Labor Parlamentaria

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde tratar en particular el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, en lo relativo al régimen legal de las concesiones de obras públicas, y las normas tributarias que le son aplicables.

1432-05

Modificación de régimen legal de concesiones de obras públicas

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 56a., en 2 de mayo de 1995.

Informes de Comisión:

Obras Públicas, sesión 37a., en 14 de septiembre de 1995.

Hacienda, sesión 37a., en 14 de septiembre de 1995.

Obras Públicas (segundo), sesión 24a., en 13 de diciembre de 1995.

Discusión:

Sesión 5a., en 11 de octubre de 1995 (se aprueba en general).

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Este proyecto, iniciado en mensaje del Ejecutivo, tiene disposiciones orgánicas constitucionales, tal como deja constancia la Comisión de Obras Públicas en su segundo informe. Se trata de los incisos quinto y sexto del artículo 35, contenidos en el numeral 9, y del artículo 41 e inciso final del artículo 42, contemplados en el numeral 13, todos del artículo 1º de la iniciativa.

En seguida, de acuerdo con el artículo 124 del Reglamento, la Comisión deja constancia de los artículos del proyecto contenidos en el primer informe que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones y que se deberían dar por aprobados: en el ARTÍCULO 1º, sus números 5 (artículo 20); 13 (sólo respecto de los artículos 40 y 41); y los ARTÍCULOS 2º, 3º, 5º, 1º transitorio y 2º transitorio.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Si le parece a la Sala, quedarán aprobados.

--Se aprueban.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Artículos modificados como consecuencia de indicaciones aprobadas: artículos 2º, 7º, 9º, 19, 21, 25, 27, 35, 36, 37, 38, 39 y 41 bis del artículo 1º, y artículo 3º transitorio.

Indicaciones aprobadas: las números 8, 11, 17 y 32.

Indicaciones aprobadas con modificaciones: las números 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 y 35.

Artículos que fueron objeto de indicaciones rechazadas: en el ARTÍCULO 1º, sus números 1 (artículo 2º); 2 (artículo 7º); número nuevo (artículo 10 de la ley vigente); 6 (artículo 21). Dichas indicaciones pueden ser renovadas con las firmas de diez señores Senadores o por el Ejecutivo , en su caso.

Indicaciones rechazadas: las signadas con los números 1, 2, 5, 13, 15 18 y 26 (también pueden ser renovadas en la forma señalada).

Indicaciones retiradas: las números 10, 33 y 34.

También hay indicaciones fusionadas: las signadas con los números 29, 30, 31 y 31 bis.

La Comisión hace constar que no existen indicaciones declaradas inadmisibles.

Como se recordará, la Comisión de Hacienda también se pronunció respecto de esta iniciativa en el primer informe y propuso aprobar el texto de la de Obras Públicas con modificaciones.

En el segundo informe de la Comisión de Obras Públicas se hacen a la Sala diversas proposiciones, que incluyen las modificaciones introducidas a su primer informe por la Comisión de Hacienda.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión particular el proyecto.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , el proyecto en análisis, en general, tiene por objeto perfeccionar el régimen legal de las concesiones de obras públicas y diversas normas tributarias y bancarias, especialmente en lo que respecta a su financiamiento. Como los señores Senadores seguramente recuerdan, la idea de legislar fue aprobada en la Sala por unanimidad.

Las modificaciones que la iniciativa en estudio propone al DFL Nº 164, de 1991, son fundamentales para incentivar la participación de los inversionistas privados en esta área y asegurar el éxito del sistema de concesiones de obras de infraestructura pública.

Se otorga mayor solidez al contrato de concesión; se flexibiliza la relación del Ministerio de Obras Públicas con los concesionarios y licitantes, y se facilita el financiamiento por la vía de la creación de una prenda especial de concesión de obra pública, lo cual permitirá la ejecución de obras mediante el sistema de concesiones, posibilitará una más alta eficiencia en la producción y gestión de la infraestructura pública, y dinamizará el sector a través de la iniciativa y el empuje empresarial, amén de generar un mecanismo para que los usuarios paguen por el desarrollo, mantención y operación de la infraestructura creada por el referido sistema.

Asimismo, se perfecciona el régimen de relaciones contractuales entre el Fisco y el concesionario, y entre éste y terceros, especialmente en lo relativo al establecimiento de un mecanismo de liquidación del contrato de concesión en caso de incumplimiento grave de las obligaciones del mismo, y se mejora la legislación sobre quiebra de la sociedad concesionaria.

Ésas son innovaciones a la ley vigente.

En lo que dice relación al régimen tributario de las concesiones, las normas propuestas tienen por objeto elevar a la categoría de ley disposiciones administrativas contenidas en dictámenes del Servicio de Impuestos Internos concernientes a la aplicación de las leyes del IVA y de la Renta en el ámbito de las concesiones de obras de uso público, a fin de dotar de mayor jerarquía y estabilidad al sistema tributario en ese campo. De esta forma se corregirá, también, una situación de hecho producida con la ley actual, dándose plena estabilidad a las concesiones en sus aspectos tributario y financiero.

Respecto del proyecto despachado en el primer informe, se formularon 36 indicaciones. De ellas, fueron aprobadas 22, se refundieron 4, se rechazaron 7 y 3 quedaron retiradas.

Cabe destacar que los pronunciamientos de la Comisión se adoptaron por la unanimidad de sus miembros presentes respecto a 35 de las 36 indicaciones formuladas.

A continuación me referiré a las enmiendas más relevantes introducidas al proyecto aprobado en el primer informe.

El ARTÍCULO 1º enmienda el decreto con fuerza de ley Nº 164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, en su texto modificado por la ley Nº 19.252.

En el numeral 1 se precisa el sentido de la norma propuesta en la letra a), sustituyendo la expresión "primera presentación" por "presentación original". Es una enmienda meramente formal.

En el numeral 2, que reemplaza el artículo 7º, se eliminan los términos "u otras", contenidos en la letra k), para evitar distorsiones del sentido de los ejemplos contemplados en la disposición.

Además, se agrega una letra l), que incorpora un nuevo factor de licitación -esto es importante-, expresándose: " Ingresos totales de la concesión calculados de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación. Este factor de licitación deberá ser usado sólo en forma excepcional, su resolución deberá ser fundada, y no podrá ser utilizado en conjunto con ninguno de los factores señalados en las letras a), b) o i)" del mismo precepto, las cuales se refieren a estructura tarifaria, plazo de concesión y oferta del oponente de reducción de tarifas al usuario o de reducción del plazo de la concesión cuando la rentabilidad sobre el patrimonio o activos, definida ésta en la forma consignada en las bases de licitación o por el oponente, exceda un porcentaje máximo preestablecido.

En otras palabras, el Ejecutivo -la disposición se originó en indicación del Presidente de la República - incorpora a la licitación un factor no considerado hasta ahora: el valor presente de los flujos futuros esperados, con el propósito de poder hacer comparaciones, en determinadas oportunidades, entre una licitación y otra para resolver cuál es la mejor. Es, entonces, un factor netamente financiero.

Por otra parte, se modifica el inciso segundo del artículo 7º propuesto en el primer informe, a fin de exigir que los plazos y las condiciones a que pueden quedar sujetas las inversiones y construcciones que deban realizarse con posterioridad al inicio de la explotación de las obras, se definan claramente en las bases de licitación -la normativa en vigor no es precisa al respecto-, con la finalidad de evitar cualquier tipo de distorsión o mala interpretación.

Igualmente, se modifica el inciso tercero del artículo 7º, especificándose que si en las bases de licitación se contempla como parte del régimen económico del contrato de concesión el factor consignado en la letra d) -pagos ofrecidos por el oferente al Estado en el caso de que éste entregue bienes o derechos para ser utilizados en la concesión-, y éste no es un factor de licitación, los pagos pertinentes serán, como máximo, equivalentes al valor económico de los bienes o derechos respectivos, determinado previamente por peritaje. Con esto se persigue impedir que, vía licitaciones por el Estado, eventualmente se distorsione el valor de una concesión con relación a otra, cobrando por factores que no sean aquellos cuyo valor económico esté previamente establecido en un peritaje. Ese tipo de distorsiones podrían producirse, por ejemplo, al concesionar con factores distintos obras diferentes pero que en el futuro resulten ser competitivas. A través de esta norma se evita que el día de mañana una obra quiebre en virtud de haberse licitado con factores diferentes una segunda obra competitiva.

Se incorpora al artículo 7º un inciso cuarto, nuevo, en virtud del cual sólo será posible licitar por el factor contemplado en la letra d) del inciso primero -pagos ofrecidos por el oferente al Estado cuando éste entregue bienes o derechos para ser utilizados en la concesión- en los casos en que el servicio prestado por la obra en concesión sea también ofrecido en condiciones competitivas en el mercado. Esto es para los intangibles que puedan ofrecerse, de modo que sus valores, indudablemente difíciles de determinar en un peritaje, sean los alternativos de mercado; por ejemplo, espacios aéreos o subterráneos incluidos en la concesión de una obra pública.

