Labor Parlamentaria

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde ocuparse en el proyecto de la Cámara de Diputados que concede beneficios que indica a los profesionales funcionarios y beneficiarios de becas de perfeccionamiento regidos por la ley Nº 15.076 que se desempeñan en jornadas diurnas en los Servicios de Salud, con informes de las Comisiones de Salud y de Hacienda y urgencia calificada de "Suma".

1698-11

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 13ª, en 14 de noviembre de 1995.

Informes de Comisión:

Salud, sesión 22ª, en 6 de diciembre de 1995.

Hacienda, sesión 22ª, en 6 de diciembre de 1995.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

La iniciativa tuvo su origen en un mensaje de Su Excelencia el Vicepresidente de la República . La Comisión de Salud la aprobó en general, con los votos favorables de los Senadores señora Carrera y señor Ruiz-Esquide y la abstención del Honorable señor Larre, y recomienda a la Sala proceder en igual forma, con las modificaciones que constan en su informe.

Por su parte, la Comisión de Hacienda sugiere aprobar el texto despachado por la de Salud, con las enmiendas que indica, dejando constancia de que el proyecto se encuentra debidamente financiado.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En discusión general.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , como señaló el señor Ministro , y tal cual se consigna en el mensaje del Ejecutivo , la iniciativa en análisis se enmarca en el afán de crear una carrera funcionaria en los Servicios de Salud y establecer una suerte de enlace o de puente con el proyecto global cuando se convierta en ley.

Las Comisiones de Salud y de Hacienda -en nombre de esta última, y con especial anuencia de su Presidente , doy este informe; las modificaciones introducidas por ella fueron escasas- destacan tres rubros esenciales. En el artículo 1º, la asignación de 5 por ciento. En el artículo 2º, la asignación de estímulo por jornadas prioritarias, que alcanza a 3 por ciento, con tres características especiales: primero, será diseñada por el propio director del establecimiento de salud; segundo, no podrá exceder de 50 por ciento del total de horas asignadas; y tercero, los recursos no podrán ir más allá de 30 por ciento del gasto que represente la asignación permanente contenida en el artículo 1º. Por último, el bono compensatorio, que alcanzará a 55 por ciento, ya que será aplicado hasta diciembre.

La Comisión, después de un debate amplio y a la vez conciso, concluyó que, en el marco señalado por el señor Ministro , el proyecto merecía ser aprobado. Ésa es la razón por la cual emitimos un informe favorable, y así también lo consideró la Comisión de Hacienda.

Cabe señalar que en la Comisión de Salud hubo algunas abstenciones, ya que se entendió que había otro tipo de motivos, fundamentalmente en comparación con el resto del ámbito de la salud, que hacían inconveniente la aplicación de esta iniciativa. Sin embargo, la mayoría de sus miembros la acogió favorablemente.

En tal virtud, doy este informe para los efectos de la aprobación del proyecto por parte del Senado.

He dicho.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , quiero manifestar a los señores Senadores -el señor Ministro ya está consciente del problema que explicaré- que es necesario considerar una situación delicada que se presentará a los funcionarios profesionales de la salud que se desempeñan en las Fuerzas Armadas.

Recién hoy en la mañana las Comisiones de Defensa Nacional y de Salud, unidas, aprobaron la normativa vinculada al tema de la salud en las instituciones castrenses. A mi juicio, ella se encuentra bastante bien encaminada y solucionará un problema pendiente más de tres años. Su situación y la de los profesionales retirados es sumamente grave. A eso hay que agregar que las normas que ahora discutimos no incorporan a los médicos que laboran en las Fuerzas Armadas y Carabineros, no obstante ser, también, empleados públicos.

El señor Ministro expresó que había negociado con los gremios correspondientes, llegando a un acuerdo en el sentido de que el respectivo proyecto del ley debía quedar aprobado a fines de mes y que las posibles indicaciones que se formularían para incluir a los médicos de las Fuerzas Armadas en su articulado significaría no despacharlo antes de la fecha pactada.

Quiero dejar conciencia de que este problema, que ya se presentó en 1990 y 1993, nuevamente puede hacer crisis en el corto plazo. En 1990 se retiraron, sólo de la Armada, entre 50 y 54 médicos. ¡Nótese lo que estoy diciendo! Y si bien se está mejorando la ley relativa a la salud en las Fuerzas Armadas, persiste el problema de la emigración de estos profesionales a los sistemas estatales o servicios públicos, incentivados por mejores condiciones económicas.

Si no me equivoco -el señor Ministro así lo habría indicado-, el Ejecutivo , dentro de muy breve tiempo, enviará al Congreso un proyecto de ley con el objeto de solucionar el problema en la misma forma, o muy parecida, en que se ha procedido respecto de la salud pública.

He dicho.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , a lo manifestado por el Honorable señor Ruiz-Esquide , deseo informar que, en cuanto al financiamiento, el reajuste y beneficios que se otorgan a los profesionales funcionarios y a quienes han accedido a becas de perfeccionamiento regidos por la ley Nº 15.076 y que se desempeñen en jornadas diurnas de 11, 22, 33 y 44 horas semanales, comprenden a un total de 8.344 profesionales.

En el artículo 1º se establece una asignación mensual de carácter permanente cuyo monto equivale al 5 por ciento del total de las remuneraciones y beneficios que señala el mismo precepto, su vigencia se fija a partir del 1º de agosto de 1995 e implica un mayor gasto de 851 millones pesos.

En artículo 2º se dispone una asignación de estímulo por jornadas prioritarias, la que no podrá exceder al 50 por ciento del total de horas semanales determinadas para cada servicio de salud. Vale decir, el monto de la asignación será equivalente al 3 por ciento del total de remuneraciones; pero como la jornada no debe sobrepasar el 50 por ciento, ello se traduce en un 1,5 por ciento. Esto representa un gasto mensual de 51 millones de pesos.

Finalmente, en el artículo 3º se consagra un bono compensatorio equivalente al 55 por ciento de la remuneración percibida en el mes de julio de 1995 y se pagará por una sola vez dentro de los 60 días siguientes a la fecha de publicación de esta ley. Este bono tiene un costo de 1.873 millones de pesos. Al efecto, cabe destacar que se aprobó una indicación del Ejecutivo para aumentar el porcentaje aprobado en la Comisión de Salud de 50,5 a 55 por ciento, lo que subió el mayor gasto de 1.720 a 1.873 millones pesos.

El informe de la Comisión de Hacienda fue acogido casi por la unanimidad de sus miembros, pues se abstuvo el Senador señor Piñera.

Es todo cuanto puedo expresar, señor Presidente.

El señor LARRE.-

Señor Presidente , en la Comisión de Salud nos abstuvimos por cuanto, a nuestro juicio, se incurre en varias situaciones discriminatorias.

En primer término, no se atiende a todos los profesionales regidos por la ley 15.076, sino solamente a aquellos que pertenecen al sistema nacional de servicios de salud.

En segundo lugar -tal como lo manifestó un señor Senador-, tampoco se incorpora a los profesionales dependientes de los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Tercero, tampoco se considera a los profesionales que laboran en los servicios municipales de atención primaria de salud, ni a los que pertenecen al Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y así sucesivamente.

Por lo tanto, dentro del ámbito de los propios profesionales de la salud, se ha hecho un odioso distingo entre aquellos favorecidos por el proyecto y los no incluidos en él.

De acuerdo con la información que hemos ido recogiendo a lo largo del país, hay algunos profesionales cuya demanda es tan extraordinaria -es el caso de las enfermeras universitarias y de las matronas- que su déficit es notable en los servicios de salud. Sin embargo, aquí tampoco se los ha considerado.

Aún más, en esta Sala hubo un compromiso de parte de la autoridad nacional de salud con el Congreso Nacional, en el sentido de que siempre serían equivalentes las rentas de los profesionales dependientes del sistema público con aquellas que perciben los que ejercen en los servicios de salud municipalizada.

A pesar de que hoy se ha iniciado nuevamente un movimiento huelguístico -el cual (entiendo) ningún Senador acepta-, se vuelve a enfatizar una discrepancia de remuneraciones, que -no me cabe la menor duda- se traducirá en otra manifestación del sector afectado.

Por último, debo destacar que nuestra abstención se justificó también en un hecho que, en mi opinión, no se compadece con la finalidad de la iniciativa. Por una parte, se concede un mejoramiento general de 5 por ciento al sector de profesionales postergados en sus remuneraciones; sin embargo, por otro lado, a los que debería premiarse por su eficiencia, productividad y que laboran en las jornadas prioritarias, se les concede, del total de sus remuneraciones, nada más que un bono de 3 por ciento.

Por lo tanto, a nuestro modo de ver, si bien se está satisfaciendo una demanda de quienes no fueron favorecidos y que en el pasado reciente expresaron sus inquietudes mediante una paralización de sus actividades, ahora estamos cometiendo el mismo error al mejorar remuneracionalmente sólo a un sector de la salud, postergando a otros; y, lo que es más grave, beneficiando sólo a algunos profesionales, posponiendo a otros. De manera que nuestra abstención obedece al hecho de que, a nuestro parecer, el proyecto está mal enfocado, pues se debió conceder prioridad a la eficiencia, a la productividad, y no beneficiar, en un plano general, a todos los profesionales de la salud regidos por la ley Nº 15.076.

Por lo tanto, consulto al señor Ministro sobre cuál será la política que se seguirá en relación con los profesionales del sistema municipalizado de atención primaria de salud.

He dicho.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , comprendo que el señor Ministro decline hacer uso de la palabra en este momento, pero sucede que también deseo formularle una consulta para poder continuar mi intervención. Me parece que los señores Ministros asisten a la Sala precisamente para contestar las preguntas que les hagan los señores Senadores, con el objeto de permitir que se puedan efectuar las observaciones del caso.

Quiero preguntar al señor Ministro si en este proyecto se encuentran contemplados, por ejemplo, los personales de los hospitales José Joaquín Aguirre y Clínico de San Bernardo, porque, de no ser así, me gustaría que diera las razones por las cuales se los excluye, o explicara si el Ministerio ha pensado adoptar alguna medida que permita solucionar los serios problemas que se plantean. Es efectivo que estos hospitales, para prestar sus servicios, cuentan con un convenio, pero éste se basa en las remuneraciones que percibían antes. Cuando se eleva el monto de las rentas al resto de los profesionales de la salud, los médicos y el personal que trabaja en estos hospitales piden también reajuste de rentas, y como se trata de instituciones sin fines de lucro, se ven en extremas dificultades financieras.

En consecuencia, antes de continuar con mi intervención, quiero saber si el señor Ministro tiene consideradas estas materias.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Agradezco las disculpas que por su interrupción me dio el Honorable señor Otero .

Señor Presidente , desde esta bancada y en calidad de Comité, manifiesto nuestra gran satisfacción por el hecho de que este proyecto surge como el resultado de un acuerdo entre el Colegio Médico y el Ministerio de Salud. Esta nueva atmósfera de relaciones entre el Estado y los servidores públicos -como también se da, en muchos aspectos, entre empresarios y trabajadores- prestigia el sistema democrático en el cual se desenvuelve nuestro país a partir de 1990, y marca una nueva etapa.

Saludamos este aumento concedido a las remuneraciones del sector público de la salud. Es un mejoramiento de total y absoluta justicia, porque responde a un llamado que dice relación a las bajas rentas de estos profesionales que realizan una labor tan delicada, humana y trascendente. Si uno revisa la iniciativa, se puede observar que se produce una nivelación hacia arriba en lo que se refiere a las rentas, porque no podemos olvidar que en 1993 se otorgó un reajuste especial de 50 por ciento a aquellos servicios que eran conocidos como de urgencia, y ello, evidentemente, produjo una disparidad bastante grande entre funcionarios que trabajaban en un mismo sistema. De ahí, entonces, que resulta valioso el espíritu con que se encaran estas situaciones de tipo social, cual es nivelar hacia arriba las remuneraciones.

Por lo mismo, soy un convencido de que los esfuerzos realizados, primero, por el Gobierno que lideró el ex Presidente don Patricio Aylwin , y después, por el actual Mandatario, en el sentido de optimizar al máximo los servicios de salud pública -lo sabemos todos los Parlamentarios presentes-, se reflejan en una acción indesmentible respecto del mejoramiento de una infraestructura que ha significado una inversión muy grande de aportes públicos.

Además, debemos destacar el hecho de que el Gobierno está haciendo todo lo posible, dentro de sus facultades presupuestarias, por mejorar la atención primaria, como asimismo las condiciones de trabajo y de remuneraciones de quienes laboran en los hospitales públicos.

