Labor Parlamentaria

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde ocuparse en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica los artículos 110 y 124 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de otorgar competencia a los tribunales de justicia que indica, para conocer de las infracciones a los tratados internacionales sobre protección y conservación de recursos hidrobiológicos, ratificados por Chile, cometidas en alta mar con naves chilenas. Cuenta con informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley: (moción del señor Mc-Intyre)

En primer trámite, sesión 18ª, en 17 de agosto de 1993.

Informe de Comisión:

Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, sesión 23a, en 2 de agosto de 1995.

Discusión:

Sesión 30ª, en 23 de agosto de 1995 (queda pendiente la discusión general).

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-

El informe deja constancia de que esta iniciativa se originó en moción del Senador señor Mc-Intyre; de las personas que concurrieron a las sesiones en que se analizó; de que la iniciativa es de artículo único, dividido en dos numerales, y de que se consultó al respecto a la Excelentísima Corte Suprema.

Finalmente, indica que, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Cantuarias, Mc-Intyre y Ruiz), acogió la iniciativa y recomienda a la Sala su aprobación, advirtiendo que requiere quórum de ley orgánica constitucional (26 señores Senadores).

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , éste es el proyecto que en la sesión anterior mencioné varias veces diciendo que habíamos solicitado el informe de la Corte Suprema y ésta había demorado dos años en entregarlo. Es cierto que hubo ese problema; pero hay que reconocer que el pronunciamiento del Máximo Tribunal se ajusta muy bien a la iniciativa.

Creo que siempre debemos respetar este trámite y escuchar la opinión de la Corte Suprema porque, dada la experiencia de sus miembros, su juicio es bastante razonable.

El proyecto se basa en denuncias formuladas por autoridades extranjeras con respecto a infracciones cometidas por buques pesqueros chilenos a los tratados sobre conservación de los recursos marinos, concretamente a las del Tratado para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos en zonas de la alta mar en el Atlántico Sur.

Me refiero a problemas que se presentaron hace dos años. En esa oportunidad, en dos casos la actuación de los tribunales de justicia chilenos fue disímil respecto del tratamiento de las denuncias que les fueron presentadas. En uno, el tribunal declaró su incompetencia para entrar a conocer de la infracción, en razón de que el tratado invocado no señalaba normas para determinar la jurisdicción encargada de sancionar los hechos violatorios. En otro caso, el tribunal ante el cual se formuló la denuncia aceptó conocer de ella argumentando que la legislación chilena encarga al Estado vigilar las operaciones pesqueras con naves nacionales que puedan afectar las normas de los tratados aprobados por Chile.

Es conveniente recalcar -porque se trata de un concepto que repetiremos luego- que la tendencia en materia de convenciones sobre conservación de recursos hidrobiológicos en la alta mar, es la de remitir a los Estados signatarios el juzgamiento de las infracciones a sus disposiciones que se cometan con naves de su pabellón. Éste es un principio que hemos adoptado, y más adelante mencionaré lo resuelto por la Comisión en esta materia.

Asimismo, se estableció expresamente que son competentes los tribunales chilenos para conocer de las infracciones en la alta mar, a cualquier tratado o convención sobre protección y conservación de los recursos hidrobiológicos en que estén involucradas naves chilenas, esto es, no sólo al Tratado para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, sino a cualquiera en que aquéllas estén involucradas.

Respecto a la segunda modificación contenida en el proyecto, se acordó dejar constancia en el informe de que ésta no debe interpretarse sino como la confirmación -esto es importante- de un concepto ya consignado en nuestra legislación, cual es el de atribuir jurisdicción a los tribunales chilenos en el juzgamiento de hechos que acaezcan en la alta mar con o en naves chilenas. Así, este precepto viene a reafirmar lo que en materia de crímenes y simples delitos establece el artículo 6°, N° 4, del Código Orgánico de Tribunales, esto es, que ellos quedan sometidos a la jurisdicción chilena cuando fueren cometidos en la alta mar a bordo de un buque chileno.

En el mismo sentido se pronunció la Corte Suprema al declarar que en la alta mar los buques quedan sometidos a la ley del Estado del pabellón, recogiendo de este modo la costumbre y jurisprudencia internacionales que al reconocer el principio de libertad en los mares ha defendido similar concepto.

En consecuencia, la Comisión estima que explicitar este principio en la Ley General de Pesca no es más que confirmar las facultades jurisdiccionales que siempre ha tenido el Estado de Chile respecto de las naves de su pabellón en la alta mar.

En el proyecto, además, se menciona como competente el juez civil de las ciudades de Arica, Iquique , Antofagasta, Chañaral , Coquimbo, Valparaíso , San Antonio , Talcahuano, Valdivia , Puerto Montt, Castro , Puerto Aisén, Punta Arenas o el de la Isla de Pascua.

Respecto de estos juzgados, se me ha hecho presente la conveniencia de agregar, mediante una indicación, que cuando exista más de uno asumirá el juzgado de turno.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión, y sugiero a la Sala que proceda en la misma forma.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , la competencia señalada de los juzgados de las diversas ciudades debe tener alguna relación geográfica con la matrícula de las naves. Porque una persona con matrícula de la nave en Punta Arenas no puede ser demandada ante el juzgado de Antofagasta .

Ésa es la consulta que quiero hacer al señor Senador informante del proyecto que nos ocupa. Porque así como está la iniciativa -dice que serán competentes todos esos juzgados-, no contiene una regla que fije la competencia de ninguno de ellos. De manera que este artículo no tiene aplicación alguna.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , el señor Senador tiene razón.

Cuando se estudió la materia se vio que donde se cometen estas infracciones es fundamentalmente en Punta Arenas. Y, entonces, deberíamos haber colocado esa ciudad.

Pero como en el futuro los tratados pueden ser más amplios y, además de ello, los buques que han estado pescando en esa área podrían recalar en otro puerto, se colocaron todos los puertos nacionales donde es factible realizar la correspondiente denuncia.

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente , sólo quiero agregar lo siguiente.

Creo que el espíritu de esta disposición es correcto y se ajusta a los tratados internacionales que Chile ha suscrito y a lo que históricamente ha sido la responsabilidad a bordo de naves que tienen el pabellón nacional y navegan en alta mar.

Propongo, aun cuando se trata de un proyecto de artículo único, aprobar en general la iniciativa, y dar un plazo para presentar indicaciones.

En lo personal, también tengo algunas ideas para mejorar su texto. Además, ello permitiría que Sus Señorías estudiaran a fondo la materia y propusieran las normas que lo perfeccionaran, entendiendo que tiene una intención, un objetivo, que es necesario establecer en la normativa vigente.

Por lo tanto, aparte las consultas formuladas, sugiero aprobar en general el proyecto y fijar plazo para presentar indicaciones, y así seguiríamos adelante en el despacho de la tabla.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , coincido con lo señalado por el Senador señor Díez .

Además, el N° 2 del artículo único del proyecto dice: "Si la infracción se cometiere y tuviere principio de ejecución", etcétera. Son dos cosas distintas, se puede cometer dentro de las aguas, o tener principio de ejecución.

Y aquí entramos a un problema que planteé en oportunidad anterior: la asesoría legal que deben prestar los Secretarios de Comisiones. Porque, obviamente, esta rectificación debió haberse hecho en la Comisión por su Secretaría. Y, al mismo tiempo, ésta debió haber informado sobre la situación jurídica procesal que se produce cuando se nombran juzgados de una gran cantidad de ciudades y no se da la norma para determinar cuál será el competente.

Si esto hubiera sido manejado por la Secretaría de la Comisión, hoy día podríamos haber aprobado en general y particular la iniciativa en debate.

Adhiero a que se dé plazo para formular indicaciones. Pero insisto en que los Secretarios de las Comisiones son responsables de estos vacíos legales, y no los Senadores.

El señor LETELIER .-

Señor Presidente , voto afirmativamente el proyecto en general. Sin embargo, opino que, si al final del inciso segundo se agregara la frase "según sea el puerto en el cual recale la nave, cometida que sea la infracción. En caso de haber varios tribunales en la ciudad, será competente el que se encuentre de turno.", se solucionaría el reparo del Honorable señor Díez .

