Labor Parlamentaria

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En conformidad a los acuerdos adoptados por los Comités, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede un reajuste extraordinario de 10 por ciento a las pensiones que indica, y un aumento adicional a la educación subvencionada, tanto municipal como particular, y establece las fuentes para su financiamiento, con informe de la Comisión de Hacienda, cuya discusión general quedó pendiente.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 6ª, en 13 de junio de 1995.

Informe de Comisión:

Hacienda, sesión 9ª, en 21 de junio de 1995.

Discusión:

Sesión 10ª, en 22 de junio de 1995 (queda pendiente la discusión general).

El señor URENDA.-

Señor Presidente y Honorables colegas, coincido en la conveniencia de que procedamos con la mayor expedición en el despacho de las leyes, pero no creo que, en aras de la rapidez, renunciemos a un debido debate o a derechos que corresponden a quienes integramos el Senado.

Como ya se ha planteado, el proyecto presenta características muy especiales: si bien aumenta las pensiones y ciertas asignaciones a la educación subvencionada, en la práctica comprobamos que fundamentalmente tiende a incrementar tributos. Ya se destacó que ni siquiera fue enviado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a la que correspondía el estudio del aumento de las pensiones, ni a la de Educación. Por lo demás, para la discusión de este proyecto el Gobierno ha destacado al señor Ministro de Hacienda y a funcionarios de la Administración relacionados con la aplicación de tributos y no con organismos vinculados con el objetivo que se persigue.

Asimismo, dicha finalidad aparece extraordinariamente diluida, lo que demuestra poco estudio. Es un proyecto que podríamos llamar "meramente decimal", ya que aumenta en 10 por ciento las pensiones inferiores a 100 mil pesos. No hay un mayor análisis sobre quiénes ameritan más un reajuste de sus exiguas pensiones; tampoco se fija una pensión mínima; ni hay consideraciones de edad; ni hay ningún tipo de esa clase de examen que justificarían normas que, se dice, son de beneficio social, aun cuando, en el fondo, su propósito es aumentar los tributos.

Una consideración muy genérica podría conducirnos a pensar que son innecesarios los aumentos de impuestos, por la sola circunstancia de que el incremento propuesto por el Ejecutivo representa sólo 3,17 por ciento del gasto total en pensiones. Tratándose, en este caso, de personas cuyo número no aumenta de un año para otro por pertenecer al antiguo sistema previsional, el solo aumento vegetativo debiera permitir atender aumentos como los que se proponen en el proyecto.

Señor Presidente, se autorizó el ingreso a la Sala de determinados funcionarios, pero la verdad de las cosas es que a uno le da la sensación de estar hablando al aire, porque ni siquiera escuchan.

Por otra parte, pienso que el financiamiento de la iniciativa provoca importantes problemas de orden jurídico-constitucional.

El señor Ministro ha afirmado en la Sala, en primer lugar, que, por tratarse de gastos permanentes, necesariamente deben establecerse impuestos permanentes; y, a renglón seguido, que por esta circunstancia resulta indispensable consagrar tributos como los planteados en el proyecto, aunque ha reconocido, implícitamente, que el Estado cuenta con recursos. Es decir, nos encontramos con que la exigencia constitucional de que no puede haber gasto sin señalarse al mismo tiempo su financiamiento y, eventualmente, el impuesto para ese financiamiento, se estaría llevando a una situación distinta, en la cual se sostiene la tesis de que puede haber impuestos sin gasto y que el Estado se halla facultado para recaudar todos los tributos que estime necesarios para cumplir objetivos diversos, como el de mantener los equilibrios macroeconómicos, evitar un gasto excesivo del sector privado o, simplemente, ahorrar.

Por último, se ha negado implícitamente en el debate de este proyecto, tanto en la Cámara de Diputados como en la Comisión de Hacienda del Senado, el derecho de los Parlamentarios a modificar el financiamiento y a separar el financiamiento del gasto, en la forma prescrita por el artículo 19 de la Carta Fundamental.

Creo que en todos estos conceptos afirmados en la Sala existen errores profundos, de modo que se hace necesario que el Senado analice debidamente la materia, porque estas tesis, en el fondo, implican reducir las ya limitadas facultades del Parlamento, y no me parece congruente que seamos justamente nosotros los que abonemos tesis que van en contra de nuestros legítimos derechos.

En primer lugar, señor Presidente , estimo que no es posible establecer impuestos simplemente para aumentar el superávit fiscal, para incrementar el ahorro o para otros fines. Los impuestos deben ser destinados a gastos públicos; de hecho, están definidos como "la cuota de concurso individual a los gastos públicos". Por ello, no considero que sea una política sana ¿a mi juicio, va contra el espíritu de la Constitución¿ que el Estado, que está al servicio de las personas, diga a éstas: "Ustedes no van a ahorrar porque yo voy a hacer el ahorro por ustedes". Yo creo que el Estado puede pedirnos un sacrificio para efectuar determinado gasto, pero que no lo puede hacer para otro objeto.

Por lo demás, la normativa constitucional conduce necesariamente a esa conclusión. No existe ninguna disposición que autorice al Estado para fijar tributos a su arbitrio y no con fines determinados. El número 20° del artículo 19 de la Carta Fundamental dispone que "En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos.". ¡Y qué impuesto puede ser más desproporcionado que uno que no tenga por objeto soportar un gasto, sino dar cumplimiento a ciertas políticas de Gobierno!

Por eso, considero que no cabe el establecimiento de impuestos simplemente porque sí. Es un hecho evidente ¿ya lo explicaré en detalle más adelante¿ que el Estado cuenta hoy con recursos que son diez veces superiores al gasto que irroga este proyecto de ley. Los mayores ingresos del Estado van a exceder probablemente este año los mil millones de dólares. Sin embargo, para atender un gasto que en este ejercicio será de sólo 31 mil millones de pesos se están solicitando nuevos tributos y no se hace uso de los recursos estatales disponibles.

Pero hay un segundo punto con el que hemos tropezado en el debate de este proyecto y respecto del cual pido especial atención a la Mesa, porque de alguna manera afecta nuestros derechos como Poder Legislativo. Me refiero a una interpretación del artículo 64 de la Constitución Política del Estado que atenta contra otras disposiciones de la misma y que pretende amarrar tributos a gastos y, más aún, amarrarlos de modo definitivo. Las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado ya han declarado inadmisibles normas que, precisamente, separan la vigencia del gasto de la vigencia del tributo. Ello implica, en la práctica, amarrar un tributo a un gasto, lo que el número 20° del artículo 19 de la Ley Fundamental prohíbe expresamente. Por lo mismo, señor Presidente , la exigencia contenida en el artículo 64 en cuanto a no despachar ningún proyecto que no cuente con adecuado financiamiento ("sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos"), no puede impedir que el Parlamento cambie ese financiamiento, basado en un criterio distinto.

El verdadero espíritu de esa norma constitucional es, obviamente, evitar déficit fiscales, pero no se trata, como he dicho, de que, so pretexto de esta iniciativa, se unan los gastos a los impuestos, de que se atribuya el rendimiento permanente de determinados tributos a fines específicos.

También en esto noto cierta contradicción en las palabras del señor Ministro. Por una parte, sostiene que para gastos permanentes debe haber impuestos permanentes, pero, por otra, al analizarse las mayores disponibilidades del Estado, manifiesta que sólo en la discusión de la Ley de Presupuestos podrá determinarse si hay excedentes o déficit.

Nosotros debemos actuar en conformidad a este último principio. La correcta interpretación del artículo 64 de la Constitución Política del Estado, que es la misma que regía bajo el Texto de 1925, prescribe que el financiamiento dice relación al ejercicio en curso y no al gasto futuro. Así lo concluyó, hace ya muchos años, una Comisión del Senado al establecer que "no es necesario que el Congreso señale la fuente de entrada cuando el gasto deba producirse en el año financiero siguiente".

Pero hay un antecedente más. Al azar, detecté no menos de siete u ocho leyes ¿hay muchas más¿, como la 19.104, la 19.200, la 19.212, la 19.142, la 19.100, la 19.180, la 19.184 y la 19.186, que establecen aumentos de gastos permanentes, pero se limitan a señalar la forma de financiamiento para el ejercicio en curso y jamás para los futuros. Todas ellas, sin excepción, señalan: "El mayor gasto que esta ley demande en el presente ejercicio se financiará en esta forma o en esta otra". Pero no disponen que el mayor gasto será financiado permanentemente con los recursos de determinada ley o, contrario sensu, que es necesario consagrar un nuevo tributo para financiar la ley.

Ese es, precisamente, el objetivo.

La discusión del Presupuesto es la oportunidad para determinar el verdadero equilibrio de ingresos y gastos en los ejercicios futuros. Pero, en las leyes que despachamos, el financiamiento debe vincularse con el ejercicio en curso y no con otro. Y, como digo, todos los cuerpos legales que establecen reajustes de remuneraciones y mejoramiento de pensiones para el sector público, como la ley N° 19.200,...

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Le restan dos minutos a Su Señoría.

El señor URENDA.-

Sobre la base de ello, y sin perjuicio de lo que he señalado, haré una mención más concreta y determinada.

El artículo 64 de la Constitución consagra muchas amarras al Parlamento, por cuanto nos impide crear impuestos, establecer gastos, y sólo debemos atenernos a los cálculos efectuados por el Ejecutivo.

Pues bien, en el actual Presupuesto de la Nación ¿en el de 1995¿ existe una partida no utilizada, calculada por el Ejecutivo , que puede destinarse a financiar esta iniciativa y que excede del gasto que ella irroga. Es así como en lo concerniente al Tesoro Público del Fisco , en Operaciones Complementarias hay un saldo final de caja de nada menos que 85 mil 676 millones 403 mil pesos. Y ocurre que el mayor gasto que implica este proyecto para el ejercicio presupuestario de 1995 alcanza a algo más de 31 mil millones de pesos.

En consecuencia, de conformidad a lo establecido en la Carta Fundamental, ateniéndonos a los cálculos de los ingresos y gastos del propio Ejecutivo , y no pudiendo disponer por el momento del mayor ingreso ¿el Gobierno no desea precisar a cuánto asciende, pero todos sabemos que es cuantioso¿, presentaré una indicación con el objeto de financiar esta iniciativa con cargo a la partida indicada, en cumplimiento de lo consignado en el artículo 64 de la Constitución y del espíritu general de la misma, que tiende a no establecer tributos innecesarios.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Concluyó el tiempo, señor Senador.

El señor URENDA.-

Quiero finalizar mi intervención citando al ex Presidente don Arturo Alessandri Palma , quien, con motivo de una discusión exactamente igual, expresó: "Puede suceder que exista un sobrante de fondos y, entonces, se toma para hacer el nuevo gasto.".

Por ello, creo que en esta materia ¿al margen de las mejoras en las pensiones que hemos solicitado y de que exista un aumento mínimo de éstas¿ debe existir tanto del Gobierno como del Senado la posibilidad de atenerse al espíritu de la ley, a las disponibilidades de recursos y a las normas constitucionales vigentes al respecto, a fin de despachar un proyecto que contribuya a solucionar los problemas de los pensionados sobre la base del sano criterio de un adecuado financiamiento, y no simplemente aumentando tributos sólo por aumentarlos.

He dicho.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , estamos plenamente de acuerdo con los beneficios que contempla el proyecto tanto en materia previsional como educacional. Sin perjuicio de ello, formularé algunas observaciones ¿ya mencionadas en la Comisión de Hacienda al señor Ministro del ramo, aquí presente¿ que nos gustaría que se incorporaran a la iniciativa en debate.

Una de ellas tiene que ver con la forma en que se otorga el reajuste de las pensiones. Se concede un 10 por ciento por parejo, regla muy simple ¿tiene esa cualidad¿, pero que no necesariamente constituye la mejor forma de asignar los recursos.

Las pensiones tienen montos muy diversos. Por lo tanto, incrementar en 10 por ciento una pensión muy baja puede representar, en términos absolutos, una cantidad extraordinariamente insignificante. Por esa razón planteamos que, además del reajuste porcentual, debe existir un aumento mínimo absoluto, cuyo monto habría que determinar, que sea compatible con los recursos disponibles. Lo anterior en forma tal de que no ocurra que quien tiene la pensión menor recibe el reajuste más bajo en términos absolutos. Esto es lo que interesa, porque uno compra bienes y servicios con dinero absoluto, y no con porcentajes de pensiones.

En segundo lugar, también formulamos observación respecto de algo que contemplaba el proyecto, y que podía significar un deterioro de la pensión mínima garantizada debido a los retiros voluntarios. Por ello planteamos que, más que reducir esa pensión mínima garantizada por el Estado a aquellos que hubieren hecho retiros voluntarios, hay que establecer requisitos más exigentes para esos retiros.

Con relación a la subvención educacional, hemos hecho presente que la normativa en debate dispone un aumento de ésta inferior al contemplado en la ley que reemplaza. Tengo aquí el texto de la ley. Este es un tema que debe ser resuelto, porque de lo contrario la aprobación del proyecto podría no incrementar las subvenciones, sino incluso disminuirlas. Y, ciertamente, no fue ésa la intención del Ejecutivo.

También deseamos advertir que la iniciativa discrimina en contra del financiamiento compartido, puesto que se exige a las escuelas que lo tienen contemplado una serie de condiciones muy difíciles de cumplir para poder acceder a los beneficios consignados en el proyecto, lo cual contraría lo que expresamente establece el acuerdo en materia educacional, suscrito por el Gobierno y todos los partidos políticos, y en el cual el Ministro de Educación se comprometió a fortalecer el financiamiento comprometido, y no a debilitarlo.

Pero en donde estamos en total desacuerdo es en el tema tributario. Quiero expresar ¿esto se ha dicho en forma muy insistente, por lo que no es necesario mencionarlo demasiado¿ que el costo total del reajuste de pensiones y de la subvención educacional para los próximos cinco meses alcanza a 24 mil millones de pesos, en circunstancia de que en la cuenta Provisión para Financiamientos Comprometidos existe hoy un saldo de 140 mil millones de pesos, es decir, cinco veces más que el gasto total que implica el texto en estudio para el presente año.

El Honorable señor Urenda ha planteado muy bien la forma de dar holgura al tema, pero yo podría mencionar que ¿con un poco de imaginación¿ existen múltiples fuentes de financiamiento que, sin alterar la sana práctica de mantener el equilibrio fiscal, habrían permitido solventar estos beneficios sin necesidad de recurrir al incremento de impuestos.

Como esta parte del debate es bastante conocida, prefiero dedicar mi tiempo a otros dos elementos relacionados con los tributos.

El mensaje señala que estos impuestos no distorsionan la asignación de recursos, ni afectan a los sectores de más bajos ingresos. Con ello se está diciendo sólo parte de la verdad y, por lo tanto, en cierto modo se está induciendo a error.

Debo declarar que tales tributos sí afectan a los más pobres. Por ejemplo, el impuesto al consumo de cigarrillos es esencialmente regresivo. Tengo en mi poder una encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ¿no una particular o de "marketing", como comentó el señor Ministro de Hacienda durante la discusión¿ que demuestra en forma clara y definitiva que, mientras menor es el nivel de ingreso, mayor es el porcentaje del gasto destinado al tabaco. La cifra para el quintil más pobre es más de dos veces ¿casi tres veces¿ el porcentaje del ingreso que gasta el quintil más rico. Por lo tanto, este impuesto no sólo es proporcional ¿es decir, no progresivo, como lo es la mayoría de los tributos¿, sino que es esencialmente regresivo, porque grava porcentualmente en más del doble al quintil más pobre que al quintil más rico. Luego, la afirmación clara y categórica del mensaje, en cuanto a que no afectaría a los sectores de más bajos ingresos, simplemente, es incorrecta.

También sostiene que este tributo podría no afectar la asignación de recursos. Al respecto debo expresar que en Chile va a ocurrir lo mismo que sucedió en Argentina y Brasil: de tanto gravar la gasolina ¿y no el diesel, para no afectar el transporte colectivo¿, se ha creado un incentivo tal que hoy el 50 por ciento de los automóviles que circulan por la ciudad de Buenos Aires funcionan con combustible diesel, y no con bencina. Ello puede ocurrir en nuestro país, si acaso seguimos distorsionando los precios de los recursos y de los factores. Y, a lo mejor, esta medida, lejos de ser anticontaminante, como es la intención del legislador, puede terminar siendo precisamente lo contrario. Y sorprende este argumento, cuando el propio Gobierno ha planteado que la forma más eficiente de enfrentar el tema de la contaminación y de la congestión es la tarificación vial, para lo cual ya existe un proyecto en el Congreso.

Por lo tanto, al sostener que este impuesto no afecta en forma negativa la asignación de recursos ni a los sectores de más bajos ingresos, evidentemente se está ocultando una parte de la verdad. En consecuencia, perfectamente bien sería cierta la afirmación contraria, es decir, que estos tributos sí afectan a los más pobres y sí distorsionan una correcta asignación de recursos.

Ahora quiero entrar al tema final, donde realmente debemos discutir. Se ha planteado aquí que para incrementar las pensiones es necesario subir los impuestos. Eso no es verdad desde el punto de vista económico. Efectivamente, cada vez que se aumenta el gasto en un rubro, hay que disminuirlo en algún otro. Pero no es cierto que se requiera subir los impuestos para incrementar las pensiones, ni tampoco lo es que haya que alzar los gravámenes para mantener el equilibrio fiscal.

Lo que estamos planteando es muy simple: se trata de dos proyectos distintos que no debiéramos confundir. Uno se refiere al aumento de pensiones, cuyo costo de 24 mil millones de pesos para 1995 puede financiarse del mismo modo como se procede todos los días en el Congreso. Es decir, cargándolo en la cuenta que especialmente aprobó el Parlamento para proveer financiamiento a desembolsos que en el instante de despachar el Presupuesto no estaban entre los proyectos del Gobierno ¿aunque, afortunadamente, hoy sí¿, como es, por ejemplo, el que debatimos. Se trata del ítem Provisión para Financiamientos Comprometidos, cuyo monto alcanza a más de cinco veces el costo total del presente proyecto para el año en curso.

En todo caso, si así no fuere, la Constitución prevé un mecanismo que permite al Presidente de la República reducir proporcionalmente todos los gastos para garantizar que el presupuesto no se desequilibrará.

Por eso, no es correcto pretender que hay una unidad indisoluble entre aumento de pensiones y alza de impuestos. Es un error de carácter económico, pero también lo es en el aspecto legal, constitucional, porque nuestro ordenamiento no lo establece así. ¿Cuántas veces hemos subido las pensiones en el Congreso Nacional sin elevar los impuestos? Muchas. Estoy consciente de que se ha tratado de montos muy pequeños; pero ha sucedido muchas veces, con cargo a la provisión presupuestaria que ya indiqué. En consecuencia, el que todo gasto permanente tenga que ir asociado a un impuesto permanente es una teoría que se inaugura hoy día, y que puede sentar un precedente muy significativo para el futuro. Repito, en el pasado hemos aprobado gastos permanentes con cargo al Presupuesto del año de que se trate. Naturalmente, el del siguiente tiene que restablecer el equilibrio.

He dicho que, en el fondo, estamos enfrentándonos a dos proyectos diferentes, uno de los cuales consiste en aumentar un beneficio que, no obstante los comentarios que he hecho a fin de perfeccionarlo, cuenta ¿según entiendo¿ con la aprobación prácticamente unánime del Senado. No es ése el que suscita discusión. Ella surge en cuanto a si es necesario o es conveniente aumentar los impuestos, y precisamente estos impuestos. Por consiguiente, lo lógico sería que el Congreso pediera expresar, como siempre lo ha hecho, una opinión clara respecto de cada una de estas materias.

Si a una misma pregunta uno tiene que dar dos respuestas distintas, se está inhibiendo la posibilidad de expresar una opinión en forma clara. ¿Cómo votamos en general esta iniciativa quienes estamos a favor del aumento de las pensiones y en contra del alza de impuestos? No hay una manera clara de pronunciarse, y por eso hemos pedido dividir la votación: por una parte, el incremento del gasto; por otra, el recargo de los gravámenes.

Debo señalar que aumentar el gasto sin recurrir al alza de impuestos no desequilibra el Presupuesto de la Nación, y que sí existen recursos contemplados en el actual ejercicio presupuestario. Ello sin mencionar ¿estamos hablando de montos cercanos a los 50 ó 60 mil millones de pesos por los próximos cinco meses¿ que en cualquier momento el Gobierno podría hacer un recálculo de ingresos, considerando que la Constitución le otorga facultad exclusiva para hacerlo.

Cuando se aprobó el Presupuesto de1995, dijimos que los ingresos estaban subestimados. Una vez más la realidad nos ha dado plenamente la razón: en el presente año, éstos van a superar con creces la cifra estimada entonces. Por eso, en cualquier momento el Gobierno podría proceder como en ocasiones anteriores: practicar un recálculo de ellos, y así disponer de mayores recursos del orden de hasta mil millones de dólares para 1995, lo que permitiría financiar el beneficio en proyecto.

