Labor Parlamentaria

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde continuar la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación para el año 1996, en segundo trámite constitucional y con informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 16a, en 22 de noviembre de 1995.

Informe de Comisión:

Especial Mixta de Presupuestos, sesión 17a, en 22 de noviembre de 1995.

Discusión:

Sesión 17a, en 22 de noviembre de 1995 (queda pendiente la discusión).

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

He consultado a los Comités y, al parecer, existe disposición favorable para interrumpir por un momento la discusión de las partidas, a fin de tratar y votar el artículo 3° del proyecto, en atención a que es el único que requiere quórum especial, para tener la seguridad de contar con el número suficiente de Senadores.

Hay otra indicación respecto del artículo 3°, suscrita por los Senadores señores Piñera y Larraín, para sustituir dicho precepto por el siguiente: "Artículo 3°.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año a contar de la vigencia de esta ley, y mediante uno o más decretos con fuerza de ley, autorice la contratación de uno o más empréstitos en el exterior hasta por la cantidad de US$ 1.000.000 miles o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.

"Los decretos con fuerza de ley dictados en virtud de la facultad concedida en el inciso anterior, deberán identificar los proyectos específicos que se pretenden financiar con cada empréstito y las fuentes de recursos con cargo a las cuales se hará el servicio de la deuda. El vencimiento de las obligaciones que se contraigan, no podrá exceder al 10 de marzo del año 2000.

"Para los fines de este artículo podrán emitirse y colocarse bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República .

"La parte de las obligaciones contraídas en virtud de las autorizaciones que se otorguen conforme al inciso primero, que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario de 1996, no será considerada en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en los incisos anteriores.".

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor PIÑERA.-

El número 7) del artículo 60 de la Constitución, al referirse a las materias de ley -y ésta es una de ellas-, señala textualmente: "Las que autoricen al Estado, a sus organismos y a las municipalidades, para contratar empréstitos," -a esto apunta el artículo 3° de la Ley de Presupuestos- "los que deberán estar destinados a financiar proyectos específicos. La ley deberá indicar las fuentes de recursos con cargo a los cuales deba hacerse el servicio de la deuda. Sin embargo, se requerirá de una ley de quórum calificado para autorizar la contratación de aquellos empréstitos cuyo vencimiento exceda del término de duración del respectivo período presidencial.".

En consecuencia, nuestra indicación da pleno cumplimiento a esa disposición constitucional. Y si la Mesa la considera inadmisible, habría que analizar si la presentada por el Ejecutivo , que agrega un inciso cuarto al artículo 3° del proyecto de Ley de Presupuestos, se aviene o se contradice con el número 7) del artículo 60 de la Carta Fundamental.

Por lo tanto, solicito que, antes de declarar inadmisible nuestra indicación -lo cual implicaría que esta ley quede sin artículo 3°- se considere la posibilidad de que el Ejecutivo pueda otorgarle patrocinio, pues sólo pretende dar pleno cumplimiento a la Constitución, de manera que no haya dudas sobre esta materia. Porque, a nuestro juicio, el artículo 3°, en los términos en que se encuentra concebido, no resulta armónico con la Carta Fundamental.

Por último, también sería conveniente estudiar la indicación del Ejecutivo, la cual desconozco.

El señor HORMAZÁBAL.-

Uno de los grandes problemas que se presenta acá es que, no obstante los conocimientos específicos de algunos señores Senadores, ellos no tienen especialidad en todas las materias.

Es correcta la afirmación del Honorable señor Piñera cuando alude al artículo 60 de la Constitución y también al número 7). Pero ocurre que las ciencias del Derecho establecen que las normas legales no pueden interpretarse en forma aislada, pues forman parte de un sistema. En tal virtud, aclaro que la Carta Fundamental contiene una disposición que está en armonía con el N° 3 del artículo 62, que el señor Senador no leyó. Dice esta última disposición que ciertas leyes son de iniciativa exclusiva del Primer Mandatario. Cito: "Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para: 3°. Contratar empréstitos o celebrar cualquiera otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado,". Teniendo en consideración lo anterior, pienso que el Honorable colega debería entender que ha incurrido en un error.

Según se ha dicho, el Gobierno ha llegado a un acuerdo con la Oposición -supongo que el señor Senador también la representa- para que el artículo 3° pueda ser aprobado con el quórum pertinente. Siendo así, ¿por qué no acogemos la proposición del Gobierno, que corresponde a un acuerdo político? Personalmente estoy dispuesto a respaldar el compromiso adquirido en la Cámara de Diputados, pero no acepto la amenaza de que, a lo mejor, la ley quedará sin artículo 3°.

Si con ello se facilitan las cosas, sería estupendo seguir esa línea.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PIÑERA.-

No cabe la menor duda de que quien tiene la facultad para contratar empréstitos es el Presidente de la República . Sin embargo, cuando solicita dicha atribución al Senado -ello debe ser materia de ley, como lo dispone el artículo 60, número 7), de la Constitución-, es necesario que en la iniciativa correspondiente se establezca con claridad la fuente de los recursos para pagar los empréstitos y la fecha de vencimiento máximo de los mismos.

En consecuencia, la indicación formulada por el Ejecutivo respecto de esta materia debe ser consistente con el número 7) del artículo 60 de la Carta Fundamental. Sería muy apropiado conocerla por escrito, para ver si es o no es constitucional.

La señora FELIÚ.-

Gracias, señor Senador, pero la verdad es que quiero hacer una larga intervención sobre el tema.

De acuerdo con la Constitución Política, autorizar al Estado para endeudarse o contratar empréstitos es materia propia de ley. En este caso, la autorización está dada en el artículo 3°, propuesto por el Ejecutivo , quien ejerce así la iniciativa exclusiva a que se refiere el artículo 62 de la Carta. Pero dicha autorización está dada de manera equívoca, porque aquel artículo habla de decretos, en circunstancias de que debe referirse a decretos con fuerza de ley, pues la materia es propia de ley. La Carta Fundamental exige que cada empréstito esté autorizado. El artículo 3° es una norma legal delegatoria (siempre se ha entendido así) que faculta por todo el año para contratar empréstitos. Pero esa norma delegatoria debe estar debidamente explicitada; esto es, tiene que señalar que se trata de decretos con fuerza de ley y que deben cumplirse los requisitos propios de los empréstitos, cuales son indicar las fuentes de recursos con que se cubrirán las deudas y, además, el período de vencimiento de las mismas, porque si éste excede el término de duración del mandato presidencial, se requiere quórum calificado, caso en el cual no cabe delegación de facultades, conforme a lo que señala el artículo 61 de la Constitución.

Por lo tanto, aquí no existe un problema de iniciativa, por cuanto ella está dada en el artículo 3°, que faculta al Primer Mandatario para contratar empréstitos por determinadas sumas. Sin embargo, ello debe sujetarse a lo establecido en los artículos 60, número 7); 61, y 62, inciso tercero.

Entonces -repito-, no hay un problema de iniciativa; ella se encuentra dada por el Ejecutivo.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Concuerdo con el señor Presidente en cuanto a que el artículo 62 de la Carta Fundamental avala la declaración de inadmisibilidad en su inciso tercero, y más aún en su número 3°.

Además, con relación al tema de las facultades extraordinarias -lo hemos discutido anteriormente en el Senado-, es potestad exclusiva del Primer Mandatario solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar normas de ley. El Presidente de la República es el único que puede pedirla. Y aquí, cuando alguna vez se ha intentado otorgar facultades al Ejecutivo sobre materias que le son propias, hemos dicho que no podemos hacerlo porque significaría colocarlo en la situación de tener que legislar sobre algo respecto de lo cual quizá no desea hacerlo.

La facultad no está pedida. A nosotros sólo nos cabe pronunciarnos sobre la indicación formulada por el Presidente de la República . Podemos corregir o adecuar la proposición que nos hace. Pero la indicación presentada por varios Senadores es inadmisible, de acuerdo con los artículos 61 y 62 de la Carta.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente, creo que no hay una diferencia de fondo en lo que estamos hablando.

La indicación que hemos planteado trata de que el artículo 3° del proyecto cumpla lo dispuesto en el número 7) del artículo 60 de la Carta, porque la disposición aprobada por la Cámara de Diputados no lo hace. De manera que si la indicación del señor Ministro de Hacienda -la desconocemos- se ajusta a la norma constitucional, el problema queda superado.

No perseguimos otro objetivo que el de que se identifiquen los proyectos específicos que se pretende financiar con cada empréstito; que se indiquen las fuentes de los recursos con cargo a los cuales se hará el servicio a la deuda, y que la autorización al Primer Mandatario se dé mediante una norma de quórum calificado, que es la que discutimos. Luego, una vez otorgada la autorización por ley de quórum calificado, con la votación que tendríamos para este artículo 3°, deberá dictarse un decreto con fuerza de ley para autorizar la operación específica.

En consecuencia, lo que tenemos que hacer -y ése es el sentido de nuestra indicación- es ordenar las ideas que, según entiendo, han sido compartidas por el señor Ministro de Hacienda y nuestras bancadas en la Cámara Baja.

Pero este artículo, tal cual viene, no cumple los requisitos del artículo 60, número 7). Y esperamos que no suceda lo mismo con la indicación que trae el señor Ministro . De lo contrario, le pediremos que haga suya la nuestra, que no tiene más objetivo que proceder correctamente.

El señor HAMILTON.-

Señor Senador , ¿sería tan amable en concederme una interrupción?

El señor FERNÁNDEZ.-

Con mucho gusto, con la venia de la Mesa, Su Señoría.

El señor HAMILTON.-

Gracias, señor Senador.

De acuerdo con los artículos 61 y 62 de la Carta Fundamental -leídos en la Sala-, la materia del artículo 3° es de exclusiva incumbencia del Presidente de la República , porque sólo él puede solicitar la autorización, de acuerdo con el artículo 61, y porque, conforme a lo preceptuado en el 62, son facultades exclusivas y excluyentes del Primer Mandatario las iniciativas que se refieren a la administración financiera o presupuestaria del Estado. Nadie puede discutir eso.

Por lo tanto, nos encontramos frente a dos indicaciones: una presentada por el Ejecutivo y aprobada por la Cámara de Diputados, que corresponde a un acuerdo político de todos los sectores representados en ella, y otra formulada en esta Corporación por dos Senadores que, aunque tengan mucha razón, carecen de facultades para presentarla, por lo que no contará con los votos necesarios ni con la posibilidad de ser aprobada en esta Corporación.

He dicho.

El señor FERNÁNDEZ.-

Señor Presidente , a mi entender, el artículo 3° del proyecto cumple con el requisito artículo 62, número 3°, por cuanto ha sido iniciativa del Presidente de la República , a propósito de la Ley de Presupuestos, solicitar la autorización.

El Parlamento se encuentra en la siguiente situación: puede aprobar o rechazar dicho precepto. Pero también se presenta una situación intermedia: puede modificarlo. Y la enmienda está contenida, a mi entender, en la indicación que aquí se ha planteado. Es decir, el Congreso aprueba el artículo 3°, pero exige que se someta al requisito de la ley. De tal suerte que si el Parlamento tiene la facultad de aprobar, rechazar o modificar, lo que sucede en este caso es que está introduciendo una modificación para poder aprobar.

Los señores Senadores que han presentado dicha indicación no se están atribuyendo la potestad exclusiva del Primer Mandatario en cuanto a la iniciativa, porque ésta ya fue planteada por él, sino que, simplemente, en lugar de rechazar una norma, le están introduciendo modificaciones para su aprobación, en los mismos términos en que lo solicita el Ejecutivo , pero con requisitos distintos.

Ésa es mi interpretación, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , ¿me permite una interrupción para precisar algo al Senador señor Fernández?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Concedo la interrupción a Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Ésta es una ley de quórum calificado; por lo tanto, de acuerdo con el número 7) del artículo 60 de la Constitución, no puede contener delegación de facultades, como lo hace la indicación.

Distinto es el caso del número 7) del artículo 60 de la Carta, que señala expresamente: "Sin embargo, se requerirá de una ley de quórum calificado para autorizar la contratación de aquellos empréstitos cuyo vencimiento exceda del término de duración del respectivo período presidencial. Y el artículo 61, por su parte, dice que podrán ser objeto de delegación de facultades las "materias comprendidas en las garantías constitucionales o que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado.".

El señor OTERO.-

Señor Presidente , creo que nos hallamos abocados a una discusión bizantina, porque la verdad es que la proposición del Senador señor Piñera cumple con todos los requisitos constitucionales.

En primer lugar, el artículo 61 de la Carta no dice relación, exclusivamente a la iniciativa del Primer Mandatario, pues dispone que éste "podrá" solicitar autorización al Congreso para dictar disposiciones con fuerza de ley. O sea, se trata de una facultad que se da al Presidente de la República , pero ello no obsta a que el Congreso, por su lado, también se la pueda otorgar, con las limitaciones que establece el mismo artículo. En ninguna parte señala la Constitución que el Congreso no puede dar la facultad si el Presidente no la pide. De otro modo, la norma se hallaría incluida precisamente en las materias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República . El artículo 61, por lo tanto, consagra una atribución que asimismo corresponde al Congreso.

Pero sigamos adelante en el análisis jurídico.

¿Qué ha hecho el Gobierno en relación con el artículo 3° del proyecto? Ha pedido la facultad mencionada. Luego, esa condición, si fuera atendible, estaría cumplida.

En segundo lugar, cuando el N° 7) del artículo 60 de la Constitución se refiere a la ley de quórum calificado, ello se relaciona con el hecho de que el vencimiento de un empréstito exceda del término de duración del respectivo período presidencial. Y, por eso, el texto que nos ocupa determina que estos empréstitos deben vencer dentro del período presidencial en curso, con lo cual no se requiere una ley de quórum calificado.

La señora FELIÚ.-

Exacto.

El señor OTERO.-

En tercer lugar, señor Presidente , aquí lo único que se está haciendo es aplicar el N° 7) del artículo 60 de la Constitución Política, que determina que son materias de ley "Las que autoricen al Estado, a sus organismos y a las municipalidades, para contratar empréstitos, los que deberán estar destinados", etcétera. Lo que estamos haciendo, en efecto, es facultar al Presidente para dictar un decreto con fuerza de ley. Pero ese decreto con fuerza de ley, por ser un cuerpo legal, tiene que cumplir con los requisitos de la ley, y, por lo tanto, tiene que ajustarse al N° 7) del artículo 60 de la Carta. De tal manera, señor Presidente , que aquí no hay ningún problema de constitucionalidad.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Hamilton.

El señor HAMILTON.-

Quiero rectificar al Honorable señor Otero, señor Presidente .

El artículo 61 de la Constitución dice que el Primer Mandatario "podrá" solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley. Esa norma da expresamente una facultad al Presidente de la República , no al Congreso. Y el artículo 7° de la Carta expresa que "Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.".

Gracias.

El señor OTERO.-

Señor Presidente , en el proyecto en análisis puede observarse que, a iniciativa del Ejecutivo , en el artículo 3° se pide la facultad. Ello se solicita expresamente. Por lo tanto, el Senador señor Fernández tiene toda la razón en cuanto a que la condición se halla cumplida.

Ahora, cuando la iniciativa es presidencial, el Congreso tiene la atribución de modificarla, de rechazarla o de aprobarla sin enmiendas. Aquí, ¿qué está haciendo? Le dice al Primer Mandatario : "Señor, usted ha pedido la facultad, pero la ha pedido mal. Nosotros se la queremos dar, pero se la queremos dar dentro de los términos de la Carta, para que la ley en proyecto, que es de quórum especial, no sea reparada por el Tribunal Constitucional.".

Lo único que estamos haciendo es, simplemente, ajustarnos a la Constitución, sin que cambie en nada la finalidad que pretende el Gobierno. Por lo tanto, la indicación es absolutamente constitucional.

He dicho.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , no soy experto en asuntos constitucionales, pero sí sé leer y razonar. Y lo que está claro son tres cosas, a mi juicio: que esta materia debe corresponder a un decreto con fuerza de ley;...

La señora FELIÚ.-

Exacto.

El señor PIÑERA.-

...que en esa ley -porque un decreto con fuerza de ley es ley- tiene que determinarse tanto el destino de los recursos, que deben financiar proyectos específicos, como las fuentes con cargo a las cuales se hará el servicio de la deuda; y, finalmente, que si el vencimiento de los empréstitos se extiende más allá del período presidencial, la ley que autorice para contratarlos debe ser de quórum calificado.

Ni el artículo 3° del proyecto de Ley de Presupuestos ni la indicación que acabamos de recibir cumplen, sin embargo, con las exigencias, clarísimas, de que los empréstitos se hallen destinados a proyectos específicos y de que se indiquen las fuentes de recursos para el servicio de la deuda. Como, además, tampoco se precisa un plazo, no sabemos si hay que aprobar la autorización con quórum calificado o no.

En consecuencia, señor Presidente , definitivamente, más allá de si tenemos o no tenemos iniciativa en esta materia, las propuestas del Gobierno -la original y la resultante con motivo de su indicación tendiente a corregir la primera- son inconstitucionales. Y, por tanto, le ruego al Gobierno, cuyo representante se encuentra presente, o que dé el patrocinio que se requiere, o que modifique su propuesta, de forma tal que concurra la iniciativa del Ejecutivo y, al mismo tiempo, se cumpla con el texto expreso de la Constitución.

Gracias, señor Presidente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Larraín

El señor LARRAÍN.-

Quiero insistir señor Presidente , en que aquí no hay un problema de fondo. De lo que se trata es del cumplimiento de lo que dice la Constitución en el N° 7) de su artículo 60.

El artículo 3° del proyecto expresa, en su actual versión: "Autorízase al Presidente para contraer obligaciones en el exterior" hasta por equis cantidad de dinero .Sucede que el N° 7) del artículo 60 de la Carta dispone que son materias de ley las que autoricen al Estado "para contratar empréstitos, los que deberán estar destinados a financiar proyectos específicos. La ley deberá indicar las fuentes de recursos con cargo a los cuales deba hacerse el servicio de la deuda.". Es decir, se exigen ciertas precisiones que la norma del proyecto no cumple. Para que éstas sean satisfechas, tiene que mediar un texto legal.

Por eso hemos planteado la idea del decreto con fuerza de ley. Estamos dispuestos a autorizar este último. No veo cuál es el problema de fondo en que, en lugar de hacer referencia a decretos cuya copia se enviará algunos días después de su tramitación, se determine la vía de los decretos con fuerza de ley. Además, se superaría el inconveniente que plantean tanto el precepto como la indicación del Gobierno. No hay una contradicción con lo que se aprobó conforme al criterio de negociación política, ayer, en la Cámara.

Deseo preguntar al señor Ministro por qué no quiere esta fórmula, que permite superar el inconveniente jurídico. Porque el que se haya procedido en otros años de la misma manera no es un argumento válido.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor FERNÁNDEZ.-

Creo que lo planteado por el señor Ministro es correcto, en la medida en que, lo diga o no el Congreso, las cosas son aquello a lo que jurídicamente corresponden. Y si, en definitiva, se está frente a un acto que formalmente puede revestir las características de un decreto pero cuyo efecto jurídico es el de un decreto con fuerza de ley, se tratará de un decreto con fuerza de ley, y tendrá que ser reparado en ese caso por la Contraloría General de la República si no se cumple con toda la normativa pertinente.

Por lo tanto, si eliminamos simplemente la palabra "supremos", como aquí se ha señalado, dejaremos el problema jurídico en situación de poder ser visto por la Contraloría, que deberá entender, si la argumentación que aquí se señala es la correcta, que estamos en presencia de un decreto con fuerza de ley, y, por lo tanto, le va exigir el cumplimiento de los trámites correspondientes a tal carácter. Por el contrario, si la Contraloría General de la República estima que no debe cumplirse con la normativa respectiva, le dará el tratamiento propio de un decreto supremo.

Por lo tanto, a mi juicio, lo que no puede ocurrir es que el Congreso dé trámite de ley a una materia que, según la Constitución, no lo es. Si ésta así lo prescribe -posición que he sostenido y que sostienen los demás señores Senadores-, ello deberá ser declarado por la Contraloría General de la República cuando tome razón del decreto.

En consecuencia, el problema queda zanjado de esa manera. El decreto deberá ser sometido a trámite de toma de razón de la Contraloría, y ahí, incluso, las personas interesadas podrían hacer valer sus planteamientos. Y si la Contraloría estima que el decreto reúne las características de un decreto con fuerza de ley, tendrá que someterse a la tramitación correspondiente.

El señor HORMAZÁBAL.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente , creo que estamos avanzando. Se trata de dar una solución, porque al parecer todos concordamos en que es conveniente que el Gobierno tenga la posibilidad de contraer esas obligaciones en el exterior hasta la cantidad de un millón de miles de dólares.

El punto a resolver es, si ello se hace -como se aplica actualmente- por la vía de decretos supremos o si es necesario incorporar una modificación para que se realice mediante decretos con fuerza de ley. El señor Ministro dice que está disponible para uno u otro procedimiento. La cuestión es aprobarlo.

Debo observar que dichos empréstitos son de tal naturaleza que exceden el período presidencial, de modo que debe regir el número 7) del artículo 60 de la Constitución, que dice: "Sin embargo, se requerirá de una ley de quórum calificado para autorizar la contratación de aquellos empréstitos". Todos estamos de acuerdo en que el artículo 3° del proyecto es de quórum calificado, y, en tal virtud, debemos tomar en cuenta el artículo 61 de la Carta Fundamental, que señala: "Esta autorización no podrá extenderse a la nacionalidad, la ciudadanía, las elecciones ni al plebiscito, como tampoco a materias comprendidas en las garantías constitucionales o que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado." La lógica nos dice: si estamos de acuerdo en las premisas, tendríamos que aceptar que no es pertinente usar la fórmula del decreto con fuerza de ley, por lo que dispone la norma constitucional antes referida.

