Labor Parlamentaria

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Proyecto de ley de la Cámara de Diputados, iniciado en mensaje, que declara ajustada a derecho la bonificación única otorgada a los funcionarios del Ministerio de Salud y de sus organismos dependientes que indica. La iniciativa, calificada de "Discusión Inmediata", ha sido informada por la Comisión de Salud y la de Hacienda.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo tramité, sesión 13ª, en 14 de noviembre de 1995.

Informes de Comisión:

Salud, sesión 14a, en 15 de noviembre de 1995.

Hacienda, sesión 14ª, en 15 de noviembre de 1995.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

El señor Ministro de Salud ha solicitado a la Mesa recabar la autorización de la Sala para que asista a la sesión el señor Fernando Muñoz Porras, Subsecretario de Salud.

Si no hay objeciones, así se acordará.

Por unanimidad, se accede.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

La Comisión de Salud, después de estudiar el proyecto y sus antecedentes, esto es, tanto el mensaje como la legislación aplicable al personal de que se trata, acordó, con los votos favorables de los Senadores señora Carrera y señores Larre, Piñera y Ruiz-Esquide y la abstención de la Senadora señora Feliú, sustituir el texto aprobado por la Cámara de Diputados por el que se indica en el informe.

A su vez, la Comisión de Hacienda deja constancia en su informe de que introdujo una pequeña enmienda al proyecto aprobado por la Comisión de Salud.

Por otra parte, el Honorable señor Lavandero presentó una indicación para agregar, en el inciso segundo del texto propuesto por la Comisión de Hacienda, a continuación de la palabra "Declárase", la frase "para todos los efectos legales", con lo cual el inciso quedaría como sigue:

"Declárase, para todos los efectos legales, que la condonación precedente basta para regularizar el pago antes indicado efectuado por el Ministerio de Salud y sus organismos dependientes señalados en el artículo 15 del decreto ley N° 2.763, de 1979."

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En discusión general y particular.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Señor Presidente, en el ánimo de despachar lo más rápidamente posible el proyecto, cuya urgencia ha sido calificada de "Discusión Inmediata", quiero dar a conocer los siguientes hechos.

Tal como se señala en el informe, efectivamente la Comisión de Salud, por cuatro votos y una abstención, consideró preferible reemplazar el texto aprobado por la Cámara -que establecía una bonificación compensatoria, la cual, a su vez, se hacía imputable a lo recibido, por un artículo único, que consta de dos incisos, que afectan la materia desde puntos de vista distintos.

El inciso primero -mediante el cual se condona el pago de la suma de 42 mil 500 pesos es, a juicio de la Comisión, necesario para que los funcionarios que la recibieron queden absolutamente liberados de una eventual reclamación sobre la forma en que debería ser devuelta. Por lo tanto, queda saneada la situación de esas personas.

En seguida, la Comisión aprobó un inciso segundo en virtud del cual la referida condonación basta -éste es el criterio que quedó establecido- para regularizar el pago que el Ministerio de Salud y sus organismos dependientes hicieron a dichos funcionarios.

Al respecto, sólo quiero destacar tres precisiones. Primero, cuando se discutió el tema en la Comisión -los votos favorables así lo dicen, y hay que dejar constancia de ello para la historia fidedigna de la ley y cualquier interpretación posterior-, entendimos que la norma rige para todos los efectos legales. A tal punto que, cuando surgió en la Comisión de Hacienda la proposición para agregar la frase "para todos los efectos legales", el Senador señor Piñera que estaba presente en ella, y que es también miembro de la de Salud, donde había, por lo tanto, participado y votado favorablemente el artículo, tal como lo vengo señalando lo consideró innecesario por redundante, lo cual, "a contrario sensu", significa que, evidentemente, la Comisión de Hacienda también entiende que la norma rige para todos los efectos legales.

En segundo lugar, a nuestro juicio, la disposición aprobada satisface plenamente Una triple condición: primero, que la Comisión de Salud entendió que aquí no hay problema ético de por medio y que, por lo tanto, no ha habido ningún acto reñido con principios de esa naturaleza; segundo, que no existe intento de violentar ninguna ley, atribución del Ejecutivo, u otra disposición; y tercero, que hubo una interpretación inadecuada o, mejor dicho, discutible, acerca de la obligación de que el referido dinero se hubiese entregado por la vía de una ley y no en la forma como se hizo. Los representantes del Ejecutivo lo señalaron de esa manera. La Comisión de Salud discutió ampliamente el punto y, en definitiva, en ese entendido, asume el texto del proyecto que ella aprobó como dije por mayoría de votos.

Finalmente, en la discusión y en todos los informes y antecedentes recibidos por la Comisión, quedó establecido, para la historia de la ley, que el pago del beneficio no lesionaba el interés de la salud chilena ni tampoco, por la vía de la destinación de esos fondos, algún otro programa que hubiese podido realizarse con ellos, y que, en definitiva, aquí estaba en debate la pertinencia o no de haberlo hecho mediante una ley.

El texto propuesto por la Comisión de Salud salva más adecuadamente algo que parecía poco claro o diáfano en el proyecto de la Cámara; es decir, resuelve tanto el problema de quienes recibieron esos dineros como el de quienes lo entregaron, en lo cual no ha habido dolo ni intento de malversación ni atropello a la ley, sino una interpretación discutible acerca de una materia que pudo haber sido controversial.

Eso es, señor Presidente, cuanto quería señalar.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente, en realidad, en el día de hoy la Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad el proyecto despachado por la Comisión de Salud, referido a la regularización de los pagos realizados como bonificación compensatoria.

El inciso primero de la iniciativa condona la suma pagada a los funcionarios que se indica, a fin de que no se vean en la necesidad de devolverla:

En el inciso segundo, la Comisión de Salud aprobó, con muy buena intención la siguiente idea: "Declárase que la condonación precedente basta para regularizar el pago antes indicado.". En la Comisión de Hacienda, los Senadores, al leer con detenimiento esta norma, advirtieron que tal declaración se refería a los receptores, pero no como se pretendía a quienes otorgaron la bonificación compensatoria.

Por eso, se formularon dos indicaciones. Una, tendiente a regularizar, para todos los efectos legales, esta situación. Incluso, un señor Senador me agregó, a la frase "para todos los efectos legales", las palabras "y penales". En seguida, en el mismo inciso segundo, la Comisión introdujo, a continuación del término "indicado", la siguiente frase: "efectuado por el Ministerio de Salud y sus organismos dependientes señalados en el artículo 15 del decreto ley N° 2.763, de 1979.". Es decir, al colocar la palabra "efectuado", la condonación se refiere también a los otorgantes del beneficio.

Y reitero, para mayor claridad, sugirió añadir "para todos los efectos legales". Sin embargo, con alguna razón y buena intención, un señor Senador señaló que incorporar esta última frase era redundante. En verdad, conocemos las interpretaciones que se realizan en materias legales. Hay que ser muy preciso en este tipo de normas, porque pueden ser objeto de una interpretación y no entenderse conforme a lo que quiso decir, con muy buena intención, un grupo de señores parlamentarios en una Comisión determinada.

Con este fin, no obstante que el informe de la Comisión de Hacienda parece complementario del de la de Salud , me he permitido presentar una indicación que intercala una frase luego de la palabra "Declárase". El inciso diría: "Declárase, para todos los efectos legales"  pudiendo incorporarse la proposición de un señor Senador de agregar "y penales" "y penales, que la condonación precedente basta para regularizar el pago antes indicado efectuado por el Ministerio de Salud y sus organismos dependientes señalados en el artículo 15 del decreto ley N° 2.763, de 1979.".

En todo caso, señor Presidente y señores Senadores, para la historia de la ley, en la Comisión de Hacienda aparece nítido y unánime que la intención de los señores Senadores, por la forma como viene redactado el texto que nos ocupa, cumpliría con los propósitos establecidos por ambas Comisiones. Sin embargo, para mayor claridad y a fin de ratificar lo que señala la historia de la ley, me he permitido como ya dije sugerir la intercalación de la frase "para todos los efectos legales" -agregando, posiblemente, "y penales"- después de la palabra "Declárase".

Todo lo demás quedaría igual. Así que, aun cuando ambos informes tengan la misma intención, en el de Hacienda esto quedaría corroborado de modo más claro y evitaría las interpretaciones futuras que pudieran darse, desconociendo, a lo mejor, la historia de esta ley en proyecto en ambas Comisiones.

Es cuanto puedo señalar como Senador e informante.

He dicho.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , en primer lugar, aunque pueda ser obvio, hay que subrayar que aquí no ha habido sombra ni atisbo de corrupción, como lamentablemente ha sido expresado por algunos sectores durante la discusión de este proyecto. Lo digo responsablemente desde estas bancadas, porque, en forma abierta y pública, el Ministerio de Salud selló un acuerdo con la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud que contemplaba, entre otros puntos, la entrega de un beneficio equivalente a 42 mil 500 pesos a los trabajadores de las más bajas rentas del Sistema Nacional de los Servicios de Salud.

La legitimidad de este beneficio nadie lo puede discutir es evidente. En un sector de tanta importancia en la atención de la salud de los chilenos más necesitados, la medida incuestionablemente benefició a trabajadores cuyas rentas -y esto también quiero subrayarlo- son inferiores a los niveles de pobreza con que medimos oficialmente esta situación en nuestro país.

Es más, el acuerdo con la FENATS se enmarca en el contexto más amplio de introducir modificaciones substanciales en las normativas que rigen los recursos humanos de salud, dirigidas a introducir incentivos al desempeño que aseguren realmente que los aumentos de remuneraciones redunden en mejoría en la calidad de la atención de salud que se merecen los usuarios.

Gracias a este protocolo, por primera vez en el sector más importante de la Administración Civil del Estado se está abriendo un camino que hoy parece posible para el conjunto del sector público de nuestro país.

Cada uno de los trabajadores a quienes se otorgó el beneficio sancionado por el proyecto puede dar fe de haberlo recibido a entera conformidad, lo que consta por lo demás en los registros de los Servicios de Salud. Entonces, no hay duda alguna acerca del destino de los fondos utilizados.

Tampoco hay dudas sobre el origen de los fondos. El Ministerio de Salud ha sido claro en señalar que, previendo que debería cumplir con estos compromisos durante 1995, hizo la correspondiente provisión de fondos en el presupuesto de FONASA destinado a los Servicios de Salud. La opinión pública ha sido desinformada al respecto, y de ahí nuestra inquietud: se ha pretendido señalar -en esto hay que hacer claridad- que las cotizaciones de los beneficiarios del Fondo Nacional de Salud se habrían desviado hacia un fin diferente de aquel al cual están destinadas. Esto no lo podemos pasar por alto, pues nada está más lejos de la verdad. El FONASA cumple la doble función de administrar las cotizaciones de los beneficiarios del seguro público de salud que le corresponde gestionar, y, a la vez, es la gran tesorería del sistema público de salud. En virtud de esta última función y utilizando los recursos correspondientes, el FONASA transfirió a los Servicios de Salud los fondos necesarios para cumplir el compromiso.

