Labor Parlamentaria

El señor VALDES ( Presidente ).-

En conformidad a lo acordado ayer, se proseguirá la discusión particular del proyecto que modifica la ley N° 19.070, Estatuto Docente, y el decreto con fuerza de ley N° 5, de 1993, del Ministerio de Educación.

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 40 ª, en 2 de marzo de 1995.

Informes de Comisión:

Educación, sesión 58 ª, en 9 de mayo de 1995.

Trabajo, sesión 58 ª, en 9 de mayo de 1995.

Hacienda, sesión 58 ª, en 9 de mayo de 1995.

Educación (segundo), sesión 6 ª, en 13 de junio de 1995.

Trabajo (segundo), sesión 6 ª, en 13 de junio de 1995.

Hacienda (segundo), sesión 6 ª, en 13 de junio de 1995.

Discusión:

Sesiones 58a, en 9 de mayo de 1995 (queda pendiente la discusión general); 59a, en 10 de mayo de 1995 (se aprueba en general); 6a, en 13 de junio de 1995 (queda pendiente la discusión particular).

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Corresponde pronunciarse sobre la proposición de la Comisión de eliminar el inciso final del artículo 52 de que trata el numeral 28. La indicación correspondiente fue aprobada por unanimidad en ella con los votos de los Senadores señores Cantuarias , Feliú , Ruiz-Esquide y Thayer.

Ayer, al término de la sesión, la Honorable señora Feliú pidió aplazar el debate y votación de tal enmienda hasta la presente sesión.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , el artículo 52 de la ley vigente, que regla el término de la relación laboral, establece lo siguiente en su inciso final:

"A los profesionales de la educación que terminen una relación laboral por las causales de las letras a) y c) se les considerará su experiencia y su perfeccionamiento en posteriores concursos para ingresar a otra dotación, o para reingresar a la misma.".

La Cámara de Diputados propuso modificar el precepto sólo en un aspecto; pero no reemplazarlo en su totalidad. En consecuencia, la disposición llegó al Senado con el inciso que acabo de leer. Se ha formulado, efectivamente, una indicación para suprimirlo; sin embargo, personalmente tengo dudas sobre la conveniencia de tal supresión, por las siguientes consideraciones.

Me parece que el texto actual es defectuoso en cuanto regla todos los términos de la relación laboral, y solamente en dos, los correspondientes a las letras a) y c) renuncia voluntaria y cumplimiento del plazo del contrato, permite que los profesionales de la educación hagan valer su experiencia y perfeccionamiento en posteriores concursos.

A mi juicio, no es correcta la limitación a estas solas causales, ya que debe ser siempre un derecho de esos profesionales el que se les considere su experiencia y perfeccionamiento.

En dicha perspectiva, podría ser adecuada la supresión propuesta. Pero me surge la duda de que ésta pudiera hacer pensar a alguien que realmente no se quiere considerar ni la experiencia ni el perfeccionamiento en posteriores concursos.

Sería preferible que, por acuerdo unánime de la Sala, se contemplara una norma que dispusiera lo siguiente: "A los profesionales de la educación que cesen por alguna de las causales establecidas," eliminando las letras a) y c) "se les considerará su experiencia y perfeccionamiento en posteriores concursos.". Es lógico que, si un profesor tiene esos méritos, pueda hacerlos valer siempre, no sólo por dos causales de término de una relación laboral.

Hay otra materia, ajena a ésta, cual es establecer en qué oportunidades se considerará la antigüedad para las asignaciones de antigüedad. Pero ése es un aspecto distinto. Reconozco que, a lo mejor, la norma está mal ubicada aquí. Sin embargo, permanece, y hoy está vigente.

Propongo que la Sala acuerde por unanimidad eliminar las letras a) y c), determinando que la experiencia y el perfeccionamiento se reconocerán en nuevos concursos, lo que me parece realmente obvio.

Con la supresión, tal vez podría llegarse a dicha interpretación, pero, también, a la de decir que esto se consideraba en dos casos, y hoy día se derogó.

En consecuencia, mi idea es no admitir la supresión de la norma, pero eliminar lo relativo a las letras a) y c).

El señor CANTUARIAS.-

Creo que nos ocuparía mucho tiempo y sería innecesario explicar los motivos por los cuales el señor Ministro pidió que se revisara la disposición y los textos que tenemos por delante. Sin embargo, a mi juicio, hay que ver lo que importa. Parece de suyo conveniente que exista una norma de este tipo, porque, de lo contrario, el único camino a seguir sería reconocer la antigüedad de un profesional de la enseñanza, cualquiera que haya sido la razón que lo hizo dejar de pertenecer a una dotación.

Pero si existe la posibilidad de introducir una corrección que guarde armonía con el texto actual del artículo 52 este precepto, en su inciso final, reconoce en forma expresa la experiencia y el perfeccionamiento del profesor al participar en concursos posteriores, me parece que la indicación de la Senadora señora Feliú resuelve el problema, porque hemos incorporado nuevas causales en la materia.

Con relación a este artículo, que antes contemplaba letras de la a) hasta la f) hoy día se extiende hasta la letra i), considero de suyo justo que, a raíz de otros concursos o de futuras incorporaciones en que participen los profesores, se puedan tener presentes esos atributos, respecto de los cuales en determinadas normas del Estatuto Docente hemos diseñado incluso el procedimiento mediante el que se validan y reconocen. En este sentido, me parece que resulta mucho más lógico y armonioso ese cuerpo legal. Y, por lo tanto, pido a los señores Senadores que inicialmente se opusieron a la indicación presentada por la Honorable señora Feliú que revisen ese criterio con el propósito de que se apruebe el inciso final, guardando, eso sí, la debida coherencia con el texto actualmente vigente y reconociendo un hecho que es de la esencia de los atributos que tienen los profesionales de la educación, independientemente del lugar donde se desempeñen.

He dicho.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , sobre la base de la argumentación que efectué hace un momento, quiero solicitarle que recabe el asentimiento unánime de la Sala para aprobar con modificaciones la mantención del actual inciso final del artículo 52 del Estatuto Docente, esto es, permitir que a los profesionales de la educación que terminen una relación laboral se les considere su experiencia y perfeccionamiento en posteriores concursos para ingresar a otra dotación, o para reingresar a la misma.

Para tal efecto, se requeriría consenso, por cuanto se trata de modificar el texto vigente. Este sólo da la opción de considerar la experiencia y el perfeccionamiento respecto de quienes han cesado en sus cargos por las causales establecidas en las letras a) y c). En cambio, mi sugerencia es dejar todas las causales de término de la relación laboral, salvo las que demuestren falta de idoneidad.

En consecuencia, en el texto que propongo, que permitiría considerar la experiencia y la antigüedad, quedarían comprendidas las siguientes causales: letra a), renuncia voluntaria; letra c), término del período por el cual se efectuó el contrato; letra d), obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia; letra g), salud irrecuperable o incompatible, y letra i), disminución o supresión de las horas que sirvan.

Respecto de la causal establecida en la letra g), debo hacer presente que será posible considerar la experiencia y antigüedad cuando las personas hayan recuperado la salud, situación que hoy es frecuente con los avances de la medicina; de no ser así, no sólo no se tomarán en cuenta dichos factores, sino que, además, no podrán postular al concurso ni tampoco ser designados.

Todas las causales a que hice alusión son de carácter voluntario o, en el caso de la supresión, tienen como fundamento una necesidad de la educación. Y me parece que los profesores deberían considerar su experiencia y antigüedad.

He dicho.

El señor ZALDIVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente, creo que la observación formulada por la Senadora señora Feliú es pertinente y, si existe unanimidad en la Sala, podríamos estudiar una redacción para el inciso final del artículo 52, que fue suprimido. A mi juicio, habría que hacerlo sobre la base de cualquiera de las causales, excepto las contenidas en las letras b), relativa a falta de probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las obligaciones, y e), tocante al fallecimiento, respectivamente, que no corresponden. Es preciso revisarlas.

En consecuencia, es perfectamente posible dejar esta norma para el final y estudiar una redacción de común acuerdo con la Senadora señora Feliú , a fin de mantener una disposición que beneficia a los profesores, esto es, si son privados de sus empleos, por cualquiera de las causales, salvo las que he señalado, que se les reconozca su experiencia y perfeccionamiento en los posteriores concursos en los cuales participen.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , la redacción propuesta, obviamente, debe decir: Por las causales comprendidas en las letras a), c), d) e i), respecto de las cuales no hay problema.

La razón por la que se produjo la confusión acerca de lo que debía hacerse o no fue que, al colocar en el inciso tal como estaba redactado las letras a) y c), quedaban fuera otras causales. Ese fue el motivo: provocar un eventual rechazo para ir a Comisión Mixta; pero si hay unanimidad al respecto se puede resolver.

Quiero dejar constancia, para los efectos del debate y de la Versión Taquigráfica, de que después deberemos revisar la situación de los directores de establecimientos, quienes no están considerados en el artículo 52, conforme a la redacción propuesta. Por lo tanto, ya sea en la Comisión Mixta o en algún momento, tendremos que contemplar ese punto.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , sólo quiero sugerir que en la redacción que estamos formulando para el último inciso no se incorpore la causal de la letra d) por obtención de jubilación, porque ella se encuentra regulada en los artículos 47 bis, al cual hicimos expresa referencia, y 5° transitorio.

Conforme al primero, a los profesionales de la educación que hubieren jubilado y que se incorporen a una dotación docente no les serán aplicables los artículos 43 y 44, que son precisamente los que fijan las asignaciones de experiencia y de perfeccionamiento.

Deseo evitar problemas; pero, si ello complica las cosas, que no se tenga en cuenta lo que he formulado.

La señora FELIU.-

Señor Presidente , en relación con lo que acaba de plantear el Honorable señor Cantuarias , deseo precisar que hay dos temas distintos: uno, el del cómputo del tiempo para los efectos de la asignación de antigüedad, y otro, el de la consideración de la experiencia y perfeccionamiento en concursos posteriores. Y en éstos, me parece lógico y necesario tomarlos en cuenta. Lo relativo a la asignación, como recordó el señor Senador, se encuentra reglado por otras normas.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Señor Presidente, quiero hacer dos observaciones: una formal y otra relativa al carácter de la discusión misma.

Primero, el inciso tercero, nuevo, que la Comisión de Educación sugiere intercalar fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo, por 3 votos contra 1.

Segundo, durante el debate...

El señor CANTUARIAS.-

Entonces, no hubo tal unanimidad, señor Senador.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Perdón, se ha producido una confusión. La proposición fue aprobada por consenso en la Comisión de Educación y Cultura, pero la de la de Trabajo y Previsión Social se acogió por 3 contra 1.