Termino señalando que estoy de acuerdo con lo manifestado por el señor Ministro de Salud , en el sentido de que éste es un primer paso que se da en un plan de reformas que el sistema de salud chileno necesita. Ello es doblemente importante, porque en ese afán se reconoce que para perfeccionar el sistema deben mejorarse las rentas de estos profesionales públicos, las que están muy por debajo del promedio que ofrece el mercado laboral. Y ello acontece en todos los servicios públicos del país, en donde, si no fuera por una cuota de vocación y sacrificio de estos servidores, tendríamos que encarar otros problemas, a los cuales se han visto enfrentados diversas naciones latinoamericanas, problemas que, felizmente, aún no se evidencian en Chile.

En consecuencia, como Senador del Partido Por la Democracia, anuncio con mucho agrado, en nombre mío y de mis colegas, nuestros votos favorables a esta iniciativa que concede los beneficios que se han señalado en la Sala.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , se plantea que el proyecto se inscribe en un proceso de modernización de los sistemas de salud. Es posible que sea así, pero, en todo caso, ello sería en forma tímida, porque lo propuesto no constituye un cambio importante, pues se refiere a una asignación de estímulo por jornadas prioritarias que apunta al funcionamiento de los servicios. Tratándose de la mantención, por así decirlo, del sistema remuneratorio de los profesionales del sector público regidos por la ley Nº 15.076, cabe hacer la observación que aquí se ha hecho en cuanto a la desigualdad que se generaría entre las remuneraciones de los profesionales de la salud que trabajan en los hospitales de las Fuerzas Armadas y las de similares profesionales que laboran en las universidades. Desde siempre, estos últimos han tenido un sistema especial, pero semejante al de aquéllos. Recuerdo que en ocasión anterior, en la Comisión se hizo una observación parecida con motivo de una enmienda que se ordenó respecto de la jornada de trabajo nocturno y en días festivos del personal regido por la mencionada ley. En efecto, se señaló que no se aplicaba la misma norma a las universidades. Poco después, debió considerarse esta situación, porque en aquélla se generó una huelga.

Reitero, señor Presidente, que si estamos dentro del mismo sistema de una ley no alterada de manera esencial por el proyecto -ese sistema no es tal vez el mejor, ya que debiera haber mayor flexibilidad-, corresponde aplicar iguales normas a las universidades y a las Fuerzas Armadas, porque en todas ellas se da el mismo nivel de deterioro de rentas. Lo dicho es sin perjuicio, naturalmente, de que al Ministerio de Salud le interese su sector, pero se trata de un sistema general que el legislador no puede dejar de considerar.

Entonces, creo que eso es algo que debemos tener presente, porque se genera una suerte de distinción, que necesariamente va a provocar problemas y conflictos en los sectores de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de las universidades. Incluso, aquí se ha recordado la situación de los convenios, que no tienen, naturalmente, una aplicación de pleno derecho con relación a la ley Nº 15.076, pero se origina una especie de competencia o similitud.

Entrando al fondo del significado del proyecto, como cambio, reitero que no se trata de una modificación esencial, de una modernidad profunda, diría, porque la asignación permanente respecto a toda la jornada diurna es de 5 por ciento, parejo, para todas las personas que se encuentran en la situación que describe el texto.

Por su parte, la asignación dirigida a premiar lo que los servicios de salud quieren distinguir e incentivar, que son las jornadas u horarios prioritarios, es sólo de 3 por ciento -o sea, es menor-, y, además, registra un tope o límite, que en la Comisión de Hacienda, por efectos de una indicación, se cambió. En realidad, se fijan varios límites, uno de los cuales es el del porcentaje con relación al total.

La verdad es que no resulta fácil determinar el costo mensual. Según el informe de la Comisión de Hacienda, el costo de la asignación del artículo 1º asciende a 851 millones de pesos. Se puede sacar la cuenta sobre la base de la fecha de la vigencia, que es el 1º de agosto pasado. A su vez, el costo de la del artículo 2º es de 51 millones de pesos. En todo caso, la asignación que incentiva, que da un estímulo por jornadas prioritarias, es francamente menor, con relación a la asignación pareja, que se paga a todas las personas que se encuentran en igualdad de condiciones.

Ahora, en cuanto al texto de la normativa en estudio, a la manera como se conceden las asignaciones, personalmente abrigo algunas dudas. La primera de ellas tiene que ver con la forma de cálculo de la asignación mencionada en primer término, en cuanto para tal efecto se considera una serie de beneficios que perciben los profesionales de la ley Nº 15.076, incluidas asignaciones cuyo objeto es compensar imponibilidad, como la del decreto ley Nº 3.501, la bonificación de la ley Nº 18.566, etcétera. Lo anterior me llama la atención, porque, normalmente, esos beneficios no deberían ser base de cálculo de otros de carácter remuneratorio.

Finalmente, señor Presidente , del proyecto no me queda claro si las asignaciones que concede son o no son tributables. Y la pregunta sobre el particular es válida para todas aquellas que se establecen, así como para el bono que se ordena pagar una sola vez, dispuesto por el artículo 3º. Todas esas asignaciones generan una duda en el mismo sentido. La verdad es que la regla general es que todo beneficio reviste el carácter de tributable, salvo que la ley diga lo contrario de manera explícita, pero aquí se emplea una terminología que, a mi juicio, es equívoca, en cuanto se trata sólo de una base para tal o cual beneficio. Por esa razón, creo que el punto no es suficientemente claro.

He dicho.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , sólo deseo hacer dos preguntas, muy precisas y, tal vez, de orden técnico.

En el artículo 1º de la normativa en estudio se establece "una asignación mensual de carácter permanente, imponible sólo para efectos de cotizaciones de salud y de pensiones,". Me gustaría saber cuáles son las cotizaciones que se excluyen y por qué. ¿Es la de accidentes del trabajo? Si se consideran los fines de salud y de pensiones, no veo qué queda fuera o cuál es el alcance, y por qué se hallaría al margen otro tipo de cotización.

Y, en cuanto a la asignación de estímulo, no veo claro si acaso ella es cotizable para algún fin o no, o si eso se encuentra reglamentado en otra disposición del proyecto, la que desconozco.

Nada más, señor Presidente .

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , las características de la iniciativa en análisis ya fueron expuestas tanto por el señor Ministro como por los señores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra.

Estamos, en verdad, frente a un despacho de excepción, para un proyecto bastante urgente. No se ha dicho todavía, pero, desde luego, como antecedente preliminar, entiendo que estamos tratando el primer informe de una iniciativa que, por sus disposiciones, por su contenido, por las citaciones a sesión a que ha dado lugar -tanto del Senado como, en especial, de la Cámara de Diputados-, se espera que sea despachada en forma íntegra en el día de hoy, es decir, aprobada en general y en particular. Así me lo ha dado a conocer el señor Presidente de la Comisión de Salud de esta Corporación y lo ha confirmado el propio señor Ministro .

Cuando se trata de beneficios para grupos de personas y, en particular, de servidores públicos, uno puede lamentar el monto, las exclusiones, pero no puede oponerse a que sean otorgados, así que expreso, desde ya, mi disposición a aprobarlos.

Como se ha señalado, el proyecto significa un aumento de 5 por ciento de las remuneraciones, retroactivo al 1º de agosto de 1995 y cuyo costo es del orden de 850 millones de pesos, para el personal regido por la ley Nº 15.076, que comprende a los médicos y a algunos otros -no a todos- de los profesionales del ámbito de la salud. Significa, asimismo, disponer una asignación de estímulo para las denominadas "jornadas prioritarias", ascendente a 3 por ciento -como se trata de no más de 50 por ciento del total de horas semanales, se ha hablado de un máximo de 1,5 por ciento-, y cuyo costo, para lo que se halla establecido, es del orden de 51 millones de pesos mensuales. Y se otorga, además, el bono de compensación, esa suerte de gratificación o asignación especial que implica el gasto más importante y se entrega por una sola vez.

Estos beneficios, más el resto de las normas, ciertamente constituyen una conquista y un logro para quienes los reciben, pero representan, tal vez, una afrenta, o, por lo menos, una aspiración y un anhelo, para aquellos que, quizás trabajando junto con los primeros, no los percibirán. Como dije, tal vez lo que corresponde es lamentar que haya algunas exclusiones. Los equipos de salud y el personal que se desempeña en los servicios respectivos, regido por la ley en proyecto, trabajan estrechamente vinculados con funcionarios de otras profesiones, con enfermeras, con matronas, que van a mirar pasar esta entrega de beneficios, sin haberlos obtenido.

Creo que, desde ese punto de vista, el precedente no es bueno y la legislación no resulta conveniente, más aún cuando existe otro proyecto detrás, que viene de la Cámara de Diputados, en el cual se reformulan los contenidos globales de la ley Nº 15.076 y de las normas que regulan el ejercicio de los profesionales de la salud. La materia que nos ocupa es más urgente, en definitiva, y tenemos que despacharla en los días siguientes -si no en éste, específicamente-, para que ello se produzca dentro del año calendario, próximo a vencer.

Sin embargo, y después de las conversaciones que he sostenido en días anteriores -tanto con el señor Subsecretario como, ahora, con el señor Ministro -, quiero dejar planteada la situación que afecta a los profesionales médicos de la especialidad de obstetricia, que se desempeñan en los servicios de urgencia.

Cito lo anterior, porque hace algún tiempo el Senado despachó un proyecto que benefició a los profesionales médicos que laboraban en dichos servicios, y todos entendimos -el Ministerio y el Parlamento- que nos referíamos a la totalidad de ellos. Y ocurre que, por una cuestión de nomenclatura o de tradición, o de cualquier otra naturaleza, que no tiene que ver con el propósito que animó al Congreso y, en particular, al Senado a aprobar esa normativa, en la interpretación y en la aplicación práctica, el referido beneficio, que se entregó a todos los médicos de los servicios de urgencia, no ha alcanzado a los profesionales que trabajan en la especialidad de obstetricia en los mismos establecimientos.

Como ello constituye, desde luego, una injusticia, que no estuvo en el pensamiento ni en la idea del Ministerio ni del Parlamento, es algo que debe corregirse. En estricto derecho, esto debería hacerse, incluso, retroactivamente, pero como no es posible, quiero señalar mi conformidad con el acuerdo dado por el señor Ministro en orden a que esta materia, que afecta a los profesionales médicos de la especialidad de obstetricia que se desempeñan en los servicios de urgencia -quienes, en la actualidad, injustamente no reciben los beneficios que se entregaron a sus colegas de turnos en las asistencias públicas del país-, será resuelta en otro proyecto que se halla en trámite en la Cámara de Diputados.

Por esas razones, y lamentando que estemos legislando en forma apresurada -situación que se traduce en parches que debemos ir corrigiendo-, lo cual a veces nos lleva a cometer, por su urgencia, ciertas omisiones o errores, anuncio que este proyecto contará con nuestros votos favorables.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente , el artículo 2º del proyecto establece una fórmula de orden laboral en cuanto a la expresión "jornadas prioritarias". Ello -no he analizado a fondo la iniciativa- me parece interesante desde el punto de vista de la Administración del Estado y de la acción que los profesionales ejercen en los distintos servicios de la misma.

La citada norma dispone: "Otórgase, a contar del día l del mes siguiente al de publicación de esta ley, una asignación de estímulo por jornadas prioritarias". En su inciso segundo, entre las funciones de los directores de los servicios de salud, señala "definir los horarios diurnos calificados como prioritarios.". Finalmente, en este mismo inciso, estatuye "excluidas las jornadas de 28 horas semanales, se podrán asignar a horarios de trabajo calificados como jornadas prioritarias.".

La expresión "jornada prioritaria" no es conocida en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, porque los profesionales no sólo actúan en funciones de carácter técnico, como en el caso de atención de salud, directamente. Los médicos tienen también responsabilidades de administración en las diversas labores que se desarrollan en los servicios de salud.

En definitiva, me asiste la enorme duda de que existan -según lo señalado en el artículo 2º- criterios distintos en cada servicio de salud para determinar la jornada prioritaria. Si ello es así, es importante que quede establecido en la historia de la ley, para los efectos de la interpretación y acción que sobre estas jornadas prioritarias pudiera haber en la propia Contraloría General de la República.

