Labor Parlamentaria

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En conformidad a los acuerdos de los Comités, corresponde ocuparse del proyecto, en tercer trámite constitucional, que autoriza la construcción de tres monumentos en memoria de don Bernardo Leighton Guzmán, en Santiago, Nacimiento y Los Ángeles.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley: (moción del señor Ruiz-Esquide).

En primer trámite, sesión 40ª, en 2 de marzo de 1995.

En tercer trámite, sesión 23ª, en 2 de agosto de 1995.

Informe de Comisión:

Educación, sesión 49ª, en 5 de abril de 1995.

Discusión:

Sesión 51ª, en 11 de abril de 1995 (se aprueba en general y particular).

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En discusión las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al texto aprobado por el Senado.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que faculta al Presidente de la República para crear los Servicios de Salud de Arauco y de Araucanía Norte, con informes favorables de las Comisiones de Salud y de Hacienda.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 31a, en 26 de enero de 1994.

Informes de Comisión:

Salud, sesión 15a, en 11 de julio de 1995.

Hacienda, sesión 15a, en 11 de julio de 1995.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En la discusión general, tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , solicito a la Sala que, al igual que lo hizo en el proyecto anterior, apruebe la facultad que se otorga al Presidente de la República para crear nuevos Servicios de Salud en dos zonas donde -por su configuración geográfica y por la dependencia a los Servicios de Salud de Concepción-Arauco y Araucanía- parece razonable hacerlo, pues con ello se dará más fuerza a las acciones de salud, teniendo presente además que la iniciativa fue aprobada por las Comisiones de Salud y de Hacienda.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente , concuerdo absolutamente con lo expresado por el Senador señor Ruiz-Esquide .

Sin embargo, debo señalar que el proyecto en estudio reviste gran trascendencia para la historia de la Provincia de Arauco, porque es el primer centro de salud público que allí se crea. El hecho que el Senado acepte -como esperamos que ocurra- el referido servicio, el cual, al margen de todas las acciones propias de la atención de enfermos en la zona (todos sabemos que tiene índices económicos y sociales más deficientes que el resto del país, en circunstancia de que allí existen riquezas naturales muy importantes para explotar), fortalecerá la organización institucional de la provincia, la cual ha de tener un gran desarrollo en el futuro.

Felicito a la Comisión de Salud por el trabajo realizado, pues estamos frente a una alternativa muy interesante para fomentar las acciones de salud en el lugar.

La señora CARRERA.-

Señor Presidente , anticipo mi voto favorable a la iniciativa y expreso mi entusiasmo por la creación de estos Servicios de Salud. Una de las causas por las cuales se pidió la formación de ellos es la iniquidad existente en la distribución de recursos del Presupuesto de la Nación para el sector de la Salud Pública, lo que afecta a numerosas partes de nuestro país.

La desigualdad es total en los dos sistemas de salud: el privado es muy superior en cuanto a las facilidades de financiamiento, quedando el público en situación bastante desmedrada. Una de las luchas llevadas a cabo por varios parlamentarios ha consistido en tratar de que se aumente el presupuesto para la Salud Pública en el país, pues actualmente el Estado gasta una cantidad ínfima en una función que es extraordinariamente importante, ya que está destinada a mejorar las condiciones de vida de nuestra población.

En la Región Metropolitana que al parecer tiene cierto privilegio frente a las otras en materia de salud ocurre exactamente lo contrario. En efecto, en ella hay grandes iniquidades, lo que ha sido motivo de permanente queja por parte de la población, sobre todo en la que cubre el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, cuyo presupuesto per cápita equivale a la mitad del que tiene su equivalente Norte.

Por haber comprobado en la práctica la iniquidad existente en la distribución de los recursos presupuestarios, votaré con entusiasmo por la formación de estos nuevos servicios, que traerán grandes beneficios a zonas que se encuentran muy descuidadas.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , me felicito por la iniciativa de un grupo de parlamentarios, pues ella traerá beneficios muy concretos.

Además, ella se justifica absolutamente, pues racionalizará el servicio de salud en dos zonas de alta ruralidad, en las cuales existen -como todos sabemos- altos índices de pobreza e indicadores biomédicos muy desfavorables, por lo cual se hacía necesario tomar medidas y facilitar una mejor atención, con un reforzamiento especial en el aspecto técnico.

La población de la Provincia de Malleco está constituida en un porcentaje importante por mapuches, y ella tiene un alto grado de pobreza extrema y de analfabetismo. Aparte lo anterior, sus indicadores de salud son deficientes e insuficientes, al igual que las condiciones de saneamiento básico, todo lo cual denota un claro deterioro de su situación socioeconómica y sociosanitaria.

Por otro lado, desde el punto de vista de la gestión, existe gran cantidad de unidades operacionales en las 30 comunas de la Novena Región, que cuenta con 20 hospitales, 18 consultorios y 189 postas rurales. Por su parte, la Provincia de Malleco tiene siete hospitales, cinco consultorios generales y una red de establecimientos municipales de atención de nivel primario, con 61 postas rurales y 29 estaciones médico-rurales.

Por tales razones, entregaremos nuestra aprobación al proyecto en análisis.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , junto con agradecer la adhesión manifestada por los señores Senadores a la idea matriz de la iniciativa que favorece a nuestras Regiones, quiero señalar que, de acuerdo al artículo 61 de la Constitución Política, el Presidente de la República dispone del plazo de un año para implementar lo que en ella se prescribe.

--Se aprueba en general y particular el proyecto.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece modificaciones al Código Penal, con el objeto de tipificar y sancionar el delito de trata de blancas, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 27a, en 31 de agosto de 1994.

Informe de Comisión:

Constitución, sesión 23a, en 2 de agosto de 1995.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

La iniciativa tuvo su origen en una moción de los Diputados señores Espina, Jürgensen, Prokurica y Urrutia.

La Comisión consideró los antecedentes de Derecho y de hecho del proyecto; lo aprobó en general con los votos de los Senadores señores Fernández, Hamilton, Otero y Sule, y en la discusión particular modificó el texto de la Cámara de Diputados en la forma consignada en el informe.

--Se aprueba en general y particular el proyecto.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Proyecto de ley de la Cámara de Diputados, que modifica el Código Penal con el objeto de tipificar y sancionar de manera autónoma el delito de receptación, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 25a, en 7 de diciembre de 1995.

Informe de Comisión:

Constitución, sesión 23a, en 2 de agosto de 1995.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

La Comisión en su informe consigna los antecedentes de Derecho y de hecho que tuvo en consideración para el estudio de la iniciativa, la cual fue aprobada por la unanimidad de sus miembros presentes.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Al parecer, no requiere de mayor explicación, pues se trata de una normativa muy simple, aprobada por unanimidad.

--Se aprueba en general y particular el proyecto.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código de Procedimiento Penal para facilitar las denuncias por los delitos de robo y hurto, originado en moción de los Diputados señores Espina, Bombal, Cardemil, Cristi, Chadwick, Elgueta, Fantuzzi, Luksic y Taladriz, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 53a, en 18 de abril de 1995.

Informe de Comisión:

Constitución, sesión 23a, en 2 de agosto de 1995.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

La Comisión aprobó por unanimidad la iniciativa por medio de la cual se eliminan trámites para acreditar la propiedad de objetos robados o hurtados y facilitar algunos procedimientos judiciales.

En la discusión general, tiene la palabra el Honorable señor Otero.

El señor OTERO.-

Señor Presidente , solamente quiero dejar constancia respecto de este proyecto y de los dos anteriores aprobados ahora sin mayor debate, que ellos fueron objeto de correcciones formales muy importantes en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a la cual asistieron los señores Diputados que le habían formulado indicaciones en la Cámara.

Por consiguiente, lo que aprobaría el Senado en este momento no es el texto despachado por la Cámara, sino el corregido y mejorado por la unanimidad de la Comisión de Constitución.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Hamilton.

El señor HAMILTON.-

El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, y los miembros de la Comisión del Senado procedimos de la misma forma.

La iniciativa trata simplemente de no recargar con trámites burocráticos a las personas que son víctimas de hurto o de robo, de manera que la sola denuncia que hagan en Carabineros o Investigaciones sirva ante el tribunal que conozca de la causa, para probar la preexistencia y, eventualmente, el valor de las especies sustraídas. O sea, se pretende desgravar de trámites judiciales y facilitar la acción de los tribunales de justicia.

--Se aprueba en general y particular.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En primer lugar del Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, que modifica el inciso segundo del artículo 74 de la Constitución Política de la República, en lo referente a la oportunidad para solicitar la opinión de la Corte Suprema y al plazo en que ésta responda, originado en moción de los Honorables señores Fernández, Larraín, Otero, Sule y Adolfo Zaldívar.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de reforma constitucional: (moción de los señores Fernández, Larraín, Otero, Sule y Zaldívar (don Adolfo))

En primer trámite, sesión 1ª, en 30 de mayo de 1995.

Informe de Comisión:

Constitución, sesión 5ª, en 7 de junio de 1995.

El señor LAGOS (Prosecretario).- El proyecto necesita para su aprobación de las tres quintas partes de los Senadores en ejercicio, en decir, 26 votos favorables.

El artículo 74, inciso segundo, de la Carta Fundamental establece que "La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema.".

Los miembros de la Comisión -Honorables señores Hamilton, Larraín, Letelier, Otero y Sule- aprobaron por unanimidad en general y particular la iniciativa.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En la discusión general, tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , días atrás, con motivo de la discusión del proyecto de reforma constitucional relativo a la facultad del Presidente de la República para calificar las urgencias en el Parlamento, en el Senado se hicieron numerosos argumentos.

