Labor Parlamentaria

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde seguir ocupándose en el proyecto de ley, en primer trámite, que modifica el régimen jurídico aplicable al sector de servicios sanitarios, con informe de las Comisiones de Economía y de Obras Públicas, unidas.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 62a., en 16 de mayo de 1995.

Informe de Comisión:

Economía y Obras Públicas, unidas, sesión 23a., en 12 de diciembre de 1995.

Discusión:

Sesiones 27ª, 28ª y 29ª en 9, 10 y 16 de enero de 1996 (queda pendiente la discusión general).

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

La lista de señores Senadores inscritos para intervenir se encuentra cerrada, porque ésta es la cuarta sesión que se dedica a la materia en estudio. En primer lugar se halla el Honorable señor Ruiz y después el Senador señor Andrés Zaldívar.

Solicito la autorización de la Sala para que ingrese al Hemiciclo, acompañando al señor Ministro de Economía , el Subsecretario subrogante de esa Cartera , señor Juan Manuel Cruz Sánchez.

Acordado.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Continúa la discusión general.

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente , estamos analizando un proyecto cuyo mensaje establece como objetivo el de que a través del mecanismo que se consagra llegue a lograrse, de aquí al año 2000, una cobertura de agua potable y alcantarillado de ciento por ciento en el sector urbano, y aumentar significativamente la cobertura de agua potable y el tratamiento de aguas servidas en el sector rural.

El texto en debate consta de ocho artículos: cuatro de ellos se refieren al marco regulador, y los otros cuatro, a las condiciones y resguardos para un sistema de privatización de las empresas sanitarias en manos del Estado.

La pregunta que uno se hace es la de si éste es un proyecto de privatización o no. Por mi parte, diría que es cierto que dispone un marco regulador y avanza sustantivamente respecto de lo que existe hoy en esta última materia. Sin embargo, no es menos cierto que contempla normas para privatizar y la autorización al Gobierno para proceder a ello. Y, por lo tanto, es un proyecto de privatización, contrariamente a lo que se ha dicho en esta Sala.

Por lo demás, el Presidente de la República , en numerosas oportunidades, ha expresado públicamente su intención de ir a la privatización de las empresas sanitarias de acuerdo con un programa o un cronograma que se va a establecer. Incluso, ha dicho públicamente que en el caso de ESVAL se debiera llegar pronto a esa medida.

La pregunta es si se justifica la privatización de las empresas sanitarias. Y aquí, entonces, se plantea una cuestión que creo que debiera analizarse más a fondo. Si para resolver el déficit en el sector urbano sólo falta, en lo relativo al agua potable, cubrir a 2,5 por ciento de la población, y a 14,6 de esta última en lo tocante a alcantarillado, ¿por qué privatizar las empresas de agua potable, cuando ya el Estado ha hecho un esfuerzo importante y Chile es, en América Latina, uno de los países que más han progresado en este rubro?

Si en algún sentido se ha justificado avanzar es en la cobertura de agua potable en el sector rural, lo que, según se ha anunciado por parte del Gobierno, va a continuar en manos del Estado. Y en el otro sector donde evidentemente importa avanzar, porque la cobertura urbana se extiende sólo a 18 por ciento, es en el tratamiento de aguas servidas. Pero aquí no existiría un problema de privatización, porque, en el fondo, las entidades o los organismos destinados a abordar esa tarea podrían ser las actuales empresas sanitarias, o bien, nuevas empresas --incluso, del sector privado--, para lo cual no se necesita una ley especial, porque no existen.

Por lo tanto, creo que los grandes recursos mencionados en esta discusión no se requieren para completar en el área urbana el 2,5 por ciento en la cobertura de agua potable o el 14,6 por ciento en la de alcantarillado. Los grandes recursos se requieren para el tratamiento de aguas servidas y para avanzar en materia de agua potable en el sector rural. Y, en definitiva, ello únicamente se reduce a los que se precisan para el tratamiento de aguas servidas, porque ya está claramente establecido que la situación en el sector rural va a continuar en manos del Estado.

¿Y quiénes carecen, en las ciudades, de agua potable o de alcantarillado? Los sectores más pobres de la población. La pregunta siguiente, entonces, es por qué se produce ese hecho. Digámoslo con toda claridad: en el caso de la gran mayoría de los afectados, no se debe a que no existan matrices en el sector donde viven, sino a que no cuentan con los recursos para conectarse. Es decir, cualquiera que sea el sistema de propiedad de las empresas que se establezca, esas personas van a seguir sin agua potable si alguien no las ayuda a pagar su conexión.

Considero que el tema de las prioridades debiera ir por otro lado. A mi juicio, el proyecto en debate tendría que haber sido sólo de regulación, asunto que reviste suma importancia para el país. Y eso, a diferencia de lo que pasó en lo relacionado con los sistemas eléctricos, en que se determinó un mecanismo regulador absolutamente insuficiente y se privatizaron prácticamente todas las empresas del sector, dejándose a la población en la indefensión. En lo atinente al agua potable, que también es un elemento de primera necesidad, debió haberse discutido un buen marco regulador. Y, si el Parlamento hubiera entregado un respaldo, si hubiera entregado un marco regulador absolutamente suficiente, dada la realidad actual, entonces pudo haberse pensado en privatizar algunas de las empresas de agua potable o, mejor aún, en buscar la manera de entregar en concesión, con inversiones, lo relativo al tratamiento de las aguas servidas.

Estimo que sería importante cambiar la estructura tarifaria eliminando, por ejemplo, los cargos fijos e incorporando las cantidades respectivas en el valor del metro cúbico de agua, de tal manera que los sectores más pobres se sintieran beneficiados con esta medida.

Sería importante, también, mejorar el monto y el número de los subsidios --que actualmente cubren sólo el 20 por ciento más pobre, en circunstancias de que se registra 38 por ciento de la población en condiciones de pobreza--, o establecer un nuevo mecanismo de subsidio, por ejemplo, para el consumo por debajo de los 20 metros cúbicos mensuales. Esto traería la ventaja de disminuir la burocracia administrativa que hoy implica la entrega del beneficio, así como las visitas de asistentes sociales a las personas o las familias que optan a este último, lo que muchas veces da lugar a entrevistas bastante humillantes. Y, por lo demás, se lograría un efecto importante, como es el ahorro del vital elemento, que cada vez es más escaso y más caro de producir. Es decir, creo que existen tareas concretas que debiéramos abordar.

Debiera mejorarse la eficiencia de las empresas sanitarias por la vía de tomar, entre otras, las siguientes medidas: cumplir con el compromiso que el Presidente contrajo públicamente de privilegiar la excelencia, por sobre la militancia, en los nombramientos en los cargos de gerentes y directores de las empresas sanitarias; hacer participar a los propios trabajadores en el proceso de reestructuración y mejoramiento de las empresas, incorporándolos al directorio de éstas, y actuar con el máximo rigor frente a irregularidades o a ineficiencias que dañen a la empresa y a los consumidores.

Y una palabra acerca de ESVAL. Se ha planteado la necesidad de privatizar ESVAL a raíz del escándalo que ha enfrentado con la cuestión del colector. Me parece que es un error muy grave enfocar este problema de esa forma. Porque lo que corresponde ante tal situación es facilitar las investigaciones pertinentes, para que se conozca toda la verdad de lo ocurrido al interior de ESVAL y para ver si ello justifica que los antecedentes sean remitidos a los tribunales de justicia, a fin de que quienes resulten responsables respondan de sus actos.

No me parece razonable avanzar en la privatización de una empresa en momentos en que su situación no es absolutamente clara. Primero, porque tiende a generar una imagen pública inadecuada, y segundo, porque el precio de una empresa cuestionada, indudablemente, no va a ser el más apropiado.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Ha concluido su tiempo, señor Senador.

El señor RUIZ (don José ).-

¿Me permite redondear la idea, para terminar, señor Presidente?

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Con mucho gusto, Su Señoría .

El señor RUIZ (don José ).-

Voy a decir únicamente que, por desgracia, la comunidad no ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre este particular. Habría sido muy interesante abrir un debate nacional, para que una materia de tanta importancia y trascendencia pudiera ser discutida, no sólo en los altos foros del país, sino también a nivel de la población.

Por último, anuncio que votaré en contra. Me pronunciaré negativamente porque, además del marco regulatorio, este proyecto envuelve una privatización, y estoy absolutamente en contra de las privatizaciones mientras no tengamos en el país una institucionalidad del todo democrática, donde la voluntad del pueblo se exprese, no sólo en las urnas, sino también en los organismos representativos llamados a legislar sobre estas materias; y asimismo, porque no existe posibilidad alguna de que mañana, cuando la comunidad descubra que el marco regulatorio es insuficiente, en el Parlamento haya garantías suficientes de que se aprobará una ley que entregue las herramientas necesarias para defender los derechos de los más pobres, que son quienes en este momento están pidiendo solución a sus problemas.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , sobre este tema ya hemos escuchado muy importantes intervenciones, y creo que cada señor Senador, desde su propia perspectiva, nos aporta juicios y criterios, aun cuando algunos puedan ser contradictorios con los nuestros.

Quiero iniciar mi intervención sobre el proyecto despejando un tema: qué han significado las empresas sanitarias en Chile y si es justificado o no el argumento que se da en el sentido de que la privatización debe hacerse según sea eficiente o no la empresa de la cual se trate.

Creo que es un criterio equivocado para determinar la privatización. Soy partidario de que, en general, el Estado no esté en el área de la producción en el mundo en que hoy vivimos --es diferente del que tuvimos hace 15, 20 ó 30 años--, donde aquél debe tener, ante todo, preferencia por la inversión social en áreas que muchas veces se hallan deprimidas y que no pueden ser respaldadas por actividades de los particulares.

Pero yo despejaría lo relativo a la eficiencia. Porque basta cualquier cifra que señalemos (aquí ya se han dado algunas). Las empresas sanitarias, tanto en el esquema anterior a 1987 como en el posterior, en que se constituyeron con carácter regional, han cumplido un objetivo con mucha eficiencia. En efecto, tienen una cobertura promedio de 95 por ciento respecto del agua potable en el área urbana y de 85 por ciento en materia de alcantarillado. Hay una deficiencia clara en cuanto a aguas servidas; pero, por supuesto, no se puede pretender cargar la responsabilidad a las empresas sanitarias, porque es un tema nuevo que recién se está empezando a afrontar en el país y en muchas partes del mundo.

Sin embargo, además de tener esa cobertura y de haber logrado cubrir el 73 por ciento en el área rural de concentración poblacional, desde el punto de vista de la rentabilidad --elemento que también se toma para medir la eficiencia--, las empresas sanitarias en su conjunto, de acuerdo con las cifras de 1994, poseen una tasa promedio de 7 por ciento. Sin duda, la rentabilidad de las empresas en cada Región es diferente. Pero, indiscutiblemente, en este caso lo lógico es tomar la rentabilidad promedio de todas las empresas administradas por el Estado.

Si comparamos la rentabilidad de estas empresas con lo que producen las del sector privado en la misma área, como las de Lo Castillo y Manquehue, observamos, por ejemplo, que la de esta última es inferior a la tasa promedio de las empresas sanitarias regionales (la de Lo Castillo, sí, es superior).

El otro argumento que he escuchado para justificar la privatización es lo ocurrido en ESVAL.

Insisto: estoy de acuerdo con el proyecto; pero no acepto tal raciocinio. Lo sucedido en dicha Empresa (coincidiendo con lo que dijo el Senador señor Ruiz De Giorgio ) constituye un mal elemento para proceder en tan corto plazo a la privatización, si acaso no se soluciona rápidamente el problema del colector y no se aclara todo lo relativo a la gestión. Creo que ahí, básicamente, ha habido una falla clara de administración, que podría, a lo mejor, haberse evitado con una administración como la actual o con una de carácter privado.

Con ese mismo argumento, señores Senadores, alguien podría también justificar la estatificación de una empresa privada que no es capaz de abastecer de agua potable a un sector importante de la población y que tiene uno de los mayores ingresos en Chile. No obstante, esa empresa, de larga trayectoria en la gestión privada, ha cometido en cuanto a sus fuentes de agua un gravísimo error de cálculo, que motiva que una parte importante del sector alto de Santiago carezca hoy del vital elemento.

Creo que ello no sería justificación para determinar la estatificación de dicha empresa: porque hoy es privada, cambiémosle el "status".

A mi juicio, tampoco es posible basarse en si la empresa ha sido eficiente o no. Porque en 1982, por ejemplo, frente a la crisis bancaria, sólo no estuvo en situación complicada el Banco del Estado, de administración estatal. Y entró en crisis la totalidad del sector financiero privado. Pero habría constituido un error gravísimo concluir que por esa razón era necesario cambiar el esquema de administración privada del sector financiero por uno de carácter estatal.

También se discute seriamente --por eso creo que tampoco es una materia susceptible de debatir en términos ideológicos-- que CODELCO debe ser privatizada porque de ese modo puede ser más eficiente en cuanto a lograr mayores márgenes de utilidad o rendimiento. Porque, si comparamos la totalidad de los ingresos que recibe el Fisco de parte de CODELCO --el año recién pasado, del orden de 1.700 millones de dólares-- con toda la producción de cobre del sector privado --que es equivalente, e incluso, en este momento, casi superior, a la de CODELCO--, veremos que dicho sector, por la vía tributaria, sólo aporta al Estado 150 a 180 millones de dólares.

Entonces, yo despejaría todos estos elementos.

¿Por qué estoy a favor del proyecto? En primer lugar, porque, a mi juicio, se trata de un área que, en un desarrollo progresivo y no inmediato --como lo dijo el Presidente de la República --, es posible transferir al sector privado tomando ciertos resguardos --también vienen en el proyecto--, como, por ejemplo, la regulación. Ésta, a mi entender, habría que dictarla de todas maneras. Porque si dispusiéramos de un buen sistema regulatorio, seguramente no sucedería lo que ocurre hoy en una empresa que otorga este tipo de servicio y podríamos evitar muchas dificultades que tienen las propias empresas estatales, incluso ESVAL .

Por lo tanto, el proyecto, en su primera fase, de regulación --según he escuchado a los propios técnicos--, constituye un avance muy positivo.

En segundo término, creo que la iniciativa es conveniente, porque establece, respecto de empresas de servicios que participan en un monopolio natural --aunque estén bajo administración estatal o privada--, un sistema tarifario que evita que tal característica pueda dar lugar a un abuso contra el consumidor.

Al respecto, se consagra un mecanismo regulatorio que permite fijar tarifas con rentabilidad razonable y proteger los intereses del consumidor, con una tasa de capital no inferior a 7 por ciento, con una base de 3,5 por ciento, equivalente a los valores de rentabilidad del Banco Central, más un margen adicional de 3 a 3,5 por ciento. Y, además, se establecía una norma (fue rechazada en las Comisiones unidas, y creo que habrá que insistir en ella) que limitaba a 5 por ciento real el alza de tarifas en cada período de fijación de éstas, lo cual también constituía una garantía para los usuarios del servicio. Y, aún más, en materia tarifaria se propone una serie de medidas que van a modificar la actual legislación, permitiendo una mejor gestión de las empresas.

Las Comisiones unidas rechazaron también un artículo del Ejecutivo que restringía en hasta 50 por ciento la posibilidad de propiedad de un controlador de las llamadas "Empresas Mayores" (en el caso de las Menores, el límite era de hasta dos empresas). En mi opinión, hay que insistir en esa norma, porque no es bueno ni conveniente que se produzca una acumulación de propiedad en empresas de esa magnitud.

El proyecto primitivo, además, consignaba una disposición (también tendremos que insistir en ella, pues fue modificada en las Comisiones unidas) que prohibía la concentración de propiedad, imposibilitando a una empresa concesionaria de otro servicio (por ejemplo, de electricidad) tener la concesión de un servicio sanitario. Al respecto, se dieron argumentos --no es un problema de tipo ideológico-- en el sentido de que se procura evitar los abusos que la concentración de poder puede provocar, sobre todo en lo relacionado con la urbanización o con las eventuales rentabilidades adicionales derivadas de manejar un sector privilegiado en virtud precisamente de la mencionada concentración.

Voy a terminar, señor Presidente, aunque me habría gustado seguir comentando otros puntos.

Por ejemplo, se rechazó el mecanismo sugerido para el financiamiento de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Ésta precisa ser fortalecida para los efectos de que la ley en proyecto sea eficiente en materia regulatoria. En las Comisiones unidas se desechó el cobro anual de 2 por ciento con un argumento que, a mi juicio, no tiene consistencia. Porque se dice que ese organismo debiera ser financiado con fondos generales de la nación. Creo que no es así. Me parece que el porcentaje aplicable a las tarifas facturadas permitirá a los usuarios sentirse protegidos por la regulación.

Por todas estas consideraciones, anuncio mi voto a favor de la idea de legislar, pues es un buen proyecto, que va a permitir al Estado liberar energías y recursos para destinarlos a la solución de otros graves problemas de orden social que existen en el país.

Tampoco comparto el argumento de que el Estado debe afrontar todo el gasto. Ciertamente, podría hacerlo, con fondos propios o con endeudamiento. Pero es preferible que los dineros así provenientes se destinen a otras áreas que hoy día enfrentan una gran emergencia.

He dicho.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , coincido con los señores Senadores que han manifestado su apoyo a esta iniciativa. Y creo que vale la pena señalar en este Hemiciclo algunos aspectos que muchas veces no son conocidos por la población.

En primer lugar, destaco el hecho de que Chile ha alcanzado altos niveles de atención a la población urbana en materia de agua potable y alcantarillado. La cobertura actual es de 97,5 por ciento en agua potable; 85,4 por ciento en alcantarillado, y casi 20 por ciento en tratamiento de aguas servidas.

Es importante consignar estos datos frente a los análisis un tanto pesimistas sobre cómo han funcionado algunas empresas del Estado.

Quiero recordar que en el Gobierno Militar, gracias a préstamos obtenidos fundamentalmente del BID, hubo un impulso importante en esta materia, el cual no se puede desconocer. Pero tampoco se puede desconocer que corresponde al Gobierno del Presidente Aylwin haber aumentado ese esfuerzo en términos tales que triplicó la inversión histórica del anterior Régimen al respecto. En el Gobierno del Presidente Pinochet se invirtieron 58 millones de dólares (1990), mientras en el del Presidente Aylwin , 168 millones (1994).

Es una pena --ya se ha señalado en la Sala-- que el problema de ESVAL haya opacado ante parte de la población este éxito sin precedentes y que permite asegurar para fines del siglo una cobertura urbana prácticamente del ciento por ciento.

Distinta es la situación en las zonas rurales concentradas, y con mayor razón, en las individuales. Pero esto tiene una razón. Porque cuando se dictó la legislación sanitaria --en el Gobierno anterior al del Presidente Patricio Aylwin --había el ánimo de privatizar las trece empresas regionales.

El de las aguas en el sector rural es uno de los problemas que deben resolverse antes de cualquier privatización.

En consecuencia, los Gobiernos de la Concertación, tanto el del Presidente Aylwin como el del Presidente Frei , han cuadruplicado el porcentaje del tratamiento de aguas servidas. Las grandes ciudades del norte han quedado libres del flagelo, y si no hubiese mediado el desastre del colector del Gran Valparaíso, ésta habría sido la primera ciudad grande del país en quedar saneada.

En este punto quiero hacer una referencia.