Se agrega al artículo 7º un inciso sexto que dispone que la oferta por el oponente de reducción de tarifas al usuario o de reducción del plazo de la concesión frente a una rentabilidad que exceda un porcentaje predefinido, sólo podrá formar parte del régimen económico de la concesión cuando también sea parte del mismo el ingreso mínimo garantizado por el Estado al concesionario. O sea, si el Estado garantiza un mínimo, es decir, si da una especie de subsidio, o subsidio, al constructor de una obra en licitación, aquél también podrá participar de las mejoras o del negocio que sobrepase cierto porcentaje de rentabilidad.

Finalmente, se modifica la redacción del inciso quinto -pasó a ser séptimo- del artículo 7º propuesto en el primer informe, para precisar que las tarifas ofrecidas son máximas, por lo que el concesionario podrá reducirlas más adelante, lo que hoy es imposible. Esto implica que las tarifas a que se concesionarán todas las obras públicas serán máximas, e incluso, que podrán ser inferiores por mera decisión del concesionario.

El numeral 3, mediante el cual la Comisión, en el primer informe, propuso agregar al artículo 9º del DFL 164 un inciso segundo, nuevo, se modifica a fin de introducir cambios formales a la norma vigente y precisar el modo en que se computarán los plazos de que se trata.

En el numeral 4 del primer informe se sustituyó el artículo 19 por otro que establecía que, una vez perfeccionado el contrato, el Ministerio de Obras Públicas "podrá modificar, por razones de interés público, las características de las obras y servicios contratados y, como consecuencia, deberá compensar al concesionario con las indemnizaciones necesarias en caso de perjuicio". Agregaba que, en tal caso, acordará con el concesionario "aumentos indemnizatorios sea en el plazo de la concesión, de las tarifas, de los aportes o subsidios u otros"...

En el segundo informe, a fin de precisar el sentido de la disposición y que no se trata de aumentos indemnizatorios sino de indemnizaciones, se establece que cuando por razones de interés público se modifiquen las características de las obras y servicios contratados, se deberá "compensar al concesionario con las indemnizaciones necesarias en caso de perjuicio, acordando con aquél indemnizaciones que podrán expresarse en el plazo de la concesión, en las tarifas, en los aportes o subsidios o en otros factores del régimen económico de la concesión pactados, pudiendo utilizar uno o varios de esos factores a la vez.". De esta forma se evita cualquier posibilidad de corrupción, de acuerdos. Porque si mañana se concesiona una obra pública, no será factible modificarla, salvo que haya razones de perjuicio, que fue lo que se precisó en el texto pertinente por la unanimidad de los miembros de la Comisión.

En el numeral 6 del primer informe se reemplaza el artículo 21, al cual se proponen, en el segundo informe, sólo modificaciones formales, para precisar cuál es el momento de la transferencia de la concesión.

En el numeral 7 del primer informe se introducen modificaciones al inciso segundo del artículo 25, para establecer cómo y desde cuándo se computa el plazo de la concesión, y se agrega un inciso tercero que determina que, concluido el plazo de la concesión, las obras deberán ser nuevamente licitadas para su conservación, reparación o ampliación. Es decir, de esta forma, se da permanencia a este sistema de concesiones, debiendo el Estado, al momento de recibirlas al término de la concesión, licitarlas nuevamente para su conservación, pero, también, para la reparación o ampliación de las mismas.

La norma propuesta como inciso segundo se modifica a fin de precisar que el plazo se computará de acuerdo con lo que establecen las bases de licitación, el que en ningún caso podrá ser anterior a la fecha de la publicación del decreto supremo de adjudicación en el Diario Oficial, como podría desprenderse del texto original.

Además, se perfecciona el texto del inciso tercero propuesto en el primer informe, para precisar que una vez concluido el plazo de las concesiones las obras deberán ser nuevamente entregadas en concesión por el Ministerio de Obras Públicas para su conservación, reparación, ampliación o explotación, aisladas, divididas o integradas con otras obras, permitiendo la ampliación o la división de las concesiones, mediante licitación que deberá efectuarse con la anticipación necesaria, para que no exista solución de continuidad entre ambas concesiones, lo que constituye una modificación relevante, o un importante avance en la Ley de Concesiones.

En el numeral 8 del primer informe se sustituye el artículo 27, norma que se modifica en el segundo informe, a fin de contemplar separadamente en el artículo 27 las causales de extinción de las concesiones, y en un artículo 27 bis, nuevo, regular el incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario.

En el numeral 9 se modifica el artículo 35.

En la letra a) del primer informe -debo recordar-, se modifica su inciso primero, con el objeto de establecer que un abogado nombrado de común acuerdo por las partes presidirá la Comisión Conciliadora, enmienda que se elimina en el segundo informe para mantener la norma vigente que determina que un profesional -no sólo abogado-, nombrado de común acuerdo por las partes, presidirá dicha Comisión.

Se agrega al inciso primero una oración que determina que tanto el Ministerio como el concesionario designarán a su representante al inicio de la concesión, sin perjuicio de su derecho a reemplazarlo. De esta manera se evita toda querella o problema posterior.

Se incorpora al inciso tercero del artículo vigente, que determina que la Comisión fijará sus normas y procedimientos, una oración final que establece las normas mínimas a que deberá ajustarse el referido procedimiento para evitar todo tipo de arbitrariedad.

En el numeral 10 del primer informe se sustituyó el artículo 36, norma que se modifica en el segundo informe para precisar que será causal de designación de interventor el que el concesionario abandone la obra o interrumpa injustificadamente el servicio, excluyéndose la quiebra y la suspensión de pagos, y requiriéndose siempre la autorización previa de la Comisión Conciliadora, además de restringirse las facultades del respectivo interventor, de forma de evitar cualquier tipo de arbitrariedad.

En el numeral 11 del primer informe se introdujo una modificación tendiente a precisar que el mínimo de posturas, cuando se subaste la concesión por quiebra del concesionario, dice relación con el monto de la deuda contraída y no con la inversión efectuada por dicho concesionario -como equivocadamente se había introducido en el primer informe-, corrigiéndose tal error.

En el numeral 11 bis del primer informe, que agrega dos incisos al artículo 38 para determinar qué obras públicas puede concesionar el Ministerio de Obras Públicas en aplicación de esta ley, sólo se introducen modificaciones meramente formales a fin de precisar el alcance.

En el numeral 12 la norma vigente determina que el Ministerio de Obras Públicas será el único organismo que regulará y fijará los límites máximos y mínimos de velocidad en las vías construidas, conservadas o reparadas por el sistema de concesión.

El artículo propuesto en el segundo informe contiene una norma que determina que el Ministerio de Obras Públicas, en forma privativa y especial, será el único organismo que regulará y fijará los límites máximos y mínimos de velocidad en las vías construidas, conservadas o reparadas por el sistema de concesión de esta ley, y ningún otro organismo será competente para ello, agregando, en un nuevo inciso segundo, que dichos límites podrán ser superiores a los fijados de acuerdo con la Ley de Tránsito cuando el estándar y trazado de las vías fijadas por el Ministerio de Obras Públicas así lo permita, y que en ningún caso se podrán establecer velocidades inferiores para las obras que se entreguen en concesión a las consideradas en las legislaciones para las mismas situaciones.

Finalmente, mediante el numeral 13 del primer informe, la Comisión propone incorporar los artículos 40, 41, 41 bis y 42, nuevos.

En el segundo informe se propone modificar el artículo 41 bis, agregándole un inciso final, que permite que los concesionarios empleen los mismos medios técnicos para acreditar las infracciones a las normas de peso máximo que el artículo 41 les autoriza para utilizar y acreditar el incumplimiento de los pagos tarifarios. Así, se hace posible que el concesionario, en definitiva, pueda cobrar también cuando se excedan los pesos máximos, de manera de conservar las obras.

Y para terminar, la Comisión de Obras Públicas -que tengo a honra presidir- en el segundo informe sugiere modificar el artículo 3º transitorio propuesto en el primer informe, con el propósito de eliminar su frase final, que permitía al Ministerio de Obras Públicas condicionar la autorización al concesionario, para convenir con terceros nuevos accesos o conexiones con obras en concesión, a otras modificaciones al contrato de concesiones.

La Comisión propone al Senado aprobar en lo posible por unanimidad el proyecto, tal como ocurrió respecto del primer informe -ya que se trata de una materia puramente técnica- y como en definitiva sucedió en el seno de la misma, donde todas y cada una de las indicaciones que señalé se acordaron unánimemente.

He dicho.

El señor DIEZ .-

Señor Presidente , nuestra Comisión de Obras Públicas, respecto de una materia muy difícil, ha despachado un proyecto de ley que, a mi juicio, tendrá efectos prácticos muy modernos, pues se establecen con claridad los derechos de la comunidad; se especifican, para evitar malas interpretaciones, las facultades que tiene la Administración, es decir, el Ministerio de Obras Públicas al respecto; y se dispone, también con claridad, las obligaciones de los concesionarios, sus responsabilidades y sus derechos. Las garantías para resguardar el respeto del contrato de concesiones y la forma como se opera en caso de dificultades, de quiebra, de disolución o de terminación de la concesión, igualmente son claras, corresponden a un buen criterio técnico y a un excelente sistema jurídico.

En consecuencia, me sumo a las palabras del señor Presidente de la Comisión para solicitar la aprobación unánime, y hago votos por que la Cámara de Diputados no efectúe demasiadas modificaciones que entorpezcan un sistema que guarda la debida armonía y que, sin duda, será eficaz para la consecución del fin que todos nos proponemos con la ley.

