Labor Parlamentaria

El señor VALDES (Presidente).-

En primer lugar de la tabla figura el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, las asignaciones familiar y maternal y las pensiones asistenciales que indica.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley.

En segundo trámite, sesión 14a, en 17 de mayo de 1994.

Informes de Comisión:

Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, sesión 15a, en 18 de mayo de 1994.

El señor VALDES (Presidente).-

Cabe hacer presente que la urgencia de la iniciativa ha sido calificada de "Discusión Inmediata", por lo que debe ser despachada en el día de hoy.

El señor ZALDIVAR (don Andrés).-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ZALDIVAR (don Andrés).-

La aprobación de estas normas contó con la unanimidad de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, pero el informe se encuentra en elaboración. Como calculo que estará listo muy pronto, solicito a la Mesa que suspenda el tratamiento de esta materia hasta que podamos contar con el texto.

El señor ZALDIVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , la normativa que hemos estudiado en las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, unidas, dispone el reajuste del monto del ingreso mínimo mensual, las asignaciones familiar y maternal y las pensiones asistenciales, materias que en años anteriores se abordaron separadamente. Esta vez, el Ejecutivo las ha incluido en un solo proyecto.

El señor Ministro de Hacienda nos ha enterado cabalmente de las razones que llevaron a la fijación del monto del ingreso mínimo para este año. Nos explicó cómo se hizo la negociación con la Central Unitaria de Trabajadores y por qué no se logró un acuerdo, como en años anteriores. En realidad, esa entidad aspiraba a una suma de 54 mil pesos, lo cual implicaba un reajuste cercano a 17 por ciento, claramente superior a la inflación esperada más el aumento de productividad.

A pesar de los esfuerzos desplegados por una y otra parte -al final, restaba poco tiempo-, en definitiva el Ejecutivo ha optado, en lugar de la que se planteó como una fórmula de acuerdo, por la proposición de que el ingreso mínimo se aumente de 46 mil pesos a 52 mil 150 pesos, es decir, en 13,36 por ciento, sobre la base de una inflación esperada de 10,1 por ciento y de un aumento de la productividad de 0,5 por ciento para este año. El saldo se entiende como un incremento real.

El inciso segundo del artículo 1o reitera algo ya consagrado en proyectos anteriores, dando lugar a debate -tal vez, esa situación ahora se repita, pero estimo que las razones en uno y otro sentido ya han sido expuestas-: la existencia de un ingreso mínimo discriminado para los menores de 18 años. Este se eleva de 39 mil 587 pesos a 44 mil 880 pesos, es decir, también en 13,36 por ciento. La idea de una diferenciación de monto es favorecer la contratación de mano de obra en el segmento juvenil, donde la desocupación es más del doble de la cifra promedio nacional.

La misma norma rige para los mayores de 65 años, a fin de facilitar su reincorporación, si lo desean, al mundo del trabajo.

Por último, se aplica el mismo porcentaje al ingreso mínimo mensual que se utiliza para fines no remuneracionales, de tal suerte que éste sube de 34 mil 210 pesos a 38 mil 784 pesos.

Por su parte, el artículo 2° repite normas contempladas en proyectos anteriores, al preceptuar que el reajuste de que se trata no se aplicará para el cálculo de remuneraciones de los profesionales a que se refiere el artículo 7o de la ley N° 15.076, modificado por el artículo 8o de la ley N° 18.018. Ello dice relación al pago de las horas médicas.

Como señalé al comienzo, la iniciativa incluye el reajuste de la asignación familiar. Esta sube de un mil 800 pesos a 2 mil pesos -es decir, en 11,1 por ciento- para todos los beneficiarios con remuneraciones inferiores a 133 mil pesos.

Se mantiene en esta materia una discriminación establecida en años anteriores, ya que las personas cuyo ingreso mensual supere los 133 mil pesos y no exceda de 277 mil pesos recibirán 710 pesos por carga, lo que equivale también a un reajuste de 11,1 por ciento. Y no se concede el beneficio en caso de que la remuneración sea superior a 277 mil pesos.

El artículo 4o incrementa, en el mismo porcentaje, el valor del subsidio familiar establecido en la ley N° 18.020, de modo que queda en 2 mil pesos.

El artículo 5o fija el monto de las pensiones asistenciales que se otorguen a contar del 1o de julio de 1994 -el reajuste del ingreso mínimo rige a partir del 1o de junto- en 15 mil 967 pesos.

De acuerdo con el informe financiero entregado por el Ministerio de Hacienda, podemos afirmar que el costo derivado de la variación del ingreso mínimo es relativamente bajo: 346 millones de pesos durante 1994. Esto se debe a una situación muy positiva, que ha destacado el señor Ministro , a saber, que casi no hay funcionarios que reciban dicho ingreso. Sólo por excepción, en virtud de algún tipo de gratificaciones -como señaló-, se llega a la cifra indicada.

Por su parte, el mayor costo para el Estado en lo que se refiere a asignaciones familiar y maternal será de 2 mil 927 millones 900 mil pesos; tocante al subsidio familiar, luego de ser aumentado en 11,1 por ciento, ascenderá a un mil 87 millones 600 mil pesos, y respecto de las pensiones asistenciales alcanzará a 391 millones 300 mil pesos. En definitiva, el mayor gasto fiscal será de 4 mil 752 millones 800 mil pesos, con cargo a la partida Tesoro Público.

La Comisión de Hacienda escuchó al señor Ministro , quien entregó toda la información requerida, explicó en detalle los temas que señalé anteriormente y las razones por las cuales se llegó a este proyecto. Además, dio excusas por el hecho de haber enviado una iniciativa con urgencia calificada de "Discusión Inmediata", por cuanto habría deseado no forzar al Parlamento a pronunciarse respecto de ella en tan breve lapso, sobre todo tratándose de una materia que, por supuesto, puede suscitar un debate interesante en relación con la economía nacional. Sin embargo, hizo ver que el tiempo que demandó el lograr los acuerdos con la Central Unitaria de Trabajadores, lo obligó a fijar dicha urgencia.

Doy cuenta de lo anterior, señor Presidente, porque ello también revela la deferencia que tuvo el señor Ministro con nuestras Comisiones al tratar el proyecto.

He dicho.

El señor CALDERON .-

Mi intervención no será en mi calidad de Presidente de la Comisión , sino personal.

Debo señalar que, reconociendo que este reajuste mantiene e, incluso, eleva un poco el valor real del ingreso mínimo mensual, me habría gustado que el Gobierno hubiera enviado la fórmula de reajuste escalonado que le propuso a la CUT.

Los trascendidos de prensa informaron que, además de dicho beneficio, se había sugerido otro incremento en enero. Yo parto de la base de que si el señor Ministro de Hacienda llegó a formular esa proposición, lo hizo con responsabilidad, ofreciendo el máximo posible dentro de los marcos de la política antiinflacionaria. Si era factible efectuar esa propuesta, en beneficio de los trabajadores peor pagados del país, no es justo que, sólo porque la CUT no firma el acuerdo, ella sea cancelada. Yo espero que el Gobierno recapacite y que en algunos meses más tengamos otro proyecto que incluya ese reajuste escalonado que hoy se ha retirado.

También me preocupa que las asignaciones familiares sean aumentadas sólo en 11 por ciento, en circunstancias de que la inflación en los últimos doce meses, con suerte, será del orden de 12 por ciento, si no más. O sea, el valor real de ellas se verá disminuido. Lo mismo sucede con el subsidio familiar de la ley N° 18.020. Cabe recordar que las asignaciones familiares únicamente las reciben quienes ganan los sueldos más bajos y que el subsidio familiar también llega sólo a gente muy modesta.

Anuncio que votaré favorablemente el proyecto, y planteo estas preocupaciones esperando que en el futuro el Gobierno lleve a la práctica ese reajuste escalonado que estuvo dispuesto a ofrecer, y, asimismo, que aproveche cualquier holgura financiera para mejorar las asignaciones y subsidios familiares.

He dicho.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , en primer lugar, deseo referirme a un aspecto formal: a las excusas dadas por el señor Ministro porque debamos pronunciarnos hoy sobre un proyecto cuya urgencia fue calificada de "Discusión Inmediata", sin siquiera contar con un informe escrito.

Ellas son muy válidas desde su punto de vista, por cuanto es un Secretario de Estado que acaba de asumir su cargo. Sin embargo, quiero recordar que durante los últimos 4 años hemos debatido con dicha urgencia los proyectos sobre salario mínimo y también que hubo una discusión entre el Gobierno y la CUT que abarcó marzo, abril y mayo del año en curso. Por lo tanto, sostener que esta discusión debe ser inmediata sólo y exclusivamente porque no hubo tiempo, me parece que no refleja la verdad. A mi juicio, el Ejecutivo se ha acostumbrado a que el Congreso trate las iniciativas a la mayor brevedad y sin antecedentes; pero otros actores sociales requieren mucho tiempo y, a veces, por cierto, meses.

En consecuencia, el Gobierno tiene que considerar que materias de tanta importancia como la fijación de un salario mínimo, no deben ser discutidas de la manera como hoy se procede: en forma inmediata y sin informes, sino que es preciso dar al Congreso un tiempo adicional de, por lo menos, algunos días o, también, meses, como ocurre en las discusiones con otros actores sociales.

En segundo término, estamos hablando del salario mínimo, el cual, indudablemente, en nuestro país es muy bajo. Quiero recordar que éste se encuentra en un proceso de recuperación muy significativo que se inició en 1988 y 1989. En esos dos años tuvo un aumento real de 20 por ciento; en el período 1990-1993 éste fue cercano a 28 por ciento, y hoy esa tendencia continúa, pues el proyecto plantea, según la inflación esperada, un nuevo incremento en el salario real, basado por un lado, en aumentos de la productividad, y, por otro, en los aumentos reales, que es la parte política de la discusión. Todo ello, naturalmente, por encima de la inflación esperada.

Deseo señalar que en la actualidad se hallan afectos al salario mínimo en nuestro país alrededor de 400 mil personas, y la mitad de esa cifra -es decir, 200 mil- corresponde a jóvenes menores de 25 años. Pero no sólo eso: la tasa de desempleo nacional es de 5,2 por ciento promedio, y en el caso de los jóvenes alcanza a más del doble: a 12,6 por ciento, lo cual significa que hay 170 mil individuos menores de 25 años que (quieren trabajar y no encuentran ocupación.

Por lo tanto, tengamos conciencia de que cuando deseamos aumentar el ingreso mínimo, lo que por cierto buscamos incrementar no es una cifra nominal en un proyecto, sino el salario real que ganan efectivamente las personas. Por eso, toda vez que hablamos de salario mínimo es muy importante tener presentes la productividad y los índices de desempleo en la economía, pues si hoy 170 mil jóvenes no hallan empleo y alguien cree que se les puede ayudar subiendo cada vez el ingreso mínimo, en el fondo, está condenando a más jóvenes a quedar cesantes.

En consecuencia, me alegro mucho de que el Gobierno, al momento de fijar el salario mínimo, haya considerado razones muy de fondo, que no significan insensibilidad social, sino, muy por el contrario, responsabilidad pública: las tasas de desempleo, la inflación esperada, los incrementos de productividad y, en último término, la verdadera capacidad de la economía para absorber a su fuerza de trabajo.