Entonces, ¿por qué no usamos el expediente que ya se ha demostrado que tiene validez y que la Contraloría le ha dado la tramitación pertinente?

Por las razones indicadas, creo que el Senado cometería un error si no aprueba el artículo en la forma que se ha probado que está dentro del marco legal y a la que se le ha dado el curso correspondiente.

Eso es cuanto quería señalar, señor Presidente.

El señor HAMILTON.-

Pido la palabra

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor HAMILTON.-

Señor Presidente , creo que el Senador señor Fernández tiene razón en su planteamiento. Las cosas son lo que son y no lo que se dice que son. Si es un decreto o un decreto con fuerza de ley, es exactamente igual, y será la Contraloría quien deberá calificarlo.

Sin embargo, lo que aquí discutimos es una disposición, aprobada por un acuerdo político, que compromete a todos los sectores de la Cámara de Diputados, que da razón de una aprobación que se ha venido repitiendo desde hace muchos años en la Ley de Presupuestos, y a la cual sólo se agrega: "Copia de estos decretos" -o decretos con fuerza de ley, en su caso- "serán enviados a las Comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado dentro de los diez días siguientes al de su total tramitación.".

Por lo tanto, a mi juicio, perfectamente, podríamos aceptar la propuesta del Senador señor Fernández. Llámese "decreto con fuerza de ley" o "decreto", la Contraloría igual lo registrará.

La señora FELIÚ.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , creo que la argumentación que se ha planteado, en el sentido de que en esta materia no pueden delegarse facultades para dictar decretos con fuerza de ley, porque lo impide el artículo 61, es muy fácil de obviar. En efecto, en lugar de autorizar al Presidente de la República para dictar decretos con fuerza de ley, se lo faculta -es lo que establece la normativa- para dictar decretos, lo cual hace que no se violente o contraríe el artículo 61. Eso me parece una argumentación insostenible. En realidad, sería muy sencillo, en consecuencia, eludir siempre el artículo 61, porque, en vez de delegar facultades para dictar decretos con fuerza de ley, se delegan facultades para dictar simples decretos. En verdad, eso no puede ser así ni es así.

Se ha señalado también que, como el artículo en cuestión ha sido aprobado todos los últimos años, estaría muy correcto, porque la Contraloría nada ha dicho. Debo señalar que a ésta no le corresponde ejercer control de constitucionalidad de las leyes. Por lo tanto, si una ley, como es la de Presupuestos, autoriza al Presidente de la República para contratar empréstitos por decreto, etcétera, la Contraloría carece de facultades para decir que esa normativa es inconstitucional y que lo que debió haber autorizado el Parlamento fue un decreto con fuerza de ley. Eso no es posible.

Efectivamente, como dijo el Honorable señor Fernández, un decreto o un decreto con fuerza de ley, en la forma, son idénticos, pero, en esencia y en el fondo, cuando recaen en materia de ley, son decretos con fuerza de ley. Contratar empréstitos es materia propia de ley, en los términos del número 7) del artículo 60 de la Constitución Política. Luego, el artículo 3° del proyecto, al facultar al Primer Mandatario para contraer obligaciones hasta un cierto monto, es una norma legal delegatoria de facultades. Se sostiene que la norma siempre ha empleado el término "decreto". Eso no es correcto; debe decirse bien: "para dictar decretos con fuerza de ley". Esos decretos con fuerza de ley, tienen, sí, una limitación, en el sentido de que, cuando exceden del término de duración del respectivo período presidencial, requieren quórum. Por lo tanto, como la materia de que se trata no se puede delegar, cuando deban contratarse ese tipo de empréstitos, tendrá que enviarse un proyecto al Parlamento, oportunidad en la cual habrá que utilizar la urgencia de "Discusión Inmediata", porque normalmente será una materia que requerirá premura. Pero, en verdad, no puede delegarse la facultad y, en consecuencia, eso es materia de una ley formal.

El señor OTERO.-

¿Me permite una interrupción, señora Senadora ?

La señora FELIÚ.-

Con la venia de la Mesa, Su Señoría.

El señor OTERO.-

Señor Presidente , coincido plenamente con la interpretación que ha dado la señora Senadora.

La indicación que presentamos soluciona todos los problemas, porque establece el plazo. Si excede del plazo, el Gobierno deberá mandar un proyecto que será de quórum calificado. De lo contrario, estaría violando la norma a que se ha referido el Honorable señor Hormazábal. Sin embargo, el Congreso puede delegarle esa facultad cuando se trata de leyes que no requieran de quórum calificado, y sólo necesitan quórum calificado las que contratan empréstitos cuyo plazo de vencimiento excede del período presidencial respectivo. Por eso, la indicación formulada aquí dice que vence en la fecha de término de duración del actual período presidencial. Ello permite hacerlo constitucionalmente.

Si el Presidente debe pedir un empréstito que excede su mandato, tendrá que enviar un proyecto al Congreso Nacional, que deberá aprobarse con quórum calificado. Porque, en ese caso, no es posible hacer la delegación, en virtud de lo establecido en el artículo 61.

He dicho.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , después de la interrupción concedida al Senador señor Otero, termino mi intervención.

A mi juicio, esta materia, la delegación de facultades contemplada en el artículo 61 de la Carta -contrariamente a lo sostenido acá- es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República . Y, como la petición de delegación de facultades se halla comprendida en el artículo 3° del proyecto, la indicación no altera ni da una delegación no solicitada. Pero, como está mal solicitada, porque alude a decreto y no menciona las condiciones de la delegación, que son el fin del empréstito y la fuente de recursos, la indicación ajusta la norma al texto constitucional, esto es, dice que es decreto con fuerza de ley, señala las fuentes de recursos y el fin específico.

Estimo que la indicación, precisamente, adecua el artículo 3° del proyecto a la Carta Fundamental.

He dicho.

El señor LARRAÍN.-

Ese argumento no es válido, señor Presidente . Simplemente, después de varios años, una manera de aprobar en general la Ley de Presupuestos en el Senado se modificó. Entonces, la razón dada por el señor Presidente y por otros señores Senadores no es lícita. El que algo se haya hecho de una determinada forma durante cierto tiempo no constituye un impedimento. Considero que podemos hacerlo mejor, si creemos que las condiciones son distintas.

Ahora quisiera proponer una fórmula de solución, señor Presidente .

El señor LARRAÍN.-

Prosigo con mi intervención.

Decía que deseo sugerir una fórmula que, a lo mejor, acaba con la discusión. Propongo modificar el inciso cuarto del artículo 3° del siguiente modo: "La autorización que se otorga al Presidente de la República se ejercerá mediante decretos con fuerza de ley, los que deberán identificar los proyectos específicos que se pretenden financiar con cada empréstito y las fuentes de recursos con cargo a los cuales se hará el servicio de la deuda.". Con esto, se cumple lo que, a nuestro juicio, exige el artículo 60, número 7), de la Constitución: que la ley indique las fuentes de recursos y el destino específico.

De este modo, se subsanarían perfectamente los inconvenientes planteados.

El señor OTERO.-

Señor Presidente , ¿me permite?

Sobre esta materia, desgraciadamente, la Constitución es muy clara. Y si no permite al Presidente de la República dictar decretos con fuerza de ley en materias propias de leyes de quórum calificado, menos aún podría dictar decretos supremos. Esto lo hemos visto reiteradamente al tratar asuntos referidos a garantías constitucionales de las personas.

Por consiguiente, hay que decir que, lamentablemente, el procedimiento que se ha usado desde 1991 hasta la fecha ha sido inconstitucional, hecho que nadie ha reclamado. Hoy día se está planteando el tema y nos hemos dado cuenta del error, por lo que es necesario dejar constancia de su existencia.

Soy partidario de darle la facultad al Ejecutivo dentro de los límites que permite la Constitución, pero -como muy bien ha señalado el señor Presidente -, si el empréstito excede el plazo del mandato presidencial, va a tener que tramitarse una ley de quórum calificado, que no permite delegar en este momento.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-

Señor Presidente , al escuchar esta enjundiosa discusión, queda claro que, si queremos obrar dentro de la Carta Fundamental, vamos a tener que atenernos a una legislación que considero bien precisa. Aquí no cabe decreto supremo ni decreto con fuerza de ley, pues la Constitución establece que esto es materia de ley; pero acto seguido dispone que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República . No existe la facultad para operar a través de un decreto con fuerza de ley, ya que para la aprobación de un empréstito que exceda del término del período presidencial se requiere quórum calificado, lo cual no es posible en un decreto con fuerza de ley.

Entonces, la única posibilidad de hacer un acto con validez jurídica y votar en consecuencia, es disponer que el empréstito se autorice por ley, siempre y cuando su plazo exceda el período presidencial. En caso contrario, si es menor, podrá contratarse mediante un decreto con fuerza de ley.

He dicho.

El señor PIÑERA.-

Creo que lo propuesto por el Senador señor Fernández es la solución. Es decir, sacar la palabra "supremo", y que sea la Contraloría la que determine si el decreto con fuerza de ley establece el destino y las fuentes de recursos, porque es un requisito constitucional. Sería bueno establecerlo, pues como la Contraloría no tiene facultad para verificar la constitucionalidad de los decretos, la disposición que autorice el empréstito deberá señalar el destino y las fuentes de recursos, y así aquélla tendrá que exigir tales requisitos para cumplir con la ley.

Finalmente, al margen de la total desconfianza del Senador señor Hormazábal, hemos contribuido modestamente desde estas bancas a detectar un error de constitucionalidad cometido muchas veces y que sería bueno corregir.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Adolfo Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-

No es posible lo señalado por el Honorable señor Piñera, porque la parte final del número 7) del artículo 60 de la Constitución establece que se requerirá de quórum calificado, lo cual hay que concatenarlo con el artículo 61 que no admite la delegación de facultades para materias que requieren dicho quórum. Y, en consecuencia, obligatoriamente la autorización deberá hacerse por ley, a menos que su vencimiento esté dentro del período presidencial, caso en el cual cabe la delegación de facultades en la forma que estamos planteando.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ.-

Señor Presidente , me parece que para los efectos prácticos -no teóricos- del tema que estamos conociendo, la diferencia entre un decreto supremo y un decreto con fuerza de ley se vincula con los requisitos que deben cumplirse. De tal suerte que si el decreto supremo se ajustara a los mismos requisitos exigidos a uno con fuerza de ley, la indicación tendría plena acogida. Repito: la referencia debe hacerse a un decreto supremo"; es decir, al expedido por el Presidente de la República , y no simplemente a un "decreto", que puede ser despachado por otra autoridad.

Creo que hay que mantener el concepto de decreto supremo, pero exigiéndole los mismos requisitos que los autores de la indicación reclaman para los decretos con fuerza de ley. ¿Cuáles son? Que deben estar destinados a financiar proyectos específicos, conforme a lo que se ha señalado, y que deben indicar la fuente de los recursos con cargo a los cuales debe hacerse el servicio de la deuda. A mi entender, si lo anterior se establece por decreto supremo se produciría el mismo efecto que el perseguido por un decreto con fuerza de ley.

El señor OTERO.-

Señor Presidente, estaba haciendo uso de la palabra y no di la interrupción anterior, pero no importa.

Lo expresado por el Senador señor Fernández es muy simple: que un decreto supremo y un decreto con fuerza de ley son iguales en su estructura y forma. Lo que dice Su Señoría -coincido con él- es que el decreto supremo debe cumplir con los requisitos del número 7) del artículo 60 de la Constitución Política de la República.

Soy partidario de que, en la parte pertinente del inciso final del artículo 3°, se exprese: "por decretos supremos que cumplan los requisitos del N° 7) del artículo 60 de la Constitución". Porque, según la proposición del Senador señor Fernández, de todas maneras tendrán que cumplirlos.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , creo que este "zapato chino" se resuelve de una sola manera: entender que esta disposición es de quórum calificado y otorgar una autorización genérica para que, dentro del ámbito del inciso primero del artículo 3°, el Estado pueda contratar empréstitos. Pero su materialización deberá hacerse, en cada caso, mediante decretos que los especifiquen.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Pido la palabra, señor Presidente .

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , antes de entrar a la discusión de las partidas, y en la eventualidad de que en el tercer trámite la Cámara rechace algunas de las modificaciones introducidas por el Senado, tal vez pudiéramos acordar, desde ya, lo siguiente: primero, facultar a la Secretaría para enviar el respectivo informe a la Comisión Mixta encargada de dirimir las divergencias suscitadas entre ambas ramas legislativas, y segundo, quiénes conformarán dicha Comisión Mixta. En caso contrario, sería necesario convocar al Senado a una sesión especial con ambos objetos.

De aceptarse esta propuesta, el Senado podría sesionar el martes para despachar el informe de la Comisión Mixta.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

En la partida 01: Presidencia de la República , el Senador señor Piñera ha formulado la siguiente indicación: Para reemplazar en la partida 01, subtítulo 22, la cantidad en moneda extranjera "861" por "820".

La señora FELIÚ.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , quiero proponer al Honorable Senado que, al igual como en su oportunidad lo hizo la Comisión Especial de Presupuestos, examine como un todo las indicaciones que correspondan a la disminución de 2 por ciento de los gastos variables del subtítulo 21 y de 2 por ciento de los gastos del subtítulo 22, que en general son todos variables.

Entonces, solicito tratar como un todo esas materias, no separadamente.

Ahora, se nos va a plantear el Presupuesto en dólares, en circunstancias de que es idéntico al establecido en moneda nacional.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , si uno busca austeridad, obviamente, ésta no se logra así no más. En todo caso, es muy fácil que los demás efectúen sacrificios, y no nosotros mismos.

Creo que está bien que el Congreso contribuya con un recorte de 2 por ciento en sus gastos de bienes y consumo para predicar con el ejemplo, y no como siempre lo hacemos, sólo con las palabras.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Indicación del Honorable señor Cantuarias para eliminar, en la partida 09, Ministerio de Educación, capítulo 01, programa 01, subtítulo 25, el ítem 31.011, correspondiente a la Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago.

--Se rechaza, con el voto favorable a ella de los Senadores señores Cantuarias y Muñoz Barra.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Indicación del Honorable señor Cantuarias para suprimir, en la partida 09, Ministerio de Educación, capítulo 01, programa 01, subtítulo 25, el ítem 33.040, relativo a la Universidad de Chile.

El señor LAVANDERO.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Sí, señor Senador.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente , el artículo 64, inciso segundo, de la Constitución establece: "El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos; sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos".

En la historia de las Leyes de Presupuestos, desde que tengo memoria -bastante tiempo-, y para evitar problemas, en algunos casos incluso se llegó a reducir la cantidad propuesta a un peso; pero no se puede eliminar.

Por lo tanto, la indicación es inconstitucional.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , discrepo de la interpretación recién planteada. El Código Civil habla de que cuando el sentido de la ley y no sus palabras es claro; o sea, cuando lo es su intención. Y en este caso la intención del constituyente es clarísima: no se pueden aumentar los gastos, pero sí reducir. ¿Se está reduciendo o no la partida 09, programa 01, subtítulo 25? Claro que sí, al eliminarse en forma completa una asignación, esto es, la parte mínima de la subdivisión en ítem, subtítulos, etcétera. ¿Y se puede proceder así? Claro; y puede reducirse a cero, porque lo que la Carta Fundamental prohíbe es suprimir gastos establecidos por leyes permanentes, que equivalen a egresos fijos.

Aquí se trata de un gasto variable, de una transferencia. Otro problema es si se aprueba o no se aprueba el fondo de la indicación; pero ésta, a mi juicio, es perfectamente admisible.

Por eso, señor Presidente , pido a Su Señoría que la ponga en votación, pues su debate tal vez no resulte muy importante.

El señor CANTUARIAS.-

¿Puedo usar de la palabra, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Sí, señor Senador.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , en mi concepto, la interpretación correcta es la indicada por la Honorable señora Feliú, pues la eliminación de un determinado ítem implica que se llegue al máximo grado de reducción, es decir, a suprimirlo.

En el caso que estamos analizando -es un aporte especial, extraordinario, que se entrega a la Universidad de Chile, por algo más de 4 mil 860 millones de pesos-, deseo recordar al Senado que en el Ministerio de Educación (capítulo 30, página 44) están detallados los aportes que esa Secretaría de Estado dispone para los establecimientos de educación superior; y allí se contiene la distribución de los recursos a todas las universidades.

A lo que me opongo -tal como lo hice en la Comisión- es a que, sin mediar procedimiento alguno que permita a otras universidades el acceso, la Subsecretaría de Educación, de sus dineros, entregue extraordinariamente a la Universidad de Chile poco más de 4 mil 860 millones de pesos, aporte respecto del cual, por lo demás, durante la discusión del Presupuesto para 1995 se dijo que se otorgaría por única vez. Sin embargo, se mantiene para 1996.

Existe, entonces, una asignación que implica que la Universidad de Chile reciba lejos, en proporción, mayor cantidad de recursos que todas las otras; y además, en forma extraordinaria, la Subsecretaría de Educación, de sus recursos, le entrega algo más de 4 mil 860 millones de pesos, lo cual me parece absolutamente inequitativo para el resto de las universidades.

Por eso he sugerido reducir el ítem pertinente a su mínima expresión. Ése es el sentido de la indicación.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , respecto del problema constitucional que acarrea la interpretación del término "reducir", creo que Su Señoría es el indicado para resolverlo.

En cuanto al fondo de la indicación, considero absolutamente injusto pretender privar a la Universidad de Chile, cuya tradición todos reconocemos, de recursos que recibe desde hace mucho tiempo. No es una suma adicional para discriminar respecto de las otras universidades. Y el año pasado se le entregaron, por una suma más o menos equivalente, con los reajustes del caso.

La Universidad de Chile celebró ayer un nuevo aniversario reclamando por su grave problema presupuestario. De modo que sería injusto y absolutamente inconveniente, aun cuando el motivo fuera buscar equivalencia con las restantes universidades, quitarle este aporte de poco más de 4 mil 860 millones de pesos. Las consecuencias pueden ser muy delicadas.

Por estas razones, solicito que, de ponerse en votación, se rechace la indicación del Senador señor Cantuarias.

El señor CANTUARIAS.-

No, señor Presidente , porque ponderé todos sus efectos cuando la formulé en la Subcomisión.

He venido acompañando la ejecución y las asignaciones presupuestarias para la Universidad de Chile desde hace mucho tiempo, y lo planteado me parece absolutamente injusto.

No estoy en contra de dicha Universidad ni de la Corporación del Teatro Municipal de Santiago, sino contra la forma como se entregan los recursos. Me parece que, cuando hablamos de fondos nacionales, su asignación y distribución no pueden dejar en desventaja al resto de las universidades o a las corporaciones culturales regionales con el objeto de privilegiar a ciertas entidades con fondos que pertenecen al Ministerio de Educación y, por consiguiente, a todos los chilenos.

El punto central no radica en estar a favor o en contra de la Universidad de Chile. Al igual que los señores Senadores y que todos los chilenos, siento gran orgullo de ella, como también del Teatro Municipal de Santiago . Cosa distinta es aceptar que en el presupuesto de la Subsecretaría de Educación se privilegie a una universidad, con absoluto desmedro para el resto de las instituciones de educación superior.

Ésa es la discusión de fondo y tal el sentido de la indicación. Por lo demás, los señores Senadores integrantes de la Cuarta Subcomisión Especial de Presupuesto escucharon latamente mis planteamientos, e incluso tomaron conocimiento de pequeñas correcciones hechas para procurar compensar lo que constituye una manifiesta injusticia: asignar recursos extraordinarios a una de las 16 universidades estatales existentes en Chile; a una de las 25 que integran el Consejo de Rectores; a una de las más de 60 que conforman el sistema de educación superior, sin considerar los centros de formación técnica, que reúnen a cerca de 300 establecimientos.

Tal criterio me parece tremendamente injusto.

He aceptado sin más el resultado de la votación de la indicación relativa a la Corporación Cultural de Santiago. Pero planteo esto porque estimo que existe una equivocación en la asignación de recursos.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Prat.

El señor PRAT.-

Señor Presidente , comprendo él sentido de la indicación y las experiencias que puedan otorgarle fundamento. Pero también debemos preocuparnos de no romper la orgánica natural que tiene que existir en las regiones para decidir.

Entiendo que se cree una comisión de expertos que pueda ser consultada por el Consejo Regional para que dé su opinión sobre estas materias. Pero la elección de los proyectos involucra una decisión propia del Consejo Regional, la que, a mi juicio, no se le puede quitar.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.

El señor NÚÑEZ.-

En general, estoy de acuerdo con el análisis hecho por el señor Presidente en el sentido de que no ha sido buena la experiencia habida al respecto, particularmente cuando tenemos Gobiernos Regionales que todavía no son suficientemente fuertes. Sin embargo, temo que una decisión de esta naturaleza va a debilitar aún más a los Gobiernos Regionales en momentos en que debiéramos incorporar normativas legales que les permitan (a lo mejor a través de los Comités propuestos) adoptar mejores resoluciones en materias de tipo cultural.

Aun cuando votaré a favor de la indicación, quiero dejar constancia de mi opinión, porque en definitiva este tipo de decisiones pueden debilitar notablemente a los Gobiernos Regionales en un ámbito donde hasta este instante no poseen gran experiencia, como es el de las políticas culturales de carácter local.