El señor MARTIN .-

Señor Presidente , voto que sí, y apoyo la indicación recién propuesta. Ello porque es posible que en la ciudad haya más de un juzgado de letras, por lo que es necesario que se agregue la frase relativa a la competencia del juzgado de turno, si es que lo hay.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , adhiero a la modificación propuesta por el Honorable señor Letelier .

Estoy en favor de la idea de legislar; y creo que, para hacer más rápido el trámite legislativo, podríamos votarla inmediatamente después de aprobar en general el proyecto. Así, éste quedaría despachado en general y en particular en esta sesión.

Voto que sí.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , considero que el proyecto es muy positivo, pues afirma la defensa de nuestros recursos naturales y, además, delega en tribunales tanto de Arica como de Iquique, la posibilidad de actuar, lo que a mi juicio también constituye un paso hacia la descentralización.

Voto que sí.

-Se aprueba en general el proyecto (31 votos a favor), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum requerido.

Votaron por la afirmativa los señores Alessandri, Bitar, Cooper, Díaz, Díez, Errázuriz, Fernández, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Lagos, Larre, Lavandero, Letelier, Martin, Matta, Mc-Intyre, Muñoz Barra, Otero, Pérez, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Siebert, Sule, Thayer, Urenda, Valdés, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).

El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-

La indicación suscrita por el Honorable señor Letelier propone sustituir la "y" que sigue a la frase "Si la infracción se cometiere", por "o"; y agregar, al final del mismo inciso, lo siguiente: "según sea el puerto en que recale la nave después de cometida la infracción. En caso de existir varios tribunales en la ciudad, será competente el que esté de turno.".

El señor VALDÉS (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Si no hay observaciones, podría acogerse la indicación con el mismo quórum con que se aprobó la iniciativa en general.

-Se aprueba la indicación con la misma votación anterior, y queda despachado el proyecto.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Corresponde ocuparse en el proyecto que crea los Fondos de Inversión Internacional.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 18a, en 18 de julio de 1995.

Informe de Comisión:

Hacienda, sesión 31a, en 5 de septiembre de 1995.

El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-

La iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional; fue informada por la Comisión de Hacienda, y tuvo su origen en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República .

La Comisión la aprobó en general por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Lavandero ( Presidente ), Romero y Andrés Zaldívar.

El proyecto consta de tres artículos. El primero de ellos está dividido en ocho numerales; el segundo, en cuatro, y el tercero, en tres. La mayoría de las disposiciones fue aprobada unánimemente, y la Comisión, con la asistencia de los Honorables señores Lavandero ( Presidente ), Errázuriz, Ominami, Piñera, Romero y Andrés Zaldívar, propone a la Sala aprobarlo en igual forma, en los términos en que lo propone en su informe.

Hace notar que el artículo 2° requiere de quórum calificado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19, número 18°, de la Constitución, por tratarse de un asunto atinente a seguridad social; y que el número 4 del artículo 1° tiene rango de ley orgánica constitucional, como lo preceptúa el artículo 97 de la Carta, por referirse a atribuciones del Banco Central.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En la discusión general,

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , el proyecto se inserta en lo que han sido las reformas financieras realizadas en el ultimo tiempo sobre mercado de capitales y tiene por objeto captar recursos en el exterior.

En la Comisión de Hacienda le dimos aprobación por unanimidad, estimando que es un nuevo avance en la forma de captar recursos para proyectos específicos a través de fondos de inversión que realicen inversiones en el extranjero.

De ser aprobado en general el proyecto, podría fijarse un plazo para presentar indicaciones. Desde la perspectiva del país, como apertura a los mercados internacionales de crédito, o a la captación de recursos, es una legislación que va a agilizar el mercado de capitales.

Hubo unanimidad para aprobarlo entre todos los Parlamentarios que concurrimos a la Comisión.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , a lo dicho por el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, hay que agregar que, en su esencia, la iniciativa implica la internacionalización de los fondos de inversión. Ello permitirá al país sacar recursos de aquellos que aparecen como excedentes y que presionan sobre nuestras cuentas internas, deprimiendo el tipo de cambio para los efectos de hacer inversiones afuera, pero debidamente dispersadas. En la práctica, deberá haber al menos dos y media empresas por cada fondo, de manera que las inversiones se encuentren dispersas, sin posibilidades de concentración, a fin de que el riesgo también se halle disperso.

Se trata de un tema técnico, debidamente analizado por la Comisión, estudiado por el Ejecutivo, visto por las distintas personas e instituciones interesadas en él, y que ha concitado la unanimidad. Por lo tanto, me permito solicitar a la Sala que apruebe la iniciativa.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-

Señor Presidente, apruebo el proyecto por varias razones, pero, fundamentalmente, por aquella que expresaron los dos Senadores que plantearon sus puntos de vista durante el debate.

Me parece de real interés la diversificación, por todo lo que ella significa para evitar riesgos a los trabajadores que tienen depositados sus ahorros previsionales en estos fondos de inversión.

Asimismo, me parece importante modernizar la legislación, que debe ir acorde con las modificaciones que el país viene introduciendo a su economía y, en especial, a esta actividad tan fundamental para el desarrollo.

-Se aprueba en general el proyecto (30 votos afirmativos).

Votaron por la afirmativa los señores Alessandri, Cantuarias, Cooper, Díaz, Errázuriz, Fernández, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Lagos, Larraín, Larre, Lavandero, Letelier, Martin, Mc-Intyre, Páez, Pérez, Ríos, Romero, Ruiz-Esquide, Siebert, Sule, Thayer, Urenda, Valdés, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).

El señor VALDÉS (Presidente).-

Sugiero como plazo para formular indicaciones el martes 7 de noviembre, a las 18.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que sustituye las expresiones "sueldos vitales" por "ingresos mínimos" en los artículos que señala del Código Penal, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 1a, en 4 de octubre de 1994.

Informe de Comisión:

Constitución, sesión 34a, en 12 de septiembre de 1995.

El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-

El proyecto fue iniciado en moción de los Diputados señores Elgueta, Ojeda, Ortiz, Sabag y Seguel y varios otros ex Diputados.

La Comisión lo aprobó en general por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores Fernández, Hamilton, Larraín, Otero y Sule, y le introdujo diversas modificaciones que fueron acordadas en la misma forma.

En consecuencia, recomienda a la Sala aprobar el proyecto, con las enmiendas que se consignan entre las páginas 78 a 106 de su informe.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En la discusión general,

El señor URENDA.-

La suma es engañosa, pues dice: "sustituye las expresiones sueldos vitales por ingresos mínimos". De lo poco que he leído del proyecto, entiendo que habría una adaptación de los valores existentes en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal por otros nuevos. No se trataría de un simple traspaso aritmético, sino que habría normas con una finalidad distinta.

Me gustaría que el Presidente de la Comisión o alguno de sus miembros precisara si se trata de una mera operación aritmética, que no justificaría las 126 páginas del informe, o de una apreciación más valórica para determinar si un hecho es falta o delito. Indudablemente, las penas asignadas en sueldos vitales, no significan mucho.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , pienso que el Senador señor Otero , como Presidente de la Comisión de Constitución , debiera informarnos sobre la materia.

El primer lugar, deseo señalar, respecto a la extensión del informe, que son muchas las disposiciones sujetas a modificaciones, y cada una de ellas ocupa espacio físico. De esta manera, resulta un texto largo.

En segundo término, las enmiendas propuestas son razonables, ya que el sueldo vital no constituye un adecuado referente económico para la legislación actual, como sí ocurría en el pasado. En cambio, el ingreso mínimo sí lo es.

Estimo que el Senador señor Otero , como Presidente de la Comisión , podría especificar si ha habido alzas desmesuradas en esta materia, pues, al revisar el informe, me doy cuenta de que no es así.

En tal sentido, pienso que debemos aprobar este proyecto, con el objeto de ponernos al día y no mantener una escala de multas en sueldos vitales, lo cual es un parámetro obsoleto.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , este proyecto tuvo su origen en la Cámara de Diputados y tiene por objeto iniciar un cambio en la cuantía de las multas, para uniformar las que se contemplan en el Código Penal, pues se generaba anarquía al existir distintas medidas dentro del aludido cuerpo legal.

Asimismo, cuando esta iniciativa llegó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, se consultó la opinión del Gobierno, quien señaló que prefería -así lo sugirió la señora Ministra de Justicia , con quien habríamos contado para el debate del proyecto si no se hubiese alterado el orden de la tabla- uniformar la escala de multas en unidades tributarias mensuales.

