Labor Parlamentaria

El señor DÍEZ ( Presidente ).-

Corresponde proseguir la discusión particular del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el régimen jurídico aplicable al sector de servicios sanitarios, con segundo informe de las Comisiones de Economía y de Obras Públicas, unidas, e informe de la Comisión de Hacienda.

--Por acuerdo de la Sala, ingresan a ella los señores Eduardo Bitrán, Gerente General de CORFO, y Claudio Juárez, asesor.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 62ª, en 16 de mayo de 1995.

Informes de Comisión:

Economía y Obras Públicas, unidas, sesión 23ª, en 12 de diciembre de 1995.

Economía y Obras Públicas, unidas (segundo), sesión 25ª, en 6 de agosto de 1996.

Hacienda, sesión 25ª, en 6 de agosto de 1996.

Discusión:

Sesiones 27ª, 28ª y 29ª en 9, 10 y 16 de enero de 1996, respectivamente (queda pendiente la discusión general); 34ª, en 23 de enero de 1996 (se aprueba en general); 31ª, en 27 de agosto de 1996 (queda pendiente la discusión particular).

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , la proposición del Ejecutivo sobre la materia prohibía al Superintendente , a los funcionarios de su exclusiva confianza y a sus cónyuges participar en la propiedad de determinadas empresas. Además, imponía al Superintendente la obligación de declarar bajo juramento su situación patrimonial y la circunstancia de no afectarle las prohibiciones anteriores, antes de asumir el cargo y al hacer dejación del mismo. Asimismo, obligaba al Superintendente a declarar bajo juramento, en el mejor de sus conocimientos, la participación de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad en la propiedad de empresas cuya propiedad le está prohibida a él, disponiendo: "dicha declaración será pública y deberá ser actualizada cada vez que ocurra un cambio relevante en su contenido".

Yo formulé la indicación que dio origen a la norma propuesta por las Comisiones unidas al Honorable Senado. Ella tiene por objeto sustituir la prohibición por una inhabilidad, extendiéndola a parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a los vínculos de adopción.

El alcance de la indicación, que corresponde al precepto sugerido por las Comisiones unidas, es el mismo de la prohibición que establece el artículo 78, letra b), del Estatuto Administrativo (ley Nº 18.834); de la inhabilidad para integrar el Consejo Nacional de Televisión (artículo 85 de la ley Nº 18.838), y de numerosas otras prohibiciones de intervenir en asuntos en que tengan interés personas vinculadas con el funcionario de que se trata, como ocurre, por ejemplo, con los artículos 13 y 24 de la ley Nº 18.840, para los consejeros y gerente general del Banco Central, aplicables al Superintendente e Intendentes de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras por los artículos 3º y 4º del decreto ley Nº 1.097, de 1975.

Además, la fórmula planteada -ampliar la inhabilidad para que sea aplicable cuando se hagan los actos por sí o a través de personas naturales o jurídicas en que tengan control de su administración- es idéntica a la utilizada en la ley relativa al Consejo Nacional de Televisión, en el artículo que cité anteriormente.

Asimismo, se establece que la inhabilidad sobreviniente producirá la inmediata cesación en el cargo.

Por otra parte, en la proposición de las Comisiones unidas se extiende la obligación de declarar la situación patrimonial a los funcionarios de confianza exclusiva y se establece la obligación de incluir la situación patrimonial del cónyuge, aunque exista separación de bienes. Lo que se propone es igual a la obligación a que están afectos hoy los empleados del Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo con el artículo 41 del DFL Nº 7, de 1980, del Ministerio de Hacienda.

Por esas razones, señor Presidente, las Comisiones unidas aprobaron la proposición contenida en la indicación.

Además, se establece la obligación de remitir a la Contraloría General de la República la declaración de bienes, para garantizar su fidelidad.

El proyecto del Ejecutivo proponía renovar la declaración jurada cada cierto tiempo. Ello se reemplaza por la obligación de renovarla sólo cuando se produzca una variación relevante del patrimonio (en el Servicio de Impuestos Internos, esta declaración es anual).

El incumplimiento de dicha obligación y la omisión de bienes en un porcentaje superior al 20 por ciento se castigan hasta con la destitución, sanción igual a la consignada en la legislación vigente para el personal del Servicio de Impuestos Internos que incurre en las mismas infracciones.

Si la infracción se comete al hacer dejación del cargo, como no podría haber sanción administrativa, se propone una inhabilidad absoluta para desempeñar cargos públicos durante cinco años, previo sumario instruido por la Contraloría General; esto último, para dar garantías a quien hace dejación del empleo de que aquél será incoado por una entidad autónoma.

Señor Presidente , fijar normas muy serias -diría yo- sobre las inhabilidades es importante en la Administración del Estado hoy día. Se planteó reiteradamente en las Comisiones unidas -éstas coincidieron con tal criterio- la necesidad de establecer un servicio dotado de facultades de fiscalización muy relevantes, a fin de asegurar a la sociedad que las empresas del sector se regirán por el marco legal consagrado.

Lo anterior traerá aparejado -se iteró también en las Comisiones unidas- el establecimiento de muy buenas remuneraciones.

Quiero recordar la situación tan actual del Banco Central. Si examinamos los estatutos de esta entidad, veremos que consigna importantísimas inhabilidades. Y, como contrapartida, se procura que los consejeros perciban excelentes sueldos.

Señor Presidente , debemos dotar a los servicios de instrumentos que garanticen a la ciudadanía la seriedad de las actuaciones de quienes desempeñan cargos como el que analizamos hoy. Y la garantía tiene que darse sobre la base de normas de inhabilidad.

En las Comisiones unidas se planteó la conveniencia de que a futuro se dictaran preceptos generales. Y en esta oportunidad he recordado ante el Senado las normas vigentes aplicables a numerosos cargos públicos, las cuales sirvieron de fuente de inspiración al precepto sugerido a la Sala con relación al cargo de Superintendente de Servicios Sanitarios.

Señor Presidente, pienso que debemos aprobar la disposición propuesta por las Comisiones unidas, que -reitero- no contiene regulaciones nuevas, sino que, por el contrario, recoge normas vigentes respecto de empleados a quienes se debe exigir el mismo grado de probidad.

He dicho.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , la situación que ha recordado el señor Ministro se refiere a cuerpos colegiados.

En el caso que nos ocupa se trata del Jefe Superior del Servicio. Si se le establece la prohibición en comento, ¿quién realizará las negociaciones? Un funcionario de exclusiva confianza del Superintendente. Y por ello se fijan estas condiciones.

El tercer grado de consanguinidad -lo reitero- se halla establecido en la letra b) del artículo 78 del Estatuto Administrativo, que, como norma general estatutaria, también es aplicable a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Esa norma prohíbe intervenir en asuntos en que tengan interés el funcionario, su cónyuge, sus parientes consanguíneos hasta el tercer grado inclusive o por afinidad hasta el segundo grado, y las personas ligadas a él por adopción.

Reitero: se trata del cargo de Jefe Superior del Servicio. Y si él no puede intervenir debido a que está afecto a prohibición o implicado en la materia, tendrá que hacerlo alguien de su exclusiva confianza.

¿Da garantías ello? A mi juicio, no.

Señor Presidente , el tema pudo haberse discutido con mayor profundidad en las Comisiones unidas, procurando obtener lo que expone el señor Ministro , quien comparte el criterio inspirador de la indicación que originó la norma sugerida a la Sala. Pero lo cierto es que el Ejecutivo planteó en aquéllas que a futuro deberían dictarse nuevas disposiciones sobre el punto y que mientras tanto no había que establecer preceptos especiales. Y las Comisiones unidas estimaron, por mayoría de votos, que ello no era aconsejable.

Por esa razón se propuso el artículo en estudio. Ya leí las normas que le sirven de fundamento, que son del todo similares y regulan las mismas materias sobre la base del principio de la probidad.

No comparto, en consecuencia, el planteamiento de consagrar solamente una prohibición, porque, en mi concepto, debe establecerse una inhabilidad.

He dicho.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , en materia de incompatibilidad o inhabilidad, es bueno tener una conducta consistente con la de otras superintendencias e instituciones.

Me gustaría verificar el punto, porque una cosa es la incompatibilidad e inhabilidad para ejercer el cargo y otra distinta es cómo diversas normas legales contemplan que la persona no pueda intervenir en asuntos en que haya interés personal involucrado.

El señor PRAT.-

Pero en este caso se trata de un cargo ejecutivo, no colegiado.

Excúseme la interrupción, señor Senador.

El señor PIÑERA.-

Está bien.

Señor Presidente , entiendo que el puesto de Superintendente de Bancos , por ejemplo, no es un cargo colegiado, sino de carácter ejecutivo e individual y está afecto a una norma de incompatibilidad distinta. Y, respecto de los consejeros del Banco Central, se estatuye cuándo hay inhabilidad o, simplemente, cuándo no pueden participar.

Dado que por falta de información no he logrado formarme opinión acerca del precepto que estamos votando, me abstengo.

El señor PRAT.-

Señor Presidente , aquí habría que optar por la modificación que propuso la Comisión de Hacienda, o por lo que acogió la Sala en el primer informe de las Comisiones de Economía y de Obras Públicas, unidas.

La fórmula propuesta en el primer informe establece el otorgamiento de la facultad a la Corporación de Fomento (esto es el Estado) para desprenderse del 35 por ciento -que, se le señala, debe mantener en su poder en una primera etapa- cuando se cumplan determinadas condiciones, muy específicas, de desconcentración del capital de la respectiva sociedad. Ese planteamiento identifica a la vez, exhaustivamente, tales condiciones de desconcentración.