Por tal motivo, mi consulta es si realmente la expresión "jornadas prioritarias" corresponde a una norma legal respecto de la cual no existe inquietud alguna en cuanto a su aplicación futura; si sólo está referida a horas diurnas -como lo dice el inciso segundo del artículo 2º-, y, si lo último es así, qué ocurre con los servicios donde hay prioridad durante las 24 horas.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , en primer lugar, creo conveniente traer a la memoria cómo se han ido dando los distintos reajustes no sólo en el sector salud -que hoy nos atañe-, sino en otros sectores de la Administración Pública.

Debemos recordar que, normalmente, al surgir un conflicto ilegal, éste se traduce en un paro de actividades, con graves consecuencias para la población. Posteriormente, se lleva a cabo una negociación -a veces, con el Ministro del área respectiva, y otras, con el Ministro de Hacienda-, la cual termina en un acuerdo que se transforma en proyecto de ley y llega al Congreso. Y, en muchas oportunidades, los Ministros que lo defienden, si bien concuerdan plenamente con observaciones que apuntan a perfeccionar la forma de otorgar los reajustes, invocan -desde su punto de vista, con muy buenas razones- que han llegado a un acuerdo, y que en virtud de éste se suspendió el paro ilegal. Por lo tanto, no obstante que simpatizan con algunas de las propuestas, no pueden ser acogidas. Y muchas veces los Senadores -en especial, los de Oposición- recogemos el argumento o el pensamiento del señor Ministro como una posición razonable. Caso a caso, muchas cosas pueden ser razonables. Si uno está en un estadio y se empina, ve mejor. Es razonable, desde el punto individual, del caso a caso. Pero si todos en el estadio se empinan, nadie ve mejor y todos están incómodos. Eso es lo que está empezando a ocurrir con la política de reajustes en el sector público.

Creo que no podemos seguir analizando cada una de las distintas formas de reajuste, caso a caso, apremiados por una presión ilegítima, desde el punto de vista legal, puesto que no se enmarca dentro de la legislación laboral que rige a los trabajadores respectivos.

El primer reajuste al sector de la salud se otorgó en 1992. En tal oportunidad, en la Sala señalamos que ese mejoramiento no dependía de la mayor eficiencia de la gestión ni de la mayor productividad, sino única y exclusivamente de la presión de cada grupo organizado. Expresamos que el beneficio no era parejo, sino que estaba sujeto a la capacidad de apremio de cada grupo, y que ello, inevitablemente, iba a generar una cadena ininterrumpida de peticiones. Eso fue lo que se dijo en ese año.

La verdad es que así ha ocurrido. En 1993, frente a un paro ilegal de actividades, largo y conflictivo, particularmente de las postas de urgencia, de nuevo se recurrió a un mecanismo de reajuste especial, sin analizar el sector de la salud en su globalidad, sino sólo al que en ese momento se hallaba en huelga ilegal y ejerciendo una gigantesca presión.

Esto no significa si es justo o injusto, legítimo o ilegítimo, conveniente o inconveniente, el mejorar las rentas de los trabajadores de la salud. Indudablemente, me parece legítimo hacerlo. Creo que las rentas son extraordinariamente bajas, para gente que trabaja con mucho sacrificio y dedicación. Lo que planteo es que la forma como se realiza -voy a fundamentar esta afirmación- está llevando a una verdadera destrucción, desorganización y anarquía en el sistema de rentas de la Administración Pública.

En 1993, cuando se produjo el paro de actividades de los médicos de los servicios de urgencia, quienes cumplían jornadas de 28 horas, el Senado conoció un reajuste muy significativo para éstos, pero no hubo insinuación alguna al respecto para el resto de las jornadas. Llamó la atención la solidaridad de los profesionales que no se beneficiaban en esa oportunidad. Obviamente, hoy no sorprende a nadie. Se trataba, simplemente, de la estrategia de "ir cortando el queque por tajadas". En efecto, primero se reajusta a un sector, sobre la base de una huelga ilegal, y después el resto, invocando ese precedente, demanda exactamente lo mismo.

Hoy, el Ministro de Salud -que en este instante se halla enfrente de nosotros, probablemente preguntando qué pasa con la huelga de la FENATS- está logrando un récord: hay un paro ilegal de actividades de los trabajadores de la salud primaria, y una clara amenaza de huelga de los médicos que serían beneficiados con el proyecto en debate. Porque estoy seguro de que si éste no es aprobado en forma rápida y urgente, antes de que termine el presente año, lo más probable es que se produzca otra huelga en el sector de la salud, esta vez de los médicos con jornadas distintas de los de las 28 horas, que son quienes se benefician con esta situación.

El Ministro de Salud , que tiene por delante la gran tarea de modernizar el sistema de salud en Chile, en mi opinión, se debilita indudablemente por tener que estar apagando incendios permanentemente. El señor Ministro ha dicho con mucha exactitud que el gran costo de estos paros lo paga la gente más modesta, frente a lo cual él no puede permanecer indiferente y debe sentarse, finalmente, en una mesa de negociación, no para discutir el mérito, la productividad y los objetivos de los servicios de salud pública, sino simplemente en virtud de una presión ilegal.

Señor Presidente , hoy día se está realizando la séptima huelga llevada a cabo en los dos últimos años, y ya los integrantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud se han dado cuenta de que el mecanismo del paro no es excepcional, sino permanente, recurrente y casi planificable. En este sentido, creo que los programas de los candidatos a dirigente máximo de la FENATS pronostican cuántas huelgas realizarán durante su gestión, porque, si originan siete en dos años, uno debe sospechar que existe algún grado de premeditación o que se trata de una estrategia deliberada.

Lo cierto es que el proyecto concede un bono compensatorio; pero, como no especifica qué situación compensa, cabe preguntarse si corresponde al reajuste otorgado en 1993 a los médicos de los Servicios de Urgencia o -como lo sostienen los trabajadores de la FENATS-, a la indemnización por no haberse promulgado la ley dentro del plazo que se acordó con el Ejecutivo , al margen, naturalmente, de la posición, la opinión y la voluntad del Congreso.

Realmente, en mi opinión, una política de reajuste salarial del sector público de estas características -no como excepción, sino como norma- atenta absolutamente contra los mismos principios planteados en los discursos de los señores Ministros en el Parlamento, los cuales apuntan a los aspectos fundamentales de la modernización del sector público: que la política laboral deje de premiar solamente la antigüedad funcionaria y los conflictos ilegales y comience a gratificar el mérito, la dedicación y el esfuerzo individual. En tal sentido, don Genaro Arriagada , Ministro Secretario General de la Presidencia , realizó en el Congreso Nacional una exposición muy ilustradora, en la cual enfatizó, precisamente, dichos aspectos. Sin embargo, cabría preguntar, ¿cuántos de estos propósitos se harán realidad, pues las palabras se las lleva el viento y en cambio los hechos quedan?

A mi juicio, la política de reajustes del sector público no obedece a ninguno de aquellos principios -hemos venido planteándolo en el Senado cada vez con más fuerza y claridad-, pues se trata de un conjunto de parches sobrepuestos unos en pos de otros.

¿Qué incentivos se puede otorgar cuando la única manera de lograr resultados en materia de remuneraciones es mediante una huelga? Recordemos que, con ocasión del paro de los mineros del carbón, ellos negociaron con seis Ministros simultáneamente. ¿Qué trabajador chileno tiene el privilegio de transar con seis Ministros sentados al otro lado de la mesa? En todo paro ilegal ocurre la misma situación. El incentivo que se da o la señal que se envía -ratificada por el Congreso, aunque a posteriori- es muy simple: "Señor, si usted quiere mejorar su remuneración haga un paro ilegal; olvídese de la productividad, de la eficiencia y del trabajo. Haga un paro y obtendrá respuesta". Esta es la realidad y como la gente es inteligente, sigue los mecanismos e instrumentos que dan resultado.

Por lo anterior, a mi juicio, resulta un muy mal camino estar negociando permanentemente reajustes para los sueldos del sector público con amenazas de paro o huelgas ya desatadas.

¿Cómo se han mejorado las remuneraciones de ese sector? A través de movidas de modificaciones de grados en las respectivas plantas, lo cual se justifica señalando que, como determinado sector o servicio es importante y deberá enfrentar grandes desafíos en el futuro, requiere aumentar el número de profesionales y eliminar a los que no lo son. Sin embargo, inmediatamente después una disposición transitoria establece que se eximirá del requisito de título profesional a los funcionarios que se encuentren desempeñando actualmente tales cargos. En consecuencia, la planta se adecua a los problemas laborales y a las remuneraciones del personal y no a los objetivos de un servicio. Tal mecanismo, que es malo, ya ha sido utilizado treinta y una veces en el Congreso. Otro procedimiento empleado es el establecimiento de asignaciones especiales o el aumento de los sueldos en un porcentaje fijo.

Sin duda, todo lo anterior provocará una verdadera desarticulación del sistema remuneratorio del sector público.

Además, los grados más bajos de la Escala Única están quedando desiertos, juntando los tramos en lugar de reajustar sus correspondientes remuneraciones, lo cual se traduce, finalmente, en que los grados más altos de dicha escala son los únicos que permanecen. Por lo tanto, estamos produciendo una estructura de renta que castiga severamente la parte profesional, ejecutiva, o sea, sobre la que descansa la mayor responsabilidad de la Administración Pública.

Además, la legislación es cada vez más contradictoria sobre la materia: por ejemplo, la ley Nº 15.075 establece un tope para las remuneraciones del grado 4 de la Escala Única; sin embargo, cuando un reajuste supera ese límite, se exceptúa. Propongo que eliminemos ese tope. ¡Por qué legislar siempre por la vía del parche!

Lo más grave de todo es que el mensaje de que las remuneraciones se van a fijar en virtud de la productividad, la eficiencia y el desarrollo personal no concuerda con la política planeada que se ha llevado para este fin. Estoy perfectamente consciente de que una nueva iniciativa legal que apunta en esa dirección, tendrá que ser discutida en el Parlamento; pero, al menos, quiero tener como Santo Tomás el beneficio de la duda, pues, hasta que no veamos ese proyecto convertido en ley -indudablemente, éste va a tener que ser negociado de alguna manera con el gremio médico-, mejor será seguir analizando la realidad con los hechos concretos y objetivos que están a la vista de todos los señores Senadores.

En mi concepto, la ausencia de una política remuneracional coherente, clara, precisa, que se imponga por sí misma y en la cual la gente crea, se está transformando en un elemento cancerígeno que empieza a penetrar todas las esferas de la Administración Pública, con consecuencias que, sin duda, van a ser extraordinariamente negativas.

Por esta razón, señor Presidente , pienso que aquí nuevamente estamos frente a una iniciativa de parche. Estoy absolutamente convencido de que, si el Ministro de Salud hubiera podido disponer libremente de estos recursos para asignarlos de forma tal de maximizar la eficiencia, lo habría hecho de forma muy distinta a como viene propuesto en el proyecto; asimismo, si dicho Secretario de Estado hubiera tenido la libertad de presentar o no presentar el Estatuto de Salud Primaria, probablemente, no lo habría hecho del modo en que se hizo, por todas las razones que en aquel momento invocamos. Sin embargo, por distintos motivos, permanentemente, tanto los representantes del Gobierno como del Congreso no realizan lo que dicen que quieren hacer, y eso se está transformando en una realidad tan repetitiva que uno se pregunta: ¿Qué está pasando?

Cada día estoy más persuadido de que la situación actual es un desastre y que en todas aquellas áreas en que el Estado ejerce actividades en forma paralela con el sector privado, debiéramos apuntar a la regla básica de que la ley pareja no es dura. De modo tal que, si la igualdad de oportunidades es generalmente una meta compartida, la legislación laboral debería ser igual para todos los trabajadores de una misma actividad o función, a pesar de tener distintos empleadores.

Hoy día, señor Presidente , enfrentamos una situación especial. Los trabajadores de la FENATS, por ejemplo, se rigen por todo aquello que les agrada del Estatuto Administrativo -la inamovilidad, la carrera funcionaria, etcétera-, pero no por lo que les disgusta. Ellos tienen derecho a huelga, no como todos los chilenos, una vez cada dos años, cuando vence el convenio colectivo, sino cada vez que quieren, y no negocian con el empleador a nivel de la empresa, sino con el Ministro . O sea, en la práctica obtienen todos los beneficios del Estatuto Administrativo y del Código del Trabajo.

En consecuencia, se vive una situación de absoluta desigualdad, por lo que, en aras de la justicia, es necesario enfrentar el problema.