En esa oportunidad, hice presente la inconveniencia de aplicar el sistema de urgencia, pues con ello se obliga al Congreso a tramitar las leyes en forma excesivamente rápida y sin un estudio detenido y acucioso de las normas. Se hizo presente -y lo reitero en este momento- que más del 50 por ciento de los proyectos despachados por el Parlamento tenían urgencias que obligaron a despacharlos en plazos brevísimos.

El proyecto de reforma constitucional en debate pretende también obligar a la Corte Suprema a emitir, en los mismos plazos de urgencia que fije el Presidente de la República , los informes que deba emitir en conformidad a lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política. Esto es, las opiniones sobre modificaciones a la ley orgánica constitucional de los tribunales de justicia quedan sometidas a urgencias.

Considero que la tesis correcta sobre el particular no consiste en establecer un plazo a la Corte Suprema, sino, en disminuir las urgencias, priorizando las calificaciones a los respectivos proyectos. A mi juicio, nada justifica que una iniciativa referida a la organización de los tribunales de justicia, deba tramitarse en plazos perentorios, que obliguen a ese Alto Tribunal a pronunciarse en tiempo breve.

Estimo que el sistema debiera ser exactamente al revés: la urgencia debe constituir una excepción y, en todo caso, correspondería -lo que no se aprobó días atrás- que el propio Parlamento la calificara, sin que pudiera extenderse la premura al pronunciamiento que deba emitir la Corte Suprema.

Estoy en desacuerdo con esta reforma y, por esa razón, votaré en contra.

El señor MARTIN .-

Señor Presidente , consultada la Corte Suprema sobre el proyecto, manifestó su opinión contraria por estimar que la voluntad del constituyente fue que la Ley Orgánica Constitucional de los Tribunales de Justicia, sólo podría ser modificada oyéndola previamente; es decir, sin prescindir de ello. La opinión de ese Alto Tribunal en tales casos, es absolutamente necesaria. Se oye la voz de quienes conocen la necesidad de modificar o no modificar la organización y las atribuciones de los tribunales. Nadie, con mayor calidad, podría determinar la conveniencia de hacerlo.

El proyecto en debate es de la mayor trascendencia en la administración de justicia, pues introduce modificaciones en la estructura orgánica de los tribunales y en las atribuciones que la ley les ha entregado.

En los incisos segundo y tercero del proyecto, junto con fijar fechas para emitir los informes, se apercibe a la Corte Suprema de tener por cumplido el trámite si no lo cumpliere dentro de esos plazos. Tal apercibimiento y sanción al más Alto Tribunal de Justicia del país, sin considerar su rango y las dificultades que pueda tener para ello, constituyen una falta de deferencia de un Poder del Estado hacia otro. Bastaba con fijar fechas y explicar la necesidad de recibir pronto el informe, atendidas las urgencias pertinentes, pero jamás imponer una verdadera sanción como es la prescindencia del informe.

Por ello, hago constar mi oposición a esa falta de deferencia para la Corte Suprema.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , en primer lugar, quiero hacer presente que la Comisión dejó expresa constancia en su informe de que el Honorable señor Hamilton tuvo activa y destacada participación en la gestión de esta iniciativa de reforma constitucional, y que si no aparece entre los suscriptores de la misma, ello se debe a que Su Señoría se encontraba fuera del país en el momento en que fue presentada. Digo esto para la historia de la ley.

En cuanto al tema mismo, lamento tener que rectificar al señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, pero la verdad es que la Corte Suprema no ha emitido opinión sobre este proyecto.

El proyecto a que se refiere el informe fue precisamente el que determinó a la Comisión a hacer la proposición de reforma constitucional de que hoy conoce la Sala del Senado.

Por ello, resulta importante analizar de qué se trata.

En primer término, es conveniente conocer la historia del establecimiento de la norma contenida en el inciso segundo del artículo 74 de la Carta Fundamental.

En el Acta de la sesión 301a de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, celebrada el 28 de junio de 1977, al discutirse el precepto referente a la consulta a la Corte Suprema para modificar la Ley Orgánica Constitucional sobre Organización y Atribuciones de los Tribunales, el entonces Presidente de la Corte Suprema, don José María Eyzaguirre , invitado a la sesión, acotó: "Habría que agregar la condición de que la Corte Suprema tenga que aprobar la consulta". A ello, el comisionado don Sergio Diez respondió: "No es así; la interpretación es la que señaló el señor Carmona : se trata de un simple conocimiento del asunto por parte de la Corte Suprema", agregando que "de lo contrario se estarían otorgando facultades legislativas a la Corte Suprema".

En la sesión 333a, de 14 de diciembre de1977, el Presidente de la Comisión , don Enrique Ortúzar , hizo presente: "Estaba señalando al señor Presidente de la Corte Suprema que la idea de la Comisión es la de que, al tratar el Capítulo relativo a la Ley, se consignen formalidades especiales para la modificación de las leyes relativas a la organización y atribuciones de los Tribunales de Justicia, sea que este trámite consista en una consulta a la Corte Suprema o al Consejo de Estado por la importancia que tienen estas leyes.".

El Presidente de la Corte Suprema , señor Eyzaguirre , en relación con esta materia, sostuvo: "Respecto de esta consulta a la Corte Suprema que la Comisión ha planteado, qué pasaría si la Corte Suprema estuviera en desacuerdo con la iniciativa de ley". El señor Ortúzar respondió que, si bien la materia no se ha estudiado, "lo más probable, desde luego, es que en este caso tenga que rechazarse el proyecto".

En cuanto a la opinión que antecede, el señor Lorca dijo "que se trataría de una especie de veto de la Corte Suprema a la proposición de ley", añadiendo que, a su juicio, "ello tiene su peligro".

El comisionado señor Jaime Guzmán , coincidiendo con la aprensión del señor Lorca , manifestó: "En todo caso, no podría irse más allá de la consulta porque sería convertir virtualmente a la Corte Suprema en órgano legislativo.".

En consecuencia, el parecer de la Comisión fue que se trataba de una consulta para escuchar la opinión de la Corte Suprema, pero que en ningún caso significaba que la falta de opinión de la misma o su opinión negativa podía paralizar un proceso legislativo.

El problema se agrava por dos razones. La primera es que han existido numerosos casos en que, consultada la Excelentísima Corte Suprema, han pasado meses -y, a veces, hasta más de un año- sin que se haya recibido su respuesta.

De aceptarse la teoría de que la Corte Suprema tiene que ser escuchada, necesariamente el Máximo Tribunal, con sólo no informar, podría paralizar indefinidamente un proyecto, lo que no se aviene de ninguna manera con la normativa constitucional vigente, y mucho menos la intervención de la Corte Suprema en funciones que le son ajenas, como la función legislativa, donde actúan los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

La situación se agravó con el informe elaborado por la Corte Suprema donde, a propósito de una consulta que se le efectúo a raíz de un proyecto de ley presentado por la Cámara de Diputados, sostuvo que el Congreso carecería de facultades para, sin reforma constitucional, establecerle un plazo para emitir su informe. Es más, señaló que, en caso de procederse en esos términos, la ley respectiva debería ser reparada por el Tribunal Constitucional.

De otro lado, el Tribunal Constitucional, interpretando el artículo 74 de la Carta Fundamental, determinó que la ley orgánica relativa a la organización y atribuciones de los tribunales sólo puede ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema. Sin embargo, el artículo 74 no precisó el alcance de la expresión "previamente", dejando esta determinación a la ley orgánica constitucional respectiva.

Pues bien, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional fijó el alcance del vocablo "previamente" al regular la oportunidad en que deben ser puestos en conocimiento de la Corte Suprema los proyectos relativos a la organización y atribuciones de los tribunales.

Con esta conclusión, se llegó al extremo de que, en opinión de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, cada vez que un proyecto modificara substancialmente la organización y atribuciones de los tribunales, debería consultarse a la Excelentísima Corte Suprema, lo que daría lugar a un trámite burocrático imposible de cumplir. ¿Por qué? Porque cuando un proyecto de esa naturaleza es presentado, se pide el informe correspondiente, pero, como ha ocurrido en muchísimos casos, especialmente con el proyecto que modificó enteramente el Código Orgánico de Tribunales, los textos sufren muchísimas alteraciones cuando son discutidos en particular en la Comisión. En el ejemplo mencionado, durante cuatro o cinco meses se reiteraron proposiciones a artículos que ya se encontraban aprobados, lo que hubiera significado que la Comisión, para discutir cada artículo referente a tales materias, aunque no fuera el que finalmente se presentara a la Sala, tendría que haber esperado el informe de la Corte Suprema.

Obviamente, eso hay que solucionarlo. Sin embargo, legalmente no es posible establecer un plazo a la Corte Suprema, pues el artículo 74 sólo se limita a señalar: "oyendo previamente".

El segundo problema que no podemos resolver es en qué momento debe oírse previamente a la Corte Suprema. ¿Debe ser oída cuando llega el proyecto en cuestión, aunque éste sea modificado sustancialmente durante la discusión, o debe ser escuchada cuando la Comisión pertinente ya se haya formado una opinión, de modo que las Cámaras se pronuncien acerca del texto sobre el cual efectivamente haya opinado la Corte Suprema que parece ser lo lógico?