He dicho.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente , complementando lo dicho por el Presidente de la Comisión , Honorable señor Errázuriz , quiero referirme en forma muy breve a aquellos aspectos de la iniciativa que me parecen importantes de recalcar en este momento.

Es interesante destacar que la ley respectiva se aprobó en 1985, y no tuvo efectos porque, en realidad, el país no se encontraba maduro todavía para este sistema de obras en concesión. En 1991 se dictó el decreto con fuerza de ley Nº 194, de Obras Públicas, que fijó el texto refundido y sistematizado de la Ley de Concesiones, que fue perfeccionado en 1993. O sea, ya en esa fecha se le introdujo la primera modificación.

Las leyes anteriores sólo regularon lo relativo a las concesiones, sin incluir las normas tributarias que les son aplicables, que ahora se incorporan en el presente proyecto, pudiendo acogerse a ella los contratos ya perfeccionados.

Cabe recordar que en los tres años de vigencia de las señaladas normas se han suscrito dos contratos de concesiones viales, cinco se encuentran en proceso de licitación- de los cuales tres son de vialidad y dos aeroportuarios-, y más de una docena se encuentran próximos a llamados a licitación.

La iniciativa en general se refiere a tres aspectos básicos: el primero, a la Ley de Concesiones de Obras Públicas; el segundo, a las normas tributarias; y el tercero, al decreto ley Nº 824, sobre Impuesto a la Renta.

Mis observaciones abarcarán sólo lo concerniente a Obras Públicas.

En cuanto a las licitaciones -aquí abundaré en lo que ha manifestado el señor Presidente de la Comisión-, se modifican los factores de evaluación; se destaca el doble carácter de la calificación de la oferta técnica, que puede ser requisito de preselección para la calificación económica y, a la vez, ser considerada como factor de la ponderación final. También se incorporan, en la evaluación, las ofertas de reducción de plazo y otros factores.

En este punto, pienso que hay que eliminar, como factor de licitación, los ingresos totales de la concesión. Me parece que no es razonable que esto se incorpore, pues ello supone que el negocio de la concesión pasa a ser controlado por el Estado. En realidad, la concesión se entrega a manos privadas tanto para la construcción de una obra como para su administración. La licitación por ese factor probablemente actuaría como desincentivo para participar en dicho tipo de obras, puesto que reduciría las posibilidades de ganancia. Se pierde, además, el sentido del esquema de concesiones, que consiste en prestar el servicio al menor costo para el usuario, y pasa a ser más relevante el punto de los ingresos que tenga el concesionario.

En lo relativo al perfeccionamiento de los contratos, se plantea otorgar el carácter de fatal a los plazos de que dispone el asignatario para dicho perfeccionamiento, facultando al Ministerio para asignar nuevamente el contrato, sobre la base de la misma o una nueva licitación.

Más adelante se explicita que el aumento del plazo de la concesión es uno de los factores que pueden ser definidos para pagar nuevas inversiones, conjunta o separadamente con otros factores existentes. Pienso que ésta es una materia bastante interesante.

En lo relativo a los derechos del concesionario y de sus financistas, se modifica la actual restricción legal y reglamentaria referida a que el Ministerio debe aprobar la cesión de la concesión, o del control accionario de la sociedad concesionaria, en cuanto debe aceptar la persona natural o jurídica que las asuma. Se establece que dicha autorización es legal en cuanto a los bancos y entidades financieras, AFP y fondos de inversión, debiendo las licitaciones futuras definir otros tipos de personas jurídicas que tampoco requerirán dicha autorización expresa.

En cuanto al inicio del plazo de la concesión, se deja a las bases de la licitación determinar el inicio del cómputo del plazo de la concesión, lo que no estaba bien definido en la ley anterior.

El régimen de intervención estaría destinado a resguardar el interés público, la normal operación de la obra y superar las causas que la provocaron. A este respecto, tengo la impresión de que este tema merece algunas modificaciones, las que, de no ser introducidas en la Cámara de Diputados, podrían ser concordadas en la Comisión Mixta respectiva.

Tocante a la quiebra, se proponen modificaciones a la ley Nº 19.252, que la reguló. Se establece la posibilidad de que, si la junta de acreedores acuerda la continuidad del giro, ésta pueda prolongarse hasta el término del período de la concesión. También se incorpora la representación del interés fiscal durante la quiebra, para velar por el mantenimiento de los servicios de la concesión.

En cuanto al cobro por el derecho de acceso, se regula la situación de ampliaciones de obras concesionadas para otorgar nuevos accesos o conexiones a terceros interesados, estableciéndose la obligación de construir y operar todos los accesos previstos en las bases de licitación, sometiéndose a las normas fijadas en las bases para los que puedan establecerse a futuro; y dando, en los demás casos, libertad de negociación entre el concesionario y los interesados, aunque, en todo caso, el Ministerio deberá autorizar las obras, no pudiéndose negar sino por causa fundada.

En lo relativo a la indemnización por el no pago de tarifas y peajes, se propone sancionar civilmente el incumplimiento en el pago de las tarifas que se incorporan en los contratos de concesión, permitiendo el cobro de la tarifa o peaje junto a una indemnización por daños y perjuicios, que es de 40 veces el valor del peaje no pagado. O sea, es una indemnización bastante considerable.

Se propone, además, establecer una prenda especial sobre las concesiones de obras públicas, asimilándolas a la prenda industrial.

Las modificaciones que se propone introducir a las normas tributarias, como también al Impuesto a la Renta, se trataron fundamentalmente por la Comisión de Hacienda. Por eso no me voy a referir concretamente a ellas.

Por último, debo dejar constancia de que también he suscrito la renovación de una indicación para eliminar el artículo 3º transitorio. No obstante la modificación que se le introdujo en la Comisión de Obras Públicas, esta norma sigue constituyendo una discriminación injustificada en perjuicio de los concesionarios que se acogieron a la ley vigente, al intervenir el Fisco en la determinación de los precios de las obras nuevas. Se trata de un acuerdo privado, y no se ve razón para una intervención fiscal.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , el informe del señor Presidente de la Comisión de Obras Públicas es bastante completo, y poco podría agregársele.

Este proyecto viene a completar, como se ha dicho, toda una legislación, elaborada por el Parlamento durante las dos últimas Administraciones, que permite llevar a cabo obras públicas mediante concesiones. Sin embargo, el Gobierno nos ha explicado que, en el transcurso del tiempo, se ha observado la ocurrencia de una serie de dificultades, las que la presente iniciativa procura solucionar. Creo que el trabajo tanto de la Comisión de Obras Públicas, cuanto de la de Hacienda en materias tributarias y de garantías, es bastante completo y perfeccionado.

En la legislación que hoy estamos despachando se avanza bastante en los aspectos operativos de las concesiones y las condiciones para su otorgamiento; en la regulación de los pagos que puede hacer o no el Estado; en cómo debe actuarse cuando la concesión cae en falencia o en quiebra. En realidad, se da a la materia toda una continuidad, regulándose el proceso a seguir cuando termina la concesión y tiene que renovarse llamándose a nueva licitación.

Estas normas también abordan temas de orden financiero y tributario, el primero de los cuales es el relativo a la devolución del IVA, que ya estaba siendo solucionado administrativamente por el Servicio de Impuestos Internos. En efecto, el proyecto ratifica la interpretación aplicada por ese Servicio, lo que evitará dudas, hecho que es de la mayor importancia y tiene mucha incidencia en las concesiones donde participan empresas extranjeras, las que procuran impedir que las afecte cualquier factor de debilidad en materia de aplicación de la norma jurídica, especialmente en el ámbito tributario. En tal sentido, se despejan algunas dificultades que presentaban los contratos de concesiones ya otorgadas.

Otra materia que la Comisión de Hacienda revisó fue la posibilidad de dar mayor margen en cuanto a otorgamiento de créditos en este tipo de concesiones. Esto porque, de acuerdo con la norma general, salvo excepciones, un banco sólo puede otorgar créditos, sin garantía real suficiente, hasta por un 5 por ciento de su capital y reservas. Si la institución bancaria obtiene garantías reales suficientes, ese porcentaje puede llegar, por ejemplo en las exportaciones, hasta el 25 por ciento del capital y reservas, porque se entiende que, en este caso específico, las cartas de crédito son una muy segura garantía para el efecto de recuperar lo adeudado. Se había propuesto aplicar el mismo tratamiento de las exportaciones; es decir, que el financiamiento bancario alcanzara hasta el 25 por ciento del capital y reservas. Estimamos que esta cifra era exagerada, y así también lo hizo ver el Gobierno a través de la Superintendencia de Bancos. El Ejecutivo era partidario de mantener el margen de 5 por ciento, pues la garantía que se establece en la iniciativa, que es una prenda sobre la concesión, no es en verdad una garantía real, sino, más bien, una prenda figurada, que se contempla para los efectos de facilitar el crédito bancario. La Superintendencia planteaba mantener un porcentaje de 5 por ciento sobre capital y reservas. En lo personal -y así lo planteé con otros señores Senadores-, creo que podría llegarse a un margen del orden de 10 por ciento, equivalente a lo que hoy día puede otorgar un banco en forma excepcional, cuando existe garantía suficiente.

