Labor Parlamentaria

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Esta sesión especial ha sido citada con la finalidad de tratar el proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación para el año 1996, en segundo trámite constitucional y con informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 16 en 22 de noviembre de 1995.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En conformidad a lo dispuesto por el artículo 211 del Reglamento, el proyecto debe ponerse primero en discusión general, para, en seguida, dar por aprobado el cálculo de ingresos.

Para los efectos de la discusión general, los tiempos quedan regidos por el artículo 133 del Reglamento, que otorga 10 minutos a cada Senador.

En la discusión general, ofrezco la palabra.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , tal como lo establece el Reglamento, entiendo que primero habrá discusión general, y después se iniciará el debate en particular.

Ahora, deseo referirme en términos generales al proyecto de Ley de Presupuestos, antes de caer en la rutina de cada una de las más de cinco mil seiscientas partidas que contempla el Presupuesto, muchas de las cuales han sido objeto de indicaciones.

El Ministro de Hacienda ha expresado en este Senado, como en muchos foros públicos, un cierto grado de satisfacción con la evolución de la economía chilena. Y al respecto cita la tasa de crecimiento, que este año superará el 6,5 por ciento; la tasa de inflación de la economía, que se mantendría en alrededor de 8 por ciento, con tendencia decreciente de acuerdo con las proyecciones para el próximo año; la tasa de ahorro de la economía en general, que alcanza a 27 por ciento; la tasa de ahorro del sector público, que se eleva a 4,3 por ciento, pero es conveniente que todos sepamos que hay que restarle un punto por el déficit del Banco Central, con lo cual, si la medimos correctamente, sería sólo de 3,3.

Es efectivo que la situación económica del país es sana y sólida. Sin embargo, no es mérito del Gobierno, como tampoco todos los problemas de la economía chilena son de su responsabilidad.

A mi juicio, es fundamental analizar si este proyecto de Ley de Presupuestos es adecuado, y si es posible o no perfeccionarlo, porque ésa es nuestra tarea, y, particularmente, no incurrir en la autocomplacencia ni dormirse en los laureles, por cuanto hay una serie de signos preocupantes que me gustaría destacar.

En lo referente al Presupuesto, hemos planteado cinco grandes familias de observaciones, y esperamos que sean recogidas por esta Corporación. La primera está relacionada con la transparencia, y agradezco públicamente aquí a los Diputados que no estuvieron presentes en la Sala de esa Cámara, con lo cual no se pudo aprobar el artículo 3°, y lo que llevó al señor Ministro de Hacienda a una mesa de negociaciones que permitió mejorar en muchos aspectos lo concerniente a la transparencia del proyecto de Presupuestos.

Sobre esta materia hemos formulado algunas críticas. En primer lugar, ellas se refieren al no cumplimiento cabal y oportuno de los compromisos que la propia ley estableció el año pasado en lo atinente a información, especialmente de empresas públicas las que, de acuerdo con el informe oficial de los secretarios de las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado, no cumplieron oportunamente su compromiso.

Al respecto caben dos posibilidades: una, discutirlo todos los años, a la hora nona, como ocurrió el año pasado, cuando se logró que la ley consignara la obligación del Gobierno de informar semestralmente respecto de la ejecución del Presupuesto y la de las empresas públicas de proporcionar información -también cada semestre- acerca de sus balances, medida tan obvia que parece muy poco sano que su logro tenga que ser fruto de una larga negociación. En esta oportunidad se ha obtenido en la otra rama del Parlamento un avance adicional al fijar el papel de la Contraloría y el que las informaciones de las empresas públicas se adecuen a un formato de común uso y entendimiento.

Un segundo punto en esta materia tiene que ver con el principio de la austeridad. Hemos sostenido que sistemáticamente el aumento del gasto público ha venido excediendo el crecimiento del producto. Entre los años 90 y 95, el gasto público aumentó más allá del crecimiento del producto, en una cifra de 15 por ciento. Y para 1996, de acuerdo con nuestros cálculos, el gasto público crecerá a 7,1 por ciento, en circunstancia de que se estimaba en 6,5. Y estas cifras han sido contrarrestadas por el Ministerio. En múltiples ocasiones hemos planteado la necesidad de uniformarlas. Un candidato a la presidencia de los Estados Unidos decía que cada uno tiene derecho a tener sus propias opiniones, pero no sus propias cifras. Sin embargo, como en esta materia no es posible ponerlas sobre la mesa, y muchas veces nos topamos con sonrisas enigmáticas de parte del Director de Presupuestos , no hemos logrado al menos conciliar esta discrepancia de cifras. En todo caso, hasta el Banco Central, autónomo e independiente, ha sostenido hoy en declaraciones públicas que el Presupuesto no contribuye suficientemente a la meta inflacionaria de 6,5 por ciento. Lo mismo dijo la futura consejera propuesta por el Ministro de Hacienda en la Comisión donde expuso sus puntos de vista. ¿Qué están diciendo? Que no hay la debida contribución de la política fiscal a la meta inflacionaria. En otras palabras, que existe exceso de gasto por parte del Gobierno. Y vamos a presentar diversas indicaciones que apuntan a reducir el crecimiento en el gasto en un monto de 130 mil millones de pesos, que constituye la cuarta parte de tal crecimiento. Por lo tanto, entendámonos bien. Nadie propone que disminuya el gasto, sino que su tasa de crecimiento, que alcanza a una cifra superior a 900 millones de dólares en el Presupuesto de 1996, constituya aproximadamente dos tercios de esa cantidad, con lo cual se podrían ahorrar, más o menos, 300 millones de dólares, suficientes para evitar el incremento de un punto en el IVA. Cabe recordar al Senado que el año 1993, cuando se pactó el segundo acuerdo tributario, se dijo que la tasa de ese impuesto bajaría a 17 por ciento a partir del 1° de enero de 1996. El Ministro de Hacienda de la época nos señaló que estaba de acuerdo con esa medida, pero que era muy difícil amarrarse las manos con tanta anticipación y solicitó dar al Presidente de la República , durante los años 96 y 97, la flexibilidad necesaria para subir o bajar un punto, dependiendo de la situación macroeconómica -recuerdo sus palabras-, y si se producían carencias fiscales. Esa concesión la dio el Parlamento. Sin embargo, cuando el crecimiento de los ingresos fiscales ha sido muy superior a lo anticipado, desde 1993 hasta la fecha, lejos de aprovechar este incremento para no tener que subir el IVA, el Ministro de Hacienda nos ha informado que el Presidente hará uso de esa facultad llevándola al techo de lo que autorizó el Senado. Esto demuestra que cada vez que se otorga holgura para subir impuestos, dependiendo de las situaciones macroeconómicas, el Gobierno aparentemente lo entiende en el sentido de que debe irse obligatoriamente al techo.

En consecuencia, nuestra propuesta en materia de austeridad, que se verá reflejada en indicaciones concretas a las distintas partidas, apunta a que el crecimiento del gasto público no sea de 900 millones de dólares, sino de 600 millones de dólares, con los cuales se evitaría tener que subir el IVA de 17 a 18 por ciento, en uso de la facultad que posee el Primer Mandatario. A mi juicio, la proposición merece ser considerada, puesto que estamos hablando de una rebaja de 300 millones en un gasto total que alcanza a los 17 mil millones de dólares. Es decir, nos estamos refiriendo a cifras absolutamente manejables.

Asimismo, deseamos plantear una tercera área de preocupación o interés de nuestra parte, que se relaciona con la eficiencia en el gasto público. Y quiero decir al respecto que cualquiera empresa mediana en Chile cuenta con mecanismos de medición de la eficiencia de su gasto, mejores y superiores a los que tiene el Estado chileno que, sin duda, gasta casi el 25 por ciento de los ingresos del país. Uno de cada cuatro pesos que producen los chilenos lo gasta el Gobierno. Lo menos que podemos exigir es que en este sentido haya transparencia, eficiencia y focalización, que son tres de los elementos que me gustaría destacar hoy día.

Y digo lo anterior porque hay muestras de ineficiencia de gasto público de tal magnitud y que dejan tan indiferentes a los Ministros respectivos, que a quienes constituimos la Oposición nos llaman la atención. Ésta es una oposición al revés, como comentaban ciertos señores Senadores a la hora de almuerzo, porque normalmente la Oposición está pidiendo más gasto, más beneficios, solidarizando con todas las causas sociales, haciendo demagogia con cualquier grupo de presión, ya que, después de todo, la responsabilidad es del Gobierno de turno.

Aquí sucede lo contrario. Hay una Oposición extraordinariamente preocupada de los equilibrios fiscales, de la eficiencia, de la austeridad y de la focalización del gasto público. Y digo esto por dos ejemplos. Primero, ENACAR, empresa que ha recibido en los últimos diez años 500 millones de dólares de aporte fiscal. Esto significa 60 millones de pesos por trabajador, considerando el promedio entre los cinco mil con que contaba hace cinco años, y los dos mil cien que tiene en la actualidad.

