo así como un doble estándar, pues, por un lado, se agrega dicha cláusula en los acuerdos con el MERCOSUR y la Unión Europea, y por otro, andamos de abrazos y en muy buenas relaciones con Cuba, país que no exhibe precisamente una realidad democrática como la que deseamos que tenga.

El señor COOPER.-

Señor Presidente , daré mi voto favorable al proyecto, en el entendido de que aprobarlo significa respaldar cláusulas declarativas que en ningún momento constituyen un tratado, sino más bien un protocolo.

Por consiguiente, en el futuro, cualquiera otra medida tendiente a definir este marco de cooperación entre Chile y la Unión Europea, sin duda, deberá ser aprobada por el Congreso Nacional, y especialmente por el Senado.

El señor URENDA (Presidente accidental).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

De no haber opinión en contrario, el proyecto quedará aprobado en general y particular.

Acordado.

El señor URENDA.-

Corresponde ocuparse en el proyecto de la Cámara de Diputados, iniciado en mensaje del Ejecutivo, sobre copropiedad inmobiliaria, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 14ª, en 15 de noviembre de 1995.

Informe de Comisión:

Vivienda, sesión 10ª, en 20 de noviembre de 1996.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

La Comisión deja constancia de que algunos artículos de la iniciativa requieren para su aprobación quórum de ley orgánica constitucional, por modificar disposiciones de ese rango relacionadas con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia y con las municipalidades.

Asimismo, hace presente que, por oficio Nº 666, de 8 de junio de 1995, la Cámara de Diputados consultó a la Excelentísima Corte Suprema respecto del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 74 de la Carta Fundamental.

Entre los principales objetivos de la iniciativa en estudio están los siguientes: disponer de una legislación orgánica que responda a las necesidades de las comunidades de copropietarios de edificios, y que un solo texto legal contenga todas las normas relativas a la copropiedad, que sea aplicable no sólo a los condominios destinados a la habitación, sino también a otros usos, tales como oficinas, estacionamientos, locales comerciales, etcétera; identificar dos tipos de condominios: el de altura, que corresponde al reconocido por la legislación vigente, y el de extensión, en el cual hay terrenos de dominio exclusivo y de dominio común; facilitar la administración de los grandes conjuntos habitacionales, reconociendo la existencia de administraciones sectorizadas que faciliten su funcionamiento y posibilitando la formación de administraciones conjuntas; consagrar la obligatoriedad de que cada condominio cuente con un comité de administración; establecer un título especial con un conjunto de normas también especiales, relativo a las comunidades de viviendas sociales, y derogar diversas disposiciones legales.

El señor URENDA ( Presidente accidental ).-

En discusión general el proyecto.

El señor LETELIER .-

Señor Presidente , vuestra Comisión de Vivienda y Urbanismo ha prestado su aprobación al proyecto en análisis, que regula un régimen de propiedad inmobiliaria, con el objeto de establecer condominios integrados por unidades sobre las cuales se pueda constituir dominio exclusivo en favor de distintos propietarios, manteniendo uno o más bienes en el dominio común de todos ellos.

La iniciativa en discusión, en segundo trámite constitucional, tuvo su origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , fue aprobada por la Honorable Cámara de Diputados y persigue los siguientes objetivos básicos:

1º. Disponer de una legislación orgánica que responda a las necesidades de las comunidades de copropietarios de edificios, y que un solo texto legal, flexible en su aplicación, contenga todas las normas relativas a la copropiedad.

Para lo anterior, se dispuso:

a) Establecer que se regula un régimen especial de propiedad inmobiliaria, definiéndola.

b) Señalar que podrán acogerse a dicho régimen las construcciones o los terrenos emplazados en áreas normadas por planes reguladores o que cuenten con límite urbano, o que correspondan a proyectos autorizados conforme al artículo 55 del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, y que cumplan con los requisitos establecidos en ella.

c) Consignar que sólo las unidades que integran condominios acogidos al régimen de copropiedad inmobiliaria que consagra la ley en proyecto podrán pertenecer en dominio exclusivo a distintos propietarios.

2º. Identificar dos tipos de condominios:

a) El de altura, que corresponde al reconocido por la legislación vigente, en que existe propiedad individual de una unidad construida y copropiedad sobre el terreno común.

b) El de extensión, que reconoce y regula la existencia de condominios en los cuales hay terrenos de dominio exclusivo y de dominio común.