Me informa el Senador señor Piñera que va a presentar una indicación en tal sentido -yo estoy dispuesto a acompañarlo-, para elevar ese margen de 5 a 10 por ciento.

Esto es, señor Presidente , lo que podría informar acerca del proyecto. De acuerdo con el Reglamento, podrían darse por aprobados todos los artículos que no han sido objeto de indicaciones, de manera tal de pronunciarnos sólo sobre aquellos a cuyo respecto se ha renovado indicación.

El señor OMINAMI.-

Señor Presidente , luego de la acuciosa relación que hizo el señor Presidente de la Comisión de Obras Públicas acerca de los alcances de este proyecto y de las intervenciones de otros señores Senadores miembros de ese organismo, no es mucho lo que se puede agregar.

Muy brevemente, sólo quiero destacar la unanimidad alcanzada en dicha Comisión para aprobar la iniciativa. Ésta introduce perfeccionamientos importantes en una normativa llamada a tener gran significación.

Como aquí se ha dicho, tales perfeccionamientos se relacionan, fundamentalmente, con las normas tributarias que se aplican al sector y con los criterios de adjudicación de propuestas respecto de los concesionarios.

Estamos en presencia de una actividad que está alcanzando enorme gravitación en el país. En efecto, son muy cuantiosas las inversiones que se están desarrollando a través del sistema de concesiones, y es espectacular el cambio que sufrirá la infraestructura de Chile, justamente como producto de la posibilidad de allegar recursos que no estaban disponibles para las obras públicas de nuestro país -concretamente, ya se inició el proceso de licitación de la Carretera Panamericana, que es la columna vertebral del territorio nacional-, lo cual permitirá, en el curso de los próximos años, obtener una red vial más conforme con las aspiraciones de desarrollo de nuestra nación.

Junto con destacar estos aspectos básicos, quiero reiterar algo que ya se planteó aquí, en el sentido de perfeccionar esta legislación por la vía de homogeneizar las condiciones establecidas respecto de la primera licitación que el país conoció, correspondiente a la del túnel El Melón. Solamente para este caso, se consagró un mecanismo de pago al Fisco que en la actualidad significa una tarifa de peaje bastante más alta que la que se podría obtener si se aplicara la normativa que finalmente hemos adoptado.

Para que los señores Senadores conozcan un ejemplo respecto de lo anterior, creo que vale la pena comparar lo que hoy día se paga por concepto de peaje en el túnel El Melón con lo que se cobrará en la futura autopista Santiago-San Antonio . En el caso de esta última, al no haber involucrados desembolsos al Fisco, el monto que los usuarios deberán pagar oscila entre los 700 y 800 pesos, mientras que en el del túnel El Melón esa cantidad se eleva a exactamente el doble. Esto se explica porque en el primer caso el concesionario se encuentra obligado a efectuar importantes pagos al Fisco. A mí me parece que lo pertinente sería perfeccionar la situación del túnel El Melón por la vía de aplicarle las normas generales en materia de concesiones, criterio que es compartido por los demás señores Senadores que integran la Comisión de Obras Públicas.

Hecha esta salvedad, señor Presidente , y considerando el importante esfuerzo realizado en ese organismo, me parece muy significativa la aprobación -que entiendo que va a ser unánime- de este cuerpo legal, que está llamado a continuar facilitando el desarrollo de un importante sector de la actividad de nuestro país.

El señor PIÑERA.-

Gracias, señor Presidente.

Sin duda, el trabajo de la Comisión de Obras Públicas ha sido muy fructífero y productivo, tal como, por lo demás, lo demostró la cuenta que dio el Presidente de ese órgano de trabajo.

Por tanto, junto con anunciar el voto favorable a la iniciativa, quiero hacer las siguientes precisiones.

En primer lugar, señor Presidente , se han renovado dos indicaciones. Sobre el particular, comparto la sugerencia del Senador señor Andrés Zaldívar de aprobar todos los artículos que no hayan sido objeto de indicaciones renovadas. Como digo, hay dos de estas últimas. La Mesa me comunicó que el informe, aparentemente, indicaría que una de ellas habría sido retirada. La indicación aludida fue presentada por el Senador señor Siebert y por el que habla y no fue retirada por ninguno de los dos, de tal manera que lo anterior debería obedecer a un error del informe. En todo caso, dicha indicación ha sido renovada con la firma de 10 Senadores, incluyendo las del Honorable señor Siebert y la mía. En consecuencia, pido a la Mesa que las dos indicaciones renovadas en conformidad al Reglamento sean votadas. Por lo demás, una de ellas cuenta con un amplio respaldo, al cual se ha agregado ahora el que le otorgó el Honorable señor Andrés Zaldívar en su intervención.

La primera de tales indicaciones se refiere al límite de financiamiento de un banco en particular. El proyecto establece un límite de 15 por ciento para un sindicato de bancos. Lo que estamos planteando es que un banco en particular, que no pertenezca a un sindicato, pueda tener un margen de 10 por ciento de préstamos, siempre y cuando cuente con la garantía de la concesión. Actualmente, señor Presidente , el límite, sin garantía, es de 5 por ciento; con garantía real -que puede ser una máquina u otra cosa-, es de 25 por ciento.

Si estamos dando carácter especial a la garantía sobre la concesión, lo lógico es reconocer de inmediato que esa garantía debe significar un incremento en el margen. Nosotros estamos proponiendo un incremento, bastante prudente, de 5 a 10 por ciento, por una sola razón: creemos que es en el contexto de la Ley de Bancos donde se debe efectuar una armonización general con los márgenes y garantías. Pero, como ya sabemos que hay un "cuello de botella" en el financiamiento, nos parece que pasar de 5 a 10 facilitará el buen desempeño de la ley en proyecto al agilizar aquél.

La segunda indicación renovada se refiere al artículo 3° transitorio, que permite que obras nuevas sean acordadas libremente entre el concesionario y el interesado, en circunstancias de que las concesiones ya otorgadas señalan que estos nuevos acuerdos requieren el visto bueno del Ministerio, lo cual, en nuestra opinión, no se justifica.

Finalmente, señor Presidente , sugiero -y pido a Secretaría que tome nota para los efectos de la votación- que algunos artículos no se den por aprobados, sino que sean puestos en votación. En particular, me refiero a la letra i) del inciso primero del artículo 7°, propuesto como número 2 del ARTÍCULO 1°, a la cual ya se refirió el Senador señor Siebert al mencionar que el monto de los ingresos de una concesión no debiera ser un factor para determinar su asignación o no asignación. Lo importante es quién ofrece la menor tarifa al usuario, más que el monto de ingreso que pueda tener la concesión. Aquí se trata de maximizar las condiciones del usuario, y no necesariamente -salvo que compita con ello- los ingresos del concesionario.

Si un concesionario con menor tarifa logra mayores ingresos, entonces habría que felicitarlo doblemente: primero, por dar una mejor condición usuario y, además, por obtener mayores ingresos.

Por ello, pido que dicha norma se someta a votación para eliminar tal circunstancia.

En segundo lugar, deseo solicitar que la letra b) del artículo 9º, contenido en el ARTÍCULO 1º del proyecto, también sea sometida a votación, pues en ella se consignan una serie de condiciones y normas mínimas para un procedimiento voluntario de Comisión conciliadora. Pienso que si dicho mecanismo es voluntario, lo conveniente sería otorgar mayor libertad a las partes para determinar la mejor forma en que las funciones de la Comisión puedan tener efecto.

Finalmente, pido que se someta a votación la letra a) del número 11 del ARTÍCULO 1º, que elimina una modificación que se estaría incorporando al mecanismo de licitación de la concesión, respecto del número o porcentaje de la junta de acreedores.

Estimo que, en caso de quiebra, las características del proceso de licitación de concesiones -es decir, los distintos requisitos formales, publicitarios, etcétera- deben depender más del monto de la concesión que del número de la junta de acreedores a que apunta esta disposición.

Por lo anterior, junto con manifestar mi respaldo total a este proyecto, deseo reiterar la solicitud de que se sometan a votación las dos indicaciones renovadas y, además, las tres disposiciones mencionadas, que fueron aprobadas por la Comisión de Obras Públicas. Asimismo, felicito una vez más a dicho órgano técnico por su buen trabajo.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , seré muy breve.

Nosotros no participamos en la Comisión. Sin embargo, nuestro Partido apoya ampliamente esta iniciativa, pues creemos que llena importantes vacíos en la normativa actual.

Consideramos que el proyecto -donde existió gran eficiencia de la Comisión, como lo señaló un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra- resuelve un conjunto de problemas de aplicación, por lo que está cumpliendo plenamente con el objetivo de facilitar la implementación de mecanismos en las concesiones de obras públicas.

Asimismo, entendemos que es necesario seguir perfeccionando esta legislación por cuanto todavía subsisten numerosos vacíos en una materia tan compleja. Entre otros, por ejemplo, la necesidad de contar a la brevedad con una superintendencia de concesiones u otra fórmula institucional que, como instancia pública independiente, cautele y fiscalice adecuadamente la operación del sistema.