Por lo tanto, uno se pregunta por qué ese aporte. Caben tres razones posibles, que fueron insinuadas en las discusiones habidas. Las cifras proporcionadas por ENACAR eran todas erróneas, en ellas nada coincidía con nada, con lo cual la confianza en la administración de la empresa, al menos por el debate que se produjo en la Primera Subcomisión , es escasa.

Doy este ejemplo -y recurriré a otro- para reforzar con ellos la afirmación de que falta un gigantesco esfuerzo para aumentar la eficiencia en el gasto público. Este año se están aportando a ENACAR 13 mil millones de pesos, que equivalen a 6,5 millones de pesos por trabajador, además de los ingresos propios que genera la empresa. ¿Por qué se hace esto? Hace tres años se reconoció la ineficiencia de ENACAR, y se dijo que se la iba a modernizar. Se solicitaron los recursos del caso, con la promesa de rebajar los gastos. En ese momento el costo de producción del carbón era de 70 dólares por tonelada. Se prometió disminuirlo a 40 dólares por tonelada en un plazo de cinco años, con lo cual se igualaba con el precio internacional y se hacía que la empresa fuera competitiva. Sin embargo, si se observa la evolución del costo por tonelada, éste fue aumentando de 70 a 110, después a 180 y hoy día supera los 300 dólares.

Luego, la transformación de esta empresa, que siempre ha sido deficitaria, en eficiencia, es la promesa hecha por sucesivas administraciones. El grave problema es que los miembros de la Primera Subcomisión Especial de Presupuesto somos los mismos, pero los representantes de ENACAR van cambiando. Así siempre llega alguien nuevo que nos dice: "Eso es culpa de la administración anterior. Yo sí voy a cumplir.".

Si ENACAR fuese una empresa eficiente como para pasar el test de mercado, simplemente debe buscar sus capitales en el sector privado. No resiste mayor análisis que el Estado siga "apostando" a un proyecto -como señaló el Presidente de ENACAR- cuando todas las apuestas anteriores se han caracterizado por el incumplimiento y el fracaso.

Otro argumento dado es que se trata de una inversión de carácter social.

Señor Presidente , con 6,5 millones de pesos por trabajador podríamos resolver de verdad los problemas de los 2 mil trabajadores del carbón y no seguir entregándoles recursos por un año más. Esta misma discusión se produjo el año pasado. Lo insólito es que esto deja indiferente a todo el mundo. A mí, tal vez por deformación profesional de economista, tal situación no me puede dejar indiferente.

El tercer elemento consiste en ahorrar lo pagado en indemnizaciones, argumento que tampoco resiste el menor análisis.

Por lo tanto, surge la pregunta de por qué el Gobierno entrega anualmente 6,5 millones de pesos a los trabajadores de ENACAR, aportando en total 65 millones de pesos. Además, esos dineros no se destinan a ellos directamente, sino que cubren su ineficiencia. Por último, si hubiera un beneficio para esos 2 mil trabajadores, nosotros estaríamos muy contentos. Sin embargo, el Fisco no tiene recursos para nada más. No los hay para los pensionados, pues, cada vez que se deben aumentar las pensiones, se requieren mayores impuestos.

En el caso de ENACAR existe, simplemente, un error de diagnóstico. Debo informar que a esos 2 mil trabajadores se les aporta, además de los ingresos mencionados, 13 mil millones de pesos para cubrir déficit. En cambio, para mil 300 funcionarios de la Contraloría General de la República hay solamente 10 mil millones de pesos. Es decir, existe mayor presupuesto para ENACAR que para el órgano contralor. Eso deriva de haberse generado un error de diagnóstico, una pérdida de brújula. El tema de la corrupción es grave. Indudablemente, están mal estimadas las prioridades y mal asignados los recursos. Lo lamentable es que estamos en un diálogo de sordos, porque en múltiples ocasiones recibimos la atención del señor Subdirector de Presupuestos en la Comisión, pero ello no se tradujo en alguna indicación tendiente a incorporar proposiciones concretas en la Ley de Presupuestos.

Un segundo ejemplo de todos conocido se refiere al sector salud. Se pidió a todo el país un esfuerzo tributario para mejorar la salud y poder recaudar una cantidad sustancial de recursos, duplicándose el presupuesto del área de 600 a mil 200 millones de dólares.

En 1993, públicamente planteamos al señor Ministro de Salud que, a pesar de que el presupuesto a esa altura se había incrementado en 60 por ciento real, no hubiera pasado nada con los recursos, la cantidad ni con la calidad de los servicios. En ese momento, hubo indiferencia total de parte del señor Ministro . Volvía al Senado y se golpeaba el pecho, porque el presupuesto de salud estaba aumentando, como si el beneficio social se lograra aumentando el gasto. Éste es un instrumento, y el beneficio social, el producto final.

Finalmente, el señor Massad reconoció ese hecho al decir que la productividad del sector salud había caído a la mitad, lo que equivale a afirmar que con el doble de recursos se está logrando producir lo mismo.

Después de eso, las principales líneas acordadas inicialmente en la materia, se han ido desdibujando y el señor Ministro se ha visto atrapado en un conflicto permanente o con la FENATS -a la cual tuvo que pagar un bono que no se ajustó estrictamente a la ley- o con el Colegio Médico.

Entonces, frente a los dos ejemplos de esa magnitud -estamos hablando de cientos de millones de dólares en cada uno de ellos-, debemos reconocer que hay mucho espacio para cortar ineficiencia en el gasto público y que, a veces, no parece haber disposición al respecto por parte de algunos personeros de Gobierno.

El tercer ejemplo, señor Presidente , lo constituyen las empresas públicas, las cuales hoy día están rentando 4,5 por ciento sobre su valor libro. Sin embargo, MIDEPLAN exige a cualquier proyecto nuevo que se realice con fondos públicos una rentabilidad mínima de 12 por ciento. Es decir, si pasamos a las empresas públicas por el test de MIDEPLAN, habría que cerrarlas todas.

Entonces, ¿para qué el doble estándar? Uno, para un proyecto nuevo, y otro, para las empresas existentes, muchas de las cuales no debieran seguir en manos del sector público. Éste tiene 30 mil millones de dólares invertidos en empresas estatales, con muy baja rentabilidad, plagadas de situaciones irregulares, como en los casos de CODELCO, de ESVAL y de la Refinería de Petróleo de Concón. Y a pesar de nuestra crítica, desde el punto de vista del esfuerzo privatizador, hasta ahora hay sólo palabras, contradicciones y muy pocos hechos.

Pensamos que, en tal materia, se requiere también un gran esfuerzo para mejorar la calidad de la inversión. Nuestra proposición es muy simple y tiende a cambiar la filosofía, a fin de que el Estado, en vez de ocupar 30 mil millones de dólares, mal invertidos, mal administrados y llenos de problemas en fierros, ladrillos, cemento y chimeneas, lo haga gradualmente en inversión social. Hagamos la revolución en la educación, la cual necesita muchos recursos, al igual que en otras áreas.

Sin embargo, aunque uno escucha palabras favorables de parte del Ministro de Obras Públicas, don Ricardo Lagos; del Presidente de la Democracia Cristiana, don Alejandro Foxley, y del Presidente del PPD, señor Jorge Schaulsohn, en verdad no hay avances en la materia.

Por lo tanto, queremos dejar plena constancia de que pensamos que hay una enorme ineficiencia en el aparato de las empresas estatales y también en los servicios públicos más tradicionales.

Termino, señor Presidente , con el tema de la focalización. En los últimos dos años -1992 a 1994- la economía creció 15 por ciento y el gasto social, 22 por ciento. Siendo la pobreza la primera prioridad del Presidente Frei -como lo ha dicho en múltiples ocasiones-, se esperaría que los resultados de la lucha contra ese flagelo sean extraordinariamente favorables; pero la encuesta CASEN demuestra que, a pesar de que hubo un incremento importante en el ingreso promedio de la familia, el 10 por ciento más pobre, 1,4 millones de chilenos, vive en condiciones de indigencia, pese a ser la primera prioridad del Gobierno. Incluso siendo la primera prioridad los pobres, lejos de ver aumentados éstos sus ingresos monetarios de acuerdo a esa encuesta -la misma que utilizamos todos-, han comprobado una baja de 4,5 por ciento en el período analizado.