Se trata de lo siguiente: supongamos que llega un instante en que todos los docentes quedan en igualdad de condiciones. En ese punto, ¿quién decide a cuál de ellos se le pone término a su relación laboral?

La Comisión de Educación no dio una solución clara a este problema, pero la de Trabajo, por lo que entiendo, sugiere que, en último término, resuelva el Gerente de la Corporación respectiva, o el alcalde.

De alguna manera hay que zanjar el problema, y parece razonable que, a fin de cuentas, y con los debidos resguardos, la Comisión de Trabajo haya resuelto la situación en esa forma. Sin embargo, sería conveniente que alguno de sus miembros pudiera darnos alguna explicación al respecto.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , cuando en la Comisión de Trabajo se votó la indicación correspondiente, expuse mi posición contraria a ella, pero mi pronunciamiento no se registró en el informe. Me interesa, sí, dejar constancia de que no voté a favor, por estimarla inconveniente.

A mi juicio, esta disposición no abre una perspectiva distinta. Estamos tratando de estructurar un mecanismo tendiente a regular el término de la relación laboral de los profesores. De partida, al existir un sistema de evaluación por desempeño y de calificaciones, es imposible que se produzcan casos de igualdad absoluta de condiciones. Y, a través de los PADEM ( Planes Anuales de Desarrollo Educativo Municipal ) pretendemos dar una señal que más bien apunta a decisiones de personas que a decisiones de conjunto, situación que también procuraremos normar.

Como la modificación propuesta por la Comisión de Trabajo se estrella con nuestro propósito de regular esta materia, me opuse a su aprobación, a fin de que, en la eventualidad de que entre algunos profesionales docentes se produzca igualdad absoluta de condiciones aunque, reitero, esto es imposible, dada la existencia de un sistema de evaluación por desempeño y de calificación no se adopten decisiones arbitrarias, que es lo que hemos intentado evitar, a través del proyecto, estableciendo las regulaciones pertinentes.

El señor VALDES (Presidente).-

Está claro.

Propongo votar el inciso cuarto, nuevo, propuesto por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La señora FELIU.-

Señor Presidente, me parece correcto lo planteado por la Comisión de Trabajo.

La situación que aquí se ha descrito, en orden a que, en la práctica, a raíz del proceso de evaluación nunca se presentará el caso de que dos profesores se encuentren en igualdad de condiciones, no se ajusta a la realidad. Las calificaciones perfectamente pueden dejar en igualdad de condiciones a algunos profesionales docentes que se hallen en las circunstancias contempladas en esta norma, cuando deba efectuarse una readecuación de la dotación.

Por ello, me parece acertada la norma propuesta por el mencionado órgano técnico. Si en la última etapa hay docentes en absoluta igualdad de condiciones, deben resolver quienes administran la educación municipalizada.

Por las razones expuestas, voto que sí.

La señora FELIU.-

Señor Presidente , debo manifestar que voté en contra de la proposición que hace el referido informe de la Comisión de Educación y Cultura.

La situación es la siguiente. De acuerdo con nuestro sistema laboral vigente, si el trabajador despedido en contravención a las normas pertinentes que establecen las causales de cese de funciones decide recurrir al juez, deberá ser indemnizado. El primer informe de la Comisión de Educación acogió dicha tesis, y fijó una indemnización equivalente a su remuneración con un recargo de 20 por ciento, pudiendo llegar hasta 50 por ciento. El segundo informe texto que se encuentra para aprobación del Senado, establece un sistema rígido en virtud del cual el juez ordenará la reincorporación del profesional de la educación.

Considero que este último sistema es malo, pues establece una situación similar a la que ya se encuentra consagrada en nuestra legislación laboral para las personas que tienen fuero. Por consiguiente, la norma en comento implícitamente instaura la inamovilidad absoluta, lo cual me parece altamente inconveniente.

Por otra parte, permitir que el juez ordene la reincorporación, es otorgarle la capacidad de administrar el sistema. Todo aquel que ha tenido a su cargo la administración de un sistema sabe que en múltiples oportunidades debe utilizar ese medio, que, por lo demás, es el único en esta legislación que estamos aprobando para poner término a una relación laboral. La indemnización resarce el daño que sufre el funcionario, y, por esa razón, la Comisión de Educación así lo establecía en su primer informe. Considero que ése es el sistema correcto que debería aplicarse en este caso.

Además, el beneficio para los profesionales de la educación, a mi juicio, es más aparente que real. Porque la persona que sale del servicio contra su voluntad, en las condiciones que regla el artículo 52, si el Tribunal del Trabajo con posterioridad ordena su reincorporación, será puesta en una situación muy inconfortable frente a la administración del establecimiento, frente a las personas que laboran junto con él y, más aun, frente a las que desempeñan otras funciones, ya que van a cuestionar su proceder.

Por todas estas consideraciones, votaré en contra la proposición de la Comisión de Educación, tal como lo hice en su oportunidad al interior de dicho organismo.

Señor Presidente , creo que deberíamos discutir más adelante como la Mesa planteó lo sugerido por la Comisión de Hacienda, que es una materia tan trascendente como la que en este momento se debate.

El señor NUÑEZ ( Vicepresidente ).-

Así se procederá, señora Senadora , en caso de aprobar el inciso en comento.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente, como señalamos ayer, estamos regulando la forma en que cesan en sus funciones los profesores. Ese es el sentido que ha orientado y servido de hilo conductor a este proyecto de modificación del Estatuto Docente.

Ahora nos encontramos frente a una situación en que el término de funciones de profesores se hace reguladamente. Existe el PADEM y un instrumento que establece requisitos de participación de los establecimientos educacionales, y, a través de ellos, se va determinando la dotación necesaria, que nos indica que, eventualmente, debería ponerse fin a la relación laboral de algunos profesores. La salida de esos educadores se encuentra regulada por los artículos 52 y 52 bis, sobre los cuales está centrada la discusión de fondo: ¿qué pasa si la municipalidad o corporación se equivoca al despedir a un docente? En la Comisión señalamos reiteradamente el caso de un profesor de francés, que fue despedido en circunstancias de que había excedente de horas de inglés, en realidad. Entonces, la decisión que debe tomarse en esta materia es la siguiente: ese profesor, equivocadamente despedido en función del procedimiento que hemos señalado por mi parte, me parece mal que exista ese procedimiento y que el docente sea despedido, cuando pleitea en ese caso, ya le imponemos un tiempo y un costo, porque tendrá que ir al tribunal del trabajo, o consigue como premio que le paguen la indemnización, a la que de todas maneras tiene derecho, o logra que es la razón por la cual litiga recuperar su trabajo.

En la Comisión de Educación fuimos del criterio de que el motivo del profesor para enfrentar el gasto y el tiempo de recurrir a los tribunales a fin de reivindicar su derecho a mantener el empleo es la equivocación cometida, y de que, por lo tanto, busca que lo reincorporen a su trabajo. Eso resolvimos en la Comisión. Y es algo que me parece de absoluta justicia.

Si decimos, en cambio, que al final de todo este procedimiento el alcalde o el administrador de la corporación municipal de todos modos va a despedir y pagar, el procedimiento es innecesario, y, simplemente, habría que establecer el despido con indemnización. Y todo esto no pasaría de ser un ejercicio de intenciones, pero nada práctico.

Es de la esencia de esta regulación que pretende echar profesores que, por lo menos y para esto vale el ejemplo que señalaba de las horas de francés, respecto de las de inglés, los afectados puedan ser reincorporados a la función de la cual equivocada o arbitrariamente sean despedidos.

He dicho.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Muy breve, señor Presidente.

Los profesores afectados por esta situación no buscan una indemnización. Hay que reconocer que tienen una vocación profesional. Y, cuando se les despide mediante un acto ilegal, el tribunal del trabajo competente determinará que ésa es la naturaleza del hecho, precisamente.

Existen municipalidades con recursos y otras sin ellos, y, evidentemente, las primeras podrían usar esta disposición como lo plantea una distinguida señora Senadora como un biombo para poder exonerar profesores de sus comunas. De manera que, a mi juicio, lo menos que se le puede otorgar al profesor es la reposición en el cargo del cual fue despedido ilegalmente.

Por lo tanto, estoy de acuerdo con el informe de la Comisión de Educación.

He dicho.

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente, la argumentación de la Senadora señora Feliú para oponerse a esta disposición incluye entre sus elementos el hecho de que esto podría ser perjudicial para el propio maestro y generar otros efectos negativos.

La verdad es que no logro calzar esa afirmación con la perspectiva en que se encuentra el profesor en el caso de lo dispuesto en el artículo 52 bis, porque, si se produce un clima difícil en la actividad que desarrolla, la persona puede hacer uso de la norma del artículo 52, letra a), y renunciar voluntariamente. Si reúne condiciones negativas para el desempeño de su profesión, se dispone de las causales establecidas en las letras b), f) y g) del mismo artículo y puede ver terminado su contrato por falta de probidad, por conducta inmoral o por incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función; o por calificación en lista de demérito por dos años consecutivos; o, adicionalmente, por no reunir los requisitos de salud indispensables.

¿Cuál es el caso que estamos analizando? ¿Porque se debe considerar que un tribunal no podría dar la razón al maestro si se prueba fehacientemente que ha incurrido en alguna de las causales que expresamente se señalan. Cuál sería el caso en examen? Sólo aquella situación en la que el tribunal competente determina que la decisión de la Corporación o del municipio ha sido ilegal, que no se ha usado ninguna de las otras normas existentes en el Estatuto. En consecuencia, la pregunta que cabe es si podemos entender que se protege adecuadamente la dignidad del maestro y el respeto a la majestad de la ley por el hecho de que, cuando en el tribunal se acredita que ha habido desconocimiento inexcusable de las normas que rigen la actividad o un abuso puro y llano, el profesor afectado en su dignidad reciba la reparación correspondiente de ser reintegrado en su función.

Señor Presidente, estamos frente a un tema respecto del cual no basta hacer grandes discursos para decir: "Entendemos que la profesión del maestro está dotada de tales elementos, que revisten una dignidad particular".

Para mí, por ejemplo, que vengo del mundo sindical, la reincorporación del trabajador a su empleo, cuando ha habido abuso por parte del empleador, debería darse en todo caso. Todavía no hemos podido crear la conciencia necesaria en ese ámbito, pero resulta particularmente procedente señalar que, definido un Estatuto especial para ciertos chilenos que cumplen una función esencial en la sociedad los maestros, debemos entregarles, a lo menos, este elemento de protección indispensable.

La dignidad del maestro requiere, en consecuencia, ante una ilegalidad manifiesta acreditada ante el tribunal pertinente situación que le ha significado al profesor sacrificar en ese momento sus ingresos, por cuanto está dedicado a un juicio cuyo resultado es incierto, dependiendo, además, de las condiciones de pago que tenga para recibir la asesoría profesional indispensable, que, como mínimo, sea reincorporado en su puesto y le sean pagadas retroactivamente las remuneraciones que le corresponden.