Santiago está sumamente atrasado y es donde se requieren las más fuertes inversiones --éste es uno de los motivos del proyecto--; porque se calcula que para todo el sector deben invertirse alrededor de mil millones de dólares en los próximos diez años.

Otro gran déficit de la legislación dictada entre los años 1988 y 1990 es que tampoco atiende el tema de las aguas lluvias, lo que también requiere cuantiosas inversiones.

En todo caso, ha quedado muy claro que es ajeno a las empresas de servicios sanitarios.

En efecto, sería muy absurdo mezclar las aguas servidas con las aguas lluvias, que son las más limpias de todas y a las cuales habría que hacerles tratamiento si se las mezclara con las contaminadas.

El avance en esta materia bajo los Gobiernos de la Concertación ha significado la plena implementación de la legislación pertinente, lo que no ha estado exento de dificultades de todo tipo.

El éxito se ha reflejado también en que el nivel sanitario del país permitió superar, con muy pocos casos, la amenaza del cólera y posibilitado disminuir significativamente otras enfermedades entéricas, como la hepatitis y el tifus.

Señores Senadores, toda la legislación que rige esta materia es modificada por el proyecto que comentamos.

Las leyes Nºs 18.777, 18.885 y 18.902 crearon las trece empresas regionales, dependientes de CORFO, y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, dependiente del MOP.

Ese último organismo no ha podido cumplir sus funciones cabalmente porque no está dotado de medios humanos y técnicos ni de recursos suficientes para su actividad.

Creo que es la materia donde habrá menos controversias para su aprobación, ya que la labor de dicho organismo es clave para la protección de los usuarios y para el funcionamiento de las empresas.

Para ello, en síntesis y sin perjuicio de lo que pueda decirse en la discusión particular respecto de las disposiciones mismas, en el proyecto se da a la Superintendencia nivel nacional, mediante la creación de oficinas regionales; se aumentan sus facultades para requerir informaciones; se incrementan las sanciones, y se crea un sistema para el financiamiento de sus funciones.

Además, la iniciativa se preocupa de que, por el plazo de dos años, las empresas sanitarias, hoy dependientes de CORFO, presten asesoría para los servicios de agua potable rural a través del MOP, tema cuya importancia social ya he destacado.

Si no se reforzaran en los términos señalados las facultades y funciones de la Superintendencia, todo el proceso de privatización podría verse enfrentado a las mismas dificultades que ha habido en otros sectores, como el eléctrico, donde hasta fue menester crear una Comisión Nacional de Energía con rango ministerial y que, sin embargo, sigue enfrentando deficiencias legislativas que limitan su acción.

A las modificaciones de los demás cuerpos legales nos iremos refiriendo en la discusión particular.

Empero, creo importante destacar algunas de las normas cuya aprobación al Partido Por la Democracia le parece de gran importancia.

Desde luego, el hecho de que los servicios sanitarios hayan sido estatales, primero a través del MOP y luego a través de las trece empresas regionales de CORFO, ha permitido una muy buena coordinación con el Ministerio de Vivienda y sus planes habitacionales.

Las modificaciones a la Ley de Servicios Sanitarios persiguen que no se pierda esa conexión.

No me parecen tan afortunadas las restricciones a la propiedad que se quieren introducir, pues la experiencia histórica de ellas indica que en la práctica siempre terminan siendo burladas.

Otro punto importante es que los derechos de aguas se mantendrán en manos del Estado.

La verdad es que aquí se está tratando de paliar un grave déficit en nuestra legislación de aguas. Está dicho que uno de los problemas de la humanidad como fruto del desarrollo son las carencias de agua dulce, que pueden afectar incluso a zonas no desérticas.

Respecto de las tarifas, el hecho de las empresas pasen al sector privado, evidentemente obliga a tomar una serie de medidas de perfeccionamiento para asegurar la transparencia del sistema y la protección de los usuarios.

Con relación a la propiedad de las empresas, lo que se pretende es una privatización parcial de ellas, o sea, transformarlas en sociedades mixtas, en que el Estado mantenga a lo menos un 35 por ciento de las acciones. Desgraciadamente, el país tiene bastante desconfianza acerca de estas limitaciones, por cuanto la experiencia histórica indica también que después vienen las presiones para la privatización total. De manera que, lamentablemente, la discusión sobre la privatización no terminará aquí. Me atrevo a vaticinar que el Senado conocerá de un nuevo proyecto de ley para derogar dicha limitación. Sin embargo, el Partido por la Democracia considera importante la mantención de las sociedades mixtas, ya que de esta manera el Estado, a través de los directores y de la información que se obtenga de las empresas, podrá orientar su acción en la materia. Señalo lo anterior porque, dígase lo que se diga, en el tema de los servicios sanitarios, como su nombre lo indica, hay envuelto un problema de salud pública, por lo cual el Estado no puede abandonar su función tutelar. Podrá no necesitarse la ejecución directa por el Estado; pero --como ha ocurrido en otros rubros, como el de la vivienda--, no puede abandonar su preocupación por el tema de los servicios sanitarios. Y ello, no sólo por lo que hemos manifestado sobre las futuras carencias de agua dulce, sino porque el agua es insustituible para el ser humano. Para todo el resto de los servicios públicos -- electricidad, gas, teléfono, etcétera--, hay sustitutos, o se puede vivir sin ellos. Pero cualquier carencia en el agua y en su disposición tras el consumo, crea un problema de salud pública y, además, económico. En efecto, de acuerdo con las normas de calidad internacional, en el comercio exterior se están aplicando restricciones por razones ecológicas y de tipo sanitario.

Por lo expuesto y a pesar de que los sectores proclives a la privatización continuarán con su presión para que se les venda el 35 por ciento que retendrá el Estado,...

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Advierto a Su Señoría que le queda un minuto.

El señor MUÑOZ BARRA.-

... estamos de acuerdo en que las empresas sanitarias sean mixtas, quizás por el plazo de unos 10 años, transcurrido el cual sea facultad del Presidente de la República decidir al respecto.

También nos parece positivo que los trabajadores tengan participación en la propiedad de ellas, como igualmente, que las regiones se beneficien con el producto de la privatización parcial de las respectivas empresas.

Concluyo anunciando que votaremos favorablemente el proyecto.

El señor OMINAMI.-

Señor Presidente , me parece que lo peor que podríamos hacer frente a esta situación, que afecta a un sector tan sensible y tan delicado, sería entrar en una discusión puramente ideológica sobre el tema. La intención de transformar este debate en una contraposición de principios teóricos generales no es una vía fecunda; tampoco lo es la contraposición de generalizaciones abusivas, y menos aún la contraposición de dogmas.

Si uno analiza lo ocurrido durante el último tiempo, tanto en el ámbito público como en el privado, se encuentra con casos muy destacables; pero, también, con otros sumamente lamentables, protagonizados por empresas públicas y por empresas privadas. Y, así como considero abusivo generalizar hacia el conjunto del sector público los deplorables hechos conocidos en ESVAL, pienso que sería incorrecto generalizar hacia el conjunto del sector privado lo acontecido con la Empresa de Agua Potable Lo Castillo.

Por lo tanto, debemos salirnos de la vía de la discusión puramente ideológica, o de las generalizaciones arbitrarias, y entrar a una cuestión que estimo clave: reconocer cuáles son las realidades que están de por medio. En ellas hay dos cuestiones fundamentales que deben ser consideradas: primero, el hecho de que, no obstante los avances que el país ha registrado en materia de cobertura, todavía tenemos serias insuficiencias en este campo. Se dice: "Chile ha avanzado mucho, porque en el sector urbano tenemos un 96-97 por ciento de abastecimiento de agua potable, y un 85 por ciento de interconexión de alcantarillado".

Quienes se encuentran en el 85 por ciento con cobertura de alcantarillado pueden tener una visión más bien optimista de las cosas. Sin embargo, también hay que mirar el asunto desde la perspectiva de quienes se hallan en el 15 por ciento que no posee ese servicio. Hay que saber lo que significa la existencia de comunidades rurales, de pequeñas comunas que carecen enteramente de alcantarillado. Hay que saber lo que significa para la gente vivir sin contar con este servicio. Da la impresión de que no se les proporcionan condiciones mínimas de dignidad. Basta imaginarse lo que implica, particularmente en verano, vivir sin alcantarillado. Éste es el punto más ilustrativo, más clarificador respecto de la situación de extrema pobreza que, desafortunadamente, subsiste en nuestro país.

Ésa es una primera realidad, que es fundamental tener en cuenta: el hecho de que todavía hay un importante camino por recorrer en materia de cobertura.

La segunda realidad que debemos tener presente, es que se trata de un servicio extraordinariamente sensible y de carácter monopólico. Sin duda, es el más básico de los servicios básicos; el más insustituible de los servicios públicos. Los pobres, por último, pueden reemplazar el gas por la leña; no tener teléfono; "colgarse" de la red de alumbrado público. Pero no pueden dejar de tener agua.

En consecuencia, se trata del más fundamental de los servicios públicos, y esto implica definir con claridad los objetivos que deben animar las políticas estatales en este campo. Dos son los más relevantes: primero, llegar a un ciento por ciento de cobertura (éste es el objetivo más obvio); y segundo, dotar al sector de un marco regulatorio destinado a prevenir los abusos.

Desde ese punto de vista, me parece un muy mal debate pretender definir la privatización como un objetivo de la política pública para el sector. Ése no es el tema. El tema es cómo llegar lo más rápido posible a un ciento por ciento de cobertura, y cómo proceder para tener un servicio en el cual no se cometan abusos. Estos son los objetivos básicos. Y si para concretarlos es necesario incorporar capital privado, posibilitemos esta incorporación, pero no como un objetivo en sí misma, sino en función de esos dos objetivos más trascendentes y fundamentales.

Los Senadores socialistas estimamos esencial dotar al sector de un apropiado marco regulatorio, que establezca con nitidez la obligación de interconexión; que garantice tarifas adecuadas; que proteja a los usuarios de un servicio de carácter monopólico, y que disponga de una buena capacidad de superintendencia.

Desde ese ángulo, resulta inevitable llamar la atención acerca de lo ocurrido en las Comisiones de Economía y de Obras Públicas, unidas. A mi juicio, es grave que se haya deteriorado el marco regulatorio contenido en el texto original propuesto por el Ejecutivo . Es peligroso que se haya eliminado la restricción para que otros operadores de servicios públicos puedan participar en el sector sanitario, porque ello abre paso a la posibilidad de que se constituya un monopolio urbano muy difícil de contrarrestar.

Asimismo, es inconveniente que se hayan debilitado las capacidades de superintendencia, toda vez que los mecanismos de financiamiento de la Superintendencia, que estaban planteados en la iniciativa, fueron rechazados por las Comisiones unidas.

En el mismo orden de cosas, es inquietante el debilitamiento del sistema --por así decir-- de doble contraloría que implica la mantención, por ley, de una participación minoritaria del Estado en las empresas. Espero que esta situación se rectifique, porque, para abrir paso a la participación de privados en el sector, es fundamental que exista un adecuado marco regulatorio.

Ésa es, en nuestra opinión, la finalidad primordial de la iniciativa. No estamos en presencia de un proyecto privatizador. La idea es dotar al país de un marco regulatorio destinado a aplicarse indistintamente a las empresas privadas o públicas. No puede ser que las empresas públicas funcionen al margen de un marco regulatorio que dé garantías a los usuarios de que se les prestará un servicio conveniente, con tarifas adecuadas y con posibilidad de reclamar por los abusos que se cometan.

En ese entendido, partiendo de la base de que aquí estamos dotando al sector sanitario de un adecuado marco regulatorio y de que la incorporación de privados a la propiedad de dichas empresas es una materia que debe ser vista con posterioridad, no en función de consideraciones ideológicas, sino de la identificación precisa de necesidades de inversión, anunció mi voto favorable al proyecto.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , a estas alturas de un debate bastante extenso, sólo deseo intervenir para precisar algunos planteamientos.

En primer término, creo de toda justicia manifestar que cualquier aproximación seria que se pretenda efectuar sobre la iniciativa, no podría en caso alguno omitir nuestra consideración de que ella es positiva, por cuanto persigue traspasar la propiedad de las empresas sanitarias a los particulares, lo cual --se quiera o no se quiera-- reconoce la ineficiencia del Estado para asumir esas tareas y se hace eco, también, de la perjudicial distracción que le significa, tanto de sus recursos como de sus misiones fundamentales, abordar esas materias como lo hizo en el pasado.

Por eso, no cabe la menor duda de que el proyecto representa un paso --aunque tímido-- hacia la modernización del Estado.

Lo válido de la iniciativa se afirma en la convicción subyacente de que, para lograr una mayor cobertura de los servicios sanitarios y un mejoramiento de su calidad, es necesario el traspaso a los privados de las respectivas empresas. Por lo mismo, es importante asumir que ello no obedece a una visión ideológica determinada, sino que al hecho de recoger la exitosa experiencia lograda por Chile --y no sólo por nuestro país-- en el desarrollo y mejoramiento de los principales servicios públicos, obtenido, en buena medida, a través de su traspaso al sector privado y al establecimiento de regulaciones técnicas que han permitido alcanzar un crecimiento alto y eficiente en cada uno de esos sectores.

Cabe recordar que en Chile, a partir de 1980, se evidenciaron profundos cambios estructurales en la organización de las empresas de servicio público, todos los cuales se orientaron a superar los déficit existentes, a descentralizarse y, al mismo tiempo, a acelerar el desarrollo de nuevos requerimientos. Dada la trascendencia de estos servicios para el progreso del país y su naturaleza monopólica, el desarrollo de ellos estuvo acompañado de un rol normativo del Estado. Este componente normativo, permitió asegurar a los clientes que las empresas de servicios públicos efectuaran sólo las inversiones más eficientes y que pudieran operar de acuerdo con los requerimientos técnicos que se precisaren. Lo anterior, ha sido un esquema general para el desarrollo de cada una de las áreas del servicio público, experimentándose, sin embargo, un dinamismo particular y diferente en cada una de éstas.

Analizando específicamente dos áreas del servicio público --la de distribución eléctrica y la de las sanitarias--, deduciremos que nos encontramos frente a dos estructuras similares, pero con distintos grados de evolución.

El área de servicios eléctricos, a partir de 1980, se caracterizó por una activa participación del sector privado, adoptando el Estado un rol normativo, de evaluación y de planificación de nuevos proyectos de desarrollo de generación y transmisión. Asimismo, y fruto del modelo aplicado, en la actualidad ya son más de 30 las empresas privadas de distribución a lo largo del país, que, en un esquema de concesión, operan con modalidades independientes entre sí, permitiendo a su vez la existencia de un sistema de competencia, que además les impone grados crecientes de eficiencia.

De esta forma, el desafío que se le propuso al país al inicio de la década de los 80 en el área eléctrica, permitió acelerar sostenidamente el desarrollo del sector en Chile, logrando tener en la actualidad un servicio confiable, oportuno y eficiente.

El desarrollo anterior produjo, entre los años 1980 y 1992, que la potencia instalada en el país creciera en más de 75 por ciento y el consumo aumentara en más de 90 por ciento, permitiendo superar los déficit proyectados y acelerar el crecimiento del sector eléctrico nacional. En este período, los recursos asociados a este proyecto superaron los 250 millones de dólares anuales, aumentando éstos a más de 500 millones de dólares durante 1993 y 1994, esperándose dedicar sumas similares en los próximos años, con lo que el déficit de energía en el futuro será prácticamente inexistente, más aún si se considera la entrada del gas natural al mercado nacional y la esperada privatización de Colbún.

Del mismo modo, y al igual que el sector eléctrico, el área de servicios sanitarios a nivel nacional ha experimentado durante los últimos 8 años importantes cambios estructurales. Sin embargo, con un marco legal similar al de distribución eléctrica, ha sostenido un desarrollo menos dinámico que el del sector eléctrico. En la actualidad, hay áreas de dichos servicios con importantes deficiencias, por falta de inversión y una gestión poco eficiente.

¿Dónde está la diferencia? No en la ideología, sino en la mayor o menor participación del sector privado; a mayor participación de éste, mayor éxito en la provisión del servicio público del caso. Ciertamente, esto no significa que sea un servicio perfecto. Y de tiempo en tiempo también podemos apreciar errores en las empresas privadas, como ha ocurrido ahora --aparentemente, pues todavía la última palabra no está dicha-- con el suministro de agua en el sector oriente de la Capital por parte de la empresa Lo Castillo. Por cierto, tampoco puede deducirse que el Banco del Estado, por ser una empresa pública y por no haber sufrido la crisis de 1983, puede funcionar bien. No podemos dejar de pensar qué haría dicha entidad bancaria si no manejara las cuentas fiscales que obligatoriamente deben mantener en ella los distintos servicios públicos. Creo que, de modificarse esta situación, variaría radicalmente su eficacia.

Sin embargo, hay viejos adoradores del Estado que creen que sólo cuando éste interviene de verdad se obtienen mayores beneficios sociales. La historia demuestra cada día con más claridad que ése ya no es el camino. Hay muchos --aquí veo al Ministro de Obras Públicas , don Ricardo Lagos -- que han llegado a la conclusión de que, para avanzar en materia vial, se requiere otorgar concesiones al sector privado para las obras respectivas, a fin de entregar al país la infraestructura que necesita.

Pero veamos lo que ha ocurrido en Chile en el ámbito de las sanitarias.

Hasta el año 1977, los servicios sanitarios eran de responsabilidad conjunta entre diversos organismos municipales, ministeriales y de planeamiento, lo cual significó una duplicidad de funciones, falta de coordinación y, en definitiva, un significativo estancamiento en el desarrollo del sector. Para superar lo anterior, ese año se crearon el Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS) y dos empresas autónomas, EMOS Y ESVAL .

SENDOS permitió un crecimiento paulatino del sector sanitario. Sin embargo, no pudo sobrellevar la grave incompatibilidad de ser una entidad estatal que cumplía al mismo tiempo roles fiscalizadores, normativos y ejecutores. Esta incompatibilidad de funciones llevó, hacia fines de 1980, a separar en dicho Servicio las funciones ejecutoras de aquellas normativas y fiscalizadoras, creándose la Superintendencia de Servicios Sanitarios y las actuales empresas regionales de aguas, además de transformar EMOS Y ESVAL en sociedades anónimas, todas las cuales son aún de propiedad del Estado de Chile. De esta forma, el Estado buscó independizar las labores de operación de aquellas de fiscalización y normalización, y acelerar el desarrollo del sector.

En cierta medida, ese cambio estructural permitió a las empresas operar en forma más independiente, pero manteniéndose el problema de la dependencia entre el organismo fiscalizador, el operador y el presupuestario. Así, se volvían a contraponer las labores de regulación con las de operación, y no se permitía que las empresas optimizaran sus inversiones y decisiones por no contar con independencia para obtener los recursos requeridos y materializar sus resoluciones en forma autónoma.

Sin perjuicio de reconocer los grandes beneficios de los cambios estructurales efectuados en el sector sanitario, cabe subrayar que no se potenciaron todas las ventajas que ellos permitían.

Fruto de esta situación, en la actualidad las empresas sanitarias se encuentran con niveles de gastos superiores a los óptimos, desarrollando inversiones que no optimizan recursos a los usuarios,...

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Le queda un minuto, señor Senador.

