Labor Parlamentaria

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde ocuparse, en primer término, en el proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados que aprueba el Acuerdo entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Federativa del Brasil para la Promoción y Protección Recíproca de sus Inversiones, y su Protocolo, suscrito en Brasilia el 22 de marzo de 1994, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de acuerdo:

En segundo trámite, sesión 24ª, en 17 de agosto de 1994.

Informe de Comisión:

Relaciones Exteriores, sesión 22ª, en 6 de diciembre de 1995.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En la discusión general y particular del proyecto, tiene la palabra el Honorable señor Urenda.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , este convenio sigue la línea de otros aprobados por el Senado y tiene como característica determinadas excepciones en cuanto al tipo de inversiones que Chile puede efectuar en Brasil, conforme a normas constitucionales de esta República. Como es sabido, hay un proceso de reformas constitucionales en dicho país, y se considera que, en la medida en que se eliminen esas restricciones al capital extranjero, desaparecerán las que se apliquen a eventuales inversiones chilenas en ese Estado.

Los problemas que se han suscitado se relacionan con el arbitraje. Al respecto, se mantiene el principio sustentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, en el sentido de que las controversias entre el Estado receptor de inversiones y un inversionista, si se opta por una de las dos vías, es decir, los tribunales competentes de la parte contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, o el arbitraje internacional, tal opción, una vez tomada, será definitiva e irreversible.

Por lo anterior, y dado que el convenio en análisis no presenta diferencias con otros ya aprobados por el Senado, parece ocioso repetir conceptos ya conocidos, y me permito recomendar que, al igual como lo hizo la Comisión, la Sala le dé su aprobación en forma unánime.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.

--Se aprueba unánimemente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados que aprueba el Acuerdo entre las Repúblicas de Chile y de Bolivia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, y su Protocolo, suscritos en La Paz, en 1994, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de acuerdo:

En segundo trámite, sesión 55ª, en 19 de abril de 1995.

Informe de Comisión:

Relaciones Exteriores, sesión 22ª, en 6 de diciembre de 1995.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.

--Por unanimidad, se aprueba en general y particular.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados que aprueba el Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, y su Protocolo, suscritos con la República de Croacia, en Santiago, en 1994, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de acuerdo:

En segundo trámite, sesión 58ª, en 9 de mayo de 1995.

Informe de Comisión:

Relaciones Exteriores, sesión 22ª , en 6 de diciembre de 1995.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.

El señor URENDA.-

Como es de todos conocido, la República de Croacia es un Estado nuevo, con una vieja historia, muy vinculado a Chile por la gran colonia de descendientes de esa nación, y, en consecuencia, este tratado puede contribuir a estimular una relación comercial creciente, luego de la de carácter amistoso y diplomático existente entre ambos países. Incluso, hemos recibido la visita del Presidente y de autoridades croatas.

Por ello, la Comisión recomienda a la Sala prestarle su apoyo.

--Por unanimidad, se aprueba en general y particular.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En seguida, y conforme a lo acordado por los Comités, corresponde ocuparse en el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados que modifica el artículo 3º de la ley Nº 18.696, que establece normas sobre transporte de pasajeros, con segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 8ª, en 19 de abril de 1994.

Informes de Comisión:

Transportes, sesión 18ª, en 18 de julio de 1995.

Transportes (segundo), sesión 22ª, en 6 de diciembre de 1995.

Discusión:

Sesión 30ª, en 23 de agosto de 1995 (se aprueba en general).

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

La iniciativa tuvo su origen en moción de varios señores Diputados y consta de un artículo único.

La Comisión, integrada por los Senadores señores Cooper ( Presidente ), Mc-Intyre y Otero, propone aprobar el texto de su primer informe, con algunas enmiendas, y hace constar, para los efectos de los artículos 121 y 124 del Reglamento, que se formuló una sola indicación a su único artículo, la que fue aprobada con modificaciones.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En la discusión general y particular del proyecto, tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , la ley Nº 18.696 faculta al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para regular el funcionamiento del mercado de transporte de pasajeros en las vías. Su artículo 3º -según se consigna en el informe- establece, entre otras materias, que en casos de congestión, de deterioro del medio ambiente o de condiciones de seguridad de las personas o vehículos, podrá disponer el uso de las vías para determinados tipos de vehículos o servicios, mediante procedimientos de licitación pública.

Pues bien, no obstante que uno de los casos en que ésta procede se halla consignado en el referido cuerpo legal -esto es, que se produzca deterioro del medio ambiente-, en la Cámara Baja, y por moción de varios señores Diputados -entre quienes se cuenta el actual Senador señor Horvath-, inició su trámite un proyecto de ley destinado a establecer de manera precisa que en las licitaciones a que llame el Ministerio del ramo para el funcionamiento del mercado de transporte de pasajeros se deben incluir, entre los factores por evaluar, los efectos ambientales que generan las distintas modalidades de aquél.

En tales condiciones se presentó la iniciativa, que fue aprobada por la otra rama del Parlamento, pese a que en su oportunidad el Secretario de Estado del rubro hizo presente que, a su juicio, tal modificación sería innecesaria, atendido el hecho de que el factor ambiental se contempla como fundamento de la licitación.

Con motivo del primer informe, el Senado aprobó un proyecto que difiere del acogido por la Cámara de Diputados, cuyo texto, en esencia, preceptuaba que los procedimientos y las bases de licitación debían considerar los factores ambientales, de manera tal de producir una equivalencia de ponderación tanto en el aspecto económico cuanto en el ambiental, consignando, además, que en la resolución de las licitaciones era necesario contemplar no sólo el precio del pasaje, sino también el grado de contaminación y el costo social de ésta para la población.

A mi juicio, dicho elemento se halla contenido en la ley Nº 18.696; sin embargo, atendida la aprobación de un concepto legislativo sobre la materia, estimé que bastaba que en las bases de licitación se tomara en cuenta no sólo la parte económica, sino también el aspecto ambiental. Por eso, presenté una indicación en tal sentido.

Me parecía especialmente grave que se considerara, como elemento para definir las licitaciones, sólo el costo social que ello implica para la ciudadanía, porque, en verdad, ese factor resulta absolutamente vago e imposible de precisar.

La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, al acoger parcialmente mi indicación, eliminó lo relativo al costo social y resolvió, en consecuencia, que para el llamado a licitación sólo debe tenerse presente el costo económico del valor que se ofrece y el efecto ambiental que generan los medios de transporte, sobre la base de una ponderación de esos dos puntos.

A mi modo de ver, la norma, en los términos en que se aprobó por la Comisión, permite al Ministerio de Transportes llamar a licitación y resolver las que se presenten.

En esa perspectiva, anuncio que aprobaré el texto propuesto por ese organismo en su segundo informe.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , solamente deseo destacar que la iniciativa en debate surgió de la necesidad de superar el vacío de la ley 18.696, porque entre los factores para determinar la licitación de vías, además de la persona que se la adjudicará, figura el modo de transporte, el cual es de carácter esencialmente económico. Aquí se trata de incorporar el aspecto ambiental. En tal virtud, si en cualquier calle congestionada de nuestro país por el tráfico de buses y trolebuses se llama a licitación, ¿se va a dirimir la participación de esos vehículos solo desde el punto de vista económico? En esto hay actualmente un vacío evidente. Por eso, la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados plantea que las bases de licitación deberán contemplar explícitamente los aspectos económicos y ambientales de las distintas alternativas y modalidades de transporte y, además, determinar, al menos, los factores ambientales atinentes al ruido, a la emisión de gases contaminantes, al orden en la circulación de los vehículos y a la valoración urbana.

Pensemos lo que significa, por ejemplo, para el entorno social de ciertos servicios y del comercio ubicados en una calle en donde pasan trolebuses y en otra en que circulan microbuses. Obviamente, es notable la diferencia en cuanto a valoración urbana.

A mi juicio, en el Senado se ha ido complicando el trámite legislativo del proyecto en debate, por cuanto, sin perjuicio de la idea de fondo, se le han extraído algunos elementos. Digo esto, porque ahora se establece que no sólo se considerará el valor del pasaje ofertado, sino también el grado de contaminación ambiental y acústica generada por los medios de transporte.

Ciertamente, estamos en la misma línea matriz; pero hemos restringido el ámbito de aplicación en forma objetiva y explícita antes de que las personas participen en la licitación, en aspectos que, como externalidades, no son difíciles de evaluar. Sin embargo, por encontrarnos en la discusión particular de la iniciativa, sugiero que se apruebe con las reservas que he señalado. Y en caso de insistirse en la modalidad planteada por la Cámara de Diputados, las diferencias podrían resolverse en la Comisión Mixta.

El señor DÍEZ .-

Señores Presidente , nosotros aprobaremos gustosamente el proyecto, porque significa poner en práctica, en lo concerniente a factores críticos, las disposiciones constitucionales relativas al derecho a vivir en un medio libre de contaminación y a la obligación del Estado de defender el patrimonio ambiental y la naturaleza.

Por otra parte, la iniciativa se traducirá en la aplicación práctica de la Ley de Bases del Medio Ambiente, aprobada por el Congreso Nacional hace algunos años.

Sobre el particular, es necesario tener en cuenta la realidad de la congestión vehicular no sólo en la Capital, sino en muchas ciudades del país. Todos somos testigos de cómo las líneas se han adjudicado la licitación de recorridos, lo que determina que en las vías circulen vehículos que parecen más máquinas de ferrocarril a carbón que buses propiamente tales.

Por esta razón, nosotros concordamos con el señor Ministro de Transportes y con la mayoría de la Comisión en cuanto a la conveniencia de aprobar este proyecto, cuya importancia radica en que los efectos ambientales sean evaluados sobre la base de un factor absolutamente concreto, teniendo en cuenta, además, la presencia económica de las concesiones respectivas.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , en mi opinión, corresponde que demos nuestra aprobación a la iniciativa, pues, al margen de estimarse como una declaración más -precisamente, por sus generalidades al establecer que "Las bases de estas licitaciones deberán contemplar, entre los factores que serán evaluados, los efectos ambientales que generan distintas modalidades"-, no deja de representar un paso adelante por el hecho de consignar no sólo una evaluación económica, sino además la ponderación de otros aspectos.

Es cierta la experiencia demostrada en el informe de la Comisión y que hizo presente el señor Subsecretario de Transportes : en el actual sistema de licitación, se estimulan y se toman en cuenta los factores netamente ecológicos. La normativa vigente asigna un mayor puntaje a los empresarios que postulan con los buses denominados "ecológicos", lo cual ha significado que, por aplicación de una adecuada política, en la Región Metropolitana existan cerca de 3 mil 500 máquinas de ese tipo, con una gran inversión de parte de los empresarios del sector, ayudando ello a reducir objetivamente los altos grados de contaminación en la Capital.

La aspiración de muchos de nosotros -no de retornar al pasado, porque ello es imposible- en orden a valorar lo que la experiencia puede aportarnos, con proyecciones a futuro, tiene que ver con el elemento no contaminante. Se ha demostrado, por ejemplo, que ciertas modas económicas no siempre pueden ser vistas y tomadas en cuenta en un momento determinado.

En Chile se hizo una alta inversión para contar con un sistema moderno de tranvías. Antiguamente éstos se desplazaban por las calles de Santiago con regularidad y seguridad, ofreciendo transporte muy conveniente. Posteriormente, apareció una moda que dejó de lado tal sistema, destruyéndose toda la inversión social realizada; se levantaron los rieles y se sacaron los conductos. Pero poco a poco, se ha redescubierto que la electricidad -elemento no contaminante- puede facilitar ese adecuado medio de transporte colectivo. Ésta es la realidad actual de muchos países desarrollados de Europa.

Sin embargo, las experiencias en materia de trolebuses, que fueron exitosas, por ejemplo, en Valparaíso, no han tenido el mismo efecto en Santiago, donde seguimos utilizando vehículos con motores de combustión interna, que generan, naturalmente, otro tipo de factores contaminantes.

Como dije, al proyecto en análisis puede imputársele el defecto de ser sólo un elemento declarativo; pero, en mi opinión, ciertas declaraciones ayudan a ilustrar la forma en que las autoridades ejercen su función.

Por lo tanto, el hecho de que el Senado manifieste su apoyo a la iniciativa representa una señal adicional, por cuanto "el progreso" -entre comillas- no se mide únicamente conforme a cifras económicas, sino también por un avance en la calidad de vida de los ciudadanos. Por lo tanto, estimo conveniente que la Corporación dé una nueva señal positiva en esa dirección, aprobando, en consecuencia, el proyecto.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , seré muy breve, pues únicamente deseo expresar nuestro respaldo a la iniciativa, por cuanto mediante ella se exigirá que, además de los procedimientos y las bases de licitación de calles y avenidas, se incluyan también -como lo indicó un señor Senador-, aparte la evaluación económica, las normas ambientales aplicables a las distintas alternativas y modalidades de transportes. Es decir, en adelante, de aprobarse esta iniciativa -como pienso que ocurrirá-, las bases de las licitaciones deberán considerar factores ambientales como los referentes a la contaminación acústica, a los gases tóxicos, al orden y circulación de vehículos, y a la valoración del terreno urbano, todo lo cual es muy importante.

En consecuencia, el proyecto propone como ideas centrales cuidar nuestro aire, proteger al ser humano de los ruidos y evitar el deterioro urbano, además de procurar el empleo eficiente de las distintas opciones energéticas en los plazos mediano y largo.

Respecto de la iniciativa, vale la pena decir algunas palabras sobre lo que significa la contaminación atmosférica. En lo tocante al Gran Santiago, que es la ciudad afectada de manera más importante por las consecuencias de la polución, algunos estudios científicos han determinado, en relación con la salud, que alrededor de 30 por ciento de los niños menores de un año que viven en la Capital sufren de bronquitis obstructiva o de bronconeumonía; y otros demuestran que un pequeño que habita en una metrópolis, como la nuestra, o en grandes ciudades, tiene un riesgo 300 por ciento mayor que otro infante con residencia en un lugar libre de contaminación.

Por esa razón, creemos que el proyecto se adecua a las necesidades de protección de la vida humana y, por ello, anunciamos los votos favorables del Partido por la Democracia.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, quiero adherir a lo dicho en la Sala, especialmente en cuanto a la importancia que una iniciativa de este tipo tiene para ciudades como Santiago.

Los grandes causantes de la contaminación en nuestra capital -nos guste o no nos guste- son los microbuses que, aunque ecológicos, producen tanto humo como los demás. De manera que lo ecológico es solamente hasta cierto punto.

He sabido también que se han puesto dificultades a los trolebuses para que vuelvan a circular, aun cuando en un país sensato, con electricidad y sin petróleo, lo lógico sería que el transporte colectivo fuese eléctrico. Puede tratarse de tranvías , como los que existían antes, similares a los de Alemania y a los ciudades de otros países de Europa reconstruidas después de la guerra, las cuales tienen en funcionamiento estupendos sistemas de ese tipo. Se trata de vehículos silenciosos y limpios, aun cuando -como sabemos- presentan algunas limitaciones: cuesta hacerlos dar la vuelta, se salen de sus pistas de desplazamientos, etcétera.

Sin embargo, en general, pienso que la locomoción colectiva de Santiago debiera estar constituida exclusivamente por vehículos eléctricos, porque así se suprimiría la actual "ley de la selva" imperante, sobre todo cuando tres o cuatro filas de microbuses compiten entre sí, poniendo en peligro la vida de las personas y no dejando espacios para los automovilistas que son mayoría frente a los microbuses.

En líneas generales y en lo que a ecología se refiere, estimo que esta iniciativa debe marcar una señal muy importante para que la licitación, ojalá, sea más estricta en cuanto a la contaminación y se privilegie a todos aquellos medios de transporte no contaminantes, como los que he señalado.

Por lo tanto, anuncio mi voto favorable, lamentando que la redacción no sea más enérgica.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , a mi juicio, hay acuerdo en todos los sectores para aprobar la idea de legislar en términos de poder incorporar en las bases de las licitaciones los factores ambientales de los medios de transporte que postulen a los diversos recorridos. Sin embargo, una rápida lectura de la disposición, nos deja entrever diversas inquietudes acerca de su redacción. En realidad, es bastante poco feliz el texto del artículo. Si uno analiza, por ejemplo, el párrafo que señala "Las bases de estas licitaciones deberán contemplar, entre los factores que serán evaluados, los efectos ambientales que generan las distintas modalidades de transporte propuestas...", debe preguntar: ¿Propuestas por quién, señor Presidente ? En realidad, quien propone es el que concursa, la persona que licita; y en la norma se está diciendo que quien llame a licitación deberá considerar distintas modalidades de transportes y no proponer, lo cual es tarea de otro. Se producen confusiones. En seguida, pareciera que el lenguaje utilizado no es igual al de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, con la cual debiera haber una correcta armonía.

Por estas consideraciones, señor Presidente , y estando en pleno acuerdo con la iniciativa, la votaremos favorablemente, aun cuando somos de la idea de enviarla a la Comisión de Medio Ambiente, en procura de que allí se armonice con lo establecido en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y, al mismo tiempo, se corrijan ciertos defectos de redacción que se advierten en su presentación. Con ello, pienso que se favorecerá una aprobación rápida y unánime de ella.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo en la Sala para enviar el proyecto a la Comisión de Medio Ambiente?

El señor DÍEZ.-

Sí, señor Presidente .

El señor MUÑOZ BARRA.-

Hay acuerdo absoluto.

--Se acuerda enviar el proyecto a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde ocuparse en la segunda discusión del proyecto de ley de la Cámara de Diputados que integra representantes del Congreso Nacional al Consejo de la Editorial Jurídica de Chile, con informe negativo de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

407-15

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 8ª, en 19 de abril de 1994.

Informes de Comisión:

Transportes, sesión 18ª, en 18 de julio de 1995.

Transportes (segundo), sesión 22ª, en 6 de diciembre de 1995.

Discusión:

Sesión 30ª, en 23 de agosto de 1995 (se aprueba en general).

El señor VALDÉS (Presidente).-

En la segunda discusión, ofrezco la palabra.

El señor CALDERÓN .-

Señor Presidente , la moción trata de cambiar la composición del Consejo de la Editorial Jurídica de Chile. Hasta 1974 había representación parlamentaria. Durante 25 años hubo presencia del Parlamento en dicho organismo asesor; pero ella acabó al disolverse el Congreso en l973.

La necesidad de nuestra presencia en ese organismo, en un momento en que se trata de desprestigiar al Congreso, a mi entender, es muy necesaria, pues ello nos acercaría a la gente. Además, en las leyes que se aprueban, los congresales podrían tener incidencia en su publicación. Creo que ello es un asunto de conveniencia para el Parlamento.

Me sorprende que en el Senado se propusiera rechazar la iniciativa, pues ella fue aprobada por unanimidad tanto en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados como en la Sala. Además, es una proposición patrocinada por todos los partidos políticos y, por ello, sorprende la rapidez con que se rechaza.

Por otro lado, al leer el informe, se advierte que hace alusión a las consejerías parlamentarias, de triste recuerdo; pero ése no es el caso. Se trata de una corporación jurídica, de una empresa del Estado. También se manifiesta que existen dudas constitucionales; sin embargo, en la reunión pasada, nadie pudo demostrar tal afirmación, quedando aclarado que no hay problemas de ese tipo.

En consecuencia, por razones históricas y de conveniencia para el Congreso, creo que debe volverse a la representación parlamentaria.

Por lo tanto, de acuerdo a la fundamentación que he hecho, rechazo el informe de la Comisión.

El señor COOPER.-

Señor Presidente , me parece innecesario un monopolio del Estado en cuanto a ediciones oficiales y publicación de las leyes. El Ministerio de Justicia, al aprobar la edición de los códigos, les da la autenticidad que se requiere.

Menos justifico que se estén creando verdaderas consejerías en la Editorial Jurídica.

Voto a favor de lo propuesto por el informe de la Comisión.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , quisiera recordar lo manifestado por el Honorable señor Piñera en la sesión anterior en que se vio este proyecto de ley. En esa oportunidad, el señor Senador hizo presente que la Editorial Jurídica ejerce un monopolio legal respecto de la publicación de las ediciones oficiales de códigos, establecido en la ley Nº 8.828.

Creo, señor Presidente , que no es conveniente mantener una situación de ese tipo. Además, la entidad que realiza la edición está financiada con recursos del Estado, que es el segundo tema a que me quiero referir.

A mi juicio, la Editorial Jurídica queda comprendida en las instituciones que menciona el artículo 55 de la Constitución Política como aquellas en las cuales determinadas funciones son incompatibles con los cargos de los Parlamentarios. En efecto, esa disposición establece que, "Asimismo, los cargos de diputados y senadores son incompatibles con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honórem, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital.". La verdad es que la expresión es sumamente amplia: "participación por aporte de capital".

Cabe consignar que la ley Nº 8.737, que reconoció personalidad de derecho público a la Editorial Jurídica de Chile, estableció, en su artículo 4º, que todas las multas por infracciones a leyes, decretos leyes, decretos con fuerza de ley, reglamentos, etcétera, debían pagarse con un recargo de 10 por ciento en relación con su monto neto, lo que se haría efectivo en el momento de enterarse el pago e ingresaría al patrimonio de la Editorial. Ello databa de 1947, y la norma sólo vino a ser derogada por un decreto ley de 1974 cuyo fundamento fue que no puede haber impuestos fiscales afectados. En ese caso, se trataba de un ingreso fiscal, que no podía hallarse afectado a una entidad.

Precisamente, la Editorial Jurídica no es una entidad privada; es una entidad pública, con personalidad jurídica de Derecho Público, y, como tal, a mi juicio, queda comprendida en la enumeración del artículo 55 de la Constitución Política.

El fundamento que se consideró en la moción para entender lo contrario fue que no se trataba de una empresa pública. Pero el hecho de que no lo sea no significa que no quede comprendida en la enumeración de entidades del precepto citado, que, a mi parecer, es amplísimo, e incluye, por consiguiente, los cargos de directores de la Editorial Jurídica.

Por ello, señor Presidente , estimo que no podría una ley establecer que Parlamentarios serán directores de la Editorial Jurídica, ya que los afecta, de acuerdo con mi interpretación, la incompatibilidad determinada por el artículo 55 de la Constitución Política. Se trata de una institución de derecho público, cuyos recursos son íntegramente fiscales, y que, además, ejerce un monopolio legal para publicar las ediciones de los códigos de la República, lo que me parece inconveniente mantener. Esto último no es materia del proyecto en análisis, pero creo del caso estudiarlo en el futuro.

Finalmente, aquí se ha hecho presente la conveniencia de contar con directores en la Editorial, atendido que ésta publica los códigos. En realidad, señor Presidente , me parece que ello no tiene ninguna relación, porque una cosa es el trabajo parlamentario y otra muy distinta el trabajo de la Editorial Jurídica.

Por todas las consideraciones expuestas, y con el alcance que he expresado en el sentido de que el proyecto es inconstitucional, estimo que el informe de la Comisión es acertado al proponer el rechazo de esta consejería parlamentaria.

Voto a favor de lo recomendado por el informe.

El señor FERNÁNDEZ .-

Señor Presidente , el Consejo de la Editorial Jurídica de Chile o Editorial Andrés Bello tiene ocho miembros: el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, que lo preside; el Contralor General de la República; un Ministro de la Corte Suprema ; un representante del Consejo de Rectores; el Presidente del Colegio de Abogados ; el Director de la Biblioteca del Congreso , y dos representantes del Gobierno, designados por decretos de los Ministerios de Justicia y de Educación. A nuestro entender, el Consejo es ampliamente representativo de los distintos sectores nacionales y en su seno se recogen opiniones muy versadas en relación con las leyes y los códigos que debe publicar la Editorial. Al hallarse debidamente representados en ese órgano, por lo tanto, los diferentes intereses y opiniones vinculados a aspectos jurídicos, no creemos necesario aumentar el número de sus integrantes.

Además, con los miembros con que ya cuenta el Consejo, la Editorial Jurídica ha actuado en forma muy eficiente. En el evento de que se designaran otros, sea que fuesen Parlamentarios o que tuviesen una calidad distinta, el número pasaría a ser excesivo.

Pensamos que no es conveniente que el Congreso tenga representación en empresas cuyo objeto reviste un carácter completamente ajeno a lo que es la función legislativa propiamente tal. Porque editar los códigos y darlos a conocer no es una labor que corresponda al Congreso. A éste le compete la discusión y despacho de los proyectos, pero no más allá. Incluso, como aquí se ha señalado, la Editorial Jurídica o Editorial Andrés Bello también cumple funciones económicas o comerciales, que ya exceden, con mucho, la mera publicación de las leyes.

Estimamos que fue muy oportuno, muy adecuado, eliminar las llamadas "consejerías parlamentarias". Eso representó un paso positivo en nuestra legislación constitucional y corrigió muchos defectos del pasado. Consideramos inconveniente volver a ese sistema. Y nada tampoco justifica un cambio, porque la situación por la cual atraviesa la Editorial Jurídica es de normalidad y no existe elemento alguno que permita sostener que requiere más consejeros para su funcionamiento. Las personas que integran su Consejo son muy representativas, reitero, y tienen plena capacidad para resolver. Diría, además, que también son representativas de factores muy determinantes en el conocimiento de la ciencia jurídica.

Por esas razones, señor Presidente, coincido con lo recomendado por el informe, que desecha el proyecto. Voto por el rechazo de este último.

El señor HAMILTON .-

Señor Presidente , la Editorial Jurídica fue fundada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y la Biblioteca del Congreso Nacional, y con posterioridad obtuvo su reconocimiento en la ley Nº 8.737, de 1947, que fijó sus objetivos y su administración.

Ella lleva a cabo su actividad, fundamentalmente, por intermedio de los sellos jurídico y Andrés Bello . El primero dice relación a la impresión de los códigos, los repertorios y la mayor parte de la literatura jurídica del país; y el segundo, al desarrollo de materias culturales y al propósito, al mismo tiempo, de dar cabida y expresión a los nuevos escritores chilenos.

En 1973, producto de los acontecimientos políticos, fue necesario cambiar el Directorio de la Editorial , porque se había intervenido la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y había sido disuelto el Congreso Nacional. En esas circunstancias, surgieron dos proposiciones. Una de ellas era llevar la Editorial a la Secretaría General de Gobierno, como un ente del Ejecutivo. La otra -felizmente, prosperó- consistía en entregar al resto de la institucionalidad jurídica la administración de esta herramienta, que ha sido tan útil, especialmente para la cultura y el desarrollo del Derecho en el país.

Así fue como integraron el Consejo el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, quien lo preside; el Contralor General de la República; un Ministro designado por la Corte Suprema de entre los miembros de este Tribunal; un representante del Consejo de Rectores; el Presidente del Colegio de Abogados , y un representante del Ministerio de Justicia. Con posterioridad se incorporaron un representante del Ministerio de Educación, fundamentalmente en relación con el sello Andrés Bello , y el Director de la Biblioteca del Congreso Nacional . Con ello, en cierto modo, volvieron a juntarse los primitivos socios: el Parlamento, a través del Director de su Biblioteca , y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Me parece exagerada la idea de incorporar cuatro representantes a un Consejo compuesto por ocho miembros. Ya le es difícil operar con ese número de consejeros, que se reúnen normalmente para realizar un trabajo no remunerado y que demanda mucho tiempo y preocupación.

Ahora, creo que el Congreso está debidamente representado por el Director de su Biblioteca.

Por otra parte, la forma como se ha administrado la empresa le ha significado un gran éxito desde el punto de vista económico. Hoy se financia, deja excedentes y no recibe ni un centavo del Fisco. Además, cuenta con la colaboración de distinguidos profesores, de distintas universidades, en la preparación de los códigos y de sus modificaciones.

No veo de qué manera pudiera ayudar a mejorar esa labor la inclusión de cuatro representantes del Poder Legislativo. Al revés, en las actuales circunstancias, esa presencia tal vez podría deteriorar, de algún modo, un aspecto muy importante: la línea extraordinariamente pluralista seguida por la empresa. Hasta ahora no he conocido reclamos o acusaciones en tal sentido respecto de ningún libro publicado por la Editorial Jurídica de Chile o Editorial Andrés Bello.

La experiencia de haber desempeñado durante un par de años el cargo de Gerente de dicha empresa me indica que la composición del Consejo es la correcta, porque es muy amplia, representativa y de alto nivel. Y, como dije, la Editorial se encuentra en muy buen pie gracias a la administración que le ha sabido dar el Consejo.

En consecuencia, no vislumbro conveniencia para nadie, y menos para el Congreso Nacional, en la incorporación al Consejo de cuatro representantes del Poder Legislativo.

Reitero mi aprobación al informe.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , voy a pronunciarme a favor del informe.

Defiendo mi idea de que el Congreso pueda participar en la generación del Consejo. Ella se inserta en el concepto original del Convenio suscrito en 1945 por el entonces Presidente del Senado, don Arturo Alessandri Palma ; el Presidente de la Cámara de Diputados, don Juan Antonio Coloma , y el Director de la Biblioteca del Congreso , don Jorge Ugarte Vial . Pero se entendió originalmente que los consejeros designados por ambas Cámaras no serían Parlamentarios. Así, hubo una gestión apropiada.

El Diputado señor Maximiano Errázuriz -uno de los suscriptores de la moción que originó el proyecto- ha señalado expresamente que dichos representantes deben ser Diputados y Senadores. No comparto ese criterio.

Por eso, apruebo el informe de la Comisión.

El señor MARTIN .-

Señor Presidente , coincido plenamente con el informe, que recomienda rechazar el proyecto. Y en ello concordó también el Presidente del Consejo de la Editorial Jurídica , durante la exposición que hizo ante la Comisión.

Dicho Consejo ha cumplido sus funciones en forma totalmente satisfactoria. Por ende, resultaría inadecuado alterar su composición, sobre todo si se considera la naturaleza estrictamente jurídica de la labor que ejecuta la Editorial.

Voto favorablemente el informe.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , deseo dejar constancia de que mi votación no envuelve recelo alguno con respecto al aporte que podrían hacer Senadores y Diputados como representantes del Parlamento en la Editorial Jurídica. Subrayo esto porque históricamente dicha participación ha sido positiva. Sin embargo, no le daré mi respaldo, pues no podría explicarlo de manera comprensible a la opinión pública, ya que la letra de la Constitución establece que "los cargos de diputados y senadores son incompatibles con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honórem".

Por ese motivo, apruebo el informe de la Comisión.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente , en primer término, debo recordar que los representantes del Congreso Nacional en el Consejo de la Editorial Jurídica fueron eliminados en 1973, a raíz de la situación que vivía el país. Entonces no se esgrimió ninguno de los argumentos que hoy se han escuchado.

En segundo lugar, quiero precisar que no criticamos la composición del Consejo, ni mucho menos las funciones que ha cumplido. Los autores del proyecto tampoco han expresado reparos con relación a la labor de la Editorial Jurídica.

A mi juicio, es relevante que los señores Diputados que presentaron la moción -la comparto plenamente- planteen la posibilidad de que el Senado y la Cámara tengan al menos un representante en el Consejo.

No se ha propuesto que se trate de Parlamentarios. Por lo demás, así se indica en un acuerdo de ese órgano directivo. Nuestra intención no es designar allí a un Senador y un Diputado , sino contar con representantes en un Consejo con el cual, en forma directa o indirecta, histórica y recientemente, el Poder Legislativo siempre ha tenido algún tipo de conexión.

Por eso, reitero mi total adhesión a la idea primaria de los señores Diputados autores de la iniciativa. Y si fuere rechazada, esperamos reponer esa idea, a fin de que, tal cual el Senado tiene la facultad de participar en el nombramiento de consejeros en otros organismos, como Televisión Nacional de Chile, pueda elegir aunque sea un representante en la Editorial Jurídica, donde hay involucrados recursos del Estado y con la cual tenemos una relación bastante más directa que con Televisión Nacional. Obviamente, ésta es muy importante para el desarrollo político-cultural del país; pero la Editorial tiene mayor vinculación con la actividad legislativa.

Por lo tanto, de rechazarse el proyecto, será absolutamente necesario, en algún instante, replantear la posibilidad de que ambas ramas del Parlamento tengan sendos representantes en el Consejo de la empresa. Las atribuciones de éste no tendrían por qué verse alteradas con la adición de dos miembros con tanta legitimidad como serían nuestros representantes.

Por eso, rechazo el informe de la Comisión.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , respaldaré el informe de la Comisión por las razones expresadas, entre otros, por el Honorable señor Hamilton , quien hizo una relación bastante completa sobre el proyecto, y que, al igual que el Senador que habla, compartió responsabilidades en el Consejo de la Editorial.

Creo que sería muy inconveniente para la Editorial Jurídica de Chile -o Editorial Andrés Bello-, que se encuentra en un buen pie, alterar la estructura de su Consejo, que es bastante razonable.

Sin embargo, debo esclarecer un punto que se ha entendido mal. El Parlamento está representado en el Consejo de la Editorial por la Directora de la Biblioteca del Congreso Nacional . Eso se votó y se aprobó. Y al Senado, como parte del Congreso Nacional, le correspondió decidirlo.

Además, es efectivo que dicho organismo, que por el buen momento que atraviesa se autofinancia plenamente, en su origen fue constituido sobre la base de aportes fiscales. Posteriormente, alcanzó su independencia de operación. Pero también es cierto que, por ser una entidad que recibe aportes de capital del Estado, los Parlamentarios no pueden formar parte del Consejo si no se modifica previamente la Constitución.

Por esas razones, además de las señaladas, apruebo el informe de la Comisión.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , aunque las objeciones de orden constitucional podrían salvarse si se designa a una persona que no ejerza el cargo de Parlamentario, me parece que el proyecto es innecesario, porque la Editorial está funcionando bien y ya cuenta con un representante del Congreso Nacional: el Director de la Biblioteca .

Por ello, apruebo el informe.

El señor VALDÉS .-

Quiero hacer presente que, a mi juicio, el Congreso se encuentra representado institucionalmente por la señora Directora de la Biblioteca . Su designación fue autorizada por la Comisión de Biblioteca, formada por los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados.

Por lo tanto, como soy partidario de interpretar en forma muy restrictiva las incompatibilidades, estoy de acuerdo con el informe.

--Se aprueba el informe (30 votos contra 3 y un pareo y, en consecuencia, queda rechazado el proyecto.

Votaron por la afirmativa los señores Alessandri, Cantuarias, Cooper, Díaz, Díez, Errázuriz, Feliú, Fernández, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Hamilton, Hormazábal, Huerta, Lagos, Larraín, Lavandero, Letelier, Martin, Matta, Muñoz Barra, Otero, Piñera, Prat, Ríos, Romero, Sinclair, Thayer, Urenda, Valdés y Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la negativa los señores Calderón, Núñez y Ominami.

No voto, por estar pareado, el señor Mc-Intyre.