En consecuencia, cabe preguntar, ¿qué está pasando con la focalización? Si hay más crecimiento, más recursos, más gasto social, ¿por qué fracasa estrepitosamente la política social frente al grupo de 1,4 millones de personas más pobres? Y cuando se empieza a analizar el tema, uno se da cuenta de cuáles son las consecuencias. En primer lugar, la focalización del gasto social en Chile es extraordinariamente insuficiente; que el porcentaje del gasto social destinado a los pobres es más en las palabras que en los hechos. Y frente a esa situación, se advierte demasiada tolerancia.

En segundo término, la tasa de desocupación en los sectores más pobres se incrementó substancialmente en el período 1992-1994. Cuando una economía que generaba 120 mil empleos al año, pasa a crear 60 mil, como ocurrió en Chile durante ese lapso, comete el principal atentado en contra de la pobreza.

Deseo consultar al señor Ministro de Hacienda -con quien estudiamos en las Universidades Católica y de Harvard- si no comparte conmigo el que gran parte de la propuesta de reformas laborales significará, inevitablemente, como ya lo muestran los números y como lo anticipan todos los economistas académicos, un severo freno a la tasa de crecimiento del empleo, particularmente respecto de la mano de obra menos calificada, precisamente la de mayor pobreza. Porque estos aumentos en las tasas de desempleo....

El señor HORMAZÁBAL.-

¡Nunca se ha probado eso! ¿Hasta cuándo insiste en el tema, señor Senador ?

El señor PIÑERA.-

Si el Honorable señor Hormazábal lo desea, le concedo una interrupción.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

No tiene mucho tiempo para conceder interrupciones, señor Senador, porque me prometió que ocuparía 7 minutos y ya lleva 20.

El señor PIÑERA.-

Termino, entonces, señor Presidente.

Pensamos que el Presupuesto requiere de un gran esfuerzo para darle mayor transparencia, la cual esperamos lograr mediante las indicaciones que presentamos. Necesita un severo ejercicio de mayor austeridad. Deseamos reducir el nivel de gastos en 130 mil millones de pesos, para no subir el IVA en 1996 y no afectar especialmente a la clase media. Se precisa de un gran esfuerzo al menos para ser capaces de medir la eficiencia y que el señor Ministro de Hacienda tenga cierta capacidad de asombro frente a ejemplos gigantescos de ineficiencia, los cuales en el proyecto de Ley de Presupuestos se agudizan con planes que llevan la firma del señor Aninat.

Finalmente, el Presupuesto requiere también de un estudio a fondo respecto de la focalización del gasto social, a fin de que la lucha en contra de la pobreza se traduzca en hechos y no quede solamente en las palabras, pues "Los pobres no pueden esperar".

Por todas estas razones, formulamos un conjunto de indicaciones que apuntan a perfeccionar el Presupuesto en estas cuatro grandes líneas. Hasta ahora, la acogida por parte del Gobierno -muchas de ellas son de su iniciativa exclusiva- ha sido, en la práctica, nula. Además, si no fuera por los seis Diputados que estuvieron ausentes en la sesión de la Cámara, celebrada anoche, esa acogida habría sido real y absolutamente cero.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , en el Senado ya escuchamos un discurso similar, cuando hubo una discusión parecida con motivo de la exposición acerca del estado de la Hacienda Pública. En esa oportunidad, el señor Ministro formuló observaciones más o menos parecidas, salvo algunas nuevas que corresponden casi a lo mismo que se dijo al discutirse el Presupuesto de este año.

Llama la atención esta crítica al manejo de la política presupuestaria, la cual, a su vez, puede influir en la macroeconomía y en la política general del país, pues, si las recetas que da el señor Senador que me precedió fueran las que deben aplicarse, a lo mejor, los resultados no serían los exhibidos.

Mayor sorpresa me causa Su Señoría cuando, después de señalar cifras que en cualquier parte del mundo testimoniarían un buen resultado económico, pronuncia una frase, que considero un poco egoísta, en el sentido de que los logros no serían mérito del Gobierno, porque esta Administración ni la anterior nada tienen que ver con tales resultados.

Al escuchar a los expertos y a los economistas extranjeros referirse a la economía chilena, jamás he oído expresiones de crítica como las formuladas por el señor Senador que me antecedió.

Un país con una tasa de crecimiento sostenido superior a 6 por ciento; que ha reducido la inflación desde 1990 a la fecha, de 27 por ciento a 8 por ciento; que duplica la tasa de ahorro interno de 13 ó 14 por ciento a 27 por ciento; que casi dobla la tasa de inversión en capital a 27 por ciento; cuyo ahorro fiscal bordea 4,3 por ciento de Producto; que sus exportaciones crecen año tras año, y en 1996 casi duplicarán las de los últimos seis, período en el cual los inversionistas extranjeros han más que triplicado los recursos que ingresan al país, seguramente no será porque la economía presenta fallas en su manejo, o porque hay descuido o mal uso de las políticas presupuestarias.

Realmente, en mi opinión, los hechos son mucho más porfiados que las palabras. A mi modo de ver, la forma como se ha conducido la política económica es la correcta. Y si uno revisa el proyecto de la Ley de Presupuestos y la exposición del estado de la Hacienda Pública del señor Ministro en el mes de octubre, concluirá que lo propuesto es, precisamente, continuar por el mismo camino; con un Presupuesto con superávit fiscal, con tendencia a incrementar el ahorro público de 3,7 a 4,3 por ciento del Producto, y con un crecimiento sostenido, el cual puede bordear 6,5 por ciento, con una inflación en descenso estimada para 1996 en 6,5 por ciento. Creo que a todo ello contribuirá la iniciativa legal en estudio.

¿Qué nos ha pasado en la discusión de este proyecto de Ley de Presupuestos? Que lo señalado por el Honorable señor Piñera fue reiterado en aproximadamente 500 indicaciones presentadas ante la Comisión Especial de Presupuestos, con el objeto de reducir los gastos variables y la Partida Tesoro Público. Al analizarlas, comprobamos que la mayoría de ellas carecía de fundamento y que se formularon porque sí. Por ejemplo, se propuso disminuir los gastos variables en la Administración civil y no en los presupuestos de las Fuerzas Armadas, sin dar justificación en uno y otro caso.

La defensa hecha respecto de cada una de esas indicaciones fue cada vez más débil, porque -repito- no había fundamento concreto para concluir que hay exageración en el gasto. En definitiva, la Comisión Especial de Presupuestos rechazó todas esas indicaciones.

Por otra parte, lo afirmado por el señor Senador en términos de que el gasto crece más que el Producto es relativo. De ser ciertas las cifras que proporcionó, como la de que el crecimiento del Producto será de 7,5 por ciento y el gasto en relación con el mismo inferior para 1996, habría 7,1 por ciento de crecimiento. Yo le creo más al señor Ministro , quien en la exposición sobre el estado de la Hacienda Pública nos informó que el gasto en relación al Producto será de 5,7 por ciento, versus un crecimiento estimado...

El señor PIÑERA.-

¿Su Señoría leyó bien la nota al pie de página?

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Sí, pero confío más en ese Secretario de Estado , y por eso apoyo sus proposiciones.

El señor PIÑERA.-

La nota alude a 5,7 por ciento, excluyendo algunos gastos.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Si Su Señoría desea una interrupción, encantado se la daré. Lo que estoy señalando es que confío más en las cifras del señor Ministro de Hacienda .

El señor PIÑERA.-

¿Me concede una interrupción, señor Senador ?

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Se la doy, con la venia de la Mesa.

El señor PIÑERA.-

Es muy simple: el señor Aninat afirmó en su exposición que el gasto crecerá 5,7 por ciento. Y en una nota al pie de página aclara que aumentará en ese porcentaje excluyendo el crecimiento en subvenciones educacionales y en otro rubro más. De seguir exceptuando otros aumentos del gasto, podría decirse que el Producto crecerá en 4, 3 ó en 0 por ciento.

He afirmado que el gasto total aumenta más que el Producto, según la estimación del propio señor Ministro de Hacienda . Si Su Señoría tiene otro cálculo, le ruego citarlo, porque obviamente no puedo hacer comparaciones sin esa cifra.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

No la tengo, y sigo insistiendo en que creo más en el cálculo realizado por el señor Aninat de 5,7 por ciento, excluyendo una partida de gastos que se financia con impuestos propios, al igual que en el caso del reajuste de pensiones.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En realidad, podemos pasar toda la tarde en una discusión acerca de la situación financiera del Estado; pero eso corresponde a un debate sobre la Hacienda Pública. Lo que estamos analizando es el proyecto de Ley de Presupuestos.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Estoy de acuerdo; pero como el señor Senador que me precedió hizo su exposición y Su Señoría no hizo la misma observación, me veo en la necesidad de precisar algunos datos, para luego seguir con la discusión del asunto en estudio.