Por lo tanto, señor Presidente , porque estimo que es bueno para la ley, es bueno para los maestros y es bueno para evitar abusos en las Corporaciones o en las municipalidades, me parece necesario que mantengamos esta norma, que, tal como lo planteó el Senador señor Ruiz-Esquide en la Comisión de Educación, es de toda justicia.

He dicho.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente, hubo una larga discusión acerca de si debía o no participar el Ministro de Hacienda en esta materia. En general, quienes no formamos parte de la Comisión de Hacienda somos muy poco partidarios de eliminar de la posibilidad de que intervengan nuestros correspondientes Ministros. Sin embargo, tratándose de una distribución de fondos, parecía lógica la actuación del Ministerio de Hacienda.

Por esa razón, voté a favor.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , éste es un tema que no reviste mayor dramatismo, pero sí mucho pragmatismo.

Se trata de recursos cuya entrega está sujeta a un procedimiento y que están considerados en la Ley de Presupuestos. Pero la cuestión de fondo aquí es si el Ministro de Educación puede tomar decisiones sobre el particular o si se requiere la participación del Ministerio de Hacienda.

En mi concepto, estamos ante organizaciones maduras, estamos hablando de una Administración expedita, y no puedo imaginar al Ministro de Educación resolviendo, en forma libre y ajena a las políticas generales del Ejecutivo , una materia tan delicada y de tanta incidencia como ésta. Por eso, insistiré en el criterio que sostuve en la Comisión, en el sentido de que estas resoluciones debe dictarlas el Ministerio de Educación.

Quiero recordar que en otras materias relacionadas con el funcionamiento interno de esa Secretaría, hemos sido reiteradamente partidarios de que opere descentralizadamente y de que, en la medida de lo posible y aconsejable, vaya transfiriendo facultades a sus organismos regionales y provinciales. De modo que aquí estamos en presencia de una cuestión muy importante, de funcionamiento de Gobierno, pero que, como dije, no reviste el dramatismo de otras disposiciones del proyecto en debate.

La señora FELIU.-

Señor Presidente , ésta es una materia de mucha importancia y trascendencia. En el artículo 10 del proyecto que la Comisión de Hacienda aprobó en su texto primitivo y que la de Educación rechazó, se establece el procedimiento para el pago de una bonificación extraordinaria a los profesionales de la educación.

Personalmente, presenté indicación para suprimir el artículo 10, y otra para establecer en el 8° un procedimiento flexible que permitiera a los establecimientos distribuir las cantidades extraordinarias que se van a entregar a las municipalidades para que otorguen el beneficio.

El fundamento de todo este sistema nace del hecho de que se acordó pagar una cantidad extraordinaria a los profesores; pero ella se imputará a la remuneración mínima fijada por este proyecto.

Por su parte, las municipalidades hicieron presente que no querían afrontar conflictos en la materia, y que preferían entregar todo a los profesores.

En consecuencia, hay dos opciones para actuar al respecto: que las municipalidades destinen íntegramente esta cantidad a los profesionales de la educación, que es lo que se propone en la indicación que he presentado, y que fue renovada, o establecer directamente en la ley el procedimiento.

La norma aprobada por la Comisión de Hacienda opta por la segunda modalidad. No obstante, el procedimiento que señala este artículo 10 no define las normas en virtud de las cuales se pagará la asignación. Por consiguiente, el intérprete de la ley no será capaz de establecer que el profesional de la educación que se desempeña en el Liceo Valentín Letelier, por ejemplo, tiene derecho a percibir 100, 10, 20 ó 35. Este es un procedimiento de carácter matemático que se determina en un software. Así lo ha planteado el Ministerio de Educación y, en consecuencia, junto con la publicación de la ley, entregará un software a los establecimientos, para que procedan al pago.

Esta es la culminación de un sistema remuneratorio demencial; de un método remuneratorio que, para manejarse, debe incurrir en altos costos de administración. No es posible, señor Presidente , que se establezcan rentas de esta manera.

En lo tocante a esta renta concretamente, y a esta asignación, considero que es inconstitucional. No se establecen normas que permitan fijar la asignación. Resulta que si el profesional de la educación no está de acuerdo con la remuneración que le pagaron, porque a lo mejor se cortó la luz y el software dejó de funcionar, irá a reclamar a la Contraloría, que tiene la obligación y el derecho de informar al respecto. ¿Cómo va a determinar el organismo contralor si la cantidad que le pagaron es la correcta o, si en lugar de 10, le corresponden 12, 14, ó 15? Imposible. Lo mismo ocurrirá si el interesado recurre a los tribunales de justicia.

No es posible establecer remuneraciones de esta naturaleza. Estamos diría en una pendiente de rentas que no tiene sentido. Debemos, además, ratificar o reafirmar la responsabilidad de los municipios. Estos reciben los recursos para pagar a los profesores, y se los entregan a ellos; pero no puede ser que se establezca el sistema que viene proponiendo el proyecto: un sistema interactivo que nada determina en relación a la renta.

Además, quiero llamar la atención de la Sala sobre otra materia. Incluso en el procedimiento que se fijó hoy, establecido en el artículo 10, no se dice que él es transitorio.

En efecto, de conformidad con el acuerdo entre los Partidos que tienen representación parlamentaria y el Ministerio de Educación, quedó establecido que esta asignación, y todas las de carácter extraordinario, tendrán vigencia de dos años y que, con posterioridad, se incorporarán a la subvención. Si esto no se establece ahora, y en esta norma, quiere decir que tal pago va a quedar como un beneficio indefinido, y que será una nueva fuente de conflictos, tal como lo es actualmente la asignación de zona.

Creo que el problema es suficientemente importante como para que el señor Presidente solicite que le presten atención los Honorables señores Senadores que se están dedicando a otros asuntos.

He dicho.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , nos encontramos ante un procedimiento de distribución de recursos: el ARTICULO 8° establece que se pondrán a disposición de los sostenedores algunos fondos y el artículo 10 señala la forma como se entregarán.

Dejemos las cosas claras y en orden.

En primer lugar, estamos absolutamente de acuerdo en que los recursos se transfieran íntegramente al profesorado. Lo que objetamos y proponemos su supresión es el procedimiento consagrado en el ARTICULO 10, que representa un complejo mecanismo de liquidaciones y reliquidaciones. Tan así es que el propio Ministerio ha informado que, para ponerlo en funcionamiento, será necesario remitir a los municipios y sostenedores un disquete con el programa que permite hacer los respectivos cálculos.

Quiero recordar al Senado que hace un par de años aprobamos en forma muy rápida la ley 19.278 tras una movilización y huelga de los profesores que creó la Unidad de Mejoramiento Profesional y que estableció un beneficio para ser traspasado completamente a los docentes; ello, mediante un procedimiento que, no obstante la simpleza de lo que se pretendía, resultó tan complejo que, primero, no incluyó a profesores que estaban considerados inicialmente esto tuvo que ser corregido en otra ley y, segundo, motivó un error de cálculo por parte del Ministerio de Educación, lo cual significó sacar de otros recursos la suma de 4 mil millones de pesos, aproximadamente, y transferirlos a los municipios, a fin de que pudieran pagar íntegramente el beneficio.

Entonces, ¿quién puede asegurarnos que con este programa computacional necesario para llevar adelante un complejísimo procedimiento no pasará lo mismo? ¿Y, cuando se presenten y acrediten estas equivocaciones, en contra de quién se trabará el juicio? En contra del disquete, del programa computacional, del Ministerio de Educación o de una ley que, en el fondo, se afirma en un sistema respecto del cual debemos hacer fe.

Como técnica legislativa, no hay nada peor que diseñar métodos que, por su complejidad, dificultan su comprensión y, en mayor medida, su puesta en funcionamiento.

Repito: el hecho de que la asignación se transfiera completamente a los profesores es algo que no está en discusión, como tampoco lo está la compleja redacción de los artículos 8° y 10° propuestos por la Comisión. Lo que deseamos es evitar que surjan otras fuentes de conflicto como las que se han vivido en este mismo ámbito y con motivo de otros beneficios que hemos establecido para el profesorado. Se trata, en definitiva, de que los recursos lleguen a ellos y de no complicar la forma de entregárselos.

Por último el proyecto, en los términos propuestos, más las posibles correcciones que se le introduzcan entiendo durante el trámite de Comisión Mixta, resolverán el problema de los docentes que se desempeñan en establecimientos particulares subvencionados, fundamentalmente aquellos ubicados en la Novena Región de La Araucanía, y de algunos religiosos que prestan servicios en colegios de congregaciones.

Pero, ciertamente, señores Senadores, estas normas crean un procedimiento muy complicado. Y no tenemos ninguna seguridad de que funcione, porque, de partida, se admite que es complejo y que se aplicará mediante un sistema computacional que desconocemos.

Creo que no podemos legislar de esta manera, y por esa razón he contribuido con mi voto a rechazar la parte relativa a este complicado procedimiento. Hago expresa salvedad de nuestro propósito de que los recursos y las asignaciones especiales se distribuyan íntegramente entre el profesorado. La incorporación de un mecanismo de regulación por parte de la Comisión Mixta que evite que el sistema opere el último día del año, pudiendo aplicarse dos o tres veces anualmente y sobre la base de cuentas transparentes, constituye una materia que deberá analizarse en su oportunidad. La idea es impedir que surjan complejidades, las cuales lo único que producen son dificultades y establecen diferencias entre las comunas o las municipalidades, a tal punto que hacen que el sistema, en el fondo, sea inaccesible, difícil de entender y mucho más engorroso de aplicar.

He dicho.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Soy partidario de que votemos cuanto antes la proposición de la Comisión. Desde ya anunciamos, que votaremos de manera de reponer el ARTICULO 10 del informe de la Comisión de Hacienda.

Señor Presidente , más allá de que el sistema opere o no por disquete, se trata de garantizar que estos dineros lleguen a los( profesores y que en los distintos establecimientos se aplique un criterio similar. El señor Ministro ha señalado la forma de proceder para llevar a cabo tal propósito.

Sin embargo, ese costo que eventualmente se plantea como un exceso de formalidades y, un poco en sorna, acerca de lo que se está haciendo nos parece preferible antes que la aplicación del procedimiento quede en una mano discrecional. Porque si no se otorga ese beneficio a los profesores, no habrá mecanismos posteriores que permitan asegurarlo.

Es en ese sentido, en esa recta intención y en esa formalidad, que aprobamos el informe de la Comisión de Hacienda en cuanto a reponer lo que suprimió la de Educación.