El señor LARRAÍN.-

...y debiendo postergar proyectos fundamentales, cuestión que, sin duda, llevará en el corto plazo a Chile a ver comprometido su desarrollo y bienestar social por falta de un adecuado nivel de estructura sanitaria. Todo ello, sin mencionar el hecho doloroso de las irregularidades detectadas en las empresas públicas, entre las cuales se encuentra ESVAL --la de mayor actualidad--, que ahorra mayores comentarios. Pero también, debemos señalar que no se trata de la única empresa pública que ha tenido estos problemas.

Volviendo a lo anterior, hay que considerar la experiencia de CAP, que aumentó su rentabilidad promedio anual de 1,5 por ciento a 6 por ciento después de su transferencia al sector privado; o el caso de ENDESA, que de -6,6 por ciento anual, pasó a 10,2 por ciento.

En tal sentido, cabe observar que las empresas eléctricas privadas, como ENDESA, triplicaron su rentabilidad respecto de las empresas públicas, como EDELNOR o Colbún, entre 1992 y 1993, demostrando cuál es la diferencia de eficacia entre un sector y otro. Las empresas privatizadas no sólo han incrementado su eficiencia, sino que están liderando el crecimiento y la segunda fase exportadora de la economía chilena. Así, han contribuido por su cuenta a suplementar el ingreso de capitales para el financiamiento de la inversión del país.

Todo lo anterior es lo suficientemente irrebatible como para afirmar que la modernización del sistema sanitario ha sido un tema pendiente. Y este proyecto, aunque con limitaciones, avanza en la dirección correcta. Por tanto, aprovechando la experiencia chilena e internacional en materia de privatizaciones de servicios públicos, es necesario continuar por esta senda.

Por tales razones, votaremos a favor de la iniciativa, a fin de que el sector sanitario no siga siendo un freno para el desarrollo del país, y, asimismo, de que los usuarios, particularmente de los sectores más modestos, tengan el servicio que requieren.

He dicho.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , parece un tanto majadero que insistamos en la importancia del agua, y ya un señor Senador hizo algo de mofa tiempo atrás cuando me referí al tema, pero, siendo médico, no puedo prescindir de enfatizar lo que aquélla significa para la salud y la vida misma. En lo personal, creo que el tema ha justificado las tres sesiones y las intervenciones muy prolongadas, detalladas y fundadas a que ha dado lugar.

Quisiera partir comentando dos noticias que aparecen en la prensa de hoy.

El primer artículo señala que Lo Barnechea y un sector de Las Condes sencillamente están desabastecidos de agua, e incluye unas declaraciones del Ministro señor Lagos --aquí presente-- bastante categóricas. Le doy excusas por recurrir a ellas, pero me parecen muy oportunas. Son del siguiente tenor: "La empresa es responsable de lo que sucede. Quizás hay menos agua en los cauces del estero El Arrayán y del Río Mapocho, pero hay lo suficiente como para abastecer a la población". Y, más adelante, la nota hace constar que "el secretario de Estado calificó de insuficientes las atribuciones que posee la Superintendencia --para sancionar o determinar alguna acción-- en casos como éste.". Y aquí viene el quid del asunto. El Ministro señaló: "Existe la necesidad de tener un marco regulatorio adecuado, para que la autoridad pueda velar por los intereses de los consumidores". Así de claro.

En suma, hace hincapié en la responsabilidad de la empresa para resolver esta situación y, al mismo tiempo, exige un marco regulatorio más eficiente, contundente y exigente para actuar en casos como éste.

En la misma página me encuentro con un artículo que se refiere a la pugna por el agua que mantienen la Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapacá (ESSAT), filial de CORFO, y la Corporación Nacional Forestal (CONAF), entidad que, aunque goza de cierta autonomía, se financia con recursos del Estado. Es decir, dos corporaciones que de alguna manera dependen del Fisco, disputan el agua para las ciudades de Arica e Iquique. ¿Quién tiene la razón en este conflicto? ¿Arica o Iquique, que necesitan agua, o la Pampa del Tamarugal? ¿O, sencillamente, los campesinos que se están beneficiando de las aguas del río Lauca? Indiscutiblemente, esto tiene que ser definido y dirimido de una vez.

En mi opinión, la razón la tiene el artículo 27 del Código de Aguas, que, con una sapiencia mayor que la nuestra --a pesar de las muchas críticas que se le hacen--, dictaminó lo siguiente: "Cuando sea necesario disponer la expropiación de derechos de aprovechamiento para satisfacer menesteres domésticos de una población por no existir otros medios para obtener el agua, deberá dejarse al expropiado la necesaria para iguales fines.". O sea, hay derecho para expropiar.

Y la misma circunstancia --el señor Ministro la conoce perfectamente bien-- se produce en otras partes: la capital de la provincia Cardenal Caro , Pichilemu, sencillamente está dependiendo en estos aspectos de la empresa GAFONAC , la cual tiene el poder de definir el agua que puede consumir su población, que puede llegar a 60 mil ó 70 mil personas en el verano.

O sea, de nuevo: Arica, Iquique , Pichilemu, están dependiendo en su necesidad vital, como es el agua, de derechos discutibles.

Entonces, creo que si el marco regulatorio nos da plena seguridad de que las empresas van a actuar acordes con el sentido y la filosofía del Código de Aguas --a saber, que primero está la necesidad de la gente--, hay que apoyar el proyecto de ley en debate.

Por lo demás, veamos cuáles son sus propósitos fundamentales:

Primero, introducir las restricciones a la estructura de propiedad de las empresas prestadoras de servicios sanitarios necesarias para evitar la constitución de monopolios.

Segundo, regular los principales conflictos de interés que es posible prever en esta industria.

Tercero, complementar el marco jurídico para fortalecer la institucionalidad fiscalizadora en el sector. Esto es, dar mayores facultades a la Superintendencia.

Cuarto, aumentar la precisión, claridad y transparencia metodológica y de procedimiento en el cálculo y la fijación de tarifas.

Quinto, exigir que el Estado controle al menos el 35 por ciento de la propiedad de cada una de las empresas que hoy son estatales, lo cual le otorga el poder de veto de la ley de sociedades anónimas y sobre otras materias establecidas en el presente proyecto.

Sexto, mantener los necesarios subsidios para el sector más modesto de los chilenos, que hoy llega a una cantidad superior a los 450 mil arranques, lo cual significa que estamos hablando de casi 2 millones de chilenos.

Luego, confiando en la capacidad del Gobierno, en su sensibilidad social y en la lucha contra la pobreza que mantiene empecinadamente --a pesar de algunos comentarios adversos que se escuchan a veces, es indiscutible que se están dando pasos importantes en esta materia--, creo que el proyecto debe ser aprobado con plena conciencia de que el marco regulatorio va a ser claro.

Me llama la atención, sí, el informe de cierta empresa que en una de sus partes fundamentales señala lo siguiente: "Por otra parte, la gestión global de la empresa está orientada fundamentalmente en alcanzar rentabilidades acordes a la fijación tarifaria,". Estimo que este concepto hay que cambiarlo. Tengamos en cuenta que la salud es una obligación del Estado. Así lo señala el artículo 19, número 9°, de la Constitución, que establece el derecho a la protección de la salud: "El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo.", etcétera. Y me parece indiscutible que la salud guarda una relación estrechísima con el agua potable, los servicios higiénicos y el sistema de aguas servidas. No en vano Chile tiene uno de los mejores parámetros en salud entre las naciones que se encuentran en situaciones macroeconómicas similares a las nuestras. Aun más: en América Latina debe ser el mejor.

Por otro lado, los perfiles epidemiológicos, que antes estaban constituidos principalmente por enfermedades infecto- contagiosas, que tenían que ver, muchas veces, con los servicios sanitarios, han cambiado de manera ostensible para responder hoy a otros factores, como los tumores, los problemas cardiovasculares, los accidentes de tránsito, etcétera. Y si bien es cierto que sigue habiendo fiebre tifoidea, paratifus, enfermedades disentéricas, hepatitis, cólera y otras, también hemos visto los resultados óptimos que ha tenido nuestro Servicio de Salud en contra de tales males. ¿Cómo se explican? Ciertamente, se deben a que nuestro país ha alcanzado una gran cobertura de agua potable, y ello es fruto, fundamentalmente, de empresas del Estado.

Entonces, reconociendo la necesidad de ampliar esta cobertura para que llegue --ojalá-- al ciento por ciento de la población, incluso en aquellas poblaciones rurales "concentradas" --como se las denomina--, compartimos el criterio del Ejecutivo, sabiendo que la iniciativa resguardará adecuadamente los derechos de todos los chilenos a proteger su salud, para lo cual el agua y los servicios sanitarios son elementales.

He dicho.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , debería ser lo más breve posible, pues prácticamente se ha dicho todo. Sin embargo, deseo plantear algunos puntos sobre los cuales --a mi juicio-- es conveniente dejar constancia.

En primer lugar, la necesidad de privatizar no nace del hecho de que la administración del Estado sea buena o mala, sino del principio de que éste no debe ser empresario y de que sus capitales --los cuales pueden ser afrontados por la iniciativa privada-- deben ser destinados a solucionar los verdaderos problemas sociales.

El Fisco privatiza sus empresas no por ser un mal administrador. Lo hace porque no debe ser empresario y no debe administrar, salvo circunstancias muy excepcionales, y éste no es el caso. Y ¿por qué? Porque el Estado debe orientar los recursos que recibe de la privatización a satisfacer necesidades sociales mucho más graves y urgentes, lo cual, a la larga, le significará una mejor inversión.

¡Cómo no va a ser un mejor aporte para el Estado vender tales empresas y destinar lo producido a educación! Todos los ingresos dirigidos a este rubro contribuyen a aumentar el capital del país, pues ello mejora indiscutiblemente la calidad de vida de los ciudadanos y permite a la juventud adquirir los conocimientos y capacidades necesarias para salir de la extrema pobreza y, a la vez, ser autosuficiente.

Por otro lado, cuando se intenta equiparar los hechos argumentando: "Es conveniente que el Estado continúe con estas empresas en su poder, debido a que percibe más dinero u obtiene mayores entradas", a mi entender, no es ésa su función. El Fisco capta ingresos a través de los tributos, y su verdadera inversión debe centrarse en su principal fuente productiva: nuestro capital humano. Y ello se traduce específicamente en la educación.

También se comete un error cuando algunos afirman que la privatización ocurre porque el Estado administra mal, pues se desconoce lo que he planteado anteriormente. La buena o mala gestión de aquél nada tiene que ver con ello. Se ha comprobado que los particulares conducen las empresas en mejor forma. Sin embargo, el verdadero motivo de la privatización de las empresas del Estado radica en que éste no debe cumplir el rol de empresario y en que sus recursos y capitales deben ser utilizados --como ya lo he señalado-- en la satisfacción de grandes necesidades sociales.

Durante el debate de la iniciativa, también se ha planteado --pienso que será oportuno en el momento en que se formulen las indicaciones-- la necesidad de establecer un mecanismo regulador que proteja adecuadamente a los consumidores.

Soy gran defensor de la empresa privada y de sus empresarios, pero estimo fundamental fijar normas claras y precisas que determinen la responsabilidad objetiva de las empresas prestadoras del servicio, especialmente en las de índole sanitaria.

Hoy, el país puede observar lo que acontece en un sector residencial de Santiago: una de ellas se ha excusado de brindar el suministro, arguyendo que no existen recursos naturales. El señor Ministro --quien se halla presente en la Sala-- ha desmentido tales aseveraciones. La verdad es que esos recursos existen y que la empresa, en vez de invertir en lo que correspondía, ha destinado fondos para otros propósitos.

En consecuencia, ella no ha cumplido la función social que debía y, por lo tanto, es un mal ejemplo empresarial. Lo anterior tampoco debe llevarnos a sostener que no debe privatizarse, pues --a mi juicio-- "una golondrina no hace verano".

En tal sentido, es preciso reconocer que se deben dictar preceptos muy claros y terminantes para proteger a los usuarios. Y pongo un ejemplo. La falta de agua potable en determinados momentos, pese a que en verano las tarifas son mucho más elevadas para facilitar con ello la concreción de obras que permitan subsanar estos inconvenientes, y el no haber realizado éstas en su oportunidad, constituye una falta gravísima que amerita que el Estado adopte las medidas correspondientes respecto de quien no cumple con su obligación de servicio social. Además, tal empresa debería ser obligada a pagar los daños y perjuicios que causa a los usuarios por no poder contar con el abastecimiento del servicio que ella les ofrece. Se trata de jugar en una balanza de equilibrios: dar una justa retribución por los servicios en cuestión. Si hay subsidios comprometidos, los pagará el Estado, y la empresa debe recibir una retribución adecuada para el mantenimiento de los servicios, para la inversión y para que su capital tenga un rendimiento efectivo. Pero, por otro lado, ella debe ser obligada a cautelar los derechos de los consumidores, que en este caso resultan ser los más desvalidos.

Finalmente, me alegro de que el proyecto haya sido modificado en el sentido de privatizar el 100 por ciento de estas empresas. O se privatiza, o no se privatiza. Sin embargo, discrepo de un concepto presente en la iniciativa, el cual señala que para privatizar el 100 por ciento se requiere el cumplimiento de ciertos requisitos, pues lo que se pretende es desconcentrar los capitales. Dicho argumento, que ya hemos visto en otras oportunidades, fundamentalmente durante la privatización de los bancos ocurrida en el período del Gobierno militar, no tiene en la realidad ningún asidero posible. Como recordarán, cuando se privatizaron los bancos se estableció que nadie podía ser dueño de más de 5 por ciento del patrimonio; y, no obstante, todos fuimos testigos de cómo ciertos grupos económicos e, incluso, personas naturales adquirieron el 100 por ciento. Cuando se dispone este tipo de requisitos lo único que se hace es impedir la transparencia y fomentar el uso de palos blancos. Aquí no se trata de segmentar el dominio de la empresa, pues ella es o no es privada. Lo que debe hacerse es adoptar las normas legales necesarias para exigir que ésta funcione eficientemente, y sancionarla si no procede así; es decir, libertad con responsabilidad. Pero este sistema que permite decir: "No quiero concentrar capitales, y sólo en determinadas condiciones voy a privatizar el total", ¿a qué obliga? Obliga a que tales concentraciones se encubran y a que el Gobierno nunca sepa realmente quién es el dueño, porque para eso se usan los palos blancos.

Por lo anterior, estimo que el proyecto se encuentra en el camino adecuado, aun cuando deba sufrir algunas modificaciones de acuerdo a lo que he señalado, y lo votaré a favor.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , en mi opinión, los objetivos que debemos perseguir en materia de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, son claros para el país: aumentar las coberturas, que en algunos aspectos resultan insuficientes; asegurar un tarifado razonable, y garantizar que los sectores más pobres puedan acceder, sin restricciones, a un servicio tan vital como es el agua potable. Pienso que este horizonte de objetivos es el que debe presidir esta discusión que, sin duda, resulta trascendente.

Nos encontramos frente a dos temas: uno que dice relación a la regulación, y otro relativo a la mejor forma de gestionar el sistema sanitario.

La iniciativa que se somete a nuestra consideración, básicamente, se refiere a la regulación. La única indicación presentada respecto de la gestión y de la propiedad es la que establece el proyecto del Gobierno cuando señala que, en cualquier caso, las empresas sanitarias deberán tener una participación del Estado de un 35 por ciento. Hay que recordar que, en la actualidad, las dos mayores empresas de esta área podrían ser privatizadas hasta en 100 por ciento, y las otras, hasta en 49 por ciento.

Por tanto, creo que en la discusión resulta indispensable separar estos dos aspectos: el regulatorio, y el debate que, en mi opinión, en algunos aspectos se encuentra pendiente acerca de las mejores formas de gestión y de qué manera se incorporan capitales privados al sistema, cuestión en la que existe un principio de acuerdo general. La discrepancia en este aspecto apunta al hecho de si esa participación debe ser mayoritaria, completa, parcial, minoritaria o mixta.

En primer lugar quiero referirme --en el corto tiempo de que disponemos-- al tema sustantivo de la iniciativa, que apunta a la regulación. Asimismo, deseo recordar que cuando se empezó a discutir este tema, el año pasado, los Senadores socialistas señalamos que había diez aspectos regulatorios que nos parecían fundamentales. No voy a referirme a cada uno de ellos, pero, básicamente, tenían que ver con la necesidad de asegurar una capacidad real de fiscalización de parte de la Superintendencia, con el perfeccionamiento de la calidad, con la mantención del control público de los derechos de agua; con la definición de un "status" institucional para el agua potable rural; con el establecimiento de normas de desconcentración empresarial, para evitar, por una parte, que una empresa pudiera asumir la gestión de todo el sistema sanitario del país y, por otra, que se superpusieran, bajo una misma propiedad, empresas de servicios básicos que lleguen a constituir monopolios naturales; con la necesidad de precisar que no podrá haber una empresa que, por ejemplo, obtenga el control de los servicios de agua, de electricidad y de gas en una misma región; con el establecimiento de ciertas restricciones o regulaciones en cuanto al uso de información privilegiada que siempre poseen las empresas sanitarias respecto de negocios relacionados con el rubro inmobiliario y de la construcción, y, finalmente, con lo relativo a las formas de reembolso de las inversiones realizadas por el sector público, las que han sido cuantiosas, sobre todo en materia de agua potable rural.

El proyecto enviado por el Ejecutivo contempla de manera sustantiva este conjunto de necesidades de regulación, por lo cual lo hemos apoyado. Sin embargo, en el debate en las Comisiones unidas del Senado se le introdujeron modificaciones que hacen peligrar la capacidad efectiva para establecer un marco regulador adecuado.

Ello tiene que ver con el rechazo a la forma de financiamiento propuesta por el proyecto para la Superintendencia de Servicios Sanitarios, lo que, a mi juicio, es un asunto esencial. La Oposición manifiesta estar de acuerdo con el marco regulatorio; pero cuando se trata de establecer mecanismos que permitan efectivamente realizar la regulación, siempre hay obstáculos y oposiciones. Y es completamente absurdo pretender que opere una regulación sustantiva si no existe capacidad de fiscalización.

Hoy enfrentamos una situación dramática. La Superintendencia carece de oficinas regionales, en circunstancias de que tenemos una estructura de empresas que sí son regionales. Siendo así, aprobar un marco regulador sin establecer efectivas capacidades para este organismo, de una manera u otra constituye una burla para el país. Es como si en el fútbol contásemos con árbitros gordos, sin pitos ni tarjetas. Realmente, no podrían seguir el juego y serían completamente ineficientes, por muy claras que fueran las normas que reglan este deporte. Es fundamental dotar a la Superintendencia de los recursos necesarios para su labor de regulación.

En segundo lugar, durante la discusión parlamentaria se eliminaron las disposiciones que impedían la integración de empresas de servicios públicos en la misma región. Este es un asunto de la mayor importancia. La concentración excesiva de servicios básicos monopólicos atenta contra uno de los elementos básicos del mercado, que es la competencia. Los libremercadistas, que despliegan las banderas del mercado, deben entender que la competencia es fundamental para que el mercado funcione. Esto se descubrió hace ya más de un siglo. Por lo tanto, sostener que esto es imposible, es no entender cuál es la ventaja que acarrearía el que estas empresas pudieran funcionar efectivamente.

Creo que la integración de empresas de servicios básicos en una misma región es un asunto que no conviene ni a los usuarios ni al país. En ese aspecto es indispensable restituir el proyecto original del Gobierno.

