Labor Parlamentaria

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

En primer lugar, corresponde ocuparse en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que prorroga la vigencia de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, con informes de las Comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y de Hacienda, y con urgencia calificada de "discusión inmediata". (Véase en los Anexos, documento 4).

Debo hacer presente que el informe de la Comisión de Hacienda --según me señaló su Presidente -- aún no ha sido impreso. Pero con seguridad llegará en los próximos minutos a la Sala, y Sus Señorías podrán disponer de él.

En consecuencia, el informe que relatará el señor Secretario será el despachado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

1765-17

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 23a. , en 12 de diciembre de 1995.

Informes de Comisión:

Derechos Humanos........., sesión 29., en 16 de enero de 1996.

Hacienda........................., sesión 32a., en 17 de enero de 1996.

El señor LAGOS (Prosecretario).- El proyecto fue iniciado en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.

La Comisión, en razón de lo dispuesto por el artículo 41 del Reglamento y de que su mayoría propone el rechazo en general (3 votos contra 1) de la iniciativa, no ha estimado pertinente remitirla para su informe a la Comisión de Hacienda.

Sin embargo, en sesión anterior, el Senado acordó enviarla a dicha Comisión, cuyo informe --como se señaló-- aún no ha llegado a la Mesa.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , el informe de la Comisión de Hacienda está listo. En estos minutos se está imprimiendo para luego distribuirse a todos los señores Senadores.

En la materia específica, debo recordar a algunos señores Senadores que, según la Ley Orgánica del Congreso Nacional, a la Comisión de Hacienda le corresponde conocer el proyecto, no el informe. Nosotros no analizamos, ni estaríamos obligados a hacerlo, el informe de la Comisión técnica. Éste va a la Sala y también, como ocurre en ese caso, el Hacienda. Eso es lo que dice la Ley Orgánica del Congreso Nacional.

Por otra parte, la Sala fijó la competencia al resolver que el proyecto fuera a la Comisión técnica y a la de Hacienda. A ninguna Comisión técnica compete --sino a la ley y a la Sala--, por sí y ante sí, cambiar un acuerdo del Senado.

El señor PIÑERA .-

¿Me permite una breve interrupción Su Señoría?

El señor LAVANDERO.-

Con todo agrado.El señor PIÑERA Señor Presidente , adicionalmente, la Comisión de Hacienda detectó que la forma como venía planteado el proyecto --en donde no se asignaban con claridad los gastos, sino que se disponía que todo su costo iría a la cuenta de operaciones complementarias-- no es válida cuando se crea un servicio público, caso en el que cabe distinguir entre gasto fijo y gasto variable. Ello, porque los gastos fijos no son modificables por el Congreso. Pero, sí, éste podría decidir, aprobando la iniciativa, rebajar los gastos variables. En la forma como el proyecto estaba presentado originalmente, esto era imposible. Al detectarse esta anomalía en la Comisión de Hacienda, el Ejecutivo la pudo subsanar, y ahora la Sala puede conocer un texto presentado de acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica del Congreso. Sin duda que el paso por la Comisión de Hacienda es independiente del trámite en la de Derechos Humanos. Gracias por la interrupción concedida.

El señor LAVANDERO .-

Finalmente, señor Presidente , la Ley Orgánica del Congreso Nacional es sabia en esta materia. Por ejemplo, para saltarse el trámite de Comisión de Hacienda, bastaría que una Comisión técnica, con una mayoría ocasional, rechazara permanentemente los financiamientos, liquidando los proyectos.

En este aspecto resulta perfectamente válida la observación del Senador señor Piñera .

En la eventualidad de que la Comisión técnica, como en este caso, rechazara el proyecto y por tal motivo no fuera conocido por la de Hacienda, aunque la Sala quisiera aprobarlo, no podría hacerlo por carecer del informe de esta segunda Comisión. Se daría ese absurdo.

En consecuencia, el único modo de obviar esta dificultad es el que señala la Ley Orgánica del Congreso Nacional: que la Comisión de Hacienda, si corresponde y en lo que le concierne, conozca los proyectos. Cuando hay discrepancias, necesariamente la Sala examina los dos informes y decide por cual votar.

Me he permitido hacer esta observación porque en innumerables oportunidades hemos discutido el mismo punto, y hemos expuesto razones distintas, en un sentido o en otro. Creo necesario dejar categóricamente establecido, en la Sala y en la conciencia de cada señor Senador, que la Comisión de Hacienda tiene que conocer este proyecto y no el informe de la Comisión especializada, porque la Ley Orgánica del Congreso así se lo ordena.

Por eso, me permito reiterar que la Comisión de Hacienda ha emitido su informe, el que en este momento está imprimiéndose. Sugiero, entretanto, proseguir el debate.

El señor THAYER.-

Señor Presidente, el punto que se ha planteado recae en un informe que todavía no ha llegado a la Sala, y se sabe que, como en otros proyectos, hay votaciones cruzadas.

Sin embargo, reglamentariamente hablando, valdría la pena fijar un criterio sobre el asunto, porque hay razones en uno y otro sentido.

En realidad, lo que ha argumentado el Honorable señor Otero es de mucha lógica: si la Comisión especializada respectiva --no se trata de un proyecto de Hacienda, sino de uno que corresponde a otra Comisión-- ha informado negativamente, es cuestión de ver si lo que procede es que, aun cuando haya informe negativo, pase de todas maneras a la de Hacienda y llegue con ambos informes a la Sala; o si, siendo negativo el informe de la Comisión madre, va previamente a la Sala y sólo en caso de ser allí aprobado sigue a la de Hacienda. Esto, porque incluso la Ley Orgánica del Congreso Nacional señala que conocerá del proyecto, pero sólo en lo relativo a su incidencia en materia presupuestaria y financiera del Estado.

Por consiguiente, el informe de la Comisión de Hacienda sobre un proyecto rechazado por la Comisión técnica no tiene mucho sentido. Pero, como una y otra opción tienen inconvenientes, vale la pena fijar un criterio estable y para siempre.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , ha llegado el informe de la Comisión de Hacienda.

El proyecto ha sido calificado con "Discusión Inmediata", de manera que considero que la Sala debiera abocarse a su discusión y despacho cuanto antes. Sin perjuicio de ello, quiero dejar constancia de mi desacuerdo con la tesis planteada por el Senador señor Thayer.

Cuando un proyecto ingresa al Senado, la Mesa determina los trámites de Comisión que debe seguir. Sin embargo, de acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, si tiene alguna incidencia financiera o presupuestaria, debe pasar obligatoriamente por la Comisión de Hacienda. Y, aun cuando la Comisión técnica respectiva lo rechace, debe haber informe de la de Hacienda , pues el hecho de que haya sido rechazado por el organismo especializado no significa que vaya a correr la misma suerte en el Hemiciclo. Es la Sala la que debe pronunciarse sobre si aprueba o no el proyecto, considerando los informes de las diversas Comisiones, sean éstos positivos o negativos.

En consecuencia, el envío de una iniciativa a la Comisión de Hacienda es un trámite que debe iniciarse desde el momento en que se comunica su ingreso al Senado en la Cuenta de la respectiva sesión. Por esa razón, no estoy de acuerdo con la tesis del Senador señor Thayer .

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente , comparto plenamente lo que plantea el Senador señor Andrés Zaldívar . Lo que aquí ocurrió fue sólo un error de la Mesa cuando asignó el proyecto a la Comisión de Derechos Humanos y no lo destinó igualmente a la de Hacienda, como correspondía, por tratarse de una iniciativa que irroga gasto. Ése fue todo el problema. Simplemente, se trató de un error de la Mesa, que posteriormente fue enmendado a instancias de la Sala. Por lo tanto, para mí el problema está resuelto.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , la iniciativa que propone la ampliación del plazo de vigencia de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación es inconstitucional y, por consiguiente, por muy buena voluntad que exista en el Senado para acogerla, de hacerlo se estaría violando el Estado de Derecho.

La citada Corporación expiró el 31 de diciembre de 1995, de forma tal que hoy no existe esa persona jurídica de Derecho Público, ya que su período de vigencia concluyó a la medianoche del día señalado. En consecuencia, no es posible prorrogar la vigencia de una entidad que jurídicamente no existe. Lo único posible es recrearla, esto es, crear nuevamente la Corporación.

La Constitución Política establece en su artículo 7°:

"Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

"Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.

"Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.".

En conformidad a lo establecido en el número 2° del inciso cuarto del artículo 62 de la Carta Fundamental, es atribución exclusiva del Presidente de la República : "Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos, de las empresas del Estado o municipales; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones".

Cabe recordar que la normativa en debate es de Derecho Público, por lo cual las autoridades sólo pueden hacer lo que expresamente señala la Constitución. En este caso preciso, la Constitución autoriza al Presidente de la República para "crear o suprimir servicios públicos y empresas del Estado", pero no lo faculta para "prorrogar" su funcionamiento y mucho menos con efecto retroactivo.

La Corporación era una persona jurídica de Derecho Público cuya creación, funciones, planta, financiamiento y vigencia se establecieron por ley. Obviamente, una ley puede ser modificada por otra ley y, por tanto, modificada en su cláusula de vigencia, siempre y cuando la persona jurídica se encuentre vigente. En otras palabras, el acto legislativo puede acortar o prorrogar la vigencia de un servicio público o de una persona jurídica de Derecho Público mientras uno u otra tengan existencia legal.

En el caso que nos ocupa, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación dejó de existir el 31 de diciembre recién pasado. En consecuencia, no se puede prorrogar un plazo que no existe. El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española indica que prorrogar es "Continuar, dilatar, extender una cosa por un tiempo determinado". Esto supone que la cosa existe. Si no es así, no cabe prorrogar porque esta palabra implica continuar, y no se puede continuar lo que dejó de existir.

Un principio de Derecho indiscutido indica que los plazos sólo se pueden prorrogar antes de su vencimiento. Al respecto, el artículo 49 del Código Civil estatuye: "Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la medianoche en que termina el último día del plazo".

Una persona jurídica nace a la vida pública, tiene existencia legal desde el momento en que empieza a correr el plazo de su vigencia, y termina cuando vence este plazo. En otras palabras, la vida jurídica de una persona jurídica de Derecho Público se encuentra determinada por el plazo de vigencia fijado en la ley que la crea. Vencido éste, la Corporación dejó de existir ipso jure por el solo transcurso de él.

El Gobierno ha incurrido en el grave error jurídico de pretender prorrogar un plazo fatal vencido. Cabe señalar que ni aun en materia de procedimiento se pueden prorrogar los plazos una vez extinguidos. Lo único que procede es fijar uno nuevo. Si la persona jurídica se ha extinguido, sólo es posible restablecer su existencia creándola nuevamente. Lo obrado en el tiempo desde que dejó de existir hasta que es recreada es nulo de nulidad absoluta, de conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Constitución Política del Estado.

Señor Presidente , esta materia no es nueva. En Derecho Penal, la vigencia de una norma sancionatoria se extingue cuando termina el período de vigencia de la ley que la consagra. Si la ley quiere extender la vigencia de la norma sin solución de continuidad, debe hacerlo mientras ésta se encuentra en vigor. Expirada su vigencia, no es posible hacerla revivir con efecto retroactivo y sancionar con ella las conductas que tipifican el ilícito ocurridas durante el período intermedio que va desde el día en que expiró la vigencia de la norma y aquel en que es publicada la nueva ley que la restablece. Éste es un principio de derecho absoluto en el mundo civilizado, y en Chile existe jurisprudencia uniforme sobre la materia. Expirada la vigencia de un precepto penal, el hecho vuelve a ser punible sólo una vez que entra a regir la nueva ley, la que nunca podrá aplicarse a los hechos producidos en el interregno.

El Presidente de la República y el Senado no pueden actuar al margen del Estado de Derecho, por muy conveniente o meritorio que sea prorrogar la existencia de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El artículo 7° de la Constitución Política del Estado es clarísimo al señalar: "ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias". Es decir, "el fin jamás puede justificar los medios".

En consecuencia, toda la discusión de fondo sobre la conveniencia o inconveniencia de aprobar el proyecto no tiene sentido. Éste no puede ser aprobado porque es inconstitucional. La Corporación dejó de existir; de tal manera que lo único que corresponde, si el Presidente y el Congreso así lo deciden, es recrearla. El Gobierno debió haber hecho este análisis jurídico oportunamente. Si este proyecto hubiese sido aprobado y publicado como ley con anterioridad al 31 de diciembre de 1995, no existiría problema constitucional alguno, por cuanto, como lo he señalado, dicha ley sería modificatoria de un plazo de vigencia existente y vendría a modificar el estatuto jurídico de la Corporación. Sin embargo, ello no se hizo y la Corporación se extinguió. No existe plazo alguno susceptible de ser prorrogado.

Las razones jurídicas indicadas me harán votar en contra de la idea de legislar, y planteo desde ya la inconstitucionalidad de la iniciativa, para el evento de que sea aprobada.

Señores Senadores, el tema es muy claro. De acuerdo con la última prórroga, la Corporación venció el 31 de diciembre de 1995, es decir, su vigencia expiró en esa fecha. Si tuviéramos que establecer el mismo análisis respecto de un ser humano, deberíamos decir que una vez muerta la persona no es posible prolongar su vida. Podrán revivirla, pero no prolongarle la vida.

Aquí nos encontramos frente a una Corporación de Derecho Público cuyo plazo de vigencia venció en la fecha que hemos señalado. Con posterioridad, éste se le pretende prorrogar modificando, para ello, la ley correspondiente. Tal proceder resulta jurídicamente imposible, pues uno no puede prorrogar la vigencia de algo que dejó de existir. De tal manera que si esta Corporación se estima conveniente, útil y necesaria, el Gobierno, nuevamente, deberá plantear un proyecto de ley que la recree, que vuelva a constituirla, pero en ningún caso podría ahora, con efecto retroactivo, sostener que aun cuando ha expirado le prolonga la vida, porque --reitero-- dejó de existir.

Es imposible, en Derecho, prorrogar un plazo después de vencido. Una vez que éste venció, expiró, se terminó. Y si correspondía a la vigencia de una sociedad o de una persona jurídica, se acabó, y lo único que se debe hacer es, simplemente, establecerla de nuevo. Por eso, este proyecto, por muy bien intencionado que sea y por mucho que se lo quiera aprobar, jurídicamente es inconstitucional. Y, por lo mismo, reitero que dejo planteado el problema de constitucionalidad para el evento de que se pudiera aprobar prorrogar la vida de una Corporación que no existe.

Una normativa que pretenda prolongar un plazo ya expirado, no es posible, menos aún en materias de Derecho Público y, sobre todo, cuando nos referimos a una Corporación jurídica de Derecho Público creada por ley.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , las palabras vertidas por el Senador señor Otero , desde el punto de vista de la presentación que ha hecho, podrían tener algún efecto en el sentido de establecer la duda sobre el tema constitucional o respecto de la interpretación jurídica que plantea, pero ello no me resulta tan claro.

En primer lugar, le pido al señor Senador que no apliquemos las normas de Derecho Penal, respecto de la retroactividad, en lo referente a estas otras materias. Es conocido el hecho de que en Derecho Penal la retroactividad no es aplicable, más aún cuando puede atentar en contra de los derechos del reo, y de allí, entonces, el principio de pro reo. Lo que sí es cierto, y resulta básico en Derecho, es que nosotros tenemos capacidad, como legisladores, para dar efecto retroactivo a las leyes. Lo hemos hecho en un sinnúmero de ocasiones, resultando casi incontables los casos que podríamos citar sobre cómo hemos otorgado dicho efecto retroactivo a múltiples leyes de distinta naturaleza, no rompiendo en ningún caso la norma constitucional que pudiera ser afectada por una retroactividad, ni tampoco el principio del Derecho Penal, denominado pro reo, del efecto retroactivo.