La Comisión mantuvo la escala elaborada por la Cámara de Diputados y, al realizarse algunas modificaciones, se invitó a los señores Diputados autores de la iniciativa, quienes se mostraron de acuerdo con los cambios propuestos por dicho órgano técnico.

Este proyecto, además de modificar los límites mínimos y máximos para determinar si se trata de falta o de delito, establece dos aspectos fundamentales.

En primer lugar, después de conocer informes favorables de profesores de Derecho Penal, de Facultades de Derecho y del propio Gobierno, se eleva el umbral de los delitos de hurto, de estafa y de daños por incendio. En ese sentido, hoy en día un hurto de 10 mil pesos conforma un proceso que va a un juzgado del crimen. Eso significa que un juez letrado tiene que abrir un proceso con todas las consecuencias del caso, una de las cuales es facilitar la impunidad, puesto que la mayor parte de los hurtos son inferiores a 100 mil pesos.

¿Qué hizo la Comisión? Por unanimidad señaló que un hurto de hasta 100 mil pesos no es delito, sino falta. Por consiguiente, se envía al juzgado de policía local, pero, además, había que adecuar el procedimiento de este tribunal para que el trámite fuera realmente efectivo y expedito. Así, por ejemplo, cuando una persona reconoce ante el juez su culpabilidad, porque ha sido sorprendida "in fraganti" en un tipo de hurto de menos de 100 mil pesos y está acreditada la existencia de la falta, el magistrado podrá dictar inmediatamente la sentencia respectiva, concluyendo un proceso cuyo trámite podría llevar años en un juzgado de letras de mayor cuantía.

De la misma manera, hay una diferencia fundamental entre el procedimiento de falta en el Código de Procedimiento Penal y el preceptuado en la ley N° 18.287, que establece procedimientos ante los juzgados de policía local. Jurídicamente, no es admisible que existan dos procedimientos de falta para tratar materias similares; hay ciertas faltas de las cuales debe conocer el juzgado de letras (que se han mantenido), y están aquellas de que conoce el juzgado de policía local.

La Comisión uniformó los procedimientos sobre faltas tanto en la ley N° 18.287, sobre procedimientos ante los juzgados de policía local, como en el Código de Procedimiento Penal y -repito- adecuó las cantidades para convertir en falta aquel hurto que actualmente constituye delito. Nadie duda de que hace veinte años, un hurto de 10 mil pesos era un delito serio; pero, hoy día, dicha acción no amerita calificación de delito, sino más bien se configura como falta, por lo cual debe ser vista por un juzgado de policía local.

Señor Presidente , sugiero que, como esta iniciativa se aprobó por unanimidad en la Comisión, con el visto bueno de la señora Ministra de Justicia y el informe favorable de todos los catedráticos consultados al respecto, se apruebe en general en la Sala, y se otorgue un plazo a los señores Senadores para presentar indicaciones, a fin de mejorar este proyecto, que plantea, por primera vez, una reforma en materia de procedimiento de falta (algo que posteriormente se intentará realizar en el Código Penal), es decir, que un juez, una vez establecida la existencia del delito y reconocida la participación punible del hechor, pueda inmediatamente aplicar la sanción.

También, hemos sustituido por multas las penas de presidio o de reclusión menor, en su grado mínimo, porque la tendencia moderna indica que, por los problemas que se generan, no es conveniente enviar una persona a la cárcel por treinta días, ya que lo importante es que reciba la sanción pecuniaria correspondiente cuando la falta ha sido, precisamente, un hurto de 50 mil pesos. En ese sentido, se ha establecido un mecanismo de sanciones y creo que, en la práctica, va a demostrar que se trata de una modificación muy importante que permitirá desatochar los juzgados del crimen; que impedirá que exista impunidad para estas faltas reiteradas que no pueden constituir delito, y que, al mismo tiempo, hará posible evitar que, cuando ellas se prueben, vaya gente a la cárcel por veinte o treinta días, con todos los problemas que ello implica.

He dicho.

-Se aprueba en general el proyecto, y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el martes 7 de noviembre a las 18.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que facilita las operaciones de los sistemas de financiamiento habitacional, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 9a, en 21 de junio de 1995.

Informe de Comisión:

Vivienda y Urbanismo, sesión 34a, en 12 de septiembre de 1995.

El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-

El informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, suscrito por el Honorable señor Diez ( Presidente ) y por los Senadores señores Frei (doña Carmen), Cooper, Frei (don Arturo) y Letelier, consigna los antecedentes legales y de hecho, y señala que durante la discusión general el proyecto fue aprobado por la unanimidad de sus miembros presentes, al igual que durante la discusión particular.

En consecuencia, la Comisión propone aprobar el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados, pero con las modificaciones que se consignan en el informe.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión general el proyecto.

El señor FREI (don Arturo) .-

Señor Presidente , este proyecto, iniciado en moción parlamentaria en la Cámara de Diputados, y contando con el patrocinio del Ejecutivo , tiene por objeto facilitar el acceso de los interesados a los diferentes sistemas de financiamiento habitacional, generando principalmente condiciones que se traduzcan en una rebaja en la tasa de interés que cobran los intermediarios financieros.

De esta manera, con la iniciativa se pretende homogeneizar las normas a que están sometidos los diferentes instrumentos que permiten acceder a una vivienda. En concreto, apunta a perfeccionar la normativa aplicable al otorgamiento de mutuos hipotecarios endosables, equiparando estos instrumentos a los créditos otorgados mediante la emisión de letras de crédito hipotecario.

El artículo 1° del proyecto obliga al notario interviniente en un contrato de mutuo hipotecario endosable, cuyo objeto sea financiar la adquisición de una vivienda, a otorgar copia autorizada de la escritura a las partes que lo requieran, de forma tal que se solucione el actual problema, en el sentido de que éstos carecen de título ejecutivo y de medios prueba adecuados para hacer valer los correspondientes derechos ante los tribunales de justicia.

El artículo 2° hace aplicable a los contratos de mutuos hipotecarios endosables, celebrados de conformidad a las disposiciones mencionadas, el procedimiento judicial para la ejecución forzada de las obligaciones por préstamos concedidos con emisión de letras de crédito, previstas en el decreto con fuerza de ley N° 252, de 1960.

De este modo, se intenta aplicar las mismas disposiciones a instituciones similares. Al disminuir el riesgo de este tipo de contratos, se hace posible generar las condiciones necesarias para una rebaja en la tasa de interés y, por ende, en el costo del crédito para el usuario final.

El artículo 3° señala que las obligaciones emanadas para el deudor de un contrato de mutuo hipotecario endosable podrán extinguirse por novación por cambio de deudor, siempre que el acreedor consienta expresamente en ella. Dicho consentimiento podrá ser solicitado a través de las instituciones que tenga a su cargo la administración del referido contrato.

Se reglamenta así una situación que en la práctica ha presentado dificultades, dada la interpretación que la autoridad administrativa hace de las normas aplicables a este tipo de contratos.

El artículo 4° de la iniciativa hace aplicable a los dividendos de préstamos hipotecarios otorgados con emisión de letras de crédito o mediante mutuos hipotecarios endosables, lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 19.281. De esta forma, al igual que los contratos de arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa, operará el sistema de descuento por planilla por el empleador, rigiéndose así esta materia por un mismo precepto.

El artículo 5° propone simplificar el proceso de escrituración de los contratos de mutuos hipotecarios endosables, de préstamos hipotecarios concedidos mediante la emisión de letras de crédito y los contratos de arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa, en orden a inscribir la citada escritura pública en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces respectivo, prescindiendo del trámite que el proyecto proponía ante la Superintendencia de Valores y Seguros.

El artículo 6° establece que se entenderán contenidas las cláusulas generales en el título que se presente para practicar las inscripciones pertinentes en los registros correspondientes del Conservador de Bienes Raíces.

Para estos efectos, el otorgante de la escritura de condiciones generales deberá enviar una copia autorizada de ella a cada Conservador de Bienes Raíces ante el cual necesite practicar alguna inscripción.

Tal como lo señalé, la iniciativa en estudio fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, y, fundamentalmente, viene a facilitar las operaciones de los sistemas de financiamiento habitacional.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento evacuó el informe que se le solicitó con respecto a estas cláusulas que se podrían hacer en general y que debían anotarse o inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces.