3º. Preceptuar que las normas de la iniciativa en estudio son aplicables no sólo a los condominios destinados a la habitación, sino también a otros usos, tales como oficinas, estacionamientos, locales comerciales e industrias.

4º. Flexibilizar la legislación anterior, otorgando mayor facilidad para provocar cambios a través de la realización de inversiones en el patrimonio inmobiliario comunitario, lo que posibilitaría el reciclaje de edificios o la adecuación de los mismos a los nuevos usos de suelos que permitan los diferentes instrumentos de planificación territorial.

5º. Facilitar la administración de los grandes conjuntos habitacionales, los que, en la práctica, presentan innumerables problemas en razón de su tamaño, reconociendo la existencia de administraciones sectorizadas que faciliten su funcionamiento.

6º. Procurar el aprovechamiento de las economías de escala, posibilitando la formación de administraciones conjuntas.

7º. Privilegiar el acuerdo de los copropietarios por sobre la existencia de normas reglamentarias de detalle, ineficaces para solucionar la gran gama de situaciones que la vida diaria en copropiedad presenta. En este sentido, se establece la obligatoriedad de que cada condominio cuente con un comité de administración, compuesto a lo menos por tres copropietarios.

8º. Derogar la ley Nº 6.071, cuyo texto definitivo se fijó en el Capítulo V del decreto supremo Nº 880, de 1963, del Ministerio de Obras Públicas, subsistente por expresa disposición del inciso segundo del artículo 169 del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, y el Párrafo 3º "De los edificios y viviendas acogidos a la Ley de Propiedad Horizontal", del Capítulo I del Título III del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, artículos 110 a 115, ambos inclusive, con el objeto de evitar colisión de normas legales y otorgar plena vigencia a la nueva normativa desde su publicación.

En relación con el detalle del proyecto de ley, se puede señalar que contiene una serie de definiciones, con la finalidad de precisar los principales conceptos contenidos en él. Así, por ejemplo, al definir los condominios, dice que son "Las construcciones o los terrenos acogidos al régimen de copropiedad inmobiliaria regulado por la presente ley, se distinguen dos tipos de condominios los cuales no podrán estar emplazados en un mismo predio.".

Nos parece interesante destacar, en este breve informe, que el proyecto destina uno de sus cinco capítulos a establecer un conjunto de normas especiales que abordan la realidad de los condominios de viviendas sociales, ya que ellas presentan características muy particulares. Considera viviendas sociales aquellas de carácter definitivo, destinadas a resolver problemas de la marginalidad habitacional, cuyo valor de tasación no sea superior a 400 Unidades de Fomento, lo que va a ser certificado por el Director de Obras Municipales, quien la tasará, atendiendo el valor del terreno, según su avalúo fiscal y el valor de la construcción.

La iniciativa dispone, además, que los gobiernos regionales, las municipalidades y los servicios de vivienda y urbanismo podrán destinar recursos en condominios de viviendas sociales, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del condominio, en gastos que demande la formalización del Reglamento de Copropiedad, en pago de seguros de incendio y adicionales para cubrir riesgos catastróficos de la naturaleza, como terremotos, inundaciones, etcétera.

En lo atinente a los derechos de los copropietarios sobre los bienes comunes, el proyecto señala que corresponderán a los que se determinen en el Reglamento de Copropiedad y serán proporcionales al valor que se les asigne en dicho reglamento, de acuerdo al avalúo fiscal o la superficie de cada unidad.

En relación con los gastos comunes, las normas que contiene la iniciativa son similares a las de la ley Nº 6.071, distinguiendo entre gastos comunes ordinarios y gastos comunes extraordinarios. Además, contempla la obligación de formar un fondo común de reserva para atender las reparaciones de los bienes comunes o para realizar gastos urgentes e imprevistos.

Para facilitar el cobro de los gastos comunes, se faculta a los administradores, previa autorización del comité de administración y siempre que el Reglamento de Copropiedad así lo establezca, a solicitar a las empresas que proporcionan servicios básicos que corten los suministros a aquellos copropietarios que se encuentren morosos en los gastos comunes, o a cortarlos directamente si el condominio cuenta con sistemas para ello, aun cuando estén al día en sus cuentas individuales.