El tema que nos ocupa es diferente. Estamos considerando una iniciativa relacionada con una normativa que nosotros mismos dictamos: la ley Nº 19.123. El proyecto dice: "Artículo 1º.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 16 de la Ley Nº 19.123, por el siguiente.". Y el artículo 16 de la citada normativa señala:

"La Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación tendrá una vigencia legal de 24 meses, contados desde la fecha de publicación de esta ley. Transcurrido este lapso se extinguirá por su solo ministerio. Sus bienes quedarán a disposición del Fisco o de alguno de sus organismos, lo que se determinará mediante decreto supremo del Ministerio del Interior. Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente de la República podrá prorrogar su vigencia por un plazo no superior a doce meses.

"Sin embargo, si se cumplieren las finalidades de la Corporación con anterioridad al plazo establecido en el inciso anterior, el Presidente de la República , mediante decreto firmado por el Ministro del Interior , estará facultado para extinguir la Corporación con la antelación que estime necesaria.".

¿Y qué pretende el proyecto? Reemplazar el inciso primero por el siguiente: "La Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación tendrá vigencia legal hasta el 31 de diciembre de 1996.". Entonces, estamos modificando una ley que nosotros mismos aprobamos, cambiando los plazos y la vigencia de una corporación creada por el Senado.

Por ello, para que la iniciativa en debate tenga efecto retroactivo, se establece en su artículo 3º: "La presente ley entrará en vigencia a contar del día 1º de enero de 1996.", a fin de otorgar continuidad al cuerpo legal que se modifica.

No puedo negar el derecho del señor Senador que me precedió en el uso de la palabra para formular reserva de constitucionalidad o sostener una interpretación jurídica diferente. Sin embargo, desde mi perspectiva, lo que estamos haciendo es pronunciarnos, bajo nuestra facultad como legisladores, sobre un proyecto que tiene por objeto modificar una ley aprobada por esta Corporación, que otorgó determinado período de vigencia a una Corporación de derecho público, donde se reemplaza el término de su vigencia legal de 24 meses, más la facultad de prorrogarla por otros doce, por un nuevo plazo hasta el 31 de diciembre de 1996.

Por todas esas razones, estimo que la iniciativa es perfectamente constitucional, se ajusta a cada una de las disposiciones de la Carta, y que el Parlamento está en condiciones de pronunciarse sobre ella, ya sea aprobándola o rechazándola, en mérito de lo que su texto propone.

He dicho.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , sólo deseo realizar dos comentarios de tipo formal y uno de fondo.

En cuanto a la parte formal, el Senador señor Otero ha formulado un planteamiento en el sentido de que, sin duda, algo que ya se ha extinguido no puede ser renovado. Sin embargo, había otro comentario de esta índole, vertido en la Comisión de Hacienda,...

La señora FELIÚ .- ¡Muy de fondo, y no de forma, señor Senador!

El señor PIÑERA.-

´Éste es un problema semántico.

En relación a los derechos humanos, considero un aspecto formal si la iniciativa en debate cumple o no con los mecanismos de financiamiento y si sus asignaciones están bien o mal destinadas. Esto es de tipo formal.

Ahora, desde el punto de vista del procedimiento, pienso que es un tema de fondo, pues se trata de una materia constitucional. En todo caso, es una cuestión de semántica.

El tema de fondo del proyecto que nos ocupa es el problema de los derechos humanos y los objetivos que la ley señaló a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Indudablemente, las formalidades son cumplir, en su trámite, lo que establecen la ley y la propia Constitución.

Señor Presidente , el texto original consignaba que el gasto que irrogara la Corporación se imputaría al ítem Provisión para Financiamientos Comprometidos, con lo cual --como estamos creando o renovando una Corporación de derecho público-- se hace necesario establecer cuál será la planta de personal; cuáles serán los gastos fijos, que no pueden ser modificados por el Congreso, y cuáles los variables, que sí pueden serlo.

Lo anterior fue subsanado a través de una indicación del Ejecutivo que, en mi opinión, merece algunas correcciones. La proposición del Ejecutivo , referida al artículo 2º de la iniciativa, señala:

"El Presidente de la República , por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, creará el Capítulo respectivo de ingresos y gastos del presupuesto de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, con las asignaciones presupuestarias pertinentes.".

En otras palabras, más que renovar, estamos creando nuevamente la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

Por eso, en mi opinión, la indicación del Ejecutivo debiera redactarse en forma de dejar claramente establecido que se trata de una delegación de facultades que el Congreso hace al Presidente de la República . Debiera decir, más o menos: "Facúltase al Presidente de la República para que mediante Decreto Supremo cree las Partidas del presupuesto de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación". Con ello, en la práctica, estaríamos procediendo como si la creáramos recién.

En todo caso, señor Presidente , si alguien crea una corporación, también puede extender el plazo de vigencia de la misma, porque quien puede lo más, puede lo menos.

Respecto del tema de fondo del proyecto, me parece fundamental hacer notar que, cuando se creó esa corporación, se cometió un error de apreciación. Prueba de ello es que hemos tenido que renovar en varias oportunidades no solamente el plazo de vigencia de ella, sino que también debimos renovar el plazo durante el cual los parientes de nuevas presuntas víctimas podían entregar antecedentes y, eventualmente, acceder a los beneficios que la ley contempla.

Reitero que hubo un error de apreciación en el tiempo. Lo evidencia el hecho de que hoy día estemos analizando una tercera renovación de la vigencia de esa Corporación.

Pero, más allá de si originalmente se planificó bien o mal el plazo, es importante preguntarse si ese organismo ha cumplido a cabalidad el mandato y tarea que le encomendó el Congreso; y si acaso nos parece relevante que lo haga más allá, esté o no esté vencido el plazo, pues él puede ser superado o corregido por nuestra propia decisión.

Los dos mandatos que da la ley a esa corporación son, en primer lugar, todos los hechos derivados de las violaciones a los derechos humanos y de violencia política ocurridos en determinado período. En tal materia, sabemos que hubo calificaciones de casos que, habiendo sido conocidos por la Comisión de Verdad y Reconciliación, ésta no pudo formarse una convicción total, por desconocer los antecedentes o por no tener el tiempo suficiente, recomendando que otra institución pudiera completar esa tarea.

También es cierto que hubo casos que no fueron denunciados anteriormente a la Comisión de Verdad y Reconciliación, pero sí conocidos por el otro organismo.

Yo no quiero entrar en estadísticas numéricas acerca de cuántos casos ha analizado y cuántos ha resuelto. Indudablemente se ha avanzado mucho menos de lo que los miembros del Consejo de la Corporación hubieran querido, y probablemente de lo que el Congreso mismo deseaba. Pero ése es un antecedente que sirve para darle la oportunidad de seguir avanzando.

Pero hay una segunda tarea que se encarga a esta Corporación: la acción preventiva en materia de derechos humanos. En la ley se establece que su labor también consiste en fomentar la construcción de una institucionalidad fundada en el respeto de los derechos humanos. Aquí se quiso comprender el desarrollo y ejecución de las recomendaciones que, en su oportunidad, formulara la Comisión de Verdad y Reconciliación.

Los propios miembros del Consejo de la Corporación reconocen que la primera tarea les ha tomado prácticamente la plenitud del tiempo y que no han podido abocarse de lleno a la segunda parte, que a mí me parece fundamental.

Por eso, señor Presidente , los miembros de ese Consejo --que fue designado por el Senado--, en forma unánime, están recomendando la ampliación del plazo de vigencia de la Corporación. Y, entre otras cosas, plantean que en esta nueva etapa quieren abocarse a la segunda tarea que le encargó la ley, que es la parte de prevención, en todo cuanto tiene que ver con llevar a la práctica las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación; y con el proceso penal, con la protección de los derechos fundamentales, con la adecuación de nuestra legislación a los tratados internacionales suscritos válidamente por Chile, con la adecuación de la legislación penal y con el respeto a los derechos humanos en casos de estados de excepción, etcétera.

En esta parte, quiero dar a conocer algunas preocupaciones que ya mencioné cuando se discutió la ley de amnistía.

En primer lugar, durante mucho tiempo, hubo una discusión en el país acerca de si acaso en tiempos de guerra --no necesariamente externa con una potencia extranjera, pues técnicamente un estado de guerra puede ser una situación interna-- existe o no existe tutelaje o control por parte de la Corte Suprema sobre los Tribunales Militares. Eso se discutió largamente.

Señor Presidente, en la Constitución de l980 quedó zanjado el tema de que no existe control por parte de la Corte Suprema respecto de lo actuado o ejecutado por los Tribunales Militares en tiempos de guerra.

Y aquí hay que hacer una distinción clara entre lo que es la guerra como todos la entendemos con una potencia externa, y la guerra como estado de excepción interno.

Señor Presidente, ésa es una materia a la cual debemos abocarnos, para garantizar que aun en un caso de estado de guerra deben respetarse plenamente los derechos humanos.

Por otra parte, sabemos también que las diversas leyes chilenas tienen que ser adecuadas a los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en cuanto a garantías en materia de detención y al proceso penal, cuestión esta última que está siendo abordada en otro proyecto de ley. Hoy día el juez acusa, investiga y sanciona, lo cual probablemente es incompatible con el debido proceso.

Por otra parte, señor Presidente , en lo referente al recurso de amparo en períodos o estados de excepción, la actual legislación impide a los tribunales calificar los antecedentes o fundamentos de hecho de las resoluciones de la autoridad administrativa, con lo cual, en la práctica puede hacer inoperativo tal recurso. Por ejemplo, si se detiene a una persona por constituir un peligro para la sociedad, la autoridad no tiene que fundamentar en qué consiste ese peligro. Y el tribunal no podría calificar tales antecedentes de hecho.

En mi opinión, también aquí hay materias que deben ser abordadas para garantizar que el recurso de amparo rija plena y realmente y sea un instrumento eficaz de defensa de los derechos esenciales de las personas.

Por éstas y muchas otras razones, señor Presidente , a mi juicio, el capítulo de prevención es bueno abordarlo hoy día, cuando estamos viviendo tiempos de paz y de armonía, de forma de asegurar en la legislación que, frente a situaciones conflictivas, el resguardo de los derechos de las personas esté plenamente garantizado, lo que, por lo demás, constituía una de las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación.

Finalmente, señor Presidente , deseo recordar que, con los señores Senadores Larraín , Letelier , Díez y Otero , presentamos un proyecto de ley, donde dijimos que considerábamos conveniente extender el plazo de vigencia de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y fortalecer sus atribuciones y recursos para que ella pueda cumplir un rol eficaz en esta importante tarea. Luego, no solamente estábamos planteando el tema del plazo, sino que también el de las atribuciones y los recursos para hacer efectivo el mandato que el propio Congreso le dio.

En esa misma iniciativa de ley, establecíamos que era obligación ética de la sociedad determinar el destino de las víctimas de violaciones a sus derechos durante el Régimen Militar.

Sabemos que el proceso judicial no ha logrado éxito en la búsqueda del paradero de los detenidos desaparecidos, y que la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación tampoco ha sido eficaz como lo queríamos; pero, en una gran cantidad de casos, pudo conocer el paradero de diversas víctimas y permitir su digna sepultura.

Por estas razones, señor Presidente , además del respaldo unánime de los consejeros de esa Corporación --tengo aquí cartas de algunos de ellos, donde argumentan sobre el porqué pidieron al Gobierno la extensión de su mandato-- Comisión-- creo que, resueltos los problemas de carácter constitucional, tanto en lo referente a lo argumentado por el Senador señor Otero , cuanto a la delegación de facultades, el proyecto debiera ser definitivamente aprobado, porque constituye el instrumento más eficaz de que se dispone en este instante para reparar el daño causado en materia de derechos humanos y para crear los mecanismos que impidan la violación de los derechos humanos y actúen en forma preventiva en el futuro, cuando situaciones conflictivas pudieran volver a hacerse presentes.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , en primer lugar, debemos aclarar que la petición de prórroga fue hecha por el Ejecutivo con fecha l2 de diciembre de l995. Vale decir, 20 días antes de que expirara el plazo. Por lo tanto, la responsabilidad no es del Gobierno, sino del Congreso, por no haber tratado oportunamente el tema.

Segundo, el Senador señor Piñera ha hecho un aporte realmente positivo a la discusión sobre el financiamiento, y que motivó la indicación del Ejecutivo, que llega oportunamente. De manera que debemos recalcar la actuación del Honorable colega, quien ha hecho una contribución en ese sentido. Porque no se ha cumplido el objetivo de la ley, que es claramente el de investigar y llegar a una convicción acerca de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Quiero destacar dos hechos importantes: primero, no ha sido resuelto el problema; y, segundo, la seriedad con que se ha efectuado la investigación correspondiente.

En el informe de la Comisión, se dice: "del universo de denuncias que fueron investigadas con convicción de ser víctimas de violación a los derechos humanos, solamente se acogieron un 25 por ciento con lo cual queda de manifiesto el rigor y severidad con que el Consejo de la Corporación procedió a calificar estos casos.".

La inmensa mayoría de ellos fue desestimada precisamente por no reunir los antecedentes suficientes. Con posterioridad a tal investigación, se abocaron a la tarea de promover y coadyuvar a las acciones tendientes a determinar el paradero y las circunstancias de la desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas y de aquellas que no obstante existir reconocimiento legal de su deceso, sus restos no han sido ubicados, según lo establece la ley.

Es importante recordar que en esa situación --o sea, en la calidad de detenidos desaparecidos o personas que no pueden calificarse en esa calidad-- se encuentran mil noventa y cinco individuos, concluyéndose que fallecieron, sin que sus restos hayan sido ubicados hasta el momento. ¿Y ello por qué? Porque a pesar de la verdadera mística con que ha trabajado la gente de ese organismo, éste cuenta con un exiguo personal, integrado sólo por doce funcionarios de planta y veintiséis a contrata, incluyendo a secretarias y administrativos. En mi opinión no es del caso mencionar las dificultades que significa una investigación acuciosa en un tema tan delicado como éste.

Debo recordar --lamento que no se encuentre presente el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente-- que cuando recorrimos la Quebrada de Ramón, los vecinos y los habitantes del sector nos mostraron una "animita", como se la conoce por el pueblo. Según comentarios formulados en el lugar, allí donde existe en estos momentos un túmulo, habría caído el cuerpo de una persona lanzada desde un avión, a la cual después fue imposible identificar, porque sus restos fueron presa de roedores y alimañas.

Casos como ése, imposibles de investigar a fondo, se repiten en el tiempo.

En seguida, el que se pretenda declarar inconstitucional cualquier iniciativa que presentemos, es algo habitual en el Senado. Y quiero recordar sólo tres casos: el proyecto sobre impuesto a los cigarrillos: inconstitucional. ¿Qué dijo el tribunal competente? "Constitucional". ¿Qué es lo único que se consiguió? Demorar la entrega de recursos a las personas que iban a ser beneficiadas.

Respecto de la iniciativa sobre trasplantes --aquí está el Honorable señor Otero --, se pidió un fallo del Tribunal Constitucional. Fue rechazado el requerimiento.

El señor OTERO .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor DÍAZ.-

Con todo gusto, con la venia de la Mesa.

El señor OTERO.-

Fue rechazada una parte, y acogida otra. Parece que su memoria lo acompaña sólo en el caso de la primera, y no de la segunda.

El señor DÍAZ.-

Tengo muy buena memoria para la primera parte, que es la más importante. La segunda era irrelevante.