Es así como el informe de la Comisión de Constitución concuerda con la idea de disponer la inscripción de estas escrituras públicas en el Conservador de Bienes Raíces, teniendo presente que el Reglamento de su Registro Conservatorio , en su artículo 53, número 2, autoriza a inscribir cualquier acto o contrato cuya inscripción sea permitida por la ley.

Además, estimó que no hay razones que justifiquen la creación de un registro especial dentro del Conservador, sino que la inscripción debería efectuarse dentro de alguno de los existentes. En particular, consideró apropiado que estos instrumentos se inscriban en el Registro de Hipotecas y Gravámenes, a semejanza de lo que ocurre con los reglamentos de copropiedad contemplados en la Ley sobre Ventas de Pisos y Departamentos, los que también se entienden incorporados en los contratos respectivos.

De esta manera, en forma previa a la inscripción de una escritura de mutuo hipotecario endosable, por ejemplo, la institución otorgante deberá haber inscrito, en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, la escritura de cláusulas generales correspondiente, con el objeto de que en la escritura que suscriban las partes se haga expresa mención y referencia a esta inscripción.

En virtud de ello, la Comisión de Constitución estimó inoficiosas las reglas contenidas en los artículos 6° permanente y 2° transitorio de la iniciativa.

Al mismo tiempo, consideró conveniente que el Conservador mantenga en el Registro de Hipotecas y Gravámenes un índice separado, especial, destinado exclusivamente a facilitar la ubicación, por los usuarios, de las escrituras que contienen las cláusulas generales sobre los contratos que menciona el proyecto de ley.

Asimismo, propuso reemplazar diversos artículos, lo que -tengo entendido- fue acogido por la Comisión de Vivienda. De modo que en ese caso el proyecto presentado por la Comisión de Vivienda sería coincidente con la sugerencia formulada por la Comisión de Constitución.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , la Comisión de Vivienda y Urbanismo analizó el problema y propuso una solución que se compadece con nuestro régimen jurídico y permite el oportuno conocimiento de las correspondientes escrituras.

Sobre el particular, cabe destacar que la sugerencia de la Comisión fue aprobada por el Ministro del ramo. De manera que se trata de un proyecto con el cual el Gobierno está conforme.

En seguida, la Comisión de Vivienda, por tratarse de problemas legales que dicen relación con el Registro Conservatorio de Bienes Raíces , acordó someter este asunto a la consideración de la Comisión de Constitución. Este último organismo técnico, junto con considerar que la idea propuesta por la Comisión de Vivienda era adecuada, sugirió algunas modificaciones, las que fueron acogidas por ésta.

Asimismo, debo señalar que la iniciativa que hoy pende de la consideración del Senado cuenta con la aprobación expresa del Poder Ejecutivo y con la unanimidad de las Comisiones de Vivienda y de Constitución de la Corporación. Creemos que se trata de una solución fácil e inteligente para el problema que persigue resolver el proyecto.

Gracias, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Si le parece al Senado, se aprobará en general el proyecto.

Aprobado.

Como no se han presentado indicaciones ni se ha insinuado interés en hacerlo, quedaría también aprobado en particular.

Aprobado.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En seguida, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Cantuarias, Díez, Larraín, Romero y Urenda, que aumenta la edad mínima para contraer matrimonio, informado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley: (moción de los señores Cantuarias, Díez, Larraín, Romero y Urenda).

En primer trámite, sesión 29ª, en 1° de septiembre de 1994.

Informe de Comisión:

Constitución, sesión 1a, en 3 de octubre de 1995.

El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-

La Comisión, con la firma de los Honorables señores Otero ( Presidente ), Fernández, Hamilton, Larraín y Sule, deja constancia de que el proyecto fue informado favorablemente por la Excelentísima Corte Suprema, organismo al que se consultó en atención a que los artículos 2° y 5° versan sobre atribuciones de los tribunales de justicia.

Durante la discusión general, también se pidió informe al Servicio de Registro Civil e Identificación, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y al profesor señor Hernán Larraín Ríos. Todos los informes fueron favorables.

Sometido a votación el proyecto, se produjo un doble empate. Votaron por aprobarlo los Honorables señores Fernández y Larraín, y por rechazarlo, los Senadores señores Hamilton y Otero. Repetida la votación en la sesión siguiente, resultó rechazado por tres votos contra dos. Votaron en contra los Honorables señores Hamilton, Otero y Sule, y a favor, los Senadores señores Fernández y Larraín.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento propone rechazar la iniciativa de ley en informe.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión general el proyecto.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , el proyecto en análisis se relaciona con la idea del fortalecimiento de la institución familiar, la que, por lo demás, está consagrada en la Constitución Política del Estado. Si bien ello, en este caso, no es abordado mediante una normativa compleja y desarrollada, lo cierto es que se toca uno de los puntos que, en forma práctica y concreta, dicen relación con las inquietudes existentes frente a los fracasos matrimoniales.

Nuestra legislación permite hoy unirse en matrimonio a personas que apenas han llegado a la adolescencia, y que, por esta razón, difícilmente se encuentran en condiciones de madurez y de discreción de juicio para enfrentar con buen éxito las responsabilidades que genera el estado matrimonial.

La Ley de Matrimonio Civil, de 1884, dispone que no pueden contraer matrimonio "los impúberes", remitiéndose, así, a lo consignado en el artículo 26 del Código Civil, que determina la edad en la que, para la ley, se inicia la pubertad tanto en la mujer como en el varón, que son los 12 y los 14 años, respectivamente.

Debemos tener presente que esta restricción emana de otra época y costumbres culturales -fundamentalmente, del siglo pasado-, y, por sobre todo, acoge el tradicional criterio establecido por el entonces vigente Derecho Canónico. La canonística de la época estimaba que la capacidad para contraer matrimonio venía dada por la pubertad física, puesto que el objeto del matrimonio era la procreación. La presencia de la capacidad de engendrar y concebir era considerada el signo evidente de la capacidad consensual para concluir el acuerdo conyugal.

Tal visión, sin embargo, ha variado con el transcurso del tiempo y con el desarrollo de concepciones que han incorporado nuevos elementos, principalmente el de un mayor personalismo en la conformación de las relaciones conyugales. Se estima, así, que el matrimonio, en cuanto acto que traduce una entrega radical de la persona, supera los marcos estrechos en los que se mueve la teoría general de la contratación.

Parece obvio, en nuestros días, que no por el hecho de que un joven esté capacitado para engendrar y una joven para concebir tienen necesariamente la capacidad intelectual y volitiva para consentir en la donación personal que implica el vínculo matrimonial y para asumir las responsabilidades consecuentes. Se advierte, de esta forma, que los matrimonios contraídos por personas demasiado jóvenes corren un serio riesgo de fracasar y convertirse en fuente de discordia, resentimientos y frustraciones, situación que, como es lógico, no deja de repercutir en la configuración de la familia.

Es cierto que la edad promedio para contraer matrimonio ha subido en Chile en los últimos años. En 1982 era de 23,8 años, cifra que se elevó, en 1988, a 24,4. Sin embargo, los matrimonios de personas de corta edad siguen siendo numerosos. En 1982, de un total de 160 mil 230 matrimonios, 546 fueron de menores de 15 años. Las estadísticas muestran que de 1982 a 1988 se duplicó el porcentaje de menores de 20 años que se casaban.

Por otra parte, si examinamos la evolución de la legislación comparada contemporánea, podremos advertir que día tras día ella fija límites de edad superiores para contraer matrimonio. El Código Civil español, por ejemplo, lo permite sólo a los mayores de edad, vale decir,,a los que tienen 18 años, con excepción de aquellos a los cuales los padres conceden la emancipación y que no sean menores de 16 años. Igualmente, según el derecho italiano, sólo pueden casarse los mayores de 18 años, aunque el juez puede autorizar el matrimonio de menores de esa edad pero mayores de 16, cuando haya motivos graves. En Francia, se dispone que el varón debe cumplir 18 y la mujer 15 para casarse.

La tendencia a aumentar la edad requerida para estos efectos se ha dado también en las legislaciones americanas. En México, Bolivia y Venezuela, los límites de edad son 16 años para el varón y 14 para la mujer. En Brasil, se exigen 18 para los va-rones y 16 para las mujeres. En Perú, el Código Civil de 1984 determina que sólo con dispensa del juez puede casarse el mayor de 16 y la mayor de 14. El Código Civil argentino, después de la reforma de 1987, establece que únicamente los mayores de edad pueden casarse, y antes de esa edad ello procede solamente cuando lo autoricen los padres.