He dicho.

El señor DIEZ.-

Señor Presidente , creo que la ley tiene la obligación de ser suficientemente clara y no crear fórmulas de cálculo de remuneraciones que, evidentemente, son enigmáticas para los eventuales beneficiarios y en que nadie es responsable de un mal cálculo o un buen cálculo.

Por esa razón, y esperando que en la Comisión Mixta se produzca un nuevo análisis del problema, me veo obligado a rechazar el ARTICULO 10 y a señalar al Senado que no me parece que ésta sea la forma más adecuada de legislar.

Voto que no.

La señora FELIU.-

Señor Presidente , con toda seguridad en algunos minutos más consideraremos el problema de la asignación o complemento de zona de los profesionales de la educación. La verdad es que se trata de algo muy grave y cuantioso, que representa una enorme responsabilidad tanto fiscal como de quienes lo aprobamos en su oportunidad. Porque a su respecto se han generado graves dificultades y una situación de distorsión interna en las rentas de los profesores.

En esta ocasión, aprobar esta disposición será fuente de inevitables conflictos. Invito a los señores Senadores a leer el ARTICULO 10 y a tratar de determinar cuál es el beneficio que otorga la ley. Al respecto, he planteado que la norma es inconstitucional, porque no contiene un mandato de cómo se paga esta asignación. Esto es muy grave y originará problemas. Y, en tal sentido, pregunto si se va a remitir a la Corte Suprema un software para que pueda determinar los beneficios que en su oportunidad se reclamen.

Por esas consideraciones, estimo que la norma es inconstitucional y del todo inconveniente. Además, no he podido entenderla, pese al esfuerzo que he hecho para lograr interpretarla.

Voto en contra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , sólo quiero señalar que el Ministerio del ramo dispone de un sistema, por engorroso que sea, para aplicar el mecanismo regulado en el ARTICULO 10.

Además, creo fundamental velar por que los recursos lleguen a los profesores. No hay que olvidar que, en años pasados, la mayor cantidad de movilizaciones del magisterio a lo largo del país se debieron a que los sostenedores no entregaban a los profesionales de la educación los fondos que el Ministerio les asignaba.

Por lo tanto, voto favorablemente.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , votaré a favor por las razones que he dado.

No obstante, quiero señalar que si no se repone el ARTICULO 10, no quedará ninguna norma que garantice seriamente la forma en que se entregará la asignación de los recursos para los profesores.

Algunos señores Senadores han manifestado que aquí hay todo un mecanismo un poco extraño de software y otras cosas, pero, bueno, extraño y todo, estamos en plena modernidad, como algunos la entienden, y hay que asumirla. Por eso no comprendo el escándalo que se ha armado.

Además, la tesis de que esto se solucione en una Comisión Mixta no me parece el mecanismo por el cual el Senado deba resolver estas cosas.

Por lo dicho, voto a favor.

El señor DIEZ.-

Quiero hacer una petición al señor Ministro de Educación , porque después, en el tráfago de la discusión, las cosas van quedando olvidadas.

Con relación al artículo recientemente rechazado, que seguramente tendrá que verse en Comisión Mixta, solicito que el Ejecutivo , que tiene la iniciativa exclusiva en materia de remuneraciones, nos proponga una fórmula que sea entendible por nosotros y por los profesores, como, por ejemplo, que la bonificación sea proporcional al salario que se ganaba en una fecha determinada, etcétera. Sólo de esta manera se solucionará un vacío, que no creo conveniente que quede en la ley.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , quiero hacer un recuerdo emocionado de la más grande tragedia minera que ha sufrido nuestro país.

"En las galerías de gris y terca, su corazón cantaba como martillo puro; eran los que domaban la pólvora y la piedra, y estaban construyendo la libertad del mundo.".

Estaban construyendo la libertad del mundo. Era el 19 de junio de 1945. Había finalizado la Segunda Guerra Mundial, se había derrotado al régimen nazista; y los mineros del cobre, de El Teniente y de la patria, habían hecho un generoso aporte a la causa de la libertad.

Reconocimiento y gratitud expresa el poeta rancagüino Oscar Castro , en un verso que ahorra un discurso: "Recuerdo" de alguna manera "a aquel cantero que picando piedras construía una catedral.".

Esa fría mañana de fin de otoño, mil 102 mineros del turno A ingresaron a la mina. El encierro del campamento, el trabajo riesgoso y compartido los había hecho camaradas. Un día común, para un trabajo rutinario. Dice también el poeta: "Yo los vi gozosos comenzar la jornada".

Eran campesinos de ayer, sembradores de trigo y de maíz, que cambiaron ojotas y chupallas por zapatones y cascos; el arado roturador de la tierra blanda y callada, por la dinamita pulverizadora y escandalosa. Costinos que dejaron barcas y redes, por linternas y picotas; el horizonte azul, por la verticalidad del gris o níveo que se estrella ante los ojos. Urbanos de barrios obreros de Rancagua son, en Sewell, vecinos de camarotes.

Dejaron el mísero sueldo, por el salario del miedo y de la muerte. Cambiaron el aire salobre del mar, el aire oloroso a albahaca y rumor de alamedas, por este aire, que la mañana del 19 de junio se desliza negro y siniestro; paraliza, aturde y mata. Dice el poeta: "Yo los vi gozosos comenzar la jornada. Los vi después la cara de piedra enmudecida, y les miré las manos rotas y torturadas en el gesto tremendo de agarrarse a la vida.".

Temprano llegó la muerte ese 19 de junio a la mina de El Teniente.

Walter Pineda , poeta minero, en acuciosa y diría, más bien, trágicamente enamorada investigación realizada a petición del Sindicato Sewell y Mina, relata la sucesión de desgraciadas circunstancias que culminaron con la mayor tragedia minera de la historia chilena:

"En el portal de El Teniente estaba la Maestranza Mina, que era de madera, donde se reparaban los carros metaleros y máquinas eléctricas que los accionaban. Este lugar era llamado "El infierno de Siberia", parece paradójico por el frío reinante. Allí, se había eliminado un grifo de agua, que servía a los obreros para prepararse té o café y calentarse; y también se había clausurado una puerta de emergencia, por presa orden de Mister Eykesbosch.

La fragua, con una campana sobre ella, que se encendió ese día, estaba en un cuarto cubierto por cartones impregnados en petróleo. Era práctica habitual colocar sobre la fragua un tambor de petróleo para que éste se aguara.

El avivamiento del fuego para acelerar la licuación del petróleo, provocó una llamarada que alcanzó a los elementos inflamables del revestimiento de la sala y gran cantidad de material allí acumulado.

La combustión incompleta produjo mucha cantidad de humo tóxico monóxido de carbono, que invadió galerías, niveles, piques y auxiliares, penetrando las íntimas galerías respiratorias y matando silenciosamente a centenares de hombres.".

Detallo el escenario y la operación en los cuales se inició la tragedia, para demostrar que el hombre no aprende nunca de sus propios errores.

Sólo siete años habían transcurrido desde el comienzo de la explotación del mineral El Teniente, cuando se produjo la primera tragedia. A las 16 del domingo 7 de julio de 1912, una horrorosa explosión en el interior de la mina provoca la muerte de 37 trabajadores, de una mujer y una niña, y decenas de heridos. La causa: el intento de acelerar el proceso de deshielo de la dinamita acercándola a un brasero, en lugar de hacerlo lentamente, usando una máquina eléctrica instalada para tal efecto. Cerca del brasero se guardaba la llave que ocultaba una tonelada de dinamita, metida en un socavón cavado en la roca.

1912: brasero, fuego, dinamita, imprudencia y muerte.

1945: fragua, fuego, petróleo, imprudencia y muerte.

¡Qué increíble repetición de fallas humanas y de hechos desgraciados!

Las crónicas de la época relatan que los muertos fueron trasladados a Rancagua, con la colaboración una vez más del benemérito Cuerpo de Bomberos.

En Sewell se vive, se trabaja y, también, se puede morir. Mas, allí no hay lugar para los muertos. La mina mata, pero no entierra.

El funeral de los 355 ¡trescientos cincuenta y cinco! mineros, fallecidos en junio de 1945, fue masivo en Rancagua. Algunos, por expresa petición de sus familiares, fueron sepultados en sus pueblos de origen. Allí regresaron los costinos, a descansar cerca de sus playas y roqueríos, y los campesinos, de sus alamedas y sembrados.

En Rancagua, el interminable cortejo fúnebre fue encabezado por el Presidente Juan Antonio Ríos , quien ya caminaba con su propia muerte adentro.

Sólo en una época de su historia la ciudad vivió escenas tan conmovedoras como las de junio de 1945. Fue en los días posteriores al 2 de octubre de 1814, cuando, víctimas de la batalla e incendio que arrasó la ciudad, murieron centenares de patriotas y realistas, quienes fueron sepultados sin cortejos, ni flores, ni discursos; hermanados por una madre común, que desde entonces los cubre: la madre tierra.

Como dije, el Presidente Ríos encabezó el funeral de los mineros en Rancagua. Al regresar a la Capital, transmitió a su Gabinete y al país su inmenso dolor por esta tragedia. Lo conmovió.

Desde esa fecha, nacieron proyectos e iniciativas que beneficiaron, más tarde, a todos los deudos.

La Cámara de Diputados, en sesión especial realizada el 22 de junio de 1945, acordó solicitar un Ministro en Visita a la Corte de Apelaciones de Santiago, y designó una Comisión investigadora, que integraron los Diputados señores Ricardo Herrera , Francisco Javier Labbé , Humberto Yáñez , Sebastián Santandreu , Julián Echavarri , Carlos Cifuentes y Juan Bautista Rossetti. La Comisión fue asesorada por el ingeniero y profesor universitario señor Laín Diez Kaiser , acompañado por el Diputado señor Carlos Rosales , quien fue el primer Parlamentario que llegó al mineral el mismo 19 de junio.

Las conclusiones fueron categóricas: equivocada orden de evacuar; escasez de medios de rescate y de personal instruido para operaciones y programas, etcétera. Además, se responsabilizó a la administración de la mina de aquel entonces de las proporciones alcanzadas por el desastre. Empero, se disculpa a dicha administración por la falta de personal superior, dando como excusa la Segunda Guerra Mundial. Esta excusa, que parece forzada, era real. Recordemos que, en ese entonces, la Braden Copper Company era norteamericana en su totalidad, y que la mayoría del personal superior y calificado tenía esa misma nacionalidad. Casi todos ellos fueron llamados a alistarse por la causa de la libertad (sólo meses después de finalizado el conflicto bélico, los sobrevivientes se reintegraron a la empresa). Permanecieron en la compañía únicamente tres norteamericanos: Wilford León Terry , Burney Gustav Egemo y George Wilford Quinn , quienes murieron heroicamente en el intento por rescatar a los mineros atrapados y a los moribundos.