En lo relativo a los trasplantes, el Honorable señor Otero --con todo el respeto y la amistad que me merece-- incluso habló después sobre la posibilidad de sobrevida y de todo lo demás. ¡Su Señoría es muy partidario de hacer sobrevivir a la gente, pero mata a las corporaciones! A mi juicio, en ello hay una contradicción vital. Por una parte, sostiene que expiró el 31 de diciembre una corporación con más vitalidad que una persona que, por diagnóstico y pronóstico médico, está clínica o encefálicamente muerta.

El proyecto referente a la postergación de elecciones de concejales, también se pretendió llevar ante el Tribunal Constitucional. Después retiraron el requerimiento.

Por consiguiente, estamos acostumbrados al procedimiento usado. Y no me llamaría la atención que, en un momento dado, un Senador que pierde un proyecto o una moción recurra al tribunal. En mi opinión, hay que saber ganar y perder. Y no lo digo por lo sucedido esta mañana con relación al arbitraje. Estoy hablando en términos generales.

Asimismo, debemos recordar que, si bien en la Comisión de Derechos Humanos la votación se perdió por tres contra dos --su Presidente , que se encuentra en la Sala, podría precisarlo--, no es menos cierto que en un inicio se produjo un empate a dos votos, el cual después se definió con la votación ya mencionada. Pero en la Comisión de Hacienda --cuya importancia no es mayor ni menor que aquélla; debemos ponerlas en igualdad de condiciones-- se ganó por cuatro contra uno. Cuatro más dos son seis; tres más uno, cuatro: ¡se ganó por seis contra cuatro! ¡Perdónenme por usar la aritmética en forma tan ruda y directa, pero así son los hechos!

Debemos ir al fondo del asunto: si se está o no se está dando satisfacción a las víctimas de la violación de los derechos humanos. Tenemos que ser lo suficientemente sensibles, responsables y éticos como para postergar por un año el funcionamiento de esta corporación. Ella, a nuestro juicio, está cumpliendo una misión muy delicada e importante y con profunda eficiencia y mística, de acuerdo al número de personeros que allí trabaja y a los resultados que obtiene. Yo no tengo ninguna capacidad para negarme a una petición de postergación, cuando mil noventa y nueve personas hasta el momento permanecen en calidad de desaparecidas, sin que sus restos hayan sido ubicados ni que sus familiares tengan la satisfacción de conocer su destino, debido a un asunto absolutamente técnico y procesal.

Una vez más, pienso que la letra mata y el espíritu vivifica. Y aquí el espíritu de la ley es hacer justicia a quienes fueron víctimas de violación de sus derechos.

La señora CARRERA.-

Señor Presidente , deseo referirme a la acuciosidad, al trabajo científico y a la forma realmente impresionante en que la Corporación de Reparación y Reconciliación ha efectuado su labor durante estos años.

Podemos sostener que su trabajo merece el mayor respeto y que, además, da respuesta a una necesidad ciudadana extremadamente sentida por sectores importantes de nuestra sociedad. Eso es lo menos que la sociedad chilena podría hacer para reparar las violaciones a los derechos humanos, que dejaron tantos desaparecidos en nuestro país y cuyo destino final se desconoce.

Dicha Corporación ha conocido dos mil ciento ochenta y ocho denuncias, de las cuales, como lo señaló el Honorable señor Díaz , se acogió un 25 por ciento. Pero subsisten alrededor de novecientos detenidos desaparecidos.

¿Por qué no ha sido posible descubrir el destino final de las víctimas, a pesar del tiempo transcurrido? Porque en las investigaciones anteriores se priorizó la idea de probar las circunstancias en que ocurrieron las detenciones. Por el testimonio de numerosos otros presos en los mismos lugares, pudo constatarse el sitio donde estuvieron detenidos y así darles la calidad de víctimas. Eso era importante para los trámites siguientes relacionados con la familia, pero no se profundizó en la necesidad de conocer el destino final de los restos de las víctimas.

Existía la convicción de que en general el detenido desaparecido había fallecido. Incluso se nos dijo que en tres o cuatro de los casos los autores del homicidio confesaron que la persona estaba muerta. Sin embargo, no era posible probarlo por no existir el cuerpo del delito.

El deseo de los familiares de ubicar los restos de sus deudos, a fin de darles sepultura, hace imperativo que las investigaciones continúen. Ellas se llevan a cabo son suma seriedad y para efectuarlas se recurre a las informaciones centrales del Registro Civil, del Instituto Médico Legal y de la Policía de Investigaciones.

Sin embargo, a pesar de indagaciones a nivel central, muchos cuerpos de desaparecidos no han podido ser pesquisados. Ha sido necesario efectuar averiguaciones a nivel local, en los institutos médicos legales y en los servicios de registro civil e identificación que no transmitieron la información al nivel central.

Hasta ahora se ha descubierto el destino de 77 personas. Esos casos se resolvieron después de largas investigaciones en los citados organismos. Han sido verdaderos puzzles que, con datos obtenidos en diferentes épocas, los investigadores han debido descrifrar, para llegar a la conclusión de que un cadáver denominado NN, por señales apenas visibles de las huellas digitales o tal vez por la ropa, los zapatos o la dentadura, corresponde a un detenido desaparecido.

Reitero que 77 casos fueron resueltos. En 88 hay indicios relevantes de que puede ser descubierta la identidad de las personas. Sin embargo, en muchísimos no existen señales que permitan pensar que en algún minuto podría lograrse la identificación.

En su trabajo, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación ha logrado formar un archivo importante, cuyo destino también hay que cuidar: no debe desaparecer por el solo hecho de que aquí se vote en contra de la prórroga solicitada.

Señor Presidente , es demasiado importante para nuestra sociedad la labor de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Por tanto, estimo que el proyecto debe ser aprobado.

He dicho.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , estamos abocados, indudablemente, a tratar una materia muy trascendente, que a todos nos interesa resolver en debida forma, pero, quizás, no a través de un proyecto defectuoso e inadecuado, cuya aprobación, hasta donde lo veo, no se justifica.

En primer lugar, en cuanto a las observaciones formuladas por el Honorable señor Otero , cabría señalar que el problema de la constitucionalidad puede ser aún más serio de lo que resulta del vencimiento de cualquier plazo, ante los términos tan perentorios del artículo 16 de la ley Nº 19.123, promulgada hace poco más de un año.

En dicha normativa legal especial se estableció un plazo de vigencia. Y no bastó con ello, sino que el legislador agregó: "Transcurrido este lapso se extinguirá por su solo ministerio." --de la ley-- "Sus bienes quedarán a disposición del Fisco o de alguno de sus organismos, lo que se determinará mediante decreto supremo del Ministerio del Interior.".

Por lo tanto, ya hay un efecto --producido no sólo en virtud de ciertos principios jurídicos, invocados por el Senador señor Otero , sino también por una norma muy concreta y precisa de la ley-- que hace recomendable, a mi criterio y por otros motivos --los daré a conocer--, que el proyecto, tal como está, sea rechazado, sin perjuicio del posterior análisis de una iniciativa distinta que lo reemplace.

Es probable que esta situación se haya producido ahora porque nuevamente nos vemos abocados al estudio de proyectos importantes con plazos tan perentorios que impiden un análisis adecuado.

Esta materia tan trascendente --y quiero aceptar que lo es-- dio lugar, sin embargo, a una simple iniciativa de prórroga, presentada a fines de diciembre, en circunstancias de que sobre la materia se está debatiendo desde hace muchos meses y se han formulado proposiciones para dar a la Corporación de que se trata un carácter distinto.

Deseo recordar que el proyecto inicial tuvo un carácter especialmente transitorio y objetivos bastantes claros. El primero de ellos fue, recogiendo la labor realizada por la Comisión de Verdad y Reconciliación y completándola, otorgar ciertos beneficios a parientes de víctimas de violaciones de los derechos humanos determinados por un organismo u otro.

Esa misión de la Corporación, para la cual se le dio un plazo que fue prorrogado en dos ocasiones, ya terminó en plenitud. Es decir, ya no existe otra oportunidad para hacer valer los derechos establecidos en la ley Nº 19.123, y además, ese organismo concluyó su tarea específica y fundamental.

Es efectivo que a la Corporación, simultáneamente, pero siempre con carácter transitorio, se le asignó una labor en cierto modo coadyuvante en la misión de ubicar los restos de las personas desaparecidas y en la acción de la justicia. Pero esta misión fue --reitero-- desde un comienzo transitoria. Tan así, que en la primera ley sobre la materia se autorizó a Su Excelencia el Presidente de la República --a la sazón, don Patricio Aylwin -- para prorrogar hasta por un año el período de vigencia de la Corporación y el Jefe del Estado estimó necesario hacerlo sólo por 10 meses. Y al vencimiento de ese plazo, se solicitó una prórroga --la Comisión de Derechos Humanos, de la que formo parte, conoció el proyecto respectivo--, con el argumento principal de que, habiéndose terminado la misión más importante de la Corporación y cumplido en forma satisfactoria la segunda --coadyuvar a la acción de la justicia para ubicar restos de personas desaparecidas--, se quería un período adicional para una tarea de divulgación del respeto a los derechos humanos en nuestro país.

Pues bien, nos encontramos con que de hecho se ha pensado en dar carácter permanente a esta Corporación creada con fines transitorios. Pero mientras tanto se solicita una nueva prórroga, sin establecer con claridad ese objetivo.

De acuerdo con las explicaciones que nos dieron algunos integrantes de la Corporación de Reparación y Reconciliación --fueron muy amplias y completas--; con las opiniones que ese organismo vertió por escrito, e incluso con lo planteado por el señor Ministro del Interior , cabría concluir que no se justifica la prórroga pedida, al menos en las condiciones en que dicha Corporación se halla actualmente establecida.

Desde luego, de los informes que nos presentaron y de las explicaciones que nos dieron --las escuché con mucho detenimiento-- aparece claro que, si bien quedan muchos casos de desaparecidos, lo que puede llevar a cabo la Corporación está virtualmente agotado. Aún más, de las cifras que los personeros de ese organismo nos entregaron en su oportunidad se desprende que, en el referido ámbito, su labor no ha sido tan amplia, completa y útil como aquí se dice, pero no por falta de esfuerzo o dedicación de sus integrantes, sino, probablemente, porque lo impiden las circunstancias o los medios de la Corporación y sus características.

Así, se nos informa que, de 1.200 personas objeto de búsqueda, 110 casos fueron aclarados sin la participación de la Corporación, y que ésta, en cuatro años, ha contribuido a aclarar 77 casos. Pero entendamos bien: de estos 77, 74 corresponden a los detenidos desaparecidos inhumados ilegalmente en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago. En buenas cuentas, aparte ellos, la labor de la Corporación sólo ha permitido ubicar, en cuatro años, los restos de 3 personas.

En consecuencia, tanto por la forma como se constituyó la Comisión, con carácter transitorio, cuanto por sus propias características, por falta de medios o porque toda la labor que estaba a su alcance llevar a cabo ya la realizó, su tarea parece hallarse agotada.

Por otro lado, en el oficio enviado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia con respecto a la eventualidad de dar carácter permanente a la Corporación, ésta expresa textualmente: "En caso de proponerse una iniciativa legal en el sentido antes señalado, esta Corporación podría indicar las medidas concretas que le parecen adecuadas para lograr una mayor eficiencia en el proceso de investigación, tanto para la labor de los Tribunales de Justicia como para el órgano administrativo coadyuvante." Es decir, la propia Corporación estima que, con su actual organización y con las facultades de que dispone, su labor está agotada.

Indirectamente, en un sentido semejante se ha expresado el propio señor Ministro del Interior , quien, al discutirse el proyecto sobre derechos humanos que analiza la Comisión pertinente del Senado, y que conoció también la de Constitución, Legislación y Justicia, sostuvo: "Incluso más, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que ha tenido por objeto establecer la verdad respecto de aquellos casos que la Comisión de Verdad y Reconciliación determinó como violación de los derechos humanos, no ha podido encontrar ningún antecedente a pesar de los numerosos oficios que ha despachado sobre el particular. En consecuencia, resulta más propio mantener la investigación de estos hechos en el Poder Judicial , que es el naturalmente competente.".

Por lo tanto, a mi criterio, de los resultados de los esfuerzos hechos por la Corporación, que han sido extraordinariamente loables --reconozco que ha sido eficiente--, y de lo que ella misma expresa, podría decirse que, con la organización que tenía hasta el 31 de diciembre último y con los medios que estaban a su alcance, ya había agotado su quehacer, el cual, por lo demás, está reflejado en archivos y antecedentes que quedan a disposición de los tribunales, del Gobierno y de todos los organismos del Estado, para los fines de continuar la necesaria tarea de encontrar los restos de personas desaparecidas.

Por otra parte, deseo hacerme cargo de algunas observaciones vertidas aquí en cuanto a la necesidad de contar con un ente de tal naturaleza que se hallaría por encima de los Poderes del Estado y que estaría encargado de controlar si el Ejecutivo y los tribunales se desempeñan bien.

Si estamos pensando en una decisión de esa magnitud, parece absurdo que pretendamos resolver el problema, en un debate de horas, con un proyecto que simplemente prorroga por un año la vigencia de una Corporación creada para fines distintos.

Si creemos que nuestra institucionalidad requiere de un organismo de las características que señaló un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, habrá que hacer los estudios pertinentes para ver si ello se justifica. Porque querría decir que, por esta vía de control de lo que hacen otras reparticiones del Estado, la Cámara de Diputados sería inútil; que sería necesario crear un órgano no elegido por el pueblo, sino de manera indirecta, incluso mediante el expediente de prorrogar en sus cargos a personas designadas para una misión específica, a fin de que asuma la función de un suprapoder, con facultades para controlar si el Ejecutivo , las entidades que de él dependen y el Poder Judicial cumplen adecuadamente su cometido.

Por ello, y completando de alguna manera lo que dije en un comienzo, pienso que debemos rechazar el proyecto en debate, tanto por existir un grave problema de constitucionalidad cuanto porque la propia Corporación estima que para cumplir una misión más amplia en el futuro requiere de estructura y características distintas. Y si el propio señor Ministro del Interior ha indicado que la función que se pretende atribuir a dicho organismo en forma permanente es propia de los tribunales de justicia, analicemos un proyecto distinto, que apunte al fondo del asunto, y determinemos si ello es factible y cómo encaja en nuestra organización constitucional, en lugar de prorrogar la vigencia de una Corporación creada con fines esencialmente transitorios. Inicialmente se habló de un año; luego, de dos; vamos en cuatro, y ahora se piensa en un quinto año, sin entrar al fondo del problema.

Determinemos si esas facultades deben corresponder al organismo sui géneris que se cree o estar insertas en la organización del Estado, en la función que compete al Ejecutivo , al Legislativo o a otros cuerpos, como las universidades. Pero no sigamos con un sistema de parche; no hagamos algo con el ánimo de decir que estamos preocupados del tema, en circunstancias de que los propios interesados nos señalan que con los medios actuales poco más pueden hacer.

Si tal es la opinión del Gobierno hasta el momento y si además estamos creando algo que no estuvo en un comienzo en la mente del legislador, a lo mejor dejaremos vigente un órgano que traerá más problemas que beneficios para Chile.

Por ello, reconociendo la extraordinaria importancia de este tema y manteniendo la misma preocupación de todos por el problema de fondo de los derechos humanos, concluyo que debe rechazarse la iniciativa en discusión. Y ésas fueron algunas de las razones que tuvimos presentes en la Comisión para desecharla.