Quiero recordar también que no basta decir -como escuché a un señor Senador- que como hoy tenemos tasas de desempleo de 5 por ciento -estimadas de pleno empleo-, se puede subir el ingreso mínimo, porque ese argumento perdió toda vigencia. Los promedios ocultan muchas diferencias: una, por ejemplo, es la tasa de desocupación de los más jóvenes; otra, la que afecta a ciertas Regiones de nuestro país, muy superiores a las del promedio nacional.

Por lo tanto, quiero reconocer en el Gobierno una conducta que me parece responsable y conducente en materia de fijación del salario mínimo.

Sin embargo, quiero hacer otra observación que, a mi juicio, es muy importante.

En los últimos años se ha venido incrementando el salario mínimo, pero aún no vuelve a los niveles que alcanzó, por ejemplo, en 1981. Luego, su recuperación, producto de la significativa caída experimentada por la crisis económica del período 1984 en adelante, se inició hace mucho tiempo. De hecho, en 1988 y 1989 evidenció un notorio aumento -20 por ciento en dos años-, proceso que ha continuado durante el Gobierno anterior y que sigue ahora con este proyecto.

Pero hay un aspecto de mucha trascendencia: se está produciendo una brecha creciente entre el salario mínimo -remuneración de la fuerza activa de trabajo- y las pensiones mínima y asistencial -compensación mínima que reciben los jubilados-. La pensión mínima corresponde a las personas que imponen en el sistema, la cual no se ve afectada por esta iniciativa y alcanza a 37 mil pesos, frente a un salario mínimo que el proyecto fija en 52 mil pesos. Es decir, se produce una diferencia de más de 30 por ciento que va en aumento con el correr del tiempo.

Por su parte, la pensión asistencial -que se otorga a quienes no tuvieron previsión social-, conforme al reajuste que establece el proyecto, asciende a 15 mil 900 pesos. O sea, a menos de 30 por ciento del ingreso mínimo.

Creo que esta disparidad no debe seguir en aumento. Haciendo cálculos razonables -lo someto a la consideración del Senado-, estimo que un reajuste de 10 por ciento a la pensión mínima tendría un costo anual de 68 millones de dólares, y que un reajuste de 20 por ciento a la pensión asistencial implicaría un costo anual de 13 millones de dólares. Es decir, sumados ambos incrementos -muy significativos-, que benefician a cerca de un millón de personas, alcanzarían la cifra de 80 millones de dólares.

Quiero señalar -como lo he planteado en años anteriores- que es importante empezar a cerrar la brecha entre pensión mínima e ingreso mínimo, lo cual, en el último tiempo, no se ha llevado a cabo. Después del esfuerzo inicial de recuperar el 10 por ciento para la pensión mínima, no ha habido hechos ni planes. Por lo tanto, hago un llamado al Gobierno para que, en forma planificada y siempre dentro de las posibilidades de la economía -teniendo en consideración que los ingresos fiscales aumentan alrededor de 600 millones de dólares anuales sólo por concepto del crecimiento-, pensemos en un programa moderado, responsable, de incremento de las pensiones mínima y asistencial.

Por último, en cuanto a la discriminación existente entre el salario mínimo de las personas jóvenes y las mayores de 65 años y el del resto de la población, debemos tener presente que las tasas de desempleo en estos sectores son muy disímiles. En el caso de los mayores de 65 años, si bien la tasa de desocupación que aparece en las estadísticas es extraordinariamente baja, lo cual podría llevar a pensar que no se requiere separar los salarios mínimos, lo cierto es que los hechos demuestran que la gente mayor no busca trabajo, salvo que lo tenga. En consecuencia, se está subestimando la tasa de desempleo que reportan esas encuestas.

Por todo lo anterior, quiero manifestar nuestra intención de aprobar este proyecto, de plantear la necesidad de que en el futuro no tengamos que hacer estas discusiones en forma inmediata, sin informes y básicamente a través de exposiciones orales, y también reconocer que, en esta materia, la conducta del Gobierno ha sido consistente con las posibilidades reales de la economía y simplemente no se ha dejado llevar por las buenas intenciones, sino por las duras realidades.

He dicho.

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente , si existiera pleno empleo y no tuviéramos los niveles de pobreza que hoy afectan a una parte importante de nuestra población, probablemente no tendríamos necesidad de establecer por ley un salario mínimo obligatorio.

Como esa situación es actualmente sólo una aspiración y una meta que se ha propuesto el Gobierno de la Concertación, mientras no se alcance y como una manera de evitar los abusos con quienes por necesidad de sobrevivir deben aceptar las condiciones que les imponen los patrones, es imprescindible establecer por ley las condiciones mínimas en que tiene que contratarse a un trabajador.

Como además estamos hablando de trabajadores, generalmente sin especialización, que muchas veces se ocupan en faenas transitorias o temporales, es casi imposible que se puedan organizar sindicalmente y, desde luego, acceder a la negociación colectiva. Incluso cuando se trata de faenas permanentes, el proceso de sindicación es una aventura, ya que a los trabajadores que toman la iniciativa se les aplican las causales de la ley N° 19.010 y son despedidos por necesidades de la empresa. Y cuando logran organizarse, carentes de asesoría legal y con el fantasma de la cesantía, difícilmente logran enfrentar en condiciones razonables un proceso de negociación colectiva. Incluso, cuando alcanzan algún grado de éxito en dicho proceso, como sucedió, por ejemplo, a los trabajadores de COCAR en Magallanes el año pasado, se inician procesos de despidos posteriores a la negociación colectiva, en los que los trabajadores sindicalizados son las primeras víctimas.

En este cuadro, que no es más que la constatación de la realidad, lo menos que puede hacer la sociedad es garantizar a los trabajadores un ingreso mínimo que les permita algún nivel de subsistencia, especialmente cuando en numerosos casos el salario mínimo del trabajador es el único ingreso familiar

El segundo elemento que debe considerarse en este debate, y que es el objetivo de la ley en discusión, se refiere al monto del ingreso mínimo. No cabe duda de que en esta materia con demasiada frecuencia caemos en la argumentación teórica, en la que cada actor del proceso económico-social intenta defender sus puntos de vista, que son al mismo tiempo sus intereses. Estos argumentos se trasladan al campo político, porque de una u otra forma, este último escenario también está influido por los elementos en pugna.

El sector empresarial sostiene que si se aumenta el salario mínimo más allá de la inflación esperada, se produciría un alza excesiva de los costos de producción, dañando los niveles de competitividad de la empresa, y que si además se incrementan las remuneraciones, se aumenta el gasto y con ello se genera un alza de la inflación, que terminará dañando a los mismos que aspiran a beneficiarse con estos mayores sueldos.

Por su parte, los trabajadores sostienen que a lo que aspiran es a la recuperación del salario mínimo de 1981, que era de alrededor de 150 dólares, lo que hoy equivaldría a una suma cercana a los 65 mil pesos mensuales.

¿Cómo tratar adecuadamente el problema sin producir distorsiones en la economía, pero buscando efectivamente mayores niveles de justicia social?

"El problema-clave de la ética social es el de la justa remuneración por el trabajo realizado", decía Juan Pablo II en Laborem Exercens. Y más adelante añadía: "De aquí que, precisamente el salario justo se convierta en todo caso en la verificación concreta de la justicia de todo el sistema socioeconómico y, de todos modos, de su justo funcionamiento".

En " Centesimus Annus ", Juan Pablo II nos recuerda a León XIII, en su magistral encíclica " Rerum Novarum ", cuando enunciaba otro derecho del obrero como persona, diciendo: "Se trata del derecho al "salario justo", que no puede dejarse "al libre acuerdo entre las partes, ya que, según eso, pagado el salario convenido, parece como si el patrono hubiera cumplido con su deber y no debiera nada más". El Estado, se decía entonces, no tiene poder para intervenir en la determinación de esos contratos, sino para asegurar el cumplimiento de cuanto se ha pactado explícitamente. Semejante concepción de las relaciones entre patronos y obreros, puramente pragmática e inspirada en un riguroso individualismo, es criticada severamente en la encíclica como contraria a la doble naturaleza del trabajo, en cuanto factor personal y necesario.". Y decía más adelante el Papa: "El salario debe ser, pues, suficiente para el sustento del obrero y de su familia. Si el trabajador 'obligado por la necesidad o acosado por el miedo de un mal mayor, acepta, aun no queriéndola, una condición más dura, porque se la impone el patrono o el empresario, esto es ciertamente soportar una violencia, contra la cual clama la justicia'.".

Muchos católicos dicen que los elementos contenidos en la "Doctrina Social de la Iglesia" son muy interesantes como principios, pero son inaplicables en la realidad del mundo moderno, de las economías abiertas y competitivas.

A ellos sólo quiero recordarles que estas sabias enseñanzas fueron lanzadas al mundo como un clamor angustioso de un Pontífice hace más de cien años. León XIII se enfrentaba a los mismos principios liberales que inspiraban el capitalismo salvaje, que hoy un sector no despreciable de la humanidad intenta aplicar como signo de modernidad, que en palabras del mismo Pontífice, de feliz memoria, significa: "que unos cuantos hombres opulentos y riquísimos han puesto sobre la multitud innumerable de proletarios un yugo que difiere poco del de los esclavos".

El mantenimiento de salarios miserables, como justificación para evitar el despido de trabajadores o la quiebra de las empresas, lleva a mantener un sistema de empresas ineficientes que sólo sobreviven en base a la explotación de la mano de obra barata; y cuando se trata de empresas exportadoras, nos encontramos con que estamos exportando miseria y sufrimiento. La competitividad de nuestras empresas debe fundarse en la eficiencia de su administración y en la incorporación de nuevas tecnologías que mejoren sus procesos productivos.

Si fuera cierto que el aumento del ingreso mínimo, de las asignaciones familiares y de los subsidios son un riesgo para la estabilidad de la economía, pareciera que entonces el único destino posible es mantener altos niveles de pobreza, para evitar que la gente tenga dinero y pueda comprar el pan para su sustento, o esperar que el "chorreo" de la riqueza de unos pocos solucionará a la larga el problema de los pobres.

Otro elemento que debe considerarse en este debate es la discriminación en contra de los menores de 18 años, situación que ha sido ampliamente debatida en los cuatro años anteriores y que no tuvo respuesta positiva. Como la tendencia es a discutir en base a cifras y estadísticas, debemos insistir en que el mantenimiento de un salario diferenciado para los menores no ha generado un mejoramiento de los niveles de cesantía de los jóvenes.

Tampoco debe confundirse el ingreso mínimo para un trabajador, que debe cubrir un puesto de trabajo determinado -cumpliendo el menor de 18 años la misma función que los demás obreros-, con el contrato de aprendizaje, que establece mecanismos de supervisión y capacitación al interior de la empresa para los trabajadores menores de 21 años y cuya duración no puede exceder de dos años.

Por otra parte, el ofrecimiento de remuneraciones excesivamente bajas produce un desincentivo para los jóvenes que aspiran a un puesto de trabajo y, en no pocas oportunidades, buscan el camino "fácil" de la delincuencia para satisfacer las aspiraciones surgidas de la propaganda aplastante de los medios de comunicación.