El mismo Derecho Canónico ha sufrido una evolución en esta materia. La canonística ha estimado que la pubertad biológica no es signo real de la capacidad para consentir en el matrimonio, y ya en 1917 se elevó la edad para contraerlo: a 16 años para los varones y a 14 para las mujeres, modificación que el Código de Derecho Canónico de 1983 mantuvo en vigor.

Podríamos también citar a tratadistas nacionales que han mostrado reservas acerca de este requisito, como don Luis Claro Solar, cuyos conceptos los consideramos incorporados en los planteamientos que hemos hecho.

De lo expuesto se desprende la necesidad de revisar el punto que nos ocupa, de manera de fortalecer la constitución de hogares que puedan ser perdurables en el tiempo. Para ello, se hace necesario exigir una edad correspondiente, que posibilite al individuo el comprender a cabalidad el compromiso personal que envuelve el matrimonio.

Pensamos que una buena solución es la de elevar el mínimo de edad para casarse, fijándolo en 16 años tanto para el varón como para la mujer. Por sobre este límite, y hasta la mayoría de edad, se mantendría el sistema en vigor, de manera de exigir para la licitud del matrimonio el asenso del padre o la madre, o de las demás personas, ascendientes todas, señaladas por los artículos 105 y siguientes del Código Civil.

Se ha pensado, asimismo, que para casos excepcionales podrían autorizarse matrimonios de personas que no cumplen con la edad mínima, pero siempre que hayan pasado a la pubertad. Sin embargo, se requerirá que, aparte de la autorización del juez, consientan en la unión las personas llamadas a asentir en el matrimonio de un menor de edad y que se acredite una causa justificada.

Del mismo modo, se ha estimado conveniente introducir la norma, existente en otros ordenamientos jurídicos, que prevé la convalidación del matrimonio en principio nulo por falta de la edad necesaria, si de hecho se ha llevado a cabo y la mujer ha concebido hijos de su marido. Parece razonable, en este caso excepcionalísimo, mantener el matrimonio, en atención al bien de los hijos.

En todo caso, rige la prescripción de un año para la acción de nulidad fundada en el impedimento anterior, de manera que, pasado ese plazo, contado desde que el o los menores han alcanzado la edad requerida, la unión conyugal resultará saneada por el transcurso del tiempo y caducará la acción de nulidad tanto para los cónyuges como para los ascendientes, ministerio público e interesados.

Por estas razones, hemos presentado el proyecto de ley, que, no obstante los argumentos expuestos, la mayoría de la Comisión no ha tenido a bien acoger. Sin embargo, podemos señalar que, consultado el Registro Civil , se mostró partidario de la iniciativa. En este sentido, el informe consigna que "el criterio del Servicio es coincidente con el proyecto, en lo relativo a aumentar el mínimo de edad para contraer matrimonio a 16 años tanto para hombres como para mujeres, por cuanto quien contrae matrimonio con tan poca edad no alcanza a comprender a cabalidad el alcance ni las proyecciones del compromiso que asume.".

Algunas de las objeciones aducidas para no concurrir a la aprobación del proyecto son, a mi juicio, perfectamente subsanables. Se critican ciertas imprecisiones del lenguaje y la posterior validación del matrimonio. Todo ello, si se aprobara en general la iniciativa y se diera plazo para la presentación de indicaciones, podría ser remediado con el aporte y trabajo de la Comisión.

Por tales consideraciones, pido aprobar en general el proyecto que acabo de comentar.

He dicho.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , opino que este proyecto toca un punto relevante, como lo es la diferenciación entre la presencia de la capacidad de engendrar, factor que tiene en cuenta la concepción tradicional, y lo que hoy se estima importante en el matrimonio, que es la presencia de la capacidad de constituir una familia sólida. Y las dos edades a las que se adquieren una y otra no tienen por qué coincidir.

En ese sentido, y si uno aprecia que, con el correr del tiempo, el promedio de vida útil y la esperanza de vida de las personas han ido aumentando, contraer matrimonio constituye una responsabilidad que puede extenderse por un tiempo muy prolongado y llegar a 60 y 70 años, por ejemplo. Además, el contraer matrimonio significa una decisión que demanda la capacidad y la responsabilidad económica de mantener un grupo familiar.

Por lo tanto, esta diferenciación entre la presencia de la capacidad de engendrar, de carácter biológico, y la de conformar una familia sólida tiene que reflejarse en la legislación moderna, la cual no puede considerar que es posible contraer matrimonio porque se tiene la capacidad de engendrar. El matrimonio es mucho más que eso. En ese sentido, estimo que se trata de una iniciativa útil.

Puede que, en la práctica, la norma que aumenta a 16 años la edad mínima para contraer matrimonio tenga poca influencia, ya que el número de enlaces con con-trayentes menores de esa edad es muy pequeño. Eso es cierto. Y también lo es que, en algunos casos, hay situaciones de embarazo sin vínculo conyugal, en las que, con la autorización de los padres y del juez, los jóvenes que desean unirse se casan, para que una criatura no nazca fuera del matrimonio.

Lo anterior, entonces, puede ser un caso de excepción. Pero, como criterio orientador de lo que debe ser la sociedad chilena y de la forma como deben constituirse los matrimonios, me parece conveniente el aumento de la edad mínima para celebrarlos. El Servicio de Registro Civil e Identificación también se inclina porque se aumente a 16 años la edad mínima para contraer matrimonio, tanto para hombres como para mujeres, porque a tan corta edad no se comprende a cabalidad el alcance ni las proyecciones de los compromisos que se asumen.

Por estas circunstancias, deseo expresar mi disposición favorable al proyecto, sin perjuicio de las enmiendas que se le puedan introducir en la discusión particular.

Estimo que las fundamentaciones del Honorable señor Larraín y lo expresado en cuanto a la legislación de otros países agregan elementos que apuntan en la misma dirección.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , en el informe de la Comisión se deja constancia de que "Los HH. Senadores señores Fernández , Hamilton y Otero juzgaron atendible la idea de elevar la edad mínima para contraer matrimonio, haciendo salvedad de que coincidían con la opinión expresada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, en orden a que es inadecuada la convalidación del matrimonio nulo por el hecho de que se conciba un hijo en común.".

La razón para rechazar la idea de legislar fue que la solución del proyecto no era tal, al ser entregada al juez la decisión acerca de una materia estrictamente familiar. Porque la verdad es que no se impide que los menores de 16 años se casen, sino que se les fija como requisito, aun cuando los padres estén de acuerdo, que obtengan la autorización del juez. O sea, estamos frente a una situación en la que la decisión del magistrado pasa a estar por sobre la de los padres.

En tal sentido, coincidiendo con la idea del Senador señor Larraín -que hallamos excelente- de aumentar la edad para contraer matrimonio, estimamos que esa solución no se daba en el texto del proyecto, porque los jóvenes podían casarse con el visto bueno del juez. Y nosotros pensamos que, cuando se trata de matrimonios, en ningún caso el magistrado puede estar por encima del criterio de los padres. Él interviene sólo cuando hay disenso. Pero si los padres aprueban el matrimonio, ¿cómo va a ser lógico que se deba concurrir ante el juez para que ratifique dicho consentimiento?

Respecto de esta última situación, todo el concepto del Código Civil está basado en el disenso. Cuando la negativa al matrimonio es irracional y carece de justificación, el juez puede suplir o cambiar la voluntad de los padres. Pero si existe esa voluntad, ¿por qué tendría la última palabra?

Por eso, dijimos: "Señor Senador, estamos totalmente de acuerdo con su idea, pero en el articulado que se nos propone no se halla la fórmula para impedir que los menores de 16 años se casen".

Si se estima que esta redacción es perfectible y el Honorable señor Larraín considera la presentación de indicaciones, no tengo ningún inconveniente en retirar mi voto en contra respecto de la idea de legislar, pero dejando constancia del por qué en la Comisión estimamos que el proyecto no solucionaba el problema.