Por otro lado, el referido mecanismo de concesiones requerirá necesariamente de una reformulación de toda la política sobre peajes que hoy se aplica en nuestro territorio. En todo caso, no podemos desconocer que existe amplio consenso, tanto en el Gobierno y en los inversionistas como en la sociedad civil y política, respecto de este sistema de obras públicas, puesto que constituye un elemento fundamental para dar un salto cualitativo en el ámbito de la infraestructura pública de Chile. Este instrumento, como lo han manifestado algunos señores Senadores, no sólo permite aumentar el monto de los recursos destinados a infraestructura y mejorar la eficiencia en la producción y gestión de la misma, sino, además, focalizar los ingresos fiscales -lo cual es muy importante- para avanzar en mayores grados de equidad en esta área.

En esa perspectiva, pensamos que el proyecto apunta a superar los obstáculos que actualmente existen para la aplicación del sistema.

Deseamos señalar, como bancada, que la política nacional en esta materia tiene como objetivo fundamental disminuir el déficit de infraestructura en el país. Un componente esencial de esta política es precisamente el sistema de concesiones. Vale decir, la inversión y gestión privada en aquellas áreas viales, portuarias, aeroportuarias y en defensas fluviales en que sea posible la recuperación de las inversiones mediante el pago de una tarifa.

Finalmente, como Senador, estimo necesario advertir que tal vez el mecanismo de concesiones debería visualizarse no sólo para la construcción de nuevas obras, sino que, muy por el contrario, su mayor aplicación debería estar en el mantenimiento y conservación de la infraestructura existente. En este orden de ideas, creo que los señores Senadores presentes en la Sala estamos de acuerdo en que las inversiones públicas, por la restricción de recursos, no siempre se hacen oportunamente, y nos parece de la mayor equidad que, a lo menos, el costo de la conservación y mantenimiento de la infraestructura vial sea de responsabilidad de los usuarios.

No deseo recordar, por lo dramático y doloroso, un hecho ocurrido en el sur de nuestro país, donde una tragedia conmocionó a todo el territorio nacional. Evidentemente, no se pudo negar que allí no se tomaron, tal vez por falta de recursos, las medidas necesarias para la conservación de un puente muy transitado, y que trágicamente cobró varias vidas.

Por todas estas razones -en la discusión particular emitiremos nuestra opinión-, como Partido Por la Democracia anunciamos nuestro voto favorable a este proyecto.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , me referiré a una de las indicaciones renovadas, la número 34, que modifica la Ley General de Bancos en el sentido de permitir que, cuando se trate de un banco único, se aumente el límite de crédito, siempre que éste se encuentre garantizado por la prenda especial que reconoce la ley.

Participé en la Comisión de Obras Públicas cuando se trató este proyecto, y formalmente no hubo retiro de la indicación, sino que en ese minuto había acuerdo respecto de llegar solamente a un límite de 5 por ciento, no más allá. Pero la Comisión completa era partidaria de ampliar al máximo tal límite, es decir, acoger la indicación formulada por los Senadores señores Siebert y Piñera en el sentido de poder aumentar el crédito hasta un 10 por ciento, tal como lo propone la indicación, esto es, extender el margen de créditos dentro del capital del banco.

Por estas consideraciones, pido que sometamos a votación esta indicación renovada (personalmente, la aprobaré).

En cuanto al resto del proyecto, en lo que dice relación con todas aquellas normas que se han dado por aprobadas, solamente me queda reiterar lo propuesto por el Presidente de la Comisión . Porque, tal como aquí se ha dicho, él ha hecho una relación sumamente detallada y completa del trabajo de ese organismo técnico -reitero que participé en él- y comparto íntegramente el planteamiento contenido en el informe.

Pido someter a votación las indicaciones renovadas.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , se ha hecho una observación respecto del artículo 3º, nuevo, propuesto por el Ejecutivo.

El objetivo de la norma consiste en que en las obras concesionadas puedan o no permitirse nuevos accesos. Evidentemente, no se trata de que una obra de alta velocidad pueda ser perforada por 40 mil caminos que den acceso a "malls", a nuevas urbanizaciones, a bajadas, a subidas, a pasos, porque entonces dejaría de serlo.

La proposición del Ejecutivo apunta a que tales nuevos accesos deban contar con su autorización. Sin embargo, veo que se ha cometido un error, que aquí ha sido observado, puesto que la indicación del Ejecutivo dice: "requerirán de la autorización del Ministerio de Obras Públicas para convenir el monto del pago". La referencia no es al monto del pago, sino que a la apertura de dichos accesos.

Por lo tanto, si hubiese unanimidad podría corregirse.

La señora FELIÚ .-

¿Qué indicación es ésa, señor Senador ?

El señor ERRÁZURIZ .-

Se trata del artículo 3º, nuevo.

Estimo que es un error.

Está aprobado por unanimidad por los Senadores señores Siebert , Martin y Errázuriz . Obviamente, el espíritu y la letra de lo que se discutió apuntaban a que tales nuevos accesos debían contar con autorización del Gobierno, pero no así los pagos. Éstos no tienen nada que ver; es una relación entre particulares.

Por lo tanto, si hubiese unanimidad, podríamos dejar corregida esta situación.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , efectivamente, ha habido una confusión. Tal como lo establece el artículo 40 de la ley que estamos modificando y lo ha señalado el Honorable señor Errázuriz , el concesionario puede negociar con un particular, con un tercero, el acceso a la concesión. Pero, por supuesto, ello debe hacerse con alguna supervigilancia no en lo referente al precio que cobre el concesionario al usuario -eso es algo que perfectamente puede efectuarse entre las partes-, sino en cuanto a que el concesionario no puede desvirtuar la concesión, autorizando cualquier perforación de la vía para obtener mayores recursos. En ese caso, sí que se requiere de una autorización, la cual debería emanar del Ministerio de Obras Públicas.

Por eso, en mi opinión, la indicación del Senador señor Piñera -lo he hablado con él-, en vez de suprimirlo, podría modificar el artículo 3º transitorio, en el sentido señalado por el Honorable señor Errázuriz , para convenir el acceso a que se hace referencia en el artículo 40. Con esa modificación, se podría permitir que el Ministerio de Obras Públicas autorice el acceso y no el pago. Pero para ello se requiere de la unanimidad. Y así como el Honorable señor Errázuriz lo ha pedido, yo también solicito la unanimidad de la Sala para enmendar la indicación.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-

La discusión cobra enorme importancia, porque si las obras van a ser desnaturalizadas y terminar en los simples caminos de que hoy disponemos, se va a perder el objetivo que estamos persiguiendo.

Además, a mi juicio, no puede ser sino el Ministerio pertinente, u otra autoridad pública, el que autorice, pues no puede quedar entregada a una simple negociación de las partes. El precio sí, pero ocurre que lo que estamos preservando es un bien público. De modo que aquí debe existir una autorización de la autoridad competente que vele por que los caminos -en este caso una carretera de alta velocidad concesionada- cumplan su objetivo.

Me parece que lo planteado tanto por el Honorable señor Errázuriz como por el Senador señor Andrés Zaldívar es de una lógica absoluta.

En mi opinión, todos deberíamos concurrir a la unanimidad. En caso contrario, en vez de dar un paso hacia adelante, lo haremos hacia cualquier parte y no en forma positiva.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

En todo caso, solicito a los autores de la iniciativa que hagan llegar a la Mesa el texto redactado en los términos señalados por el Honorable señor Andrés Zaldívar .

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , efectivamente la indicación podría requerir pronunciamiento de la Comisión de Hacienda; pero no es necesario, porque ya trató el tema en el primer informe. Incluso acordamos establecer que la garantía con la prenda de la concesión pudiera ser equivalente a lo establecido en el artículo 84 de la Ley General de Bancos, para permitir el préstamo de hasta un l0 por ciento del capital y reserva del banco. O sea, este asunto ya fue tratado y aprobado por la Comisión de Hacienda, pero después se modificó en la de Obras Públicas no sé por qué razón.

El señor ERRÁZURIZ.-

Este es un tema bien importante.

En la Cámara de Diputados se estableció que la prenda especial de concesión de obras públicas sería asimilable a una garantía real. Es decir, que los bancos pudieran prestar, con esta garantía -acciones o prenda-, hasta 25 por ciento de su capital y reservas.

Eso fue lo aprobado por la Cámara Baja; sin embargo, cuando el punto fue tratado en la Comisión de Obras Públicas, el Ejecutivo solicitó el rechazo de la indicación con el fin de buscar una fórmula consensual con un porcentaje no inferior a 5 por ciento, pero tampoco mayor que 25 por ciento.

Sobre el particular, deseo explicar a los señores Senadores cómo opera el sistema. Con garantías reales los bancos prestan hasta el 25 por ciento del capital y reservas, y sin no las hay, prestan sólo hasta el 5 por ciento. En las exportaciones o respecto de bienes destinados a ellas, el margen aumenta a 30 por ciento, en el primer caso, y a 10 por ciento, en el segundo. Y se intentó llegar a un acuerdo en el sentido de fijar 10 por ciento para estas acciones; es decir, asimilarlas, en el fondo, a las actividades de exportación.

En principio, eso fue lo convenido, pero a última hora se fijó como condición que era necesaria la sindicación de dos bancos para los efectos de hacer frente al crédito, con 10 por ciento de garantía.