He dicho.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , creo que este proyecto, hoy día, tiene una particular importancia política y simbólica, siendo en su origen muy simple, por cuanto solamente se está prorrogando en un año el funcionamiento de ese organismo. Me parece que con esta proposición se está corrigiendo, de alguna u otra manera, una imprevisión que tuvimos cuando aprobamos la normativa, quizás producto de que las leyes sobre derechos humanos son especialmente sensibles y, a veces, hay temores de una parte del Congreso en cuanto a los alcances o las consecuencias de los organismos que se han ido creando. Entonces, se dio un plazo extraordinariamente breve para cumplir tareas que eran muy amplias. La primera consistía en calificar los casos que, respecto de los conocidos por la llamada Comisión Rettig, ésta no pudo formarse convicción sobre las personas que habían sido objeto de desaparecimiento durante el Gobierno militar. La segunda tarea era ayudar a determinar el paradero y la circunstancia de la desaparición y muerte de los detenidos desaparecidos.

La verdad es que, en la Comisión de Derechos Humanos y en el debate de esta Sala, nadie ha objetado la naturaleza del trabajo de esa Corporación; al contrario, todos han sostenido que ella ha actuado con gran diligencia, gran responsabilidad y gran sentido de reconciliación. Y, por tanto, ha hecho un aporte positivo al tema de los derechos humanos, sin herir sensibilidades de quienes tenían temor de que ello ocurriera. Éste es un dato importante y es indispensable que lo asumamos como Senado.

Repito: todos han reiterado, en esta Sala y en la Comisión, que no existe ningún reparo ni hay mayor crítica a la seriedad, rigor y ponderación con que ha procedido esa Corporación.

Se han proporcionado antecedentes en orden a que gran parte de la actividad desarrollada por la Corporación, en un primer período, tuvo que concentrarse necesariamente en una de las dos finalidades: completar la calificación de aquellos casos respecto de los cuales, debiendo ser objeto además de reparación por parte del Estado, la Comisión Rettig no se había formado convicción, no solamente sobre su desaparecimiento, sino también sobre su muerte.

En lo tocante al segundo tema, debo decir que se ha avanzado poco, pero se ha avanzado; o mejor dicho, ha quedado demostrado que la Corporación se ha constituido en un gran coadyuvante eficaz, que obviamente carece de funciones jurisdiccionales, y que no se contrapone --sino al contrario--con lo que en esta materia correspondería hacer a los tribunales de justicia.

Por consiguiente, se trata nada más de ampliar el plazo de vigencia de este organismo --que a mí me sigue pareciendo estrecho para este segundo propósito--, a fin de que pueda cumplir con los dos objetivos iniciales, y no --como lo dijo el Senador señor Urenda -- para que abarque otros temas relacionados con la preservación y el desarrollo de los derechos humanos de nuestra sociedad, mirada ésta desde una perspectiva futura. Lo que se está pidiendo es simplemente prorrogar por un año más el plazo de vigencia de la Corporación, para que concrete una actividad en torno a la cual puede cumplir una función central. Como dije, estimo insuficiente dicha prórroga; pero los Parlamentarios estamos inhibidos para presentar indicaciones o mociones en esta materia, porque ello implicaría costos.

Quiero terminar mi intervención diciendo sólo una cosa: creo que sería una muy mala señal para la sociedad chilena que el Senado rechazara este proyecto de ley.

Hemos sostenido un largo debate --que aún no concluye-- sobre cómo avanzamos en materia de verdad, de justicia y de reconciliación. Tanto en la Cámara Alta como en el país, han habido visiones muy distintas. Y, por lo tanto, en este tema no hay todavía acuerdos sustantivos ni en el Parlamento ni en la sociedad chilena.

Pero en este debate sí ha surgido un acuerdo de todas las partes: la necesidad de avanzar en el conocimiento del paradero, de las circunstancias de la desaparición y muerte de más de 900 chilenos, con el propósito de otorgar la oportunidad a sus familias para que les den cristiana sepultura, sí es un objetivo que todos, aquí, hemos dicho compartir en la discusión generada en torno a los derechos humanos. Hemos tenido diferencias acerca de muchas otras cuestiones, pero en ésta hemos concordado. Y es probable que sea el único instrumento para avanzar en este objetivo, que es central, que es compartido por todos y que todavía afecta a cientos de familias. Encontrar un cuerpo y poder darle cristiana sepultura ya valdría el esfuerzo de prorrogar la vigencia de la Corporación durante algún tiempo, organismo que, además, ha demostrado eficacia relativa, pero eficacia finalmente, en la consecución de un propósito que todos decimos compartir.

En consecuencia, estimo que sería una muy mala señal que, en lo relativo a esta cuestión elemental, el Senado de la República rechazara un proyecto que apunta a un objetivo que --como señalé-- todos dicen compartir.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , doy excusas al Senado por intervenir por segunda vez. Antes lo hice para tratar de precisar mi posición acerca del proyecto desde el punto de vista procesal-jurídico, pero no abordé el tema de fondo.

Cuando en la Cámara Alta hemos discutido estos asuntos, siempre ha existido, como lo recordó el Senador señor Gazmuri , bastante consenso y unanimidad en cuanto a lo que se persigue con esta Corporación, que se resume en los objetivos contemplados en la ley Nº 19.123, que no son otros que entrar a reparar, en lo que se puede, los daños, no morales ni éticos, sino patrimoniales, que sufrieron los familiares de los detenidos desaparecidos, sobre la base de la investigación que realizó la denominada Comisión Rettig.

En su oportunidad, aprobamos esas normas y fijamos el marco de trabajo de la Corporación. Y, por supuesto, se cometió un error cuando en su artículo 16 se estableció un plazo de 24 meses, posiblemente prorrogable por otros doce. A lo mejor, también el Presidente Aylwin incurrió en un error al postergar el plazo sólo por diez meses. Ciertamente, no estoy resaltando esto con algún sentido crítico o negativo, sino porque creo que este tipo de acción por parte del Estado, como política de un país destinada a reparar un daño que todos reconocemos, es algo que nunca debería tener plazo ni prescripción. Porque debe procurarse buscar la solución del problema hasta el último de los casos, haciendo todos los esfuerzos que sean necesarios para poder cerrar esas heridas, que fueron provocadas en una época tan contradictoria en la historia de nuestra patria.

Me alegré mucho cuando los Senadores señores Larraín , Piñera , Díez y Otero señalaban --aún no concordando el proyecto con el contenido de lo que ellos planteaban-- que una de las maneras como podríamos avanzar en este tema tan delicado, además de las disposiciones legales que ellos creían prudentes y convenientes para lograr el objetivo perseguido, era que permaneciera la labor de la Corporación. Considero que estaban en lo correcto. Además, en el Parlamento, tal vez deberíamos haber reparado en darle vigencia a esta Corporación sin plazo de término.

En otros países del mundo donde han sucedido desgracias y situaciones dolorosas de este tipo, hasta el día de hoy, pasados 30 ó 40 años desde que ocurrieron esos hechos, ante cualquier caso que aparece, el Estado lo repara y trata de dar por lo menos alguna forma de respaldo o reconocimiento a la víctima.

Señor Presidente , sabemos que aquel objetivo no está cumplido, pero ello no es por falta de trabajo de la Corporación, porque es necesario reconocer que ha hecho realmente un esfuerzo impresionante con los limitados medios que tiene. Además, ha realizado un trabajo de una seriedad y una estrictez inmensas en una materia donde es delicado decir que no. De los casos sometidos a su conocimiento y determinación para aplicar las disposiciones de la ley Nº 19.123, en cuanto a dar reparación a las víctimas de los familiares de los detenidos desaparecidos, que es uno de los objetivos de dicha ley, sólo en el 25 por ciento de los casos la Corporación ha determinado la procedencia de los beneficios. Adicionalmente, su tarea ha sido prudente, moderada y silenciosa, en una materia respecto de la cual, tal vez, muchos habrían querido que hubiese sido objeto de noticia diaria acerca de lo que se iba descubriendo o aclarando sobre los detenidos desaparecidos.

Sin embargo --pienso que cualquier Senador en esta Sala lo tendrá que reconocer--, no he visto ni escuchado en un sólo medio de comunicación alguna promoción hecha desde la Corporación --y ni siquiera de parte de terceros-- en relación con este asunto. Eso tiene un valor inmenso en lo que son y deben ser el objeto y la forma de trabajar en este tipo de organismos.

Por otro lado, el segundo objetivo encomendado a la Corporación fue no sólo tratar de recompensar en términos pecuniarios, a través de pensiones o indemnizaciones, a los familiares de los detenidos desaparecidos, sino actuar como ente colaborador del Poder Judicial y continuador del trabajo realizado por la Comisión Rettig, a fin de recoger información que permita determinar el paradero de los detenidos desaparecidos. Este objetivo tampoco está cumplido, no porque la Corporación no lo haya querido, sino porque el plazo respectivo no ha sido suficiente y, porque, quizás, aún no existen todos los instrumentos legales o "motivadores" necesarios para que la Corporación colabore en ese sentido.

De acuerdo con el informe que tenemos a la mano, los casos calificados por la Comisión Rettig y la Corporación como detenidos desaparecidos ascendían a mil 102; los casos de convicción de muerte sin estar registrada la defunción o encontrados los cuerpos de las víctimas eran 102. A esta cantidad habría que restar cuatro casos de personas calificadas como detenidos desaparecidos cuya muerte está inscrita, y sus restos, sepultados. Por lo tanto, del universo total de mil 200 sobre el cual debía trabajar la Corporación en este segundo objetivo, cual es, tratar de ubicar el paradero de los detenidos desaparecidos, colaborando con la justicia en ese sentido, sólo 110 casos habían sido aclarados: las defunciones estaban inscritas y los restos fueron entregados a las familias antes de la vigencia de la Corporación. Del universo definitivo de mil 90 personas, la Corporación ha podido dilucidar 77 casos, quedando pendiente la aclaración de mil 13 casos de detenidos desaparecidos, objetivo que no ha podido cumplirse.

De estos mil 13 casos, hay 46 que sufrieron esta situación en el extranjero. Por consiguiente, se llega a la conclusión de que el número total de casos aún pendientes de búsqueda es de 967.

Señor Presidente , si estas cifras y elementos de juicio que se nos entregan son los que corresponden a la realidad --no me cabe la menor duda de ello, porque nuestras Comisiones así nos lo hacen ver en sus informes-- no es procedente tratar de evitar la aprobación de la prórroga del plazo, sin perjuicio de que soy partidario de pedir después al Ejecutivo , a través de un oficio que se envíe en mi nombre, que se dé vigencia permanente a la Corporación mientras exista un caso en que sea posible determinar qué sucedió con ese chileno que ha sido calificado como "detenido desaparecido".

Sin perjuicio de ello, no sería prudente que el Senado se asilara en un tema procesal-jurídico discutible, para permitir que este trabajo tan necesario y conveniente quede en suspenso. De allí que, personalmente, pido al Senado aprobar el proyecto manteniendo la vigencia de la Corporación. Y ojalá, el Presidente de la República , accediendo a la petición que le hagamos, acepte que esta Corporación mantenga su vigencia mientras pueda cumplir la totalidad de los objetivos que le encomendó la ley Nº 19.123.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , voy a ser muy breve, para respetar el tiempo de los demás colegas.

Un señor Senador de las bancadas opositoras ha sostenido, muy respetablemente, que, pese a las competencias entregadas a la Corporación de Reparación, los resultados han sido mínimos, puesto que, de mil 200 casos, sólo 110 han sido finalmente aclarados. En consecuencia, se plantea que no habría proporción entre el esfuerzo desplegado y los resultados conseguidos, ya que en definitiva restarían mil 13 casos pendientes, después de tres años de arduo trabajo. Y se deja entrever, entonces, la interrogante de para qué seguir por un camino que aparece como un tanto ineficaz.

Desde esta bancada, sólo puedo responder a esa argumentación que, para el Senador que habla, por lo menos, bastaría que un solo caso más pudiera ser aclarado para que se justificara plenamente todo el esfuerzo del Estado. Porque aquí, señores Senadores, estamos hablando de seres humanos, de vidas tronchadas, de deudos y familiares que quieren ejercitar un derecho inalienable, que les reconocimos todos al aprobar la ley que dio vida a la Corporación.

Y creo que basta con este argumento para echar por tierra ese desaliento, que en algunos casos puede ser --y lo reconozco-- absolutamente real, pero que en otros puede convertirse en un subterfugio para ir cerrando una a una las puertas que permiten proseguir una búsqueda pendiente.

Señalado lo anterior, quisiera entrar derechamente a lo que, a mi entender, es el tema central de esta discusión. ¿Debe el Estado de Chile continuar manifestando institucionalmente, a través de un organismo específico de la Administración Pública, su interés por mantener la búsqueda de las personas desaparecidas durante el régimen autoritario? Primera pregunta. ¿O debe estimarse, como algunos señores Senadores lo afirman, que ya el Estado ha hecho lo suficiente y, por lo tanto, no se justifica prorrogar la vigencia de la Corporación?

Creo, en ese sentido, señor Presidente , que, a la luz de lo realizado por la entidad mencionada, el plazo de prórroga que se plantea en el proyecto no sólo es necesario, sino también indispensable. Y ello, porque los Poderes Públicos deben demostrar ante la sociedad chilena y la comunidad internacional que su preocupación por el tema de los detenidos desaparecidos se mantiene y que, al haber sido declarado por una ley aprobada en el Congreso Nacional que la búsqueda de esas personas y la aclaración de su destino final constituye un derecho inalienable y, por lo tanto, imprescriptible, no se trata de letra muerta.

Señor Presidente , señores Senadores, si la Corporación de Reparación, en este clima de reconciliación nacional que impulsa el Gobierno y que la opinión pública apoya fuertemente, termina sus funciones porque venció un plazo que bien puede ser renovado, estaremos emitiendo una señal de dejación y de olvido de un deber ético que estimo irrenunciable, y excluyendo una de las muchas posibilidades que tenemos a mano en esta materia. Y diremos a los familiares de los desaparecidos, en cambio, que su angustia por sepultar a sus deudos y tranquilizar su dolor ya no es un tema prioritario.

Por lo tanto, señor Presidente , nuestra negativa a prorrogar por un año, simplemente, el plazo de vigencia de la Institución Reparatoria será una señal muy negativa y, además, muy contradictoria. Porque no puedo olvidar que los señores Senadores de la Oposición expresaron que dentro de las medidas indispensables para establecer un clima de reconciliación se incluía la de mantener la vigencia del organismo que nos ocupa.

En las intervenciones de esta tarde, algunos Honorables colegas han sugerido que la Corporación de Reparación debe terminar para abrirse a una nueva etapa; que, probablemente, los fines de alto contenido social que ella cumple debieran pasar a otro ente, sin precisar cuál es y por qué ha de ser diferente. Si bien los considero con mucho respeto, me parece que esos argumentos son atajos para dejar las cosas como están o para evitar que se persista. A mi juicio, señor Presidente , son entelequias. Los hechos son muy concretos: damos o no damos más tiempo para que un trabajo único, responsablemente conducido, se mantenga, o, simplemente, acabamos por sellar una puerta más que puede conducir a la verdad.

Los Senadores del Partido por la Democracia estamos por mantener abiertas las puertas para buscar a los desaparecidos, para llegar a la verdad y entregarlos a sus familiares. Por eso es que vamos a votar favorablemente el proyecto.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente , el Honorable colega señor Andrés Zaldívar y otros señores Senadores han recordado el contenido de un proyecto de ley que presentaron los Senadores señores Díez , Larraín , Letelier , Otero y Piñera , referido, básica y fundamentalmente, a una interpretación destinada al cumplimiento de las leyes de amnistía, en general. Esa norma, que siempre contó con mi apoyo, hoy no existe, porque llegó a manos de la Comisión de Derechos Humanos una absolutamente distinta, con un objetivo también distinto. Y, por tal motivo, los planteamientos que voy a exponer implican, desde mi punto de vista, una doble relación muy importante.