El Honorable señor Piñera se queja de que el Presidente de la República no hace lo que el señor Senador desea: que en 1996 se rebaje el IVA. Es facultad presidencial disminuir, aumentar o mantener dicho tributo. La obligación de rebajarlo se contempla para el año subsiguiente, no para el próximo.

Por lo tanto, no es una materia en la cual pueda decir que el señor Senador tenga razón. Si el Gobierno estima -como lo ha hecho- que debe mantenerse dicho impuesto, precisamente para lograr un Presupuesto equilibrado, como corresponde en un país ordenado, el IVA debe seguir vigente.

En seguida, el Honorable colega propone algunas soluciones que, de ser factibles, todos desearíamos que se aplicaran mañana mismo. Lo relativo a ENACAR, la empresa del carbón, es un problema histórico en Chile. Gobiernos de todos los signos políticos han debido sostener esa industria, por estar involucrado en ella un gravísimo problema social, que no se puede resolver con 12 mil o 13 mil millones de pesos al año, dividiéndolos por 2 mil y repartiendo determinada cantidad de dinero entre los mineros. La situación es mucho más grave y delicada, y no tan fácil de resolver, como se desprende del discurso que acabamos de escuchar al señor Senador.

Asimismo, se habla de ineficiencia. Y esto realmente me llama la atención, sin que ello signifique defender o no defender a las empresas del Estado, cuya rentabilidad se sitúa en torno de 4,5 por ciento.

En cualquier parte del mundo, incluso en los países de mayor desarrollo, una utilidad de tal magnitud sería bien mirada, en términos razonables. Pero, con un argumento de tal especie y con la misma simpleza, ¿podría sostenerse que las AFP, que atraviesan por una situación coyuntural, por supuesto, exhiben tasas de rentabilidad negativas, por estar mal administradas?

Creo que debemos ser muy cuidadosos. Se puede afirmar que es necesario privatizar o no; pero debe reconocerse un hecho: las empresas del Estado están siendo rentables, lo cual es positivo. Porque lo normal, aquí y en todas partes del mundo, es que las empresas fiscales no tengan rentabilidad positiva.

Cuando nos adentremos en el estudio de cada una de las partidas, podremos ver que el Presupuesto se viene ajustando a algo bastante claro: casi constituye un Presupuesto de continuidad. Todas las partidas, por lo general -salvo excepciones, y con justificación-, se han mantenido en términos reales. ¿Dónde se incrementa el gasto? En educación, donde el aumento, en términos reales, bordea el 16 por ciento. Y eso es bien recibido por el país, que....

El señor PIÑERA.-

¡Eso implica más gasto!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

No se trata de un problema de gasto, señor Senador , sino de destinar mayores recursos para que haya mejor educación. Y creo que se está produciendo un mejoramiento en la enseñanza.

En materia de salud, también existe un incremento...

El señor ROMERO.-

¡Eso es más gasto!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Por supuesto, Su Señoría. Tiene que haber mayor gasto para otorgar bienestar a la gente, particularmente a la que necesita más; porque hay otras personas en las que no se requiere gastar, ya que cuentan con los elementos indispensables.

En materia de salud, nadie puede discutir que hay mejor atención...

El señor PIÑERA.-

¡Yo lo discuto!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Eso podemos verlo cualquier día en el terreno mismo, señor Senador.

Existe mayor preocupación del Estado en el rubro salud, respecto del cual se ha tenido que hacer una inversión en recuperación de infraestructura que no se efectuó durante mucho tiempo en el país.

En el ámbito habitacional, estamos construyendo más de 110 mil viviendas. Por supuesto, hay que gastar en los pobres y proporcionar techo a la gente. Otros piensan que no. Estiman que por el "chorreo" habrá salud, educación, vivienda y se solucionarán todos los problemas en el país. Ésa es una receta que ha fracasado en todas partes del mundo.

Por eso, me parece que éste es un Presupuesto de continuidad, que está en la línea correcta. Además, se elaboró dentro de un marco de superávit, respetando las políticas macroeconómicas. A mi juicio, permitirá insistir en el éxito de la economía en cada uno de los rubros, como ha ocurrido durante todo este tiempo.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Prat.

El señor PRAT.-

Señor Presidente , en esta etapa de discusión general, quiero hacer algunas observaciones sobre el procedimiento con que se está analizando la Ley en proyecto, que, sin lugar a dudas, es la más importante que se estudia cada año.

En mi opinión, una ley que asigna del orden de 12 mil millones de dólares al año debería ser objeto de un análisis mucho más detallado que el que se está realizando en la práctica.

Opino que el constituyente tuvo en vista esa necesidad cuando estableció una legislatura extraordinaria, donde baja el ritmo de estudio de proyectos comunes, para permitir precisamente que ésta, la gran materia del año, pueda ser abordada en profundidad.

Por eso, creo que en esta ocasión es del caso hacer notar al Presidente de la República cuán inconveniente resulta que por segundo año consecutivo, al inicio de la legislatura extraordinaria, se patrocinen todas las mociones presentadas por los Parlamentarios; que se mantenga el ritmo de urgencias sin ninguna variación respecto de lo que fue el período ordinario de sesiones, o sea, que en la práctica no haya diferencia alguna en el ritmo de trabajo del Congreso entre la legislatura ordinaria y la extraordinaria.

Lo anterior significa, en el hecho, que no exista tiempo adecuado para analizar el proyecto de Ley de Presupuestos, que asigna 12 mil millones de dólares al año; que mientras las Comisiones habituales siguen funcionando, los Senadores debemos compartir nuestro tiempo y nuestro ser entre dos organismos que sesionan en forma simultánea.

A mi juicio, eso no es admisible, porque esta normativa reviste demasiada importancia. Todos los Parlamentarios deberíamos tener la oportunidad de participar en el análisis de las materias que comprende, pero de hecho no contamos con ella, pues estamos funcionando paralelamente en otras Comisiones, a raíz de que se mantienen las urgencias, se envían más proyectos, e incluso, sin discriminación alguna, se acogen a tramitación todas las mociones.

Y deseo formular otra observación sobre la materia.

Hoy día el país está con holguras -¡bienvenidas sean!; y corresponde dar gracias a la Providencia-; pero es sabido que la economía y la suerte se encuentran conformadas por ciclos.

Es preocupante la inflexibilidad que se va generando al alza del gasto. Y éste es un problema que tienen todos los hogares, y también, todos los gobiernos...

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor PRAT.-

Con la venia de la Mesa, todas las que desee, señor Ministro.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Creo que debemos examinar estas cifras con cuidado. Porque -para ser concreto-, mientras Su Señoría hace esa afirmación, este año el peso del gasto del Estado cae respecto del tamaño total del aporte económico del producto interno bruto. La cifra mínima más conservadora del crecimiento del producto anual se halla en 7,7 por ciento real, y el Presupuesto que Su Señoría y el resto de los señores Senadores aprobaron en 1994, y que se encuentra en ejecución, significa una expansión de entre 6,3 y 6,4 por ciento.

O sea, este año ocurre lo contrario de lo que Su Señoría está aseverando: el ciclo ha motivado que el peso del Estado caiga. Además, en lo que dice relación a eventuales ciclos económicos, precisamente para eso está el ahorro neto del sector público, que el Senador señor Piñera gráfico en 3,3 ó 3,4 puntos del producto interno bruto.

Muchas gracias.

El señor PRAT.-

Voy a rectificar la rectificación.

No he dicho que exista inflexibilidad a crecer por sobre la tasa de crecimiento de la economía. Estoy señalando que hay inflexibilidad en el alza del gasto en términos absolutos. Y las cifras entregadas por el señor Ministro así lo confirman.

Mi preocupación radica en que, producto del ciclo, resulta muy difícil sostener esto.

¿A qué quiero ir? A que debiéramos avanzar, en el ánimo de perfeccionar la administración del gasto público, hacia establecer un procedimiento de evaluación, por ejemplo, de los programas sociales. Éstos no deberían tener vida indefinida; lo ideal sería que su vida fuera finita, para que al término de ella resultara factible evaluarlos, adecuarlos, perfeccionarlos, sostenerlos, o bien, eliminarlos.

Sin embargo, vamos viendo que tenemos una dinámica de agregar y agregar gasto, sin que nunca exista la posibilidad de evaluar la eficiencia. Y hoy día contamos con muchos programas sociales diseñados hace quince años para realidades distintas. Si ahora pretendiéramos delinear la red social del país, por ejemplo, seguramente no haríamos lo que tenemos, porque ella es distinta de la de hace tres lustros. Sin duda, hay muchas necesidades sociales, pero no son exactamente las mismas.

Por lo tanto, cuando analizamos cómo distribuiremos esos 12 mil millones de dólares en 1996, es importante considerar que deberíamos introducir algunos perfeccionamientos, por ejemplo, en el sentido de establecer una caducidad automática para los programas sociales, de manera de obligarnos a reevaluarlos, rediseñarlos, y a estudiar cómo van con la realidad de cada momento.