El heroísmo no es patrimonio de ningún país. Decenas de mineros chilenos fueron generosos hasta el martirio. En la imposibilidad de nombrarlos a todos, recordamos, con emocionada gratitud, a tres: Miguel Sánchez , Carrasco y Hernán Muñoz.

Para los efectos de la administración de los bienes producto de sucesivas leyes que beneficiaron a los deudos, se creó la Fundación Bernardo O'Higgins. Su actual Presidente , el Gobernador don Ricardo Tudela Barraza , y su Directorio, nos acompañan hoy.

También se encuentran aquí viudas de los sobrevivientes (que no sobrepasaron los 22), quienes hace medio siglo perdieron a sus cónyuges. Algunas de ellas vivieron la "Tragedia del Humo" en Sewell; otras supieron la noticia por la radio o por los vecinos. Vivieron la tragedia del país y su drama personal. Cincuenta años después, aún hay escenas fijadas en su memoria, como los grabados en la roca andina, recuerdos que hoy día sin querer reavivamos con este homenaje.

Presentes están, asimismo, en esta Sala, otros testigos: uno de ellos, que entonces era un niño de sólo cinco años, aterrado y angustiado presenció la tragedia: primero, la visión del humo del presagio (nunca se aprecia humo en el exterior de la mina, desde Sewell); luego, la ausencia del padre y del hermano, en minutos que parecían eternos; más tarde, la angustia cede ante el abrazo de ambos. Persiste, sí, el natural compañerismo con más de 400 huérfanos, que se va desvaneciendo con el tiempo, que se atempera con juegos de niños y, también, con la curiosa participación en mítines, encendidos discursos, arengas, huelgas y marchas del batallón de la montaña.

En la escuela del dolor compartido, se tituló de solidario el niño de ayer, hoy Senador y Vicepresidente del Senado de la República , don Ricardo Núñez Muñoz.

El nombramiento de un Ministro en Visita, solicitado por la Cámara de Diputados recayó en el señor Daniel González Fernández , quien inició de inmediato la investigación, subiendo al mineral el sábado 23 de junio, a pocas horas de haber sido designado. En su delicada misión fue asistido por un joven secretario del Juzgado de Rancagua , quien actualmente también es Senador de la República: don Carlos Letelier Bobadilla.

Señor Presidente , la historia del cobre es, en gran parte, la historia de Chile. Desde sus inicios, bajo la imperial España de Carlos I o Carlos V, si se habla de Alemania, al comienzo los descubridores, y más tarde los conquistadores, buscaron el metal. No encontraron en nuestro territorio ni el oro del Perú, ni la plata de México. Durante siglos, la montaña guardó, celosa, el cobre para nosotros.

El Teniente es parte de Chile, país minero, y constituye digámoslo una vez más la mina subterránea de cobre más grande del mundo. A su impulso han nacido ciudades: Sewell, Caletones , Coya , y han crecido otras: Machalí y Rancagua. Esta última no sería hoy la pujante Capital de la Sexta Región, con 200 mil habitantes, si no hubiera existido este mineral.

La "Tragedia del Humo" la sufrió la patria entera. Asimismo, la patria entera recibe los beneficios del cobre, que es chileno por voluntad popular y decisión del Parlamento. Porque para Chile lo han conquistado generaciones de compatriotas, miles de mineros, y durante su explotación han caído ya centenares de víctimas.

Hoy recordamos a aquellos 355 hombres que hace medio siglo enlutaron la patria. Y rendimos homenaje a sus viudas y a sus descendientes, presentes en este Hemiciclo. A ellos les decimos: Chile no los ha olvidado. Y el Senado, máxima expresión de la soberanía popular, los recuerda con gratitud.

Un ex Senador, Premio Nobel y gran poeta, en un homenaje a las víctimas de la "Tragedia del Humo", señaló: "Cuatrocientas veces he llorado, y cuatrocientas heridas hay en mi corazón: son los muertos de Sewell, los muertos, nuestros muertos, Muñoz , Pérez , Rodríguez , Sánchez , Reyes, Sanhueza , Ramírez , Núñez , Alvarez. Estos nombres son como los cimientos de Chile. El Pueblo es el cimiento de la Patria. Si los dejáis morir, la patria va cayendo, va desangrándose hasta quedar vacía.".

He dicho.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Indicación renovada N° 89, para sustituir, en el inciso primero del artículo 8°, la frase "según el procedimiento establecido en el artículo 10" por "ciñéndose a los recursos a que se refiere el artículo 12". Está suscrita por los Senadores señora Feliú y señores Mc-Intyre , Sinclair , Cooper , Letelier , Martin , Siebert , Prat , Cantuarias y Larraín.

En discusión.

La señora FELIU.-

Señor Presidente, esta indicación se relaciona con otra, aprobada por mayoría, cuya finalidad es reemplazar el sistema de entrega de esta asignación extraordinaria a los profesores mediante un procedimiento consignado en el artículo 10 que fue rechazado, por un mecanismo general.

Por lo tanto, para ser congruentes con la supresión de dicho artículo 10, esta proposición debe aprobarse ciñéndose a los recursos contemplados en el artículo 12. De lo contrario, no quedará procedimiento alguno.

Como se señaló en la Sala, esto puede ir a Comisión Mixta, pero junto con todos los preceptos referidos a la misma materia.

He dicho.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente, cuando votamos la indicación anterior, advertí acerca de las consecuencias del rechazo de la referida norma.

Por consiguiente, me opondré a lo propuesto por la Senadora señora Feliú , para que todo pase a Comisión Mixta y veamos qué se decide en ella. Porque ésa es la consecuencia lógica de haberse rechazado un procedimiento y de habernos quedado sin ningún sistema.

El señor MUÑOZ BARRA .-

¡Y lo dijo a tiempo!

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

En efecto, lo hice presente oportunamente.

Por lo tanto, votaré en contra de la indicación, para hacer que el asunto pase a Comisión Mixta y en ella se resuelva el problema.

He dicho.

El señor CANTUARIAS.-

Entonces, démosla por aprobada, con el voto en contra del Honorable señor Ruiz-Esquide ; pero avancemos.

La señora FREI (doña Carmen).-

No es sólo el del Senador señor Ruiz-Esquide , sino el de todos los Senadores democratacristianos.

El señor CANTUARIAS.-

Bueno, entonces, con la oposición de esa bancada.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente, la oración que se plantea agregar guardaba coherencia dentro del esquema que planteé en la Comisión. Sin embargo, me gustaría consultar al señor Ministro en qué situación queda ella luego de las dos últimas votaciones.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

En cuanto al ARTICULO 12, que pasa a ser 11, sin modificaciones, se ha renovado una indicación de la Senadora señora Feliú por la misma señora Senadora y los Honorables señores Mc-Intyre , Sinclair , Cooper , Letelier , Martin , Siebert , Prat , Cantuarias y Larraín , para suprimir su inciso final, que dispone:

"La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior será considerada infracción grave para los efectos del artículo 37 del decreto con fuerza de ley N° 5, de Educación, de 1993.".

Este precepto aparece en la página 82 del primer informe de la Comisión de Hacienda.

La señora FELIU.-

Señor Presidente, el artículo 37 del decreto con fuerza de ley N° 5, sobre subvenciones a los establecimientos de educación, contempla como faltas graves exclusivamente figuras de carácter doloso: la adulteración de planillas, la adulteración de documentos; en fin, situaciones que son constitutivas de delito.

En este caso, se trata de pequeños errores en el destino de los recursos para los profesionales de la educación. Con motivo de otra disposición modificatoria del Estatuto Docente, similar a ésta, la Comisión consideró que la infracción en cuestión no debía ser calificada como grave, pues las infracciones graves reitero son todas figuras dolosas: adulteración dolosa de cualquier documento, alterar la asistencia media, cobro indebido de derecho, exigir cobros no autorizados, prestar declaración jurada falsa, incurrir en atraso reiterado, etcétera. Por ello, en esa ocasión, repito, la Comisión estimó conveniente establecer una regla distinta en esta materia. En su concepto, la infracción de que se trata debería constituir falta, y no ser calificada de grave.

Señor Presidente , como este asunto está dentro del ARTICULO 12, relativo a la subvención extraordinaria contemplada en los ARTICULOS 8°, 10 y 12, propongo aprobar la indicación, a fin de que la Cámara de Diputados pueda rechazar lo que acordamos y se forme la Comisión Mixta, la que podrá transformar estas normas en un sistema congruente.

Por esa razón, sugiero aprobar la indicación renovada, porque, al ser rechazadas por la Cámara de Diputados todas las nuevas disposiciones sobre este sistema, deberá formarse una Comisión Mixta, y en ella se podrán incluir todas estas materias.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente, dentro de la dificultad en que nos encontramos para legislar con informes sucesivos y referencias reiteradas, comprendo que se susciten ciertos problemas para entender qué es lo que estamos analizando en un momento determinado.

¿Pues bien, qué hizo la Comisión de Educación? Comprendió que no era justo ni equitativo aplicar el artículo 37 del decreto con fuerza de ley N° 5, de Educación, de 1993, para sancionar lo relativo a las subvenciones en la misma forma con que se castigan infracciones graves. Entonces, se presentó una indicación para suprimir esta norma. Pero algunos señores Senadores votamos en contra del afán de suprimirlo, porque si bien compartíamos el criterio de que los delitos no eran equivalentes, no es menos cierto que no parecía procedente eliminar el inciso, pues dicha falta aunque fuera menor quedaría sin sanción. Eso fue lo que sucedió.

Ahora, se está sugiriendo reemplazar el inciso final por la indicación renovada de la Honorable señora Feliú , para que, en definitiva, estas infracciones se penen en forma menor. Lo anterior significa llevar el tema a la Comisión Mixta, respecto de lo cual no tengo inconveniente.

El señor VALDES ( Presidente ).-

Es una indicación sustitutiva. Se suprime la sanción.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , lo que intento decir es que en ese caso el mecanismo podría ser ése o bien aprobar la situación actual. Es decir, que vaya a Comisión Mixta para que la sanción no quede en los términos excesivos en que la establece el texto, pero que tampoco se suprima el inciso, porque no habría sanción alguna.

El señor CANTUARIAS .-

Estoy de acuerdo.

La señora FELIU .-

Si no se aprueba la indicación, el asunto no va a la Comisión Mixta.

El señor CANTUARIAS .-

Coincido con el recuerdo que ha hecho el Honorable señor Ruiz-Esquide : acojamos la indicación, esto es, rechacemos el inciso, porque de ese modo llegaremos a la adecuación en la que todos estamos de acuerdo.