Termino señalando algo que, a lo mejor, es posible corregir. En el proyecto, se plantea un bono de 5 por ciento parejo y otro de 3 para lo que se llama el "horario privilegiado", sistema de trabajo para que el sector público logre captar a los médicos necesarios para atender a los usuarios durante jornadas que compiten con la consulta privada, por ejemplo. Lo lógico sería canalizar el grueso de este reajuste no en forma pareja, sino mediante la atracción de profesionales hacia las jornadas prioritarias de los hospitales, aprovechando así la inversión, las máquinas y el gasto público. Porque, por la falta de médicos, la salud pública no logra utilizar al máximo su infraestructura actual. Por consiguiente, lo mejor habría sido destinar el grueso de este incentivo remuneratorio a un factor de eficiencia, como es el horario privilegiado.

Presentamos indicación para cambiar los porcentaje (el 3 por el 5, y viceversa), pero, lamentablemente, fue declarada inadmisible por corresponder a una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República . Éste no la formula, porque existe un acuerdo con los médicos.

Insisto en que en este sistema de remuneraciones ocurre algo que se ha transformado en una especie de norma: la contradicción y el divorcio entre las palabras y los hechos es total y absoluta. Además, los mecanismos de reajuste están dirigidos a cumplir los requerimientos del personal; vale decir a los 7 mil, 10 mil, 15 mil ó 20 mil funcionarios, y no a satisfacer las necesidades de los 8 millones de chilenos que se atienden en el sistema de salud pública.

Por las razones expuestas, si bien este proyecto tiene carácter de urgencia, y su finalidad es evitar una huelga, a mi manera de ver, su texto contradice totalmente la que en el futuro debiera ser una política de remuneraciones razonable, moderna y coherente para el sector público en general.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , en primer término, quiero solicitar a la Sala -no lo hice en mi calidad de Senador informante - que se vea la posibilidad de despachar hoy día esta iniciativa, cualquiera sea el resultado de la votación.

En segundo lugar, formularé algunas observaciones acerca de lo dicho ahora.

Uno de los planteamientos, expresado con mucha fuerza, apunta a una suerte de crítica formal y permanente a la política de salud pública y a lo que sucede con ella en Chile.

Cada vez que en esta Alta Cámara se analiza un reajuste o alguna modificación de la ley, se debate a fondo el problema de la salud, contrariamente a lo que acontece con otras iniciativas, donde la discusión se circunscribe, única y exclusivamente, al mérito de ellas.

Si el Senado estima conveniente un examen profundo del tema de la salud, hagámoslo en una sesión especialmente convocada al efecto, como alguna vez se propuso y que por distintas razones, no se ha podido concretar.

El señor PIÑERA .-

No he pretendido eso.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Le ruego tener la amabilidad de no interrumpirme. He escuchado con infinita paciencia las observaciones formuladas por Su Señoría. Son las mismas que ha hecho desde 1990.

El señor DÍEZ .-

Sin éxito.

El señor PIÑERA .-

¡No he hecho eso ahora..!

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

El señor Senador dice que no lo ha hecho. Pero, en el fondo, ha cuestionado toda la orientación que el Gobierno intenta aplicar al personal de la salud.

Si hay un área donde las políticas tienen relación directa con los trabajadores, es en la salud. El asunto de las remuneraciones siempre es importante en cualquier actividad. Pero lo es aún más en el ámbito de la salud, uno de los problemas más graves que afecta a la población y que está centrado, básicamente, en la forma como trabaja el personal. Podremos tener las técnicas más sofisticadas y contar con la estructura más maravillosa; pero, si los funcionarios no se hallan en condiciones de trabajar como corresponde, indudablemente no habrá un buen sistema de salud.

Lo anterior se relaciona con la historia de la salud y del personal durante los últimos decenios. Porque es muy fácil decir que aquí estamos haciendo una política de parche, y generar una imagen poco menos que terrorista-social acerca de la actual situación, de lo que podría acontecer frente a eventuales paros a raíz de las dificultades existentes, y de las políticas parciales. Este problema debe ser conectado también con lo sucedido a los 60 mil funcionarios de la salud hace algunos años, cuando fueron traspasados al área municipalizada; con lo ocurrido en la época anterior al actual Gobierno y al que le antecedió, donde la forma de perder la racionalidad es un tema en el cual los señores Senadores nunca han ahondado.

Quienes tuvimos el privilegio de trabajar en el sector público de la salud durante mucho tiempo, sabemos exactamente la pérdida de ingreso que la municipalización significó para los médicos de servicios de urgencia, para el personal de la FENATS, para los funcionarios que cumplen labores en los consultorios. Hemos tratado de ir corrigiendo el problema; pero no es fácil, ni se puede resolver de la noche a la mañana. Ojalá estuviéramos en condiciones de hacerlo; pero el país no tiene capacidad para solucionarlo cabalmente.

Entre 1977 y 1990 la pérdida real del ingreso de los trabajadores de la salud, en cualesquiera de sus estamentos, fue del orden del 38 a 40 por ciento. No es simple revertirla. Y no cabe hablar ahora de lo que se debe hacer, sin tomar en cuenta la situación en que quedó el cuerpo social constituido por los 60 mil funcionarios de la salud.

Nadie quiere que haya paros, y menos en los Servicios de Salud. Nadie quiere que haya huelgas. Nadie quiere que las soluciones se obtengan por la vía de la presión. Todos desearíamos la razón pura como medio para solucionar los problemas sociales. Pero no levantemos la voz ni rasguemos vestiduras acerca de lo que pasa en el mundo social, porque la realidad objetiva de la psicología social de un país indica que, en un momento determinado, la gente necesita expresarse. Y transcurrieron muchos años sin que los trabajadores de la salud pudieran decir ni una sola palabra de lo que pensaban.

Si el Senado pretende realizar un debate serio respecto de lo que ocurre en el país, tiene que considerar tal punto. En todas las democracias que se rehacen en el mundo, existe un período en el cual se produce cierto estallido social. Hemos de reconocer que en Chile ese fenómeno ha tenido lugar de manera moderada, y podemos enorgullecernos de la responsabilidad con que las organizaciones sociales han expuesto sus puntos de vista.

Y no sólo las agrupaciones sociales plantean su parecer. También las instituciones empresariales, financieras y de otra naturaleza, por distintos mecanismos -obviamente, no el de la huelga, porque no les interesa este método-, están contribuyendo a la presión que el país tiene que soportar en su conjunto.

En consecuencia, es preciso mirar el problema en su globalidad.

Efectivamente, se ha intentado ir solucionando el problema de los médicos de los servicios de urgencia, el de los médicos de los consultorios y el de los facultativos que se desempeñan en horario diurno. Pero éste es un asunto técnico difícil de precisar en pocos minutos. El trabajo que realizan los profesionales regidos por la ley Nº 15.076 es muy disímil. No existe otro ámbito en el cual haya tanta diferencia entre la labor que efectúa cada uno en los diversos servicios; y, por lo tanto, es muy complejo resolver con justicia acerca del pago que corresponde.

¿Cuál es la remuneración básica? ¿Cuánto debe ganar quien hace turnos por la noche? ¿Cómo debe ser retribuido el profesional que también debe cumplir labores directivas? ¿Vale más lo que hace un profesor universitario o un ayudante de cátedra, o el servicio que presta un médico rural?

No es fácil decidir. Y a eso apunta lo manifestado aquí en relación con el proyecto actualmente en trámite en la Cámara de Diputados. El texto en debate es sólo una forma anticipada tendiente a establecer equiparidad en tal sentido. Podrá tener defectos, pero busca resolver la tremenda anormalidad en que se encontraba el cuerpo social de la salud en Chile hasta 1990. No me cansaré de señalar tal hecho, porque lo conozco desde adentro y porque he visto lo sucedido en el país desde ese año hasta ahora.

A los Honorables colegas que han interpelado la postura del señor Ministro , puedo asegurarles que la Cartera de Salud funciona sobre la base de las ideas que el Gobierno tiene sobre la materia. Por consiguiente, no es preciso que ningún señor Senador se transforme en exégeta de dicho Secretario de Estado para decir lo que éste habría podido o querido hacer.

Tampoco se trata de crear la imagen de que el Ministro es bueno y que los Gobiernos son los que no funcionan bien, o que, en definitiva, los responsables son los partidos, las políticas o las presiones.

Ni el señor Ministro ni ninguno de nosotros caeremos en ese garlito. Aquí hay una política de Gobierno que se pone en marcha. Podemos discutirla. Podemos compartirla o no. Porque, tal como he señalado aquí, no existe un área donde la visión sea más difícil de compartir que en salud, pues el concepto que de ella se tiene atañe directamente al de la persona y su relación con la sociedad. Y, en esta materia, sustentamos una opinión diferente sobre el diseño de sociedad que queremos.

Por eso, estimo que sería muy interesante -ojalá no exista ningún inconveniente- reabrir la posibilidad de sostener un debate a fondo acerca de la salud en Chile, con todos los datos y puntos de vista que existan sobre la materia. Y, como el que debíamos sostener el año pasado se postergó, no tengo problema en proponerlo nuevamente a la Sala. Es necesario que de una vez por todas discutamos los proyectos relativos al tema en función de su propio mérito y en el ámbito que les corresponde, sin extrapolarlos a todo el fenómeno social o al fenómeno de la salud, porque ello nos lleva a un debate interminable e imposible de rehuir, ya que las opiniones vertidas no pueden quedar sin contestación si nos parecen equivocadas.

He dicho.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , el debate sostenido en esta oportunidad, que no es el primero realizado en términos semejantes, dice relación a las inquietudes que nos asaltan en la materia. Porque, después de participar en muchas discusiones sobre la forma de reajustar los sueldos de ciertas áreas del sector público, uno tiene derecho a preguntarse cuál es la política remuneracional del Gobierno y por qué en algunas oportunidades los ingresos de los trabajadores se aumentan de una forma, y en otras, de manera diferente.

¿Se trata de remunerar las funciones que se desarrollan? ¿Se trata de remunerar la especialización de los trabajadores? ¿Se trata de remunerar la productividad y eficacia de quienes participan en las labores pertinentes? ¿O es que los reajustes -como quizás el que estamos analizando hoy- se deben a las presiones ejercidas de tiempo en tiempo sobre la autoridad y que en cada ocasión son objeto de soluciones distintas? ¿Es ésa la forma de modernizar el Estado en el área del sector público?

Aquí radican nuestras dudas. Y es justo que las planteemos, aunque debamos repetirlas. Porque en cada oportunidad estimamos legítima la pregunta, que sigue pendiente. No tenemos facultad para obrar en esta materia; debemos esperar la iniciativa de la autoridad. Y cuando ésta insiste en mantener planteamientos que no parecen responder a una verdadera política de Estado, tenemos derecho a levantar nuestra inquietud.

Complementariamente con ello, también debemos hacer presente nuestra preocupación cuando observamos que el problema de fondo en el ámbito de la salud sigue pendiente. No tengo dudas de que el señor Ministro del ramo conoce bien las dificultades de su sector, y probablemente mejor que nosotros. Y mi impresión -me puedo equivocar- es que tiene la intención y la posibilidad de resolverlas a través de un camino directo y conveniente.

Sin embargo, ello no ocurre, y el porcentaje de chilenos que sigue preocupado por su situación es enorme. Las únicas iniciativas que prosperan, aparentemente, son las relativas a las ISAPRES, sector que, con todas sus limitaciones, se encuentra en mejores condiciones que el sector público, que depende de la autoridad.

Aquí es donde surge la inquietud respecto de qué está ocurriendo. De manera que no se trata de poner una cuña entre el Ministro y el Ejecutivo , pero sí de reconocer una realidad: hay en el Gobierno personas que parecen entender el problema, pero al final sus iniciativas no prosperan y seguimos anquilosados en soluciones propias del pasado.

Por otro lado, se dice que la explicación de las dificultades se encuentra en 17 años de depresión que hubo que recuperar. Pero si eso fuera así, ¿por qué los aumentos no son generales?, ¿por qué son selectivos?, ¿por qué son diferenciados?

No parece ser esa la explicación, ni tampoco resulta coherente aceptar que estas cosas se deben al retorno a la democracia, proceso que normalmente viene acompañado por estallidos sociales. Aquí hemos encontrado un país con una situación económica infinitamente mejor que la anterior a la interrupción de la democracia, y ello ha permitido consolidar ésta.