Más allá de estas observaciones, que a mi juicio pueden significar un aporte a la discusión, me sumo cabalmente a las consideraciones que hizo el Senador señor Piñera sobre la administración general de los recursos del Estado.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra la Honorable señora Carrera.

La señora CARRERA.-

Señor Presidente , deseo referirme al concepto vertido en esta Sala en cuanto a que habría una gran ineficiencia de la salud pública chilena.

Me parece que eso constituye un grave error, desde todo punto de vista.

En primer lugar -y esto se puede comprobar con cifras-, creo en la extremada eficiencia del sistema de salud chileno, considerado desde cualquier perspectiva, a pesar de su grave déficit presupuestario. Ello queda de manifiesto por el excelente estado de salud de la población (lo reconocen incluso los opositores con menor espíritu de observación); por la capacidad de los servicios de salud para detener epidemias graves que han asolado a otros países latinoamericanos; por los favorables indicadores de salud, y por el elevado número de atenciones prestadas en los hospitales y servicios de atención primaria.

Hay consenso, sí, en cuanto a la insatisfacción de los usuarios tanto del sector público como del privado. Gran parte de esta insatisfacción se debe a la escasez de personal, a la falta de capacitación y al hecho de que los mejores profesionales y funcionarios de los servicios de salud emigran hacia las instituciones privadas, porque en ellas se les brindan mejores oportunidades económicas.

Por lo tanto, las causas deben ser vistas en conjunto -no en forma lineal-, esto es, de una manera circular respecto de los problemas que afectan a los servicios de salud.

Se ha comprobado que el mercado no soluciona estos problemas. Cuando existe salud privatizada en un porcentaje predominante -tal sucede en Estados Unidos-, el gasto es mucho mayor, como lo es, asimismo, la insatisfacción que se genera.

El fortalecimiento de la salud pública es también una forma de redistribuir el ingreso. Y si tuviera que quejarme por el presupuesto que se asigna a este sector, sería porque no llega a los niveles que tenía en el pasado. Dicho presupuesto, históricamente, hasta antes del Gobierno militar, oscilaba entre 4 y 4,5 por ciento del producto interno bruto; ahora, para una población de más o menos la misma cantidad de millones de habitantes -porque quienes acceden a la salud pública son entre 8 y 9 millones de personas-, no sobrepasa de 2,5 a 2,7 por ciento del PIB. Y en ese presupuesto se contempla a lo menos uno por ciento del producto interno bruto para subsidios por enfermedad y embarazo.

En consecuencia, pienso que el presupuesto para salud es bastante bajo, y en costo-beneficios, uno de los más eficientes de Latinoamérica.

Considero muy injusto, entonces, hablar de ineficiencia en la salud pública sin pensar en que los presupuestos que recibe son sumamente bajos para los servicios que presta.

Entiendo que el Gobierno hace lo que puede para incrementar los presupuestos del sector salud, pero debemos tomar en cuenta que fueron reducidos drásticamente durante el Gobierno militar: desde 4,5 del PIB hasta 0,85 en 1989. Cerrar esa brecha es sumamente difícil.

Siempre he pensado que para paliar este déficit del sector salud, lo que es una responsabilidad social de todos los chilenos, tal vez deberían elevarse algunos impuestos, ya que éste debe ser de los países donde se pagan menos tributos sobre las utilidades.

Es bueno también decir en este sentido, cuando se habla de mala gestión o de ineficiencia del sector, que en salud pública se gastan entre 90 y 100 dólares per cápita, en circunstancias de que en el sistema de salud privada se desembolsan 250.

Asimismo, es bueno recordar que el sistema de salud pública es el asegurador definitivo de los chilenos, porque todas las personas discriminadas en la salud privada deben necesariamente ser atendidas por él.

Conviene tener presente, además, que numerosas ISAPRES llegan a obtener utilidades de entre 200 y 250 por ciento de la inversión. La pregunta que surge, entonces, es por qué pueden ser tan eficientes en materia de utilidades. Y la respuesta es que el sistema público de salud ha de actuar como el asegurador de las personas de la tercera edad, de las enfermedades catastróficas, de las mujeres que no pueden efectuar un copago para saldar sus gastos de parto, etcétera.

En consecuencia, por lo menos desde el punto de vista científico, es muy injusto y grave decir que hay una mala o pésima gestión en los servicios de salud y quejarse de que existe una gran ineficiencia, cuando no es así.

He dicho.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , como todos los años en esta época, nos encontramos abocados al estudio del proyecto de Ley de Presupuestos.

Ésta es la ocasión en que el Congreso toma conocimiento global de los planes del Poder Ejecutivo para el año siguiente; de los proyectos que pretende llevar a cabo; de las prioridades que ha asignado a cada materia, y de las metas que se ha propuesto cumplir.

La Ley de Presupuestos no es sólo el compendio de los ingresos y gastos de un año determinado. Es mucho más que eso. Por medio de ella se materializan las políticas del Gobierno. El Congreso, junto con aprobarla, está dando su conformidad a los planes y programas del Ejecutivo y a las prioridades que éste ha decidido otorgar para la satisfacción de las distintas necesidades públicas.

La Constitución Política así lo ha querido al exigir que el Presupuesto de la Nación se apruebe por ley. Como se trata de una ley muy especial, la propia Carta Fundamental regula la oportunidad en que debe ser presentada y señala el plazo para su aprobación.

El Parlamento, para cumplir su obligación constitucional de despachar el proyecto dentro de 60 días contados desde su presentación, debe necesariamente disponer de información adicional al simple articulado y cifras que comprende el proyecto.

La información debe ser completa y precisa; estar organizada en forma de facilitar su análisis; ser normalizada para permitir su comparación, y, sobre todo, ser oportuna.

Desde que el Congreso reinició sus funciones, he participado todos los años en la Comisión Especial encargada del estudio del proyecto de Ley de Presupuestos, y en cada ocasión se ha planteado el problema de que la información con que se cuenta no es suficiente y de que, además, se recibe tardíamente.

Debo reconocer que a lo largo de estos años la información ha mejorado, pero la que se proporciona no es suficiente. Se requiere de un gran esfuerzo para estudiarla y no se dispone de ella con la debida antelación.

El plazo que la Constitución impone al Congreso es exiguo. Sesenta días no son suficientes para analizar, primero globalmente y luego en detalle, el presupuesto del sector público si no se ha recibido con anterioridad la información necesaria para pronunciarse fundadamente sobre las proposiciones del Ejecutivo.

Permanentemente, en las sesiones de las Subcomisiones de Presupuestos se pide a los representantes de los distintos Ministerios y servicios públicos el acopio de mayores antecedentes. Sin perjuicio de estimar que no es ése el momento de interiorizarse en la información que ha servido de base a la formulación presupuestaria, muchas veces los antecedentes solicitados no llegan o se reciben incompletos.

El problema que estoy planteando no es novedoso para el Senado. Como ya señalé, todos los años debemos afrontarlo, y en cada ocasión otros Senadores y yo lo hemos hecho presente en la Sala.

Incluso, la Ley de Presupuestos vigente, con el fin de aminorar la falta de información, establece, en su artículo 25, la obligación de la Dirección de Presupuestos de proporcionar, trimestral y semestralmente, determinados antecedentes presupuestarios a las Comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado. Asimismo, impone a las empresas del Estado, y a aquellas en que éste tenga un aporte de capital igual o superior a 50 por ciento, la obligación de enviar a dichas Comisiones copias de sus balances y estados financieros.

Evidentemente, la información a que se refiere ese artículo es de primordial importancia para los fines de que se trata, pero no es la única que se necesita. Y, en todo caso, ella sólo será útil en la medida en que cumpla con las condiciones de oportunidad, integridad y normalización que he expuesto, lo que este año no ha ocurrido.

En definitiva, la obligación legal que hoy pesa sobre la Dirección de Presupuestos y las empresas del Estado debe cumplirse a cabalidad. Estimo, además, que deben establecerse otros mecanismos que permitan al Congreso disponer de la información que precisa para aprobar la Ley de Presupuestos, y ello, con la antelación suficiente para que los antecedentes puedan ser analizados al iniciarse las sesiones de Subcomisión.

Especial hincapié debo hacer en la información que tiene que provenir de las empresas obligadas a proporcionarla. Este año, la información entregada adolece de dos defectos: el primero es que no cumplieron la obligación todas las empresas que debían hacerlo, y el segundo, que el cumplimiento de la obligación no se hizo en forma normalizada, pues algunas de ellas, por ejemplo, entregaron antecedentes conforme a un dólar de determinado monto, y otras, considerándolo de acuerdo a una cifra distinta. Incluso, una empresa presentó un presupuesto en esa moneda.