El señor BITAR.-

Sólo quiero hacer presente a los señores Senadores que tomen en consideración el espíritu que hay detrás de este inciso, que, según entiendo, está vinculado al anterior, que dice:

"Durante los años 1995 y 1996, las cantidades que reciban los sostenedores por concepto de esta subvención adicional especial, serán destinadas al pago de los beneficios remuneratorios que se establecen en los artículos 8° y 9° de esta ley.

"La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior será considerada infracción grave", etcétera.

O sea, estamos diciendo que un sostenedor que recibe dinero y lo dedica a un beneficio remuneratorio distinto a aquel a que está destinado, incurre en una infracción que no puede considerarse como irrelevante. Entonces, en ese sentido, el riesgo que podríamos correr es el de que estos recursos que se destinan por parte del Estado o de los municipios para este fin no se destinen a él. Por lo tanto, el espíritu de este último inciso es el de que se califique como más seria esa infracción, con el objeto de que los sostenedores tengan el cuidado de destinarlo al fin que corresponde. Si ése es el espíritu de la norma, me parece sano mantener el inciso en los términos como está consignado aquí.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Perdón, señor Presidente. Excúseme un segundo.

En verdad, el espíritu con que discutimos esta materia fue el de no aplicar una sanción tan grave como la establecida en el artículo 37, porque ésta correspondía a infracciones mucho más graves. Pero yo asumo lo que ha expresado el Honorable señor Bitar , en el sentido de que para nosotros debe haber sanción. Ahora, si la indicación dice: "Suprímase el inciso", obviamente, no habrá ninguna y no podremos respaldarla.

En esas circunstancias, habíamos aceptado reemplazar el inciso por el propuesto en otra indicación, tendiente a rebajar el monto de la pena. Ahora, por no existir esta última alternativa, deberemos votar si el inciso queda como está o si se lo suprime. En ese caso, obviamente, tendremos que votar en contra de la indicación que pretende suprimir el inciso, y después veremos en la Comisión Mixta cómo se puede corregir la situación.

El señor VALDES (Presidente).-

En ese entendido se va a votar.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente, junto con expresar que votaré por sostener lo que hemos señalado, quiero hacer presente que la idea que se discute aquí no es evitar sanciones, sino consignarlas en la ecuación correcta que establece la ley de subvenciones. En esos términos conversamos en la Comisión de Educación e hice mía la primera parte de la intervención del Honorable señor Ruiz-Esquide.

Ahora, puestos en la disyuntiva de votar a favor o en contra de la supresión, en el caso de que prevalezca el inciso, después no se podrá arreglar nada y, simplemente, apareceremos cometiendo una descomunal injusticia. Porque es distinto el espíritu doloso que puede ocurrir, por ejemplo, en la ejecución de actos que aplican mecanismos engorrosos, los que a veces se están diseñando para distribuir ciertos recursos. Entonces, la solución para contribuir a dar una buena redacción al texto no va por el lado de cerrarse en los términos contenidos en el inciso. Porque, en el caso de mantenerlo, no habrá controversia ni posibilidad alguna de arreglarlo.

Por las razones expuestas, voto a favor de la indicación renovada.

El señor VALDES ( Presidente ).-

Deseo saber si el artículo viene de la Cámara de Diputados o fue incluido...

El señor CANTUARIAS.-

Viene de la Cámara de Diputados, señor Presidente.

La señora FELIU.-

Señor Presidente, en verdad todos estamos de acuerdo en que los sostenedores deben dedicar los recursos a pagar a los profesores. Así lo dice la ley y eso es lo que se está aprobando. Pero el problema no se presenta cuando no se paga el total a los profesores, sino cuando puede haber una pequeña diferencia, de 100 pesos o de mil pesos. Esa es la situación.

El estatuto relativo a las subvenciones regla todas estas materias. Las sanciones las aplica el Ministerio de Educación, pero la ley contempla sanciones graves y menos graves, y establece no sólo una graduación, sino la posibilidad de oír cuáles son las razones y los elementos que hay en cada una de las infracciones de que se trata.

La Comisión de Educación debatió mucho el tema, y lo conveniente es que vaya a una Comisión Mixta, a fin de que pueda apreciarse y discutirse todo lo relativo a la asignación establecida en los ARTICULOS 8°, 10 y 12. Pero la única posibilidad de enviar este asunto a la Comisión Mixta es aprobando la indicación renovada, porque, de lo contrario, no va a existir distinto criterio con la Cámara de Diputados.

Por las razones expuestas, voto por aprobar la indicación renovada.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, en mi opinión, todo lo que sea velar por la probidad en el uso de los dineros que se entreguen al sistema educacional es bienvenido. La experiencia ha demostrado que no siempre se aplicó este celo, y lo demuestran muchísimos casos que los señores Senadores deben de conocer.

El enunciado de que ésta es una infracción grave, tal como lo ha hecho llegar el Ejecutivo , de por sí invitará a desistirse a quienes pretendan intentar algunos manejos que no se avienen al espíritu con que se entregan los recursos. Por eso, voto que no.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Cabe aclarar que los artículos contenidos en dicho precepto se refieren a la dotación docente municipal, que comprende a todos quienes trabajan en el área de la educación, sean profesores o directivos, e incluso, a los que se desempeñan en el Departamento de Educación Municipal (DEM). De esta forma, se excluye a los docentes que no pertenezcan al ámbito de la enseñanza y estén trabajando en otros campos. Así lo entendió el Colegio de la Orden, como también los Senadores que participamos en la Comisión.

Por eso, sugiero que aprobemos la proposición que se formula.

La señora FELIU .-

¿A qué indicación corresponde esto? Hago la consulta porque la norma no figura en el primer informe de la Comisión de Hacienda.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Se trata de una proposición formulada por ella.

La señora FELIU .-

Pero tiene que corresponder a alguna indicación. No puede haber sido incluida de oficio.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Es la número 101, y tiene que ver con el texto aprobado por la Cámara de Diputados.

La señora FELIU.-

Señor Presidente , en verdad, esta indicación la vio en su oportunidad la Comisión de Educación, y el problema que surge con ella tiene que ver con la falta de armonía que presenta respecto del proyecto. Dice la indicación: "Lo dispuesto en los artículos 7° a 11 de esta ley, sólo será aplicable en el sector municipal a los profesionales de la educación que desempeñen horas que figuren dentro de la dotación docente de la comuna". Por su parte, el artículo 7° establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas que señala, "los profesionales de la educación a que se refieren los Títulos III y IV de la ley N° 19.070, es decir, los que integran una dotación comunal o se desempeñan en establecimientos educacionales"..., tendrán cierta remuneración. El ARTICULO 8° dispone que "Los profesionales de la educación de los establecimientos dependientes del sector municipal"... tendrán derecho a tal cosa. El artículo 9° señala que "Los profesionales de la educación de los establecimientos dependientes del sector municipal y los de los establecimientos del sector particular subvencionado"... podrán gozar de determinado beneficio. Y los artículos 10 y 11 aluden a la bonificación proporcional establecida en el artículo 8°.

Como puede observarse, cada una de esas disposiciones tienen un sujeto al cual se aplicarán. Por esa razón, en su oportunidad, la Comisión de Educación no aprobó la indicación, pues resta armonía al texto de la ley. Si ya el artículo 7° dice que "se aplica a los profesionales de la educación a que se refieren los Títulos III y IV de la ley N° 19.070", para qué va a haber otra norma que señale que afecta a quienes integran la dotación docente de la comuna.

En realidad, no resulta congruente ni clara su existencia y, muy por el contrario, tiende a oscurecer la interpretación de ley.

El señor DIEZ.-

La verdad es que no tiene explicación.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , sólo deseamos reafirmar que, tratándose de una dotación ya precisada en los otros artículos, este beneficio no rige para los profesores que se desempeñan en el ámbito municipal hecho que no se da en el sector privado subvencionado, pero que en él realizan otras tareas.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente, el Estatuto Docente regla las normas y el funcionamiento de los profesionales de la educación, y su artículo 1° establece a quienes se aplican.

La norma propuesta es del todo redundante, porque, al parecer, desea precaver que profesores que trabajen en otras dependencias o tengan otra relación con la municipalidad, por su calidad de tales, invoquen este tipo de disposiciones. Pero, como el Estatuto Docente precisa su ámbito de aplicación, la verdad es que si hay profesores contratados de conformidad con el sistema y que se encuentran trabajando en otras tareas, el error no nace de esta corrección, sino de las propias normas que estarían siendo vulneradas. Y por estar involucrados los fondos de subvención, podríamos hablar incluso de malversación.

En consecuencia, mantendré el voto que emití en la Comisión para rechazar esta norma, por considerarla absolutamente innecesaria.

El señor DIEZ.-

Señor Presidente , en realidad, de esta manera se complicará la interpretación de las disposiciones y el proyecto quedará más desordenado, porque el artículo 7° se refiere a los profesionales de la educación de los Títulos III y IV de la ley 19.070. Es decir, a los que integran una dotación comunal o se desempeñan en establecimientos educacionales regidos por el decreto con fuerza de ley N° 5, del Ministerio de Educación. Y, conforme a la disposición sugerida por la Comisión de Hacienda, se establece otra vez que "sólo será aplicable en el sector municipal a los profesionales de la educación que desempeñen horas que figuren dentro de la dotación docente de la comuna, aprobadas según las normas establecidas en la ley N° 19.070.". O sea, decimos lo mismo, pero de manera mucho más imperfecta, y con un carácter general que no le corresponde, si se hace referencia a todos los artículos del 7° al 11.

Por esa razón, creo inconveniente la aprobación de esta disposición, que, por lo demás, no produce cambio de fondo alguno respecto de las disposiciones hasta ahora aprobadas.

El señor VALDES ( Presidente ).-

¿Hay o no consenso para estimar que es suficientemente clara la posición del Senador señor Diez?

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

No, señor Presidente. Yo prefiero que se vote.

La señora FELIU.-

Señor Presidente , sobre la base de la argumentación de que los beneficios de los artículos 7° al 11 se otorgarán a los profesores que la norma propuesta señala es decir, a quienes integran la dotación docente municipal, pregunto si el resto de las disposiciones se aplicará a esas mismas personas, o a otras. Porque a eso conduce la interpretación de normas de esta naturaleza, al hablar de los beneficios dispuestos en los artículos 7° al 11 y del 1° al 7°. Y las otras modificaciones, ¿se aplican o no?

El artículo 21 de la ley N° 19.070, que se está modificando, establece la estructuración de la dotación docente. Y el numeral 5 del artículo 1° del proyecto en debate reemplaza en su inciso primero la frase "cada establecimiento será fijada en el mes de noviembre de cada año" por "los establecimientos educacionales de cada comuna, incluyendo a quienes desempeñan cargos y horas directivos y técnico-pedagógicos en los organismos de administración educacional del sector,". Y estas personas se hallan incluidas en la dotación docente y, por lo tanto, son los sujetos a quienes se aplica el texto primitivo y la modificación.