Ahora, si aprobamos la idea de legislar, en cuanto a que el propósito es que no haya matrimonios de menores de 16 años -y aparte lo recién expresado por el Honorable señor Larraín en el sentido de que no se insistirá en la validación de un matrimonio nulo por ese hecho, que se llegue a celebrar al quedar la niña embarazada-, es obvio que estamos en condiciones de considerar indicaciones o nuevas proposiciones.

Dejo expresa constancia de que nuestro rechazo al proyecto no se debió a que discrepáramos de la intención del señor Senador , sino a que estimamos que su articulado no permitía lograr el objetivo perseguido.

He dicho.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , muy breve.

En primer lugar, felicito a los Parlamentarios autores de esta moción por ocuparse en uno de los problemas reales que enfrentan numerosas personas.

Indudablemente, votaré -y con mucho agrado- a favor, por tratarse de un tema importante y porque se corrigen situaciones excepcionales. Entre los antecedentes, se señala que el promedio de edad en que en Chile se contrae matrimonio es de 24 años, lo que me parece bastante interesante, pero no puede prescindirse del hecho de que en 1982 se registraron, según las estadísticas, cerca de 550 matrimonios de menores de 15 años.

Personalmente, me hacen fuerza las opiniones formuladas en su época por los señores Luis Claro Solar y Enrique Rossel Saavedra , quienes dieron argumentos bastante reales para representar que a los 14 años el varón y a los 12 la mujer ni siquiera se puede celebrar válidamente el más insignificante contrato que comprometa bienes y se carece tanto de un criterio macizo como de los medios económicos necesarios para contraer un vínculo indisoluble, e inclusive, para enfrentar situaciones de trabajo.

A mi juicio, tiene razón el Senador señor Otero respecto de sus aprensiones en cuanto a que la voluntad del juez pueda ser superior a la del padre. Porque podría suceder que éste desee que se efectúe el matrimonio y que el magistrado diga que no, o viceversa.

Estimo que deberíamos aprobar en general el proyecto y hacerle las correcciones pertinentes en la discusión particular. Por consiguiente, con mucho agrado, reitero que me pronunciaré favorablemente.

El señor FERNÁNDEZ .-

Señor Presidente , en la Comisión voté favorablemente, porque estimé que se trata de una iniciativa muy interesante, la que, además, se aviene con la mayoría de la legislación mundial en la materia.

Deseo hacer presente un aspecto relacionado con la normativa en vigencia. En la actualidad, el derecho de los padres para dar su asenso al matrimonio de los hijos corresponde a uno de los llamados "derechos absolutos". Es decir, el asenso o el disenso -en su caso- no está sujeto a la voluntad del juez. En el caso de que la autorización deba darla el curador o el Oficial del Registro Civil , la voluntad de uno y otro puede ser suplida, eventualmente, por la del juez, si existiere alguna dificultad. Pero cuando los padres niegan el derecho no hay posibilidad de recurrir al tribunal. Ésa es la situación actual.

Me parece que el proyecto es favorable y recoge una realidad, y que, además, soluciona problemas extraordinariamente graves, como los contenidos en los artículos relativos a la nulidad.

Por eso, en la oportunidad correspondiente, concurrí a la aprobación de la iniciativa, y estimo que ahora debería precederse de igual forma, sin perjuicio de las indicaciones que posteriormente se presenten para perfeccionarla.

La señora FREI (doña Carmen) .-

Señor Presidente , estoy por el rechazo de la iniciativa, porque concuerdo con la legislación actual. No encuentro necesario cambiarla, más aún cuando creo que dar esta facultad al juez para que esté por encima de los padres no parece adecuado.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , deseo reiterar que los dos Senadores del Partido Por la Democracia daremos nuestro voto favorable al proyecto; pero anuncio que vamos a presentar indicaciones tendientes a dar mayor preponderancia a la decisión del padre.

En ese sentido, recogemos también la inquietud de la Senadora señora Carmen Frei ; pero -repito- aprobaremos en general la iniciativa.

El señor ROMERO.-

Señor presidente , seré muy breve.

Éste es un proyecto que consideramos importante desde el punto de vista de la realidad social. No cabe la menor duda de que en la sociedad chilena existen hoy situaciones extraordinariamente serias en relación con la responsabilidad vinculada al matrimonio. Y por eso estimamos relevante el perfeccionamiento de esta iniciativa (la presentaremos en conjunto con el Honorable señor Larraín y otros señores Senadores), entre otras cosas para velar por la debida preponderancia de los padres de familia.

Por eso, voto que sí.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , votaré que sí nada más que con el objeto de permitir legislar sobre el tema específico de fijar 16 años como edad que da capacidad para contraer matrimonio; pero en el resto de las materias no concurriré con mi apoyo.

Las razones que se han dado para modificar la edad son atendibles y lógicas. Y es lo que está prevaleciendo en la legislación moderna.

Voto a favor.

-Se aprueba en general el proyecto (26 votos contra 6 y una abstención) y se fija como plazo para presentar indicaciones el miércoles 8 de noviembre, a las 16.

Votaron por la afirmativa los señores Alessandri, Bitar, Cantuarias, Cooper, Díez, Errázuriz, Feliú, Fernández, Horvarth, Huerta, Lagos, Larraín, Larre, Letelier, Martin, Mc-Intyre, Muñoz Barra, Pérez, Prat, Romero, Siebert, Thayer, Urenda, Valdés, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la negativa los señores Díaz, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Hamilton, Lavandero y Páez.

Se abstuvo el señor Matta.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En efecto, la indicación es para precisar que, en caso de existir varios tribunales, será competente el de turno, lo que ya está consignado en otra disposición de la misma ley. Entonces, parece redundante y habría que modificarlo. Y lo adecuado es hacerlo en la Comisión y no en la Sala, para estudiarlo con más detalle.

Si le parece a la Sala, el proyecto quedará aprobado en general y volverá al organismo técnico para el solo objeto de hacer concordantes sus disposiciones. Y podríamos estudiarlo en particular la semana próxima.

-Así se acuerda.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Son las 6 de la tarde. Conforme a lo solicitado, las Subcomisiones Especiales de Presupuestos pueden constituirse.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En seguida, corresponde tratar el proyecto de la Cámara de Diputados que modifica los artículos 48, 67 y 144 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, con informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 44ª, en 15 de marzo de 1995.

Informe de Comisión:

Intereses Marítimos, sesión 36ª, en 13 de septiembre de 1995.

El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).-

La iniciativa tuvo su origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República y consta de un artículo, dividido en tres letras.

La Comisión deja constancia en su informe de los diversos antecedentes que tuvo en consideración para el estudio del proyecto y de que aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Horvath, Lagos, Mc-Intyre y Ruiz De Giorgio.

Asimismo, propone acoger el texto de la Cámara de Diputados, con las modificaciones que indica, y hace presente que la letra C) del artículo único debe ser aprobada con quórum de ley orgánica constitucional, por incidir en atribuciones de los tribunales de justicia.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión general el proyecto.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , esta iniciativa, originada en un mensaje del Presidente de la República , es bastante interesante y dice relación al régimen de administración pesquera de las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, orientado especialmente a los pescadores artesanales. Vale decir, permite a las organizaciones constituidas por éstos acceder a la administración de tales recursos por períodos determinados y renovables, pero sin que ello derive en instituciones permanentes y transferibles, como sucede con las concesiones de acuicultura. Éste es un cambio importante que se introduce a la ley vigente, ya que el convenio de uso se extiende de dos a cuatro años y es renovable, no permanente ni transferible.

En las reuniones de la Comisión escuchamos a la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, cuyos representantes manifestaron su acuerdo con los términos en que se encuentra concebido el proyecto y coincidieron con el Ejecutivo en que resulta de mayor conveniencia entregar en uso a las organizaciones artesanales las áreas de manejo mediante resoluciones transitorias, de modo que no sean objeto de concesiones transferibles a terceros, por la naturaleza propia de las actividades que se realizan en ellas.

Uno de los aspectos interesantes que analizamos con respecto a la citada Confederación se refiere a la seriedad y madurez de sus integrantes, quienes asistieron a las sesiones de la Comisión acompañados de biólogos marinos y asesores legales con bastante expedición en la parte administrativa.

En cuanto al quórum, la Comisión de Pesca acordó señalar que la letra C) del artículo único es de carácter orgánico constitucional, en la medida en que "hace intervenir a los tribunales de justicia alterando las normas de procedimiento por la modalidad que impone en la notificación de las sentencias".