Debo hacer presente que, en esa oportunidad, se aprobó el artículo en la Comisión de Obras Públicas, pero en ella formulé especial reserva al respecto, como lo consigna el informe: "El Senador Errázuriz solicitó dejar constancia de que rechazaba la indicación y votaba favorablemente el artículo teniendo presente que en la Comisión de Hacienda del Senado sería posible reabrir debate sobre estas normas.". Pero, como tal Comisión no elaboró un segundo informe sobre el particular, no fue posible proceder en tal sentido, con lo cual, de acuerdo con lo establecido hasta ahora en el proyecto, los bancos sindicalizados podían llegar al 10 por ciento, y no en forma individual. La idea propuesta es que los bancos, también en forma aislada, puedan hacerlo, como de hecho proceden en cualquiera obra o proyecto relacionado con exportaciones.

Por lo tanto, la indicación del Honorable señor Piñera -y que también he suscrito- tiene por finalidad precisamente volver a la situación intermedia, conversada y consensuada entre todos los señores Senadores, lo cual no contempla el 25 por ciento aprobado por la Cámara de Diputados ni tampoco el porcentaje de la norma general que estipula 5 por ciento, pues fija 10 por ciento, sin necesidad de sindicalización.

Por lo tanto, la proposición podría aprobarse porque, al parecer, hay unanimidad al respecto.

Quiero, asimismo, hacer hincapié en un tema -a mi juicio, relevante- al cual hice referencia también en Comisiones. Si los bancos se ven obligados a sindicarse, su capacidad de competencia disminuye y, en consecuencia, sería muy difícil que, tratándose de obras de concesión que requieren grandes capitales, pueda existir competencia entre ellos. Deben actuar de acuerdo, sindicalizados o procediendo de consuno, para los efectos del financiamiento, todo lo cual redunda en mayores costos. Y este negocio de obras públicas, más que uno de construcción, es principalmente de índole financiera. Por lo tanto, es muy importante que los bancos puedan competir. Y el hecho de que no estén obligados a sindicalizarse, sería lo ideal, ya que competirían por tratar de ganarse al cliente, y no al revés como ocurre hoy día.

Por ello, considero que eliminar la palabra "sindicalización" y hacer posible que el porcentaje de 5 suba al 10 por ciento -y no al 25, como aprobó la Cámara de Diputados- permitiría el consenso, al cual, por lo demás, se había llegado en la Comisión de Hacienda cuando discutimos la materia.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , estoy totalmente de acuerdo con lo dicho por los Honorables señores Zaldívar y Errázuriz , pero deseo hacer una petición -a la cual probablemente se sumarán otros señores Senadores-consistente en oficiar al Ministerio de Hacienda y a la Superintendencia de Bancos, solicitando la revisión y tal vez la modificación del sistema de márgenes de esas entidades, contemplado en la Ley de Bancos.

El sistema es sumamente antiguo -corresponde a una ley del año 193l- y establece dos tipos de garantías: las reales, que dan derecho a un incremento en el margen, como han señalado otros señores Senadores; y otras, no reales que no lo permiten. Pero al hablar de garantías reales o no reales nos estamos refiriendo a un concepto físico. Para la ley, garantía real es lo que tiene contextura física: las máquinas, las hipotecas, pero las de carácter financiero, como acciones, valores, documentos, prendas sobre concesiones, no son consideradas garantías reales, en circunstancias de que, desde el punto de vista de la calidad, la seguridad y la estabilidad puede ser mayores.

Por eso, en mi concepto, todo el sistema de garantías contemplado actualmente en la Ley de Bancos está obsoleto. El Superintendente respectivo, en cierta forma, lo ha reconocido. Y aprovecho esta oportunidad para pedir a esa autoridad el estudio de un proyecto de ley modificatorio de la Ley de Bancos, destinado a actualizar y modernizar lo de las garantías. Lo que estamos haciendo hoy día es simplemente avanzar en una dirección que, de todas maneras, dicha normativa debiera considerar, esto es, que la prenda sobre una concesión de obra pública pueda significar un incremento de 5 a 10 por ciento para un banco en forma individual.

Por tales razones, considero que la indicación renovada debe ser aprobada.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , debo manifestar sobre el particular que estoy plenamente de acuerdo en que el sistema es antiguo, pero no data del año 193l, pues corresponde a una modificación efectuada durante el Régimen Militar, después del "shock" que produjo el tipo de cambio fijo y la crisis que él provocó. Como consecuencia de ello se modificó el sistema de garantías reales de las acciones, bonos y otros valores, que no se consideran como tales, lo que no se da en ningún país del mundo. Aquí no hay ponderación alguna. Es lo mismo que si no existiesen, lo que es sumamente absurdo.

Por otra parte, se prohibió también a los bancos tener acciones de sociedades anónimas y de empresas, en circunstancias de que antes podían poseerlas hasta por un monto equivalente al 10 de su capital. Y debo hacer presente que en la España socialista de Felipe González los bancos poseen toda un área industrial -denominada precisamente así- formada por las acciones de que son dueños. De modo que los créditos que otorgan a sus clientes son de dos clases: préstamos con riesgo, que es la modalidad imperante en Chile; y los consistentes en tomar acciones de las emisiones que puedan hacer las empresas. Los bancos españoles han sorteado en mejor forma que otros las crisis de los últimos años, debido precisamente al hecho de contar en su patrimonio con acciones de empresas industriales, que les permiten generar flujos incluso en situaciones financieras difíciles.

Adhiero, asimismo, a la petición de oficiar al Ministro de Hacienda y al Superintendente de Bancos , pues sería oportuno que en el proyecto sobre modernización de la banca, actualmente en trámite en la Cámara de Diputados, se introdujesen estas modificaciones que contribuyan a la transparencia y modernización del sistema de garantías existente en los bancos. Por ello, pido agregar estas consideraciones al oficio mencionado.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , quiero señalar que, por las razones que expuse, estoy de acuerdo con la indicación y también con el envío del oficio, el que, a mi juicio, debiera hacerse en nombre de la Sala, siempre que sea una proposición al Ejecutivo para que estudie el nuevo sistema de garantías que puedan otorgar los bancos; y no en el sentido de que "se considere tal cosa". Es lógico que se estudie el tema nuevamente, aprovechando que, como se dijo, se encuentra en la Cámara de Diputados un proyecto modificatorio de la Ley General de Bancos.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , creo que en el oficio se debe solicitar al Ejecutivo o a la Superintendencia abocarse al estudio del tema de las garantías, y no formular una propuesta específica de incorporar en la iniciativa una norma que permita que las acciones se consideren como garantía.

Pongo también en conocimiento de la Sala que, preocupados del tema, hemos consultado a la Superintendencia, la cual ha terminado un estudio que también tiene implicaciones sobre el endeudamiento. Y uno de los problemas existentes radica en que muchas veces las empresas están altamente endeudadas y los titulares de las acciones de ellas las usan para obtener endeudamiento adicional.

Entonces, hay una cuestión de endeudamiento general de la economía, que deberemos analizar.

Por lo tanto, me sumaría a lo propuesto, siempre y cuando se solicitara el estudio de las implicaciones del cambio del sistema de garantías y se nos dieran a conocer los puntos de vista de la institución correspondiente, más que sugerir una fórmula específica, de la cual no tenemos antecedentes.

El señor NÚÑEZ (Vicepresidente).-

En consecuencia, si le parece a la Sala, enviaremos los oficios pertinentes, en nombre del Senado, a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y al Ministerio de Hacienda.

Acordado.

Por otro lado, ¿habría acuerdo para aprobar la indicación renovada Nº 34, de los Senadores señores Piñera y Siebert?

--Se aprueba.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Los señores Senadores autores de la indicación están de acuerdo en retirarla.

--Queda retirada la indicación renovada Nº 35 y termina la discusión del proyecto en este trámite.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

En conformidad al acuerdo de Comités, corresponde tratar el proyecto, en tercer trámite constitucional e informado por la Comisión de Obras Públicas, que modifica el decreto supremo MOP Nº 294, de 1984, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, y del decreto con fuerza de ley Nº 206, de 1960, Ley de Caminos.

1084-09

Modificación de decreto supremo Nº 294, de 1984, del Ministerio de Obras Públicas.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 22a., en 7 de septiembre de 1993.

En tercer trámite, sesión 2a., en 4 de octubre de 1995.

Informes de Comisión:

Obras Públicas, sesión 9a., en 5 de julio de 1994.

Obras Públicas (segundo), sesión 27a., en 31 de agosto de 1994.

Obras Públicas.(tercer trámite), sesión 24a., en 13 de diciembre de 1995.

Discusión:

Sesiones 13a., en 14 de julio de 1994 (se aprueba en general); 1a., en 4 de octubre de 1994 (se suspende su discusión); 9a., en 2 de noviembre de 1994 (queda pendiente la discusión); 12a., en 8 de noviembre de 1994 (se despacha en particular).

--Se aprueba la enmienda sugerida por la Cámara de Diputados.

--Se aprueba la modificación sugerida por la Cámara de Diputados.

--Se rechazan las modificaciones.