--Se designa a los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para integrar la Comisión Mixta que se formará para resolver las discrepancias surgidas respecto del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Proyecto, en segundo trámite constitucional, que otorga un reajuste especial al personal de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, con urgencia calificada de "discusión inmediata" y que cuenta con informe de las Comisiones de Hacienda y de Defensa Nacional, unidas.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 24ª, en 13 de diciembre de 1995.

Informe de Comisión:

Hacienda y Defensa, unidas, sesión 24ª, en 13 de diciembre de 1995.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En discusión general.

El señor LAVANDERO .-

Seré muy breve, señor Presidente .

Las Comisiones de Hacienda y de Defensa, unidas, hace pocos minutos terminaron de estudiar y despachar, por unanimidad, el proyecto de reajuste de las Fuerzas Armadas. Asistieron la totalidad de los miembros de dichas Comisiones, además de los Subsecretarios de Guerra, don Jorge Burgos, y de Carabineros, don Luciano Fouillioux.

La iniciativa es muy sencilla: consta sólo de dos artículos, y concede al personal de las Fuerzas Armadas un reajuste de 3,5 por ciento por sobre el reajuste general de un 11 por ciento.

El mensaje del Ejecutivo señala dos objetivos generales: corregir una distorsión producida en las instituciones castrenses con relación a algunos estamentos de la Administración Pública e impedir que se perjudique la capacidad de las Fuerzas Armadas para cumplir con sus tareas profesionales.

Ésas son las finalidades que se tuvieron en vista para otorgar este reajuste de 3,5 por ciento por sobre el fijado para el resto de los funcionarios de la Administración Pública.

Según el informe financiero, este reajuste especial alcanza un costo anual de 3 mil 522 millones de pesos por cada punto porcentual, lo que corresponde a un egreso anual total de 12 mil 327 millones de pesos.

Reitero: se trata de un proyecto muy sencillo, cuyo artículo 2º dispone que el financiamiento del mayor gasto fiscal correspondiente se imputará al ítem 50-01-03-25-33.104 de la partida presupuestaria Tesoro Público.

En los aspectos más técnicos, informará el Honorable señor Arturo Frei , Presidente de la Comisión de Defensa Nacional , quien participó en el trabajo de las Comisiones unidas.

El señor FREI (don Arturo) .-

Señor Presidente , el presente proyecto de reajuste al personal de las Fuerzas Armadas se encuadra en una situación difícil que lo ha afectado durante los últimos años. Desde 1981 a la fecha, ha recibido reajustes distintos de los del resto de la Administración del Estado. Desde ese año hasta 1990, ellos no alcanzaron el ciento por ciento del IPC; a partir de 1990, sí se les aplicó el porcentaje total de ese indicador. Como es de conocimiento de los señores Senadores, los Presidentes Aylwin y Frei enviaron sucesivamente distintos proyectos de ley destinados a mejorar las rentas de ciertos sectores de la Administración, como las de los fiscalizadores, de la salud y del Poder Judicial . Con ello, las Fuerzas Armadas continuaron en una situación de desmedro que, se calcula, en todo este período -más, menos-, en 20 por ciento real en comparación con el resto de los servidores públicos. Esto ha producido, por supuesto, condiciones bastante difíciles al interior de las instituciones, donde se ha registrado un éxodo de oficiales que se retiran voluntariamente, en especial por razones económicas, y hay un desincentivo para ingresar a las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, que se ha generado en los últimos años y que es preocupante. Por ejemplo, en los últimos cinco concursos de la Escuela Naval, las cifras cayeron de 587 postulantes a 354; es decir, 233 menos, lo que equivale a 40 por ciento . Esto se repite en las distintas instituciones. Por otra parte, también ha surgido una situación difícil en determinadas estructuras, como las que agrupan a los pilotos de guerra de la Fuerza Aérea de Chile -cuya formación tiene un costo bastante considerable para el país-, a los ingenieros navales y a los de telecomunicaciones del Ejército.

El Gobierno, consciente de esta situación, ha estado estudiando -a través de los Ministerios de Hacienda y de Defensa y con las instituciones de la Defensa Nacional por medio de sus Comandantes en Jefe y Directores de Personal- la forma de enfrentarla de un modo definitivo.

La normativa que hoy consideramos es parte de un todo con que el Gobierno ha decidido resolver el problema. No es una solución integral, pero sí un avance importante, ya que se está entregando un 3,5 por ciento de reajuste por encima del IPC. A ello hay que agregar lo dispuesto en el proyecto que establece el Sistema de Salud de las Fuerzas Armadas -aprobado ayer en las Comisiones unidas de Defensa y de Salud del Senado-, en virtud del cual se concede una asignación de 3,5 a los funcionarios activos de las instituciones armadas, porcentaje que era un costo que se descontaba de sus ingresos. O sea, prácticamente se está entregando un 7 por ciento.

Sin embargo, lo importante es que el Gobierno, consciente de este problema, está trabajando con los Directores de Personal de las instituciones y con los Ministros de Defensa y de Hacienda, con miras a enviar el próximo año al Congreso Nacional un proyecto de modificación del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, D.F.L. Nº 1, con el objeto de enfrentarlo definitivamente. Se ha considerado el otorgamiento de incentivos a ciertos funcionarios u oficiales, que son tentados por el señor privado, dado que éste paga rentas extraordinariamente más altas que las de las Fuerzas Armadas.

Me parece importante que el Senado conozca un cuadro comparativo que muestra la diferencia entre lo que gana un oficial de las Fuerzas Armadas y quienes laboran en el sector privado. El estudio, realizado en conjunto con las instituciones armadas, revela que, por ejemplo, un contraalmirante, que se asimila a un gerente comercial de una empresa, gana alrededor de 2 millones de pesos menos; un capitán de navío, que correspondería a un subgerente comercial, registra un desmedro de alrededor de un millón 300 mil pesos; un capitán de fragata, comparado con un gerente de sucursales, percibe unos 900 mil pesos menos; un teniente primero, analogado con un jefe de departamento de ventas o jefe de créditos, gana la mitad. Esta es la realidad que estamos viviendo.

A pesar de la vocación por servir en las instituciones castrenses, los oficiales, que viven también en sociedad, que tienen requerimientos y familia, son tentados por el sector privado.

Por eso, el Gobierno, enfrentando la situación -lo que no se ha hecho en los últimos 15 años; ésa es la realidad-, se encuentra trabajando con los Directores de Personal para modificar el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, en el sentido de disminuir las diferencias de rentas con el sector privado, creando incentivos en la carrera de los oficiales de manera que los inclinen a permanecer en las Fuerzas Armadas.

Este proyecto es un paso importante, al igual que el relativo a salud que veremos en los próximos días y que fue despachado por la Comisión de Hacienda. Todavía no lo conocerá el Senado porque le falta un trámite, pero sabemos que establece un 3,5 por ciento, con lo cual se completa un 7 por ciento para ese personal, de un total de 20 por ciento a que ha llegado su desmedro en cuanto a rentas. Es un esfuerzo de país que hacía mucho que no se abordaba. Hoy lo emprende el Presidente Frei , y creo que las Fuerzas Armadas están conscientes de lo que se está haciendo para resolver el problema, el que, evidentemente, requiere de las modificaciones legales que he señalado y que se concretarán el próximo año.

He dicho.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , en primer lugar, celebro el envío de este proyecto por parte del Ejecutivo. Creo que con él se inicia un camino para restaurar la equidad que se había perdido.

Durante el Régimen militar, las Fuerzas Armadas efectuaron un gran esfuerzo. Como aquí se ha reconocido por parte del señor Presidente de la Comisión de Defensa , su personal recibió mejoramientos menores que el alza del costo de vida. A partir del advenimiento del Gobierno de la Concertación, percibieron reajustes iguales al IPC. Sin embargo, a la mayoría de los servicios -y ése era un compromiso del Gobierno del Presidente Aylwin- se les fue otorgado un reajuste superior. No obstante, a las Fuerzas Armadas no se les había dado; de manera que el Presidente Frei está cumpliendo con ese compromiso, que hasta ahora había sido pospuesto.

Por lo tanto, no puedo sino celebrar este reajuste, el cual, en realidad -como aquí se ha indicado-, no corresponde al 3,5 por ciento que señala el proyecto que hoy estamos analizando y que vamos a aprobar -eso espero-, sino al 7 por ciento, pues hay un 3,5 por ciento adicional en salud.

Pero éste -repito- es sólo el comienzo, ya que aún falta toda una tarea por llevar adelante sobre el particular. Como en el caso de las Fuerzas Armadas resulta difícil establecer índices de productividad con relación a su labor, considero importante asignarles labores relevantes en tiempos de paz.

Uno de los puntos medulares del programa de gobierno del Presidente de la República es la modernización del sector educacional y el cambio en la enseñanza de nuestra juventud. Personalmente, vengo sosteniendo desde hace mucho -específicamente, desde cuando fui candidato presidencial, y lo he repetido con posterioridad en innumerables ocasiones- que, para alcanzar una verdadera y real integración cívico-militar, resulta indispensable asignar a las Fuerzas Armadas una nueva e importante función, como es la formación de nuestra juventud. Lo anterior, en mi opinión, podría lograrse no sólo a través del servicio militar, sino, fundamentalmente, permitiendo que las Fuerzas Armadas, organismos patriotas y capacitados, tomaran a su cargo la educación técnico-profesional en todo el país. De este modo, las escuelas, que normalmente cierran a media tarde, quedarían en condiciones de continuar funcionando bajo su control y manejo, de forma tal de hacer posible que estudiantes de los últimos años de las universidades, como una labor de su programa curricular y con el aporte que podrían efectuar tanto empresarios como funcionarios públicos, impartieran cursos gratuitos a todos los chilenos, trabajadores o no trabajadores, que deseen perfeccionarse o mejorar su situación.

Estoy seguro de que organizaciones tan destacadas como FAMAE, ASMAR, ENAER , servirían, por ejemplo, de universidades y centros para llevar a cabo tal propósito. Ello se traduciría en una importante economía a nivel nacional, pues el cumplimiento de estas nuevas e importantes labores por parte de las Fuerzas Armadas -que estoy cierto de que su patriotismo no rechazará- haría que todos los reajustes adicionales que aún debemos entregarles sólo para recuperar el poder adquisitivo que requieren su dignidad y la relevancia de sus funciones, en la práctica significarían un costo igual a cero.

Este 7 por ciento es, en realidad, sólo un tercio de lo que los chilenos tenemos pendiente como reajuste a las Fuerzas Armadas.

Por eso, señor Presidente , junto con hacer presentes estas consideraciones, me parece importante que aprobemos -ojalá en forma unánime- el reajuste que contempla el proyecto, el cual representa el cumplimiento de la obligación pendiente de nuestro país con lo más importante de su chilenidad, como son las Fuerzas Armadas de nuestra República.

He dicho.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , voy a votar a favor de la iniciativa, que entrega al personal de las Fuerzas Armadas y de Orden un reajuste adicional al que se otorgó a la Administración Pública.

Durante prácticamente todo este año y parte del anterior, tanto en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados como en la del Senado se analizó con mucha profundidad la situación remuneracional de nuestras Fuerzas Armadas, llegándose a un consenso bastante amplio en el sentido de que, en general, se trata de remuneraciones bajas, considerando la función profesional que cumplen nuestros uniformados.

Paradójicamente, entre 1981 y 1989 esas remuneraciones sufrieron un deterioro relativo -la cifra no es absolutamente clara y depende de la base que se aplique- que, como lo indicó el Honorable señor Arturo Frei , alcanza aproximadamente a 20 por ciento respecto del alza del costo de vida que se experimentó en ese período. Desde 1990, con los Gobiernos democráticos, la política ha consistido en otorgar al sector público, en general, reajustes normalmente superiores al IPC, de los cuales también se ha beneficiado el personal de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Es cierto que hay problemas severos en cuanto a la pérdida de capacidades profesionales, por la competencia que se plantea por parte de la empresa privada, sobre todo en determinadas especialidades que existen en nuestros Institutos Armados. El caso más emblemático es el de los pilotos de guerra, pero también ocurre con personal especializado tanto de la Armada como del Ejército.

Por tanto, enfrentar de manera gradual y sostenida un mejoramiento de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas es, sin duda, una necesidad desde el punto de vista de dotar a los institutos castrenses y a su personal de remuneraciones dignas y acordes con la importante función que realizan.

Es evidente que este proyecto no resuelve de manera cabal el problema, porque, además, no lo vincula a un indispensable proceso de racionalización y modernización de la política de personal respecto de las Fuerzas Armadas, en general, y del presupuesto de la Defensa , de manera más amplia. Nosotros entendemos que tal racionalización es necesaria y, de hecho, constituye un proceso que, por lo menos en su fase de estudio, ya se ha iniciado en el Ministerio del ramo.

A mi juicio, éste no es un problema privativo de las Fuerzas Armadas o del área de la Defensa, porque también afecta, y de manera grave, al conjunto de la Administración Pública. En efecto, en sectores importantes de ella se ha producido una peligrosísima erosión a nivel profesional desde el punto de vista de los intereses del país. Quizás el caso más evidente en el último tiempo ha sido el del Ministerio de Obras Públicas, que ha debido sufrir una merma de personal altamente calificado, que es fundamental.

En consecuencia, aquí hay un tema pendiente, que tiene que ver con la modernización del Estado, el cual debe cumplir importantes funciones en nuestra sociedad. Creo que éste es un asunto respecto del cual aún no existe un acuerdo político sustantivo, toda vez que hay ciertas tendencias que, en todo cuanto se refiere al Estado, lo único que plantean es la reducción de su tamaño y de su relevancia, cuestión que, en mi opinión, contradice absolutamente las necesidades del desarrollo nacional. Necesitamos un Estado con capacidad para regular mercados que son muy imperfectos, y que realice funciones básicas para dotar al país de una perspectiva de justicia.

Por tanto, señor Presidente , al votar a favor de este proyecto entiendo que estamos dando un paso limitado y necesario, dentro de un proceso mayor que debe enfrentar el país, cual es el de la modernización y racionalización en el gasto en Defensa. Y tal proceso, a su vez, se encuentra inserto dentro de otro aún mayor, que se refiere a una definición más rigurosa acerca de cuáles son las funciones y los recursos necesarios para que el Estado, cumpliendo un rol regulatorio, asegure la soberanía del país -a esto nos referimos al hablar de Defensa- y dote a los sectores más postergados de nuestra sociedad de condiciones de educación, salud, previsión, vivienda, calidad de vida, etcétera, que efectivamente permitan construir una sociedad integrada.

Por este conjunto de razones, señor Presidente, anuncio mi voto favorable al proyecto de ley.

El señor PRAT.-

Señor Presidente, junto con anunciar también mi voto a favor de la iniciativa, quiero destacar algunos aspectos que ella pone en evidencia.

En primer lugar, resultan altamente instructivas las informaciones que particularmente el señor Presidente de la Comisión de Defensa ha dado a conocer en cuanto al deterioro, persistente durante muchos años, de las remuneraciones del sector uniformado.

Esta situación tiende a hacer crisis por sí misma y por el entorno en que el sector se desenvuelve.

Efectivamente, el desarrollo de la economía conduce a que los requerimientos de una familia común tiendan a crecer más allá de los propios indicadores macroeconómicos globales. De ese modo, se van incrementando sus necesidades, y la situación en que hoy día se encuentran muchas familias del personal uniformado se va tornando insostenible. Asimismo, se han puesto en evidencia algunos hechos similares en la oficialidad. Sin embargo, lo mismo ocurre en los distintos estamentos que componen las Fuerzas Armadas, y es propio de cada una de las especialidades.

Muchas de las especialidades en que se dividen las distintas ramas de los cuerpos armados son muy requeridas por el mundo civil, lo que provoca una fuerte demanda de profesionales técnicos y especializados en diversas áreas. Es así como, tanto en el escalafón del personal de clases como en el de los oficiales -según la especialidad de que se trate-, existe un permanente drenaje hacia la esfera civil, lo que obedece a las mejores condiciones económicas que ofrece la economía privada.

Lo anterior produce un deterioro a las Fuerzas Armadas y, a la vez, envuelve una situación injusta en cuanto al resguardo de la armonía social, producto del justo tributo a la función que cada individuo cumple en la sociedad. Éste es el problema que el país debe asumir y resolver.

En los años recién pasados -entre 1990 y 1996-, ha habido un persistente mejoramiento en las remuneraciones del sector público. Es deseable que sea así. Seguramente, ello pudo haberse concretado con mayor racionalidad, pero el hecho de que se haya llevado a cabo es positivo. Los diversos sectores de la Administración Pública han visto incrementadas sus remuneraciones en diferentes porcentajes. Sin duda, éstos envuelven distintos conceptos -que señalaré oportunamente-, pero su formulación y enunciación dan cuenta de cómo han variado en forma radicalmente diferente en algunas áreas respecto de otras.

Observamos que, entre la Ley de Presupuestos de 1990 y la de 1996, la variación nominal de presupuestos destinados a remuneraciones del Ministerio del Interior, por ejemplo, creció en 280,5 por ciento nominal, y en otros sectores, como la Contraloría General de la República, aumentó en 204 por ciento. Por su parte, en el Ministerio de Obras Públicas -que aquí se menciona como ampliamente postergado en esta secuencia- se incrementó en 140,4 por ciento. Y en el último tramo de la escala aparece el Ministerio de Defensa, con sólo 120,8 por ciento de aumento nominal del presupuesto de remuneraciones en el lapso indicado.

Lo anterior demuestra de qué manera los mejoramientos que se han efectuado entre 1990 y 1996 son absolutamente dispares, en desmedro del sector al cual nos referimos con la iniciativa en análisis. Sin embargo, no debe dejar de mencionarse lo absolutamente insuficiente que es el reajuste que se está planteando.

Además, es preciso hacer hincapié en que este reajuste es de 3,5 por ciento, y en que no debe ser adicionado, para los efectos de medir su incidencia en el presupuesto familiar, al aumento del 3,5 que considera el proyecto de ley relativo al Sistema de Salud de las Fuerzas Armadas, en trámite en el Senado. Porque, si efectivamente esta última iniciativa incrementa las remuneraciones en 3,5 por ciento, también las disminuye en igual porcentaje con el descuento para financiar el sistema de salud. Lo que este cuerpo legal hace es financiar un sistema de salud que actualmente no lo está. Por tanto, bajo el punto de vista del presupuesto familiar, ese 3,5 por ciento que envuelve el proyecto de ley mencionado no significa incremento neto alguno.

Por ello, cuando se habla de aumento en las remuneraciones del personal uniformado, debe considerarse sólo el primer 3,5 por ciento, y no tomar en cuenta el contenido en el proyecto tocante a salud. Éste es el único mejoramiento real por sobre el 11 por ciento del reajuste general de remuneraciones del personal de la Administración Pública, recientemente aprobado y cursado.

Por esta razón, el 3,5 por ciento de reajuste no podría considerarse sino más bien en el marco de una política de mejoramiento. Y, a este respecto, deberíamos conocer en forma explícita y expresa mayores datos acerca de cómo se avanzará, con qué premura se llevará a cabo, y de qué manera, en un plazo breve, se dará solución efectiva a este problema de fondo, grave, urgente, que el proyecto en debate sólo toca tangencialmente.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente , anuncio mi aprobación a este proyecto, por cuanto estimo de justicia y equidad que consideremos la situación de las Fuerzas Armadas, particularmente del personal que labora en esas instituciones.

Todos estamos enterados de los problemas que afectan a los profesionales que se retiran de estos organismos armados a raíz de sus remuneraciones.

Entiendo la situación descrita respecto de lo que ocurrió -como lo apuntó un señor Senador - desde 1981 hasta 1990. Me parece que el no haber dado prioridad en este aspecto a las Fuerzas Armadas -situación contraria a la que pudiera pensarse-, enaltece a quienes dirigieron el Gobierno en aquella época. Eso es elocuente, y representa más bien un aspecto positivo que negativo.

Sí considero importante que entendamos que lo que intentamos aprobar hoy es, simplemente, una señal para expresar con mayor claridad y decisión un reajuste que, desde luego, está justificado por todos los antecedentes contenidos en el mensaje.

Definitivamente, éste es el inicio de una postura en la que creemos firmemente -por lo demás, ese espíritu ha primado en las expresiones vertidas en esta Sala-, en el sentido de que esperamos y confiamos que el Ministerio de Defensa sea respaldado en su política frente a esta situación para conseguir un mejoramiento importante para este sector.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , uno debería felicitar al Gobierno por este reajuste. Pero no sé si hacerlo o, por el contrario, realmente deplorar que durante estos últimos años se haya permitido un deterioro del ingreso real del personal de las Fuerzas Armadas y de Orden, o sea, incluyendo a Carabineros, el que llega al 20 por ciento.

Hoy día se considera un gran logro que se les otorgue un reajuste de 3,5 por ciento real. A esto se agrega un 3,5 por ciento por salud. Sin embargo, el Senador señor Prat ha demostrado que realmente éste no es un reajuste de remuneraciones. Aun en el evento de que fuera un 7 por ciento, ese personal está en 13 por ciento por debajo del entregado al resto de la Administración Pública.

Es más: este 13 por ciento tampoco es efectivo, porque a las Fuerzas Armadas y a Carabineros de Chile no se les paga por concepto de horas extraordinarias. Es el único personal en la República de Chile que debe trabajar, a veces, 7 días a la semana; que puede exceder las 8 horas normales, y estar en algunas ocasiones 14 y hasta 18 horas en servicio, y jamás se le remunera alguna hora extraordinaria.

Días atrás, pregunté al señor Ministro de Hacienda en esta Sala sobre si el piso puesto para la Administración Pública era equivalente al de las Fuerzas Armadas. El respondió afirmativamente, pero no dijo si incluía las horas extraordinarias, las cuales se cancelan en la Administración Civil del Estado.

Entonces, la desproporción y diferencia que existe entre la remuneración del personal de los Institutos Armados y de Carabineros con la Administración Pública es abismante.

Nosotros hablamos mucho de seguridad nacional, tanto interna como externa. Y resulta que esta última nace y se consolida sobre la base de Fuerzas Armadas eficientes y efectivas.

Sobre el particular, cabe preguntar, ¿hasta qué punto no se afecta la seguridad nacional con la política seguida hasta ahora de minimizar a las Fuerzas Armadas y de Orden?

Se ha expresado en la Sala -nada menos que por parte del Presidente de la Comisión de Defensa Nacional- que los retiros voluntarios se están produciendo a nivel de mandos medios. ¿Puede recuperarse un mando medio de la noche a la mañana en caso de emergencia? ¡De ninguna manera!

¿Qué ocurre con la seguridad interna? Los carabineros con veinte años de servicios -o sea, cuando todavía se encuentran en la plenitud de sus condiciones para servir mejor al país- se retiran, porque al hacerlo pueden ganar mucho más en la actividad privada que lo que estaban percibiendo por trabajar los siete días de la semana, sin pago de horas extraordinarias y arriesgando en todo momento sus vidas. Ésta es una realidad que no podemos desconocer.

Si bien este proyecto de reajuste es un comienzo, como lo hemos señalado en otras oportunidades, no es posible seguir dejando rezagadas a las Instituciones Armadas y a Carabineros.

Los Senadores de estas bancas hemos protestado, porque permanentemente se otorgan reajustes a la Administración Pública sobre la base de cambios en las plantas y aumentos en los escalafones, los que no son sino subterfugios, porque en realidad constituyen incrementos de remuneraciones. En cambio, en las Fuerzas Armadas y Carabineros ello no es posible, debido a su condición jerárquica y militarizada.

Señor Presidente , ayer -y también hace menos de l0 días- coincidí con lo expresado por el Honorable señor Gazmuri , en cuanto a que existe una tarea de Estado imprescindible y urgente: la reorganización de la Administración Pública. Si no la adecuamos ni modernizamos y no equiparamos sus remuneraciones para hacerlas compatibles con el sector privado, en menos de veinte años, el país no tendrá una Administración Civil eficiente, carecerá de una policía adecuada y las Fuerzas Armadas no podrán garantizar la seguridad del territorio.

Debe repetirse majaderamente en este Hemiciclo que es necesario citar al Senado a una sesión especial, para que, con la presencia del señor Ministro de Hacienda , nos aboquemos seriamente a la tarea de modernizar y reestructurar la Administración Pública, de manera de evitar esto que hoy es una palpable realidad.

Insisto en que si a corto plazo no hay otro reajuste sustancial, el que se está concediendo será como arrojar un vaso de agua al mar. Porque con un 3,5 por ciento real no se soluciona el problema señalado por el propio Presidente de la Comisión de Defensa Nacional y Senador de Gobierno. Y en lugar de un aumento de los postulantes a las instituciones armadas, cada vez habrá menos. De este modo habrá que aceptar gente menos calificada; y los que están, se van a retirar. Esta es una realidad urgente. Repito: una realidad urgente.

El reajuste que se concede es un mero paliativo; una aspirina para un cáncer que, si no se ataca a tiempo, va a ser terminal en algo que es fundamental para el Estado: las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Administración Pública.

Por eso, señor Presidente, por enésima vez y majaderamente vengo en solicitar que el Senado acuerde celebrar una sesión extraordinaria para que realmente se aboque a estos asuntos como materia de Estado. Y no nos demos por satisfechos con una aspirina, porque con ella no estamos solucionando el problema real que hoy afecta a las Fuerzas Armadas y a Carabineros de Chile.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente, junto con anunciar que votaré en favor del proyecto en debate, quiero dejar constancia de determinados aspectos del mismo.

En primer lugar, como lo hacía presente el Honorable señor Prat , si comparamos los presupuestos de la Cartera de Defensa Nacional con los del resto de los Ministerios desde l990 hasta la fecha, observaremos que los de aquélla figuran prácticamente en último lugar, en cuanto a la variación real de los mismos y con relación a los fondos que se destinan para remuneraciones. De manera que el Gobierno ha hecho un esfuerzo real, pero, a mi juicio, insuficiente.

Por otra parte, celebro que en esta ocasión se hayan acogido las peticiones tendientes a hacer imponible el reajuste de 3,5 por ciento, lo que el proyecto original no contemplaba.

Además, quiero destacar un aspecto mencionado aquí por el Honorable señor Errázuriz , en orden a que no se otorga sólo un 3,5 por ciento, sino que a ese porcentaje hay que sumarle el 3 por ciento considerado en el proyecto sobre el sistema de salud de las Fuerzas Armadas, que se está discutiendo en estos instantes. Si bien constituye un aumento, en realidad no lo van a percibir los integrantes de las instituciones armadas, porque se les va a descontar como aporte al sistema de salud. De modo que no es un aumento real de sueldos.

Por último, quiero dejar establecido que, en mi opinión -como ex integrante de la Defensa Nacional-, el tema de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas es clave para el desarrollo de Chile. Y, como se desprende de las intervenciones escuchadas en la Sala, creo que cada vez existe más conciencia acerca de la importancia del tema.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , indudablemente el proyecto en debate es motivo de satisfacción, por cuando implica que por primera vez existe un grado de preocupación específica de parte del Gobierno frente a la situación económica de las Fuerzas Armadas.

En segundo lugar, por las opiniones vertidas en la Sala y por las informaciones suministradas, podemos comprobar que durante el Gobierno Militar -lejos de lo que podría suponerse- no hubo un trato preferencial para las Fuerzas Armadas, pues éstas en ese período sufrieron un grave menoscabo en el nivel de sus remuneraciones.

En tercer término, -y también es motivo de satisfacción-, no obstante que el reajuste es pequeño, debo destacar que se hace en forma más clara y orgánica que el famoso sistema de modificación de plantas que se usa en la Administración Pública y que no hace sino distorsionar las remuneraciones del personal.

Pero al margen de ello, no podemos sentirnos satisfechos de un aumento tan exiguo, a la luz de los antecedentes aquí proporcionados y de circunstancias respecto de las cuales deseo llamar la atención.

En primer lugar, está claro que en los últimos años, en una forma u otra, toda la Administración Pública ha recibido aumentos de remuneraciones -muy justificados- que van de 20 por ciento hacia arriba y que, en algunos casos, según informaciones, alcanzarían en promedio a 35 por ciento. En consecuencia, el que aquí se considere sólo 3,5 por ciento reviste casi valor simbólico, pero no corrige el problema de fondo, y esto debe preocuparnos muy seriamente.

Todos nos sentimos orgullosos de las Fuerzas Armadas, cuya acción -como tuve oportunidad de comentarlo recientemente en una visita a un barco de la Armada- excede en mucho los aspectos meramente militares. Hoy día, la labor efectuada en la educación y formación del personal es sumamente importante. Cabe destacar al respecto tareas tan esenciales para la vida de la Nación, como la navegación en mares difíciles, el desarrollo de la aviación y lo que dice relación a las denominadas "fronteras interiores". En todas ellas su labor sobrepasa lo propiamente militar o castrense, lo que el país debe aceptar y reconocer.

Quiero agregar algo.

En la actualidad, debido al avance tecnológico, se está produciendo el fenómeno de que las remuneraciones del personal con mayores conocimientos aumentan sobre el término medio. Y las Fuerzas Armadas se caracterizan específicamente por su grado de excelencia técnica. Sin embargo, hemos podido apreciar la notoria diferencia existente entre lo que percibe un profesional o un ejecutivo en la vida civil y lo que recibe su equivalente en las instituciones armadas, diferencia que aumenta día tras día, en un proceso que no se limita a nuestro país, pues constituye un fenómeno mundial. Y sobre el particular quiero referirme a un hecho del que tuve el agrado de imponerme. Las Fuerzas Armadas no pretenden -saben que es imposible- igualar el nivel de sus remuneraciones al del sector civil. Ellas se mantienen gracias a la extraordinaria vocación de sus integrantes. Pero, por mucho que pueda esperarse de una vocación profesional, es evidente que no pueden percibir remuneraciones que les impidan vivir dignamente y, sobre todo, proporcionar una carrera y un porvenir adecuado a sus hijos.

De ahí la gravedad y el peligro de mantener esa desmedrada situación en materia de ingresos. Por ello, debe otorgarse al menos este aumento que, gracias a una vocación muy sentida, permita la permanencia del personal en las Fuerzas Armadas, siempre que pueda hacerlo con dignidad y con las posibilidades de brindar -repito- adecuadas expectativas a sus hijos.

Considero también oportuno, como se ha señalado en esta Sala, abordar lo referente al proceso de modernización y considerar modificaciones que hagan posible una mayor permanencia de ese eficiente personal en las instituciones armadas, ejerciendo una carrera más larga, pues, hoy día es breve con relación a las expectativas de vida. Cabe advertir que esta situación se ve agravada por los retiros a que muchos se ven obligados por las circunstancias, aun cuando desearían continuar sirviendo en sus respectivas armas.

Por ello, quiero expresar mi satisfacción de que se considere este aumento; pero no puedo dejar de manifestar que, a lo mejor, estamos perdiendo la oportunidad de efectuar una corrección razonable, semejante a las efectuadas en otras reestructuraciones de plantas, en las cuales los aumentos han sido, como dije, de 20 y 30 por ciento. Debemos tener presente que si bien es cierto que, después de seis años, este mejoramiento de 3,5 por ciento puede constituir el inicio de una corrección, no lo es menos que no podemos esperar otro tanto para que tan exiguo aumento se duplique.

De allí que, siendo partidario del proyecto -no podía ser de otra manera, porque constituye un avance-, abrigo la esperanza de que realmente se aborde a fondo este aspecto, tanto dentro del concierto general del Estado cuanto respecto de la situación específica de un personal de excepción y de excelencia, del cual nos enorgullecemos, pero al cual no sabemos reconocer ni remunerar como corresponde.

El señor SINCLAIR.-

Señor Presidente, ante todo quiero agradecer las opiniones vertidas por quienes me han antecedido en el uso de la palabra, por cuanto todas ellas demuestran el consenso existente en el Senado frente a la grave crisis que afecta a las remuneraciones del personal de la Defensa Nacional.

Sin embargo, para mayor conocimiento de los señores Senadores, deseo puntualizar algunos aspectos de la vida militar que inciden en la materia.

El nivel de remuneraciones reales de ese personal evidencia una fuerte contracción respecto de años anteriores, deterioro que resulta más grave si se considera que la economía del país ha tenido un fuerte y sostenido crecimiento.

Tal deterioro es aún más delicado por la característica de dedicación exclusiva del personal castrense en lo atinente al cumplimiento de su desempeño profesional, cuyas rigurosas exigencias y particulares funciones le obligan a una dedicación total de su tiempo y potencialidades, mucho más allá del horario normal de trabajo contemplado en la legislación vigente. Ello impide al militar, obviamente, cualquiera que sea su categoría, desempeñar otras labores rentadas que pudiesen complementar sus ingresos y, aunque ello fuese posible, no sería conveniente ni procedente por doctrina.

A lo anterior debe agregarse la existencia de actividades militares complementarias a las normales, como perfeccionamiento, adiestramiento, capacitación, cursos de requisitos.

Señores Senadores -lo digo con mucha objetividad-, el militar es un hombre de ideales y vocación profesional, y gran parte de su tiempo libre la dedica a estudiar y a prepararse para poder ir cumpliendo los requisitos exigidos en cada uno de los grados. A estas obligaciones el profesional debe dedicarles un horario adicional que, indudablemente, restringe también la disponibilidad de su tiempo para el desarrollo de otras tareas.

Todo lo señalado conforma un entorno y compromiso absoluto a la profesión de parte del servidor castrense, además de la lógica incompatibilidad ética y doctrinaria que reviste su calidad de militar con el desarrollo de actividades en otros campos o áreas del quehacer económico, obligándolo entonces a concentrar todo su esfuerzo y dedicación para mantener y desarrollar constantemente sus capacidades, a fin de alcanzar el más optimo estado de preparación.

Si hay profesión en la cual cabe con mucha certeza la expresión "carrera profesional" es la del militar, quien, a lo largo de toda su trayectoria, siempre está participando en una competencia altruista y muy elevada. Debe competir con sus pares para ir alcanzando las metas que le plantea la profesión.

Esta limitante de recursos económicos tiene una gran repercusión en el personal uniformado, pues está consciente de que su único ingreso será el constituido por los haberes mensuales que perciba, y al ser ellos restringidos, provoca una innegable sensación de frustración y de desazón ante la imposibilidad de satisfacer adecuadamente sus necesidades básicas de bienestar, salud y educación para su grupo familiar. Ello, como se comprenderá, frente a una economía emergente y a un mercado laboral muy dinámico, está provocando un éxodo de personal altamente calificado -ya lo han sostenido señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra- hacia el sector privado, dadas las mejores expectativas que éste ofrece, como consta en los numerosos decretos de retiro voluntario que se han tramitado en el último tiempo.

Toda esta realidad confirma el carácter urgente que reviste la aprobación de un mejoramiento en los actuales niveles remuneracionales del personal de la Defensa Nacional.