Por ese motivo, durante la tramitación del proyecto la Comisión ofició a la Corte Suprema para que emitiera su opinión sobre el particular, conforme lo ordena el artículo 74, inciso segundo, de la Constitución Política.

En cuanto a la iniciativa misma, el artículo 48 de la Ley General de Pesca dispone que, en lo concerniente a la franja costera de cinco millas y a las aguas terrestres e interiores, el Ministerio de Economía queda facultado para decretar diversas medidas o prohibiciones cautelares de los recursos hidrobiológicos.

La letra d) del referido precepto estatuye que entre las medidas autorizadas se encuentra la de establecer áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, a las cuales podrán optar las organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas. Además, impone al Servicio Nacional de Pesca el deber de solicitar al Ministerio de Defensa Nacional la destinación del espacio correspondiente al área proyectada. Y añade que, vencido el plazo del convenio de uso, las organizaciones beneficiarías quedan habilitadas para pedir una concesión de acuicultura que les per-mita continuar ejerciendo su actividades.

El inciso primero de la letra A) del artículo único del proyecto de la Cámara de Diputados contempla un régimen especial denominado "Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos".

El inciso segundo -tal como lo señalé- consigna que el convenio de uso será de hasta cuatro años y tendrá carácter renovable. La innovación más importante que introduce la iniciativa mediante esta norma se refiere a que el título jurídico que habilita a la organización para el uso del área de manejo no se podrá enajenar ni arrendar; y se prohíbe constituir a su respecto otros derechos en beneficio de terceros. Es un título jurídico que antes poseían.

En el inciso tercero se contempla que las áreas de manejo y explotación quedarán sujetas a las medidas de administración establecidas en el Párrafo 1° del Título II de la Ley General de Pesca y Acuicultura: vedas biológicas, prohibición de capturas temporales, fijación de cuotas anuales de captura y magnitud de la extracción.

El señor HORVATH.-

Sólo quiero destacar, como complemento de lo manifestado por el señor Presidente de la Comisión de Intereses Marítimos , Pesca y Acuicultura, que esta iniciativa modifica y perfecciona la ley vigente.

Ahora bien, las experiencias adelantadas habidas en el país, particularmente en la Tercera y Cuarta Regiones, demuestran que las organizaciones de pescadores artesanales, buzos mariscadores y algueros, al administrar una porción de nuestro mar en sectores donde han vivido por períodos históricos, han mejorado notablemente su situación socioeconómica. Digo esto porque, cuando se levantan las vedas, entra a competir gente de todo Chile. Y, al igual que en el ámbito político, la residencia también ha sido polémica en el área de los pescadores artesanales, quienes reclaman pertenecer a cierto sector. En definitiva, la referida administración les ha permitido mejorar en forma notable su situación general; incluso, contratar servicios profesionales, disponer el destino de sus recursos y protegerlos. En el fondo, se resguardan a sí mismos.

Por todo lo anterior, solicito que el proyecto sea aprobado en general.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , me parece que el proyecto en análisis apunta adecuadamente en el sentido de que los dueños de determinada área debidamente organizada, que son quienes capturan los peces dentro de ella, la cuidarán mejor que las personas que no lo son. En consecuencia, estimo que las especies bentónicas, que no se trasladan de un lado a otro, pueden ser protegidas por ellos. Esto, precisamente, constituye la base sobre la cual se concibió la actual Ley de Pesca.

Por lo tanto, quienes aprobaron esa legislación no pueden sino estar de acuerdo con el principio en que se sustenta el presente proyecto. De modo que solicito a la sala su aprobación general.

He dicho.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , me molesta tener que intervenir en problemas vinculados a la pesca y siempre defendiendo la Constitución.

El señor CANTUARIAS .-

¡No intervenga más, señor Senador ...!

El señor DÍEZ .-

Lo hago, Honorable colega, porque pienso que uno debe velar por la jerarquía de las disposiciones y ser muy cuidadoso con las modificaciones que la Constitución de 1980 introdujo en cuanto a los hábitos tradicionales de este país.

En tal virtud, llamo la atención hacia lo que dispone el artículo 19, número 16°, de la Carta Fundamental: "Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la. salubridad públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así. Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en éstos.".

Creo que el establecimiento de áreas que serán entregadas a asociados de pescadores, por muy importante que éstas sean, violenta la disposición constitucional a que he dado lectura. Por lo tanto, no puedo concurrir con mi voto a aprobar en general el proyecto, pues considero que estamos volviendo a lo anterior.

Aquí se trata de que puedan acceder a una misma área de manejo organizaciones de pescadores artesanales. Se exige afiliación a ellas para poder ejercer una actividad. En consecuencia, se está violentando el referido precepto de la Carta Fundamental.

Con mucho sentimiento, porque ello perturba la marcha de la iniciativa, formulo expresa reserva de constitucionalidad.

Mañana podrá tratarse de un sindicato de matronas, o de comerciantes, o de otra actividad. Hago la reserva en una materia que, de ordinario, contaría con mi simpatía.

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente , sólo deseo manifestar que este punto se halla recogido en la actual Ley de Pesca. Lo que se está haciendo ahora es adecuar dicha normativa a una situación nueva, porque en la forma como se encuentra concebida resulta inoperante. Por eso, se pretende modificar la legislación vigente, que contempla el régimen de administración de áreas de pesca costera en lo que dice relación a los pescadores artesanales.

A mi juicio, esta iniciativa apunta a la racionalidad para explotar recursos del mar.

Si hilamos muy fino y buscamos siempre en la Carta Fundamental alguna interpretación tendiente a impedir que explotemos nuestros recursos naturales de manera racional, posiblemente la vamos a encontrar. Sin embargo, se trata de aplicar, en el buen sentido, la Constitución, que exige también respeto y resguardo de los recursos naturales para ponerlos al servicio del conjunto de la comunidad. Y esta iniciativa constituye un instrumento adecuado para hacerlo, porque permite a quienes hoy están catalogados como pescadores artesanales participar organizadamente en la explotación de estos recursos y contribuye a evitar -como dijeron los Senadores señores Horvath y Mc-Intyre- lo que ocurre hoy, esto es, que no sólo hay una explotación irracional, sino que se burla la ley. Todos sabemos de la actual extracción de productos prohibidos durante la época de veda y no existe manera de controlarla. Con el sistema ahora propuesto serán los propios pescadores artesanales quienes tendrán la tuición sobre un área determinada y evitarán que se extraigan los recursos cuando no se cumpla con las normas establecidas en la ley.

Por lo tanto, llamo a los Honorables colegas a aprobar el proyecto, por estimarlo importante para resguardar los intereses de los pescadores artesanales y solucionar un problema relacionado incluso con el trabajo estable y permanente de sectores que hoy laboran sólo ocasionalmente.

De ahí, entonces, que, a mi juicio, más allá de alguna sutileza vinculada con la interpretación de la Constitución -que no viene al caso-, lo que aquí corresponde es aprobar un proyecto que ha sido debidamente estudiado por la Comisión respectiva.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , sólo deseo hacer una aclaración.

Este punto fue analizado en la Comisión durante el estudio de la Ley General de Pesca. Obviamente, en el país hay libertad para organizarse, y en este ámbito ocurrirá lo mismo -hago un símil, guardando las proporciones- que en las juntas de vecinos: si a alguien no le gusta una, forma otra.

En ese sentido, a mi juicio, no hay un reparo de índole constitucional. Al contrario, se trata de una norma consuetudinaria, que existe en el país y a la cual sólo estamos dando una formalidad para regular su acción social y el cuidado de los recursos.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , en forma muy breve quiero hacer una observación.

La Ley de Pesca expresamente diferenció entre las especies pelágicas y las que no lo son, esto es, entre aquellas sedentarias de las nómadas. Las primeras, como los moluscos que se hallan adheridos a un lugar, evidentemente deben ser cuidadas, y no pueden ser mejor protegidas que por las personas que allí viven, para quienes constituyen su alimento y su fuente de trabajo fundamental. El hecho de considerar que estas especies formen parte -por llamarlo así- del derecho de propiedad, constituido de la manera que se ha establecido en la Ley de Pesca, y de que los pescadores pueden organizarse para los efectos de cuidarlas, lejos de vulnerar el principio constitucional de la libre organización, lo está resguardando y regulando. En efecto, la regulación se logra en la medida que la iniciativa permite la licitación de esas áreas cada cuatro años. De manera que podría entrar al mismo espacio -regulado o resguardado- una nueva organización de pescadores que, a diferencia de la anterior, podría cuidar mejor dichas especies, por pagar más. Es decir, no se vulnera el derecho de propiedad, sino, por el contrario, se regula.