El respeto a los derechos de los jóvenes y la responsabilidad de la sociedad para orientar el desarrollo de las nuevas generaciones pasa por ofrecer un mejor nivel de oportunidades a la juventud que no puede alcanzar estudios superiores y que para subsistir debe incorporarse prematuramente a la actividad laboral, situación que es notoria en los niños que trabajan en los supermercados, sin remuneración y sin ninguna forma de protección previsional.

A esta inequidad, en el proyecto que hoy discutimos se suma la incorporación de los mayores de 65 años al proceso de discriminación.

Por último, en materia de niveles de ingreso mínimo, es conveniente que el segundo Gobierno de la Concertación estudie mecanismos para introducir en la ley algún factor que considere el costo de la vida en diferentes Regiones del país. Claramente, no es lo mismo mantener una familia en Magallanes que en la Capital. En consecuencia, si el ingreso mínimo es insuficiente para un trabajador que vive en el centro del país, es más dramática la situación de la familia que debe sobrevivir en Magallanes con un ingreso mínimo, especialmente en invierno.

El valor del salario mínimo debiera estar sujeto al valor de una canasta básica de alimentación que, utilizando los conceptos de la antigua ley N° 7.295, para una familia de cuatro personas significarían hoy 41 mil 500 pesos, a la que deben sumarse las necesidades mínimas en materia de vestuario, vivienda, servicios vitales, locomoción y otros, que difícilmente sumarán menos de los 40 mil pesos. Es decir, el ingreso mínimo para Santiago debiera ser de 80 mil pesos. Y en Regiones deberían aplicarse los mismos porcentajes de zona que recibe el personal de la Administración Pública.

Como existe conciencia de que una cifra de esa cuantía es muy difícil de obtener de inmediato, porque además no podemos modificar la presente ley, la sociedad en su conjunto -como una manera de combatir la pobreza- debiera impulsar un acuerdo nacional para que en el plazo de unos tres años ninguna familia perciba un ingreso menor a 80 mil pesos. Y, como dijo el Cardenal Fresno , "si una empresa no está en condiciones de cancelar el mínimo para que el trabajador y su familia viva y avance con el sueldo decorosamente, no tiene significación su existencia".

Como uno de los temas recurrentes para justificar un ingreso mínimo bajo es la incidencia en la economía, es bueno enfrentar el punto desde la realidad que hemos vivido en las últimas décadas, y que es ilustrativa de los vacíos de las teorías económicas que se nos han impuesto. La crisis económica que azotó a la economía mundial a comienzos de la década de los años 80 generó en nuestro país una cesantía que en 1983, sumada al PEM y al POJH, fue del orden de 30 por ciento, mientras las remuneraciones reales bajaban con respecto a 1981 en 12 por ciento. Si consideramos las remuneraciones reales de 1975, que fueron las más bajas del Gobierno militar (62.9) con respecto a la de 1970, la cesantía en ese año fue de 15,6 por ciento; en cambio, en 1981, con un nivel de remuneraciones reales de 98.8, con relación a 1970, la cesantía se mantuvo en niveles parecidos, es decir, en 15,8 por ciento.

Más aún, durante el Gobierno del Presidente Aylwin, a partir de 1990, se negociaron reajustes del ingreso mínimo superiores al IPC, situación que en diversos porcentajes se repitió durante los cuatro años de su mandato, mientras la inflación llevaba un proceso descendente.

Lo que indica claramente, en el primero de los casos, que más que los niveles de remuneraciones, lo que dañó el empleo fue la crisis mundial de la economía. Y si fuéramos consistentes, tendríamos que reconocer que en una economía abierta, junto con hacer esfuerzos por mantener adecuados niveles de costos, basados especialmente en la eficiencia y no en los bajos salarios, lo que más afecta a la economía son los factores externos. Así, una baja en el precio del cobre genera serios problemas en las finanzas públicas y las dificultades a la colocación de nuestras exportaciones por los países desarrollados provocan serios trastornos, especialmente a los productos frutícolas, lo cual sin duda también afectará los niveles de la economía nacional.

Como existe plena conciencia de que la mejor manera de enfrentar el problema de las bajas remuneraciones es mejorando la capacitación de los trabajadores, diremos algunas palabras sobre este tema. El Gobierno del Presidente Aylwin inició en 1991 un "programa de capacitación laboral de jóvenes" con el objeto de disminuir la desigualdad que afecta a los sectores más pobres de la población. Este programa contempla capacitar a 100 mil jóvenes durante sus cuatro años de duración, el que por los antecedentes recogidos hasta la fecha ha sido ampliamente exitoso.

Parece interesante la experiencia de sumar los esfuerzos del Estado y del sector privado para la preparación de los jóvenes para el trabajo y facilitar su inserción en las empresas.

Si bien es cierto que el Estado debe jugar un rol importante en la capacitación de los niños y jóvenes que se incorporan por primera vez al trabajo, se hace necesario avanzar en los mecanismos de capacitación al interior de la empresa, para mejorar los niveles de los trabajadores y adecuar sus conocimientos y habilidades a las nuevas exigencias tecnológicas. En esta tarea, el Estado debe participar generando incentivos más eficaces, pero sobre todo, se necesita de una mayor conciencia empresarial sobre el valor del trabajo humano, de la importancia de la incorporación del conocimiento a las actividades productivas, como una manera inteligente de mejorar la productividad de la empresa.

Lo anterior implica necesariamente un cambio en la concepción de la característica que debe tener el puesto de trabajo. En efecto, un trabajador que es transitorio, es decir, que no tiene ligazón con la empresa y que sólo llegó al puesto de trabajo buscando una mejor oportunidad y la empresa sabe que una vez que le entregue capacitación buscará nuevos y mejores horizontes, difícilmente logrará insertarse en la empresa y menos ésta le entregará los medios que le permitan mejorar su capacidad y conocimientos.

No es la movilidad laboral la que facilita la capacitación para mejorar la productividad de la empresa, sino la estabilidad, producto del mayor rendimiento del trabajador, cuyo destino se liga al de la empresa. Es la participación en mejorar los procesos productivos y la identificación con los objetivos de la empresa lo que hace mejorar el rendimiento de los trabajadores. Es en definitiva la humanización de las relaciones laborales, basadas en un clima de respeto y de reconocimiento a la importancia del trabajo humano.

Durante los cuatro años del Gobierno anterior el monto del ingreso mínimo fue producto de largas negociaciones entre Gobierno, trabajadores y empresarios, en que estos últimos aceptaron que era de justicia permitir mejoramiento por sobre el IPC, como una manera de avanzar hacia mayores niveles de justicia social. Por su parte, los trabajadores aceptaron reducir sus demandas en beneficio de un clima de paz social.

El clima político surgido de la elección ha cambiado notablemente y la derecha política ha lanzado una agresiva ofensiva en contra del Gobierno, a la que se suma la derecha económica, por los naturales vasos comunicantes entre ambas, cuyos intereses se confunden, especialmente en este Senado, ya que para muchos la política y los negocios van de la mano o se complementan.

En este cuadro, no hubo participación formal de los sectores empresariales en la determinación del ingreso mínimo y lamentablemente el Gobierno no acogió la moderada demanda de la CUT, por las presiones empresariales, ejercidas por la fuerte propaganda de los medios de comunicación que maneja. Editoriales y opiniones de destacados personeros, que son los mismos que anunciaron un desastre económico antes de la elección de 1989, hoy acosan al Gobierno, en la perspectiva de proteger sus mezquinos intereses.

Sería mucho mejor para el país que empresarios, trabajadores y Gobierno se sentaran en torno de una mesa para determinar un salario mínimo justo y se pusieran de acuerdo en un plazo para lograrlo. Y, una vez obtenido, hablar de mecanismos de reajustabilidad. Pero no se puede dar por sentado que una familia esté en condiciones de alimentarse, vestirse y pagar arriendo, luz, gas, agua y alcantarillado -por señalar sólo lo básico- con poco más de 52 mil pesos.

Como no tenemos posibilidad alguna de modificar las cifras contenidas en el proyecto en discusión, termino diciendo que le daré mi aprobación en general y en particular.

He dicho.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , ya disponemos del informe sobre el proyecto, cuyo debate ha dado margen a intervenciones tan destacadas y detalladas como las que escuchamos anteriormente. Tiene urgencia calificada de "Discusión Inmediata", y el tema no es propiamente la procedencia o improcedencia del ingreso mínimo, sino el reajuste de su monto actual. Por eso, apoyándome en lo ya expresado, haré dos o tres precisiones muy concretas.

Primero, respecto de la situación de los mayores de 65 años, ellos estaban sometidos a un régimen especial, en razón de que la norma relativa al ingreso mínimo establecida en el artículo 43 del Código del Trabajo de 1987 no se les aplicaba, dejando a las partes en libertad para convenir la remuneración, situación que desapareció posteriormente. Sin embargo, en el artículo transitorio de la ley N° 19.250 -nuevo Código del Trabajo- se dispuso un ingreso mínimo especial para esos trabajadores, fundado sustancialmente en que se presume que, si la persona ya goza de una jubilación, no es razonable que se le hagan los descuentos previsionales que rigen para quien comienza a prestar servicios y aspira a pensionarse en un momento determinado.

Lo anterior es sólo una precisión, porque, en definitiva, como se ha demostrado ampliamente -es un viejo problema en Chile-. el ingreso mínimo está en función del piso bajo el cual ya no es lícito contratar a un trabajador por una jornada normal, sin perjudicar las perspectivas del empleo. En mi opinión, de acuerdo con el nivel de desarrollo de nuestro país, no es posible asegurar el monto mínimo deseable desde el punto de vista de las necesidades de una vida frugal y de buenas costumbres, como decía León XIII, o de la familia del trabajador, de que hablaba Pío XI. En cambio, ello es factible en la medida en que quien opta a prestar servicios posee una capacitación básica para ser considerado un trabajador calificado.

Reitero: con el nivel de desarrollo de Chile, cuyo ingreso per cápita es poco más de 3 mil dólares, tal vez sería viable acercarse al ingreso mínimo realmente deseable cuando la persona esté en condiciones de prestar servicios con una base fundamental de calificación. Y por eso acontece que el salario mínimo es superado muy ampliamente en gran número de industrias donde sus operarios llegan con cierto entrenamiento básico, lo que me complace en gran medida.

Al respecto, recibí hace pocos días, de parte del señor Ministro del Trabajo , un estudio muy acucioso acerca de los esfuerzos renovados que se siguen haciendo para asegurar una adecuada capacitación a los tra-bajadores. Si llegáramos a estar en condiciones tales que todo aquel que cumpla 18 años y adquiera la mayor edad para el trabajo -como ya estaba reconocido desde antes- posea una calificación profesional básica, es posible que a esa persona, a la que se supone determinado nivel de productividad, le sea dable aspirar a un salario correspondiente a lo que podríamos llamar un mínimo ideal, lo que no se da todavía en Chile. Y, de extremarse los esfuerzos por favorecer al trabajador supuestamente en servicio fijando un tope mínimo demasiado alto en relación a su rendimiento, se perjudicará el factor empleo que, evidentemente, constituye un elemento prioritario que conviene defender.