Resumiendo, señor Presidente , estamos de acuerdo con el aumento de las pensiones, aun cuando creemos que hacerlo en 10 por ciento por parejo, sin privilegiar las pensiones más bajas, no es ni lo más justo ni lo más inteligente, aunque constituya lo más simple.

En segundo lugar, concordamos en incrementar las subvenciones educacionales, sin perjuicio de que el articulado propuesto podría dar precisamente el resultado contrario a lo que se persigue porque, al reemplazar un artículo que dispone subvenciones mayores, se las podría estar reduciendo. Esto es algo que tiene que ser resuelto, porque estoy seguro de que no responde a la intención del Ejecutivo.

Creemos igualmente que no se puede discriminar en contra del financiamiento comprometido. En la práctica, el proyecto establece condiciones tales que podrían excluir del beneficio a las escuelas que han cometido el "pecado" de hacer participar a los padres y apoderados en el financiamiento de la educación.

En materia de impuestos, no sólo creemos que es innecesario aumentar la carga tributaria del país, sino, además, que los dos impuestos en cuestión pueden tener efectos regresivos en la distribución del ingreso, particularmente el aplicado al tabaco. También puede causar impactos distorsionadores el gravamen que afecta a la gasolina.

Sin embargo, lo más importante de considerar es que, si queremos que el Congreso, y el Senado en particular, se expresen libremente, debería dividirse la votación; aprobar en forma unánime los beneficios propuestos, ojalá con las correcciones que se han sugerido en la Sala, y realizar una discusión democrática acerca de si queremos o no establecer mayores impuestos en Chile.

Terminaré diciendo que el señor Presidente de la República , en su mensaje, llamó al diálogo, a la excelencia y a la solidaridad.

Dialogar significa que el Gobierno debe estar dispuesto no solamente a hablar, sino también a recibir sugerencias, propuestas, e incorporarlas a sus iniciativas.

Excelencia encierra la idea de que el gasto público se maneje con eficiencia y austeridad, materia en la que hay mucho por hacer. Tal vez, la causa de los pensionados podría ser un gran aliciente para aplicar en mayor medida la eficiencia y la austeridad en el gasto fiscal.

Y solidaridad implica estar dispuestos a que todos aporten en la concreción de este proyecto.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Restan dos minutos del tiempo de Su Señoría.

El señor PIÑERA.-

En esta iniciativa, todo el aporte se está solicitando a los particulares. El sector público no sacrificará ni un solo peso para afrontar el gasto. La solidaridad se produce cuando quien más tiene más contribuye. Y el que más gasta en Chile es el Estado, por lo que debería dar el ejemplo haciendo algún esfuerzo de reducción de gastos para financiar el aumento de las pensiones.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , nos encontramos ante un proyecto que, por supuesto, no despierta discrepancias en cuanto a su objetivo: mejorar, aunque sea en parte, la situación de un importante número de ciudadanos (más de un millón trescientos mil), aumentando sus pensiones. Sabemos que esta iniciativa no solucionará totalmente los problemas de aquel sector sino que, más que nada, entregará un pequeño aporte que sigue la línea correcta.

Los Gobiernos de los Presidentes señores Frei y Aylwin han realizado ya varios intentos por ir rectificando la situación de los pensionados, desde hacerles recuperar un reajuste de 10,6 por ciento y mejorar las pensiones mínimas, hasta rectificar en parte la discriminación existente en materia de montepío, a lo que se suma este proyecto que trata de aplicar un incremento a determinadas pensiones, aparte el reajuste general. Este último también fue rectificado durante la Administración anterior, en lo referente al procedimiento, para que se produjera en forma automática.

Por supuesto, hubiésemos preferido disponer ahora de mayores recursos, y que los beneficios ofrecidos fueran mejores. Pero hay que reconocer que no es posible hacerlo todo de una vez.

Como lo hemos visto, el gasto anual que demandará esta iniciativa alcanza a los 62 mil millones de pesos, tanto en lo referente a pensiones como al otro rubro que cubre, el de subvención educacional.

Nosotros planteamos al Ejecutivo la posibilidad de incrementar igualmente, mediante alguna fórmula, en una suma fija las pensiones superiores a 100 mil pesos mensuales. Aún espero que, en lo que queda de la discusión del proyecto en la Comisión, podamos avanzar en tal sentido.

Quiero referirme, sin embargo, a las objeciones que se han formulado al financiamiento de la iniciativa.

Me parece legítimo en toda persona pretender que éste se obtenga de acuerdo con su propia apreciación. Pero quien ha tenido la experiencia de desempeñar el cargo de Ministro de Hacienda , como el Senador que habla, sabe que siempre que se llega al Parlamento con un proyecto que significa mayor gasto y con financiamiento basado en nuevos impuestos ¿no siempre aceptables por todos¿, el recurso que se propone es el de disminuir los gastos. Concretamente se sugiere bajarlos en burocracia, reducir las cifras en esto o en lo otro.

Uno, como Ministro de Hacienda , trata de buscar todas las posibilidades de ahorro, para evitar este tipo de discusiones en el Parlamento y pedir la aplicación de nuevos impuestos. En ese sentido, el artículo 64 de la Constitución de 1980, modificó profundamente la de 1925, al entregar al Presidente de la República la facultad exclusiva de hacer la estimación de ingresos en el Presupuesto y del rendimiento económico de cualquier otra ley.

Por lo tanto, desde el momento en que el Ejecutivo nos presenta un proyecto y nos informa que la apreciación de su ingreso está ajustada con su gasto presupuestario, no podemos hacer modificaciones.

Además, los tributos tienen un sentido, que ya explicó el señor Ministro de Hacienda. Aumentar el gasto sobre la base de un mayor egreso sin incremento de los impuestos, efectivamente puede provocar un efecto inflacionario. Y tiene razón el señor Aninat cuando señala que, para elevar el consumo de un sector (en este caso, el de los pensionados), se debe disminuir el del que se va a gravar. En caso contrario, ¿qué correspondería hacer? Generar el mayor gasto desde el presupuesto fiscal, sin mayores tributos.

Algunos señores Senadores de las bancas que hoy día objetan los gravámenes propuestos sostienen la necesidad de que el Gobierno no eleve el gasto por sobre el incremento anual de la economía. Y a mi juicio tienen razón cuando sostienen que aquél debe ajustarse al nivel del crecimiento económico, más el incremento anual proyectado. Efectivamente se producirán mayores ingresos por concepto del cobre y otros rubros que con seguridad, figuran en la contabilidad del Gobierno; pero los correspondientes recursos ¿como muy bien lo ha señalado el señor Ministro de Hacienda ¿ no pueden destinarse a financiar una ley que establece un gasto permanente, ni tampoco incrementarse el gasto fiscal ya presupuestado.

Aparte las modificaciones sugeridas para una mayor recaudación tributaria conforme a la legislación vigente, se propone aumentar los impuestos a los cigarrillos y a la gasolina. No estoy de acuerdo con el Senador señor Piñera en cuanto a que esto pueda ser regresivo. En el caso de los primeros, debe considerarse si se trata o no de un consumo necesario. A mi modo de ver no lo es. Tampoco creo que estemos sacrificando a las personas del quintil más pobre, las cuales fuman el doble de quienes se encuentran en el más alto. Cuando en Chile ¿al igual que sucede en otras partes del mundo¿ se aplica este tipo de impuestos al tabaco, en realidad sus efectos son gravitantes, y su monto, elevado. Pero, como dijo un señor Senador, con eso no se infringe el artículo 19, N° 20°, de la Constitución, en cuanto a que el tributo sea desproporcionado o injusto. ¡No! Es elevado porcentualmente, pero no va a gravar un consumo necesario. Además, permitirá obtener recursos para beneficiar a un sector que necesita apoyo, como el de los jubilados.

Lo del impuesto a la gasolina es más discutible, pues podría significar una mayor carga por la vía del incremento de su precio. Según entiendo, el alza de ambos tributos podría tener un efecto inflacionario, por una sola vez, del orden de 0,4 por ciento. Pero en el caso de la bencina, según mi apreciación personal, el aumento del referido tributo no debiera influir en el mismo porcentaje en su precio final, en razón de que en el ámbito internacional el valor de los combustibles está en proceso de reducción y, por lo tanto, cuando se llegue a aplicar el nuevo impuesto, a lo mejor, puede haber compensaciones que determinen un precio menor al que ahora se pretende aplicar.

Por esa razón, estimo que, en la medida en que el Ejecutivo asuma el gasto y lo financie con algún tipo de ingreso, el impuesto escogido es razonable, máxime si va a afectar nada más que al sector que consume más gasolina, el cual, en parte importante, no corresponde al de la locomoción colectiva, sino al de los particulares. De ello están conscientes los dirigentes del sector del transporte colectivo que utiliza automóviles, como taxis y otros vehículos. Por supuesto, aunque a ellos no les gusta el procedimiento, comprenden que es posible aceptarlo, siempre que vaya acompañado de otras medidas, algunas de ellas ya propuestas en la Comisión de Hacienda y que están siendo estudiadas por el Ministerio del ramo, como la utilización de gas en ciertos medios de locomoción, como una manera de paliar el negativo efecto de trasladar el mayor valor del combustible a las tarifas.

Por otra parte, me sumo a lo señalado por el Senador señor Sule ¿y en realidad ésta es una inquietud generalizada de todos los sectores¿ en cuanto a que la aprobación de este proyecto, seguramente, no va a solucionar la generalidad de los problemas de los jubilados, ni mucho menos. El Parlamento sin perjuicio de que lo haga el Gobierno (en tal sentido, en mi opinión, todas las fuerzas políticas han de estar dispuestas) deberá seguir estudiando qué otras medidas pueden tomarse en beneficio del millón 300 mil jubilados en Chile, cuyas pensiones, indiscutiblemente, son bajas.

En cuanto a la necesidad de diálogo a que se refirió el Senador señor Piñera , por supuesto que estamos dispuestos a ello, lo cual no quiere decir que debamos aceptar las soluciones que, desde el punto de vista de la Oposición, son las convenientes. Ellos tendrán que ser respetuosos de las razones que tenemos para abordar el tema con ideas diferentes a las suyas. El diálogo no necesariamente significa aceptar los planteamientos de la Oposición, sino estar abiertos a él. Y, en ese sentido, tanto el actual Gobierno como el anterior han dado muestras de apertura para conversar y lograr entendimientos en la solución de los problemas.

En lo relacionado con la excelencia a que hizo mención el mismo Honorable colega, a mi juicio, no es conveniente que hablemos de ello en esta oportunidad. Hacerlo significaría inferir un agravio al Ministro de Hacienda y a las autoridades de Gobierno, quienes, realmente, han cumplido con creces sus responsabilidades. Basta apreciar los últimos resultados obtenidos, los cuales, desde el punto de vista internacional, nos hacen merecedores al reconocimiento de ser uno de los países modelos en materia de logros económicos. ¡Si eso no es excelencia, no sé dónde podríamos encontrarla!

Por último, deseo señalar que hemos presentado algunas indicaciones relacionadas más que nada con la evasión tributaria, en la esperanza de que los mayores recursos que se obtengan ¿así se lo pedimos al señor Ministro de Hacienda ¿ se destinen, precisamente, al mejoramiento del sector pasivo. Ese Secretario de Estado me ha dado a conocer que su intención y la del Gobierno es acoger todo aporte que implique enriquecer el proyecto en estudio.

Por último, estimo que en la discusión general no es posible dividir la votación, pues el pronunciamiento corresponde a la idea de legislar. Cuando se trate en particular el proyecto, cada uno de nosotros podrá pronunciarse a favor o en contra de las materias que estime prudentes o convenientes.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , el proyecto de ley en trámite, en lo fundamental, modifica determinadas normas tributarias, establece incrementos de los impuestos al tabaco y a la bencina y, a contar de la vigencia de tales aumentos de tributos, dispone mejoramiento para las pensiones y algunas subvenciones educacionales. La iniciativa, además, tiene el carácter de miscelánea, porque contiene disposiciones que no se vinculan con la materia central de la misma.

A mi juicio, lamentablemente, el proyecto merece serios reparos tanto en lo relativo a su tramitación cuanto a las disposiciones que contiene.

1. TRAMITACIÓN DEL PROYECTO

1. En primer término, quiero plantear mi desacuerdo con la urgencia de "Suma" que el Presidente de la República hizo presente, la cual, según entiendo, fue reemplazada por la de "Discusión Inmediata". Ello, porque la iniciativa contempla normas que, por su naturaleza, requieren un tiempo de estudio incompatible con los exiguos plazos que implica esa calificación.

Confirma la necesidad de un análisis detenido, reflexivo e informado ¿propio, por lo demás, de todos los proyectos de ley¿ la circunstancia de que la aprobación de esta iniciativa requiere quórum calificado, como lo señala el Orden del Día, y como lo demostraré en mi intervención.

Además los defectos que presenta o, al menos, lo discutible que resultan algunos de sus preceptos, ratifican la inconveniencia de la urgencia asignada al proyecto.

2. Directamente relacionado con lo anterior, se encuentra el tema de la participación del Congreso Nacional en la aprobación de las leyes.

Tanto la Constitución Política de 1925 como la vigente, entregaron a los Parlamentarios facultades inferiores a las del Presidente de la República en materia de iniciativa legislativa. En efecto, en una cantidad importante de materias ¿entre ellas, el incremento de pensiones y el establecimiento de tributos¿ la iniciativa compete únicamente al Primer Mandatario , aparte que la calificación de las urgencias corresponde en forma exclusiva a éste.

Ahora bien, si el Jefe del Estado asigna a aquellas materias el carácter de "Suma Urgencia", la participación del Congreso queda, en el hecho, anulada; vale decir, los Parlamentarios no pueden intervenir ni participar, real y concretamente, en la discusión de los proyectos, ni tampoco proponer normas de reemplazo, por cuanto les resulta imposible realizar en tan breve plazo los estudios que se necesitan, como en el caso que nos ocupa. Estudiar, analizar y discutir el proyecto en el lapso que se fija al Senado resulta absolutamente imposible.

Por otra parte, la extrema urgencia significa que las personas que en definitiva soportarán, hacia el futuro y de manera indefinida el pago de los mayores impuestos, no tendrán nunca la oportunidad de ser oídas, porque tan pronto se despache la ley en estudio, ésta será publicada.

En suma, considero inadmisible que a una iniciativa de esta naturaleza se haya calificado con el trámite de "Discusión Inmediata" para su análisis en el Parlamento.

3. Vigencia de las normas sobre mejoramiento de pensiones.

Como se dijo, el proyecto dispone que los "arreglos propuestos se encuentran vinculados a la fecha del aumento de los tributos. En realidad, lo urgente de la tramitación dice relación a la vigencia del mejoramiento de las pensiones, las cuales se devengarán un mes después de que entre en vigor el incremento de los impuestos.

Señor Presidente , acorde con múltiples precedentes legislativos y considerando las disponibilidades presupuestarias, no merece duda el que el mejoramiento de las pensiones debería regir a contar de la fecha del mensaje y no de otra futura e incierta. La necesidad de que esos aumentos rijan desde la fecha del mensaje, surge de los propios considerandos de éste.

El camino elegido por el Poder Ejecutivo en esta ocasión, conduce, en definitiva, a que las demoras que puedan producirse en la tramitación del proyecto perjudiquen directamente a los beneficiados.

4. Supeditar, sin necesidad, mejoramientos de pensiones a aumentos de impuestos.

Los mejoramientos que ordena el proyecto condicionados al incremento de los impuestos que establece, a mi juicio, constituye el más grave, peligroso e inconveniente precedente legislativo. Se vinculan normas convenientes, necesarias y urgentes ¿esto es, el incremento de las pensiones y de subvenciones de educación¿ con el establecimiento o aumento de tributos. Si el Congreso rechaza el incremento de impuestos, no habrá aumento de pensiones ni de las subvenciones educacionales, en circunstancias de que no resulta perentorio elevar los tributos para financiar esos mayores gastos. En todo caso, no sería indispensable en la totalidad del tiempo.

El aumento de pensiones y de subvenciones cuenta con el apoyo de todos los sectores del país. Existe, prácticamente, unanimidad en cuanto a la necesidad y urgencia de disponer esa medida. Si el Estado tiene los recursos adecuados para otorgar el correspondiente financiamiento, nada justifica que los beneficios se supediten o condicionen a la implantación de nuevos tributos.

Considero que el aprobar normas con ese tipo de condicionamiento significa generar un precedente legislativo de graves consecuencias. Este sistema subordina el Legislativo al Ejecutivo. Tal mecanismo anula la competencia del Parlamento en materia de tributos y convierte la iniciativa del Presidente de la República de proponer impuestos y contribuciones, en competencia exclusiva para disponer los mismos.

A mi juicio, la ciudadanía deberá tener en cuenta, también, la inconveniencia de este procedimiento legislativo, que reitero es altamente reprochable.

2. EN CUANTO AL FONDO DEL PROYECTO

1. Incremento de tributos.

Estimo que el aumento de algunos impuestos es inconveniente por diferentes consideraciones:

a) En primer término, porque el Fisco dispone de recursos más que suficientes para afrontar los gastos de que se trata. No quiero entrar al fondo del tema ni extender mi intervención en orden a si debe o no debe recurrirse a ellos, ya que el punto ha sido planteado ampliamente en la Sala. Sólo diré que lo argumentado es sin perjuicio ¿y aludo a esto, porque no lo he escuchado¿ de que no se considera la posibilidad de enajenar empresas públicas cuya mantención no se justifica de manera alguna.

b) Estimo inconveniente el incremento del impuesto a la gasolina, por cuanto afectará no sólo a los ricos ¿como se ha señalado¿, sino también a los hogares de la clase media y a la gente modesta, que también utiliza vehículos. Me parece interesante destacar sobre el particular un artículo escrito en "El Mercurio" por don Hugo Lavados. Allí, después de un análisis a las cifras del INE, se puede concluir quiénes son los ricos en el país.

Además, el aumento del impuesto a la gasolina llevará inexorablemente a la utilización de vehículos a petróleo ¿al igual como ocurrió en Argentina¿, con grave deterioro del medio ambiente e incremento de la contaminación, lo cual en definitiva, irrogará un gasto tal vez superior al rendimiento del mayor tributo.

c) En lo referente al impuesto al tabaco, considero que, teniendo en cuenta las tasas que hoy día gravan dicho producto, su incremento convertiría a tal tributo en algo "manifiestamente desproporcionado o injusto", ya que el tabaco quedará afecto a una tasa de 70,7 por ciento.

Se podrá argumentar que fumar es dañino para la salud. Dicha afirmación puede ser muy útil para la aprobación de otro tipo de disposiciones, pero no en un aumento de impuestos tendiente a financiar un nuevo gasto.

Además, si el incremento de tributos incentiva la disminución del consumo de tabaco ¿como lo planteó el señor Ministro de Hacienda ante el Honorable Senado¿, el rendimiento del impuesto será inferior al considerado para financiar el proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el incremento de impuestos en términos "manifiestamente desproporcionados" afecta, en esencia, el derecho de las empresas relacionadas con la industria del tabaco en el ejercicio lícito de sus actividades económicas, contraviniendo con ello los números 21° y 26° del artículo 19 de la Constitución Política.

De acuerdo con lo expuesto, formulo expresa cuestión de constitucionalidad respecto del aumento del impuesto al tabaco ¿en forma manifiestamente desproporcionada o injusta¿, por contravenir el número 20° del artículo 19 de la Carta Fundamental y también los números 21° y 26° de ese mismo precepto, y por entorpecer el ejercicio de actividades económicas lícitas, las cuales se verán perjudicadas esencialmente en su desarrollo.

Cabe hacer presente finalmente sobre este particular que el incremento de este impuesto no afecta a los más pudientes. La gente no rica también fuma, por lo cual verá incrementados proporcionalmente sus gastos de manera más severa.

d) Sin perjuicio de lo dicho, debe tenerse presente que los incrementos de tributos del proyecto son inconvenientes. Su incidencia en el IPC será de 0,5 por ciento, aproximadamente, según lo ha reconocido el señor Director del Instituto Nacional de Estadísticas. Lo anterior repercutirá en todas las obligaciones expresadas en unidades de fomento, lo que no afecta, naturalmente, a los más ricos; por el contrario, ellas inciden precisamente en las personas que no lo son. Perjudicará a quienes pagan dividendos hipotecarios, incluidos los adquirentes de viviendas financiadas con subsidios habitacionales.

Todo ello se genera, en definitiva, porque el que dispone de más recursos ¿el Fisco de Chile¿ no desea destinarlos a necesidades importantes. No obstante lo señalado, creo que el Erario debe adoptar urgentes medidas de reducción de gastos y afrontar los aumentos de pensiones de que se trata.