¿Qué ocurre hoy día, señor Presidente ? Aunque se pide el informe, lo cierto es que la Cámara de Diputados y el Senado han aprobado iniciativas que, desde un punto de vista estrictamente constitucional, no estarían ajustadas a la Carta, que dispone que el Máximo Tribunal debe ser escuchado en forma previa. Ambas ramas del Parlamento, obviamente, debieron haber esperado el informe respectivo antes de sancionar definitivamente tales iniciativas.

Estas razones y, específicamente, el análisis del proyecto de ley presentado por la Cámara de Diputados que pretendía solucionar estos problemas, nos llevaron al convencimiento de que no existía ninguna otra solución que no fuera una reforma constitucional.

De ahí que la Comisión tomara dos medidas: en primer lugar, rechazar la idea de legislar respecto de dicho proyecto, que no resuelve el problema desde el punto de vista constitucional; y, en segundo lugar, consciente de que ésta era una materia que debía ser zanjada definitivamente, planteó la iniciativa que voy a dar conocer de inmediato.

Es muy simple; consta de un artículo único que dispone:

"Reemplázase el inciso segundo del artículo 74 de la Constitución Política por los siguientes:

"La Ley Orgánica Constitucional relativa a la organización y atribuciones de los Tribunales sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema. Para tal efecto, la Cámara de origen deberá solicitar la opinión de esa Corte antes del término del primer trámite constitucional. Asimismo, se deberá consultar nuevamente el parecer del mencionado tribunal antes del término del segundo trámite constitucional, cuando durante este último se hayan introducido modificaciones sustanciales al proyecto aprobado por la Cámara de origen."

Es decir, el informe de la Corte Suprema debe ser conocido antes de que se vote en particular el proyecto en el primer trámite y antes de que se vote en particular en el segundo trámite, si es que en este último se han incluido reformas sustanciales.

A su vez, el inciso segundo dice:

"La Corte Suprema deberá pronunciarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se le hubiese comunicado el proyecto de ley. Con todo, cuando se tratare de una iniciativa legal respecto de la cual el Presidente de la República hiciere presente la urgencia para su despacho, se pondrá esa circunstancia en conocimiento de la Corte y, en tal caso, ésta deberá pronunciarse dentro del plazo que establezca la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional."

Se podrá discutir lo relativo a los plazos. Pero si bien es cierto que la simple urgencia concede un plazo de 30 días para despachar un proyecto, no lo es menos que si este plazo es razonable para el Congreso Nacional, también debe serlo para la Excelentísima Corte Suprema.

De otro lado, si por disposición constitucional, el Parlamento debe despachar una iniciativa de ley con mayor urgencia, lo lógico es que el Máximo Tribunal esté afecto a la misma urgencia fijada para el Poder Legislativo.

Finalmente, para el evento de que la Corte Suprema no despache su pronunciamiento, se señala que en ese caso "se tendrá por cumplido el trámite". Estamos ciertos de que esto último no ocurrirá. Pero, de suceder, se mantiene la normativa constitucional, porque los proyectos de ley se estarían despachando dentro de los plazos indicados por la Constitución y dentro del sistema de las urgencias que, por mandato constitucional, corresponde al Presidente de la República establecer.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado solicita a la Sala aprobar el proyecto de reforma constitucional con el quórum legal correspondiente.

Gracias, señor Presidente.

El señor FERNÁNDEZ .-

Señor Presidente , estamos analizando aquí un proyecto de reforma constitucional relacionado con la tramitación de la ley, que afecta a uno de los Poderes del Estado: la Corte Suprema.

Pues bien, la iniciativa en cuestión no afecta las facultades de la Excelentísima Corte Suprema y menos tiene por objeto fijarle plazos arbitrarios para emitir su pronunciamiento. Por el contrario, el proyecto viene a poner término a numerosos problemas existentes, que se presentan con ocasión de la actual disposición constitucional, que establece la obligación de oír previamente a la Corte Suprema para modificar la Ley Orgánica Constitucional sobre Organización y Atribuciones de los Tribunales. De modo que la iniciativa en debate viene a salvar los inconvenientes que se han presentado con motivo de la aplicación práctica de la norma.

La Constitución de 1980 estableció este sistema -distinto al consagrado en la Carta Fundamental de 1925, que no requería la opinión del Máximo Tribunal-, porque el Constituyente estimó que era de interés conocer la opinión de la Corte Suprema cuando se modificaban las atribuciones de los tribunales.

Pero esta norma puede tener algunas dificultades prácticas, por cuanto es posible que las necesidades de funcionamiento de la Corte Suprema, en un momento dado, no sean las mismas del Poder Legislativo, caso en el cual, no debieran coincidir en materia de urgencias. Además, el Parlamento y el Presidente de la República , frente a un determinado proyecto, pueden tener una disposición diferente a la de los Tribunales.

Por lo tanto, es necesario concordar estos dos intereses legítimos: el de la Corte Suprema, para que pueda emitir su informe, con los del Ejecutivo y del Congreso, a fin de dar oportuno y pronto despacho a un proyecto de acuerdo con el artículo 74 de la Carta Fundamental.

La normativa en estudio no hace sino establecer un justo equilibrio entre dos potestades: por un lado está la facultad que posee la Corte Suprema de poder contestar, y, por otro, la que tienen el Poder Ejecutivo en cuanto a las urgencias, y el Poder Legislativo en cuanto a resolver un tema dentro del mandato que la Constitución consagra.

Si no estableciéramos las normas explicadas precedentemente, estaríamos frente a un vacío legal que difícilmente podría ser salvado, si no es por la vía de una reforma constitucional. Sobre el particular, en la Comisión analizamos diversas alternativas en búsqueda de una adecuada solución sin tener que recurrir a una reforma de esa naturaleza. Sin embargo, por el propio acuerdo que hizo llegar la Corte Suprema a la Comisión, nos vimos en la inevitable necesidad de recurrir a una enmienda de la Carta Fundamental.

El proyecto de reforma constitucional es muy simple. Señala a la Corte Suprema el tiempo dentro del cual debe resolver. Y si ella deja transcurrir el plazo sin pronunciarse, esta circunstancia no debe afectar la tramitación de la ley, tramitación que no puede quedar supeditada a la emisión de un informe.

Por otra parte, la iniciativa también adecua los plazos en que el Congreso debe resolver cuando el Presidente de la República hace presente la urgencia. Porque aquí podría darse el caso de que el Parlamento, estando obligado a resolver de acuerdo con la Constitución, no podría hacerlo por no haber emitido su opinión la Corte Suprema. De modo que el proyecto trata de armonizar ambas necesidades: la de oír a la Corte Suprema y la de que este Alto Tribunal resuelva dentro de un plazo determinado.

Por esto, señor Presidente , hemos aprobado el proyecto de reforma constitucional y he concurrido a dar la unanimidad al mismo. Estimamos que se trata de una iniciativa que tiende a perfeccionar una importante facultad, que es una institución novedosa en la Carta de 1980, cual es la de oír a otro Poder del Estado cuando se están modificando sus atribuciones. Y porque deseamos oír a ese otro Poder del Estado , le estamos fijando un plazo. Podría haberse buscado una forma más simple: la de dar por evacuado el trámite sin oír al Máximo Tribunal o, simplemente, buscar la forma de eliminar la opinión de éste, lo que, a mi juicio, no es conveniente. Queremos oír a la Corte, pero dentro del plazo y del tiempo establecido para la tramitación de las leyes.

Por las razones expuestas, votaré en favor del proyecto de reforma constitucional.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente, en dos oportunidades en esta misma Sala di a conocer experiencias que tuve con algunos proyectos que debían haber sido vistos por la Corte Suprema.

El primero modifica la Ley de Pesca y figura en la tabla de hoy con el número 20. Esta iniciativa, contrariamente a lo que sostenía el Honorable señor Otero , debió estar dos años en Comisión a la espera de recibir una respuesta de la Corte Suprema. Finalmente llegó, y ahora se encuentra nuevamente en trámite. Y ahí se ha producido una situación bastante delicada, pues un Poder del Estado se atrasó bastante tiempo.

La segunda experiencia -que también la mencioné en la Sala- se refiere a un problema parecido, pero al revés. Se trataba de una consulta que se formuló a la Corte Suprema con motivo del caso Letelier . La consulta llegó un viernes al Máximo Tribunal, pero éste no se reunió hasta el lunes o martes, con lo cual el informe habría llegado atrasado. Sin embargo, lo enviaron de inmediato. Y, no obstante la premura con que debió informar el Tribunal -dos o tres días-, su pronunciamiento no fue considerado por la Comisión Mixta, a pesar de tratarse de un informe bastante importante, relativo a una indicación que no había sido tratada antes y que llevó a la formación de una Comisión Mixta.

Así que tenemos dos casos bien distintos. En el primero, demoraron mucho tiempo en responder una consulta y, en el segundo, contestaron con mucha premura, pero su opinión no fue considerada.

En mi concepto, más allá del problema de plazos, existe uno de coordinación del trabajo entre la Corte Suprema y los legisladores.

No hace mucho tiempo, en un estudio respecto a asuntos legislativos, me impuse de que algunos jurisconsultos estimaban que la Corte Suprema o el Poder Judicial , en estos casos precisos, podría ser colegislador. No hay duda de que tanto la Constitución Política como la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional lo ha descartado totalmente.