El señor ERRÁZURIZ .-

Conforme a la modificación sugerida por la Cámara Baja, "El Ministerio estará facultado para prohibir, dentro del radio que determine, anexo a la concesión ya adjudicada, y por el tiempo que al efecto señale, el que, en todo caso, no podrá exceder el período de la concesión, el establecimiento de nuevas instalaciones de giro similar a la del concesionario adjudicado.". Es decir, si se instalara una bomba de bencina dentro de los 200 kilómetros de una concesión, el Ministerio podría prohibir que hubiera otra estación de servicio, lo que nos pareció poco razonable, además de atentatorio contra el texto constitucional. Así que hubo unanimidad para desestimar tal enmienda.

--Quedan rechazadas todas las modificaciones, con la abstención del Senador señor Núñez.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , me parece que habrá unanimidad para desechar el número 5.

Mediante la enmienda que la Cámara de Diputados propone al artículo 53 se establece que, aparte la multa expresada en unidades tributarias mensuales, podrá retenerse el vehículo hasta por 60 días. Y todo lo demás es consecuencia de lo mismo. En la Comisión nos pareció inadecuado, y, por lo tanto, rechazamos las modificaciones de la Cámara Baja.

En cuanto al artículo 71 bis que se sugiere agregar, la situación es diferente. Originalmente, cuando se analizó en la Comisión de Obras Públicas, el Ejecutivo lo retiró. Sin embargo, fue repuesto en la otra rama del Parlamento.

Es un tema bastante complejo, relacionado con la interpretación que la Contraloría da sobre la situación de los trabajadores a que se refiere la norma. En la práctica, lo que se pretende es incorporarlos en calidad de contratados o en la planta del Ministerio de Obras Públicas, pero haciéndoles acreedores a una indemnización, como si fueran despedidos.

Nos pareció inoportuno e inadecuado introducir el punto en la ley en proyecto -dejamos expresa constancia de que no era el ánimo soslayar el problema de fondo, que afecta a muchos trabajadores antiguos de dicha repartición, para quienes se pretende encontrar una solución definitiva-, a propósito de la modificación de la Ley de Caminos.

En opinión del Senador que habla, ello tiene además un costo, y el precepto no se consultó a la Comisión de Hacienda, pues, como dije, en el primer informe el Ejecutivo lo retiró.

Por lo anterior, preferimos desecharlo, para los efectos de que este complejo asunto se trate posteriormente, con toda la acuciosidad que requiere.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

¿Habría acuerdo para desestimar los números 5 y 6?

--Quedan rechazados.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , entiendo que el sentido del artículo 71 bis introducido mediante el texto del mensaje, que luego fue retirado por el Ejecutivo y que la Cámara Baja repuso en el segundo trámite, es buscar solución a un problema que afecta a personal regido por el Código del Trabajo.

La norma en comento no es obligatoria sino facultativa, pues dispone que los trabajadores de que se trata podrán solicitar su incorporación al Servicio pertinente en calidad de contratados o en la planta respectiva, siempre que haya cupos para ese efecto. Y luego se consigna una disposición -también de toda justicia- en virtud de la cual las indemnizaciones por años de servicios devengadas hasta ese momento por aplicación del Código del Trabajo se entienden diferidas hasta cuando el personal cese en los servicios, sea por haberse puesto término a su contrato o por jubilar dentro de la planta.

Por eso, el hecho de que rechacemos o no la proposición de la Cámara de Diputados -aclaro que personalmente votaré a favor- no representa un mayor problema, pues, en todo caso, tendrá que revisarse con mayor detención en la Comisión Mixta respectiva.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , corroborando la misma línea de lo argumentado por el Senador señor Andrés Zaldívar , debo decir que, así como estamos flexibilizando completamente el sistema de concesiones -ello es útil para potenciar las obras públicas-, es necesario introducir también cierta flexibilidad para que estos trabajadores puedan optar. Además, se establece que no podrá excederse el número de ellos, con lo cual no habrá incrementos ni en los de planta ni en los a contrata en el Ministerio. Reitero: simplemente se introduce una opción adicional que, a mi juicio, es sana.

Por eso, anticipo que aprobaré el criterio de la Cámara de Diputados.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente , yo me abstuve en la Comisión. No me opuse porque conozco el problema del Ministerio de Obras Públicas: me parece que es el único donde todavía existe un escalafón de obreros. Y la norma que ahora se propone es una forma de solución basada en dar oportunidad a estos trabajadores para optar a las vacantes que se produzcan, sea de planta o a contrata.

En todo caso, creo que sería interesante buscar una fórmula -y ésta es una de ellas- que permita terminar con dicho escalafón. Es una aspiración de viejos servidores del Ministerio de Obras Públicas, todos los cuales, además de superar los 50 ó 60 años de edad, prácticamente no están cumpliendo las funciones para las que fueron originalmente contratados: se desempeñan como bodegueros o en tareas administrativas menores.

Por eso, en esta oportunidad también apruebo lo resuelto por la Cámara de Diputados, aun cuando, como dije, me abstuve en la Comisión.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , estas disposiciones procuran regularizar la situación que afecta a numerosos trabajadores que pertenecen a la planta de obreros del Ministerio de Obras Públicas, quienes -como lo recordó el Senador señor Siebert- constituyen una excepción dentro de la Administración Pública, pues se siguen rigiendo por el Código del Trabajo y no por las normas del Estatuto Administrativo.

El Ministerio de Obras Públicas se halla afectado por un grave problema de dotación: posee una planta sumamente abultada y numerosa, que no se compadece con las funciones que le corresponde desarrollar en la actualidad, ya que -según lo planteó tiempo atrás el señor Ministro de Obras Públicas con respecto a este mismo proyecto (y así ha sido recordado ahora por el Senador señor Siebert )- no laboran en la ejecución ni reparación de caminos, obras que ahora se efectúan mediante contratistas particulares. En consecuencia, se trata de un personal excedente -por así decirlo- dentro de lo que en la actualidad son las funciones propias del Ministerio de Obras Públicas. Naturalmente, dicho tema requiere de una solución legislativa, pero la que se propone no es tal, porque, para establecer que estos trabajadores puedan ser nombrados a contrata, no se requiere de una ley que faculte al Ministerio para hacerlo, si es que lo desea, por cuanto ellos quedarían comprendidos dentro de la dotación. La propia iniciativa emplea el concepto de "cupo", que, en realidad, correspondería al de "dotación".

Tampoco se necesita una ley que autorice al Ministerio para designarlos de acuerdo con las reglas generales de nombramiento de los funcionarios públicos, que disponen que ello debe hacerse previo concurso.

Por otra parte, la iniciativa introduce una norma de excepción, cuyo costo no se indica ni ha sido mencionado, y que, como muy bien lo recordó el Presidente de la Comisión de Obras Públicas, no fue estudiada por la Comisión de Hacienda del Senado, no obstante implicar un gasto. ¿Cuál es el costo? La indemnización por años de servicio que hoy tienen derecho a percibir esos trabajadores. La Comisión no pudo saber -porque los representantes del Ministerio no tenían un conocimiento exacto de la materia- qué indemnización correspondía. Si es la que normalmente se otorga por años de servicios conforme al Código del Trabajo, desde luego no la tienen devengada, pues ello ocurre al momento del cese de funciones y sólo cuando las causales sean ciertas y determinadas. Entonces, pareciera que este precepto, sin decirlo, está concediendo una indemnización por años de servicios a todo evento. Y esto tampoco sería correcto, porque esas trabajadores el día de mañana podrían cesar en sus labores por sumario administrativo o por calificación de mérito insuficiente, esto es, por una causal de responsabilidad propia de ellos, y no se ve por qué tendrían derecho a devengar indemnización.

Por lo tanto, lo que debe reglamentarse exactamente es, primero, qué ocurrirá con la indemnización por años de servicio; segundo, cuantificar el número de trabajadores y las indemnizaciones que se concederán, y tercero, determinar el gasto que implicarían para el Fisco. Éstas son materias que deben ser analizadas por la Comisión de Hacienda del Honorable Senado, trámite indispensable de acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en virtud del cual ni siquiera esta Sala puede excusar el informe del referido órgano técnico cuando la iniciativa implique un gasto y en el que debe establecerse el costo de la misma. Solamente sobre esta base podría acotarse la manera de mantener esta indemnización

Además, resulta conveniente consignar en qué casos y condiciones esos trabajadores podrán ser designados en la planta, lo que ocurrirá cuando su función sea necesaria para el Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, en esta misma Sala, con motivo del estudio del proyecto de Ley de Presupuestos, el señor Ministro del ramo hizo presente la gravedad que reviste el problema de la dotación en dicha Cartera. Pareciera, entonces, que no es lo más apropiado seguir recargando al Ministerio con recursos humanos que, en definitiva, no le son necesarios, y que solamente de esta manera se estarían configurando futuras jubilaciones.

Todos estos antecedentes, de que la Comisión no dispuso en su oportunidad, el costo que representa la iniciativa, lo cual tampoco se determinó, y la falta de informe de la Comisión de Hacienda me llevan a votar en contra del proyecto.

Por esas razones, personalmente lo rechazaré.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , seré muy breve.