Es importante señalar que estas empresas requerirán cuantiosos aportes de capital para llevar a cabo los planes de desarrollo que el país requiere en el área, particularmente en lo que dice relación a la necesidad de instalar plantas de tratamiento de aguas servidas. Hay inversiones millonarias que, se estima, serían del orden de entre un mil 500 y 2 mil millones de dólares sólo en las mencionadas plantas, que pasan a constituir una urgente necesidad para el país.

Dichas empresas precisarán, por lo tanto, de aportes de capital sustanciales, los cuales deberán captar mediante ampliación accionaria o por aportes de los propios usuarios. Cabe señalar que en esta misma normativa hay disposiciones -ello se da igualmente en el caso de otros servicios públicos privatizados- que consignan que, cuando un particular solicita la incorporación del servicio (lo que significa una inversión importante de la empresa), puede dar autorización para que la empresa le solicite un aporte reembolsable. Ello habitualmente se realiza a través de una expansión accionaria.

Tal sistema llevaría a que, en la práctica, estando el 35 por ciento de participación accionaria en manos del Estado, a poco andar, y a raíz del requerimiento de nuevos aportes de capital por cualquiera de las vías mencionadas, la Corporación de Fomento se viera en situación de tener que resolver si concurrir con aportes de capital para mantener su 35 por ciento y cumplir así con su obligación legal, o bien, entrabar el desarrollo de la sociedad al no disponer de fondos para concurrir con el aporte que le permitiría mantener su proporción de 35 por ciento.

La realidad reseñada no se halla resuelta en la fórmula propuesta por la Comisión de Hacienda, que en forma rígida obliga al ente estatal a mantener su porcentaje accionario. En cambio, la modalidad que propusieron las Comisiones de Economía y de Obras Públicas, unidas ( sin obligar, faculta al Estado para desprenderse parcial o totalmente de su 35 por ciento cuando se den determinadas condiciones de desconcentración), es más realista y mira las cosas en el largo plazo. Ello deja la puerta abierta para que un futuro aporte de capital no fuerce a la CORFO a concurrir a el, ni a paralizar el desarrollo de la empresa.

Por eso, señor Presidente , propongo a la Sala que opte por la recomendación del informe de las Comisiones de Economía y de Obras Públicas, unidas, lo cual se logra rechazando la proposición de la de Hacienda.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente, en la Comisión de Hacienda acogimos lo que fue la iniciativa original del Ejecutivo. En efecto, se consideró que, como primer paso en la privatización del sistema sanitario, el Fisco, o la Corporación de Fomento de la Producción, mantuviera un porcentaje no inferior al 35 por ciento. Ésta sería una manera de mantener la presencia estatal en la propiedad accionaria. Además, tratándose de una buena inversión -como se dice que tiene que ser-, el Estado, a través de la CORFO, tendría participación en una gestión que es conveniente.

A la vez, algunos Senadores presentamos una indicación -en definitiva no prosperó- de la que me interesa dejar constancia.

Ella consistía en que el 35 por ciento que quedaría en manos de la Corporación de Fomento fuera entregado a los Gobiernos Regionales para integrar sus patrimonios. Así, éstos podrían participar en la gestión y en los beneficios resultantes de ella. Personalmente, creo que, al no ser acogida esa indicación, se ha dejado de avanzar en una línea que podría haber sido muy correcta, cual es la de ir desconcentrando también la participación del Estado en este tipo de actividades, lo cual se podría hacer, precisamente, a través de los Gobiernos Regionales. Ello, porque si estas actividades fueran exitosas, la rentabilidad correspondiente a ese 35 por ciento habría ido en beneficio de cada Región.

Sin embargo, no se aprobó la indicación, por lo que debemos pronunciarnos respecto de la que formuló el Ejecutivo y que en la Comisión de Hacienda aprobamos por 3 votos contra 1: establece que en ningún caso el Fisco y la Corporación de Fomento de la Producción podrán participar en menos de 35 por ciento.

Ésa es la discusión. La mayoría de las Comisiones de Economía y Obras Públicas, unidas, estuvo por la tesis de permitir que el Fisco y la CORFO se deshagan ya no sólo del 65 por ciento de las acciones, en algunos casos -recordemos que en el de ESVAL y de EMOS eso no es así, porque se puede deshacer hoy del 100 por ciento-, sino incluso de mucho más: la idea es que a través de un mecanismo de suscripción de incremento o aumento de capital la participación del Fisco pueda irse diluyendo.

Tal es, señor Presidente , la contradicción entre lo aprobado por mayoría en la Comisión de Hacienda y lo aprobado por mayoría en las Comisiones de Economía y Obras Públicas, unidas.

Muchas gracias.

El señor ERRÁZURIZ.-

Señor Presidente, el tema no es trivial; es muy importante. El Estado pretende mantener para sí el 35 por ciento de las empresas sanitarias, lo cual, en mi opinión -y así lo he expresado desde que comenzamos a analizar este proyecto en mi calidad de Presidente de la Comisión de Obras Públicas-, resulta extraordinariamente grave. Sentar el precedente de que el Estado sea dueño del 35 por ciento de las empresas cuando, a su vez, él mismo debe actuar como órgano independiente a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios en aras de cautelar el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en la propia normativa, me parece un hecho negativo, puesto que no se puede ser juez y parte en la propia causa.

En consecuencia, si el Estado está vendiendo el control de las empresas, ¿qué razón hay para que mantenga una participación minoritaria en las mismas, en circunstancias de que ello puede, además, comprometer su propia libertad para actuar en la forma debida? En efecto, a fin de cuentas, los propios directores nombrados con cargo a ese 35 por ciento serán también personas, de alguna forma, partícipes de la idea del Gobierno central, el mismo que, por lo demás, va a haber intervenido en la nominación de las personas que cumplirán con la obligación contralora, es decir, fiscalizadora.

En consecuencia, desde el punto de vista de los principios, del análisis de eficiencia en la administración de una empresa, parece del todo negativo que el Estado mantenga el 35 por ciento de las acciones. Es por eso que, desde un inicio, presenté una indicación -necesitaba el patrocinio del Ejecutivo - que dejaba ese 35 por ciento en manos de los municipios. Como ha señalado un señor Senador, posteriormente el planteamiento fue recogido pero entregando tal porcentaje a los Gobiernos Regionales.

¿Hay diferencia entre que sea de un municipio o de un Gobierno Regional? Del cielo a la tierra. Si ingresa a las arcas municipales, las personas nominadas como directores de minoría en este 35 por ciento habrán sido elegidas, a su vez, por el pueblo para sus cargos de concejales o alcaldes de la municipalidad, y, por lo tanto, tendrán el mayor interés en que el servicio sea eficiente, y, al mismo tiempo, en que su inversión sea rentable. En consecuencia, las personas que estén, de alguna forma, vinculadas con esta actividad, intentarán hacerlo lo mejor posible.

No ocurre lo mismo en el caso de los Gobiernos Regionales. Nada tiene que ver el agua de Rancagua con la de San Fernando o de Pichilemu. Nada tienen que ver las aguas de Curicó con las de Talca o de Constitución, y están todas en la misma Región. Por lo tanto, el entregar el 35 por ciento al Gobierno Regional es tan malo como dejarlo en manos del Estado. Luego, no veo ventaja alguna en que sean los Gobiernos Regionales, en lugar de los gobiernos comunales, los que participen y actúen directamente como socios minoritarios en una gestión de asociación con privados para la administración de las empresas sanitarias.

Pero, lo que es más grave, el Gobierno no acogió ni una ni otra propuesta. Quiso conservar el 35 por ciento, sin reservar para sí ventaja alguna. Por el contrario, la indicación aprobada en las Comisiones unidas le concede la facultad -no lo obliga- de vender más adelante ese 35 por ciento. Al parecer, el Estado pretende conservar acciones minoritarias en empresas que mañana podrían ser mal manejadas, y no le será posible venderlas; conservar el 35 por ciento de empresas que en el futuro podrían tener pérdidas, y no las va a poder vender; mantener el 35 por ciento que más adelante quisiera enajenar para cumplir objetivos sociales urgentes en la misma comuna, y no las va a poder vender.

Encuentro del todo inapropiado, injusto y económicamente absurdo el obligarse a mantener determinado activo sin que sea posible disponer de él. Forma parte del derecho de propiedad la posibilidad de gozar y disponer de las cosas. Aquí el Estado se está autolimitando en su propia indicación.

Por lo tanto, señor Presidente , deseo reiterar la conveniencia de rechazar lo propuesto por la Comisión de Hacienda, donde la mayoría pro concertacionista insistió en un planteamiento de Gobierno que, como aquí se ha hecho notar, ni siquiera era compartido por los propios Senadores de la Concertación, quienes estaban proponiendo entregar el 35 por ciento a los Gobiernos Regionales. A mi juicio, lo mejor es, por ahora, mantener ese porcentaje en manos del Estado y que éste se encuentre facultado para enajenarlo el día de mañana. ¿A quién? A los municipios, si fuera el caso, para lo cual habría que modificar la legislación pertinente; o a terceros, en el momento oportuno. Pero negarse definitivamente la posibilidad de disponer del 35 por ciento de las acciones de todas las empresas sanitarias del país me parece un retroceso, puesto que hasta ahora en algunas de éstas le estaba permitido vender el 100 por ciento.

Por tales razones, señor Presidente , creo necesario rechazar el texto propuesto por la Comisión de Hacienda y aprobar el de las Comisiones unidas, que estudió mucho más detallada y profundamente el tema, y dio facultades -no obligación- al Estado para disponer de estas acciones y venderlas de acuerdo con lo que estime más conveniente para cumplir sus verdaderos objetivos, que no son participar en actividades económicas, sino satisfacer las necesidades sociales, que son prioritarias y anteriores a la de intentar hacer buenos o malos negocios.

He dicho.