Por último, también es necesario reponer la primitiva proposición del Ejecutivo en el sentido de garantizar una presencia pública de 35 por ciento como mínimo, como una medida que favorece la fiscalización y la prestación del servicio, atendiendo a las necesidades de bien común.

Respecto del problema de la gestión y de la propiedad, debo señalar que aquí hay una discusión abierta.

En general, soy de los que opinan que mantener mayorías públicas en estos servicios es compatible, primero, con el propósito de atraer recursos privados para los programas de inversión; y segundo, en general con el aprovechamiento de todo lo que puede aportar el sector privado en materia de inversiones y de gestión.

Entiendo que existen opiniones diferentes, incluso al interior de la Concertación, del Gobierno y de nosotros mismos. Si bien me parece que es un asunto del todo natural, no me preocupa tanto como a otros. Hay quienes piensan --y tienen sus razones y argumentos-- que la mayoría pública podría ser incompatible con estos otros objetivos. En todo caso, se trata de una discusión pendiente.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Le resta un minuto, señor Senador.

El señor GAZMURI.-

Concluyo de inmediato, señor Presidente.

Me parece que, si sobre esta materia hay un debate nacional, no sería inconveniente que el país estableciera distintos sistemas de gestión en las diversas empresas de servicios sanitarios. De esa manera podríamos ver cuál es la modalidad que mejor resuelve las necesidades, no en una discusión a priori, sino estableciendo sistemas donde existan empresas con mayoría privada y empresas con mayoría pública. Por ejemplo, en la Séptima Región tenemos el proyecto de una empresa regional de mayoría pública, abierta a la participación privada. Lo considero plenamente compatible con la existencia de empresas distintas en otras zonas del país. Por lo tanto, una discusión madura sobre el particular podría dar origen a un interesante sistema de multiplicidad de formas de gestión en agua potable y alcantarillado.

Para concluir, un último aspecto --que no está contemplado en el proyecto, pero que debería contenerse en la política del acceso al agua potable y al alcantarillado-- es el que dice relación a las magnitudes de los subsidios que hoy se otorgan, las que sin duda son absolutamente insuficientes.

Si bien hemos avanzado mucho --hay que reconocérselo al Gobierno--, hoy contamos con un subsidio que cubre aproximadamente a un 20 por ciento de los usuarios. Dados los niveles de pobreza existentes en el país, ello significa que hay un importante porcentaje de chilenos pobres que deben pagar el valor comercial del agua y no reciben ningún aporte del Estado.

En mi opinión, esto debería ser considerado en la discusión política que hay en el país respecto de la administración de los sistemas sanitarios.

Propongo, por consiguiente, que se incluya en la agenda del Gobierno y del Congreso el llegar con un subsidio a todos los pobres de Chile como parte de una política global para enfrentar un aspecto tan vital para la higiene, el desarrollo y la calidad de vida de nuestra población.

Coherente con lo expresado, anuncio que votaré a favor de la iniciativa.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , sin entrar a analizar el proyecto en detalle, por haberlo hecho ya otros señores Senadores, me sumo a quienes han manifestado su aprobación, por cuanto lo considero decididamente un paso importante en la dirección correcta: la privatización de todas las actividades que pueden ser desempeñadas eficientemente por el sector privado. Se libera así al Estado de numerosos compromisos, tanto financieros como empresariales, y se le proporcionan fondos para obras de beneficio social.

Sobre el particular, concuerdo con lo manifestado por el Honorable señor Otero , ya que el desempeño de las empresas sanitarias ha sido muy eficiente hasta la fecha. Sin ir más lejos, el Ministerio de Obras Públicas, bajo la égida del entonces Secretario de esa Cartera , el actual Senador señor Siebert , invirtió cerca de 300 millones de dólares en la nueva aducción de agua a Antofagasta, revirtiendo de este modo la dramática escasez de dicho elemento en la Segunda Región.

Pero tengo algunas prevenciones:

En primer lugar, no puedo sino observar que la decisión del Ejecutivo de promover la privatización de las empresas sanitarias obedece, más que a un concepto filosófico al respecto, a su imposibilidad de hacer frente a las ingentes inversiones que son necesarias para mejorar el actual servicio que prestan las empresas sanitarias, y aumentar su cobertura y eficiencia.

Lo anterior ha sido reconocido por todos quienes han apoyado el proyecto, quedando en claro que el Gobierno se ha visto en cierto modo obligado a promover esta privatización para ahorrar recursos.

La desconfianza visceral de algunos miembros de la Concertación hacia el sector privado se manifiesta, desde luego, en las restricciones que se pretende imponer a los inversionistas, en cuanto a la propiedad y gestión de las empresas sanitarias. Además de aumentar las facultades de la superintendencia respectiva --con lo cual, por lo demás, estoy plenamente de acuerdo--, se pretende que el Estado conserve parte del capital de cada una de las empresas, como medio de tener veedores controladores en el mismo directorio, con la justificación de que ello le permitiría obtener información sobre el funcionamiento de esas empresas. O sea, el inversionista, el empresario privado, es mirado con desconfianza, con recelo, porque para muchos éstos sólo buscan un lucro desmedido en perjuicio de los usuarios, que pasarían a ser víctimas de su voracidad.

Resulta paradójico que esa desconfianza hacia el privado que invierta en las sanitarias, manifestada por las disposiciones que se pretenden imponer, contraste con las declaraciones públicas que el Gobierno hace respecto del éxito empresarial de Chile. Y sorprende mucho más que, mientras en la legislación se intenta someter a la clase empresarial a toda clase de controles, el Primer Mandatario --acertadamente, a mi juicio-- viaje siempre acompañado de esos mismos empresarios a quienes exhibe en el extranjero como modelos y responsables del extraordinario éxito económico de Chile.

Esa es una paradoja digna de reflexión y, sobre todo, un doble estándar muy objetable pues, por un lado, se atribuye al empresariado el éxito económico del país y, por otro, se le suponen las más aviesas intenciones y se trata de controlarlo en forma desmedida.

En consecuencia, no se justifica en forma alguna que el Estado pretenda mantener una parte de la propiedad de las acciones de las empresas sanitarias que se privatizan, porque estando éstas sometidas a una superintendencia con facultades aumentadas, y sus tarifas entregadas a la determinación del Estado, no se ve para qué tiene que haber además inspectores o fiscalizadores estatales dentro del directorio de estas empresas.

El hecho de que sólo Gran Bretaña tenga servicios sanitarios enteramente privados, no es argumento para que nosotros no podamos ser el segundo país en adoptar esa sana política.

Al ser sociedades anónimas abiertas, quedan también sometidas, en cuanto a su funcionamiento, a la Superintendencia de Sociedades Anónimas, que hasta ahora ha sido eficientísima en regular el funcionamiento de todas las que transan sus acciones en la Bolsa.

Por eso, propondré la supresión de la disposición que reserva al Estado un porcentaje determinado dentro de las empresas, por no existir para ello justificación alguna.

En segundo lugar, discrepo con el financiamiento de la superintendencia respectiva. La permanente voracidad fiscal causa que cada vez que hay que destinar recursos adicionales para determinado fin, no se encuentra otra manera que aumentar los impuestos. Así sucedió con los que afectan al tabaco y a la bencina. Lo mismo se pretende con las empresas sanitarias, que deberían recargar en el costo del agua a los usuarios ese dos por ciento con que se intenta financiar la superintendencia. Similar propósito se observa en un proyecto que se enviará próximamente al Parlamento en el que se propone la creación del muy necesario Instituto de la Propiedad Industrial donde, no contentos con recaudar cinco millones de dólares por impuestos a registros y renovaciones de marcas y patentes, se procura establecer nuevas tasas para financiar precisamente dicho instituto.

Siempre he sido contrario al aumento de impuestos, y veo con agrado que se alzan voces para racionalizar la enorme carga tributaria que pesa sobre los chilenos, lo cual, naturalmente, es resistido por las autoridades de Gobierno. Se da como razón --a mi juicio, absurda-- que la Superintendencia de Bancos se financia con aportes de las instituciones que son supervigiladas por ellas; es decir, por los bancos.

Pero comparar a éstos con el agua potable es una aberración, porque el agua es un elemento esencial para la vida de todos los chilenos, mientras que los bancos son instituciones de las cuales la mayor parte del país prescinde, y es un negocio cuyos costos son tan variados que esa contribución no afecta para nada a los usuarios. En cambio, cualquier aumento en las tarifas de agua potable repercute desfavorablemente en el bolsillo de los chilenos. Y esto lo digo pensando especialmente en Antofagasta donde el reclamo permanente es el alto costo del agua potable, debido a la escasez del recurso y al complicado tratamiento a que debe ser sometido para su consumo por la población, particularmente para eliminarle el arsénico.

Aumentar, aunque sea en dos por ciento, el costo del agua para Antofagasta, lo encuentro inaceptable, y ésa es una de las razones que tengo --tal vez, la fundamental-- para votar en contra de reponer ese verdadero impuesto que otros oradores que me han precedido pretenden que no es tal, porque todo dinero que el Estado saca del bolsillo de un ciudadano es un impuesto, llámese derecho, tasa o contribución.

El tesoro público cuenta con fondos más que suficientes para enfrentar los mayores gastos que demande una eficiente y moderna Superintendencia de Servicios Sanitarios, que, por lo demás, no necesita sucursales en todo el país, así como no las hay en el caso de los bancos, de las sociedades anónimas y de las compañías telefónicas, puesto que basta con una oficina central para la vigilancia de todas las empresas sometidas a su control.

Por último, se anuncia que en el proyecto que modifica el Código de Aguas, se establecerán disposiciones por las cuales los derechos de aguas de las empresas sanitarias no formarán parte de su patrimonio, sino que quedarán en manos del Estado o de la CORFO, los que las concederán a las distintas empresas.

Ello lo considero altamente inconveniente, y aun absurdo, porque desvirtuará totalmente el proyecto de privatización. En efecto, dudo mucho que haya inversionistas privados dispuestos a efectuar enormes inversiones como las que se han señalado en la Sala, si la empresa respectiva no cuenta precisamente con la materia prima fundamental que es el objeto de la sociedad, como lo es la producción y distribución del agua potable, y para eso es indispensable que los derechos de agua pertenezcan en forma total y segura a cada una de las empresas. Las cosas son como son y no como uno quisiera, y --repito-- es poco probable que exista interés en invertir en una empresa cuya fuente principal de la materia prima es incierta y puede quedar sometida a resoluciones arbitrarias de la autoridad titular de los derechos respectivos.

Reitero, en todo caso, mi voto favorable a esta iniciativa, con las prevenciones a que he hecho referencia anteriormente.

He dicho.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , el Senado ha tenido una discusión muy larga sobre el proyecto que regula el funcionamiento de las empresas sanitarias y señala un marco de participación del sector privado. El debate ha excedido sin duda el aspecto puramente técnico, y vale la pena, por las intervenciones y los argumentos utilizados, plantear algunos puntos de vista.

1.- El tema dice relación directa con los derechos de la salud, una de cuyas exigencias es la calidad de los servicios de agua y alcantarillado y la preservación de una adecuada calidad ambiental. Esos derechos no son inferiores en rango a la educación o salud como tal, y en esa obligación deben medirse y programarse las acciones del Estado como administrador de la sociedad. Más aún: es bueno recordar un estudio de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, que señala que en América Latina y sobre 150 patologías estudiadas, el 50 por ciento son influidas básicamente por los factores ambientales como agua potable y tratamiento de aguas o alcantarillado. Es decir, estamos hablando sobre una materia de especial relevancia.

2.- Un segundo aspecto es la forma en que ese compromiso de la sociedad y el Estado debe concretarse y quien debe ejecutarlo. En este punto se introducen en el debate dos temas de discusión que sobrepasan el ámbito de que da cuenta el proyecto porque se refieren a las relaciones del sector público y el privado.

El primer tema es la propiedad de los servicios, y el segundo, la gestión de ellos y la eficiencia con que ambos sectores la ejercen, y se incluye en esto, como se ha señalado aquí, la propiedad del agua. Como sucede en toda discusión que apunta a los cambios por realizar en la sociedad, ella supera los ámbitos técnicos y cae necesariamente en aspectos de organización de la sociedad en su conjunto.

Sobre lo primero debo señalar que, tratándose de bienes con las características que describí, no pueden ser preferentemente privados porque la posibilidad de generar una indefensión en las personas es demasiado alta. Pero ello, en la nueva versión del desarrollo y del crecimiento de las sociedades, requiere de la más amplia participación y aporte del capital privado en el marco de la adecuada regulación previamente establecida, como lo señala en su punto número 7 la declaración de la Concertación, de marzo de 1995. Pero su propiedad debe ser del Estado, como administrador del bien común, donde el derecho básico de las personas debe ser el motor de su gestión y no el lucro, aun en los marcos razonables. Esta propiedad puede y debe ser traspasada en su gestión a la comunidad, sea privada o social, como se ha hecho en otras áreas, por períodos de larga duración, pero finitos, para evaluar su gestión y garantizarles simultáneamente una adecuada planificación de su inversión.

El público debate sobre las actuaciones de una empresa sanitaria privada, es el mejor argumento de lo que señalo, donde la solución sólo es un problema de inversión, como se ha dado a conocer en forma categórica.

El proyecto plantea un marco regulatorio que constituye un avance sustancial en comparación con lo actualmente existente, pero que es aún necesario reforzar en la capacidad de la superintendencia como expresión técnica, controladora y, sobre todo, orientadora de la visión nacional del sector.

Por otra parte, y para recoger lo que acabo de mencionar, los análisis de la iniciativa con las autoridades de Gobierno abren una sólida seguridad de que esta propiedad pública será resguardada al abrir alternativas de concesiones, convenios de gestión u otras formas de participación y aporte privado en el trámite del proyecto, además del solo cambio de propiedad.

Las experiencias extranjeras de Alemania, Italia y Francia, aparte la del propio Estados Unidos, con formas distintas y en asociación con un sector público mayoritario, y las apreciaciones dadas a conocer aquí por la Senadora señora Frei confirman la conveniencia de abrir otras modalidades de participación que la sola transferencia de la propiedad.

Permítanseme dos reflexiones en este punto, frente al alegato de que "sólo la propiedad por parte del capital privado garantiza el interés de éste y por ende su aporte".

La primera es que por muchos años se argumentó sobre el error del concepto propietarista, ya que "Lo importante es la gestión y no la propiedad, porque ello además permite el cambio, la renovación de opciones y la preferencia según capacidad. Es precisamente esto lo que atrae al capital que es fluido y no estático". Hasta aquí los argumentos esgrimidos en aquel entonces y que deberían recogerse hoy.

La segunda reflexión constituye una reafirmación universal de lo que señalo: todo el sistema capitalista opera sobre esta base de maximizar la gestión, los recursos y las utilidades al no invertir el dinero propio sino el ajeno. No podría, entonces, criticarse nuestra posición de "no privatizar si por ello se entiende la transferencia de la propiedad, pero admitir como útil, conveniente y necesario el aporte de capital privado con una clara y eficiente regulación previa o simultánea".

Debo reconocer con franqueza la incredulidad existente en muchos sectores del país frente a la eficacia de las regulaciones en el ámbito de los servicios. Ciertos grupos económicos chilenos, de alta concentración, han demostrado en esta área una falta de pulcritud para respetar las regulaciones y una carencia de sentido solidario que obligan a esta exigencia de tajante control. Por ejemplo, los requerimientos judiciales que algunos han efectuado para oponerse a determinadas leyes llegan a tal verecundia que hacen dudar sobre su mesura cuando de utilidades se trata. Más aún, parecieran olvidar que la riqueza tiene un límite que la democracia está obligada a resguardar para justificarse éticamente. Por ello nadie puede juzgar globalmente al sector --como aquí se ha dicho--; pero es evidente que su frecuencia obliga a las necesarias precauciones.

Son este resguardo regulatorio a que avanza el proyecto y la seguridad de las formas alternativas de aporte de capital ya propuestas lo que hace entender un mejoramiento de la situación actual, y que transformaremos en votaciones de rechazo a algunos artículos del proyecto y/o en indicaciones durante la discusión particular, como un aporte al --esperamos-- mejoramiento de la iniciativa.

3. Deseo hacer algunas observaciones a las razones de eficiencia por las que se demanda este traspaso de propiedad.

Se señala que tal traspaso es necesario --así lo han planteado algunos señores Senadores; aunque no todos-- porque la empresa privada es por definición eficiente, y el sector público, por esencia, ineficiente. Éstos son el debate y la información global que se han dado en muchísimos medios de comunicación, lo cual aparece como un hecho no controvertible a esta altura de la discusión nacional.

Este tema también ha sido discutido largamente en el Senado. Y he sostenido y comprobado mediante hechos tangibles la falsedad de esta argumentación. Nada de lo realizado en Chile en su desarrollo industrial se habría logrado sin un Estado que, a través de sus inversiones, fue eficiente y tuvo gran capacidad de realización.

La salud chilena, la educación o el cobre son ejemplos de eficiencia mirados en el largo plazo y con ánimo sereno. Constituyen las pruebas de la capacidad del Estado frente a casos de reconocida ineficiencia que estamos viendo, lo que sólo demuestra que en esto no hay dogmas y que esta afirmación tan tajante no puede ser formulada.

Tampoco es posible sostener lo contrario para ensalzar la eficiencia privada, que, frente a muchos éxitos de gestión, muestra no pocos casos de fracaso; ello, con el agravante de que numerosos éxitos se asientan en subsidios que se olvidan u ocultan al momento del balance. Los ejemplos van desde el bosque a la salud, pasando por los bancos y las más diversas áreas productivas (no los voy a repetir). Un caso paradigmático de esta eventual ineficiencia de la empresa en el área del servicio que estamos discutiendo es lo que se ha conocido recientemente. Y ello tiene más fuerza que cien discursos. La situación de la empresa sanitaria que abastece de agua al sector de altos ingresos en Santiago ahorra más debate. Las cosas no son blancas ni negras. Ni siquiera en lo económico es sostenible el maniqueísmo que se esgrime.

4. Queda pendiente un problema de solidaridad nacional, que apunta a garantizar un trato igualitario básico para el costo de los usuarios y para los subsidios. No es fácil conciliar ambos requerimientos, pero creo que será posible buscar fórmulas novedosas.

Concluyo señalando que el problema en discusión debe ser visto en el marco general del desarrollo del país y de las responsabilidades del Gobierno a que pertenecemos.

Entiendo la necesidad de resolver las dificultades concretas de la gente y conciliar esta obligación con el necesario resguardo de lo que visualizamos como futuro de la sociedad chilena. Sin embargo, lo de hoy no nos puede enajenar el mañana bajo la admonición de urgencias de solución, así como no podemos postergar las soluciones sólo por una aspiración.

Ése es el dilema que tenemos al legislar como Senado. Por eso quise hacer estas observaciones en un debate que, a mi juicio, sobrepasó el aspecto puramente técnico.

He dicho.

El señor FREI (don Arturo) .-

El deber y la vocación de la actual Administración son resolver los problemas de la gente. Consecuente con esto, el Gobierno del Presidente Frei nos ha propuesto un vasto programa de acción en el ámbito público dirigido a actualizar los servicios que brinda el Estado, a fin de mejorar sustantivamente su capacidad de servir a las personas en forma integral y expedita.