Pero también se debe tener en cuenta otra realidad: quienes agitan los movimientos sociales coinciden políticamente con personas que ocupan cargos en el Gobierno. De manera que los problemas se están arreglando en familia. Pero si ellos no se solucionan, no se nos puede responsabilizar a nosotros, que no promovemos los estallidos sociales ni los actos de rebelión.

En consecuencia, el problema sigue pendiente. Se continúa con las soluciones de parche (aunque no guste la expresión, es así). Se sigue con políticas que no son parejas para todos los sectores; existen discriminaciones evidentes, pues algunos de ellos mejoran su situación, pero otros, no, a pesar de pertenecer al mismo gremio o a la misma actividad.

Por lo tanto, debemos insistir en manifestar nuestra inquietud, porque, a medida que transcurre el tiempo, no se avanza en la solución de los problemas.

Adicionalmente, creo justo reiterar que existen pequeñas dificultades. La primera, recogida de los antecedentes que obran en nuestro poder, se refiere a por qué las asignaciones no son tributables. Según los informes, no lo serían. Si lo son, entonces...

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

¿Me concede una interrupción, con la venia de la Mesa, señor Senador ?

El señor LARRAÍN.-

Con todo gusto, para que, si es necesario, Su Señoría me rectifique.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide .

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , tanto en la Comisión de Salud cuanto en la de Hacienda, se dejó expresamente aclarado que las asignaciones son tributables. Incluso, no se colocó en el texto porque parecía obvio, innecesario y redundante. Y así debe ser entendido en la Sala.

La señora FREI (doña Carmen) .-

¡Diga también al Honorable señor Larraín que no sabe leer...!

El señor LARRAÍN.-

Me alegro por la aclaración del Senador señor Ruiz-Esquide , aunque no veo la necesidad de los agregados ignominiosos que alguien pueda hacer desde el anonimato.

La señora FREI (doña Carmen) .-

No, señor Senador. Yo hice el comentario: la Senadora Carmen Frei Ruiz-Tagle .

El señor LARRAÍN.-

Me parece bien que Su Señoría se haya querido individualizar.

Lamentablemente, no tuve el tiempo necesario para estudiar los antecedentes como hubiese deseado. He estado esforzándome por entenderlos. Pero no es difícil darse cuenta, por ejemplo, de que la redacción del artículo 1º es ambigua, Y, ya que se ha tocado el punto, me referiré a él.

Ese precepto, que no fue objetado en ninguna de las Comisiones, señala: "una asignación mensual de carácter permanente, imponible sólo para efectos de cotizaciones de salud y de pensiones, cuyo monto será equivalente a 5%"... Con esa redacción puede interpretarse que se excluye toda otra imposición que no sea para tal objeto. Es una conclusión perfectamente posible. Y por eso he creído prudente hacer constar mi inquietud.

En segundo lugar, si nuestro deseo es incentivar con una mayor compensación a la gente más esforzada, más dedicada o que más sacrificios realiza, me cuesta entender por qué -ya se manifestó- la asignación de estímulo por jornadas prioritarias, que parece atender más a los objetivos del Servicio, es inferior a la asignación general. Es lamentable que ello no se haya considerado, a pesar de haberse hecho presente en otra oportunidad.

También cabe preguntarse por qué no incluir a todos los sectores; por qué se excluye a algunos; por qué hay discriminación, no obstante haberse señalado aquí que ello no ocurrirá. Y, finalmente, cómo se determinaron estos porcentajes. ¿Acaso tienen que ver con algún compromiso?

Quiero que estas últimas inquietudes sean respondidas por el señor Ministro . Pero, desde ya, anticipo nuestra preocupación por el hecho de que, pudiendo hacerse mejor las cosas, una vez más no se siga tal camino, lo cual nos da derecho a volver a formular nuestros planteamientos.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , en primer lugar, debo recordar que el vapuleado sistema de atención primaria de salud municipalizada fue creado por el Régimen del General Pinochet, con la participación de mucha gente que lo auspició. Ahora estamos viendo los resultados: sembraron vientos y están cosechando tempestades. Esa es la verdad.

Declaro no ser en absoluto partidario del sistema vigente. He conversado al respecto con el señor Ministro , y me parece necesario buscar una fórmula que resuelva definitivamente esta situación. Ella podría consistir -lo adelanto- en instaurar un mecanismo flexible: que las comunas con capacidad de gestión y plata de sobra, como algunas del sector oriente de Santiago, atiendan todas las necesidades de salud; y que las rurales o muy pobres, carentes de capacidades económica y de gestión, dependan directamente del sistema central del Ministerio de Salud, eligiendo por provincias, por regiones o por comunas.

A mi juicio, no tiene por qué mantenerse un sistema tan rígido. Lo digo oficialmente, pues me parece que la idea podría madurarse y dar buenos resultados.

En segundo lugar, quiero aclarar que los empleadores de los trabajadores de la salud municipalizada son los alcaldes y no el Ministro de Salud . Éste, con valentía, está enfrentando una responsabilidad que no le corresponde directamente. Así de claro. Se trata de una situación que deben asumir los alcaldes. Y algunos de ellos han expresado con mucha decisión su pensamiento sobre el paro.

Cuando se habla de situaciones tan rígidas, de cambiar todo y de aplicar una política, no sé qué ejemplo podríamos seguir: si el de Argentina, donde en San Juan, La Rioja, Neuquén y Río Negro de repente incendian las gobernaciones y pasan meses sin que se paguen sus sueldos a los empleados públicos; o el chileno, que implica que, paulatina y gradualmente, se vayan resolviendo los problemas en justicia, de acuerdo a las necesidades de los trabajadores.

Quizá la Oposición, como siente simpatías por él, prefiera el régimen de Chirac, que permite que se paralice el país durante quince días; que dejen de laborar los empleados; que no funcionen ferrocarriles, ni barcos ni aviones; y, tal vez, que se incendie París. No sé qué preferirá.

Yo me inclino por el régimen chileno, democrático, que, con la inteligencia de Aylwin y hasta ahora, ha ido resolviendo los problemas con idoneidad y espíritu de justicia.

Entre el Presidente Frei y el Ministro Figueroa , y el Presidente Chirac y el Primer Ministro Juppé , sin dudar elijo mil veces a los primeros, incluso quitando del medio las bombas.

Ninguno de los dos ejemplos constituye, por cierto, un modelo digno de imitarse.

El Senador señor Larraín habla de ser un poco más didáctico, de adoptar un estilo, etcétera. Yo le formulo las siguientes preguntas. ¿No hemos estado haciendo excepciones a cada rato en materia de remuneraciones? ¿No van a obtener el 11 por ciento de reajuste los empleados públicos de Chile? ¿Y no van a recibir 14 por ciento las Fuerzas Armadas? ¿No habrá un 3 por ciento agregado para salud?

Le cobro la palabra al Senador señor Larraín : apliquemos el mismo criterio para todos. Conforme. Espero la respuesta.

Después, el Senador señor Piñera...

El señor LARRAÍN .-

¿Me permite una interrupción, Su Señoría?

El señor DÍAZ.-

Con todo agrado. Si me va a responder de inmediato y se compromete, estupendo.

El señor LARRAÍN .-

Lo que estamos echando de menos, Su Señoría, es una política global basada en criterios objetivos y comunes, en vez de la disgregación que se produce cuando se resuelve solo por porcentajes. Lamentablemente, hasta la fecha, el Gobierno no la ha aplicado.

Yo, feliz, me sumo a todo esfuerzo que se realice a fin de que en el país se imponga una política de remuneraciones adecuada para los empleados públicos, uniforme, que se aplique en cada sector como corresponde.

A eso me he referido. Infortunadamente, la inquietud de Su Señoría no dice relación a lo que he planteado.

El señor DÍAZ .-

Afirmé que en materia de remuneraciones hay discriminación entre los empleados públicos que usan uniforme y aquellos que no lo usan. Nada más. Todos tienen la misma condición.

La señora FELIÚ .-

Los sueldos de las Fuerzas Armadas están más bajos, señor Senador .

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Evitemos las interrupciones. Está con la palabra el Honorable señor Díaz .

El señor LARRAÍN .-

Están discriminados, Su Señoría, porque sus remuneraciones son inferiores a las del resto.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Evitemos los diálogos. La Mesa no ha autorizado interrupciones.

El señor DÍAZ .-

Lo único que digo es que se están haciendo discriminaciones. Y el señor Senador me da toda la razón. Porque si se les está pagando más, es porque en algún momento se les pagó menos. Entonces, hay que otorgar reajustes apropiados y justos.

Ahora, aquí se han referido incluso a Santo Tomás . ¡Estamos muy bíblicos...! El Senador señor Piñera expresó que tenía que ver para creer. Pero, entre Santo Tomás y Cristo, me quedo con Cristo, quien llamó bienaventurados a los que creyeron sin haber visto. Y entre el Senador señor Piñera y el señor Ministro , me quedo con este último.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , si hubiéramos centrado el debate en el articulado, este proyecto pudo haber tenido un tratamiento propio de Fácil Despacho. Sin embargo, parece haberse hecho costumbre en el Senado, cuando se discute un asunto de salud, desarrollar toda una discusión sobre las políticas del sector y sus resultados.

Lo reconoce el Honorable señor Larraín , quien admitió hidalgamente que no había estudiado bien la iniciativa. Y creo que es así. En lo referente a la norma sobre tributación, invito a Su Señoría a leer el artículo 6º, que dice textualmente: "Las asignaciones establecidas en los artículos 1º y 2º y el bono compensatorio consagrado en el artículo 3º de esta ley serán tributables.".

La señora FELIÚ.-

Eso aparece en el informe de la Comisión de Hacienda.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Por supuesto. Pero ese informe ha estado en el escritorio de cada Senador. Bastaba con leer los seis artículos (son dos páginas y media) para darse cuenta de que la observación que comentamos no tenía fundamento.

La señora FELIÚ .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

No tengo inconveniente.

La señora FELIÚ .-

Señor Presidente , quiero hacer notar que la Comisión de Hacienda introdujo una norma que no está en el proyecto de la de Salud. De ahí vienen las observaciones. El informe que se distribuyó primero fue el de la Comisión de Salud.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Pero en seguida se entregó el de Hacienda, que también debió leerse.

La señora FELIÚ .-

No cabe duda. Pero se repartió después.

El señor DÍEZ.-

Primero está el informe de la Comisión especializada, y después, las proposiciones de la de Hacienda.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Eviten los diálogos, señores Senadores.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

No, señor Senador. Lo primero que corresponde hacer para poder discutir sobre un proyecto es leer la totalidad de los informes y la normativa sugerida. Y el texto que se votará será el despachado por la Comisión de Hacienda, que analizó la iniciativa en último término.

En este caso, Su Señoría tiene que leer los dos textos; no uno.

¿Estamos de acuerdo?

El citado artículo 6º es clarísimo. No admite discusión sobre si las asignaciones y el bono compensatorio son tributables o no. Y cuando despachemos el proyecto vamos a aprobar o rechazar el artículo 6º propuesto por la Comisión de Hacienda.

Ahora, se ha hecho toda una discusión sobre el contenido de la iniciativa, extrapolada a las remuneraciones del sector público.

Se aclaró que este proyecto está ligado a otro que se encuentra en la Cámara de Diputados y que se trata de una solución parcial. Y así lo ha reconocido el Ejecutivo .

Mediante él se otorga una asignación general de 5 por ciento; se establece una asignación especial de 3 por ciento para las labores desarrolladas en horarios prioritarios, y se dispone el pago de un bono compensatorio de 55 por ciento sobre determinado tipo de remuneración. Todo eso, como una manera de mejorar las remuneraciones de un sector de la Administración Pública, cual es el de los funcionarios regidos por la ley 15.076. Este proyecto no tiene otro objeto.

Se señala que todo el tiempo se están presentando proyectos con finalidades similares o que establecen un reajuste general de remuneraciones -el último otorgó un 11 por ciento-, y que no se formula un mecanismo nuevo e integral para reajustar las remuneraciones del sector público. Lo que pasa es que las leyes de reajuste son, precisamente, para recuperar el poder adquisitivo de los funcionarios, y de ahí que deba tratarse de normas parejas, como las que hemos incluido en leyes hoy vigentes.

Ahora bien, ¿qué ha pasado con el sector público? El actual Gobierno, igual que el anterior, reconociendo hidalgamente el deterioro de las remuneraciones de todos los empleados que pertenecen a aquél, sin excepción (superior en algún momento al 40 por ciento en términos reales, ya sea por ausencia de reajustes o por reajustes inferiores a la inflación acumulada), ha venido remitiendo, cada cierto tiempo, proyectos para modificar las plantas de los diferentes servicios. Y eso aquí se ha criticado. Pero ocurre que tales proyectos no han tenido otro objeto que solucionar el problema puntual de Impuestos Internos, de Aduanas, del Ministerio de Agricultura o de otro organismo estatal.