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente , las mismas razones que esgrimen algunos señores Senadores para desconfiar del Estado las tenemos otros para desconfiar de los particulares. En mi opinión, siempre que el servicio de agua potable estuvo en manos del Estado fue bastante bueno...

El señor PRAT.-

Fue ESVAL también, que es ciento por ciento estatal, señor Senador.

El señor DÍAZ.-

Según la Contraloría, ESVAL es particular. Eso es lo que he leído.

El señor PRAT.-

¿Y qué dice Su Señoría al respecto?

El señor DÍAZ.-

Yo digo lo que expresa la Contraloría. Soy muy respetuoso de las definiciones de ese organismo -tengo a mis espaldas a una ex Contralora, así que no podría hablar en otros términos; ¡estoy muy controlado en estos momentos!-, e, indiscutiblemente, la Contraloría dijo que era particular.

En general, se ha demostrado que la cobertura de agua potable en Chile es, prácticamente, de 90 por ciento, incluso en los sectores rurales concentrados. Por lo tanto, el Estado y los Gobiernos han efectuado una buena labor en el sector sanitario, sobre todo en lo relativo a ese vital elemento.

En segundo término, no es ajena a los padrones y parámetros de salud -sobre todo en lo relativo a enfermedades infecto-contagiosas como tifus, paratifus, cólera y otras- la existencia de una buena cobertura de agua potable en nuestro país. Ello no es efecto de una casualidad, sino que son medidas de orden general para un buen servicio público de ella.

Dudo que un particular o una empresa privada -cuyo natural fin no es nada más que el lucro- pueda ser capaz de extender dicho servicio y el de aguas servidas a poblaciones alejadas, donde económicamente no resultan rentables. Indiscutiblemente, porque reitero que en las empresas privadas el objetivo final y definitivo es el lucro, en tanto que para el Estado es el bien común y el servicio a la comunidad.

Estoy absolutamente de acuerdo en que, al menos, el 35 por ciento de las acciones quede en poder del Fisco, para que éste tenga presencia en la administración de tales empresas.

Por otro lado, soy partidario de que el gobierno regional -que también es un órgano democrático, pues incluso el consejo regional se integra con consejeros elegidos por los concejales de la región-, tenga participación en esta área, lo cual constituye una expresión democrática absoluta y total.

Considero muy grave el hecho de entregar en su totalidad el servicio del agua potable a las empresas privadas, lo que puede convertir una necesidad vital en un asunto de negocios y de lucro.

El señor ERRÁZURIZ.-

¿Qué pasa en su zona, señor Senador?

El señor DÍAZ.-

Administrar el agua potable no es como vender zapatos, camisas, vehículos o camionetas. Su trascendencia es otra.

El agua potable es indispensable. No es necesario recalcar el valor, la importancia y la trascendencia que ella tiene en la vida y en la salud de la gente, ni dar más argumentos sobre el particular. Por supuesto que, ante una disyuntiva de decidir entre el Estado, cuyo propósito es el bien común, y una empresa privada, que tiene como objetivo sólo el lucro, me inclino indiscutiblemente por el primero.

Por lo tanto, anuncio mi voto favorable a lo propuesto por la Comisión de Hacienda.

El señor ALESSANDRI.-

Deseo hacer la siguiente pregunta al señor Ministro : ¿Este 35 por ciento quedaría para siempre en poder del Estado? Si mañana hay que aumentar el capital, ¿el Estado está dispuesto a poner su parte? ¿Con qué fondos los municipios y el gobierno regional van a contribuir al aumento de capital que seguramente deberá aportarse para las nuevas instalaciones, teniendo presente que son millonarias -aunque no tanto en la cobertura del servicio de agua potable, el cual, como dijo el Senador señor Díaz , es excelente en Chile y constituye un ejemplo para los demás países- especialmente para el tratamiento de aguas servidas, que requiere de grandes inversiones? Entonces, si a través de cualquier organismo fiscal, el Estado va a conservar ese 35 por ciento y hay que aumentar el capital, por ejemplo, al doble, ¿estará dispuesto el gobierno regional o el municipal o el central a hacerlo? ¿O está dispuesto a rebajar su participación en la sociedad en la proporción en que no contribuya al nuevo capital?

El señor PRAT.-

Sin perjuicio de que la última observación del señor Ministro vaya a la Comisión de Hacienda, quiero hacer ver que la fórmula aprobada por ella, que obliga al Estado a permanecer con el 35 por ciento de la propiedad, rigidiza de tal manera la norma que, de conformidad con el artículo 63 del decreto con fuerza de ley Nº 382 -que este informe modifica en términos de segmentar las empresas en mayores, medianas y menores, definiendo estas últimas como las que cubren a un número de clientes inferior al 4 por ciento del total de usuarios- las empresas muy pequeñas, propias del ámbito regional y que operan en una cuenca hídrica determinada, van a quedar obligadas a mantener 35 por ciento de propiedad estatal. Por lo tanto, si el Ejecutivo ha analizado el tema, no creo que tenga la idea de que lo anterior sea así. Pero, de hecho, lo propuesto por la Comisión de Hacienda a la Sala obliga al Estado a mantener ese porcentaje, incluso en esas pequeñas empresas.

En cambio, el último inciso del artículo propuesto en el primer informe de las Comisiones unidas de Economía y de Obras Públicas, excluye a esas empresas de la obligación de mantener ese 35 por ciento en manos del Estado, sin que puedan deshacerse de esa proporción accionaria. Por lo tanto, el grado de rigidez de la norma propuesta por la Comisión de Hacienda obliga a participar en empresas respecto de las cuales ni siquiera se conocerá cómo se manejan ni cómo operan. Seguramente, la Superintendencia se va a confiar en que, como hay un porcentaje estatal, el interés común que representa el Estado, va a estar debidamente resguardado. O sea, se va a dar la peor de las situaciones que es posible concebir.

El señor Ministro ha señalado además que no se quiere rigidizar la situación y que hay un horizonte en el cual las cosas irán cambiando. Bueno, lo que propone el informe de las Comisiones unidas es justamente una norma flexible, porque establece que el Estado mantendrá el 35 por ciento. Por lo tanto, da la oportunidad a quienes hoy día gobiernan a que se mantenga esa proporción de propiedad estatal; pero abre la posibilidad de que se desprenda de ella sin que sea obligatorio, aun cuando se den condiciones de desconcentración accionaria. Por lo tanto, la norma es flexible, al mantener el 35 por ciento y, a la vez, desprenderse de él si hay desconcentración. La norma de la Comisión de Hacienda, en cambio, es rígida. Obligará a legislar nuevamente si el Estado se ve imposibilitado de concurrir con aportes frente a aumentos de capital, al no haber los recursos públicos para ello. Y no es posible comprometer un aporte fiscal en ese sentido.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , en materia de tratamiento y distribución del agua, yo diría, que en la Sala se han planteado tres hipótesis, una de las cuales sería que las empresas sean manejadas como servicios públicos, según cree entender que ocurriría el Honorable señor Díaz.

En verdad esa hipótesis en Chile no existe hoy día, sino lo que estableció la ley Nº 18.885 como un régimen de transición. Dicho cuerpo legal creó sociedades anónimas que podrían ser enajenadas. Dispuso que las dos sociedades que se crearon -fueron las más grandes- podían ser privatizadas hasta en ciento por ciento. Ello, naturalmente, como decisión del Ejecutivo , el cual puede poner en venta las acciones.

Respecto del resto de las empresas que esa ley creó, estableció que su propiedad podría ser del Estado hasta en 51 por ciento. Ése es el sistema vigente. Aquí se ha hecho presente que ésta puede ser una sociedad privada o no privada; pero es una sociedad anónima, regida por las normas del Derecho Privado. Pero ocurre que el patrimonio de esta sociedad anónima es íntegramente estatal, prácticamente, en todos los casos.

Señor Presidente , en esa perspectiva, yo creo que es el peor de los mundos, porque se trata de fondos públicos administrados por entidades regidas por las normas del Derecho Privado o común, en circunstancias de que las normas de éste regulan actividades privadas donde hay personas que son dueñas de sus bienes y, naturalmente, los cuidan o cautelan.

La situación de ESVAL es demostrativa de lo que señalo. No se trata de una presunción, sino de una realidad. Y el Ejecutivo lo tiene tan claro, que precisamente está proponiendo una modificación del sistema.

Reitero: ése es el peor de los mundos, pues se rigen por normas del derecho privado entidades que no están manejadas por sus dueños, sino por terceros que, incluso, son nombrados políticamente.

En suma, no se trata de un buen sistema.

Se indica que hoy día las empresas estarían en muy buen pie porque nuestros niveles de cobertura son bonísimos.

Al respecto, el mensaje dice lo siguiente: "Actualmente, a nivel nacional, la cobertura urbana alcanza a un 97.5% en agua potable; a un 85.4% en alcantarillado y a un 18% en tratamiento de aguas servidas.".

No es necesario plantear en la Sala del Senado la situación de las aguas servidas, porque ella es de público conocimiento. Lo que ocurre es indigno de un país que ha alcanzado nuestro actual grado de desarrollo. Ello resulta más grave aún en momentos en que Chile afronta problemas climáticos, con niveles desérticos en lo referente al régimen de lluvias. Por lo tanto, el tratamiento de las aguas no sólo constituye un problema de higiene y de congruencia en cuanto a los productos que exportamos, sino que reviste características geopolíticas: no podemos desperdiciar el agua, ni menos botarla al mar. Todos pronunciamos grandilocuentes discursos respecto a la protección de la naturaleza y el medio ambiente; sin embargo, botamos los desechos en el mar. Es algo realmente incomprensible.