En concreto, frente a los servicios de agua potable y alcantarillado, el deber del Estado es asegurar que toda la población disponga de servicios sanitarios, cautelar la salud y el medio ambiente y crear las condiciones para el desarrollo en beneficio de todos los chilenos.

Las deficiencias en agua potable y alcantarillado, por sí solas, afectan seriamente la calidad de vida y la salud de la gente; pero, además, nos impiden avanzar en otros programas, como los de vivienda y pavimentación participativa, en los que no podemos continuar las obras hasta que se halle resuelto el problema de las redes de alcantarillado y agua potable.

Para poder extender estas redes y solucionar de raíz el problema en algunas regiones, es preciso llevar a cabo grandes obras de captación de aguas. Sabemos también que el agua no es un recurso inagotable; y conocemos el impacto que en el medio ambiente producen las aguas servidas. Por ello, el mejoramiento de estos servicios exige la construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas.

La inversión total que necesitamos para la ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado se eleva a 1.850 millones de dólares. De ese total, ya están estudiados y analizados, para los próximos seis años, programas de inversión por 920 millones de dólares. Por otra parte, los programas estudiados para la inversión en plantas de tratamiento de aguas servidas ascienden a 434 millones de dólares, siempre considerando el horizonte de los próximos seis años. Esta última cifra debería incrementarse, porque así abordamos de raíz los problemas:

Las plantas de tratamiento de aguas servidas, que permiten su reutilización segura en actividades agrícolas. Así aseguramos la calidad de nuestras exportaciones hortofrutícolas en el contexto exigente de las normas internacionales.

En el mismo plano económico, el saneamiento de las aguas incide directamente en el desarrollo del sector turístico de las regiones.

El tratamiento de las aguas servidas cumple otro objetivo fundamental respecto de la salud pública, concretamente en la prevención de enfermedades endémicas en el país, como el tifus y la hepatitis. Un medio ambiente sano es un beneficio para ésta y las futuras generaciones de chilenos.

Hasta ahora, la actividad de servicios sanitarios ha sido desarrollada, con muy pocas excepciones, por el Estado. Pocos años atrás, lo hacían los servicios de obras sanitarias del Ministerio de Obras Públicas; desde hace alrededor de cinco años están a cargo de empresas estatales dependientes de la CORFO, una para cada región del país.

Ante el desafío de asegurar que todos los chilenos dispongan de estos servicios básicos en condiciones adecuadas de costo y calidad, el Gobierno del Presidente Frei ha decidido avanzar en un conjunto de medidas y políticas que permitan a estos servicios poder cumplir efectivamente estas nuevas metas.

Este conjunto de medidas se dirige a abordar en forma integral el problema. El primer paso es perfeccionar el marco regulatorio, a fin de cautelar adecuadamente el interés de los consumidores; el segundo, consiste en invitar al sector privado a participar en estas empresas sanitarias, promoviendo también el acceso de los trabajadores a su propiedad. Simultáneamente, debemos reafirmar la política de subsidios a las familias de bajos ingresos y asegurar la adecuada atención a los sistemas de agua potable rural.

¿Qué significa mejorar el marco regulatorio? Significa velar por que funcione sin distorsiones un servicio en el que prácticamente no existe competencia; establecer claramente las facultades de la autoridad reguladora para resolver adecuadamente los conflictos de intereses entre la empresa prestadora del servicio y los consumidores y la comunidad en general; y dar la máxima transparencia al proceso de fijación de tarifas, a fin de eliminar los cobros excesivos y asegurar a la vez que las inversiones sectoriales se financien apropiadamente.

Para ello es preciso abordar de manera integral y con una visión de conjunto las disposiciones legales que rigen al sector, que son básicamente tres. La primera es la Ley General de Servicios Sanitarios. Las modificaciones a este cuerpo legal buscan asegurar la coincidencia de los planes de desarrollo de las empresas sanitarias con los planes de desarrollo urbano y planos reguladores, hacen efectiva la obligatoriedad del servicio a quienes lo necesitan y establecen normas para evitar que las empresas abusen de la posición de monopolio en que naturalmente se desenvuelve la actividad.

El establecimiento de límites a la concentración de la propiedad y a la integración horizontal en estos servicios de utilidad pública es vital para evitar los efectos nocivos en la equidad que anteriores procesos privatizadores tuvieron en nuestro país.

La segunda normativa que debe modificarse es la Ley Orgánica de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, organismo encargado de fiscalizar a estas empresas, controlar la calidad del servicio y la del agua en general, y velar por el interés de los consumidores. Sólo una entidad fiscalizadora moderna y eficiente puede dar garantías a la comunidad respecto de los objetivos señalados.

Por último, es necesario perfeccionar la ley que determina la forma en que se fijan las tarifas de este servicio público, con el propósito de eliminar los cobros excesivos, dar mayor transparencia a este proceso y, al mismo tiempo, asegurar que las inversiones requeridas en el sector se financien adecuadamente.

El proyecto de ley que el Presidente Frei despachó al Congreso Nacional cubre, a mi juicio, todos esos aspectos. El conjunto de estas normas constituye una base sólida para que el Gobierno cumpla su función de asegurar el bien común y el desarrollo nacional, responsabilidad que no puede eludir y que cumplirá con sus mejores esfuerzos.

Con esta misma motivación, y a fin de mantener vigente esta responsabilidad directa del Estado, el proyecto enviado por el Presidente de la República incluye la norma permanente de que el Estado mantenga en su propiedad al menos el 35 por ciento de cada una de las empresas sanitarias que hoy día son estatales. Con ello, se asegura el acceso a la información de las empresas, la presencia en los directorios y el ejercicio de los derechos a veto que la ley otorga en estos casos. Es decir, la responsabilidad del Estado, en cuanto a velar por el bien común, se basa tanto en una institucionalidad reguladora moderna como en mantenerse participando directamente en la actividad.

Asimismo, el Gobierno valora el aporte de los trabajadores para el desarrollo de las empresas sanitarias. Por ello, se les dará la oportunidad de participar en la propiedad de las empresas mediante la venta de acciones a los trabajadores, facilitando el acceso de los mismos a créditos para su compra. En esta forma, damos un paso necesario para lograr un compromiso especial de los trabajadores con la gestión y la calidad del servicio de las empresas, así como para aprovechar plenamente su experiencia acumulada en esta actividad.

Es necesario destacar que el esfuerzo para desarrollar los servicios sanitarios no ha sido sólo del Gobierno Central, sino también de los gobiernos regionales. Por ello, se contemplarán mecanismos para que parte de los recursos que se obtengan en el proceso de incorporación privada sea destinada a financiar nuevas inversiones en las regiones o grupos sociales que más lo necesitan.

El Gobierno ha reiterado su compromiso de asegurar la mantención y extensión de los sistemas de agua potable rural, para lo cual mantendrá las partidas presupuestarias que se destinen a este fin en las próximas leyes de presupuestos; revisará los criterios de evaluación social de los proyectos pertinentes por parte de los organismos públicos, e implementará una solución institucional que resuelva hacia el futuro la gestión y propiedad de esos sistemas.

En la actualidad, se dispone de 450 mil subsidios de consumo de agua potable para familias en situación de extrema pobreza, los que están siendo focalizados a través de las municipalidades del país. Esas familias representan el 19 por ciento de la población atendida por las empresas sanitarias. La decisión del Gobierno, manifestada por el Presidente de la República , es clara en esta materia: continuaremos aplicando esta medida, permitiendo que estas familias paguen por el agua potable una cantidad razonable de acuerdo con sus ingresos.

El camino elegido por el Gobierno del Presidente Frei con esta iniciativa se basa en la decisión de avanzar en la solución de un problema que afecta a todos los chilenos. Impulsar la pronta aprobación de este proyecto de ley, hará posible seguir avanzando con plena transparencia en los objetivos que a todos nos preocupan. La iniciativa que hoy discutimos en general en el Senado permitirá imprimir un nuevo desarrollo a estos servicios tan vitales para la población, invitando a participar al sector privado, pero reconociendo el aporte que siempre ha hecho la población, mediante el pago de las tarifas correspondientes, el concurso de los trabajadores y los esfuerzos de cada región. Deseamos que todos ellos continúen haciendo sus aportes y que, junto con el Estado, contribuyan al objeto común de mejorar la calidad de vida y facilitar el desarrollo nacional.

Con este programa, estamos seguros de que al término del actual Gobierno, todos los chilenos tendrán agua potable y alcantarillado, y en todas las regiones se estarán tratando las aguas servidas.

He dicho.

El señor LAGOS .-

Señor Presidente , para los habitantes de la Primera Región , el tema sanitario no es ideológico, sino de necesidad imperiosa. Somos la Región que paga por agua potable el precio más alto de América Latina.

En honor a la verdad, considero que todos los Presidentes de la República , desde de don Carlos Ibáñez del Campo hasta don Eduardo Frei Ruiz-Tagle , han tratado de resolver este problema. Sin embargo, la administración de ESSAT ha sido ineficiente, porque los recursos invertidos, especialmente en el último tiempo, no han dado los resultados esperados. Se ha continuado inaugurando antiguos pozos en el valle de Azapa, arrendando incluso por un millón de pesos mensuales cada pozo, lo que ha traído como consecuencia la disminución de las napas de agua, y en muchas partes se han secado plantaciones de olivos, las que son muy importantes para el desarrollo de esa zona. Se han ido eliminando los cultivos del plátano y de otras especies, también muy importantes para la zona.

Pero lo más grave es que en la Primera Región --al menos, según algunos estudios-- el agua se está acabando. Y se nos ha dicho que dentro de un año los problemas serán aun más dramáticos. Sin embargo, las aguas servidas van al mar. Respecto de la navegación mercante, una norma del decreto supremo Nº l, del 6 de enero de 1992, de la Subsecretaría de Marina, preceptúa que una nave pesquera con más de siete tripulantes debe contar con una planta de tratamiento de aguas, para no contaminar el mar. Sin embargo, las plantas sanitarias de Arica e Iquique tienen emisarios que solamente van a dos millas, lanzando todos los deshechos y contaminando el mar. A pesar de la disposición que rige para los buques pesqueros que faenan a más de 150 millas, aquí no se ha resuelto el problema. Estimamos que el Estado ha sido incapaz de solucionarlo, pues no ha instalado las plantas de tratamiento de aguas servidas y no ha podido asegurar la entrega del vital líquido a la población.

En estos momentos, tanto en Arica como en Iquique se sufre por cortes de agua en la mañana y en la tarde. Y se nos incentiva incluso para desarrollar el turismo, pero ¿qué turismo podemos realizar cuando la gente ni siquiera tiene agua para beber en ciertas horas del día?

Por las razones expuestas, apoyaré el proyecto, que va en el camino correcto. Tenemos la esperanza de que si el Estado no ha sido capaz de funcionar allá, el sector privado sí lo haga. Las actuales condiciones del problema demuestran que las cuantiosas inversiones hechas no han dado resultado.

Señor Presidente, deseaba dejar establecidas las razones fundamentadas por las cuales el Estado ha fracasado en la Primera Región.

Anuncio mi voto favorable.

El señor CALDERÓN .-

Señor Presidente , estoy de acuerdo en redefinir el marco regulatorio, lo que me parece muy oportuno. Sin embargo, aquí hay aspectos muy complejos que, a mi juicio, deberán ser considerados en la discusión particular del proyecto.

En segundo lugar, también concordamos en incorporar capital privado a las empresas sanitarias. El problema es cómo hacerlo; he ahí la interrogante. Incluso en las intervenciones del Gobierno no se ha aclarado este aspecto. Por ejemplo, el señor Ministro de Economía nos hablaba precisamente de que se elegía el camino de la venta de acciones. Pregunto: ¿Por qué se desechó el de las concesiones? Y los trabajadores plantean por qué el Estado no se queda con una empresa, para que pueda controlar el monopolio de la información. En fin, hay muchas interrogantes a este respecto.

Y también me quedo con una expresión recordada por la Senadora señora Frei, en el sentido de que el Presidente ha expuesto diferentes modalidades para incorporar, precisamente, el capital privado a las empresas sanitarias.

Entonces, se suscita una serie de inquietudes en la materia. Estamos de acuerdo con el marco, pero tenemos una diferencia con la Oposición, porque muchos de estos elementos de la función reguladora han sido eliminados en el debate de la Comisión. Existe una discusión pendiente.

Además, en el marco regulador no se halla planteado el problema de los trabajadores. Y nosotros, como Concertación, tenemos un compromiso con ellos. Cuando hemos hecho referencia a la posible privatización de las empresas públicas o de parte de éstas, a la asociación con el capital privado, siempre se ha considerado cómo quedan los trabajadores. Sin embargo, nada de esto viene incluido en el proyecto, lo que también es una gran falencia. ¿Cómo se ve la participación del sector laboral? ¿Cómo se ven las remuneraciones? ¿Cómo se ve la participación en la propiedad, si es que ése es el sistema que vamos a utilizar? Nada de eso contempla el proyecto.

En consecuencia, voy a apoyar esta iniciativa, señor Presidente, en la idea de legislar en general, pero me surgen muchas interrogantes, como creo que le sucede a gran parte de esta Sala.

Por otra parte, me formulo, también, preguntas acerca del sistema tarifario. Y, sobre todo, lo hago por la Región que represento. ¿Cómo va a ser lógico un sistema tarifario que signifique que ella paga por el agua 41 por ciento más que Santiago, o que la Undécima Región paga 34 por ciento más? ¿Cómo no va a haber un sistema en que el Estado pueda intervenir en el mecanismo general tarifario? Se trata de una interrogante válida para muchas Regiones. Y es mucho más válida, todavía, para las Regiones del norte, donde el porcentaje resulta bastante más alto.

En definitiva, señor Presidente, voto a favor del proyecto. Reitero, sin embargo, que tengo muchas interrogantes. Creo que éstas debieran ser tomadas en cuenta en las indicaciones que se van a presentar, sin perjuicio de la necesidad de fortalecer el sistema regulador, en el marco general.

La señora CARRERA.-

Señor Presidente, quiero dejar constancia de que voto el proyecto con muchas aprensiones, que han aumentado después de conocer al detalle lo que pasa con la empresa privada de este mismo rubro en la zona alta de Santiago.

Entiendo la iniciativa en análisis como una respuesta al impulso modernizador que en materia sanitaria significa avanzar fuertemente en la cobertura, recibiéndose, para ello, aportes de capital privado que hagan posible lo anterior en un plazo más breve que el que se requeriría si solamente invirtiera el Estado. Pero en la discusión parlamentaria del proyecto, que primitivamente regulaba la gestión de estas empresas que eventualmente serían privatizadas, han sido disminuidos o suprimidos todos los resguardos que defendían los derechos de los usuarios y la capacidad del Estado para fiscalizar.

Otro punto que me preocupa, señor Presidente , es que en el debate se ha mencionado, en varias oportunidades, que modernizar sería, prácticamente, sinónimo de privatizar. Y se está hablando de que todo el Estado debe ser modernizado. De tal manera que lo anterior querría decir que tal vez todas las empresas del Estado tendrían que ser privatizadas. Con eso no estamos en absoluto de acuerdo. Pensamos que privatizar y modernizar no son lo mismo. Modernizar, para nosotros, es aumentar, sobre todo, la eficacia de una empresa para llegar con un bien público a todos los chilenos. Ello no significa privatizar. Y ya vemos, también, los problemas que puede enfrentar una empresa privatizada.

Creo que en la discusión que llevaremos a cabo más adelante podremos ocuparnos de nuevo en lo relativo a una regulación de estas empresas que apunte a satisfacer todos los intereses, como el buen servicio, la calidad, las tarifas adecuadas, la fiscalización eficaz, una Superintendencia financiada, el control del Estado en los derechos de agua y el que no se concentren en las mismas manos las empresas con los monopolios de servicio público, sobre la base de la llamada "superposición de los monopolios naturales".

En ese sentido, señor Presidente, voto que sí.

El señor COOPER.-

Señor Presidente, el debate ha sido extenso y muy completo. Quisiera solamente destacar algunos aspectos que se relacionan con el proyecto, cuyo objetivo fundamental es modificar y mejorar las disposiciones legales que regulan, precisamente, el sector de servicios sanitarios.

Considero importante lo que he observado en el texto en estudio, en el sentido de establecer, en el fondo, el derecho a que todos los ciudadanos puedan acceder a los servicios sanitarios. Y no solamente desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista práctico. En efecto, se produce una coherencia entre la extensión urbana de las ciudades que se están desarrollando en nuestro país y la necesidad de que los servicios correspondan a ella. Y eso se facilita si existe la posibilidad --con la que hoy no se cuenta en este ámbito-- de que terceros provean los servicios de agua potable y alcantarillado utilizando las redes existentes.

A mi juicio, estos dos aspectos, además de todo lo ya señalado, revelan la importancia y el alcance de la iniciativa que nos ocupa.

También deseo remarcar que la participación del sector privado, por una parte, en cuanto a las inversiones, y de los trabajadores en la propiedad accionaria, por la otra, son también algo que va a cambiar lo que hoy conocemos como empresas sanitarias.

Por último, señor Presidente , creo que, como objetivo final, estas empresas tendrán que mejorar su eficiencia y, lógicamente, bajar sus costos. Porque las tarifas de agua potable han ido aumentando día a día en nuestro país, y hay Regiones, como aquí se ha expresado, que enfrentan problemas de abastecimiento. Ése es el caso de las del norte, especialmente.

Voto a favor del proyecto considerando, de acuerdo con lo que señalé, lo que aquí se ha expuesto y lo que he querido remarcar con mi intervención.

El señor DÍAZ .-

Un Honorable colega dijo que el Gobierno y nosotros, los Senadores de Gobierno, tenemos una desconfianza "visceral" --ése fue el término que empleó-- hacia lo privado. Obviamente, la nuestra es una desconfianza racional. Y la misma racionalidad le vamos a pedir al sector de Su Señoría en su relación con el Estado: que no tenga una desconfianza visceral, sino racional. Aquí han estado presentes tres Ministros: los señores Lagos, García --quien asistió momentáneamente-- y Arriagada , y creo que de su conducta en todo este tiempo no se justifica que la Oposición tenga una desconfianza visceral hacia el Gobierno y sus Secretarios de Estado. Ella tampoco se justifica hacia nosotros, los Senadores.

Asimismo, quiero corregir otra palabra. Cuando sale el Presidente de la República, en forma pluralista y compartida, a distintas partes del mundo, no va a "exhibir" a los empresarios chilenos, sino a compartir con ellos una imagen de país.

Voto que sí, señor Presidente.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , hemos sostenido un debate que ha durado varias semanas, en el que tanto las intervenciones de los señores Senadores como de los señores Ministros de Estado han sido, por regla general, verdaderamente constructivas.

Estamos de acuerdo con que es necesario modificar el régimen jurídico aplicable a las actividades sanitarias. Estamos de acuerdo, también, con las líneas básicas del proyecto, con tender hacia una mayor participación, de capital y de gestión, del sector privado. Igualmente, estamos de acuerdo con que el sector privado debe tener normas muy claras, y la claridad de la disposición legal es la mejor garantía que éste exigirá para participar en ese tipo de empresas.

Es necesario que la ley señale nítidamente las obligaciones que estas empresas contraen y los medios de que disponen los usuarios para hacerlas efectivas; las normas para fijar la tarifa; el Poder del Estado, tanto fiscalizador como sancionador; y los recursos ante un Poder imparcial y objetivo, que es el Poder Judicial.