El mensaje con que Su Excelencia el Presidente de la República envió a la Honorable Cámara de Diputados el proyecto de ley destinado al otorgamiento de un incremento de remuneraciones al personal de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública dice textualmente en uno de sus párrafos: "resulta imprescindible disponer de personal retribuido de acuerdo a los niveles de desempeño que un Estado moderno requiere". Más adelante señala: "es deber prioritario del Gobierno asegurar que las Fuerzas Armadas no vean disminuida su capacidad para responder adecuadamente a las exigencias provenientes de la Defensa Nacional".

Sin embargo, señor Presidente , pese a todo lo precedentemente establecido y a los esfuerzos que sin duda alguna se han realizado a nivel de Ministerios de Defensa Nacional y de Hacienda, el proyecto no cumple ninguno de sus dos propósitos básicos: corregir una distorsión producida por el esfuerzo de mejorar funciones públicas e impedir perjuicios a la capacidad de estas Instituciones para cumplir las tareas profesionales que se derivan de su función constitucional: la defensa nacional, así como el orden y la seguridad pública.

Termino señalando que, de no solucionarse esta situación, la aguda crisis económica que vive el personal no experimentará cambio alguno, perdiendo toda eficacia el propósito del Ejecutivo de corregir las distorsiones producidas e impedir perjuicios a la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, que se traducen en el menoscabo de su eficiencia profesional.

Es de esperar que esta situación, lamentablemente aún no resuelta en este proyecto, sea reparada a futuro y en el más breve plazo.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Solicito el asentimiento de la Sala para prorrogar el Orden del Día, suspender este debate y rendir de inmediato homenaje en memoria del eminente profesor don Rodolfo Armas Cruz, cuya familia se encuentra presente en el Senado y a la que expresamos nuestro más cordial afecto y saludo.

--Así se acuerda.

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, Honorables Senadores:

Hace pocos días falleció el eminente profesor y doctor Rodolfo Armas Cruz .

De los tres médicos Senadores de la misma promoción universitaria y legislativa, ninguno fue alumno del profesor Rodolfo Armas Cruz , y a los tres -doctora María Elena Carrera y doctores Mariano Ruiz-Esquide y Nicolás Díaz Sánchez- nos une un idéntico sentimiento de admiración al maestro de generaciones y figura señera de la medicina chilena.

El no haber sido sus alumnos -lo fuimos de la cátedra del profesor Hernán Alessandri - nos da una perspectiva distinta, exenta de recuerdos y afectos propios de la relación profesor y discípulo.

El profesor Armas Cruz fue una de las tantas personalidades -poetas nobeles, músicos, estadistas y científicos- nacidas, criadas y educadas en provincias, provincias a veces un tanto olvidadas que, junto con aportar riquezas, han dado a la patria la materia prima de la inteligencia, del arte y del heroísmo.

Talca, su ciudad natal, la familia austera y numerosa, la formación de los religiosos de La Salle y la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, fueron modelando a un hombre cívicamente virtuoso, profesionalmente capacitado y socialmente sensible.

El adolescente Rodolfo Armas Cruz quería ser ingeniero. Fue médico y el gran maestro de la medicina chilena.

El joven Eduardo Frei Montalva quería ser médico. Fue abogado y el más admirado Presidente del presente siglo.

Somos como el cometa que luce en el cielo. Quienes nos ven juguetes del viento no ven la mano que los guía, ni el hilo que los une.

¡Providencial mano que guía el hilo oculto de la vocación!

Se gradúa el profesor a los 22 años de edad, con honores -el promedio de la graduación médica es entre los 24 y 25 años, y él lo hace a los 22-, y se incorpora con arrebato incontenible a la profesión que lo apasiona, a los enfermos que lo necesitan, a la investigación que lo desafía.

En el vértigo de la actividad hay una pausa para el amor; pausa fecunda y equitativa: el matrimonio Armas-Merino tiene seis hijos, tres mujeres y tres hombres. Uno de ellos hereda el nombre y conquista la profesión.

Su prolongada docencia de más de tres décadas va marcando rumbos, definiendo políticas; crea mística y recibe distinciones del país e internacionales.

Voz autorizada para informar de la contribución del profesor Armas Cruz es el doctor Sergio de Tezanos Pinto, quien, en su conferencia sobre "La Medicina Chilena en la Primera Mitad del Siglo XX", afirma: "El auge de la medicina chilena se gestó alrededor de los años 50 del presente siglo y es obra de grandes figuras. Hay unanimidad en reconocer la influencia de los binomios Alessandri-De Amesti , Armas Cruz-Alessandrini, Garretón-Vargas Molinari , Avendaño-Allamand , Rojas Villegas-Escobar", etcétera.

El profesor Hernán Alessandri vivió el exilio de su padre y, junto con comer el amargo pan del destierro, gustó la miel de la cultura europea y forjó amistades con los más preclaros médicos de la época, que mantuvo toda su vida. Y Chile entero se beneficia de esta correspondencia y de esta amistad.

El profesor Armas Cruz es enviado a Estados Unidos. Una carta del doctor Elliot Joslin, director de la más prestigiada clínica del mundo en diabetes y enfermedades reumáticas, al entonces Presidente de Chile me ahorra mucho discurso. El siguiente es su tenor:

"Sr. Presidente

" Juan Antonio Ríos

"Santiago

"Chile.

"Estimado Sr. Presidente :

"Quisiera expresar a Ud. mi personal agradecimiento por haber hecho posible la visita a Boston del Profesor Armas Cruz de la Universidad de Chile. Sus profundos conocimientos y experiencia nos han sido de gran ayuda, y no solamente nosotros, sino también nuestros pacientes le estamos profundamente agradecidos por su cooperación en su cuidado.

"Muy respetuosamente.

" Elliot S. Joslin

"Boston, 28-02-1944.".

Debo recordar que el profesor Armas Cruz, a la sazón, tenía 39 años de edad.

Es digno de destacar el conocimiento que tenía el Presidente de la República de los médicos formados en el extranjero. Así nació y creció la medicina chilena: al esfuerzo personal respondía el apoyo estatal. El Presidente Ríos mantenía vivo el lema de Aguirre Cerda: Gobernar es Educar. Educar, capacitar. A todos. También a los profesionales, quienes, con fuerte sentido social y de servicio público, asimilaban conocimientos y técnicas, pero volvían al país a entregar centuplicado lo que éste les había dado.

Hombres como el profesor Armas Cruz no atendieron por igual al rico y al pobre, porque privilegiaban a éste, por su doble condición de pobreza y enfermedad. Como Alejandro del Río, quien dicta: "Nunca debe dejarse de atender al que llegue herido o enfermo a un hospital".

Médicos nimbados por el prestigio que emanaba de su autoridad moral y científica. Profesores que no tenían temor a que los tildaran de retrógrados porque hacían suyas las reflexiones de otros grandes de la medicina mundial, avalados por una historia milenaria que relaciona las calamidades sanitarias con hábitos y costumbres de profunda relajación moral. Médicos que, junto con tener el diagnóstico clínico cierto, tratan y, sobre todo, educan, porque tienen clara conciencia de que la medicina fracasa cuando el éxito depende de la modificación de costumbres impuestas por modas absurdas a favor de la insensatez del hombre-masa y de la criminal inmoralidad de quienes muchas veces lucran con estas debilidades del género humano.

Los tres médicos Senadores de esta Alta Corporación fuimos alumnos de esa generación de la década de oro de la medicina chilena, privilegio que atesoramos como uno de los mayores dones de la vida.

La siembra de un maestro no es cosecha de una sola temporada. Recientemente ha sido distinguido con la medalla Hagedorn, por la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD), el doctor Manuel García de los Ríos. El significado de esta distinción lo valora muy bien todo el mundo científico.

Traigo la noticia a colación por lo que el agraciado expresó con motivo de su discurso de incorporación como miembro de número a la Academia de Medicina de Chile. Dijo: "Tuve la fortuna de ser ayudante de cátedra del profesor Armas Cruz, maestro cuyo nombre nos abría todas las puertas, y obtener de su imagen un deseo permanente de superación". Y en otra parte de su intervención agregaba, refiriéndose al Hospital San Juan de Dios: "Mi única casa de siempre" y "La familia del San Juan de Dios", expresión ésta frecuente de médicos y otros profesionales que trabajan en ese centro de salud.

Las sinceras expresiones de un estrecho colaborador del profesor Armas Cruz constituyen un homenaje apretado en cuatro frases: "Trabajar con él es una fortuna". "Su nombre abre todas las puertas". "Su ejemplo invita a la superación". "Su carácter lo transforma en un paterfamilias del San Juan de Dios" (este nombre recuerda a Juan Ciudad, hijo de la ardiente caridad, quien hace cinco siglos fundó hospitales en todo el mundo).

Pasteur, genio de la bacteriología del siglo pasado, tiene un socio formidable cien años más tarde: Fleming . Las llamadas "drogas milagrosas" --sulfas y penicilina-- parecen arrinconar a las enfermedades infecciosas. El cambio de perfil epidemiológico en el mundo y la mayor prevalencia de afecciones crónicas y metabólicas los capta certeramente el joven profesor chileno en su estadía en Boston, y crea las subespecialidades de diabetes y enfermedades reumáticas.

En esa época, coetáneos con los grandes clínicos, están también los médicos que legislan: Exequiel González Cortés , Eduardo Cruz-Coke , Salvador Allende, miembros todos de esta Alta Corporación, quienes forman una tríada tan discrepante en lo político como afín en lo médico-social, y dan pasos trascendentes en la salubridad del país.

George Young afirma categóricamente: "Tantas vidas se salvan en los Parlamentos como en los quirófanos, maternidades y clínicas." Así lo entendió Chile con los nombres recién enunciados.

El profesor Armas Cruz fue en su cabalidad un hombre del siglo XX: nace en sus inicios y muere casi en su final. Se dice que las ideas son permanentes, duraderas, y que los hechos son tan frecuentes y periódicos que pasan casi a ser efímeros. Las ideas perduran por siglos.

El profesor Armas Cruz, hombre de Chile y ciudadano del mundo, por la universalidad de su saber y quehacer, vivió todos los espasmos de este siglo violento, las expectativas de una ciencia asombrosa, los avances de una tecnología esperanzadora.

Como la casa bíblica construida sobre roca, la firme personalidad del doctor Armas Cruz resiste todo combate deshumanizador, toda arrogancia tecnológica con pretensión de desplazar la relación paciente-médico, toda invasión mercantil en la nobilísima misión de curar.

Y hago deliberada relación a lo bíblico. El Maestro que recorrió los campos de Samaria y Galilea hace dos milenios, en su corta vida pública de tres años, hizo sólo dos milagros ajenos a la curación: la transformación del agua en vino y la multiplicación de los panes y peces. Todos los demás son de curación de enfermedades.

La túnica de antaño es hoy el humilde uniforme blanco que usamos los médicos, que distingue a quien cuida de la salud de sus hermanos. La túnica del Maestro ha sido reemplazada hoy día por el uniforme blanco. Y este maestro de la medicina chilena fue un buen discípulo del Divino Maestro .

He dicho.

El señor PRAT.-

Señor Presidente , Honorables colegas, apreciados familiares del doctor Rodolfo Armas Cruz:

Hablo para adherir, en nombre propio y en representación de la bancada de Renovación Nacional, al ampliamente merecido homenaje que el Senado de la República rinde al recién fallecido doctor Rodolfo Armas Cruz .

Han sido detallados los aspectos más relevantes de su carrera profesional, que dieron connotación pública a su labor y que sobradamente le hacen merecedor del recuerdo y veneración de sus conciudadanos.

Quisiera destacar aquellos aspectos humanos que resaltan en el ejercicio de su profesión y que constituyen un ejemplo para todos, y especialmente para los jóvenes, en quienes resulta tan importante la orientación para encauzar sus vocaciones.

El doctor Armas Cruz reflejó en todos sus actos una bondad superlativa. De esa virtud derivaban sus acciones, la expresión concreta de su vocación médica y las orientaciones de su escuela de medicina. En este orden, el doctor Armas Cruz priorizaba la acción clínica como comprensión de la integralidad que envuelve al paciente. Entendía la medicina como un servicio a los demás que requería una entrega completa, irrestricta.

Asumía, como parte inseparable de la responsabilidad del médico, ayudar en los casos de enfermos terminales a bien morir; esto es, acompañar al paciente y su familia a suavizar ese duro trance.

Sin duda, esta orientación superior que iluminaba su vida profesional, así como el profundo diagnóstico de que estaba dotado, fueron determinantes en la fuerza y prestigio que adquiriera la escuela médica que se formó en torno de su quehacer, modelando y orientando a muchas promociones de jóvenes médicos chilenos.

Las virtudes del doctor Rodolfo Armas Cruz se expresaban también en su hermosa familia, que formara junto a quien fue su esposa, doña Violeta Merino , cuyo fallecimiento hace un lustro le afectó fuertemente en su estado de salud.

Mis palabras encierran un especial sentimiento; están marcadas por el recuerdo del hogar de mi infancia, donde oyera a mi padre expresarse con admiración del doctor Armas Cruz, que le honrara con su aprecio y que nos permitiera desarrollar una relación de amistad imperecedera con sus descendientes.

Enaltece al Senado, en el cumplimiento de sus funciones, rendir homenaje a este doctor chileno, que, con su ejemplo humano y profesional, despertó vocaciones y activó las mejores virtudes de muchos jóvenes connacionales.

Con este tributo, esa luz puede seguir prendida en el tiempo.

He dicho.

La señora CARRERA.-

Señor Presidente , el doctor Rodolfo Armas Cruz pertenece a una categoría de médicos casi mítica, por la admiración y respeto que generaba por su sabiduría y el gran afecto que despertaba entre sus colaboradores y enfermos.

Destacado como grande en una época de constelación de grandes de la medicina, formó a varias generaciones de médicos chilenos, en la búsqueda de la excelencia en el arte de curar, de prevenir enfermedades y de organizar la atención con pleno respeto por el enfermo.

El doctor Armas estuvo toda su vida entregado absolutamente a la medicina interna y a la docencia. Su saber clínico, su arte en el diagnóstico y las investigaciones que realizó quedaron plasmadas en varios cientos de trabajos que enriquecieron academias médicas, congresos y revistas científicas, tanto en Chile como en otros países de América Latina, Europa y Norteamérica.

Su gran capacidad de trabajo le permitió, a lo largo de más de cincuenta años de ejercicio de la profesión, fundar y ser miembro activo de numerosas sociedades científicas, que colaboraron a crear una manera de hacer medicina en nuestro país, que nos ha dado prestigio internacional.

Siendo un médico internista de visión integral, para quien la recuperación de la salud era tanto un arte como una ciencia; siendo un clínico excepcional, un semiólogo magnífico, que nunca dejó de maravillar a sus alumnos y ayudantes con la agudeza de sus deducciones, tuvo la visión de impulsar conjuntamente la excelencia del médico internista integral y las especializaciones por temas específicos, con especial cuidado por la sólida formación general.

Con la especialización casi en compartimientos estancos, este tipo de formación médica se ha ido perdiendo en muchas partes del mundo, y su falta se hace sentir. La visión general de un buen internista, que puede resolver la mayor parte de los casos, tenga o no subespecialización, es un bien inapreciable en la práctica médica. Un poco de vuelta de la especialización compulsiva --hoy en boga--, en los países industrializados de Europa, sobre todo en los de mayor tradición médica, está tomando nueva importancia ese exigente médico general, que, sin perder el contacto con su enfermo, deriva al especialista sólo la atención de ciertas patologías que necesitan de tecnología especial, exámenes y tratamientos complejos. Éste era el estilo de formación del profesor Armas.

Fue también un impulsor de los consultorios periféricos al Hospital San Juan de Dios. Hasta ese momento la atención de nivel primario se efectuaba en ese recinto hospitalario, el que diariamente se encontraba atestado de enfermos con distintos niveles de necesidad de atención, siendo perjudicados los más graves.

Cuentan sus ayudantes que durante una huelga médica, en que los profesionales deseaban manifestar su descontento pero no dejar de atender a los enfermos, los médicos de su servicio trabajaron en iglesias, centros comunitarios y escuelas del barrio del área. El resultado exitoso de la experiencia, que para algunos fue coyuntural, tomó otra dimensión para este médico excepcional: descubrió los inmensos beneficios de la atención ambulatoria periférica de buena calidad, tanto para los enfermos cuanto para el hospital.

Debido a su empuje, se crearon numerosos consultorios, en los cuales trabajaron sus ayudantes, todos médicos de gran prestigio. Este sistema evitaba el recargo de los hospitales y ayudaba a los enfermos, haciendo innecesario viajes dolorosos y largos, y se ahorraban recursos humanos y materiales. Por cierto, estos resultados eran favorecidos por la organización integrada de la atención de salud primaria, secundaria y terciaria.

En este país, tan desabrido para reconocer los méritos de sus habitantes, el doctor Armas fue una excepción: recibió en vida numerosas distinciones y premios por sus trabajos científicos y su inmensa labor docente. Tal vez, lo más demostrativo de lo que él era y del afecto y respeto de sus pares, fue que, una vez jubilado del Servicio Nacional de Salud y de la Universidad de Chile, se le nombró Miembro Honorario del Servicio Nacional de Salud y Miembro Honorario Emérito del Servicio de Medicina Interna del Hospital San Juan de Dios, con conservación de todo su status de servicio activo, incluidas oficina, secretaria, etcétera. También fue nombrado Miembro Honorario de todos los Servicios de Medicina Interna del Servicio Nacional de Salud en todo el país. Como si no hubiese jubilado, siguió dirigiendo la reuniones clínicas y enseñando a sus alumnos.

No fui alumna del profesor Armas Cruz. Lo admiré sólo desde lejos. Por eso, quiero citar las palabras de una de sus principales ayudantes de cátedra y, al mismo tiempo, profesora de Microbiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, la doctora Beatriz Gilabert : "El Profesor Armas Cruz no dejaba indiferente a nadie que lo conociera y menos a los que fuimos sus alumnos y después sus ayudantes. Lo conocí muy de cerca en sus actitudes humanas como maestro y como amigo, las que competían por sobresalir y no sabría cuál destacar con mayor fuerza.

"Tal vez en el contexto actual, lo que más recuerdo sea la humanidad en el trato con sus pacientes. El progreso científico técnico ha llevado a un uso intensivo de la tecnología y al mismo a debilitar el trato humano en la relación médico-paciente. Nuestro querido profesor más que enseñarnos nos desarrolló una actitud llena de respeto y sobre todo de amor con el enfermo.

"Creo que mencionar su alta capacidad profesional no sorprende a nadie. Desde luego poseía un profundo conocimiento de su disciplina que mantenía al día en los últimos conocimientos mundiales. Si ya eso era notable, mucho más lo era la habilidad y sabiduría con que construía sus diagnósticos y planteaba los tratamientos.

"Toda esa capacidad la entregaba como maestro. Ser su alumno era realmente un privilegio. Sin duda que exigía pero sin llegar nunca a la exageración. Aparte de su liderazgo profesional y académico, el Profesor Armas Cruz tuvo la visión de llevar a sus ayudantes al trabajo directo en el consultorio. Eran tiempos en que la medicina parecía ser sólo la que se practicaba en el hospital.

"En síntesis, en esta solemne ocasión, quiero reiterar mi admiración y cariño por una figura señera de la medicina chilena y manifestar mi orgullo por haber sido su alumna y su ayudante.". Fin de la cita.

Hoy, que está en cuestión la salud pública, cuando los consultorios se hallan desintegrados del sistema y carecen de recursos y de médicos; en que el escaso financiamiento a la salud pública y la migración de los profesionales a los sistemas privados dejan en falencia a los hospitales y producen largas esperas; cuando los usuarios, tanto privados como públicos, expresan su insatisfacción, resulta esperanzador recordar una figura como la del profesor Armas Cruz, cuyas enseñanzas perviven en generaciones de médicos, lo que da garantías de que podremos construir una salud más humana, todo lo moderna que sea necesario, pero sólidamente asentada en valores de respeto por el ser humano, cualquiera que sea su condición social.

He dicho.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , en nombre del Comité de Senadores de la Unión Demócrata Independiente, en esta oportunidad queremos adherir al homenaje que el Senado brinda, con justicia, al doctor Rodolfo Armas Cruz , en presencia de su distinguida familia. Lo queremos hacer, porque se trata de una persona que ha destacado a la medicina chilena. ¿Cómo no reconocer, en la trayectoria del doctor Armas Cruz, a un gran académico que durante décadas dio lustre a la cátedra en la Universidad de Chile? A los académicos se los reconoce por sus frutos, y, en este caso, él sobresalió --como ya ha sido subrayado-- por la formación de discípulos y de generaciones de médicos que han honrado el trabajo de la salud pública en Chile. Pero también, en el caso de este profesional, su alto nivel y su calidad académica lo convirtieron en un gran científico, en un hombre que efectuó, a través de publicaciones y presentaciones en Chile y en el extranjero, numerosas contribuciones al progreso de la medicina, y no sólo de la nacional.

También ha sido reconocido en su calidad de médico y profesional por quienes fueron sus pacientes, entre los cuales cabe destacar al ex Presidente de la República don Juan Antonio Ríos y al Padre Alberto Hurtado , un santo de Chile.

Su trayectoria no se detiene allí, pues el doctor Armas Cruz fue un gran impulsor de la medicina chilena. Entre sus contribuciones específicas se encuentra el haber promovido la construcción del Hospital San Juan de Dios y de numerosos consultorios periféricos. Como hombre nacido en región --la Séptima, a la cual tengo el honor de representar--, descolló por su constante preocupación por la regionalización de la medicina.

Tengo en mi poder el currículo del doctor Armas Cruz, y al leerlo se aprecia que estamos frente a uno de esos hombres que se dan escasamente en la vida de los países. Fue un hombre poseedor de los más variados galardones, que nos permiten tener, a través suyo, el reconocimiento por su destacada producción, que comprende la publicación de libros; cientos de presentaciones en sociedades científicas y congresos; decenas de conferencias, clases e intervenciones en seminarios extranjeros; concurrencia a mesas redondas, foros y simposios; participaciones en calidad de orador, conferencista, editor y profesor de importantes cursos de perfeccionamiento de medicina en Chile. Estos son hechos concretos que dejan testimonio de la trayectoria del doctor Armas Cruz. Sin embargo --y esto no resulta curioso en los grandes hombres--, no sólo será recordado por la obra que he querido traer a la memoria (como ya lo han hecho otros señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra), la que dice relación a su gran aporte a la nación, sino también por su humanidad, su figura personal. Así lo han señalado quienes lo conocieron. Lamentablemente, no me cuento entre ellos, aunque he tenido contacto con algunos de sus descendientes.

Quiero traer a colación un comentario que leí en estos días, hecho por alguien que lo conoció y que pone de relieve esas virtudes humanas que parecen haberlo acompañado a lo largo de su vida. Parte de este escrito dice así: "Su sabiduría, su consejo cariñoso, su clase magistral...junto con esa enorme humildad y simpatía, fueron parte de las virtudes que nos hicieron quererlo tanto.". Estas palabras, a mi juicio, reflejan lo que al final es más destacable en todo ser humano: no sólo las condiciones profesionales, académicas, científicas, de contribución al desarrollo de la medicina y la salud a niveles nacionales e internacionales, sino fundamentalmente la calidad humana.

Por eso, en esta oportunidad, en nombre de nuestro Comité y en el mío propio, adherimos a este merecido homenaje que el Senado rinde en memoria del doctor Rodolfo Armas Cruz , y transmitimos a su familia la expresión de nuestros sentimientos de adhesión por el pesar que llevan, por el luto que los embarga.

He dicho.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , en nombre propio y de los Senadores del Partido Por la Democracia, quiero saludar a los familiares y amigos del doctor Armas Cruz, como también a otros distinguidos médicos que se encuentran presentes en el Senado.

¡Qué podemos agregar a lo que ya se ha dicho! Tal vez, señalar que pocos hombres tienen el privilegio de trascender a la muerte, y el doctor Armas Cruz es uno de esos privilegiados.

Ha marcado una tradición de dedicación y entrega de todas sus energías al estudio, perfeccionamiento y enseñanza a los demás. Su compromiso superior con la medicina es legendario. Asumió su especialidad como vocación y no por el dinero o por el mercado. Como recién señalaba el Senador señor Díaz , fue un virtuoso de la medicina.

Expresamos nuestra admiración por su persona, a la cual tuve la suerte de conocer, junto con sentir su sabiduría.

¡Qué más puede anhelar un hombre después de su vida, sino perdurar como ejemplo para maestros y discípulos, y trascender en su profesión!

La medicina chilena pierde un gran médico, pero gana un gran símbolo, un guía para los jóvenes médicos y para todos los chilenos.

He dicho.

El señor THAYER.-

Señor Presidente, hemos escuchado las palabras sentidas, profundas e ilustradas de distinguidos colegas Senadores que han recordado la figura y obra del eminente profesor y doctor Armas Cruz.

Suele ser difícil hablar cuando muchos ya han relatado los méritos y virtudes del homenajeado. Pero no es éste el caso.

El doctor Armas Cruz, obviamente, no sólo fue una lumbrera entre facultativos y profesores universitarios chilenos, sino que además fue un hombre cabal, un sabio, un ciudadano, un caballero, un profesional superior, una de esas vocaciones egregias que nos recordaba Marañón en su inolvidable libro "Vocación y Ética" . Pero también fue, y por ello me honra adherir a este homenaje en nombre del Comité Independientes y de los Senadores institucionales, un ejemplar padre de familia, entendiendo por familia no sólo la propia y directa, conformada, en este caso, por su esposa e hijos, con cuya amistad he tenido el privilegio de honrarme, sino esa gran familia compuesta por sus nietos, yernos, nueras, parientes en general y amigos íntimos, en la cual, como en las viejas gens romanas descritas por Fustel de Coulanges, presidía como jefe, amable y moralmente, el más antiguo, el principal tronco y la raíz profunda de los lazos de afecto, cultura y servicios que caracterizan a las grandes y ejemplares familias de nuestro siglo. Ellas no apoyan sus bases ni justifican sus títulos en las tierras o en la nobleza tradicional, como normal y respetablemente ocurrió en otras épocas.

La familia Armas Cruz, la gran familia Armas Cruz, se ha forjado y distinguido, siguiendo la huella de don Rodolfo , por la cultura, el trabajo realizador y eficiente, la rectitud de procederes, las convicciones religiosas profundas, la fecundidad biológica y espiritual de todos sus miembros.

Ése es el ejemplo de patria, servicios, familia, vocación, educación, que nos lega don Rodolfo Armas Cruz , a quien despedimos con dolor en su partida, pero saludamos con esperanza y consuelo en sus obras, en su ejemplo, en sus hijos, nietos y parientes, a los que también saludamos esta tarde, con respeto, en el Senado de la República, y con quienes solidarizamos, con especial afecto, en este homenaje.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Prosigue el debate del proyecto de ley sobre reajuste de remuneraciones al personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , seré muy breve, pero hago uso de la palabra porque, dada la importancia del tema, quiero precisar algunas cosas.

No repetiré lo mucho que ya se ha dicho respecto de esta situación. Simplemente, subrayaré ciertos hechos que se deducen de lo que hemos escuchado esta tarde.

En primer lugar, se ha sostenido que en los últimos l5 años las remuneraciones de estos funcionarios han experimentado una baja real que oscila en torno al 40 por ciento. Otros afirman que esa reducción sería del 35 por ciento, o un poco superior. Pero ésos son los porcentajes de que estamos hablando.

El señor FREI (don Arturo).-

No, la caída es sólo de 20 por ciento.

El señor LARRAÍN.-

En segundo término, ha quedado claro que durante el Gobierno de las Fuerzas Armadas dicho personal no recibió ningún trato especial, privilegiado o discriminatorio en su beneficio, hecho que merece ser destacado.

En tercer lugar, se ha dicho que las consecuencias de la baja sostenida, en términos reales, de las remuneraciones de estos funcionarios, son la pérdida de los mejores oficiales y, también, un malestar generalizado al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública por esta situación, que es delicada y que, indudablemente, hace difícil el cumplimiento de las funciones que les competen.

Otro hecho que podemos deducir del debate es que las remuneraciones de los servicios públicos, desde 1990 en adelante, a través de sucesivas leyes --a lo menos 25 ó 26-- aprobadas por el Congreso, se han incrementado en un promedio real superior al 20 por ciento.

En atención a los antecedentes expuestos, y aunque aplaudo la idea que en sí involucra el reajuste contemplado en el proyecto en debate, me pregunto por qué en este caso es tan bajo.

Hay algo más importante aún. Me gustaría saber --aprovechando la presencia del señor Subsecretario de Guerra-- si existe un compromiso formal del Gobierno, expresado en alguna programación concreta, en cuanto a otorgar otro mejoramiento en un período cercano: 1997 ó 1998, que permita revertir la pérdida sufrida por este personal, o por lo menos igualar sus beneficios con los recibidos por los trabajadores de otros organismos de la Administración Pública.

He dicho.

El señor FREI (don Arturo) .-

Las cifras mencionadas por Su Señoría son erróneas. La baja de remuneraciones es de 20 por ciento.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , ayer, cuando se discutió el proyecto que concede beneficios a los profesionales de los Servicios de Salud regidos por la ley Nº 15.076, el Senador señor Andrés Zaldívar señaló que hoy se trataría el proyecto de reajuste para las Fuerzas Armadas, lo cual demostraba que el Gobierno actúa con equidad y que no sólo se preocupa de los trabajadores que ejercen presión, sino también de los de otros sectores. Considero sumamente importante que el Senado tenga clara conciencia de cuáles han sido los problemas de las Fuerzas Armadas durante estos últimos 6 años respecto de sus aspiraciones económicas.

Los institutos castrenses no ejercen presión; no realizan huelgas ni marchas, sólo conversaciones. Hay una secuencia de jerarquía muy clara desde los menos antiguos al Comandante en Jefe, hasta el Ministro de Defensa .

Durante el período a que nos referimos, hubo muchas discusiones, lo que significa inquietud en ese Secretario de Estado, quien, en alguna oportunidad, en una entrevista de un medio de prensa, dijo: "El problema de los bajos sueldos es realmente grave; tenemos una gran cantidad de retiros a raíz de ello, lo que nos hace estar extraordinariamente preocupados".

Pero, ¿qué es lo que ha pasado en las Fuerzas Armadas desde 1990? Hay frustración. Este reajuste, aparentemente, viene a solucionar parte del problema, pero no elimina esa frustración, porque sus aspiraciones son mayores. Y en alguna instancia se les ofreció un aumento más alto. Naturalmente, los Comandantes en Jefe, después de que el Ejecutivo se compromete, informan a sus oficiales. Los desgastes con motivo de otros reajustes de remuneraciones --como el caso que se mencionó ayer--, atañen a los Ministros correspondientes y a los sindicatos, que promueven huelgas y desfiles y hacen declaraciones. Pero en las Fuerzas Armadas eso no existe.

Nadie puede ver la frustración entre los oficiales. En el caso de la Armada, cuando estuvimos a bordo del "Aquiles", nos impusimos de una situación bastante complicada, pues los jóvenes oficiales pilotos de helicópteros nos dieron a conocer que tienen rentas ínfimas, al igual que un sargento a cargo de máquinas o de todo un servicio, como el de telecomunicaciones.

En esas condiciones, señor Presidente, las diferencias remuneracionales son muy notorias. El problema de las Fuerzas Armadas siempre va a ser así, pues son obedientes. Por lo tanto, están imposibilitadas de ejercer presiones como lo hacen otros sectores.

Por eso, la solución que se está buscando --como yo la entiendo-- de recuperar periódicamente el valor adquisitivo de los sueldos de las Fuerzas Armadas, no es un buena, contrariamente a lo que sucede con la Escala Única. Aquí tengo un documento con decenas de páginas sobre los aumentos de remuneraciones al sector público en los últimos años. En la mayoría de los casos, se basan en nuevas plantas, reencasillamientos, etcétera. Tal procedimiento es malo para las Fuerzas Armadas, ya que no mejoran sus sueldos, pues el triángulo del que tantas veces hemos hablado se transforma en un rombo irregular.

Respecto a las cantidades --según un trabajo muy interesante acerca de cómo han decaído las rentas de las Fuerzas Armadas--, puedo mencionar el caso de un Capitán de Corbeta que en 1980 tenía un sueldo equivalente a 70 UF; hoy en día tiene menos. El Producto Interno Bruto del país era, en ese año, de mil millones de UF; y hoy día alcanza a dos mil millones de UF. Por consiguiente, el sueldo de ese oficial es inferior.

Hay muchos otros ejemplos que valdría la pena citar. Por ejemplo, si se comparan los sueldos del Poder Judicial o de la Superintendencia de Valores y Seguros con los de las Fuerzas Armadas, los de éstas son tres veces inferiores. Lo mismo ocurre en el Escalafón Fiscalizador. Un ejemplo cualquiera: un Teniente 1º gana 400 y tantos mil pesos, lo que equivale a la Categoría 5 de la Superintendencia de Seguros, grado que percibe sobre los 700 mil pesos. No hay punto de comparación. La situación es muy delicada.

Entonces, ¿qué significa este reajuste? Para un Teniente 1º la brecha disminuye en 11 mil pesos; para un Capitán de Navío, en un poco más de 27 mil, y para un Sargento 2º con 20 años de servicio, en alrededor de 7 mil pesos.

Señores Senadores, debemos tener consciencia de que el proyecto en debate representa un paliativo menor. Las Fuerzas Armadas se sienten frustradas por el porcentaje de aumento en sus remuneraciones. El Ministro de Hacienda , durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, dijo que era necesario contar con reservas en el Tesoro Público para el otorgamiento del aumento del próximo año, a fin de ir disminuyendo esa brecha; pero , repito, esto no es sino un paliativo.

Si el aumento es de 3,5 por ciento y aquí hablamos de 28 por ciento de pérdida en las remuneraciones respecto de la Administración Pública, ¿cuántos años se necesitarán para igualar a ambos sectores?

Por eso, si bien estamos mejorando la situación económica de los institutos castrenses, debemos reconocer que ello no les causa alegría, sino frustración; y, como señaló el señor Subsecretario , tendremos que estudiar una nueva fórmula para mejorar las remuneraciones de las instituciones de la Defensa Nacional.

El señor HORMAZÁBAL .-

¡Tendré que votar en contra para no producir ese sentimiento de frustración!

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , los Senadores de estas bancadas votaremos favorablemente, por entender y aceptar que las rentas de las Fuerzas Armadas deben ser mejoradas. Sus delicadas funciones al servicio del resguardo de nuestra soberanía; sus labores de investigación que todos conocemos, además de otras obligaciones, ameritan con justicia la aprobación de la iniciativa.