El señor FERNÁNDEZ.-

Señor Presidente , las facultades del Gobierno Regional, que constituyen una muy sentida aspiración de todas las regiones del país, están contenidas en una ley orgánica constitucional. Por lo tanto, aquí estaríamos en presencia de una modificación del respectivo cuerpo legal. Pero no creo que este tipo de materias deba tratarse en el proyecto de Ley de Presupuestos.

En todo caso, debemos confiar en que los Gobiernos Regionales designarán a los organismos o a los asesores que estimen convenientes para los efectos de tomar su .propia decisión.

Sin embargo, si desde el nivel central exigimos a los Gobiernos Regionales determinada forma de resolver, estaremos volviendo al sistema centralista y, de alguna manera, deshaciendo las facultades de aquéllos. En este caso podrá haber los fundamentos que el señor Presidente ha señalado con mucha propiedad. Pero, en mi concepto, se restringe el ámbito de acción del Gobierno Regional.

Los Gobiernos Regionales deberán adoptar todas las medidas del caso para designar a las comisiones que estimen convenientes. Pero la resolución debe corresponder al propio Gobierno Regional.

Reitero que estamos en presencia de una modificación a una ley orgánica constitucional y que el proyecto de Ley de Presupuestos no es el camino adecuado para ello.

El señor RÍOS.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor RÍOS.-

En primer lugar, voy a hacer una aclaración.

Su Señoría - Presidente del Senado y segunda autoridad del país en jerarquía y protocolo; en algunos aspectos es primero- ha señalado que el Gobierno Regional está compuesto por el Intendente y los Secretarios Regionales Ministeriales. Pero no es así.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Lo sé, y me rectifiqué: Intendente y Consejo Regional.

El señor RÍOS.-

Fue una equivocación.

En segundo lugar, los Gobiernos Regionales están resolviendo de manera permanente situaciones de carácter técnico. Ciertamente, los consejeros no tienen capacidad técnica para solucionarlos, pero sí buen criterio, señor Presidente . Y por eso siempre se hacen asesorar por las personas adecuadas.

Ahora, comparto absolutamente lo expresado por el Honorable señor Fernández en el sentido de no restar facultades a los Gobiernos Regionales por ningún motivo. Ellos tienen capacidad para buscar los asesores más adecuados.

Por tal motivo, votaré en contra de la indicación.

El señor CANTUARIAS.-

La verdad es que se trata de dos indicaciones. Una, para aumentar los ingresos donde se ha explicados y otra, para incorporar en el subtítulo 25, ítem 33, la asignación 035 "Factibilidad Centro Informática Educativa", con el fin de destinar los 81 millones 400 mil pesos que están siendo incorporados como "Otros Ingresos".

Por lo tanto, debemos aprobar ambas cosas, tanto el incremento de los ingresos como el nuevo gasto.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Indicación del Senador señor Cantuarias, para suprimir, en la partida 09, capítulo 05, programa 01, subtítulo 25, ítem 31, la asignación 005 "Programa de Bibliotecas en el Metro", y la asignación 007 "Acciones Culturales Complementarias".

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , en la Comisión expliqué extensamente mi indicación.

La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos no contempla este año recursos para comprar libros, no obstante ser ésta una de sus actividades principales. Sin embargo, se destinan fondos para un "Programa de Bibliotecas en el Metro", lo que, a mi juicio, significa aplicar un programa único en una ciudad y en las estaciones del Metro, en donde se emplazarán estas bibliotecas.

Respecto de las "Acciones Culturales Complementarias", no pudimos conseguir ninguna información específica sobre su contenido y sentido.

Como una asignación representa 24 millones de pesos, y la otra, 354 millones de pesos, he propuesto reducirlas para que la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos se dedique a ordenar, codificar, adquirir y poner a disposición de la ciudadanía -ojalá en las bibliotecas públicas de todo el país- libros, como es su objetivo, y no darle tareas ajenas a lo que es su labor principal.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente , aquí se plantea la cuestión que estuvimos tratando denantes. El inciso segundo del artículo 64 de la Constitución señala que el Congreso Nacional "sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos".

¿Por qué insisto en esta materia? Guardando las proporciones, por supuesto, el Parlamento podría, algún día, reducir a cero el Presupuesto de la Nación.

El señor LAVANDERO.-

Me refiero a los gastos variables, señora Senadora.

Se diría, entonces, que "se ha cumplido y se ha aprobado un Presupuesto en tal forma". Y tendría que aceptarse ese hecho. Pero el constituyente ha querido que el legislador actúe en esta materia de manera responsable, consciente y razonada. Por eso alude a "reducir" y no a "eliminar".

Reitero: el inciso segundo del artículo 64 de la Carta no se refiere a eliminar gastos del Presupuesto. A lo anterior se añade lo dispuesto en el artículo 7° de la misma -en virtud del cual ninguna persona puede atribuirse otra autoridad o derechos que los que se les hayan conferido conforme a la Constitución y las leyes- y el aforismo que indica que una autoridad sólo puede realizar los actos que la ley le permite. Y aquí no se otorga ninguna autorización para eliminar una partida o un ítem del Presupuesto.

Por esa razón, señor Presidente, estimo que esta disposición es improcedente.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , discrepo de la interpretación mencionada, porque, aparte de lo que sostuve hace un minuto, decir que esta indicación es inadmisible, implicaría aceptar que el Parlamento, necesariamente, está obligado a aprobar parte de los gastos variables. Y ése no es el sistema constitucional. Los gastos variables son todos rechazables. Los que no pueden modificarse son los gastos fijos.

¿Por qué se dice "reducir"? Basta ver la cantidad de recursos que significa el Presupuesto de la Nación, que contiene numerosísimos gastos. Entonces, como los gastos fijos no pueden modificarse, solamente es posible reducir los gastos variables, que no estén aprobados en leyes permanentes, en relación con el total. Por eso que se emplea el concepto de "reducir".

No cabe duda de que, en medio de este mar de cifras y gastos, una indicación que elimina un capítulo, un subtítulo, o un ítem -como en esta oportunidad-, es una reducción.

Por eso, tengo la seguridad de que la interpretación que se propone no atiende al sentido de la norma constitucional. En todo caso, señor Presidente , si a la Mesa le merece dudas, sugiero que someta a votación la constitucionalidad de la indicación. De lo contrario, debemos pronunciarnos sobre la indicación misma, para no retrasar el despacho del proyecto.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente, muy brevemente.

Hace unos minutos votamos una indicación que eliminaba gastos. Se indicó que ello no sentaba precedente. Pero las cosas son lo que son: si se votó y oficialmente así quedó consignado en la Versión Taquigráfica, esa indicación tuvo que ser admisible, porque las inadmisibles, por definición, no se votan.

Otro argumento. ¿A qué nos lleva aquella interpretación? A que, en vez de eliminar toda una cantidad, se reduce a un peso. ¿Qué sentido tiene dejar un peso, cuando la voluntad eventual del Congreso Nacional es eliminar todo el gasto asignado a un ítem?

Asimismo, me parece absolutamente claro que, si prima la interpretación del Senador señor Lavandero, quien desee eliminar un ítem deberá dejar una cantidad pequeña. Y eso es un absurdo.

Por lo tanto, sugiero que la Mesa declare admisible la indicación y que votemos el fondo de ella; es decir, si estamos o no de acuerdo en eliminar un gasto.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Lavandero, por última vez.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente , si el constituyente hubiese pretendido establecer, en el artículo 64 de la Constitución, que "reducir" es igual que "suprimir", no habría tenido necesidad de explicitar, en el inciso segundo, del N° 6°, del artículo 62 de la Carta, que "El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República .".

El señor PIÑERA.-

Partiendo de la base de que el Primer Mandatario es el único que puede proponer un gasto, el Senador señor Lavandero sostiene que no hay otra forma de rechazarlo que, además, así lo sugiera. Tal inconsistencia no estuvo en el espíritu del constituyente. Así que la interpretación de Su Señoría está reñida con la lógica, y supongo que coincidirá en ello.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Por última vez, tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.

El señor LAVANDERO.-

Deseo terminar mi intervención diciendo que está bien que el Senador señor Piñera sea inteligente, pero que no venga a plantear cosas absurdas.

Lo que expresé fue algo totalmente distinto. Al tenor de lo dispuesto por el N° 6°, inciso segundo del artículo 62 de la Constitución, sólo el Presidente de la República tiene iniciativa para proponer, y el Congreso, por supuesto, para rechazar. Pero cuando no se trata de algo planteado por aquél -como sucede en el caso en análisis-, éste no puede rechazarlo, sino sólo reducirlo, como se señala en el inciso segundo del artículo 64. Son casos distintos.

La señora FELIÚ.-

No, señor Presidente. Deseo plantear algo a la Sala.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

En ese caso, tiene la palabra, Su Señoría.

La señora FELIÚ.-

Lo que deseo señalar es lo siguiente.

Si se trata de una facultad de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, ¿por qué se consultan fondos para este programa de manera explícita? Al no ser una facultad normal de dicha Dirección y consistir en un programa excepcional y distinto, que escapa a sus facultades propias, coincido con el Honorable señor Cantuarias en el sentido de que realmente parece más apropiado que ella destine los recursos que se le otorgan en la Ley de Presupuestos a la adquisición de libros y a la informatización del servicio.

Ésa es la parte que no me queda clara.

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente , encuentro poco práctico esto. No imagino bibliotecas en el Metro, por las aglomeraciones que se producen en sus instalaciones, el movimiento existente en ellas, el riesgo que esto significa y la poca tranquilidad de que se dispondría.

Según se lee en la indicación, se trata de un Programa de Bibliotecas en el Metro, y lo considero absolutamente inconveniente, pues hasta pueden ocurrir accidentes por las aglomeraciones -repito-, además de ser poco práctico y carente de tranquilidad.

En subsidio, ¿por qué no mejorar las pobres bibliotecas de las Regiones -en eso estoy de acuerdo con el Honorable señor Cantuarias-, y destinar un poco de dinero a ese objeto? El Metro tiene la específica función de transportar gente, nada más.

Voto a favor.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente , para los efectos de lo señalado por el Honorable señor Piñera, y a fin de que no se entienda que esto constituye precedente, deseo dar lectura al artículo 32, inciso segundo, de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que dispone lo siguiente:

"El hecho de haberse estimado admisibles las observaciones en la Cámara de origen no obsta a la facultad del presidente de la Cámara revisora para declarar su inadmisibilidad.".

Y el inciso final consigna lo que a continuación se indica:

"La declaración de inadmisibilidad podrá hacerse en todo tiempo anterior al comienzo de la votación de la correspondiente observación.".

Por lo tanto, no constituye precedente que votemos, en un caso, un artículo o una indicación declarada admisible en la Cámara de origen, porque la revisora bien puede determinar lo contrario, y, reitero, no constituye precedente.

En todo caso, voto que no.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , la norma precedentemente citada consigna que el hecho de haberse estimado admisibles las observaciones en la Cámara de origen no obsta a la facultad del presidente de la Cámara revisora de cambiar de opinión. Eso me parece muy lógico.

Lo que mencioné fue que, si el Senado declara la admisibilidad o inadmisibilidad de una indicación, no parece correcto que inmediatamente después cambie de parecer. La diferencia de opinión puede darse entre las dos Cámaras.

Voto en contra.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Corresponde ocuparse en la indicación que recae en la partida 09, capítulo 08, programa 01, subtítulo 25, ítem 31.013. Su objetivo es suprimir las cátedras presidenciales en ciencias. También está la indicación .al ítem 31.014, y tiene por finalidad eliminar lo relativo a la investigación en temas de género. Ambas fueron presentadas por el Senador señor Cantuarias.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente , quiero formular una reserva constitucional respecto de las dos indicaciones, las cuales apuntan en un mismo sentido. Dice la primera: "partida 09, capítulo 08, programa 01: 1) subtítulo 25, ítem 31.013, eliminar.". Y no sé qué está suprimiendo: si la cantidad, o el subtítulo 25, ítem 31.013. Igual cosa sucede con la segunda indicación, por cuanto expresa: "2) subtítulo 25, ítem 31.014, eliminar.".

En consecuencia, no se sabe si ellas pretenden eliminar las cantidades -al parecer, no es así- o los subtítulos, lo cual estimo absolutamente improcedente. Y hago reserva constitucional en tal sentido.

El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-

Corresponde ocuparse en la indicación del Honorable señor Cantuarias referente a la partida 09, capítulo 11, programa 01, subtítulo 21, glosa 02, mediante la cual propone sustituir, en la letra a), el plazo de 7 días por uno de 3 días.

La Glosa, relativa a la dotación máxima de personal, dice lo siguiente:

"No regirá la limitación establecida en "el inciso segundo del artículo 9 de la ley 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación. A la provisión de vacantes que se produzcan en el servicio no le será aplicable lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Presupuestos.

"Se podrá contratar personal de reemplazo hasta por un monto de $ 374.922 miles, en aquellos casos que por cualquier razón, funcionarios de planta o a contrata se encuentren imposibilitados para desempeñar sus cargos por un período superior a 7 días.". Los días eran 15, pero fueron rebajados a 7 por la Comisión Especial de Presupuestos y por la Cámara de Diputados. Por su parte, la indicación propone rebajar los 7 días a 3. La Glosa termina diciendo: "Dichas contrataciones no se imputarán a la dotación máxima de personal establecida en esta Glosa.".

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , en verdad la continuidad del servicio de la JUNJI hace necesario que haya flexibilidad en cuanto a permitir estas contrataciones de reemplazo. Originalmente se proponían 15 días, los cuales fueron rebajados a 7 por la Comisión. Me parece que este último es un plazo razonable. Establecer uno de solamente 3 días generaría más conflictos administrativos en materia de contratación y de pago por los servicios prestados. Asimismo, introduciría un mayor recargo de trabajo administrativo.

El señor CANTUARIAS.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

La tiene, Su Señoría.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , sólo quiero explicar que la indicación tiene como único propósito satisfacer una solicitud planteada por el personal que trabaja en los jardines infantiles de la JUNJI de la Región que represento, dado que, cuando se presentan licencias médicas u otro tipo de permisos -como la norma del año pasado era igual a la que venía propuesta-, sólo se pueden tomar reemplazos si se trata de un período superior a 15 días, el que ahora ha sido reducido a 7 días. En algunos casos, cuando la persona a la que se otorga la licencia es la educadora de párvulos, por ejemplo, el curso respectivo queda sin orientación. Y estoy hablando de cursos realmente pequeños. Se produce, entonces, una perturbación en el funcionamiento del jardín.

Al ser dispuesta esta autorización para la Junta Nacional de Jardines Infantiles, va a haber un conjunto de personas -contratadas a nivel provincial, seguramente- para cubrir la licencia.

La razón que fundamenta la medida obedece exclusivamente a buen funcionamiento práctico del sistema. Obviamente se producirá un recargo administrativo para quienes efectúan los pagos, pero también tendrá lugar un alivio para el funcionamiento de los jardines, porque hoy, frente a determinados permisos o ausencias, es necesario recurrir a traslados de personal, lo que implica en el fondo desvestir a un santo para vestir otro. Se trata de una cuestión de carácter práctico.

El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-En la partida 07, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, los Senadores señores Piñera y Larraín Transferencias de capital, aportes al sector privado: 33.85.001 Empresa Nacional del Carbón S. A. por 13.010.040 miles.

El señor RÍOS.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor RÍOS.-

Comprendo que el del carbón es un problema que ya se prolonga por mucho tiempo, señor Presidente . Se ha aplicado una serie de medidas que no se han traducido en resultados positivos. Coincido en que es así. La situación afecta a una provincia completa, la de Arauco, y a la zona sur de Concepción. Y las consecuencias de ello no recaen solamente sobre una empresa, sino también sobre miles de familias. Creo que la alternativa de contar con algunos recursos públicos para que se puedan seguir desarrollando las diversas actividades productivas y sociales de la zona es muy importante.

Quiero consignar al respecto, señor Presidente , algo que, desde mi punto de vista, es muy relevante: la zona del carbón, prácticamente durante un siglo, ha sido la sostenedora, en energía, de todo el país. En efecto, los ferrocarriles movieron millones de toneladas con el carbón de la zona. Además, se construyeron palacios en Santiago y se desarrollaron diversas actividades con los recursos provenientes del rubro productivo a que hago referencia.

Cabe recordar que aquí hemos aprobado para Santiago recursos bastante importantes: una cifra cercana a mil 500 millones de pesos para la mantención del Cerro San Cristóbal; fondos para la Universidad de Chile, ascendentes a 4 mil y tantos millones; una asignación para el Teatro Municipal . Todo lo anterior suma, en las partidas que hemos estado analizando brevemente, una cifra cercana o superior a los 7 mil millones de pesos.

Creo que los recursos para la industria del carbón son muy importantes, y pido al Senado que los votemos a favor y rechacemos la indicación.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , voy a ser breve.

En los últimos diez años, se ha aportado a ENACAR 500 millones de dólares, suma que representa, aproximadamente, 65 millones de pesos por cada trabajador, en promedio, pues el número de ellos ha venido bajando de 5 mil a 2 mil 100. En el año en curso, se le hizo un aporte de 12 mil 500 millones de pesos, el cual, mediante un decreto, fue suplementado en 2 mil millones de pesos.

En nuestra opinión, los aportes a las empresas públicas debieran ser otorgados por ley de quórum calificado, en virtud de la legislación sobre el Estado empresario, porque, si para formar una empresa pública y disponer un aporte de capital se precisa dictar una ley aprobada con tal mayoría, para incrementar ese aporte a través de una subvención se debería requerir lo mismo.

Para 1996, se propone entregar a ENACAR 13 mil 10 millones de pesos, lo cual significa que durante este año y el próximo se le estarían aportando 6,5 millones de pesos por cada trabajador.

Pero, señor Presidente , el considerar todo esto no es suficiente, pues en la Empresa se ha detectado, también, una serie de irregularidades. No se trata solamente de aquellas que se identificaron este año y que obligaron a formar una Comisión Investigadora de la Cámara, sino porque, además, las cifras que presentó ENACAR en la Primera Subcomisión para justificar este aporte, eran absolutamente inconsistentes y debieron ser cambiadas en varias ocasiones.

Las razones que los ejecutivos, el Presidente y el Gerente de la Empresa insinuaron para justificar el aporte fueron básicamente tres. La primera de ellas se vinculó a motivos sociales, al bienestar de los trabajadores. Señor Presidente , si se trata de dar bienestar al sector laboral, estoy seguro de que, en vez de seguir subvencionando una empresa ineficiente y deficitaria con 6,5 millones de pesos anuales por trabajador, se podrían hacer cosas mucho más útiles.

Contrasta, en todo caso, el que por razones sociales se den 6,5 millones de pesos a cada trabajador y el que no haya recursos para incrementar la pensión mínima de un millón de personas. En una situación, se trata de 6,5 millones de pesos, y en la otra, de 40 mil pesos mensuales.

La segunda razón dada por los ejecutivos fue que, por constituir ENACAR un buen negocio, esta vez ellos la iban a transformar en eso. Pero, cuando uno tiene experiencia y cierta memoria, se da cuenta de que lo anterior es como el cuento del tío, porque es la misma historia de 1991, 1992, 1993 y 1994.

Cuando analizamos por primera vez el asunto ENACAR, señor Presidente , el costo por tonelada de carbón ascendía, aproximadamente, a 72 dólares y en ese instante su precio de venta era de 40 dólares, en la mina. Hace tres años, se presentó un programa quinquenal para reducir ese costo a 40 dólares. Cuando se parte de 70 y se quiere llegar a 40, uno espera que se registre una aproximación; pero lo que hemos visto, señor Presidente , es que de 70 se pasó a 90, a 150, a 212 y a 315, en circunstancias de que esa misma tonelada se vende en una cifra aproximada a 60 dólares. Por lo tanto, la idea de que si éste iba a ser un buen negocio, debe pasar el test del mercado.

El Estado, sin embargo, no puede seguir apostando, en forma sistemática, a promesas que se han caracterizado permanentemente por incumplimientos, a lo que se suman los cambios en la administración. El problema radica en que, cuando llega una nueva, ésta se siente liberada de todos los compromisos de las anteriores. Cabe recordar que ha habido múltiples cambios en la dirección de la Empresa.

Y la tercera razón que se dio, señor Presidente , decía relación a ahorrar indemnizaciones, lo que es, realmente, como hacerse trampas en el solitario. Porque, a la larga, esos beneficios van a tener que ser pagados, de todas formas.

Por todas estas consideraciones, señor Presidente , si se trata de preocuparse efectivamente por la zona de Arauco, podrían ser destinados a ella los recursos que en realidad la beneficien y no para mantener una industria que no tiene destino. Cuando una empresa produce a 300 dólares y vende a 60, no es muy difícil darse cuenta de que eso es inadmisible y de que ella no es viable. Con los recursos debiera hacerse lo que realmente corresponde en esa zona -ella tiene enormes oportunidades en los rubros forestal y pesquero-, que es preparar a la gente, a través de programas de educación y capacitación.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Le quedan 30 segundos, señor Senador.

El señor PIÑERA.-

Para terminar, señor Presidente , sugiero lo siguiente. Dado que una parte de ese financiamiento de 13 mil millones de pesos -aproximadamente, la mitad- es para pagar deudas, debe tenerse presente que las de ENACAR se hallan avaladas por CORFO y son, por esencia, excedibles. Eso permitiría, por lo tanto, hacer todos los traspasos asociados al pago de la deuda de la empresa, pero no para seguir tapando un hoyo que ha sido permanente y creciente, demostrativo de una muy mala asignación de recursos, que no se justifica en un país con tantas otras necesidades.

Por estas consideraciones, señor Presidente , y por razones de carácter social, económico y de buen manejo, sugiero que se apruebe la indicación.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente, en esta oportunidad, una vez más hemos tenido que referirnos al tema de ENACAR y a los aportes que el Estado hace a esta empresa.