Por la otra punta, no faltan quienes, respetablemente, sostienen que es mejor no fijar salario mínimo por ley. Resultaría muy largo explicar las razones de esta discusión, aparte no ser éste el momento adecuado para ello. Sólo deseo afirmar que mi punto de vista es que es absolutamente indispensable establecerlo, porque de otro modo habría que llegar a la conclusión de que tampoco es lícito imponer una jornada ordinaria máxima de trabajo, pues una cosa va en función de la otra. Si existe una jornada ordinaria en torno de las ocho horas diarias, se le debe asignar una remuneración mínima. Lo que falta es que el país sea capaz de fijarla y de acercarse a un ideal en cuanto al ingreso mínimo sin perjudicar el nivel de empleo. Y, en la actualidad, eso requiere un esfuerzo muy particular en cuanto a capacitación.

Formulo estas simples observaciones, porque mucho de lo demás ya se dijo, y no hay tiempo ni es la oportunidad para señalar lo que resta, por lo cual anuncio mi voto favorable al proyecto.

He dicho.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , se expresó que una tasa de 4,6 o de 5 por ciento de desempleo equivale casi al pleno empleo, aun considerando algunos bolsones de pobreza y desocupación en Regiones y subsectores, aparte otras cifras de personas incorporadas al trabajo. Y, si los trabajadores mayores de 65 años se estiman en 250 mil personas, las que recibirían el salario mínimo, y los cesantes de más de esa edad fluctúan entre 70 mil y 80 mil, podemos concluir que, al tratar de dar a estos últimos una oportunidad laboral hipotética, rebajaríamos el ingreso mínimo para el resto del sector -o sea, a los 250 mil mayores de 65 años-, de 52 mil 150 a 46 mil pesos.

Dispongo de un estudio sobre el cual basaré un proyecto de ley tendiente a beneficiar a los trabajadores, hombres y mujeres, de la tercera edad.

Por lo tanto, existiendo en el país casi pleno empleo, considero que esta parte de la iniciativa en debate no viene sino a rebajar el sueldo de los 250 mil trabajadores mayores de 65 años que perciben el salario mínimo. En consecuencia, siendo tan pocos los desempleados de esa edad, suprimir hoy la rebaja de que son objeto no causaría efecto alguno en la economía; mantenerla, por el contrario, significa un grave detrimento a personas ya discriminadas por su edad.

Por esta razón ha presentado una indicación destinada a votar separadamente el inciso segundo del artículo 1o: en primer lugar, "Elévase, a contar del 1o de junio de 1994, de $39.597.- a $44.880.-, el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores menores de 18 años de edad"; y en seguida "y para los trabajadores mayores de 65 años de edad.".

Cuando las cifras de desempleo eran bastante más elevadas, rebajar el salario mínimo a los mayores de 65 años podía representar para ellos una ventaja comparativa sobre las personas más jóvenes; pero hoy, cuando las tasas de desempleo son muy bajas, no debería haber un condicionamiento en ese sentido. Por el contrario -repito-, sólo perjudicaríamos a los mayores de 65 años que están trabajando y que suman más de 250 mil personas.

Ese es el motivo para pedir que se divida la votación en la forma que expliqué; y desde ya anuncio que votaré en contra de la frase final del inciso segundo.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , las cifras que utilicé son las mismas que me proporcionó el señor Ministro en la Comisión de Hacienda. De ellas se concluye que las personas mayores de 65 años involucradas en el salario mínimo, representan un 12,6 por ciento.

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).-

Esa es la tasa de desocupación juvenil.

El señor PIÑERA .-

¡Ahí hay una confusión, señor Presidente!

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor LAVANDERO .-

A su vez los cesantes mayores de 65 años alcanzan una tasa muy baja, de 2 por ciento. En consecuencia no serían más de 70 mil u 80 mil. En cambio, los trabajadores empleados mayores de esa edad suman alrededor de 250 mil. Eso significa que por beneficiar a 70 u 80 mil personas se perjudicaría a 250 mil.

El señor PIÑERA .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor VALDES (Presidente).-

Está con la palabra el señor Ministro, quien es el que puede conceder las interrupciones.

El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).-

No tengo inconveniente en dar una al Honorable señor Piñera, con la venia de la Mesa.

El señor PIÑERA .-

Gracias, señor Ministro .

Hace un par de minutos, el Honorable colega que me antecedió en el uso de la palabra mencionó que la cifra de desempleo de los mayores de 65 años sería del 12,6 por ciento. Es un error; esa tasa corresponde a los menores de 25 años.

Posteriormente, el mismo señor Senador sostuvo que el índice de desempleo era muy bajo. Efectivamente, así se dijo en la Comisión y así lo reflejan las estadísticas: el desempleo en mayores de 65 años es bajo; pero -eso también se discutió en la Comisión- hay un problema con la metodología de estimación de esos datos.

Sólo quiero dejar establecido que el 12,6 por ciento no corresponde al desempleo de los mayores de 65 años, sino al de los menores de 25.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , no quiero dejar pasar la presencia del señor Ministro sin enunciar brevemente que, después de analizar con detenimiento algunos de los datos proporcionados -particularmente los relativos a Regiones extremas del país-, resultan ser francamente difíciles de sustentar y, a veces, falsos. Por ejemplo, en las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, se nos señala que la tasa de desocupación ha descendido en las Regiones Undécima y Duodécima. Pero en verdad deben considerarse dos aspectos: el primero, que la base de mediciones o la validez del muestreo, es bastante dudosa; y el segundo, que hay una fuerte migración hacia las regiones vecinas.

Si uno revisa las cifras de variación de la población en Aisén, advierte que ésta ha experimentado en diez años un crecimiento de alrededor de 15 mil personas; Magallanes , de 11 mil, y en Tierra del Fuego en cambio ha disminuido en 1.500 personas. Si atendemos las cifras correspondientes a Argentina, observaremos que en la provincia de Santa Cruz la población ha aumentado, en el mismo período, en 44 mil habitantes; en la provincia del Chubut, en 66 mil, y en Tierra del Fuego argentina (ya mencioné que la chilena disminuyó el número de habitantes en mil quinientas personas), en 22 mil.

Considero que este hecho es bastante grave y que, por lo tanto, debe ser revisado.

El señor DÍAZ .-

Señor Senador , ¿me permite una interrupción?

El señor HORVATH.-

Con la venia de la Mesa, con mucho gusto.

El señor DÍAZ .-

¿Y por qué es creíble la estadística argentina y no la chilena?

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , si uno visita las zonas de que estoy hablando, se puede apreciar directamente, sin consultar estadísticas, que las fuerzas de empleo de esas provincias irónicamente son chilenas.

Por otra parte, es una sentida aspiración de la gente de esas Regiones que respecto de ciertos rubros, como el ingreso mínimo y las pensiones asistenciales, $e establezca el beneficio de la asignación de zona.

Considero que una regla básica de la economía y del empleo es que el sueldo mínimo -con asignación de zona o sin ella- no se debe fijar por ley; eso está absolutamente claro. Pero sí hay que hacer un esfuerzo por aumentar las posibilidades y oportunidades de trabajo. Es ahí donde cumple un papel importantísimo el Ministerio de Hacienda, si se toman en consideración cifras como las que estoy señalando. Obviamente, frente a una mayor demanda de empleo, aumentarán el ingreso mínimo y también las oportunidades de ofrecer trabajo mejor remunerado.

En cuanto a las pensiones asistenciales, la brecha señalada por el Senador señor Piñera , que aumenta con el tiempo, es particularmente importante para las zonas en las cuales se está produciendo un despoblamiento. Tal elemento, obviamente, debiera merecer la necesaria atención nacional, porque una pensión asistencial de alrededor de 15 mil pesos -hay regiones donde el costo de vida sobrepasa fácilmente en 50 ó 60 por ciento el del resto del país- no puede tener el mismo poder adquisitivo en Santiago que en Tierra del Fuego, Aisén o Arica.

Estos son los planteamientos que quería exponer ante el señor Ministro en esta oportunidad.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , en primer lugar, quiero adelantar que mi voto será favorable al proyecto; pero expondré brevemente algunas consideraciones.

Se señala que el salario mínimo sólo incidiría en el 8 por ciento de los trabajadores y, fundamentalmente, dentro de ese grupo, en los jóvenes de entre 15 y 24 años, que conforman el 12,6 por ciento. Por lo tanto, afecta fundamentalmente a la juventud.

Sobre el particular, hago notar (dado que este reajuste de salarios significa sólo un aumento real del 2,76 por ciento) la importancia de agregar, como ha señalado acertadamente el señor Ministro , nuevos valores y formas de ayuda a esta juventud para que, a través del SENCE, de la educación y de otros medios, pueda aspirar a alejarse de una situación que la mantiene al nivel de salario mínimo.

Debo destacar también la importancia que asigno al hecho de que, para los efectos de calcular el salario mínimo, se esté considerando la inflación futura, la inflación esperada, que es del 10,1 por ciento, a la cual se agrega la productividad pasada que llegó al 0,5 por ciento.

Pero estamos hablando de inflaciones esperadas o futuras. Y aquí se produce un contrasentido que deseo resaltar: resulta que cada vez que se pretende hacer un ajuste, se espera que sean los trabajadores, a través de sus salarios, quienes deban hacerlo antes que otros sectores; y eso no es acorde con una verdadera economía social de mercado.

En 1981 se eliminó el "piso" en el Plan Laboral, de forma que se terminó con el reajuste automático de los salarios. Hoy en día, cuando se mencionan los salarios y sus reajustes, se habla precisamente de la inflación, es decir de la UF futura. Sin embargo, para los dueños de disponibilidades líquidas de dinero siempre se habla de la UF pasada, es decir de la inflación pasada. Se utilizan, en consecuencia, dos idiomas distintos. Creo que ése es un error que debemos considerar: o hablamos siempre de inflación futura, que es lo que corresponde -es decir, de una desindexación de la economía que permita el verdadero ajuste entre todas las variables-; o nos referimos a la inflación pasada, con lo cual rigidizamos la inflación.

Por lo tanto, vuelvo a insistir en una materia de la cual vengo hablando desde hace muchos años. Debemos terminar con la indexación general de la economía, y hablar siempre de inflación futura. Es necesario referirse siempre a la inflación esperada, que ojalá sea la menor posible; y no mantener esta dicotomía que se expresa hoy en las cifras que hemos analizado.

Por último, lamento que las asignaciones familiar y maternal sean reajustadas sólo en 11,1 por ciento, versus el 13,4 por ciento en que se aumenta el salario mínimo. De esta forma, se ha renunciado a una inmejorable forma de redistribuir ingresos en las familias con más niños y mayor número de integrantes. Si bien comprendo que esa forma de redistribución se exprese en el mayor costo de las asignaciones familiares (significan 2.927,9 millones de pesos, frente al salario mínimo que tiene mucho menos incidencia en el presupuesto fiscal, con sólo 346 millones), creo que debiéramos haber puesto mucho más empeño en lograrla.

El señor URENDA.-

Señor Presidente, quiero dejar constancia de que hablo en nombre propio -no necesariamente en el de mi Partido- sobre un tema que se ha prestado siempre a grandes debates.