Voté favorablemente cuando se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Posteriormente, cuando se solicitó la extensión de la vigencia de esa entidad porque no habían terminado sus obligaciones, procedí en la misma forma. Hoy, es necesario pronunciarse por tercera vez respecto de que ella siga existiendo y desarrollándose. Frente a lo anterior, tengo a la vista la norma a que he hecho referencia y la recomendación formulada por los señores Senadores mencionados, en el sentido de tratarse de un elemento muy eficaz.

"Sin duda", dicen los Honorables colegas, "el avanzar en el conocimiento de la verdad respecto del paradero de los detenidos desaparecidos constituye una obligación ética de la sociedad que también contribuirá a la reconciliación nacional. Sin embargo, consideramos que la vía judicial tradicional no es el camino más eficaz para lograr resultados concretos, como lo acredita la experiencia acumulada en esta materia. Por esta razón consideramos indispensable abrir y fortalecer otros caminos en este campo.".

Refiriéndose a esto último, señalan: "Consideramos conveniente extender el plazo de vigencia de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y fortalecer sus atribuciones y recursos para que ella pueda cumplir un rol eficaz en esta importante tarea. También pensamos que instituciones como la Iglesia Católica o la Cruz Roja pueden hacer un aporte significativo y fecundo en este campo.".

Faltó agregar las iglesias evangélicas, de gran importancia en nuestro país.

Comparto el párrafo citado, el Nº 11 de las consideraciones generales de la iniciativa mencionada, cuya función fundamental era establecer los criterios con que se aplican las leyes de amnistía --no la Ley de Amnistía, sino las leyes de amnistía que se dicten en el país--, si bien reitero que la norma hoy no se halla en poder de ninguna Comisión, porque fue modificada absoluta y totalmente, y el sentido del proyecto primitivo ya no existe.

Pero sí existe la Corporación. Y hoy estamos resolviendo este tema, que es muy relevante, y mañana tenemos que resolver en la Comisión de Derechos Humanos el otro tema, que, a su vez, presenta una serie de circunstancias que hacen observar ciertas inconstitucionalidades, acerca de lo cual la Comisión se va a pronunciar. Por mi parte, al menos, ya tengo una opinión al respecto.

En virtud de estas consideraciones, señor Presidente , pienso que es importante que la Corporación se mantenga, y que exista, que se desarrolle. Al país le cuesta, y tiene un costo y un valor. Ha realizado acciones, algunas complejas. Sus resultados no han sido del todo exitosos. Sin embargo, funciona un organismo, una oficina, una institución, un servicio al cual concurren las personas que buscan, a través de las atribuciones de la entidad, algunos caminos de solución para los problemas que la misma Corporación señala como fundamentos esenciales de su existencia. Eso me lleva a pensar que el fundamento y la expresión básica de lo que era el proyecto de los Senadores señores Larraín , Díez , Letelier , Otero y Piñera , se encuentran radicados básicamente en lo que dicha Corporación está desarrollando. Y ésta, junto con recibir la totalidad de la información que va recogiendo en sus investigaciones, análisis y recepción de datos, hace llegar tales antecedentes a los tribunales de justicia. Éstos, por su parte, conforme a las normas constitucionales existentes y a todos los poderes que los jueces y ministros tienen, actúan eficazmente --tal como recordaba la Senadora señora Carrera--, en los distintos casos (no es, en verdad, un número muy elevado), en forma concreta, eficiente y profunda, sin avanzar hacia acciones en que las dudas de inconstitucionalidad están absolutamente ajenas.

Lo anterior me lleva a votar favorablemente la existencia de esta Corporación, y a pensar muy profundamente acerca de los perjuicios que puede causar el otro proyecto sobre derechos humanos que en este momento se discute en la Comisión pertinente, la cual ya señaló algunos aspectos de inconstitucionalidad, aún no resueltos.

Por tal motivo, si se soluciona en forma positiva el problema de inconstitucionalidad (planteado también por el Senador señor Otero) , en el sentido de seguir discutiendo el proyecto, yo lo votaré favorablemente.

He dicho.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , estamos cerca de votar --espero--, por lo que trataré de exponer a mis Honorables colegas algunos hechos que puedan no ser controvertibles.

Un hecho no controvertido aquí es que la Corporación surge como propuesta de una Comisión a la cual el Senado de la República saludó y respaldó en su momento, la denominada Comisión Rettig.

Otro hecho indesmentible es que, en el considerando número ll del proyecto (boletín Nº 1.657-07), los Senadores señores Díez , Larraín , Letelier , Otero y Piñera dicen: "Consideramos conveniente extender el plazo de vigencia de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y fortalecer sus atribuciones y recursos para que ella pueda cumplir un rol eficaz en esta importante tarea.". Eso no ha sido controvertido.

Un tercer hecho que no he visto que haya sido controvertido es que esta Comisión se halla conociendo sobre la situación que viven l.l03 familias de detenidos desaparecidos. No se trata ya de supuestos detenidos desaparecidos, sino de personas integrantes de la familia chilena, que una Comisión, del prestigio de la Comisión Rettig, y la Corporación cuya existencia hoy debatimos, han logrado acreditar. ¡1.103 casos! Y digo "1.103 casos", y no "cosas". Porque hace poco rato escuchamos a algunos señores Senadores hablar de la importancia del territorio nacional, y todos nosotros hemos dicho que cada centímetro de la patria es sagrado, para definir de qué manera nos corresponde defender la integridad de nuestro territorio. ¡Pero no es el mismo juicio que algunos señores Senadores tienen cuando estamos hablando de chilenos de carne y hueso, que son para los creyentes la obra de Dios más preciada de la Creación! ¡No! ¡Rompen lanzas toda vez que hay que defender el patrimonio de grupos económicos! ¡Claman al cielo por la integridad del territorio nacional! Sin embargo, cuando se trata de saber qué pasó con ¡1.100 compatriotas nuestros!, entonces, aducen la Constitución, la ley, el tiempo, el olvido, o la eficiencia. Hay 1.100 casos, y sólo se han resuelto 77. ¡Ni siquiera el 10 por ciento!

Cuando analizamos uno de los casos, me conmoví. En un documento --varios señores Senadores lo tienen-- que nos hizo llegar la Comisión en un momento determinado, ésta señala que se ha aclarado con antecedentes serios y graves el destino, por ejemplo, de don Gerardo Antonio Encina Pérez , detenido el 20 de septiembre de 1973 en San Javier, después de presentarse cuando fue citado. En dicho documento se lee: "De acuerdo al relato de un testigo presencial obtenido por esta Corporación, su cuerpo fue encontrado en el río Loncomilla cuando se buscaba el de Cesáreo Soto González ; fue reconocido por familiares de otra de las víctimas y" --señoras y señores Senadores, por favor, escuchen-- "arrojado luego nuevamente al río por no contar con "autorización" para rescatarlo.". Es decir, encontraron, por casualidad, el cuerpo de otro ser humano, pero lo volvieron a tirar al río, porque no había autorización para rescatarlo.

Aquí hay gente que sabe lo que ha ocurrido y no ha dicho lo que ha pasado. ¿Cómo se puede sostener, entonces, que la Comisión es ineficiente, cuando aquí ha habido evidente obstaculización de los hechos? ¡Ah! Supongamos que alguien cayó y fue muerto porque hubo combates. Sí, en algunos casos hubo enfrentamientos. ¿Qué nos dicen la Comisión y la Corporación? En la investigación extrajudicial respecto de Sergio Pantoja Rivera y Juan Francisco Peña Fuenzalida , quienes cumplían su Servicio Militar en el Regimiento "Rancagua" de Arica, señala la Corporación: "Diligencias realizadas fundamentalmente en Putre y Arica permitieron localizar a los cinco testigos, quienes han completado los hechos que afectaron a las víctimas, con posterioridad a su detención.". Se logró descubrir sus cuerpos, porque existía el rumor de que un consejo de guerra, días antes, lo había condenado a muerte. Y si un consejo de guerra, actuando legalmente, los condenó a muerte, ¿por qué ocultaron sus restos?

Podría seguir caso a caso respecto de lo que falta: los que fueron encontrados en el río Mapocho; quienes fueron botados en el Cajón del Maipo; los restos en la Cuesta Barriga, en Lonquén y en distintos lugares. ¡No son números, señores Senadores, son personas!

Un distinguido señor Senador, para afirmar que no es conveniente la prórroga, dice: "la Corporación ya cumplió su tarea". ¿Qué tarea cumplió? ¿La parte respectiva a la reparación de las víctimas? ¡Sí! Se contribuyó a eso. Otro distinguido señor Senador manifiesta: "No es bueno que siga existiendo la Corporación, porque están citando a personas que se sienten afectadas por el hecho de la citación judicial". ¿Y no dice la Constitución que en Chile no hay clases privilegiadas? Si algunos de nosotros, Senadores de la República , fuéramos citados a declarar ante un juez por un delito en el cual pudiéramos dar opinión como testigo, o concurrir como inculpado, ¿no lo tendríamos que hacer personalmente o por oficio? ¿Cuál es la clase especial de persona que, para no sentirse afectada por concurrir a los tribunales, quiere que aquí se olvide, mientras mil familias siguen aún llorando sus deudos?

A mí me importa tanto la vida de un civil como la de un uniformado. A mí me importa la vida de cualquier chileno. ¡Estoy decepcionado! Y se los dije en la cara a mis Honorables colegas --con todo el respeto que me merecen-- en la Comisión de Derechos Humanos: ¡estoy decepcionado! Porque ocurre que algunos reclaman que todavía la reconciliación no termina. ¿Cómo va a haber reconciliación, si no contribuimos a que estas cosas se aclaren?

Esta Corporación está actuando en un tema sensible, delicado; es una herida abierta. Si nosotros decidiéramos por mayoría, o por unanimidad, olvidar, no podría olvidarse.

Ese gran intelectual chileno, que es, precisamente, el profesor Vial, ha escrito que este tema es un problema moral de la sociedad chilena. No es un problema de dar reparación a las familias, sino que es un problema de la sociedad chilena en su conjunto sobre qué valores quiere edificar su futuro.

Entonces, demos vuelta la hoja y olvidémonos de mil 100 chilenos que sufren.

¡Ah, pero la Corporación ha incentivado el odio! Mi estimado amigo el Honorable señor Andrés Zaldívar ya lo dijo: de esa Corporación no se ha filtrado ninguna información de manera odiosa. En ella, hay destacados profesionales universitarios de todas las tendencias, quienes han entregado un servicio notable y se han dedicado al tema, a sabiendas de que no se están haciendo ricos y que sufren día tras día, porque se encuentran con el dolor; han tenido que hurgar en las fichas dactiloscópicas; buscar los registros de los cementerios, y decirnos a todos nosotros que incluso hubo gente honesta en los peores momentos de la dictadura, pues oficiales de Carabineros y del Ejército, jueces y otros funcionarios cumplieron con su deber, entregando la lista y los antecedentes de las personas, por lo cual han contribuido a no tener una visión maniquea de las cosas.

Pero, ¿por qué la clausuramos, entonces, ahora? ¿Por qué se reabren heridas? ¿Por qué los rendimientos son del 8 por ciento y no del 9?

Señor Presidente , con toda franqueza y razón mi colega el Senador señor Gazmuri mencionó que son relevantes las señales que se mandan a la sociedad chilena. Yo valoré y festejé que los Senadores de Oposición --que ya indiqué-- señalaran en su proyecto la importancia de que los chilenos abordáramos estos temas. Hay necesidad ética --dicen ellos-- de resolverlos.

Entonces, quiero decirles con humildad, pero también con pasión; con respeto, pero con claridad, que votar en contra ahora no implica sólo eficiencia o afán de olvido; es dar una bofetada en el rostro a la tradición de un Chile que quiere ser civilizado.

Estimados colegas, hace muchos años, cuando Máximo Pacheco era profesor de la Escuela de Derecho, me puso en contacto con "Antígona", de Sófocles. En un pasaje de esa obra, el tirano Creonte da la orden de impedir el entierro del cadáver del hermano de Antígona. En uno de sus diálogos Creonte dice a Antígona que ni aún después de muerto el enemigo deja de serlo; y Antígona , heroína previa a la civilización cristiana, dice que ella no ha nacido para el odio, sino para el amor. Y nosotros, queridos colegas, que declaramos empaparnos de los principios cristianos, ¿podemos cerrar los ojos y permanecer indiferentes, cuando miles de Antígonas nos reclaman el derecho de enterrar los restos de sus familiares?

Éste no es un tema partidista ni una materia de resentimiento. Fue un horror lo que vivimos durante mucho tiempo. Y los que cayeron en conflicto, ¡qué pena que cayeran!; pero el que a yerro mata a yerro muere, aunque eso no sea lo que la sociedad civilizada busca.

Yo invoco, señor Presidente , que, más allá de mi pasión --que por algunos puede ser entendida como agresión--, se entienda que lo que el Senado esta tarde puede decidir no es un acto administrativo más. No se trata de si es posible que haya profesionales con horarios, con planta permanente y en qué punto cumplieron o no cumplieron el Estatuto Administrativo. ¡No! El Senado de la República debe decidir si prefiere el ejemplo de Creonte o dar respuesta a Antígona.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , hemos escuchado realmente un discurso histriónico extraordinario, pero que no corresponde al tema. Ningún Senador, de cualquier sector, se ha referido al problema humano. No cabe referirse a él en este caso. Aquí, lamentablemente, estamos en uno de los papeles más difíciles que le toca cumplir a un Senador: decidir si respeta la Constitución y el Estado de Derecho; o si, por las consideraciones que hemos escuchado en esta Sala, se viola tal Estado de Derecho.

La Constitución es muy sabia. En el artículo 7º establece: "ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias". Por lo tanto, es imposible prorrogar un plazo ya extinguido.

Si alguien es responsable de lo que está pasando es el Supremo Gobierno. No es culpa de los Parlamentarios de estas bancas, ni de ningún señor Senador, que la iniciativa en debate no se presentara a tiempo.

Yo no entré al fondo de la materia; porque es imposible hacerlo, cuando constitucionalmente el proyecto no puede ser aceptado. Lo lógico, lo adecuado y lo que correspondía era haberlo presentado oportunamente. Y si pasó el plazo, debería presentarse un nuevo proyecto. ¡No se puede torcer la nariz a la Constitución ni a la ley!

Señor Presidente , se ha dicho aquí que el Gobierno habría pretendido prorrogar el plazo en el proyecto relativo a los derechos humanos. A fines de octubre y comienzos de noviembre, llegamos a un acuerdo. Tal iniciativa inició su trámite el 12 de diciembre. Incluso en la Cámara de Diputados se le retiró la urgencia el 6 de diciembre. De manera que no es un problema del Senado ni de la Cámara de Diputados.

No puedo aceptar que un señor Senador venga a hablar de problemas de derechos humanos, de insensibilidad y de todo por algo en lo cual no tenemos culpa. Yo no soy responsable de que no se haya enviado en su oportunidad, pero sí tengo la responsabilidad, porque en esta Sala juré defender la Constitución, de que por ningún motivo, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, se viole el Estado de Derecho.