No es posible que se anuncie la adquisición de predios para impedir que otros los compren, o estudiar la remodelación, construcción y cambios en los inmuebles donde ¿desde hace muchos años¿ funcionan los Ministerios y Servicios Públicos, mientras hay en Chile personas que tienen angustiosas necesidades básicas que no son capaces de costear.

El aumento de pensiones es urgente y necesario; pero su financiamiento mediante el incremento de tributos, a mi juicio, no debe aprobarse.

2. Mejoramiento de pensiones.

Respecto del mejoramiento de las pensiones que se propone, creo conveniente formular las siguientes observaciones:

a) Se dispone un incremento de las pensiones del antiguo sistema de pensiones.

Se margina, entonces, del aumento que otorga el proyecto, a las personas afectas al nuevo sistema que perciben pensiones de idénticos montos a los que reciben los pensionados del régimen antiguo, a quienes el proyecto beneficia.

El proyecto pretende proteger y amparar a los adultos mayores que sean pensionados pobres. Así lo expresa el mensaje del Presidente de la República. Por ello, también se reajustan las pensiones asistenciales del decreto ley N° 869.

Por lo expuesto, no se advierte razón alguna para la exclusión comentada.

En estas condiciones, la discriminación entre personas afectas al antiguo y al nuevo régimen de pensiones afecta la garantía constitucional de igualdad ante la ley, reconocida y amparada en el número 2° del artículo 19 de la Constitución Política, y formulo expresa cuestión de constitucionalidad en los términos del número 2° del artículo 82 de la Carta Fundamental.

b) La iniciativa busca favorecer a las personas de la tercera edad que sean pobres. El proyecto parte del supuesto de que cumplen esa condición todos los pensionados del antiguo sistema cuyas pensiones son inferiores a 100 mil pesos. Sin perjuicio de lo señalado, en orden a que no se considera a los del nuevo sistema de pensiones, me parece que la premisa no siempre es efectiva y que el legislador debería dar algunos parámetros para que el beneficio sea realmente justo y focalizado.

En esa perspectiva, creo que debería exigirse el cumplimiento de requisitos de edad...

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Le restan dos minutos, Su Señoría.

La señora FELIÚ.-

...y de no percepción de otras rentas.

Además, sería conveniente escalonar el beneficio, mejorando las pensiones de las personas mayores.

c) Reajuste de pensiones de las Mutualidades.

El proyecto dispone que el reajuste de las pensiones de las Mutualidades será de cargo del Fisco en la parte que ellas no pudieren financiar.

A mi juicio, esta norma es inconstitucional y cercena los derechos de las Mutualidades.

Formulo expresa cuestión de constitucionalidad al respecto en los términos del número 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

3. Modificaciones a las funciones de los Servicios de Tesorerías y de Impuestos Internos (artículo 5° del proyecto).

Las enmiendas que se proponen son de gran trascendencia para el ejercicio de importantes funciones del Estado. En dicha norma se modifican de manera fundamental las funciones de la Tesorería General de la República y del Servicio de Impuestos Internos.

Considero que las modificaciones propuestas merecen observaciones de forma y de fondo. Desde el punto de vista formal, es objetable que, en el mensaje, estas enmiendas vengan incluidas en las normas de financiamiento del proyecto. También es objetable la urgencia dada a la iniciativa.

En lo concerniente al fondo, estimo que ésta es una materia muy importante. A mi juicio, lo que se propone va a afectar de manera esencial las funciones de la Tesorería General de la República, lo cual, en principio, me parece inconveniente. En todo caso, no hay discusión ni estudio alguno sobre el tema.

Las funciones de recaudación de fondos fiscales, que impone la ley a la Tesorería General, se vinculan directamente con el control de las mismas y las necesidades de información que tiene el Ministerio de Hacienda, pero nada de esto se considera en el proyecto. Se dispone el traspaso de estas funciones al Servicio de Impuestos Internos, pero nada se dice con relación a los funcionarios de la Tesorería General de la República, ni a los contratos con terceros que ésta ha celebrado al respecto. ¿Van a cesar los funcionarios? ¿Qué va a ocurrir con ellos? ¿Qué sucede con la dotación de la Tesorería y de Impuestos Internos? Hago mías las observaciones de la Asociación de Funcionarios, que pide convocar a un gran debate sobre esta materia.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Ha concluido su tiempo, señora Senadora.

Si la Sala no tiene inconveniente, se le podrían otorgar algunos minutos más.

¿Le queda mucho, Su Señoría?

La señora FELIÚ.-

Muy poco, señor Presidente , y lo diré de manera muy sucinta.

Por otra parte, debo destacar que la Comisión de Hacienda propone suprimir el inciso cuarto del artículo 35 del Código Tributario, el cual, en esencia, establece que "en cada una de las Unidades del Servicio que determine el Director se mantendrá a disposición del público una lista en que aparezcan, por orden alfabético, los nombres de todos los contribuyentes afectos a impuestos de acuerdo con las declaraciones anuales que deben presentar.".

La supresión de este precepto resulta, a mi juicio, muy inconveniente. Considero que esta nómina pública favorece la transparencia y permite detectar situaciones de corrupción o de lavado de dinero.

Asimismo, no puedo dejar de hacer presente que se crea la figura de un nuevo delito: transgredir la obligación de reserva absoluta que se impone a quienes reciban o procesen las declaraciones de impuestos. Este tema requiere un acabado estudio.

Por una parte, la tendencia moderna en materia de Derecho Penal es en el sentido de no aumentar el número de delitos, y por otra, las conductas que en definitiva la ley considera necesario tipificar como delictuales deben corresponder a figuras absolutamente delimitadas y muy bien analizadas.

Debo recordar que en el seminario efectuado ayer ¿convocado por el Ministerio de Justicia¿ se trató expresamente este tema y hubo total coincidencia entre los participantes en cuanto a la inconveniencia de aumentar figuras delictivas y, más aún, en lo tocante a que estas figuras no revistieran el carácter de perfecta en su consideración.

4. Incrementos en materia de educación.

Al respecto, sólo quiero reiterar ¿en atención al tiempo de que dispongo¿ que, a mi juicio, el lugar más apropiado de estos incrementos de subvención es el proyecto sobre modificación del Estatuto Docente ¿actualmente en trámite¿, porque el reforzamiento de la educación es una materia que se halla aprobada en él en términos distintos de la iniciativa que nos ocupa.

Ambos textos son inconciliables. El aumento de la Unidad de Subvención Educacional que se establece, reemplazando la disposición del decreto con fuerza de ley N° 5, sobre subvenciones en materia de educación, es inconciliable con lo ya aprobado por el Senado respecto de seis rubros de una nómina que contiene 11.

El lugar apropiado de esos mejoramientos, repito, es el proyecto que modifica el Estatuto Docente y no la iniciativa en debate informada por la Comisión de Hacienda.

Además, esos beneficios hoy encuentran financiamiento en aquel proyecto y no en el que ahora tratamos sobre aumento de tributos.

5. Modificación del artículo 74 del decreto ley N° 3.500.

Finalmente, quiero referirme brevemente a la modificación de dicho precepto, que establece la garantía estatal al pago de las pensiones del nuevo sistema de pensiones.

En verdad, no sé la razón por la cual esa norma está incluida en la iniciativa en debate, pues no dice relación a la materia y, además, va en una dirección opuesta a la idea central de la misma.

Este proyecto pretende, por una parte, que todos los pensionados perciban una renta mínima de 100 mil pesos, y por otra, que se disminuya la garantía estatal al pago de las pensiones del nuevo sistema, con lo que éstas serán aún más bajas. En realidad, ello es muy difícil de comprender.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-

Señor Presidente , hay dos cosas que me merecen especial interés para intervenir, porque creo que a esta altura del debate se halla prácticamente todo dicho.

Curiosamente, todos los señores Senadores coinciden en que el proyecto es de toda justicia, pero, por cierto, los criterios para dar una solución al respecto son diferentes. Con todo, hay dos asuntos que, a mi juicio, son importantes de destacar. Uno de ellos es una afirmación que hace algunos días se efectuó en la Sala, en cuanto a que con estas pequeñas modificaciones tributarias se estaría transgrediendo el acuerdo tributario suscrito en 1993 entre el Gobierno y los Parlamentarios de la Concertación y de Renovación Nacional.

La verdad es que, después de leer y estudiar el acuerdo tributario, no aprecio cómo se puede sostener algo semejante. En dicho acuerdo se establecieron dos impuestos directos: uno a las personas naturales, y otro a las sociedades anónimas, a las personas jurídicas. Y, además, una regulación del Impuesto al Valor Agregado. Sin embargo, hoy nos preocupan dos tributos diferentes ¿indirectos, por cierto¿ que no rezan en forma alguna con el acuerdo tributario propiamente tal. Muy por el contrario, la verdad es que en el referido acuerdo se persiguen los mismos objetivos que el señor Ministro de Hacienda nos hizo presente en la Sala para establecer impuestos al consumo, como lo son, precisamente, los que afectan al tabaco y a la gasolina para automóviles. Dicho Secretario de Estado , quien ha tenido un éxito innegable en su gestión, como todo el mundo lo ha reconocido ¿por primera vez en esta Sala he escuchado decir que aquí no hay una excelencia en el manejo de la Hacienda Pública¿, estima que a través de esos dos tributos y de pequeños ajustes tributarios, se logrará una mejor programación y eficiencia de la Ley sobre Impuesto a la Renta y se evitarán los abusos que actualmente se están cometiendo, además de financiarse sanamente los recursos que el Estado necesita en forma permanente para poder llevar adelante los objetivos que ¿todos coincidimos en esto¿ no admiten más tramitación.

Por eso, afirmo que aquí se está actuando dentro del acuerdo tributario convenido entre el Gobierno anterior y los Parlamentarios de Renovación Nacional. Simplemente, se están haciendo pequeños ajustes secundarios.

Hay otra afirmación, de la Senadora señora Feliú , que escuchamos hoy día en la Sala, la cual me parece bastante excesiva. Se trata del planteamiento de inconstitucionalidad de esta futura ley por el hecho de condicionar su vigencia al establecimiento de tributos. A mi juicio, aquí hay una observación que, no sólo no se condice con nuestro ordenamiento jurídico, sino que, además, no concuerda con lo que el Parlamento hizo al aprobar la ley N° 18.987 ¿quizás una de las primeras¿, que establecía un incremento de asignaciones, subsidio y pensiones. En efecto, en esa ocasión, adoptó este mismo criterio en el artículo 8° al señalar que la ley entraría en vigencia al mes siguiente de su publicación, siempre y cuando se aprobara el aumento de impuestos al valor agregado y a la renta.

Por consiguiente, creo que se pueden aceptar críticas ¿y de hecho, eso es parte de la tolerancia¿, pero hay algunas que no hacen sino demostrar la justeza de este proyecto y la necesidad de que hoy día lo aprobemos como corresponde, a fin de que avancemos realmente ¿a través de estas y otras iniciativas¿ en reparar la situación de los sectores más desposeídos de este país. Su Excelencia el Presidente de la República afirmó que así tendremos un país socialmente más estable, lo que es una condición fundamental para afianzar la economía y el desarrollo de Chile en basamentos serios y no en artilugios y situaciones a los que, muchas veces, se concede gran importancia, pero que, en realidad, no solamente no la tienen, sino que son contraproducentes para los intereses de la nación.

He dicho.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente , quiero señalar el aspecto constitucional de este punto. La Comisión de Hacienda, en su oportunidad, señaló, de acuerdo al artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que no se podía efectuar una votación separada, porque surgiría el problema de dejar aprobado el proyecto en lo tocante a la obligación de entregar un beneficio, y dejarlo rechazado en lo relativo a los recursos para concederlo, lo que implicaba otorgar dicho beneficio con cargo al Presupuesto de la Nación. Constitucionalmente, no tenemos esa facultad, de tal manera que esta indicación fue declarada improcedente por el Presidente de la Comisión , decisión que fue votada y aprobada mayoritariamente, por lo que no corresponde que sea revisada ni por el Presidente de esta Corporación ni por la Sala. Por lo tanto, el procedimiento aquí propuesto para dividir la votación no puede llevarse a cabo.

Daré más antecedentes para señalar que las observaciones planteadas son absolutamente impracticables e, incluso, inconstitucionales. En primer lugar, una señora Senadora podrá decir, seguramente de un modo subjetivo y de acuerdo a su visión de oposición, que siempre el tiempo es corto, pero la verdad es que la Constitución señala, con precisión, que el Presidente de la República tiene la opción de calificar una determinada urgencia, desde "Simple" hasta de "Discusión Inmediata", y, para esta iniciativa, se inclinó por la urgencia inmediata. Decir que es un abuso usar una norma legal es un error jurídico de proporciones.

En segundo término, señor Presidente , creo que considerar el impuesto a la bencina como un impedimento para realizar determinada actividad, está fuera de toda lógica jurídica. Quiero recalcar y expresar en esta Sala que dicho gravamen es similar en todos los países del mundo, excepto en Chile, pues está dentro de los más bajos y, por consecuencia, su precio también. De ahí que no resulta inconstitucional un impuesto que está por debajo de la media general y, además, dentro de la competencia y el precio internacional.

En cuanto al impuesto al tabaco, todos los países obtienen recursos por esta vía y nuestro país está en el promedio...

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Señor Senador, refiérase al tema en discusión y no fundamente respecto a los méritos del proyecto.

El señor LAVANDERO.-

No, señor Presidente  Lo que expongo deriva de la petición de inconstitucionalidad de la Senadora señora Feliú , quien señaló diversos argumentos que, a mi juicio, no son válidos...,

La señora FELIÚ.-

Pero no son los que ha referido el señor Senador.

El señor LAVANDERO.-

Si nos atenemos estrictamente a lo que dice la Constitución, leeré los artículos exactos para que nadie quede con dudas. Primero, el artículo 62, inciso tercero, dice: "Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la"... "administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos,". Y aquí se pretende que la ley en proyecto se financie con el Presupuesto, al ser rechazados los impuestos propuestos. Recalco que nosotros no tenemos iniciativa para cargar un proyecto al Presupuesto.

El inciso cuarto agrega: "Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para:

"1° Imponer,"... "tributos de cualquier clase o naturaleza,";

"4°"... "aumentar"... "jubilaciones, pensiones, montepíos" y cualquier otro beneficio "al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío, en su caso, de la administración pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados,".

Es decir, constitucionalmente, ningún señor Senador tiene iniciativa para proponer que el proyecto se financie con cargo al Presupuesto de la Nación.

Y el artículo 64, inciso tercero, establece: "La estimación del rendimiento de los recursos que consulta la Ley de Presupuestos y de los nuevos que establezca cualquiera otra iniciativa de ley, corresponderá exclusivamente al Presidente,".

En virtud de esta disposición, un señor Senador, por muy inteligente que sea, no puede sostener que el Presupuesto tiene una estimación distinta de la que le ha dado el Presidente de la República y que ha sido aprobada por el Parlamento. De modo que aquí tampoco se puede argumentar, subjetivamente, que hay holguras presupuestarias para este proyecto.

Además, el inciso segundo del artículo 7° del Texto Fundamental estatuye: "Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.".

En consecuencia, ningún señor Senador se halla autorizado para formular indicaciones tendientes a financiar con cargo al Presupuesto de la Nación ¿como se ha pretendido¿ alguno de los beneficios contemplados en la presente iniciativa. Y, si así se aprobase, tal beneficio sería nulo, de nulidad absoluta.

Por otro lado, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en el inciso segundo del artículo 17, dispone que "cada Cámara deberá tener una comisión de hacienda, encargada de informar los proyectos en lo relativo a su incidencia en materia presupuestaría". O sea, ni siquiera es la respectiva Sala la que debe informar sobre la incidencia en materia presupuestaria, sino una Comisión, encargada constitucionalmente de hacerlo: la de Hacienda.

Por lo tanto, esa argumentación también es especiosa y no corresponde a lo establecido en la Carta Política.

El artículo 24, inciso segundo, de la ley mencionada expresa: "No podrán admitirse indicaciones"... "que importen nuevos gastos con cargo a los fondos del Estado"... "sin crear o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender a tales gastos.". De manera que no es posible aprobar el proyecto que otorga beneficios a los jubilados y rechazar los fondos con que se propone financiarlos. La citada norma lo prohíbe terminantemente.

En síntesis, señor Presidente , no se puede promover una indicación contraria al Texto Fundamental, como lo es la de dividir la votación, y respecto de la cual la Comisión de Hacienda definió ya un criterio. Una vez determinada la inadmisibilidad por cualquier órgano técnico, la Sala no puede ¿ni aun por unanimidad¿ revocar el acuerdo pertinente.

El señor ERRÁZURIZ.-

Seré breve, señor Presidente , y no entraré en detalles, porque fundamentaré mi postura en el momento de la votación, que ojalá se efectúe cuanto antes.

Coincido en la conveniencia de que, para los efectos de cumplir con la urgencia de "discusión inmediata" con que ha sido calificado el proyecto, lo votemos en general hoy día. Pero, al mismo tiempo, quiero hacer una petición formal al señor Ministro de Hacienda , que representa aquí al Ejecutivo , en el sentido de permitirnos fijar plazo para presentar indicaciones, al menos, hasta el martes de la semana venidera. Porque varios señores Senadores ¿creo interpretarlos al exponer este planteamiento¿ tienen interés, al igual que quien habla, en formular indicaciones. Sin embargo, como, en razón de la urgencia referida, la Sala debiera efectuar la votación particular el próximo jueves, no nos será factible materializarlas, pido desde ya al Gobierno que, a fin de despachar en buena forma esta iniciativa y de que ella cuente con los votos requeridos para su aprobación, nos dé la posibilidad de presentar indicaciones hasta el martes de la semana entrante.

El señor THAYER.-

Señor Presidente , no he hecho uso de la palabra ¿aunque, en mi concepto, este proyecto debió haber pasado por otras dos Comisiones, que integro: la de Trabajo y Previsión Social y la de Educación y Cultura¿, porque me interesa que la iniciativa se despache lo más rápido posible. ¿En qué estamos enredados? Voy a tratar de aportar algo para su solución.

El texto en debate tiene una estructura ¿diría¿ de "acorazado": parte de la gran preocupación de que cierto sector político apruebe el aumento de pensiones y niegue el financiamiento. Y, para no correr ese riesgo, empieza por establecer un incremento de impuestos, y a la altura del artículo 6° contempla el aumento de pensiones, amarrándolo a una forma específica de financiamiento. Esto es explicable, pero complicado.

A mí, como abogado y estudioso ¿tal vez sin gran provecho en cuanto al estudio, pero con el mayor esfuerzo posible¿, no me resulta fácil...

El señor HAMILTON.-

¡Su Señoría no es un carmelita descalzo...!

El señor THAYER.-

Perdón, no alcancé a oír lo que dijo el señor Senador.

El señor SULE.-

No se preocupe y continúe, Honorable colega.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Ruego a los señores Senadores no interrumpir.

El señor THAYER.-

Me voy a referir al fondo del asunto, señor Presidente.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Muy bien.

El señor THAYER.-

Me encanta el buen humor y podría contar varios chistes. Pero no estamos para chistes en estos momentos.

El señor SULE.-

¡Además, no era bueno el chiste!

El señor THAYER.-

El problema es que se amarra un beneficio social a una "forma" específica de financiamiento, no a un "financiamiento". Y, si bien las leyes no pueden salir desfinanciadas, tampoco es un buen precedente el que se establezca el principio de que, al otorgarse un beneficio, el mensaje lo amarre de tal manera que sólo pueda financiarse en la forma concreta que se propone. Este es un asunto discutible y, a mi juicio, constituye una mala solución.

Creo que la manera de resolver este problema es la siguiente. Atendiendo a la idea matriz del proyecto, que no es la que aparece de su presentación física ¿porque el Gobierno no busca subir los impuestos a la gasolina y al tabaco, sino conceder un reajuste de pensiones y financiarlo con este aumento de impuestos¿, sugiero que se vote en general esa idea matriz, ya que es muy difícil su división.

En cambio, quiero dejar esclarecido ¿y me parece que muchos votos dependerán de lo que señalaré a continuación¿ que cuando entremos a la discusión particular del proyecto varios señores Senadores ¿entre los cuales me cuento¿ sostendrán que se puede dividir la votación en el artículo 6°, tocante a la frase, entre comas, que comienza después de "Concédese" y termina antes de "un reajuste". Dicha frase, que no aparece en el proyecto relativo a los montepíos, el cual otorga un aumento de costo menor, a mi juicio puede ser votada separadamente.

En primer lugar, anuncio de antemano que no aprobaré un proyecto que no se encuentre financiado; y, en segundo término, respeto que la estimación del rendimiento de los recursos sea de competencia exclusiva del Presidente de la República , en los términos fijados en la Constitución. Sin embargo, me reservo el derecho, como Parlamentario, de aceptar o no una forma de financiamiento, así como de plantear las indicaciones correspondientes y atenerme al resultado de la votación que se producirá en la discusión particular.