Por lo tanto, no hay duda de que la gran mayoría del Senado va a aprobar el proyecto. Sin embargo, de las intervenciones que hemos oído tanto de los señores Ministros como de los Parlamentarios, colegimos que falta mucha tarea por cumplir, muchos artículos que revisar y muchas sugerencias que debemos analizar. Por ello, quiero pedir a la Mesa que el plazo para presentar indicaciones sea más amplio que el normal. Porque, en verdad, no es una iniciativa fácil, no se trata de un simple proyecto de privatización de obras sanitarias, sino de la creación de un sistema que el país requiere con urgencia.

A mi juicio, la situación de los pequeños poblados no está suficientemente clara y garantizada. Y creo que también debemos tomar en cuenta que hay un porcentaje del país --que merece todo nuestro respeto-- que hoy se halla fuera de estos servicios, y respecto del cual la política y la ley deben tender a crear un sistema permanente que le asegure la posibilidad de contar con estos servicios tan vitales para la vida de la población.

Por esta razón, voto favorablemente la idea de legislar, y pido a la Mesa y a la Sala que seamos generosos en el tiempo para formular indicaciones, a fin de que quienes estamos interesados --nos han surgido muchas dudas durante la discusión del proyecto, y no hemos participado en la Comisión por tener que abocarnos al estudio de las iniciativas radicadas en nuestras propias Comisiones-- tengamos la oportunidad de hacer presentes nuestros puntos de vista, por escrito, proponiendo las modificaciones legales correspondientes.

Voto que sí.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , lamento el discurso pronunciado por el Ministro señor Lagos en el que, respecto de una materia netamente técnica, se refirió, sin embargo, a cuestiones políticas. Deploro, asimismo, que no esté presente en este momento en la Sala.

Los Senadores trabajamos no en una o en dos sesiones --intentamos hacer una buena ley--, sino durante 29 largas sesiones, por más de 60 horas, muchas de ellas hasta muy tarde de la noche y desde temprano al día siguiente. Sin embargo, el Ministro señor Lagos llegó aquí a criticar. Únicamente concurrió dos veces a las sesiones. Nos hubiera gustado contar con su presencia en ellas, haciendo su aporte. Sólo hoy escuchamos su voz para criticar nuestro trabajo.

En la discusión particular esperamos tener, en todas y en cada una de las ocasiones en que sea posible, al señor Ministro . Ahí se dará cuenta de que su proyecto original contenía muchísimos errores, defectos e ineficiencias que los Senadores, de buena fe, intentamos corregir. Notará, también, que se le introdujeron importantes mejorías.

No entraré en detalles, tampoco bajaré al terreno político a que ha deseado llevarnos el señor Ministro de Obras Públicas ; me mantendré a la altura en que el pueblo me eligió como Senador, esto es, para legislar --no para politiquear-- y hacerlo al nivel técnico correspondiente, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Obras Públicas , habiendo participado en las Comisiones unidas.

Los ejemplos de una empresa privada con problemas --que no justifico--, no ameritan tampoco callar las graves dificultades y escándalos --si ha de hablarse de ellos-- de muchas otras empresas públicas muy ineficientes. Sólo desmuestran que la ley sobre el marco regulatorio debió haberse enviado al Parlamento hace seis años, porque hace seis años que empezó el Gobierno de la Concertación. De haber ocurrido así, ni una ni otra situación, a mi juicio, se habrían presentado. Pero no hay que olvidar también que en el caso de la empresa Lo Castillo, ésta fue la que ayudó a EMOS hace algunos años, a raíz de diversos problemas, cuando esta última tuvo dificultades para abastecer a la población.

Seamos positivos y elevemos el debate. El proyecto es bueno, apunta en un sentido de modernidad indispensable. No es que los usuarios hayan quedado sin resguardo --como aquí se dijo--; por el contrario, acogimos todas y cada una de las observaciones del Ejecutivo y agregamos nuevas, para resguardar debidamente a los usuarios, trasladando en su favor todos los beneficios de la empresa privada. Terceros podrán ahora proveerlos de agua potable, lo cual habría permitido, por ejemplo, evitar el problema de la empresa Lo Castillo.

Asimismo, las empresas se podrán dividir. Hasta ahora se había planteado que sólo debían actuar en el ámbito de las tres empresas de la división político-administrativa, lo cual, obviamente, no corresponde a la esfera económica en que aquéllas deben desenvolverse.

Los trabajadores podrán participar --al contrario de lo que aquí se dijo-- en la propiedad de las empresas, tal como lo plantea la iniciativa. Por lo demás, eso fue lo que se estableció en el proyecto de ley de 1989, y que, sin embargo, EMOS, hasta hoy, no ha cumplido, pues no ha permitido a los trabajadores participar en su propiedad. Tan así es que ha merecido la acción judicial de muchos trabajadores ante los tribunales, los cuales están reconociendo esos derechos.

Cabe señalar también que se crean diversas categorías de empresas --diferentes a las que había planteado el texto del Ejecutivo --, mucho más acordes con la realidad. Asimismo, se prohíbe la concentración de la propiedad; de manera que ninguna empresa, aunque se junten varias, podrá, en definitiva, poseer más de 50 por ciento del sector.

En cuanto a la superposición, si bien es cierto que después de un doble empate quedó rechazada la indicación del Ejecutivo , creo que ésta será aprobada mañana en la Sala. Personalmente, voté en favor del planteamiento del Ejecutivo , para que no se sobrepongan las áreas eléctricas, de aguas o sanitarias, y también de gas.

Por diversas razones, que no es del caso analizar acá, se aprobó licitar públicamente todos los gastos de las empresas públicas --habría sido muy conveniente que hubiera existido en varias otras empresas que demuestran problemas--, cualquier obligación por más de 5 mil unidades de fomento, y en el caso de alguna compra relacionada, sobre mil unidades de fomento.

Las Comisiones unidas, además, no se abocaron al problema de las aguas, porque el proyecto relativo a ellas "duerme" hace muchos años en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno quedó de presentar una nueva iniciativa al respecto, la cual aún no llega a dicha Corporación y, obviamente, como consecuencia de ello, tampoco al Senado.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Ha terminado su tiempo, señor Senador.

El señor ERRÁZURIZ.-

Voy a concluir, entonces, señor Presidente.

Por lo tanto, debo celebrar este proyecto. Creo que, corrigiendo algunos errores, por ejemplo, en cuanto a la superposición de áreas, apunta en el sentido correcto; regula adecuadamente la actividad; permite la incorporación de capital privado, el cual ha hecho mucha falta, como dijo el Presidente de la República . Queda pendiente el tema de los derechos de aguas. En definitiva, la iniciativa hará posible que este sector, todavía con bastante grado de subdesarrollo, logre el progreso que la modernidad del país y los tiempos actuales exigen.

Por eso, voto que sí.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , quiero referirme a un solo tema de este proyecto tan importante y que abarca varias materias, y es el concerniente al organismo de fiscalización de las empresas que prestan los servicios de agua.

Aquí se señaló que habría algunos Senadores que sólo en el discurso estaríamos de acuerdo en la mayor fiscalización, porque, en el hecho, no se prestarían los recursos necesarios para que este servicio realmente funcione.

Ello no es así. Personalmente, me opuse al financiamiento contemplado en el proyecto, por diversas consideraciones que hice presente en su oportunidad --algunas de las cuales reiteraré en esta ocasión--; pero creo indispensable que exista el organismo de fiscalización y que esté dotado de importantes funciones.

Sin embargo, considero que este impuesto --ésa es la naturaleza que, a mi juicio, tiene el aporte obligatorio a las empresas, por el hecho de que serán fiscalizadas-- es inconveniente. Me parece que es un impuesto de afectación, y que, además, gravará en definitiva el valor del agua, en circunstancias de que los impuestos deben gravar los ingresos más altos y no los de las personas de menores recursos.

En definitiva, sobre la base de que hay un subsidio para las personas de escasos ingresos --el que debería aumentarse, porque beneficia solamente al 20 por ciento de la población--, una parte importante de éstas no lo recibe y tendría que pagar valores más altos por los aportes obligatorios a las empresas. Por eso creo que tales aportes son absolutamente inconvenientes.

Además, debe tenerse presente que en el proyecto primitivo no se dan a la Superintendencia de Servicios Sanitarios las herramientas para cumplir las nuevas funciones que se le imponen, ya que no se aumenta su dotación ni su planta para adecuarlas a ellas. Esto me parece muy inconveniente y debe corregirse.

Otro aspecto muy importante es el de preservar el carácter de organismo técnico de fiscalización que tiene la Superintendencia. La fiscalización no puede ser política. En este sentido, he mirado con alarma las declaraciones que acaba de hacer el señor Ministro de Obras Públicas , porque no es posible que se juzgue en la Sala del Senado si determinada empresa privada cumple o no sus condiciones. Tal materia es propia de un organismo de fiscalización que --reitero-- debe ser técnico, y sus decisiones, susceptibles de ser reclamadas ante los Tribunales de Justicia.

En todo caso, a nuestro juicio las medidas establecidas en el primer informe son suficientes. Incluso son las que hoy contempla la ley para preservar el servicio de prestación del agua. Me refiero solamente a los artículos 7º, 11, 24 y 26. Hay, además, un precepto que faculta al Presidente de la República para declarar caducada la concesión cuando las condiciones del servicio no correspondan a las exigencias establecidas en la ley, en los reglamentos o en el decreto de concesión respectivo.

Por eso me parece tan inconveniente que, habiendo normas expresas vigentes que permiten a la autoridad adoptar las medidas del caso, se hagan declaraciones de carácter político --porque las hace un Ministro de Estado -- respecto de una empresa privada que puede exigir que se garanticen sus derechos y reclamar de las decisiones de la autoridad ante los Tribunales de Justicia. Por consiguiente, pido que reservemos a la Superintendencia su carácter técnico de fiscalización.

Voto a favor.

La señora FREI (dona Carmen) .-

Como representante de la Segunda Región , me ha sido extremadamente difícil decidir cómo votar este proyecto, especialmente, después de analizar el informe de las Comisiones de Economía y Obras Públicas, unidas --sobre el cual expuse largamente en días pasados--, porque ese documento adolece, a mi juicio, de muchas fallas y carencias.

Sin embargo, me hace mucho peso lo que expresó el Ministro señor Lagos. Comparto totalmente su posición, que ha clarificado varios puntos en los cuales tenía dudas.

Además, me ha dado mayor fuerza y confianza --por lo que, obviamente, votaré a favor-- lo que señaló el señor Presidente de la República el sábado 13 de enero: "Aprobada la ley que regula el sector sanitario se procederá a asociar, bajo diversas modalidades". Esto lo entiendo en el sentido de que en el futuro se hará un estudio muy acabado --Región por Región-- de cada realidad de las empresas sanitarias. Con tal planteamiento, se tomará en cuenta la situación de la Segunda Región, donde hay muchas dificultades y se pagan las más altas tarifas --contrariamente a lo expresado por un señor Senador, quien aseguró que en su Región se registrarían los precios más elevados-- como lo prueba el informe de la Corporación de Fomento de la Producción, que demuestra que en algunos casos quintuplican los valores que se cobran en otras regiones.

En resumen, confiando totalmente en lo expresado por el señor Presidente de la República , tocante a que se crearán asociaciones bajo diferentes modalidades, considerando las realidades regionales y, además, cuidando el futuro de los trabajadores de las empresas sanitarias, voto que sí.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , ya intervine dos o tres sesiones atrás; así que sólo voy a señalar ante los señores Ministros, y como recapitulación, que este proyecto requiere definir mejor algunas áreas y temas relacionados, como es el caso del agua potable rural; las cuencas asociadas para garantizar la cantidad y calidad del agua; la posible participación de los trabajadores; estabilidad y la definición de los derechos de agua, e incorporar en mejor forma el tratamiento de los alcantarillados.

Al respecto, haremos las indicaciones correspondientes.

Voto a favor la idea de legislar.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , por los antecedentes que mencioné en mi intervención reciente, voto afirmativamente la iniciativa en los términos en que ésta fue despachada por las Comisiones de Economía y Obras Públicas, unidas, las que corrigieron una serie de defectos y limitaciones que traía el proyecto original. Éstos, lamentablemente, incluían ciertas desconfianzas en el sector privado. Espero que no se reiteren en la discusión particular. Por el contrario, ojalá entonces podamos profundizar ciertos asuntos para asegurar que esto funcione bien y tenga éxito, sobre todo porque quienes creemos en la capacidad de las personas estamos seguros de que, a través de la confianza en el sector privado, este país va a progresar.

Voto que sí.

El señor LARRE.-

Señor Presidente , ante la opción, voto a favor de la iniciativa, por una razón muy sencilla: permite liberar recursos para el Estado. Espero que éstos sirvan para atender, por la vía subsidiaria, a los sectores más necesitados del país.

Sin lugar a dudas, el desarrollo alcanzado en Chile por los servicios de agua potable y alcantarillado ha motivado notables índices de mejoramiento en la salud pública. Esto hay que extenderlo, especialmente, a los sectores rurales. En más de una ocasión, en esta Sala, hemos demandado la posibilidad de que los pobladores más modestos también vean satisfechas sus necesidades de agua potable y alcantarillado; y con mayor razón, los locales donde atienden los servicios públicos tales como educación, salud y vivienda.

En este marco, la iniciativa es ampliamente favorable. Habrá que buscar todas las oportunidades para garantizar a los usuarios un nivel de costo adecuado a sus ingresos, sin perder de vista que ello facilitará la tarea del Gobierno de asumir la urgencia que demanda la agencia social.

Frente al enorme volumen de recursos que se requerirían en los próximos años, en especial en el tratamiento de las aguas servidas para conservar nuestro medio ambiente, creo que debemos aprobar el proyecto.

Voto que sí.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , tengo entendido que esta iniciativa, por acuerdo dela Sala, debe pasar a la Comisión de Hacienda para nuevo informe. Así fue acordado.

No quisimos insistir en que se enviara a dicha Comisión, a fin de no retrasar su discusión en la Sala, ya que se estaba agotando el tiempo de esta legislatura.

No obstante que la iniciativa se ha analizado con mucha dedicación y profundidad, aún creo que amerita discutirse muy a fondo.

El artículo 19 de la Constitución Política garantiza a los ciudadanos alrededor de 20 derechos: la educación, la libertad, etcétera. Pero --diría--, ¿qué cosa hay más esencial para el ser humano que el agua potable? ¿Qué pasa si a una persona, o a un grupo de personas, o a un pueblo completo, de la noche a la mañana lo privan de ella? Ya hemos visto algunas de las dificultades que se producen, a raíz de los problemas de suministro por parte de la Empresa de Agua Potable Lo Castillo.

¿Qué cosa hay más esencial para la vida de un individuo, aparte del aire que respira, que el agua? Por eso, todo cuanto podamos analizar acá esta materia es poco para preservar un derecho tan trascendental como el de que todos los chilenos dispongan de agua potable.

Señor Presidente , es cierto --y seguramente todos piensan lo mismo-- que la privatización de un elemento monopólico, como el agua potable, se hace con el fin de que un agente privado obtenga utilidades; es decir, que no solamente trate de dar un buen servicio, sino que perciba ganancias. Y esto obligadamente se reflejará en las tarifas. No hay que olvidar que en Chile tenemos más de 2 millones 700 mil pobres. Este proyecto incidirá en esos pobres, no obstante el subsidio que se les pueda otorgar. Actualmente el Estado cubre el 40 por ciento del consumo de agua potable de la ciudadanía. En otros términos, le paga el agua potable al 40 por ciento de los chilenos. ¡Cómo no va a ser esencial un proyecto de esta naturaleza!

Comparto plenamente las observaciones formuladas por la Senadora señora Carmen Frei. Y me asaltan las mismas dudas que ella tiene respecto de las posibilidades de alternancia, de la forma de acceso del sector privado, de las tarifas, del rol que habrá de cumplir el Estado para preservar este imprescindible elemento.

Por las razones expuestas, espero que en esta iniciativa no nos dividan problemas ideológicos, sino que nos aúne el bien común, en beneficio principalmente de los habitantes más pobres del país, a quienes se les hará muy difícil acceder a este servicio.

Tal vez más allá del año 2000, cuando Chile tenga otros ingresos y haya menos pobres, o no los haya, el problema del agua potable seguirá siendo de primer nivel, pero no tan esencial como hoy día.

El señor VALDÉS (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.

El señor LAVANDERO .- Antes de finalizar, señor Presidente , quiero insistir en el planteamiento del Senador señor Díez , en el sentido de fijar un amplio plazo para formular indicaciones a este proyecto. Y, pese a todas mis aprensiones por lo que él significa, por el aspecto regulador que contiene, lo votaré favorablemente.

Reservo el resto de mis observaciones para el segundo informe, cuando se lleve a cabo la discusión en particular.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente , hubiese querido ahorrar tiempo a la Sala, porque se rendirá un homenaje --muy merecido-- en memoria de un hombre particularmente importante para la vida deportiva y la ingeniería del país: don Eduardo Simián . Pero haré algunas reflexiones, porque me preocupa el debate habido durante las tres sesiones dedicadas a este proyecto.

Hemos señalado la conveniencia de desideologizar la discusión respecto de las empresas públicas. Sin embargo, la gran mayoría de los señores Senadores de Oposición ha puesto en sus intervenciones un elemento ideológico imposible de soslayar.

He escuchado con inquietud la opinión de algunos Honorables colegas en orden a que el Estado no debe realizar ningún tipo de regulación, ni siquiera en un área tan vital como la de las empresas de bien público relacionadas nada menos que con el agua potable. Considero que ésa es una visión exclusivamente ideológica, que no tiene nada que ver con el análisis de fondo efectuado sobre la materia en países a los cuales, a veces de mala manera, tratamos de imitar. El debate llevado a cabo en Inglaterra, en Francia, en España, con respecto de la función reguladora que el Estado necesariamente tiene que cumplir, no ha sido asumido aquí por las bancadas de Oposición. Es más, siguen considerando que dicho debate tiene carácter técnico, en circunstancias de que es eminentemente político, en el mejor sentido de la palabra.

La privatización de las empresas sanitarias no implica un debate técnico. Dejemos a un lado, de una vez por todas, las apreciaciones maniqueas, que no condicen con el asunto de fondo, porque --repito-- el tema es político en el mejor sentido de la palabra. Es político, porque se dice: "Hay que disminuir el Estado". Y ésta es una definición política, no una propuesta puramente técnica, por mucho que algunos señores Senadores, siendo políticos, a menudo digan que ellos no lo son y que se hallan en el Senado sólo para debatir cuestiones de índole técnica. Ése es un grave error y corresponde a una visión superficial de la labor legislativa y de la responsabilidad que tenemos frente al país.

Reitero: se trata de un debate político, en el mejor sentido de la palabra, porque debe entenderse que al reducir el Estado se disminuye el rol político de éste en la sociedad. Y se pretende entregar ese rol político a los particulares. Ojalá que el sector privado pueda realizar el bien común encomendado al Estado desde que se constituyó como forma histórica, y que se ha dirigido a satisfacer las necesidades de la gente.