Pronto discutiremos un proyecto que reajusta en forma pareja las remuneraciones de los integrantes de las Fuerzas Armadas, con el fin de recuperar el poder adquisitivo que, tal como se ha dicho y comprobadamente se ha demostrado, ellos han perdido. Yo voy a defender ese proyecto, por las mismas razones por las que estoy defendiendo éste. Pero espero que las bancadas que hoy están criticando la iniciativa en debate sean consecuentes con los argumentos que hoy están planteando y critiquen también aquella que reajusta las remuneraciones de las Fuerzas Armadas. Creo que van a estar cometiendo un error de concepto, porque en ese momento, lo mismo que ahora, no vamos a estar haciendo otra cosa que recuperar el poder adquisitivo de los sueldos de un determinado sector de funcionarios estatales.

Sin embargo, encuentro perfectamente legítimo que se reclame una modificación al sistema de remuneraciones de la Administración Pública, porque éste, sostenido en la Escala Única aprobada hace algún tiempo, no es el más conveniente para la gestión del Estado. Cuando tratemos esa modificación, si en definitiva no se llega a un sistema verdaderamente eficiente, que cambie el criterio de remuneración por antigüedad, que considere la remuneración por productividad, que establezca la promoción por mérito, etcétera, ahí voy a estar totalmente de acuerdo con las críticas.

Pero ése no es el tema que estamos discutiendo en esta oportunidad. El proyecto en debate, como todos los que han otorgado reajustes generales de remuneraciones a la Administración Pública, o reajustes especiales para un determinado sector de la misma, no hace otra cosa que reconocer la situación que está ocurriendo en un área específica. Por lo tanto, no podemos exigirle un objetivo distinto de aquel para el cual está concebido.

Señor Presidente , pienso que esta discusión, prolongada más allá de lo necesario, se ha desviado de su curso. Aquí, lo importante es que nos pronunciemos sobre si estamos de acuerdo o no -sea poco o mucho- en otorgar a los funcionarios regidos por la ley 15.076 una bonificación equivalente al 5 por ciento de sus remuneraciones, por parejo; una asignación de 3 por ciento por jornadas prioritarias, y un bono compensatorio. Este último ha sido puesto en duda, pero su otorgamiento ha sido considerado, no por el problema de una huelga, sino por una negociación. Así como el sector privado negocia sus remuneraciones, el sector público también puede hacerlo, aunque en forma distinta, por supuesto. En la negociación que hubo con el estamento médico, se determinó que el reajuste para él se iba a aplicar a contar de determinada fecha, y que si la ley no podía ser promulgada dentro de ese plazo, se entregaría una compensación por el tiempo transcurrido mediante la concesión de un bono compensatorio como el que plantea el proyecto.

Y lo anterior no es excepcional. ¿Cuántos proyectos ha despachado ya el Senado conteniendo ese tipo de compensaciones? ¿Cuántas veces hemos establecido en la propia ley el efecto retroactivo de un reajuste de remuneraciones? Incluso, en ciertas oportunidades ha sido necesario hacerlo porque se ha previsto el retraso en la aprobación de la iniciativa. Es más, puedo anticipar al Senado que, en el caso del proyecto relativo a las Fuerzas Armadas, se ha fijado -con razón- una fecha en la cual empezará a regir el reajuste, de tal manera que, aunque el Parlamento demore la aprobación de la ley, ésta entrará en vigor en la fecha que establece el mismo proyecto, que es el 1° de enero.

En consecuencia, lo que consagra en ese aspecto la iniciativa en debate tampoco constituye una excepción, sino que es algo perfectamente explicable y razonable, que tiene como antecedente una negociación realizada entre el Ministerio de Salud y los funcionarios regidos por la ley 15.076.

He dicho.

El señor OTERO.-

Muchas gracias, señor Presidente, pienso que la Mesa está aplicando correctamente el Reglamento.

En primer lugar, debo hacer presente que siento gran aprecio y afecto por el señor Ministro de Salud , a quien conozco desde hace muchos años.

Ahora, en cuanto al debate suscitado aquí en el Senado, ha quedado en claro -incluso fue reconocido expresamente por el Honorable señor Ruiz-Esquide- que estamos frente a un problema bastante serio: el relativo a la atención de la salud en Chile.

Un señor Senador nos ha dicho que sólo debemos limitarnos al proyecto en debate. Pero sucede que los Senadores de Oposición no tenemos ninguna posibilidad de hablar delante del señor Ministro de Salud acerca de las dificultades que enfrenta el sistema de salud, sino cuando se plantea este tipo de iniciativas en la Sala de la Corporación.

Por otro lado, carecemos de iniciativa en la materia para resolver estos asuntos, por lo que, si atendiéramos la sugerencia de un distinguido señor Senador de las bancadas de Gobierno, no podríamos hablar jamás sobre el problema global de la salud en Chile, porque no hay oportunidad para ello.

Hace poco tiempo, solicité que el Senado realizara una sesión especial para referirnos a la reestructuración de la Administración Pública; en especial, para abordar lo relativo a las remuneraciones. Porque la adecuación de la misma va aparejada con lo que deben ser los emolumentos que percibe dicho sector. Sin embargo, el Senado no resolvió nada sobre esa petición. Por lo tanto, cada vez que deba tratarse un tema relacionado con remuneraciones deberemos insistir majaderamente en lo señalado, porque no disponemos de otro camino para hacer valer nuestra opinión.

También deseo dejar expresa constancia de que las palabras del Honorable señor Piñera interpretan fielmente el pensamiento de los Senadores de Renovación Nacional, en lo que respecta al macroproblema.

Aprovechando la presencia del señor Ministro, debo señalar que aquí hay dos temas que deben ser enfocados de manera distinta.

El señor Secretario de Estado nos ha manifestado que esta normativa se aplica sólo al personal que consigna el texto. Sin embargo, olvida que, cuando se trató la municipalización de la salud, fue el Gobierno el que estableció remuneraciones bases -pisos-, y fue él el que quitó libertad a los municipios para contratar, poniéndolos en la peor situación. Es decir, fijó el piso, los obliga, y hoy, esas personas, que se rigen por las mismas normas de la ley Nº l5.076, no tienen derecho al reajuste ni al bono. ¿Qué va a significar esto? Que ese personal los va a demandar y los va a exigir.

El señor MASSAD ( Ministro de Salud ).-

¿Me perdona una interrupción, señor Senador ?

El señor OTERO.-

Con la venia de la Mesa, se la concedo con mucho gusto.

El señor MASSAD ( Ministro de Salud ).-

Sólo para aclarar que dicho personal no se rige por la ley Nº 15.076, sino por el Estatuto de Atención Primaria.

El señor OTERO.-

Concuerdo con el señor Ministro en ese sentido. Pero, en todo caso, las remuneraciones son paralelas.

Sin embargo, ¿qué ocurre? Sucede lo mismo que con el Hospital Clínico de la Universidad de Chile José Joaquín Aguirre y con el Hospital de San Bernardo. El señor Ministro dice que no desean intervenir. Pero resulta que estos establecimientos otorgan las mismas prestaciones y poseen iguales sistemas remuneratorios. ¿Y qué ocurrió? Algo que ya ha pasado con anterioridad. A pesar de lo manifestado por el señor Ministro , durante el Régimen del Presidente Aylwin se tocó el mismo tema, y el Gobierno reajustó los convenios con dichos hospitales.

Entiendo que el señor Ministro diga que no va a otorgar el bono a los profesionales de esos establecimientos. Pero lo lógico es que los convenios, que están basados en las remuneraciones actuales, se reajusten en la proporción en que incide este aumento, el que necesariamente deberán conceder esos servicios hospitalarios de salud.

¿O piensa el señor Ministro que los médicos del Hospital José Joaquín Aguirre o del de San Bernardo van a quedar indiferentes frente a esta alza que los deja en situación desmejorada, cuando están prestando la misma atención de salud? Obviamente, la van a exigir. ¿Con qué razón ambos hospitales se la van a negar, si es exactamente la misma situación? Entonces, ¿qué va a decir el Ministerio? "Señor, yo le pago las prestaciones de salud por este convenio". Pero sucede que éste se firmó sobre la base de remuneraciones fijadas con anterioridad. Por lo tanto, lo lógico y adecuado es que el Ministro reconsidere los convenios suscritos con los dos hospitales para los efectos de mejorar el costo de las prestaciones que se van a pagar, porque de lo contrario éstos se van a encontrar en situación muy desmedrada. Por lo demás, ésa es la información que me han proporcionado los directores de ambos hospitales.

Ahora, entrando al tema de fondo -el de la salud-, es preciso reconocer que se han invertido mucho más recursos en salud. Nadie puede negar que se ha destinado mayor parte del Presupuesto de la Nación a la salud.

La pregunta que cabe formularse es si esa inversión ha dado el resultado esperado. Creo que si uno concurre a los consultorios y a los hospitales y les pregunta a los usuarios, con mucha franqueza van a contestar al señor Ministro que no ha dado el fruto que ellos esperaban. Porque, aun cuando se ha invertido gran cantidad de fondos, no se ha obtenido el resultado deseado de esa inversión. ¿Por qué razón? Porque es necesario efectuar una reforma profunda, estructural, de todo el sistema de salud.

Cuando hablamos de decisiones, es necesario descentralizar, desconcentrar y llevar el centro de la decisión lo más cerca posible de los usuarios.

En muchas oportunidades, en visitas a consultorios y hospitales, me ha tocado ver cosas que no se pueden resolver. ¿Por qué? Por la burocracia y porque el poder de decisión no está en los propios establecimientos de salud.

Sin lugar a dudas, éste es un tema importante. ¿Es necesario que todos los hospitales posean las mismas plantas? ¿Acaso se da igual atención de salud, cuando en una parte se debe pagar lo mismo que se paga en Santiago? ¿Hay médicos especialistas que vayan a prestar atención en sectores rurales, cuando quedándose en la Capital perciben lo mismo? Obviamente que no.

¿Qué significa lo anterior? Que es menester diferenciar, flexibilizar y cambiar las estructuras de salud, si efectivamente deseamos que los usuarios reciban una debida atención.

Por eso, quiero llamar la atención en el sentido de que no enfoquemos el problema de la salud en función de este reajuste, ni sólo del proyecto de ley a que se ha referido el señor Ministro .

Desearía que el Senado de la República -en ello coincido con el Honorable señor Ruiz-Esquide - invitara al señor Ministro a fin de que en una extensa sesión analicemos, con criterio de Estado -no desde el punto de vista político-contingente-, las verdaderas soluciones para el problema de la salud.

Muchos de nosotros sabemos que las posiciones del señor Secretario de Estado sobre la materia son profundamente combatidas, no por la Oposición, sino muchas veces por sectores de la Concertación, porque se mira la salud como un elemento político, y no como un asunto de Estado ya que va en beneficio de todos los ciudadanos, cualquiera que sea el color político.

No podemos tratar lo relativo a la salud con un criterio político-contingente, ni mirar las próximas elecciones sobre la base de que vamos a ganar o perder una votación. Debemos enfocarla con el criterio objetivo que requiere la solución de un problema de Estado.

Por eso, concluyo mi intervención haciéndome eco de lo expresado por el Senador señor Ruiz-Esquide , y aprovechando la presencia en la Sala del señor Ministro de Salud : reitero que es imprescindible efectuar un debate sobre el tema de la salud como materia de Estado, a fin de que tengamos la posibilidad de exponer nuestras distintas posiciones. A lo mejor, van a resultar encontradas, pero del debate puede salir la luz, o una decisión del Senado que, por sobre la política contingente, tenga en cuenta las proyecciones de futuro que el país reclama.

Muchas gracias.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , sin duda, todos los Senadores deseamos que una decisión como ésta se enmarque dentro de una reforma de Estado y de un sistema remuneratorio más amplio. Quiero aprovechar, entonces, para comprometer la presencia del señor Ministro en una sesión especial del Senado donde analicemos la salud y la reforma del sector salud.