En consecuencia, la enmienda propuesta, que además, al parecer, alteraría porque deberíamos entender que no dicen lo mismo lo que señala cada uno de los artículos 7°, 8°, 9°, 10 y 11, va a crear sólo confusión.

Voto en contra, por cuanto estimo que, desde el punto de vista técnico, la norma es muy inconveniente y generará múltiples problemas de interpretación.

La señora FELIU.-

Señor Presidente , la verdad es que en este momento sería imposible rever este problema, porque la norma cambió fundamentalmente en el segundo informe, en el que se refundieron algunos elementos del precepto anterior, incluido el de la letra e).

A mi juicio, el reincorporar esa letra al actual texto del ARTICULO 14, distorsionaría la forma en que quedó redactado, ya que se procuró establecer todas las hipótesis, a fin de premiar a los establecimientos de que se trata. Además, esta materia quedará entregada a un reglamento. Y en esta disposición se incluyen los elementos básicos. No quedaría bien ahora una letra que se había enmarcado en otro esquema y con otros requisitos.

Apruebo la propuesta de la Comisión.

La señora FELIU.-

Señor Presidente , aquí no podemos decir que se vota a favor o en contra de la supresión de la letra e), porque en el segundo informe la Comisión cambió casi todos los factores consignados en el artículo.

En efecto, en la a) se reemplazó "Cobertura" por "Efectividad"; en la b), "Logro y superación" por "Superación", cambiando en parte también el resto de ella; la e) se suprime en su totalidad.

Francamente, no tengo claro qué cabría votar en contra en relación con el ARTICULO 14 del segundo informe, porque, como digo, en la mayoría de las letras que conforman su inciso segundo ha cambiado la redacción que tenían en el primer informe.

No obstante las observaciones anteriores, en este precepto se establece un sistema de evaluación completo, que deberá considerar distintos factores, y se faculta al Presidente de la República para fijar las normas que lo regirán. Por eso, respaldaré la proposición de la Comisión. No cabe duda de que el Primer Mandatario incluirá en el reglamento un elemento similar al consignado en la letra e) del artículo primitivo.

Por tales razones, y aunque estimo que éste es un procedimiento equivocado de votación, me pronuncio positivamente.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , la Comisión de Educación plantea eliminar la letra e) del proyecto original, en virtud de la cual se establece que el Sistema de Evaluación del Desempeño deberá considerar el factor, entre otros, de igualdad de oportunidades. Creo que dicho factor debe ser tomado en cuenta y, por lo tanto, no hay que eliminar la referida letra.

En consecuencia, voto en contra la proposición de la Comisión de Educación y Cultura, con el objeto de mantener la igualdad de oportunidades como un criterio de evaluación del desempeño de los establecimientos educacionales subvencionados.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , si mal no entiendo, estas modificaciones echan por tierra un acuerdo entre el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación de octubre del año pasado, mediante el cual se entregaría el ciento por ciento de los recursos para efectuar el pago de la subvención, que sería repartida a los 120 mil profesores. Y hoy día, se rebaja ese porcentaje a 80 por ciento.

La manera de determinar la excelencia es bastante sui géneris, porque quién determinará ¿cuáles son los mejores profesores que obtendrán la bonificación? Esta situación se parece un poco a esos concursos que entregan un premio a la "mejor madre de Chile".

Por lo tanto, como miembro de mi bancada, rechazo la sustitución propuesta por la Comisión de Hacienda.

El señor DIEZ.-

Debo hacer presente al Senado que estamos votando una enmienda de la Comisión de Hacienda; de modo que para rechazarla no necesitamos quórum especial. De proceder así, quedaría vigente el texto de la Comisión de Educación.

El señor Ministro nos ha dicho que la bonificación puede no ser permanente, pero de hecho es una remuneración, y, por tanto, debe servir para el cálculo de la jubilación o pensión correspondiente. Ahora bien, tampoco sabemos si va a ser realmente transitoria o, más bien, permanente, por la calidad del establecimiento o por la persistencia del sistema jurídico.

Por tales razones, señor Presidente , me parece lógico mantener el carácter imponible del beneficio, pues, aunque ello implique un descuento en el sueldo del profesor, de esa manera estaremos velando como debe hacerlo la autoridad por la mantención de sus intereses a largo plazo me refiero a su situación previsional, a fin de que no se nos vuelva a producir lo que ocurrió al inicio del tratamiento del Estatuto Docente. Recordemos que entonces los profesores se quejaban de que tenían remuneraciones no imponibles y de que su pensión no equivalía al sueldo que estaban percibiendo, por una serie de circunstancias que se presentaron cuando se creó el sistema de municipalización. Ahí tenemos una buena lección. No volvamos a incurrir en el mismo error, creando situaciones que después se tornan muy difíciles. Así estaremos evitando, también, una serie de juicios como los que se hallan pendientes en la actualidad.

Por tales razones, señor Presidente, pido al Senado que rechace lo propuesto por la Comisión de Hacienda.

El señor ZALDIVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , efectivamente, la Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad la indicación del Ejecutivo que dio lugar a esta norma, sobre la base de las razones que ha dado el señor Ministro , a saber, que se trata de una subvención por desempeño de excelencia, que es absolutamente transitoria, concedida cada cierto tiempo según determinados resultados. Por lo demás, no es éste el único caso en que se conceden asignaciones, que no son parte de una remuneración permanente o de cierta permanencia, sin la calidad de imponibles.

Ahora, respecto de lo señalado por el Senador señor Diez, ciertamente, el Senado tiene la facultad de rechazar la enmienda de la Comisión de Hacienda, pero, en ese caso, deberá pronunciarse sobre el texto propuesto por la de Educación. Por tanto, reglamentariamente tenemos que encarar una doble votación: rechazar si es eso lo que se quiere la modificación de Hacienda y aprobar luego, con el quórum que corresponda, el texto de la Comisión de Educación.

La señora FELIU.-

Señor Presidente , considero negativas las normas que establecen reglas especiales para asignaciones también especiales.

Si la bonificación se sujeta a las disposiciones generales, será imponible para efectos previsionales respecto de los profesionales de la educación afiliados al nuevo sistema de pensiones, mientras que para aquellos que permanecen en el antiguo régimen no tendrá tal carácter, pues en este último sólo son imponibles las remuneraciones fijas y permanentes, calidad que no posee la asignación de que se trata. Lo anterior, en virtud del artículo 61 de la ley N° 10.343.

En mi opinión, el beneficio debería quedar sometido a las reglas generales, de forma tal que sea imponible para los profesores que cotizan en una administradora de fondos de pensiones, y no imponible para aquellos adscritos al antiguo sistema previsional.

No podemos establecer su imponibilidad o no imponibilidad de manera perentoria. Si optamos por la alternativa consagrada en el texto de la Comisión de Educación, donde la bonificación es imponible, vamos a generar un problema para la jubilación de los afectados en los términos del Estatuto Administrativo, por lo siguiente. El beneficio se va a obtener en una oportunidad, se va a efectuar la correspondiente cotización y, en definitiva, salvo que la persona jubile ese mismo mes o en la misma oportunidad, no lo va a percibir en su jubilación, constituyéndose en un impuesto. Distinta es la situación para los docentes afiliados a una AFP, para quienes la bonificación, en ese caso, pasaría a ser un ahorro.

Por lo tanto, el beneficio, en cuanto a su imponibilidad o no imponibilidad, debería quedar regido por las normas generales vigentes sobre la materia.

El señor OTERO .-

¿Eso significa rechazar el informe de la Comisión de Hacienda en esa parte?

La señora FELIU.-

Los dos, señor Senador, el de Hacienda y el de Educación, a fin de que sólo se establezca que la bonificación será tributable.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , deseo apoyar la indicación del Ejecutivo, por cuanto es una sana norma, sobre todo, cuando el sistema educacional apunta a la modernidad.

Es evidente que la mantención a perpetuidad de los cargos de conducción del mismo lleva al anquilosamiento y produce una situación de monotonía, lo cual considero gravísimo.

Por otra parte, si observamos que los ejecutivos de los demás estamentos educacionales son renovables como es el caso, por ejemplo, de las autoridades universitarias, creo que la indicación renovada por el Presidente de la República apunta en la dirección correcta, pues tiende a mejorar la calidad de nuestra educación, lo que a todos nos interesa.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , quiero formular unas breves consideraciones.

Con motivo de la discusión del proyecto de ley sobre el Estatuto Docente, comenzó a debatirse un tema muy de fondo. Sobre el particular, debo señalar que hemos dado a la educación sobre todo, a la municipal un estatuto jurídico más parecido al del ámbito público que del privado.

El desempeño, el comportamiento y la efectividad en el funcionamiento de los establecimientos depende de los directores. Pero éstos no son buenos o malos por el tiempo en que fueron nombrados, o porque ya estaban designados, o por haber la seguridad de que los nuevos serán mejores.

Ahora, el símil que se ha hecho con la administración universitaria no puede ser menos feliz, porque existe constancia de que en ese ámbito, en donde los cargos de dirección se rotan, la gestión no ha sido particularmente eficiente.

No obstante, hay un aspecto en el cual hemos concordado. La norma general es que los cargos de directores de establecimientos educacionales serán concursables cada cinco años. Pero ello se va a producir a partir del próximo nombramiento, cuando la gente concurse a sabiendas de cuál será el tiempo para el cual es designada.

Hasta ahora, en toda la historia del sistema educativo chileno no ha sido así. Y nada asegura que vaya a cambiar, porque el comentario que se ha hecho, en el sentido de que los directores ineficientes, al permanecer en sus cargos, castigan a un establecimiento, también admite lo contrario, por cuanto los recintos educacionales van a perder buenos directores, en el caso de que sí lo sean, cuando no ganen el concurso siguiente.

En consecuencia, hemos concurrido a votar una norma de carácter general que se aplicará a partir del próximo certamen que tenga lugar. En este momento, estamos analizando las disposiciones transitorias, y todo lo que estamos diciendo es que esto vale a partir del próximo nombramiento. Pero, mientras tanto, no vamos a expropiar a los directores que obtuvieron sus cargos, algunos por concurso y otros por nominación, pero, en todo caso, siempre conforme a Derecho y a normas regulares. Por las razones expuestas, me opongo a la indicación renovada del Ejecutivo.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , aquí hay varios elementos que hacer valer. El primero se refiere a que hasta ahora los directores eran designados de por vida. Y, de acuerdo con la argumentación dada durante todo el debate sobre el Estatuto Docente por quienes se oponen a él, se atenta contra el concepto de que no puede existir inamovilidad. Porque lo que es válido para un profesor también lo es para quien dirige un establecimiento. Por lo tanto, cuando se alega que no puede haber inamovilidad, no se puede sostener que sí la hay para el director. El segundo dice relación al hecho de que se conceden plazos de uno, dos y tres años. El tercero apunta a que quienes pierdan el concurso están resguardados por los últimos incisos del artículo cuyo reemplazo se propone. El cuarto está relacionado con el argumento de que un establecimiento no es mejor o peor sólo porque se cambie o no al director; también rige al revés. Entonces, si se desempeña bien y posee antecedentes suficientes, va a concursar dentro del marco aquí señalado.