El carácter de la transferencia de fondos a los Servicios representa otro de los aspectos cuestionados. Los reparos formalizados por la Contraloría General de la República ante el Subsecretario de la Cartera enfatizan este punto, señalando que el mecanismo empleado para este fin habría sido irregular.

Lo anterior resulta contradictorio, si se considera que la Partida Presupuestaria utilizada "Transferencias a otras instituciones del sector público" es la que normalmente se usa para tales fines. De otra manera no se explica el hecho de que la propia Contraloría, a través de la resolución N° 700, que consta en los anexos de sus reparos, haya tomado razón de los decretos que transfirieron los recursos a los Servicios de Salud.

Entonces, tampoco estamos ante una malversación, como han pretendido señalar ciertos sectores interesados en sacar alguna ganancia, "a río revuelto".

No obstante lo anterior, no quiero eludir un tema sensible para quienes somos representantes populares. Efectivamente, me parece respetable la argumentación que sostiene que podríamos estar aquí ante un error administrativo que vulneraría las atribuciones del Parlamento en materia de aumentos de remuneraciones para el sector público, como sé que lo sostendrán algunos señores Senadores. El Ministerio ha señalado que el beneficio concedido no puede considerarse exactamente un reajuste de remuneraciones dado que, según la propia ley orgánica de los servicios públicos, las remuneraciones, para ser tales, requieren de "un elemento de habitualidad y permanencia", excluyéndose de este concepto los estipendios que "tienen un carácter de eventual o accidental.".

Más allá de tales consideraciones jurídicas, el proyecto que discutimos tiene por objeto despejar toda sombra de duda respecto a la legalidad del beneficio para los trabajadores de la salud.

La aprobación integral de la iniciativa -tal como está en este minuto- permite, así como se ha hecho en múltiples ocasiones anteriores, superar esta situación, como lo merecen la legitimidad del beneficio, la probidad de los responsables del Ministerio y el respeto que ellos mismos han demostrado por las atribuciones del Congreso Nacional.

La aprobación de la iniciativa posibilitará, además, dar continuidad a las políticas de un Ministerio que se ha distinguido por la seriedad de sus esfuerzos dirigidos a fortalecer el sistema público de salud y a modernizar el conjunto del sistema.

La tarea de esa Secretaría de Estado -lo reconozco- en la Sala no ha sido fácil. Para nadie es un misterio que ha debido enfrentar poderosos intereses gremiales que, desde el primer día de su gestión, se han opuesto a los proyectos antes mencionados con gran fuerza y con armas no siempre legítimas.

Por consiguiente, aboquémonos a la discusión de esta iniciativa con la conciencia de que debemos ser consecuentes con la ineludible responsabilidad de responder a los desafíos que nos presenta la materialización de la reforma que requiere nuestro sistema de salud. Ella sólo será posible si la encaramos como lo hizo Chile en otros momentos señeros para el desarrollo del sistema, esto es, en el marco de una política de Estado como la que hoy nos propone el Ministerio. La aprobación integral del proyecto que nos ocupa apunta claramente en esa dirección.

He escuchado a algunos señores Senadores señalar que estamos actuando ante un hecho inédito, lo cual evidentemente siembra una sombra de duda frente al país.

No es efectivo el argumento de que nos hallamos ante un hecho inédito, nuevo, extraño, curioso. Al efecto, citaré lo dispuesto en diversas normas legales.

El artículo 110 de la ley N° 18.768 dice: "Declárense bien pagadas las cantidades erróneamente percibidas por concepto de la asignación profesional y asignación establecida en el artículo 36° del decreto ley 3.551, de 1980, por los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero y de la Oficina de Planificación Agrícola, que cuenten con el título de Técnico Agrícola de nivel medio, otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.". Aquí ya hay un precedente.

Y el artículo 114 de esa misma ley expresa: "Decláranse bien pagadas las indemnizaciones que las Instituciones de Educación Superior del Estado hayan pagado a los personales académicos y no académicos, que cesaron en funciones en dichas entidades en el período comprendido entre el 1° de enero de 1988 y la fecha de publicación de esta ley.".

El artículo 10 de la ley N° 18.959 estatuye: "Decláranse bien pagadas las indemnizaciones adicionales de seis meses de su última remuneración total, otorgadas durante 1989, a los trabajadores de la Caja Bancaria de Pensiones cuyos contratos de trabajo fueron terminados por causas no imputables a los trabajadores.". Asimismo, el ARTÍCULO 24 dispone lo siguiente: "Decláranse válidamente pagadas todas las remuneraciones percibidas por los Secretarios-Relatores y Oficiales de los Tribunales Electorales Regionales, durante el período comprendido entre el 9 de enero de 1987 y el 31 de diciembre de 1989.".

¿Y qué dice el artículo 73 de la ley N° 18.899?

"Decláranse ajustadas a derecho y por consiguiente bien percibidas las remuneraciones pagadas hasta el 31 de diciembre de 1989, no obstante las normas de incompatibilidad, al personal de las instituciones creadas por las leyes N°s 17.995 y 18.632.". Y el artículo 84 es del siguiente tenor: "Decláranse ajustadas a derecho y por consiguiente bien percibidas, las remuneraciones pagadas al personal de las Fuerzas Armadas con título profesional Universitario, entre el 1° de octubre de 1975 y hasta el 23 de septiembre de 1989, en cargos de la Administración Civil del Estado afectos a la escala única de sueldos, designados en cualquier calidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 169° inciso 4° del decreto con fuerza de ley 338, de 1960, excediendo el horario máximo previsto en la letra a) de este texto legal.".

No mencionaré lo preceptuado en otras leyes. Me interesa dejar establecido que no es cierto que la iniciativa en debate sea un fenómeno extraño frente a determinado acto administrativo realizado por un Ministerio. Evidentemente, existió absoluta transparencia en la intención y en la filosofía de lo que se quería hacer.

Por eso, señor Presidente, espero que en el Senado haya unanimidad en el sentido de aprobar el proyecto con las modificaciones introducidas en las Comisiones pertinentes.

He dicho.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , antes de votar esta iniciativa legal, me gustaría conocer la opinión del Gobierno, a través del señor Ministro de Salud , respecto de algunas afirmaciones que haré y que, en cierta forma, ya han sido cuestionadas por el señor Senador que me antecedió en intervenir.

En primer término, es indudable que lo obrado en abril de este año al pagar una bonificación sin que mediara una ley, constituye un hecho ilegal e irregular, lo cual no significa que sea inédito. Ha ocurrido en otras ocasiones como largamente expuso el Honorable señor Muñoz Barra ; pero no por ello deja de ser un hecho ilegal e irregular. Si fuera legal y regular, entonces ¡por qué diablos estamos hoy estudiando esta iniciativa...!

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Aquí no hay diablos, señor Senador.

El señor PIÑERA.-

Esa afirmación merecería un extenso debate, señor Presidente , y después de efectuarlo probablemente Su Señoría cambiaría de opinión.

Nos encontramos analizando este proyecto porque la Contraloría General de la República ha afirmado categóricamente que el pago no se ajustó a Derecho. Además, las interpretaciones en cuanto a que no sería remuneración me parecen bastante bizantinas, porque la Constitución es meridianamente clara al respecto. En el artículo 62 estatuye que es materia de ley, y de iniciativa presidencial: "4° Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos,".

Por lo tanto, en este caso se requería de una ley. Si el señor Ministro piensa distinto, le sugiero que no sigamos discutiendo la presente iniciativa.

Es verdad que la situación no es nueva. También es cierto -lo hemos afirmado públicamente- que en ella no vemos intento alguno de actuar en forma dolosa o incorrecta. Lo que sí visualizamos es un error cometido por las autoridades correspondientes.

En segundo lugar, quiero hacer un comentario acerca del mensaje, porque es bueno empezar a tomar más en serio lo que expone el Ejecutivo al enviar un proyecto. Antes que todo, dice que la actitud permanente del Gobierno ha sido el mantener una política de diálogo y acuerdos con el sector público en lo relativo a mejoramientos salariales.

Cabe recordar que en múltiples oportunidades se han concedido reajustes de remuneraciones como respuesta a paros ilegales organizados por sectores de trabajadores. A mi juicio, eso no es parte de una sana política de diálogo y entendimiento con los empleados públicos, porque la gente advierte, en forma muy rápida, qué mecanismos dan o no dan resultado. Y cuando el camino de la huelga ilegal conduce a los Secretarios de Estado a otorgar reajustes, tal decisión contribuye a incentivar ese camino.

En tercer término, el mensaje expresa lo siguiente: "Éste beneficio en ningún caso ha significado sacrificar las actividades que normalmente realiza el Fondo Nacional de Salud,". Esto permite concluir que en el presupuesto del FONASA había recursos que no eran estrictamente necesarios, puesto que se pudo financiar ese emolumento sin sacrificar ninguna acción de dicho organismo. Si esto fuera un descubrimiento del señor Ministro , sería muy útil continuar pagando bonificaciones sin aumentar el presupuesto, ni sacrificar servicio alguno del FONASA.

A continuación me referiré a lo medular. Los miembros de las Comisiones, tanto de Salud como de Hacienda , hemos manifestado nuestra voluntad de apoyar el proyecto. Explicaré con mucha claridad las razones que nos mueven a proceder de esta manera. No lo hacemos por considerar que se actuó en forma legal y regular, ya que estimamos repito que aquí hubo un acto ilegal. No lo hacemos por creer que se trata de un hecho poco importante, aunque se haya repetido un millón de veces en el pasado. Lo hacemos, esencialmente, porque no queremos, a través de un rechazo de la ley en proyecto, entorpecer el proceso de modernización del sector salud, que en la actualidad es por entero necesario, imprescindible y extraordinariamente urgente.

Antes de terminar, señor Presidente, daré a conocer algunas cifras, que emanan de los propios informes del Ministerio de Salud una vez que se las depura para presentarlas de modo correcto.

El presupuesto de la salud pública para 1996 alcanza a mil 750 millones de dólares. Si se excluye de él todo lo relativo a materias preventivas y administrativas atinentes a gastos del Ministerio mismo, y se toma en cuenta solamente el gasto en medicina curativa, la cifra llega a mil 350 millones de dólares.