Tengo a la mano un discurso pronunciado el año pasado por el Presidente de la Corte Suprema, don Marcos Aburto, en el cual aborda precisamente este problema de coordinación, y que dice lo siguiente:

"Nos interesa fundamentalmente mantener la más estrecha relación tanto con el Poder Ejecutivo como con el Poder Legislativo. El Derecho público chileno ha establecido como conducto regular y permanente entre los Poderes Judicial y Ejecutivo, al Ministerio de Justicia, secretaría de Estado que con las naturales variaciones de toda gestión pública ha cumplido con regularidad la tarea que en tal sentido le señala su ley institucional. Pensamos que respecto al Poder Legislativo, deberíamos tener un ente administrativo que cumpliera tal vital relación. No estamos pensando en crear un organismo nuevo, simplemente y sin mayor costo para el erario nacional, instituir una comisión permanente de relación. El trabajo de sus comisiones legislativas sería mucho más fluido si se acreditara una representación semejante, de carácter permanente, sin perjuicio de la función que siempre tendrá en tal sentido el Presidente de la Corte Suprema .".

Recuerdo que, con motivo de que en la Sala se han visto algunos proyectos en los que ha cabido participación a la Corte Suprema, en dos ocasiones he preguntado si han sido consultados con ese alto organismo. Se me dijo, en una de ellas, que había estado presente un miembro de la Corte Suprema, y en la otra, que se había respondido en forma escrita.

Los párrafos del discurso del Presidente de la Corte Suprema a los que he dado lectura demuestran su buena voluntad para llegar a una eficaz forma de comunicación. Con ocasión de la tramitación del proyecto de ley rotulado con el número 547-07, la citada Corte manifestó "estar llana a encontrar fórmulas que permitan facilitar el expedito trámite de los proyectos de ley".

La falta de un eficaz mecanismo de coordinación ha hecho incluso desaparecer normas despachadas por el Congreso Nacional, en atención a no haber constado fehacientemente la circunstancia de haberse oído previamente a la referida Corte. Este fue el caso del proyecto de ley sobre violencia intrafamiliar, iniciativa que al ser revisada por el Tribunal Constitucional sufrió, por la razón expuesta, la declaración de inconstitucionalidad de uno de sus incisos. Lamentablemente, hubo una falta de coordinación, en la medida en que el oficio de la Cámara de Diputados por el que se le pedía la opinión a la Corte Suprema fue entregado en la guardia que Gendarmería de Chile mantiene en el Palacio de los Tribunales y no en la Oficina de Asuntos Administrativos.

También sería recomendable poner a disposición de la Corte el material (mensajes, mociones, informes, etcétera) en base al cual posteriormente se formulará la consulta, apenas se constate que el proyecto incide en materias propias de la ley orgánica constitucional sobre organización y atribuciones de los tribunales. El envío permanente de esta información, con anterioridad al envío formal de la consulta a que se refirió el Honorable señor Otero , permitiría a la Corte preparar con antelación su juicio. Pareciera que se formulan las consultas sin acompañar todos los antecedentes materiales del caso.

Todos estos antecedentes, y varios otros más, justifican abordar el tema en una perspectiva más amplia que la mera determinación del mejor momento para formular las consultas. No debe perderse de vista que un gran porcentaje de los proyectos que despacha el Congreso están destinados a ser utilizados a diario por nuestros tribunales como normas de decisión. Nuestros jueces son quienes se encuentran en mejores condiciones para hacer presentes las virtudes o debilidades de las normas con operan o con que van a operar. Prescindir de tan vital información sería como diseñar los planos de una casa sin conocer el terreno en donde la vamos a construir.

Quizá, esta tarea la podría realizar, al menos en el Senado, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la que podría servir de cauce regular para las solicitudes que se formulan actualmente por las distintas Comisiones -no solamente para las propias- y, a la vez, servir de nexo permanente con el Poder Judicial .

Esta última proposición tiene la ventaja de aprovechar un organismo ya existente en ambas Cámaras. Sin perjuicio de ello, y ya en el plano administrativo, podría ser conveniente la existencia de un segmento especial de dicha Comisión que se ocupará de esta materia, siempre bajo la supervisión del señor Secretario .

Al anunciar mi voto favorable al proyecto -al cual formularé algunas indicaciones-, insisto en la conveniencia de estudiar más a fondo lo relativo a nuestra coordinación con la Corte Suprema, designando al efecto, como se ha dicho, a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la que representaría a todas las Comisiones de esta Corporación.

He dicho.

El señor DIEZ .-

Señor Presidente , cuando en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución se analizó el tema en discusión -y aquí se ha citado parte de ese debate-, quedó muy en claro que la intención del constituyente era que no se pudiese modificar la ley de organización y atribuciones de los tribunales, sin oír a la Corte Suprema. Es decir, para ser más precisos, sin conocer su opinión, porque no se necesita una audiencia, sino imponerse del pensamiento de la Corte Suprema.

Es evidente que en las relaciones entre los Poderes del Estado era indispensable conocer el pensamiento de ese Alto Tribunal en materias propias del Poder Judicial . Parecía no sólo una norma de elemental cortesía, sino un precepto de perfeccionamiento y buen funcionamiento democrático.

Por otra parte, esta norma también lleva implícita la obligación de la Corte Suprema de contestar oportunamente los oficios y el dar la importancia debida a una materia que ha merecido un inciso especial de la Carta Fundamental. Desafortunadamente, en algunos casos -como los citados- esto no ha sucedido así. Si bien es cierto que las tareas de la Corte Suprema son muy importantes, no lo es menos que, al darle la Constitución la función de hacer oír su voz frente a estos proyectos, debe cumplirla oportunamente. No se puede sostener -por constituir un absurdo en la marcha de un Estado bien ordenado- que por el hecho de que la Constitución no establezca plazo, éste puede extenderse más allá del que razonablemente se necesita para cumplir con una disposición constitucional.

A mi juicio, la materia incluida en el proyecto de reforma constitucional sometido a nuestra consideración es válida. Aquí, en realidad, se ha producido una perturbación de la acción legislativa, por no existir en la Constitución una norma que precise el plazo en que la Corte Suprema debe emitir su informe. Y, al hablar de plazo, cabe precisar que debe ser uno que permita a ese Alto Tribunal conocer un proyecto de la importancia que reviste aquel respecto del cual la Constitución establece que su opinión debe ser oída. De manera que tampoco nos podemos poner en plazos que no resulten razonables.

El texto del artículo sometido a nuestro juicio debemos relacionarlo con el período de las urgencias, no en el sentido de que la Corte Suprema debe opinar durante su transcurso, sino en cuanto a que las urgencias no impidan el cumplimiento cabal, oportuno y racional de la disposición constitucional.

Estimo que, en el caso de leyes orgánicas constitucionales respecto de las cuales deba conocerse el pensamiento de los tribunales de justicia, este proyecto debe ir unido a una limitación de las urgencias. De otra manera, la Corte no dispondrá del tiempo necesario, o quizá ni siquiera tenga noticia de ello, si la enmienda ha sido calificada de "discusión inmediata".

Por eso, considero que el texto propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia debe ser complementado, para consagrar la intención del constituyente: que en un proyecto que afecte la organización y atribuciones de los tribunales sea oída la Corte Suprema y que ésta emita su opinión sin perturbar la marcha legislativa.

Tengo la seguridad de que eso es lo que pretende la actual reforma constitucional. En este sentido, pido plazo para presentar indicaciones, a fin de que el uso de las palabras y la forma de hacerlo coincida con el texto de la Constitución, y podamos llegar, así, a una fórmula que no sea degradante para la Corte Suprema y que, por lo menos, le garantice que contará con el plazo suficiente para emitir su informe en materias de esta importancia.

He dicho.

El señor SULE.-

Señor Presidente , creo que la relación del proyecto ha sido bastante clara. Se han planteado algunas opiniones contrarias a su aprobación, pero, por las consultas efectuadas, deduzco que habría mayoría suficiente para aprobar en general el proyecto y fijar plazo para formular las correspondientes indicaciones.

Sobre esa base, sugiero que procedamos a votar, teniendo muy claro que esto no implica limitar ni cercenar facultad alguna a la Corte Suprema, sino que, muy por el contrario, le vamos a dar un trato excepcionalísimo en cuanto a su prerrogativa de informar ciertas iniciativas en un lapso determinado, plazo susceptible de ampliarse, para lo cual se puede presentar la respectiva indicación. La misma posibilidad se abre en cuanto a lo señalado por el Senador señor Diez.

Evidentemente, esta materia tiene mucha importancia para acelerar algunos asuntos que están pendientes, no sólo en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, sino también en otras.

El señor HAMILTON .-

Señor Presidente , seré muy breve, pues creo que el debate está bastante acotado.

Tal como se señaló, la Carta de 1980 introdujo una norma que no existía en la anterior...

El señor MC-INTYRE .-

¡Y muy buena!

El señor HAMILTON .-

En efecto, y concuerdo con ella. En virtud de la misma, cuando se trata de modificar la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, debe oírse previamente a la Excelentísima Corte. Ello no significa transformarla en colegisladora, sino consultar su parecer acerca de las materias a que se refiere dicho precepto, a fin de que entregue al Congreso su experiencia y conocimiento.

Sin embargo, en la práctica, tal disposición ha creado dificultades, como las señaladas esta tarde. El Senador señor Otero relataba que ha habido proyectos que han demorado meses y hasta años en despacharse, y el Honorable señor Mc-Intyre , que, en el caso de la Comisión que preside, hubo uno cuya tramitación tomó dos años, por la lentitud del Alto Tribunal en entregar su informe.