Por eso, éste es un proyecto que, si bien debe cumplir con los quórum correspondientes, en forma alguna infringe un precepto constitucional. Por el contrario, resguarda -y reafirma- el principio de que estas especies bentónicas, a diferencia de otras que -como las llamó un gran empresario pesquero- son "turistas" y hay que "cobrarles la cuenta" cuando pasan, deben ser protegidas para que aumenten y, en definitiva, prosperen, crezcan y produzcan la riqueza que requieren quienes viven de ellas.

He dicho.

El señor BITAR.-

Señor Presidente, voto a favor.

Creo que el proyecto ayuda, dentro de lo que es la Ley de Pesca, a una explotación racional y cuidadosa de nuestros recursos; facilita a los pescadores artesanales su labor, pero lo hace también en función del interés general y del resguardo de los recursos existentes en las cinco millas marítimas iniciales de nuestro territorio.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , voto que no, porque aquí no se trata de cuestión alguna relativa al derecho de propiedad ni a la protección de especies. Lo fundamental es que sólo podrán optar a ejercer una determinada actividad personas que pertenezcan a organizaciones, sindicatos o gremios. Es decir, no personas naturales, lo que contradice la Constitución Política de la República y significa un retroceso en el camino de la libertad, que nos ha costado mucho conseguir.

Aquí no se trata de defender ni de crear otra asociación, sino de establecer un principio. Si hay un pescador que no desea pertenecer al sindicato o a una asociación gremial, no puede ser privado de sus derechos. Y eso es lo que la Carta Fundamental protege. No el derecho de propiedad, sino la libertad de empresa y los derechos de las personas naturales.

Por esa razón, reitero formalmente mi objeción de inconstitucionalidad.

Voto que no.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , en relación con lo que acaba de señalar el Honorable colega que me antecedió, quiero expresar que eso es materia de indicación, porque no constituye el propósito central del proyecto. El objetivo principal es precisamente permitir que las organizaciones resguarden o cuiden los recursos, y ellas pueden estar formadas por un conjunto de individuos, que independientemente quieran proteger el recurso, o bien, por personas que se hayan agrupado en la forma que libremente resuelvan. Y ésa es más bien materia de una indicación que tienda a evitar que se produzca lo que el señor Senador señala, en el sentido de que puedan afectarse los derechos para ejercer una actividad lícita, como acontece en el caso que Su Señoría puso de ejemplo.

Por lo tanto, obviamente, esto debe favorecer tanto a las personas que libremente se organicen como a quienes prefieran trabajar en forma independiente, sin estar dentro de un sindicato, organización o agrupación.

En consecuencia, voto que sí.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente, en verdad, el tema no ha sido suficientemente debatido y tampoco he tenido todo el tiempo que hubiese deseado para interiorizarme debidamente del proyecto.

Considero que las observaciones hechas presentes por el Senador señor Díez son efectivas, en el sentido de que si limitamos una actividad sólo a un tipo de organización o de asociación, por una parte, excluyendo de ellas a personas, y por otra, agravamos esto con la intervención en esta materia de organismos de carácter administrativo, se configura una situación que claramente me despierta preocupación.

De igual forma, es efectivo -como señaló el Senador señor Horvath - que esto puede ser corregido por la vía de las indicaciones. Con todo, tengo inquietudes por el planteamiento de reserva constitucional que aquí se hizo presente, lo cual me hace pensar, por ahora, en la conveniencia de abstenerme.

Me abstengo.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , tal vez desde el punto de vista laboral son razonables las aprensiones del Senador señor Díez . Pero la iniciativa se refiere a un tipo bien particular de organizaciones artesanales, que siempre han tenido muchas dificultades para explotar recursos bentónicos: están aislados y con pocos sistemas logísticos de apoyo. Sin embargo, en los últimos años se han ido estructurando, y cuando la ley las califica como "organizaciones" es porque los pescadores han optado por vivir juntos en determinados lugares donde hay agua y alimentos; donde hay transportes, etcétera. Actualmente, existen decenas de organizaciones en estas condiciones; no estoy inventando nada nuevo.

Y lamento que no se haya interpretado correctamente el buen espíritu de la iniciativa, lo que ha impedido su amplía aceptación.

Voto que sí.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , junto con votar favorablemente, quiero señalar que las aprensiones del Senador señor Díez son atendibles, por lo cual nosotros presentaremos indicaciones para contribuir a flexibilizar esta materia.

No vemos que en el proyecto se excluya individualmente a los pescadores, sino que se refiere -tal como lo señalaba el Senador señor Mc-Intyre - a que si dos o más organizaciones de pescadores artesanales solicitan acceder a una misma área y todas cumplen con los requisitos exigidos por el reglamento, se preferirá a la que reúna el mayor número de pescadores de la caleta más próxima a dicha área.

Frente a la inquietud del Senador señor Díez de que la iniciativa postergará los intereses de los individuos, respetuosamente creo que es al revés, porque mediante este procedimiento legislativo se fomenta la capacidad empresarial de los pescadores, quienes, en forma individual prácticamente fracasarían en una economía de mercado y de capital tan fuerte como la que estamos viviendo. Es decir, la disposición robustece la capacidad empresarial de los pescadores.

Voto favorablemente, pero -reitero- considero atendibles las aprensiones del Senador señor Díez y, por ello, formularemos indicaciones para flexibilizar la iniciativa.

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente , este proyecto debe aprobarse con quórum calificado y, por la votación que ha ido recibiendo por parte de un grupo importante de Senadores, me temo que será rechazado en general.

Creo que se está cometiendo un error muy grave y voy a explicar por qué.

Se privará al Senado de debatir sobre la materia, porque, al desechar la idea de legislar, deberá formarse una comisión mixta, ya que la Cámara de Diputados lo aprobó. Y los mismos señores Senadores que hoy día están impidiendo la discusión, después reclamarán que no se pudo hacer un análisis a fondo.

Habría sido mucho más inteligente aprobar el proyecto en general, fijar un plazo para indicaciones y tratar de mejorarlo en la discusión particular.

Lamentablemente, la iniciativa sólo será discutida en la Cámara de Diputados, y finalmente nos enfrentaremos a una proposición de una comisión mixta. Desgraciadamente será así.

Además, creo que se está cometiendo otra equivocación, pues se está votando una materia sin entenderla, según lo que se ha expresado en la Sala: los que han votado negativamente hasta el momento no han entendido lo que estamos debatiendo. Entonces, habría sido más razonable, por último, pedir segunda discusión o cualquier otra solución, pero no, simplemente por una duda constitucional, impedir un debate a fondo sobre la materia.

Finalmente, señor Presidente , quiero plantear algo que también me parece muy importante. Como estamos discutiendo un proyecto que resuelve un problema, si se rechaza, la Ley de Pesca seguirá sin aplicación en cuanto a concesiones a pescadores artesanales. Es decir, los pescadores artesanales -quiero que lo sepan-, por una decisión equivocada de esta Corporación, van a ser privados de poder acceder a las áreas de manejo.

Dejo constancia de esto, señor Presidente.

Quisiera saber si reglamentariamente es posible pedir, a estas alturas del debate, segunda discusión o que el proyecto vuelva a Comisión.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-

Señor Presidente , en el ánimo de encontrar un acuerdo, quiero decir que, a pesar de que las aprensiones del Senador señor Díez tienen fundamento lógico desde el punto de vista jurídico, en el propio inciso primero del proyecto que se nos somete a consideración está la solución, pues la forma verbal rectora es "podrán". Por consiguiente, es facultativo para la autoridad otorgar o no las áreas solicitadas. En este sentido, perfectamente puede establecerse, con una mejor redacción, que personas naturales, siempre y cuando sean pescadores artesanales, puedan acceder con alguna preferencia a este bien que se les trata de entregar.

Así se superarían los inconvenientes.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Entonces, la iniciativa volvería a Comisión para un nuevo informe, teniendo presentes las observaciones formuladas.

-Por acuerdo de la Sala, se deja sin efecto la votación y se remite el proyecto a Comisión para un nuevo informe.