Tengo aquí en mi mano, señor Presidente , la ley Nº 19.358, de 29 de diciembre de 1994, publicada antes de que venciera el plazo de vigencia de esa Corporación. O sea, el Presidente de la República se preocupó antes de que venciera el primer plazo, de que la ley fuera publicada durante la vigencia del mismo, para no caer en la situación en que nos encontramos hoy. Dice: "La Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación tendrá vigencia legal hasta el 31 de diciembre de 1995.", es decir, el plazo fatal es éste. No es culpa nuestra que expirara sin haberlo prorrogado. Terminó y dejó de existir la Corporación; y, por lo tanto, a pretexto de circunstancias emocionales o humanas, no nos pueden decir: "Señores, vulneren la Constitución; hagan tabla rasa de ella para poder justificar una omisión del Poder Ejecutivo ".

Aquí no he dicho una sola palabra respecto del fondo del asunto.

Se ha hablado también de un proyecto de ley que yo firmé y se ha hecho uso de eso. No he querido contestar, señor Presidente , por una razón muy simple. Cuando lo presentamos, nuestro proyecto tenía una categoría que no es la de éste, porque estábamos buscando una manera distinta. Entonces, estimábamos imprescindible que continuara. Y, ¿cuándo lo dijimos? ¡En agosto! Pero de agosto de 1995 a enero de 1996 han pasado muchos meses; las circunstancias políticas han variado, y los proyectos son diferentes.

Quiero decir algo muy claramente: no es admisible que se nos emplace sobre la base de situaciones emocionales o sobre la base de argumentos que ninguno de nosotros ha usado, a fin de torcer la Constitución y la ley.

Este proyecto es inconstitucional y, por eso, voy a votar en contra.

El señor COOPER.-

Señor Presidente , yo concurrí con mi voto a la creación de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. También apoyé las sucesivas prórrogas de su vigencia. Ahora estoy plenamente de acuerdo con lo señalado desde el punto de vista jurídico por el Senador señor Otero . La tarea que resta se debe a que no se han podido reunir mayores antecedentes. Sin embargo, me parece más propio que la investigación se mantenga y se ejecute por el Poder Judicial, que es el órgano competente y al que corresponde proseguir esa labor.

Voto en contra.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , soy un ser humano que no puedo abstraerme de las emociones y de los sentimientos. Como soy médico y no abogado, declaro que me dejo emocionar por algunas cosas. Y para mí eso tiene mucho peso.

He escuchado decir a algunos Honorables colegas que cuatro años es un tiempo muy extenso para reparar, reconciliar y hacer justicia. Encuentro mucho más largo el período de 17 años. Y, si de matemáticas estamos hablando, 4 años son pocos con respecto a 17. Porque se pretende reparar una acción realizada en más tiempo que los cuatro años en que ha regido esta ley.

Además, una y cien veces hemos explicitado aquí cuál es el espíritu de la ley; cuál es su objetivo y qué persigue. Y en innumerables ocasiones hemos dicho también que "la letra mata y el espíritu vivifica". A mí me interesa el espíritu de la ley.

Por lo tanto, voto a favor del proyecto de prórroga.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , "Discusión Inmediata" es la que estamos realizando, una vez más, sobre un proyecto que el Gobierno pudo haber enviado oportunamente y no lo hizo. Le dio esa urgencia para que, en el fondo, no alcanzáramos a efectuar un debate razonado.

El Gobierno ha pretendido presionarnos moralmente y también los discursos de algunos señores Senadores. Si el Ejecutivo hubiese tenido verdadera preocupación por los problemas mencionados aquí, habría actuado a tiempo para hacer bien las cosas.

Acuso al Gobierno de insensibilidad. Acuso al Gobierno de ineficiencia. Acuso al Gobierno de presionar indebidamente al Parlamento, una vez más, por la vía de las calificaciones de urgencia abusivas.

Porque no soy empleado del Gobierno. Porque no obedezco a sus presiones. Porque éste no es un problema emocional. Porque ya hemos otorgado dos prórrogas respecto de la misma materia. Y porque debemos cumplir la Constitución que juramos defender, voto que no.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la ley Nº 19.123, tiene como funciones básicas las de coordinar, ejecutar y promover las acciones para cumplir las recomendaciones de la Comisión Rettig, efectuar nuevas indagaciones en los casos estudiados por esa Comisión y formular proposiciones para consolidar una cultura respecto de los derechos humanos.

El legislador --en la ley Nº 19.123, posteriormente en la ley 19.274, en la prórroga ordenada por la ley 19.358 y en la contemplada en el proyecto en debate-- ha entendido que las funciones de la Corporación son transitorias. En consecuencia, los encendidos discursos que hemos escuchado son inconciliables con el planteamiento de un mensaje reiterado en el sentido de que la labor de aquélla es un mandato transitorio, un cometido provisional. Así lo ha planteado siempre el Ejecutivo . Luego, hoy sólo deberíamos analizar si esa transitoriedad, vencida el 31 de diciembre, concluyó, o si cabe una prórroga más.

¿Qué argumentos se dan para solicitar una nueva prórroga? Que todavía quedan muchas situaciones por resolver, y mientras haya una sola pendiente se justifica la existencia de la Corporación.

Señor Presidente , en esa perspectiva no corresponde plantear una nueva prórroga, sino el carácter indefinido de la Corporación en cuestión. Pero resulta que este servicio, como se ha establecido en los debates de los sucesivos mensajes del Ejecutivo, tiene un cometido transitorio.

Hay un tema distinto, paralelo en el tiempo, relativo a la necesidad de contar con un organismo cuya función sea velar por el respeto a los derechos humanos; una especie de "ombusman" --aunque no se expone así-- de los derechos humanos. Pero esto es ajeno al proyecto que nos ocupa. Hoy no está en discusión ese

asunto, del cual en la mañana estuvimos conversando en la Comisión de Hacienda con el señor Director de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Es interesante e importante, pero no es lo que está en juego ahora.

Por otro lado, el plazo de 12 meses, ¿será suficiente para resolver todas las situaciones que se han recordado? Pienso que no. Y como el plazo expiró, debería respetarse ese vencimiento y analizarse un nuevo proyecto sobre las otras materias abordadas aquí. Ello, si fuere conveniente y siempre que se tratara de un texto propio de una discusión parlamentaria, no un "tome o déjelo", a que nos obliga la presente urgencia de "Discusión Inmediata".

Se ha aducido que el Ejecutivo actuó con mucha antelación, al enviar la iniciativa el 5 de diciembre del año pasado. Esto es absurdo. Como expresó el Senador señor Errázuriz , con este tipo de urgencia no es posible analizarlo ni estudiar todas las situaciones involucradas.

Se ha tributado homenaje --con razón-- a la Corporación por lo bien que ha ejecutado su tarea. Comparto el homenaje, pero con su deber no más cumple. Porque los servicios públicos deben ser eficientes, eficaces y, además, en el caso de esa Corporación, cumplir con un requisito consignado en la ley que la creó: guardar sigilo respecto de sus actuaciones.

En cuanto al presupuesto de la entidad, debo señalar --lo hice notar en la Comisión esta mañana-- que esta materia es propia de ley. Se ha resuelto sobre la base de una delegación de facultades, la cual, en mi opinión, no se halla bien redactada; pero, en todo caso, de aprobarse el proyecto, cabría entender que se trata de una ley delegatoria de facultades, porque --repito-- la materia es propia de ley.

En relación con las situaciones de hecho dadas a conocer, es necesario explicitar que las funciones pertinentes son susceptibles de ser realizadas por los organismos públicos existentes: el Instituto Médico Legal, el Servicio de Registro Civil e Investigaciones de Chile, todos los cuales efectúan importantes labores en este ámbito. Nada impide que tales funciones las sigan cumpliendo esas reparticiones del Estado, a través de las cuales, precisamente, la Corporación lleva a cabo su cometido.

Por todas estas consideraciones, señor Presidente, junto con reiterar lo expresado por el Senador señor Errázuriz en cuanto a la inconveniencia de estas calificaciones de urgencia, voto en contra del proyecto.

La señora FREI (doña Carmen) .-

En verdad, después de lo manifestado por el Senador señor Hormazábal , no podría agregar nada más. Comparto totalmente sus expresiones. Sin embargo, con la venia del señor Presidente , me permito decir: acuso a algunos Parlamentarios de la Oposición de ser charlatanes profesionales y oportunistas políticos.

Voto a favor de la prórroga de la vigencia de la Corporación.

El señor GAZMURI.-

Señor Presidente, seré muy breve porque ya intervine en el debate.

Sólo quiero señalar, con respecto al eventual problema de constitucionalidad, que pese a llevar seis años en el Senado no deja de sorprenderme la actitud de los Honorables colegas abogados y expertos en Derecho.

En diversas ocasiones he manifestado la admiración que me produce la pasión con que a veces los abogados defienden tesis distintas. Entiendo que la gran cuestión de constitucionalidad que se plantea es que la ley en proyecto tiene efecto retroactivo. Recuerdo que en este Hemiciclo, junto con los señores Senadores que hoy formulan esta objeción, hemos aprobado gran número de leyes con efecto retroactivo. Y me parece que la retroactividad tiene que ver estrictamente con el Derecho Penal y no con el Derecho Constitucional. Eso es lo que, como legislador no abogado, he logrado colegir de una práctica que ya lleva algunos años.

Sobre el tema de fondo, sólo quiero hacer una apelación a los Senadores de Oposición: que sean consecuentes con lo que algunos de ellos mismos han señalado. No puedo pedir que compartan mis opiniones a quienes no poseen la visión del mundo y de la historia que yo tengo. Pero, sí, puedo instarlos a que guarden consecuencia con las cuestiones que ellos mismos han afirmado.

^@#@^Diferentes Senadores de Oposición, en toda la discusión sobre derechos humanos --quiero reiterar este argumento--, han sostenido que encontrar la verdad respecto del paradero de los detenidos desaparecidos es un asunto que interesa al país en su conjunto, y también a ellos. Y en el debate áspero de otras proposiciones sobre derechos humanos se ha reconocido el avance que significa el acuerdo --a lo mejor no es muy grande, pero es un buen acuerdo nacional-- de que este país en su conjunto considere que hallar al menos la verdad y los restos de los desaparecidos es un asunto que interesa a la nación, como un pequeño progreso en el largo y complejo proceso de la reconciliación.

Si estamos de acuerdo en ese punto y en desacuerdo en otro, no entiendo por qué cercenar aquí el único instrumento (que ha demostrado eficacia) de que dispone hoy la sociedad para conseguir el objetivo buscado. Porque, a mi juicio, ello no corresponde a lo que diversos sectores de la Oposición afirmaron hace poco tiempo a propósito de mensajes sobre proyectos de ley presentados en el Parlamento.

Por tanto, apelo a la consecuencia de Sus Señorías con lo que ellos mismos han señalado, para no dar la señal, que sería extraordinariamente negativa, de una votación del Senado contraria a la prórroga de la vigencia de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

Voto que sí.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , no voy a referirme a calificativos vinculados al histrionismo o cosas semejantes. Porque unos definen sentimientos; otros definimos personas; otros honramos nuestra firma, y otros, no. Antes, algunos decían que no sabían; ahora saben, y no podrán eludir lo que corresponde cuando hay conocimiento.

Naturalmente, voto a favor.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , estamos estudiando un proyecto presentado el 12 de diciembre recién pasado y calificado de "Discusión Inmediata", vulnerándose con ello la posibilidad de contar con el máximo de antecedentes previos a su análisis y definición por la Sala.

En segundo lugar, el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia señaló que la iniciativa tiene claros vicios de inconstitucionalidad

Una fundamentación de voto en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía expresa que el Poder Judicial posee suficientes facultades y medios para tomar todos los casos sobre violaciones a los derechos humanos.

Nadie niega la posibilidad de hacer justicia y buscar la reconciliación. Pero, por los antecedentes expuestos, debería presentarse un nueva iniciativa, que no contenga los vicios descritos.

En consecuencia, voto en contra.

El señor HUERTA.-

Señor Presidente , considerando el informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, que por tres votos contra uno recomienda rechazar el proyecto; tomando en cuenta los argumentos constitucionales del Senador señor Otero , y lamentando que por primera vez hayamos oído términos descalificatorios, voto en contra.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , antes de fundamentar mi voto, quiero lamentar las expresiones descalificatorias vertidas en la Corporación respecto de algunos Senadores. Aunque debo decir que en general, cuando alguien incurre en descalificaciones, al final, el que las emite es quien las sufre.

La señora FREI (doña Carmen).-

"la que las emite".

El señor LARRAÍN.-

Ahora bien, tocante a los problemas aquí planteados, en particular el jurídico, creo que son reales. No se trata sólo de una cuestión de Derecho Constitucional, sino, fundamentalmente, de un asunto vinculado a la teoría del Derecho, al Derecho Civil.

Las leyes dejan de existir por derogación, pero también cuando llevan intrínsecamente causas que las hacen perder eficacia. Una de éstas --lo señala cualquier texto sobre la materia-- es el transcurso del plazo por el cual fueron dictadas. Éste es el inconveniente planteado aquí, y no el de la retroactividad.

El texto de la ley que se pretende modificar señala: "La Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación tendrá vigencia legal hasta el 31 de diciembre de 1995". La iniciativa que prorroga esa vigencia hasta 1996 supone que dicho cuerpo legal se encuentra vigente. Pero no es así, porque, independiente de la voluntad del Gobierno, transcurrió el plazo.

Existe un problema legal. De nacer así la ley en proyecto, será motivo de posibles recursos de inaplicabilidad ante la Corte Suprema, por la causal recién descrita. Y lo hago presente de buena fe, por lo que diré a continuación.

El problema de fondo lo constituyen la reconciliación, la reparación, los derechos humanos. Por las intervenciones que hemos escuchado aquí, pareciera ser que éste es monopolio de algunas personas; que quienes no comparten sus ideas no tienen sentimientos, ni humanitarismo, ni sentido de justicia. Deploro esa actitud, pues revela, al final, mucha arrogancia, gran soberbia, poca humildad y escaso respeto.

Creo que el problema existe en nuestro país. Y aquí se ha recordado un proyecto de ley sobre la materia que presentamos un grupo de Senadores, donde manifestamos la inquietud y, por ende, la necesidad de legislar al respecto.

El problema sigue pendiente. Y probablemente la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación es un instrumento que puede ayudar a solucionarlo.

Por eso un grupo de Senadores presentamos un proyecto de ley. Y quiero aclarar que no es necesario recordarme lo que suscribo. Posiblemente cometo muchos errores, una y otra vez. Pero tengo palabra. En este caso la empeñé, haciendo presente (como aquí se ha destacado) la conveniencia de extender el plazo de vigencia de la Corporación de Reparación y Reconciliación, de fortalecer sus atribuciones, etcétera. Ello, porque era un camino por explorar, por seguir.

Votaré a favor del proyecto, porque soy fiel a mi palabra y la mantengo. Pero no acepto que aquí se descalifique, por las razones que hemos escuchado, a quienes puedan tener una opinión discrepante.

Empero, a quienes hoy día recordaron nuestro compromiso y valoraron el planteamiento que hicimos diversos Senadores, debo puntualizarles que rechazaron absolutamente el contenido de la iniciativa pertinente, que, por tanto, dejó de tramitarse.

Tal contradicción debería liberarme del compromiso que asumí. Sin embargo, aprobaré el proyecto en estudio, por estimar que el problema sigue pendiente.

Por otro lado, pido al Honorable señor Piñera que, cuando llegue el momento de votar el proyecto de derechos humanos que ambos firmamos, o uno semejante, nos acompañe para respaldar su contenido en lo que respecta a la Ley de Amnistía y a los sobreseimientos definitivos, que son necesarios para resolver en su globalidad la cuestión pertinente. Hoy estamos solucionando una parte; pero las proposiciones desechadas resuelven la otra. Por tanto, espero que quienes suscribimos la iniciativa correspondiente y --ojalá-- el resto del Senado concretemos la proposición con que pretendemos zanjar los problemas pendientes. De lo contrario, el texto respectivo será inútil.