La verdad, señor Presidente , es que si las empresas no entregan esta información, es de resorte del Poder Ejecutivo hacer que la proporcionen. En la Comisión Especial de Presupuestos, el señor Director de Presupuestos hizo presente que el servicio a su cargo había cumplido su obligación, pero que las empresas no lo habían hecho. Sin embargo, las Comisiones de Hacienda no se pueden transformar en entes que se encarguen de perseguir la observancia de la obligación de entregar información por parte de las empresas que deben satisfacerla. Es deber de los Ministerios a través de los cuales estas últimas se relacionan con el Poder Ejecutivo cumplir la obligación de que se trata, y corresponde, a mi juicio, a la Dirección de Presupuestos y al Ministerio de Hacienda, a su vez, el que la información llegue oportunamente al Parlamento, por ser un elemento necesario para el estudio de la Ley de Presupuestos.

La Constitución Política ha querido que el Congreso apruebe los planes y programas del Poder Ejecutivo , señor Presidente , al exigir que el Presupuesto de la Nación se fije por ley. En estrecha relación con esta exigencia se encuentran las normas, también contenidas en la Carta, que consagran el principio de legalidad del gasto público.

En materia de gastos públicos, la Constitución le exige al Primer Mandatario actuar de común acuerdo con el Congreso, al disponer que es atribución del Jefe del Estado cuidar de la recaudación de las rentas públicas y disponer su inversión con arreglo a la ley.

La obligación del Presidente de la República de invertir las rentas públicas con arreglo a la ley registra una sola excepción, establecida en la propia Constitución Política, en el número 22 de su artículo 32. En efecto, el Jefe del Estado puede decretar pagos no autorizados por ley, pero con la firma de todos los Ministros de Estado, sin exceder el 2 por ciento del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos, y sólo para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional, o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no pueden paralizarse sin serio perjuicio para el país.

De esta sola enumeración es posible apreciar que la autorización al Presidente de la República es especialísima y sólo para afrontar circunstancias de tal urgencia y gravedad que justifican obviar el principio de legalidad.

Tan severa es la Constitución Política en lo que atañe a la legalidad del gasto público, que expresamente establece que los Ministros de Estado o los funcionarios que autoricen o den curso a gastos sin ajustarse a las exigencias constitucionales serán responsables, solidaria y personalmente, de su reintegro y culpables del delito de malversación de caudales públicos.

El principio de legalidad no importa que para cada gasto que realice el Ejecutivo se deba dictar una ley, pero las normas constitucionales que consagran el principio establecen el marco jurídico al que debe ceñirse el sistema presupuestario, el que, en síntesis, consiste en que el Ejecutivo debe contar con la aprobación del Congreso para invertir o gastar los recursos públicos.

Quiero insistir en algo que ya he dicho anteriormente en esta Sala: el principio de legalidad es la compensación al Parlamento por la falta de iniciativa para proponer y aprobar nuevos gastos públicos. Así lo destacó el Senador don Joaquín Prieto al discutirse la ley Nº 7.727, que contiene la reforma constitucional de 1943, en la que se cercenaron al Congreso esas facultades. Y así lo subrayó, también, la Contraloría General de la República en un dictamen de 1953, en el que además hizo presente que en materia de gastos públicos no cabe la insistencia del Presidente de la República en la toma de razón.

La Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado no puede sobrepasar el texto constitucional y, por ello, sus normas no pueden ser interpretadas en un sentido que lo contravenga. En consecuencia, si la Carta exige que el Presupuesto sea aprobado por ley y que todo gasto que efectúe el Ejecutivo se fundamente en una ley, no es posible entender que las normas de flexibilidad presupuestaria permiten otra cosa.

Por lo tanto, señor Presidente, no se puede, sin ley, exceder el gasto máximo aprobado por el Congreso en la Ley de Presupuestos.

Tampoco cabe, sin ley, exceder el gasto máximo por Ministerio.

Del mismo modo, no es posible que los recursos contemplados en la Partida Tesoro Público sean invertidos en finalidades no previstas en la ley.

Si se analizan los gastos realizados en el curso de 1995 con cargo al ítem Provisión para Financiamientos Comprometidos, de la Partida Tesoro Público, Programa Operaciones Complementarias, se advierte que no todos ellos corresponden a finalidades aprobadas por el Congreso.

Al respecto, quiero destacar, especialmente, la compra de un edificio para el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía. No dudo, señor Presidente , de que la adquisición de ese inmueble puede haber sido muy necesaria. No es ése el problema. Lo grave de la situación radica en que en el Presupuesto del Ministerio de Economía no se contemplaron este año recursos para ese fin, lo que implica que al Congreso no se le propuso tal inversión, ni se dictó con posterioridad ley alguna que autorizara para incrementar con ese objetivo el presupuesto de dicha Secretaría de Estado.

Más aún, resulta incomprensible que una inversión de esa naturaleza, destinada a la adquisición de un inmueble en 300 millones de pesos, haya respondido a una decisión inmediata, adoptada en forma imprevista, pues se realizó pocos meses después de aprobarse la Ley de Presupuestos, ocasión en la que el tema no se planteó.

El gasto en sí puede parecer no tan elevado, pero esta circunstancia, a mi juicio, no es importante. Si bien el inmueble costó 300 millones de pesos, bien podría haber valido 3 mil millones y su adquisición igualmente se habría realizado a espaldas del Congreso.

El ítem Provisión para Financiamientos Comprometidos cuenta este año con 319 mil millones de pesos, los que, indudablemente, sólo pueden ser invertidos en finalidades previstas por una ley. Resulta insostenible propugnar que la inclusión de este ítem en el Presupuesto constituye un cheque en blanco girado por el Congreso al Ministro de Hacienda , para que éste invierta esos recursos discrecionalmente.

Lo anterior nos conduce a lo expuesto en numerosas oportunidades, en cuanto a que entender de esa manera la Ley de Presupuestos y la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado implica que carecería de sentido alguno la aprobación del Presupuesto por el Congreso, pues al día siguiente de entrar éste en vigor el Poder Ejecutivo podría modificarlo discrecionalmente.

Señor Presidente, he planteado lo atinente a la legalidad del gasto y la transparencia por apuntar ello a un tema que, a mi juicio, es vital: el papel del Congreso en el Presupuesto y la aprobación de todo gasto público.

El señor Ministro expresó que el texto propuesto reviste los caracteres de armonioso, bien pensado, equilibrado, maduro y austero. La verdad es que creo que puede responder a todas esas condiciones, pero que lo hecho presente por el Honorable señor Piñera respecto de la eficiencia, la rentabilidad de las empresas públicas y la focalización, también es importante.

Señor Presidente , ¿por qué se discute este Presupuesto? ¿Por qué, en lo personal, insisto en todos estos aspectos? Para saber si los gastos que se están proponiendo son los convenientes y si es posible efectuar recortes y hacer otros gastos.

Señor Presidente , la situación de los servidores públicos -tal como se hizo presente hoy en la mañana con motivo de la discusión del proyecto de reajuste- es dramática, y conducirá a que Chile tenga problemas de corrupción y de ineficiencia, de que ya adolece hoy, como es de conocimiento de todos los señores Senadores.

En verdad, la situación de Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas en materia de remuneraciones -reitero-, es dramática. ¿De dónde van a salir los recursos? De la posibilidad de recortar los que se proponen en este Presupuesto. Pregunto: ¿no es posible hacer algún esfuerzo de disminución de gastos? ¿Es cierto que este Presupuesto armonioso, equilibrado y bien pensado no admite la participación del Parlamento en cuanto a analizarlo, disminuir algún gasto y hacer una proposición?

Por eso, planteo que tenemos la obligación y la responsabilidad de examinar los gastos y ver la forma de rebajar lo más posible los que son recortables.

Se ha hablado de presupuesto de continuidad, lo cual no me dice nada. La totalidad de los gastos variables, en mi concepto, son presupuestos cero todos los años.

Nadie ha planteado -creo que no ha habido objeciones en ninguna Subcomisión de Presupuestos- disminuir los gastos cuya inversión está en trámite.

Sin embargo, la posibilidad de reducir gastos en este Presupuesto, es cierta y real. ¿Con qué objeto? Para invertirlos en otras necesidades públicas que son urgentes. No se trata de hacer una modificación contra Hacienda ni a espaldas de ella, sino con su participación. Personalmente, no propongo gasto alguno de carácter demagógico, sino los reales y efectivos, los que en este momento resultan indispensables.

Ésas son mis observaciones generales. Excúseme, señor Presidente , pero siento una responsabilidad de hacerlas presentes, y por eso, no obstante su proposición -que respeto muchísimo-, he pedido hacer uso de la palabra, porque, en verdad, me pareció conveniente llamar la atención en esta materia.