No es fácil resolver y pronunciarse sobre la remuneración mínima; y aunque no estoy de acuerdo con quienes la rechazan, no creo que sea justo descalificar a quienes, invocando razones técnicas, suponen que la economía podría mejorar si no se fijara un ingreso mínimo.

Aquí se ha pretendido identificar esa tesis como una posición de la Derecha empresarial, en circunstancias de que es de conocimiento público que las empresas más importantes de Chile pagan remuneraciones que exceden considerablemente el salario mínimo.

Pienso que, si bien es cierto no es posible aumentar la riqueza por medio de una ley, sino que debe dejarse operar al mercado, también es efectivo que el grado de avance de la civilización implica que han de existir marcos mínimos para establecer algunos derechos esenciales de las personas y, en especial, de los trabajadores. En este caso, aparte el relativo a una remuneración mínima, también -como señaló el Senador señor Thayer - hay otros beneficios laborales que se han ido estableciendo y regulando a través de los años, los que, sin embargo, no han producido los efectos nocivos que algunos indican.

Por ello, debemos suponer que es razonable que haya un ingreso mínimo, aunque debemos precisar que su monto debe ser moderado, para que no ocasione un efecto contrario al que se pretende lograr. Por lo demás, Chile ha adherido a convenios internacionales que contemplan la fijación de una remuneración mínima y, a mi juicio, es menester respetarlos.

Ahora, deseo hacer un alcance. Supuesta la existencia de la remuneración mínima, hay un problema que siempre me preocupa: el de las estadísticas. Porque aquí se nos entregan cifras que demuestran los enormes aumentos que habría experimentado el salario mínimo. La verdad es que, con el transcurrir de los años, las remuneraciones en general, y el ingreso mínimo en particular, tienen que guardar relación con el nivel de desarrollo del país. No pueden alejarse de la productividad global.

Me han explicado cómo se determina la productividad; pero, en mi opinión, el indicador más claro de la misma es el producto per cápita, porque la otra estadística puede estar distorsionada precisamente por la incorporación a la actividad laboral de gran número de personas, que entran y salen de ella por circunstancias meramente secundarias. Y si miramos así las cosas, podemos apreciar que el salario mínimo no ha tenido esa gran reajustabilidad en los últimos años; simplemente, se ha ajustado al crecimiento del país; a lo que cada uno de los chilenos es -haciendo un símil, con todo lo disparejo que puede ser-: más rico porque Chile ha crecido en los últimos 10 años; ha producido más y ha aumentado su producto per cápita en forma significativa, y es lógico que también se incrementen todas las remuneraciones, entre ellas el ingreso mínimo.

Quiero hacer una observación acerca de la conveniencia para el Estado de establecer una remuneración mínima. Curiosamente, en esta Sala se ha dicho que el proyecto involucra un bajo costo. Yo diría que el incremento del salario mínimo puede tener un efecto indirecto de ganancia para el Fisco, porque, lamentablemente, a causa de una verdadera complicidad que a veces se produce entre empleadores y trabajadores -en la mayoría de los casos por iniciativa de estos últimos-, las imposiciones de seguridad social se hacen con respecto a un monto equivalente al del ingreso mínimo, no al real. Esto afecta el ahorro nacional y todo el sistema de previsión y, de alguna manera, al Estado, que tal vez mañana incluya una mayor cantidad de personas en el sistema de pensiones superiores a la pensión mínima, y entonces tendrá que adicionar recursos para pagarlas. Asimismo, esta menor cotización puede obligar a la gente a permanecer trabajando más allá del tiempo en que normalmente podría jubilar.

En seguida haré algunas observaciones atinentes a la situación de los jóvenes menores de 18 años de edad y a la de los mayores de 65 años. Creo que es pefectamente aceptable, e incluso conveniente, que la remuneración mínima de los menores de 18 años sea más baja, primero, porque el ideal es que esos jóvenes no trabajen, sino que estudien, y segundo, porque cuando trabajan es indudable que en esa etapa de algún modo se están capacitando. Por consiguiente, el Estado debe ir creando los instrumentos para que ese joven que se ve obligado a trabajar a una edad demasiado prematura, siga estudiando o capacitándose.

Creo que la disposición a este respecto, lejos de aumentar la cesantía entre lo menores de 18 años, es favorable. Recordemos que por años y años existió como norma en la economía de muchos países avanzados lo que podría ser el contrato de aprendizaje. Y bien sabemos que durante siglos el trabajador se formó en la actividad en la cual estaba inserto.

Por ello, no creo que esa diferencia genere un efecto negativo; por el contrario, puede ser positivo. No me refiero al monto mismo, porque sobre él podemos hacer alcances, pero no discutirlo.

En cuanto a los mayores de 85 años, está claro que trabajan como una mera opción alternativa. Tienen absoluto derecho a jubilar. Y si no poseen suficientes imposiciones provisionales tienen derecho, en todo caso, a una pensión de vejez. En consecuencia, el monto del ingreso mínimo para ellos no tiene efecto negativo; es más bien beneficioso. Sin embargo, no podemos llegar al extremo de que su remuneración mínima sea -diría- obligatoria. Es evidente que somos muchos los que hemos pasado los 65 años y a nadie se le ha ocurrido que por ese hecho nuestra remuneración tenga que bajar al monto del ingreso mínimo.

Señor Presidente , apoyo el proyecto y lo votaré favorablemente. He hecho estos alcances porque comprendo que en esta materia puede haber opiniones valederas en contra del sistema de fijación por ley del salario mínimo, y no tenemos por qué descalificarlas. Mas, sigo creyendo que en una sociedad es necesario que existan marcos mínimos para los derechos de las personas -ojalá sean adecuados para que la economía no retroceda-; pero, al mismo tiempo, ellos deben guardar alguna relación con el crecimiento económico de todos los chilenos.

He dicho.

El señor LAVANDERO.-

Pido la palabra.

El señor URENDA ( Presidente accidental ).-

Antes se hallan inscritos otros señores Senadores, Su Señoría .

Tiene la palabra el Honorable señor Ominami .

El señor OMINAMI .-

Señor Presidente , concedo una interrupción al Senador señor Lavandero .

El señor URENDA (Presidente accidental).-

Puede hacer uso de ella el señor Senador.

El señor LAVANDERO .-

La agradezco.

Señor Presidente , deseo únicamente señalar que las cifras que mencioné son correctas. Tal vez uno de los porcentajes que indiqué sea diferente; pero la cantidad de alrededor de 250 mil personas mayores de 65 años de edad que actualmente trabajan, está acorde al porcentaje que nos informaron. En cuanto al desempleo de estas personas, se ha dicho que ellas alcanzan a 70 mil u 80 mil. De modo que las cantidades que di son efectivas y corresponden a las entregadas en la propia Comisión de Hacienda.

Reitero que por favorecer a 70 mil u 80 mil desempleados, se rebaja de 52 mil y tantos pesos a 44 mil (en números redondos) el salario mínimo a 250 mil personas mayores de 65 años que están en actividad.

Eso fue lo que afirmé, señor Presidente , y lo mantengo. Ahora, si expresé que los cesantes mayores de 65 años alcanzaban a 12,6 por ciento, indudablemente incurrí en un lapsus.

El señor OMINAMI.-

Señor Presidente , pienso que este proyecto corresponde a la tendencia muy positiva que ha vivido la economía nacional durante los últimos años. Hoy estamos hablando de un aumento real del ingreso mínimo cercano al 3 por ciento, y creo del caso considerar que no hace mucho tiempo, en 1990 -hace cuatro años-, el salario mínimo en nuestro país era solamente de 18 mil pesos. Ha habido, en consecuencia, un aumento significativo, tanto nominal como real, del ingreso mínimo--ello representa alrededor de 30 por ciento- entre 1990 y este año, incluidos los montos propuestos en la iniciativa en debate. Y todo ello en circunstancias de que el país ha obtenido logros importantes en materia de control de la inflación, ya que de una inflación promedio anual de 30 por ciento a comienzos de 1990 se ha llegado en la actualidad a una cifra de 11 ó 12 por ciento anual, lo cual también demuestra un progreso importante.

Sin perjuicio de esa valoración, que, naturalmente, conduce a votar en forma favorable la iniciativa, quiero hacer cuatro o cinco observaciones que me parecen pertinentes, sobre todo para que sean consideradas en la evolución futura del ingreso mínimo fijado por ley.

La primera de ellas, señor Presidente , dice relación al hecho de que éste sigue siendo completamente insuficiente, porque, en estricto rigor, no permite comprar los bienes básicos que garanticen una mínima subsistencia digna. Pienso que sería muy importante, más aún cuando el Gobierno ha planteado como gran objetivo nacional la lucha para erradicar la extrema pobreza en nuestro país, que se estableciera una suerte de compromiso general tendiente a contar, en un lapso razonable de tiempo -de aquí a fines de la década-, con un verdadero ingreso mínimo. De ese modo, la persona podrá disponer de los recursos necesarios para adquirir aquellos elementos esenciales.

Desde ese punto de vista, creo que lo procedente, en términos técnicos, es que a los criterios de inflación esperada y productividad, utilizados para fijar el ingreso mínimo, se agregue un tercero, de equidad, que se traduzca en la aplicación del porcentaje de aumento que fuere necesario para llegar, en un período determinado, al nivel que permita al trabajador tener acceso a la canasta de productos básicos para su subsistencia.

La segunda observación que deseo plantear, señor Presidente , se la expusimos al señor Ministro de Hacienda en la Comisión, Cabe señalar que en el curso de la negociación con la Central Unitaria de Trabajadores surgió una proposición de parte del Gobierno que implicaba un aumento algo mayor a partir de enero del próximo año. Nos parece que si ella era consistente con la preservación de ciertos equilibrios macroeconómicos y de pautas fundamentales en la lucha contra la inflación, quizás lo más razonable habría sido incorporar al proyecto esa última oferta y no haber recurrido a planteamientos que se hicieron con anterioridad en el curso de la negociación.

Tercera observación: es muy importante el esfuerzo y la contribución que está haciendo el movimiento sindical al validar el criterio de la inflación esperada. Sin embargo, pensamos que dentro del sistema económico también deben participar en ello otros actores, aparte la conveniencia de que el tema no surja sólo en la oportunidad en que se discute sobre el ingreso mínimo. Me parece que si ese criterio, que es tan sustancial, va a continuar presidiendo la toma de decisiones económicas relevantes en el país, la única forma de que se cumpla a cabalidad consiste en que otros actores se involucren en el proceso que conlleva. De lo contrario, su impacto será restringido, además de ser unilateral la posición de hacer recaer sólo en los trabajadores el riesgo que se halla implícito.

La cuarta observación que formularé tiene que ver con un aspecto que se señaló en esta Sala y que considero indispensable reiterar, cual es el valor exiguo de las pensiones asistenciales. Francamente, si ese monto no alcanza a 30 por ciento del ingreso mínimo, de por sí altamente insuficiente, esa circunstancia debería ser motivo de preocupación.

En otras ocasiones hemos hecho presente a las autoridades de Gobierno la necesidad de avanzar en la superación de tal problema. Si queremos tomar en serio el combate contra la pobreza extrema, creo que debemos proceder con una particular sensibilidad respecto de estas cuestiones. Porque no cabe la menor duda de que un sector importante de compatriotas que viven en condiciones de pobreza y de extrema pobreza es, precisamente, el de los adultos mayores, los cuales hoy día no tienen ninguna posibilidad de reinsertarse en la vida activa. Al percibir pensiones tan bajas, sean asistenciales o mínimas, lo cierto es que se los está condenando a morir en esa situación.