En tal perspectiva, ¿cuál debiera ser la solución? La que plantea el propio mensaje, en el sentido de que no es bueno mantener al Estado en estas actividades, sino que es necesario dar un marco regulatorio y permitir la participación del sector privado, por los proyectos de mayor complejidad tecnológica y de gestión, etcétera. No puedo leer dicho documento en su totalidad, pero comparto íntegramente sus términos, salvo cuando llega a una conclusión inconciliable con la parte inicial, en cuanto a exigir que el Estado tenga un límite rígido en lo que respecta a la propiedad.

Entonces, ¿deben entregarse estas actividades al sector privado? ¿Hay que enajenar las acciones y permitir que las sociedades compartan su patrimonio con los privados? ¡Indudablemente! ¡Y para eso es este proyecto!

El Presidente de la República planteaba ayer la urgencia de esta iniciativa. Por supuesto. Este proyecto de modernización exige la participación del sector privado, que se hagan las licitaciones, etcétera. Hubo acuerdo para modificar normas en cuanto a regulaciones y a la Superintendencia. Incluso, en las Comisiones unidas se hizo presente que hoy día todas esas disposiciones no se pueden aplicar y que, por lo mismo, ni siquiera se fiscalizan estas sociedades donde se halla el Estado y que tornan tan incongruente la situación.

En estos momentos se trata de saber si vamos a tener un régimen rígido, en el cual el Estado dispondrá obligatoriamente de 35 por ciento del capital accionario, sea necesario o no hacer capitalizaciones.

El señor Ministro aduce que las empresas están muy capitalizadas. ¿Pero por qué lo están? Porque lo hacen mientras se tramita la ley en proyecto. Esto también es incomprensible.

A mi juicio, el planteamiento que se formula en el informe de las Comisiones unidas de Obras Públicas y de Economía es flexible, no obliga a nadie. Porque, si quiere hacerlo, el Ejecutivo aplicará la medida. Pero establece una opción. Entonces, como señala el Honorable señor Zaldívar, vamos a una modernización por plazos. Sin embargo, lo cierto es que aquí se entrega la herramienta.

Por tales consideraciones, me parece obvio que debe aprobarse el informe de las Comisiones unidas, que no establece un sistema rígido ni obliga a nada, sino que permite al Presidente de la República y a las autoridades pertinentes de la Corporación de Fomento, que es la dueña de ellas, enajenar las acciones.

Eso es lo que debe hacerse en un sistema flexible. Porque (reitero) el 18 por ciento de tratamiento de las aguas servidas no está de acuerdo con los tiempos ni con el nivel de desarrollo de Chile.

Por ello, votaré a favor de la proposición contenida en dicho informe.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , el señor Ministro estimó poco probable -y le ruego que me excuse por ser casi majadero en este punto- que se necesitaran aumentos de capital en las empresas sanitarias. Sin embargo, el mensaje -suscrito también por él- señala que el logro de la cobertura a que se refiere el Gobierno "no sólo demanda inversiones por varios cientos de millones de dólares, sino también" -ya lo expresó la Honorable señora Feliú- "emprender proyectos de mayor complejidad tecnológica y de gestión". Ello significa que tales compañías deberán aumentar su capital.

Una cosa es la inversión del sector privado en las acciones de la sociedad; ésa es una parte: compran el 65 por ciento. Perfecto. Pero después vienen la ampliación de las instalaciones y los cientos de millones de dólares que, según el mensaje, se necesitan. Y esto -repito- conlleva aumento de capital.

Quizá se refería a las dos sociedades grandes, cuya privatización será completa. Pero creo que en las demás también se requerirán muchas inversiones para lograr dichos fines, sobre todo en materia de alcantarillado y aguas servidas.

Al respecto, quiero plantear al Senado una situación muy interesante. En Antofagasta, la empresa ESSAN está logrando la meta de tratar el ciento por ciento de las aguas servidas. Me parece que es la única ciudad de Chile a ese nivel.

A mi juicio, es conveniente destacarlo. Porque siempre se pone énfasis en lo malo y no en lo bueno. Yo soy el primero en reconocer las cosas positivas. ESSAN ha efectuado una gran labor. Se asoció con una firma denominada "Bi-water", con la que espera tratar todas las aguas servidas y reutilizarlas en la industria, en la misma ciudad.

Ello constituye un ejemplo que debiera ser imitado en el resto del país.

He dicho.

El señor GAZMURI.-

Señor Presidente, no deseo reiterar la argumentación que durante la discusión general del proyecto planteamos acerca de la propiedad pública, mayoritaria o minoritaria, de las empresas. Sólo quiero anunciar que votaré a favor la proposición de la Comisión de Hacienda, entendiendo que en esta materia estamos llegando a cierta solución de compromiso.

Soy de los que piensan que no hay razón suficiente para que, de manera general, se pierda la mayoría pública de las empresas sanitarias. Me parecen sólidos los argumentos a favor de ella. La mayor parte de esas empresas ha sido administrada en forma razonable. La incorporación de capitales privados, en calidad minoritaria, es perfectamente posible. Ello permitiría cubrir muchos de los proyectos de ampliación. En fin.

Éste debate se ha prolongado bastante. Y entiendo que en la materia también hay diferencias en la propia Concertación.

Por eso, existiendo en el país esta discusión, considero que lo razonable es que, como política -y la ley lo permite-, coexistan durante un tiempo empresas sanitarias sometidas a distintos regímenes. Las habrá de mayoría privada. Entiendo que, según la política del Gobierno (quisiera que se reiterara aquí), ello no significa que se privatizarán todas las empresas. Las habrá de mayoría pública. Y sería prudente que, durante un plazo, el país esperara para apreciar el comportamiento de los distintos modelos de gestión de un sector tan importante como el de las empresas sanitarias.

En la experiencia particular que me ha tocado ver más de cerca, la de la empresa sanitaria de la Séptima Región del Maule, no distingo ninguna razón sustantiva para que ella sea privatizada. Sí para que se incorporen, encaminadas a proyectos de ampliación, capitalizaciones por diversas vías; para que haya incorporación de capital privado, en calidad minoritaria, a empresas públicas de ese tipo.

Como ya anuncié, votaré favorablemente la proposición de la Comisión de Hacienda, por considerar que mantener 35 por ciento en todos los casos asegura la presencia del Estado en empresas que son monopolios naturales y donde también la experiencia de empresas privadas ha sido, en muchas oportunidades, desafortunada. En el caso de la empresa Lo Castillo, el daño infligido a los usuarios es, con mucho, bastante mayor que eventuales daños equivalentes en empresas públicas, incluso en aquellas respecto de las cuales existe cierto consenso en cuanto a que no han sido bien gestionadas.

Entonces, también hay que probar -no está probado en Chile- que la gestión privada en este campo es más eficiente que la del sector público.

Por tanto, si efectivamente vamos a llevar a cabo una discusión racional, sobre la base, no de ideologismos, sino de datos reales, no es admisible afirmar en Chile -hasta hoy día, por lo menos- que la gestión privada asegura un mejor servicio que la pública.

El señor PRAT.-

Pero hay una cosa que se puede probar, señor Senador: que la Superintendencia actúa más eficientemente cuando la contraparte es privada que cuando está controlada por el Estado. Eso está probado en ESVAL...

El señor GAZMURI.-

Desde el punto de vista de los usuarios, eso es bastante discutible.

Lo que propongo -y espero que el Gobierno comparta este criterio- es que, si hay un debate nacional que cruce a distintos sectores, por lo menos el país se dé un régimen plural de administración de las empresas sanitarias. A eso apunta mi argumento de fondo.

En segundo lugar, quiero recoger el compromiso que asume el señor Ministro Secretario General de la Presidencia en el sentido de volver a discutir, una vez aprobado este articulado en los demás trámites del proyecto, la indicación que presentamos con la Senadora señora Frei y los Honorables señores Zaldívar y Ominami en cuanto a, respecto del 35 por ciento del sector público, aplicar un criterio descentralizador que implique su administración por los gobiernos regionales.

Creo que esa indicación tiene mucho sustento. Ella apunta hacia una efectiva y sustantiva regionalización -posición que, según entiendo, todos compartimos en el debate general de la materia-, toda vez que, además, hay una relación muy estrecha entre las empresas sanitarias y los gobiernos regionales, en la medida en que incluso éstos financian parte de los proyectos especiales de ampliación en sectores no comerciales, obras de saneamiento sanitario, etcétera. Por lo tanto -insisto-, existe una vinculación muy directa.

En muchas Regiones hay capacidad para incorporar, aun en empresas públicas, capitales regionales como asociados a las empresas sanitarias.

Por ende, me alegro de la indicación presentada. Sin embargo, me alegro sólo hasta la mitad,...

El señor PRAT.-

¡Se alegra 35 por ciento...!

El señor GAZMURI.-

...porque no fue completamente incorporada en el debate habido en la Comisión de Hacienda. Recojo, sí, la buena disposición manifestada por el señor Ministro en cuanto a considerar dicha indicación para que finalmente, una vez acordado -espero que lo hagamos- el 35 por ciento como criterio general, discutamos el punto más específico, es decir, que ese porcentaje sea regionalizable, como lo propusimos varios Senadores.

He dicho.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente, solo quería responder al señor Ministro , porque me pareció escuchar alguna crítica a lo que se hizo o a lo que no se hizo como correspondía durante el Régimen militar.

Tengo las cifras a mano, y, verdaderamente, nos podemos enorgullecer de que, por ejemplo, en cobertura de agua potable urbana subimos de 68 por ciento a 98 por ciento, cuando se entregó el Gobierno; en alcantarillado urbano, de 36 a 79 por ciento; y en agua potable rural, de 34 a 75 por ciento.

Esas cifras se hallan en las Memorias Anuales del Ministerio de Obras Públicas, organismo que tuve la honra de dirigir por casi 8 años.