¿A quién puede beneficiar la disminución del IVA? A las personas de menores recursos, pues no hay un impuesto más regresivo que ése. En cuanto a la rentabilidad de las empresas públicas, aquí se señala que ellas carecen de rentabilidad en todos los países. Pero, por esa misma razón, en todas partes del mundo -basta leer los diarios- están vendiéndolas. Si las enajenamos, podemos mejorar la educación y los niveles de remuneraciones de los servicios públicos. Porque los niveles de sueldos de las empresas públicas no son los que poseen los funcionarios públicos ni menos los adscritos a la Escala Única.

Por esa razón, la eficiencia y la focalización del gasto público se hace indispensable y necesaria, y todo ello, por el bien de nuestra nación.

He dicho.

El señor PIÑERA.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , me parece que su propuesta va a ahorrar mucho tiempo. Sin embargo, sin alterar el fondo de ella, debo señalar que hemos conversado con el Ministro y el Director de Presupuestos acerca de si tendrían ánimo de efectuar alguna reducción en Bienes y Servicios de Consumo. Nosotros sugerimos rebajas de 2 por ciento, en general, en una gran cantidad de Ministerios, incluyendo los sociales. El señor Ministro no ha manifestado voluntad de llegar a un acuerdo en esta materia y, por tanto, deseamos que se vote.

El objetivo de la rebaja es muy simple. Se trata de incrementos que, a nuestro parecer, son injustificados. Todos ellos están muy por encima de lo establecido en el Presupuesto de 1995. Y la suma de las rebajas apunta, precisamente, a lograr una reducción de 130 mil millones de pesos en el gasto, lo cual corresponde, aproximadamente, a 1,9 por ciento del gasto total.

Señor Presidente , estaríamos de acuerdo en votar este primer grupo en los términos que he señalado.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , lo cierto es que una rebaja de 2 por ciento es mínima dentro de los gastos del subtítulo 22.

En esta materia quiero señalar que en el año 90 ó 91, durante la tramitación en el Parlamento del proyecto de Presupuestos de la Nación, el Ejecutivo envió una indicación para reducir -no recuerdo la cifra exacta- todos los gastos con motivo de la guerra del Golfo Pérsico. Y la información que se tuvo con posterioridad es que ello no acarreó el menor problema para el desenvolvimiento de los servicios públicos. Creo que una rebaja tan mínima realmente no produce alteraciones y, en cambio, significa una reducción y una prueba de austeridad.

Además, reitero que hay necesidades públicas urgentes de resolver, entre las cuales están los problemas de remuneraciones de los agentes del Estado.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Eso fue por una crisis, señora Senadora.

La señora FELIÚ.-

Señor Ministro , el problema de las rentas también es crítico.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Efectivamente, en mi intervención anterior di a conocer la discriminación que se produce con estas indicaciones, porque, por ejemplo, sin justificación alguna se da un tratamiento distinto al presupuesto de la Administración Civil respecto al otorgado al Ministerio de Defensa Nacional, pues se rebaja nada más que el de la Administración Civil del Estado, y no el del Ministerio de Defensa Nacional. Creo que hay tan poca justificación en uno como en otro caso. Eso sí, dentro de la reducción se incluyen el Poder Judicial , Gendarmería de Chile, y otros sectores.

Por esas razones se rechazó dicha indicación en la Comisión Mixta, porque no tiene fundamento ni justificación. Se trata más bien de una rebaja "al bulto".

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , quiero dar una breve explicación genérica.

Si aproximamos los números, para simplificar, el Presupuesto para 1996 alcanza a casi 17 mil millones de dólares, lo cual significa un incremento de mil 100 millones de dólares con respecto al del año anterior. Esto implica que el gasto estaría creciendo más que el producto.

Nuestras indicaciones apuntan a que el incremento sea solamente de 800 millones de dólares, en lugar de mil cien millones, lo cual se lograría reduciendo esencialmente "Provisión para Financiamientos Comprometidos" de la Partida Tesoro Público -que no estamos discutiendo ahora- y rebajando en dos por ciento los gastos en bienes y servicios de consumo en todos los Ministerios -con excepción de los de carácter social, o de los que estén en especial situación de escasez, como el de Justicia- y en la Contraloría General de la República.

Por lo tanto, no estamos disminuyendo absolutamente ningún gasto. Estamos autorizando un crecimiento algo menor que el que propone el Ejecutivo en el proyecto.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , en esta Corporación hemos escuchado a numerosos señores Senadores, tanto de Oposición como de Gobierno, plantear la necesidad de reflexionar, estudiar, analizar, disponer de antecedentes. Sin embargo, ese criterio, que me parece fundamental, está siendo absolutamente contradicho por la indicación en debate, respecto de la cual un Honorable colega sostiene que la rebaja que contempla se aplicará a todas las partidas, salvo las atinentes al Ministerio de Defensa Nacional, y otro señor Senador afirma que también se excluyen ciertos sectores sociales.

Dicha indicación contiene una propuesta imprecisa y, por lo tanto, irresponsable. A mi juicio, estamos más bien en presencia de un intento político tendiente a activar una reacción frente al Gobierno, porque el hecho de sugerir -de manera superficial y sin un estudio acucioso- la reducción del gasto, puede provocar mucho daño a un conjunto de servicios.

Como no tenemos el texto de las indicaciones, ignoramos a qué partidas afectan. Es un método similar al utilizado por los republicanos en Estados Unidos -el Presidente de la Cámara de Representantes, señor Newt Gingrich, ha demostrado ser especialista en la materia-, quienes han llevado a una seudoparalización del Gobierno.

El señor PIÑERA.-

Protesto...

El señor BITAR.-

Considero que esa técnica es inapropiada.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Los Honorables señores Piñera y Larraín han presentado una indicación para reemplazar en la partida 01, subtítulo 21, glosa 01 letra B), la cantidad en moneda nacional "167.906" por la cantidad "160.124".

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , como ha dicho el Honorable señor Larraín, la única manera de trabajar es haciéndolo en la forma que Su Señoría ha propuesto. Los Senadores que hemos participado en la Comisión Especial Mixta podemos aportar antecedentes, y también los autores de las indicaciones podrían explicar el objetivo que se persigue con ellas.

En lo referente a la indicación en debate, ésta es tan simple como lo dicho: pretende bajar el ítem "Horas extraordinarias de la Presidencia de la República ", de 167 a 160 millones de pesos, lo cual significa que en virtud de ello no va a poder gastar más de 160 millones de pesos en dicho rubro.

Lo que no entiendo es la justificación de impedir la autorización del gasto -que no es obligado- para que la Presidencia de la República haga el desembolso. De acuerdo con el estudio presupuestario respectivo, se ha estimado que es la autorización máxima debida.

Hago esta observación no por exponer un juicio odioso. Pero, ¿por qué no usar la misma fineza en materia de reducciones en el Ministerio de Defensa? ¿Por qué no hacemos una reducción del mismo porcentaje en él? ¿Y por qué no en la Contraloría General de la República, o en el Poder Judicial ? No encuentro la razón.

El señor PÉREZ.-

Presente indicación, señor Senador.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Si se me dice que la rebaja obedece al hecho de que en la Presidencia de la República se está malgastando la plata, o que se ha comprobado que la Presidencia no necesita las horas extraordinarias, está bien. Pero no se ha formulado una argumentación de ese tipo.

El señor PIÑERA.-

¿Puedo darle las razones, señor Senador ?

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

No tengo inconveniente en que lo haga cuando termine mi intervención, señor Senador.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

La Mesa no va a autorizar interrupciones.

Por favor, continúe, Honorable señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

La cuestión es ésa, señor Presidente . Y es lo que tenemos que votar.

En la Comisión Especial Mixta, vimos claramente que todas las indicaciones presentadas al respecto tenían el mismo y único propósito: sin argumentos, reducir en determinado porcentaje el gasto en cada uno de estos rubros. No sé por qué en unos sí y en otros no.

El señor PIÑERA.-

Ahora bien, quienes creen que se requieren más horas extraordinarias, pueden rechazar la indicación; aquellos que consideren que 320 por ciento es suficiente y que el gasto por tal concepto no debe seguir creciendo a las tasas absolutamente exorbitantes del pasado, debieran aprobarla.

En segundo lugar, respecto de las Fuerzas Armadas, cabe señalar que, conforme a los antecedentes de que dispongo, al menos una de sus ramas no tiene horas extraordinarias. Ignoro qué ocurre en las restantes. Pero, si alguien estima que hay que reducir las horas extraordinarias de alguna de ellas, que presente la indicación correspondiente.

El señor DÍAZ.-

Ya no se puede, señor Senador.