Hace cinco años dicho presupuesto ascendía sólo a 700 millones de dólares. En el intertanto el presupuesto no solamente casi se duplicó, sino que, además, el número de beneficiarios de la salud pública disminuyó en un millón y medio de personas. En consecuencia, el gasto per cápita de los beneficiarios de medicina curativa -ésta no incluye vacunas, prevenciones, etcétera, que es una parte de la salud pública en la cual no participa el sector privado- aumentó en 110 por ciento. No hay ningún otro Ministerio que haya incrementado su gasto en 110 por ciento en los últimos cinco años. Y el propio Ministro de Salud ha sostenido que no hay ni con mucho un reflejo en la calidad del servicio o en la cobertura del mismo comparable con tal incremento de gasto.

Quiero decir algo más: lo anterior significa que al Estado chileno le cuesta 72 mil pesos al año cada uno de los beneficiarios de la salud pública.

El señor DÍAZ.-

¡Harto poco, señor Senador!

El señor PIÑERA.-

Y el 35 por ciento de los usuarios de la salud privada en ISAPRES, se halla en planes que cuestan menos que esa cifra. Y, por lo tanto, en este instante no hay una brecha de gasto -como la hubo hace 5 ó 10 años- entre el costo de la salud pública para una persona y la salud privada, en la cual está adscrito el 35 por ciento de los usuarios, quienes están en los planes más económicos. Esto significa que si hoy día el Gobierno quisiera subsidiar a los trabajadores y a los chilenos que se encuentran en el sistema público de salud, con el aporte estatal de 72 mil pesos, o disponer libremente de ese subsidio, todos quienes se hallan en el sistema público de salud tendrían la opción de entrar en el privado.

Hoy día un trabajador que quiera cambiarse del sistema público al privado, perdería el 100 por ciento del subsidio; es decir, se trata de un subsidio amarrado.

Estoy del todo de acuerdo en subsidiar a los sectores más pobres, particularmente en el rubro de la salud. Pero no me parece apropiado que el subsidio vaya amarrado a la obligación de permanecer en un sistema en el cual, aparentemente, muchos chilenos quisieran no estar.

Por esa razón, hoy ya no se trata de un problema de recursos. Lo fundamental en esta materia es que el sector público de salud el cual sin duda debe permanecer, pero en una modalidad mixta tenga posibilidades de administración, de descentralización, de autonomía y de muchas cosas.

Entiendo que el señor Ministro de Salud tiene como principal tarea no la de congraciarse con los médicos ni con los trabajadores de la FENATS, sino hacer la revolución y la transformación que el sector público de salud requiere. Estoy convencido de que ello no va a lograrse solamente con aplausos, cócteles, consensos y sonrisas, pues toda modernización va a requerir cierto grado de conflicto.

Y, en ese sentido, queremos decir al señor Ministro que vamos a apoyar esta iniciativa legal, por creer que con eso fortalecemos la posición de su Cartera para acometer la modernización del sector salud, el cual simplemente no resiste más.

En tal virtud, porque pensamos que realmente se necesitan cambios muy profundos y porque estimamos insólito que si a la inmensa mayoría de los chilenos se les da la oportunidad de emigrar del sistema público al privado, lo haría, sin que signifique costo adicional para el Estado, pese a lo cual los mantenemos cautivos en un sistema de salud ineficiente, arcaico, anacrónico, sin soluciones y sin permitirles beneficiarse con prestaciones dignas, a las cuales deberían optar, dados los recursos que el país destina para ello, me parece una inmoralidad total. Por tal razón, consideramos imprescindible dar al sector público de salud la eficiencia que requiere.

Por los motivos anteriores, vamos a votar favorablemente el proyecto, como lo hicimos en las Comisiones de Salud y de Hacienda.

En lo tocante a la parte técnica, queremos decir que a lo aprobado por la Comisión de Salud la de Hacienda precisó el párrafo segundo, porque respecto del primero -es decir, lo relativo a liberar de toda obligación de devolución del beneficio recibido- no hay discusión alguna.

El segundo párrafo pretende liberar a las personas de responsabilidades administrativas, civiles y eventualmente penales, por haber incurrido en esta ilegalidad. Y se produjeron dos redacciones. La primera decía: "Declárase que la condonación precedente basta para regularizar el pago antes indicado.", según lo acordado por la Comisión de Salud. En la Comisión de Hacienda se agregó, después de "el pago antes indicado", "efectuado por el Ministerio de Salud". Es simplemente una precisión.

Ahora, se está planteando algo que no fue discutido en ninguna de las dos Comisiones, que sesionaron largamente durante la mañana de hoy: agregar la frase "para todos los efectos legales". Cuando en la Comisión de Hacienda se insinuó agregar la frase "para todos los efectos", ella me pareció redundante. Sin embargo, ahora se propone añadir "para todos los efectos legales". Y quiero entender claramente qué significa.

Si lo que se pretende es eximir de responsabilidad civil y administrativa, creo que tal como viene redactado el informe de la Comisión de Hacienda es suficiente. Si se desea ampliarlo a la responsabilidad penal, estaríamos frente a una verdadera ley de amnistía, la cual debería originarse en el Senado. Pero, como la iniciativa surgió en la Cámara de Diputados, no surtiría ningún efecto.

Por ello, me gustaría mucho conocer la opinión del señor Ministro , para que tengamos claro si el agregado de la frase "para todos los efectos legales" produce algún daño. Personalmente, pienso que no agrega nada; pero, si fuera importante y así lo piensa el señor Ministro , estaríamos dispuestos a analizarlo.

Por consiguiente, antes de votar, estimo muy importante conocer en forma clara y "fuerte" como dicen los norteamericanos, la posición del señor Ministro respecto de cuándo se va a producir la modernización del sistema de salud pública, entendiendo que están por presentarse tres o cuatro proyectos de ley, de los cuales hemos tenido la oportunidad de ver algunos borradores, como el del que cambia el sistema de remuneraciones, permitiendo mayor flexibilidad; el del que propone pagar incentivos, particularmente al cuerpo médico; el del que modifica la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, y el del que cambia la forma de funcionamiento del Instituto de Salud Pública de Chile.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente, pensaba no usar de la palabra; pero la intervención del Honorable señor Piñera me ha motivado a algunas precisiones.

Primero, aquí no estamos discutiendo la política nacional de salud, en términos de pasado y de futuro.

El señor Senador hizo diversos cálculos sobre determinadas cifras, llegando a la conclusión de que para subsidiar a cada chileno en materia de salud hay disponibles 72 mil pesos, cantidad con la cual podría establecerse un sistema privado de salud muy eficiente.

Pienso que eso podría conducirnos a una discusión profunda, para llegar a determinar si con una fórmula matemática tan simple se podría solucionar el problema de la salud en Chile. Si así fuera, deberíamos pensar seriamente en dar a Su Señoría una comisión de servicio, por determinado tiempo, para resolver este problema en forma eficiente y rápida, tanto como otros han planteado que pueden hacerlo respecto de otras cosas en cinco minutos.

El señor PIÑERA.-

¡Hágalo, señor Senador!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés ).-

Se lo estoy proponiendo a Su Señoría, para que asuma la responsabilidad en ese sentido. Porque es fácil hacer afirmaciones, pero la realidad de los hechos es muy distinta.

La modernización de la salud es una materia que ha sido asumida con seriedad por el Gobierno y por el señor Ministro. El propio Senador Piñera lo reconoce al decir que se han presentado al Parlamento excelentes proyectos de ley, con los cuales nosotros coincidimos, que deberán ser despachados en su oportunidad.

No es legítimo hacer planteamientos diferentes al objeto de una iniciativa, que tiene otra finalidad.

En su exposición el señor Senador habló también del mensaje. Y no entendí muy bien su afirmación, pero parece que señaló que era necesario cuidarse mucho en los mensajes y que había que precisar éstos. Su Señoría indicó que el mensaje hablaba de diálogo y acuerdos por los cuales se buscaban soluciones; y luego dijo que había muchos pagos que se efectuaban por la presión de los paros. Pero no veo la relación entre una y otra cosa. Estoy de acuerdo con el Presidente de la República en cuanto a la necesidad de diálogos y de buscar acuerdos, cuestión que se encuentra inserta en las soluciones propuestas para los problemas de un país.

Ahora, es efectivo que existen pagos hechos por presión de paros; sin embargo, en la sociedad hay que ser realistas, la paralización de actividades conlleva muchas veces la búsqueda de entendimientos y arreglos para dar salida a determinadas cuestiones. Por lo tanto, no es una materia que deba mencionarse de forma peyorativa o negativa. Por supuesto, sería mejor que aquello no ocurriera. Pero no advierto la contradicción entre el mensaje que Su Señoría señaló y lo que estamos discutiendo en este momento.

En cuanto a lo que ha pasado, estamos de acuerdo. El señor Senador tiene razón: hubo un pago sin respaldo legal, originado en un error o falla en la interpretación de cómo debía procederse. Por eso, se precisa dictar una ley para regularizar tal situación, la que, por lo demás, no constituye ninguna novedad, como se ha dicho. Quienes hemos participado en tareas de Gobierno y que hemos continuado formando parte del Parlamento, podríamos citar un sinnúmero de leyes dictadas para casos similares. Recuerdo la ley N° 16.464; yo era Subsecretario; hubo que hacer un recuento -la Contraloría lo pidió-, para que en ella se incluyeran las situaciones que se regularizarían por tal vía -ocho o nueve-, sobre pagos hechos en forma no legal. Y nadie reclamó la posibilidad de conductas que pudieran lindar en el dolo o en eventuales acciones penales. En el hecho, muchas veces la Contraloría requiere del Ejecutivo que repare por la vía legal alguna gestión ejecutada sin intencionalidad al margen de la ley.

En el presente caso, no hay delito de malversación ni intencionalidad dolosa que merezca sanción. Lo que estamos haciendo no es sino reconocer algo que el propio señor Massad ha presentado al Parlamento con el fin de solucionarlo. No es que hayan sorprendido al señor Ministro y le dijeran que, si no solucionaba el problema, en el Parlamento lo acusarían. No. La Contraloría formuló un reparo, de acuerdo con el informe que tenemos al frente. Él, en el mismo día, propuso la búsqueda de una solución jurídica. Su iniciativa fue primero a la Cámara de Diputados, donde, analizada la solución propuesta por el Ejecutivo , se aprobó con tres abstenciones.

En mi opinión, no hay que rasgar vestiduras ni llamar a escándalo por una solución que, de no existir, provocaría un daño absolutamente injusto al personal que recibió el pago y al señor Subsecretario que procedió creyendo actuar de acuerdo a la ley. En eso no hay oposición. He visto en las Comisiones de Hacienda y de Salud el ánimo de aprobar esa solución.