Por eso, sugiero votar el proyecto en general, y dejar establecido que en la discusión particular será posible dividir la votación sobre ese punto.

Ahora, el Honorable señor Lavandero ha planteado una cuestión delicada: si acaso prima la norma reglamentaria de que toda votación puede dividirse, salvo las relativas a las observaciones del Presidente de la República , o si se puede aplicar el principio de declarar inconstitucional una petición planteada en Comisiones respecto de la división de una votación. Creo que ese procedimiento es forzar el alcance reglamentario.

Desearía que el criterio del Senado fuera el de aceptar que se divida la votación, si así lo resuelve la mayoría de la Sala en la discusión particular, y votar ahora el proyecto en general, dando un plazo razonable para formular indicaciones. Es posible, además, que dentro de ese lapso encontremos la solución al problema. En todo caso, no significa que el mundo se vaya a acabar, porque no es el proyecto más difícil que hemos analizado. Se trata de una normativa que plantea un problema delicado ¿comprendo que está en juego el alcance de un convenio en el que no soy parte, por lo que hablo con mucha objetividad sobre la materia¿, pero tenemos que solucionarlo de alguna manera, y la forma de hacerlo es ¿repito¿ votar primero en general y aceptar que se divida la votación del precepto respectivo en la discusión particular.

Excúseme, señor Presidente , por no haberme hecho cargo del chiste que alguien hizo, ya que no alcancé a escucharlo.

He dicho.

El señor HAMILTON.-

Señor Presidente , el problema procesal formulado aquí se refiere a si en la discusión general del proyecto se puede o no dividir la votación. Creo que ello no corresponde, de acuerdo al ordenamiento jurídico que nos rige. No se trata de que en la Sala haya mayoría o minoría sobre este asunto. Simplemente, no se puede hacer.

El artículo 118 del Reglamento del Senado, relativo a la discusión general, acepta dos caminos, que pueden ser compatibles admitir o rechazar en general una iniciativa, y recibir las indicaciones que por escrito formulen los señores Senadores. Eso es perfectamente concordante con el artículo 23 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que establece: "Se entenderá por discusión general la que diga relación sólo con las ideas matrices o fundamentales del proyecto y tenga por objeto admitirlo o desecharlo en su totalidad.". Vale decir, no cabe la posibilidad en esta etapa de dividir la votación. Más aún, ésta es una iniciativa que, por un lado, concede beneficios, como el aumento de las subvenciones escolares y el reajuste de las pensiones, y, por otro, establece los impuestos con los cuales pretende financiar ese gasto. Sería como si en el caso de una compraventa ¿y permítaseme la comparación¿ alguien aceptara la cosa pero no estuviera dispuesto a pagar el precio.

Por último, ¿qué ocurriría si en la votación particular se aprobara el reajuste de pensiones pero no se le entregaran al Gobierno las herramientas que éste ha establecido para poder financiar dicho beneficio? En ese caso, la preceptiva no surtiría efecto, porque el artículo 64 de la Constitución Política del Estado, en su inciso final, expresa, a la letra: "Si la fuente de recursos otorgada por el Congreso fuere insuficiente para financiar cualquier nuevo gasto que se apruebe, el Presidente de la República , al promulgar la ley, previo informe favorable del servicio o institución a través del cual se recaude el nuevo ingreso, refrendado por la Contraloría General de la República, deberá reducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera que sea su naturaleza.".

Me parece que la situación es suficientemente clara y que, en consecuencia, lo que cabe aquí es votar si se aceptan o rechazan las ideas matrices del proyecto. No procede la división del mismo en este momento.

El señor OTERO.-

Señor Presidente , aquí se están tocando dos temas absolutamente distintos. Uno, relativo a la constitucionalidad del proyecto, de lo cual dejamos constancia a fin de que, en su oportunidad, pueda servirnos para recurrir al Tribunal Constitucional si la Sala no aprueba lo que estamos planteando; y otro, tocante a la aplicación de la norma reglamentaria que permite pedir la división de las votaciones.

Sin embargo, es muy importante que el país entienda por qué planteamos previamente esta situación, pues todos coincidimos en que es imprescindible el reajuste de pensiones. El Ministro de Hacienda en la Sala no ha desmentido en ningún momento que dentro de las actuales reservas presupuestarias existen los fondos necesarios para otorgar este beneficio.

Por nuestra parte, hemos manifestado que se está produciendo una situación política gravísima. ¿Cuál es? Que se está violando, en forma inteligentísima, la normativa constitucional que impide que determinados impuestos vayan a fines específicos. Esto se encuentra establecido en el número 20 del artículo 19 de la Constitución Política, que señala en su inciso tercero: "Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado.".

Pero, ¿qué ocurre? En forma muy inteligente, el Gobierno ha dicho: "Mire, señor, entregaré este beneficio desde el momento en que los impuestos se aprueben y empiecen a rendir". En el fondo, lisa y llanamente, con una redacción de estilo apropiado y sui géneris, significa destinar esos impuestos al financiamiento del beneficio. Tanto es así, que, frente a una intervención nuestra, el señor Ministro nos ha dicho en la Sala que se necesita que este gasto se encuentre financiado permanentemente de modo que ha reconocido que el objeto de esos impuestos es financiar el aumento de pensiones, lo cual, obviamente, viola la norma a la que acabo de dar lectura.

Quiero señalar que en la Comisión el Senador señor Diez expresó, en forma muy clara: "La redacción del artículo 6° está contraviniendo la disposición constitucional porque nos dice que estos impuestos son los determinantes para gozar de estos beneficios". Sería burdo si dijera, expone Su Señoría, que estos tributos se destinarán íntegramente a estos beneficios y "suponer que la Constitución sólo puede ser burlada por una maniobra burda, también lo puede ser por una maniobra inteligente." Este es el caso. Y prosigue: "Se ha amarrado la vigencia de un beneficio a la vigencia de un impuesto. Y eso está afectando al impuesto a un destino determinado, de otro modo no tendría aplicación.".

Por lo tanto, como estamos conscientes ¿y aquí no hay ninguna división en el Senado¿ de la imperiosa necesidad del reajuste de pensiones, no vemos por qué el Gobierno, que tiene los fondos requeridos, puede llegar a dilatar el proyecto innecesariamente, ya que no podemos aceptar, por nuestra concepción programática, una violación de la Constitución, por muy inteligente que sea el planteamiento formulado. Y mucho menos podemos aceptar que políticamente se esté sentando un gravísimo precedente, en el sentido de que cada vez que el Gobierno deba asumir su responsabilidad de solucionar problemas sociales, lo haga mediante este sistema, sobre la base de una escalada tributaria. En esta Sala lo hemos comprobado reiteradamente: cada vez que señalamos un problema, se nos responde "aumenten los tributos", en circunstancias de que se ha demostrado hasta la saciedad que el Gobierno tiene recursos en exceso para mejorar las pensiones, no en estos porcentajes, sino en muchísimo mayor grado.

Ese es un punto, y, por eso, planteamos la inconstitucionalidad del proyecto. ¿Por qué? Por crear impuestos destinados a un fin específico, como lo ha reconocido en la Sala el señor Ministro de Hacienda. Ese es el problema constitucional, y hacemos expresa reserva al respecto.

El otro punto es distinto ¿y nada tiene que ver con lo que señalaba un señor Senador en el sentido de que su resolución compete al Presidente de una Comisión¿ y se relaciona con la aplicación del artículo 164 del Reglamento, que dice: "Cualquier Senador podrá pedir que se divida una proposición antes de empezar su votación, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional", disposición que se refiere exclusivamente a que la votación del veto presidencial debe efectuarse sin división alguna: o se aprueba o se rechaza.

¿Qué está ocurriendo en este momento? Todos los Senadores de Renovación Nacional quisiéramos votar favorablemente la idea de legislar, pese a que encontramos insuficiente el reajuste y a que estimamos injusta la forma en que ha sido planteado, como muy bien lo señaló el Honorable señor Piñera.

Aunque deseamos votar a favor del proyecto, no podemos aceptar, en modo alguno ¿como ya lo dije¿, que se incurra en inconstitucionalidad, sentando un precedente político nefasto, ya que cada vez que el Gobierno, en el futuro, tenga que resolver un problema, lo hará en esta forma "habilidosísima". Es decir: "Señor, soluciono este problema siempre que usted me apruebe estos nuevos impuestos".

Tal es la cuestión de fondo.

Hemos destacado esta situación porque de ninguna manera puede suscitarse un problema de constitucionalidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 164 del Reglamento.

Como muy bien señaló el Senador señor Thayer , el artículo 11 del proyecto señala: "Créase" ¿coma¿ "a contar del 1° del mes siguiente a aquél en que entren en vigencia los incrementos de impuestos establecidos en los artículos 1° y 2° de esta ley" ¿coma¿ "una subvención educacional". Luego, es gramaticalmente posible ¿porque está entre comas¿ sacar esa frase y decir: "Créase una subvención educacional".

¿Qué se nos contesta? "Señor, si no lo hacemos así, nos quedamos sin financiamiento". ¡Pero si ése es problema del Ejecutivo! El deberá presentar la indicación correspondiente para financiar el proyecto. Y al Congreso Nacional, que carece de facultades en este sentido, se le está diciendo: "¡O aprueba el proyecto o no hay reajuste!".

Eso es lo que, desde un punto de vista político, nosotros rechazamos. No podemos aceptar tal presión ni que en esa forma se pretenda dar solución a una necesidad social imprescindible.

Para los efectos de nuestra votación es fundamental saber si efectivamente se respetará o no lo dispuesto en el artículo 164 del Reglamento cuando corresponda someter a votación el artículo 11. No podría plantearse inconstitucionalidad al respecto. ¡No, señor! Y, como se preguntaba un Honorable colega de la Concertación, "¿qué puede ocurrir? Que al dividirse la votación, si se aprueba el reajuste, y no el financiamiento, el Gobierno deberá proponer nuevas fuentes de recursos. Y si no lo hace, tendrá que asumir la responsabilidad de no solucionar este problema, en circunstancias de que posee fondos más que suficientes, sin alzar ningún...

El señor HAMILTON.-

O sea, que debe hacer lo que quiera la Oposición.

El señor OTERO.-

...impuesto para ello.

Señor Presidente, en un debate de esta naturaleza, las interrupciones no conducen a solucionar los problemas jurídicos. Generalmente son el reflejo de lo que no se puede contestar con razones de Derecho. Nosotros hemos estado argumentando en la Sala con razones de Derecho.

Queremos hacer un llamado a los Senadores de la Concertación. Nunca se ha clavado la rueda de la fortuna. Nadie puede afirmar que habrá un Gobierno o una Oposición permanentes. Pero se crean precedentes, y el que se está sentando en este momento, al impedir la aplicación del artículo 164 del Reglamento, será nefasto, porque no respeta las disposiciones de nuestro Reglamento ni las de la Constitución Política.

Por eso, señor Presidente , antes de la votación, dejamos constancia de nuestra reserva frente a la constitucionalidad del proyecto, por las razones que he indicado. Y solicitamos a la Mesa señalar claramente si aceptará o no la aplicación del artículo 164 del Reglamento, previamente a la votación en general.

Si se permite dividir la votación, nos pronunciaremos favorablemente; de lo contrario, lisa y llanamente, nos veremos en la necesidad de hacerlo en contra de la idea de legislar.

He dicho.

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente , a estas alturas del debate hay ciertos hechos que parecen confundirse. Deseo tratar de hacer claridad en mí mismo sobre el particular.

Entiendo que los señores Senadores están dispuestos a aprobar un reajuste al sector pensionados y entregar recursos adicionales para los incrementos de las subvenciones educacionales. Asimismo, acepto la crítica objetiva ¿que en democracia es lícita y deseable¿ a las propuestas del Ejecutivo.

El país ya sabe que sectores de Oposición ¿fundamentalmente, Renovación Nacional y UDI¿ están en contra de que este reajuste se otorgue posteriormente a la entrada en vigencia de los incrementos de los impuestos a la bencina y al tabaco. Cuando se formula esa crítica legítima ¿que, por cierto, no comparto, pero que me parece explicable y razonable en una sociedad democrática¿, es importante que la gente la conozca. En otras oportunidades, los mismos Senadores de Oposición se han negado, por ejemplo, a cargar con impuestos a personas que no son criminales, pero que, por disponer de más recursos, pueden ser más solidarios con el país. Sin embargo, también han optado por rebajarles los impuestos.

Frente a tan buena disposición, me pregunto cuál es el impedimento para aprobar en el Senado una norma de esta naturaleza. Se nos dice que sería preferible recurrir a otras fórmulas. Sí, a lo mejor. Personalmente, me gustaría que se discutiera una indicación de la que soy autor y que propone que parte importante del financiamiento provenga de los capitalistas populares que, por más de cinco años, han gozado de privilegios y franquicias tributarias que ¿como dije en el debate anterior¿ ascienden a 22 mil 400 millones de pesos. Me agradaría que mis colegas de Oposición opinaran al respecto cuando la Comisión respectiva discuta el proyecto en particular.

En cuanto a la cuestión de constitucionalidad, cabe recordar que en las páginas 51 y 52 del informe de la Comisión de Hacienda se da cuenta de dos indicaciones ¿presentadas, entre otros, por los Honorables señores Diez y Otero , y los Senadores señores Urenda y Piñera , respectivamente¿ en las que, aparte el problema constitucional, se formula expresa petición para fijar un determinado día para la vigencia del reajuste.

Según consta en el informe -página 53-, ambas indicaciones fueron declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión , Senador señor Lavandero. Pero, en conformidad al Reglamento, consultó a la Comisión, la que por mayoría de votos respaldó su criterio.

¿Cuál es el efecto jurídico? El de que hoy día una indicación como la señalada por los señores Senadores de Oposición no puede ser presentada en la Sala, ni conocida, ni discutida, ni menos aprobada.

¿Podrá ser ésa una opinión personal del Senador que hace uso de la palabra, que vale solamente por el afecto y respeto con que algunos me puedan medir? Tengo un argumento que, tal vez, tendrá mayor influencia en algunos Honorables colegas. El 11 de agosto de 1992 los Senadores señores Diez, Fernández , Letelier , y nuestros queridos colegas de entonces, Pacheco y Vodanovic , presentaron una moción que tenía por finalidad cambiar el artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. Ello, en atención a que, como nos consta, siempre se ha interpretado que la declaración de inadmisibilidad de la indicación de un señor Senador por parte del Presidente de una Comisión determinada, no puede ser después revisada en Sala. Y, como todos entendimos que era oportuno que ésta contara con facultades de revisión, decidimos patrocinar ese proyecto, suscrito por los señores Senadores que mencioné.

Ahora, como aún no se aprueba, quiere decir que sigue vigente la interpretación que el Senado ha hecho hasta ahora, a saber, que las indicaciones declaradas inadmisibles en Comisiones no pueden ser revisadas por la Sala.

En consecuencia, señor Presidente , podríamos habernos ahorrado bastante debate si algunos de mis colegas recordaran lo que firman y los temas que hemos abordado en otras oportunidades.

Me permito concluir con lo siguiente. Defiendo, como el que más, el derecho de discrepar de los proyectos del Ejecutivo. Reconozco el derecho de mis Honorables colegas de solicitar una discusión particular en esta materia. Yo mismo aspiro a que la indicación que presenté tenga, al menos, la posibilidad de ser debatida en la Comisión. Pero no podemos otorgarles una garantía respecto de lo que piden, porque, eventualmente, la división por ideas o la división particular que se ha propuesto podría tener un vicio de constitucionalidad, al dejar un proyecto de ley sin fundamento.

Por tanto, señor Presidente , siendo muy respetuoso de las opiniones disidentes ¿naturalmente, no comparto el fondo de su argumentación¿, llamo al Senado a aprobar la idea de legislar y a tener, luego, la capacidad de introducir a la iniciativa las modificaciones que pueda necesitar en la discusión particular.

He dicho.

El señor ERRÁZURIZ.-

En su ausencia, señor Presidente , pedí formalmente al señor Ministro de Hacienda que, por la vía del retiro de la urgencia, permitiese la presentación de indicaciones hasta el martes próximo, porque me parece que los señores Senadores están en su derecho de formularlas. Además, no me parece que suspender la urgencia del proyecto implique no votarlo hoy ¿creo que debemos votarlo de inmediato¿, pero, como digo, depende del Ejecutivo la posibilidad de presentar indicaciones, a fin de que los Senadores puedan hacer el aporte que constitucionalmente les corresponde...

El señor SULE.-

No depende del Ejecutivo , señor Senador, porque todavía tenemos plazo.

El señor ERRÁZURIZ.-

... Y, según se me dijo, aquél estaría dispuesto a considerar esta petición.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , después de escuchar al señor Ministro y a algunos señores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra, creo que el asunto tiene plena solución mediante la aplicación estricta de los artículos 127 del Reglamento y 27 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, preceptos que permiten efectuar en un mismo acto la discusión general y particular de un proyecto. No obstante, perfectamente podríamos votar ahora en general la iniciativa y, dentro del plazo de 48 horas que contempla la "Discusión Inmediata", podrían conocerse ¿mañana¿ las indicaciones en la Comisión y la Sala ¿el jueves¿ votar artículo por artículo.

El señor SULE.-

El plazo vence el viernes, no el jueves.

El señor VALDÉS (Presidente).-

El jueves se puede votar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Pero, en todo caso, puede despacharse el jueves en particular.

El señor ERRÁZURIZ.-

Como restan dos días, podría citarse para el viernes.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , es perfectamente posible despachar ahora en general el proyecto, tratar mañana las indicaciones en la Comisión y votarlo el jueves en particular. Además, en esa ocasión, tendremos oportunidad de analizar lo relativo al artículo 6°. Entonces, va a cobrar vigencia, a mi modo de ver, lo expresado por el Honorable señor Lavandero ¿y reafirmado por el Senador señor Hormazábal ¿, en el sentido de que no procede conocer las indicaciones declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión de Hacienda. Y ni la Sala del Senado ni la Presidencia de la Corporación pueden revisar esa decisión.

Reitero: ahora sólo cabe votar en general el proyecto, enviarlo en seguida a Comisión y votarlo en particular el jueves en la Sala.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , voto en favor de la idea de legislar, en el entendido de que habrá un plazo de 24 horas para formular indicaciones y de que estamos votando un problema de fondo ¿que no debemos revestir con el carácter de un debate constitucional¿ relativo a si queremos o no queremos mejorar las pensiones. Pero incrementarlas no significa decirlo y farisaicamente no otorgar los recursos, sino disponer de éstos, como lo establece la Constitución, para que los pensionados tengan un mejoramiento justo, con un pequeño sacrificio de los más pudientes del país. Si no procedemos de esa manera y no existe solidaridad, no podremos avanzar en una economía sana y equilibrada.

Por lo tanto, voto en favor de la idea de legislar sobre la base de establecer un financiamiento sano y no con medidas demagógicas o populistas, que recurren a un financiamiento invisible, que generará déficit y desequilibrios macroeconómicos, respecto del cual después la propia bancada de la Oposición se encargará de llamarnos la atención. Por lo tanto, lo coherente es respaldar la aprobación en general del proyecto, con los recursos financieros que él contempla.

Voto que sí.

El señor CALDERÓN.-

Señor Presidente , junto con anunciar mi voto favorable al proyecto, quiero dar a conocer la situación de los pensionados de mi Región.

En primer lugar, debo recordar un hecho doloroso ¿que desde luego registró la prensa local y conmovió la conciencia regional¿ que quizás no es conocido suficientemente por el país: precisamente hace tres semanas murieron de frío dos ancianos debido a la nieve y al crudo invierno que azota a nuestra Región. Uno de ellos percibía una pensión de invalidez de 38 mil pesos y, el otro, una pensión asistencial de 15 mil pesos. Debían 35 mil pesos de gas.

Sirva este hecho para remover la conciencia de algunos señores Senadores.

En Punta Arenas, hay 10 mil 700 pensionados, de los cuales 7 mil ganan menos de 40 mil pesos, cantidad con la cual es difícil sobrevivir en la Zona Central, pero que, en Magallanes, es prácticamente imposible. En dicha Región el 70 por ciento de los pensionados vive en una situación de miseria.

Por eso, al fundamentar el voto, quiero reclamar por el retraso del proyecto, como aquí se ha señalado y lo ha planteado duramente el propio Presidente del Senado.

La postergación de esta iniciativa no se entiende en nuestra Región ni en el país. El único culpable de ella es la Oposición, que está dilatando el despacho de la iniciativa. Por eso, los llamo a reconsiderar su posición.