En segundo lugar, al escuchar los argumentos de señores Senadores de Oposición, sorprende -por lo menos, desde mi perspectiva- la falta de coherencia en sus raciocinios, en cuanto al salto que dan. Porque reconocen una situación de debilidad tremenda de los sueldos, heredada de l990, y que el sistema municipalizado es causa, en parte importante, de la fragilidad orgánica de la atención primaria. Sin embargo, dan un salto en cuanto a no reconocer esa situación y a proponer ahora una reforma completa y cabal del sistema de salud, y a la exigencia de una visión general y de una organización de todo, de una sola vez.

Considero correcto el propósito, y debemos apuntar en esa dirección. Pero hacer en cada ocasión una crítica general al sistema, sin entender cómo se originó esta situación, constituye, a mi juicio, una falta de coherencia, que impide llevar a cabo un análisis serio de la materia.

Se ha planteado -y la duda subsiste- si acaso es mejor el sistema primario municipalizado, o si, por haber comprobado que éste no funciona, deberemos recurrir a otro. ¿Cómo aumentamos los sueldos y perfeccionamos la continuidad entre la atención primaria y el resto del sistema de salud? En definitiva, ¿cómo abordar la reforma del sector?

Personalmente -es también la opinión de los Senadores del Partido por la Democracia-, pienso que ha llegado el tiempo de una reforma sustantiva del sistema de salud. Pero abordémosla desde esa perspectiva, y veamos que todo lo realizado en estos cuatro o cinco años, en los cuales hemos mejorado lo que hay, dentro de la estructura existente, no ha sido suficiente para superar los problemas de salud del país.

Ésa es la perspectiva, y nuestra actuación debe ajustarse a ella, dando estos pequeños pasos, pero conscientes de que ellos no funcionan. No es posible limitarse a formular una crítica total, sin reconocer tanto el diagnóstico y la estructura que hemos heredado como la debilidad de los cambios que se ha pretendido efectuar para alterar esta situación. No podremos arribar a una buena solución, si no contamos con un acertado diagnóstico.

En consecuencia, votaré a favor del proyecto considerando que constituye un paso adelante, que será complementado y perfeccionado por la iniciativa que se encuentra en la Cámara de Diputados. Sin embargo, recojo la idea de realizar aquí un debate más serio respecto de una real reforma del sistema de salud, que en su estado actual no está a la altura de las exigencias del año 2000 ni a la de las del siglo XXI, y no nos permitirá resolver los problema de salud; por lo contrario, ellos aumentarán. La distancia entre el sistema público y el privado, en lugar de disminuir, se hace cada día mayor, con la consiguiente debilidad del sistema en general.

He dicho.

El señor CALDERÓN .-

Señor Presidente , como se ha señalado, es necesario un gran debate sobre todo el sistema de salud. Como lo han hecho presente algunos señores Senadores, si el señor Ministro hubiera intervenido antes en la discusión, probablemente se habrían evitado algunas observaciones, porque sus palabras contribuyeron a centrar el debate en el punto que constituye el objetivo del proyecto.

A mi juicio -como también se ha precisado-, la iniciativa tiene carácter parcial, forma parte de una reforma más general y la estimo positiva porque los beneficios que otorga harán posible retener en sus puestos a muchos funcionarios de los servicios de salud cuyas remuneraciones son insuficientes. De esa manera estaremos contribuyendo al fortalecimiento de los servicios públicos de salud.

Por eso, voto a favor del proyecto.

La señora CARRERA.-

Señor Presidente , pienso que este debate se debe a la existencia de graves problemas heredados del pasado, y a la desintegración del sector pues el Servicio Nacional de Salud fue dividido en diversas dependencias. Asimismo, ya no se puede hablar ni siquiera de un Estatuto Médico Funcionario, porque cada una de aquéllas posee un sistema propio de remuneraciones y de calificación de las labores de su personal.

Con suma satisfacción voto a favor del proyecto porque aumenta las remuneraciones de los profesionales del sector, y en el entendido de que complementa un proyecto mayor, como nos ha explicado el señor Ministro, que forma parte de una gran reforma del sistema de salud, muy necesaria en este país.

Sabemos perfectamente que hay descontento de parte de los usuarios, ya sea de los establecimientos públicos de salud, que cuentan con un presupuesto muy reducido en comparación con el de los del régimen privado, como de los afiliados a éste. Por eso, ha llegado el momento de efectuar un análisis y evaluación de los diferentes sistemas -municipalizados, de los servicios hospitalarios y áreas de salud, e ISAPRES-, que tienen como común denominador el descontento de sus usuarios. Creo que el país debe tomar nota de esta situación y realizar una discusión enriquecedora, teniendo a la vista los informes estadísticos pertinentes, y con la participación de los expertos en salud de todos los colores políticos y de las instituciones que se preocupan del tema en Chile.

He dicho.

El señor COOPER.-

Señor Presidente , el debate ha sido muy completo. Y quiero señalar que la afirmación del señor Ministro de que estas medidas forman parte de una política de Estado, y su compromiso de realizar un debate de fondo acerca de lo que debe ser realmente una política de salud, me inclinan a votar favorablemente. Porque, de otra manera, estaríamos desorganizando la administración de la salud, agravando sus actuales problemas y creando situaciones que llevan a la gente a la huelga y a no prestar una atención eficiente a los usuarios, que debe ser uno de los objetivos de la salud y, a la vez, lograr la necesaria productividad en su gestión.

Como dije, voto favorablemente.

El señor DÍEZ.-

Señor Presidente, nadie puede estar en contra del aumento de remuneraciones a un sector que, como sabemos, ha tenido problemas.

Por otra parte, en el debate habido sobre la proposición del Ejecutivo -que siempre significa gastos- echamos de menos una preocupación por el aumento de la eficiencia, aunque reconozco las buenas intenciones del señor Ministro al respecto. Culpamos a muchas medidas adoptadas en el pasado del problema de la salud. Aquí hemos oído que se debe a que se ha municipalizado y dividido el sector, pero se olvida que la crisis era indiscutiblemente mucho mayor durante la vigencia del sistema centralizado del Servicio Nacional de Salud.

Por estas razones, me abstengo en esta votación, como símbolo de nuestro deseo -tengo la seguridad de que muchos Senadores de mi Partido piensan lo mismo- de participar en una reforma seria y profunda de un sistema que, evidentemente, está afectando cada vez con más frecuencia y gravedad a nuestra salud, ya que, siendo el sistema defectuoso en sí, este factor negativo se ve acentuado por los continuos paros de los servicios, que afectan en mayor grado a las personas de menores recursos.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , estimo imposible en este debate hacer observaciones con relación al sistema de salud, porque la verdad es que -aunque basados en diferentes criterios- todos tienen frente al proyecto una opinión favorable, porque realmente beneficia a un sector de la Administración del Estado que posee un mal sistema remuneratorio.

Aquí se pretende rescatar, volviendo los ojos al pasado, lo que fue el Servicio Nacional de Salud, y plantear que durante su vigencia la salud en Chile alcanzó su más alto nivel. Y en este sentido no puedo dejar de hacer presente que ello no se ajusta a la realidad. El informe de la Cámara de Diputados de 1972 precisa el estado ruinoso en que se encontraba la salud pública en Chile. Ese mismo documento deja constancia de que la dictación de la ley Nº 10.383, que creó el Servicio Nacional de Salud, correspondió a una iniciativa del Colegio Médico para remediar una situación caótica del sector, que en ese entonces estaba disperso en numerosísimos servicios públicos encargados de velar por la atención de salud. El remedio, según da cuenta el informe mencionado, no dio resultados positivos, y en 1973 se inició efectivamente una labor de recuperación del sector.

Se plantea ahora que el sistema público de salud cuenta con un presupuesto reducido, pero, en verdad, éste es cuantiosísimo. El problema es que presenta serias dificultades de gestión, parte de las cuales se pretende solucionar. Me parece que los remedios desde 1990 hasta la fecha no han sido adecuados. Por lo mismo, en definitiva, se sigue gastando mucho y se mejora poco.

En todo caso, en relación con el proyecto en debate y con el hecho de que carecemos de iniciativa para modificar los porcentajes, cabe mencionar que sólo una de sus normas apunta a la modernidad, la relativa a la asignación por horarios prioritarios. Pero ella es de un porcentaje bajísimo y no hay posibilidad de incrementarla.

Pero como la iniciativa apunta a aumentar los sueldos en sectores que tienen un mal sistema remuneratorio y bajos ingresos, voto a favor del proyecto, haciendo ver que no podía permanecer en silencio frente a afirmaciones que no se ajustan a la realidad.

La señora FREI (doña Carmen) .-

Señor Presidente , me pronunciaré favorablemente, porque me hacen mucho peso los argumentos dados por los Senadores señora Carrera y señores Ruiz-Esquide y Díaz -quienes saben sobre estos temas por ser médicos-, al igual que lo expresado por el señor Ministro de Salud .

Pienso que la gestión de éste último ha sido extremadamente exitosa. Y, aún más, me parece que a partir de 1990, la Concertación ha hecho enormes esfuerzos por mejorar el sistema en nuestro país, porque estaba realmente en pésimo estado. De ello están conscientes las personas que visitan los consultorios regionales y que conversan con la gente.

Acojo con mucho interés el planteamiento del doctor Senador señor Ruiz-Esquide , en cuanto a debatir en serio la situación que afecta a las personas que, al llegar a los consultorios, tienen problemas de atención y de falta de medicamentos.

En esta oportunidad, los trabajadores de los consultorios -que hacen un esfuerzo enorme y tienen gran abnegación- desean que su trabajo les sea bien remunerado, como corresponde a una sociedad justa, equilibrada y solidaria, de acuerdo al modelo que pretendemos construir y que en materia de salud iniciamos a partir de 1990.

Voto que sí.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente, deseo señalar tres cosas.

Primero, este proyecto es parte de otro que contiene materias de salud más de fondo y que abarca muchos de los problemas aquí planteados, iniciativa que, desde hace mucho tiempo, se halla en la Cámara de Diputados y de cuya aprobación todos somos responsables. El que nos ocupa constituye sólo un paliativo menor, que algunos califican de insuficiente por la ausencia de otros elementos. Sin embargo, los partidos políticos podían haber apurado aún más su tramitación en la otra rama legislativa.

Segundo, la Comisión de Hacienda estima que la incorporación del artículo 6º, nuevo, sólo hace explícito lo implícito. Es decir, cuando se señala para la historia de la ley que todas las remuneraciones son tributables, se quiere dejar explícitado algo obvio.

Y, tercero, estamos votando conforme lo propuesto por la Comisión de Hacienda.

Por lo tanto, voto a favor.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , la municipalización fue un paso fundamental para descentralizar y acercar las decisiones de la autoridad al usuario; de lo contrario, hoy día habría muchísimos más problemas.

Por otro lado, algunas municipalidades han creado consultorios con sistemas de salud primario y secundario; en fin, hay una serie de materias en el área de la salud que me gustaría discutir cuando llegue al Senado el proyecto que trata los temas de fondo. Sin embargo, no puedo aceptar que se sostenga que la municipalización fue un error , porque ella constituyó en realidad un paso en la dirección correcta y que se puede perfeccionar.

Voto que sí.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , un señor Senador planteó que los verdaderos empleadores eran en este caso los alcaldes y que el señor Ministro estaría haciendo sus buenos oficios. En verdad tal afirmación no es válida respecto de los profesionales de que trata el proyecto y en cambio sí lo es para los trabajadores municipalizados de la salud primaria.

En todo caso, dado que se ha responsabilizado a los alcaldes, sería bueno saber su opinión. En "La Segunda" de hoy día aparecen entrevistas a los dos más destacados del país, uno de ellos Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades . El de Las Condes, Joaquín Lavín , afirmó que "Hacía falta un golpe de autoridad. En realidad esto ya se está transformando en un espectáculo repetitivo. Van a ser 6 días de paro en menos de dos semanas. La señal que se está dando, donde las huelgas ilegales se toleran, es muy mala".

Por su parte, Jaime Ravinet -de otra tendencia política- expresó: "Hay un clima de permisividad.". "Creo que responde a una errada permisividad".

En muchos de estos conflictos viene primero la huelga y, después, el petitorio. Por lo tanto, es bueno escuchar la voz de los alcaldes que son los empleadores en el caso de los servicios de atención primaria de salud. En cuanto a los médicos de que trata el proyecto que nos ocupa, los empleadores son, sin duda, los servicios de salud.