Las cifras entregadas por el Senador señor Piñera dan cuenta de una proposición presupuestaria de aporte de 13 mil millones de pesos, que, divididos por el número de trabajadores -como Su Señoría informó-, equivalen a más de 6 millones de pesos anuales y sobre 500 mil pesos mensuales por cada uno de ellos.

En consecuencia, eso significa que la tensión social de dichos trabajadores pasaría -porque ninguno de ellos gana 500 mil pesos al mes-, tal vez, economizando muchos recursos del Estado, por mantenerles el sueldo y, simplemente, cerrar la mina.

Los trabajadores han apostado a que son capaces de sostener el funcionamiento de la mina e hicieron un plan laboral para lograrlo. Sin embargo, han denunciado que ese plan de trabajo ha sido muchas veces boicoteado por los ejecutivos de ENACAR.

Quiero señalar con mucha franqueza que, a mi juicio, los problemas de gestión de ENACAR son los más grandes. Durante este año y los anteriores hubo dificultades porque, incomprensiblemente, por ejemplo, la gerencia general y la presidencia ejecutiva de ENACAR se encuentran en Santiago, a 600 kilómetros de la empresa y de los problemas.

Lo anterior, unido a decisiones que se han tomado, hacen un todo en el cual hasta los propios trabajadores, que por supuesto piden respaldo para la sobrevivencia de la empresa, oficialmente han comunicado que no se sienten responsables ni capaces de responder por el proyecto de viabilidad -como se lo denomina- que sustentaron.

Sin embargo, lo que tenemos en juego aquí es una mala gestión, una gestión con vacíos y deficiencias notorias; un conjunto de trabajadores, y una esperanza, quizás, en que estas cosas se corrijan.

Muy sincera y reflexivamente, pido al Gobierno que considere nuestras opiniones y las que le entregan los sindicatos de trabajadores de ENACAR, porque ellos han planteado los problemas, y lo hacen en el tono franco con que suelen referirse a las dificultades que encierra la gestión de la empresa.

Porque creo que se pueden introducir algunas correcciones en tal sentido, rechazo la indicación.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , deseo recordar que esta materia ha sido objeto de larguísimos debates todos los años, particularmente en la Comisión Especial de Presupuestos.

En 1994 hubo una discusión muy extensa. Se planteó inclusive un compromiso a propósito de una glosa que venía en el proyecto en el sentido de que los aportes a ENACAR quedaban sujetos a un plan de manejo de la empresa que excedía el ejercicio presupuestario, lo que fue objetado en la referida Comisión, porque resultaba .discutible que una norma de la Ley de Presupuestos pudiera ser sometida a una condición que debía cumplirse a futuro, en los ejercicios presupuestarios de 1996,1997, etcétera.

En todo caso, sí, quiero hacer resaltar que fue un tema muy debatido, en que hubo votos tanto de la Concertación como de independientes y de diversos partidos para rechazar los aportes. Finalmente, éstos se aprobaron por mayoría -si mal no recuerdo, por 5 votos contra 7 y una abstención, o por 5 votos contra 9 y una abstención; no tengo en este momento la información exacta- para el Presupuesto de 1995.

Los recursos eran del orden de 12 mil millones de pesos. Pero resulta que ahora nos hemos enterado, con sorpresa, de que la Dirección de Presupuestos, de manera administrativa, aumentó dicho aporte presupuestario en 2 mil millones de pesos, lo cual es absolutamente irregular como procedimiento de ejecución presupuestaria, máxime tratándose de algo tan discutido y controvertible, que motivó una aprobación del todo excepcional.

Es de conocimiento de todos los señores Senadores presentes la huelga que hubo en ENACAR, donde se presentó un pliego de peticiones absolutamente desmedido en relación con una actividad que no debería subsistir. Es algo que resulta muy absurdo y que, reitero, se ha discutido todos los años.

No voy a repetir las observaciones hechas por el Senador señor Piñera, que las comparto íntegramente.

Por eso, voto a favor.

El señor LARRE.-

Señor Presidente, estamos discutiendo este tema desde que asumimos las funciones legislativas en 1990, y la verdad es que, para el Senador que habla, esta insistencia representa, lamentablemente, una absoluta discriminación respecto de otros trabajadores y otras Regiones.

No quiero adelantar una opinión mientras no escuche al señor Ministro de Hacienda , por cuanto, así como se fundamenta cada una de las peticiones del Presupuesto, creo que en este caso también deberíamos conocer su parecer.

Me advierten que, desgraciadamente, no se pronunció al respecto.

En tal circunstancia, deseo manifestar que usé el término "discriminación" porque se está favoreciendo a un par de miles de trabajadores y se corre el riesgo de perjudicar gravemente la fuente laboral de miles de personas en otras Regiones, que participan en actividades privadas absolutamente prósperas y que han llevado a la minería del carbón a técnicas de punta en el país.

En efecto, tanto en la Región de Magallanes como en la de Los Lagos, dichas actividades no sólo han satisfecho las aspiraciones remuneracionales, sino que también han favorecido el aumento de empleo; la incorporación de tecnología; la participación de la empresa privada en la construcción y mantención de caminos y puentes; la colaboración decidida en la edificación y mantención de escuelas y postas de primeros auxilios; la extensión de las líneas de energía eléctrica y de comunicaciones; y el desarrollo cultural de las comunas.

Además, con recursos propios, han contribuido a hacer prospección minera que ha resultado altamente valiosa para el país, como, asimismo, a asumir medidas de previsión en momentos complicados. Y voy a citar un solo caso. La compañía minera de San Pedro de Catamutún ha logrado establecer programas previos frente a etapas difíciles. Únicamente mencionaré que el valor del carbón que, con alta rentabilidad, vende dicha empresa es muy inferior al costo del apoyo subsidiario del Estado a ENACAR.

Por lo tanto, voy a coincidir con los términos empleados por muchos de mis Honorables colegas en el sentido de que ha llegado el momento de que tomemos una decisión.

Primero fue la ley del carbón. Luego, el subsidio anual, con la discusión que acabamos de escuchar a raíz de que la Dirección de Presupuestos ha destinado recursos que no estaban programados en el Presupuesto de la Nación.

Esta mañana el Vicepresidente de la República señalaba en Concepción la necesidad de que exista una más justa distribución del ingreso para los trabajadores chilenos. Y yo planteo a la autoridad de Gobierno aquí presente: ¡Qué más injusto que esta discriminatoria distribución que se está haciendo de los recursos! ¿Por qué no asumimos un programa que permita poner término a esta actividad ineficiente y otorgamos esos recursos a los trabajadores para que creen fuentes privadas productivas y rentables para el país? ¿Por qué estos fondos que anualmente se destinan a subsidios discriminatorios no son asignados a programas sociales de educación, salud, vivienda, etcétera, que tanto demanda la población?

En razón de la experiencia que tenemos los representantes de determinadas Regiones sobre el éxito de esta misma actividad, voto favorablemente.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , el artículo 19, N° 21°, de la Constitución asegura a todas las personas "El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público", etcétera. Y agrega: "El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares," -quienes, obviamente, no reciben 13 mil millones de pesos del Estado todos los años- "sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado;".

Por tanto, sostengo que esta parte del proyecto requiere quórum calificado para ser aprobada.

Adicionalmente, señor Presidente...

El señor PIÑERA.-

Por supuesto que sí. Si no, se estaría vulnerando la Constitución a través de la Ley de Presupuestos. Y existe un orden jerárquico: Constitución, leyes de quórum especial y leyes comunes, como la de Presupuestos.

Ahora bien, lo más importante es que estamos ante una asignación que requiere quórum calificado. Y pido al señor Presidente que así lo declare.

Pero, adicionalmente, me parece increíble -y protesto por ello- que durante su tratamiento no hayamos escuchado a una sola persona que defienda o justifique este aporte.

Señor Presidente , con esos 13 mil millones de pesos se podría incrementar en 13 por ciento la pensión mínima asistencial de 300 mil chilenos; siendo ella un poco superior a 20 mil pesos, tales recursos alcanzarían para dar 3 mil 600 pesos adicionales a cada beneficiario.

Cuando no se aumenta la pensión mínima asistencial (la pensión más baja, que es recibida por chilenos viejos y pobres, combinación extraordinariamente dolorosa) y, sin embargo, existe para ENACAR esa plata, que no se ha podido fundamentar, me parece que se raya en la irresponsabilidad y en la inmoralidad. Y esto se repite año a año.

No sé por qué el Gobierno insiste en asignar 13 mil millones de pesos a una industria ineficiente, irregular y que está sujeta a la acción de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, y no destina esa misma plata a incrementar en 13 por ciento la pensión mínima asistencial de 300 mil chilenos.

Por consiguiente, voto favorablemente la indicación. Pero, además, reitero que el artículo del proyecto de Ley de Presupuestos que asigna estos recursos requiere quórum calificado.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente , tengo la sensación de que aquí se ha elaborado una estrategia clara y definida: se han ido de la Sala los Senadores de Gobierno; quedan sólo cinco; el resto se asoma de repente por la puerta posterior para ver si ha terminado o no la votación.

Sin duda alguna, ello constituye una estrategia negativa, que habla mal del Senado. Porque no corresponde que asuman la responsabilidad únicamente quienes están planteando una situación tan compleja y difícil respecto de una zona también compleja y difícil.

Para ello, se ha modificado incluso la Mesa. El Vicepresidente , Honorable señor Núñez -a quien estimo mucho-, también se ha retirado. Lo propio han hecho los Senadores socialistas, los del PPD, los del Partido Radical y gran parte de los democratacristianos. Quedan sólo cinco Senadores de Gobierno en la Sala, y ellos son los que tienen la mayor responsabilidad en el tema de ENACAR.

Los sindicatos han planteado -eso es cierto- inquietudes muy grandes. En cuanto a la participación, por ejemplo, han sido marginados absolutamente de un programa planteado y elaborado por ellos mismos. Se ha contratado (según expresaron esas organizaciones; y estoy autorizado para decirlo) a decenas de asesores, cancelándose mensualmente sobre 248 millones de pesos en sueldos. Se arregló la casa del Directorio de ENACAR con platas que salieron del Presupuesto de la Nación. Han manifestado esos sindicatos que no es posible que dicho programa -planteado y analizado en el Senado- se haya iniciado el 1° de enero de 1995, porque los recursos se entregaron en julio último.

Es decir, existe una serie de situaciones anómalas, complejas, difíciles. Y no es admisible que los Senadores de Gobierno, y también el Ministro de Hacienda, se retiren de la Sala para que, en definitiva, otras personas resuelvan el problema.

Lo que señalo es una verdad. Desde mi punto de vista, estamos frente a una estrategia que todavía desconozco, pero que me permite abrigar muchas sospechas.

Lo que va a ocurrir es que se aprobará la indicación que elimina los recursos; se llegará a la Comisión Mixta; se va a comunicar a la prensa que el Senado rechazó tales fondos; se originarán conflictos, y habrá problemas.

¡Esto es inaceptable, señor Presidente!

Ésa es la verdad de las cosas. Porque, al margen de las estrategias que puedan existir en este momento, tiene que haber responsabilidad para asumir un hecho que ha sido muy negativo en la zona, donde no se ha podido avanzar por efecto de una mala administración que los propios sindicatos denuncian permanentemente.

Por eso, sintiendo la obligación de que dichos recursos de todas maneras lleguen a la zona, rechazaré la indicación. Y si es necesario juntar otros recursos, conforme. Vendamos lo que se ha construido con el carbón de Lota. Vendamos el Palacio Cousiño de una vez por todas, y que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Alcalde de Santiago no sigan realizando ceremonias y otras actividades con recursos que generó el carbón.

La estrategia seguida me parece una falta de respeto por la situación que vive la zona del carbón.

Voto que no.

El señor RUIZ (don José).-

Señor Presidente , la situación expuesta aquí es bastante difícil. No cabe duda de que la solución del problema de la zona de Arauco no es fácil. De lo contrario, éste se habría resuelto hace muchos años.

Un señor Senador habló de responsabilidad. Creo que cada cual debe asumir la suya. Si Su Señoría está en desacuerdo con la forma como se han usado los recursos, debió haber votado a favor de la indicación y no en contra.

Lo que sucede es que todos están haciendo un discurso para buscar culpables, sin asumir su propia responsabilidad.

Quienes estamos en la Sala tendremos que responder por nuestros actos. Lo propio deberán hacer los Senadores que se hallan ausentes. Pero no podemos estar tratando de justificar una posición sobre la base de que otros, por haberse retirado, llevan a cabo una estrategia tan tremenda y macabra.

Asumamos nuestra responsabilidad. Si alguien considera que se han administrado mal los fondos o que no corresponde entregar recursos para el destino señalado, debiera votar a favor de la indicación. Esto habría solucionado el problema y evitado hacer discursos sólo porque hay votos en la Región de que se trata y a la que se representa.

Yo rechazo la indicación porque no conozco una solución distinta para el problema del carbón. Si alguien me señala alguna, estoy dispuesto a desestimar cualquier partida que implique botar la plata. Sin embargo, no conocemos soluciones alternativas. Simplemente, se atacan problemas.

Si se considera que existe mala administración, hay organismos que controlan a las empresas del Estado y Comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados. Allí corresponde hacer las denuncias.

Por lo tanto, voto contra la indicación.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , respecto de la observación que ha hecho el Senador señor Ríos, quiero dejar constancia de que, en la ausencia momentánea del Hemiciclo de algunos Senadores de Gobierno, no hay intencionalidad alguna en relación con algún posible conflicto como consecuencia de esta indicación. Estoy convencido de que será así. Pero ello podría haberse evitado, en primer lugar, si no se hubiera presentado la indicación, es decir, si hubiéramos logrado que los Honorables colegas no tomaran esta iniciativa, y en segundo término, si nos hubieran ayudado en la votación.

El Honorable señor Ríos sabe que la Concertación no es mayoría en el Senado y carece de los votos necesarios para rechazar las indicaciones que se han formulado al proyecto de Ley de Presupuestos. Esto ha quedado demostrado en las sucesivas votaciones realizadas. Por lo tanto, la presencia en la Sala de todos los Senadores de Gobierno, con excepción de la de quienes están pareados, no habría tenido mayor influencia.

Es conveniente que los propios integrantes de las bancadas a que pertenecen los autores de la indicación asuman la responsabilidad que ella implica, y tomen nota de que suprimirán una partida indispensable para paliar un problema que, como manifestó el Senador señor Ruiz De Giorgio, puede ser tema de discusión, pero para el cual no hay otra solución. Porque estos recursos hay que entregarlos. Y si ello no ocurriere a causa de la indicación, serán los Senadores que la voten favorablemente quienes habrán de asumir la responsabilidad, no los que estamos en contra ella.

Voto que no.

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente , deseo refutar lo manifestado por el Senador señor Ríos, en cuanto a la existencia de una estrategia planificada. Aquí no ha habido absolutamente ninguna estrategia. Lo digo formalmente, porque soy jefe de Comité del Partido Demócrata Cristiano y no he tenido el más mínimo conocimiento de algo parecido. De manera que niego terminantemente esa aseveración.

Lo manifestado por el Senador señor Andrés Zaldívar explica la ausencia de algunos Senadores de la Concertación: hemos perdido todas las votaciones por 18 votos contra 14, y casi no tiene sentido que permanezcan en la Sala quienes tienen que cumplir otras obligaciones importantes. Por ejemplo, mañana la Senadora señora Carmen Frei viaja al norte; el Senador señor Hormazábal tenía un compromiso muy formal, etcétera.

Por lo tanto, estoy en condiciones de responder categóricamente: no hay una estrategia planificada. Lo digo para deslindar responsabilidades.

Por otro lado, concuerdo con el Senador señor Ríos en que la crisis del carbón es el resultado de muchos años de dilapidación, de muchos años de despilfarro, de muchos años de no haber invertido en la zona. Tiene razón el Honorable colega cuando dice que el señor Cousiño y otros propietarios, en vez de invertir en la Región, gastaron el dinero en construir palacios y parques en Santiago y Valparaíso. Esto es algo que se repite a lo largo de la historia de Chile, y en todas partes.

Haré una breve referencia.

Una de las zonas que en este momento exhibe altos índices de pobreza es la Sexta Región. Conozco muy bien lo que allí sucede, porque la represento en el Senado. Pues bien, esa Región, donde se ubica la mina de cobre más grande del mundo; que produce más del 50 por ciento de la producción hortofrutícola de Chile; que tiene una costa de 200 kilómetros; que posee riquezas indiscutibles, tiene, sin embargo, un alto porcentaje de pobreza. ¿Por qué? Porque las riquezas se llevan a otra parte, especialmente a Santiago.

Entonces lo que acontece en la zona carbonífera tiene una explicación. Durante muchos años se sacó plata, pero no se invirtió nada. Le he escuchado al mismo Senador señor Ríos -a quien le interesa el problema y es un experto en la materia-, y a los Honorables colegas señores Ruiz-Esquide y Arturo Frei, que también conocen a fondo el tema, que la reconversión no se arregla en dos, ni en tres, ni en cuatro años, sino que a veces demora diez años.

Y no se trata de entregar los seis millones y medio de pesos en el bolsillo a los mineros, porque ellos también tienen algo que se llama "dignidad" y quieren trabajar. No es cosa de decirle a cada uno: "Mire, señor, váyase para la casa, no haga nada. Aquí tiene plata: 400 mil pesos mensuales. Disfrute de ella". Porque esa persona está allegada -perdóneseme la expresión- a un trabajo, a una tradición. Cuando uno habla con los mineros, ya sea del cobre, del carbón u otros, se nota que tienen verdadero amor y vocación por lo que hacen, incluso sabiendo que es una actividad difícil.

Voto que no.

La señora FELIÚ.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Puede hacer uso de ella Su Señoría.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , esta indicación se refiere al Programa de Administración Directa y Proyectos Nacionales del Servicio Nacional de Menores.

La verdad es que año tras año el SENAME mantiene un programa transitorio, que corresponde a la administración directa de establecimientos de menores que realiza el Servicio. De este modo, todos los años se han aumentado los recursos destinados a ese fin, como igualmente el número de personas que se contratan para asumir la función de administrar directamente los recintos para menores.

En el presupuesto, el gasto en personal del SENAME asciende, más o menos, a mil 220 millones de pesos, y el del personal del programa de administración directa alcanza a 4 mil millones de pesos. O sea, el Programa 02, que es transitorio, es cuatro veces el programa normal del Servicio.

El programa en comento, que es -entre comillas- transitorio, ha ido adquiriendo enorme magnitud. Se ha transformado prácticamente en un servicio público paralelo al Servicio de Menores y opera con personal contratado, regido por el Código del Trabajo, es decir, bajo normas excepcionales que no condicen ni con las posiciones constitucionales, ni con la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Esta situación no parece sostenible en el tiempo. El Servicio Nacional de Menores tiene que devolver al sector privado la administración de los establecimientos para la atención de menores, con el objeto de dar cumplimiento a la letra y el espíritu de su actual ley orgánica, que establece que los servicios de menores deben ser atendidos por entidades privadas.

La Comisión tomó conocimiento de esta situación, como lo hizo el año pasado, y se habló con la señora Directora del Servicio y con personeros del Ministerio de Justicia. Se ha planteado que hay un proyecto de enmienda de la ley orgánica del SENAME. Esta situación debe regularizarse, porque no corresponde al sistema contemplado en la ley.

Reitero: el costo del programa de administración directa es tres a cuatro veces el presupuesto completo en personal del Servicio; pertenece a un Programa 02, que es transitorio, y se rige por normas que no son propias del Estado, sino del sector privado.

Ése es el sentido de la indicación, señor Presidente . Y pido someterla a votación, a fin de ir avanzando.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , si no se aprueba la indicación, no tiene sentido establecer el monto del programa. Es muy simple hacer la comparación de suma a suma. Lo que propongo es que no siga creciendo. Pero la indicación no tiene por objeto reducir el presupuesto del Servicio Nacional de Menores.

El programa 02 se incrementa año a año, y en un monto que matemáticamente es sencillo determinar, basta hacer la diferencia. Sin embargo, como se debe inflactar la cifra del Presupuesto, y el porcentaje de inflactación es distinto en el subtítulo 21 que en el 22, creo que no vale la pena hacer el ejercicio si la indicación es rechazada. Pero, si se aprueba, hay que hacerlo con la Dirección de Presupuestos para no incurrir en errores.

En definitiva, estoy objetando el incremento en dicho programa. Y lo he hecho desde su inicio.

La Subcomisión de Presupuestos que examinó esta partida coincide con mi planteamiento, porque se trata de una situación -puede ser calificada de cualquier forma- que, en todo caso, es anormal: que el programa 02, que es de carácter transitorio, tenga un presupuesto superior al programa 01, que corresponde al presupuesto regular del Servicio.

La idea no es aumentar el monto del programa 02, sino mantener el que tiene hoy. A eso apunta la indicación, lo cual es perfectamente admisible.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , en primer lugar, creo que si la indicación no especifica claramente a qué se refiere y cuál es su objetivo, no debiera admitirse a trámite.

La señora FELIÚ.-

Se encuentra claramente establecida.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

No lo está; y tanto es así que la señora Senadora autora de la indicación ha tenido que explicar cómo debe llegarse al resultado que desea. Y este hecho lo hicimos ver también en la Subcomisión.