Y también me enorgullezco de que los presupuestos para obras públicas fueron crecientes, especialmente en obras sanitarias, donde subieron anualmente 20 por ciento durante los 8 años de mi gestión.

Sin embargo, todos esos recursos no fueron suficientes para abordar el problema de las aguas servidas, al que se refirió la Senadora señora Feliú. La verdad es que a ese respecto estamos a niveles de países subdesarrollados, mientras en las coberturas de agua potable y alcantarillado nos encontramos a niveles de naciones desarrolladas. Y, por eso, la única forma de superar tal situación es a través de capitales privados, los que no van a entrar si hay 35 por ciento amarrado al sector fiscal.

Es por ello que en el informe de las Comisiones unidas de Economía y de Obras Públicas se sugiere un porcentaje transitorio y voluntario. Y en la medida en que se produzca la desconcentración se podrá llegar a la privatización total de las empresas sanitarias.

Por lo expuesto, lógicamente, voy aprobar el informe de las Comisiones unidas.

He dicho.

La señora FREI (doña Carmen).-

Señor Presidente , he seguido con mucha atención este debate, porque en diferentes oportunidades he planteado mi inquietud sobre el futuro de las empresas sanitarias, especialmente en la Segunda Región.

Cuando llegué al Senado, la situación de las empresas sanitarias de la Región de Antofagasta era catastrófica. Y puedo dar varios ejemplos. Taltal no tenía agua potable; ésta era llevada en aljibes por ferrocarril. En Tocopilla había agua dos a tres horas al día, normalmente entre 4 y 5 de la mañana, lo que obligaba a la gente a acumular la poca que llegaba. En cuanto al alcantarillado, resultaba dramático visitar los cientos de poblaciones, tanto de Antofagasta como de Tocopilla y Calama, donde la gente usaba pozos negros, con el tremendo peligro de que los niños cayeran en ellos, como sucedió varias veces.

Pero existe un agravante: además de ser tan escasa el agua en mi Región, sus precios en algunas ciudades -como lo saben todos los señores Senadores- se triplican respecto de lo que pagan los usuarios en la zona central o en el sur del país.

Ante la situación existente -no quiero polemizar con el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, sino solo reflejar lo que sabe toda la gente de Antofagasta-, en estos años se han hecho enormes esfuerzos por mejorar la calidad del agua. Hoy día podemos decir que Taltal, Tocopilla y otros lugares que mencioné tienen agua las 24 horas del día.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente , recuerdo que uno de los grandes proyectos que se abordaron durante nuestra gestión fue justamente el dirigido a solucionar el problema del agua potable en Antofagasta. Y lo logramos. Lo que pasa es que las poblaciones y, por ende, las necesidades siguen creciendo. Recuerdo incluso la cifra: no hubo ningún proyecto de agua potable superior a los 10 mil millones de pesos que se invirtieron -me parece que en 1987- en la Segunda Región.

La señora FREI (doña Carmen).-

Gracias, señor Senador. Pero yo tan sólo quería poner de manifiesto que lo afirmado por Su Señoría en el sentido de que 95 por ciento del problema del agua potable había sido solucionado no es efectivo, al menos en mi Región. Tal vez esos recursos fueron para otros lugares. O sea, si en Tocopilla no había agua potable durante el día, sino dos horas al amanecer, y a Taltal y Mejillones llegaba en aljibes, no puede señalarse que el problema del vital elemento estaba resuelto en 95 por ciento. Quizá ese porcentaje es aplicable a otras Regiones, pero no a la mía, desgraciadamente.

Ahora bien -yendo al punto en discusión-, para mí resulta difícil pensar que las empresas sanitarias se privatizarán en ciento por ciento. Porque si hoy la Región que represento sufre el problema de la carestía del agua potable, imaginen Sus Señorías qué podrá ocurrir con un monopolio que permitirá cobrar lo que se quiera.

Por eso, mi interés es buscar diversos mecanismos que posibiliten a las empresas de agua potable trabajar en nuestro país.

Agradezco especialmente al Gobierno por haber dado solución a algunas de las dificultades que he planteado durante la tramitación de la ley en proyecto.

Por consiguiente, voy a aprobar la norma referida al 35 por ciento, aunque no es el ideal que yo esperaba. Pero me parece un mal menor, frente a la privatización total. Todavía queda el estudio de esta iniciativa en la Cámara de Diputados. Luego vendrá, seguramente, la Comisión Mixta. Y seguiremos trabajando para evitar lo que puede suceder si las empresas sanitarias se privatizan en su totalidad.

Por supuesto, votaré por el informe de la Comisión de Hacienda, cuando corresponda hacerlo.

He dicho.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, la verdad es que bien podría haber fundado mi voto, pero deseo formular un planteamiento con respecto a la disyuntiva que se nos propone.

Aquí se trata no sólo de un problema de gradualidad en la privatización, sino de la alternativa hecha presente por las Comisiones unidas -no la de Hacienda-, en el sentido de que sean otros organismos públicos, como las municipalidades y los gobiernos regionales, los que puedan hacer cargo, si la situación lo amerita, de los sistemas de agua potable y alcantarillado en las respectivas regiones. Es conveniente esta flexibilidad, sobre todo en vista de que en el análisis particular de este proyecto algunas indicaciones no fueron suficientemente comprendidas y aceptadas, en especial la necesidad de incluir el manejo de las cuencas del lugar donde se extrae agua. Porque, evidentemente, no basta con administrar dicho elemento, sino que también es necesario preocuparse de su calidad y cantidad, de dónde se va a obtener y entregar. De esto prácticamente nada dice la iniciativa en estudio.

Por fortuna, en el artículo 2º transitorio quedó comprendida una indicación, primero rechazada pero recogida por el Ejecutivo , destinada a obligar a las concesionarias a proporcionar asistencia técnica y administrativa a los servicios de agua potable rural.

Por estos elementos, que permiten una mayor flexibilidad no sólo en cuanto a gradualidad en la privatización, sino también en el acceso a otras organizaciones más bien descentralizadas, es que opto por la propuesta de las Comisiones unidas.

El señor VALDÉS.-

Señor Presidente, seré muy breve. Quiero expresar muy francamente mi opinión.

Lamento disentir de mi estimada colega, camarada y amiga, la Honorable señora Frei, y con quienes participan de un criterio muy restrictivo en esta materia. Estoy convencido de que el volumen de recursos que deben invertirse en sanear las aguas en Chile y proveer de agua potable a la población son extremadamente cuantiosos. Eso en primer lugar.

En segundo término, se requieren tecnologías muy precisas e inversiones a muy largo plazo. En lo personal, no tengo dificultad de ninguna especie en aceptar la privatización de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, pues supongo que se puede establecer un sistema de superintendencia capaz de regular, como se consigna en el informe, el cumplimiento de contratos de concesión o de venta, según sea el caso, y, por cierto, controlar las tarifas. Porque es impensable concebir que un servicio de esta naturaleza, que satisface un bien social tan fundamental como el agua, no tenga un mínimo de control, como sí sucede en el caso de las empresas eléctricas en cuanto a generación de energía, las cuales deben someterse a un régimen público de tarifas. Habrá, por lo tanto, un sistema tarifario y, como ocurre con las empresas estatales, uno de bonificación y subsidios para los sectores más pobres, que no están en condiciones de pagar el agua potable.

Mi experiencia personal en la Décima Región, que represento en el Senado -y creo que es la misma opinión de los demás Parlamentarios quetambién la representan-, es que, sin esfuerzo privado, sus ciudades no van a solucionar sus gravísimos problemas. En el caso de Valdivia, donde felizmente fue privatizada la empresa del rubro, se está avanzando adecuadamente en el cronograma del proyecto de colectores destinados a eliminar 38 bocas de alcantarillado, que evacuan en el hermosísimo río Valdivia y que lo habían convertido en una cloaca, al punto de que, si un niño caía a sus aguas, a las 24 horas se enfermaba de hepatitis. Los trabajos de limpieza terminan el año próximo y hay la posibilidad de que en dicho curso de agua y su cuenca se realicen cultivos acuícolas.

Y esto no constituye un problema grave, porque la tecnología es adecuada y porque hay capitales. Pero, curiosamente, los 11 millones de dólares que se recibió por la venta de esa empresa de Valdivia, ya deberían haberse destinado a inversiones en Osorno -ciudad atravesada por dos ríos, el Damas y el Rahue, que anualmente se pudren en el verano, y los regimientos de la zona deben enviar a sus conscriptos a limpiarlos-, lo que aún no acontece. Tampoco se ha invertido en Panguipulli, en La Unión ni en Río Bueno, pueblos que están creciendo en todo sentido, menos en subsanar la calamidad de tener mucha agua, pero muy podrida y malsana, lo que afectará severamente las producciones lácteas y otras, sujetas las exigencias internacionales de purificación de las fuentes hídricas.

Por lo tanto, no tengo prevención alguna en la privatización de estos servicios. Y si se ha llegado a un porcentaje como el indicado en el proyecto, lo apruebo, por considerarlo lo menos malo.

He dicho.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , en atención a lo exiguo del tiempo, voy a ser muy breve en mi intervención.

Deseo manifestar mi complacencia por el hecho de que, en definitiva, el proyecto va por el camino de traspasar los servicios públicos a la empresa privada, a la actividad de los particulares. Este es un reconocimiento efectivo de la ineficiencia del sector público para atender estas tareas y la inconveniencia de concentrar capitales importantes en sus manos.