Respecto a su perfeccionamiento --que también reconocemos--, quiero manifestar que se trata de una aspiración común en todos los integrantes del mundo laboral. Esta década y el siglo que se nos avecina, obligan a todas las actividades a buscar un fortalecimiento del conocimiento y de la tecnología.

Por eso, deseo destacar en esta breve intervención, la satisfacción que me produce ver en nuestras universidades e institutos profesionales vespertinos a uniformados y a civiles tratando de obtener posgrados y títulos.

Sin embargo, con el más absoluto respeto, debo responder algunas aseveraciones vertidas durante el debate.

Un señor Senador, tal vez con mucha razón, dijo que el proyecto otorgaba un reajuste muy bajo, y lo comparó con una aspirina. O sea, para Su Señoría el 14,5 por ciento final de incremento es solo una píldora. Yo le habría preguntado --siento que no esté presente-- qué otro remedio más modesto que el citado podría servir para calificar el 11 por ciento que recibió el resto de los trabajadores de la Administración Pública, y que algunos representantes de la Oposición calificaron de excesivo.

Estamos de acuerdo con la iniciativa. Pero no puedo dejar de aclarar ciertos planteamientos, porque tenemos responsabilidades, porque representamos partidos políticos, porque somos Gobierno y Oposición, y porque es bueno buscar los consensos.

Es verdad, y lamentablemente --ojalá no continúe ocurriendo--, que muchos uniformados jubilan a los 20 años de servicio, porque el sistema no les permite enfrentar los gastos que genera una familia; pero también es cierto --y nadie se puede molestar por ello-- que se retiran con una jubilación de 20/30 avos de su sueldo, lo cual les significa una base económica a los 38 años de edad.

A mi me gustaría nivelar hacia arriba. Y si estas palabras causan sonrisas en algunos señores Senadores --no sé si por nerviosismo, o porque la verdad de lo que planteo no les agrada--, debo señalar que no considero injusto que un uniformado pueda jubilar con 20 años de servicio. Eso sí que me complacería que todos los trabajadores tuvieran esa posibilidad. Y en ese ánimo de nivelar hacia arriba, me gustaría que los montepíos del ciento por ciento del sueldo del causante para las viudas del personal de las Fuerzas Armadas se hicieran también extensivos, en total y absoluta justicia, a las mujeres de otros trabajadores que en similares circunstancias reciben solamente el 50 por ciento.

Estamos de acuerdo en que tenemos que mejorar las rentas de los servidores públicos, de los uniformados, de los trabajadores en general, por cuanto cada uno en lo suyo contribuye a hacer patria. Reconozco la labor de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad; pero debe mencionarse igualmente lo que hacen los hombres y mujeres en el servicio de nuestra administración civil.

Reitero que los Senadores de la bancada del PPD votaremos favorablemente el proyecto, aunque teníamos que dejar constancia de algunas consideraciones, porque también tenemos responsabilidades frente al país.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , está claro que las remuneraciones de las Fuerzas Armadas han sufrido un deterioro importante, que no es del 40 por ciento como dijo un señor Senador. Según todos los cálculos de las Comisiones de Defensa de la Cámara de Diputados y del Senado, en el período 1980-1995 ese deterioro sería del orden del 20 por ciento, y habría ocurrido casi íntegramente entre 1981 y 1989, porque después los reajustes fueron equivalentes al IPC.

Efectivamente los trabajadores del sector público han obtenido reajustes significativamente por encima del IPC durante los últimos seis años, a través de múltiples formas y mecanismos que han sido analizados en esta Corporación.

Los dos argumentos que expone el mensaje para justificar el aumento de ahora son absolutamente válidos: una razón histórica de justicia, de arrastre, de ecuanimidad; y un problema presente y de futuro, que es la diferencia o brecha existente entre las remuneraciones del sector público y las de los uniformados, lo que hace que muchas personas que debieran y quisieran permanecer en las Fuerzas Armadas, por razones ajenas a su voluntad, emigren al área privada, ocasionando a las instituciones de la Defensa un claro perjuicio. Esto es particularmente grave, porque la inversión del Estado ha sido notable en dicho capital humano.

Por otra parte, el reajuste en debate no es de 3,5 por ciento; la cifra real que aprobaremos hoy --así lo espero-- es de 8 por ciento, porque se plantea un alza del 14,5 por ciento, en circunstancias de que la inflación esperada para el próximo año es de 6,5 por ciento, y normalmente las predicciones de inflación se han ajustado a la realidad posterior.

Ahora, se trata de un 3,5 por encima del reajuste real que percibió el resto de los trabajadores del sector público. Pero lo importante es el mejoramiento en términos absolutos; eso es lo que afecta al bienestar y lo que disminuye la brecha con el sector privado. Desde ese punto de vista, un 8 por ciento no me parece despreciable, sino significativo, aunque no resuelva definitivamente el problema en su globalidad, por lo cual la materia tendrá que seguir analizándose.

Sería importante que en dicho análisis, como visión de futuro, se consideraran dos elementos: en primer lugar, que los reajustes reales que se otorguen en el futuro no sean necesariamente parejos, para que se procure privilegiar dentro de las Fuerzas Armadas a aquellos segmentos donde el problema de la brecha, que es histórico, aparece más agudo. Que el problema sea generalizado no significa que la magnitud del mismo sea equivalente. De acuerdo a los estudios, están identificadas con claridad las fallas más notorias y sensibles que producen mayores dificultades en materia de remuneraciones.

El segundo elemento es que no todo el aumento de las remuneraciones debe provenir obligadamente del Fisco. Como se ha hecho en otras áreas, también se puede explorar la racionalización de algunos gastos. En esa forma se complementarían los recursos para avanzar en la satisfacción de esta necesidad, lo que es muy importante. Sin duda tiene que ser a futuro. Existen además --tenemos que decirlo con mucha claridad-- otras necesidades también muy urgentes e igualmente demandantes, las cuales deben ser consideradas y compatibilizadas con la capacidad de ir aumentando las remuneraciones de los servidores públicos.

Por todas estas razones, y dado que posteriormente no voy a fundamentar el voto, anuncio mi pronunciamiento favorable a la iniciativa.

El señor LAGOS .-

Señor Presidente , el problema de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas debería haber tenido una solución definitiva en el Presupuesto de 1996.

En el último tiempo, aquéllas han venido experimentando una notoria y progresiva disminución, que se manifiesta negativamente tanto en aspectos nominales como reales. Los porcentajes que diversos estudios han planteado convergen en una cifra no inferior al 25 por ciento.

La positiva evolución económica chilena ha permitido traspasar beneficios a la mayoría de las instituciones del sector público, quedando marginadas, con una clara descompensación salarial, las Fuerzas Armadas.

La estrecha situación económica del personal militar, así como las marcadas diferencias con el sector privado y las oportunidades que ofrece actualmente el mercado, están generando el retiro voluntario de gran cantidad de oficiales y suboficiales. Al respecto es preciso recordar que similares situaciones se han suscitado en las instituciones armadas de los países vecinos, con preocupantes niveles de abandono de las filas, lo que afecta el preciado bien de la seguridad.

Se estima que la situación a que se ha llegado en la materia constituye un punto crítico, el cual se acrecienta ante la imposibilidad de que los efectivos de las instituciones armadas la hagan presente. Tal aspecto no puede dejar de considerarse por las autoridades y actores de la vida nacional, toda vez que la sana memoria histórica así lo demanda.

Íntimamente ligada a la situación de las remuneraciones subyace la cuestión de la dedicación exclusiva del personal castrense en el cumplimiento de sus funciones profesionales. Esta realidad limita al militar, cualquiera que sea su categoría, para desempeñarse en otras labores rentadas en procura de complementar sus ingresos. Aunque ello fuese posible en nuestras Fuerzas Armadas, los miembros de ellas, por doctrina y dignidad profesional, hasta la fecha no lo hacen masivamente. Recordemos que la profesión militar conlleva en sí una incomprendida pero real dedicación exclusiva.

Se requiere, en consecuencia, resguardar las condiciones de vida de los integrantes de las instituciones armadas, tanto individual como colectivamente, por constituir éstas en su conjunto un elemento básico de sustentación de la seguridad y defensa nacionales. Por lo demás, dicha preocupación es función indelegable del Estado en la defensa del bien común. Es responsabilidad de la autoridad política otorgar los recursos económicos que demandan las remuneraciones del personal de las Fuerzas Armadas.

Algunos sectores utilizan y relacionan esta materia con el actual escenario político, deslegitimando una real necesidad y aspiración de las Fuerzas Armadas. No se debe politizar el tema, como irresponsablemente algunos grupos cegados pretenden hacerlo.

Por eso la situación actual --en particular en la zona en que se radica un gran número de miembros de las Fuerzas Armadas-- que ya no puede sostenerse debido a sus bajos sueldos, así como el desarrollo tecnológico experimentado, especialmente en la industria minera, conducen a que eficientes profesionales, de preferencia suboficiales técnicos, mecánicos, etcétera, se trasladen a las industrias mineras del sector, por mencionar un caso. Lo mismo ocurre con los pilotos y otros especialistas, lo que en realidad es un gran peligro para la seguridad nacional, en la cual todos los chilenos debemos comprometernos.

Por eso, y a pesar de que este reajuste es insuficiente y no resuelve el desnivel de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas, voy a votar afirmativamente.

El señor HORMAZABAL.-

Señor Presidente, me llama la atención en el interesante debate producido un hecho que destaco positivamente.

Poco se ha hablado de los requisitos de productividad, de eficiencia y de transparencia en el gasto. Ello me parece bueno, porque quiere decir que en el Senado de la República entendemos que las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones son instituciones peculiares de la patria, esenciales para su desarrollo y permanencia, que tienen características especiales, y que, en este ámbito, debemos tratarlas procurando que ese papel pueda ser desempeñado de manera eficiente.

Es claro que su eficiencia no la vamos a medir por el número de guerras en que combatan. No queremos la guerra; ansiamos la paz. Es una aspiración colectiva de la sociedad chilena, compartida por civiles y uniformados.

También es evidente que hay una cuestión que surge de suyo del análisis de la realidad: quien opta por el servicio público y por vestir el uniforme de las Instituciones Armadas y de Seguridad está decidiéndose por una vocación de servicio a su patria.

He escuchado hablar aquí de reducir la brecha que existe con el sector privado. Desde mi punto de vista, jamás va a ser posible que un servidor público o un integrante de las Fuerzas Armadas, de Carabineros o de Investigaciones reciba remuneraciones como las que pueden ganar personas que se esfuerzan, se forman, se capacitan y prestan servicios en el sector privado. Éstas últimas siempre serán superiores.

En el ámbito privado también se puede servir a la patria. Pero no cabe duda de que allí entran factores como el lucro, las legítimas expectativas, la generación de otro tipo de demandas. Para vender un servicio se crea propaganda que mueva a la gente a adquirirlo. Para que nuestras Fuerzas Armadas puedan actuar y demostrar su eficiencia, no tenemos que generar la idea ni de caos ni de conflicto, porque un bien compartido para la sociedad chilena es que haya tranquilidad, orden y paz.

Por consiguiente, lo primero que debiera asumir un hombre o mujer que vista uniforme --tal como lo hacen ingenieros, médicos, abogados y otros profesionales que sirven en el sector público-- es que su elección constituye un acto de entrega y compromiso con la patria. Luego, su aspiración tendría que estar, más bien --y ahí deberíamos respaldarlos--, en que su vocación de servicio sea objeto de una remuneración acorde con la dignidad de la función que desempeñan y adecuada para satisfacer sus necesidades familiares y personales.

Éste no es un problema únicamente del mundo en desarrollo. En el período en que me tocó vivir en Alemania --Federal, entonces; hoy, una gran Alemania unida, por obra de la historia y gracias al Creador--, siempre escuché debates similares. Los pilotos de guerra germanos, por ejemplo, sostenían que sus remuneraciones en un país de tanta riqueza no estaban acordes con lo que ganaban, por ejemplo, los pilotos del sector privado. Era natural.

Por eso las Fuerzas Armadas no son para cualquiera. Por eso el servicio público no es para cualquiera. Son para aquellos que sienten desde temprano, ya sea por la tradición familiar, ya por la vocación histórica, ya por el interés personal, el deseo de comprometerse con el país de este modo tan peculiar.

Por tanto, no podemos plantear el tema del reajuste de las Fuerzas Armadas desde la perspectiva de cómo, en qué etapa y en cuántos años vamos a equiparar las remuneraciones, por ejemplo, de un ingeniero de la Fuerza Aérea o de un constructor de la Armada con lo que se gana en las grandes empresas del sector eléctrico o financiero del país.

Quien persiga como finalidad sólo su bienestar personal, ahí tiene el sector privado. Si quiere comprometerse con su patria de manera especial, ahí tiene las Fuerzas Armadas y el servicio público.

Esa particular característica nos lleva a hacer, con el respeto que corresponde, ciertas consideraciones.

Ante todo, nos vemos obligados a preguntar algo que se ha mencionado en el debate: ¿Por qué las Fuerzas Armadas tienen un sistema previsional especial?

Es conocido que soy adversario tenaz del actual régimen de pensiones, que se basa sólo en la capitalización individual y en el gasto que hace el Estado encubiertamente, de distintas formas, y que trata de presentar como un éxito del sistema privado lo que se financia con recursos de todos los chilenos.

¿Por qué las Fuerzas Armadas no fueron traspasadas al tan brillante y estupendo sistema de la capitalización individual cuando se inició?

Escuché diversos argumentos. Desde las razones de seguridad nacional (que era difícil meterlas en una AFP porque se podría conocer el número de efectivos que tenían); que patatín que patatán...

No. La razón es otra: por su propia naturaleza, las Fuerzas Armadas necesitan un régimen previsional distinto. Y yo, señor Presidente , que soy contrario al sistema de administración privada, creo que las Fuerzas Armadas deben tener un tratamiento previsional diferente.

Una de las preocupaciones que he visto en la Comisión de Defensa del Senado ha sido, por ejemplo, ver de qué manera se prolonga la vida activa de los hombres --o mujeres, quienes también ennoblecen la gran función de las Fuerzas Armadas y de Orden-- de uniforme; cómo puede conseguirse que se mantengan más tiempo.

Una de las fórmulas sería darles un poco más de plata --insisto, sí, en que nunca va a ser suficiente en relación a lo que podrían ganar en el sector privado--; darles un poco más de respeto, mirado desde el punto de vista del país. Me parece una cuestión esencial. Y por eso, dentro del clima de reconciliación en que debemos avanzar, en el clima de entendimiento de lo que nos separó, es muy importante que paguemos las deudas que tenemos con el pasado, para que esta sensación de respeto recíproco pueda proyectar la lógica interna de un país que se ha hecho con el aporte de civiles y uniformados. Creo que ese proceso está todavía en desarrollo; muestra interesantes perspectivas y uno que otro retroceso.

Pero, si hablamos del tema previsional, de las remuneraciones, no quisiera que se enfocara aquí en el sentido de que este proyecto va a causar frustración a las Fuerzas Armadas.

No quiero ser parte de una frustración a estas Instituciones. Yo diría que, en esta materia, falta un poco más de transparencia. Porque muchos chilenos --yo entre ellos-- se quedaron con la imagen equivocada de que, durante el régimen dictatorial que sostuvieron, las Fuerzas Armadas lograron mejoramientos notables. Y ocurre que aquí de repente se dan cifras que muestran que habría un deterioro de sus remuneraciones efectivas. Ciertamente, no es del 30 a 40 por ciento --como algunos mencionan--, pero sí se ubica en 18 a 20 por ciento.

Eso es lo que estamos tratando de solucionar. Miradas como servicio público en su conjunto, se han beneficiado de lo que la política de la democracia ha hecho. Porque cada vez que ha habido reajuste al sector público, donde están incorporadas, él ha ido más allá incluso del IPC anterior y mucho más allá de la inflación esperada, gracias a los grandes éxitos macroeconómicos. Y hoy nos encontramos con un aumento adicional de 3,5 por ciento. Además, este Senado sabe que en la discusión del proyecto de ley de salud de las Fuerzas Armadas viene un conjunto de otros beneficios que no se van a traducir en un reajuste como tal, pero sí en una mayor liquidez; es decir, más recursos en el bolsillo.

En consecuencia, el mensaje que deberíamos transmitir a las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones es que estamos en un proceso complejo, pero donde esas Instituciones tienen acogida en lo que son sus legítimas expectativas de mejoría respecto al deterioro objetivo.

Empero, si de repente nuestras Fuerzas Armadas empiezan a mirar todo esto, como gran parte de los chilenos, pensando sólo en lo que les gustaría tener, éste va a ser un país de frustrados permanente.

En el período democrático, no hay sector de la sociedad chilena que no haya avanzado, que no haya recuperado expectativas respecto de lo que fue en el período dictatorial. ¿Pero si cada uno acumula frustraciones: en el magisterio, en la salud, en las Fuerzas Armadas y en la Administración Pública en general?

Es peligroso un país donde sus conductores y servidores, la columna vertebral del Estado, se sienten frustrados y no aportando algo tremendamente positivo para el desarrollo.

Señor Presidente , creo que este reajuste, por lo que he visto y por la argumentación que he escuchado al Gobierno, se orienta en la buena dirección.. Debería ser entendido así por muchos chilenos.

He estado con trabajadores que me han preguntado "¿por qué a las Fuerzas Armadas les dan un reajuste especial y por qué no a nosotros?".

He estado también con académicos universitarios. Las Fuerzas Armadas, como se dispone en el artículo 90 de la Constitución Política, existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. No hay nada más valioso para la existencia de la patria y la seguridad nacional que la cultura, la educación, la justicia. Cuando los ciudadanos sienten que su país les da justicia y la opción de cultura y desarrollo, se afianza más la idea de patria en cada uno de ellos. Pero los académicos de las universidades estatales todavía están en una situación de deterioro importante respecto de las remuneraciones que percibían en procesos anteriores. Hemos debido decirles que se está avanzando en ese aspecto. ¿Por qué no lo entenderán también nuestros hombres y mujeres de armas?

Señor Presidente , aprovecho esta circunstancia especial para señalar --a pesar de que el señor Subsecretario de Guerra no está a cargo del área-- que es necesario poner particular atención en el respeto que la ciudadanía debe tener a las Fuerzas Armadas y, fundamentalmente, a Carabineros e Investigaciones. Porque --¡cuidado!-- Carabineros e Investigaciones están todo el día en la calle; el modesto carabinero o carabinera y el efectivo de Investigaciones arriesgan cada día su vida por remuneraciones que, aunque mucho mejores que las del pasado, todavía son insuficientes.

Considero que, más que aumentar las penas --bastante lo hemos hecho ya-- a aquellos que atentan contra quienes velan por nuestra vida y propiedad, deberíamos mejorar a éstos, por ejemplo, el sistema de pago de horas extraordinarias. No es admisible que en estos Servicios, que precisan siempre prestaciones de tal naturaleza, no exista una política adecuada al respecto. Estimo que ahí la política del Gobierno podría entregar un nuevo aporte.

En síntesis, porque creo que las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones requieren de todos nosotros una actitud de respeto, nuevamente aprovecho la ocasión para solicitar que nos ayuden a superar las heridas del pasado que aún entorpecen la relación cívico-militar, que de aquí en adelante tendría que ser más fluida y armónica. Pero partamos reconociéndoles el derecho a una mejoría de remuneraciones, la que debería ser recibida con ojos esperanzados y no con frustración, porque, mientras el país crezca, mayor oportunidad habrá.

Por tales razones, votaré a favor del proyecto.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , me he guardado de hablar, pensando que tendríamos tiempo para fundar el voto. Mantuve silencio, para ocupar los minutos correspondientes a la fundamentación. Considero que es la práctica más adecuada.

Ahora, si el propósito es aprobar por unanimidad el proyecto, solicito usar de mi tiempo para fundar el voto.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , repito que es una buena práctica, que deberíamos alentar --por eso permanecí en silencio--, la de que, cuando se conoce anticipadamente el resultado de una votación, se mantenga el sistema de fundamentación del voto. Estimo que ahorraríamos bastante tiempo.

En cuanto a la iniciativa, debo decir, en primer lugar, que aquí está en juego la eficiencia de las Fuerzas Armadas. Quienes somos críticos sobre otros aspectos relativos al Gobierno militar o a la transición entendemos --así lo expreso-- que, al decidir sobre esta materia, estamos actuando en función del desarrollo de esas Instituciones como un cuerpo esencial para el progreso y la seguridad del país. Y, en ese sentido, respaldo la iniciativa.

En segundo término, al mirar las remuneraciones de las Fuerzas Armadas, he apreciado que el rango entre la más alta y la más baja es muy reducido. Si se observa lo que ganan un general de los más altos rangos y un cabo --incluyendo a todas las ramas--, no pasa de 4 a 5 veces la máxima respecto de la mínima.

Si bien es cierto que ese constituye un elemento fundamental para la cohesión, la solidaridad y el sentido de cuerpo de Fuerzas Armadas eficientes, no lo es menos que, en relación al mercado, existe una disparidad brutal. En tal sentido, los retiros de personal en las distintas ramas por razones económicas se deben a que las diferenciales de remuneraciones son mucho más grandes arriba que abajo.

Tan sólo dejo planteado este punto, de manera que, cuando se tramite un reajuste similar, los mandos de las Fuerzas Armadas analicen y el Ejecutivo contemple la posibilidad de flexibilizar el rango, ampliar las diferencias hacia arriba y, especialmente, ajustarse en alguna medida a las diferenciales del mercado, sobre todo, por ejemplo, con pilotos de la Fuerza Aérea y con oficiales ingenieros, quienes tienen una fuerte demanda en la economía.

La tercera observación dice relación al hecho de que la salida de funcionarios de todas las áreas del sector público, y de las Fuerzas Armadas en particular, no es sino consecuencia de que la economía está creciendo y demandando gente preparada, la que no existe y, por ello, se busca en cualquier campo.

Por lo tanto, una respuesta estratégica y gruesa a ese problema debe concentrarse, no sólo en reducir la diferencia en los rangos de remuneraciones, sino también en formar más aceleradamente a los chilenos.

Por último, este debate nos coloca de nuevo ante una materia que cuenta con el consenso del Senado y respecto de la cual sería bueno que el Ejecutivo diera un paso más contundente. Estimo que se debe apuntar a un cambio de toda la estructura remuneracional del Estado. Éste se está quedando atrás, hará crisis y no se encuentra en condiciones, con los actuales niveles de sueldos, de hacer frente al desafío del Chile del siglo XXI que deseamos.

Termino anunciando mi voto favorable.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto por unanimidad.

--Se aprueba el proyecto en general y particular por unanimidad.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Corresponde ocuparse en el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite, sobre fecha de las elecciones municipales, con informe de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas.

1762-07

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 23ª, en 12 de diciembre de 1995.

Informe de Comisión:

Gobierno y Constitución, unidas, sesión 24ª, en 13 de diciembre de 1995.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

El primer aspecto sobre el cual se deja constancia en el informe dice relación al quórum requerido para la aprobación de este proyecto.

En tal sentido, el Honorable señor Ríos sostuvo que la aprobación de esta reforma requería un quórum de tres quintos --es decir, de 28 señores Senadores--, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución.

Por su parte, el Senador señor Otero señaló que la Sala debía adoptar una decisión sobre el particular.

A su vez, el Honorable señor Fernández estimó que, para aprobar algunas disposiciones transitorias, es necesario un quórum de dos tercios, según el artículo 5º del Capítulo I de la Carta Fundamental.

Asimismo, se dejó constancia de que las Comisiones unidas no adoptaron ningún acuerdo sobre estos tres planteamientos.

En la discusión general en las Comisiones unidas, por mayoría de 7 votos contra 2 y una abstención, se aprobó la idea de legislar. Votaron en favor la Honorable señora Frei (doña Carmen) y los Honorables señores Hamilton, Letelier, Núñez, Otero, Ríos y Sule. Se pronunciaron en contra los Honorables señores Fernández y Larraín. Y se abstuvo el Senador señor Cantuarias.

También, y como una prevención general, los miembros de las Comisiones unidas acordaron dejar constancia de que sería útil para el país estudiar un cronograma de elecciones con el fin de perfeccionar el sistema democrático.

En cuanto a la discusión particular, cabe señalar que el proyecto consta de un artículo único, que contiene dos números, que la Comisión dividió. Pero, por tratarse de un asunto con urgencia calificada de "discusión inmediata", en conformidad al artículo 127 del Reglamento del Senado, debe discutirse en general y particular a la vez.

Las Comisiones unidas aprobaron el Nº l, que está dividido en dos, con determinadas mayorías que se señalan en las correspondientes páginas del informe.

Por su parte, los Honorables señores Cantuarias, Larraín y Fernández solicitaron dejar constancia de su parecer acerca de la conveniencia de establecer en el texto constitucional la duración del mandato de las autoridades elegidas mediante sufragio universal, de modo de no dejar al arbitrio del legislador la determinación de una materia de tanta importancia como ésta.

Asimismo, se aprobó la disposición trigesimaquinta transitoria, nueva, que fija el día 27 de octubre de l996 para realizar las elecciones destinadas a renovar los actuales concejos. Sobre el particular, también los Senadores señores Fernández y Larraín formularon expresa reserva acerca de la constitucionalidad de esta norma, en razón de que altera tácitamente las disposiciones del artículo 5° del Capítulo I de la Constitución, y de que, siendo este precepto parte integrante de las bases de la institucionalidad, debió haberse aprobado en la Cámara de origen con el quórum de los dos tercios de los Parlamentarios en ejercicio.

En definitiva, las Comisiones unidas proponen modificaciones al texto aprobado por la Cámara de Diputados, tal como se detalla en las páginas l5, l6 y l7 del informe.

Entonces, lo primero que tendrá que decidir la Mesa, sin perjuicio de que los diferentes señores Senadores puedan hacer uso de la palabra, es si se requiere de los tres quintos o de los dos tercios respecto del punto a que acabo de referirme.

En cuanto a las demás normas, rige el quórum general de tres quintos, o sea, de 28 señores Senadores.

--Se autoriza el ingreso a la Sala del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Marcelo Schilling Rodríguez.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

En discusión general y particular el proyecto.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente , normalmente las informaciones relativas a proyectos con cierta connotación pública --como es el caso de la elección de los gobiernos comunales (alcaldes y concejales) y la forma como éstos se eligen-- producen diversas reacciones en los medios de opinión.

Seguramente, lo que llegará a conocimiento de todos los señores Senadores es que vamos a discutir la idea de que los alcaldes y concejales se elijan en una fecha distinta de la determinada actualmente por la normativa vigente, que es el 28 ó 29 de junio, dependiendo del criterio que finalmente se adopte sobre este asunto.

El mensaje del Ejecutivo hace presente que las situaciones climáticas existentes en el país en junio hacen aconsejable efectuar la elección en otro mes.

También se señala que no existe una norma constitucional o legal explícita e irrefutable que fije la fecha exacta de la realización de los comicios de alcaldes y concejales.

En efecto, la Constitución establece que el período de duración de los alcaldes y concejales será de cuatro años. Ello significa que habría elecciones en diferentes fechas, porque hay 32 ó 36 Concejos que no se constituyeron junto con el resto, a fines de septiembre de l992. Algunos incluso lo hicieron hasta en enero, no porque no existiesen los quórum, sino porque los colegios escrutadores y los tribunales correspondientes no entregaron la nómina de las personas elegidas, debido a acciones referidas a la necesidad de examinar la votación de algunas mesas. El Ejecutivo también hace presente esta circunstancia como un elemento importante para establecer como fecha para esta elección el lº de diciembre, tal como lo propuso a la Cámara de Diputados. Entonces, al parecer todo el debate pareciese recaer básica y exclusivamente en el cambio de fecha.

Pero debo hacer notar que el proyecto, que está en los escritorios de cada uno de los señores Senadores, contiene cinco elementos que son diferentes unos de otros. Y, desde mi punto de vista, muchos de ellos deben ser analizados con más profundidad y no como si se tratara de un mero cambio de fecha, que es lo más discutido y divulgado por los diarios.

El primer elemento se vincula con la eliminación de la expresión " Durarán cuatro años en sus cargos" del inciso primero del artículo l08 de la Constitución, frase que se introdujo en la reforma constitucional de l99l. En esa ocasión, el Congreso Nacional estimó oportuno que, al constituirse este poder de elección popular --que yo denomino "poder vertical"-- los alcaldes y concejales duraran cuatro años en sus funciones. Ahora el Ejecutivo propone suprimir dicha expresión, traspasándola a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Un segundo elemento es la fijación de una nueva fecha para la elección, que ya no sería el lº de diciembre, sino que, en virtud de un acuerdo a que aparentemente se llegó en la Cámara de Diputados, el domingo 27 de octubre.

Un tercer elemento --que desde mi punto de vista es más delicado y su aprobación requiere de quórum constitucional especial, como lo dejé establecido en la Comisión--, se refiere a que la extensión del período de los concejales que están en funciones también debe hacerse extensivo a los actuales alcaldes. Sobre el particular, es necesario recordar a los señores Senadores que los alcaldes llegan a ejercer sus funciones a través de dos mecanismo distintos. Uno --respecto del cual no existe mayor discusión --es que quienes obtuvieron el 35 por ciento de los votos, o más, en la lista mayoritaria accedían al cargo automáticamente. Y la otra forma es aquella que dispone la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en el sentido de que el Concejo escoge a uno de los concejales para ocupar el cargo de alcalde. En esa segunda opción había, a su vez, dos alternativas: una, que el Concejo elegía al alcalde por el período completo de cuatro años, y la otra, según la cual elegía a dos personas distintas, cada una por dos años.

Hay otras situaciones de carácter más coyuntural, como las de alcaldes que han sido removidos de su cargo o que han renunciado a él, y donde existen períodos distintos.

La proposición del Ejecutivo plantea extender en igual forma tanto el período de los alcaldes como el de los concejales Ello significa --y esto es muy importante tenerlo presente-- que el Congreso podría adoptar decisiones que, desde mi punto de vista, al menos, incumben a los concejos comunales. Y en este sentido cabe recordar --seguramente otro señor Senador también abordará este punto-- un aspecto que, a mi entender, tendrá un efecto constitucional importante y que se relaciona con el artículo 5º de la Constitución, que forma parte del Capítulo I, denominado Bases de la Institucionalidad, que establece que la soberanía reside esencialmente en la Nación, y también en "las autoridades que esta Constitución establece". Y ésta dispuso precisamente que los concejales, elegidos por el pueblo de Chile, soberanamente y conforme a la Constitución y a las leyes orgánicas constitucionales, eligieran los alcaldes por un período determinado. Y, a mi juicio, esta responsabilidad debe mantenerse, si es que el período se extiende, a fin de que decidan quién deberá desempeñarse como alcalde los dos meses siguientes de expirado su mandato.

Tal es, en consecuencia, el tercer elemento que la reforma constitucional modifica.

El cuarto elemento de la enmienda constitucional es también muy trascendente. Y pido al respecto especial atención porque en este caso estamos rebajando el período de los consejeros regionales, que cumplen funciones en los Gobiernos Regionales, en aproximadamente dos meses. El período de los actuales consejeros regionales --que fueron elegidos por los concejales, conforme a la Carta Fundamental y a las leyes orgánicas correspondientes--, expira en abril de 1997. Sin embargo, esta reforma constitucional propone dar término a sus funciones el 19 de febrero de 1997. A mi entender --este aspecto no lo hice presente en la Comisión--, la responsabilidad en tal sentido también está radicada en personeros que la Constitución establece --los concejales--, y que son autoridades escogidas por el pueblo de Chile. Estimo, por ello, que en ningún caso nos corresponde actuar sobre ellos, o paralelamente a ellos, en una acción que --repito-- compete única y exclusivamente a los concejales. En todo caso, el rebajar el período de los consejeros regionales es, a mi juicio, muy delicado.

El quinto punto que proponen las Comisiones unidas es el relativo a las elecciones conjuntas de concejales y parlamentarios, después de 1996. Es decir, mediante una indicación del Honorable señor Cantuarias , la Comisión, en votación dividida, aprobó que los comicios destinados a renovar los concejos elegidos en 1996 se celebraran conjuntamente con las elecciones parlamentarias, a fin de disminuir, según el Senador patrocinante de la indicación, el número de elecciones en el país y para que de esa forma se desarrollen más adecuadamente los procesos de participación, evitando los conflictos que en la actualidad se producen en cada una de esos eventos.

En resumen: el Senado deberá pronunciarse sobre cinco aspectos distintos.

Primero, la eliminación de la mención constitucional de que los concejales durarán cuatro años en sus cargos.

Segundo, la nueva fecha propuesta para la celebración de las elecciones (27 de octubre de 1996).

Tercero, la extensión del período de los actuales alcaldes, lo que, desde mi punto de vista, es responsabilidad de los concejales.

Cuarto, la rebaja en casi dos meses del período vigente de los consejeros regionales, y

Quinto, período de cinco años, o algo más, para las elecciones destinadas a renovar los concejos durante 1996, a fin de que se realicen el año 2001 junto con las parlamentarias.

Dados estos antecedentes, solicito que, al margen de la votación en general para aprobar o rechazar el proyecto, se efectúen después las votaciones por números, y éstos, por incisos, por representar, a mi juicio, ideas absolutamente distintas, que obligan a votaciones también distintas.

He dicho.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , en verdad, esta discusión no debiera tener lugar, y menos con esta urgencia y este carácter. Francamente, estamos dando una señal de máxima improvisación al debatir sólo ahora lo referente a la fecha en que se celebrarán las próximas elecciones municipales, previstas para el último domingo de junio. Es decir, en poco más de seis meses.

Por otra parte, parece desproporcionado que, en atención a legítimas, pero secundarias razones de conveniencia climática, intentemos una reforma constitucional para modificar la fecha de las elecciones municipales. Es increíble que mientras el país está expectante respecto de la viabilidad de reformas decisivas para la consolidación democrática, que han sido y serán objeto de prolongados y profundos debates, despachemos en forma tan apresurada, bajo la presión de la urgencia, una reforma que, a nuestro juicio, transgrede principios fundamentales.

Recordemos la firmeza con que el entonces Senador Eduardo Frei señaló al país que no sería candidato a la Presidencia de la República en tanto el Congreso no hubiere definido la duración del mandato presidencial. Y no era un problema de oportunidad. Se trataba de una cuestión de principios. Según él, el pueblo debía saber, a la hora de votar, por cuanto tiempo estaba entregando su confianza a la persona que elegiría como su máximo representante. Fue también por principio que el ex Presidente Aylwin se negó terminantemente a acoger los ofrecimientos de algunos dirigentes políticos de la Derecha para prolongar su mandato presidencial.

En consecuencia, el Parlamento no puede ni debe cambiar las reglas de un juego que todavía se está jugando.