En segundo término, Su Señoría sustenta la teoría -muy respetable- que los hogares de menores de conducta irregular deben ser administrados por el sector privado. La Comisión estudió la materia y concluyó que el hecho de que estén en manos del Servicio Nacional de Menores, no atenta contra la legislación vigente, y así se comprobó, a pesar de que la Honorable señora Feliú tiene un criterio distinto. Pero algunas personas de la Fiscalía, del Servicio y del Ministerio de Justicia afirmaron lo contrario.

Sin embargo, lo más grave son los informes de la Corte de Apelaciones que sostienen la necesidad y conveniencia de que la ayuda otorgada por el Servicio Nacional de Menores sea responsabilidad del Estado y sus organizaciones. Porque ha habido experiencias dramáticas que han significado daño a menores, cuando la administración se ha entregado al sector privado. No se trata de imponer un criterio en un sentido u otro. Soy un convencido de que la labor de este tipo de Servicio es la que corresponde al Estado desarrollar, y no puede entregarla al sector privado sobre todo con las malas experiencias ocurridas.

Ésa fue la razón por la cual la Subcomisión y, luego, la Comisión Especial no aceptaron la tesis de la Senadora señora Feliú.

Por lo tanto, estoy en contra de la indicación y, además, creo que ni siquiera se le debió haber dado trámite.

El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-Ha llegado a la Mesa una indicación de los Honorables señores Piñera y Larraín "Elimínase el siguiente ítem del gasto del Presupuesto del capítulo 02, programa 01 ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS: "Transferencias de capital, aportes al sector privado: "33.85.001 EMPRESAS SANITARIAS S.A. por $2.662.500 miles".

La señora FELIÚ.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Puede hacer uso de ella Su Señoría.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , la asignación que se entrega al Ministerio de Obras Públicas en el proyecto de Ley de Presupuestos corresponde a una excepción dentro del sistema de subsidio del agua potable, el cual se otorga por regla general a personas que cumplen determinadas condiciones: de pobreza, de consumos máximos en litros y de monto.

En sectores rurales, esto se torna, de hecho, impracticable. En consecuencia, respecto de tales lugares, se ha autorizado la entrega de un aporte a la entidad misma que hace las conexiones y que presta el servicio de agua potable. Ello, por razones de inaplicabilidad del sistema general, dirigido a las personas, o a la demanda. En este caso es a la oferta.

El asunto ha sido analizado varias veces, con motivo del estudio de las leyes sobre subvenciones al consumo de agua potable y sus respectivas modificaciones.

Voy a rechazar la indicación porque creo que corresponde exactamente a lo que, en su oportunidad, se ha aprobado, así como al concepto existente en el sentido de que, en casos de excepción, se dispone un subsidio a la oferta, para dotar a zonas rurales de servicios de agua potable.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , antes de que el señor Senador autor de la indicación nos entregue los antecedentes, aclaro que esto nada tiene que ver con el agua potable rural. Eso está claramente explicitado en la glosa 05, donde se ha considerado un fondo de 9 mil 452 millones de pesos.

Por lo tanto, creo que necesitamos otros antecedentes.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , la indicación tiene los siguientes fundamentos.

En primer lugar, se trata de empresas sanitarias a las que, de acuerdo al régimen tarifario establecido por ley, en su condición de monopolios naturales se les fijan tarifas de modo de asegurar su financiamiento operacional y su plan de desarrollo o de financiamiento de las inversiones.

Ésa es la metodología que determina la ley para fijar las tarifas. Por lo tanto, cuando los chilenos pagan sus cuentas de agua, se incluye en la cantidad correspondiente el costo operacional y, además, de acuerdo a la ley, el costo del desarrollo o de inversiones de las empresas.

Adicionalmente, las empresas reciben no sólo los ingresos que pagan los usuarios, sino que hay un sistema de subsidio a las personas.

En consecuencia, si queremos subsidiar a la gente pobre en ese consumo, no incurramos en el mismo error que se comete en ENACAR. Esto nada tiene que ver con los subsidios rurales, los que no están siendo tocados. El señor Senador que anticipó esa opinión cometió un grave error, que no debe repetir.

Lo que estamos estableciendo aquí es que, si se quiere subsidiar a la gente pobre para que disponga de agua, hay un mecanismo establecido por la ley, que es el subsidio directo. Estas empresas debieran financiar con las tarifas su gasto operacional y sus inversiones. Si no lo hacen es porque están funcionando en forma ineficiente en relación a la empresa que sirve de modelo para fijar la tarifa.

No nos parece, por lo tanto, que el Estado deba estar asignando sus escasos recursos a subsidiar ineficiencia. Ellos deberían ir, por ejemplo, a ampliar el subsidio de agua potable rural, con lo que estaríamos plenamente de acuerdo; no a seguir subsidiando ineficiencia.

Por tales razones, esta norma es, desde un punto de vista social, absolutamente favorable a redestinar esos recursos a subsidiar a la gente pobre; y desde un enfoque económico, es del todo razonable desde el momento en que exige eficiencia en el funcionamiento de estas empresas. Por ello presentamos esta propuesta, que, obviamente, algunos señores Senadores se han anticipado a descalificar sin tener información alguna de su fundamento, y empleando argumentos erróneos.

Sugiero que la aprobemos.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz.

El señor RUIZ (don José).-

Señor Presidente , en el país hay empresas de agua potable que son económicamente inviables. Es decir, no pueden funcionar con los parámetros normales, porque el costo de producción de agua es excesivamente alto.

Es imposible que la Empresa de Agua Potable de Magallanes se financie, a menos que cobre tarifas muy altas. La cantidad de subsidios que se entrega es insuficiente, y de ordinario los parámetros que se aplican para otorgarlos dan por resultado que los reciba gente muy pobre. ¿Qué pasa, entonces, con los usuarios que no lo son tanto? Hay algunos que ganan, por ejemplo, 120 ó 140 mil pesos al mes, y el arriendo de una vivienda les cuesta 80 ó 90 mil pesos. Por consiguiente, estamos hablando de empresas que hoy día, si se vieran privadas de estos recursos, no tendrían cómo funcionar.

Pienso que lo que se está buscando es que ellas se liquiden después a precio de huevo -como decimos los chilenos-, para que luego vengan algunos señores que tienen interés en comprarse todo el país y las obtengan regaladas, como ya ha ocurrido en el pasado.

Mi opinión es que aprobar esta norma es condenar a muchos modestos trabajadores del país a que carezcan de un servicio que es vital. No se puede seguir actuando con sentido mercantilista. Quitar esos recursos equivale a dejar a los pobres sin agua.

Por estas razones, pido que se rechace la indicación.

El señor ERRÁZURIZ.-

Señor Presidente, pido la palabra.

En la Comisión de Obras Públicas, y también en Comisiones de Economía y de Obras Públicas, unidas, hemos estudiado precisamente el proyecto sobre privatización de empresas sanitarias. Espero que sea aprobado dentro de poco, porque va a permitir que los empresarios privados decidan si sus negocios son rentables o no, y vean la forma de funcionar.

Comparto la opinión del Senador señor Ruiz en el sentido de que hay empresas que operan en zonas no propiamente rurales, pero que lo son en forma relativa. Tales empresas carecen de los sistemas con que se abastece a los sectores agrícolas -los que no se están tocando, por lo demás, como equivocadamente se ha afirmado aquí-; sirven, en realidad, a zonas semiagrícolas, pueblos o regiones chicas. Si a tales empresas se las priva de ayuda -lamentablemente, no se dispone de información en este momento como para hacer un análisis que permita resolver al respecto-, se podría cometer un error grave, sobre todo si se las va a privatizar dentro de poco.

Al privatizar esas empresas habrá oportunidad de que los compradores sepan qué tipo de asignación o de recursos necesitan, o si hay o no postores. Pero el transformarlas en ineficientes o hacerlas caer en insolvencia no creo que sea el camino adecuado para enfrentar una situación que puede resultar muy delicada.

Estimo que esta indicación debería ser rechazada, hasta que se despache el proyecto que sobre el particular se está estudiando con toda acuciosidad en las mencionadas Comisiones unidas.

He dicho.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , en primer lugar, este aporte no tiene ninguna glosa. Por consiguiente, ruego al Senador señor Ruiz que no trate de identificar un aporte genérico, a cualquier empresa, pues así está establecido en el proyecto, que dice: "Aportes a Empresas de Obras Sanitarias S.A.". No dice cuáles, así que no sabemos si es la de Punta Arenas.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , se está pidiendo que se apruebe genéricamente un aporte de capital de 2 mil 662 millones de pesos, sin identificar a cuál empresa va; sin decir si está en una zona pobre, en una rica, si se trata de la Empresa de Agua Potable Lo Castillo, en fin. No se especifica cuál es, y podría ser cualquiera de las que están en manos del Estado.

Si el señor Director de Presupuestos o el señor Ministro de Hacienda tienen una idea concreta acerca de qué pretenden hacer con esos 2 mil 662 millones de pesos, lo mínimo sería establecer en la Ley de Presupuestos a qué empresa irá y por qué razón.

Pregunto a qué empresa favorece, y por qué razón, ya que esos datos no figuran en este proyecto.

Adicionalmente, la forma de subsidiar a la gente necesitada es a través de subsidios directos. A lo mejor, hay que elevar los subsidios a rentas mayores en Punta Arenas, si en esa Región el costo de vida es más alto. Pero el camino de ayudar a las personas mediante la modalidad de financiar cualquier hoyo que tengan las empresas, ya lo conocimos con ENACAR.

Por eso, señor Presidente , pido al señor Director de Presupuestos qué establezca a qué empresa se pretende hacer este aporte, y por qué.

El señor ERRÁZURIZ.-

¿Me permite, señor Presidente?

Me parece conveniente que el señor Director de Presupuestos nos explique lo que es "Empresas de Obras Sanitarias S.A.". Si es una sociedad anónima, se trata de un ente específico; se está hablando de una persona jurídica determinada. Entonces, me gustaría saber de qué persona jurídica se trata, o si la denominación es de orden general, si son varias, o cuáles son. Esto debe explicarse porque debió haberse ubicado en una glosa, con su detalle. Lamentablemente, no se procedió así.

Sé que cada Región tiene una, pero hay muchas empresas de obras sanitarias pequeñas. Entonces, me gustaría que, si es posible, el señor Director de Presupuestos nos diera esa información, a fin de votar con certeza.

El señor PRAT.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor PRAT.-

En primer lugar, me parece que no corresponde encarar la indicación como el intento de negar el agua a los pobres, porque hay mecanismos destinados a solucionar ese problema y existe el marco legal para financiar a las personas que no pueden acceder al agua por falta de medios económicos. Para eso hemos hecho una ley -la perfeccionamos dos veces en la Comisión de Economía del Senado- y, por lo tanto, hay un marco legal para abordar esta situación de manera adecuada, y no como se está haciendo aquí.

Por otro lado, deseo hacer ver que la disposición, tal como viene planteada, debe ser aprobada con quórum calificado, porque entrega recursos a actividades empresariales del Estado, que, además, tienen accionistas, como bien me señala un señor Senador. Son empresas autónomas que tienen accionistas privados entre ellas, y les estamos haciendo aportes. En todo caso, la norma es de quórum calificado.

El señor ERRÁZURIZ.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz.

El señor ERRÁZURIZ.-

El señor Ministro y el señor Director de Presupuestos han sido claros al señalar que aquí se están haciendo aportes del Estado para ayudar, subsidiar, a empresas autónomas, que son sociedades anónimas, como lo dice la propia especie de glosa. Así que no cabe duda alguna de que requiere un quórum especial.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz.

El señor RUIZ (don José).-

Señor Presidente , en Magallanes se construyó un acueducto para la ciudad de Punta Arenas; es una obra grande que la empresa estaba en la imposibilidad absoluta de financiar. Entonces, si el Estado no le entregaba esa plata, nos quedábamos sin el acueducto. ¡Por favor! ¡De eso estamos hablando!

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

En todo caso, señor Presidente , si aprobáramos la indicación toda la plata podría ir a ESVAL, íntegramente, tal vez para seguir financiando un colector u otras aventuras. Luego, que se presente a este Senado una destinación para "Empresas Sanitarias S.A.", ¡cualquiera! , sin ningún criterio,...

El señor RUIZ (don José).-

Cómo va a ser sin criterio, señor Senador.

El señor PIÑERA.-

...sin ninguna glosa, me parece inaceptable como presentación de un Presupuesto.

Pero, además, señor Presidente , de acuerdo al artículo 19, número 21°, de la Constitución, definitivamente esta norma es de quórum calificado, y le solicito que así lo determine...

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

No es así, señor Senador. Lea bien la norma.

El señor PIÑERA.-

La norma dice: "El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales",..."sólo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado.".

Ahora, si entregar un aporte de 2 mil 600 millones de pesos no es una excepción, señor Presidente , le ruego que lo hagamos extensivo al resto de las empresas. Como es una norma excepcional, y no está sujeta a la normativa común aplicable a los particulares, definitivamente no es posible aprobar este aporte sino con quórum calificado.

En cualquier caso, pido al señor Ministro de Hacienda que, por favor, nos garantice que esta plata no va a ir, por ejemplo, a ESVAL. Porque el Congreso no puede hacer aprobaciones a ciegas. Es una disposición de quórum calificado, y además está muy mal justificado el programa y no hemos podido saber a qué empresa va el aporte. Se dice que es la de la Tercera Región o la de la Segunda, pero nada de eso consta ni en el texto ni en el informe.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , creo que la interpretación dada por el Senador señor Piñera para determinar que esta destinación requiere quórum calificado sobrepasa los límites de lo aceptable. Hay un fallo del Tribunal Constitucional respecto del carácter con que debía aprobarse un proyecto sobre la Contraloría y, según recuerdo, señala que sólo son de quórum especial aquellos proyectos que la Constitución expresamente establece; y la determinación del quórum no puede realizarse por la vía de la interpretación o de la analogía.

Y en ninguna parte del artículo 19, número 21°, se dice que el aporte presupuestario o subsidio a empresas del Estado tenga ese carácter. Aún más: si se revisa la Ley de Presupuestos, se encontrarán aportes al Metro, por ejemplo. Todos estos años hemos aprobado un sinnúmero de partidas de transferencia de recursos,...

El señor PIÑERA.-

Todas de quórum, señor Senador.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

...y jamás se han señalado como de quórum calificado, porque no lo requieren. Para que se exija un quórum especial ello tiene que estar expresamente señalado en la Constitución. Sólo por analogía puede llegar el Senador señor Piñera a la conclusión de que la destinación en debate es de quórum calificado.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-

Señor Presidente , en verdad, la afirmación del Honorable señor Piñera carece de base, porque el quórum calificado se exige para desarrollar una actividad empresarial, única y expresamente para eso. Y al ser una excepción, es de derecho estricto. No se puede aplicar a otra situación, ni por analogía, ni buscando determinadas equivalencias.

En consecuencia, la solicitud de quórum calificado para la votación de esta norma no tiene fundamento alguno.

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente , creo que el Gobierno es criterioso y sabe dónde están las necesidades. Excúsenme que dé un ejemplo particular: en estos momentos existe una capital de provincia -me refiero a Pichilemu- a la que sencillamente ya se le anunció que el próximo verano va a tener una restricción de agua potable del 40 por ciento, debido a circunstancias que no es del caso repetir ahora.

Indiscutiblemente, ESSEL necesita un aporte significativo de recursos, porque no se puede dejar sin agua a una capital de provincia. El Gobierno persigue efectuar una inversión importantísima y significativa en aquellas provincias en que, dado que su población fluctúa entre los 6 mil a 7 mil habitantes y la inversión en infraestructura se multiplica 10 veces o más, ella no es rentable durante gran parte del año.

Pero entiendo que el Gobierno debe hacer inversiones para dar sentido y progreso a una ciudad.

Por otra parte, una de agua potable no es cualquier empresa -en este caso estamos hablando de unidades sanitarias en general-, porque no es lo mismo fabricar zapatos o autos, que abastecer de un elemento tan vital como el agua, asunto que es de vida o muerte, de progreso o retroceso y, además, de salud pública.

Cuando estudiamos temas concernientes a las empresas de agua potable, debemos dar una importancia muy distinta a las de otro tipo. No podemos comparar, por ningún motivo, un tema tan vital como el financiamiento de empresas de agua potable, con el de otra clase de entidades productivas.

Por ello, voto en contra.

El señor ERRÁZURIZ.-

Señor Presidente , deseo fundamentar mi voto.

Me pronuncio en contra, porque, de acuerdo con la escasa información entregada por el señor Ministro a la Sala y, en general, por la poca disponibilidad de ésta, no puedo permitirme el riesgo de que, con mi aprobación, contribuya a que ciertas localidades se vean impedidas de funcionar adecuadamente, porque no cuentan con recursos suficientes.

No me parece prudente correr ese riesgo con el servicio de agua potable, porque, como bien ha sostenido el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, en ciertas zonas, donde las empresas sanitarias -como es el caso de Pichilemu con ESSEL- han cumplido tan mal su rol, con la colaboración de algunos Parlamentarios de la Región, han sufrido racionamiento del vital líquido, durante los últimos 5 años.

Por ello, el Senador que habla se ha visto en la necesidad, por medio de la creación de una empresa sanitaria, de entregar agua a esa Región durante todo ese tiempo,...

El señor DÍAZ.-

¡A 300 pesos el metro cúbico!

El señor ERRÁZURIZ.-

...porque las autoridades regionales no han solucionado el problema, no hicieron las inversiones pertinentes ni se han preocupado de los habitantes.

Tengo en mi poder una carta -espero que Sus Señorías puedan leerla-, enviada a la comunidad de Pichilemu, donde se explica tal situación. Sin embargo, esa anomalía no es imputable a los usuarios, porque ellos resultan ser los más afectados.

Me parece imprudente y peligroso que localidades como Pichilemu cuenten con una pésima atención en este rubro, como la brindada por ESSEL, y que, producto de ello, sean sus habitantes quienes deban pagar el costo de ello.

Por lo anterior, voto en contra.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , en primer lugar, entendí -sobre la base de una observación formulada en la Sala- que la indicación correspondía a la glosa 05, tendiente a asignar recursos para inversiones sectoriales. En verdad la indicación que estamos votando es otra y se refiere a un aporte distinto al que figura en el subtítulo 30, ítem 30, relativo a "Inversión sectorial de asignación regional". Ésta corresponde a recursos destinados a realizar inversión en programas de agua potable rural.

Este ítem contiene la información pertinente acerca de cómo se procederá a invertir los recursos respecto de la administración y supervisión de los sistemas de agua potable rural. La asignación que otorga la glosa 06 es, lisa y llanamente, un aporte a sociedades del Estado, como son las empresas de obras sanitarias.

Estimo muy curiosa la forma como se hace la asignación, porque cada empresa de obras sanitarias es una individualidad. Y estos aportes se destinan a una empresa privada.

Me parece obvio rechazar la indicación si no se señala cuál es el sentido y la finalidad del aporte.

En segundo término, en conformidad a lo dispuesto en el número 21 del artículo 19 de la Constitución, no cabe duda de que cuando no se aplica una norma de la legislación común, se requiere una ley de quórum calificado y, naturalmente, aquélla no contempla subsidios del Estado.

Quiero recordar que este tema no es nuevo y que lo hemos discutido en anteriores proyectos de Leyes de Presupuestos. Por ejemplo, en 1990, cuando se discutió un aporte para Televisión Nacional, este canal presentó el mismo problema. En esa ocasión, quedó muy claro -manifestó su opinión el entonces Senador señor Guzmán- que se aplicaba el número 21 del artículo 19 de la Constitución.

Tanto es así que, si ustedes recuerdan, dicho aporte fue retirado de la Ley de Presupuestos de ese año y, en forma separada, fue aprobado en una ley de quórum calificado.

Entonces, por una parte, este ítem requiere para su aprobación esa mayoría especial y, por otra, no es conveniente, porque no establece la finalidad y sentido del aporte.

Voto que sí.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , simplemente deseo manifestar que, efectivamente, como está planteada la Partida, resulta muy peligrosa, porque un periódico de hoy informaba que algunas de las empresas sanitarias tienen movimientos accionarios, es decir, son empresas de bolsa. No sabemos si alguna de ellas recibirá aportes financieros por parte del Estado. Me parece peligroso y delicado aprobar esta solicitud de aporte fiscal, precisamente por su indefinición e imprecisión.

En consecuencia, creo que debería revisarse la forma de presentar la iniciativa, pues de lo contrario, se induce a un grave error y puede prestarse a equívocos como el planteado.

Por otro lado, apoyo la tesis conforme a la cual esto implica una participación del Estado en actividades de particulares, cuestión expresamente legislada en el número 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

No obstante ello, por estar pareado con el Senador señor Matta, no puedo votar.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente , rechazar el ítem significa, como lo ha señalado el señor Director de Presupuestos , no sólo dejar sin posibilidad alguna a las Regiones limítrofes que se encuentran con dificultades donde, por supuesto, la entrega de agua potable es cara, sino que, además, reviste una gravedad mayor.

En las Regiones Séptima, Octava, Novena y Décima -muy pobres- existen pueblos pequeños y semirrurales que no pagan contribuciones. En la Región que represento, por ejemplo, Puerto Saavedra está rodeado de comunidades indígenas pobres. Estos poblados no cuentan con los recursos que hagan rentable la instalación de un sistema de agua potable por parte de estas empresas. Solamente pueden hacerlo las empresas sanitarias regionales mediante aportes estatales.

Por lo tanto, sin estos recursos, quedan condenadas a la falta de agua potable Puerto Saavedra, Quepe, Freire, en fin, una cantidad de pequeñas localidades de la Región que represento, que no son rentables.

Esto representa al capitalismo más brutal, donde sólo el que cuenta con recursos tiene derecho al agua.