Sin embargo, no entiendo el temor a permitir que en su momento este traspaso pueda ser total y que la empresa privada logre el ciento por ciento del control de una empresa, sobre todo cuando hay múltiples mecanismos que permitirían cumplir el objetivo de la fiscalización pública, que se esgrime como argumento para mantener un porcentaje de las acciones. No creo que objetivamente tenga sentido ni justificación alguna. Por el contrario, pienso que es erróneo y peligroso, primero, desconocer que la mejor garantía para una adecuada gestión de las empresas consiste, justamente, en el hecho de ser privadas, puesto que, en la medida que se encuentren constituidas como sociedades anónimas, toda la información acerca de su gestión pasa a ser de dominio público y, por esa vía, permitir el control absoluto y, al mismo tiempo, la propia valorización de la misma. Pero también el establecimiento de restricciones a la posibilidad de venta de las empresas constituye una limitación del patrimonio que se puede traspasar a los privados y, por ende, una merma de los ingresos que el Estado puede recibir por esa vía, que son necesarios para múltiples objetivos de carácter social, que se cumplirían mejor destinándolos a otras finalidades, en lugar de mantener un pequeño porcentaje de una empresa pública, por importante que este capital pueda ser.

En consecuencia, no veo el sentido de apoyar la proposición en los términos en que la formularon las Comisiones unidas. Por el contrario, creo que es regresiva y, en consecuencia, la votaré en contra.

Quiero señalar, sí, que me parece extraordinariamente interesante la idea de la regionalización, que ya planteé, a propósito de la privatización de Colbún, a los señores Ministros de Obras Públicas y Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO y a quienes tienen injerencia en la materia. No cabe la menor duda de que una manera real de descentralizar es dando algún tipo de acceso y facilidades especiales a los capitales regionales para que se hagan cargo de las empresas estatales que están allí y que van a ser privatizadas. Estimo que, en esa línea, deberíamos avanzar para lograr efectivamente una desconcentración de la actividad económica del país, que lamentablemente tiende -incluso por otras medidas- a concentrarse todavía más en estos días en torno de la Región Metropolitana.

En consecuencia, podríamos estudiar -si el proyecto lo permite en alguna instancia, o si no en una iniciativa posterior- alguna idea para contribuir a regionalizar, de manera tal de lograr efectivamente la desconcentración económica de las empresas estatales a través de su traspaso a capitales privados que puedan existir en la zona. Lo que he propuesto para Colbún bien puede hacerse también respecto de otras empresas, como éstas, que deberán ser privatizadas en el próximo tiempo.

He dicho.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente , estimados colegas, en primer lugar, permítanme saludar en forma muy especial al Excelentísimo señor Embajador de Alemania en Chile, don Werner Reichenbaum , y al Presidente de la Liga Chileno-Alemana, don Carlos Büchner , que se encuentran presentes en las tribunas.

Señores Senadores, un 25 de agosto de 1846, hace 150 años, llegaba al puerto de Corral el velero "Catalina" con nueve familias de artesanos alemanes, que, debidamente reclutados por encargo del Gobierno chileno en Alemania -por don Rodulfo Amando Phillipi-, estaban destinados a ser el comienzo de un proceso de inmigración y de colonización a las entonces casi deshabitadas e inexploradas provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue.

Esas nueve familias se radicaron inicialmente en las inmediaciones del Río Bueno, desde donde se asentaron en forma definitiva en la zona de Osorno y sus alrededores, lugares en los cuales echaron raíces. Hasta nuestros días, sus descendientes se mantienen como destacados y activos miembros de la comunidad osornina.

Es de justicia, entonces, al conmemorar estos 150 años recordar sus nombres, para rendir así el homenaje que se merecen, después de siglo y medio de acción y proyección de su espíritu aventurero y emprendedor, que los llevó a abandonar su patria de origen y buscar con mucho desprendimiento y sacrificio acá, en estos confines del mundo, una nueva y promisoria existencia. Ellos fueron los herreros Georg Aubel y Nicolás Ruch , los carpinteros Johan y Adán Bachmann y Lorenz Holstein , el molinero Johannes Ide , el zapatero Bernhard Henckel , los jardineros Joseph Yaeger y Heinrich Kramm , y el ovejero Enrique Kraemer. Toda, gente laboriosa; toda, gente sencilla.

La génesis de este primer grupo organizado que llegó a Chile la constituyó la Ley de Colonización dictada por el Presidente don Manuel Bulnes Prieto en noviembre de 1845, iniciativa legal que fuera promovida con especial dedicación y tesón por don Bernardo Eunom Phillipi , aventurero alemán que, desde mediados de la década de los 30, venía recorriendo el sur del Chile y gestando la visionaria idea de poblar esas tierras sureñas, cubiertas de bosques vírgenes en esa época, con colonos traídos de su tierra natal.

Ya en 1842, en un penoso viaje desde el entonces Melipulli, Phillipi redescubre el lago Llanquihue, y presenta y convence al Gobierno de su proyecto de colonización de esas provincias, que en aquel tiempo se encontraban prácticamente aisladas del núcleo vital de Chile, por la presencia de las tribus mapuches que dominaban la zona comprendida entre el Biobío y el Toltén.

El cariño por Chile de Phillipi, en especial por su región sureña, lo hizo participar, en 1843, en la exitosa expedición comandada por el Capitán Juan Williams para tomar posesión del Estrecho de Magallanes.

Es, pues, la llegada del "Catalina" con estas nueve familias iniciales la simiente colocada en un surco feraz, que iniciara el desarrollo de esas provincias sureñas, de lo cual hoy día todo Chile se enorgullece.

A este primer contingente de inmigrantes alemanes siguió, en 1849, otro grupo de colonos a bordo de los barcos "Middleton" y "Elida", que igualmente se radicaron en las inmediaciones de Osorno y cuyos descendientes se esparcen también en el sur de Chile hasta nuestros días. Destacan entre ellos, aparte de otras, las familias Mohr , Hube, Buschmann , Fenner , Geisse , Günther , Schwarzenberg, Scheuch , etcétera.

Ya en 1850, y reclutados directamente por don Bernardo Eunom Phillipi , quien había sido designado por el Gobierno chileno como agente colonizador en Alemania, comienza a llegar una corriente de inmigración que, con muchos obstáculos iniciales pero con gran perseverancia, se mantuvo hasta 1875.

Especialmente destacable en esta oportunidad es el velero "Hermann", que llegó con colonos para Valdivia y a bordo del cual venía don Carlos Anwanter , quien hiciera famoso su juramento, que fue como un faro orientador para toda esa pléyade de inmigrantes alemanes que lo siguieron en ese exitoso proceso colonizador: "Seremos chilenos honrados y laboriosos como el que más; defenderemos a nuestro país adoptivo uniéndonos a las filas de nuestros nuevos compatriotas, contra toda agresión extranjera, con la decisión y firmeza del hombre que defiende a su patria, a su familia y a sus intereses. Nunca tendrá el país que nos adopta por hijos, motivos de arrepentirse de su proceder ilustrado, humano y generoso".

Igualmente destacable es el arribo del grupo más numeroso de inmigrantes llegados posteriormente a bordo de los veleros "Alfred", "Australia", "Susana" y "Victoria", quienes se radicaron desde los alrededores del lago Llanquihue hasta el seno de Reloncaví, convirtiendo la selva virgen de esa zona en los terrenos fértiles que hoy constituyen la base del desarrollo social y económico de las provincias de Osorno y Llanquihue.

Cabe hacer notar que durante treinta años y hasta 1875, llegaron alrededor de 75 barcos con inmigrantes alemanes, con un total aproximado de ocho mil personas.

Esta cantidad no es muy elevada si se la compara, por ejemplo, con las decenas de miles de alemanes que colonizaron el sur de Brasil o con los cientos de miles que llegaron a los Estados Unidos de Norteamérica. Con justa razón, sí, se puede sostener que fue lo suficientemente elevada, en calidad y esfuerzo, como para dar prosperidad y proyección a las provincias chilenas del sur, las cuales constituyeron su nueva patria. Bosques impenetrables se transformaron en generosos campos productivos; industrias, comercio, instituciones de enseñanza y culturales fueron creándose y creciendo, y contribuyeron a dar un auge inesperado a los parajes australes que pocos años antes se debatían entre el aislamiento y la postergación.

Especial mención en este homenaje merece la figura de don Vicente Pérez Rosales , quien, como Agente Colonizador e Intendente de Valdivia inicialmente, y como Agente Colonizador y Cónsul en Alemania con posterioridad, llevó a feliz término esta migración.

La constancia y apego de los inmigrantes germanos coronaron con singular éxito sus esperanzas.

A 150 años del inicio de esta gesta histórica, los chilenos en general y los descendientes de los colonos de ese entonces podemos inclinarnos con orgullo y respeto hacia aquellos esforzados pioneros que construyeron con sus propias manos ese magnífico monumento recordatorio representado por el floreciente sur de Chile de hoy.

He dicho.

El señor VALDÉS.-

Señor Presidente, estimados colegas, adhiero muy sinceramente a las expresivas palabras que, con tanta propiedad y legitimidad, ha pronunciado nuestro colega el Honorable señor Siebert , por ser descendiente de quienes llegaron a Chile formando parte de la extraordinaria epopeya que significó la migración alemana del siglo pasado.

También deseo saludar al señor Embajador de la República Federal de Alemania , quien nos acompaña en el día de hoy.

Hace una semana, se ha dado inicio a la celebración de este aniversario en la ciudad de Valdivia -la cual continuará en Osorno, La Unión y otras ciudades del sur-, aniversario que representa para Chile uno de los grandes momentos de su desarrollo cultural, industrial, científico, agrícola y humano.

Esta migración significó un gran sacrificio para quienes venían de una nación tan desarrollada, culta y llena de vida histórica como Alemania, en los momentos en que Corral era un puerto extremadamente modesto, una simple caleta, y soportando viajes en pequeños barcos que, procedentes de Hamburgo, demoraban dos o tres meses en llegar a su destino. Basta leer la historia de los que viajaron en esa época -ahí figuran quienes enfrentaron la empresa de llegar a un territorio poblado de bosques y sin rutas-, para entender que esta migración constituye una de las hazañas más notables que grupo humano alguno haya realizado después de la llegada de nuestros antepasados los conquistadores españoles.