El señor PIÑERA.-

Bueno, si no la formuló a tiempo, podemos autorizarlo para que lo haga ahora. Pero es absurda la permanente comparación, propia de niños chicos. ¿Por qué esto y por qué no lo otro? Bueno: porque estamos discutiendo la partida Presidencia de la República .

Por las razones dadas, voto a favor de la indicación.

El señor ERRÁZURIZ.-

Señor Presidente , en mi opinión, es obvio que nadie puede oponerse al intento de impedir un aumento excesivo de gasto si éste ha sido del 320 por ciento, como se ha señalado y como consta en la documentación del propio Gobierno, ratificada, además, por estudios de la Sociedad de Fomento Fabril.

Dicho porcentaje no se ha registrado en un año por una razón especial, sino que es producto de un escalamiento permanente.

Y como la Presidencia de la República debe dar ejemplo de austeridad -de acuerdo con lo que ha manifestado el propio Primer Mandatario-, me parece que la indicación debe ser aprobada unánimemente.

Por ello, voto que sí.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , en cuanto al incremento de las horas extraordinarias, tal como lo hacía presente hace un instante, el cupo máximo se eleva de 140 mil a 150 mil. En consecuencia, hay un factor distinto de crecimiento, más allá de lo que sea el aumento en relación con los montos de las remuneraciones.

En segundo lugar, quiero proponer una moción de orden.

Ahora hicimos dos votaciones sobre la misma materia: en una se reducía el monto y en la otra se restringía. Es decir, en el fondo, debió haberse hecho una sola votación, lo cual hago presente para los efectos de las que vienen a continuación.

El señor LAVANDERO.-

Pido la palabra.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente , aquí se han dicho cosas que no son exactas. Por ejemplo, respecto de la partida anterior se ha expresado que el cambio era para rebajar el aumento que se había hecho. Y la verdad es que dicha partida es exactamente igual a la que existía el año pasado. Por lo tanto, se está rebajando el nivel de lo que aprobó hace un año.

Digamos las cosas claras. Creo que estas indicaciones tienen un propósito político. Una de ellas señala que es "Para reemplazar en la partida 01, subtítulo 22, la cantidad en moneda extranjera "861" por "820".".

Por eso, voto en contra.

El señor PIÑERA.-

Si el Senador señor Lavandero confunde austeridad con politiquería, tiene un grave problema de diccionario.

En todo caso, la proposición del Gobierno sobre esta materia tiene por objeto incrementar este gasto en 14 por ciento, y la nuestra, aumentarlo sólo en 9 por ciento. Por lo tanto, en términos reales, nuestra sugerencia mantiene constante el nivel de gasto en esta partida.

Por otro lado, como en la próxima indicación ocurre exactamente lo mismo, pero para la moneda extranjera, sugiero que no la votemos, sino que hagamos valer para ella el resultado de esta votación.

Me pronuncio a favor.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , no sé si calificar esto en los términos empleados aquí, pero sí creo que estamos llevando este asunto a extremos bastante peligrosos. En una Cámara como el Senado, donde deberíamos tener una actitud reflexiva sobre un tema delicado como lo es el Presupuesto -el país ha sufrido grandes crisis con motivo de esta clase de conflictos-, una mayoría, que no representa al sector que la obtuvo como resultante del sufragio popular, se está integrando permanentemente, al parecer, una votación tras otra. Y estimo muy grave que no haya cierta independencia para demostrar que lo que se discute respecto de la composición del Senado corresponde a lo que se dice. Pero si vamos a votar una por una las indicaciones, y el Gobierno, que contó con mayoritario respaldo popular, llega a ser regido, en lo referente a una ley tan fundamental como la de Presupuestos, por una mayoría que no es tal, el resultado va a ser gravísimo. Y podemos encontrarnos de repente ante una situación de la cual todos nos arrepentiremos, siendo demasiado tarde para corregirla.

Estamos entrando a ese camino. Llevamos dos votaciones. Podríamos votar en un solo paquete todas las indicaciones y tal vez el resultado sería el mismo. Ahí comprobaríamos la gravedad del acto en que estamos incurriendo, que en los próximos días podría conducirnos a una situación en que, a lo mejor,...

El señor PRAT.-

Señor Presidente , ¿está fundamentando su voto el señor Senador ?

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Sí, señor Senador.

El señor PRAT.-

Eso no es fundamentación de voto.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Por tal razón, votaré en contra de la indicación, advirtiendo que lo que estamos haciendo es peligroso, probablemente inconveniente y tal vez muy difícil de corregir posteriormente.

El señor ERRÁZURIZ.-

Señor Presidente , quiero señalar que no estamos votando bien las indicaciones: lo estamos haciendo una por una, pero el resultado en un pronunciamiento conjunto es claro. Aquí estamos votando por una sola gran indicación, que podríamos denominar de "austeridad", la que se expresa en la reducción de apenas dos por ciento de los gastos variables excesivos en que año tras año se está incurriendo en el país. A nuestro juicio, existen otras prioridades más importantes, como las de índole social. Y como no se trata de protagonismos personales, sino de apoyar las buenas iniciativas, todos los Senadores, que según la opinión del Senador Andrés Zaldívar no fuimos al parecer elegidos en la forma que corresponde, respaldamos el acuerdo. Al respecto, debo recordarle que todos integramos el Senado de acuerdo con la Constitución, y que este Parlamentario fue elegido muy lejos con la primera mayoría en la Región que representa y se cree con perfecto derecho a emitir su opinión, y en este sentido, como lo he dicho muchas veces, tal como se lo brindo a los demás, solicito respeto. En vista de ello, pido respeto por la votación que estamos efectuando. Estamos votando por la austeridad, para que ésta se transforme, en definitiva, en ayuda social en beneficio de los que más la requieren. Y estamos manteniendo, no reduciendo, el nivel de gastos. Por eso, junto con fundamentar mi voto, no puedo más que proponer que, para los efectos de una economía procesal indispensable, puesto que también debemos ser económicos con nuestro tiempo -que vale dinero-, votemos todas estas indicaciones en conjunto, y no punto por punto, para evitar una discusión inútil, en circunstancias de que ya está claro cómo estamos votando.

En seguida, al señalar que votaré favorablemente la indicación, ruego a mis Honorables colegas que, de una vez por todas, juntemos todas las iniciativas que pretenden una reducción porcentual igual -que en ningún caso significan reducir el monto actual del nivel nominal de gastos, sino que mantenerlo-, a fin de que, además de ahorrar tiempo, podamos también ahorrar dinero, que es el propósito de este voto que he denominado de austeridad.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , en verdad, el debate está yendo, a mi juicio, por un camino equivocado. Pero quiero referirme brevemente a lo manifestado por el Honorable señor Zaldívar, para que sepamos la verdad.

El señor Senador ha planteado dos cosas. Primero, una situación de extraordinaria gravedad que estaría pasando, y segundo, una advertencia a cierto grupo de Senadores. Es bueno que nos impongamos de lo que está sucediendo.

El Presupuesto de 1995 fue de 15.694 millones de dólares. El propuesto para 1996, en moneda de igual valor, es de 16.809 millones. Lo que ocurre es que el Gobierno ha planteado un presupuesto que incrementa el gasto en mil ciento quince millones de dólares, y nosotros estamos presentando indicaciones que apuntan a que el gasto aumente en 815 millones de dólares.

De modo que si al Honorable señor Zaldívar le parece que si no le damos en el gusto en ciento por ciento a los incrementos de gastos que ha propuesto el Gobierno, y aceptamos solamente 75 por ciento, estaríamos incurriendo en algo sumamente grave -insinúa incluso comparaciones con épocas anteriores cuando el Presupuesto produjo problemas-, está haciendo una exageración tan grande que prácticamente su advertencia cayó en el vacío.

La situación es muy simple, y podríamos ahorrarnos muchas discusiones. Queremos que el aumento del gasto, en vez de ser de mil ciento quince millones sea de ochocientos quince millones. A eso aspiramos, y ello ocurriría si todas nuestras indicaciones fueran aprobadas.

Salvo excepciones muy particulares, no hemos propuesto indicaciones para reducir, en términos reales, ningún gasto. Y, por lo tanto, quiero hacer presente al Senador señor Andrés Zaldívar que lo que estamos haciendo es totalmente responsable.

En cuanto a lo planteado por el Honorable señor Ominami, también estimo que si esta discusión se hiciera en forma responsable, Sus Señorías no estarían aprobando todos y cada uno de los incrementos de gastos que propone el Ejecutivo . Por consiguiente, si al señor Senador le parece que hay un gasto excesivo, le ruego que colabore con nosotros presentando la indicación respectiva, y le daríamos las facilidades correspondientes en cuanto a plazos.

He dicho.