Nosotros creemos que no es legítimo que el Congreso extienda un mandato que recibieron los ediles directamente de la ciudadanía. A nuestro juicio, estaríamos faltando el respeto a la soberanía popular. La gente votó para que determinadas personas gobernaran los municipios durante cuatro años. Y eso es lo que debe ocurrir.

Prolongar, entonces, un mandato popular en curso, constituiría un precedente nefasto para la confianza en la democracia. Si los Parlamentarios, Honorables colegas, podemos extender el mandato vigente de los alcaldes y concejales, ¿por qué no podríamos hacer lo mismo para prolongar la duración de nuestro mandato en curso, o el del mandato presidencial, si la mayoría parlamentaria prefiere esperar que pasen los efectos de un ajuste para enfrentar la próxima elección?

Hoy día, más que nunca, necesitamos que la ciudadanía crea y confíe plenamente en el sistema democrático. No regalemos argumentos a los adversarios de la democracia. Y no podemos aceptar como excusa que hayan expirado ya algunos de los plazos para realizar trámites previos indispensables para la elección. El Director del Servicio Electoral , señor Juan Ignacio García , envió un oficio a los Presidentes de todos los partidos políticos para informarles que la elección puede realizarse en 1996. Además, el Tribunal Calificador de Elecciones acaba de ratificar la fecha correspondiente.

Señores Senadores, la democracia no admite improvisaciones. Las elecciones y el momento en que se realizan son parte de las reglas básicas del juego democrático. Si hoy día cambiamos la fecha de la elección inmediata para octubre, ¿qué impediría que, con otro estado de ánimo u otra composición del Senado, se modificara nuevamente la de la elección siguiente?

Al votar, asumamos cabalmente lo que estamos haciendo. Es como matar una mariposa con una bazuca.

Si aprobamos la reforma constitucional --lo que estimamos difícil--, deberemos hacer un Congreso Pleno en febrero, y cruzar los dedos para que el Tribunal Constitucional admita la constitucionalidad de esta iniciativa que, como hemos visto, es bastante dudosa. En consecuencia, en marzo de 1996 el país todavía no sabrá, a ciencia cierta, cuándo se realizarán las elecciones municipales.

Nos preguntamos, verdaderamente, ¿vale la pena todo esto para cambiar la fecha de una elección? Admitamos que es bueno que todas las elecciones nacionales se efectúen siempre en diciembre. Convengamos que, tanto para la campaña como para la elección, este mes es preferible a junio. Pero a nadie se le va la vida en ello. Cabe recordar que en junio de 1992 se registró la abstención más baja de la historia de las elecciones municipales en Chile.

Asimismo, si se retrasa la elección en varios meses, lo que estamos haciendo --y los hechos así lo indican-- es prolongar la campaña electoral, justamente, cuando todos estamos de acuerdo en que el país necesita simplificar sus procesos electorales, acortar las campañas y restringir los gastos.

El Partido por la Democracia ha examinado en profundidad los argumentos que fundamentan la necesidad de alargar el mandato de los actuales ediles. Y nuestra conclusión --que planteo en la Sala-- categórica es que no existen razones de peso para ello. En cambio, proponemos definir, con la misma urgencia de hoy, la fecha de las próximas elecciones municipales dentro del plazo que prescribe la ley, sin que deba ser modificado el mandato en curso de los alcaldes y concejales en funciones. Como se sabe, ellos asumieron en fechas distintas, lo que hace perfectamente posible realizar las elecciones en agosto, cumpliendo con todos los trámites legales.

Al mismo tiempo, sugerimos discutir más tarde, con la profundidad y la tranquilidad que la materia requiere, el establecimiento de una disposición legal transitoria que alargue en seis meses el período de los futuros ediles para realizar, desde el 2000 en adelante, las elecciones comunales en diciembre.

En suma, el Partido por la Democracia votará en contra de esta reforma constitucional que propone extender el mandato en curso de los representantes populares en todas las comunas de Chile.

He dicho.

El señor FERNÁNDEZ .-

Señor Presidente , el proyecto de reforma constitucional que nos ocupa, con urgencia calificada de "Discusión Inmediata", a mi entender presenta diversos reparos que no hacen posible su aprobación. Algunos de ellos dicen relación a los principios que informan nuestro ordenamiento constitucional, y otros, con graves reparos en la manera en que esta iniciativa fue aprobada por la mayoría de la Comisión.

En cuanto al fondo y a los principios que informan nuestro ordenamiento institucional, aquí estamos modificando plazos que son producto del ejercicio de la facultad del pueblo de ejercer la soberanía, conforme lo preceptúa el artículo 5º de la Carta Fundamental. Esta norma dispone lo siguiente: "La soberanía reside en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece.".

En esta ocasión, se da el caso de que otras autoridades, en las que también reside la facultad soberana --cual es el Congreso--, están modificando lo que el pueblo estableció a través de una elección. Eso significa que estamos violentando el artículo 5º de la Constitución, es decir, las bases de la institucionalidad chilena.

Por lo tanto, nos hallamos en presencia de una norma que, para su aprobación, requiere --en el evento de que así lo señalara el Senado-- de los dos tercios de los Senadores en Ejercicio, por cuanto afecta las citadas bases de la institucionalidad. No podría ser de otra manera, debido a que el legislador ha sido especialmente cuidadoso con la voluntad popular expresada mediante una elección. Y esa voluntad no puede ser alterada por otras autoridades, por muy importante que sea el rango con que están investidas, so pretexto de situaciones que afectan aspectos meramente de hecho, tales como razones climáticas.

Por consiguiente, por motivos de clima estamos modificando y afectando las bases de nuestra institucionalidad. Que se digan que son dos o tres meses, me parece que no viene al caso. Ésa no es la situación. El principio es que no puede modificarse el mandato de las autoridades elegidas por votación popular.

Pero es más, en el proyecto no sólo se extiende el mandato a algunas autoridades, sino que a otras se les disminuye, como es el caso de los consejeros regionales. Es decir, a los concejales y alcaldes se les aumenta el período y a los consejeros regionales se les acorta.

Señor Presidente , estamos aquí en presencia de principios básicos que informan nuestro ordenamiento institucional. A pretexto de situaciones climáticas, que por muy atendibles que puedan ser, no es posible utilizarlas para modificar una norma tan básica y esencial de nuestro sistema institucional.

Pensamos que las razones climáticas son válidas, pero deberán aplicarse para modificar la fecha de una próxima elección y en otras circunstancias.

Por otra parte, estimamos que el Poder Constituyente debió prever esa situación cuando realizó las reformas constituciones en 1991. Vale decir, también hay una responsabilidad de parte del Congreso que las aprobó, a sabiendas de que la elección se llevaría a cabo en junio.

De tal suerte que estamos en presencia de aspectos básicos, esenciales, fundamentales de nuestra institucionalidad, que se quieren modificar --repito-- por razones climáticas, todas muy atendibles, pero que no pueden superar esos principios básicos del sistema institucional. Las modificaciones se plantean sobre la base de reformas al régimen municipal, pero --reitero-- ellas atañen también al ejercicio de la soberanía. Y es por esa razón que no pueden aprobarse por los tres quintos, sino por los dos tercios de los Senadores en ejercicio, por afectar las bases esenciales de nuestra institucionalidad.

Independientemente de esta situación, las enmiendas propuestas adolecen de graves defectos en su expresión y en el detalle mismo de ellas. Por ejemplo, se elimina de la Carta Fundamental la duración de los cargos de concejales, vale decir, deja de estar consignado en ella el lapso por el cual deben ejercer su mandato para el futuro, quedando éste entregado a la ley. Así, habrá algunas autoridades cuyos períodos se hallan fijados en la Carta --Parlamentarios y Presidente de la República --, mientras que los de otras los determinará la ley, en circunstancias de que hoy día tienen el mismo rango y categoría, y están contenidos en la Carta Fundamental. Es decir, se consigna una norma excepcional para el caso de los concejales, que hace incluso más débil el compromiso constitucional que se tuvo en vista al aprobar la reforma de la Carta de 1991, mediante la cual se quiso dar la debida jerarquía, importancia y rango constitucional a los concejales y alcaldes en cuanto a la duración de su mandato. Ahora, éste se dejará entregado a la ley, la que podrá fijar el plazo que estime conveniente; pero ya no será materia constitucional.

Por otra parte, lo establecido en la disposición trigesimaquinta transitoria contiene errores de gravedad, como señalé oportunamente durante el debate en la Comisión. Se dispone que la prórroga se produce respecto de los actuales alcaldes y concejales. Pues bien, ¿qué ocurre con los que asuman con posterioridad a la fecha de promulgación de la ley? Ellos no son "actuales" y tendrían un plazo distinto del que estamos fijando en la norma constitucional, porque no se puede entender que son "actuales alcaldes" los que desempeñen tal cargo en el futuro; y tampoco que son concejales en ejercicio los que ni siquiera han sido electos como tales.

Como puede apreciarse, esa norma adolece de un grave defecto de redacción y será fuente de múltiples conflictos, mucho más graves, a mi entender, que los que pretende solucionar, por cuanto se discutirá cuál será el período de duración de los concejales. Habrá unos que permanecerán hasta el 6 de diciembre --los actuales concejales en ejercicio--, y otros, hasta septiembre, por no estar comprendidos dentro de la enmienda constitucional en estudio.

Otro tanto ocurre con el período de los consejeros regionales, porque el precepto también se refiere a aquellos en ejercicio, a quienes se les acorta el plazo. Pero habrá otros, los que no están en funciones, los que puedan asumir después de promulgarse la reforma a la Carta, que no durarán hasta el 19 de febrero de 1997, sino hasta abril del mismo año, por lo cual se producirá el efecto inverso: en el caso de los concejales, habrá algunos que durarán hasta septiembre, y otros, hasta diciembre; y tratándose de los consejeros regionales, unos expirarán en sus funciones en febrero, y otros en abril.

Estas dificultades significarán enormes trastornos en el manejo municipal, cuyas consecuencias las sufrirán la ciudadanía y la propia comuna. Serán sus habitantes los que padecerán los efectos de estas disposiciones extraordinariamente defectuosas en su concepción y redacción.

Por tales razones votaré en contra de la idea de legislar, por cuanto se están afectando principios básicos de la institucionalidad, por motivos absolutamente secundarios, que bajo ningún respecto justifican que se vulnere la voluntad expresada por el pueblo en una elección celebrada el año 1992.

Por último, de insistirse en la necesidad de esta reforma, se estaría afectando el artículo 5º de la Constitución, por lo cual requiere para su aprobación de los dos tercios de los Senadores en ejercicio.

Reitero: las normas que prorrogan mandatos adolecen del defecto que señalé, por cuanto habrá dos tipos de concejales: los que estén en ejercicio al momento de aprobarse la reforma constitucional y los que asuman después, como consecuencia de fallecimiento, inhabilidad o renuncia de algunos, hechos que ocurren a diario.

Por lo señalado, estas disposiciones son extraordinariamente graves y defectuosas, y constituirán fuente de innumerables conflictos políticos cuyos efectos los sentirá la comunidad entera, por cuanto en los municipios y en los concejos municipales se producirán dificultades, a veces insalvables, que impedirán a sus miembros dedicar todo su tiempo a la solución de los grandes problemas de la mayoría de las comunas.

Por lo anterior, votaré en contra de la idea de legislar.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , las exposiciones precedentes me ahorran buena parte de lo que deseaba afirmar a propósito de este proyecto tendiente a modificar la fecha de las elecciones municipales. Soy contrario a él, y fundamentaré mi posición recurriendo a los distintos elementos involucrados en la propuesta de reforma constitucional sometida a nuestra consideración.

La sorpresa ingrata de este proceso es el hecho de que la iniciativa esté calificada de "Discusión Inmediata". Resulta francamente inexplicable que, habiendo dispuesto de todo el tiempo en los últimos años para haber abordado una materia de esta índole con la debida tranquilidad que en general requieren las enmiendas a la Carta, hoy, cuando ya se inició el proceso eleccionario municipal, estemos analizando una iniciativa de esta naturaleza bajo la presión de la urgencia señalada.

No me parece que ésta sea la mejor manera de legislar respecto de temas de tanta trascendencia. El señor Presidente del Senado en estos días ha dicho que una reforma constitucional que se encuentra en trámite requiere de mucha dedicación y tiempo. Quizás en la materia de que ella trata, creo que llevamos demasiados meses discutiéndola, en forma privada y pública. Sin embargo, en ésta, que es tan trascendental, estamos urgidos por la calificación de "Discusión Inmediata", la que no se justifica bajo ningún concepto.

Tampoco es correcto, como se insinúa en el mensaje, que ello se deba a que hay incertidumbre respecto de la época de celebración del evento eleccionario del próximo año. No la hay, por estar ya determinada en la ley. Pero, en todo caso, si hubiera incertidumbre para precisar la fecha de los comicios, no se justifica que se esclarezca tramitando el proyecto respectivo a pocos meses de celebrarse los mismos, para fijar la elección en diciembre, como lo propone el texto del mensaje, o el 27 de octubre, como lo acordó la Cámara de Diputados. Ésa no es manera de esclarecer una incertidumbre, que podrá ser de uno o dos días. Luego, el fundamento esgrimido ciertamente no guarda ninguna armonía con lo que se persigue, ni justifica el trámite de "Discusión Inmediata".

Se señala que existiría algún tipo de dificultades técnicas para los comicios y que el Servicio Electoral ha manifestado su inquietud respecto del proceso mismo. Y debo expresar que ésa tampoco me parece una razón atendible --aparte que las elecciones no son efectivas--, porque dicho organismo, pese a todos los inconvenientes que puede haber señalado, de hecho, ya fijó el cronograma para los comicios que se han de celebrar a fines de junio, como lo establece la normativa actualmente vigente. Además, ya ha tomado medidas concretas, como la que apareció en el Diario Oficial del lunes 11 de diciembre en curso, en donde ya determinó, por ejemplo, las reglas relativas al primer trámite requerido por la ley sobre el número mínimo de ciudadanos que pueden patrocinar las candidaturas independientes a concejales, además de las obligaciones que impone la normativa legal para llevar a feliz término el proceso ya iniciado y que debe terminar en junio del próximo año.

Por lo tanto, no hay dificultades técnicas que justifiquen el proyecto en debate.

Con respecto a la extensión del mandato de los actuales alcaldes y concejales y a restringir el período de los consejeros regionales, se ha dado como argumento lo referente a las condiciones climáticas. Así lo dice el propio mensaje al expresar que "las elecciones se efectúan en el mes de junio, mes que coincide con la época invernal en nuestro país. Esta circunstancia, de persistir, constituye al factor climático en un imponderable determinante para el regular desarrollo de cualquier evento eleccionario, particularmente sensible en el sur del territorio nacional".

Al respecto, quiero dar cifras precisas para demostrar que dicha afirmación no se justifica, al menos, en la realidad electoral. La Oficina de Informaciones del Senado me ha proporcionado antecedentes sobre las abstenciones que hubo en las elecciones municipales de 1960, 1963, 1967, 1971 y 1992. Las cuatro primeras elecciones se celebraron en marzo. Imagino que el factor climático al final del Verano y próximo a la entrada del Otoño no fue un elemento perturbador para los respectivos procesos electorales. Estas son las cifras: en 1960, la abstención fue de 30,5 por ciento; en 1963, de 19,5 por ciento; en 1967, de 23,75 por ciento, y en 1971, de 25,25 por ciento. El promedio de esos cuatro años llegó a 24,5.

Cuál fue, en cambio, la abstención en l992, cuando los comicios se celebraron el 28 de junio, en Invierno, en plena época de tiempo crudo, ésa que hoy pareciera ser un factor que impediría las elecciones? El porcentaje de abstención fue de 10,15. Por lo tanto, ¿alguien podría explicar en qué se fundamenta la aseveración del mensaje presidencial? ¿Acaso nosotros vivimos en un país que se atemoriza frente a la lluvia? Aparentemente, los ciudadanos chilenos piensan lo contrario; no tienen problema para enfrentar la rigurosidad climática. Una persona me dijo que, si en aquel entonces se hubiera producido el "terremoto blanco", en cuatro regiones no se habría podido votar. Y permítaseme decir lo siguiente: de acuerdo con lo que se ha sostenido, si se aprueba finalmente el 27 de octubre y el 24 de ese mismo mes ocurre un gran terromoto en Chile --¡Dios no lo quiera!--, tampoco se podría votar, por el colapso que ello implicaría para el país.

No podemos legislar para las grandes catástrofes, sino para las situaciones normales, las cuales aconsejan que el factor climático que se da como argumento carece, realmente, de justificación objetiva.

Por lo tanto, cuesta comprender el fundamento real del proyecto. Lo concreto es que estamos frente a la disyuntiva de prorrogar, por medio de una reforma constitucional, la duración del mandato de un grupo de autoridades. Ese es el fondo del problema. Al respecto deseo expresar también mi profunda inquietud por lo que ello podría significar, toda vez que --como lo indiqué-- la iniciativa carece de fundamento real. Y lo más importante es que, al extender o recortar la duración del mandato de las autoridades elegidas en forma directa, como los concejales y alcaldes, o de manera indirecta, como los consejeros regionales, en cierto sentido se estaría alterando la expresión del pueblo, manifestada libremente en las correspondientes elecciones.

Esto representa --como muy bien lo expresó el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra--una clara contravención al ejercicio pleno de la soberanía, establecido en el artículo 5º de la Constitución. Se podrá argumentar que es factible la modificación de dicho precepto. Es cierto; pero , desde el punto de vista de la concepción de la democracia --espero que todos compartamos--, no parece sensato que se altere simplemente por la sola aprobación por parte del Congreso de una iniciativa del Ejecutivo.

Pienso que es el pueblo, el soberano --o sea, el que determinó la fecha del mandato al marcar su opción-- quien debe pronunciarse al respecto, o por lo menos tener a la vista los antecedentes. De modo que no me parece prudente una enmienda en tal sentido; pero, si nos allanamos a esa circunstancia, por cierto, debe entenderse que una reforma de esta naturaleza en el plano constitucional afecta una de las bases de la institucionalidad. Por tal motivo, a mi entender, no es suficiente la mayoría de los tres quintos, por cuanto para el caso se requiere de los dos tercios, como lo establece la Carta Fundamental. Debo señalar que, al no haberse alcanzado ese porcentaje en la Cámara de Diputados y al proceder el Senado en la misma forma, se estaría contraviniendo la Constitución. En tal virtud, hago expresa reserva de constitucionalidad respecto de esta iniciativa legal.

En esa misma línea, una modificación al texto vigente para dar lugar a la prórroga del mandato de las autoridades comunales elegidas, no me parece que sea verdaderamente democrático. Y es importante dejar constancia de ello.

Pero aún más: considero que actuar de esa manera constituye un pésimo precedente, por cuanto quiere decir que el Poder Legislativo se está arrogando la posibilidad de aumentar o disminuir el mandato de autoridades elegidas, pudiendo repetirse este precedente el día de mañana, tal vez conforme a una mayoría diferente, para extender el período de un Presidente de la República , no por algunos meses, sino por años; o bien, si la mayoría es adversa a un cambio electoral, podría reducir su mandato a la mínima expresión, cambiando así la voluntad soberana. También es posible que alguien piense --y esto ciertamente contribuiría a nuestro desprestigio-- que nosotros mismos podemos prorrogar nuestro mandato.

Todos estos aspectos, a mi juicio, reflejan lo equívoco del proyecto y las aberraciones a que se puede llegar, porque es necesario tener presente que, cuando aprobamos un concepto, debemos ser capaces de sustentar todas las consecuencias derivadas de él. Y, ciertamente, las que están surgiendo --al menos en el plano teórico de su aceptación-- merecen el rechazo más absoluto. Ésta es --como diría el Presidente checo frente a la necesidad de expresar cualquier acción política-- algo de mal gusto y refleja una cierta falta de finura, porque, obviamente, los mandatos democráticos deben responder a las expresiones de la ciudadanía. Además, ello, para la teoría democrática, no me parece adecuado desde ningún punto de vista y de dudosa aceptación si se consideran esos otros recursos.

Finalmente, quiero referirme a una sola disposición --no deseo extenderme en el contenido de todo el articulado, por cuanto ya lo han hecho algunos señores Senadores--, incluida en esta reforma constitucional y que es del todo inexplicable, aun para los objetivos que se persiguen, cualquiera que sea la votación o adhesión que requieren estos principios. El número 1 del artículo único, en su letra a), suprime, en lo concerniente a los concejales y alcaldes, la oración "Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos.". Y con una redacción bastante dudosa respecto de la duración de esos cargos, se propone en seguida lo siguiente: "La misma ley determinará el número de concejales, su duración y la forma de elegir al alcalde , como asimismo la fecha de realización de las elecciones municipales.". No sabemos qué significa la expresión "su duración", ni queda claro si ella se refiere al ejercicio del cargo. A nuestro juicio, esto es consecuencia de una redacción imprecisa, que deja gran debilidad en la norma. No se especifica si los concejales pueden ser reelegidos, factor importante que, por no estar expresado, deja dudas.

Para prorrogar la duración de los cargos de los actuales concejales y alcaldes, carece de importancia conservar la letra a). No tiene justificación, pero suprimirla de la Constitución, causaría daño, porque en ésta no habría precisión respecto de cuánto duran los concejales y los alcaldes en el ejercicio de sus cargos, ni tampoco sobre si podrán ser reelegidos.

En verdad, la supresión de esta norma permanente y la adscripción de parte de ella a la ley en mala forma, me parece un error, independientemente de toda otra consideración respecto del fondo del proyecto.

Por todas estas consideraciones, señor Presidente, no puedo sino pensar que corresponde rechazar la iniciativa en debate.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , seré muy breve.

Anuncio que apoyaré la proposición del Honorable señor Piñera , aunque haya interpretaciones distintas sobre la materia, porque creo que debemos ser breves.

Una vez más, el Gobierno ha resuelto que se proceda con urgencia extrema, calificando de "Discusión Inmediata" la iniciativa que persigue postergar hasta octubre de 1996 las elecciones municipales que deben realizarse en junio. En esta forma, se pretende suplantar la soberanía popular, vulnerando su voluntad abiertamente expresada en las urnas al elegir concejales por un período de cuatro años. Se vulnera esa voluntad al prorrogar el mandato de los concejales.

A mi juicio, es abiertamente abusivo que los Parlamentarios reduzcan o extiendan períodos de cargos de representación popular ya determinados por la ciudadanía al votar. Razones climáticas constituyen livianas explicaciones de quienes, al parecer, temen enfrentar la voluntad del pueblo al término del período para el cual el mismo pueblo eligió a sus representantes en el municipio. Alargar los períodos de los representantes ya elegidos es tan inaceptable como pretender acortarlos. ¿Quién estaría dispuesto a aceptar que una mayoría de Parlamentarios acortara el período del Presidente de la República durante el ejercicio de su mandato? ¿Estaría de acuerdo el Senado en prorrogar la gestión presidencial hasta por diecisiete años, por ejemplo? ¿Sería comprensible que los Parlamentarios alargaran sus propios períodos de representación después de haber sido elegidos Diputados o Senadores por cuatro u ocho años, respectivamente? ¿Por qué debemos, entonces, considerar lícito y constitucional aumentar el período de concejales y alcaldes más allá del que ha sido definido por la soberanía popular al elegir sus representantes comunales, acortando el período en el caso de los consejeros regionales?

La propuesta que nos ocupa, en opinión del Senador que habla, es clara y abiertamente inmoral e inconveniente. Por otra parte, aleja más a los electores de los elegidos, quienes podrán transformarse así --como lo sostienen algunos para justificar esta reforma-- en concejales políticos designados.

El pueblo merece respeto. Y no pueden las cúpulas políticas, expresadas en eventuales mayorías parlamentarias, ni siquiera en mérito de circunstancias extraordinarias, y mucho menos a título de supuestas razones climáticas, atropellar la soberanía popular ya expresada en las urnas.

Por lo expuesto, hago expresa reserva de constitucionalidad sobre el particular y anuncio desde ya que votaré negativamente el proyecto.

El señor HAMILTON .-

Señor Presidente , quiero referirme brevemente a las críticas hechas al ejercicio del derecho constitucional que tiene el Presidente de la República de pedir urgencia para tratar cualquier proyecto de ley. Es una facultad del Primer Mandatario. Podrá o no gustar que se la ejerza, pero nadie puede discutirla, porque es un derecho que emana de nuestra Carta Fundamental, la cual todos hemos jurado respetar.

Por otro lado, dicha facultad se ha hecho valer sobre la base de un fundamento cierto, cual es la incertidumbre que ha existido en el país y en el campo político acerca de cuándo se van a realizar las elecciones municipales. En el Senado, estuvimos a punto de aprobar una prórroga por cuatro años, que muchos echan de menos, pero faltaron dos votos para alcanzar el quórum requerido, aun cuando hubo mayoría en la Sala. En la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, se halla pendiente una iniciativa presentada por el Honorable señor Cantuarias encaminada a prorrogar por cuatro años el mandato de los concejales. También hay muchos otros proyectos en la Cámara de Diputados sobre el mismo tema y que provienen de distintos sectores políticos. De manera que me parece atingente que una materia que tiene plazos que cumplir y requisitos que llenar en un momento determinado, se aborde con la debida anticipación y sea tramitada con urgencia.

Por lo demás, para nadie es un misterio que el problema existe y que lo hemos venido debatiendo, de una u otra forma, durante los últimos meses.

Respecto de la cuestión de constitucionalidad planteada fundamentalmente por el Senador señor Fernández , recuerdo que el artículo 5º de la Constitución Política señala: "La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece.".

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , solicito una interrupción al Honorable señor Hamilton .

El señor HAMILTON.-

Con todo gusto, señor Senador.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , rechazo lo afirmado por los Senadores señores Larraín , Fernández y otros, en cuanto a que sería inmoral e ilícito acortar o alargar el período de un cargo cuando quien lo ocupa ha sido elegido por el pueblo. Parece que se olvida que el actual Mandatario era Presidente electo cuando fue acortado su período. Si ello no es posible, ¿por qué no extendemos su mandato, entonces, a los ocho años que le correspondían?

Agradezco al Honorable señor Hamilton la interrupción que me ha concedido.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Puede proseguir haciendo uso de la palabra el Senador señor Hamilton .

El señor HAMILTON.-

En este contexto, y asumiendo que el escenario político que nos caracteriza corresponde esencialmente a una democracia representativa, el Congreso ejerce el poder constituyente, por cierto, en nombre del pueblo, de quien es su depositario. En ese sentido, se encuentra perfectamente autorizado para reformar la Carta Fundamental y, en este caso, para extender el mandato de los alcaldes o reducir el de los concejales en ejercicio, sin que por ello se considere violentada la voluntad popular.

La Constitución Política es un cuerpo normativo autosuficiente, por lo que no es propio argüir inconstitucionalidad cuando la modificamos. Precisamente, al enmendarla es cuando no tenemos que preocuparnos de posibles inconstitucionalidades.

Se halla tan plenamente facultado el Congreso Nacional para reformar la Carta, en ejercicio de la facultad constituyente y como expresión de la soberanía popular, que ello sólo reconoce como límite "el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana", como reza el inciso segundo del artículo 5º de la Constitución. Sin duda, eso no es del caso cuando se pretende prorrogar el mandato de las autoridades comunales en ejercicio.

Expresión del principio expuesto es lo prescrito en los artículos 117 y 119 del texto constitucional, en el sentido de que, frente a discrepancias entre el proyecto aprobado por las Cámaras y las observaciones propuestas por el Presidente de la República , se convocará a la ciudadanía a un plebiscito, para que se pronuncie al respecto. Ese mecanismo jurídico constitucional conforma la prueba más fehaciente de que el poder constituyente se encuentra radicado en plenitud en el Congreso y de que sólo frente a divergencias irreconciliables entre éste y el Presidente de la República el ejercicio de la soberanía vuelve en forma directa al pueblo, justamente para dirimir las diferencias entre las autoridades que él mismo ha generado.

Por otra parte, la interpretación que postula el Senador señor Fernández conduciría al absurdo de sostener que una reforma constitucional cuya motivación no es la de modificar la duración del mandato de las autoridades municipales en forma permanente, sino simplemente la de cambiar, por las razones que se han dado, la época del año en que tienen lugar las respectivas elecciones, revestiría el carácter de una enmienda sustantiva de las bases de la institucionalidad. Tamaña demasía violenta el más elemental sentido lógico, porque mal puede entenderse como modificación de los criterios básicos del orden constitucional una mera adecuación de la época de los comicios a las condiciones climáticas de buena parte del territorio nacional.

Por lo demás, semejante extrapolación del alcance de las normas del Capítulo I de la Carta podría conducir a otras conclusiones, igualmente absurdas, que, en aras de la brevedad, voy a omitir.

Quiero exponer, para terminar, señor Presidente, dos precedentes en la materia que nos ocupa: uno anterior y otro posterior a la Constitución que nos rige.

El primero de ellos es la ley Nº 11.100, de 4 de diciembre de 1952, que en su artículo 1º estableció: "La elección ordinaria de regidores que corresponde efectuar el primer domingo de abril de 1953 se verificará, en cédula separada, el primer domingo de marzo del mismo año, conjuntamente con la elección ordinaria de senadores y diputados al Congreso Nacional.".

Y el otro precedente, más importante aún, posterior a la Constitución, es la ley Nº 19.295, de 4 de marzo de 1994 (que el Senador señor Fernández , entre otros, votó favorablemente), la que acortó el período del actual Presidente , don Eduardo Frei Ruiz-Tagle , de ocho a seis años, después que éste había sido elegido democráticamente por la ciudadanía.

La Comisión de Constitución del Senado (por la unanimidad de sus miembros, incluido el Senador señor Fernández ) y, luego, la Sala de esta Corporación y la Cámara de Diputados aprobaron el acortamiento del período presidencial el 14 de diciembre de 1993, esto es, tres días después de que don Eduardo Frei Ruiz-Tagle resultó elegido por la ciudadanía. O sea, cuando la ciudadanía eligió a don Eduardo Frei Ruiz-Tagle , el 11 de diciembre de 1993, lo hizo en el convencimiento teórico de que lo elegía por un período de ocho años. Aún más, sólo el 13 de febrero de 1994 el Congreso Pleno ratificó el acortamiento del período presidencial, es decir, dos meses después de haber sido elegido el actual Presidente de la República .

A mayor abundamiento, la ley que recogió esa enmienda sobre acortamiento del período fue publicada recién el 4 de marzo de 1994; o sea, entró a regir siete días antes de la asunción presidencial y casi tres meses después de que la ciudadanía, en elección directa, eligió Presidente de la República a don Eduardo Frei Ruiz-Tagle .

El señor HAMILTON .-

Lo dicho por el señor Senador no cambia en nada los hechos que he dejado establecidos. Don Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue elegido para el cargo de Presidente de la República cuando regía la legislación anterior, según la cual el mandato presidencial era de ocho años, y la ley que redujo éste a seis años se consumó después.

Y el otro precepto legal que señalé, anterior a la Constitución, es un ejemplo igualmente válido.

Creo que aquí, señor Presidente , no se trata de maximizar las cosas, de llevarlas al absurdo, de tornarlas grotescas. Aquí se trata, simplemente, de que la Cámara, el Senado y todo el sector político han estado preocupados de cuándo corresponde celebrar las elecciones municipales. Y diversos proyectos de ley, de los más diversos orígenes, han expresado la misma idea. Pero, hasta ahora, nadie había hecho cuestión de constitucionalidad al respecto, y no existe fundamento jurídico alguno, a mi juicio, para situarse en esa posición.

Más que un cambio, éste es un ajuste de fecha. En el caso de los alcaldes que vayan a la reelección, la medida significará una prórroga de sólo un mes; en el de los concejales, se traducirá en una reducción de poco más de un mes. Díganme Sus Señorías si eso es un ajuste o un cambio de las bases de nuestra institucionalidad.

Nada más, señor Presidente .

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , estamos tratando un proyecto que, como se ha dicho, determina la fecha de las elecciones municipales para el próximo año y deroga la norma constitucional relativa a la duración del mandato de las autoridades edilicias, con el agregado de dos o tres efectos sobre la fecha de instalación de las nuevas autoridades y de los consejeros regionales, a quienes, al contrario de lo que ocurre con los concejales, se les reduce el periodo de ejercicio en vez de prorrogarlo.

Quiero formular algunas consideraciones acerca del trámite y del su mérito del proyecto.

En relación a lo primero, deseo referirme a tres importantes aspectos.

En primer lugar, la cuestión de oportunidad. ¿Por qué ahora, y con la urgencia hecha presente, se está analizando una iniciativa que establece la fecha de las elecciones municipales? ¿Cuál es la realidad que ha cambiado en nuestro país respecto de dichos comicios que justifique que a última hora --cuando, como se ha dicho, ya se inició formalmente el proceso eleccionario correspondiente y que, según la Constitución, culmina en junio de 1996-- se introduzcan modificaciones? ¿Han cambiado, acaso, las condiciones climáticas en el mes de junio, pues ésa es la principal razón que se invocó para presentar la iniciativa? ¿Existe algún otro motivo?

La verdad, señor Presidente , es que no se ha producido nada nuevo, excepto, tal vez, un olvido, un efecto tardío u otra circunstancia que no conseguimos divisar. En consecuencia, la oportunidad en que se está tratando este proyecto es de las más inadecuadas imaginables.

En segundo término, en cuanto a la calificación de "discusión inmediata", cabe recordar que el mensaje del Presidente de la República (número 206-332), fechado el 4 de diciembre de 1995, ingresó a la Cámara de Diputados al día siguiente en horas de la tarde. Por lo tanto, a esta iniciativa, que no es ni más ni menos que una reforma constitucional, se le fija la urgencia de "discusión inmediata" para que sea despachada en la forma como está ocurriendo en el Senado. Acá llegó hace poco más de 24 horas, y --repito-- es una reforma constitucional. Esto se halla en el límite de lo admisible, por lo que resulta sumamente inconveniente. A mi juicio, estamos dando una poderosa razón para no ser considerados como legisladores serios por parte de la ciudadanía, materia sobre la cual éste es quizás el último --no el único-- testimonio.

Adicionalmente, con esta urgencia y a esta altura del año, se ha aprobado una redacción que contiene materias confusas, o por lo menos poco felices, simplemente por la presión, inaceptable en cualquier proyecto --mucho más en una reforma constitucional--, de evitar un tercer trámite y una eventual Comisión Mixta, respecto de la cual, además, hay una discusión de constitucionalidad. Éste es un espectáculo, y además un certificado que el Senado se hace cómplice de emitir públicamente.

Por último, apreciando mucho la presencia del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo que nos ha acompañado en cada uno de los trámites de los proyectos vinculados con la cuestión municipal, parece inconcebible que el señor Ministro del Interior no haya estado presente en ninguna de esas oportunidades en el Senado.