Los inmigrantes alemanes se expandieron por el sur y crearon lo que llegó a ser, a fines del siglo pasado, la zona más industrial de Chile. Conviene recordar que Valdivia era, en 1900, la segunda ciudad más industrializada del territorio nacional. Y así surgieron también Osorno , Llanquihue y, posteriormente, Puerto Montt y otras ciudades, como La Unión, que ha tenido desde entonces una especie de centro de actividad industrial muy sobresaliente en manos de familias que han perseverado en las antiguas tradiciones de sus antepasados.

Quiero rendir este homenaje en mi calidad de Senador por esa zona y reconocer, sobre todo, el aporte de distinción, de honorabilidad, de corrección, de apego a la tierra y de cultura que estas familias alemanas han traído a Chile enriqueciendo profundamente nuestra nacionalidad.

El señor LARRE.-

Señor Presidente , adhiero en forma muy sincera al homenaje que esta tarde se rinde a la celebración de los 150 años de la presencia de los inmigrantes alemanes en el sur del país.

En mi calidad de representante de las provincias de Osorno y de Valdivia ante el Senado, deseo manifestar que esta migración, sin lugar a dudas, constituye uno de los hitos más importantes en la historia regional y ha significado, además, en ambas provincias, el desarrollo de actividades sociales, económicas, productivas y culturales que marcaron rumbos en nuestra nación.

En este homenaje, quiero destacar la importancia que la presencia de la cultura alemana ha tenido en el sur del territorio, porque así como algunos realizaron sus esfuerzos y rindieron frutos en las actividades del trabajo, otros ilustres y eminentes educadores alemanes, iniciados en la persona del sabio Philippi , que se avecindó en la ciudad de La Unión, promovieron la formación de múltiples generaciones de jóvenes descendientes de alemanes, pero también de muchos chilenos, como es el caso de quien les habla, marcándoles un rumbo en la vida.

Por ello, hago resaltar esta participación en la educación de nuestra Región, y también la introducción de elementos indispensables en la vida del ser humano, como son la cultura, el deporte y la recreación, a través de tantos colegios alemanes en las distintas ciudades y localidades del sur, pues, aun cuando éstas estaban aisladas, hubo establecimientos docentes de esa nacionalidad hasta en los más modestos poblados. ¡Para qué mencionar los de Valdivia y de Osorno, que son los más antiguos! Luego se los creó en La Unión, en Río Bueno y en Paillaco, y una vez que avanzó la colonización hacia el sur, también los hubo en Puerto Varas y en Puerto Montt. Allí tuvimos la oportunidad de formarnos muchos descendientes de inmigrantes, hijos de inmigrantes, hijos de chilenos que han participado en múltiples actividades públicas, en el Parlamento, en el Gobierno, en los municipios, en la administración provincial y regional. Asimismo, son muchos quienes dieron los primeros pasos para convertirse en destacados científicos, académicos y profesionales.

Y, también, en el tiempo, esta vocación de los educadores alemanes de transmitir cultura se expresó en un centro universitario que cada día asume mayor trascendencia en la educación superior: la Universidad Austral de Chile.

Por lo tanto, señor Presidente , no solamente se registra la presencia de estos inmigrantes en las actividades sociales y productivas, sino que ellos son fundamentales en la educación, en la formación profesional, científica, tecnológica y académica del sur del país.

Aprovechando esta oportunidad, tan feliz, quiero agradecer, en mi calidad de Senador por la zona, al representante de la República Federal de Alemania , quien nos honra esta tarde con su presencia, e invitar, por intermedio de su persona, a que esa nación siga colaborando en la formación de la juventud chilena. Porque quienes asistimos a las aulas de los establecimientos apoyados, subvencionados y donados por el Gobierno alemán, como ocurrió después del terremoto de 1960, creemos, sinceramente, que de ese modo se da a muchos jóvenes la oportunidad de un mejor vivir.

Gracias, señor Embajador; gracias, señores Senadores, por esta ocasión de materializar un acto de justicia al distinguir lo que ha sido la cultura germana para la formación del sur de Chile.

He dicho.

El señor LARRAÍN.-

Honorables colegas, Excelentísimo señor Embajador de la República Federal de Alemania , señor Presidente de la Liga Chileno-Alemana:

En nombre del Comité de Senadores de la Unión Demócrata Independiente, deseo adherir al homenaje que el Honorable señor Bruno Siebert rinde, como toda esta Corporación, al sesquicentenario del arribo al sur de Chile de un grupo de pioneros alemanes.

El 25 de agosto de 1846 llega a Osorno un conjunto de inmigrantes germanos, iniciando con ello una nueva etapa en la evolución histórica de ese territorio. Muy distinto sería el rostro de esa parte de nuestro país de no haber contado en su desarrollo con la participación activa de este contingente humano. En verdad, la labor de esos inmigrantes fue inmensa, comprendiendo variados aspectos y facetas que la hacen, mientras más se la conoce, todavía más sobresaliente.

Desde luego, en sus primeros momentos ella consistió en descubrir y poblar, efectivamente, buena parte de la zona, aún desconocida y prácticamente deshabitada. Se trató de una etapa de verdadera colonización, cuyo interés y envergadura atrajo a nuevos grupos de inmigrantes, que aumentaron en miles el número de alemanes, así como la obra que fueron realizando. Ésta se concentró en la transformación de la tierra, permitiendo su incorporación al quehacer agropecuario nacional, que hasta el día de hoy constituye la principal actividad productiva de esa parte del país.

En este rubro, al igual que, muy luego, en la industria y el comercio, ese grupo humano pudo exhibir su laboriosidad, su espíritu de trabajo y su fuerza inagotable, ya que la tarea, en todos los planos, era inmensa y difícil para cualquiera.

Sin embargo, su contribución al crecimiento y progreso de Chile, como ha sido justamente destacado por quienes me antecedieron en el uso de la palabra, no se ha restringido sólo a lo productivo. Por el contrario, a medida que fue transcurriendo el tiempo, su labor cruzó por distintas facetas de la vida nacional, y hoy se puede decir que ha dejado huellas profundas en la ciencia y en la educación, en la arquitectura, y también en la música, en el arte y en la artesanía. Vale decir, su aporte ha sido fecundo e insustituible para el avance de nuestra nación.

Todo ello, además, ha sido efectuado en un proceso que fue evolucionando con una creciente integración con el pueblo chileno, al extremo de que, en pocas décadas, aparte los apellidos y la conservación de algunos rasgos físicos y lingüísticos, ella ha sido total.

En esta oportunidad, creo que ha de hacerse especial mención de dos artífices principales de este proceso: por un lado, don Vicente Pérez Rosales , quien representa, como pocos, sin lugar a dudas, la voluntad y la visión chilenas de la época; y, muy especialmente, el ya citado Bernardo Eunom Philippi , quien refleja la disposición de descubrir, de conocer, de colonizar y de transformar esas tierras sureñas. Éste fue el autor de la notable iniciativa de traer inmigrantes germanos para colonizar dicha zona.

Hacemos nuestro, pues, este homenaje, a través de nuestra adhesión al necesario, justo y merecido reconocimiento que cabe formular a este puñado de alemanes que desde hace 150 años ha transformado a Chile en su patria.

He dicho.

El señor HUERTA.-

Señor Presidente , Excelentísimo señor Embajador, Honorables colegas:

He tenido la suerte y la oportunidad de vivir mucho tiempo en el sur de Chile, lo que me ha permitido conocer el valor, el esfuerzo y las dotes humanas de los colonos alemanes.

En mi calidad de Presidente del Comité de Senadores institucionales, adhiero gustoso al homenaje que tan propiamente ha rendido el Honorable señor Bruno Siebert a la colonia residente de esa nacionalidad. Principalmente, comparto lo expresado por Su Señoría en el diario "El Mercurio" de fecha 25 de agosto del presente:

"A los 150 años de esta gesta heroica, los chilenos en general y los descendientes de los colonos de ese entonces nos inclinamos con orgullo y respeto frente al recuerdo de aquellos esforzados pioneros que construyeron con sus propias manos ese magnífico monumento recordatorio representado por el floreciente sur de Chile de hoy.".

He dicho.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , en nombre del Comité Independientes, deseo asociarme a esta conmemoración de los 150 años de la llegada de los colonos germanos a nuestro país.

Los homenajes que se han rendido, al igual que algunas publicaciones, como "Recuerdos del pasado", de don Vicente Pérez Rosales, y un libro que ha tenido a bien editar el Senador señor Bruno Siebert, con los recuerdos, los trabajos y las investigaciones de don Emilio Held, hablan expresivamente del valor que han representado los alemanes en el acrecentamiento de nuestra patria.

Quisiera en esta oportunidad sumarme, también, a este reconocimiento y referirlo a las figuras de algunas personas de esa nacionalidad que han trabajado incluso más al sur de la zona que se ha mencionado. Cabe citar el caso del doctor en geografía don Hans Steffen, quien, entre 1892 y 1902, hizo una serie de acuciosas exploraciones en el sur de nuestro país, en la zona austral y en toda la Patagonia del cono sur de América, que le permitieron, con su sabiduría y sacrificio, representar los intereses de Chile y salvaguardar cientos de miles de kilómetros cuadrados del territorio nacional. Esos trabajos prácticamente los pagó con su vida, ya que murió algunos años después, en Davos, Suiza, por las difíciles condiciones en que le correspondió efectuar tales labores.