Por todas esas consideraciones, haciendo honor a mi palabra y sobre la base de que, independiente de ella, aquí estamos ante un problema objetivo, voto que sí.

El señor LARRE.-

Señor Presidente , en el curso de la discusión, varios señores Senadores han planteado la inconstitucionalidad del proyecto.

A mi juicio, para tomar nuestra decisión con tranquilidad, debería haberse definido esa cuestión antes de que procediéramos a votar. Sin embargo, a pesar de la insistencia, ello no se hizo.

Pienso que, además de considerar el aspecto constitucional, nuestra resolución de hoy debería emanar de una reflexión ponderada del Senado de la República.

Quienes tenemos la mejor disposición o buena voluntad para colaborar en la búsqueda del pleno entendimiento entre todos los chilenos, en una u otra forma, a veces nos sentimos ofendidos.

A pesar de ello --personalmente, no me he sentido tocado; y pienso que para sostener posiciones no es necesario ofender a los demás-- y de las dudas constitucionales, voto favorablemente.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , numerosas leyes han agotado su vigencia, y después de eso hemos aprobado proyectos de prórroga con efecto retroactivo. Son incontables los casos en que, vencido el plazo de un cuerpo legal, con posterioridad se ha propuesto prorrogarlo. Uno de ellos, por ejemplo, que implica beneficios económicos, es el que otorga subsidio a los reforestadores: el decreto ley Nº 701, de 1974. Su vigencia terminó, y ahora es objeto de un proyecto que viene de la Cámara de Diputados para su estudio por el Senado.

No se trata, entonces, de la única iniciativa de este tipo. Y no existe impedimento legal o constitucional alguno. Porque, invariablemente, así se ha interpretado la mecánica de aprobación.

Pero hay más. Este proyecto fue presentado en diciembre de 1995. Contiene sólo tres artículos. Pudo haberse aprobado ese año, como ha ocurrido con otras iniciativas urgentes que se han despachado en un día (¡en un día!). Sin embargo, en el presente caso se prefiere culpar al Ejecutivo , al Presidente de la República , mirando la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Si hubiese existido voluntad política y no se hubiera obstaculizado su tramitación, el proyecto pudo haberse aprobado en 1995. Y hoy deberíamos haber discutido el fondo, sin malabarismos (ésta es la expresión que debió usar la señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra): malabarismo político, procesal, de forma, que persigue ocultar el fondo de la cuestión. Y lo utilizan los mismos que en el pasado se saltaron todos los procedimientos, para poner en vigencia cosas increíbles e imposibles.

Hoy día, cuando constitucional, procesal y legalmente se plantea una prórroga, se trata de levantar una cortina de humo, al amparo de un posible impedimento constitucional, para evitar que se cumpla algo que es reclamado y que está en el fondo de la cuestión: una reparación moral y material para miles de chilenos que sufrieron las situaciones más atroces.

Aquí se quiere usar "cremas" superficiales o elementales, en circunstancias de que para otros asuntos, sobre todo los económicos, se saltan fácilmente los procedimientos a fin de aprobar los proyectos del caso.

Se dictó la ley y se dio al Presidente de la República autorización para prorrogar la vigencia de la Corporación. Después, dos legislaciones adicionales prolongaron esa vigencia. Y hoy día se plantea una prórroga de doce meses.

Todo lo que aquí se está objetando, aparte ser discutible, sólo constituye una cortina de humo para evitar la entrega de un instrumento responsable a la gente que está reclamando por sus derechos.

Por esa razón, voto que sí.

El señor MARTIN .-

Señor Presidente , considero que toda investigación relacionada con violaciones a los derechos humanos corresponde al Poder Judicial , que es el órgano naturalmente competente. La Constitución Política lo dispone así, y establece a los jueces para ese objetivo, con prescindencia de toda otra autoridad o institución.

Por esta razón, voto en contra.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente , me haré cargo de algunas referencias acerca de por qué en determinado momento del debate no declaramos el proyecto inconstitucional o inadmisible, en su caso.

En primer lugar, ésa es una atribución de la Mesa. Durante la discusión, nunca me pareció que la iniciativa era inadmisible.

En segundo término, se formularon observaciones en el aspecto constitucional, las que pueden ser muy atendibles. Sin embargo, debo hacer presente que en el transcurso del debate también se incorporó una indicación del Honorable señor Piñera que daba solución al reparo de constitucionalidad que algunos señores Senadores legítimamente pudieron formular.

En mi opinión, estamos frente a un proyecto admisible y perfectamente constitucional, en virtud de las características de la mencionada indicación que presentó un señor Senador de Oposición .

Ahora bien, estoy en verdad extrañado por los argumentos expuestos en esta ocasión acerca del tema de los derechos humanos, porque la señal que emitiríamos si fuera rechazada esta iniciativa sería inentendible para el país.

Cuando durante los últimos dos o tres meses hemos debatido este asunto y al parecer había una gran voluntad para enfrentar la cuestión de fondo, hoy resulta que se quiere terminar con un organismo que, dentro de sus atribuciones reglamentarias y legales, ha demostrado eficiencia. Eso es absolutamente inentendible para el común de los chilenos, quienes creen que estamos tratando de hacer un esfuerzo, no afuera, sino aquí, en el Senado, para llegar a un acuerdo que nos permita enfrentar, a lo menos, la búsqueda de la verdad en materia de derechos humanos.

En seguida, pienso que hemos olvidado la característica de la ley que dio origen a la Corporación. Su finalidad es la reparación, labor que, para conocimiento de los señores Senadores, está realizando todos los días. Son muchos los niños, jóvenes y adolescentes que, después de numerosos años en el extranjero, vuelven y recurren a esta entidad para hacer valer algún beneficio porque sus padres fueron fusilados o porque sus madres sufrieron alguna situación de esta naturaleza durante el régimen militar. Son muchos los chilenos que, por no haberse radicado todavía en el país, tienen posibilidad todos los días de solicitar alguno de los beneficios que les permitan reparar, siquiera en pequeña medida, la pérdida de alguno de sus seres queridos.

Eso ocurre todos los días. Y ahora resulta que, a partir de mañana, pasado mañana o de un mes más, esos cientos chilenos jóvenes, adolescentes que están fuera del país se verán frustrados. Ello, porque nosotros, que hemos estado hablando durante todos estos meses de la necesidad de la reconciliación, de la verdad, o los Senadores de Oposición, que al parecer también han hecho un esfuerzo en estas materias --yo así lo creo--, por una razón estrictamente procesal, que no tiene nada que ver con el tema de fondo, habremos impedido, de una plumada, que la Corporación continúe con su labor, con lo cual esos jóvenes, que no tienen nada que ver con los líos políticos que tuvimos durante la década de los 70, se verán imposibilitados de acogerse a alguno de los beneficios que aquélla otorga. Eso me parece absolutamente incomprensible y contradictorio.

Por tales razones, señor Presidente, voto a favor de la iniciativa.

El señor OMINAMI.-

Señor Presidente , hace no mucho tiempo, durante el mes de noviembre --si no me equivoco--, me tocó participar, junto a otros Parlamentarios, de un acontecimiento muy dramático: el entierro de 13 ejecutados políticos en la ciudad de Calama. Pues bien, ese funeral pudo tener lugar, justamente, porque, después de un largo trabajo, fue posible identificar los restos de esos ejecutados. Y esto, gracias a la existencia de la Corporación. Diré aún más: ese día los Parlamentarios que participamos en la ceremonia tuvimos una reunión con familiares de otros detenidos, de otros ejecutados, cuyos restos, desgraciadamente, no han podido ser encontrados, ni, menos, identificados. Y fueron ellos justamente los que nos plantearon la importancia de mantener la actividad de la Corporación.

En función de ese compromiso contraído, señor Presidente , voto hoy favorablemente la prórroga de la Corporación.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , se ha hablado mucho de "cortinas de humo", de "malabarismo", de "charlatanería"; se han cobrado muchas cuentas, pero la verdad es que los temas que están sobre la mesa son esencialmente tres.

Uno de carácter administrativo, legislativo, cuya responsabilidad es del Gobierno. El proyecto en debate pudo haberse aprobado durante 1995. Ingresó el 2 de diciembre a la Cámara, pero el 6 de ese mes se le quitó la urgencia. En consecuencia, como lección, convendría que en adelante la autoridad procure la aprobación de los proyectos de ley antes de que se haya vencido el plazo que se pretende extender.

En segundo lugar está el problema de la constitucionalidad, que tiene dos vertientes. Una es la planteada por el Senador señor Otero , pero nadie ha pedido la inadmisibilidad del proyecto, frente a la cual tendría que haberse planteado la Mesa, y la Sala podría haber reconsiderado la decisión del Presidente . Y, en consecuencia, tenemos un debate de constitucionalidad que no ha sido resuelto y que, indudablemente, algunos señores Senadores podrán continuar --si lo estimaren pertinente-- en el Tribunal Constitucional.

A la otra vertiente alude una indicación que me tocó presentar con la finalidad de subsanar el problema de que el presupuesto de la Corporación de Reparación sea cargado simplemente a operaciones comprometidas. En verdad, debería haber una clara identificación de lo que es gasto permanente, de lo que es gasto transitorio, así como de las plantas respectivas. Ello se soluciona con una indicación que fue presentada por el Ejecutivo a petición de la Comisión de Hacienda y que me he permitido perfeccionar, para precisar con meridiana claridad que lo que está ocurriendo acá es que el Congreso está delegando facultades al Presidente .

Por tanto, señor Presidente, solicito que se vote indicación, ya que --como digo-- dispone con mucha nitidez que el Congreso está delegando facultades al Presidente para que haga...

El señor LARRAÍN .-

La delegación de facultades compete solamente al Presidente , señor Senador .

El señor PIÑERA.-

No, la petición ha sido hecha por el Ejecutivo . Sólo que la indicación que presentó señalaba: "El Presidente hará tal cosa". Lo que yo pretendo es, simplemente, establecer con claridad en el texto que es el Congreso el que está delegando al Presidente las facultades para hacerlo. Luego, la iniciativa es del Gobierno. Yo sólo estoy proponiendo un perfeccionamiento de redacción. Y quisiera que se votara esa indicación, que, por lo demás, la conversé con el señor Ministro , y entiendo que está de acuerdo.

Finalmente, está el tema de fondo, cual es el objetivo, el contenido, del objeto mismo. Al respecto, solamente haré dos observaciones.

Recientemente, un señor Senador planteó que debían ser los tribunales los únicos responsables de investigar. Pero quisiera recordarle que en Chile existe una ley de amnistía e, incluso, parte de la interpretación de la misma --que ha sido cuestionada-- apunta precisamente a que no debe haber investigación apenas se acredite que el presunto delito se cometió en el período comprendido por la ley de amnistía. En consecuencia, es difícil aplicar simultáneamente una ley de amnistía y plantear que los únicos que pueden investigar son los tribunales. Esa es mi opinión. A mi juicio, en esta materia la Corporación ejecuta una labor coadyuvante del Poder Judicial; no le está quitando ninguna de sus atribuciones. Todos sabemos que aquélla no tiene facultades para citar ni para hacer muchas de las cosas que sí pueden hacer los tribunales.

Finalmente, señor Presidente , tal como lo dice la ley, el objetivo básico de la Corporación es doble: por una parte, reparación, un problema del pasado; y, por otra, prevención, un problema del futuro. Y quisiera recordar que hay tres condiciones para que el perdón cristiano se perfeccione: una es el arrepentimiento, que corresponde a las conciencias de cada uno; otra la voluntad de reparar el daño causado, y la tercera, el firme propósito de enmendar. Y, en cierta medida, esta Corporación, con su voluntad de reparación y de prevención, estaría contribuyendo a esas dos condiciones del perdón que son la reparación del daño causado y el firme propósito de enmendar.

Por estas razones, señor Presidente, voto favorablemente el proyecto.

El señor PRAT.-

Señor Presidente , recogiendo el planteamiento formulado por quien acaba de fundamentar su voto, así como la exposición del señor Ministro del Interior en la Comisión de Derechos Humanos en cuanto a la función que se proyecta para la Corporación hacia el futuro, no veo cómo va a poder cumplirla en un año. Porque entiendo que el proyecto prorroga sus funciones por un año. Luego, si a ella se asignan funciones como educar, difundir conceptos o valores relativos a los derechos humanos, quiere decir que debería ser permanente. En tal caso, un proyecto que prorroga su vigencia por un año es incompleto.

Pero, más allá de eso, también pesa en mi decisión la opinión expresada por el Senador señor Otero en cuanto a la improcedencia jurídica, constitucional, de legislar como lo estamos haciendo. No tengo un cabal registro en la memoria de que hayamos procedido de igual manera en otras oportunidades. En todo caso, ese no sería un argumento válido para hacerlo así. Yo creo que las normas constitucionales son para ser cumplidas. Y es bueno que eso se haga costumbre, porque también así se favorece el cumplimiento de los derechos humanos, que son amparados por las normas constitucionales.

Finalmente, comparto la opinión del Senador señor Martin , en cuanto a que es el ámbito judicial el propio y específico para atender estas materias, que parcialmente ha tratado esta Corporación.

Por tanto, voto en contra del proyecto.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente , ya señalé mi preocupación respecto del tema constitucional y la mantengo. Creo que la Comisión de Constitución debería revisar a fondo este aspecto en una oportunidad futura. Y estoy de acuerdo con lo que señalaba el Senador señor Piñera en el sentido de que si algunos Senadores tenían evidencia clara y definitiva de la inconstitucionalidad del proyecto, deberían recurrir al Tribunal Constitucional. En lo personal, concurriría a una iniciativa de ese tipo, porque creo muy importante para la historia futura contar con un pronunciamiento sobre el particular. Sin embargo, eso también se contrapone a mi interés porque esta Corporación se mantenga.

Por eso, la apoyo y pienso que es un organismo --tal como lo señalaba-- cuyos objetivos son recoger antecedentes, resolver los problemas planteados por el Senador señor Núñez y por otros Honorables colegas, relativos a temas de reparación y cuidado de personas que, por distintas razones, no tuvieron responsabilidad en lo sucedido, como es el caso de aquellos hijos que debieron enfrentar situaciones difíciles derivadas de lo que aconteció a sus padres, etcétera.

Deseo señalar --junto con manifestar mi voto favorable-- que todos los asuntos referidos a derechos humanos, a nuestra relación con el pasado y a las responsabilidades que cada uno de nosotros tuvo en los días previos a septiembre de 1973, nos obligan necesariamente a pensar en el futuro y a hacernos responsables de nuestra institucionalidad.

Digo esto porque en el día de ayer la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado recibió al Partido Comunista de Chile, el cual conforma uno de los grupos políticos que --teóricamente-- sufrió "las consecuencias más difíciles" de los hechos de esos años, sobre todo los hijos de aquellos dirigentes que proclamaban la revolución armada y todas esas ideas que ya conocemos. El Partido Comunista es uno de los conglomerados políticos que más inquietudes e inconveniencias ha expresado con respecto al tema del respeto a los derechos humanos. Sin embargo, su directiva central planteó --cuando ella habla lo hacen todos los comunistas de Chile sin excepción, pues sostienen una concepción centralista absoluta del poder-- que si el Congreso aprueba el proyecto de derechos humanos, actualmente en trámite en la Comisión respectiva, no acatarán la ley. Y éstas son palabras textuales.