Señor Presidente , otro hecho que me parece francamente lamentable es que algunos señores Senadores sigan pensando que todo lo que es bueno para la empresa privada es bueno para Chile. Ése es un asunto político que, a mí por lo menos, me interesa discutir. Porque también es cierto que no todo lo que es el Estado satisface todas las necesidades de la población. Por consiguiente, nos parece fundamental incorporar capitales privados a determinadas empresas, a fin de que sean más eficientes, más competitivas y cumplan mejor el rol que les es propio.

Por tales motivos, junto con anunciar mi voto favorable a la idea de legislar, manifiesto que reservo mi opinión acerca de algunos puntos específicos consignados en la ley en proyecto. En su momento presentaremos indicaciones sobre ellos, dado que no comparto la forma en que fueron aprobados por las Comisiones unidas, cuyas proposiciones reflejan el pensamiento político de la mayoría de sus integrantes; la concepción, la idea --muy respetable-- que hoy tienen, pero que, en lo medular, no dice relación a la manera moderna en que deseamos que el Estado funcione en Chile.

Voto que sí.

El señor PRAT.-

Señor Presidente , como señaló el Senador señor Errázuriz , las Comisiones unidas trabajaron durante 29 sesiones en torno del texto enviado por el Ejecutivo , con el objeto de perfeccionarlo. Y ello se hizo con una concepción netamente técnica. A este respecto, discrepo de lo que se ha expresado recién. Creo que hoy en Chile no hay discrepancia política en cuanto a la necesidad del concurso privado para abordar estas materias. Y, de hecho, el señor Ministro de Obras Públicas se ha transformado en el gran profeta del capital privado en la concesión de obras públicas. Por lo tanto, el aspecto político en la materia está superado en la gran mayoría de los sectores de opinión.

Las diferencias que ha habido al interior de las Comisiones unidas de Economía y de Obras Públicas se centran en una concepción técnica acerca de cuál es el rol del Estado a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Y en mi intervención anterior hice ver que la diferencia radica en cómo se plantea la participación del Estado en la fijación de tarifas. Ésa es la esencia de la diferencia.

La ley existente --porque hay una legislación en esta materia; no estamos construyendo el mundo de nuevo-- entiende que el Estado crea una empresa modelo o virtual, con el concurso de sus técnicos, preparados y conocedores de las mejores tecnologías sobre la materia disponibles en el mundo, y en base a esa empresa virtual o modelo diseña una tarifa óptima. Ésa es la proposición del Estado, que se contrapone a la fórmula que sugiere el prestador. Y existe una comisión arbitral que resuelve.

La concepción del proyecto que estamos discutiendo (ha sido corregida por las Comisiones unidas) abandona el esquema de empresa virtual o modelo y busca que el Estado participe en todas las empresas, para conocer cómo operan en su interior y qué costos tienen. Y eso es lo que justifica que aquél mantenga 35 por ciento de cada una de las empresas; que ellas no puedan integrarse ni en forma horizontal ni vertical, y que estén vedadas las transacciones con empresas relacionadas. Porque (repito) la concepción del Gobierno sobre la materia consiste en que el Estado se encuentre incorporado en cada una de las empresas y en cada una de las transacciones, para de esa manera conocer la realidad de aquéllas y desde esa base hacer su propuesta tarifaria.

Entonces, es una concepción técnica diferente.

No hay aquí un problema político esencial de por medio, salvo que una concepción se funda más en la desconfianza --aquella que obliga a estar participando en cada instancia y actuación de las empresas prestadoras, para conocer cómo se mueven--, y la otra --la de la competencia tecnológica--, en poner al Estado a correr en competencia, a través de sus técnicos, con los prestadores.

Son dos concepciones técnicas sobre la materia, que definen distintas divergencias a lo largo de todo el proyecto: la participación del Estado en cada una de las empresas; la capacidad o incapacidad de éstas para integrarse vertical y horizontalmente; la capacidad o incapacidad de las mismas para efectuar transacciones con empresas relacionadas.

Respecto a las atribuciones de la Superintendencia, en general en las Comisiones hubo acuerdos. Estos apuntan a enmarcar las atribuciones del Superintendente en normas objetivas, pues esos órganos coinciden en que en la medida en que sea así se afianzará la solidez jurídica de las concesiones, lo cual facilitará el acceso de capitales y la gestión privada.

Por último, las Comisiones unidas optaron porque la Superintendencia tenga plena independencia respecto del prestador. Y por eso se ha desestimado la fórmula de financiamiento originada en la facturación del propio prestador, pues eso podría llevar, por ejemplo, a una --quizás involuntaria, pero efectiva-- colusión de intereses por las tarifas cuando la facturación del prestador incida en mayores ingresos para la Superintendencia.

No se trata de que las Comisiones hayan querido negar recursos a dicho organismo. Ésa es materia de la Ley de Presupuestos que elabora el Ejecutivo año a año. Las Comisiones unidas desecharon por inconveniente esa fórmula de financiamiento en la medida en que liga al prestador y al Estado.

Voto a favor.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente , cuando asistimos a debates en que se encuentran el mundo privado con el público, normalmente empiezan las mutuas recriminaciones. Y éstas nos llevan a sostener --y en eso comparto absolutamente lo planteado por el Senador señor Núñez -- que existen ciertos temas que se hallan pendientes en nuestro país.

No es admisible sostener permanentemente que el sector privado es insensible; tampoco lo es afirmar constantemente que el sector público es un inútil en materias de administración. Cada uno de estos sectores tiene sus méritos, sus problemas, sus defectos.

Al respecto, vale la pena analizar por qué motivo surgen situaciones frente a un sector u otro.

Sin duda alguna, en el sector público, el mayor problema --se ha demostrado, y lo hemos observado en el último tiempo-- consiste en que los cargos técnicos, básicamente, se han partidizado. Y en el sector privado no ha habido todavía un análisis a fondo acerca de la enorme responsabilidad que tienen los Estados modernos para impulsar y desarrollar en conjunto con la sociedad acciones que permitan un crecimiento armónico de una nación.

Por lo general voto favorablemente --y también lo haré en esta oportunidad-- todos los proyectos donde se produce el encuentro del resto de Chile con una función que se halla en el desarrollo de la base social y que hasta este instante se ha radicado única y exclusivamente en el patrimonio del Estado. Lo hago convencido de que las responsabilidades que se asumen corresponden efectivamente a un desenvolvimiento integral de la familia chilena.

Recojo lo que señaló el Senador señor Lavandero : el agua es un derecho básico para el ser humano. Y estamos estudiando una iniciativa que permita que accedan a este derecho elemental todos los chilenos y que evite que él se quede enredado en problemas de orden administrativo o político, o en la falta de fondos públicos, en circunstancias de que buena parte de la nación tiene recursos disponibles para asumir en plenitud esta enorme y magnífica responsabilidad.

Ojalá algún día exista en el país la alternativa de cada persona, en el área donde se encuentre, de pensar que tiene la responsabilidad de hacer Chile todos los días, considerando los objetivos fijados y entendiendo que el desarrollo nacional es tarea de todos y no sólo de algunos pocos.

Voto que sí.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente , quiero referirme a dos aspectos que también tocó el señor Ministro de Obras Públicas : los derechos de aguas y la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

El agua, obviamente, constituye la materia prima de los servicios sanitarios. En la medida en que no esté bajo la administración y control del concesionario, el grado de responsabilidad de éste frente a problemas de aprovisionamiento a los clientes se diluye. También se disipa su responsabilidad ante eventuales conflictos derivados de perjuicios generados a los usuarios por problemas de abastecimiento. Esta cuestión se sacó de la discusión del proyecto, dejándose pendiente hasta el debate de la iniciativa modificatoria del Código de Aguas, que se encuentra en la Cámara de Diputados. Cuando llegue a esta Corporación --ojalá sea pronto-- plantearé mi posición con respecto a los derechos de aguas, sobre la base que he señalado.

Con relación a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en las Comisiones unidas coincidimos en la necesidad de reforzar su capacidad para regular disposiciones técnicas en materias de calidad, presión, potabilidad, confiabilidad del servicio; para controlar el cabal cumplimiento de las normas del sector; para fijar las tarifas de acuerdo al procedimiento consagrado en el DFL 70, y para aplicar las sanciones establecidas en la normativa del sector.

No aprobamos --lo recalco, y tengo la impresión de que estuvimos acertados-- la intervención de la Superintendencia en la operación de las empresas que queden bajo su supervigilancia y control. La mayoría que siempre tuvimos en la Comisión, representada por los Senadores de Oposición, se impuso en este sentido, lo cual dio lugar a una Superintendencia con facultades racionales para la fiscalización del buen desempeño de las empresas.

Hago presente lo anterior como una manera de responder a las críticas formuladas en cuanto a que no concebíamos la participación del Estado en las empresas del rubro. La concebimos, entre otras cosas, a través de la fiscalización que realice la Superintendencia, en la forma ya descrita.

Voto favorablemente.

El señor URENDA.-

Señor Presidente, creo que del largo debate producido, del que me abstuve de intervenir hasta ahora, es posible sacar algunas conclusiones que, aunque elementales, nos orientan sobre lo que debemos hacer ante este proyecto.

Todos han puesto en evidencia la absoluta necesidad de que, si aspiramos a ser un país desarrollado y moderno, precisamos de servicios de agua y alcantarillado --incluyendo los complementarios-- que cubran todo el territorio nacional y que sean --es importante decirlo-- de la máxima eficiencia.

La posibilidad de que exista al respecto una infraestructura adecuada es absolutamente trascendente, no sólo para el servicio mismo, sino también para el desarrollo de muchas ciudades, como pude apreciarlo ayer en San Antonio y como se observa en muchos otros sectores del país.

Es cierto que hemos avanzado, pero aún nos queda mucho por hacer. El Ejecutivo tomó la determinación de buscar medios para allegar mayores recursos y procurar un sistema más eficiente para la prestación de los servicios sanitarios. Y lo hizo a través de este proyecto, con el cual persigue, por un lado, perfeccionar el marco regulatorio, y por el otro, facilitar, aunque en forma muy tímida, los aportes privados; no debemos olvidar que en la actualidad existen normas legales que permiten privatizar en ciento por ciento las dos empresas estatales más importantes del rubro, lo que en el futuro no va a suceder.

En lo que concierne al marco regulatorio, debemos encontrar una fórmula adecuada, justa, que no prive al Estado de un apropiado control, pero que, al mismo tiempo, no genere situaciones donde el particular se vea avasallado por una fiscalización excesiva.

Por último, creo que este camino que se abre a una mayor participación privada --camino que hará el propio Gobierno, al que se entregan las facultades correspondientes-- posibilitará una liberación de recursos para atender otros gastos prioritarios. A mi juicio, el debate político de alguna manera se diluye ante este hecho indiscutible. El Estado tiene prioridades más importantes e imprescindibles que los servicios de agua potable y alcantarillado, los cuales perfectamente pueden ser prestados por el sector privado con mucha eficiencia.

Dicha liberación de recursos significa de alguna manera una reducción del Estado, pero no para disminuir sus facultades, sino para que pueda concentrarse en sus tareas propias, que incluyen el control sobre las empresas que sean privatizadas y, también, la necesidad de atacar con mayor eficacia y más recursos la extrema pobreza, como ha quedado dramáticamente demostrado en estos días.

Por ello, porque estimo que vamos por el camino correcto, y considerando que se trata nada más que de una votación general, sin entrar en mayores detalles, doy mi voto favorable al proyecto.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-

Señor Presidente , pienso que este proyecto y otros anunciados por Su Excelencia el Presidente de la República se encuadran dentro de su idea --plenamente razonable-- de que es posible superar uno de los problemas actuales más urgentes: dotar a Chile de una infraestructura que lo lleve, con seguridad y fuerza, a convertirse en un país desarrollado en el siglo XXI.

Para ello se requieren quizá más de 13 mil millones de dólares. Únicamente en el sector eléctrico y en el de las comunicaciones existen los recursos suficientes para alcanzar ese objetivo; no están en el sector sanitario y en otros. Pero, además de dinero, se necesita tecnología y --por qué no decirlo con toda claridad--, también, gestión.

En ese sentido, creo que la posición del Gobierno es absolutamente realista. Yo diría que no sólo está lejos de todo ideologismo, sino que también se engarza plenamente con el realismo demostrado en el pasado por estadistas como Pedro Aguirre Cerda y otros, quienes, con la Corporación de Fomento, nos permitieron llevar adelante las empresas básicas del país en acero, carbón y petróleo. Y hoy, con justa razón, vamos a rendir homenaje a un verdadero gigante de todo ese proceso: don Eduardo Simián .

Pero esos hombres, que se entregaron por entero a la tarea de emprender y crear, actuaron conforme a una época. Y pienso que hoy, lejos de estar en contradicción con ellos, seguimos su ejemplo de llevar adelante al país.

Aquí se ha cuestionado que el Estado podría alejarse de cumplir su finalidad del bien común. Muy por el contrario. En realidad, el Estado no asegura el bien común por el mero hecho de ser propietario de empresas; incluso, es posible que no logre ese propósito. Pensamos que se puede alcanzar el bien común con el concurso del sector privado; pero no de cualquier manera. Y aquí es donde se halla quizás lo más importante del proyecto del Gobierno: ¡Por Dios que es claro en cuanto al sistema tarifario!

Por eso, me gustaría que quienes hoy voten a favor de la idea de legislar se allanaran plenamente en la discusión particular a establecer un marco regulatorio adecuado, pues por esa vía el Estado podrá velar por el bien común, con una legislación clara, pero también con una Superintendencia dotada de facultades suficientes para resguardar realmente los derechos de toda la comunidad.

Por último, aquí hay un problema de pobreza que, como lo ha expresado muy bien el Presidente Frei , no puede seguir esperando. Y para enfrentarlo bien, vamos a tener que pensar en más subsidios y en entregar aun mayores recursos.

Por todo lo anterior, creo que este proyecto y otros nos abren las puertas hacia un futuro más grande y mejor para todos los chilenos.

Voto que sí.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Fundamentaré mi voto muy brevemente, señor Presidente , sólo para hacer un par de observaciones.

Pienso que en el segundo informe debiera enriquecerse el proyecto, ya que del debate realizado se pueden extraer conclusiones susceptibles de un gran consenso.

En primer lugar, debe buscarse un régimen tarifario que, mediante el perfeccionamiento del sistema de subsidios, evite la discriminación entre una región y otra. Hay que encontrar un mecanismo para impedir que se produzca una diferencia tan grande entre la tarifa más alta, correspondiente a Antofagasta --con un monto de 540 pesos--, y la más baja, que no sobrepasa los 135 pesos en otra Región del país. Se trata de un tema que debemos abordar y profundizar, para ver de qué manera podemos hacer alguna corrección solidaria a fin de evitar tal disparidad.

En segundo término, considero necesario volver a introducir en el proyecto las facultades regulatorias de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que se han eliminado o limitado por las Comisiones unidas.

En tercer lugar, tenemos que preocuparnos seriamente del asunto de la concentración de la propiedad y de la dispersión, y, al mismo tiempo, evitar la superposición, como lo señaló el Senador señor Errázuriz .

Un cuarto aspecto se vincula con una mayor precisión en el sistema de agua potable rural. En este sentido, considero que la iniciativa es pobre y que podemos avanzar más en perfeccionar la forma de otorgar este servicio a dicho sector en el próximo tiempo.

Otro punto alude al sector laboral. También tendremos que introducir algunas disposiciones relacionadas con el problema de la supresión del derecho laboral de algunos trabajadores o lo que pueda significarles la readecuación del sistema y su participación en la posibilidad de adquirir un porcentaje definido en el sector sanitario, puede ser del orden del 10 por ciento. En esta materia, estoy de acuerdo en ver cómo lo distribuimos dentro de las posibilidades de la desconcentración de la propiedad.

Por último, creo que debemos reponer el financiamiento de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, asunto que ha sido muy discutido. Si sólo le otorgamos facultades y no le damos capacidad para realizar una buena regulación, con buenos profesionales, con buenos instrumentos regulatorios, la ley podría ser letra muerta.

Resulta indiscutible, como decía el Senador señor Díez , que en el segundo informe, aprobado un plazo razonable para formular indicaciones, el proyecto debe enriquecerse de manera que genere una modernización en el actual sector de servicios sanitarios.

Voto que sí.

--Se aprueba en general el proyecto (37 votos contra 3).

Votaron por la afirmativa los señores Alessandri, Calderón, Cantuarias, Carrera, Cooper, Díaz, Díez, Errázuriz, Feliú, Fernández, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Horvath, Lagos, Larraín, Larre, Lavandero, Letelier, Martin, Matta, Mc-Intyre, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Otero, Páez, Prat, Ríos, Ruiz-Esquide, Siebert, Sinclair, Thayer, Urenda, Valdés, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la negativa los señores Hormazábal, Ruiz (don José) y Sule.

El señor VALDÉS ( Presidente ). -

Si le parece a la Sala, se fijará el día 15 de marzo como plazo para presentar indicaciones, en atención a que durante el mes de febrero el Senado entra en receso.

La señora FREI (doña Carmen).-

Que sea hasta el 20, señor Presidente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Si no hay inconveniente, el plazo para formular indicaciones terminará el miércoles 20 de marzo, a las 12.

Acordado.

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente , Honorables Senadores, familiares y amigos de don Eduardo Simián que hoy nos acompañan:

El Senado de la República tiene entre sus más caras tradiciones rendir homenaje a aquellos ciudadanos que han dejado una huella indeleble en la comunidad nacional y cuyas vidas son un vivo ejemplo para las generaciones presentes y futuras.

Deseo hoy, en nombre de los Senadores democratacristianos --y en especial del Honorable colega señor Hamilton , quien se halla ausente, y con el que Eduardo Simián compartió Ministerios en otras oportunidades y tuvo una relación muy estrecha--, rendir un merecido homenaje a un distinguido camarada y destacado hombre público; al esposo ejemplar que formó una hermosa familia, inspirada en los valores imperecederos del cristianismo junto a su esposa Eliana y bendecida con la llegada de sus hijos María Laura , Luis Alberto , Juan Eduardo, Ricardo y María Eliana y de numerosos nietos que alegraban sus últimos años. Asimismo, deseo tributar este homenaje al amigo y compañero de trabajo en las duras faenas petroleras.

El Evangelio nos dice que la semilla debe morir para que la tierra generosa le permita perpetuarse en nuevas plantas que nos entregarán el fruto de la tarea inicial. Es cierto. Sin embargo, Eduardo Simián nos legó en vida una obra gigantesca que abarcó diversos ámbitos de la vida nacional y su muerte dará nacimiento a la leyenda, porque fue de los elegidos, de aquellos que tuvieron el privilegio de abrir un nueva era para su Patria.

Le correspondió horadar las pampas patagónicas para hacer aflorar la riqueza que Dios, generoso, nos donó. En su nombre se sintetizan los de muchos hombres que vivieron la epopeya del petróleo en el extremo austral de nuestro país y, por ello, estará siempre presente en la memoria de un pueblo agradecido.

En su inquieta juventud, se destacó como gran deportista cubriendo el arco del club de su universidad, la Universidad de Chile, convirtiéndose en el mejor de su época y llevándolo a vestir la camiseta de la Selección Nacional. Lo hizo como en todas las actividades fructíferas de su vida: con pasión, entrega y gran caballerosidad. Pudo haber elegido el camino del deporte que le tenía asegurado un brillante porvenir, pero quiso enfrentar el desafío que, en la realización de su profesión de ingeniero, le ofrecía el Estado en la búsqueda del preciado oro negro, que la CORFO con ahínco perseguía en Tierra del Fuego.