En teoría, cabe suponer la posibilidad de que él no conteste y las iniciativas no puedan tramitarse.

En consecuencia, todo lo que se pretende, es dar forma al derecho y a la obligación que la Carta Política entrega a la Alta Corte, de modo que la exigencia se pueda cumplir dentro de un término razonable.

Además, existía la duda de cuándo consultarla: si al iniciar un proyecto su tramitación o cuando ella está por concluir. A lo mejor, durante el curso de la misma surgen muchas discrepancias que pueden importarle. Todo eso se resuelve en la iniciativa en debate.

El único problema que subsiste es el de la consulta al Máximo Tribunal cuando el Ejecutivo haga presente la urgencia. Lo normal es que, tratándose de normativas de esta envergadura y naturaleza, ello no ocurra, o bien, que sean calificadas de "simple" urgencia, equivalente a treinta días, plazo más que razonable para pronunciarse sobre la respectiva consulta y que es el fijado por el proyecto. Y, en caso de que se solicite una celeridad mayor, la Excelentísima Corte, al igual que el Parlamento, tendría que allanarse a la facultad del Presidente de la República e informar dentro del lapso correspondiente.

Esta es una dificultad tan real, que llevó al ex Senador señor Vodanovic y a otros miembros de esta Corporación a presentar una moción en tal sentido, hace varios años. También hubo otra, originada en la Cámara de Diputados, que no se aprobó, pues nuestra propia Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por unanimidad, planteó que la vía apropiada era una reforma constitucional, que es, precisamente, lo que estamos analizando.

El Senador que habla se ha opuesto a otras iniciativas para reformar la Carta Fundamental desde cualquier ángulo y en cualquier sentido, por estimar que sus normas deben tender a la estabilidad en el tiempo; pero, en este caso concreto, el tiempo nos ha indicado que existe un vacío en lo atinente a que este derecho que se reconoce a la Corte Suprema -y que nadie discute- se haga valer en la debida oportunidad, para no demorar ni entrabar el despacho de los proyectos de que conozca el Congreso Nacional, dentro de las funciones propias de su naturaleza.

He dicho.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , apruebo la moción y la votaré favorablemente, primero, porque el principio de soberanía popular, propio de los regímenes políticos democráticos, establece que la ley es expresión de la voluntad del pueblo, y en una democracia representativa ella corresponderá a sus representantes. En segundo lugar, creo que la Corte Suprema no es un órgano colegislador ni representativo de la voluntad popular para tal efecto. Pienso que recabar su opinión debería ser facultativo y no obligatorio. En este sentido, deseo informar que presentaré una indicación para modificar la expresión imperativa "deberá" por "podrá".

Voto que sí.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (38 votos contra 4), y se deja constancia de que se cumplió con el quórum constitucional requerido.

Votaron por la afirmativa los señores Alessandri, Bitar, Calderón, Cantuarias, Cooper, Díaz, Diez, Errázuriz, Fernández, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Huerta, Lagos, Larraín, Larre, Lavandero, Matta, Mc-Intyre, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Otero, Páez, Pérez, Prat, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Siebert, Sule, Thayer, Urenda, Valdés, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la negativa la señora Feliú y los señores Letelier, Martin y Sinclair.

El señor VALDÉS (Presidente).-

La Mesa propone como plazo para presentar indicaciones hasta el martes 16 de agosto, a las 18.

¿Habría acuerdo para ello?

El señor URENDA.-

¿Por qué no lo extendemos, señor Presidente ?

El señor DIEZ.-

¡Que sea por dos semanas!

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Entonces, si no hay inconveniente, se fijará como plazo hasta el miércoles 23, a las 18.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Según el nuevo orden de la tabla, corresponde tratar en particular el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito, para cuyo estudio se cuenta con nuevo segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 1ª, en 31 de mayo de 1994.

Informes de Comisión:

Transportes, sesión 19ª, en 22 de noviembre de 1994.

Transportes (segundo), sesión 52ª, en 12 de abril de 1995.

Transportes (nuevo segundo), sesión 22ª, en 2 de agosto de 1995.

Discusión:

Sesiones 21ª, en 23 de noviembre de 1994 (se aprueba en general); 56ª, en 2 de mayo de 1995 (vuelve a Comisión de Transportes).

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde ocuparse en el proyecto, iniciado en moción del Senador señor Otero, que reemplaza los artículos 434 y 464 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 2219 del decreto con fuerza de ley Nº 707, de 1982, Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, suprimiendo el trámite que señala en la preparación de la vía ejecutiva.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley: (moción del señor Otero).

En primer trámite, sesión 49a, en 5 de abril de 1995.

Informe de Comisión:

Constitución, sesión 4a, en 6 de junio de 1995.

Discusión:

Sesión 5a, en 7 de junio de 1995 (queda para segunda discusión); 20a, en 20 de julio de 1995 (se aplaza la discusión).

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

El proyecto cuenta con informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y se encuentra pendiente su segunda discusión.

El señor HAMILTON.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor HAMILTON.-

Señor Presidente , debo aclarar que la iniciativa comenzó a ser tratada; se pidió segunda discusión, y ésta se encuentra aplazada.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Así es, señor Senador.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

El proyecto cumple primer trámite constitucional. La Comisión lo aprobó en general y particular por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Otero ( Presidente ), Fernández, Larraín y Sule.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión general el proyecto.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , quiero iniciar mi intervención recordando lo que dice don Raúl Espinosa Fuentes , autor de una obra que se estudia normalmente en la Escuela de Derecho. Ella corresponde a la memoria de su tesis, y se denomina "El juicio Ejecutivo ".

Como introducción, destaca lo siguiente:

"Para que los derechos y las obligaciones que les son correlativas sean una realidad, es menester que existan los medios compulsivos para obtener su cumplimiento, que, de otro modo, quedaría entregado por entero a la voluntad de los deudores.

"Cuando esos derechos son obscuros o disputados se hace necesario seguir un procedimiento ordinario que los declare o establezca precisamente. Pero cuando ellos se encuentran ya declarados en una sentencia o en otro documento auténtico, corresponde exigir su realización por medio de un procedimiento más breve y de carácter coercitivo. Este último procedimiento no es otro que el juicio ejecutivo que, de acuerdo con las ideas anteriores, puede definirse en esta forma: Juicio ejecutivo es un procedimiento contencioso especial que tiene por objeto obtener, por vía de apremio, el cumplimiento de una obligación convenida o declarada fehacientemente, que el deudor no cumplió en su oportunidad.".

Los títulos ejecutivos, según reconoce la jurisprudencia uniforme y de acuerdo con lo que establece nuestro Código de Procedimiento Civil, deben estar definidos en la ley. Disponer qué títulos tienen el carácter de ejecutivos y habilitan para iniciar un juicio ejecutivo es materia propia del legislador.

Hoy, la definición de tales títulos se encuentra en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil.

Cuando existe un título ejecutivo -conforme a lo señalado por Raúl Espinosa Fuentes-, el procedimiento del juicio ejecutivo es de "apremio", no de discusión en cuanto a si hay o no obligación, porque la obligación es cierta o indubitada. Presentada la demanda ejecutiva, el tribunal debe despachar lo que se denomina "el mandamiento de ejecución y embargo"; es decir, sin escuchar a la otra parte, procede a embargar los bienes para el cumplimiento de la obligación.

El artículo 434 del Código de Procedimiento Civil inicia la enumeración de títulos ejecutivos con las sentencias, las escrituras públicas, y, a continuación, señala otros títulos que, por las condiciones que exige la ley, dan certidumbre fehaciente de la existencia de una obligación. Pero, realmente, los títulos ejecutivos primarios, per se -por así decirlo-, son la sentencia judicial ejecutoriada, o una escritura pública celebrada ante notario.

Sobre la base de la presunción de que las personas actúan en la vida de buena fe, el proyecto -iniciado en moción parlamentaria- modifica los sistemas de los títulos ejecutivos y reconoce esa calidad a instrumentos privados que, por sí, no otorgan certeza de la existencia de la obligación de que dan cuenta.

A mi juicio, la modificación propuesta es inconveniente. La circunstancia de que las personas actúen normalmente en forma correcta no autoriza para alterar de manera sustancial el sistema vigente relativo a los juicios ejecutivos.

La situación de excepción en cuanto al cobro de las obligaciones dice relación a las obligaciones preestablecidas, y a que ellas sean ciertas e indubitadas. Ello se presenta en las circunstancias que hoy establece nuestro Código de Procedimiento Civil, y creo que extenderlo a casos no comprendidos en éste, y, tratándose de meros instrumentos privados, en definitiva desnaturalizará el procedimiento extraordinario o excepcional de lo que es un juicio ejecutivo.

En cuanto a los cheques, la modificación propuesta, en verdad, va a crear una situación muy inconveniente. Es de todos conocido el hurto o robo de talonarios de cheques -hecho muy frecuente-, donde la falsificación de la firma muchas veces es fácil, porque, junto con aquéllos, se sustrae la billetera con los documentos de identidad.

Asimismo, los Honorables colegas saben que en esos casos lo usual es que tales cheques se presenten para su cobro, e incluso las personas deben pasar muchas molestias ante los tribunales del crimen, porque las firmas son medianamente parecidas, lo cual exige hacer los peritajes correspondientes.