Votaré en contra de esta disposición, porque me parece que no está lo suficientemente clara como para aprobarla. No es cómodo emitir un pronunciamiento sin el respectivo informe de la Comisión de Hacienda, y el texto mismo no lo encuentro explícito. No sé si aquí aparece repetida una facultad propia de la Constitución, esto es, la de presentar solicitudes en términos respetuosos y convenientes. Se está disponiendo que obreros regidos por el Código del Trabajo puedan pedir una indemnización. Pero sucede que siempre pueden recabarla. El problema radica en que si esto implica un derecho para ser incorporado en determinadas condiciones, lo que no dice la disposición.

Por tal motivo, anuncio que votaré en contra.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , quiero hacer hincapié en la importancia que reviste esta materia. No me opongo -así lo destaqué en la Comisión- a que podamos legislar sobre el particular. Esta situación afecta a 2 mil trabajadores del Ministerio de Obras Públicas que no pueden cumplir con las obligaciones para los que fueron contratados y que ahora se los pretende trasladar en calidad de funcionarios de planta o a contrata de esa Cartera, hallándose actualmente regidos por la ley laboral. De acuerdo con ésta, sólo corresponde otorgarles una indemnización. No veo la razón de asignarlos a la planta, pues -como lo manifestó un señor Senador - no estarían cumpliendo con las obligaciones para las cuales se les contrató en el pasado, esto es, hacer caminos o repararlos, faenas que hoy se realizan de manera distinta: a través de la ley de concesiones, que acabamos de aprobar, o por otras vías.

Por lo tanto, lo que correspondería es indemnizar a estas personas, y no dejar pendiente su indemnización. Porque lo que se plantea aquí es trasladarlas a la planta o a situación de contrata, y dejar pendiente su indemnización. Esta última, en efecto, no se les cancela: sólo se puede hacer uso de ella -pasando a ser un derecho, cuando hoy es sólo un evento- más adelante, cuando se vaya a jubilar.

Y todo esto, dentro de una planta y siempre que haya cupos. Sin embargo, no se indica en qué trabajos. O sea, se trata de meter a la gente donde haya hueco. Pero las personas pueden no estar conformes con el hueco donde las van a meter. En ese caso, se van a quedar tal como están. Y, así, se va a crear una discriminación abierta, ya que habrá trabajadores en una situación que no da derecho a una indemnización obligatoria y otros que, en cambio, se habrán metido en cualquier hueco dentro de la planta, con indemnización.

Pero, curiosamente, aquí no se ha cumplido con un trámite necesario, en la medida en que el proyecto debió haber sido conocido por las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado. Resulta evidente que un derecho a indemnización eventual, como el que establece la ley laboral, pasaría a ser una obligación -de acuerdo con el sistema que nos ocupa-, por opción del trabajador, siempre y cuando cuente con el visto bueno del jefe del Ministerio de Obras Públicas. Lo anterior, por lo tanto, conlleva un pago.

Sin embargo, lo peor es que no se da solución al problema. Por mi parte, no me opongo al costo. No me opongo a la forma como se ha planteado. A lo que me opongo es a que en la Ley de Caminos se introduzca un tema que no guarda relación con la materia.

En consecuencia, hemos oficiado al Ministerio de Obras Públicas a fin de que se presente un proyecto de ley concreto para solucionar lo que constituye un problema de modernización de su personal. Esa Secretaría de Estado no sólo debe modernizarse en sus esferas superiores, sino también en lo que guarda relación con sus trabajadores, con sus obreros.

En definitiva, no existe oposición de la Comisión ni de los Senadores en cuanto a legislar sobre el particular. Lo que nos parece inadecuado es la forma en que se ha pretendido hacerlo. Y, por eso, hemos rechazado la norma.

Reitero, además, que no se ha cumplido con los trámites pertinentes.

Ojalá que el Ministro de Obras Públicas o el Ejecutivo envíe el proyecto que dé adecuada solución a este problema.

He dicho.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , voy a votar a favor del agregado de la Cámara de Diputados, aun cuando reconozco que su redacción, en la primera parte, es inadecuada, dado que se establece un derecho a solicitar que no es necesario establecer, pues ya existe.

Pero entiendo que este texto se refiere, más bien, al caso en que un trabajador solicite su incorporación a alguno de los cargos regidos por la ley Nº 18.834, estableciéndose las condiciones para que ello tenga vigencia. Eso es lo que vale de este agregado de la Cámara de Diputados, relativo a que el cambio "no podrá significar aumento de dotación", "ni importará supresión de la relación laboral preexistente para los efectos de la exigibilidad de los beneficios pecuniarios que devengue la calidad jurídica anterior, incluidas las indemnizaciones por años de servicio que pudieren corresponder a tal fecha, la que se entenderá diferida hasta el cese definitivo de los servicios por cualquier causa que otorgue derecho a percibirla".

Sobre esa base, entonces, voto a favor, pero entendiendo que en la Comisión Mixta hay que corregir y concentrarse en la segunda parte, que es la relevante, y no en la primera, atinente al derecho a solicitar, el cual se halla garantizado por la Constitución, obviamente, de modo que no es necesario que se encuentre incluido.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , he escuchado una argumentación que me parece curiosa, porque, aparentemente, para resolver un problema que no tenía que ver con las ideas matrices del proyecto, estamos tratando de producir un entendimiento a nivel de Comisión Mixta. Para que opere la Comisión Mixta, sin embargo, debe mediar un rechazo del Senado, de manera que quienes propician ese entendimiento y, simultáneamente, votan a favor de la iniciativa, no van a permitir que ello ocurra.

En consecuencia, para evitar lo anterior y para que en esta materia se cuente con el patrocinio que corresponde, voto en contra de lo que se somete a nuestra consideración.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , por las razones que ya indiqué, voto que no, haciendo presente, además, que la circunstancia de que se requiera quórum especial determina que no rijan los pareos.

Al votarse que no, el proyecto podrá ir a Comisión Mixta, para que se solucionen los problemas que hemos expuesto y para que queden bien resguardados los derechos de los dos mil trabajadores cuya suerte está en juego en el texto en análisis. Éste no debió haber sido introducido en la Ley de Caminos, puesto que se trata de personal del Ministerio de Obras Públicas.

Espero que efectivamente se envíe una iniciativa de ley que regule esta materia con la seriedad y en la forma que corresponde, pasando por las Comisiones de Hacienda. Porque, evidentemente, existe un gasto implícito y los trabajadores querrán saber, también, que cuentan con la garantía de que las disposiciones pertinentes han sido conocidas por las Comisiones respectivas, para que sus indemnizaciones queden debidamente resguardadas.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , la verdad es que nadie se puede oponer a dar una posibilidad para que los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas -específicamente, de Vialidad- accedan a las plantas y a la condición de personal técnico o administrativo. Sin embargo, hay ciertos criterios que permiten discrecionalidad, y eso debiera corregirse en Comisión Mixta.

En segundo lugar, cuando tienen lugar estos cambios de condición administrativa o jurídica en la Administración Pública, se accede a derechos de indemnización que, desgraciadamente, cuando no quedan claros en la ley, deben ser perseguidos después por los trabajadores, en juicios contra el Fisco. Ello retarda, además, el proceso, y, en definitiva, los que ganan son los abogados.

Por eso, y considerando estas otras razones, creo que el texto debe ir a Comisión Mixta, para que sea perfeccionado.

Voto que no.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , tal como lo anuncié, votaré en contra de la iniciativa.

En primer lugar, porque se refiere a un problema real que debe ser solucionado en forma seria y precisa. El artículo que estamos considerando se encuentra mal redactado, no solucionará la situación y, por el contrario, va a crear graves dificultades de interpretación. Por lo mismo, si se quiere enmendar la norma a fin de resolver el problema, se debería acudir a una ley especial, o es posible que la Comisión Mixta encuentre una mejor solución. Y para que ésta pueda tener participación en el asunto, es necesario rechazarlo, y por eso voto en contra.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Estimo muy acertadas las consideraciones del Senador señor Zaldívar , pero votaré favorablemente por entender que no sólo se resuelve el problema de dos mil trabajadores, sino que de muchos más, fundamentalmente de aquellos vinculados a la Dirección de Vialidad, que en la actualidad presentan una situación muy dificultosa para los efectos de poder acceder a determinados beneficios.

Voto a favor.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Terminada la votación.

--Se rechaza el número 7 (20 votos contra 8, 4 abstenciones y un pareo).

Votaron por la negativa los señores Cantuarias, Cooper, Díez, Errázuriz, Feliú, Frei (don Arturo), Gazmuri, Horvath, Huerta, Larre, Letelier, Martin, Matta, Mc-Intyre, Muñoz Barra, Otero, Prat, Ríos, Romero y Thayer.

Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Calderón, Díaz, Lagos, Núñez, Siebert, Sinclair y Zaldívar (don Adolfo).

Se abstuvieron de votar las señoras Carrera y Frei (doña Carmen), y los señores Hormazábal y Zaldívar (don Andrés).

No votó, por estar pareado, el señor Alessandri.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Si le parece a la Sala, daríamos por aprobada la letra d) del número 4, que ha pasado a ser número 8.

--Se aprueba.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Si le parece a la Sala, se aprobaría.

--Se aprueba (28 votos favorables).

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Si le parece a la Sala, daríamos por aprobado el citado artículo 3º, nuevo, incorporado por la Cámara de Diputados.

--Se aprueba.