A pesar de ello, no existe en la Sala la sensibilidad para posibilitar que el Estado subvencione a estos pueblos semirrurales y pobres, y así tengan acceso al elemental líquido.

Por esas razones, rechazo categóricamente la indicación.

El señor PIÑERA.-

Por lo tanto, si se desea beneficiar con estos recursos a sectores modestos para que accedan al agua potable, estamos totalmente de acuerdo. Hay mil formas de hacerlo. Una, mediante el subsidio directo, que es la forma normal de favorecer a las personas que lo necesitan. Porque, a lo mejor, en esos pueblos hay gente que no lo requiere y otra sí. Pero, si subsidiamos a las empresas, las beneficiamos a todas, y al parecer no hay fondos para ello. Si existe alguna focalización -no son meras palabras-, debiéramos procurar que los subsidios beneficien a la gente que realmente lo requiere. Pero para eso debe ayudarse a las personas y no a las empresas.

Al igual que el Honorable señor Lavandero, quien supone que estos recursos pueden destinarse a una comunidad mapuche o a una institución de la Octava Región, yo también podría deducir que van a ESVAL. Las dos cosas están permitidas, de acuerdo a la glosa y al articulado, porque no hay ninguna restricción. Igualmente podrían servir para comprar oficinas, pagar viáticos o solventar viajes. Nada se dice al respecto.

Además, según el número 21 del artículo 19 de la Constitución, ésta es una materia de quórum calificado en sus dos incisos. El primero, porque para desarrollar cualquier actividad empresarial, se requiere de esa mayoría. Y no se puede pensar que alguien cree una empresa con un capital de un peso y al día siguiente realice un aporte de un millón de pesos, porque ello vulneraría abiertamente el espíritu de la ley.

Por otra parte, de acuerdo con lo que decía el Honorable señor Andrés Zaldívar, establece expresamente el inciso segundo que estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares. Si hay excepción, debe autorizarse por ley de quórum calificado.

Por esas razones, sugiero al señor Ministro de Hacienda que presente en la Comisión Mixta una indicación para precisar el destino de estos dineros, es decir, qué empresas y por qué. Pero no puede ser al boleo, diciendo "EMPRESAS SANITARIAS S.A.", porque no existe tal tipo de entidades; sí empresas sanitarias, pero con su respectivo nombre y apellido. A lo mejor, en esa Comisión Mixta se corrige esta situación, a fin de llevar los recursos a la gente que los requiere de verdad y no tratar de conseguirlos con discursos demagógicos.

Voto en favor de la indicación.

El señor RUIZ (don José).-

Señor Presidente , quien hace una argumentación debe tener solidez en lo que plantea.

En ciertas localidades del país, algunos servicios no son rentables y, probablemente, nunca lo van a ser. Si nos basáramos solamente en el elemento rentabilidad, a lo mejor, habría que abandonar Magallanes y sacar de allí a toda la gente, porque la zona no es rentable. Por ejemplo, el tráfico marítimo es subvencionado. El efectuado entre las Regiones Décima y Duodécima beneficia a diferentes organismos.

Por otro lado, hoy la ganadería está por el suelo. No podemos decir que no importa, porque se trata de empresarios privados y que se las arreglan de acuerdo con las leyes del mercado. Pero ocurre que una nevazón impredecible liquidó toda la economía de la Región.

Entonces, los parámetros económicos normales no funcionan en el caso de las regiones extremas, debido a sus condiciones de aislamiento y a las dificultades existentes en ellas para producir bienes destinados no sólo a los pobres más humildes, sino también a muchas pequeñas empresas. Y si el agua potable fuera muy cara, ambos grupos no podrían funcionar. Entonces, ¿les decimos que cierren o que abandonen Magallanes?

¡Por favor! Aquí debemos actuar como país y no con un criterio dogmático economicista, que todo lo resuelve por las leyes del mercado. Porque en la zona austral éstas no rigen.

Tenemos que actuar con generosidad. Pensemos que no todo lo conocemos y entendemos. Asumamos que éste no es un Gobierno de irresponsables y no tengamos tanta desconfianza frente a situaciones lamentables.

Si estos recursos fueran destinados a ESVAL, no servirían ni siquiera para tapar los muchos hoyos existentes. Estamos hablando de poco dinero, pero él puede ser importante en cualesquiera de las empresas de agua potable de las regiones extremas.

Por lo tanto, junto con pronunciarme en contra de la indicación, pido que procedan de igual forma los señores Senadores que aún no han votado.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-

Señor Presidente , en verdad cualquiera que conozca la realidad de la Undécima Región estará de acuerdo en que la asignación propuesta es absolutamente necesaria no sólo para las zonas rurales, sino también para tres de las cuatro provincias. Incluso para la de Coihaique. Por eso, sería un error negar estos recursos, porque son urgentes para la vida y desarrollo de las personas.

En cuanto a que, de conformidad a lo dispuesto en el número 21 del artículo 19 de la Carta, la norma requiere quórum calificado, en realidad no es así, pues -está claramente expresado- esa mayoría rige en el caso de que el Estado desarrolle o participe en ciertas actividades. O bien en el negocio mismo. Es decir, se sale de la ley común como excepción. Una excepción dentro de otra se entiende dentro del giro ordinario, pero en caso alguno para recibir un aporte por vía presupuestaria.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , insisto en que ésta no es una materia de quórum calificado. En la misma página hay una partida sobre transferencia de capital, cuya glosa 06 dice: "Con este ítem se transferirán a las sociedades anónimas de servicios sanitarios y a Metro S.A. los recursos destinados a financiar los programas de inversiones,". Y sigue toda una reglamentación que determina la glosa.

Pues bien, que yo recuerde, durante la tramitación de los proyectos de Leyes de Presupuestos, jamás se ha reclamado por transferencias de asignaciones a este tipo de empresas.

En otra partida, figura una transferencia a Ferrocarriles, que es una compensación por la vía en relación con los caminos. Y no es de quórum calificado ni jamás se ha requerido tal mayoría. Porque así se ha entendido.

Insisto en que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sólo se necesita quórum calificado cuando expresamente lo establece la Carta.

Por esa razón, considero que lo propuesto no es de quórum calificado. Además, su no aprobación estaría provocando un grave daño a los sectores más abandonados y con más dificultades.

Si los señores Senadores que propician la indicación quisieran precisar el destino de los recursos, en su momento, tanto en la Subcomisión como en la Comisión Especial de Presupuestos podían haber presentado una indicación para determinar cómo se haría esa inversión, pero sin suprimir el ítem, porque con ello se provoca un daño. Perfectamente podían haber dicho que los recursos destinados no podrán ocuparse sino en un determinado objeto; o bien haber solicitado al Ejecutivo una indicación al respecto. Sin embargo, como se puede provocar un perjuicio, cada uno debe asumir su responsabilidad.

Voto que no.

El señor COOPER.-

Señor Presidente , ésta es una transferencia de capital. Creo que, de cuantos estamos en esta Sala, nadie desconoce que algunas empresas afrontan ciertas necesidades, para lo cual requieren el apoyo de recursos fiscales a fin de proporcionar un servicio mejor o a un costo más bajo, aun cuando el consumo podría ser subsidiado directamente. Y no se trata de una cantidad menor: son más de dos mil seiscientos millones de pesos.

Por la imprecisión con que se ha presentado esta glosa, respaldaré la indicación. Y, sinceramente, espero que en la Comisión Mixta se defina con exactitud el objetivo y se indique la empresa a que van destinados estos recursos. De esa manera será posible resolver el problema aquí planteado.

Voto a favor de la indicación.

El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-

Corresponde ocuparse en la indicación del Honorable señor Piñera que reduce el ítem de gasto del presupuesto del capítulo 02, programa 08, Dirección de Obras Portuarias, en el subtítulo 31, Inversión real, de 16.452.120 miles a 314.175 miles, por la eliminación de los ítem 61 al 78, que suman 16.137.945 miles.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , en el proyecto de ley de reajuste que vimos esta mañana había gruesos errores, que puse de manifiesto. En ese caso podríamos haber alegado por la existencia de una contradicción entre el mensaje y el articulado. Sin embargo, lo dejamos pasar.

Por lo tanto, pido al Honorable señor Zaldívar que recapacite.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente , la indicación es indubitable. Se precisa claramente a qué se refiere: a la Dirección de Obras Portuarias; y se indican las cifras pertinentes. Existe solamente un error de mecanografía: se colocó 08 en lugar de 06.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , la Dirección de Obras Portuarias, que es un organismo público que tiene una función reguladora, está haciendo, dentro de su presupuesto, un aporte de 16 mil millones de pesos a la EMPORCHI.

Esa empresa portuaria requiere 40 millones de dólares de aporte fiscal -no sabemos por qué-, en circunstancias de que el resto de las empresas portuarias de Chile, que están en manos privadas, no precisan dineros públicos. Como nos dijo el señor Ministro Secretario General de Gobierno , dentro de los planes del Ministerio está considerada su privatización. Y es una empresa en la que también ha habido irregularidades.

En consecuencia, seguir efectuando aportes a las empresas en función de sus déficit -como ha ocurrido históricamente en el país- no se justifica. El peso de la prueba para hacer un aporte a una empresa estatal está en manos de quien desee efectuarlo y no en las de aquel que no quiere hacerlo.

Lo normal es que las empresas del Estado, con sus tarifas y compitiendo en igualdad de condiciones con las privadas, se autofinancien.

Como no está fundamentado el aporte, hemos presentado esta indicación.

He dicho.

El señor SIEBERT.-

Yo represento a Décima Región. Y en este programa, específicamente, hay mil 600 millones de pesos para muelles, rampas, muros costeros, caletas de pescadores. Sobre todo en Chiloé, Palena y Llanquihue, no se puede prescindir de esta inversión.

Por lo anterior, rechazaré la indicación.

El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-

A continuación, corresponde ocuparse en la partida 15, Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

La primera indicación fue presentada por la Senadora señora Feliú. En el capítulo 02, programa 01, subtítulo 25, ítem 31, asignación 003, Fondo de Asesoría Laboral y glosa 05, propone suprimirlos.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , la indicación se fundamenta en lo siguiente.

Existe un programa sobre capacitación y desarrollo de la educación técnica, cuyo objetivo es preparar a los jóvenes para la vida laboral.

Estimo que esa iniciativa es sumamente loable. Pero la verdad es que este programa involucra cuantiosísimos recursos. Fue creado en 1991, y desde entonces se le han asignado, nominalmente, sin inflactar suma alguna, 71 mil millones de pesos, incluido este proyecto.

En 1994 la Universidad de Chile hizo una evaluación del programa. No fue completa, porque se omitió analizar las posibilidades de trabajo, en el mismo período, de los jóvenes no capacitados. Ello impidió aquilatar los resultados.

Desconozco estudios posteriores que fundamenten la mantención del programa.

Por esa razón, considero indispensable, antes de asignarle más recursos, hacer una evaluación de dicho programa. Porque -reitero- se trata de cantidades cuantiosísimas.

En la Comisión presté mi aprobación a los recursos destinados a terminar con los programas en desarrollo para capacitación de jóvenes, pero no a los encaminados a mantener el ya comentado.

Por otro lado, también presenté una indicación para eliminar un nuevo programa -está en la Dirección del Trabajo-, denominado "Fondo de Asesoría Laboral", que tiene por finalidad subvencionar la asesoría laboral a la pequeña y mediana empresas. Éstas tienen, en general, muchas carencias y necesitan apoyo, el que debe prestárseles cumpliendo un rol subsidiario. Pero no es función de la Dirección del Trabajo, donde está radicado el programa, otorgarlo.

Con igual criterio, el día de mañana podría crearse un programa para que el Servicio de Impuestos Internos asesorara a las empresas en materias de carácter tributario.

A mi juicio, la solución propuesta no es adecuada. Los servicios públicos deben satisfacer necesidades públicas. La ley que los crea establece sus funciones. Para el cumplimiento de ellas deben destinar sus recursos materiales y humanos, los cuales, además, son siempre escasos. Y la Dirección del Trabajo así lo ha hecho presente.

Encomendar a esa Dirección una nueva función, como la mencionada, no es materia propia de la Ley de Presupuestos.

Por lo anterior, no estoy de acuerdo con la creación del Fondo de Asesoría Legal, sin perjuicio de recordar que a través del FOSIS y del Servicio de Cooperación Técnica permanentemente se están implementando programas de apoyo a las pequeñas empresas.

Por tales razones, he presentado indicaciones para suprimir este nuevo programa y no dar mayores recursos para la mantención del programa de capacitación de jóvenes.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

La tiene, Su Señoría.

El señor RUIZ (don José).-

Señor Presidente , creo que se está cometiendo un error muy grande en los planteamientos formulados en la Sala.

Todo el país está consciente de que uno de los problemas más graves es el de la capacitación, no sólo para trabajadores, sino también para la pequeña empresa. Es decir, estamos hablando de que el conocimiento es lo más importante para el desarrollo de los pueblos y de que deben buscarse mecanismos para llevarlo a más personas.

Los programas implementados durante estos años han dado resultados positivos; la gente ha participado, y parte importante de quienes reciben capacitación a través de ellos se ha empleado. Y cuando uno recorre las Regiones aprecia tales resultados.

Respecto del problema de la pequeña empresa, es importante que la Dirección del Trabajo y los servicios de su dependencia, que conocen la legislación laboral, instruyan a los pequeños empresarios, quienes muchas veces cometen errores en el manejo de las relaciones laborales por ignorancia.

Estimo que dichos organismos públicos prestan un buen servicio, no solamente a los trabajadores, sino también al pequeño empresario, que carece de medios para contratar abogados y financiar su propia capacitación.

Creo que no podemos restar estos recursos, que permitirán, por un lado, que una parte importante de los jóvenes del país tenga acceso a capacitación y se habilite para servir en las empresas; y por otro, que la pequeña empresa, que es fuente de mucha mano de obra y soluciona numerosos problemas de ocupación, tenga herramientas adecuadas para enfrentar su desarrollo.

Por lo tanto, no podemos restar esos recursos. Propongo, entonces, que votemos en contra de las indicaciones referidas.

El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-

Indicación de la Senadora señora Feliú a la partida 15, capítulo 05, programa 03, para suprimirlo.

La señora FELIÚ.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

La señora FELIÚ.-

El programa data de 1991 y sólo se suprime en lo que a nuevas actividades se refiere, pues se aprobaron los recursos correspondientes a las que ya estaban en desarrollo.

Hice presente, también, que hay una evaluación del mismo realizada por la Universidad de Chile el año 1994, que no es unívoca en sus resultados, al no señalar en la comparación los empleos que habrían obtenido estos jóvenes de no mediar la capacitación.

Esta labor es muy importante y conveniente, pero debe ser desarrollada en forma muy eficiente y focalizada. No veo que se cumpla con lo primero, por tratarse de un Programa costosísimo, creado en 1991, al cual se han asignado, nominalmente 71 mil millones de pesos.

Creo que debe haber un sistema más eficiente para lograr el mismo fin; puede ser sobre la base de subsidios, acreditando las sumas invertidas en esta actividad, o por otros mecanismos. Los recursos asignados han permitido adquirir vehículos, computadoras, etcétera, y capacitar personas.

Reitero: se trata de una iniciativa a la cual se destinaron cuantiosos recursos, y en este momento está haciéndose una nueva evaluación, por el problema de los costos involucrados en ella.

El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).

- Terminada la partida 15, Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

En la partida 16, Ministerio de Salud, la Senadora señora Feliú formuló indicación para separar, en el capítulo 03, programa 01, los presupuestos de los 27 Servicios de Salud, según los presupuestos actualizados del año 1995.

En subsidio: para delegar facultades en el Presidente de la República para dictar decretos con fuerza de ley que aprueben los presupuestos de cada uno de los Servicios de Salud creados por el decreto ley N° 2.763, de 1979.

La señora FELIÚ.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , seré muy breve.

Este asunto se ha discutido durante la tramitación de la Ley de Presupuestos año tras año, especialmente a nivel de la Comisión Especial encargada de su estudio. Se trata de que en ella se destinen globalmente los recursos para la dotación total de los 27 Servicios de Salud -ella alcanza a unos 65 mil funcionarios-, para que después se distribuyan entre los mismos mediante resoluciones ministeriales.

La indicación que presenté tiene por objeto separar los presupuestos de cada una de esas reparticiones. Y, en caso de que la Mesa la declare inadmisible, formulo expresa cuestión de constitucionalidad respecto de la norma propuesta, porque la aprobación de presupuestos de organismos públicos es materia propia de ley.

En consecuencia, la partida correspondiente al Ministerio de Salud es inconstitucional, por cuanto entrega a una resolución administrativa la distribución de la dotación y el presupuesto de cada uno de los servicios públicos creados en virtud del decreto ley N° 2.763, al permitir a una autoridad administrativa separar y establecer presupuestos de los mismos, y por ser una materia propia de ley. Tal facultad o se establece en la Ley de Presupuestos o se delega en el Presidente de la República , pero no puede quedar entregada a una autoridad administrativa inferior el establecer presupuestos de servicios públicos y modificarlos cuantas veces lo estime necesario.

Además, ha quedado demostrada la inconveniencia del procedimiento, porque los Servicios de Salud son manejados desde la calle Mac-Iver, y la verdad es que no puede ser peor el resultado. Lo ocurrido recién con una bonificación otorgada por el Fondo Nacional de Salud y el Ministerio del ramo a sus trabajadores sin una ley que la autorice es una demostración de que el sistema permite hacer este tipo de asignaciones arbitrarias e inconstitucionales.

Creo que esto realmente debe remediarse. Y si se considera que no puede establecerse en la ley, se deben delegar facultades en el Presidente de la República para ello; pero, tal como está planteado, es inconstitucional, y solicito que quede constancia de mi reserva de constitucionalidad.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Lavandero.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente , pido que se declare inadmisible la indicación de la Honorable señora Feliú, porque el inciso segundo del artículo 62 de la Carta dispone que "Las leyes sobre tributos de cualquiera naturaleza que sean, sobre los presupuestos de la administración pública y sobre reclutamiento, sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados.", etcétera.

El señor LAVANDERO.-

En seguida, y siempre que la señora Senadora me permita seguir con la ilación de lo que estoy diciendo, el inciso tercero establece: "Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos,", etcétera.

Respecto de lo planteado en subsidio por Su Señoría, esto es, delegar facultades en el Primer Mandatario para dictar decretos con fuerza de ley que aprueben los presupuestos de cada uno de los Servicios de Salud creados por el decreto ley N° 2.763, de 1979, el artículo 61, inciso primero, de la Constitución estatuye que "El Presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley.".

En consecuencia, la autorización para que se le deleguen facultades a fin de dictar decretos con fuerza de ley sólo podrá solicitarla el Jefe del Estado.

En síntesis, la primera parte de la indicación de la señora Senadora infringe el artículo 62, y la segunda, el artículo 61 de la Ley Fundamental.

El señor PÉREZ.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor PÉREZ.-

Estos recursos para la ENAMI están destinados a subsidiar a la pequeña minería, principalmente a los pirquineros del norte de Chile.

La verdad es que este subsidio también tiene razones de carácter geoeconómico. En primer lugar, la pequeña minería del norte mantiene el poblamiento en cuatro zonas muy extensas y cuyo desarrollo demográfico es reducido; en segundo término, otorga al país importantes recursos, porque, a partir de ella, se van desarrollando la mediana y la gran minerías. (Los grandes yacimientos que existen en Chile en algún momento fueron descubiertos como un pirquén o como una pequeña minería). Además, la pequeña minería se relaciona con las plantas de ENAMI y con un problema de carácter social, por cuanto es una buena incentivadora de la mano de obra.

Por esa razón, y debido a la crisis que ha sufrido la pequeña minería en el último tiempo a raíz de la disminución de las tarifas y del precio de las maquilas que fija ENAMI, anuncio que votaré en contra de la indicación.

El señor PÉREZ.-

¿Me permite, señor Presidente ? Aclaro que estos recursos se destinan sólo a la pequeña minería. La ENAMI no está vinculada a la gran minería. La mediana minería, donde no hay subsidios, se relaciona con la ENAMI por la fijación de precios a través de las tarifas.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Prat.

El señor PRAT.-

Seré muy breve, señor Presidente .

Entiendo que hay oportunidades en que se justifica socialmente subsidiar a la pequeña minería: cuando el precio del cobre es muy bajo. Pero en momentos en que su valor ha alcanzado un récord histórico no es razonable un subsidio de esta naturaleza.

El señor COOPER.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor COOPER.-

Hay un aspecto que resulta importante destacar en esta Sala. La ENAMI fue creada, precisamente, para apoyar el desarrollo de la pequeña y mediana minerías. Y como empresa, evidentemente, debe entregar utilidades al Estado o, por lo menos, autofinanciarse. Pero el respaldo que tiene que dar al pequeño y mediano mineros es sobre la base de proporcionarles estos recursos.

En cuanto a lo que acaba de manifestar el Senador señor Prat, debo decir que los mineros actúan conforme a un acuerdo que suscriben con la ENAMI. En los años en que el precio del cobre es bajo, se les concede un préstamo, el que posteriormente es retenido cuando el precio del metal aumenta en el mercado. Ésta es la forma en que operan la pequeña y mediana minerías respecto de la ENAMI.

Por tal motivo, votaré en contra de la indicación.

El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-

Partida 22, Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República .

Indicación del Senador señor Cantuarias al capítulo 02, programa 01, subtitulo 25, ítem 31.004, Centro Nacional del Medio Ambiente, para eliminarlo; y, en el subtitulo 33, ítem 85.001, para eliminarlo.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , la Comisión Nacional del Medio Ambiente depende del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Conforme al capítulo 02, ítem 31.004, se le está haciendo un aporte de $ 449.043 miles, y de $ 569.517 en el ítem 85.001. La idea es eliminar ambos aportes.