Allí, en el confín de América --"tierra maldita" según los primeros exploradores europeos que la recorrieron--, luchando con limitados recursos contra la inclemencia de un clima riguroso, pero con la resolución y la tenacidad que lo habrían de distinguir a lo largo de su vida, supo imprimir al puñado de hombres que lo acompañaban la fuerza y la esperanza que habría de coronarse el 29 de diciembre de 1945, con el surgimiento del primer chorro de petróleo en Chile. Habían logrado convertir en realidad el sueño tan ansiado por la pequeña comunidad magallánica, despertado por el pionero Alejandro Marcou , cuyos esfuerzos resultaron infructuosos, pero que abrió el cauce a los intentos que continuaría el Estado, a través de la Corporación de Fomento de la Producción.

El nombre de Eduardo Simián recorre todos los rincones de Chile y, de allí para adelante, es difícil hablar del petróleo chileno sin asociarlo a su descubridor.

Comienza así una carrera que lo llevaría a ocupar los más altos e importantes cargos en la empresa, llegando a su gerencia general y, luego, a su directorio. Por eso, al conmemorarse el cincuentenario del descubrimiento del petróleo, la Empresa Nacional de Petróleo, en el pozo Nº 1 de Manantiales, le rindió un justo y merecido homenaje a él y a su colega y amigo Juan Pedrals , también recientemente fallecido. Habríamos querido destacar en esta Corporación la importancia de la ENAP en estos 50 años de fructífera labor en beneficio del país, cuando nos golpeó la noticia del fallecimiento de Eduardo Simián .

Por ello, queremos reconocer, en un homenaje a su persona, el aporte de tantos petroleros que ya no están, pero que dejaron una estela luminosa en las tierras australes.

También el ingeniero Simián incursionó con éxito en la actividad privada, participando en 1954 como Director-Gerente en la formación de la Compañía Sudamericana de Fosfatos S.A. Fue además Presidente del Directorio de Petroquímica Chilena ; Presidente del Directorio de Petroquímica Dow S.A., Director de Gildemeister S.A.C.; socio y Presidente de Marítima del Sur S.A. y Presidente del Directorio de Carbonífera de Schwager S.A., entre otras.

Junto al distinguido ingeniero Fernando Salas Valdés , ex Gerente General de ENAP , puso en marcha el proyecto petróleo ecuatoriano, país en el que Simián era asesor del Ministerio de Recursos Naturales.

Sus inquietudes gremiales lo llevaron a presidir el Instituto de Ingenieros de Minas, el que le confirió la Medalla al Mérito en l968 y la Medalla de Oro en l977. Fue miembro del Consejo del Colegio de Ingenieros de Chile, institución que le confirió, en l987, el grado de Miembro Vitalicio, por su larga y brillante trayectoria profesional. En l994, le otorgó el "Premio Nacional del Colegio de Ingenieros de Chile".

En el campo político, destaca por su disponibilidad para responder a los requerimientos del Partido Demócrata Cristiano, sacrificando sus actividades profesionales y empresariales y, sobre todo, quitándole un tiempo precioso a su vida familiar. Fue candidato a Diputado por el Tercer Distrito de Santiago . En l964, llamado por el Presidente Eduardo Frei Montalva , asume el Ministerio de Minería, en el que le corresponde iniciar el histórico proceso de la chilenización del cobre. Posteriormente, a pedido del propio Presidente Frei , asume la gerencia de la recién creada Petroquímica y la presidencia del directorio de la Sociedad Minera "El Teniente S.A.". En sus últimos años, participó en los directorios de la ENAP y de sus filiales, aportando sus profundos conocimientos, su valiosa experiencia y su probada honestidad, siendo permanentemente consultado y requerido por quienes tuvieron la responsabilidad de dirigir estas empresas públicas.

Señor Presidente , esta breve síntesis de la obra y vida de Eduardo Simián demuestra la consecuencia de una conducta ejemplar, inspirada en los valores permanentes del humanismo cristiano, en una generosa predisposición de servicio público y en una actitud de humildad y de caballerosidad que nos invitan a ponerlo como ejemplo a las juventudes que abren su mirada a la vida.

Pero este homenaje también pretende agradecer a su familia por habernos permitido compartir con este hombre excepcional, habernos cedido parte de su tiempo para que los chilenos de ayer, de hoy y de mañana se puedan beneficiar por el importante y valioso aporte que Eduardo deja al país.

Eduardo Simián , que el Señor te tenga en su santa gloria y desde allí puedas inspirar a todas las gentes de buena voluntad, para que tu obra se proyecte en beneficio, especialmente, de los más pobres de la Patria, por quienes entregaste tus mejores energías.

He dicho.

El señor FERNÁNDEZ .-

Señor Presidente , familiares de don Eduardo Simián , en nombre de los Senadores institucionales y en el mío propio, quiero rendir un homenaje de admiración a la memoria de don Eduardo Simián Gallet . Una personalidad grande, que merece el reconocimiento de todo Chile y, muy en especial, el de Magallanes.

Su vida, larga y fructífera, estuvo señalada desde temprano por motivos de distinción. Excelente estudiante, su nombre está entre los mejores alumnos que haya tenido la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Sobresaliente deportista, su breve paso por el fútbol profesional lo llevó a ser elegido como el mejor jugador de l940 y a constituirse en una figura inolvidable del deporte nacional.

Un año más tarde, enviado por el Gobierno de la época, estudió y trabajo en los Estados Unidos, para perfeccionar sus conocimientos sobre el petróleo. Su celo lo llevo allí no sólo a las aulas académicas y a los laboratorios, sino a convertirse en un trabajador más en directo contacto en el terreno mismo con las dificultades de la obtención del petróleo.

Con ese mismo celo y trabajo, se entregó, entre l942 y l945, a la exploración de las posibilidades petrolíferas de Magallanes, en las soledades de Tierra del Fuego.

Su empeño fue determinante para que pudiera disfrutar Chile de esa fuente de riqueza que, gracias a su esfuerzo, brotó por primera vez con características comercialmente explotables hace medio siglo.

A ese logro, calificado como una de las grandes proezas chilenas en este siglo, y que puso en multiplicada evidencia la importancia que la Región Austral tiene para Chile, siguió una larga y brillante trayectoria profesional, siempre señalada por una fuerte vocación de servicio. En l950, asumió la gerencia de producción de la ENAP, a la que siguió vinculado durante virtualmente toda su vida.

El Presidente Frei Montalva lo designó Ministro de Minería en su primer Gabinete, cargo que sirvió durante dos años. Desempeñó luego altas funciones en empresas relacionadas con la minería, confirmando en todas ellas su notable talento empresarial.

En los años setenta, se aleja y se radica en el extranjero, para luego regresar en l973 para asumir la gerencia general de la ENAP, que desempeñó con brillo hasta l976, así como posteriormente la presidencia de la Sociedad Minera "El Teniente". Y, luego, en los años noventa, el directorio de la ENAP.

Encabezó la Carbonífera Schwager hasta l994, año en que enfrentó con valor una enfermedad que puso término a su vida, sobresalientemente creadora, poco después de haber cumplido los 80 años.

Eficiencia y tenacidad, sencillez cordial, visión innovadora y ánimo bondadoso son los rasgos de una personalidad poderosa, que puso sus capacidades excepcionales al servicio de Chile, al que entregó mucho bajo Gobiernos de muy distinto signo. Para don Eduardo Simián , el país estuvo siempre por sobre las legítimas preferencias ideológicas.

Hoy, todos los chilenos, sin distinciones de ninguna especie, lo recordamos con profunda gratitud. Vayan a su distinguida familia nuestro cariñoso recuerdo.

He dicho.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, Honorables señores Senadores:

Al adherir, con suma emoción, en nombre del Comité Independiente de tres Senadores, al homenaje que han rendido los Honorables señores Ruiz de Giorgio y Fernández a don Eduado Simián Gallet , no puedo dejar de citar una de las últimas reflexiones del hombre que llevó a Chile por la ruta definitiva del petróleo.

Abro comillas:

"En un primer momento casi no lo podíamos creer. Habíamos esperado mucho tiempo. Teníamos tantas esperanzas puestas. Nos sentíamos haciendo patria. Por eso, confieso que mi gran amor fue el petróleo. Para mí significó participar en un proyecto nuevo, de gran envergadura cuando aún no cumplía 28 años.

"He pensado que son muy pocas las personas en el mundo que tienen el privilegio de vivir un proceso de esta envergadura. La profunda emoción de estar presente en el momento preciso en que salió el primer chorro de petróleo. Se podría decir que es parecido a lo que uno experimenta con el nacimiento de un hijo.".

Hasta ahí la cita.

¿Cómo olvidar su actuación en el arco de la Universidad de Chile, en aquellos legendarios "clásicos universitarios" de los años 40, encuentros cumbres del fútbol de la época, con barras, farándulas y grandes espectáculos, sin destrozos ni vandalismo, sin alcohol, sin drogas, sin el salvajismo de hoy? ¡Y en esta verdadera fiesta deportiva, el "Pulpo" extendía sus tentáculos, atajando goles de lo lindo!

Esa etapa de su vida lo consagró como deportista, llegando el año siguiente a vestir la camiseta roja de la selección chilena, llevando las jinetas de gran capitán.

Por eso, qué difícil es, a veces, definir en unas breves líneas el perfil de un personaje de tantas facetas como las de este preclaro servidor público, don Eduardo Simián Gallet , ex arquero de la Universidad de Chile y de la selección nacional; ingeniero de minas, ex Ministro de Minería durante el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva ; hombre que con su esfuerzo, perseverancia y capacidad le dieron a Chile el preciado oro negro, extraído de las entrañas de los yacimientos petrolíferos de Magallanes.

Chile ha perdido a un gran ciudadano, que con mucho afán se dio a la tarea de hacer cosas sencillas y trascendentales, no olvidando jamás que su única obligación era servir a su país y servirlo bien, como hombre y profesional, constituyéndose en un ejemplo para nuestras actuales y futuras generaciones.

En nombre del Comité Independiente de tres Senadores y en el mío propio, extiendo a su familia aquí presente nuestras más sentidas condolencias.

He dicho.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , Honorables colegas, señora Eliana , familiares de don Eduardo Simián Gallet:

Con profunda emoción, en nombre del Comité Unión Demócrata Independiente y en el mío propio, adhiero a este homenaje tan merecido que el Senado de la República rinde esta tarde.

Doy excusas por no haber traído un texto escrito y por simplemente referirme aquí a esta figura gigantesca de Chile desde la perspectiva de un hombre de regiones que, durante muchos años, sin tener contacto personal con él, fue admirándolo en esas múltiples actividades que ya se han dado a conocer.

Como estudiante de la Universidad de Chile en Valparaíso, es obvio que no podía resistir el embrujo de lo que "el pulpo" hacía por el equipo de la "U" en Santiago, ni tampoco dejar de sentirme muy cerca de lo que él representaba en esos clásicos universitarios que aquí se han destacado, y en los cuales "el pulpo" y "el sapo" eran figuras tan importantes para la juventud de la época.

Y después, seguirle siempre, como hombre de regiones, como hombre de provincia, en esta carrera pública tan trascendente. Verlo como un ingeniero distinguido que va allá, a Tierra del Fuego, a horadar la tierra para dar a Chile el oro negro que buscó por tantos años; en sus actividades en diversas empresas, en su aventura de una campaña política hace ya bastantes años, y después, como Ministro de Minería del Presidente Eduardo Frei Montalva , y su participación activa en el proceso de lo que se llamó la "chilenización del cobre". Y puedo expresar esta tarde que, tal como he dicho, sin haber tenido oportunidad de un contacto personal con él, tenía la imagen de un hombre magnífico, de un hombre digno de admirar. Las circunstancias de la vida hicieron que en los últimos veinte años pasara a tener una relación bastante estrecha con Eduardo Simián . Él desempeñaba nuevamente la gerencia general de ENAP, en una época en que yo debía representar determinados intereses de empresas que tenían contratos con la Empresa Nacional del Petróleo. Y pude apreciar algo que se fue confirmando con el transcurso de los años, y que es difícil que ocurra, porque cuando uno se crea la imagen de un hombre público importante, y después tiene oportunidad de conocerlo, muchas veces hay una desilusión porque, tal como se ha dicho, no existe grande hombre para su ayuda de cámara, y la cercanía a menudo desdibuja o disminuye las cualidades que le atribuíamos. Pero en este caso particular, la situación fue a la inversa, porque a ese gran deportista, a ese gran ingeniero, a ese gran hombre público, a ese descubridor del petróleo, a ese hombre que tanto había dado por Chile, se agregaban una extraordinaria simpatía y un sentido humano increíble. Era capaz de conciliar un debate, a veces enojoso, donde había intereses de por medio, logrando que fuese liviano, sin perjuicio de defender con firmeza y energía los intereses que le estaban confiados.

Posteriormente, entre sus múltiples actividades estuvo la Empresa Marítima del Sur, y allí le conocí en otro carácter. El, al entrar en un negocio vinculado con el mar, pensó tal vez en ese abogado con el cual se había encontrado tantas veces, y pidió consejo a mi estudio por asuntos propios de las tareas que, como siempre, emprendía con entusiasmo, energía, capacidad y talento.

Por último, en lo que concierne a esta relación personal, en los últimos años de su vida desempeñó la presidencia de la Empresa Carbonífera Schwager , tarea sumamente difícil, pero que asumió como todas las de su vida, con mucha entereza, entrega y entusiasmo. Y recuerdo sus esfuerzos para dotar de un gimnasio a los trabajadores de Schwager, por procurarles servicio dental a todos ellos, por que hubiera ISAPRES para todos. Después, sin embargo, ciertas circunstancias como la caída del tipo de cambio, la disminución del precio del carbón en los mercados mundiales, la baja de los derechos de aduana, hicieron inviable dicha actividad. Y él debió enfrentar una misión extraordinariamente dura y difícil, y la llevó a cabo con la misma entereza y el ánimo de siempre, para procurar que lo que era una catástrofe se aliviare en lo posible y para que, de alguna manera, los trabajadores que no tenían destino allí contaran con otras expectativas, como poco a poco se están encontrando hoy en Coronel. Y eso lo hizo sin rehuir su responsabilidad, teniendo que afrontar circunstancias sumamente complejas.

Por ello, esta tarde la emoción me embarga ante su desaparecimiento. No puedo olvidar su simpatía, su humor, aun en los peores momentos y cuando ya estaba consciente de la enfermedad que lo llevaría a la muerte. Siempre el humor, siempre la alegría, siempre el afán de servir.

Chile ha perdido a un gran hombre, y espero que, afortunadamente, siga siendo un ejemplo para las juventudes. Un ejemplo de deportista, de empresario, de profesional, de hombre de hogar, de un gran padre y esposo ejemplar.

Por ello, en nombre de la UDI y en el mío propio, le rindo el más sincero homenaje, y les digo a Eliana y a sus hijos que comprendemos el dolor que hoy los embarga, pero estoy cierto de que al mismo tiempo experimentan la satisfacción de haber estado vinculados a un hombre excepcional, a quien Chile tanto debe.

He dicho.

El señor OMINAMI.-

Señor Presidente , Honorables colegas, familiares de don Eduardo Simián , en nombre de los Senadores de la bancada socialista nos asociamos al merecido homenaje a un hombre que, en verdad, tuvo muchas calidades: gran ingeniero, gran empresario público, pero también gran empresario privado, gran descubridor, gran impulsor del desarrollo nacional, y también gran deportista y arquero de la "U" y de la selección nacional.

A su camaradas, a sus amigos, y muy especialmente a todos sus familiares, nuestros respetos.

He dicho.

El señor PRAT.-

Señor Presidente , señores Senadores, distinguidos familiares de don Eduardo Simián Gallet , para los Senadores de Renovación Nacional y del Comité de Unión de Centro Centro, que hoy represento, es un grato deber adherir al homenaje que la Corporación brinda al destacado ingeniero, hombre público y deportista, don Eduardo Simián Gallet .

Para el Senado resulta refrescante, reorientador y esencial en su tarea institucional hacer resaltar, a través de estos actos de homenaje, el aporte que sus hijos destacados han hecho a la nación. Por este medio les entrega una cuota de justicia y de retribución, y pone en relevancia su ejemplo para iluminar el camino de las nuevas generaciones.

El ingeniero Eduardo Simián descolló en el campo de su profesión, poniendo de relieve cómo esta especialidad estaba llamada a contribuir al engrandecimiento material del país. Él forma parte de ese grupo de ingenieros sobresalientes que motivaron a muchos jóvenes a adentrarse en esa disciplina.

A través de su gestión en la actividad pública, enalteció esa profesión, y realizó aportes valiosos al desarrollo económico y espiritual, mediante su participación en la ENAP y el logro de la extracción de petróleo en Magallanes, que fue un ejemplo de perseverancia.

También en el deporte tuvo una participación descollante, que unió e hizo vibrar a tantos chilenos.

En el accionar de don Eduardo Simián en la empresa privada, en su obra familiar y en su participación en la política, en todas ellas se trasluce su sentido de servicio y de búsqueda de la excelencia. En suma, el desarrollo de las mejores virtudes, para regalar con ellas a su nación, a su familia y a sus connacionales.

La vida de don Eduardo Simián Gallet constituye un ejemplo integral que Chile debe agradecer y registrar en su historia.

En nombre propio y en el de quienes represento, hago llegar un sentido pésame a sus familiares.

He dicho.

El señor FREI (don Arturo) .-

Señor Presidente , cuando el Senado rinde este homenaje, deseo expresar mis sentimientos de afecto, admiración y respeto por ese gran caballero que fue don Eduardo Simián Gallet .

Tuve el privilegio de conocer su calidad humana. Muchas veces recurrí a él para pedirle consejos, cuando había graves problemas en la zona minera del carbón, Región que represento en el Parlamento. Siempre encontré en él la acogida humana, el consejo valioso, el chileno interesado en servir a los más pobres y a sus semejantes.

Por eso, esta tarde quiero dejar constancia, ante su familia, de mi admiración, mi respeto, y del recuerdo permanente que tendré de la figura de ese gran hombre que fue don Eduardo Simián.

La señora FREI (doña Carmen) .-

Señor Presidente , no puedo dejar de expresar esta tarde mi cariño, mi afecto y mi gratitud a don Eduardo , a la señora Eliana y a su familia.

Por su amistad con mis padres, estuve viviendo en su casa en Pelham, Estados Unidos, durante varios meses. Allí realmente conocí la calidad humana de don Eduardo , su jovialidad, su energía, enorme, y su capacidad para compartir con la juventud y comprenderla; para relacionarse con personas técnicamente muy competentes, y estar a su altura.

Allí supe cómo es un gran hombre, lo que se refleja en los actos de su vida diaria y demuestra lo que es ser grande, lo que es ser amistoso, lo que es tener una generosidad tan inmensa en el corazón.

Por eso hoy día, en este homenaje tan sincero, quiero expresar a su familia mi cariño, mi recuerdo y mi gratitud siempre eterna hacia don Eduardo .

Sé que hoy está con mi padre. Ambos tendrán esas conversaciones eternas, con esas grandes carcajadas, como se unían tantas veces; se contarán chistes, como lo solían hacer, y juntos compartirán la esperanza de que nuestro país realmente triunfe en todo lo que ellos tanto soñaron.

He dicho.