Sin embargo, todo eso es previo al inicio de las acciones mismas de apremio en el cobro. Con la modificación propuesta, en caso de extravío o hurto de cheques -hecho frecuente, reitero- derechamente se procederá a despachar mandamiento de ejecución y embargo, y la persona, con sus bienes ya embargados, deberá probar ante el tribunal que el documento no fue suscrito por ella, sino sustraído; y que la firma no corresponde a la del girador del cheque.

Sin perjuicio de lo expuesto, debo recordar además que, de acuerdo con las normas generales del juicio ejecutivo, el demandado tiene cuatro días de plazo para los efectos de hacer presentes sus observaciones, en circunstancias de que hoy, conforme al artículo 22 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, se configura el delito de giro doloso de cheques por el hecho de no consignar los fondos dentro de tercero día de la notificación judicial del protesto. Pregunto cuál va a ser la situación, si no va a existir ese procedimiento previo, sino que será necesaria la presentación de la demanda ejecutiva dentro del plazo previsto. Creo que el problema que surge respecto de los cheques ya es particularmente grave.

Sin perjuicio de reiterar la gravedad que aquello reviste, la regla general hace absolutamente inconveniente, por las razones ya dichas, que, cuando se trata de un juicio ejecutivo, la ley parta del supuesto de una obligación cierta o indubitada.

Por esas consideraciones, votaré en contra de la idea de legislar.

He dicho.

El señor MARTIN .-

Señor Presidente , la moción del Senador señor Otero modifica los artículos 434 y 464 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 22 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, con el propósito de suprimir el trámite de preparación de la vía ejecutiva y de otorgar mérito ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento previo, a la letra de cambio, al pagaré o al cheque debidamente protestados.

El artículo 434 del Código de Procedimiento Civil establece cuáles son los títulos que se pueden hacer valer para iniciar un juicio ejecutivo. Su número 4° señala como tales los instrumentos privados reconocidos judicialmente o mandados tener por reconocidos; estatuye respecto de cuáles no será necesario el reconocimiento; y, en su última parte, dispone que no será respecto de los obligados al pago de una letra de cambio, pagaré o cheque, cuando el protesto sea puesto en su conocimiento por notificación judicial y no se alegue en ese acto o dentro de tercero día tacha de falsedad. Es decir, el precepto considera una diligencia de preparación de la vía ejecutiva, y, en esta parte, debe coordinarse con el artículo 22 de la Ley de Cheques, que establece para este documento una forma especial de preparación de la vía ejecutiva; sanciona al librador que girare sin tener fondos, los retirare después de expedido el cheque o girare sobre cuenta cerrada, y no consignare fondos suficientes dentro de los tres días siguientes a la notificación del protesto.

El proyecto elimina esos procedimientos preparatorios y dispone que tendrá mérito ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento previo, la letra de cambio, pagaré o cheque debidamente protestados; y, en el número 6° del artículo 464 del Código mencionado, que considera la "falsedad del título" entre las excepciones en que el ejecutado puede fundar su oposición, agrega la frase "incluyéndose en ésta la falsedad de la firma del ejecutado".

Sin embargo, la moción mantiene el artículo 435 del mismo cuerpo legal que dispone que si el acreedor no tiene título ejecutivo, puede preparar la ejecución mediante el reconocimiento de firma o por la confesión de la deuda. Y reconocida la firma, aunque se niegue la deuda, queda preparada la ejecución.

La preparación de la vía ejecutiva en el caso de los mencionados documentos es indispensable, porque la práctica demuestra con qué facilidad, y en forma permanente, se falsifican cheques, e incluso se incurre en el ilícito de suscribirlo con una firma distinta de la del titular de la cuenta corriente. Con el proyecto, este titular se encontrará con la sorpresa de un documento protestado por el banco y una ejecución perfeccionada.

El girador de un cheque protestado tendrá la primera noticia del hecho al ser notificado por un receptor del título ejecutivo, funcionario que procederá al embargo de los bienes si ese deudor no paga en el acto. Dadas tales condiciones, esto es contrario a la más elemental noción de justicia.

Sabemos que el cheque no tiene, en sí mismo, ninguna garantía de autenticidad, por lo que la moción conlleva el riesgo de que gran número de ejecuciones se inicie con documentos carentes de tal autenticidad y se ejecute, con el consiguiente embargo de bienes, indebidamente, por largo tiempo.

Los protestos efectuados por los bancos se realizan estampando una declaración al dorso del documento, sin que nadie más que el portador tenga conocimiento de ello, al igual como ocurre con el notario que manda el aviso con un empleado, y si el deudor no acude a la cita, se procede al protesto de la letra.

Para la moción, el documento protestado en forma tan reservada y a veces hasta curiosa, tiene siempre el mismo valor, cualquiera que sea la forma y clase del protesto: el valor de título ejecutivo respecto de todos los obligados al pago.

¿Por qué impedir una defensa legítima ante situaciones muchas veces desconocidas para el titular de una cuenta corriente?

Se sacrifica al deudor honorable y no a un dudoso acreedor, como es el portador de un cheque sustraído o en que la firma del titular ha sido falsificada. Son frecuentes las usurpaciones de talonarios de cheques y de cédulas de identidad, conjuntamente.

Es muy fácil falsificar uno de los referidos documentos o agregar firmas que corresponderían a avales o endosantes. La preparación de la vía ejecutiva impide lo que la moción facilita; la preparación evita la inmediata acción ejecutiva, con el consiguiente embargo de bienes.

Consideremos que una de las firmas del documento sea falsa. De inmediato el suplantado será requerido de pago y, si no paga, deberá aceptar el embargo de sus bienes y oponer la excepción de falsedad de la firma en el juicio ejecutivo y esperar la sentencia definitiva para que se liberen los bienes embargados.

Se pretende eliminar la cantidad de preparaciones de la vía ejecutiva que hoy soportan los juzgados civiles, pero se olvida que ello significará un sensible aumento de los juicios ejecutivos, con el peligro de que éstos se inicien con documentos de dudosa autenticidad y la seguridad de que habrá otros tantos ejecutados con bienes embargados durante largo tiempo por el mérito de esos documentos.

Si la moción tiene como finalidad agilizar el procedimiento ejecutivo, abre el camino hacia demandas muchas veces infundadas, obligando a ejecutados inocentes a seguir un juicio hasta que se reconozca la falsedad de la firma y se liberen sus bienes embargados en virtud de estos nuevos títulos ejecutivos.

El comercio está saturado de cheques protestados provenientes de talonarios sustraídos: las adquisiciones de mercaderías se hacen antes de las publicaciones pertinentes o después, toda vez que el comerciante no siempre se cerciora de estas circunstancias. Se protestan los cheques y, de ello, sólo el portador tiene conocimiento. Aprobada la moción, el titular de la cuenta también tendrá noticias, pero sólo en virtud de una resolución judicial que disponga el embargo de sus bienes.

Cuanto más justa sea la preparación de la vía ejecutiva que se elimina, más injusto será que el titular de la cuenta conozca el protesto solamente al ser sometido a la privación de sus bienes, por tiempo indeterminado, mediante un embargo proveniente, las más de las veces, de un título falso.

Es posible que las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva hayan abrumado a los juzgados civiles, pero también es evidente que ellas han permitido la solución de numerosos posibles conflictos que podrían haber llegado al procedimiento ejecutivo. Tampoco puede dudarse que, al eliminarse tal gestión, serán las ejecuciones las que atochen a esos tribunales, pero con un mayor peso que el que soportaban con aquella sencilla gestión.

Son muchos los jueces que piensan así, junto a connotados procesalistas e importantes Institutos, como el "Libertad y Desarrollo", el cual, en su Boletín 1557-07, se manifestó contrario a esta modificación. Citaré pequeños párrafos que confirman lo expresado: "Cuando la firma del deudor ha sido realmente falsificada (caso que no es improbable), se vería de inmediato sometido a juicio ejecutivo y se embargarían bienes suficientes para responder por el monto del crédito; si éste fuera considerable y si el demandante tuviera antecedentes sobre inscripciones de dominio de bienes raíces a favor del ejecutado, se le podría trabar embargo hasta en su casa habitación (independiente de los muebles que la guarnecen).".

Y en otro de sus acápites agrega: "Si una persona extravía su talonario de cheques o se lo hurtan o roban, sobre todo si al mismo tiempo le hurtan o roban su cédula de identidad, se podría ver notificada de una demanda ejecutiva y embargado."

"En ambos casos, la forma de detener el juicio ejecutivo, consiste en alegar la falsedad de la firma dentro de tercero día desde que se notifica el protesto del cheque", "que es el trámite que se propone" hoy "suprimir."

"También" -agrega- "con cédulas falsas o hurtadas se puede concurrir a una tienda y comprar diversos artículos de consumo usual (televisor, refrigerador, etcétera) y suscribir para ello letras de cambio a favor de la sociedad vendedora.".

Por estas consideraciones, pienso que debe legislarse en beneficio de modificaciones con las que los derechos de las partes se hagan valer garantizados por un racional y justo procedimiento, tal como lo dispone la Constitución Política.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-

El sentido de que un documento privado requiera una preparación previa para constituir título ejecutivo es muy simple, por cuanto aquél carece de la autenticidad que sí tiene un instrumento público propiamente tal, que puede revestir el carácter de título ejecutivo. Por ello se necesita, y con razón, una notificación personal o bien que la firma esté autorizada por un notario. De otro modo, se produciría el contrasentido de que un simple trámite, como un protesto, dejaría a un instrumento privado -que, repito, no tiene el carácter de autenticidad propiamente tal-, en las mismas condiciones que un instrumento público. Y eso, por cierto, se contradice, no sólo con la normativa referida a título ejecutivo, sino además con disposiciones probatorias muy antiguas, a las que el peso de los años les han ido otorgando cada vez mayor importancia en la institucionalidad privada y comercial.