El informe elaborado por la Subcomisión respectiva nos da cuenta de la información entregada, primero, por el señor Ministro , y luego, por la señora Directora de CONAMA , respecto de lo que significa el Centro Nacional del Medio Ambiente (CENAMA). La Comisión Nacional del Medio Ambiente es una repartición que tiene su distribución de presupuesto, en la cual algunas partidas contemplan sumas del orden de los 6 mil 500 millones de pesos. Debe gastarse, en definitiva, un mil 18 millones de pesos en aportes que esta Comisión hace al referido Centro.

En el informe de la Subcomisión (página 133), se deja constancia de que el señor Subsecretario , que en ese momento actuaba en calidad de Ministro , agregó que otro desglose del aumento significaba 570 millones de pesos, correspondientes a una transferencia al CENAMA, debida a una iniciativa que se remonta a un par de años y que logró cristalizarse gracias al apoyo económico de Japón y de la CONAMA. Expresó que el citado Centro tendrá, entre otras funciones, la de trabajar estrechamente con los entes privados respecto de temas ambientales, a fin de proporcionar una segunda opinión sobre la materia, una vez que se conozca el primer estudio de impacto ambiental, que se está realizando al amparo de la CONAMA.

Para alcanzar este propósito, en opinión del señor Ministro , se aportan, en una partida, más de 500 millones de pesos, y en otra, más de 400.

También se da cuenta, en el referido informe (página 136), de que la señora Directora de CONAMA , frente a una consulta formulada por un señor Diputado integrante de la Subcomisión respecto de la naturaleza jurídica que tendrá el Centro Nacional del Medio Ambiente, contestó que dicho organismo es básicamente un laboratorio de investigación en materia medioambiental, conformado, corporativamente, por la Universidad de Chile y la CONAMA, y cuyo objetivo es proporcionar una serie de mediciones y servicios de laboratorio en diversos sectores medioambientales, a instituciones privadas que necesitan certificar su calidad ambiental.

Entonces, señor Presidente , lo que pasa es que no se ha respondido cuál es la naturaleza jurídica del CENAMA. Por el tenor de la descripción y el tiempo verbal utilizado en ella, da la impresión de que este Centro es un laboratorio que se va a formar, el que, según el señor Ministro , dará una segunda opinión respecto de los estudios de impacto ambiental, y según la señora Directora, proporcionará certificación ambiental a entes privados para que realicen sus exportaciones. Como ello resulta muy confuso y no se conoce la naturaleza jurídica del recepcionante; como una vez más aparece la Universidad de Chile; como, además, esto representa entre el 15 y el 20 por ciento del total del presupuesto de la CONAMA, pienso que las cosas no están claras y que las glosas no dicen nada. Por ello, he propuesto suprimir los dos ítem que indicó el señor Secretario .

He dicho.

El señor CANTUARIAS.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , quiero explicar que la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente creó un Fondo de Protección Ambiental, cuyo propósito es realizar estudios de esa índole a lo largo del país. Dicho Fondo recibe un aporte del Presupuesto de la nación ascendente a 112 millones de pesos. O sea, un organismo creado por ley, que constituye lo novedoso, recibe ese aporte, mientras este otro, que es distinto, que no está debidamente fundamentado, que parece estar en funcionamiento, recibiría diez veces más, esto es, alrededor de mil millones de pesos, sumando ambos ítem.

Por ello, me parece que se trata de asignaciones confusas -su buena denominación, la "cuestión ambiental", nos atrae y convoca, por lo que queremos respaldarla-, tendientes en el fondo a beneficiar a un organismo, a una dependencia, pero incluso su significado aparece contradictorio si nos atenemos, por una parte, a las explicaciones dadas por el señor Ministro , y por otra, a las de la señora Directora de CONAMA , como se puede apreciar en el informe puesto a nuestra disposición.

He dicho.

El señor HORVATH.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , la verdad es que los problemas de medio ambiente que existen en el país son de una magnitud muy superior a la que se desprende de las cifras dadas a conocer en la Sala. Solamente por el proceso de erosión y desertificación, Chile está perdiendo unos 150 millones de dólares anuales.

Si consideramos el reciente aporte efectuado por el Banco Central en las denominadas cuentas ambientales -pueden o no ser controvertidas, pero han puesto el dedo en la llaga, en el sentido de que se debe seguir investigando en qué medida estamos realizando un buen o mal uso de nuestros recursos naturales-, creo que se justifica plenamente este tipo de proyectos.

Concuerdo con el Senador señor Cantuarias respecto de que estas iniciativas deben llegar mejor fundamentadas, mejor defendidas. Sin embargo, existen muchas razones para avalar el hecho de que, como todos esperamos, estos laboratorios y Centros, fuera del Fondo de Protección Ambiental, comiencen a funcionar en el país.

Por lo tanto, considerando estos antecedentes, anuncio que rechazaré la indicación.

El señor ERRÁZURIZ.-

Quiero solicitar a los autores de estas indicaciones una aclaración, para los efectos de votar.

El hecho es que no se está reduciendo un costo, sino planteando, en el fondo, eliminar la denominación, de modo que lo único que obtendremos, al final, es menos informaciones. No veo cuál es la ventaja que se logrará, en consecuencia, porque insisto en que no se está reduciendo un gasto, no se está reasignando, sino que se está eliminando el nombre. Vamos a tener menos antecedentes después, entonces, para los efectos de ver, en el seguimiento de la ejecución presupuestaria, cómo se ha ido desarrollando esto.

Por lo tanto, pido a los autores retirar la eliminación del nombre.

El señor PIÑERA.-

En primer lugar, señor Presidente , quiero recordar que el texto de lo aprobado por la Cámara Baja, que demoró cerca de 12 horas en su tramitación, llegó al Senado y estuvo disponible para nosotros solamente a partir de las 12 de hoy,...

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

 De ayer, Honorable colega. Ya pasamos a otro día.

El señor PIÑERA.-

...y que el plazo para formular indicaciones se fijó hasta las 15. Pero, tal como dice el artículo 211 del Reglamento, cualquier Comité podría haber pedido 24 horas para ese efecto, desde el momento en que se contó con el informe. Entonces, señor Presidente , aquí estamos trabajando de buena fe.

Si nuestra intención es rebajar el subítem de 270 mil millones a 205 mil millones -y, como ya se rebajó a 266 mil millones, de esta última cantidad a 205 mil millones-, es por una razón muy simple. Tocante a los gastos que ha mencionado el señor Director de Presupuestos , estamos enteramente de acuerdo, pero todos ellos suman bastante menos que 205 mil millones. Concordamos totalmente, por lo tanto, en lo atinente a los reajustes, las subvenciones, el SENAME y todo lo que se ha planteado como comprometido en esta partida, que constituye una provisión para financiar gastos. Ahora, si el señor Director de Presupuestos le quiere decir al Congreso lo que no pudimos averiguar en todas las largas discusiones sostenidas en la Subcomisión y nos explica para qué quiere los 270 mil millones, podríamos cambiar de opinión en cuanto a lo que proponemos. Reitero que estamos de acuerdo con todo lo que ha dicho acerca de los reajustes, a los que se suman las subvenciones, el SENAME, las bonificaciones. Ello representa la mitad de la cifra. La pregunta es para qué es la otra mitad.

Como esa explicación no se dio, señor Presidente , creemos que con 205 mil millones de pesos queda perfectamente cubierto todo lo relacionado con los reajustes y las leyes de las que tenemos conocimiento. Además, hemos dejado, de acuerdo con nuestros cálculos, una holgura de aproximadamente 30 mil millones de pesos para eventualidades que, obviamente, ni nosotros, ni el señor Ministro , ni el señor Director de Presupuestos podemos anticipar hoy.

Pensamos que aquí hay un fondo que constituiría una enorme tentación para incrementar gastos durante 1996, en circunstancias de que el camino no es el de seguir incrementando los gastos fiscales. Por eso, señor Presidente , le pido someter a votación esta indicación para reducir el subítem de 270 mil millones a 205 mil millones.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , quiero hacer una observación sobre el tema, en especial en relación con lo dicho por el Senador señor Piñera: con motivo de anteriores Leyes de Presupuestos, se discutió también si se reducía o no se reducía la Partida Tesoro Público. Y era con fundamento, porque en ese tiempo regía plenamente el artículo 26 del decreto ley N° 1.263, que daba al Ejecutivo libertad absoluta para incrementar los ítem y sobrepasar los gastos. Así, en virtud de un acuerdo alcanzado, junto con determinar el gasto global máximo de la Ley de Presupuestos y una serie de reglamentaciones en el artículo 4°, acotamos esa facultad del Presidente de la República , con lo cual se autolimitó el propio Gobierno para dictar medidas que sobrepasaran el gasto presupuestario aprobado.

Sinceramente, si se llega a aprobar lo propuesto y se mantienen las reducciones sugeridas, yo por lo menos soy partidario de vetar - pediré al Gobierno que lo estudie como legítimamente le corresponde- el artículo 4° aprobado, de modo que aquél pueda retomar la facultad contemplada en el artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, que le dé flexibilidad y le permita sobrepasar las limitaciones que hoy se le imponen.

Esta limitación la hemos aceptado en todas las Leyes de Presupuestos, con el objeto de evitar el tipo de indicaciones que hemos aprobado ahora. Si no se mantiene la misma regla aplicada en la anterior Ley de Presupuestos, reitero que recomendaría vetar el artículo 4°.

El señor PIÑERA.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , seré breve.

Por primera vez, el reajuste de todas las remuneraciones del sector público equivalente al IPC, que antes se provisionaba en esta partida, ahora se halla financiado en los respectivos Ministerios. Por lo tanto, no es correcto comparar la cifra de 1995 con la de 1996. Y el señor Ministro de Hacienda lo sabe perfectamente bien, por su dominio en el tema.

En segundo lugar, todos los reajustes -el 11 por ciento para la Administración Pública, el 14 por ciento para las Fuerzas Armadas y todas las leyes mencionadas por el señor Ministro y el Director de Presupuestos- están provisionados dentro de la cifra que proponemos. Además, hemos dejado cierta holgura para cosas que nadie hoy ha logrado identificar, y que son bastante significativas.

¿De qué se trata ahora? En este momento, aprobar el gasto, es hacerlo a ciegas. Si más adelante surge una necesidad y se envía un proyecto de ley al respecto, perfectamente bien se podría incrementar el subítem Provisión para Financiamientos Comprometidos, porque los ingresos van a estar contemplados. Por lo tanto, lo lógico es no aprobar el gasto ahora, sin saber, sino hasta cuando éste se presente -que puede proponerse y ser muy justificado-, ocasión en la cual, naturalmente, estaremos dispuestos a aprobarlo y también a aumentar los recursos para su financiamiento, sin necesidad de recurrir a ningún nuevo impuesto, ya que los recursos estarían.

No queremos dejar aprobados de antemano estos recursos comprometidos, pues sería una abierta invitación a emplearlos

En resumen, lo único que estamos pidiendo al Ministro de Hacienda es que, en lugar de aprobar la partida más importante a ciegas -porque aquí está el gasto variable-, lo hagamos cuando sepamos en qué se va a invertir la plata. Como igual se va a requerir de una ley para autorizar tal gasto, ahí se podría aumentar el ítem; así, se operaría perfectamente bien.

Finalmente, respecto a la autolimitación del artículo 4° del proyecto de Ley de Presupuestos, sólo se cumple una exigencia fundamental de la Constitución: el que todo gasto debe estar respaldado por una ley.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , lo cierto es que el marco presupuestario -el tope de los gastos- está dado por los ingresos de la Ley de Presupuestos, los cuales son determinados de manera soberana por el Poder Ejecutivo . El límite máximo de gastos está señalado en cada una de las partidas que se han ido aprobando.

La indicación pretende poner un techo a la "Provisión para Financiamientos Comprometidos" de la partida Tesoro Público, por una razón muy simple: la discusión presupuestaria y la ejecución de la norma correspondiente son distintas. La primera contempla sólo como excepción aquellas situaciones en las cuales se puede sobreejecutar el gasto. En este sentido, no es del caso volver a debatir lo que dice el artículo 26 del decreto ley 1.263, porque jamás el Ejecutivo ha hecho gastos sin estar autorizado por ley, o ha sobreejecutado el Presupuesto. Al respecto, anteriormente me referí de manera puntual a una situación digna de destacarse: la compra de un inmueble para el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, sancionada por el Ministerio de Hacienda sin autorización legal, lo cual es inconstitucional. La nómina de gastos aprobados de esta manera es amplísima, incluyendo 2 mil millones de pesos adicionales entregados por el Ministerio de Hacienda a la Empresa Nacional del Carbón, la cual ya había obtenido anteriormente 12 mil millones.

A mayor abundamiento, nunca se ha utilizado el 2 por ciento constitucional, porque el Presupuesto se maneja administrativamente, haciendo absurda la discusión presupuestaria.

Así que la razón que inspira la indicación del Senador señor Piñera es saber cuáles recursos son razonables y nada más, pues en realidad el Parlamento no tiene otro medio para impedir que se efectúen gastos sin autorización por ley.

Desde esta perspectiva, apruebo la indicación, sin perjuicio de que haya presentado otra a la misma partida, la cual señala que los egresos con cargo a ésta sólo podrán ordenarse por ley.

Voto a favor.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , el monto total del gasto está perfectamente definido en la indicación, ya que el Presupuesto no es variable.

El fin perseguido es que cuando el Ministerio de Hacienda quiera exceder el tope de gastos de 205 mil millones de pesos deberá ser autorizado por ley, situación que el Congreso va a poder conocer y evaluar, en lugar de que dicha Cartera disponga de 270 mil millones -una cantidad importante- que le permitirían sancionar algunos gastos sin que el Parlamento se enterara, sino hasta el momento de conocer, a posteriori, la autorización de la partida del Tesoro Público.

Por lo tanto, me parece absolutamente lógica la indicación y creo que cumplimos mejor nuestro rol como colegisladores en materia presupuestaria si establecemos un límite más prudente y no tan holgado como el planteado en el proyecto original.

Voto favorablemente.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , quiero aclarar algún observaciones que se han hecho.

El problema no es que uno esté amenazando o no. Lo que he dicho -nadie lo ha desmentido- es que para la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos llegamos al acuerdo de limitar el alcance del artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975 (Ley de Administración Financiera del Estado), que permite hacer suplementos y transferencias de ítem y da mucha liberalidad al Ejecutivo . Llegamos a ese acuerdo en la perspectiva de que, por ejemplo, la partida Tesoro Público no sería afectada. Porque limitábamos el gasto global del presupuesto, determinando algunas disposiciones, contenidas en el artículo 4°.

Pero el Presidente de la República tiene facultad para formular observaciones a un proyecto, y por ende al de Ley de Presupuestos. Ellas pueden recaer, incluso, sobre sus propias proposiciones. Y, atendida la forma en que se despache el Presupuesto, no tendría nada de contradictorio que enviara un veto.

Lo anterior no es una amenaza. Es una propuesta perfectamente lógica, y a lo mejor necesaria, para corregir los errores que puedan cometerse en virtud de las aprobaciones que hoy han tenido lugar en el Senado.

Ésa es la razón por la cual he formulado este planteamiento, que voy a transmitir al Ejecutivo.

Voto que no.

El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-

Corresponde ocuparse en la siguiente indicación a la partida Tesoro Público, formulada también por los Senadores señores Piñera y Larraín:

"1. Para agregar, en la partida 50, capítulo 01, programa 03, subtítulo 33, ítem 87, un subítem con el número 017, denominado "Fondo para la Educación y Desarrollo Social", con una glosa N° 15.".

"2. Para agregar una glosa 15 en la partida 50, capítulo 01, programa 03, con el siguiente texto:

"15. Este subítem se incrementará con los recursos señalados en el artículo 4° bis de la Ley de Presupuestos.".".

El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-Por último, la Senadora señora Feliú La glosa 07 propuesta por el Ejecutivo dice: "Pudiendo efectuarse aportes a organismos del sector público, definidos en el decreto ley N° 1.263, de 1975, que determine el Ministerio de Hacienda.".

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , la indicación es perfectamente admisible.

La glosa que se modifica pretende ir más allá de lo establecido en la Ley de Administración Financiera del Estado al otorgar una discrecionalidad de gasto que ésta no permite y una autorización que no se ajusta a la Constitución Política ni a la legalidad del gasto.

Por lo demás, desde que la Comisión de Constitución emitió un informe -me parece que data de 1942; pero, en todo caso, es muy antiguo- sobre la materia, que se ha aplicado en numerosas oportunidades, hay iniciativa parlamentaria para modificar las glosas.

La glosa del Ejecutivo abre paso a un gasto de manera imprecisa e indeterminada, ya que establece: "Pudiendo efectuarse aportes a organismos del sector público"... ¿Por qué? ¿Qué aportes?

Entonces, ¿para qué tratar un proyecto de Ley de Presupuestos y todas estas asignaciones, ítem, subtítulos, etcétera, si, de acuerdo a esa glosa, el Ministerio de Hacienda puede hacer asignaciones a cualquier organismo?

A mi juicio, tales gastos sólo se pueden comprometer por una ley que los autorice y los impute a los recursos pertinentes. La asignación no puede hacerse en forma administrativa.

En consecuencia, la indicación no es inconstitucional, señor Presidente.

El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-

Los Senadores señores Piñera y Larraín

La señora FELIÚ.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , esto es bastante obvio. Sin embargo, la forma como viene el artículo podría estimarse equívoca, más aún cuando siempre se entra a discutir si el gasto es el máximo o no, etcétera.

La indicación está acorde con el actual artículo 19 de la Ley de Administración Financiera del Estado, que dice: "Los presupuestos de gastos son estimaciones del límite máximo a que pueden alcanzar los egresos"...

Asimismo, quiero recordar que el DFL N° 47, de 1959, que rigió hasta la entrada en vigencia de la citada Ley, en su artículo 14 señalaba: "Los presupuestos de gastos son programas estimativos del límite máximo a que pueden alcanzar los egresos fiscales.".

Luego, siempre ha sido igual. Eso es lo que autoriza la Ley de Presupuestos.

El señor LAVANDERO.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente , el artículo 64, inciso segundo, de la Constitución Política expresa: "El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos;"... Y el artículo 11 de la Ley de Administración Financiera del Estado, en la parte donde se hallan las normas del sistema presupuestario, señala: "El Presupuesto del Sector Público consiste en una estimación financiera de los ingresos y gastos"...

Entonces, es clarísimo que esta atribución corresponde al Presidente de la República y no a un Parlamentario.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , la Ley de Presupuestos -como señaló el señor Director de Presupuestos - es una estimación de ingresos y gastos; es una autorización para que esas estimaciones se operen. Pero no es una ley que apruebe límite de gastos.

Hay gastos excedibles; otros son fijos; otros corresponden a leyes permanentes, etcétera.

Entonces, tal como se ha redactado siempre la Ley de Presupuestos, es estimación de ingresos y gastos.

El señor LAVANDERO.-

Y no sólo eso, señor Presidente . El inciso tercero del artículo 64 de la Carta Fundamental expresa: "La estimación del rendimiento de los recursos que consulta la Ley de Presupuestos y de los nuevos que establezca cualquiera otra iniciativa de ley, corresponderá exclusivamente al Presidente ,"...

"Más claro, echarle agua".

El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-

A continuación, corresponde discutir una indicación formulada por los honorables señores Piñera y Larraín para sustituir el artículo 4° del proyecto por el que indican.

El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-Asimismo, existe una indicación de los Honorables señores Piñera y Larraín "1) En el inciso segundo, agrégase a continuación de la frase "legalmente excedibles", la siguiente frase: "de acuerdo al artículo 28 del decreto ley 1.263, de 1975". "2) En el inciso segundo, elimínase la oración "ni a los incrementos originados en la aplicación de donaciones". "3) En el inciso segundo, para agregar a continuación de la frase "transferencias al Fisco" la siguiente oración: "de servicios públicos incluidos en esta ley". "4) En el inciso segundo, elimínase el párrafo que comienza con la frase "Los mayores gastos" y termina con la frase "según corresponda". "5) En el inciso tercero, elimínase la siguiente frase: "y Transferencias de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley". "6) En el inciso tercero, elimínase la oración "o por incorporación de mayores saldos iniciales de caja".

El señor PIÑERA.-

No, señor Presidente.

Esta indicación es nueva. Por lo tanto la razón por la que se declaró inadmisible la anterior no rige.

Todo esto apunta a una cosa: a que el gasto esté siempre respaldado por ley. Y se da un margen excedible de 10 por ciento a los gastos de inversiones -como se ha acordado siempre-, tal como lo señala la indicación.

Pero no entiendo por qué hay tanta discusión sobre esta materia. Hemos debatido el tema durante las últimas semanas.

En consecuencia, pido que se vote la admisibilidad de esta indicación.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , una cosa es el mérito de la indicación; otra, si es o no admisible.

Lo que está haciendo la segunda indicación, como el señor Presidente se dará cuenta, es eliminar palabras contenidas en el proyecto del Ejecutivo. Puede verse que, salvo en el primer número, que se refiere a lo que es excedible de acuerdo al artículo 28 de Ley de Administración Financiera del Estado (porque ahí se determina lo excedible), para que no quede ninguna duda, en lo demás está diciendo que se elimina la oración "en aplicación de donaciones".

Hay dos indicaciones. Lo que estamos discutiendo aquí es si es admisible o es inadmisible la que presentamos. Quiero hacer notar que tanto los Parlamentarios como el Ejecutivo tenemos facultades para presentar indicaciones. Después veremos cuál se aprueba. Pero nuestra indicación es perfectamente admisible.