En relación al mérito del proyecto, expondré algunas consideraciones.

En primer lugar, el mensaje contiene frases que no me parecen ni adecuadas ni felices. Como se ha señalado, dice textualmente: "Esta circunstancia," --el hecho de que la elección ocurra en junio-- "de persistir, constituye al factor climático en un imponderable determinante para el regular desarrollo de cualquier evento eleccionario,".

¿De dónde sale esa frase y en qué se sustenta? Aquí ha demostrado el Honorable señor Larraín que el promedio de la abstención en anteriores elecciones municipales fue de 24,5 por ciento, considerando las realizadas desde 1960. En 1992 la abstención registrada fue de 10 por ciento, y se efectuó en junio. Por consiguiente, la expresión que he citado no tiene base alguna.

Luego, el mensaje agrega: "Por otra parte, no existe una norma explícita e irrefutable, constitucional o legal, que fije la fecha de realización de las elecciones municipales,". Esta es otra equivocación. Si los concejales se constituyeron el 26 de septiembre de 1992, y en el artículo 108 de la Constitución se establece expresamente que los concejales "Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos.", la única conclusión es que sí existe una norma explícita e irrefutable. La Constitución Política la establece. Podrá omitir la precisión del día o del año, pero fija los períodos correspondientes.

El mensaje también alude a que el cambio ha sido solicitado "por los distintos partidos políticos". Una frase como ésta significa que lo han solicitado todos los partidos políticos. He leído, escuchado y visto que hay colectividades políticas que se oponen. En consecuencia, los mencionados términos son igualmente inexactos.

Queda demostrado así que el mensaje contiene inexactitudes sumamente graves.

A continuación, se presentan inconveniencias mayores. Algunas ya se han hecho notar. La duración del mandato de las autoridades municipales, a diferencia de las demás elegidas por sufragio popular en Chile --como el Presidente de la República , los Diputados y los Senadores --ya no tendrá, con este proyecto, expresión en la Constitución, sino que, de acuerdo con lo que se pretende con esta iniciativa, será transferida a una ley de rango distinto. Ello es sumamente inconveniente.

Tampoco se resuelve ninguno de los problemas planteados, y que en el último tiempo han estado en el debate público, relativos a las autoridades municipales. Deja sin respuesta la cuestión del número de elecciones municipales, que --se ha dicho-- serán 14 ó 17 en los próximos 21 años.

En este punto quiero recordar una moción que presenté para prorrogar el mandato e ir acumulando las elecciones y, consiguientemente, reduciendo su número. Más aún, esa propuesta, ya despachada por la Comisión de Gobierno del Senado y pendiente en la de Constitución, adelantaba soluciones por lo menos en algunos problemas. En los últimos días, concretamente el 14 de noviembre, en la Cámara, los Diputados señores Walker , Martínez , Cornejo , Ortiz , Elizalde , León y otros (no distingo las otras firmas), han presentado un proyecto de reforma constitucional que fija un calendario, cuyo propósito es acumular elecciones y, en consecuencia, resolver el problema.

Reitero: la normativa que discutimos no subsana los inconvenientes que presenta el calendario político nacional, sino, por el contrario --esto también se ha dicho--, agrega dificultades. Esto porque, según lo que avizoramos para el próximo año, se alargan las campañas en lugar de reducirse, en circunstancias de que muchos Parlamentarios y dirigentes estiman que esto último es lo conveniente.

La politización de las elecciones, otro aspecto del mérito del proyecto y que todo el mundo declara no desear, se produce por el uso que se hace de estos actos electorales, y que es, en buena medida, producto de la separación de las elecciones. Desde hace mucho tiempo, los comicios municipales han servido como plebiscito acerca de la gestión de Gobierno --ello obliga a éste a entrometerse--; han servido para practicar mediciones de las coaliciones políticas, para que éstas se midan en su interior, para que los partidos políticos se midan en sus propias sensibilidades; se han utilizado como primarias de las elecciones parlamentarias siguientes; y finalmente, y esto es en verdad lamentable, junto a todos esos usos, las elecciones municipales se han empleado también, y quizá en menor rango, lo que es muy grave, para elegir a alcaldes y concejales. Todo ello se mantiene en este proyecto, puesto que la separación con otras elecciones persiste.

Igualmente, en cuanto al mérito, la iniciativa presenta vacíos o errores. Primeramente, no se hace cargo de la inhabilidad para postular a cargos parlamentarios de quienes se desempeñan como consejeros regionales. El proyecto del Ejecutivo , que fijaba las elecciones municipales el 1º de diciembre de 1996, contenía disposiciones para evitar la inhabilidad de concejales y alcaldes. No hace lo propio con quienes, aun con la modificación y el adelantamiento de fechas acordados por la Cámara de Diputados, ya no las necesitan para ellos, pero que sí son necesarias para los consejeros regionales, que quedarán inhabilitados para postular a cargos parlamentarios.

Además, se incluye la disposición transitoria trigesimaquinta, que --como alguien lo mencionó aquí-- muestra una redacción tremendamente ambigua. En efecto, alude a "los actuales alcaldes y concejales en ejercicio", lo que puede ser interpretado como una referencia a aquellos que se encuentran en esos cargos en el momento en que se publica la ley. Como todos sabemos, por efecto de destituciones, inhabilitaciones, fallecimientos o cualquier otro evento, algunos de ellos pueden haber cesado en sus cargos y reemplazados en ellos, de acuerdo con los mecanismos que la propia ley establece. Para esas autoridades es discutible que proceda la prórroga del mandato en cuestión.

Lo que se propone es, derechamente, una prórroga de mandato. En lo personal, no tengo objeción alguna; pero mereció juicios muy duros, ajenos incluso a la cuestión política, de parte de personeros y dirigentes cuando yo planteé la moción relativa a prorrogar los mandatos a fin de lograr coincidencia con las elecciones municipales. Esto debe quedar claro: se trata de una prórroga. Y hasta ahora no he oído a nadie hablar de cuestiones inmorales o reñidas con la ética, como se calificó la iniciativa que yo presenté.

También me hago cargo de este nuevo invento que es la denominación de la democracia climática. Parece que el clima tiene que ver con la democracia, lo cual no está acreditado; no lo demuestra la votación de 1992. Y, además, en Chile rige una ley que obliga a votar. Por lo demás, el hecho de que se vote el 27 de octubre no garantiza buen tiempo en todo Chile, salvo que la propia ley ordene --y no sé quién lo haría cumplir-- que ese día no llueva, no truene ni relampaguee.

Por todo lo anterior, por la forma de tramitar esta reforma constitucional, por su oportunidad, por la ausencia de las autoridades correspondientes en este recinto, por la fijación de su urgencia como "discusión inmediata", por los vacíos y fallas que presenta, y porque no resuelve ningún problema, deberíamos --yo en particular-- votarla negativamente. No lo haré, simplemente porque --reitero: presenté un proyecto de reforma constitucional en junio de 1993-- no estoy de acuerdo con el orden actual de cosas, que estimo inconveniente para Chile. Pensando en el bien común, no puedo votar en contra ni decir que apruebo lo vigente.

Me abstengo.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Respecto de la referencia de Su Señoría al clima y a las elecciones, le recomiendo que lea "El Espíritu de las Leyes", de Montesquieu, una obra clásica. En su primer capítulo dice que el clima es de fundamental importancia para la vida política de un país.

El señor CANTUARIAS.-

No pensé que iba a hacer referencia a Montesquieu. Lo leeré con mucha atención. Creí que el señor Presidente se iba a referir a Maquiavelo. En todo caso, las estadísticas de que disponemos muestran que el clima en nuestra historia y en nuestro país, no en el de Montesquieu, no ha afectado la participación ciudadana, por lo menos en los comicios municipales.

El señor CALDERÓN .-

Señor Presidente , en primer lugar, a este tema se le ha dado una connotación de alta política que en realidad no tiene.

La esencia de este proyecto es eminentemente práctica. Precisamente, tiene que ver con el clima y, en lo fundamental, con las Regiones del sur. No podemos inventar o ver otras cosas. Se dice que hay atropello a la democracia. Atropello a la democracia es que un conjunto de ciudadanos, en las zonas extremas del país, no pueda votar por problemas climáticos.

Y éste no es un problema de ahora, sino que se ha planteado siempre. Recuerdo que, apenas realizadas las últimas elecciones municipales, el Senador señor Siebert indicó aquí, en el seno de esta Corporación, que las dificultades ocasionadas por la fecha en que se efectuaron esos comicios --pese a que se trató de un año benigno-- hacían recomendable que en el futuro tales elecciones se realizaran en otra época.

Es necesario conocer las zonas extremas. Su Señoría sabe, señor Presidente , las dificultades de transporte que se suscitan en nuestras Regiones cuando nieva o hay viento. Para los ciudadanos que viven en el sur, votar en días de invierno representa un sacrificio enorme. ¿Qué hace el proyecto, entonces? Entendiendo que se trata de un problema de fechas, cambia las elecciones del invierno a la primavera, lo cual, sin embargo, ha generado el espectáculo que hemos presenciado en el Senado.

Esta petición, que es nuestra, también la ha efectuado la Asociación Chilena de Municipalidades, y por el mismo motivo: por razones climáticas. Aquí no hay elementos de otro orden, porque, si efectivamente hubiera alguna otra circunstancia para postergar las elecciones municipales, me imagino que sería por más tiempo, y no sólo por dos meses en el mismo año calendario.

Señor Presidente , yo sólo me hago cargo de lo que mi Región reclama, que es el cambio de fecha para la realización de los comicios para elegir concejales. Siempre se ha pedido que ellos se efectúen en verano.

Pese a que el proyecto los traslada a la primavera, estoy muy de acuerdo con él.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , aclaro que me declaro miembro de la "cultura huachaca", porque aquí, al parecer, hay un Petronio redivivo de los tiempos de Nerón, pero con personalidad actual, que juzga a los que son finos y a los que no son finos. Y hay otros que, peor, nos meten en el resumidero. Así que me declaro "huachaca" del sumidero.

Hecha esta aclaración, continúo.

El 12 de julio de 1992 presenté un proyecto, junto con otros Senadores democratacristianos, sin prever lo que sucedería posteriormente. ¡En julio de 1992! ¡Tómese en cuenta! Porque ya a esas alturas se consideraba que la fecha para realizar las próximas elecciones municipales no era la más conveniente.

Tengo en mis manos, señor Presidente , intervenciones del Honorable señor Horvath ; del mismo señor Senador , de nuevo; del Senador señor Siebert , del Honorable señor Larre , y un documento firmado incluso por el Senador señor Larraín --es una lástima que Su Señoría no se encuentre presente en este momento-- donde se hacen diversas consideraciones relativas al clima, pidiendo finalmente el acuerdo del Senado para reparar caminos, rehabilitar ciudades, arreglar problemas de la ganadería, etcétera.

Recomiendo a Sus Señorías que lean estos antecedentes: miércoles 23 de agosto de 1995, proyecto de acuerdo; miércoles 16 de agosto, se sostiene que hay más de 50 mil familias aisladas en una importantísima parte del territorio nacional, etcétera. Los tengo todos aquí, para refrescar la memoria de algunos señores Senadores que, al parecer, están muy desmemoriados, porque fueron ellos mismos los que pronunciaron discursos atribuyendo importancia al clima, que, indiscutiblemente, es algo que hay que tomar en cuenta. Ahora también se la ha dado usted, señor Presidente , recordando a Montesquieu, lo cual espero que influya en el clima político.

Aquí nos impresionamos con los dramáticos relatos de los Senadores de la Séptima, Octava, Novena, Décima , Undécima y Duodécima Regiones. Todos los recordamos. Incluso, vimos imágenes del Presidente de la República tratando de acceder a lugares prácticamente imposibles, por las nevazones y tempestades.

En consecuencia, me parece que tomar el clima como una cuestión baladí, insignificante, sin relevancia, refleja una posición absolutamente superficial.

Ahora bien, el proyecto contiene normas que no benefician a los Senadores. Las estamos propiciando para otros; de manera que los argumentos que se dan en cuanto a alargarnos o acortarnos nuestro mandato no son válidos, pues --reitero-- los Senadores estamos pensando en otras personas, y no en nosotros. A nadie se le ha ocurrido ni se le pasa por la cabeza que nos vayamos a aumentar el período, porque ello sería totalmente impresentable ante la opinión pública. Por lo tanto, que quede claro que no estamos legislando para nosotros, sino a favor de otros.

Por otra parte, señor Presidente , aquí se ha insistido en que nunca antes ha ocurrido algo como lo que propone la iniciativa. Pues bien, la ley N° 11.100, publicada en el Diario Oficial N° 23.416, de 4 de diciembre de 1952, estableció: "La elección ordinaria de regidores que corresponde efectuar el primer domingo de abril de 1953 se verificará, en cédula separada, el primer domingo de marzo del mismo año, conjuntamente con la elección ordinaria de senadores y diputados al Congreso Nacional.". Esta ley fue promulgada con la firma del Presidente Carlos Ibáñez Del Campo y del Ministro Guillermo Del Pedregal . El artículo 102 de la Constitución, vigente en 1952, indicaba una duración de tres años y la calidad de concejales de los cargos de regidores. En consecuencia, no es inédito lo que se está planteando.

Ahora, a quienes dudan de la importancia del clima, simplemente voy a recordarles dos cosas. Primero: que existe lo que se llama el "solsticio de invierno", que empieza el 21 de junio, y el "equinoccio de primavera", que comienza el 21 de septiembre, y que entre esas fechas tiene lugar el clima más tempestuoso, más invernal y más difícil en Chile. Segundo: que los inviernos son predecibles año a año, y que los terremotos no son predecibles.

He dicho.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , en primer término, le agradezco que haya propuesto la fórmula que ha permitido expresar estas opiniones respecto de una reforma constitucional.

A estas alturas del debate, sólo quiero dejar constancia de las razones que me mueven a votar en contra del proyecto. La primera es que, desde mi punto de vista, ni el legislador ni el constituyente derivado --esto es, el Congreso Nacional-- pueden imponerse por sobre la voluntad soberana del pueblo. Lo contrario, es decir, una reforma legal o constitucional para acortar o prolongar el mandato de representantes del pueblo en el ejercicio de sus cargos, vulneraría, a mi juicio, una de las bases de la institucionalidad: el principio de la soberanía popular; y, asimismo, atentaría contra el Estado de Derecho y el régimen político democrático, pues ambos descansan en el principio del respeto al mandato de la ciudadanía.

Sobre este primer argumento, algunos sostienen que se trata de una reforma menor, por significar un atraso de dos o tres meses, pero, para mí, está en juego un principio.

Otra observación que se plantea se refiere a la duración del mandato del Presidente Frei . A mi juicio, hay que tener mucho cuidado con este argumento, sobre todo si se desea emplearlo para justificar este proyecto. Se sostiene que, si se acortó el período presidencial estando ya el Primer Mandatario en el desempeño de sus funciones, con la misma razón se podría alargar el mandato del Presidente de la República en ejercicio, lo cual, obviamente, vulnera la institucionalidad.

La segunda razón radica en que la iniciativa pretende desplazar la duración del mandato de los concejales a una ley orgánica constitucional.

El informe señala:

"a) Suprímese la oración: "Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos.".".

Pienso que esta modificación constituye un error importante, y que también puede ser causal de debate. Nos parece inconstitucional la enmienda que elimina la duración del mandato de los concejales, remitiéndola a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Si tal período es de cuatro años, debe quedar establecido en la Constitución.

Desde nuestra perspectiva, los cargos públicos previstos en la Carta Fundamental han de contemplar --por lo menos-- el tiempo de duración, los resguardos básicos para su elección, así como sus competencias esenciales. De manera que resulta contrario a un principio elemental de Derecho Público suprimir el plazo de duración de las autoridades elegidas por el pueblo, pues, a mi juicio, ello debe estar señalado en la Constitución.

El tercer argumento se basa en que la ciudadanía --y cada señor Senador tendrá su interpretación al respecto, pero éste es mi planteamiento-- no entendería que se extienda un mandato en ejercicio a raíz de un acuerdo político sustentado en cuestiones prácticas, y, en mi opinión, menores. Hoy ya existe un sentimiento de distancia entre los partidos políticos y la gente, el prestigio de los primeros es pobre, y a través de este proyecto simplemente le estamos otorgando tres, cuatro o seis meses más al período de un alcalde en ejercicio.

La cuarta argumentación apunta a los factores de clima. Se mencionó que la anterior elección municipal se llevó a cabo en junio. Asumimos este hecho y, pensando en que es conveniente que los futuros comicios se efectúen en octubre o en diciembre, presentaremos una indicación para que la próxima elección --no la de 1996, sino la del 2000-- se realice en diciembre, en el caso de que se apruebe la idea de legislar respecto del proyecto que nos ocupa. De ese modo, el Parlamento podrá modificar el período de mandato de los nuevos concejales, pero los ciudadanos sabrán cuándo deben votar y por cuánto tiempo elegirán a sus autoridades. Y una vez que hayan resuelto sobre el particular, tal lapso será inamovible.

La quinta consideración hace referencia a que, por motivos prácticos, algunos plazos habrían vencido. Además de cuestionar el hecho de que hayamos esperado tanto tiempo para enfrentarnos a esta situación, tengo en mi poder el cronograma tentativo de elecciones de concejales preparado por el Servicio Electoral. En tal sentido, quiero señalar que sólo tres fechas han sido sobrepasadas: la del jueves 30 de noviembre, cuando se fija la población de electores para determinar la cantidad mínima de patrocinantes de candidaturas, lo cual incluso se puede modificar por medio de un proyecto de ley; la del 4 de diciembre, para establecer la fecha a partir de la cual pueden reabrirse las inscripciones para quienes cumplen 18 años, proceso que debería estar operando --no veo por qué no ocurre así--, y la del 10 de diciembre, a fin de determinar el número de concejales a elegir por cada comuna, materia que también es posible modificar. Todas las fechas restantes corresponden a febrero.

Por lo tanto, desde mi punto de vista, no existen razones fuertes para apoyar un cambio de esta significación que, a mi juicio, viola principios fundamentales. Reitero: algunas fechas se pueden ajustar y otras, respetar.

Deseo recordar, además, que participamos en un plebiscito en condiciones mucho más desfavorables, por lo que dudo de que no podamos efectuar una elección en siete meses más.

El sexto argumento dice relación a que no me convence la idea de discutir proyectos de reformas constitucionales con urgencia de "Discusión Inmediata".

La séptima razón: ¿qué ocurrirá si la iniciativa en análisis es cuestionada ante el Tribunal Constitucional? Porque existen fundamentos --he consultado con abogados; sé que tienen distintos criterios al respecto, pero esta materia podría dar pie para un alegato-- para sostener que nos enfrentaremos al hecho de que en dos o tres meses más nadie sabrá cuándo se efectuarán las elecciones.

Todos estos argumentos me hacen mucho peso para afirmar que los comicios municipales se pueden efectuar el 29 de junio. Y en caso de que se apruebe la idea de legislar, presentaré dos indicaciones, que ya se encuentran en la Mesa: la primera, destinada a mantener en la Constitución la oración que fija el plazo de cuatro años, porque incluso si cambiamos la fecha de las elecciones no se hace necesario eliminarla, pues ello se puede establecer por medio de un artículo transitorio. Y la segunda, orientada a que el mandato de los concejales que se elegirán el próximo 29 de junio dure hasta el año 2000, a fin de que la elección se realice en diciembre de ese año. Es decir, que resolvamos ahora postergar el mandato de los futuros concejales, y no el de quienes se hallan en ejercicio de esos cargos.

Como señalé, estas razones me han hecho mucho peso y, por eso, sostengo una posición que a algunos señores Senadores les puede parecer rígida.

Considero que se trata de una cuestión de principios, que no se altera con ello la capacidad práctica de efectuar los comicios y mis argumentaciones se suman a lo ya expresado por el Honorable señor Muñoz Barra , quien ha planteado la postura del Partido Por la Democracia.

He dicho.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, no deseo repetir los argumentos entregados en contra del proyecto, porque los comparto prácticamente todos, especialmente los entregados por los representantes del Partido por la Democracia que, a mi juicio, son muy valederos.

No me gusta eliminar de la Constitución lo relativo a la duración en sus cargos de los concejales y alcaldes. Ello no puede quedar entregado a una ley, sino que debe estar en la Carta Fundamental.

Tampoco me parece bien prorrogar o acortar plazos en este momento. Con ello estamos reconociendo el error que cometió el Congreso al aprobar que las elecciones originales se efectuaran en junio. Quienes votaron a favor de la ley que fijó ese mes también deberían haber tenido presente en esa ocasión que los factores climáticos serían desfavorables. Hace cuatro años los inviernos eran tan crudos como los de ahora. ¿Por qué entonces se aprobó una ley que permitió elecciones en junio?

A lo mejor, ahora se está tratando de reparar el error cometido en aquella oportunidad. Quienes votaron a favor de esa fecha no vengan ahora a "rasgar vestiduras" y a decir que en realidad no deberían hacerse en junio, sino más adelante.

Ahora, en cuanto al ordenamiento de las elecciones futuras, es una tarea a la que tenemos que abocarnos en forma decidida. Diciembre no es una buena época para realizarlas. Propongo --presenté el proyecto de reforma constitucional pertinente-- que todas las elecciones se hagan en marzo, como antes. Recuerdo --varios Senadores fuimos elegidos Diputados en 1973-- que se efectuaban en marzo, y se asumía el 21 de mayo.

Estimo que, en lo sucesivo, las elecciones deberían ser en ese mes y tratar de combinar, si es que ello no ocurriera, las elecciones parlamentarias con la de concejales, es decir, que se realicen de concejales cada dos años; luego, parlamentarias; después, concejales y parlamentarias cada cuatro años, y que la elección del Presidente de la República coincida ya sea con una o con otra. Como el mandato presidencial dura 6 años, entonces quiere decir que una elección de Presidente de la República coincidirá con las parlamentarias o con la de concejales. De este modo existiría un cronograma ordenado de los comicios en el mes de marzo, sin afectar el funcionamiento de las escuelas, porque desgraciadamente cada elección en Chile es un trastorno, puesto que han de habilitarse las escuelas como locales de votación. En otras partes del mundo las personas pasan a votar camino a su trabajo, pero acá cada elección resulta muy complicada y produce muchas alteraciones en diversas actividades.

Considero que, por ejemplo, el segundo domingo de marzo es buena fecha, de manera que el primer domingo se constituyan las mesas. Se puede hacer perfectamente, y hay tiempo hasta para una eventual segunda vuelta en la elección de Presidente de la República.

Solicito a todos los señores Senadores interesados en el tema que apoyen que los comicios sean en marzo, y no en diciembre. En cuanto a las actividades de todo el mundo, este último es un mal mes. En cambio en marzo, cuando empieza el año escolar, han terminado las vacaciones y naturalmente hay más tiempo para que los candidatos desarrollen sus campañas, es mucho mejor. Dejo planteada esta idea para el futuro.

En todo caso, en virtud de lo que he expresado y para no repetir argumentos expuestos, votaré en contra de este proyecto.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , en primer término, el hecho de que se postergue, alargue o disminuya un período, en particular de autoridades comunales, debe ser visto en su justa proporción, en el sentido de si estamos hablando de un par de meses con respecto a cuatro años, o si nos referimos a algunos años con relación a mayor cantidad de ellos. Tiene que ser un lapso significativo como para establecer que con esto se sienta un mal precedente.

En segundo lugar, con respecto a la prórroga de autoridades elegidas, hay que ver quién lo está proponiendo. Si fuéramos nosotros, los Parlamentarios, quienes estuviésemos prolongando nuestro propio período, obviamente habría algo inmoral. Pero cuando Es la autoridad competente para efectuar una reforma constitucional que tiene por objeto prorrogar el mandato de los concejales por causas fundamentadas por otro Poder del Estado, no hay nada contra la ética en ese sentido.

En tercer término, se ha señalado, como un elemento práctico, que las condiciones climáticas son más favorables en determinada época del año. Pero en esto no sólo está envuelto el clima, pues quienes conocen o viven en la zona sur austral saben que las horas-luz allí son totalmente distintas. En el mes de junio, en Aisén y Punta Arenas, a las cuatro de la tarde, ya está oscuro. Y amanece entre las ocho y media y las nueve. Por lo tanto, para la gente de sectores aislados es más difícil concurrir a votar.

También deben tenerse presentes las condiciones de accesibilidad a los lugares de votación. Algunas personas deben viajar navegando o a caballo por zonas de penetración, las cuales no son pocas en el territorio nacional. Porque no debe olvidarse que el 50 por ciento de Chile se encuentra en condiciones de abandono, sin vías de acceso ni de habitabilidad con respecto al resto del país.

En cuanto a la abstención, se ha señalado que ella habría sido baja en l992. Con las cifras pueden hacerse muchas argumentaciones, pero efectivamente a nivel nacional ese año hubo una abstención de l0,2 por ciento. Pero, al interiorizarnos al respecto, podremos apreciar que en Tarapacá, hubo l4,4 por ciento, y en Antofagasta, l3,6 por ciento. Obviamente, las Regiones de Valparaíso y la Metropolitana, por su gran cantidad de habitantes, hacen variar ese l0,2 por ciento. En efecto, en el Puerto hubo 8,6 por ciento, y en la Capital, 9 por ciento. Sin embargo, hacia el sur, en la Región de La Araucanía, hubo l4 por ciento; en la de Los Lagos, l2,5 por ciento; en Aisén, 20 por ciento, y en Magallanes, l8 por ciento. En el interior de las comunas, las cifras son más altas: en Coihaique, l8 por ciento; en Aisén, l8 por ciento; en O'Higgins, 26 por ciento; en Tortel, 23 por ciento; en Porvenir, 24 por ciento.

Es decir, mediante el olvido de un elemento práctico estamos negando la garantía de igualdad ante la ley a una cantidad importante de habitantes, no sólo en número, sino también en significación. Porque no podemos abrir una brecha en los sectores más abandonados del país respecto de quienes están integrados.

Se ha mencionado aquí que el artículo 5º de la Constitución consagra que la soberanía reside en la Nación y que su ejercicio se realiza mediante las autoridades que la Carta Fundamental establece. Por lo tanto, si las autoridades competentes están planteando una reforma constitucional, no está en riesgo la soberanía. Ése es un punto que debe destacarse.

Finalmente, quiero recordar una frase de uso popular: en Chile no le tenemos miedo al mal clima; pero el problema está en el ejercicio del derecho a voto de los ciudadanos. Por desgracia, en el país existe la mentalidad de que todo lo que no se parece climáticamente al Valle del Aconcagua es malo. En verdad ello no es así. En la zona austral, a la gente le gusta votar. Está dispuesta a sacrificarse. Pero, al menos, debemos darle las posibilidades de acceso y de luz para que puedan ejercer su derecho.

Por las razones expuestas, votaré en general en favor del proyecto de reforma constitucional.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente , para el análisis de la iniciativa es debate he tenido en consideración diversos antecedentes, a los cuales deseo referirme con íntima convicción.

Me han hecho fuerza los argumentos dados a conocer en la Sala por algunos señores Senadores con relación a la constitucionalidad, pues, a través de este proyecto de reforma a la Carta, se estaría modificando el plazo para el cual fueron elegidos los actuales concejales y alcaldes.

También he debido considerar el hecho de que nuestros representantes en la Cámara de Diputados se jugaran por una indicación que en definitiva variaba la proposición original del Ejecutivo , al cambiar de diciembre a octubre la fecha para la elección de concejales. Y tengo la impresión de que todos los Diputados de mi región fueron partidarios de ello.

En cuanto al tema relativo al clima, y que es muy importante, debo recordar que en la Región Décima Sur resulta un aspecto especialmente gravitante. Porque en comunas como Quinchao, Hualaihué, Quellón , Quemchi o en algunas que son islas --las cuales a su vez están configuradas por islas satélites-- la gente debe viajar en bote o en lancha. Para qué hablar de comunas al interior de la región, como Futaleufú, Palena y Chaitén, donde durante el Invierno --este último fue especialmente duro-- la gente debe trasladarse generalmente a caballo, o a pie cuando las distancias son cortas.

Es interesante sopesar estos antecedentes y adoptar decisiones que consideren lo que la gente debe hacer para expresar realmente su voluntad con motivo de elecciones populares.

Como lo hizo presente el Honorable señor Horvath , la abstención mayor se produce en las comunas islas, donde las personas para sufragar deben trasladarse al continente; inclusive en éste tienen que usar lanchas y botes, como ocurre en las localidades de Hualaihué y Rolecha, en la comuna de Hualaihué.

Por eso, sopesando debidamente los antecedente expuestos, votaré en favor del proyecto.

El señor SULE.-

Señor Presidente , esta mañana en la Comisión me jugué por que se aprobara sin modificaciones el proyecto que venía de la Cámara de Diputados, a fin de evitar una mayor demora en la solución del grave problema que afecta al país, con motivo de la elección de concejales del próximo año. Y creo que tuvimos cierto éxito.

Pero, ahora, más que la aprobación de la iniciativa, me preocupa que varios señores Senadores --por razones respetables y quizás muy serias, relativas a la constitucionalidad, por una parte, y al clima, por otra-- hayan planteado posiciones diferentes. Lo siento así, porque, si se rechaza la idea de legislar, muere el proyecto de reforma constitucional, con lo cual no existiría posibilidad alguna de resolver las graves situaciones que pueden producirse a partir del momento en que así suceda, porque la actual Constitución no contempla de manera clara para este caso los trámites legislativos por seguir ni la formación de comisiones mixtas. Ese problema fue resuelto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, la cual dictaminó que, cuando se rechaza la idea de legislar, no procede la formación de una Comisión Mixta, pero sí cuando, aprobada una iniciativa por la Cámara de origen y modificada por la revisora, la primera de ellas rechaza las enmiendas e insiste en su criterio. Incluso, con ocasión de la reforma constitucional para modificar la duración del mandato del Presidente de la República , cuando el debate era dirigido por el Honorable señor Valdés , se sentó un precedente: esa reforma tuvo un tercer trámite y eventualmente podríamos haber llegado a la Comisión Mixta.

Pero no pretendo retrotraerme al pasado ni basar mi intervención en las argumentaciones tanto de carácter constitucional como de orden climático expuestas en la Sala, porque quiero referirme a la situación extraordinaria en que se podría encontrar el país.

¿Qué pasaría si a siete días de una elección del próximo año, cualquiera que ella fuere, hubiera un terremoto? ¿Podríamos argumentar razones éticas, morales o constitucionales para oponernos a alterar la fecha en que debían efectuarse los comicios y que, por razones obvias, es imposible llevar a cabo?

Desde hace mucho tiempo hemos estado planteando este problema al Gobierno; pero, por distintos motivos, la solución ha demorado. Algunos querían prorrogar las elecciones hasta l997; otros proponían que coincidieran las de parlamentarios y la de concejales; unos cuantos pretendían modificar previamente la ley electoral, transformando el sistema binominal en uno proporcional corregido. Y ahora nos encontramos frente a la ciudadanía prácticamente en similares condiciones a las de un terremoto. Tenemos la obligación de legislar para entregar un canal tranquilo y normal a la gente y evitar los problemas que incluso podrían impedir las elecciones, aun en su fecha original de junio.

No puedo dejar de advertir que me opuse tenazmente a prorrogar las elecciones de concejales para hacerlas coincidentes con las parlamentarias. Lo hice basado en diversas razones, pero fundamentalmente por dos. Primero, porque corresponden a sistemas electorales distintos: los Parlamentarios son elegidos por un sistema binominal, y los concejales, por uno proporcional. Y segundo, por un motivo muy natural. Las últimas elecciones , por realizarse conforme al sistema binominal, se hicieron sobre la base de acuerdos cupulares de los partidos, en los cuales éstos entregaron cupos. Como algunas colectividades políticas no tenían una fuerza de votación que exhibir --como la nuestra--, debieron esperar lo que los partidos mayoritarios buenamente quisieron proporcionarles. En el caso nuestro, necesitábamos llegar a una elección para mostrar la fuerza que, obviamente, tendremos en los comicios de regidores.

Esa fue la razón, y no hay otras. Desde luego, no nos gustan las prórrogas por mero capricho. Pero nadie puede acusar a alguien de que las prórrogas propiamente tales, los anticipos o los adelantos, son inmorales o antiéticos, porque se han sentado precedentes en Chile. Hay dos --y basta-- para demostrar que el Parlamento usó de las facultades que, como organismo y autoridad, le corresponde ejercer.

Yo, señor Presidente , no podría sostener que, si se rechaza esta reforma constitucional, habrá un terremoto, pero, sí, un temblor de alta graduación.

No olvidemos, por otra parte, que se ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasaría si tal organismo rechaza la norma que permite a un solo partido inscrito nacionalmente llevar independientes en su lista? ¿Qué podrían hacer tales independientes si la ley en definitiva rigiera después de que ese tribunal emita su fallo? ¿Es un problema grave o una cuestión de anarquía o de falta de respeto principalmente a los independientes, a quienes tanto se defiende aquí? Sí,lo es, evidentemente. ¿Qué sucedería si los partidos políticos no se inscriben antes del 30 de diciembre del presente año? Nosotros no tenemos ese inconveniente, pues estamos inscritos a nivel nacional. Pero, ¿qué ocurre si se desafilian los candidatos o los miembros de un determinado partido? ¿Que pasa si los adscritos a una colectividad política quieren asumir su calidad de independientes, porque se incorporaron a ella solamente para que tuviera existencia legal? ¿No pueden hacerlo antes del 30 de diciembre? ¿No estamos creando una situación grave?

Alguien apuntaba que la situación podría ser resuelta en virtud de una ley. ¿Y por qué no lo hacemos ahora, si estamos ante la evidencia de que los plazos se acortaron por responsabilidad: del propio Congreso Nacional?

¿Qué pasa, señor Presidente , si esta iniciativa, basada fundamentalmente en los pactos fuera hoy rechazada? Recordemos que en la ley de elecciones municipales establecimos un umbral, un techo; y que, en consecuencia, es primordial que haya pactos, incluso subpactos, según lo hemos aprobado. No sería fácil resolver el problema de los pactos antes del 28 de febrero; y éstos deben plebiscitarse por los respectivos partidos, de conformidad con sus correspondientes estatutos. Y muchos partidos , ¿no han fijado un plazo de sesenta días para plebiscitar los acuerdos que implican alianzas u otro tipo de resoluciones electorales?

Éstas son las razones que nos mueven a aprobar la prórroga propuesta, que es prácticamente de dos meses. Podrá aducirse que algunas de las disposiciones son lesivas y poco claras y que, eventualmente, podrían crear problemas. Por ejemplo, lo atinente al período del mandato de alcaldes o de concejales. Respeto la opinión de quienes piensan que ello podría provocar dificultades; pero si la situación no es clara, podemos en estos momentos, en la votación particular, modificarla mediante las indicaciones que se formulen. Pero nadie podrá negar que, si no establecemos esa modalidad, en definitiva tendremos que elegir alcaldes por cuarenta y cinco o sesenta días. Y eso será mucho más delicado para la paz y la tranquilidad nacionales que lo que estamos proponiendo con la prórroga del período de los actuales alcaldes y concejales.