Respecto de la sugerencia de agregar la frase "para todos los efectos legales", me parece que bastaría dejar constancia en la historia de la ley que tal beneficio se da por bien pagado "para todos los efectos legales", pues lo importante es que se eviten las responsabilidades administrativas que pudieran recaer sobre los funcionarios que incurrieron en el error. Tal modificación no tiene mayor trascendencia. Lo esencial es solucionar el problema; en eso todos estamos de acuerdo.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , de acuerdo con la Constitución Política, todo gasto público debe ser autorizado por ley. Tratándose de beneficios remuneratorios para los trabajadores del Estado, tal ley corresponde a iniciativa exclusiva del Primer Mandatario.

Quiero recordar que el Presidente de la Comisión de Salud advirtió que tal interpretación era discutible, y que así había sido estimado por el Ministerio de Salud. En realidad, el asunto no es discutible. En el Capítulo "Materias de ley" de la Constitución Política, el artículo 62 dispone que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República las leyes relativas a "Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones... y cualquiera otra clase de emolumentos" para los trabajadores del sector público.

El texto constitucional es claro y no admite interpretaciones como la de que se trataría de un beneficio que puede otorgarse administrativamente.

Las normas de flexibilidad presupuestaria no dicen relación a este particular, porque se trata de un gasto no autorizado por ley y, en consecuencia, carente de causa.

No es posible alegar, a mi juicio, el error de Derecho, porque aquél constituye, en los términos generales de nuestra legislación, "una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario", según lo dice el artículo 706 del Código Civil.

Para arreglar esta situación, cuyo origen obedece a un juicio de cuentas de la Contraloría General por un pago efectuado en contravención a la Carta Fundamental, el Ejecutivo mandó un mensaje a la Cámara de Diputados, el que declaraba ajustado a Derecho el pago efectuado por el Ministerio de Salud. Textualmente se señalaba: "Declárase que el pago efectuado a los referidos funcionarios"... "se entenderá deducido de la bonificación que se otorga en esta ley. En consecuencia, téngase por regularizado el pago antes indicado". Lo mismo expresa la suma del mensaje.

En la Cámara Baja no se aprobó el proyecto en esos términos y se estimó preferible -porque no era conveniente declarar ajustado a Derecho lo que no lo estaba de manera clara- una fórmula consistente en otorgar una bonificación al personal que se encontraba en servicio a la fecha de la ley y a la del pago de la bonificación.

Nuestra Comisión de Salud considera que la empleada por la Cámara (otorgamiento de una bonificación imputándose lo indebidamente pagado) no es una buena técnica legislativa, porque no se otorga bonificación alguna; la de la especie ya se entregó. En verdad, no podría darse una bonificación a los trabajadores de los grados de que se trata en los Servicios de Salud violentando el principio de igualdad ante la ley y sin acordarse a la vez para los otros servicios del Estado en igualdad de grados, es decir que perciben las mismas remuneraciones. Después me referiré a cuáles son tales servicios.

Por esa razón, la Comisión de Salud estimó que era conveniente lo que pretende el proyecto: condonar a los funcionarios la suma que percibieron indebidamente. Eso es lo que propuso la Comisión de Salud. En esa perspectiva se aprobó, pues la condonación basta para regularizar el pago antes indicado. Eso dice el texto; nada más se agrega.

Existe un problema con relación a los recursos utilizados para el pago de la bonificación.

El informe técnico que debía acompañar el Ministerio de Hacienda dice, en realidad, que no se va a pagar la bonificación con recursos de esa Secretaría de Estado; y que ello se hará con fondos propios del sistema de salud. En realidad, cuando se aprobaron los presupuestos de 1995 y 1996 para el Ministerio de Salud, no se consideraron estos recursos. No hay Ley de Presupuestos alguna que pueda tener una holgura de mil 100 millones de pesos. Debo destacar que el presupuesto del Consejo de Defensa del Estado es de 3 mil millones de pesos. Así, una bonificación de esta naturaleza, atendido el número de trabajadores de que se trata, es equivalente a un tercio de todo el presupuesto de ese organismo. La cantidad es sumamente alta, y, desde ese punto de vista, no podemos considerar que en el Fondo Nacional de Salud habrá una especie de caja chica que permita pagar la bonificación sin que se note. No. Naturalmente que esto se nota, porque se dispone de los recursos para cumplir las finalidades que corresponde.

Se ha planteado reiteradamente que esto está comprendido en el marco de modernización de la salud. Al respecto hago presente que estoy muy de acuerdo con que se modernice; pero lo primero que debe respetar tal proceso son los principios constitucionales y de legalidad. Lo contrario no es bueno. Pienso que puede generar un problema. Sin embargo, toda modernización que se haga dentro del sector salud, o de cualquier otro, debe realizarse conforme a las normas constitucionales y legales.

Además, lo ocurrido es una demostración empírica de lo que se ha planteado en la Comisión de Presupuestos desde 1990. A partir de entonces se ha hecho presente que los presupuestos de salud deben darse por servicios -unidades funcionalmente descentralizadas-, pues no puede haber una bolsa de recursos que se maneje en esta forma. Este caso demuestra que es posible sacar mil 100 millones de pesos sin que pase nada. Debo recordar que el pago se hizo en abril o mayo pasado; y que el juicio de cuentas se inició en el mes de julio. Por consiguiente, se puede actuar así sin que en realidad se cause un grave trastorno en las necesidades que deben atenderse.

La materialización del beneficio se ha hecho sobre la base de una entrega real, y de una enmienda presupuestaria que se hace y ordena dentro de lo que es la aplicación histórica de los Presupuestos.

Si se quería otorgar una bonificación al personal de la salud y el Ministerio del ramo entendía que podía hacerlo, debió haber dictado un decreto o una resolución, lo que, sin duda, habría sido objetado por la Contraloría, frustrándose la idea desde su inicio.

Debo recordar que las autoridades administrativas ejercen sus funciones a través de actos formales decretos o resoluciones que están afectos a toma de razón si importan el reconocimiento de beneficios económicos.

Señor Presidente , pido oficiar al Ministerio de Hacienda a fin de que considere la situación de los personales del Ministerio de Vivienda; del Servicio de Registro Civil e Identificación; de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos; del Ministerio de Educación; de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y del Instituto de Normalización Previsional. Todos estos organismos tienen funcionarios en los mismos grados que ocupan quienes serán objeto de la condonación de una bonificación indebidamente pagada. Para respetar el principio de igualdad ante la ley, debiera otorgarse a aquéllos idéntico beneficio.

Finalmente, deseo referirme a dos aspectos procesales de la iniciativa.

Como ya señalé, el texto del Ejecutivo declaraba ajustada a derecho la bonificación. El aprobado por la Cámara dice algo distinto: que se concede, por una sola vez, una bonificación compensatoria. Por su parte, el del Senado condona a los trabajadores beneficiados las sumas percibidas, eliminando, por ende, la obligación de devolverlas. Creo, en consecuencia, que debe cambiarse la suma de la iniciativa, que ya no corresponde al sentido inicial de ésta, cual era declarar ajustada a derecho la bonificación en comento.

En segundo término, quiero protestar por la "Discusión Inmediata" que hizo presente el Ejecutivo. Ello, por una parte, porque el proyecto encuentra su justificación en los problemas derivados de un juicio de cuentas; pero éste no tiene plazos perentorios. Y por otra, porque los trabajadores ya recibieron la bonificación y nadie ha pedido su reintegro en el término de 24 horas o algo parecido.

Además, la "Discusión Inmediata" impide un estudio acucioso de la materia y escuchar a los trabajadores de los organismos antes mencionados que tienen los mismos grados de aquellos a quienes se reconoce la bonificación. Y, a mayor abundamiento, la iniciativa ha llegado en momentos en que el Congreso estudia la Ley de Presupuestos de la Nación, lo que sin duda importa una perturbación muy inconveniente.

Ahora, en cuanto a la modificación planteada en la Sala, estimo que no se ajusta al espíritu con que el proyecto fue aprobado mayoritariamente en la Comisión de Salud. No me parece conveniente que se acoja, pues reconoce un beneficio diferente del que aprobaron las Comisiones de Salud y de Hacienda, esta última con una modificación que, a mi juicio, no altera de manera sustancial la iniciativa.

En todo caso, por las razones que he planteado, no voy a aprobar el proyecto.

He dicho.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , quiero iniciar mis palabras sumándome a la objeción de oportunidad hecha sobre el tratamiento del proyecto.

En efecto, tal como señaló la Honorable señora Feliú , su contenido no hace imperiosa la "Discusión Inmediata", ya que, por una parte, los beneficios a que se refiere ya fueron pagados, y por otra, las objeciones planteadas a su respecto no tienen un plazo perentorio que nos obligue a trabajar de esta manera.

Además, el artículo 116 del Reglamento del Senado dice: "La discusión será aplazada para la sesión siguiente en que figure en tabla cuando lo solicite un Senador por no estar impresos los proyectos o los informes respectivos, o cuando no se hubieren puesto a disposición de los Senadores, a lo menos el día anterior al comienzo de aquélla", etcétera. De forma que, por los acuerdos celebrados a su respecto, nos encontramos ante un proyecto que debemos tratar con excesiva urgencia porque así lo ha determinado el Presidente de la República y no porque lo aconseje su contenido, saltándonos además nuestro propio Reglamento.

Creo que nadie puede desconocer -obran en poder de cada Senador- que el informe de la Comisión de Salud y el de la de Hacienda vienen fechados el 15 de noviembre de 1995. En consecuencia, es evidente que no están disponibles desde el día anterior a la presente sesión.

En segundo lugar, cabe señalar y ello me parece lamentable que muy posiblemente esta manera de tratar los proyectos tenga que ver con lo que tantas veces se ha señalado: las omisiones o las equivocaciones que hacen parte de los textos legales que finalmente despachamos. La "Discusión Inmediata" debería utilizarse exclusivamente en las oportunidades en que resultase imprescindible, y en cualquier caso, respetando las disposiciones de nuestro Reglamento.

Dejo, pues, constancia de que en esta ocasión hemos aceptado saltarnos nuestro Reglamento y de que ello se hace frente a un proyecto cuyos beneficios fueron pagados y cuya urgencia no es más que una pretensión del Ejecutivo.

En tercer lugar, yo preferiría estar discutiendo en esta Sala algún tema relacionado con las políticas de salud. Es una lástima que, en vez de ello, tengamos que abocarnos a un proyecto que regulariza una situación llevada adelante con irregularidad o con ilegalidad, conforme se ha dicho.