Le pido considerar, señor Presidente , que, como se están suprimiendo palabras del mensaje, excepto cuando dice "de servicios públicos incluidos en esta ley" -lo que fue acordado en la Cámara de Diputados, por lo demás, con el beneplácito del Gobierno-, es perfectamente admisible. Después discutiremos el mérito; pero no usemos la admisibilidad o la inadmisibilidad para impedir la discusión del mérito de la indicación.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , en lo relativo a la indicación del Ejecutivo para el artículo 4°, debo señalar que, en el fondo, ello responde a una aplicación de donaciones, lo que es normal. Una donación no puede alterar la naturaleza de las funciones de un servicio.

En segundo término, cuando se dice que "Sólo por ley podrá autorizarse el traspaso de las diferentes partidas de la Ley de Presupuestos de aquellos recursos que, previamente, hayan sido traspasados desde ellas hacia el Tesoro Público", en realidad no se agrega nada. Nunca ha podido hacerse esto, porque lo ha prohibido, desde que rige la Ley de Administración Financiera, su artículo 26, inciso segundo, que expresa: "sólo por ley podrá autorizarse el traspaso de fondos entre diferentes Ministerios". Luego, nunca el Ejecutivo ha podido hacer traspasos entre Ministerios si no lo dispone una ley.

En consecuencia, respecto del inciso propuesto, según el cual no pueden hacerse, sin ley, traspasos entre Ministerios, mediante un subterfugio de la previa transferencia al Tesoro Público , me parece insostenible que constituya una limitación de la facultad del Ejecutivo. Nunca ha estado permitido incrementar los recursos de los Ministerios mediante su traspaso desde otros, porque lo prohíbe de manera explícita el inciso segundo del artículo 26 de la Ley de Administración Financiera.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz.

El señor ERRÁZURIZ.-

En mi opinión, señor Presidente , la indicación presentada por el Ejecutivo , tal como lo ha indicado la Senadora señora Feliú, no hace más que ratificar lo que dice la ley. En ese sentido, la aplaudo.

Sin embargo, quiero hacer presente, para evitar todo equívoco, que los acuerdos a que pueda llegarse en la Cámara de Diputados no comprometen para nada al menos al Senador que habla. Que yo sepa, en esa rama del Parlamento no se ha llegado a ningún acuerdo que comprometa mi voto. En lo que a mí respecta, no he dado ninguna autorización para ello. Y quiero dejar expresa constancia de que, cada vez que voto en el Senado, lo hago de acuerdo con lo me indica mi recta conciencia y no sobre la base de eventuales o supuestos acuerdos políticos, que en este caso ni siquiera conozco.

Cuando los Senadores votamos, señor Presidente, lo hacemos, igual que los Diputados, conforme a lo que se estima procedente en cada una de las oportunidades.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , deseo informar al señor Ministro de Hacienda que esta mañana conocimos los acuerdos a que se llegó en la Cámara de Diputados y que vamos a votar favorablemente la indicación del Ejecutivo en esta materia. Sin embargo, ella no se contrapone con la indicación adicional que estamos presentando nosotros, que pretende lo siguiente.

Vamos al fondo.

El inciso segundo dispone: "No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos que sean legalmente excedibles" -estamos de acuerdo, pero ello debe hacerse en función de lo que autoriza como excedible la Ley de la Administración Financiera del Estado; sólo se trata de precisar, para que no haya confusión- "ni a los incrementos originados en aplicación de donaciones". Si se regala un millón de dólares al SERNAM, ¿lo puede gastar libremente o el gasto debe estar sustentado por la ley? Nosotros creemos que el gasto siempre debe estar sustentado por ley. Por eso excluimos las donaciones de los gastos excedibles que no requieren ley.

Lo que estamos tratando de hacer es muy simple, no es insólito: que el Senado conozca los gastos que está aprobando. Y esto debiera ser una causa común de todos los Senadores. Lo que se procura es que el Senado, cuando apruebe un gasto, sepa siempre en qué se está gastando.

Vamos a aprobar favorablemente la indicación del Ejecutivo -que es producto de un acuerdo que, si bien no es vinculante, vamos a respaldar-, pero además hemos presentado una indicación complementaria que perfecciona, en ciertos ítem, la norma básica de que todo gasto, en la medida de lo posible, debe estar siempre respaldado por ley y ser conocido por el Congreso al momento de aprobarlo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente accidental ).-

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , cuando el artículo 4° fue discutido por el ex Ministro señor Foxley y los Senadores Díez, Piñera y quien habla, se dijo que la idea no era entregar autorizaciones genéricas para sobrepasar el Presupuesto, sino sólo aquellos ítem de gastos excedibles según el artículo 28 de la Ley de Administración Financiera, más los señalados en el artículo 4° de la Ley de Presupuestos. Sin embargo, estos últimos, bastante vagos -para llamarlos de alguna manera- en su presentación, se han prestado para que el Presupuesto se expanda más allá de lo autorizado, hacia situaciones que no son absolutamente unívocas.

Los mayores saldos iniciales de caja, sin ir más lejos, se prestan para un mayor endeudamiento y posterior crecimiento de los mismos. Y la idea no es ésa, sino tener conceptos absolutamente precisos y unívocos. En la medida en que se incluyan conceptos con esas características o que se encuentren dentro de los casos contemplados en el artículo 28 ya citado, no tendremos ninguna objeción que hacer.

Lamentablemente no ha ocurrido así, y cada vez que se ha preguntado acerca de gastos cuyo exceso se autoriza, se responde que ellos se aceptan cuando son excedibles y en tales y cuales situaciones. Pero el concepto a que se llegó en ese momento no era ése, sino uno que comprendiera el artículo 28 vigente más otras normas expresas (endeudamiento, obras públicas, etcétera). Ésos fueron los términos en que se planteó el asunto en aquella oportunidad por el ex Ministro señor Foxley.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente accidental ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

Informo a Su Señoría que es su segundo discurso.

El señor PIÑERA.-

No es discurso, señor Presidente.

En mi opinión, señor Presidente, podemos llegar perfectamente a un acuerdo si realmente tenemos ánimo de entendimiento.

En primer lugar, ¿a qué apunta el primer número de nuestra indicación? A que lo excedible lo sea según la Ley de Administración Financiera. Me parece que esto es obvio, porque el gasto no podría ser excedible en contraposición con dicha Ley. Sólo se persigue precisar más la norma. Podría ser redundante, pero no lo es considerando que en otras oportunidades el tema se ha prestado para discusión.

Lo segundo, señor Presidente , se refiere a las donaciones efectuadas a organismos públicos. Pero, como esto también viene contemplado en la indicación del Ejecutivo , estamos de acuerdo.

En tercer lugar, proponemos agregar, a continuación de la frase "transferencias al Fisco", la locución "de servicios públicos incluidos en esta ley". ¿Por qué? Porque no puede ser que CODELCO, por ejemplo -que no está contemplado en esta ley-, se endeude y haga transferencias al Fisco para que éste pueda gastar más. Luego, debe precisarse que se trata de transferencias "de servicios públicos incluidos en esta ley", porque si provienen de aquellos no comprendidos en la normativa, significan aumento en el gasto público. Si se trata de un organismo incluido en la ley, entonces es una mera transferencia.

Por último, la eliminación de la frase "y transferencias de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley" tiene por objeto evitar que el 10 por ciento de holgura para gastos de inversión sea transferido a empresas públicas.

En resumen: la indicación del Ejecutivo coincide con el N° 2) de la que presenté. Y todo el resto de lo planteado en ésta me parece absolutamente lógico.

Resulta sorprendente discutir tanto, para evitar situaciones que ni el Gobierno ni nosotros creemos convenientes.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , es equívoca una norma como la que se establece. No se pueden hacer traspasos entre Ministerios cuando se han sacado recursos al Tesoro Público para ello, porque es, en el fondo, algo que va absolutamente contra el texto y espíritu del inciso segundo del artículo 26, actualmente vigente, del decreto ley N° 1.263, que prohíbe los traspasos entre Ministerios, sino por ley.

Por lo tanto, me abstengo.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente accidental ).-

Tiene la palabra el Senador señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , recojo muchos de los argumentos y fundamentos que ha planteado el señor Director de Presupuestos .

La razón de esta indicación apunta a lo siguiente. En diversos fallos, el Tribunal Constitucional ha resuelto que las atribuciones que la Carta Fundamental otorga a los consejos regionales -entre las cuales se incluye la de resolver la inversión de los recursos consultados para la Región en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que ya se aprobó por ley- no pueden ser interferidas, reemplazadas o evitadas por ningún organismo central.

En la práctica, al requerirse la identificación previa de proyectos -como se propone en la iniciativa-, si ello no sucediere los gobiernos regionales se verían imposibilitados de comprometer la inversión de esos fondos y, más aún, de llevarla a cabo.

Por tal razón, pensamos que esta exigencia, si bien puede apuntar a una mejor calidad de la inversión pública en la medida en que se tenga mayor capacidad de administración a nivel central que regional, es inconsistente con la autonomía en la asignación de los recursos de inversión que los gobiernos regionales poseen de acuerdo a la Constitución.

Así lo ha manifestado el Tribunal Constitucional en varios fallos.

El señor PIÑERA.-

¡Perdón, señor Presidente!

La opinión de la Mesa es un fallo de primera instancia.

Pienso que la indicación es coherente con la Constitución Política. El artículo 102 de la Carta establece el principio de autonomía del gobierno regional para resolver la inversión de los recursos asignados al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Sin embargo, un proceso de identificación previa de proyectos elimina tal facultad. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en varias oportunidades.

Por eso, pienso que la indicación es perfectamente admisible.

El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-A continuación, corresponde ocuparse en una indicación formulada por los Honorables señores Piñera y Larraín "El producto de las donaciones se incorporará al presupuesto de la institución beneficiaria, conforme a las normas que imparta el Ministerio de Hacienda. No obstante, esos recursos no podrán financiar gastos que no hayan sido aprobados específicamente por ley.".

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente accidental ).-

Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , en cierta forma esta materia está incorporada en una indicación del Ejecutivo. Pero lo importante es entender su pensamiento en forma transparente.

Si se efectúa una donación a una institución y ésta se puede gastar sin necesidad de ley, en la práctica, no habría que autorizarla para ello, y no se podría aprobar ningún presupuesto para esa institución, ya que ésta va a presentar al Congreso lo que le gusta a éste, y financiará con donaciones lo que no le agrada al Parlamento.

Entonces, debemos tener claro que las donaciones no permiten financiar gastos que no estén autorizados por ley. Sobre el particular, me gustaría que quedara constancia en Acta de la opinión del Director de Presupuestos.

El señor ERRÁZURIZ.-

Que quede claro que es así.

Pero quiero hacer presente mi inquietud en cuanto a que esta iniciativa, presentada por el Ejecutivo después de llegar a un acuerdo ayer -según se dice-, y que en el fondo hemos votado favorablemente, desincentiva enormemente la obtención de donaciones, porque al estar ya reguladas por la Ley de Presupuestos anterior, no permiten mayor disponibilidad. Por lo tanto, constituye un error la iniciativa acordada ayer por el Ejecutivo , que se ha presentado aquí y que hemos aprobado.

Dejo planteada esta observación, porque en la Comisión Mixta podría corregirse este error, ya que en mi opinión debe incentivarse a la gente a efectuar donaciones, y no desincentivarla.

El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-

Corresponde ocuparse en otra indicación formulada por los Honorables señoresPiñera y Larraín, que propone suprimir el artículo 17 del proyecto.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , hace ya más de cinco años que está en vigencia el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Públicos. Pensamos que no existe justificación para que año a año se continúe suspendiendo la aplicación de la norma permanente que contiene el artículo 9° de ese cuerpo legal, que limita el número máximo de funcionarios a contrata al establecer que no podrán exceder el 20 por ciento del total de los cargos de planta. Sin embargo, desde hace cinco años, la Ley de Presupuestos, año a año, exime de esta obligación.

Si uno piensa que esta norma legal se dictó para ser cumplida, y no para ser incumplida en forma permanente, caben dos alternativas: o se modifica el Estatuto Administrativo, o se aplica. Pero seguir con este cuerpo legal vigente, sin que entre en práctica por la excepción que contempla cada vez la Ley de Presupuestos, nos parece incorrecto.

Además, es importante consignar que la carrera funcionaría, reconocida y amparada por la Constitución Política, y a la cual sólo se puede acceder por concurso -no a través de la discrecionalidad de las autoridades, como ocurre con las contrataciones-, es algo muy positivo, porque apunta a la igualdad de oportunidades, a contratar a la mejor gente y a que exista transparencia en tales contrataciones.

Asimismo, se estaría atentando contra las normas que establecen la carrera funcionaría.

En la práctica, los cargos a contrata pueden transformarse en una administración paralela respecto a la conformada, aprobada y conocida por el Congreso y sancionada por ley.

Finalmente, en algunas partes se ha adoptado como política el utilizar los contratos a honorarios como forma de saltarse el sistema regular de remuneraciones, con lo cual se produce gran cantidad de problemas al interior del propio organismo.

Por todas estas razones, creemos que es bueno que se apliquen las normas permanentes del Estatuto Administrativo, no sólo porque garantizan el concurso y la igualdad de oportunidades, sino porque es como debiera estar organizado el sector público.

Dicho Estatuto establece una excepción: autoriza la contratación a honorarios de hasta el 20 por ciento del total de los cargos de planta. Entonces, ¿por qué estamos permanentemente postergando la aplicación de esa norma?

Ésa es la razón de ser de la indicación.

El señor ERRÁZURIZ.-

Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente accidental ).-

Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor ERRÁZURIZ.-

Señor Presidente , me parece extraordinariamente grave que a los empleados de planta, en la práctica -de acuerdo con lo que ocurre en la realidad-, se les disminuyan cada vez más sus prerrogativas. Porque a los trabajadores a contrata se los emplea por el lado y no se incluyen en las plantas, debido a que tienen condiciones diferentes que van siendo financiadas a través de las sucesivas Leyes de Presupuestos.

En consecuencia, estas administraciones que comienzan a funcionar en forma paralela crean una distorsión muy grande, que no debiéramos permitir, en resguardo de quienes prestan sus servicios en la Administración Pública.

Por lo tanto, si se ha generado en los años pasados -yo no era Senador- una mala costumbre, sería muy loable corregirla, para que realmente estén las personas que corresponden de acuerdo con la ley, a fin de evitar que se creen administraciones paralelas, que distorsionan una buena Administración del Estado, la cual, por lo demás, está establecida y regulada por ley.

Por lo tanto, me parece perfectamente lógico lo que se ha planteado en esta indicación.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente accidental ).-

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , debo advertir que los contratados en la Administración Pública constituyen una realidad, y lo han sido desde siempre, aunque no sea lo ideal. Siempre ha existido una dotación de personal de planta y otra, a contrata.

En principio, no me desagrada que sea así, porque permite que los funcionarios aprendan; pero, en definitiva, lo importante es que, para pasar a la planta, se requiera concurso público, como lo prescribe el número 17 del artículo 19 de la Constitución. Es perniciosa la existencia de concursos internos y de normas que establecen el derecho de ingresar a la planta, como la incluida en el convenio suscrito entre el señor Ministro de Hacienda -aquí presente- y organizaciones como la FENAT, la ANEF y otras. Estimo que esas normas son inconvenientes y contrarias a la Carta Fundamental. Eso es malo, pero no que haya empleados de planta y a contrata. Lo que debe examinarse y estudiarse es lo relativo a las dotaciones. Como dijo el señor Director de Presupuestos , cuando ellas se fijan para cada servicio, es el momento de explicar por qué se necesitan ciento treinta o ciento cincuenta funcionarios y por qué se aumenta su número.

La norma de proporción entre planta y a contrata se basa, a mi juicio, en algo que es más de fondo. Como hoy día las rentas de la Administración Pública son tan malas, ocurre que los últimos grados de cada planta -vale decir, directiva, profesional, técnica, administrativa y de servicio-, no se llenan por no haber interesados. Por eso, no se aplica la proporción que establece el artículo 6° transitorio.

El Instituto de Normalización Previsional cuenta con una proporción inmensa de funcionarios a contrata. ¿Por qué? Porque su función está en extinción, y sus autoridades superiores -con acertado criterio, a mi entender- han expresado que no están de acuerdo en aumentar la planta, porque las labores que realiza, los bonos de reconocimiento y los planes extraordinarios de jubilación están terminando. Prácticamente, se trata de un organismo en extinción que, al contar en su totalidad con personal de planta, el término de sus servicios generaría un costo al Fisco.

Por lo tanto, el que haya personal de planta y a contrata no está mal. Y el que no se aplique la restricción de manera excepcional tampoco me duele, pues -reitero- que no se están llenando los últimos grados por falta de interés.

En el caso de los contratados asimilados a grados, una norma expresa del Estatuto Administrativo determina que la contratación debe efectuarse en un empleo acorde con el cargo de que se trata. Es decir, si se incorpora un profesional a un servicio, debe estar asimilado a un cargo profesional, pero no puede haber asimilaciones hacia arriba respecto de funciones cuyos grados no corresponden.

Por esa razón, soy partidaria de rechazar la indicación.

El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-Corresponde ocuparse en la indicación de los Honorables señores Piñera y Larraín "Durante el año 1996 no regirá la compatibilidad de la letra b) del artículo 81 de la ley N° 18.834, respecto de funciones a honorario que se contraten para ser prestadas en el mismo organismo en que se desempeña un cargo de planta o a contrata.".

El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-

Corresponde tratar una indicación de los Honorables señores Piñera y Larraín para insertar en el inciso segundo del artículo 22, a continuación de la expresión "del presupuesto" la frase "de ingresos y", y sustituir el inciso segundo por el siguiente:

"La Dirección de Presupuestos deberá remitir también a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados una copia de los balances y estados financieros trimestrales de cada una de las empresas del Estado y de todas aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las normas establecidas para las sociedades anónimas abiertas en la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores. Se entenderá que esta obligación se aplica también a todas aquellas empresas mencionadas precedentemente que por sus leyes se encuentran exceptuadas de las reglas generales que les son aplicables a las empresas públicas.".

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , lo único que establece la primera indicación es que en el informe trimestral figuren ingresos y gastos. Y eso no es inadmisible.

La segunda dispone que los balances que se entreguen sean semejantes a los de las empresas y sociedades anónimas abiertas; es decir, la FECU. Lo único que hace es precisar, perfeccionar o aclarar una norma del Ejecutivo. En consecuencia, no es inadmisible.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente , en la indicación de los señores Senadores se están asignando a los Parlamentarios funciones que no les corresponden, pues son propias del Presidente de la República .

Por ello, a mi juicio, debe votarse la indicación del Ejecutivo , y después analizar lo que, a mi juicio, es inadmisible. Aprobemos la primera indicación y, en seguida, discutamos si es o no admisible la segunda.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente accidental ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , como la indicación del Ejecutivo asigna esta obligación a la Dirección de Presupuestos, lo único que hace la nuestra es que los balances sean confeccionados de acuerdo a las normas que rigen para las sociedades anónimas abiertas. Si a éstas, con sus accionistas, la ley los obliga a hacerlo en conformidad a determinado formato, con mayor razón debería ser para una empresa pública, que afecta a todos los chilenos. De lo contrario, los balances que se entreguen -como ocurrió muchas veces- serán ininteligibles, según se dio este año.

Luego, la indicación nuestra no entrega obligación nueva a la Dirección de Presupuestos, sino que solamente califica una que ya tiene, lo cual obviamente es parte de las atribuciones del Congreso Nacional.

El señor ERRÁZURIZ.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente accidental ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ERRÁZURIZ.-

Señor Presidente , creo que no hay ni nunca ha habido por parte del Ejecutivo, ningún problema en cuanto a que la información sea acorde con las normas que sirven para comparar y analizar todos los balances. Y ése ha sido el espíritu.

El problema no es del Ejecutivo, sino de las empresas estatales carentes de una buena forma de administrar, porque si no están acostumbradas a informar de acuerdo a la FECU, entonces, deben adecuar sus contabilidades.

Por lo tanto, como en la normativa del Gobierno que acabamos de aprobar ya se encuentra el procedimiento, ahora sólo se trata de incorporar esto otro, a fin de que sea claramente obligatorio para las empresas del Estado, de manera que tengan un ordenamiento acorde a la información que entregan las demás.

El señor ERRÁZURIZ.-

Lo importante es que las empresas del Estado confeccionen sus balances de acuerdo con las normas de la Ley de Mercado de Valores y que ellos sean comparables a los de la empresa privada, porque se trata de que la información sea leíble.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , en primer lugar, la Comisión Mixta que debe formarse es como cualquier otra, pues deja de ser la Especial de Presupuestos. Por lo tanto, debe funcionar como tal. Corresponde a las que se constituyen para resolver las discrepancias entre ambas Cámaras en cualquier proyecto.

En segundo término, si se cita para el próximo martes a las 17, es posible que el 30 de noviembre el proyecto no esté íntegramente tramitado y todo lo hecho sería inútil, porque en tal caso rige el proyecto original del Gobierno. Por lo tanto, corresponde a los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados tomar todas las precauciones posibles para que eso no ocurra, porque sería violentar abiertamente el espíritu de la ley.

Si nos reunimos el martes a las 17, será prácticamente imposible que, con posterioridad, tanto la Cámara Baja como el Senado, puedan conocer las proposiciones de la Comisión Mixta.

Si estamos jugando contra el tiempo, no veo ninguna razón para esperar hasta el próximo martes. Pienso que la Comisión Mixta debiera reunirse mañana mismo.