Podría dar muchos otros argumentos de carácter práctico. Sé positivamente --porque hemos estado en contacto con el Servicio Electoral-- que todos los partidos han expresado su preocupación por dar cumplimiento a los plazos estipulados por la ley. Entonces, ¿por qué crear esta situación de anormalidad, de casi violencia legislativa?

Estamos llevando al país a una situación absolutamente absurda, que dará lugar a todo tipo de problemas, y, a lo mejor, nos arrepentiremos cuando ya no podamos resolverlos. Por eso, votaré favorablemente el proyecto.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente , quiero hacer un breve recuerdo.

En 1991 tuve la responsabilidad de presidir las Comisiones Unidas que estudiaron y aprobaron diversas modificaciones a la Constitución referidas al sector municipal. Y ya en aquella oportunidad --como consta a varios de los señores Senadores presentes-- tratamos lo referente al cambio de la fecha de las elecciones municipales. Recuerdo --creo tener buena memoria-- que alrededor de las seis de la mañana de un día cualquiera discutimos largamente si cambiábamos la fecha que ya habíamos fijado --29 de junio--, estrictamente por razones climáticas. En verdad no había otro argumento. Por lo demás, en nuestro país constituye una razón de peso. Debemos advertir que ni la mayoría de la Comisión en esa oportunidad ni posteriormente la Sala recogieron los planteamientos formulados por todos los Senadores de la zona sur del país. Es decir, en aquella oportunidad no ejercimos algo que es elemental entre nosotros: el sentido de la solidaridad. Porque éste no es un problema de los representantes del norte. No lo es de la Región de Atacama, ni de Arica, ni de Antofagasta, ni siquiera, tal vez, de Santiago. ¿Pero eso nos inhibe de entender las buenas razones que ya en esa ocasión expresaron los Senadores de la zona sur a efectos de postergar la elección para una fecha mejor que la que habíamos fijado?

Tengo la impresión de que debemos ser solidarios entre todos nosotros. Porque he escuchado muy buenos argumentos de integrantes de distintas bancadas que han señalado que el clima en las Regiones Novena, Décima , Undécima y Duodécima es un factor importante. Hace poco tiempo hubo un terremoto blanco en la Duodécima Región, que afectó también a la Undécima y a la Décima. De manera que no es un factor baladí.

Rechazo de manera categórica a quienes permanentemente están insinuando que detrás de este planteamiento hay situaciones menores, cuestiones que afectan a la ética y a la moral. Y desde hace mucho tiempo vengo rechazando en forma terminante a aquellos que constantemente plantean, como Catones cualesquiera, que son los portadores de los principios morales y éticos en el país.

Aquí hemos sido extraordinariamente transparentes. Hoy en la mañana, cuando en la Comisión discutimos el tema, señalé, entre otras cosas, que no estaba de acuerdo --y me abstuve en la primera votación, junto con el Senador señor Otero -- en eliminar de la Constitución la norma sobre duración del mandato. Pienso que ello no debe modificarse. Y cuando se presente la indicación pertinente --si aprobamos el proyecto en general--, votaré por mantener en la Carta Fundamental dicho precepto.

Empero, el tema central que estamos planteando en esta oportunidad es el factor clima. ¿Es ése un factor menor? En Chile, no: es un factor real.

Que en junio de 1992 concurrió a votar mucha gente, es cierto. Efectivamente, hubo una gran votación. Y era obvio: se trataba de la primera posibilidad de elegir alcaldes y concejales --más bien, concejales--, por lo que había una gran motivación nacional para sufragar. Y los partidos políticos y los independientes realizaron una serie de esfuerzos para que así ocurriera.

En esta ocasión se trata de la segunda elección municipal, que será relativamente normal, en comparación con la primera. Por lo tanto, el factor clima puede incidir de manera muy fundamental para que la soberanía popular se pueda expresar con mayor facilidad.

Por consiguiente, aquí no estamos hablando de una cuestión "escondida debajo del choapino", sino de un asunto que la Asociación Chilena de Municipalidades planteó a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado --y en la Sala está su Presidente -- hace mucho tiempo --no fue ayer ni el mes pasado--, para que realizáramos un esfuerzo sobre el particular.

Estoy hablando de doña Lily Pérez, de don Jaime Ravinet y de personas de distintas colectividades --por decirlo de alguna manera--, quienes, conociendo mejor el tema (nosotros lo conocemos bien; pero ellos, con mayor razón), nos hicieron presente que la mantención de la elección el 29 de junio puede afectar.

Por lo tanto, tampoco estamos operando sobre la base de eventuales intereses menores o mezquinos de algunos de los partidos políticos aquí representados. Estamos hablando de la Asociación Chilena de Municipalidades, que, según las actas de la Comisión de Gobierno, en reiteradas oportunidades ha solicitado, por unanimidad, modificar el calendario de elecciones.

No se trata, entonces, de una cuestión cualquiera. Con claridad, se han manifestado al respecto muchos alcaldes, numerosos concejales, candidatos a concejales en las comunas recién creadas, quienes permanentemente nos han pedido que hagamos un esfuerzo por cambiar dicho calendario.

No quiero suponer ningún propósito ético-moral perverso a quienes nos han planteado este tema. Pero tratemos de ser lo más claro posible, porque de lo contrario las desconfianzas empiezan a surgir entre nosotros. ¿Algunos partidos están más complicados que otros? Sí. Pero ello no está en discusión. El tema fundamental nos fue planteado hace mucho tiempo.

Por otro lado, debo recordar que hace dos o tres meses, cuando el Senador señor Cantuarias expuso a la Comisión de Gobierno la idea de postergar el actual mandato de los concejales y alcaldes --no el próximo, como lo sugiere la incorporación de una disposición transitoria trigesimosexta a la Carta Fundamental-- hasta fines de 1997, nadie planteó el tema de la constitucionalidad y todos estuvimos de acuerdo en que se trataba de una materia muy central, que era bueno considerar. Porque Su Señoría apuntaba a una cuestión más medular: la de que en el país carecemos de un cronograma electoral para los próximos 20 años. Y el Congreso tiene la obligación --como señalamos con insistencia en la reunión de esta mañana-- de estudiar y aprobar de una vez por todas un cronograma que nos permita saber exactamente, en los 20 años venideros, cuándo tendremos elecciones parlamentarias, si coincidirán con las municipales y si acortaremos el período presidencial luego de concluido el actual mandato del Presidente Frei .

Debemos analizar ese tipo de materias, porque son las que provocan inestabilidad, aparte que el clima, por sí solo, por sus propios méritos, es un factor que, en mi opinión, debe ser adecuadamente ponderado por la Sala.

Por último, se han formulado observaciones de carácter constitucional.

No soy constitucionalista. Sin embargo, el inciso tercero del artículo 116 de la Carta Fundamental me parece claro cuando establece que el Ejecutivo puede fijar urgencias a los proyectos de reforma constitucional. Por lo tanto, no nos llamen la atención porque el Gobierno calificó de "Discusión Inmediata" la iniciativa que nos ocupa.

Quizá dicha facultad no gusta ahora porque el proyecto en análisis no agrada. Pero, en mi concepto, lo serio es que estudiemos definitivamente reformar el inciso tercero del artículo 116 de la Constitución, pues no corresponde que se estime bueno en una oportunidad y malo en otra.

Por otra parte, también se ha planteado el hecho de que esta iniciativa requiere para su aprobación dos tercios de los Parlamentarios en ejercicio.

El inciso segundo del ya citado artículo 116 señala: "El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio. Si la reforma recayere sobre los capítulos I, III, VII, X, XI o XIV, necesitará, en cada Cámara, la aprobación de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio.".

Pero ocurre que estamos modificando el artículo 108 de la Constitución, que figura en el Capítulo XIII. En consecuencia, esta reforma no cae en la obligación de reunir los dos tercios que señalan algunos señores Senadores. Contrario sensu, debe ser aprobada por las tres quintas partes de los Diputados y Senadores en ejercicio.

Para concluir, quiero reiterar que aprobaré la indicación sobre duración del mandato de los concejales y alcaldes, porque estimo que ello restituye la idea central de que el período respectivo debe estar expresamente consagrado en la Carta Fundamental.

He dicho.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente , trataré de ser muy breve, pues creo que se han dado fundadamente muchos argumentos en pro y en contra de una cuestión que me parece esencialmente opinable.

Pienso que debemos advertir que algo estamos haciendo mal en el Congreso cuando cada cierto tiempo, y ahora con "Discusión Inmediata", se tramita una reforma constitucional. Creo que eso no es bueno ni contribuye a que, con prudencia, serenidad, buen juicio y antecedentes fundados, hagamos mejor las cosas.

Estamos tratando de enmendar algo que no hicimos bien en el pasado; y eso tenemos que reconocerlo. Es probable que debamos abocarnos oportunamente --y formulo un llamado al Gobierno en tal sentido-- a establecer de una vez por todas un calendario estable, conocido y previo sobre las contingencias electorales que habremos de enfrentar en los próximos 20 años, como señaló el orador que me precedió en el uso de la palabra. No es admisible que exista un signo de interrogación ante la pregunta de cuándo habrá elecciones de unas autoridades u otras.

Pienso que dicho calendario debe estar presidido por la posibilidad real de las personas de acudir a las urnas. Y esa posibilidad de participar es, a mi juicio, el elemento esencial del debate de esta noche. Porque no cabe la menor duda de que el argumento más importante y convincente es algo que tal vez no nos gustaría decir: la existencia de un problema climático. No hay otro argumento que pueda justificar una situación como la que se plantea.

Hemos escuchado a los Honorables señores Horvath y Siebert explicar con mucha claridad cuál es la contingencia vivida en las Regiones que representan cuando se atraviesa por el período de menor luminosidad o cuando no se da la situación climática indispensable para acudir a los lugares de votación.

Por otra parte, tengo presentes las conclusiones adoptadas por las convenciones de alcaldes y concejales en que he tenido ocasión de participar. En 1994 y 1995 escuché a personeros serios, que de veras quieren servir a la comunidad, señalar la necesidad de no convocar a elecciones en pleno invierno, sino en primavera, verano o, incluso, parte del otoño. Porque no es posible que en un país como el nuestro, de contrastes climáticos, se elija la época menos apropiada para celebrarlas.

También me hace peso que en la Cámara Baja los Diputados de nuestro Partido, prácticamente por unanimidad, hayan convenido resolver la situación y tener claridad al respecto.

Sin embargo, hay un punto que debe quedar meridianamente claro. No estoy de acuerdo con el conjunto de proposiciones formuladas. Y, al respecto, quiero insistir en lo señalado por otros señores Senadores en cuanto a dividir la votación. Ello significa dejar establecido en la Constitución Política la duración del mandato, el número de concejales y la forma de elegir alcalde, así como la fecha de realización de los comicios. Y en el Nº 2, mediante la disposición trigesimaquinta transitoria, determinar una fecha razonable y que permita una participación real del electorado.

Básicamente por esas consideraciones, votaré a favor la iniciativa, en los términos que señalé.

He dicho.

El señor PRAT.-

Señor Presidente , estamos ante un proyecto que toca distintas materias del ámbito municipal. Por lo que he oído, hay consenso en estimar propio que el número de concejales y la duración de su mandato se hallen establecidos en la Constitución y no en la ley orgánica pertinente.

Por lo tanto, ya en ese aspecto la iniciativa adolece de falta de acuerdo necesario para que la enmienda a la Carta se materialice.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Perdón, señor Senador. Se votará cada inciso por separado.

El señor PRAT.-

Correcto. Pero estamos ante un proyecto de ley.

Lo que más preocupa a esta Corporación es la fecha de las elecciones municipales, que están establecidas para el 29 de junio.

Sobre el particular, deseo expresar mi comprensión y entendimiento --ya lo manifestamos en su oportunidad-- en cuanto a la inconveniencia de esa fecha, dado que en el período invernal se producen grandes dificultades, por un lado, para llevar a cabo la necesaria difusión de los proyectos que los candidatos desean poner en conocimiento de los electores, y por otro, para que éstos concurran a votar.

Por lo tanto, me inclino por modificar la fecha que rige actualmente y trasladarla a una época en que las condiciones climáticas en parte importante del país sean más propicias, especialmente en los sectores rurales, que requieren siempre, y ante cualquier evento, igualdad de oportunidades, inclusive en materias electorales.

No obstante, me parece inconveniente la forma como se está procediendo a efectuar esta modificación. Entiendo que ella resulta razonable, pero no estimo adecuado llevarla a cabo alterando el ejercicio de las funciones de quienes hoy día están en los respectivos cargos, pues fueron electos por un plazo determinado, que a mi juicio debe respetarse.

Yo apoyaría con vigor y entusiasmo que se modificara dicha norma de manera que los ciudadanos elegidos concejales y alcaldes lo fueran por un plazo tal que la conclusión de su mandato y el inicio del de los siguientes ocurrieran en una fecha propicia y no un 29 de junio. Pero no me parece apropiado (reitero) que se altere la voluntad popular en términos de achicar la duración del mandato que resolvió el elector cuando votó y que los candidatos asumieron al hacer sus campañas. Ese procedimiento me parece inadecuado.

Quizás habría otra fórmula para proceder al cambio. Por ejemplo, en virtud de la potestad de que estamos investidos los Parlamentarios, podríamos designar ciudadanos por el lapso de los dos meses que median entre el término del ejercicio de quienes actualmente cumplen la función y la fecha que se hace necesaria a efectos de postergar la elección en la forma como se propone mediante el proyecto en estudio. Yo entendería que nuestra facultad es válida para designar ciudadanos --pueden ser los mismos que ejercen los cargos-- por esos dos meses. Pero no me siento con potestad para prolongar mandatos que los electores resolvieron al momento de votar y cuya duración los candidatos conocían al efectuar sus campañas.

Por lo tanto, creo que hay una primera opción, que sería la deseable: que la enmienda rija para quienes van a asumir los cargos. Y una segunda alternativa es que designemos a ciudadanos en esas funciones por los dos meses intermedios.

Empero, tal como se plantea, la reforma me parece inconveniente, impropia, sobre todo por la situación que estamos viviendo. Porque toda modificación debe considerarse en el marco de las circunstancias en que se da. Y, desgraciadamente, por efectos de la conducción política y de cómo ha derivado el debate, se aprecia un debilitamiento de la estabilidad institucional que es de suyo inconveniente para el país. Y nos pesará a todos si seguimos alimentando esa negativa tendencia.

Por lo tanto, no favorecemos la necesaria estabilidad institucional cuando alentamos estas enmiendas constitucionales en la forma y procedimiento en que ellas se plantean, ni tampoco favorecemos el remover la percepción pública que hoy día existe en cuanto a que las dirigencias políticas legislan buscando atender sus intereses antes que los de la nación.

Desgraciadamente, esta reforma, con la tramitación precipitada que se propone --casi en bambalinas--, con una urgencia que no corresponde a una reforma constitucional, alimenta la percepción pública de que las dirigencias políticas están actuando en beneficio de sus intereses y no en el del país.

En consecuencia, si bien concuerdo en que las elecciones del 29 de junio no son deseables y en que debe buscarse una mejor forma, creo que el procedimiento que se plantea es inadecuado e inconveniente. Por eso, votaré en contra.

He dicho.

El señor LARRE.-

Señor Presidente, a pesar de que el debate ya está casi concluido, porque hemos escuchado distintos argumentos, quiero solamente reiterar cuatro conceptos.

En primer término, al facilitar ahora el acceso de los electores a los comicios municipales, estamos cumpliendo con un acuerdo político que asumimos hace algunos años en el Senado, en el sentido de modificar oportunamente la fecha de las elecciones municipales, adelantándolas o postergándolas. En ello no hubo afán de interés electoral de ninguna índole, sino satisfacer una inquietud de los electores, las autoridades y los Parlamentarios de las Regiones que sufren las inclemencias del clima, fundamentalmente la lluvia y el frío. Es muy distinto llevar a cabo en junio una elección en las zonas del sur y australes de nuestro país que en el período que media entre primavera y otoño.

En segundo lugar, en el debate no se ha expresado un argumento importante --muchos de los Honorables colegas que me escuchan han tenido la misma experiencia-- relativo a las facilidades que deben otorgar las autoridades respectivas a los representantes de las Fuerzas Armadas en materia de locales y de espacios para poder desarrollar adecuadamente los comicios. En invierno es fundamental que las elecciones se realicen bajo techo; y eso demanda desmantelar virtualmente todos los establecimientos educacionales de los centros urbanos donde se efectúan. En cambio, si hay buen clima, es perfectamente factible aprovechar las condiciones de espacio, al aire libre. De esta forma se evita que cientos o miles de electores permanezcan durante largas horas bajo el agua y el frío, en espera de cumplir con su mandato ciudadano. Desde ese punto de vista, creo que nadie puede discutir la conveniencia de trasladar de junio a octubre las elecciones, como lo plantea el proyecto.

Ahora bien, aquí se ha dicho que lo concerniente al clima es relativo, porque podría ocurrir un terremoto. Y la verdad es que los chilenos que hemos vivido en este siglo conocemos solamente tres grandes terremotos: el de 1906, el de 1939 y el de 1960. Pienso que cuando suceden catástrofes como éstas la naturaleza impide que haya un acto electoral. Todos los años, en las regiones del sur y australes, llueve y hace frío regularmente todos los días del mes de junio. De manera que no es un argumento que podamos aceptar los representantes de esas Regiones, porque, precisamente, nos preocupa facilitar a todos los electores su concurrencia a expresar su voluntad de elegir a sus autoridades.

Tercero. En este caso no estamos pecando quienes hacemos uso de la representación popular para prorrogársela a otros. Sería grave que estuviéramos postergando nuestro propio mandato. No hemos escuchado ese argumento cuando se redujo el período presidencial ni tampoco cuando, en otras oportunidades, se ha aplazado la elección de las autoridades comunales. Ésta no es la primera vez que ello ocurriría. Es decir, en el país existe ese antecedente.

Por último, los representantes comunales de todos los sectores políticos nos han solicitado hacer presente la necesidad de ofrecer las mejores condiciones a las autoridades para que den garantías a todos los electores, con el objeto de que los comicios se desarrollen con normalidad y, al mismo tiempo, procurar su acceso expedito a las mesas de votación.

Por tales razones, anuncio que votaré favorablemente el proyecto, e invito a los Honorables colegas a que colaboren con quienes representamos la inquietud de muchos ciudadanos, a los que les corresponde elegir a las autoridades de las comunas rurales, cuyas autoridades tienen que realizar las tareas más pesadas.

He dicho.

El señor COOPER.-

Señor Presidente , represento a una Región en la cual tenemos graves problemas de sequía. Mal podría, en consecuencia, dar argumentos basados en el clima para rechazar el proyecto, porque eso significaría no comprender lo que acontece en la zona sur, donde normalmente en el invierno llueve bastante. Frente a ese planteamiento --que respeto-- se ha sostenido otro que debe ponerse en la balanza. Existen principios de por medio. Me refiero a las bases de la institucionalidad. En 1992, cuando la ciudadanía eligió concejales por un período de cuatro años, manifestó su voluntad soberana. Este proyecto altera ese mandato, el que, además de ser soberano, es democrático. Por eso, al prolongar dicho período, estaríamos --como dije-- vulnerando las bases de la institucionalidad. Para mí, este argumento es de mucho peso y --sin desconocer la importancia de los planteamientos de otros señores Senadores-- tiene especial significación.

Por otra parte, el proyecto pretende trasladar el contenido del artículo 108 de la Constitución --que, precisamente, se refiere a la elección de autoridades municipales-- a una ley orgánica. Esto, a mi juicio, que viene contenido en el proyecto, es altamente negativo e inconveniente. He escuchado precisamente algunos argumentos en el mismo sentido.

Por último, de acuerdo con lo que señalé en un comienzo, hago reserva de constitucionalidad respecto a las bases de la institucionalidad y a la forma en que el proyecto fue votado en la Cámara de Diputados.

He dicho.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , haré uso de la palabra solamente para precisar mi voto. Y lo hago de inmediato, porque es necesario proceder así.

He escuchado con mucha atención, no sólo el debate desarrollado hoy en la Sala, sino todos los anteriores, y he podido advertir que se contraponen situaciones prácticas y doctrinarias. Manifesté personalmente a algunos señores Senadores mi disposición a prestar la máxima cooperación en cuanto a ceder en los argumentos de conveniencia, esto es, a renunciar a mi visión según la cual esta reforma constitucional, en cuanto posterga las elecciones afectando a los actuales concejales, es inconveniente y da una pésima imagen a la opinión pública. Sin embargo, no puedo pretender que esta opinión sea compartida por la mayoría de mis estimados colegas. Entonces, puedo renunciar a esa visión. En cambio, no puedo renunciar a mi criterio en cuanto a que no debe aprobarse esta reforma con un quórum que estimo inconstitucional, tal como se ha planteado en el Senado.

Estoy absolutamente convencido, por razones que he explicado en otras oportunidades y que no viene al caso repetir, que esta reforma implica una excepción a las exigencias planteadas en el artículo 5º de la Carta Fundamental.

Al modificarse el Reglamento del Senado, su artículo 178 quedó con el siguiente texto: "Si proclamada la votación se advierte que las abstenciones o los votos diferentes del que se pide, determinan que quede sin resolverse la proposición que se vota, se procederá de inmediato a repetir la votación, con requerimiento a los Senadores que se hayan abstenido para que emitan su voto, y a aquéllos que hayan votado de manera diferente de la pedida, para que lo ajusten a la proposición que se vota.". Aplicando este precepto, me abstendré de votar el proyecto, pero si mi voto fuere necesario para alcanzar el quórum de 31 Senadores, que corresponde a los dos tercios, estaría dispuesto a darlo, como manifestación de mi deseo de que el problema tenga una solución concordante con el pensamiento de la mayoría.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , trataré de ser lo más breve posible.

Deseo ratificar lo manifestado en la Sala por el Senador señor Núñez , por cuanto me tocó participar en el trabajo de la Comisión que se prolongó hasta las seis de la mañana cuando se estaba aprobando en particular el texto de la Ley Orgánica de Municipalidades. En esa oportunidad, fuimos muchos los Senadores que nos opusimos terminantemente a que la elección se realizara en el mes de junio. Al respecto, se nos dijo que existía un acuerdo político, pero que se comprendía nuestra posición, por lo que habría un compromiso en el sentido de hacer una modificación con posterioridad, fijándola en una fecha en que el clima y la estación del año permitieran a todos los electores participar en ella. ¿Por qué adoptamos esa posición? Simplemente, porque pensamos que los chilenos valen exactamente lo mismo en cualquier lugar del territorio de la República y que, obviamente, deben tener derecho a votar todos por igual, lo que debe cautelarse. Si nosotros por error fijamos una fecha que, como se desprende de las afirmaciones de los señores Senadores que representan a las Regiones australes, significará impedir que esas personas ejerzan su derecho, realmente estaríamos afectando la soberanía, porque ella no es otra cosa que el derecho de las personas al ejercicio del voto para adoptar las grandes decisiones nacionales.

Por lo tanto, en esa época --y no podemos cambiar hoy de criterio--, para nosotros era indispensable que la fecha de estas elecciones se modificara con el objeto de permitir que todos los chilenos, sin excepción, pudieran sufragar cuando llegara el momento de elegir concejales y alcaldes.

En la Sala se han debatido distintos problemas de carácter constitucional respecto de los cuales pienso que no es necesario extenderse, porque ya algunos señores Senadores han hablado a favor de determinados planteamientos, y otros, en contra, y la discusión no se zanja en el Senado, pues ella será definida por el Tribunal Constitucional, en caso de llegarse a esa instancia. Este Tribunal es la autoridad que debe decidir quién tiene razón en las distintas posiciones jurídicas, las que respeto, aun cuando pueda no estar de acuerdo con algunas. Todos los señores Senadores tienen el derecho --y reconozco la buena fe de sus argumentos-- de establecer planteamientos jurídicos diferentes.

De todas maneras, hemos pedido que se divida la votación --entiendo que así se hará--, porque no estamos de acuerdo con el número 1 del artículo único, que propone suprimir, en el inciso primero del artículo 108 de la Carta Fundamental, la oración que dice: "Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos.". En la Constitución deben señalarse el plazo y la posibilidad de la reelección.

Respecto del número 2, inciso segundo, quiero agradecer la actuación del Senador señor Fernández en las Comisiones, porque fue el primero en abrirnos los ojos sobre lo mal redactado que se encontraba el proyecto, por lo que era necesario darle adecuada redacción, para impedir que hubiera distintas interpretaciones si él fuese aprobado. Hemos presentado una indicación que subsana esa legítima crítica, la que, por lo demás, hicimos nuestra durante el debate en las Comisiones, junto con los Honorables señores Zaldívar, Sule, Larre y Núñez .

Finalmente, creemos que tocante al número 3, que propone agregar a la Carta una disposición trigesimasexta transitoria, yo por lo menos, no obstante haberla votado favorablemente en las Comisiones, me pronunciaré en contra de ella, no por estar en desacuerdo con la idea que sustenta, sino por tratarse de una materia que debemos estudiar y analizar en conjunto, para efectuar un cronograma de las elecciones: cómo se van a realizar y en qué oportunidades. Este es un debate que el Senado se debe a sí mismo, y se lo debe también a la ciudadanía. Debemos definir mancomunadamente si queremos elecciones conjuntas o separadas, cuándo y en qué forma. Por lo tanto, es en esa oportunidad cuando debe plantearse la idea propuesta, la cual, por lo demás, comparto.

Por estas consideraciones, señor Presidente , votaré favorablemente la idea de legislar. Por otra parte, adhiero a la petición de nuestro Comité en el sentido de que se vote separadamente cada número.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , no participé en el debate precisamente porque quería intervenir en forma breve. Y creo que aquí, además, se han dado todas las razones en uno y en otro sentido.

El procedimiento de calificar de "Discusión Inmediata" la urgencia de este proyecto, recibido por la Cámara el 5 de diciembre y que se encuentra en el Senado hoy, 13 de diciembre, en el segundo trámite, me parece incomprensible. Realmente, a una iniciativa de reforma constitucional no se le debe asignar jamás una urgencia de esa índole. He hecho presente exactamente lo mismo respecto de todos aquellos proyectos de igual naturaleza a los que se ha fijado algún tipo de urgencia. Creo que esa medida es inconciliable con el estudio, la ponderación y el análisis que requiere una reforma a la Carta Fundamental.

En cuanto a la duración del mandato de los concejales, considero obvio que esta materia debe hallarse en la Constitución Política. Se trata de autoridades elegidas y que conforman la esencia del poder comunal.

Ahora, me parece que la prórroga de los mandatos de personas ya elegidas violenta la norma del artículo 5º de la Carta y, por ello, requiere quórum especial para ser aprobada.

Con relación al fundamento para disponerla, el factor climático, recuerdo, al igual que el Senador señor Núñez , que este tema se discutió ampliamente. Por mi parte, también participé de la idea de que estas elecciones no se celebraran en junio, pero eso no fue admitido en su oportunidad. Creo que realmente ello tiene que hacernos meditar en el sentido de que este tipo de decisiones debe adoptarse considerando todas las circunstancias. En su momento, debió haberse optado por una solución diferente.

Por último, en lo que se refiere a la remisión que se hace en el proyecto a la prórroga respecto de los alcaldes y concejales en funciones, no cabe duda de que la interpretación de la norma dice relación a lo que expresa el texto, a los que se encuentran en funciones, más aún cuando la Comisión rechazó un proyecto de indicación del Honorable señor Cantuarias para suprimir la expresión pertinente.

Por todas estas consideraciones, señor Presidente, voto en contra de la idea de legislar.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , seré muy breve.

Considero que alguna razón que responde a una cierta sabiduría histórica ha determinado que nunca, en los 180 años de vida republicana, se hayan realizado en Chile otras elecciones en invierno. Somos un país de tradición y raigambre agraria, y, por tanto, siempre se votó en septiembre, un hermoso mes primaveral, o en marzo, cuando termina el verano y comienza el otoño.

El hacerlo en junio obedeció a las condiciones propias de la transición, luego de una negociación muy complicada, cuando se trataba de alargar o acortar el mandato de alcaldes que habían sido elegidos de acuerdo con criterios que no eran los propiamente democráticos. Y fue una clásica mala transacción, porque había quienes estaban por marzo y quienes estaban por septiembre, de modo que, al final, se sacó un promedio que vulneraba el viejo sentido común nacional de que no se vota en invierno, sino en septiembre --también puede ser en octubre-- o en marzo.

Respecto del argumento de que hubo una afluencia electoral importante en 1992, una golondrina no hace verano, y, por tanto, esa circunstancia no marca...

El señor HAMILTON .-

Ello sucedió sólo en algunas comunas.

El señor GAZMURI .-

...una tendencia histórica.

Desde el punto de vista de la ruralidad, el riesgo climático es real. El Senador que habla representa una Región donde la ruralidad todavía comprende 45 por ciento de la población. Y eso ocurre desde Curicó hasta Punta Arenas. Agradezco, en ese sentido, la solidaridad que las comunas rurales han recibido del Senador de nuestra bancada el Honorable señor Núñez , quien representa a una Región que no se halla ante el problema mencionado.

El señor ROMERO .-

También es rural el minero.

El señor GAZMURI.-

Pero en una zona seca, que es distinto.

Creo que esta reforma perfecciona nuestro sistema democrático. Ella es de carácter técnico. Aquí no estamos, sustantivamente, alargando el período. Comparto el argumento de que el prolongar períodos de manera arbitraria no le corresponde al Congreso Nacional, por constituyente que sea. Pero, en este caso, se trata de un ajuste técnico. No es un alargamiento sustantivo del mandato. Hay precedentes, además, y, por tanto, estimo que los temas de constitucionalidad se encuentran salvados.

En definitiva, me parece que éste es, además, el tipo de reformas clásicas del ajuste institucional que significa un proceso de transición. Al aprobar la que nos ocupa, lo que estamos haciendo, por ende, es asegurar que nuestras instituciones democráticas funcionen de la manera más fluida posible.

Voto que sí.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , recojo la inquietud de los señores Senadores de las Regiones del sur. No hay duda de que la fecha de junio es bastante desfavorable. Pero, por otro lado, la premura con que hemos debido tratar este proyecto de reforma constitucional, las razones expuestas por el Senador señor Fernández , basado en los errores que vio, más otros antecedentes, me inclinan a votar negativamente.

Voto que no.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente , sólo quiero hacer una aclaración.

He escuchado a diversos señores Senadores manifestar su preocupación --muy fundada-- por el hecho de tener que discutir este proyecto con urgencia calificada de "Discusión Inmediata".

En honor a la verdad, y a fin de liberar de responsabilidad al Ejecutivo en esta materia, debo expresar que la Comisión de Gobierno --que presido-- despachó esta iniciativa el 6 de septiembre, o sea, hace más de dos meses, para su estudio por la Comisión técnica pertinente. Al parecer, ésta no dispuso de suficiente tiempo para analizarla, por cuyo motivo el Gobierno hizo presente la urgencia mencionada.

Reitero que la premura con que hemos tenido que despachar este proyecto no es responsabilidad del Ejecutivo , ni menos el Ministerio del Interior.

Voto que sí.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , indudablemente, habría sido mejor que en su oportunidad hubiéramos fijado otra fecha para las elecciones municipales. Sin embargo, la postergación propuesta no reviste la gravedad que aquí se le ha atribuido. Cabe recordar que durante el primer siglo de vida independiente de Chile, los Presidentes de la República eran elegidos en julio, para que asumieran el 18 de septiembre. Hay que tener presente que eso ocurrió antes en nuestra vida republicana y también en otras ocasiones.

Por lo demás, creo que se exagera en cuanto a los factores climáticos. Hace poco se realizaron elecciones en Canadá y Escandinavia, pese a que en esos países está finalizando el otoño o comenzando el invierno. Y Rusia ha programado elecciones para el 17 de diciembre, o sea en pleno invierno. Y en esa nación los inviernos son los más crudos del mundo.

En mi opinión, aunque Chile tuviera inviernos como los de Rusia, eso no constituiría una razón suficientemente poderosa para atribuirnos facultades --que no tenemos-- y prorrogar el mandato de algunas autoridades; para alterar la voluntad popular, o para vernos obligados a debatir en el plazo de pocas horas un proyecto de la trascendencia que reviste el que nos ocupa, con el propósito de resolver un problema que no hemos sido capaces de solucionar en cuatro años.

En una reforma constitucional pendiente se desmejora la actual situación, ya que se propone sacar de la Carta Fundamental a los alcaldes y concejales, en circunstancias de que hemos coincidido en darles cada vez mayor relevancia. Y comparto el planteamiento de que el tema del calendario de elecciones no debe tratarse parcialmente, y mucho menos adelantar juicios en el sentido de que lo más conveniente para una democracia sería realizar el menor número posible de elecciones.

Por los motivos expuestos, voto que no.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , se han dado bastantes argumentos en favor y en contra de esta reforma constitucional. Y algunos señores Senadores han extremado sus observaciones sosteniendo que con ella se vulneraría la soberanía popular, o el mandato entregado a las autoridades municipales a través del voto.

Sinceramente, creo que no es así. Se han señalado precedentes que demuestran que en otras ocasiones también se han modificado mandatos. En consecuencia, ese dramatismo no tiene cabida. Estamos frente a un problema político que fue previsto durante el análisis de la enmienda constitucional para llamar a comicios municipales. En ese entonces, diversos señores Senadores advirtieron --tenían razón y quienes los aprobamos para el mes de junio nos equivocamos-- sobre el particular.

Ahora pretendemos adecuar a la realidad la norma constitucional, es decir, modificar la fecha de las elecciones municipales con el objeto de facilitar la expresión de la soberanía popular. Es cierto que las estadísticas acerca de las elecciones de 1992 indican que la abstención fue baja, y nadie puede negarlo; pero sabemos que la masiva concurrencia a las urnas se debió a que la ciudadanía estaba ansiosa por elegir nuevamente a sus representantes, después de mucho tiempo. Además, aparte existir una fuerte motivación política por elegir a las autoridades comunales, hubo buenas condiciones climáticas.

En cuanto a los próximos comicios municipales, el señor Ministro del Interior nos manifestó que, según sus antecedentes, si tuvieran que efectuarse en junio del próximo año, en más de 50 comunas no podrían realizarse en forma normal. Y eso sí implicaría limitar la soberanía del pueblo, la capacidad de la gente de participar en estos eventos cívicos.