Por último, señor Presidente , debo manifestar que todo lo relacionado con la concertación social es, también, muy trascendente. En estos últimos años se ha valorado mucho la capacidad de nuestro país para llegar a acuerdos tanto en el campo político como en el ámbito económico. Y se ha señalado -a mi juicio, con razón- que tal vez su principal ventaja comparativa sea justamente dicha característica. Desde ese punto de vista, me parece que, sin perjuicio de que en esta ocasión no haya sido posible que se lograra un acuerdo entre trabajadores y empresarios respecto de la fijación del ingreso mínimo, resulta muy necesario que se abra una agenda con otros temas que permitan alimentar el proceso de concertación social, que es básico para el desarrollo armónico de Chile.

He dicho.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , año a año nos vemos enfrentados al asunto que nos ocupa y escuchamos muchos discursos, en favor o en contra, acerca de la decisión tomada por el Supremo Gobierno con relación al ingreso mínimo. Sin embargo, es muy importante dejar constancia de que se ha comprobado -y esto no merece discusión- que la única manera de lograr que verdaderamente existan remuneraciones adecuadas es haciendo crecer la capacidad ocupacional del país. La única forma de mejorar el estándar de vida de una nación, de que los trabajadores reciban lo que realmente vale su labor, radica en que la expansión y desarrollo de la economía conduzcan a que la demanda laboral altere el orden actual de las cosas y sea el trabajador quien decida dónde desempeñarse, en la medida en que le ofrezcan mejores condiciones.

Es un absurdo y un contrasentido pretender que el ingreso mínimo se fije exclusivamente por ley. El Supremo Gobierno, a través del señor Ministro de Hacienda , ha tenido una actitud muy ponderada y muy "aterrizada" -por usar una palabra que todo el mundo entiende- al respecto. Cuando los ingresos mínimos que se fijan por ley exceden de lo que la economía puede pagar, se están creando las condiciones para que la necesidad del trabajador -y la necesidad "tiene cara de hereje"- lo obligue a firmar contratos y recibos por sumas mayores que aquella que efectivamente percibe.

Es increíble que todavía existan dirigentes sindicales que piensen que la economía puede manejarse por ley o que puede obligarse a los empleadores a pagar remuneraciones de un monto tal que sus empresas no lo soporten. Si ello ocurriera, se restringiría la economía y se perderían fuentes de trabajo. Por eso, el Gobierno y nosotros, en el Parlamento, tenemos que ser especialmente cautos al aprobar iniciativas como ésta, con el objeto de que ellas reflejen la real situación económica del país en un momento determinado y, al mismo tiempo, de que se establezca un mínimo, para evitar que empleadores inescrupulosos, no obstante disponer de recursos, paguen remuneraciones menores.

Señor Presidente , no hay ninguna duda de que cuando hablamos de ingreso mínimo nos estamos refiriendo a un determinado sector de la población: al de los trabajadores no especializados. Porque en este país los trabajadores especializados no requieren una ley que los proteja, debido a la mayor demanda de que son objeto. Ninguna empresa se atreve a remunerarlos inadecuadamente, porque sabe que le será terriblemente difícil reponerlos y que si se van o se botan en huelga, ella sufrirá un serio y grave daño. El gran problema del ingreso mínimo afecta, principalmente, al trabajador no especializado -reitero-, es decir, a aquella mano de obra fácilmente reemplazable. Y eso conduce al cambio de personas: "A usted, si me pide más, la echo, y contrato a otra". Y esta última, por falta de ocupación, estará dispuesta a trabajar por una menor cantidad de dinero.

Por eso, si realmente queremos afrontar este asunto, debemos partir por algo que hemos sostenido permanentemente en esta Sala: la capacitación laboral. Sí no la aumentamos y no cambiamos nuestro sistema educacional, del cual todos los años salen miles de jóvenes que se transforman en cesantes ilustrados -porque al término de su enseñanza media no saben "nada de nada" acerca de cómo ganarse la vida-, el Senado y el Gobierno permanentemente tendrán que abocarse al tema del ingreso mínimo.

En consecuencia, señor Presidente , me parece fundamental que, de una vez por todas, entendamos que la solución al problema económico del trabajador consiste en fomentar la creación de fuentes ocupacionales, incentivar a las empresas y, más que nada, aplicar en este país una educación técnico-profesional que le permita a cada joven transformarse en un elemento útil en la sociedad. De esa forma le proporcionaríamos las herramientas para obtener una adecuada remuneración cuando se enfrente a la vida laboral.

En esta Sala hemos escuchado referir la situación de sectores que en las zonas extremas carecen de ocupación. ¿Y es posible creer que con una ley que incremente el ingreso mínimo aumentarán los empleos o mejorarán las condiciones de quienes han accedido a los pocos que hay? ¡No! Es preciso que incentivemos la creación de empresas y de industrias en los lugares más pobres del territorio.

Ahora, hay comunas en las que se presenta -y así sucede en la Región Metropolitana- la cuestión del trabajador temporal. Por ejemplo, en la de Curacaví, a la que precisamente en un momento más le rendiré un homenaje, hay una gran ocupación de ese tipo. Pero, ¿qué ocurre cuando termina la temporada? ¿Dónde trabajan esas personas? ¿Mejorarán sus condiciones de vida en caso de que aprobemos una iniciativa que determine que no podrán ganar menos de cierta cantidad de dinero, si ni siquiera tienen empleo?

La solución de los problemas reales de los trabajadores no se consigue con la retórica demagógica de decir que por ley debemos mejorar sus condiciones de vida. Ello no se logra por esa vía, sino por la de fomentar la economía y la educación.

Señor Presidente , aquí también se ha argumentado en contra de la remuneración fijada para los menores de 18 años. En la reforma al Código del Trabajo consideramos expresamente la calidad de aprendiz, para que esos jóvenes puedan adquirir una capacitación que los conduzca a obtener mejores ingresos. Sí eliminamos esa posibilidad, miles de ellos quedarían fuera de sus cargos, porque las empresas preferirían a personal capacitado.

No puedo terminar mis palabras sin destacar -y aprovecho que está presente en la Sala el señor Ministro de Hacienda - el gravísimo problema que se suscita con motivo de las pensiones asistenciales. Comprendo la situación del representante del Ejecutivo , que es la persona que recibe todas las peticiones de dinero que formulan los distintos sectores del país. Comprendo las angustias que debe sufrir para tratar de resolver todas las dificultades que sólo se solucionan con dinero. Pero, señor Ministro , hay una que es prioritaria: precisamente, la relativa a esas pensiones. ¿Por qué? Porque ellas se otorgan a las personas que no cuentan con ningún otro ingreso ni con posibilidad alguna de ganarse la vida. ¡Y con 15 mil pesos no se puede vivir en Chile!

Reitero: entiendo la situación del Secretario de Estado . Sin embargo, quiero hacer un llamado. En muchas oportunidades, en esta Sala hemos visto cómo se destinan fondos para financiar leyes que no dicen relación a necesidades tan primarias de la sociedad como las constituidas por las pensiones asistenciales. Y, como esta materia es de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República , planteo el punto a fin de que en el próximo proyecto que incida en este ámbito- o antes, si fuera posible- se destinen mayores recursos para mejorar la situación de esos chilenos que viven en una forma insostenible.

Termino señalando que votaré favorablemente, pero dejando expresa constancia en la Sala de que un articulado como el que nos ocupa no mejora las condiciones de vida del sector laboral. Es deber del Gobierno y del Parlamento buscar la manera de incentivar y desarrollar la economía, de fomentar la creación de empresas e industrias, y, por sobre todas las cosas, de entregar capacitación a los hombres y mujeres que revisten la calidad de trabajadores no especializados y a quienes realmente afecta la ley sobre ingreso mínimo mensual.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente, estamos analizando la iniciativa de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, las asignaciones familiar y maternal, y las pensiones asistenciales que se indican.

En primer lugar, debo consignar que por quinto año consecutivo se debate un proyecto de esta índole con urgencia calificada de "discusión inmediata". Y si bien nos han dado explicaciones al respecto, que pueden servir para tratar de mantener la cordial relación entre el Ejecutivo , que propone estas normativas, y el Parlamento, que se ve obligado a sancionarlas, no puedo olvidar en esta oportunidad que una vez más, la quinta, nos hallamos frente a preceptos que todo el mundo ha tenido tiempo para estudiar, debatir y negociar -y que han sido tratados en comisiones, según nos han informado, con la participación de una serie de agrupaciones representativas de distintos sectores de la sociedad-, pero respecto de los cuales el Congreso Nacional no ha podido desarrollar debidamente las tareas que le corresponden, en cumplimiento de la Constitución y las leyes. No es razonable -y lo digo una vez más-, ni tampoco justo, que el Parlamento tenga que aprobar así una iniciativa de este tipo.

Pero hay algo que nos parece extraño en el Senado de la República, donde todos hemos hecho esfuerzos por dar participación a personas y organizaciones. Hemos recibido el informe esta misma mañana, vulnerándose las disposiciones reglamentarias -la entrega tuvo lugar, en efecto, cuando ya se estaba discutiendo el proyecto y se producía la cuarta intervención-, y su texto obedece a la labor conjunta de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social de nuestra Corporación. Sin embargo, a la sesión donde se trató el tema concurrieron sólo el señor Ministro de Hacienda y el señor Subdirector de Presupuestos. Es decir, con ocasión de esta materia tan importante, no hubo oportunidad, por la forma como se discutió, de que participaran representantes de la Central Unitaria de Trabajadores, ni de otros sectores laborales, ni de agrupaciones también vinculadas al asunto en examen.

Hago constar que todo lo anterior determina, a pesar de las explicaciones que puedan darse, que el Parlamento se encuentra sometido, una vez más, a resolver sin el debido tiempo de reflexión y sin contar con la participación de otras personas y organizaciones.

Por cierto, frente a una iniciativa que aumenta el valor del ingreso mínimo, el Congreso Nacional, el Senado y quien habla expresarán su acuerdo y conformidad, ya que sus disposiciones -en particular, los montos que se fijan- no pueden sufrir alteraciones sin el patrocinio y respaldo del Ejecutivo. De manera que es evidente que el trabajo del Parlamento y del Senado se circunscribe -incluso, con las limitaciones de tiempo que he expuesto- a aprobar una normativa elaborada, acordada y resuelta en otras instancias de la Administración del Estado.

Adicionalmente, así como nadie en esta Alta Tribuna, a partir de la aprobación de esta preceptiva, puede quedar con la conciencia tranquila respecto de las cifras establecidas para el ingreso mínimo mensual, las asignaciones y las pensiones que se indican, lo propio ocurre en cuanto a los efectos sobre las oportunidades de empleo para quienes no están trabajando, o bien, buscan trabajo por primera vez, que en algunas localidades se ven disminuidas cuando los ingresos son aumentados por ley.