En segundo término, debo decir que aquí se da un poco el mundo al revés. El camino más fácil, más simpático y más popular para la Oposición sería precisamente el contrario:: encabezar las marchas junto al doctor Maturana , pidiendo reajustes cinco o diez veces mayores a los ofrecidos por el Gobierno; o solidarizar con el doctor Vacarezza , o con cualquier otro paro del gremio de la salud. De esa manera, podría captar fácil apoyo y respaldo o votos de sectores populares. Sin embargo, espero que el señor Ministro tenga meridianamente clara una cosa: nuestra conducta en esta materia ha sido de extraordinaria responsabilidad y consecuencia.

Declaro lo anterior, porque un señor Senador, que en este momento no está presente en la Sala, observó que en nosotros habría una aparente contradicción o falta de consecuencia. Pero una cosa es estar a favor del mejoramiento de las remuneraciones -por eso aceptamos la reforma tributaria de 1990 y hemos aprobado los presupuestos de salud correspondientes- y otra muy distinta no tener una metodología, un sistema o un procedimiento.

Estoy perfectamente consciente -y ya vamos a estudiarlo a fondo en la Sala- de que el nuevo proyecto defendido por el señor Ministro tiene mecanismos de incentivos más eficientes. Por mi parte, he señalado que la iniciativa que estamos tratando propone uno que no es el mejor para ello. Es lógico que así sea, y no veo por qué deba defender al señor Ministro su colega y amigo. Él no siempre hace lo que desea. Ahora, si nos informa que está efectuando lo que realmente cree y quiere libremente, al margen de las presiones, entonces tendría con él un desacuerdo mucho más de fondo.

En la mayoría de estos casos se hacen transacciones. Y, en ese sentido, el Congreso puede ser un aliado del señor Massad , al reponer la recta doctrina de la filosofía laboral que debe primar en un Gobierno, más que ponerse siempre del lado del sector o gremio que está realizando el paro de turno.

Por lo tanto, apoyamos la gran tarea de modernizar la salud, cuya verdadera modificación, por lo demás -el señor Ministro también lo sabe-, nunca se va a hacer en medio de aplausos, champañazos, cocteles y abrazos. Habrá que "romper huevos", porque es necesario enfrentar viejos prejuicios o intereses de grupo, teniendo presente que son 8 millones los chilenos que se benefician del sector público de salud, o sufren sus carencias, y cuyos intereses deben estar siempre por encima de los gremios particulares relacionados con el sector.

Me abstengo.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , deseo fundamentar brevemente mi voto favorable a la iniciativa, no sin antes precisar algunos conceptos.

Primero, nadie quiere volver al pasado, a sistemas que presentaron determinados déficit y condiciones negativas. Hacer ciertas imputaciones es no conocer lo que está sucediendo en el mundo. ¿Alguien puede pensar que se quiere volver a la forma de tratar los problemas de la salud en Chile en aquel entonces? No, porque los tiempos han cambiado. Cuando se formula tal observación, sería conveniente conocer los informes de la Organización Mundial de la Salud y los planteamientos de instituciones como la Oficina Panamericana de la Salud (OPS). La experiencia mundial, a la luz de los procesos de eventuales modernizaciones que se han hecho símiles de privatizaciones -ése ha sido, en cierto modo, el camino seguido por la salud chilena en los últimos 10 ó 12 años-, indica que ese modelo no funciona en ningún país, aunque sea el más rico del mundo. Estados Unidos de Norteamérica gasta 2 mil dólares per cápita en su sistema de salud privada, y resulta que 37 millones de norteamericanos no reciben atención adecuada. Eso en primer término.

Segundo, es verdad que en Chile se ha gastado mucho dinero, lo cual han reconocido las autoridades de Salud. Ello es bueno, porque hasta hace un tiempo no se admitía la existencia de un mayor desembolso. No obstante, ahora se afirma que la gestión es inadecuada y que los resultados no son aceptables.

Al respecto, deseo formular algunas observaciones. La primera es que para saber cuál ha sido el resultado del gasto en salud a partir del año 1990, debe conocerse exactamente el déficit que presentaba el sector hasta ese momento. Al respecto, tenemos una opinión diferente. A nuestro juicio, él era tan dramático que, a pesar de los recursos que se le han inyectado por la vía presupuestaria, aún es imposible lograr una adecuada gestión.

Segundo, por mucho que se haya gastado más en el área, no hay forma -ni siquiera con la mejor administración- de dar adecuada atención primaria con 7 dólares per cápita, y prestaciones como las que el sector público otorga con 120 ó 130 dólares por beneficiario.

Tercero, que al hacer un examen del problema de la salud en una próxima sesión -por de pronto, sería conveniente adoptar un acuerdo en tal sentido-, se dé a conocer el resultado biomédico de la atención privada y pública en Chile y la situación que afecta a la gestión del sector estatal con los medios de que dispone. En ese sentido, nuestra respuesta es satisfactoria, a pesar de las carencias existentes. Por eso, debemos aceptar lo que está sucediendo.

Finalmente, considero que se ha avanzado en el tratamiento del personal de la salud, porque se requería hacerlo. Su situación era de tal manera deficitaria, que aun con el 33 ó 35 por ciento de aumento real de los sueldos y salarios, sigue siendo inadecuada. Esa es la razón de ser de este tipo de iniciativas que se tramitan en el Parlamento.

Voto que sí.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente , hace algún tiempo fuimos testigos de discusiones entre el Ministro de Salud y distintos personeros del área respecto de la eficiencia y productividad del sistema en relación con las inversiones en el sector. Y verdaderamente en esa época creo que la mayoría de los chilenos estábamos con el titular de la Cartera, porque sabíamos lo difícil que era afrontar el problema en Chile.

Lo que se plantea en el proyecto en análisis es sólo un mejoramiento de las remuneraciones, pero no de las prestaciones, que efectivamente es lo que está en estudio. Y estoy convencido de que el señor Ministro , pese a no ser médico, entiende el problema, y no me cabe ninguna duda de que lo va a enfrentar con éxito.

Estoy pareado con el Senador señor Andrés Zaldívar ; pero si el Comité Demócrata Cristiano me dispensa del compromiso, votaré a favor.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , daré mi respaldo al proyecto, sustancialmente por las razones expuestas por el señor Ministro , a quien conozco personalmente y sé de su patriotismo y del enorme esfuerzo que realiza en la Cartera a su cargo.

Por otra parte, entiendo que estamos pronunciándonos respecto del texto propuesto por la Comisión de Hacienda, que se encuentra en el último informe emitido.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Así es, señor Senador.

El señor THAYER .-

Ateniéndome a ello, deseo insistir en lo que ya manifesté privadamente al señor Ministro , y antes, en la respuesta a una consulta formulada: que en los proyectos se sigue repitiendo una frase que carece de sentido. En el artículo 1º, se dice que la asignación mensual será "imponible sólo para efectos de cotizaciones de salud y de pensiones". Ante una consulta que hice, se informó que dicha frase, que se viene repitiendo en otras iniciativas, tal vez tuvo razón de ser antes de la reforma previsional, pero en la actualidad induce a confusión.

Hasta donde puedo conocer las cosas improvisadamente desde aquí -el tema, en general, lo domino-, el decreto ley Nº 3.501, que fijó el sistema de imposiciones, a raíz de la reforma previsional, para aquellas entidades que se mantuvieron dentro del régimen del Instituto de Normalización Previsional, incluye en una sola imposición asignaciones referentes a salud y a otros menesteres, como pueden ser años de servicios, desahucios u otros beneficios.

La especificación que se hace en el proyecto en estudio puede conducir a dificultades de interpretación.

Como aún resta tiempo para esclarecerlo, hago esta salvedad a fin de que se estudie por los organismos técnicos respectivos. Y, de ser correcta la frase, que se mantenga; pero si es incorrecta, como pienso que lo es, que se corrija.

En todo caso, voto favorablemente.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , el debate ha sido demasiado largo como para referirse latamente a la materia, por lo que sólo señalaré tres o cuatro conceptos muy generales.

En primer lugar, estamos ante un problema extraordinariamente complejo -el de la salud-, el cual no está satisfecho en debida forma en ningún país del mundo, criterio que siempre debiéramos tener presente cuando conversamos a su respecto.

En segundo término, noto ciertos signos de contradicción. Conozco la capacidad del señor Ministro , quien, a través de sus expresiones públicas, ha dicho que su propósito es efectuar correcciones tendientes a facilitar un mejor servicio, premiando fundamentalmente la eficiencia y teniendo presente que lo más importante es el verdadero rendimiento en salud, más que el gasto en sí.

Sin embargo, la iniciativa en análisis específica y aisladamente considerada se aleja de ese propósito o no lo conduce en debida forma, dado que el aumento que podría estimarse adecuado es el más pequeño, y lo otro es simplemente una especie de beneficio compensatorio, equivalente a un bono de término de conflicto.

Pero, repitiendo lo manifestado por otros señores Senadores, quiero formular una observación. Porque en esta Sala, curiosamente, se hizo el siguiente cargo: se sostuvo que durante el Gobierno militar se habría destruido el sistema de salud; que se creó un régimen municipalizado que, en sí, sería malo, y, además, que se redujeron sustancialmente los recursos.

Ya se ha expresado cómo el sistema municipalizado, en su gran objetivo, tiende a acercar la salud a la gente y a facilitar las prestaciones de manera tal que el usuario tenga cerca a la autoridad ante la cual deba reclamar.

Sin embargo, hay algo más. Cuando uno escucha aquello, debería suponer que entre 1973 y 1990 se produjo en Chile un deterioro fabuloso de la salud. Pero sucede que, en vez de eso, tuvimos un mejoramiento espectacular. La reducción de la mortalidad infantil a la cuarta parte de la existente; el aumento de cuatro a cinco años en las posibilidades de vida de las personas, y una serie de otros avances resultan incompatibles con esas afirmaciones tan rotundas.

No es que yo -como se acostumbra acá- pretenda defender o connotar lo que se hizo antes y, simultáneamente, atacar lo realizado después. Afortunadamente, hemos avanzado algo más en este sentido, y seguiremos progresando. En eso estamos todos empeñados.

Con esas salvedades; haciendo presente que lo ideal habría sido conocer el proyecto general amplio y no éste parcial, y considerando que el propósito de todos es obtener un mejoramiento real de la salud, más que preocuparnos del mayor gasto, voto a favor de la iniciativa, tanto porque creo en los objetivos del señor Ministro cuanto porque, por otra parte, pienso que se justifican los aumentos de remuneraciones a los profesionales a los que ella concierne.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , en primer lugar, es preciso reconocer que en 1989 hubo un déficit en salud. Y me parece que ese punto no debería ser discutido.

En segundo término, cabe recordar que se aumentaron los impuestos luego de esa fecha precisamente para, con los recursos pertinentes, suplir el mencionado déficit.

También es incuestionable que la asignación de tales fondos no ha sido la más adecuada. Y lo prueban los magros resultados.

Por lo tanto, el debate recién se inicia. Se trata de modernizar el Estado para posibilitar el cumplimiento de su labor básica: velar por la igualdad de oportunidades, que debe fundarse en la educación y la salud gratis para quienes no tengan con qué pagarlas.

Para lograr ese ambicioso anhelo de igualdad de oportunidades -no aquella que persiguieron los marxistas con el objeto de asimilar a todos en una triste y gris mediocridad-, hay que ser eficiente. Eso es lo que falta: buscar la eficiencia.

Para incentivar la productividad -lo que no puede perseguirse en todos los campos de la salud, en mi opinión, pues la eficiencia se prueba con la eficacia, sanando enfermos y no sólo atendiéndolos-, debe comenzarse por otorgar una debida remuneración a los médicos y al restante personal que trabaja en los servicios respectivos.

Por lo tanto, si bien es cierto que el camino ha sido dificultoso y que se está avanzando, si tenemos claro cuáles son los propósitos que se buscan, debemos apoyar la iniciativa, por cuanto se trata de respaldar el esfuerzo que entendemos están haciendo el señor Ministro y el Gobierno para alcanzarlos.

Por eso, voto que sí.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto, y, por no haberse formulado indicaciones, queda aprobado también en particular, de acuerdo con el artículo 120 del Reglamento (29 votos por la afirmativa, 2 abstenciones y 3 pareos).

Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Calderón, Cantuarias, Carrera, Cooper, Díaz, Errázuriz, Feliú, Fernández, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Hormazábal, Horvath, Huerta, Lagos, Lavandero, Letelier, Martin, Matta, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Otero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Siebert, Thayer y Urenda.

Se abstuvieron de votar los señores Díez y Piñera.

No votaron, por estar pareados, los señores Alessandri, Larre y Romero.