Pero quiero recalcar aquí una cosa y llamar la atención sobre ella. Resulta que las tribunas aplaudieron al Senador señor Piñera cuando éste se opuso a la forma de financiar la iniciativa. Sobre el particular, debo señalar que el Gobierno ha planteado un incremento de 10 por ciento de las pensiones sobre la base de este financiamiento. Además, el Ejecutivo ha manifestado que con ello no se está solucionando integralmente el problema que afecta a los pensionados, sino que sólo es el comienzo. Sin embargo, quienes están en las tribunas aplaudieron al Senador señor Piñera , aun cuando no dio fórmula concreta de financiamiento, precisamente porque dicho sector, ideológicamente, se ha opuesto siempre a los impuestos.

Debo hacer notar que el país tiene una carga tributaria neta que no es muy alta: el 17,6 por ciento. En Estados Unidos es de 21,1 por ciento; en Japón, 21,3 por ciento; en Francia, 23,6 por ciento; en Alemania, 24,3; en Italia, 26,9 por ciento; en Canadá, 30,1 por ciento, y en Inglaterra, 30,1. Como los señores Senadores pueden apreciar, todavía hay un margen para elevar nuestra tasa tributaria. La que existe es razonable, pero puede ser aumentada. Por eso es que, cuando se oponen al financiamiento, están rechazando un mínimo sacrificio.

Yo hubiese querido que quizá aprobáramos otros tributos, tal vez a las grandes empresas, acaso a los licores, al whisky. Pero resulta que esto es lo que está planteado, y es una forma solidaria de financiamiento la propiciada por el Gobierno. Esa es la razón por la que creo que, con un mínimo de solidaridad, el Senado debería apoyar este proyecto.

Pero, ¡hasta cuándo hay dos discursos! Todos están de acuerdo en favorecer a los pensionados. Este discurso se ha repetido mil veces. La totalidad de los Partidos respaldan el proyecto; los señores Senadores lo apoyan; los señores Diputados lo reclaman. Pero cuando hay que despacharlo, cuando hay que financiarlo, cuando hay que concretarlo, entonces sencillamente hay rechazo de la Oposición.

Por eso yo, protestando por la forma en que opera la Oposición, voto favorablemente.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , las circunstancias en que se está tramitando esta iniciativa, tal como lo expresé con mayor detalle en la sesión anterior, nos permiten calificarla como una improvisación casi inaceptable.

No obstante el hecho de que algunos señores Senadores, alterando incluso disposiciones reglamentarias, en lugar de dirigirse a la Mesa lo hagan hacia otros ámbitos, debe señalarse ¿y lo hemos hecho¿ que éste no es un proyecto de mejoramiento de pensiones, sino que lo es de incremento de impuestos. De esto da cuenta el hecho de que lo haya informado exclusivamente la Comisión de Hacienda, y no la del Trabajo en lo que a pensiones se refiere, ni la de Educación en lo tocante a subvenciones. La iniciativa tiene un propósito distinto, y se usa la situación de los pensionados para tratar de fundamentarla y justificarla.

En la oportunidad anterior pregunté a la Sala si, siendo más del 80 por ciento de pensionados los que reciben menos de 35 mil pesos mensuales, caso en que los incrementos corresponderían a mil, o a quinientos pesos, o a menos aún, podríamos sentir, como sociedad y como Estado, que les hemos hecho justicia con un reajuste de 10 por ciento; y si éste puede ser calificado como un mejoramiento de pensiones justo ¿como alguien, inadecuadamente, lo ha definido¿, que se hace cargo de la situación de los pensionados y no de la cuestión numérica de los tributos con que se financia.

Estimo que en la propuesta hay un poco de arrogancia, un poco de soberbia, al exigir que ella sea la única forma de producir el mejoramiento perseguido. Plantear así las cosas lleva a que uno vote en forma distinta de la que quisiera. Es el Gobierno el que se empecina en sostener su criterio exclusivo de financiamiento, en una iniciativa respecto de la que se comparten sus propósitos, pero que se discrepa de aquél.

Aquí los discursos pueden hacerse en cualquier tono; se puede levantar la voz y hablar para la tribuna. Pero lo cierto es que falta seriedad cuando no se admiten a consideración fuentes alternativas de recursos y cuando no se han tenido en cuenta ni la situación de los pensionados ni el nivel di sus ingresos.

Hay propuestas alternativas. Algunas las hemos presentado al Gobierno. Y hay otras que bien podrían permitirnos hablar de un verdadero mejoramiento de las pensiones. Esto es necesario, ya que, en cuanto a quienes reciben pensiones inferiores a 5 mil pesos mensuales ¿y son más de mil 500¿, cuyo reajuste será en promedio de 500 pesos o menos, no podemos decir que se hace justicia o que se ha arreglado su situación. Para esas personas debiéramos pensar en un sistema escalonado que represente mucho más de 10 por ciento de aumento; y ver cómo lo financiamos. Hemos aportado ideas. Además, hemos manifestado nuestro propósito de contribuir incluso, si es preciso ¿y para llegar a un verdadero plan de mejoramiento de pensiones¿ con fórmulas de financiamiento que signifiquen aumento de impuestos.

Pero donde la improvisación y poca seriedad se hacen evidentes es en lo relativo a las subvenciones educacionales. Aquí lo demostramos: el proyecto en debate incorpora incrementos impositivos, entre otras cosas, para financiar aquellas subvenciones y, al sustituir ¿no sumar, ¡sustituir! ¿ el correspondiente artículo de la Ley de Subvenciones, simplemente las rebaja, con lo cual en el fondo van a ser menores que otras ya aprobadas por el Senado con financiamiento propio y sin alza de impuestos.

Por todas las razones expuestas, y porque lo que nos preocupa de verdad es la situación de los pensionados, nos abstendremos en la votación sobre la idea de legislar. Ello porque queremos que el Gobierno se siente a conversar estos problemas, dándonos oportunidad de aportar ideas para mejorar realmente las pensiones.

Me abstengo.

La señora CARRERA.-

Señor Presidente , voy a votar favorablemente este proyecto, porque siempre he considerado que las pensiones en este país se han vuelto miserables para un gran número de personas.

No creo que estas normas vayan a eliminar el problema; pero sí que es un principio de solución y el reconocimiento público de una situación que todos los señores Senadores admiten como presente en nuestra sociedad.

Ahora bien, al no resolver todas las carencias y ser un aumento muy pequeño para mucha gente, tenemos que seguir pensando en la forma de mejorar la subsistencia de los jubilados. Es un problema presente en todos los países del mundo, y la solución no está en esperar que los pensionados se mueran o que la esperanza de vida disminuya en lugar de aumentar. Como esta situación que aflige a esas personas persistirá, debe ser atendida.

Repito: éste es sólo un principio de solución. Pero sostengo que hay otras formas redistributivas de aliviar la vida de los jubilados, como la aplicación de medidas que favorezcan la salud. Una de las cosas más importantes para este sector es defender su salud, la que, por motivos biológicos explicables, es mucho más feble que la de otros chilenos. Pienso que programas del Ministerio de Salud que faciliten efectivamente el acceso a los servicios y el aumento de la calidad de la salud son un camino. Aparte la atención misma, sobre todo debe favorecérseles con el precio de los medicamentos. Aprovecho la presencia del señor Ministro de Hacienda para señalar que el estudio de un formulario nacional efectivo, real, eficiente, eficaz, es uno de los medios que puede traer alivio sustantivo a los jubilados y montepiadas de este país.

En lo atinente a lo dicho por el Honorable señor Cantuarias en cuanto a que la subvención educacional tendría distorsiones porque figura de distinta forma en dos cuerpos legales, el señor Ministro me ha explicado que tales factores de distorsión han sido superados mediante una serie de medidas aplicadas a esa parte del proyecto. El asunto puede ser fácilmente aclarado por el señor Ministro.

Voto que sí.

El señor COOPER.-

Señor Presidente , hemos escuchado en este debate varias intervenciones que nos ilustran con amplitud acerca del contenido de la iniciativa. Comparto plenamente lo que expuso, con argumentos muy completos, la Senadora señora Feliú , como igualmente lo que acaba de señalar el Honorable señor Cantuarias.

No obstante, deseo reiterar algo que se planteó en la sesión anterior: hay un acuerdo firmado en 1993, de cuatro años de duración. Me refiero a la reforma tributaria. Esa reforma, entre sus grandes objetivos ¿por eso la suscribimos¿ incluía precisamente, el mejoramiento de las pensiones. Creo que, como precedente para el futuro, esto muestra que los acuerdos políticos no se cumplen.

Por esa razón, y por las ya expuestas, me abstengo.

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente , se ha dicho en forma reiterada que estos impuestos son de tipo regresivo. Indiscutiblemente, según como se considere el asunto, pueden serlo o no. Si un obrero gana 120 mil pesos mensuales y fuma una cajetilla al día, que vale cuatrocientos pesos (son 12 mil pesos al mes), está consumiendo, transformando en humo, 10 por ciento de su salario. En cambio, si un empresario con una renta de un millón 200 mil pesos también fuma una cajetilla al día, esos 12 mil pesos ya no equivalen al porcentaje indicado de su ingreso, sino al uno por ciento.

¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cobrar menos impuestos a los que compran cigarrillos y ganan la primera cantidad, y más a los empresarios? Tal operación es prácticamente imposible de realizar.

Pero, ¿estamos imponiendo un tributo a un artículo imprescindible, como sería el pan, el arroz, el aceite (cualquier alimento) o la ropa? No; se trata de gravar una cosa que científicamente se ha demostrado que es altamente nociva. Y debemos hacer toda una campaña para que el obrero que gana 120 mil pesos ojalá fume menos o, mejor aún, que no lo haga, porque está consumiendo parte de su patrimonio en algo que lo daña a él y a su familia. Ese es otro punto.

Se ha hecho referencia, también, al tiempo de estudio del proyecto. El Presidente de la República , en su mensaje del 21 de mayo, explicó claramente que iba a mejorar las pensiones, las jubilaciones, etcétera, con un impuesto a la gasolina y al tabaco. De esto hace un mes y medio. Inmediatamente, algunos sectores opinaron. Así que no es improvisación, porque llevamos un mes y medio en conocimiento del anuncio del Jefe del Estado en la referida oportunidad. ¿Qué sucede? Si el Primer Mandatario tarda en hacer efectivas sus palabras, entonces, se protesta porque se demora. ¡En cambio, si el Presidente de la República actúa de inmediato, envía el proyecto y califica su urgencia de "Suma", entonces, está improvisando!

A mi juicio, el Primer Mandatario se ha tomado un tiempo prudente para hacer efectivo su anuncio; la iniciativa lleva discutiéndose más de 15 días (recordemos que ya se celebró una sesión para tratar este tema), y quienes deseaban formular indicaciones ya debieran tenerlas preparadas, porque han contado con tiempo más que suficiente para ello.

Asimismo, se afirma que los tributos son desproporcionados o injustos. ¿Sabe, señor Presidente , cuánto significan, para armar esta ¿ya dije la palabra¿ alharaca? Un peso por cigarrillo. A eso equivale el mayor impuesto, el cual rendirá lo suficiente para mejorar las rentas de los jubilados y las subvenciones escolares. Y, si bien no en forma substancial, al menos constituirá una ayuda, la primera de muchas que, sin lugar a dudas, se van a materializar.

¿Y por qué el Ejecutivo en este proyecto propone gravar dos cosas fundamentales? Porque ello se traduce en un ingreso masivo y constante.

Al igual que el Senador señor Calderón , me gustaría aplicar un impuesto al güisqui. Lamentablemente, quienes lo toman en Chile no son muchos, por lo que su rendimiento sería bajo. Que algunos pocos lo beban en exceso, es otra cosa; pero no son demasiados aquellos con capacidad para adquirirlo. Por lo tanto, la recaudación de dicho impuesto sería bajísima.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Ha terminado su tiempo, señor Senador.

El señor DÍAZ.-

Concluyo inmediatamente, si Su Señoría me concede unos segundos más.

A quienes hablan de salud (tienen razón para ello), los conmino a que cuando se trate un proyecto de esa especie, acepten que el 0,9 por ciento de la mayor recaudación de las ISAPRES pase a las personas de la tercera edad.

Por último, en este Hemiciclo hay muchos devotos de Santa Teresa de Jesús, o Santa Teresa de Avila, quienes están pavimentando con buenas intenciones su camino al infierno.

Voto que sí.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , habría preferido una fuente de financiamiento mejor que ésta, deficiente, propuesta por el Gobierno. Habría preferido reducir otros gastos inútiles del Fisco para aumentar el que se destina a pensiones y subsidios de escolaridad. Habría preferido tener atribuciones, en calidad de Senador, para legislar como creo que es mejor para mi país.

Sin embargo, constitucionalmente debo votar a favor o en contra, pues no es posible, de acuerdo con la Carta Fundamental que nos rige, aprobar una ley sin financiamiento.

Por eso, debo moralmente recordar que los ayer activos trabajadores (hoy pasivos) aportaron al Estado lo mejor de su vida y, también, el 48 por ciento de su sueldo para gozar de un merecido descanso en su ancianidad.

Los trabajadores cumplieron, pero el Estado y el Gobierno de la Concertación, durante cinco años, no lo han hecho. En el pasado, se prefirió invertir esos dineros en empresas llamadas "estatales", en circunstancias de que eran (y son) de los trabajadores.

En opinión del Senador que habla, el Gobierno debe vender esas empresas para financiar las pensiones adeudadas, cumplir así su compromiso y, por esa vía, aumentar sus montos por sobre 10 por ciento. E invito al Presidente Frei y al Ministro de Hacienda , presente en la Sala, a patrocinar esta iniciativa que impulso desde hace años.

Aceptaré este primer tímido paso que está dando el Gobierno para corregir un abuso histórico por parte de quienes se han creído fuertes, abusando de aquellos que no sólo son pobres, sino, además, viejos. Aceptaré, asimismo, el financiamiento propuesto, pese a que causará 0,5 por ciento de inflación, por cuanto las alternativas aquí sugeridas por algunos señores Senadores son aún peores y más inflacionarias, como lo sería el obtener fondos del ítem "Provisión para Financiamientos Comprometidos", o del mayor precio del cobre.

Esas fuentes de recursos, al disminuir el ahorro del país, encenderán, o pueden encender, una peligrosa llama inflacionaria, pues estoy seguro de que nadie cree que el ahorro nacional destinado al pago de pensiones no será gastado también por los jubilados.

Los representantes del Ejecutivo se han opuesto a que los Senadores tratemos de mejorar esta iniciativa haciendo un aporte, que es nuestro derecho constitucional.

Una vez más, por la vía de las urgencias y los despachos inmediatos, se ha pretendido manejar la voluntad de los Senadores por parte de ciertos Ministros de Gobierno. Pero no dejaré que la hiel, que mueve a algunos, nuble mi visión de justicia en el cumplimiento de mis deberes al votar.

Si se mantiene la calificación de "Discusión Inmediata" respecto de una iniciativa que la Concertación ha demorado cinco años en tomar, el próximo jueves rechazaremos ¿también con decisión inmediata¿ muchas disposiciones negativas del proyecto.

En tal virtud, debo votar por la equidad, o por la mantención de una situación de injusticia, contra la cual me rebelo. Debo votar por la solidaridad, o por el egoísmo. Debo votar por los jubilados, o contra ellos.

En consecuencia, voto por el inicio de la justicia en favor de un millón de ancianos pobres, cuya situación el Gobierno ¿como dije¿ ha tardado cinco años en reconocer que es su obligación mejorar. Voto en favor del subsidio de escolaridad que beneficiará a 2 millones 700 mil niños y estudiantes, y espero que éstos, cuando tengan mi edad y puedan también ser Senadores, se pronuncien como lo estoy haciendo ahora.

Voto que sí.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , tanto en la Comisión como por parte del señor Ministro de Hacienda , he encontrado una favorable predisposición y un franco compromiso para mejorar este proyecto de ley. Así lo han entendido con motivo de las indicaciones que se presentaron oportunamente en el Senado, algunas de las cuales fueron aceptadas por ese Secretario de Estado , y en lo que dice relación a otras, se adoptó el compromiso de estudiarlas y ver su incorporación en futuras normativas.

Se trata de iniciativas sencillas, pero, ciertamente, a través de la sencillez se cala profundo. Por ejemplo, pagarles oportunamente a los pensionados que sean deudores hipotecarios con el objeto de asegurarles las bonificaciones del caso; que las personas que no contaron con la densidad requerida, debido a que les faltaron algunas semanas de cotizaciones, puedan tener al menos una proporcionalidad de la renta vitalicia mínima; y también estudiar la idea de crear un fondo solidario para la tercera edad. Creemos que el compromiso del Gobierno favorece notablemente esta iniciativa legal.

Además, quiero hacer un claro reconocimiento a los jubilados, y se lo merecen por parte de todos nosotros por el largo trayecto de su desarrollo laboral, particularmente en lo referente a sus últimos años de vida. ¡Y para qué decir de los estudiantes más marginados y de las zonas aisladas!

Aquí se ha señalado que, a veces, un 10 por ciento es poco, que mil pesos resultarían insuficientes. Pero veamos la realidad de un jubilado, de una persona marginada de nuestro país: mil pesos pueden ser el pan, la yerba, el té o un medicamento oportunamente administrado. Así se empieza a avanzar etapa por etapa. Y si hay que "apretarse el cinturón" para ayudar a este sector, creo que es conveniente que lo hagamos todos los chilenos solidariamente.

Por lo tanto, me pronuncio por la afirmativa.

El señor HUERTA.-

Señor Presidente , señores Senadores, hace 25 años que estoy en situación de retiro, y tengo más de 52 años de servicios reconocidos por la Contraloría General de la República. Muchos hombres y mujeres que han estado bajo mi mando, hoy día se encuentran en retiro ganando pensiones no a tono con los servicios que prestaron a la comunidad.

Estos problemas se presentan en todos los niveles: en los grados superiores, por el esfuerzo que debemos hacer para no desmerecer ni lesionar la dignidad de nuestros pares en servicio activo; en los grados medios, los llamados "de cuello y corbata" deben aparentar lo que no tienen, y en los niveles inferiores, a las montepiadas, principalmente, sus ingresos no les alcanzan a ellas ni a sus familiares para ingerir alimentos congruos, ni disfrutar de un mínimo de comodidades.

Conocedor de esta tragedia, y como un deber de lealtad hacia quienes lo dieron todo estando en servicio, me pronunciaré favorablemente sobre este proyecto, con la esperanza ¿y ésta no es una condición¿ de que en materia de financiamiento se llegue a un acuerdo político que armonice los intereses de las partes contrapuestas.

Voto que sí.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , en verdad ¿como en más de una oportunidad se dijo¿, aquí estamos ante un proyecto con una muy buena iniciativa y con muy buenos objetivos: mejorar la situación de los pensionados y, al mismo tiempo, la subvención escolar. Sin embargo, esa buena iniciativa no hace de él un buen proyecto, por cuanto, lamentablemente, se trata de una mala normativa, porque su financiamiento es inapropiado, su estructura técnica, inadecuada y, además, no resuelve el problema.

Me explico, señor Presidente : digo que tiene un mal financiamiento ya que, básicamente, el proyecto implica nada más que un mero aumento de impuestos. Esta es una solución muy poco original para resolver los problemas económicos y sociales de Chile. La verdad es que, si de eso se trata, cada vez que surgieran problemas habría que incrementar los tributos. Con este expediente y por este camino, en realidad, hace mucho rato que ya se habrían terminados los problemas en nuestra patria.

El proyecto es malo también porque, junto con seguir exprimiendo a los sectores medios del país ¿que es el objetivo final del mismo¿, nos coloca frente a una situación absolutamente paradójica: el Gobierno sabe que dispone de los recursos necesarios para superar la situación sin que ello implique gravar más a esos sectores. No estoy hablando de los recortes de excedentes que podrían efectuarse, ni tampoco de los mayores ingresos que las autoridades han anunciado que hay, sino que ¿como lo manifestó el Senador señor Urenda ¿ me estoy refiriendo a la disponibilidad, al saldo final de caja de la Ley de Presupuestos de 1995, que supera con creces las necesidades para financiar esta iniciativa.

Por lo tanto, hay recursos para financiar el proyecto. Sin embargo, la autoridad, de una manera muy poco original, busca seguir aumentando los impuestos, como si fuera ésa la receta para poder crecer y progresar. Los países que hoy día avanzan son los que reducen los tributos, a fin de que la gente pueda trabajar y, a través de ello, se logre el crecimiento y se generen los ingresos que permitan el desarrollo del país.

En segundo lugar, estimo que el proyecto, técnicamente, se encuentra estructurado en forma muy negativa. Ya lo señaló también el Honorable señor Cantuarias. Resulta absurdo que la iniciativa presentada al Congreso haya incluido, como sustituto de una normativa en debate, el aumento de una subvención en montos menores que otros ya aprobados por esta Sala. Eso refleja que hay improvisación en el modo de legislar y que existe apresuramiento en la materia, como si no se hubiesen estudiado las cosas; porque no me cabe la menor duda de que un error de esta naturaleza debió haber sido previsto por la autoridad.