Por estas razones, creo que este proyecto -por cierto muy audaz- tiene el problema de que en vez de facilitar la vía ejecutiva, puede poner en peligro la situación que se pretende regular y prever: el que una persona sea sorprendida -como muy bien han planteado los señores Senadores que ya han intervenido- por el uso indebido de su firma en un documento que no tuvo ni tiene el carácter de instrumento mercantil, sino el de un simple instrumento privado, y se vea involucrada en una ejecución sin vuelta atrás.

Por eso, me manifiesto en contra de esta iniciativa. Creo que no cumple con el objetivo de resolver el problema por el cual fue presentado. Muy por el contrario, contribuirá a agravarlo, en un sentido que su autor, pese a sus buenas intenciones, no previó.

He dicho.

El señor OTERO.-

Señor Presidente, antes de entrar a analizar y defender el texto, recuerdo a la Sala que estamos tratando el proyecto en general, y que, en caso de aprobarse la idea de legislar, tenemos la posibilidad de perfeccionarlo, a través de las indicaciones que podamos formular, por ejemplo en lo relativo al cheque.

Quiero hacerme cargo de los aspectos jurídicos que se tocan y de algunos hechos que se exponen estrepitosamente, produciendo la sensación de que el deudor quedaría en la indefensión. Los opositores del proyecto olvidan algo muchísimo más grave: que la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques estatuye que, notificado el protesto de un cheque, si dentro de tercero día el girador no consigna los fondos suficientes para atender a su pago, más los intereses y costas, será sancionado con la pena correspondiente a ese delito. Y, si bien una persona puede oponer tacha de falsedad a su firma, ello no impide que los antecedentes se envíen al juzgado del crimen y que se inicie el proceso penal, donde tendrá que defenderse. Curiosamente, aquí se acepta la idea de que la prisión por deudas es mucho más legítima que un eventual embargo de bienes del deudor, que no afecta su libertad.

Si comparamos las dos normas, el Senado debería buscar la manera de solucionar el absurdo que significa, por un lado, sostener que no deben embargarse bienes y, por otro, concordar en que, si no se opone tacha de falsedad a un cheque protestado -que pudo ser objeto de robo o de falsificación de la firma-, el afectado sólo tiene derecho a defenderse ante el juzgado del crimen, después de entablado el juicio y de que seguramente se encuentre detenido, porque la orden de detención se despacha de inmediato.

Otro punto que el Senado debe aclarar es qué ocurre con los instrumentos mercantiles en Chile. Hoy vemos en la prensa anuncios como el siguiente: "Compre con cuatro cheques: a 30, 60, 90 y 120 días". Es decir, en la práctica el cheque se ha transformado en una letra de cambio. ¿Por qué? Porque, como he expresado, en el fondo el cheque ya no es tal, sino que ha pasado a ser, simplemente, una orden de prisión por deudas. En efecto, el cheque es una orden escrita de pago contra fondos depositados en cuenta corriente. Sin embargo, reitero, en los avisos de los diarios o de la televisión se dice: "Señor, pague con cheques a fecha". Nadie se ha preocupado del problema que esto representa para los deudores que no poseen la cultura necesaria y firman un cheque en la creencia de que es lo mismo que firmar una letra de cambio y, cuando les notifican el protesto, deben reunir el dinero o ir a la cárcel. Inquieta que pueda haber un embargo de bienes, pero no la pérdida de la libertad.

¿Cuál es la finalidad del proyecto? Y aquí hay un nuevo elemento por considerar.

Todos nosotros recibimos instrumentos mercantiles. En el país la gran mayoría de las letras de cambio y pagarés no se firman ante notario. Y circulan. Así, admitimos letras endosadas y, salvo que haya alguna duda acerca de quién las recibimos, esta operación se hace de buena fe. Obviamente, las letras son instrumentos mercantiles, lo cual es muy distinto que hablar de un mero documento privado.

¿Qué sucede en caso de protesto de una letra de cambio? Al obligado al pago de ella debe notificársele el protesto. Si dentro del plazo de tres días no pone tacha de falsedad a su firma, puede entablarse el juicio ejecutivo. Esto implica, primero, distribución de causas, firmas en las resoluciones judiciales y un trámite de notificación del protesto, y, en seguida, certificaciones de los tribunales para indicar que no se ha opuesto la tacha de falsedad.

Cabe recordar que este sistema de notificación previa obligó a una modificación legal extraordinaria. ¿Por qué? Porque antes bastaba oponer tacha de falsedad a la firma de una letra, aun cuando fuese auténtica, para que el juicio demorara años. Y había abogados que se dedicaban a presentar escritos de tacha de falsedad. Por ello, en la ley N° 18.092, de 14 de enero de 1982, se sanciona con la pena aplicable al delito de estafa a quien opusiere tacha de falsedad a la firma si ésta en definitiva resulta ser auténtica.

¿Qué acontece hoy? Como paralelamente a la letra de cambio está el cheque, la gente opta por éste, pues quien arriesga ir a la cárcel venderá "hasta la camisa" para pagarlo. En cambio, no actuará en igual forma si adeuda una letra de cambio.

Por los motivos expuestos, la crítica de que el actual sistema posibilita la prisión por deudas en Chile es efectiva. Debería establecerse, mediante una indicación a este mismo proyecto, la estricta prohibición a las casas comerciales de recibir cheques a fecha, por cuanto este mecanismo desnaturaliza el concepto y la finalidad del cheque, y constituye un medio de cobranza judicial que el legislador no aceptó.

Señores Senadores, no defenderé la iniciativa con mis propias palabras, sino con las de algunos profesores de Derecho. Primero me referiré a la opinión del profesor señor Tavolari , a quien el Senador señor Hamilton , en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, rindió un homenaje por sus conocimientos de Derecho Procesal y el aporte que hizo en el estudio del proyecto sobre jueces árbitros.

¿Qué dice el profesor Tavolari?

El señor HAMILTON .-

Ya que Su Señoría me ha aludido, ¿me concede una interrupción, con la venia de la Mesa?

El señor OTERO .-

Con mucho gusto.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Hamilton .

El señor HAMILTON .-

Señor Presidente , no intervendré en este debate, porque en la sesión de 20 de julio pasado di a conocer mi opinión contraria a esta iniciativa. Sin embargo, debo manifestar que no considero leal que se me cite dándole categoría a un jurista -quien no requiere de mi ayuda para tal efecto-, a fin de probar una tesis a la cual me opongo rotundamente, por estimarla absolutamente inconsulta y distorsionadora de los procedimientos vigentes en Chile.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , yo he afirmado un hecho, y para comprobarlo basta leer el informe pertinente de la Comisión, donde se deja expresa constancia de él. No creo que sea desleal que en la Sala se citen hechos que constan en los propios informes de las Comisiones del Senado.

Como dije, me referiré a la opinión del profesor Tavolari -y agradezco la interrupción del Senador señor Hamilton , porque ha reconocido la calidad de jurista de este profesor de Derecho Procesal-, quien además fue Presidente del Instituto Chileno de Derecho Procesal .

El profesor Tavolari señala lo siguiente: "Este es, en mi opinión, el punto a resolver: ¿corresponde conferir mérito ejecutivo -directo e inconcuso- a un instrumento respecto del cual la jurisdicción no está en condiciones de asegurar, prima facie, su autenticidad?".

Esa es la regla general cuando se trata de instrumentos privados. Pero en el caso de los instrumentos mercantiles es distinta. A este respecto, el profesor expresa: "Del Derecho Comparado es posible concluir por qué, en general, se niega lugar al mérito ejecutivo del instrumento privado sin reconocimiento previo o extendido sin intervención o participación de notario pero que, en relación a los instrumentos mercantiles, se efectúa expresa remisión a las leyes especiales que los regulan.". Así, por ejemplo, cita el artículo 523 del Código argentino, que da la calidad de título ejecutivo a "la letra de cambio, factura conformada, vale o pagaré, cheque y a la constancia del saldo deudor de cuenta corriente bancaria". Y, también, el artículo 353, N° 4, del Código General del Proceso de Uruguay (la primera expresión del derecho positivo del Código Modelo del Proceso Civil para Iberoamérica)-fíjense bien: el primer Código que está basado en el Código Modelo para Iberoamérica-, incluye como título ejecutivo, en su numeral 4°, al "cheque bancario, letras de cambio, vales pagarés y conformes según lo dispuesto en las leyes respectivas.".

En España se confiere mérito ejecutivo a "las letras de cambio, pagarés y cheques en los términos previstos en la Ley Cambiaria y del Cheque.".

Tanto en Argentina como en España "se puede concluir porque la letra de cambio tiene mérito ejecutivo respecto del obligado sin necesidad de reconocimiento previo.".

Y estas legislaciones contienen algo que podemos introducir en el proyecto para mejorarlo.

En España se consagra una reserva llamada a disminuir los fuertes resultados que se provocarán en el patrimonio del deudor: si éste, al practicarse el embargo o dentro de los tres días siguientes, niega categóricamente la autenticidad de la firma o alega absoluta falta de representación de aquel que aparece firmando el título a su nombre, el juez, sin escuchar al ejecutante, "a la vista de las circunstancias del caso y de la documentación aportada" podrá alzar el embargo, exigiendo, si lo considera conveniente, una garantía adecuada.