Y no me estoy refiriendo a situaciones hipotéticas. Hoy día, en la zona del carbón, que comprende la provincia de Arauco y las ciudades de Coronel y Lota, de la Región del Biobío, se registra una paralización que impide el normal funcionamiento de todas las actividades en las comunas de esa jurisdicción, simplemente porque a una parte considerable de sus habitantes se les ha agotado la paciencia esperando soluciones a una crisis que ya les afecta por más de dos años. Sobre el particular, hemos formulado una serie de proposiciones, al igual que el estamento laboral y otros representantes de la Región, pero hasta la fecha no se recibe ninguna respuesta.

En definitiva, estamos ante un proyecto que aprobaremos, en cumplimiento de una especie de "liturgia" que hemos aceptado -y ahora se repite por quinto año consecutivo-, pero sin resolver nada, en verdad. Y, además, estamos dejando testimonio de una incorrecta manera de legislar.

Pongo de relieve, en último término, un hecho que también he planteado en años anteriores: la descomunal diferencia y distancia entre los montos fijados para el ingreso mínimo, las pensiones asistenciales y la pensión mínima, el de esta última establecido mediante otra ley, a la que no modifica la iniciativa que hoy acogeremos. Esa brecha no habla bien del espíritu de equidad, ni se concilia con las demandas que en la materia han formulado importantes sectores de chilenos.

Con estas consideraciones, señor Presidente, expreso mi aprobación a este proyecto.

Reclamo formalmente de la manera como estamos legislando. Y hago presente que, inclusive, parte de las controversias trabadas en la Sala al discutir el tema han sido atribuidas a la falta de oportunidades para estudiar con la debida acuciosidad los antecedentes proporcionados. Esto no habla bien del funcionamiento del Parlamento, y es una pena que hayamos desaprovechado una ocasión para cambiar lo que ya se ha convertido en un hábito inconveniente.

He dicho.

El señor PRAT.-

Señor Presidente , en la discusión de este proyecto se mezclan dos conceptos que deseo separar: ingreso mínimo y remuneración mínima. Porque su fusión termina por ser inconveniente y, a la postre, debe ser corregida.

Cuando se habla de ingreso mínimo -en el que incide la verdadera función del Estado en esta materia-, se hace referencia a aquellas entradas que a una persona le permiten tener una vida mínimamente digna. De modo que el Estado es el responsable de proveer de un ingreso mínimo a los ciudadanos, a fin de que subsistan dignamente. Ello dependerá, como es natural, del costo de vida que impere en la sociedad y de la realidad familiar de cada individuo.

La provisión mencionada es atendida de muchas maneras y a menudo en forma indirecta. Así, por ejemplo, existen la pensión mínima, que es insuficiente; la pensión asistencial, que tampoco permite subsistir; la asignación familiar, que es complementaria y tiende a configurar, en conjunto, un ingreso mínimo; y los subsidios, como el del agua potable, la electricidad, la alimentación escolar, la gratuidad de la educación o el habitacional. Mediante estos mecanismos, el Estado va procurando un ingreso mínimo, dependiente de la realidad socioeconómica de las personas.

En cambio, la remuneración mínima, al ser fijada por ley, importa una acción regulatoria que inevitablemente entraba la relación fluida que debe mediar entre las partes.

En la práctica, la remuneración mínima depende de las oportunidades de empleo existentes en cada época del año y en cada localidad, y es muy probable que las posibilidades económicas de algunas regiones obliguen a que dicha remuneración esté por debajo del límite necesario para la subsistencia de las personas. Depende, asimismo, de la productividad mínima del trabajador, porque si en la labor en que se desempeña, ya sea por incapacidad, falta de condiciones o de capacitación, no puede alcanzar una productividad acorde con una remuneración mínima, es muy factible que ello genere una remuneración que no condiga con el ingreso mínimo que la persona requiere para vivir.

La legislación chilena ha fusionado el concepto de "ingreso mínimo" con el de "remuneración mínima". Por esta vía, el Estado se ha ido desligando de una función, remitiéndose a establecer regulaciones a través de la legislación laboral. Se está perdiendo el concepto de ingreso mínimo, en virtud del cual se entiende la obligación del Estado de proveer a los ciudadanos, por medio de determinados mecanismos, de un mínimo que les permita vivir.

Hoy se observa la tendencia a desprenderse de esta responsabilidad. Por ello, el Estado hace esfuerzos insuficientes en el caso de las pensiones mínimas y asistenciales; se desliga del problema y descarga su función en la acción regulatoria que importa fijar una remuneración mínima, que, a la postre, presenta muchos inconvenientes.

El primero de ellos ya se ha mencionado: está basada en una realidad promedio, de modo que deja al margen los casos que se alejan de ésta.

Se ha hablado de empleadores inescrupulosos -que siempre existirán; en todas las actividades se dan personas de estas características-, los cuales, muchas veces, para justificar la mantención de las remuneraciones, recurren al salario mínimo legal y lo invocan como una amenaza en la negociación colectiva, aduciendo que, si no se llega a acuerdos, ese será el precio de mercado para la contratación, en reemplazo de personas que se encuentran fuera de la actividad.

Por lo tanto, para los inescrupulosos el salario mínimo constituye una herramienta para mantener deprimidas en ese nivel remuneraciones que, en una negociación fluida, podrían ser superiores.

Cuando hablamos de remuneración mínima, ¿estamos pensando en la que es posible entregar en sectores económicos, geográficos o comunales donde hay una actividad bullente, que mueven cifras de ceros y ceros, o en la que puede otorgarse en las localidades extremas, donde hay personas que trabajan cosechando pelillo -en Chiloé, por ejemplo- o que deben buscar trabajo debido a que el avance de la forestación ha extinguido la actividad agrícola en que se formaron? Un salario mínimo fijado por ley en torno a un promedio genera informalidad en la economía e impide el surgimiento de actividades económicas que crearían nuevas fuentes de empleo donde hoy no las hay.

Entonces, con la fijación de la remuneración mínima se introduce una regulación que deja muchos elementos al margen. Hoy en día, la realidad ocupacional de la mujer y la del hombre son distintas, por lo que debiera haber dos salarios mínimos. Por otro lado, las tasas de empleo son distintas en invierno y en verano, y varían también de acuerdo con las regiones y localidades. Por consiguiente, pensar en un salario mínimo en función de un promedio nacional de edades, sexos, regiones y épocas del año constituye sólo una aproximación, que -como he señalado- deja a muchos al margen.

Debiera retomarse el concepto de "ingreso mínimo" y buscarse herramientas propicias para combinar la acción del Estado con las remuneraciones que la actividad puede entregar, a fin de lograr, en conjunto, ese mínimo.

Hoy se ha hablado del problema del carbón. Es muy probable que las personas que, tras haber laborado una vida en esa actividad, deben hoy buscar otra realidad ocupacional, por edad, por incapacidad de adecuarse a otras formas de trabajo, sólo consigan una productividad inferior a la remuneración mínima. Y es absurdo que sólo queden en condiciones de recurrir a un subsidio de cesantía, a una pensión asistencial o a una pensión mínima. Es dable pensar que pueden seguir trabajando, y, que en caso de no alcanzar la productividad equivalente a la remuneración mínima hoy en debate, corresponde al sector público aportar el suplemento necesario, en el entendido de que le asiste el deber de proveer a los ciudadanos de un ingreso mínimo.

Lo que sucede en el carbón se repite en los sectores agrícolas, donde el avance de la forestación y otras readecuaciones productivas están dejando al margen de la actividad a muchos ciudadanos que sobrepasan los 40 años y no se encuentran en condiciones de capacitarse para postular a las posibilidades económicas que se dan en la ciudad o en otras áreas.

Por eso, señor Presidente , no es bueno tratar siempre estas iniciativas con urgencia de "discusión inmediata". Debemos darnos tiempo para analizarlas en profundidad y decidir si la fusión de los conceptos de ingreso mínimo y remuneración mínima es adecuada o debe, más bien, ser reestudiada para perfeccionar nuestra acción futura.

Se aduce que hay normas internacionales que obligan a fijar salarios mínimos. En mi opinión, el que se propone hoy no nos protege como país en las negociaciones comerciales internacionales a que estamos a punto de abocarnos. Remuneraciones mínimas del orden de 110 ó 120 dólares no constituyen una buena puerta de entrada para ellas, y resultan engañosas. En un foro de la televisión argentina, que hemos podido ver gracias al cable, quienes argumentaban contra las nuevas asociaciones previsionales de esa nación señalaban que en Chile los pensionados por el nuevo sistema están recibiendo alrededor de 70 dólares, cifra correspondiente al 70 por ciento de lo que perciben en actividad. Ello, porque el panelista se basaba en nuestro salario mínimo, identificándolo con la realidad general del país.

En consecuencia, desde el punto de vista de nuestra inserción en el mundo internacional, la fijación de la remuneración mínima en 110 dólares nos daña en lugar de favorecernos. Creo que el asunto debe discutirse a fondo. El Estado no está cumpliendo su obligación de asegurar un ingreso mínimo a los ciudadanos, lo cual queda demostrado por el trato que da a las pensiones mínimas y asistenciales. Para eludir esa realidad, introduce una regulación en el mercado laboral que está provocando cesantía, que lleva a muchos a la informalidad y que proyecta una imagen dañina de la realidad chilena.

Por tales razones, señor Presidente, me abstendré en la votación de este proyecto.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , me alegro profundamente de haber escuchado a quien me antecedió en el uso de la palabra defender un criterio estatista, progresista. Gocé con su intervención, porque cuando señaló que el Estado tiene la obligación de proporcionar un ingreso mínimo a los ciudadanos, no podríamos estar más de acuerdo. Es, ciertamente, un deber del Estado, pero, como tal, genera también un derecho: el de aplicar impuestos para obtener los recursos necesarios para cumplirlo. Por ello, espero que cuando se trate el tema, el señor Senador será consecuente con sus palabras. Tomo, pues, su intervención, como un anticipo de lo que ocurrirá cuando se debata el proyecto de Ley de Presupuestos o alguna iniciativa relativa a impuestos...

El señor PRAT .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor DÍAZ.-

Con la venia de la Mesa, con todo gusto, señor Senador.

El señor URENDA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Honorable señor Prat.

El señor PRAT .-

Su Señoría ha hablado de "estatismo", y sería bueno precisar el término. "Estatismo" -o "dirigismo"- se refiere al caso en que el Estado se inmiscuye en actividades propias de los particulares. Pero ello no significa que el Estado no deba existir o cumplir una función subsidiaria de la cual justamente el ingreso mínimo forma parte. Introducirse en las relaciones entre los individuos, en cambio, es "estatismo" o "dirigismo". Y siempre habrá recursos para atender estas necesidades básicas si se emplean bien y no se pierden en negociaciones funestas.

El señor URENDA ( Presidente accidental ).-

Continúa con el uso de la palabra el Honorable señor Díaz .

El señor DÍAZ .-

Es posible que la palabra "estatista" no haya sido la más exacta o correcta, pero, en el fondo, ha señalado un deber del Estado, lo cual, a mi entender, genera derechos que, espero, reconozca en su oportunidad.