Por tal motivo, la responsabilidad que corresponde a quienes mantienen un pensamiento y una razón institucional y lógica del respeto, no alcanza a todos los chilenos. Así de simple.

Por ello, el tema de los derechos humanos --y con esto termino-- constituye una voluntad espiritual y un sentido profundo de la vida y de la unidad nacional en el futuro, y no representa a la totalidad de los chilenos, por cuanto hay muchos que, a pesar de los esfuerzos legislativos, siempre conservan la idea de no acatar la ley. Y la institucionalidad, sin duda, va unida a la armonía en el desarrollo social.

Voto a favor.

EL señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente , hemos sostenido un debate bastante profundo y extenso que ha ocupado toda la sesión de hoy. Quiero destacar algunos aspectos negativos y también otros positivos.

Me parece tremendamente importante que, a pesar de las dudas de constitucionalidad expresadas por algunos Honorables colegas, se hayan reunido los votos suficientes para aprobar el proyecto. A mi entender, esto constituye un hecho muy valioso.

Estimo que se ha producido un avance sustantivo en una materia muy conflictiva en los últimos años para nuestro país. Existe una demostración de voluntad en esta Corporación digna de resaltar. Y así como podemos ser muy duros para atacar a quienes discrepan de nuestra postura en un momento determinado, también debemos destacar las actitudes que contribuyen a solucionar problemas pendientes y que ahora permiten aprobar una normativa que resolverá situaciones graves que afectan a un número importante de chilenos.

Voto que sí.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente , la mencionada Corporación de Reparación se creó en febrero de 1992. En 1993, se aprobó su primera postergación, en 1994 la segunda y hoy nos abocamos a su tercer aplazamiento, el que, tal como lo señaló el Honorable señor Otero , se presenta en forma inoportuna.

El proyecto que votamos ingresó a trámite legislativo el 2 de diciembre de 1995 y el 6 de ese mismo mes --cuatro días después-- el Gobierno le quitó la urgencia de "discusión inmediata". Lógicamente, eso postergó y atrasó su tratamiento en la Cámara de Diputados, lo que provocó, a su vez, que llegara tarde al Senado, impidiendo su aprobación oportuna.

En consecuencia, comparto plenamente lo manifestado aquí por el Senador señor Otero.

En otro orden de cosas, quisiera responder algunas observaciones en el sentido de que todas las atribuciones de esta Corporación de Reparación no eran de carácter permanente, sino pasajeras: se le encomendaban misiones y se cumplían. Quiero dejar constancia --así lo escuchamos en la Comisión de Derechos Humanos-- de que todo lo referido a las reparaciones se encuentra cumplido. Y todo lo relacionado con la formulación de proposiciones para la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos en el país también está cumplido. En la Comisión de Derechos Humanos tuvimos a la vista los antecedentes que esa Corporación de Reparación entregó al dar cuenta de su cometido. De tal manera que lo único pendiente es el problema de la ubicación de los cuerpos de los detenidos desaparecidos.

Quiero hacer presente, al igual como lo hice en la Comisión de Derechos Humanos, que la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que es la antecesora de esta Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, señaló en su informe lo siguiente: "Con todos los antecedentes de los casos individuales y de contexto de que dispone, esta Comisión concluyó que era su deber de conciencia declarar su convicción de que en todos los casos de desapariciones que ha acogido como tales, las víctimas están muertas.". Y propuso un procedimiento especial de declaración de muerte presunta, que se consignaba en el texto original de la ley Nº 19.123, presentada en febrero de 1992: se fijaba como día presunto de muerte la fecha de publicación de dicha normativa. Con ello, habríamos logrado la reconciliación o la habríamos impulsado. Tal como se dijo, hemos oído mucho de reparación, mucho de investigación y muy poco de reconciliación. Por eso se levantó esa bandera de lucha. Y no me cabe ninguna duda de que se trata de una buena bandera de lucha para seguir hurgando en la herida. Tampoco dudo de que el próximo año, en diciembre de este año o en enero del próximo, a raíz de la irresponsabilidad del Ejecutivo , que seguramente se va a reiterar, vamos a estar nuevamente prorrogando la vigencia de esta Corporación.

Quiero hacer presente que conozco muchos casos en que, una vez que han sido "destapados" por esta Corporación de Reparación, se ha citado a declarar a gente inocente. Y uniformados aparecen como culpables de violaciones a los derechos humanos ante la opinión pública, cuando en realidad no tienen nada que ver en estos acontecimientos. ¿Quién repara los derechos humanos de esas personas? Tal como se ha señalado en la Sala, mucho de lo obrado por esta Corporación está bien hecho. Ha logrado "destapar" algunas cosas, pero también ha acusado injustamente a muchos inocentes.

Voto que no.

El señor URENDA.-

Señor Presidente, quisiera destacar lo siguiente.

En mi opinión, no sólo la vida de todo chileno es valiosa, sino que también lo es toda vida humana. Comprendo perfectamente el interés y la obligación que tenemos como país de seguir ubicando los cuerpos de personas desaparecidas. Sin embargo, lo que está en discusión no se refiere a eso, sino al camino más idóneo para lograr ese objetivo.

No deseo abundar en lo que ya expresé, pero la prórroga del plazo de vigencia de la Corporación, creada con fines transitorios, la que declara no contar con todos los elementos y facultades para cumplir una labor permanente, presentándose además un eventual vicio de inconstitucionalidad, no es el camino más adecuado e idóneo para lograr lo que todos perseguimos.

En consecuencia, no se trata de tener una distinta valoración de la vida humana ni de falta de preocupación por la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos. Tal responsabilidad no debe limitarse ni centrarse exclusivamente en esta Corporación, la que, a mi juicio, ya cumplió una tarea, pero en el futuro, con los elementos de que hoy dispone, no es más adecuada. Y la tarea constituye una responsabilidad que sigue pesando sobre todos, en especial sobre los organismos permanentes del Estado.

Por las razones expuestas, voto en contra del proyecto.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-

No hace mucho, el señor Presidente de la Corporación planteaba que el Senado era el lugar indicado para poder avanzar en el tratamiento de éste y de otros temas, de manera de permitirnos --quizás con dificultades, pero con mucha propiedad-- encontrar caminos para lograr la reconciliación y que nuestras instituciones fueran realmente respetadas y queridas por todos.

En realidad, tenía toda la razón. Lamento que no se haya buscado esa instancia. Y quizás hoy tenemos la comprobación de que éste pudo haber sido el lugar adecuado, y a lo mejor puede serlo en el futuro.

Ciertamente, el objetivo no es fácil, y no puede ser de otra forma. Yo no diría que algunos planteamientos formulados por algunos señores Senadores puedan lindar con la pasión ni con nada por el estilo. Por el contrario, pueden ser vehementes y, tal vez, haber salido del fondo de sus almas. Pero, ¡por Dios, que importante es hablar así!

Y qué importante es también que, a veces, palabras expresadas en esa forma encuentren en su calidad personal, por parte de Senadores que, con razón, pueden no sentirse debidamente comprendidos por ellas, votos y decisiones que nos permitan converger.

Aplaudo la forma de razonar y de votar de los Honorables señores Ríos, Larraín y Larre.

Tampoco puedo dejar de recordar, con mucha sinceridad, lo expresado, con toda razón, por el Senador señor Piñera , quien, cuando pide ser consecuentes a aquellos que exigen que este asunto se lleve en los tribunales, les hace presente que se olvidan de la ley de amnistía.

¡Todos sabemos lo que lleva implícito la aplicación de la ley de amnistía! Por lo demás, el l3 de junio lo afirmé, y ahora lo reitero: a mi juicio, jurídicamente, debe aplicarse como siempre se ha hecho. Y ello nos lleva a que de ese modo no se pueda caminar en la búsqueda de una solución a situaciones que hoy día reclama el alma nacional.

Para eso está, entre otras cosas, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y quizás cuántas más habrá que hacer. Pero aquí debe haber una consecuencia. Excúseme, señor Presidente , que nos abramos de verdad para resolver esta situación: lo cierto es que, como lo he afirmado, esto clama al cielo.

Por eso, cuando uno ve que la materia es discutible desde el punto de vista constitucional, debo señalar que en la Comisión estuvo nada menos que el profesor señor José Luis Cea ; él habría formulado un reparo; no lo hizo. Aquí no estamos ante una ley penal, y, por lo demás, si fuera en beneficio del reo, no habría inconveniente. Es discutible.

Creo que esa justificación no permitió entrar al fondo del asunto. Es cierto que, quizás, no haya habido el debido tiempo. Si hubiéramos seguido el camino señalado por el señor Presidente , tal vez, aquí podríamos haber realizado un debate más en profundidad en éstas y en otras materias, y haber avanzado.

Por los motivos expuestos, voto que sí, en el bien entendido de que, además, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación ha actuado con prudencia. Creo, en definitiva, que no podemos cerrar esta puerta, porque hay muchos corazones que hoy día reclaman de nosotros apertura e inteligencia. Pero, sobre todo, que miremos hacia adelante y que de una vez por todas cerremos un pasado que nos divide.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , en mi segunda intervención durante el debate de este proyecto, traté de plantear mi posición tanto sobre la constitucionalidad de la iniciativa, como respecto del tema jurídico procesal que se hizo presente.

En efecto, a raíz de las consultas que realicé antes de la discusión de esta iniciativa, obtuve la opinión del señor Alejandro González , Director de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, quien es un destacado jurista. También recibí la información que me proporcionó el constitucionalista señor José Luis Cea . Porque cuando se me formuló ese argumento me preocupé de ver si realmente había elementos que me hicieran modificar mi posición.

Sin embargo, llegué al convencimiento --y así lo hice ver en mi exposición-- de que tal como está planteada la iniciativa no se presenta un problema de inconstitucionalidad, porque en ella se reemplaza el artículo l6 de la ley Nº l9.123, que determina el plazo de vigencia de este organismo. Y, luego, el artículo 3º otorga a la ley vigencia con efecto retroactivo. Esto se enmarca perfectamente dentro de los derechos que tenemos como Parlamentarios, salvo --como se ha dicho-- en asuntos de carácter penal, en los que no puede haber efecto retroactivo cuando la norma va en contra del reo.

En mi opinión, también existe confusión en el Parlamento cuando se sostiene que este tema debemos dejarlo entregado al Poder Judicial . No; porque la ley Nº l9.123 no es para iniciar procesos, investigar y sancionar. Dicho cuerpo legal, precisamente en su artículo 4º, dice: "En caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere caber a personas individuales.

"Si en el cumplimiento de sus funciones la Corporación tuviere conocimiento de hechos que revistan caracteres de delito, deberá ponerlos, sin más trámite, en conocimiento de los Tribunales de Justicia.".

En seguida, el artículo 5º señala: "Las actuaciones de la Corporación se realizarán en forma reservada, estando obligados sus consejeros y funcionarios a guardar sigilo acerca de los antecedentes y documentos de que tuvieren conocimiento en el desempeño de sus funciones.".

No es efectivo que la Corporación haya citado a alguna persona. A nadie puede haber citado, ni tiene derecho a hacerlo, porque no posee funciones jurisdiccionales. Lo que sí hace este organismo, con el propósito de cumplir su objetivo, es invitar a quienes puedan conocer antecedentes, para que voluntariamente se los proporcionen. Y ha procedido con sigilo, dando cumplimiento, a mi juicio, con exactitud a lo que le exige el artículo 5º, como, asimismo, lo hice ver en mi intervención.

Por otra parte, también se confunden el efecto y el objeto de la ley Nº l9.123, que estamos tratando de prorrogar. Este cuerpo legal, como he señalado, no es para determinar responsabilidades penales ni civiles, sino para establecer que una vez comprobado, cuando una persona trata de buscar los restos de la víctima, de un detenido desaparecido, que ella es familiar de éste --y aun cuando no los ubique, como se ha determinado en el 25 por ciento de los casos que se han presentado--, y que se trata realmente de una víctima, según la ley, a aquella persona le concede beneficios previsionales, educacionales y de salud.

Si no prorrogamos la vigencia de la ley y damos por vencido el plazo, aquella gente que todavía no ha podido establecer las condiciones de ser familiar de detenidos desaparecidos, porque no han existido los elementos necesarios como para probarlo, podría quedar al margen de sus beneficios.

En mi concepto, esta ley debe regir en forma permanente. En eso coincido en lo expresado aquí --me parece- por el Honorable señor Prat . Ya lo había manifestado con anterioridad en mi intervención, y solicité remitir un oficio al respecto.

Ahora, aprovechando la presencia en la Sala del señor Ministro del Interior , quiero solicitar que, tras haberse prorrogado la vigencia de esta ley hasta el 3l de diciembre de l996, se envíe al Parlamento un proyecto legal dando vigencia permanente a la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, mientras existan casos que sea necesario investigar, o para aplicar los beneficios que aquel cuerpo legal determina, y que se dé facultad al Presidente de la República para poner término a esa Corporación cuando se estime que ha cumplido los objetivos que la ley indica.

Voto que sí.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , anuncio mi voto favorable al proyecto por estimar que el país busca una reconciliación seria y efectiva. Reconciliación que nos hace falta para proyectar juntos un futuro que, de otra manera, no sería tan promisorio como lo apreciamos hoy. Por eso quiero poner todo lo que esté de mi parte para contribuir a ella. Sin embargo, esto lo hago a pesar de que tengo muchas reservas acerca de la materia, y porque, además del derecho de saber dónde están sepultados sus deudos, hay también un derecho humano fundamental que afecta en este país a centenares de personas, y que dice relación con el hecho de no ser juzgados permanentemente por situaciones ocurridas hace más de veinte años y respecto de las cuales no se les ha podido establecer ninguna responsabilidad. No obstante, ellos y su familia, sus niños, sobre todo en las comunidades pequeñas, sufren realmente un deterioro en sus vidas.

Considero que es un derecho de las personas el no vivir permanentemente sometidas a proceso. Y quiero también ser muy franco al decir que la generosidad de quienes apoyamos este proyecto de ley no es muchas veces equitativa. Chile vivió recientemente días muy trágicos y trascendentes, y para que la reconciliación se produzca, hay que tener el deseo de establecer justicia en ambos bandos, a los chilenos que, de una manera u otra, ocupamos nuestro puesto en los días a que he hecho referencia.

Y cada vez que se debate una situación semejante y veo que se recuerdan casos de violaciones de los derechos humanos, de las características con que se hacen notar, no se está contribuyendo a la reconciliación nacional, sino que se está manteniendo vivo un resentimiento que, evidentemente, impide esa reconciliación.

Por ello, pido a nuestros Honorables colegas, principalmente a los de la Concertación, que cuando analicemos proyectos futuros tengan presente que la reconciliación tiene dos puntas, y que indudablemente ella no se producirá si nos negamos a ver la otra cara de la medalla.

Voto que sí.

--Se aprueba en general el proyecto (25 votos por la afirmativa y 17 por la negativa).

Votaron por la afirmativa los señores Calderón, Carrera, Díaz, Díez, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Hormazábal, Larraín, Larre, Lavandero, Matta, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Páez, Piñera, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sule, Valdés, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la negativa los señores Alessandri, Cantuarias, Cooper, Errázuriz, Feliú, Fernández, Horvath, Huerta, Lagos, Letelier, Martin, Mc-Intyre, Otero, Prat, Siebert, Sinclair y Urenda.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , ruego solicitar el asentimiento de la Sala para acceder a mi petición de oficiar al Gobierno, en mi nombre, pidiéndole dar carácter permanente a la

Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador , de conformidad con el Reglamento, con la adhesión de los Comités Demócrata Cristiano, Socialista y Partido por la Democracia.