Es decir, hay aquí una fórmula jurídica de solución a uno de los problemas que más se han planteado en la Sala. Pero eso no significa que la idea de legislar sobre esta materia sea mala, sino que puede mejorarse el texto propuesto.

Quiero seguir leyendo el informe, que dice: "Al efecto, debo anticipar que comparto el planteamiento que inspira la modificación y la conclusión empírica, en orden a que, en la práctica, no se formulan tachas de falsedad a las firmas estampadas en las letras de cambio no aceptadas ante notario, con lo que la supresión del trámite generará prácticos resultados.".

Para abreviar, sugiere que se adopte un régimen semejante al español descrito, en el sentido de autorizar al juez para levantar condicionalmente el embargo, en el evento de que el deudor formulare expresa declaración de ser falsa su firma.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Le restan dos minutos, señor Senador.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , soy el único Senador que interviene en favor del proyecto en debate. Por consiguiente, solicito autorización del Senado para que prorrogue el tiempo de que dispongo porque, obviamente, de lo contrario no alcanzaré a contestar el resto de las observaciones.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Consulto el parecer de la Sala acerca de la solicitud planteada por el Honorable señor Otero .

Acordado.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , concluye el informe en comento señalando -seré muy rápido en mencionarlo-: "1) Dotar de mérito ejecutivo a la letra de cambio y al pagaré, sin necesidad de la gestión de reconocimiento previa, común a los instrumentos privados, agilizará su cobro judicial y descargará de trabajo a los atestados tribunales nacionales; 2) el criterio propuesto se ajusta a los adoptados por legislaciones modernas y cuyas soluciones, históricamente, nuestro país ha compartido; 3) no obsta a la adopción de la reforma, el tomar algún resguardo en favor del ejecutado, que impida errores o abusos.".

En seguida, se pronunció sobre la materia el profesor don Jorge Correa Sutil, asesor del Gobierno y también de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia durante todo el período del Régimen pasado, que en síntesis señaló: "El proyecto en comento se inscribe en el primero de los propósitos indicados, suprimiendo alguna proporción de la composición del trabajo judicial. En el derecho comparado existen soluciones aún más audaces que han suprimido la necesidad del protesto, a menos que el girador o alguno de los tenedores posteriores hubiere estampado en la letra o pagaré su voluntad de exigir esta diligencia.". Expresó que la reforma significará disminuir en 27,9 y 32,7 por ciento el total del ingreso de las causas civiles.

Asimismo, efectúa dos consideraciones, que los señores Senadores deberían tomar en cuenta. Y dice: "Tal como se indicó en los párrafos anteriores, la tramitación judicial de estas gestiones preparatorias se encuentra fuertemente delegada por el juez en sus empleados. Esta delegación implica que quien aparece como responsable no es quien realmente toma las decisiones, abriendo la posibilidad de una serie de prácticas indebidas en los tribunales.". Después indica que esto disminuirá el costo de cobranza de los créditos. Y, finalmente, manifiesta que también debe velarse por alguna medida para proteger al ejecutado en el evento de que oponga la tacha de falsedad.

Por su parte, respecto al Instituto Chileno de Derecho Procesal, el Fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, señor Raúl Rocha , y el profesor don Sergio Lira , también están de acuerdo con la indicación, y señalan su conformidad con lo propuesto.

En cuanto a lo expresado en el sentido de que se estaría dando mérito ejecutivo a instrumentos privados solamente, quiero recordar al Senado, por ejemplo, que basta la sola firma del administrador, en el caso de la Ley de Pisos, para que eso constituya un certificado con mérito ejecutivo. Hay ene resoluciones exclusivamente de un ejecutivo de una AFP o de una institución de previsión que son título ejecutivo, y después puede demostrarse que no se debe absolutamente nada.

Por último, dada la hora y lo manifestado por el señor Presidente , quiero pedir al Honorable Senado aprobar la idea de legislar, en el entendido de que las observaciones aquí planteadas pueden ser correctamente solucionadas durante el debate en particular, teniendo presente, además, que los dos profesores de derecho procesal -uno asesoró al Presidente Aylwin , y el otro se encuentra prestando servicios al Presidente Frei- abonan el proyecto, y han sugerido correcciones que permitirían eliminar todas las dudas manifestadas por los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , seré muy breve, porque una vez despachado este asunto se llevará a efecto un importante homenaje en el que todos queremos participar.

En cuanto al proyecto, si bien puede tener una muy buena intención, no soy partidario de aprobar siquiera la idea de legislar. Y en este sentido el Senador señor Martin , quien posee vasta experiencia en el tema, pues ha sido Ministro y tiene una larga carrera dentro del Poder Judicial , nos dio su parecer sobre la materia.

Entonces, el proyecto en sí, aun cuando su intención radica en una economía procesal, puede romper totalmente la estructuración del orden dado a los instrumentos públicos y privados en cuanto a la capacidad de ser título ejecutivo.

El N° 4 del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil especifica diferentes tipos de documento mercantil para darles el título ejecutivo, y el legislador dejó fuera la letra de cambio o el cheque sin que previamente fueran notificados y pasara un tiempo de tres días para que el afectado pudiera oponerse al título que se pretendía formar en su contra.

Ahora -como muy bien se ha dicho acá-, esta materia ha originado un gran número de abusos, fundamentalmente en lo relativo a falsificaciones. Y como el protesto de cheques tiene un sistema especial, donde basta que se presente la persona a cobrar el documento al banco, se estampe al dorso de él un timbre, y eso por sí solo constituye el protesto, muchas veces el afectado no tiene conocimiento alguno de la existencia del protesto de un documento que fue falsificado al serle sustraído o hurtado.

Por lo anterior, pienso que el proyecto en debate, por muy buen mérito que tenga en cuanto a su intención, rompe toda la estructura jurídica de una institución muy bien estudiada y considerada y que tiene largo tiempo de aplicación.

Ese es el motivo por el que estimo que el Senado no debe acoger la petición formulada por el Senador señor Otero de aprobar la idea de legislar de esta iniciativa, porque ella, en sí misma, en su idea general y específica, en cuanto pretende dar título ejecutivo a una letra, pagaré o cheque por el solo protesto, a mi juicio, va contra toda la estructura jurídica que rige en el país por muchos años.

Por esa razón, anuncio que votaré en contra del proyecto.

El señor DIEZ .-

Señor Presidente , voto negativamente la idea de legislar, porque no se trata sólo de aprobarla y reconocer su validez, sino, también, de acoger en general una iniciativa con una columna vertebral determinada para solucionar un problema específico.

Los discursos de los Senadores señores Hamilton, Feliú y Martin reflejan fielmente, a mi juicio, lo que pienso como abogado.

Estimo que el proyecto, a pesar de su buena intención, varía absolutamente todo el sistema jurídico sobre autenticidad de los documentos, acerca del valor de los instrumentos privados y respecto de la naturaleza del juicio ejecutivo. Cambia el peso de la prueba en las excepciones del juicio ejecutivo, hace desaparecer la protección para quienes son objeto de falsificación y suplantación, y constituye un sistema distinto, que no resulta armonioso con la legislación vigente y con la protección o la seguridad jurídica para personas y bienes que ésta garantiza.

Voto por el rechazo.

El señor SIEBERT.-

¡Cuatro a cero! Y, además, por los argumentos dados aquí por el Honorable señor Otero.

Voto a favor.

El señor THAYER.-

Señor Presidente , me pronunciaré negativamente sólo porque me opongo a cualquier modificación legal que no esté suficientemente decantada.

Esta es una iniciativa muy interesante, pero en definitiva, no me he convencido de que sea conveniente aprobarla en este momento.

Voto que no.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , no obstante la buena intención y el buen propósito del proyecto, de economizar trámites judiciales, abre una puerta para toda suerte de abusos y de situaciones que pueden ser absolutamente imprevisibles.

El Senador señor Otero se refirió a la necesidad que existió de aplicar sanciones a quien niegue injustificadamente su firma, pero no pensó en los efectos tremendos que podrían producirse en este caso, con la creación de un título ejecutivo, cuando se trata precisamente de una firma falsa.

Estamos creando un instrumento mercantil, y, al respecto, en Chile no existe un sistema que asegure su antenticidad, aunque sea en forma aproximada. Es un documento privado como cualquier otro, y, por ello, me parece que el ánimo de economizar trámites judiciales no puede llevarnos al extremo de hacer desaparecer la justicia en este aspecto.

Voto en contra.

El señor FERNÁNDEZ.-

Señor Presidente , estamos votando en general el proyecto, de manera que muchas de las observaciones formuladas perfectamente cabe hacerlas presentes a través de indicaciones. Por eso soy partidario de aprobarlo, sin perjuicio -reitero- de recoger las inquietudes planteadas mediante indicaciones en la Comisión.

Por lo tanto, voto a favor.

--Se rechaza el proyecto (22 votos contra 5 y 2 pareos).

Votaron por la negativa los señores Bitar, Carrera, Díaz, Diez, Errázuriz, Feliú, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Huerta, Letelier, Martin, Matta, Mc-Intyre, Núñez, Páez, Ruiz (don José), Thayer, Urenda y Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la afirmativa los señores Cooper, Fernández, Larre, Otero y Siebert.

No votaron, por estar pareados, los señores Alessandri y Pérez.