Pero, además -y esto se hizo presente en el Senado-, en esta materia hay una cuestión de constitucionalidad, que puede echar por tierra la iniciativa, por ejemplo, en lo relativo al artículo 12, que impone a las mutualidades un gravamen adicional, lo que las discrimina, en comparación con otras instituciones. Este elemento atenta claramente contra la igualdad ante la ley, contra la posibilidad de desempeñar libremente actividades económicas.

Y, en tal sentido, aprovecho de formular expresa reserva de constitucionalidad sobre esta materia.

Reitero: la iniciativa está mal estructurada técnicamente. Pero, lo más delicado de todo, son muchas las personas, particularmente en el caso de los pensionados, que esperan hace tiempo una solución.

En la Sala se ha dicho una y otra vez que se debe avanzar en la materia; pero, en realidad, no estamos dando un paso relevante en la solución del problema de las jubilaciones. El sector pensionado va a creer que la iniciativa constituye un progreso; sin embargo, a mi juicio, se le está dando un calmante, para postergar el problema. Con este sistema, son más de 30 mil las personas que ni siquiera alcancen a recibir mil pesos por concepto de reajuste y cerca de 700 mil las que seguirán percibiendo una cantidad inferior a la pensión mínima de 39 mil pesos.

Esa es la realidad de los jubilados. Por eso, aquí no se podía haber optado por un aumento parejo de 10 por ciento para las pensiones. Con un debido estudio sobre los recursos existentes y después de realizado un esfuerzo fiscal en la búsqueda de tales fondos, podríamos haber hecho de una vez por todas lo que debemos: aumentar radicalmente las pensiones inferiores al sueldo mínimo. Eso es lo que corresponde. Espero que alguna vez la autoridad lo realice, porque lamentablemente esta materia es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Nosotros carecemos de facultad en tal sentido, ni tampoco podemos recortar los recursos propuestos con ese objetivo.

Por todas estas razones, resulta difícil aprobar el proyecto. Sin embargo, pese a todo lo que he dicho y en consideración a que este proyecto significa un pequeño reconocimiento para los jubilados, con la esperanza de que alguna vez se otorgue una solución definitiva al sector, me abstengo.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente , éste es un proyecto increíblemente simple. Se trata de que el Gobierno obtenga recursos por 150 millones de dólares para el otorgamiento de diversos beneficios sociales que ascienden a más de 300 millones de dólares, y entre los que figura el aumento de las pensiones y de las subvenciones escolares.

El alza de impuestos se halla orientada al consumo de la bencina y del tabaco, y es extraordinariamente modesta, por cuanto la gasolina en Chile es una de las más baratas del mundo, inclusive con el aumento que se propone. Lo mismo ocurre con el tabaco. Todos los países imponen un gravamen a los cigarrillos. Desde luego, los impuestos son similares, ya que la industria tabacalera es competitiva. La producción nacional de cigarrillos puede competir en el mercado internacional, porque en otras naciones se aplican los mismos impuestos que en Chile, sin que nadie haga escándalo cuando se proponen incrementar en un peso -como dijo el Senador señor Díaz- , o sea esa moneda de aluminio que ni siquiera se ve, el precio de cada cigarrillo.

Por lo tanto, éste no es un problema de impuestos, sino uno de carácter político. Desde diciembre de 1994 hasta la fecha ¿aproximadamente seis meses¿, por su cotización internacional, la bencina ha subido en el país más que el tributo que hoy se pretende aplicar. Y ningún representante de los sectores de Oposición reclamó por el alza del precio internacional. Sólo se discrepa cuando el Gobierno pide aumentar el precio de ella para cumplir con las personas de menores ingresos, como los jubilados.

Por lo demás, no puede aprobarse demagógicamente el otorgamiento de un beneficio y rechazar los recursos que lo financian. El sistema de ofrecer y no cumplir desprestigia a los políticos. Y aquí se contribuye a ello al ofrecer a los profesores y a los jubilados que queremos beneficiarlos con mejores sueldos y pensiones y, en el momento de dar los recursos, se buscan mil y un subterfugios para no hacerlo.

Tal vez, el aumento establecido en el proyecto ¿como lo señaló un señor Senador ¿ sea modesto. Sin embargo, la cantidad de personas a las cuales se otorga ¿más de un millón de jubilados¿ hace que esta suma sea inmensa. No obstante, como lo manifestó el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra ¿quien no se encuentra en la Sala en este minuto¿ si se quiere entregar mayores beneficios a los jubilados, desafío a Su Señoría a buscar los medios para una redistribución de la renta, de modo que no sólo deban pagar el aumento de los referidos tributos los más pobres, sino los más ricos que, en proporción del 20% de la población, se llevan el 55 por ciento del Producto Nacional. Con eso se lograrían mejorar las pensiones en 20 ó 30 por ciento.

Tengamos el corazón bien puesto y practiquemos la generosidad y la solidaridad de acuerdo con lo que decimos y no en forma engañosa. Cada vez que el Gobierno presenta un proyecto de ley orientado hacia los sectores modestos, no podemos plantear las holguras presupuestarias o las privatizaciones, pues ello equivaldría a aplicar la famosa "pomada del oso blanco", que se usaba para todo por los charlatanes. Si hubiésemos recurrido a las holguras y a las privatizaciones, aquéllas ya no existirían y la inflación no sería de 8, sino de 10, 15 ó 20 por ciento.

Me parece que el problema debe plantearse con seriedad y no hacer mofa de los proyectos que benefician a los jubilados; es decir, prometerles y no cumplir, lo que considero grave.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor Senador.

El señor LAVANDERO.-

A mi juicio, señor Presidente , debe entenderse que la solidaridad, la justicia social y el combate a la pobreza son problemas serios. Y no se pueden esgrimir argumentos falaces, como los dados aquí, cada vez que se trata de entregar un beneficio a los sectores de más bajos ingresos.

Para evitar la demagogia y ser consecuente con mis principios, voto que sí.

El señor MC-INTYRE.-

En mi concepto, ésta ha sido una discusión difícil para el señor Presidente , para el señor Ministro y para los señores Senadores, y creo que la debemos insertar dentro de la política económica general del país, que es buena.

Estimo que las críticas han sido un poco exageradas, pero debemos reconocer que el señor Ministro nos ha representado bien en el exterior y ha seguido una línea que mantiene al país con una economía eficiente. Sin embargo, en relación con el proyecto y aunque no soy especialista en la materia, me asaltan dudas. Una de ellas es que, si desde hace diez o doce años el país acusa un crecimiento económico constante ¿antes no estábamos acostumbrados a que lo hiciera a un ritmo tan acelerado como el de ahora¿ y si a todo el mundo le decimos que el crecer significa mejorar nuestra infraestructura y la parte social, resulta que varios de los últimos proyectos enviados al Congreso ¿como el relativo a los bomberos, o el de los bienes raíces o el que significa mejorar la situación social¿ hemos visto que van aparejados con nuevos impuestos.

Indudablemente, el señor Ministro de Hacienda tiene razón en preocuparse de los recursos que el país ha venido acumulando, entre otras cosas, por el mayor precio del cobre; pero existen reservas para este tipo de gastos, sin que el señor Aninat se despreocupe del ahorro. También debemos tener en cuenta los fondos que nosotros mismos hemos aprobado, como el de Estabilización de Precios del Petróleo y el que fija el Precio de Referencia del Cobre. Sin embargo, como el proyecto en debate viene "amarrado", estamos impedidos de hacer sugerencias.

Pertenezco a las Comisiones de Transportes y Telecomunicaciones y a la de Pesca y Acuicultura. En ellas, he adquirido alguna experiencia que podría resultar útil para el debate. Por ejemplo, hace poco tiempo me impuse del problema de los pescadores artesanales de Arica, ciudad que ¿como lo vimos hace cuatro años¿, pese a estar en pésimas condiciones, ha mejorado notablemente su situación económica. Allí el costo de la bencina resulta muy importante. Recordemos que en el país hay alrededor de 60 mil pescadores artesanales y 46 mil embarcaciones pequeñas. El otro día escuchaba en los medios de comunicación de Valparaíso que a los pescadores les afecta bastante el alza del precio de los combustibles. Además, en la Comisión de Transportes, hemos comprobado que en el país circulan un millón 200 mil automóviles, aproximadamente. Conforme al dato proporcionado por la Honorable señora Feliú , como más o menos el 80 por ciento de la población gana una suma inferior a 400 mil pesos, el aumento del precio de la bencina repercutirá en la clase media de manera considerable.

Todas estas objeciones no se pueden hacer como corresponde, porque el proyecto viene condicionado en su financiamiento.

Por lo tanto, me abstengo.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , desde estas bancadas pensábamos que iba a haber un consenso normal respecto a que el mayor gasto fiscal por el aumento de las pensiones y de la subvención educacional debía contar con un financiamiento claro y concreto, y que aquél podría cubrirse por la vía de un menor gasto o del ahorro fiscal o privado.

Un señor Senador preguntó al respecto por qué no se hacía uso de los ahorros que el país había logrado. Me extraña que el distinguido colega ¿muy versado en estos asuntos¿ no haya recordado, a la vez, que el ahorro nacional constituye un pilar fundamental para un crecimiento económico armónico, detener la inflación que afecta precisamente a los más débiles y poner freno al empeoramiento del tipo de cambio, materias todas que domina la Oposición.

Durante el debate se ha cuestionado el alza de los impuestos al consumo de la gasolina y del tabaco, en lugar de buscar otro financiamiento. En esta oportunidad, conviene recordar que el Estado de Chile hoy día representa sólo el 23 por ciento del Producto Nacional. Que aquél sea pequeño ¿esto nos parece bien y sabemos que para las bancas opositoras es mucho mejor¿ hay que asumirlo con consecuencia y como una realidad objetiva a la hora de exigir, porque el reducido tamaño del Estado y la desigual distribución de los ingresos determina que el gasto corriente del 20 por ciento de las familias con más altas rentas del país sea tres veces superior a los gastos corrientes del Estado chileno.

Entonces, a nuestras bancas les queda absolutamente claro que en justicia el sector privado debe realizar el esfuerzo más importante en la contribución para financiar la iniciativa en debate.

Con absoluta transparencia, tenemos que decir que el Gobierno ha cumplido en forma coherente con el análisis de las situaciones y de los requisitos para financiar en forma absolutamente sana una inversión social urgente para los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.

Señor Presidente , en concreto, la Oposición, que es contraria a este proyecto, tiene solamente dos caminos y todo lo demás que se argumente se parece al método de la urraca: grita mucho en una parte, pero pone los huevos en otra. Por lo tanto, la Oposición tiene que dar una muestra de responsabilidad política y de real sensibilidad frente al drama de los jubilados de nuestro país; o debe denunciar públicamente a quienes hablan de esto en forma teórica y no ponen en práctica sus dichos, impidiendo, en consecuencia, que el país siga creciendo con equidad y sin nuevas presiones inflacionarias.

Por eso, señor Presidente, voto que sí.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente , junto con votar favorablemente el proyecto, solicito oficiar al señor Ministro de Hacienda , a fin de que aclare ¿si no lo hace en esta misma oportunidad¿ la inquietud planteada reiteradamente por el Senador señor Cantuarias , en el sentido de que este proyecto se contradiría con el que aumentó las subvenciones escolares, aprobado hace poco tiempo. Si así fuera, estaría de acuerdo con Su Señoría en que es un contrasentido. Por eso es bueno aprovechar esta ocasión, para oficiar al Ejecutivo , a fin de que aclare definitivamente el punto. Desde ya, me parecería grave y lamentable su efectividad, dado el gran esfuerzo hecho para aumentar las subvenciones escolares.

Por otra parte, a mi juicio, el debate ha sido bueno, pues ha puesto en el centro de la discusión el tema de las urgencias. Al respecto, es conveniente recordar que no somos los autores de la Constitución que nos rige, y que el sistema de la urgencias fue impuesto por una concepción que no dejo de calificar como autoritaria. Francamente, creo que debemos hacer un debate más a fondo sobre la materia, por cuanto, en definitiva, una vez más se plantea el tema de las atribuciones del Parlamento para legislar adecuadamente en pro de los intereses generales del país.

No está de más decir que la iniciativa representa un primer paso en favor de los jubilados, pues todos hemos concordado en que es necesario seguir legislando en favor de este sector tan postergado de la sociedad chilena.

Por estas razones, señor Presidente, voto a favor.

El señor OMINAMI.-

Voto favorablemente la iniciativa, por considerarla un avance importante para un sector que ha sido particularmente postergado en nuestra sociedad. Además el proyecto es responsable, porque no se limita sólo a proponer beneficios, sino que también establece las fuentes de financiamiento correspondientes. En tal sentido, lamento la actitud de muchos señores Senadores de Oposición que hoy día han perdido una buena ocasión para demostrar efectivamente su decisión de respaldar con gestos prácticos sus dichos a favor de los pensionados. Es fácil promover proyectos de acuerdo, reajustes y todo tipo de beneficios a favor de éstos. Pero cuando hay oportunidad de dar un sentido práctico y concreto a ese compromiso; de mostrar al país que los Parlamentarios no solamente hacemos discursos, sino que somos capaces de respaldarlos concretamente. Lamento que algunos Parlamentarios no la hayan aprovechado como un gesto de responsabilidad y de civismo frente al país.

Espero que en lo que resta de la discusión podamos, a través de indicaciones, hacer algunos mejoramientos. Me preocupa particularmente ¿como ya lo he hecho presente¿, la situación de las pensiones asistenciales, que siguen siendo inferiores a 20 mil pesos. Es sabido que con ese nivel de ingresos una persona no queda condenada sólo a vivir en la pobreza, sino en la "extrema-extrema pobreza".

Por imperativo ético y por rigurosidad macroeconómica, voto favorablemente, señor Presidente.

El señor OTERO.-

Señor Presidente , algunas veces uno no entiende ciertas expresiones en la Sala. Aquí alguien hablaba de los Senadores que se oponen a este proyecto. En verdad, ninguno se ha opuesto a él. Ningún Senador ha dejado de reconocer la urgente e imperiosa necesidad de reajustar las pensiones. Lo que sucede es que hay dos problemas distintos, y como Senador de Renovación Nacional puedo decirlo con mucha claridad.

Cuando el país realmente necesitó una reforma tributaria, para resolver problemas sociales graves y urgentes, nosotros la votamos a favor, pese al costo político que ello implicaba y que hasta el día de hoy estamos pagando. Y cuando hubo que hacer otro ajuste tributario, fue el Partido Renovación Nacional el que llegó a un acuerdo con la Concertación, asumiendo un nuevo costo político, a fin de que se contara con los recursos indispensable para solucionar también problemas sociales.

Ahora el asunto es totalmente distinto. Se nos plantean alzas impositivas innecesarias, en circunstancias de que existen fondos más que suficientes para financiar la presente iniciativa, que, en nuestra opinión, es absolutamente insuficiente e injusta.

Señor Presidente , en reiteradas oportunidades he señalado en esta Sala el problema que se les origina a los pensionados cuando deben pagar las contribuciones de bienes raíces. Y he recalcado la enorme injusticia tributaria que significa el hecho de que los únicos que verdaderamente pagan impuesto territorial sean los profesionales, los empleados y los jubilados. Sin embargo, nada se ha hecho. No he sido escuchado.

Los Senadores de estas bancadas hemos pedido insistentemente un reajuste de las pensiones, pero no como el contemplado en este proyecto, sino un reajuste escalonado, que considere el poder adquisitivo de las pensiones y el hecho de que mientras más avanzada es la edad de los beneficiarios, mayores son sus necesidades. No obstante, el reajuste propuesto no contempla ninguna de estas realidades y ¿lo que es más grave¿, por la forma en que está planteado, tendrá un carácter nominal para los señores jubilados. ¿Por qué? Porque, como todos lo han reconocido, tendrá como consecuencia un aumento del costo de la vida. Pregunto a los Honorables colegas: ¿Son los ricos los que usan taxi, taxibuses y colectivos? ¡No! Son los pobres. Y sobre ellos recaerá el aumento de las tarifas, pues deberán pagar mucho más por concepto de locomoción.

A nosotros no nos afecta esa alza. Nadie podría decir que algún Senador se opone a elevar estos impuestos por un interés particular, porque en el Senado percibimos una asignación por locomoción, y muchos de nosotros no fumamos. De manera que no estamos amparando a una empresa determinada, ni abogando para que no se apliquen más tributos.

Estamos defendiendo una realidad. Estamos diciendo que consideramos inadecuado el financiamiento del proyecto, y que éste no resuelve el problema social existente. Estamos diciendo que es imprescindible otorgar un reajuste apropiado, escalonado y acorde con el monto de las pensiones y las edades de los beneficiarios. Estamos diciendo que no es posible incrementar impuestos que los gravarán a ellos mismos. Porque van a pagar más por los medios de transporte. Y van a pagar más por los alimentos, puesto que éstos se transportan en vehículos que usan bencina y no otro tipo de combustible.

Estas son las razones que tuvimos para promover esta discusión. No puede sostenerse que hayamos tratado de dilatar la entrega del reajuste. Hemos demostrado que el Gobierno, si quisiera ¿entiéndase bien: si quisiera¿, podría conceder este reajuste con efecto retroactivo. Cuenta con los recursos para hacerlo: tiene 88 mil millones de pesos en el Presupuesto desde el 1° de enero del año en curso, y, además, ahora está recibiendo el mayor valor derivado del aumento del precio del cobre. Vale decir, el reajuste de las pensiones no depende de este proyecto.

Digamos las cosas como son. Nosotros estamos dispuestos ¿y lo hemos demostrado¿ a subir impuestos cuando es necesario, imperativo e imprescindible. Pero, en este caso, el alza de tributos repercutirá precisamente en quienes estamos tratando de favorecer.

Entonces, ¿qué queremos? Que el reajuste para los pensionados sea real y efectivo y que no se les transforme en sal y agua a causa del aumento de los precios que tendrán que pagar.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Concluyeron sus cinco minutos, señor Senador.

El señor OTERO.-

Porque sobre ellos recaerá, también, el incremento del valor de la UF cuando deban pagar las cuotas habitacionales.

Por los motivos expuestos, me abstengo.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , la verdad es que analizando las finanzas públicas y mirando al señor Ministro de Hacienda , recuerdo esa historieta que conocimos todos desde niños: la del tío Rico Mac Pato. Voy a justificar por qué y, de paso, aprovecharé de responder a mi colega y amigo el Senador señor Calderón , quien dijo que nosotros no habríamos planteado ninguna alternativa concreta. Como dispongo de 5 minutos, propondré medidas concretas, para que el asunto quede claro.

El costo de este proyecto de reajuste para el año 95 es de 60 millones de dólares. Simple: 60 millones de dólares. Y el aumento del gasto público, contenido en el Presupuesto para 1995, es de mil millones de dólares. Sin embargo, de esta cantidad no se destinó ni un solo peso para los jubilados. ¿Dónde están las prioridades que tanto el Presidente como los Ministros dicen tener con respecto a los pensionados?

En el presupuesto de este año existe una partida ¿que es una suerte de cajón donde se guardan recursos para eventualidades¿ que hoy tiene disponibles 350 millones de dólares: ¡seis veces lo que cuesta financiar esta iniciativa! Además, en 1995 los ingresos serán superiores a los esperados, en más de mil millones de dólares ¡Casi veinte veces lo que cuesta el proyecto durante este año! Entonces, aquí no hay un problema de recursos.

Por otra parte, ¿qué ocurrirá más adelante? En 1996 el costo del reajuste alcanzará a 150 millones de dólares, porque deberán pagarse los 12 meses, y no sólo los 5 meses que quedan del presente año. Pero en 1996 los ingresos del Fisco se incrementarán, en razón solamente del crecimiento, en 800 millones de dólares.

Pregunto al señor Ministro de Hacienda , quien cada vez que gasta un peso cree que está comprometiendo el ahorro: ¿qué va a hacer con esos 800 millones de dólares? ¿No sería justo destinar una parte a financiar estos aumentos de pensiones, que, desde los puntos de vista de equidad, justicia, compromiso y deuda moral, todo el mundo comparte?

Pero también quiero recordar a los señores Senadores que el patrimonio del Estado en empresas públicas supera los 32 mil millones de dólares. ¡Pocas veces he visto un Estado tan rico, en un país con tantos problemas de pobreza! Bastaría con vender el 5 por ciento de ese patrimonio ¿seguramente me van a decir que no, porque la venta es por una sola vez y las pensiones hay que pagarlas siempre; pero todos sabemos aritmética¿ e invertir el producto en el mercado de capitales, para contar con los recursos que permitan financiar permanentemente este reajuste. El Estado tiene 32 mil millones de dólares en empresas públicas, que rentan el 3 por ciento, y se endeuda al 6 por ciento. Si el dueño no fuera el Fisco, estaría quebrado.