Sería más productivo para el país, quizás, que nos dedicásemos a hablar de políticas de salud; que, en un debate profundo, serio y elevado, pudiésemos aportar elementos tendientes a corregir, modernizar y actualizar esas políticas, en lugar de, con excesiva premura, tener que gastar el tiempo en tratar de regularizar cosas que han sido mal o ilegalmente hechas.

Demuestra lo anterior, lamentablemente, la circunstancia de que, a diferencia de los proyectos en que se intenta resolver algo hacia adelante no hacia atrás, como en este caso-, no ha habido hasta el momento exposición del señor Ministro del ramo, y estamos pronunciándonos simplemente sobre la base de nuestras ideas y de los informes que tenemos a mano.

¿Cuál es la finalidad del proyecto? Regularizar el pago de una bonificación compensatoria de 42 mil 500 pesos que, conforme señala el mensaje, responde al propósito del Supremo Gobierno de mantener "una permanente política de entendimiento, diálogo y acuerdos respecto de mejoras salariales con los diferentes estamentos de trabajadores que se desempeñan en el sector público", y en este caso, específicamente, con la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS). El costo total del beneficio es de 1.098 millones de pesos.

¿Cuál es el problema? Que el pago se efectuó sin amparo legal.

La Ley de Presupuestos vigente la N° 19.356, en su artículo 4°, señala expresamente: "No obstante lo dispuesto en el artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos para los Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, Prestaciones previsionales y Transferencias corrientes, incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda nacional y moneda extranjera convertida a dólares.". Es decir, la Ley de Presupuestos en vigor, la que está rigiendo los destinos de los recursos públicos en nuestro país, aprobada por el Parlamento, establece expresamente en su artículo 4° que para conceder ciertos beneficios se precisa autorización legal.

A lo anterior se suman las disposiciones del artículo 62 de la Constitución referidas a las materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , entre las cuales figura la modificación de las remuneraciones de los servidores públicos.

Durante esta discusión se ha pretendido señalar que en el caso que nos ocupa no se trata de una remuneración. Considero innecesario contraargumentar al respecto, pues esta bonificación compensatoria, o como se quiera denominarla, constituye indudablemente, sea habitual o no, una remuneración, y como tal fue entregada a los trabajadores que la percibieron.

Entonces, vale la pena dejar en claro que no estamos contra el beneficio ni contra quienes lo percibieron. Simplemente, dejamos constancia de que hubo un acto ilegal, irregular, frente al cual, atendido el reparo de la Contraloría, se reacciona de la manera que hemos señalado.

La simpatía que nos despierta el otorgamiento de cualquier beneficio para los servidores públicos, en particular para los trabajadores de la salud, no puede llevar a confusión ni a considerar correcto lo que no fue bien hecho.

En esta línea argumental, me preocupan declaraciones como la del señor Director del Fondo Nacional de Salud  aparece en la página 8 del informe de la Comisión de Salud, quien explicó que "el pago de la bonificación se efectuó sin exceder ningún límite presupuestario, ni sacrificar programas del presupuesto sectorial". Esta afirmación me parece, por lo menos, poco feliz. Porque si el señor Director del FONASA organismo que no tiene por finalidad entregar bonificaciones compensatorias ni aumentos de remuneraciones a los trabajadores de la salud, por más que los merezcan asevera que tal pago no provoca trastorno alguno ni sacrifica ningún programa presupuestario del sector, eso simplemente equivale a decir que al FONASA le sobraban 1.098 millones de pesos. No considero necesario rebatir esta afirmación, y estoy cierto de que las propias autoridades de salud se hallan en mejores condiciones para desestimarla.

No resulta aceptable ni comprensible que dentro de las informaciones oficiales, que constituyen lo que se denomina "historia de la ley", aparezcan aseveraciones como ésas, que me resultan enteramente chocantes.

Si para intentar justificar la tramitación de la ley en proyecto se argumenta que en el pasado, próximo o remoto, muchas veces se dieron por bien hechos pagos efectuados en forma irregular, simplemente no estamos progresando como sociedad ni como país.

No es bueno decir, para justificar un pago, que ello se hizo muchas veces. Deben explicarse las razones que llevaron al problema, sin caer en una mera cuestión interpretativa.

Es más: la información de que dispongo induce a pensar que las autoridades de salud estaban conscientes de que requerían otros instrumentos para proceder al pago en cuestión.

Todas esas consideraciones me hacen ser sumamente escéptico respecto de una iniciativa, calificada de "Discusión Inmediata" y en cuya tramitación se obvian disposiciones de nuestro Reglamento, con la que se nos pide regularizar apresurada-mente, no existiendo urgencia alguna, la situación ya descrita.

He dicho.

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente , en primer lugar, deseo aclarar un aspecto formal, porque las prisas con que se pueden abordar ciertos temas no nos deben hacer olvidar le sucedió al Honorable señor Cantuarias , quien acaba de intervenir que el Senado lleva cinco años de funcionamiento y que ha habido tiempo suficiente para estudiar el Reglamento completo.

El Honorable señor Cantuarias citó el artículo 116 del Reglamento, pero leyó sólo su primera parte, omitiendo el inciso final.

Si Su Señoría hubiese leído la norma completa, quizá no habría sostenido que el Senado le coloca en situación difícil al presionarlo como describió para el tratamiento de la iniciativa en debate, ni tampoco hecho afirmaciones que estimo equivocadas. Porque el inciso segundo del citado artículo establece que "No procederá lo dispuesto en el inciso primero cuando se haya hecho presente la suma urgencia o la discusión inmediata.".

Por lo tanto, todo el alegato del Honorable señor Cantuarias centrado en el inciso primero de la mencionada disposición reglamentaria carece de sentido al tenor del inciso segundo.

Es factible que la edad de Su Señoría, menor que la mía, le haya hecho incurrir en la referida omisión, que...

El señor CANTUARIAS.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor HORMAZÁBAL.-

¡Si desea rectificar lo de la edad, con mucho gusto, con la venia de la Mesa...!

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Cantuarias.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , al margen de que no dispongo de todos los abriles del Honorable señor Hormazábal , debo aclarar que la línea argumental de mi intervención conducía a protestar por la fijación de "Discusión Inmediata" a esta iniciativa. Y mi planteamiento se basaba en que quien correspondía no estoy declarando la ilegitimidad del acto calificó de "Discusión Inmediata" la urgencia de un proyecto que no reviste premura, pues el beneficio ya se pagó y los reparos de la Contraloría, sobre los cuales se construye la iniciativa, no tienen plazo perentorio.

En consecuencia, es la fijación de la "Discusión Inmediata" lo que nos obliga a discutir apresuradamente el proyecto.

Agradezco la interrupción que me concedió el Senador señor Hormazábal.

El señor VALDÉS (Presidente).-

El Honorable señor Hormazábal puede retomar el uso de la palabra.

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente, dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. El Honorable señor Cantuarias, por apresurarse, no me permitió abordar el segundo punto a que se refirió: el porqué de la "Discusión Inmediata" para este proyecto.

Escuché con bastante atención a Su Señoría, a quien me une una vieja amistad. Por lo tanto, le ruego que tenga la gentileza de oír mis planteamientos, a fin de que no rebata aspectos que todavía no he tocado.

Se fijó la "Discusión Inmediata" porque se debe pagar algo en forma urgente a los funcionarios de la salud No, pues el beneficio ya está pagado. En ese punto, tiene razón el Honorable señor Cantuarias.

¿Existe algún problema urgente que pudiera afectar a quienes, de buena fe, incurrieron en el error que tratamos de reparar? Tampoco. Es un hecho evidente.

Sin embargo, debe considerarse que la Cámara de Diputados aprobó unánimemente la iniciativa en debate, en un momento en que el país aparece polarizado por ciertos acontecimientos, donde se rompen pactos, en que existen dificultades entre distintos sectores.

Son tan importantes los acuerdos entre nosotros, que la Cámara Baja aprobó por consenso el proyecto, sin entrar a una discusión de fondo, pues estuvo conteste en cuanto a la buena fe con que se ha actuado y a los fines de carácter nacional (relevantes y valiosos) que se han perseguido a través de la política aplicada.

En el Senado, tanto en la Comisión de Salud como en la de Hacienda, hubo un amplio acuerdo sobre la necesidad de legislar y adoptar las medidas correctivas indispensables para afrontar una situación que debe resolverse por la vía legal.

El amplio acuerdo alcanzado, que justifica la "Discusión Inmediata" de esta iniciativa, tiene un elemento adicional.

El señor Presidente del Senado concurrió a un debate donde se habló, por ejemplo, del importante rol que cumple la Contraloría General de la República. Y una de las cuestiones relevantes a este respecto radica en el hecho de que tal organismo debe llevar a cabo funciones extraordinariamente importantes con una baja dotación.

En el caso que nos ocupa, a la luz de los antecedentes que hemos conocido, la Contraloría debía iniciar un juicio de cuentas, haciendo perder tiempo a funcionarios destacados y muy necesarios para el cumplimiento de los fines de dicho órgano, en circunstancias de que la unanimidad de la Cámara de Diputados y una amplísima mayoría del Senado entienden que es posible obviar una situación de tal naturaleza.

Por consiguiente, desde el punto de vista formal, tanto por lo que establece el Reglamento como por la percepción de que existe un clima grato y apropiado para entender la solución que se propone ante el error producido, me parece que se justifica con creces la "Discusión Inmediata".

Naturalmente, lo anterior también nos provoca cierta preocupación.

En primer lugar, quiero valorar la actitud de la Oposición, porque tanto en la Comisión de Salud como en la de Hacienda, así como en este debate, he constatado un clima notablemente positivo para enfrentar la situación planteada. En mi opinión, éste no es el momento apropiado para discutir el tema de la salud en Chile, pero ya habrá oportunidad de hacerlo.

El Honorable señor Piñera hizo algunas afirmaciones sobre lo felices que podrían estar miles de chilenos si pudieran ingresar al sistema de ISAPRES. La verdad es que las encuestas, que son públicamente conocidas, muestran la existencia de un malestar muy grande tanto entre los usuarios del sistema de ISAPRES como de los que están en FONASA. Pretender vender hoy esa argumentación como solución definitiva, me parece improcedente. Pero, como dije, ya habrá ocasión de discutir más a fondo esta materia en otra oportunidad.

Debo destacar la actitud del Gobierno, porque no ha tenido en mente saltarse, por ejemplo, al Congreso Nacional. Sobre el particular -sobre todo, el equipo de salud-, ha sostenido un diálogo fluido, en distintos campos, con quienes ejercen funciones legislativas. Naturalmente, se presentan escollos, pero con la buena voluntad y calidad profesional demostrada por quienes se desempeñan en ese ámbito, yo los insto a superarlos. En todo caso, el ambiente que hemos creado genera un espacio positivo para seguir trabajando en esta materia, especialmente en las importantes iniciativas de ley que vendrán a continuación.