Así que, cuando hay sorna en la expresión de algunos señores Senadores, denotando dudas de que esto sea efectivo, cabe preguntarse por qué un director, incluso no siendo idóneo, tendría que permanecer en su cargo y evitar los efectos de la modernización de la educación.

Por lo tanto, vamos a apoyar la indicación con nuestro voto.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , entre los requisitos para ser director de un establecimiento educacional, tiene gran importancia el de perfeccionamiento. El profesional, si está preparado en ese aspecto, va a ganar el concurso.

Lo que no resulta soportable es que una persona nombrada en ese cargo puede permanecer en él por espacio de veinte o veinticinco años ya que se jubila a los 65, sin experimentar apremio alguno por participar en cursos de perfeccionamiento. Eso sí que es trágico y triste para un sistema de educación moderno, como Su Señoría lo ha planteado en muchas oportunidades.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Espero que el ARTICULO 2° transitorio sea aprobado. Sin embargo, quiero hacer una prevención en el siguiente sentido.

Esta norma, referida específicamente a la letra g) del artículo 52, se refiere a la causal que pone término a la relación laboral por motivos de salud. Pero si uno examina la letra h) de ese mismo precepto, podrá observar que una de las razones por las cuales esa relación laboral también terminará es por la pérdida sobreviniente de algunos de los requisitos de incorporación a una dotación docente. Esto último, en el fondo, significa, asimismo, que la persona debe tener salud compatible.

Sin embargo, debido al plazo que fija el propio ARTICULO 2° transitorio, es posible que se produzca una situación que afecte lo relativo a la salud. De modo que teniendo en cuenta este aspecto, sugiero, en la medida en que haya unanimidad sobre el particular, que se introduzca una enmienda a dicho precepto en orden a que la norma establecida en él no sólo se refiera a la letra g), sino también a la letra h). De lo contrario, surgirá una incongruencia entre ambas letras.

Si la proposición se acepta, la redacción debería quedar así: "La causal de término de la relación laboral establecida en la letra g) y la relativa a la misma materia que corresponde por aplicación de la letra h) del artículo 52 de la ley 19.070", etcétera. Lo demás se dejaría exactamente igual, vale decir, ello "regirá a contar desde el 1 de marzo de 1997,".

Esa es mi sugerencia. No sé si hay disposición para aprobarla.

La señora FELIU.-

Señor Presidente , en primer lugar, debo decir que no estoy de acuerdo con el planteamiento del Senador señor Ruiz-Esquide , porque, a mi juicio, conduce a una confusión en cuanto a lo que significan las causales de término de funciones contempladas en el artículo 52.

Ciertamente, entre los requisitos de ingreso a la planta docente se encuentra el de tener salud compatible con la labor que desempeñarán los profesores. Pero entiendo que las causales de término en lo que dice relación a la salud de los profesionales de la educación no se rigen por una norma general de pérdida de los requisitos de ingresos, sino que están sujetas a una disposición que, de manera explícita y expresa, regula la cesación en sus funciones por alguna razón de salud. Esta, precisamente, se halla establecida en la letra g) del artículo 52, y si aplicamos los principios de interpretación, deberíamos llegar a lo mismo, puesto que se trata de una norma especial relativa a la salud.

La disposición del artículo 52 que apunta a la cesación en el cargo por motivos de salud es idéntica a la causal establecida en la ley N° 18.883, que es el Estatuto por el cual se rigen los empleados municipales, e idéntica a la contenida en la ley N° 18.834, que es el Estatuto al que se encuentran sujetos los funcionarios del Estado. En este sentido, conviene destacar que es una aspiración de los profesionales de la educación regirse por las normas relativas a los trabajadores públicos, las cuales disponen el cese de funciones por motivos de salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de sus funciones.

Por lo tanto, es difícil entender que en esta materia se pueda aplicar una disposición general de requisitos de ingresos, puesto que en lo concerniente a la salud existe una normativa especial que la regula.

En segundo lugar, manifiesto que estoy en absoluto desacuerdo con el ARTICULO 2° transitorio, que establece una aplicación diferida para la causal de término de la relación de trabajo, ya que ésta no regirá a partir de ahora. Recuerdo que la razón que en este sentido dieron en su oportunidad los profesores en la Comisión de Hacienda fue que debía contemplarse un sistema propio de enfermedades profesionales. Pero la verdad es que éste es un proceso que se aplica a la generalidad de los empleados, en donde la causal de salud irrecuperable o de una enfermedad incompatible, debidamente acreditada por un servicio público de salud, impide que la persona pueda seguir desarrollando funciones, pues no está en condiciones de hacerlo.

Por estas razones, señor Presidente , anuncio que rechazaré el ARTICULO 2° transitorio propuesto, ya que, a mi juicio, resulta muy inconveniente.

He dicho.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , advierto que sobre la materia se halla en juego lo siguiente: se está introduciendo un factor de atenuación a una causal de término de la relación laboral contenida en el artículo 52.

Han sido públicas las declaraciones de algunos alcaldes en orden a que ellos estiman que parte de sus problemas financieros se deben a una sobredotación de profesores, la cual, de alguna manera, estaría configurada por docentes que no tienen salud compatible o no se encuentran en condiciones para dictar clases. El temor de algunos señores Senadores y que yo comparto es que dicha causal podría utilizarse con el propósito de reducir dotaciones y despedir profesores.

Desde ese punto de vista, estoy de acuerdo en que el ARTICULO 2° transitorio regule esta situación obligando a que los profesores queden afectos a otra ley e impidiendo, mientras tanto, la aplicación del sistema hasta 1997.

El señor NUÑEZ ( Vicepresidente ).-

Hay un rumor en la Sala que hace imposible escuchar con atención el planteamiento de Su Señoría.

¿Señor Senador, podría repetir lo que acaba de manifestar?

El señor CANTUARIAS.-

Por supuesto, señor Presidente.

Estaba diciendo que son públicas y conocidas las declaraciones que han formulado algunos alcaldes en cuanto a que en las dotaciones de profesionales de la educación de sus comunas hay muchos profesores que se hallan con problemas de salud y con incapacidad para dictar clases. Esto hace suponer que la causal de término de funciones establecida en la letra g) del artículo 52 será, eventualmente, usada para reducir las dotaciones y despedir a esos profesores.

En tal virtud, presté mi voto favorable en la Comisión a fin de que el ARTICULO 2° transitorio regule esta situación en términos de dictar una legislación específica que se haga cargo de los problemas de salud que puedan tener los profesores, y estableciendo que, mientras tanto, se los asimile al período de transición así se denomina la postergación del término de los contratos que se contempla en forma general para todos los profesionales de la enseñanza, ya que la aplicación de la letra g) entraría en vigencia solamente desde el 1° de marzo de 1997, si no se hubiere dictado esa legislación.

El señor HORMAZABAL.-

Señor Presidente, estoy por aprobar el artículo.

Aquí se ha hecho una intervención en orden a que se estaría autorizando a los alcaldes para despedir a los profesionales de la educación que presenten problemas de salud. Ello me preocupa, porque aparece como una norma destinada a desprenderse de chilenos que han cumplido una gran tarea y que, por razones ajenas a su voluntad o, a veces, por el ejercicio de su profesión, se enferman.

Por lo tanto, quiero dejar establecido que voto a favor, porque el artículo en cuestión según leo en él dice que la causal de término de la relación laboral establecida en la letra g) sólo regirá a contar desde el 1° de marzo de 1997, o desde la fecha en que entre en vigencia una ley que haga compatible y aplicable a los profesionales de la educación la actual legislación sobre enfermedades profesionales. Es decir, mi voto a favor es para brindar a la gente que se ha esforzado y que se ha enfermado el respeto que enmarca una legislación que les permita vivir con dignidad después que dejen de desempeñar sus funciones. Si no es ésa la intención de la norma, bueno; pero, a veces, las buenas intenciones pavimentan el camino al infierno.

He dicho.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , se acordó sesionar hasta las 16:30, y restan dos minutos para la hora de término. La asignación de zona es una materia que requerirá de un debate más extenso.

En primer lugar, quiero dar a conocer que he presentado una indicación la número 117 que establece que no sea imputable a la remuneración adicional el pago de la asignación de zona. Y quiero argumentar acerca de ella, para someterla a consideración de los señores Senadores.

En segundo término, en cuanto a los informes de las Comisiones de Educación y de Hacienda, quiero argumentar en contra de lo propuesto por esta última.

En consecuencia, por todas esas razones, sugiero, si la Sala lo tiene a bien, realizar este debate seriamente y, como para ello vamos a necesitar más tiempo, dejarlo para la reunión del martes próximo. No creo que podamos llevar a cabo ahora esta discusión. Pero, si se desea prorrogar la hora de término de esta sesión, no me opondré y pediré la palabra para argumentar sobre esta materia.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , con respecto al ARTICULO 4° transitorio sugerido por dos Comisiones, nuevamente, por los mismos argumentos que señalé con anterioridad, quiero hacer expresa reserva de constitucionalidad, pues se está interpretando la Ley N° 19.070, Estatuto Docente, en forma distinta de como lo ha efectuado la Contraloría General de la República.

Por otra parte, se está interviniendo en procesos judiciales que ya están prosperando a favor de los profesores que han reclamado el justo pago de su asignación de zona.

Creo que, por todos estos antecedentes, el Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artículo 42 de su ley Orgánica, incluso ha acogido a tramitación un requerimiento en este mismo sentido e informado al Congreso sobre el particular.

Sin embargo, deseo insistir, no sólo en rechazar el ARTICULO 4° transitorio, sino también, ante la presencia del señor Ministro , en buscar una buena fórmula con el objeto de que los profesores no deban requerir esos derechos por la vía judicial. Porque, en definitiva, quienes ganan con esto, en gran proporción, son los abogados. Y, como se trata de algo que está consagrado en la ley, es mejor que los maestros reciban directamente el beneficio que les corresponde.

Por último, quiero señalar que, en caso de prosperar y declararse admisible la indicación del Senador señor Bitar , la confirmaríamos.