Finalmente quiero señalar, como una anécdota, que las pérdidas de CODELCO por las operaciones a futuro -no las ocasionadas por el señor Dávila- que mencionaba el Senador señor Pérez , alcanzaron el año pasado, según el balance de esa empresa, a una cifra cercana a los 95 millones de dólares.

Por todo esto, señor Presidente , vuelvo al ejemplo del tío Rico Mac Pato. El Gobierno posee los recursos, y no se trata de que no los quiera gastar -¡sí los va a gastar!-, sino que desea utilizarlos en otras cosas, no tan populares ni con tanta causa moral como la situación de los pensionados. Por eso, pone a éstos como una especie de barrera ; para justificar el aumento de los impuestos. Es algo similar a lo que le ocurre a la gente obesa. El Gobierno sufre de obesidad: a pesar de que está lleno de grasas, tiene ansias por seguir comiendo; en este caso, por seguir incrementando los impuestos.

Por lo anterior, señor Presidente , la respuesta es muy simple. Al aumento de las pensiones, definitivamente, sí. Hay un proverbio chino que dice que el grado de civilización de las sociedades se mide por la forma en que tratan a los niños y a los ancianos. De acuerdo a ese test, en Chile seríamos muy poco civilizados. Ahora estamos tratando de ser más civilizados.

Más aún, señor Presidente , concuerdo con lo expresado por el Senador Urenda, en orden a que el reajuste de 10 por ciento significa apenas 3 mil pesos para cada una de las casi 600 mil personas que perciben pensiones de 30 mil pesos. La iniciativa debió haber sido algo más sofisticada, un poco más pensada. Y más aún, señor Presidente ¿aquí también queremos lanzar un desafío¿, nosotros...

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Terminó su tiempo, señor Senador.

El señor PIÑERA.-

...comprometemos nuestro apoyo a un proyecto que mejore significativa y gradualmente las pensiones hasta lograr alcanzar cifras razonables.

Termino señalando que, como hay dos preguntas ¿¿más pensiones y subvenciones? y ¿más impuestos? ¿; como a la primera respondemos afirmativamente, y a la segunda, negativamente, y como debemos dar una sola respuesta, no queda otra cosa que abstenerse.

Me abstengo, señor Presidente.

El señor PRAT.-

Señor Presidente , el proyecto que nos ocupa, como quedó claramente demostrado en la intervención anterior, es improvisado. Creo que eso justifica los aspectos negativos que envuelve. En cuanto a los aspectos que todos reconocemos como positivos, es decir, subir las pensiones, son de un alcance limitado.

En rigor, respecto de las pensiones mínimas, la iniciativa constituye una burla, porque no de otra forma puede calificarse lo exiguo que significa su mejoramiento. Y, sin embargo, esto lo hace elevando los impuestos, contraviniendo un acuerdo en orden a estabilizar la carga tributaria que existía en el país. Por lo tanto, debilita la capacidad de realizar nuevos acuerdos, que el país siempre debe preservar.

Entonces, la iniciativa, si bien tiene aspectos positivos, de alcances limitados, contiene otros claramente negativos. Se trata, sin duda, de un proyecto improvisado. Por eso, me sumo a la abstención manifestada ya por muchos señores Senadores.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente , en esta clase de debates siempre surgen elementos interesantes para su análisis. Y quiero expresar a lo menos uno de ellos en los cuatro o cinco minutos de que dispongo para fundamentar mi voto.

El Senador señor Calderón trajo a la memoria una situación realmente dramática vivida en Magallanes. Su Señoría señaló que hace algunas semanas dos ancianos fallecieron por el frío, e indicó que uno de ellos tenía una renta de 38 mil pesos. A ese anciano correspondía recibir 3 mil 800 pesos más, menos el 0,5 por ciento, lo que con el transcurso del tiempo se desvaloriza.

Pero, a propósito de las riquezas, es importante recordar algo.

El Presidente de la República , don Eduardo Frei , en un discurso pronunciado en La Moneda ¿me encontraba presente en esa oportunidad¿ con ocasión de la firma de la nueva Ley de Rentas Municipales, expresó que el Gobierno se sentía muy orgulloso porque el 70 por ciento del Presupuesto de la Nación estaba destinado al área social. Dicho Presupuesto hoy día es del orden de los 4 billones 678 mil millones de pesos. El 70 por ciento corresponde a 3 billones 274 mil 600 millones de pesos.

Si dividimos ese presupuesto social en 13 millones 650 mil personas, que son los habitantes del país, y suponiendo que todos ellos, incluyendo la gente con dinero, se encuentran percibiendo algo de este desarrollo social, la verdad es que per cápita el Ejecutivo dispone de 240 mil pesos para invertir y gastar en el sector social. Si a eso le agregamos los recursos que administran las municipalidades, esto es, 32 mil 234 pesos per cápita, concluimos que el Estado, sumadas las municipalidades, tiene 272 mil 234 pesos per cápita.

La Región de Magallanes cuenta con 143 mil 198 habitantes. Si entendemos que en Chile existe -tal como se indicó- una adecuada distribución de los recursos públicos y que no existe centralización alguna, debemos suponer que los recursos que llegan a la Región por ambos presupuestos, el nacional y el comunal, son 38 mil 983 millones de pesos.

Tengo la certeza más absoluta de que dichos recursos no llegan a la Región de Magallanes, porque, a través de todo el esquema administrativo fiscal, éstos se van quedando en muchos caminos distintos. Estoy hablando sólo de los recursos sociales que el Presidente de la República ha dispuesto en el Presupuesto de la Nación, es decir, del señalado 70 por ciento.

Asimismo, tengo también el más absoluto convencimiento de que si dichos recursos fuesen, por un lado, bien administrados, y por el otro, bien distribuidos, no habrían fallecido esos dos ancianos en Magallanes, ni otros en parte alguna del país. Por lo demás, creo que es primera vez en nuestra historia que los habitantes, en su presupuesto fiscal, se acercan a los mil dólares per cápita, incluyendo el otro 30 por ciento, correspondiente a otros recursos de administración. Es una cifra realmente fantástica y admirable.

Por eso, entendiendo todos los efectos positivos que tiene esta iniciativa, sin duda alguna la administración de los recursos públicos debe ser prioritaria en nuestra responsabilidad. Y, entonces, no me parece conveniente descargar en otras personas que entregan tributos en el país las reales ineficiencias existentes en la administración de los recursos que ya tiene el Estado.

Por lo anterior, no me resulta posible votar favorablemente la iniciativa. Habría querido votarla en contra. Sin embargo, no cabe duda de que en esa votación existe la imagen de no querer y no intentar un mayor mejoramiento para las personas más desvalidas, para los pensionados.

Termino recordando al Senador señor Calderón , a quien estimo mucho, y al resto de Sus Señorías, que volvamos a revisar los recursos que llegan a nuestras Regiones, pues estoy convencido de que eso será suficiente para resolver todos los problemas sociales pendientes.

Me abstengo, señor Presidente.

El señor RUIZ (don José).-

Señor Presidente , los jubilados y sus familiares, al igual que los trabajadores y sus familias, que perciben el ingreso mínimo, forman parte de más del 60 por ciento de los pobres del país. Allí se encuentra radicada la pobreza. Y esos dos sectores sólo alivian su situación si ingresa un proyecto de ley al Congreso para mejorar sus remuneraciones o pensiones, dependiendo del caso.

Y eso es lo que se ha hecho a través de estos años, en forma insuficiente, cuestión que reconozco.

Pero también creo importante aclarar que cuando se les quitó el 10,6 por ciento a los jubilados, a raíz de la crisis económica de los años 80, paralelamente se redujo el impuesto a las utilidades de las empresas, de un 20 a un 10 por ciento.

Es decir, el esfuerzo lo tuvieron que hacer los jubilados, los pobres de esta nación. Los poderosos fueron rápidamente auxiliados por el Estado. Y cuando quebró la Banca, con recursos de todos los chilenos se fue en auxilio de ella. Y hoy día ésta no quiere pagar la deuda que tiene con todos los habitantes del país.

Aquí se recordó un acuerdo tributario. Hubo dos acuerdos de esta naturaleza. El último de ellos efectivamente se realizó el año 93. Para mantener el 15 por ciento de impuesto a las utilidades de las empresas, hubo que firmar dicho acuerdo.

A mí me habría gustado mucho que quienes firmaron ese acuerdo en representación de los sectores empresariales hubieran tenido hoy un gesto de generosidad. Y, entonces, habríamos concordado en que, en vez del impuesto a la bencina y a los cigarrillos, se hubiera establecido uno a las utilidades de las empresas, lo que era mucho más correcto.

Pero no hay gestos de generosidad, ni de solidaridad. O si no, nos dicen que vendamos las empresas. Y muestran al Ministro de Hacienda como Rico Mac Pato. ¡No, señor Presidente ! ¡Son otros los Rico Mac Pato que compran las empresas del Estado! Y algunos saben muy bien quiénes son.

Por consiguiente, no se trata de que regalemos las empresas del Estado, como en otra oportunidad se hizo, sino de que efectivamente enfrentemos el problema de los jubilados chilenos. Y no solamente el de ellos, sino, también, el problema de muchos sectores de la Administración Pública que hoy ganan salarios realmente insuficientes, por no decir "de hambre". Y creo que haríamos bien en asumir la responsabilidad y el compromiso de revisar los pactos existentes, que impiden al Gobierno imponer tributos donde debería y lo obligan a buscar estos ¿diría¿ "acuerdos" para establecer impuestos a la gasolina o al tabaco, cuando ello pudo ir por otro lado.

Pero, además, quiero agregar algo, señor Presidente.

El problema mencionado aquí, en el sentido de que con este impuesto a la bencina los automóviles en Chile terminarán usando petróleo, tiene una solución que iría por otro lado, como bien señaló el Senador señor Andrés Zaldívar. Hace cinco años presenté al Presidente de la República un proyecto para solucionar lo relativo al impuesto al gas comprimido y al gas licuado de uso en vehículos, que permitiría el uso masivo de ese combustible en el país. Desgraciadamente, hasta ahora esa iniciativa no ha sido acogida.

Aprovecho la presencia del señor Ministro de Hacienda en la Sala para señalar que sería muy interesante que se fomentara el uso del gas en vehículos, porque le ahorrará muchos recursos al país, evitará la contaminación y, además, los motores de los vehículos durarán mucho más.

Finalmente, deseo manifestar que me habría gustado que quienes están en contra de este proyecto hubiesen votado, precisamente, en contra. Eso habría sido mucho más claro. Y que no por evitar la pifia o por buscar un aplauso fácil usaran el subterfugio de abstenerse. Habría sido mucho mejor dar la cara y votar derechamente en contra.

Voto a favor.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Señor Presidente, muy brevemente.

Votaré a favor del proyecto, haciendo tres observaciones. La primera es que en un debate como éste entra de lleno el tema ¿que permanentemente he planteado¿ tocante a que hay que ser consecuente, en especial en la argumentación, para que la política no se desacredite. No se puede reclamar hoy por lo que no se hizo ayer. Eso es parte del comportamiento político de todos, y no sólo de determinados sectores, a los que, en este momento, echo de menos en esa perspectiva. Porque durante muchos años se registró, en el ámbito de los jubilados, las pensiones y la gente de trabajo, la pérdida de ciertas opciones, debido a una política económica que todos criticamos.

La segunda observación, señor Presidente , es que, efectivamente, frente a un financiamiento como éste puede haber muchas soluciones. Algunos plantean la de gastar por cuenta del Estado, sin aplicar nuevos impuestos. Sin embargo, volvemos a lo mismo: se desea concretar ese punto de vista, pero, simultáneamente, se critica cuando aumenta el gasto fiscal. Se quiere un Estado que gaste y, a la vez, uno que se achique. Porque no existe consecuencia posible cuando se carece de una visión clara en el sentido de que para que una sociedad funcione bien debe haber cierta equidad.

En reiteradas oportunidades he dado un ejemplo que ningún señor Senador me ha rebatido en las discusiones a que nos hemos abocado. Se publicó en 1990, respecto a 1989, que la sociedad chilena exhibía una diferencia de ingresos de tal magnitud, que los más ricos ganaban en un mes lo que los más pobres recibían en 125 años. Y eso era absolutamente imposible de sostener. Y cuando digo 125 años, lo reitero, porque en los diarios de la época se publicaba como diferencia la relación de uno a mil 500, entre el menor y el máximo ingreso.

Por consiguiente, a través de distintos proyectos y de la política aplicada en los últimos años se ha buscado mantener los equilibrios pero, simultáneamente, disminuir la inequidad. Porque, en ese caso, ya no se trata sólo de un problema económico, sino, además, de la estabilidad de la sociedad o de la propia democracia.

Finalmente, se ha señalado en forma reiterada ¿y lo indicó en su intervención el señor Vicepresidente de la Corporación¿ que, tocante a las subvenciones, habría una mala presentación o, a lo menos, se estaría ocultando lo que en el fondo se persigue, pues no cabe que se sume el contenido de este proyecto y el que aumenta el monto de las subvenciones contenido en la iniciativa que modificó el Estatuto Docente.

Es un punto que hemos discutido hasta la saciedad, y, señor Presidente y señores Senadores, espero que el señor Ministro lo aclare una vez más. En definitiva, ahí existe una suma. Y el mecanismo que debe utilizarse es que en el último de los dos proyectos que se despache se presente la indicación para incorporar lo aprobado en la primera iniciativa. Ese es el proceso lógico cuando hay dos proyectos que se trabajan sobre el mismo canal, paralelamente, y sobre igual materia.

En la medida en que se hubiera legislado de otra forma, es posible que se hubiera producido el efecto, no deseado, que aquí se ha planteado.

Voto que sí.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente , después de escuchar los distintos planteamientos de diversos Honorables colegas y de consultar acerca del tema durante la semana regional, con distintos sectores afectados, deseo expresar mi opinión sobre la materia para ratificar mi posición.

En primer lugar, quiero reiterar, al igual que prácticamente todos los señores Senadores, incluidos los de mi bancada, que coincido plenamente en la necesidad absoluta del aumento de las pensiones, haciendo la salvedad de que se debió abarcar todo el sector de pensionados y considerar, además, un incremento sustancialmente mayor para las pensiones más bajas. Incluso, cabía que al porcentaje correspondiente a los sectores inferiores de la escala se le garantizara un mínimo que le permitiera, al menos, sentir un desahogo real con este reajuste, y no solamente ser beneficiado con una cantidad tan pequeña, que alcanza apenas para financiar el aumento del costo de los cigarrillos ¿a quienes ya tienen el vicio¿ o del costo de la locomoción que se necesita tomar ocasionalmente.

En segundo término, pienso que también resulta absolutamente justificado y necesario el aumento de las subvenciones estatales, a fin de mejorar la debilitada situación de la educación subvencionada.

Sin embargo, creo que no debió haberse recurrido al arbitrio del aumento de los impuestos a la gasolina y al cigarrillo para financiar los mejoramientos que nos ocupan. Estas alzas de impuestos ¿que, por lo demás, se contradicen con el compromiso contraído por el Gobierno con la Oposición en 1993, en cuanto a no subir la carga impositiva¿ son perjudiciales para todos los chilenos y afectarán más negativamente a los sectores de bajos ingresos.

Distintos señores Senadores de nuestra bancada expusieron ¿especialmente el Honorable señor Piñera ¿ las fórmulas alternativas posibles para financiar los tan necesarios aumentos de pensiones y subvenciones de escolaridad, entre las cuales ¿sin entrar en detalles¿ es necesario mencionar la utilización de las holguras del Presupuesto para 1995, el ahorro de los gastos superfluos y el aumento de la eficiencia en las empresas públicas, no necesariamente su venta, como aquí se mencionaba.

En resumen, estimo perfectamente factible financiar responsablemente los reajustes de las pensiones y subvenciones educacionales, sin afectar los equilibrios macroeconómicos fiscales y sin necesidad de subir nuevamente los impuestos a millones de chilenos.

El argumento de que todo beneficio concedido en virtud del anuncio que tuvo lugar, como es el caso en análisis, debe venir aparejado con el financiamiento correspondiente ¿situación que se plantea con esta iniciativa¿ se contradice con otros tantos anuncios del Presidente de la República en su mensaje del último 21 de mayo, en el cual no se menciona ningún tipo de financiamiento. Sin lugar a dudas, se está pensando, al respecto, en recurrir al financiamiento producto de las fuentes indicadas anteriormente, ya que aquel que se requiere no aparece en el Presupuesto de este año, ni en los anuncios hechos por el Primer Mandatario. Se trata de beneficios muy positivos, pero sin financiamiento específico.

Deseo mencionar algunos de los anuncios del Presidente de la República : uno, "Expansión en un 30% de programas de créditos FOSIS a microempresarios y campesinos independientes"; dos, "Nuevo programa de capacitación de jóvenes para alcanzar las 70 mil personas en los próximos 3 años"; tres, "Entrega de bonos de invierno a 590 mil pensionados en el nivel mínimo y asistencial"; cuatro, "Ampliación progresiva en 3 años a 40 mil matrículas de prebásica"; cinco, "Proyecto que extiende Subsidio Único Familiar a todos los jóvenes de 15 a 18 años estudiando"; seis, "Incrementó del número de becas y financiamiento para internados y hogares estudiantiles"; siete, "Aumento de programas de pavimentación de caminos, de 500 a 600 kilómetros anuales.".

Repito: todos éstos son muy buenos beneficios, pero no cuentan con financiamiento concreto.

Señor Presidente, solidarizando con los cientos de miles de jubilados chilenos y con los cientos de miles de estudiantes subvencionados,...

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Ha concluido su tiempo, señor Senador.

El señor SIEBERT.-

Termino en seguida, señor Presidente.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Muy bien.

El señor SIEBERT.-

Y solidarizando, también, señor Presidente , con la posición a la que se comprometió nuestro Partido, de no aceptar una mayor carga impositiva, y considerando que existen otros recursos, que permitirían financiar beneficios superiores a los que este proyecto contempla, me abstengo.

El señor SINCLAIR.-

Señor Presidente , después de esta interesante jornada legislativa, ¿quién podría estar en contra de un reajuste extraordinario de pensiones del sector pasivo, integrado por hombres y mujeres que, después de haber aportado sus mejores esfuerzos y lo mejor de sus vidas al desarrollo del país, hoy se ven injustamente desprotegidos, con pensiones absolutamente insuficientes para la satisfacción de sus necesidades mínimas, incluyendo la salud, que normalmente se ve deteriorada en esta etapa de la vida?

Creo que existe completo consenso para resolver la situación de los pensionados, pero con un criterio más equitativo, que favorezca a las pensiones más bajas, y no a través de un reajuste parejo. Cabe concebir, además, una porcentualidad más equitativa, que verdaderamente constituya un mejoramiento de las pensiones, a fin de que todos quienes integran el sector pasivo realmente puedan vivir con dignidad de personas, con derecho a la salud y a la seguridad social e iguales en dignidad, tal como lo prescribe nuestra Constitución.

Señor Presidente, estimo que el Gobierno dispone de distintas formas de financiamiento, las cuales han quedado ampliamente demostradas esta tarde, sin necesidad de imponer nuevos tributos a los contribuyentes.

Por lo tanto, me abstengo respecto de esta iniciativa, confiando en que el Ejecutivo rectificará sus criterios de financiamiento.

El señor SULE.-

Señor Presidente , muy temprano en la tarde manifesté mi ánimo de votar cuanto antes el proyecto, porque, aun cuando el reajuste es bastante poco, es algo que están esperando casi un millón de chilenos.

En lo personal, y a diferencia de otros distinguidos colegas que han hecho uso de la palabra esta tarde, he tenido contacto con distintos sectores del llamado grupo de los pasivos, todos los cuales, sin excepción, me han señalado que, aunque consideran que el reajuste es insuficiente, requiere ser aprobado a la brevedad, sin perjuicio de considerar algunos cambios más radicales tendientes a solucionar el problema.

Denantes renuncié a mi derecho a intervenir pensando en que el proyecto iba a ser aprobado rápidamente, pero la verdad es que la discusión se ha dilatado más allá de lo prudente y en ella se han pasado varios avisos de contrabando que no vamos a poder abordar dentro de los cinco minutos que nos otorga el Reglamento para fundar nuestro voto.

Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad para señalar que desde diciembre de 1973 ¿¡diciembre de 1973! ¿ hasta febrero de 1990 se dictaron aproximadamente 24 disposiciones que redujeron el poder adquisitivo del sector pasivo en más de 80 por ciento. Sólo entre 1973 y 1978, el Fondo de Revalorización de Pensiones fue reducido, en virtud de siete decretos leyes y decretos con fuerza de ley, en 35 por ciento. De manera que no vengamos hoy día a rasgar vestiduras por esta situación y tratemos, de cualquier manera, de reponer el poder adquisitivo de un sector importante del país.