Hay una segunda cuestión que me interesa precisar. Cuando la Contraloría General de la República formuló un reparo en cuanto a la forma como el Ministerio de Salud ejecutaba un estupendo y positivo acuerdo con los trabajadores de la salud, dicha Secretaría de Estado , en una declaración, con fecha 7 de noviembre de 1995, respondió lo siguiente en el punto tercero: "El Ministerio respalda irrestrictamente la labor fiscalizadora de la Contraloría General de la República, con la cual se mantienen permanentes lazos de consulta e información, y cuyas instrucciones han sido siempre cumplidas".

Y, en el punto cuarto, agrega: "Los reparos formulados ayer por la Contraloría a la forma en que se pagó un beneficio extraordinario a los trabajadores de más bajos recursos de la salud han sido acogidos inmediatamente por este Ministerio. Por ello, en los próximos días se enviará al Honorable Congreso un proyecto de ley con el objeto de ser sometido a los trámites legislativos correspondientes.".

Pues bien, ¿qué deseamos como legisladores? Que exista un respeto activo por instituciones de rango constitucional que tienen, por misión de Estado, fiscalizar la legalidad de los actos administrativos y que, en el ejercicio de sus funciones, hacen presente reparos, los que el Gobierno a su vez cumple de inmediato, buscando una solución apropiada a las condiciones objetivas.

Por lo expuesto, yo llamaría a los Honorables colegas a valorar la fórmula de solución propuesta, a fin de proceder a aprobar sin mayor discusión un proyecto de ley que corrige un error, que recoge la observancia del Estado de Derecho, que valora las fundamentales tareas que cumple la Contraloría General de la República y que prestigia este debate, por la altura con que los señores Senadores de todos los partidos han concurrido a dar su parecer.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, en primer lugar, cuando, con ocasión de la Cuenta de ayer, se anunció que el proyecto pasaría a las Comisiones de Hacienda y de Salud, hice público que aquellos señores Senadores que se interesaran sobre el tema tendrían una magnífica ocasión de informarse al respecto. Sin embargo, esta mañana estuvimos presentes como miembros de la Comisión de Hacienda me correspondió reemplazar al Honorable señor Andrés Zaldívar  sólo tres Senadores. También asistió el Presidente de la Comisión de Salud Honorable señor Ruiz-Esquide.

En segundo término, creo que aquí se dan palos porque bogas y palos porque no bogas. ¿Cuál sería la situación si el Ejecutivo no hubiera enviado el proyecto en este momento?. Seguramente, habría una gran polémica, intranquilidad en los trabajadores y comentarios de prensa relativos a la tardanza del Presidente de la República para zanjar esta situación. Pero el Ejecutivo y el Ministerio de Salud hicieron lo que correspondía. Es decir, enviaron con urgencia este proyecto de ley.

Por otra parte, se ha hecho referencia a cócteles, sonrisas, abrazos y otro tipo de cosas. Yo creo que el Ministerio de Salud tiene una posición muy clara al respecto: no puede realizar acciones de salud en Chile contra los médicos ni contra el personal de ese sector. No se trata de congraciarse con ellos, ni de repartir sonrisas, abrazos y cócteles, sino de mantener una buena relación, porque a ellos corresponde dar salud en Chile. El Ministerio dicta normas, pero es el cuerpo médico, paramédico, químico-farmacéutico es decir, el personal sujeto a la ley N° 15.076 y los funcionarios beneficiados en este caso los que tienen a su cargo la medicina y la salud en Chile.

También quiero dar respuesta a algunas apreciaciones que no corresponden a la verdad. En cuanto a los gastos que para el Estado significa cada beneficiario de la salud pública comparado con el de cada afiliado a las ISAPRES -no tengo las cifras exactas-, el Senador señor Piñera habló de 72 mil pesos para aquéllos, en circunstancias de que se sabe cuánto exigen las ISAPRES en virtud del pago del 7 por ciento, de acuerdo a los sueldos que cada uno percibe. Si un chileno común y corriente afiliado al FONASA vale 10 -como el médico que les habla, que por lo demás está muy contento de pertenecer a este organismo, en el caso de las ISAPRES esa cantidad muchas veces se triplica y hasta se quintuplica en algunas ISAPRES cerradas, como acontece, por ejemplo, en mi zona, específicamente con FUSAT.

La señora FELIÚ.-

Pero paga CODELCO.

El señor DÍAZ.-

No lo paga CODELCO. También lo pagan los trabajadores de su propio bolsillo.

La señora FELIÚ.-

¿Me permite una interrupción, con la venia de la Mesa, señor Senador ?

El señor DÍAZ.-

Con todo agrado.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, el señor Senador ha señalado el costo que tiene para el restablecimiento de la salud la ISAPRE FUSAT.

En realidad, la ISAPRE FUSAT es una demostración de las incongruencias que se producen en los sistemas. En este caso, es una ISAPRE cerrada de CODELCO. En consecuencia, quien soporta el mayor costo de la salud es CODELCO léase todos los chilenos, lo que en mi opinión es muy inconveniente.

Gracias por la interrupción, señor Senador.

El señor DÍAZ.-

Creo que lo anterior refuerza mi argumento, en cuanto a que las ISAPRES -sobre todo, las cerradas triplican o quintuplican el gasto en salud en que incurre el chileno común y corriente.

Respecto de lo que han hecho el Ministerio de Salud y sus organismos dependientes a lo largo del tiempo no abordaré in extenso esta materia, Chile es un ejemplo en salud pública comparado con muchos países más desarrollados desde el punto de vista económico. Es un asunto por discutir, pero es reconocido mundialmente. Y los parámetros chilenos se han mantenido en términos ventajosos gracias a la existencia de un Ministerio de Salud que ha ejercido una adecuada política pública de salud.

En todo caso, considero que la calificación de "Discusión Inmediata" para este proyecto es justificada por las razones que di.

No me parece arbitrario lo que se ha hecho. La Honorable señora Senadora Feliú , en una de sus intervenciones, sostuvo que el proyecto violaría el principio de igualdad ante la ley, pues hay que explicar por qué se entrega el beneficio a ciertas personas y a otras no, por qué se concede a los funcionarios de tal grado y no a los de otro. Al respecto, cabe recordar que el artículo 19, número 2°, de la Constitución prohíbe las discriminaciones arbitrarias, pero no el discriminar en sí mismo. Y no parece arbitrario dar una bonificación compensatoria al personal de los grados inferiores, que ha sido claramente postergado, no obstante pertenecer a un sector clave y que atiende una necesidad pública esencial.

El señor Ministro me acaba de confirmar que los funcionarios de Salud deben esperar, en promedio, doce años para subir un grado en la escala de remuneraciónes. No sé si este dato, agregado a mi argumentación, puede ser tomado en cuenta por los señores Senadores.

Otro punto que se discutió fue el de que no debería constituirse una especie de bolsa común en el Ministerio para ser repartida de acuerdo con las necesidades de las Regiones. Ello demuestra desconocimiento del sistema de los servicios de salud, que muchas veces deben enfrentar situaciones de emergencia, enfermedades infecto-contagiosas y tomar medidas que de inmediato contribuyan a acelerar al máximo las decisiones que en determinado momento deben adoptarse.

Se dijo también excúsenme por ser tan misceláneo que FONASA tendría recursos de más. Lo que sucede es que este organismo es, en último término, la "caja" del Ministerio, el que tiene y deposita la plata.

Hay muchísimos temas a los cuales debería referirme, pero quiero recordar al Senado que, desde el año pasado, se encuentra pendiente un debate público sobre el problema de la salud, y en este momento solicito al señor Presidente fijar ahora día y hora para tratar esa materia tan fundamental para el país.

He dicho.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , pienso que lo principal en esta iniciativa es decir las cosas por su nombre. Aquí, en realidad, más que de ajustar un pago que no se otorgó conforme a derecho, se trata de regularizar lo irregular. Y, en el fondo, ésta es la verdad de las cosas. El número 4° del artículo 62 de la Constitución señala la forma como deben efectuarse estos pagos, y expresamente consigna que son materia de ley. Y ello no está en discusión.

Lo mismo ocurre con la Ley de Presupuestos del año en curso, cuyo artículo 4° dispone, aparte el modo de proceder, que los aumentos e incrementos relacionados con ese cuerpo legal deben efectuarse en conformidad a la ley.

En consecuencia, estamos aquí frente a una situación irregular, contraria a la norma legal vigente y, por ello, debemos actuar sobre esa realidad.

Pensando en los veintidós mil quinientos trabajadores involucrados quienes, de aplicarse la normativa vigente en la forma correspondiente, deberían reintegrar esa bonificación, vemos con simpatía, dada su situación particular, la posibilidad de lograr una condonación, puesto que ellos no son los responsables de lo sucedido. Nuestra inquietud, por lo tanto, no va dirigida hacia ellos, sino más bien al trasfondo del problema, lo que, a mi juicio, exige una explicación, que pediría al señor Ministro , hoy presente en la Sala.

Hay dos materias cuyo esclarecimiento es muy importante. Una es la referente a la modernización del sector salud -aunque no se quiera, este factor está implícito-, de la cual el sistema de remuneraciones constituye uno de sus aspectos específicos. Se acaba de hacer mención a las dificultades que supone el aumentar un grado en la escala de remuneraciones. En este sentido, el único elemento válido lo constituyen hoy por hoy los años de servicio.

Hay allí un problema de fondo, y no es admisible ni razonable que los aumentos se generen como consecuencia de las presiones y se materialicen al final mediante mecanismos que, como las bonificaciones, sólo contribuyen a desarticular el ya deficiente sistema de remuneraciones.

Debemos modificar sustancialmente tal situación y, considerando un punto de la organización de nuestro sistema de salud, debemos necesariamente abordar otros que están allí involucrados.

En consecuencia, antes de contestar qué estamos haciendo en esta materia, es necesario saber qué está pasando en lo concerniente a la modernización del sector salud.

Un segundo tema -más delicado- dice relación con lo informado al respecto por la Contraloría General de la República, la que, al referirse a este punto en particular, señala que esta autorización no tiene constancia documental en los procesos existentes. Y dice textualmente: "Tal procedimiento se habría adoptado, no obstante tratarse de una materia propia de ley, para obviar la demora que se produce en el trámite legislativo, asegurando así la disponibilidad de los fondos en la fecha prevista en el Protocolo y, de este modo, dar cumplimiento a lo acordado con la entidad gremial.

Quiero subrayar la parte que dice que el procedimiento se habría adoptado "para obviar la demora que se produce en el trámite legislativo". Vale decir, acorde con este texto de la Contraloría, el pago se efectuó a sabiendas de que debería hacerse por la vía legislativa.