En lo que respecta a las cuestiones relacionadas con la administración de los condominios, ellas deben ser resueltas por los copropietarios reunidos en asamblea, siendo esta última la autoridad máxima del condominio. Sobre la materia, el proyecto distingue dos tipos de asambleas de copropietarios: las ordinarias y las extraordinarias. Las primeras, que deben celebrarse por lo menos una vez al año, constituyen la oportunidad en que la administración da cuenta detallada y documentada de su gestión en los últimos doce meses. En ellas puede, además, tratarse cualquier materia que sea de interés de los copropietarios. Por su parte, las extraordinarias se celebran cada vez que lo exijan las necesidades del condominio, o a petición del comité de administración o del número mínimo de copropietarios que la ley señala, en la cuales sólo podrán analizarse los puntos incluidos en la citación.

En cuanto a las asambleas, es preciso manifestar que se ha innovado en materia de quórum para constituirlas y para sesionar, reconociendo de esta manera los problemas que a este respecto ha generado la normativa en actual vigencia, introduciendo en la ley los conceptos de primera y segunda citación y estableciendo un mecanismo de funcionamiento de diferentes porcentajes de copropietarios que permitan adoptar acuerdos, que son obligatorios para todos, con la finalidad de facilitar la toma de decisiones y permitir un funcionamiento más expedito a las comunidades.

Otra de las materias contenidas en el proyecto, es la referida a la solución de las controversias. A través de él se otorga amplia competencia a los juzgados de policía local, con el objeto de poner término a la dualidad de jurisdicción actualmente existente. Dichos tribunales conocerán de las infracciones a esta ley, de su reglamento o los reglamentos de copropiedad y de las contiendas que se promuevan entre los copropietarios o entre éstos y el administrador. Además, se faculta a los copropietarios para someter sus controversias a la resolución de un árbitro arbitrador, que podrá ser designado por la asamblea y, a falta de acuerdo, por el juez letrado de turno.

Por último, la iniciativa destina otro de sus capítulos a establecer las normas que regulan la seguridad del condominio y el término o modificación de la copropiedad inmobiliaria. Para ello dispone que todas las unidades de un condominio deberán ser aseguradas contra incendio, regula las medidas que deben adoptarse para prevenir un siniestro, aquellas por emplearse en cada emergencia y las normas que han de aplicarse en caso de un siniestro total o parcial del condominio.

Señor Presidente , los miembros de la Comisión estiman de su deber hacer constar y agradecer la permanente y efectiva colaboración prestada en el estudio de la iniciativa por el señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, don Edmundo Hermosilla ; por la jefa de la Dirección Jurídica de esa Secretaría de Estado, doña Mirna Yugovic ; por la asesora jurídica de la misma Cartera, doña Jeanette Tapia , y por el abogado don Patricio Figueroa .

La Comisión solicita del Senado la aprobación en general del proyecto propuesto, debiendo fijarse una fecha para la presentación de indicaciones.

El señor ALESSANDRI.-

Estoy de acuerdo con el proyecto, pero me preocupa un solo punto del informe, el cual, tal vez, debería quedar para análisis futuro. A mi juicio, no es admisible que respecto de una persona que se encuentre al día en sus cuentas de luz y agua, las compañías le corten el suministro por no haber pagado los gastos comunes, en circunstancias de que ha cumplido sus obligaciones. Eso significa hacerse justicia a través de terceros, lo que puede ser inconstitucional, ya que las empresas se preguntarán por qué han de cortar el suministro a una persona que mantiene al día sus pagos con ellas, aunque no con el edificio. Es el único punto que me merece cierta duda, en todo el proyecto, después de la exposición que se ha escuchado.

El señor URENDA (Presidente accidental).-

En este momento se registra el quórum requerido.

Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto.

Acordado.

--Se aprueba en general, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que emiten pronunciamiento favorable 26 señores Senadores.

El señor LARRAÍN.-

Es preciso determinar un plazo para indicaciones, señor Presidente.

El señor RÍOS.-

Propongo los próximos quince días.

La señora FREI (doña Carmen).-

Hasta el 10 de enero.

El señor URENDA (Presidente accidental).-

Esa fecha ya está fijada para otro proyecto.

Si le parece a la Sala, el plazo será hasta el 9 de enero, a las 12.

Así se acuerda.