Se ha planteado aquí, también, el problema del 10,6 por ciento. Yo quiero ser justo. Se ha dicho que este Gobierno no ha hecho nada. Ya en 1991 dictamos una ley de revalorización o reajuste de pensiones, y el actual Gobierno restituyó ese porcentaje al total de los jubilados, con excepción de un sector, bastante reducido ¿reconozco que la Honorable señora Feliú me ha entregado un dato cierto sobre la materia¿, al que trataremos de resolver su problema en alguna ley futura, para lo cual haremos las gestiones pertinentes. De manera que este Gobierno fue el que repuso el 10,6 por ciento a la totalidad de los jubilados, con la salvedad de un pequeño sector que, por ignorancia de todos nosotros, quedó fuera de las distintas normas que aprobamos sobre el particular.

Por otro lado, se ha hecho referencia a delicadezas y exquisiteces de manjares, en relación con la venta de empresas públicas, que son empresas que pertenecen a todos los chilenos, pues el Estado no es otra cosa que el representante de todos nosotros.

Entre otros, se dio el ejemplo de CODELCO, señalándose que en el ejercicio 1994 perdió 95 millones de dólares. Al respecto, debo decir que en tal período esa empresa del Estado, esa empresa pública, que es la primera empresa cuprera en el mundo, en materia de utilidades y dividendos, obtuvo 1.102 millones de dólares de utilidades, cifra en la cual incluyo, desde luego, los impuestos, porque ellos van a fondos generales de la nación.

Si CODELCO hubiese pertenecido al sector privado y éste hubiese reinvertido en Chile el total de las utilidades, ella, en vez de 1.102 millones de dólares, sólo habría producido al país 176 millones de la misma moneda. Ahora, si se hubieran enviado todas las utilidades al extranjero, únicamente habría aportado un tercio de los 1.102 millones de dólares, es decir, 378 millones de dólares. Así que las cantidades son muy claras.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

¡Tiempo, señor Senador !

El señor SULE.-

Antes de terminar, señor Presidente , si usted me lo permite y también mis Honorables colegas -deploro no haber tenido más tiempo-, quiero señalar, al igual como lo hizo el Senador señor Ruiz-Esquide , que hoy día no podemos venir a borrar con el codo lo que escribimos con la mano. En 1990, el Senado, con la casi totalidad de quienes estamos presentes esta tarde, aprobó un incremento de asignaciones, subsidio y pensiones, de vejez y de invalidez, cuyo financiamiento se estableció en un artículo que dice: "Los gastos de cargo fiscal que demande en 1990 la aplicación de esta ley, se financiarán con cargo a los mayores ingresos provenientes de los incrementos de los impuestos al valor agregado y a la renta.".

En consecuencia, no vengamos ahora a plantear el problema de la inconstitucionalidad, cuando ya acatamos una disposición similar en el período democrático, que empezó en 1990.

Voto a favor del proyecto, señor Presidente.

El señor THAYER.-

Señor Presidente , de acuerdo con la reglamentación del Senado, nos corresponde votar la idea de legislar sobre el proyecto. En mi intervención anterior, manifesté que esta iniciativa, aun cuando aparece presentada, por razones estratégicas, como una iniciativa que aumenta tributos, contiene una idea matriz cuyo verdadero propósito es un mejoramiento de las pensiones.

Considerando esa idea matriz, mi voto no puede ser sino favorable. Y lo emito con mucha libertad, porque el resultado, en este momento, ya está decidido. Por circunstancias "equis", el mío es, al parecer, el voto número 24, y aún no se han pronunciado los Honorables señores Zaldívar y otros Senadores que, indudablemente, también van a aprobar el proyecto.

Voto a favor la iniciativa, porque me siento autorizado para apoyar la idea de legislar, aunque tengo discrepancias en aspectos singulares del texto.

Sobre este particular, quiero dirigirme a usted, señor Presidente , y al señor Ministro. El proyecto adolece de serios defectos técnicos. Por tanto, no considero conveniente que para la formulación de indicaciones se fije un plazo tan rígido como el que se planteó, que expiraría mañana a las 12. Si en definitiva se aprueba dicho plazo, el texto va a resultar malo y con fallas inútiles, ya que podrían corregirse.

Por eso, señor Presidente , le pido a usted y al señor Ministro que tengan a bien disponer lo conveniente para que podamos contar con un tiempo razonable ¿por ejemplo, hasta el lunes o martes próximo¿ para formular indicaciones, a fin de tener la posibilidad de votar en particular un buen proyecto la semana venidera.

El señor Ministro conoce los esfuerzos que, en posición no sencilla, he realizado sobre el particular, procurando elaborar una adecuada legislación.

Estoy consciente de que quienes nos escuchan están más interesados en votos afirmativos o negativos, pero, como legisladores, tenemos el deber de que la ley sea clara y comprensible. Y ocurre que hay casos ¿mencionaré uno, al pasar¿, como el de las pensiones derivadas de la Ley de Accidentes del Trabajo, en que las más bajas suelen ser las que perciben los que adolecen de invalidez parcial, que les permite trabajar, y, las más altas, las que reciben quienes sufren de incapacidad total. Podría ser más justo aumentar las pensiones por invalidez total que las por incapacidad parcial. Pero no es fácil arreglar esa situación en minutos.

Por consiguiente, solicito un mayor plazo para presentar indicaciones. Mientras tanto, votaré en favor de la idea de legislar.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , quiero formular unos breves comentarios porque ya hemos debatido mucho sobre la materia.

En primer lugar, la idea principal del proyecto es, en teoría, el aumento de las pensiones. Si ése es su objetivo, es egoísta y escaso, porque concede un reajuste que sólo constituye ¿como lo he señalado¿ 3,17 por ciento de los recursos que el Estado destina a pensiones. En consecuencia, es menor que el propio aumento de la economía del país. Y yo he expresado en varias ocasiones que el sector pasivo debe tener derecho a participar en forma permanente en el crecimiento de Chile.

Por otra parte, tanto el apresuramiento con que se ha elaborado el proyecto, como el afán de emplear expresiones decimales ¿10 por ciento, 100 mil¿, sin considerar una serie de elementos, lo hacen incompleto e inadecuado para aprovechar en la mejor forma posible los recursos que se desea destinar, aparte de que los estimo absolutamente insuficientes. Por ello, he insistido en la necesidad de disponer de una suma fija de aumento para todas las pensiones menores.

Pero el problema surge de que la iniciativa viene amarrada a ciertos tributos, lo que, en mi opinión, contraría no sólo la normativa constitucional, sino también limita de alguna manera las facultades del Parlamento.

Contrariamente a lo que se ha expresado aquí en cuanto a que no estamos ante una operación de compraventa, donde se entrega un producto, y no hay precio, lo grave está en que los recursos del Estado son manifiestamente mayores que el costo del proyecto. En consecuencia, el problema estriba, en un momento dado, como lo ha planteado el señor Ministro , en quién ahorra. Sobre el particular, considero que si el Estado debe realizar inversiones fundamentales o incurrir en gastos, tiene que hacerlos, pero debe ser el país entero -del cual todos formamos parte- y el sector privado los que ahorremos.

Quiero hacer un comentario, con relación a ciertas expresiones que se han vertido aquí.

Se ha sostenido que cualquiera que se oponga al aumento de impuestos es un egoísta. De lo anterior deduzco que quienes pretenden solucionarlo todo alzando los impuestos, son generosos. Estimo inadecuado este criterio, por cuanto los que opinamos que en general los tributos son nocivos para la economía, no lo hacemos por egoísmo, sino por considerar ¿y la experiencia mundial así lo indica y hacia allá va hoy el mundo¿ que la reducción de impuestos puede contribuir al desarrollo de un país de tal forma que compense con exceso el mayor rendimiento aparente de los tributos. Esa ha sido incluso nuestra propia experiencia como país. Por ello, no se puede sostener aquí que quienes tienen un determinado punto de vista respecto de la economía y del Estado, sean egoístas, y que los otros no lo sean. No creo que el señor Ministro proceda con mala intención cuando estima que es mejor macroeconómicamente para el país cuando sobran fondos al Estado. Creo que lo hace porque conscientemente está convencido de ello. Pero otros podemos considerar que ése no es el mejor camino y que los dineros en manos de los particulares producen mayor rendimiento que en las del Estado. Y que, en consecuencia, el conjunto del país puede crecer más cuando los impuestos son suficientes y no desmesurados, y cuando la actividad privada puede desarrollarse sin las limitaciones de una excesiva tributación.

En mi opinión, no debemos plantear estas cosas con posiciones egoístas. Porque, como digo, muchos consideramos que los impuestos menores pueden contribuir a un mayor desarrollo y, en definitiva, dar bienestar a los más pobres.

Por ello, adhiriendo a la posición que muchos hemos adoptado,...

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Concluyó su tiempo, señor Senador.

El señor URENDA.-

...coincidiendo en que no sólo deben aumentarse las pensiones, sino también establecerse una mejor distribución de la que plantea el proyecto, me abstendré de votar, como una manera de expresar mi desacuerdo por el apresuramiento con que se presentó la iniciativa y como un medio para buscar una mejor solución.

El señor GAZMURI.-

Señor Presidente , deseo fundamentar muy brevemente el voto para decir que la discusión ha sido muy ilustrativa, porque se ha oído mucha retórica respecto de un asunto muy simple: la voluntad expresada por el Gobierno, por el Parlamento y ¿felizmente¿ por la mayoría del Senado de dar un signo de reconocimiento al tremendo problema que viven los pensionados del país.

Si bien es cierto que la iniciativa no resuelve las dificultades de quienes perciben pensiones bajas, no lo es menos que avanza en esa dirección, porque los recursos involucrados son de cierta magnitud, ya que no obstante que el mejoramiento no alcanza el grado que quisiéramos, por tratarse de un millón de ancianos chilenos, estamos en presencia de una iniciativa que cuesta nada menos que 150 millones de dólares. De modo que no estamos hablando aquí de un gasto menor.

Finalmente, el argumento de la Derecha, que no es nuevo, tiene que ver con su aversión casi instintiva al tema tributario. En un país en donde además la tributación es particularmente moderada, algunos de los que hoy han argumentado han sostenido que elevar los impuestos significa hipotecar el desarrollo.

Pues bien, hace cuatro años, con motivo de la reforma tributaria, hubo incluso un ex candidato a la Presidencia ¿que tenía fama de sabio en materias económicas¿ que anunció una baja del crecimiento del país. En aquel entonces eran mil millones de dólares, no 150 millones como hoy.

Pero resulta que durante este período la economía ha seguido creciendo, la inversión es la más alta de la historia y se ha logrado lo que nunca hizo la Derecha durante los 17 años que gobernó: crecer, junto con un esfuerzo ¿todavía insuficiente, pero sistemático¿ por redistribuir. Y el sistema tributario permite precisamente que la sociedad se esfuerce por redistribuir el ingreso.

En mi opinión, la diferencia fundamental que tenemos con la Derecha radica en que ésta tiene la ilusión ¿a mi juicio, sin ningún basamento real¿ de que basta el crecimiento para resolver el problema de los más pobres. Y nosotros tenemos la convicción de que, no obstante ser esencial el crecimiento, la sociedad debe realizar un esfuerzo solidario por redistribuir.

Por eso, el sentido profundo del financiamiento del proyecto en estudio se basa en un esfuerzo de solidaridad nacional, en el que pagarán de manera principal los sectores más ricos del país. Porque no es cierto que vaya a subir la movilización, porque ésta no ocupa bencina; ni los productos alimenticios, como ha dicho un señor Senador, debido a que el transporte en este país, o usa electricidad en los trenes, o consume petróleo.

Entonces, se trata simplemente de falacias. Quienes paguen serán principalmente los sectores de más altos ingresos, los que más utilizan automóviles, que tienen más de uno por persona (es cuestión de ver los barrios altos de las ciudades de este país), y un grupo de las capas medias. También lo haremos todos los que fumamos, quienes todavía tenemos esta afición que ¿según dice, con razón, el Senador señor Díaz ¿ es un tanto perversa. Como fumador de muchos años, me parece un impuesto razonable, y diría que hasta saludable. En eso estará de acuerdo conmigo Su Señoría.

Por último, aquí se incurre en muchas contradicciones. Lo que no se puede hacer en política es querer todo al mismo tiempo.

El Senador señor Larraín dice hoy en el Senado que debe recurrirse al ahorro fiscal. Pero ayer declaró que el Fisco debiera gastar menos para que podamos sostener el dólar. Entonces, no se puede afirmar una cosa frente a los agricultores, y, al otro día, usar un argumento completamente contrario.

Efectivamente, necesitamos un porcentaje importante de ahorro público para mantener crecimiento, baja inflación, algún equilibrio en materia cambiaría, etcétera. Lo que ha estado en discusión ¿me alegro, porque se ha desarrollado un debate enriquecedor¿ son dos concepciones distintas del crecimiento con equidad. Por eso la discusión que realizamos esta tarde es muy valiosa, porque así como en este país hay acuerdos, también tenemos diferencias respecto de algunas cuestiones, y la democracia consiste precisamente en la discusión de las diferencias. En tal sentido, hoy queda de manifiesto que, en esta materia, el país hace bien en contar con un Gobierno integrado como el actual. Estoy seguro de que con los criterios de la Derecha podría registrarse crecimiento; pero no tendríamos posibilidades de avanzar en el plano de la equidad.

Por todo eso, voto que sí.

El señor HAMILTON.-

Señor Presidente , celebro que, al tratar el grave problema que aflige al sector pasivo, se haya recordado durante el debate que no es un fenómeno nuevo, y que no fue generado por los Gobiernos de la Concertación, sino que es una herencia que viene desde mucho antes.

Lo que han tratado de hacer las Administraciones del Presidente Aylwin, primero, y del Presidente Frei , después, es ir solucionando la cuestión social en general, y, en particular, la situación del sector pasivo, en la medida en que el país va creciendo, y en que la economía nacional permite financiarlas.

La iniciativa que ahora se propone es parte de una política de mejoramiento de los trabajadores pasivos, como lo ha sido el incremento de las pensiones de viudez, como lo fue la devolución del 10,6 por ciento, y otras acciones que se han emprendido concretamente en ese campo.

Estoy absolutamente convencido de que este esfuerzo no es suficiente; lo admito, pero nadie, ni el Ejecutivo al proponerlo, ha dicho que el proyecto en votación soluciona el problema de los pensionados. Lo que sí se ha expresado es que significa un paso posible, prudente, beneficioso, y que, fundamentalmente, va en el camino correcto de la solución.

Aquí hay un signo, aquí hay una decisión política, aquí hay una voluntad de avanzar hacia la obtención de beneficios para los sectores más desvalidos de la población.

Los impuestos no son simpáticos, ni ahora, ni en el pasado, ni lo serán en el futuro, pero siguen resultando indispensables, no sólo como instrumento de redistribución, sino también como medio de financiamiento, sobre todo cuando se trata de gastos permanentes como los que ahora se están creando.

Ahora, estos impuestos no constituyen una reforma tributaria. Afirmarlo es realmente una exageración inaceptable. Tampoco significan ¿como se dijo¿ una "cascada" de impuestos. Por lo demás, nada tienen de inconstitucionales, como ha quedado probado en el debate. ¡Pero si estas mismas aseveraciones las escuchamos en la Sala hace muy pocas semanas! Fue cuando, después de tres años, o más, de tramitación, se aprobó la Ley de Rentas Municipales, que permite a los municipios solventar en parte sus pasivos, y atender los problemas locales de la gente más humilde. Se dijo exactamente lo mismo.

Los recursos de inconstitucionalidad que eventualmente pudieran interponerse en contra de la aprobación de la iniciativa, no tendrían otro efecto que el de retrasar su aplicación, porque lo más probable es que la suerte que corran en el Tribunal Constitucional sea la misma del caso anterior.

Este es tan sólo ¿creo que fueron las palabras que escuché al señor Ministro en su primera intervención¿ un acotado impuesto al consumo. Como se ha recalcado por varios señores Senadores, es un aporte mínimo de solidaridad que se pide a grupos que están en condiciones de darlo sin problemas.

De lo que sí no me puedo alegrar es de esta dicotomía entre lo que se dice aquí para pedir todas las reivindicaciones justas ¿que son muchas¿, pendientes en el país, y las razones con que al mismo tiempo se niegan los recursos. Hay personeros que forman parte de esta Corporación que se han distinguido en los últimos años por su defensa de todas las peticiones justas de los jubilados, de los pensionados y de los montepiados. Sin embargo, en el momento de votar un pequeño aumento, significativo para éstos ¿y también para el Estado, al que le cuesta 150 millones de dólares¿, no están dispuestos a dar su aprobación. Se busca la excusa, y ésta puede ser, o la que ya he mencionado, o bien la de pedir que "resolvamos el total del problema".

Ellos saben mejor que nosotros, porque estuvieron más de 17 años en el poder, que el asunto no puede solucionarse de la noche a la mañana; que vamos en el camino de los logros definitivos, pero que eso toma tiempo, porque hay que ir avanzando gradualmente si no se quiere deshacer el efecto del aumento a causa del crecimiento de la inflación.

Aquí se ha hablado de reforma total, de enmienda integral, de abarcarlo todo. ¡Yo les tomaría la palabra! Pero a los mismos señores Senadores que han hecho esas propuestas, les pediría...

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Ha completado su tiempo, señor Senador.

El señor HAMILTON.-

Termino de inmediato, señor Presidente.

Decía que a esos mismos Honorables colegas les pediría que estuvieran dispuestos a afrontar el sacrificio que a los sectores que representan les significaría una reforma abrupta, global, total como la que están pidiendo.

Voto que sí.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , el proyecto ya está aprobado porque tiene los votos suficientes. Sin embargo, expondré algunas opiniones.

En primer lugar, los representantes de los jubilados, muchos de los cuales están presentes en la tribuna ¿a quienes saludo porque son mis amigos¿ deben de estar muy satisfechos al ver que su ardua campaña en pro del mejoramiento de sus pensiones está empezando a dar frutos. Modestos son éstos; tal vez insuficientes, como todos lo han dicho: pero no voy a pretender ponerme en el lugar del señor Ministro de Hacienda y decir que está dando poco, que, por el contrario, da mucho, u otras apreciaciones por el estilo, porque cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y "otra cosa es con guitarra". De manera que, fuera de manifestar mi deseo de que en el futuro puedan irse aumentando los mejoramientos, no diré sino que se está dando un paso en la dirección correcta.

Sin embargo, siempre he sostenido, y lo hice en la corta campaña presidencial en la que participé, que no soy partidario de subir los impuestos. Ello porque el crecimiento de nuestro país, que ya se remonta a los últimos doce años ¿no a los últimos cinco¿, está dando sus frutos, y cada vez el país crece más y tiene mayores recursos.

Este impuesto, que pagarán muchos millones de chilenos dueños de automóviles ¿ojalá todos lo fueran, porque a eso se tiende; hoy día se trata de un bien necesario, de un instrumento de trabajo¿, les afectará aunque, a lo mejor, en pequeña proporción. El Senador señor Mc-Intyre ha mencionado a los pescadores, quienes viven de su trabajo y de sus lanchas que usan motores a gasolina. De manera que no estoy de acuerdo con el aumento de impuestos; tampoco con algunas modificaciones a la Ley de la Renta incluidas en la iniciativa. Ojalá que esto se pueda discutir más adelante, y, como lo han expresado otros señores Senadores, podamos disponer de un plazo mayor para presentar indicaciones, con el objeto de ir mejorando el texto y, en definitiva, sacar adelante un proyecto con el que todos estemos de acuerdo. Y llegar así a la clase de consensos que ya se han hecho comunes en el Senado. Porque, a pesar de estas discusiones tan arduas que hemos tenido hoy día ¿bastante acaloradas, de repente, con ciertas acusaciones infundadas de egoísmo, en el sentido de que, cuando se defiende a los automovilistas, que son 1 millón 200 mil, se está favoreciendo a los ricos en desmedro de los pobres¿, se puede llegar a un consenso.

De todas maneras, si bien, por un lado, estoy de acuerdo en que se aumenten las pensiones, ojalá en la mayor proporción posible, por otro, no soy partidario de elevar los impuestos, razón por la cual me abstendré.

--Se aprueba en general el proyecto (27 votos a favor y 18 abstenciones).

Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Calderón, Carrera, Díaz, Errázuriz, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Hormazábal, Horvath, Huerta, Lavandero, Letelier, Martin, Matta, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Páez, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sule, Thayer, Valdés, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).

Se abstuvieron los señores Alessandri, Cantuarias, Cooper, Feliú, Fernández, Lagos, Larraín, Larre, Mc-Intyre, Otero, Pérez, Piñera, Prat, Ríos, Romero, Siebert, Sinclair y Urenda.

--Se acuerda fijar el miércoles 5, a las 12, el plazo para presentar indicaciones.