A mi juicio, señor Presidente, esto merece una explicación, y deseo específicamente referirme a este punto.

Por lo tanto, son dos los temas acerca de los cuales consultaré al señor Ministro de Salud. ¿Habrá verdadera modernización de la salud en Chile, particularmente, en lo que dice relación con las rentas, para que éstas sean pagadas conforme a calidad y no a cantidad? ¿Habrá pago de rentas en Chile de acuerdo con la productividad y no con el mero transcurso del tiempo? ¿Habrá pago de rentas en este sector no basado en presiones y en forma de bonificaciones extraordinarias, sino en conformidad a una escala racional?

Tales son las primeras preguntas que formulo. ¿Cómo vamos a seguir modernizando la salud en Chile? ¿Se hará con los pagos que correspondan y dentro de una escala razonable?

El segundo punto a mi modo de ver, más importante es el siguiente. Aquí se ha hecho una afirmación por parte de la Contraloría. ¿Hubo o no un intento deliberado de saltarse el cumplimiento de la ley para evitar las demoras que el proceso legislativo implica? Creo que esto es importante, porque, independientemente de la condonación, aquí hay responsabilidades que pueden tener otro carácter y de las cuales el Gobierno debe hacerse cargo, y que el señor Ministro , de alguna manera, nos debe esclarecer.

Este problema no pasó inadvertido para los sectores involucrados. Tengo en mi mano un artículo publicado en la prensa en julio del año en curso y suscrito por el doctor Rene Dintrans , que curiosamente se refiere a este tema, y lo hace con bastante claridad. En uno de sus párrafos, dice: "Por otra parte, aún hoy no logramos tener claridad sobre la forma en que los servicios de salud del país financiaron el protocolo Fenats-Minsal sin una ley que autorice el uso de dineros fiscales de ese fin. ¿Es éste otro símil con el oscuro pasado de poder discrecional?

"No es que nos opongamos, en el primer ejemplo, a mejorar la gestión de los recursos públicos y, en el segundo, a mejorar las reconocidas malas rentas de los funcionarios de la salud. Muy por el contrario, hemos sido los primeros en sugerir a la autoridad las urgentes reformas económicas y estructurales en el sector.

"Es la pertinacia de la autoridad sectorial la que nos lleva a exigir hoy públicamente lo que nos parece obvio: que toda la reforma se haga en el marco de la legalidad vigente y de cara al país.

"Chile no merece recomenzar el camino del resquicio legal; nuestras autoridades deben dar el ejemplo reconociendo los límites que la ley impone, como única forma de fortalecer la democracia, impidiendo repetir la dolorosa historia de los años 70.".

El doctor Dintrans es miembro del Consejo General del Colegio Médico y ciertamente nadie podría alegar que sus posturas políticas corresponden a las de la Oposición.

En consecuencia, estamos aquí frente al problema. Este proyecto de ley merece ser aprobado en la parte relacionada con la condonación del beneficio entregado a los trabajadores. Pero tengo dudas en lo concerniente a los errores que se han cometido y que la Contraloría señala como intentos deliberados de saltarse la tramitación legislativa, porque a éstos no podríamos dar nuestro visto bueno sin tener claridad respecto de las responsabilidades que, según la autoridad, hay involucradas en esta materia.

He dicho.

El señor THAYER.-

Señor Presidente, sólo diré unas pocas palabras porque creo que el debate ha sido bastante exhaustivo y el señor Ministro estimará del caso referirse a las preguntas que le han formulado.

Por mi parte, quiero destacar lo siguiente. A mi juicio, ha habido consenso para no aceptar el procedimiento a que se recurrió y en cuanto a que la aprobación de este proyecto no implica sentar precedente alguno, por dos motivos fundamentales. En primer lugar, la absoluta confianza que el Senado tiene -creo que es el pensamiento unánime; por lo menos, muy claramente el mío- en la integridad moral y capacidad técnica del señor Ministro de Salud aquí presente. El error en que se haya incurrido que corresponde a un tema (lo he estudiado) que podrá merecer discusión, pero que, a mi juicio, ya no se justifica debe obviarse de la manera como se está proponiendo, pero repito sin sentar precedente, porque corresponde a una apreciación que se tiene respecto de la calidad moral del señor Ministro.

Y, en segundo lugar, debido a las actuales responsabilidades del señor Secretario de Estado, las iniciativas en trámite, tendientes a condonar y solucionar la situación existente, por ningún motivo deben ser detenidas o perturbadas mediante alguna acción de cualquier naturaleza.

Entiendo que la frase "para todos los efectos legales", que se agrega en el inciso segundo, cubre precisamente aspectos civiles, penales o administrativos. Y según los latos precedentes de la historia del Parlamento, no podría deducirse que la ampliación de una interpretación hiciera exigible que el proyecto se hubiera presentado previamente al Senado, y no como ha ocurrido con el que nos ocupa, que ingresó primero a la Cámara de Diputados.

La citada frase "para todos los efectos legales" ha sido utilizada en muchos proyectos. Está reiteradamente establecida. Por lo tanto, esta Alta Corporación tiene perfecto derecho a dejar constancia de que su ánimo es que la iniciativa cubra también los aspectos de carácter penal, si eventualmente fuera procedente.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-

Señor Presidente, pienso que cuando el Senador señor Ruiz-Esquide planteó que nos hallábamos ante un hecho discutible de la Administración, estaba todo dicho. Y la discusión sostenida, en la Sala no aleja las cosas del parámetro señalado por Su Señoría.

Aquí no estamos frente una situación irregular, ni menos dolosa o ilegal. Al contrario, se trata de un caso de interpretación donde, con razones, el Ministerio creyó que al actuar en cierto sentido se ajustaba a la legislación vigente.

Entonces, ¿qué ha ocurrido? El órgano encargado de velar por la legalidad de los actos de la Administración reparó lo obrado, y el señor Ministro, lejos de discutir tal decisión, se ha allanado a ella. De manera que hoy día se pretende sanear el problema en la misma forma como siempre se ha hecho.

Cuando se comete un error y debe subsanarse algo, se busca el camino adecuado. En esta ocasión corresponde dictar un proyecto de ley en los términos del enviado por el Ejecutivo , precisándolo con la indicación presentada por el Senador señor Lavandero. De ese modo, el acto del Ministerio de Salud quedará dentro de la legalidad. Y podríamos haber evitado una discusión, quizás interesante en algunos aspectos, pero demasiado amplia y con tantos matices, que la urgencia de resolver y superar la situación la hacían innecesaria.

En verdad, el señor Ministro ha dado explicaciones con creces, al responder a la Contraloría y aceptar sus observaciones. En ese sentido, nadie puede dudar de la forma como el Secretario de Estado, junto a otros funcionarios de la Cartera, han llevado adelante este asunto.

Pienso que, en definitiva, corresponde aprobar la iniciativa en debate, y que, para el futuro, éste y otros actos deben encuadrarse en la normativa en vigor, de acuerdo a lo señalado por el órgano contralor.

El señor LARRE.-

Señor Presidente , brevemente, sólo para clarificar un antecedente.

El Honorable señor Piñera informó que el costo anual en los servicios de salud públicos, por persona, era de 72 mil pesos. Y en el sistema de ISAPRES, por usuario, 69 mil pesos. Eso no significa que el costo por cada imponente sea de 69 mil pesos, como dio a entender un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra. La verdad es que siempre estamos hablando de usuario.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , votaré a favor del texto de la Comisión de Hacienda, al igual que la indicación.

En todo caso, deseo manifestar muy brevemente lo siguiente. Entiendo que en la Sala se hagan reclamos, porque es una buena oportunidad para criticar y objetar el desentendimiento con la Contraloría. Pero lo que no comprendo es que se bloquee un pago efectuado, ateniéndose a lo que, desde mi punto de vista -tengo los informes legales en mis manos-, constituye un procedimiento adecuado. En este sentido, pienso que el Ministerio de Salud tiene razón.

Planteada la discrepancia, deseo expresar que no hay nada irregular en esto y que, por lo tanto, rechazo las expresiones formuladas por un señor Senador, en orden a que habría un intento deliberado, un poder discrecional, en lo que dice relación a esta materia. En mi concepto, es una exageración absurda hablar de resquicios legales, en circunstancias de que en el pasado -se lo recuerdo a ese Honorable colega- se dictaron leyes secretas en Chile.

Por último, rechazo también el intento de vincular un asunto de esta naturaleza, que implica solamente un procedimiento, con la reforma al sistema de salud. Si somos serios, debemos ir al fondo de una discusión de este tipo, acerca de la cual el señor Ministro dijo que es un tema que el Gobierno está definiendo con el objeto de sostener un debate más profundo.

En consecuencia, me parecen importantes tanto el informe de la Comisión de Hacienda como la indicación del Senador señor Lavandero.

Voto que sí.

El señor COOPER.-

Señor Presidente , la Constitución Política de la República dispone claramente en su artículo 32, número 13°, que ésta es una materia de ley. Pero -así lo manifestó el señor Ministro , por un error, no se procedió a dictar una ley en forma previa al pago a los trabajadores de la salud.

Sin embargo, el objetivo justifica, con buena voluntad, la búsqueda de una solución.

Por eso, dejando establecido que esto no debe constituir un precedente, voto por la afirmativa.

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, tengo en mi poder antecedentes que indican las muchas veces que se han tomado decisiones legales posteriores a los pagos. Uno de ellos es la ley N° 18.959, publicada en el Diario Oficial de 24 de febrero de 1990, fecha anterior al inicio del régimen democrático, cuyo artículo dice: "Decláranse bien pagadas las indemnizaciones adicionales de seis meses de su última remuneración total, otorgadas durante 1989 a los trabajadores de la Caja Bancaria de Pensiones, cuyos contratos de trabajo fueron determinados por causas no imputables a los trabajadores.".

Hay numerosos otros ejemplos en los cuales podríamos abundar para señalar que no es primera vez que sucede algo semejante.

En consecuencia, voto a favor del informe de la Comisión de Hacienda.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente, resulta muy claro apoyar el informe y la indicación, si se tiene en cuenta lo expresado ahora en la Sala, en orden a que se pretende condonar las sumas de los trabajadores mediante el proyecto aprobado en la Comisión de Salud.

Conviene aclarar que éste no es un problema de política de salud, sino netamente administrativo y financiero. Aquí no se ha dicho que se va a otorgar más o menos salud; la idea es ver cómo se interpretará una decisión del Ministerio del ramo. De modo que, si queremos resolver ambos aspectos, debemos ser positivos y respaldar la iniciativa en los términos en que fue aprobada por la Comisión de Hacienda. Más aún, para un mejor entendimiento, y sin aludir a que su rechazo pudiera menoscabar esa circunstancia, soy partidario de que la claridad sea total, apoyando el texto de la Comisión de Hacienda y la indicación que formulé.