Repito: se trata de adaptar la normativa constitucional a la realidad del país; no de prolongar arbitrariamente el mandato de las autoridades comunales. Es indispensable efectuar los comicios en una fecha en que la gente verdaderamente pueda expresarse. Ésta es la razón por la cual personeros de diferentes partidos hemos concordado en postergar dichas elecciones, aunque reconozco que también ha habido votación cruzada por parte de quienes estiman que la nueva fecha no sería la más apropiada.

En la Cámara de Diputados hubo un acuerdo político que posibilitó la aprobación de esta reforma constitucional, en la creencia de que con ello se facilitaría también su despacho en el Senado. Así lo entendió también el señor Ministro del Interior . No esperábamos que aquí encontrara tantas dificultades. Y pienso que el país no entenderá por qué en esta Alta Cámara ha tenido lugar una discusión tan traumática para el solo efecto de postergar las elecciones municipales desde junio a octubre de 1976.

Ojalá aprobemos esta reforma, porque un resultado negativo sería muy perjudicial para el país.

Voto que sí.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-

Señor Presidente , he sostenido que no estaba dispuesto a aprobar una prórroga de mandato. Pero la verdad es que aquí no hay tal prórroga. Como muy bien expresó el Senador señor Hamilton , estamos ante un simple ajuste. ¿Para qué? Para permitir que la voluntad soberana del pueblo se pueda pronunciar como corresponde. No olvidemos que algunos sectores, por razones objetivas, no lo pueden hacer debido a los accidentes que el país sufre no una vez, sino en forma bastante periódica, como lo ha sostenido el Senador señor Otero .

Eso no es sino sentido común. Y los argumentos de principios, éticos o morales para fundar el rechazo creo que están demás y, junto con chocar contra la realidad, no hacen sino demostrar que el absurdo no va con la democracia y que sólo pavimenta el camino para quienes, en definitiva, no quieren realmente que cimentemos el ejercicio de la soberanía popular.

Por todo esto, voto afirmativamente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (28 votos por la afirmativa, 13 por la negativa y 2 abstenciones).

Votaron por la afirmativa los señores Calderón, Carrera, Díaz, Díez, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Hormazábal, Horvath, Lagos, Larre, Lavandero, Letelier, Matta, Núñez, Ominami, Otero, Piñera, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Siebert, Sule, Valdés, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la negativa los señores Alessandri, Bitar, Cooper, Errázuriz, Feliú, Fernández, Larraín, Martin, Mc-Intyre, Muñoz, Prat, Sinclair y Urenda.

Se abstuvieron los señores Cantuarias y Thayer.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En consecuencia, queda aprobada la idea de legislar.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , discrepamos de su interpretación, porque nosotros, como ya lo hemos sostenido, creemos que el quórum requerido es de los 2/3 y no de los 3/5.

El señor DÍAZ .-

¡El nombre del Senador es Jalisco o Larraín, señor Presidente!

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

La Mesa tiene la firme convicción de que en la materia corresponde aplicar el artículo 116 y que, por lo tanto, el quórum necesario es de 28 votos, el cual se ha logrado.

El señor RUIZ (don José ).-

Y hay 28 señores Senadores que apoyan la tesis de Su Señoría, señor Presidente .

El señor LARRAÍN.-

Sigamos, entonces, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Iniciaremos la votación particular.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Los Honorables señores Sule, Larre , Otero , Núñez y Andrés Zaldívar han formulado indicación para sustituir el inciso segundo por el siguiente:

"Los alcaldes y concejales elegidos con posterioridad al 28 de junio de 1992 permanecerán en sus funciones hasta el día 6 de diciembre de 1996.".

Hay otra indicación del Honorable señor Ríos para eliminar en el mismo inciso la frase "actuales alcaldes y".

El señor RIOS.-

Señor Presidente , mi indicación es muy de fondo y no se reduce a un problema de redacción, como anotó el Honorable señor Hamilton .

Recordemos que, en la actualidad, los actuales alcaldes o fueron elegidos directamente con el 35 por ciento de los votos o eran miembros de listas que alcanzaron primeras mayorías; o --aquí viene el problema-- fueron elegidos por los concejales por un período determinado.

En este punto, recojo absolutamente lo expresado por el Honorable señor Fernández en el sentido de que el concejal, autoridad elegida por el pueblo y establecida para ello por la Constitución, resolvió que determinada persona ocupara el cargo de alcalde por cierto lapso. Por tal motivo, si vamos a extender el período de los concejales, desde mi punto de vista, corresponde que éstos decidan quién será el alcalde en los dos meses que resten para el término del mandato.

Esta situación ya ocurrió en Santiago: cuando faltaban tres meses y quince o veinte días para que concluyera el mandato del señor Castillo, quien posteriormente fue Intendente de la Región Metropolitana , se dispuso que los concejales determinaran quién ocuparía el cargo vacante por el lapso que restaba.

Por tanto, mi indicación toca un problema de fondo. En mi concepto, no corresponde que el Senado asuma atribuciones propias de los concejales en materia de elección de alcalde. Ése es el sentido de la propuesta.

He dicho.

El señor HAMILTON .-

Señor Presidente , desde el ángulo de la disposición de que se trata, hay tres tipos de alcaldes: aquellos que obtuvieron una votación superior al umbral fijado por la ley --éste era del 35 por ciento--, a los cuales, en consecuencia, les corresponde el período completo; los que fueron elegidos por los concejales para desempeñar ese cargo por el período completo --tampoco hay problemas a su respecto--, y aquellos que se distribuyeron el mandato en dos períodos.

En mi opinión, a estas alturas, por un mes o dos, como máximo, no vale la pena cambiar al alcalde , porque eso significaría una verdadera revolución dentro de cada municipalidad.

En consecuencia, soy partidario de que todos los alcaldes ejerzan el cargo hasta el término de su período, incluida la prórroga que se concede en virtud del presente proyecto.

He dicho.

El señor OTERO .-

Nosotros estamos proponiendo que desde el día de la última elección municipal --y aprovecho de consultar al señor Subsecretario si la fecha puesta en la indicación es correcta; si no lo es, sólo cabe modificarla-- y hasta el 6 de diciembre del año próximo todos los alcaldes y concejales permanezcan en sus cargos. Ése es el sentido de la indicación.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Así es.

En consecuencia, debemos entender que todos aquellos que hayan sido elegidos, sea por el umbral o cuando se constituyó el concejo municipal, permanecerán en funciones hasta la fecha indicada.

El señor OTERO.-

Exactamente.

La indicación sólo tiene por objeto recoger las observaciones del Senador señor Fernández . Y lamento que el informe no haya sido lo suficientemente completo como para señalar los puntos que se discutieron en la Comisión. Pero la indicación sólo persigue recoger la opinión unánime de aquélla sobre el punto.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Así es.

El señor OTERO .-

Precisamente ése es el error de la norma. Porque es posible que entre la fecha en que se publique la reforma constitucional en proyecto y el 6 de diciembre de 1996 haya concejales o alcaldes elegidos con posterioridad al 28 de junio de 1992. ¿Qué pasa si muere alguno? Van a elegir un reemplazante.

Entonces, nuestro único objeto es señalar que desde la fecha de la elección hasta el 6 de diciembre de 1996 todo alcalde y concejal debe entender prorrogado su mandato. Eso es todo lo que dice la indicación.

El señor HAMILTON .-

Señor Presidente , lo importante es que estamos de acuerdo en la idea. Si no la mejoramos en la Comisión esta mañana, fue porque, existiendo coincidencia total con la Cámara de Diputados, no quisimos alterar el proyecto, en aras de su despacho más expedito.

Ahora, en mi concepto, el problema se resuelve simplemente borrando la palabra "actuales" en la disposición aprobada en la Comisión. De esa manera, la frase quedaría así: "El período de los alcaldes y concejales en ejercicio se extenderá hasta el día 6 de diciembre de 1996.". Se borra esa palabra y no hay ninguna explicación que dar.

El señor SULE.-

Señor Presidente , la sugerencia que acabamos de escuchar, y que los autores de la indicación en debate hacemos nuestra, mantiene la norma propuesta por la Comisión, a la que sólo se elimina la palabra "actuales".

A mayor abundamiento, dejemos constancia de que la norma cubre a todos los elegidos hasta el 6 de diciembre de 1996.

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente, a veces las constancias no son suficientes.

Es factible que de aquí al 96 haya que elegir nuevos alcaldes y que asuman nuevos concejales. Entonces, la expresión más correcta es la que viene en el informe de la Comisión, eliminando la palabra "actuales", que es lo que confunde, tal como ha dicho el Honorable señor Hamilton .

Por lo tanto, pensando en lo que pueda ocurrir, sugiero aprobar el texto propuesto por la Comisión, pero eliminando el término "actuales".

El señor PIÑERA.-

De acuerdo, señor Presidente.

El señor SULE .-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor SULE .-

Comparto el criterio expuesto por el Senador señor Hormazábal , pero, además, deseo dejar constancia de que se refiere hasta el vencimiento del plazo, a fin de evitar toda interpretación errada.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , sólo quiero recordar que con el Senador señor Thayer formulamos esta indicación en las Comisiones unidas precisamente para evitar la situación que podría presentarse cuando se interpretase el concepto "actuales" referido a las autoridades --alcaldes o concejales-- que se encontrasen en ejercicio al momento de promulgarse la ley. Como la redacción era confusa, formulamos esta indicación para eliminar dicha palabra. Desgraciadamente, las Comisiones recomendaron rechazarla. Sin embargo, veo que existe un criterio que permitiría mejorar la norma, por lo menos en ese aspecto. Y me alegro de que exista disposición para aprobarlo unánimemente.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , existe solo un motivo por el cual también sumaré mi voto en contra: la situación de los alcaldes que dividieron el período. Porque en los casos de aquellos que consiguieron más del 35 por ciento y de quienes lograron que el concejo los eligiera por el período completo, no cabe ninguna duda. El problema se presenta con los que dividieron el período, pues a uno de ellos le estamos regalando tiempo adicional. En ese evento, prefiero...

El señor RUIZ (don José ).-

¿Y que habría pasado si esta mañana se hubiera aprobado su indicación, señor Senador ?

El señor SULE.-

No importa. Que vote en contra.

El señor DÍAZ.-

Pido la palabra.

El señor FERNÁNDEZ .-

Pido la palabra.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Senador señor Cantuarias, ¿terminó su intervención?

El señor CANTUARIAS.-

No, señor Presidente. Lo que pasa es que fui interrumpido, y quiero hacerme cargo del comentario.

Aquí se trata de materias distintas. Una cosa es perfeccionar la norma como está, que se refiere a los alcaldes y concejales, y otra, hacerse cargo de la situación de un conjunto de alcaldes que representan un subconjunto: aquellos que dividieron el período. Por esta razón, prefiero traspasar la responsabilidad y la soberanía al concejo.

Por eso, me sumo a quienes votan en contra. La razón es distinta, guste o no al Senador señor Ruiz.

El señor FERNÁNDEZ .-

Señor Presidente , redactar en grupo es más o menos difícil. Pero la observación que hice esta mañana en las Comisiones unidas se refería, no sólo a los alcaldes actuales, sino también a los en ejercicio. Porque, en definitiva, el resultado virtualmente es el mismo.

Para los efectos de evitar el error que se produciría, quizás se podría designar una subcomisión que redactara tranquilamente, a fin de evitar que el trabajo en grupo dé lugar a una norma muy defectuosa. Porque el inciso que se habría aprobado diría: "El período de los alcaldes y concejales en ejercicio"... ¿Cuáles son los alcaldes y concejales en ejercicio? Los que actualmente lo son.

El señor PIÑERA.-

En ejercicio al día.

El señor FERNÁNDEZ .-

No dice "al día", señor Senador.

En realidad, se entiende "a esta fecha": a la fecha de promulgación de la reforma constitucional.

Con el objeto de evitar dificultades, sin perjuicio de ir avanzando, sugiero designar a un señor Senador que realice una redacción más esmerada y ajustada a Derecho. De lo contrario, ello se prestará a conflicto.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , trátese de un mes o dos, la disposición es absolutamente equitativa, porque alcaldes de diversos partidos podrán usufructuar de la ventaja. De acuerdo con los pactos que se firmaron en las elecciones pasadas, esto es absolutamente equitativo. Cualquier señor Senador que observe lo que sucede en nuestras regiones se podrá dar cuenta de que así es.

Por lo tanto, crear situaciones como la que se pretende es complicar las cosas.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , estimo que lo correcto --y todavía podemos hacerlo-- es prorrogar el mandato a todos los alcaldes en ejercicio el 28 de septiembre de 1996, que es cuando expira su período, hasta el 6 de diciembre de 1996, cualquiera que sea la causa que los llevó a ocupar el cargo, ya sea porque fueron elegidos con el umbral requerido, por un período completo o por uno compartido. Ciertamente, de ese modo se amplía la duración del mandato de los alcaldes que, habiendo compartido el cargo, ocuparon el segundo turno.

Por lo tanto, estamos extendiendo el período a todos los alcaldes por un breve plazo, para efectuar un ajuste técnico.

Luego, habría que decir "los alcaldes en ejercicio el día 28 de septiembre de 1996".

El señor SULE.-

Señor Presidente , considero que bastaría con dejar una constancia al respecto. Sin embargo, existen dos ideas básicas. La primera se refiere a que el concejo elija al alcalde una vez cumplido el plazo. Pero ese criterio no ha sido aceptado. Y es fundamental tenerlo presente.

La segunda idea dice relación a que los alcaldes y concejales en ejercicio hoy se mantengan hasta el 6 de diciembre de 1996, pero aplicando el mismo criterio a cualquiera que asuma esas calidades dentro del plazo señalado.

Pienso que habría que añadir ese concepto.

El señor HORMAZÁBAL .-

Con mucho gusto, Su Señoría.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente, entiendo que este inciso ya fue votado.

El señor HORMAZÁBAL .-

Así es.

El señor LARRAÍN .-

Sólo quiero dejar constancia...

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Pedí el acuerdo cuando comenzamos la discusión, señor Senador.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , si el inciso estuviera aprobado, la solución consistiría en no seguir redactando en grupo y en determinar, sobre la base de lo manifestado por el Honorable señor Sule, el sentido que el Senado otorga al inciso pertinente. Esto forma parte de las reglas de interpretación existentes en nuestro sistema jurídico. O sea, la voluntad del legislador apunta a entender que son alcaldes y concejales en ejercicio todos aquellos que se encuentren en funciones a la fecha respectiva. Porque si nos remitimos a la fecha de vencimiento actual, puede ocurrir que se deba elegir a nuevos alcaldes o concejales, y en tal caso estaríamos restringiendo el alcance de la disposición.

Las explicaciones del Honorable señor Sule recogen adecuadamente la voluntad del Senado. Y dejemos constancia en la historia fidedigna de la ley del sentido de lo que estamos aprobando.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente , los consejeros regionales concluyen sus funciones en el mes de abril de 1997 --tengo entendido que el día 6 ó 7--, y a través de esta disposición se propone que ellas expiren el 19 de febrero de ese mismo año.

Pienso que no existe razón alguna para ello. Si el sistema sigue funcionando como ahora, las normas para regular la futura elección de tales autoridades quedan perfectamente claras.

Por lo tanto, estimo que el plazo fijado al respecto debe mantenerse como está.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

También hay otra indicación, formulada por el Honorable señor Ríos, para agregar un inciso al número 2, que dice lo siguiente:

"Aquellos Concejos que no se constituyan el día señalado, cumplirá sus funciones el Secretario Municipal respectivo hasta la instalación de éstos.".

El señor RÍOS.-

Se ha fijado el 6 de diciembre para la instalación de los concejos, porque ese día terminan sus funciones los alcaldes y concejales en actual ejercicio. Pero, como puede ocurrir que la instalación de las nuevas autoridades se produzca un mes y medio después, la municipalidad no puede quedar sin una dirección que le permita cumplir sus funciones administrativas, firmar contratos, y todo lo demás. Sobre el particular, debo recordar que la normativa vigente establece 90 días para la instalación, y con mucha razón. En la ocasión anterior, las elecciones se celebraron en junio de l992 y la instalación aconteció 90 días después, en el mes de septiembre. En esa oportunidad, hubo 32 concejos comunales que se instalaron con posterioridad a septiembre. Y algunos --concretamente los de Viña del Mar y Villa Alegre-- lo hicieron 210 días después. Sin duda, esta situación acarrea delicados problemas.

Entonces, creo con esta indicación se resuelve, entre otras cosas, lo relativo a los plazos, por cuanto la Constitución no se los fija al Poder Judicial respecto de sus resoluciones y decisiones.

El señor DÍAZ .-

¿Me permite una interrupción, Honorable señor Ríos, con la venia de la Mesa?

El señor RÍOS.-

Con mucho agrado.

El señor DÍAZ .-

Señor Senador , me parece que esa demora se debió fundamentalmente al protocolo.

El señor RÍOS.-

No.

El señor DÍAZ .-

En todo caso, nos gustaría saber la razón. Porque, a lo mejor, con el nuevo procedimiento se van a obviar esas dificultades.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.

El señor RÍOS.-

Casi la totalidad de los casos se debieron a reclamaciones sobre el recuento de votos en determinadas mesas.

Es muy importante dejar en claro esta situación --y por eso reitero mi indicación--, porque si los concejos no se constituyen el 6 de diciembre, no existirán ni alcalde ni concejales y, por lo tanto, tampoco habrá un jefe de servicio ni autoridades que puedan resolver sobre eventuales contrataciones u otras situaciones que surjan en esos días relacionadas con la buena administración municipal. Entonces, para ese evento, cumplirá esas funciones el Secretario Municipal respectivo hasta que se constituya el concejo. Por eso, es indispensable aprobar lo establecido en la indicación que formulé.

El señor RÍOS.-

Sin duda alguna, es efectivo todo lo que dice el señor Marcelo Schilling ; pero es evidente que --como sucede siempre-- habrá reclamaciones, incluso respecto de aquellos que obtengan votaciones suficientes. Y ello afectará gravemente la instalación del respectivo concejo comunal. Por eso, como toda reclamación repercutirá en el período de instalación, mientras ésta no se produzca, debe haber en el municipio una autoridad que reemplace al concejo. Ese es todo el problema.

--Se aprueba la indicación (28 votos a favor) para agregar un inciso segundo nuevo al número 2 del artículo único.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , los antecedentes que tuvimos en vista para presentar esta indicación, que fue aprobada por mayoría en las Comisiones unidas, se vinculan con el número de comicios que conforman el calendario electoral. Y, por las razones que expuse, muchos estiman que los afecta carga de politización adicional, por estar separados de otros.

En la fundamentación de mi voto, al pronunciarnos sobre la idea de legislar, ya expuse las razones sobre el particular, pero quiero señalar que el 4 de junio de 1993 presenté un proyecto de reforma constitucional que intentaba resolver el problema de las excesivas elecciones. Dicha iniciativa proponía efectuar conjuntamente estas elecciones municipales con las próximas de parlamentarios.

Ese es un antecedente.

El proyecto en cuestión fue tratado por la Comisión de Gobierno, la que lo aprobó por mayoría, como consta en el informe respectivo --boletín 1.608-06-- que tengo a la mano, donde se da cuenta de que tal proposición se trató como indicación de una reforma constitucional que había presentado el Gobierno, referente a la administración comunal.

Y como tercer antecedente está el proyecto de reforma constitucional presentado por un conjunto de Diputados hace unos veinte o veinticinco días , cuyo propósito era también el de celebrar conjuntamente los actos eleccionarios, a fin de disminuir su número en el futuro próximo. Tal iniciativa fue patrocinada, entre otros, por los Diputados Walker , Martínez , Ortiz , León, Elizalde , Cornejo y Letelier .

En consecuencia, la materia que aquí está en juego es ésta. Pero como de la discusión habida se desprende que no hay intenciones de postergar la próxima elección, hemos presentado una indicación -- contenida en la disposición trigesimasexta-- que hace extensiva la prórroga de mandato a los próximos alcaldes y concejales, de manera que cuando asuman su período estará definido, porque, de prevalecer la proposición, su mandato durará hasta diciembre del año 200l, oportunidad en que las elecciones municipales se celebrarán conjuntamente con las de parlamentarios.

Tal es el propósito de esta norma, que persigue --repito--disminuir el número de elecciones.

He dicho.

El señor DIEZ .-

Señor Presidente , considero muy útil la disposición porque, evidentemente, homologa y ordena el sistema electoral. Además, aunque parezca paradoja, el elegir conjuntamente concejales y parlamentarios despolitiza absolutamente la elección de concejales, porque el énfasis político radicará en la de Diputados y Senadores. Y si se realizaran en forma separada, se tomarían como el triunfo de los partidos, como la preeminencia de unos y otros. Aunque parezca una paradoja, creo que celebrar las elecciones políticas juntamente con las de concejales lleva a la gente a distinguir perfectamente su votación por el político de su votación por el concejal.

Por tal razón, apoyo la indicación presentada en las Comisiones por el Honorable señor Cantuarias .

El señor OMINAMI.-

Señor Presidente , sin perjuicio de que uno podría argumentar respecto de la concordancia de las elecciones con el propósito de reducir su número, opino que la indicación del Honorable señor Cantuarias no es procedente, dada la votación anterior en que se rechazó por unanimidad la supresión, en el inciso primero del artículo 108 de la Constitución, de la frase: "Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos". Al haberse votado de esa manera, quedó ya fijado en cuatro años el plazo para este tipo de elección. En consecuencia, los próximos comicios municipales deberán necesariamente llevarse a cabo en octubre del año 2000.

El señor DIEZ.-

Salvo lo que la nueva disposición transitoria disponga al efecto. De eso se trata. De ahí en adelante, esas elecciones se celebrarán cada cuatro años.

El señor OMINAMI.-

Entiendo que resolvimos que los concejales durarán cuatro años en sus cargos.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , cualquiera que sea el juicio respecto del afán o deseo de celebrar conjuntamente las elecciones, es evidente, como lo señaló el Senador que me precedió en el uso de la palabra, que la sola mención de la disposición trigesimasexta se contradice con la propia Constitución, porque si ésta, en una de sus normas --de carácter permanente, no modificada--, fija en cuatro años el período de los concejales, y, en consecuencia, su mandato expira el 6 de diciembre del año 2000, no podemos efectuar las elecciones para reemplazar a esas autoridades un año después. Esta proposición habría requerido establecer también que el período de los concejales que se elijan el 27 de octubre será extraordinariamente de cinco años. La sola disposición trigesimasexta no se sustenta por sí misma, implica un deseo y un propósito, pero precisa de un complemento, de una norma también transitoria que establezca, por una sola vez, que el período de los concejales elegidos el 27 de octubre de 1996 expirará en una fecha que coincida con ésas. De otra manera, durante más de un año no tendremos en Chile alcaldes ni concejales.

He dicho.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , hace mucho tiempo que vengo bregando también por un ordenamiento de las elecciones. Y en este sentido envié una circular a todos los parlamentarios. El único que me contestó fue don Andrés Palma , quien se manifestó muy de acuerdo conmigo en cuanto a efectuar las elecciones separadamente. A mi juicio, no es conveniente unir los comicios parlamentarios con los de concejales. Podrían fijarse las de éstos y, dos años después, las elecciones parlamentarias, y así sucesivamente, de ahí en adelante. Y la elección de Presidente de la República coincidiría con una u otra.

Soy partidario, además, de que las elecciones, como antes, tengan lugar en el mes de marzo y de que los períodos de los parlamentarios y del Jefe del Estado empiecen el 21 de mayo.

Antes, como me correspondió hacerlo, los Diputados juraban el 21 de mayo. Creo que el 11 de marzo es una fecha que no representa absolutamente nada. Naturalmente, esto implicaría una enmienda constitucional que regiría en el futuro, para las próximas elecciones. De esa manera, habría elecciones cada dos años, que me parece una cosa lógica y no excesiva, y permitiría conocer el pensamiento de la ciudadanía. Se ha hecho presente el riesgo de politizarlas. Pero pienso que, de todos modos, las elecciones se politizan en este país, de cualquier clase que sean, en cualquier tipo de organización. Así que es irreal pensar que, por celebrarse juntamente con las de parlamentarios, no va a haber un elemento político. Eso es creer en el viejo pascuero.

En consecuencia, soy contrario a la indicación porque considero que debe hacerse un estudio más profundo y analizar todas las implicancias y todos los cambios que se precisan para el futuro, a fin de lograr el propósito que aquí estoy proponiendo, y que ojalá el Senado acepte.

He dicho.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , aquí hay un aspecto formal, en el sentido que apunta el Honorable señor Urenda . Deberían ser dos las disposiciones transitorias para que las normas constitucionales fueran coherentes. Pero al margen de ese aspecto, está el de la oportunidad, y estimo que para el desarrollo de la democracia comunal no es conveniente unir las elecciones, no porque unas se politicen o no, sino debido a que los problemas locales y los referentes a la democracia municipal quedarán subsumidos al tema político general, propio de la elección parlamentaria o presidencial. Por lo tanto, se realizará una elección en la cual la temática municipal no tendrá ningún espacio en el debate público. Por ello, me parece inconveniente, desde el punto de vista del fortalecimiento de una democracia participativa, el que la elección municipal sea una suerte de complemento de otras que revisten un carácter general y nacional. Me opongo a ello no sólo por la inadecuada construcción jurídica de la indicación del Honorable señor Cantuarias , sino por estimar inconveniente para el fortalecimiento de la democracia comunal realizar elecciones que la oscurezcan respecto de aquellas que, por su nivel nacional, atraen en mayor grado la atención pública.

He dicho.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , confié en que la argumentación que hice durante la discusión general del proyecto era suficiente, y esperaba que a esta hora de la noche los señores Senadores la recordarían. No voy a repetirla.

Si hay algo incómodo es escuchar planteamientos distintos de los que uno ha dado. No estoy hablando del problema de la politización. Aquí estamos refiriéndonos a un conjunto de problemas que han sido ventilados públicamente: el costo de las elecciones, su número y el uso de ellas. En cuanto a este último aspecto, nosotros tenemos mucha responsabilidad. No le hago asco a la política y tengo un criterio exactamente diverso respecto del ámbito de las elecciones.

Me da la impresión de que, cuando los señores Diputados y Senadores hacen campañas, como las realizan en forma separada, muchas veces deben formular a la comunidad planteamientos sobre materias --para no decir promesas de campaña-- relacionadas con las labores de los alcaldes, con la cuestión municipal. Sin embargo, el hecho de que sean conjuntas, al revés de lo que se supone, permite radicar cada campaña en su ámbito. Ello, desde mi modesta perspectiva, en la que admito la posibilidad de estar perfectamente equivocado; pero ésta es la razón de fondo.

Por lo tanto, la gente --que es mucho menos lesa de lo que se cree-- será capaz de distinguir qué le conviene en términos de su gobierno comunal y qué desea en cuanto a su representación parlamentaria, tanto de Diputados como de Senadores. Éste es el fundamento de la indicación.

En consecuencia, de esta manera podemos dar, por lo menos, un paso hacia la solución de los problemas cuya existencia se reconoce, a nivel de debate público, respecto de las elecciones municipales. Si la eliminamos, habremos aprobado una norma, con la expresión democrática de los votos para ello, y habremos efectuado una transformación que, en el fondo --como señalé al comienzo--, no resolverá ninguno de los problemas que la gente asociaba a las elecciones municipales.

He dicho.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , estimo que este tema es fundamental, y que debemos efectuar una discusión seria acerca de cómo reacomodaremos todo el sistema electoral hacia adelante. No creo que a la una de la madrugada vayamos a atender esa materia a través de un solo ajuste en el ámbito municipal.

El tema de la reforma constitucional propuesta por el Gobierno, y aprobada ahora por el Senado, corresponde al acomodo de una fecha para la próxima elección comunal. Pero la discusión más general respecto de cuándo se realizan los comicios presidenciales, cuándo los parlamentarios, cuáles coinciden, y si es mejor que coincidan las elecciones presidenciales con las parlamentarias, dejando aparte las municipales, corresponde a un debate que requiere de un tono y de una profundidad mayor.

Por lo tanto, sugiero que votemos en contra, no con el propósito de oponernos a la idea de acomodar estos aspectos, sino, justamente, para hacerlo en serio.

He dicho.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente, creo que debemos empezar a ordenar las fechas de las elecciones cuanto antes, especialmente cuando no hay una de por medio.

Si pretendemos arreglar este calendario dentro del próximo tiempo, vamos a repetir lo mismo que hemos dicho y hecho en esta oportunidad, en el sentido de que no podemos influir en el sistema una vez que el pueblo se ha pronunciado, o cuando ha comenzado el proceso electoral.

Por esa razón, voto que sí.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente , hace 3 años oímos más o menos las mismas expresiones: que éste no es el momento, que debe resolverse después.

Ha pasado ya mucho tiempo. Hemos esperado algunos proyectos; hemos despachado otros, para su análisis, con bastante antelación --hace casi tres meses-- y, sin embargo, por distintas situaciones de carácter legislativo, por importancias políticas de otros temas que han sido más trascendentes que la participación ciudadana, esto se sigue postergando.

Particularmente, soy partidario de que las elecciones se lleven a cabo ordenadamente cada dos años: las parlamentarias políticas nacionales y las de concejales sociales.

Aquí tenemos dos alternativas: o vamos a seguir con elecciones de concejales meses antes de la parlamentaria futura, o tendremos la alternativa de que se realicen en forma conjunta. Frente a estas dos situaciones, prefiero la elección conjunta.

Por lo tanto, votaré favorablemente esta indicación, con la esperanza de juntar mayores voluntades en un futuro cercano y resolver definitivamente este problema.

Voto que sí.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , voto que sí para ser consecuente con lo que firmé, junto con otros señores Senadores, con el objeto de hacer coincidir las elecciones.

Creo que el ideal sería un cronograma que nos permitiera ordenar los próximos 15 ó 20 años, como se ha sugerido. Lo propuesto no resuelve por sí la situación, pero tampoco contraría una oportunidad posterior de dar un solución global.

Por lo tanto, voto a favor.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente , pienso que esta indicación es efectivamente adecuada y oportuna. Por fin se propone, con el tiempo correspondiente, una solución --al menos en la elección a la que se refiere -- al problema, disminuyendo la cantidad de elecciones, por las dificultades que expuso el Honorable señor Cantuarias .

Voto que sí.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , no parece posible que el Senado apruebe normas incoherentes entre sí. De modo que cualquiera que sea el propósito de esta indicación, resulta incompatible con otras disposiciones y le falta algún complemento para que resulte coherente.

Por ese motivo, me abstengo.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Fundamentaré brevemente mi voto, aunque nunca lo hago desde la testera.

Quiero recordar solamente que en la página 7 del informe de la Comisión se dice: "Finalmente, y como una prevención general, los miembros de las Comisiones Unidas acordaron dejar constancia de que sería útil para el país estudiar un cronograma de elecciones con el fin de perfeccionar el sistema democrático.".

Pienso que existe voluntad por parte de las Comisiones unidas en el sentido de que estudiemos luego ese sistema. Seguir parchando, como de alguna manera lo pretende esta disposición, creo que es un error.

Asimismo, algunos opinamos que debieran regionalizarse las elecciones municipales. Vale decir, que no necesariamente coincidan todas ellas. Perfectamente pueden realizarse según las características de las Regiones y en la época en que se estime conveniente. Y eso habría que estudiarlo, a lo menos, con un poco más de detención.

Por eso, voto en contra.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , en atención a que son las 0:45; que estamos ante un proyecto de reforma constitucional con urgencia calificada de "Discusión Inmediata"; que nos hemos abocado al estudio de materias de real importancia de manera precipitada, de noche, y después de cuatro años de haberse tratado este asunto, parece realmente inoportuno comenzar ahora a organizar todo el cronograma de elecciones futuras.

Sin embargo, considero pertinente tratar el punto, y no por iniciativa del Ejecutivo, sino producto de una indicación de algunos señores Senadores que estiman que así debe ser, criterio que comparto. Y es bueno comenzar a hacerlo, para ver si terminamos con el tema ahora, pocos días antes de la próxima elección.

Voto a favor.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Por último, hay una indicación del Honorable señor Ríos para consignar un artículo transitorio, nuevo, del siguiente tenor:

"Para el solo efecto de las elecciones parlamentarias de 1997 a los Alcaldes y Concejales, cuyo mandato por esta disposición se prorroga, no les será aplicable la inhabilidad contemplada en el art. 54 Nº 2 de la Constitución Política de la República. Igual inhabilidad no les será aplicable a los Consejeros Regionales.".

El señor RÍOS.-

Esta indicación es muy importante. De partida, recoge un artículo propuesto por el Ejecutivo , que la Cámara rechazó --hablando las cosas con claridad-- por un problema suscitado entre los alcaldes y concejales y los Diputados. Pero nosotros no podemos, por efecto de haber extendido el mandato de esos personeros, marginarlos de la posibilidad de presentarse como candidatos a parlamentarios. Imagino que no es el interés del Senado hacerlo de manera definitiva.

A este respecto, el artículo 54 de la Carta --referido a las personas que no pueden ser candidatos a Diputados y Senadores-- dispone, en su Nº 2: "Los intendentes, los gobernadores, los alcaldes, los miembros de los consejos regionales y los concejales;".

Por tal motivo, dicha inhabilidad no será aplicable, para los efectos de esta elección, a los concejales y alcaldes elegidos, como tampoco a los consejeros regionales. Así que es muy importante y pido que se vote favorablemente.

El señor ERRÁZURIZ .-

Considero extraordinariamente grave lo que hemos escuchado y muy poco seria esta forma de legislar. Porque, dado el hecho de que no hay quórum suficiente, resulta que las personas que sean elegidas por votación popular, para tener la opción de postular a un cargo parlamentario deberán renunciar inmediatamente después de resultar electas. En consecuencia, habrá concejales que nunca van a asumir. Se va a dar el caso de que quien obtenga la primera mayoría en determinada comuna, una vez superados los umbrales y resultar elegido alcalde, no va a asumir el cargo, porque renunciará para presentarse como candidato al Parlamento.

Como consecuencia de tal situación, en la práctica, habremos legislado para que las próximas elecciones municipales sean un ensayo para las de Diputados. Por lo tanto, los candidatos a concejales --ojalá lo sepan-- probarán primero como tales, pero sin asumir el cargo.

Tal es el resultado que se obtendrá, dado que, al parecer, no habrá quórum suficiente para aprobar la indicación. Entonces, me parece realmente lamentable.

El señor SULE.-

Señor Presidente , deseo dejar constancia de que concuerdo con el planteamiento del Senador señor Ríos, y solicito al señor Subsecretario , aquí presente, que informe al Ejecutivo acerca de la buena disposición existente para tratar un proyecto en tal sentido. Las próximas semanas conoceremos algunas iniciativas de reformas, entre las cuales podemos considerarlo.