Asimismo, quiero representarlo en otro insigne hombre, que aún vive: don Juan Augusto Grosse Ickler , quien empezó a hacer varias exploraciones en 1930. Fue contratado como explorador -por primera y única vez en nuestro país- por el Ministerio de Obras Públicas. Como tal realizó diversos trabajos complementarios y distintos de los que había efectuado antes, lo que permitió abrir nuevos caminos y asentar las bases para la colonización en esa enorme y bella zona austral, que representa el 34 por ciento de la superficie de nuestro país. En 1935, junto con don Walter Hopperdietzel, don Otto Uebel y don Ernesto Ludwig , funda la ciudad de Puyuhuapi, que hoy en día se encuentra en pleno desarrollo, como consecuencia de las muchas alternativas que se vislumbran para el siglo XXI en torno de la Carretera Austral.

Los alemanes no sólo han configurado colonias en Chile, sino que se entronizaron y mezclaron -por así decirlo-, destacándose prácticamente en todos los campos de nuestro quehacer. Son chilenos de origen alemán. Eso es algo muy importante de resaltar. En verdad, es conveniente destacar las figuras europeas que han jugado un rol relevante en la configuración de la historia de nuestra nación. Ellos no se colocaron bajo una campana de vidrio, sino que se mezclaron, dando origen a una fuerza pujante en nuestro país.

Deseo resaltar en este homenaje -y expresarlo especialmente ante la presencia del Embajador de Alemania , don Werner Reichenbaum , y también del señor Presidente de la Liga Chileno-Alemana, don Carlos Büchner - que en la tierra chilena todavía caben muchos habitantes. Tengo la fortuna de representar parte de la zona austral, en la cual hay lugar para 5 millones de personas -actualmente, somos apenas 382 mil las que vivimos en ella-, a fin de desarrollar las más variadas actividades económicas, sociales y culturales.

Por lo tanto, en este tributo del Senado también quiero hacer notar que el flujo de europeos y, particularmente, de alemanes, ojalá siga siendo fructífero, porque Chile los va a recibir con el corazón abierto.

He dicho.

El señor GAZMURI.-

Señor Presidente, en nombre del Comité de Senadores del Partido Socialista, quiero sumarme al homenaje rendido por el Senador Siebert, con motivo de conmemorarse el sesquicentenario del inicio de la colonización alemana en Chile.

En verdad, ésa fue en su momento una gran epopeya. Creo que todos hemos leído algo acerca del esfuerzo gigantesco que representó, en general, para miles de hombres y mujeres, sencillos y humildes, que, venidos de Alemania en un período de grandes conmociones sociales en su patria, hicieron una colonización ejemplar, construyeron una parte muy importante de lo que quizás son hoy nuestras provincias agrícolas más desarrolladas y, sin duda, las más bellas del país.

Esa colonización ha dejado hasta hoy una impronta fundamental en la constitución de una zona muy relevante de Chile.

La colonización alemana no sólo tuvo un carácter epopéyico, sino que logró combinar en los colonos y sus descendientes una incondicional adscripción tanto a su patria como a Chile, el cual fue para los colonos su segunda patria; para sus hijos la primera, y para sus descendientes sigue siendo la de todos. Sin embargo, junto con lo anterior, en vastos sectores del país se logró conservar la presencia de la cultura alemana y una permanencia de los lazos de ella, de la sangre y de la lengua, que perduran hasta hoy y que, sin duda, enriquecen la diversidad cultural en nuestro país. Formaron no sólo una segunda patria, sino que engrandecieron la diversidad de la patria original. Y creo que ello constituye un valor que debe destacarse, porque desde el sur ha habido una permanente presencia de la cultura y de la nación alemana, integrantes también, de alguna manera, de la nación chilena.

Debe ponerse de relieve que la influencia alemana en Chile no sólo tiene que ver con ese gigantesco esfuerzo colonizador -muchos chilenos somos descendientes, al menos, de esos primeros pioneros-, sino que también ha sido sustantiva en la constitución misma de instituciones fundamentales de la República, en la formación de la Universidad de Chile, en el desarrollo de la educación normal y secundaria en el país, en la modernización de nuestras Fuerzas Armadas a finales del siglo pasado. Todo ello ha tenido un aporte de influencia alemana muy determinante. Incluso, antes del proceso de colonización, las imágenes que tenemos de los primeros años de la República -quizás, las más vívidas y también las más hermosas- corresponden a un alemán, a ese gran viajero, gran observador y gran cantor a través de la pintura, no sólo de la belleza de nuestro paisaje, sino de la naturaleza de los hombres y de las mujeres de Chile: Rugendas, quien nos dejó como legado quizás las más bellas imágenes de una parte fundacional de la historia nuestra.

Todo lo anterior ha hecho que nuestra relación con Alemania no esté sólo anclada en la historia, sino en el presente y que se proyecte hacia el futuro.

Finalmente, no puedo dejar pasar esta ocasión en que se encuentra presente el señor Embajador de la República Federal de Alemania , para agradecer, de manera muy particular, en nombre de los miles de chilenos que, en un momento tormentoso y difícil de nuestra historia, después de 1973, encontraron su segunda patria en dicha nación. Hubo muchos compatriotas que hallaron en ella hogar, solidaridad, domicilio, cariño, y pudieron reconstituir sus vidas, las cuales, por los avatares de la historia nacional, fueron casi destruidas. Muchos de ellos han vuelto a Chile, varios quedaron en Alemania con sus familias y otros han constituido familias mixtas, chilenas y alemanas. Creo que éste es otro vínculo permanente que permite afirmar que nuestras relaciones no sólo tienen ese hermoso pasado, sino que también -por nuestras múltiples vinculaciones culturales, económicas y políticas- un porvenir venturoso.

Por lo tanto, en nombre de los socialistas de Chile me asocio con júbilo a este merecido homenaje, que toma como momento inicial el de la colonización, pero que se proyecta hasta el día de hoy.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, quienes integramos esta Corporación, junto con ser Senadores de la República, también representamos zonas muy marcadas de nuestra larga geografía.

El que habla representa a la Región de la Araucanía, la cual es una especie de choapino -bastante colorido, diría-, cuyas tonalidades emergen no sólo del paisaje, sino también de sus componentes humanos. Somos un choapino en donde figuran nuestros primeros ancestros y, por supuesto, dentro de ese paisaje, surgen también las tonalidades de colonos europeos como suizos, italianos y, marcadamente, alemanes.

En lo que respecta a las vivencias de esta región, los alemanes se diseminaron hace 150 años, y aún siguen en una agricultura que fue muy difícil, muy ardua en esa época, pero que ellos supieron vencer con laboriosidad, inteligencia y vocación de trabajo ejemplar.

Junto con entregarse al empeño de hacer germinar la tierra, fueron creadores de las más variadas industrias, algunas de las cuales aún permanecen en nuestras regiones, y significan importantes motores de desarrollo.

Ciudades como Traiguén, Victoria, Galvarino , Temuco, Villarrica , Pitrufquén, sólo por nombrar algunas, se sienten orgullosas de las familias de descendientes alemanes que mantienen -reitero- una tradición de esfuerzo y de lealtad para con la segunda patria de sus antepasados, la cual hoy día evidentemente es la primera patria de sus descendientes.

Recorrer con la vista los panoramas del Rhin alemán -como he tenido la suerte de hacerlo- es evocar el sur chileno; y estar en el sur chileno es como encontrarse en los paisajes del Rhin alemán.

Reitero, señor Embajador, señor Presidente de la Liga Chileno-Alemana y Honorables colegas, que no cabe duda de que en el desarrollo de Chile -que ha sido arduo, especialmente en la zona sur-, los colonos alemanes tienen un lugar nítidamente destacado en el cariño y la gratitud de sus habitantes.

Me parece que también vale la pena decir hoy en el Senado que los alemanes llegados a Chile y sus descendientes han expresado una vocación de integración realmente exquisita. Ellos han amado a Chile y han integrado sus apellidos a los nombres autóctonos de nuestro país. Así, muchas familias chilenas se sienten honradas de tener nietos mitad alemanes y mitad chilenos -como ocurre precisamente en el caso del Senador que habla-, con nombres alemanes y chilenos que constituyen familias ejemplares.

En nombre del Partido por la Democracia y del Partido Radical, me sumo con gran cariño y afecto al homenaje rendido por el Honorable señor Siebert , con motivo de conmemorarse los 150 años del arribo a Chile de los colonos del país germano.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Aunque a la Mesa no le está permitido intervenir desde la testera, con la autorización de la Sala, quiero expresar que estimo muy merecido el homenaje rendido; adhiero con entusiasmo a él, y felicito al Senador señor Siebert por su iniciativa y a cada uno de los nueve colegas que intervinieron, representando, de alguna manera, el sentimiento de gratitud que los chilenos y esta Corporación tienen por el pueblo alemán, dada la importancia y gravitación que ha tenido en nuestro país.

También deseo sumarme al homenaje en términos personales, sin más razón que la de ser un admirador de esa nación y -mérito adicional- ser padre de un ex alumno y dos discípulos del Colegio Alemán de Concepción, lo que doy a conocer como expresión de cariño y admiración.

¡Un saludo muy afectuoso para el Excelentísimo señor Embajador y para el señor Presidente de la Liga Chileno-Alemana , quienes nos han acompañado en las tribunas!

El señor LAGOS.-

Señor Presidente, seré muy breve.

En adhesión al homenaje que se rinde a la República Alemana, quiero decir que, durante la época del salitre llegaron al norte de Chile, muchos alemanes, con lo cual la gran industria salitrera estuvo por cierto siempre abastecida en parte desde esa nación.

Algún día los nortinos chilenos rendirán un merecido homenaje a este país en el Senado, dado que hay muchos elementos que así lo ameritan.

En nombre del norte de Chile, saludo al señor Embajador de la República Alemana.