Voto que sí.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , ayer, cuando se dio cuenta del proyecto, solicité cambiar su urgencia. Pero no hubo apoyo de otros señores Senadores para ello. Por eso, cada vez que se nos presente el problema, debemos hacer el planteamiento en el momento oportuno, toda vez que no sacamos nada con hacer comentarios, cuando ya nos encontramos analizando la iniciativa.

En cuanto al apresuramiento a que aludieron en su intervención algunos Honorables colegas, debo expresar que no existe preocupación en la Contraloría -nadie nos ha informado de lo contrario- por los juicios de cuenta que ella analiza. Dicha entidad, hasta ahora, no ha tenido ninguna dificultad en seguir con la causa que se examina. Por lo tanto, el apuro no se deriva del hecho de que el organismo contralor esté con problemas y que tenga demasiados juicios pendientes.

No es conveniente que el Ministerio se haya paralizado por esta situación. Ciertamente, aunque el problema es bastante serio, no puede ser motivo para que se produzca una paralización de los servicios y para que nosotros tengamos que tratar, durante dos horas, no sólo el contenido del proyecto, sino también lo relativo a la modernización de la salud. Sin duda, es una materia interesante, pero me parece que ésta no es la oportunidad de analizarla.

El señor Ministro ha declarado lo considero un aspecto muy delicado que, a juicio de ellos estarían en lo correcto y que el reparo de la Contraloría General de la República no corresponde, porque los traspasos o transferencias -no sé cómo se llaman- son legítimos.

Debo señalar que hay un problema sumamente serio y grave con relación al proyecto que aumenta los sueldos de las Fuerzas Armadas. La situación de éstas es crítica; se arrastra desde hace años y en algún momento tendremos que considerarla. Señalo esto, porque ¿qué pensarían sus integrantes si en algunos Ministerios se considera correcto sacar recursos de un lugar y traspasarlos a otro organismo, en forma de emolumentos?

Estimo que es una situación muy delicada, y en ninguna parte de la iniciativa se conmina a corregirla.

Un señor Senador hizo referencia a problemas anteriores a 1990. Y en tal virtud, en la ley N° 16.604, de 1966, se consigna algo muy parecido, sólo que en otros términos. En dicho cuerpo legal se expresa: "Concédese amnistía", en fin, y que esa amnistía se extiende a la responsabilidad, etcétera.

Del proyecto en análisis, se deduce que la situación es grave y que se ha incurrido en un error. Respeto al señor Ministro ; y sé que está cumpliendo muy bien su tarea. Su dignidad y honradez no están en juego: pero, si hubo error, él no aparece en ninguna parte de la iniciativa sobre la cual nos estamos pronunciando.

Voto que sí, con las observaciones que formulé.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , voto favorablemente el informe de la Comisión de Hacienda; sin embargo, quiero dejar expresa constancia de que la indicación que se votará después es abiertamente inconstitucional. El artículo 62 de la Carta Fundamental dispone que las leyes sobre tributos deben tener origen en la Cámara de Diputados y que las leyes de amnistía e indultos sólo pueden iniciarse en el Senado.

Por lo tanto, si se pretende eximir a algunas personas de determinadas responsabilidades penales, pienso que estamos en presencia de una normativa que cae en esa categoría.

Más aún, para los efectos de que quede plena constancia en actas, conviene tener presente que el número 16) del artículo 60 de la Constitución establece "Las leyes que concedan indultos generales y amnistías requerirán siempre de quórum calificado.".

Por lo tanto, si votáramos esa indicación estaríamos obviando lo establecido en la Carta Fundamental en lo referente a la Cámara de origen. Además, requeriría de quórum especial.

Voto favorablemente el proyecto que propone el informe de la Comisión de Hacienda, y solicito que se declare inadmisible la indicación por abiertamente inconstitucional.

El señor RUIZ (don José).-

Señor Presidente, en primer lugar quiero clarificar que cuando se anunció la votación del proyecto, a mi juicio, hubo una pequeña confusión, porque se mencionó que existía una indicación, sin mencionarse si se iba a someter a votación.

Respecto de la iniciativa misma, deseo solicitar al Honorable señor Lavandero que retire su indicación, pues pienso que ella no aporta mucho más a lo consignado en el texto aprobado en la Comisión de Hacienda. Además, podría prestarse para una interpretación equivocada en la eventualidad de que ella fuese rechazada.

Por lo tanto, estimo conveniente retirarla, porque el proyecto, como viene de la Comisión de Hacienda, cumple plenamente su objetivo.

Voto a favor.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Señor Presidente, mi voto será favorable al proyecto de la Comisión de Hacienda. Anuncio desde ya que me pronunciaré en contra, o que me abstendré, respecto de la indicación presentada, por la simple razón de que es absolutamente innecesaria. El debate en la Comisión de Salud y en la de Hacienda, los testimonios que fueron entregados por cada uno de los señores Senadores y la razón expresa para la historia fidedigna de la ley, dicen que lo es. Si eventualmente, por distintas razones, el Senado llegase a rechazar dicha indicación, se produciría un conflicto de interpretación que me parece absolutamente perjudicial para los propios efectos que estamos tratando de crear.

Por lo anterior, anuncio mi voto en los términos que he señalado. Sin embargo, de manera muy breve, pues no deseo abusar del tiempo, quiero efectuar una rectificación de hecho respecto de algo señalado en la Sala en materia de cifras y que no deseo que quede en el aire, porque el debate sobre la salud global lo hemos tenido reiteradamente y no lo compartimos. No es que no existan políticas de salud ni que no haya propuestas; lo que sucede es que no compartimos una misma opinión, y ello es razonable.

Las cifras relativas al sector público en materia de salud son las siguientes: el gasto en el sector público o la inversión en salud, -como hoy se dice- para 10 millones 500 mil chilenos, es del orden de los 700 mil millones de pesos, lo que correspondería a la cifra señalada por el Senador señor Piñera , de 72 mil pesos por persona. Pero la inversión, el costo, el manejo, la gestación, en el sector institucionalizado privado, es del orden de los 640 mil millones de pesos.

El señor PIÑERA.-

No es así, señor Senador.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

No podemos sesgar la información de manera que quede registrada equivocadamente en el Senado. Si su Señoría señala que se debe a la inversión en los sectores bajos, es otra cosa; pero en esta Corporación quedó claro que de lo que se estaba hablando era de las inversiones tanto en el sector público como en el privado, y ellas arrojan, para los 3,5 millones de chilenos, la suma aproximada de 200 mil pesos por beneficiario, no por imponente. Por lo tanto, estamos triplicando la inversión en el sector privado.

En lo demás, creo que el debate ha sido agotado, y cuando interpreté a la Comisión de Salud, quise manifestar de la manera más legítima el pensamiento de cada uno de sus integrantes.

Voto a favor del proyecto propuesto por la Comisión de Hacienda, y anuncio mi abstención o voto en contra de la indicación, en la esperanza de que ella sea retirada.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente , al emitir mi voto, quiero aprovechar la oportunidad para rechazar las expresiones vertidas por determinados señores Senadores sobre presuntas irregularidades cometidas antes del régimen democrático.

En mi opinión, habría que realizar un análisis detallado de cada uno de esos casos que se mencionan muy de paso, pues estoy convencido de que en esta oportunidad también influyeron antecedentes valederos para adoptar la medida. Creo que no viene al caso hacerlo. Por eso, pienso que tales expresiones se encuentran fuera de tema. Intervenciones de este tipo siempre tratan en alguna forma de perjudicar la imagen del Gobierno Militar, y son expuestas por aquellos que predican la reconciliación, pero que no la practican, lamentablemente.

Ojalá la aprobación de este proyecto no constituya un precedente para otras irregularidades que se puedan presentar a futuro.

Voto que sí.

El señor SINCLAIR.-

Señor Presidente , me siento plenamente interpretado por las palabras del señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, respecto de las expresiones que vertiera un Honorable colega y que, aparte innecesarias, son muy lamentables. Pese a ello, quiero señalar que mi voto será favorable al proyecto de la Comisión de Hacienda, porque él busca resolver un problema generado por una situación anómala, que es de esperar no constituya un precedente.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , sin entrar al debate sobre el tema de la salud, quiero señalar que es claro que en el asunto en análisis hubo al menos un error de procedimiento que sienta un mal precedente, porque en el fondo obliga al Parlamento a realizar un pronunciamiento, sin alternativa, que en el hecho implica conceder al Ejecutivo más facultades que las que la Constitución le otorga.

Soy de las personas que tienen el mejor concepto del señor Ministro de Salud. Confío absolutamente en su buen proceder y comprendo los graves problemas a los cuales se encuentra abocado. Sin embargo, no comparto su punto de vista en cuanto a la necesidad de despacho inmediato de este proyecto, porque no se advierten los motivos para ello. El despacho inmediato habría sido procedente si se tratara de una ley sobre pagos.

En todo caso, la iniciativa ha dejado de manifiesto que por lo menos se da la ventaja de que existían algunos excedentes de recursos disponibles para pagos. Al respecto, creo que en todos nosotros hay conciencia de que el beneficio es para un personal que lo necesita encarecidamente. Por ello, no podemos sino ratificarlo, pero sin perjuicio de dejar constancia de que estimamos que el procedimiento no es el adecuado y que ojalá no nos veamos abocados en el futuro a igual cosa.

Voto afirmativamente.

Se aprueba en general el proyecto propuesto en el informe de la Comisión de Hacienda (35 votos contra uno).

Votaron por la afirmativa los señores Alessandri, Bitar, Carrera, Cooper, Díaz, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Hormazábal, Horvath, Lagos, Larraín, Larre, Lavandero, Letelier, Martin, Matta, Mc-Intyre, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Páez, Piñera, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Siebert, Sinclair, Sule, Thayer, Urenda, Valdés, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).

Votó por la negativa la señora Feliú.

El señor LAVANDERO.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente , un señor Senador ya se ha referido a que sólo se otorgará la condonación a los trabajadores de acuerdo con el informe de la Comisión de Salud. La indicación que presenté esta tarde obedece al propósito de que no exista ninguna duda. Si la Sala es de opinión de que el texto contenido en el informe de la Comisión de Hacienda cubre las responsabilidades civiles y penales, puedo confiar en ese criterio, unánime, y en la historia de la ley, para dar por retirada mi indicación, ya que se producirá el mismo efecto.

Queda retirada la indicación del Honorable señor Lavandero, y la discusión del proyecto, concluida en este trámite.