El señor Ministro de Hacienda explicó -obviamente, no pudo hacerlo en forma detallada- que la redistribución o el mejoramiento de las condiciones de los asalariados no sólo se obtiene a través del ingreso mínimo, sino, también, de muchos otros procedimientos. Entre ellos, de la capacitación, a la que acertadamente se refirió el Senador señor Otero . Pues bien, los Gobiernos del ex Presidente Aylwin y del Presidente Frei entraron en la etapa de capacitar a miles de jóvenes: 80 mil en el primer caso, y se espera llegar a los 100 mil durante este período. El SENCE desarrolla un programa al respecto, y hay cientos de aulas tecnológicas que se están instalando en todas las Regiones -los señores Senadores lo sabemos- para cambiar el estilo habitual de nuestra educación e instrucción en politécnicos, en colegios preparados y capacitados, a fin de enfrentar la sociedad y el sistema de trabajo que hoy se impone. Además, se van a aumentar considerablemente los planes de becas, tema que también se ha tratado con la Central Unitaria de Trabajadores.

El sábado recién pasado me tocó en suerte acompañar a dirigentes de la CUT a Rancagua, en donde sostuvieron una reunión con el Ministerio de la Vivienda y analizaron los planes habitacionales que se llevarán a cabo mediante convenios firmados entre esa Secretaría de Estado y dicha entidad gremial. Es decir, a través de muchos otros mecanismos se está mejorando la condición de nuestros trabajadores.

Eso es lo único que deseaba agregar, señor Presidente.

He dicho.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , seré muy breve a fin de no cansar al Senado con una discusión ya bastante larga. Sólo deseo formular dos o tres observaciones respecto del proyecto y, luego, referirme a expresiones de algunos señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra.

En primer lugar, en cuanto al artículo 1º, debo señalar, tal como lo hice durante el debate que se llevó a cabo el año pasado, que me he opuesto permanentemente -quiero dejar establecida mi disconformidad en esta materia- a la fijación de un salario mínimo menor para los menores de 18 años.

En 1993 hubo una discusión bastante más larga sobre este tema, y a estas alturas del debate no es del caso repetirla. Sin embargo, hay dos elementos que deseo dejar establecidos: primero, no me parece adecuada ni justa la argumentación en que se sustenta este ingreso mínimo menor. La vieja teoría acerca de que el salario más bajo para los menores de 18 años genera mayores posibilidades de empleo, en términos reales, no se ha dado en Chile. Y, segundo, significa partir de una tesis que, personalmente, no acepto.

En segundo término -quiero dejarlo establecido para los efectos de la historia fidedigna de la ley-, cuando hablamos de ingreso mínimo para los menores de 18 años, nos estamos refiriendo, como lo señaló el Senador señor Ruiz (don José ), a jóvenes aprendices, porque, conforme a la Convención de los Derechos del Niño, no puede fijárseles un salario por ley, pues significa "sacralizar" el trabajo de éstos. Y no es una cuestión baladí, pues, según los acuerdos suscritos por Chile, en un momento determinado, ello podría imputarse en contra de nuestro país.

En tercer lugar, me referiré a las pensiones de vejez o asistenciales, sin otro ánimo que el de resolver de alguna forma, en el largo plazo, la situación que las afecta. Es un tema que también hemos discutido mucho.

La pensión asistencial, en teoría, en una sociedad definitivamente bien organizada y solidaria, no debería tener razón de existir. Tal como está hoy planteada: un determinado monto que se divide entre ciertas personas, dejando a un número importante sin acceder a ella, es algo verdaderamente lamentable.

En consecuencia, quiero solicitar al señor Ministro de Hacienda y al Gobierno que nos hagan llegar el costo total -traté de averiguarlo con el señor Presidente de la Comisión, pero no obtuvimos los antecedentes- que hoy gastamos en pensiones asistenciales. A cuánto ascendería el costo si se da cobertura a todos los que hoy, debido -como lo señalé- a una sociedad que aún no es solidaria, no la perciben, o, en definitiva, saber si vamos a buscar una solución que no sólo sea por la vía de las leyes de reajuste anual.

Sin embargo, los debates del Senado sirven también para plantear nuestros puntos de vista y no sólo debemos limitarnos a la materia en discusión. Es factible que en una Corporación como ésta, de repente, tengamos extrapolaciones en el tratamiento de un proyecto para aludir a otros temas. Y, como miembro de un Gobierno en el cual hemos intentado resolver, lo mejor posible, los problemas que afectan a la pobreza, no puedo dejar de referirme, con todo respeto, a algunas expresiones de los señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra.

Cuando se plantea que lo que hoy tratamos de solucionar no es exactamente lo que deberíamos hacer porque necesitaríamos disponer aún de mayores ingresos -lo dicen señores Senadores que, con gran conocimiento de la historia de Chile, participaron en Gobiernos anteriores-, debo señalar que el actual salario mínimo no es el adecuado. La relación existente entre las remuneraciones de quienes ganan más y de los que ganan menos, tampoco es lo que yo quisiera para Chile. Sin embargo, deseo traer a colación una información aparecida en un diario de la más alta relevancia en este país a fines de 1988 y comienzos de 1989, según la cual la relación entre las remuneraciones en los grupos de mayores ingresos y los de menores ingresos era de uno a 500, aproximadamente. Eso significa que, en ese momento, antes que el Gobierno democrático asumiera el Poder, ¡había personas que ganaban en un mes lo que otras ganaban en 41 años; vale decir, en dos generaciones sociológicas!

Por lo tanto, cuando se ha recibido un país en esas condiciones, y con esa distribución del ingreso, situación que no fue mencionada por los opositores o en documentos elaborados por institutos contrarios al Gobierno que terminó en 1990, sino por quienes respaldaban la política de ese Régimen, yo creo que reclamar hoy día de lo poco que hemos realizado en cuatro o cinco años para cambiar la estructura económica-social del país, me parece algo -por decirlo sin sorna- conmovedor, que no tiene ninguna posibilidad de sustentarse en la consecuencia que permanentemente exijo: debe haber coincidencia entre lo que se dice hoy y lo que se hizo en el pasado, lo cual no sólo es válido para los actuales Senadores de Oposición, sino que constituye una obligación que nosotros asumimos permanentemente en estas bancas.

Asimismo, se ha criticado ambivalentemente la poca participación de la CUT en la discusión del proyecto. Al respecto, reitero la consecuencia entre el actuar y el hablar. Resulta que los señores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra, a quienes respeto muchísimo, participaron en un Gobierno en que la CUT no sólo no tuvo injerencia, sino en donde, además, sus dirigentes fueron relegados o exiliados, y se les criticó por pedir un salario mínimo, que no se les aceptó simplemente porque rompía las normas del mercado que, en ese momento, significaba una liberalidad para el capital y una suerte de "manos amarradas" para los trabajadores.

Se ha señalado también que por cuarto o quinto año consecutivo hemos debido pronunciarnos sobre proyectos cuya urgencia ha sido calificada de "discusión inmediata". Yo comparto absolutamente la reclamación - formulada por un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra. Soy uno de los que creen que la diferencia existente entre las facultades del Poder Ejecutivo y las del Legislativo, en un país multipartidario como Chile y con su tradición política, no es conveniente.

Sin embargo, si ello es así, invito al señor Senador a que hagamos las reformas pertinentes en la Constitución de 1980, que Su Señoría aprobó y yo rechacé. Y no sólo cambiemos el mecanismo de las urgencias sino también el sistema por el cual las atribuciones del Senado se hallan cada vez más disminuidas; todo aquello que hemos reclamado y que únicamente se pudo recoger, en alguna medida, cuando se llegó a un acuerdo en 1989, lo cual aún es insuficiente. Porque esta Carta Fundamental, pese a los acuerdos alcanzados, sigue siendo cesarista. Y quienes ocupamos estas bancas y lo hemos denunciado, podemos hacerlo sin contradecir en nada lo que dijimos en el pasado.

Señores Senadores, sin ánimo de analizar lo que se hizo antes y ahora, sugiero que, frente a dicho reclamo -yo lo recojo-, cambiemos la Constitución, pero no sólo en cuanto a las urgencias, sino en muchos otros aspectos.

Por último, aquí se ha mencionado, como parte de la fundamentación, la situación muy trágica y grave que existe en la zona del carbón. Yo represento -al igual que el señor Senador que utilizó el argumento- a dicha Región, y soy el primero en lamentar y, honestamente, sentir una profunda preocupación por lo que en ella sucede. Sin embargo, no puedo dejar pasar que en el Senado se diga que "a los obreros del carbón se les acabó la paciencia en estos dos años". ¡Ciento veinte millones de dólares se entregaron para resolver el problema! Por primera vez los trabajadores han participado en la discusión de su tema. El Presidente de la República se comprometió en el plazo de 30 días a pronunciarse sobre un documento que le fue entregado por aquéllos.

No se puede decir que en dos años se les acabó la paciencia, porque aparece como una falta de respuesta a las demandas de los trabajadores por parte del anterior o del actual Gobierno.

El señor CANTUARIAS .-

¡Están en huelga, Su Señoría!

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Están en huelga, señor Senador, como lo han estado durante 50 ó 60 años en una industria que entre 1974 y 1990, cuando se produjo el problema más grave en el desarrollo de los procesos carboníferos extranjeros, no hizo ninguna inversión.

El señor CANTUARIAS .-

Están en huelga hoy día.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Están en huelga, y lamento mucho que lo estén, pero ello no es por culpa de este Gobierno, sino porque existe un problema de larga data. Y cuando el señor Senador manifiesta que se les acabó la paciencia en dos años, sibilinamente está responsabilizando al actual Gobierno. Y si no fuera así, me alegro de que lo diga, para los efectos del acta y porque sería la primera vez en este tiempo que recogería una negativa en ese sentido.

Señor Presidente , el problema del carbón data desde hace tiempo, y no le dieron solución ni la ley del mercado ni los 50 años anteriores de empresa privada. Es un tema nacional donde no puede haber demagogia para tratarlo ni para echarnos encima las culpas, porque éstas son compartidas en una nación que viene creciendo hace 50 ó 60 años y que, a través del tiempo, dejó que la zona del carbón fuera quedando en el pasado.

Quise intervenir sólo para señalar esos puntos de vista sobre el proyecto. Sin embargo, a propósito de la discusión, deseo dejar establecido que es bueno que el debate en el Senado sea abierto, claro y respetuoso, pero sobre todos los aspectos que en él se aluden.

He dicho.

El señor LARRAIN.-

Señor Presidente , intervendré muy brevemente.

Como muy bien lo ha señalado previamente el Honorable señor Cantuarias , aquí se está legislando de una manera que no es la más adecuada. Esta es la quinta vez que se debate similar proyecto por la vía de la "Discusión Inmediata", urgencia que realmente no permite, por la premura del tiempo, abordar el fondo de su articulado.

En mi opinión, aquí más que una reforma constitucional, como señalaba el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, basta que las cosas se hagan con antelación. Porque así como el Gobierno -lo que me parece muy bien- conversa con los distintos sectores involucrados en la decisión, también es importante que el Congreso, y el Senado en particular, tengan la oportunidad de debatir con igual detenimiento estas materias.

Por lo demás, aquí hemos sido testigos de intervenciones sumamente interesantes, que no siempre he compartido. Porque de eso se trata: de tener la ocasión para discutir estas estrategias. Porque el salario mínimo, por ejemplo, es funcional o un concepto de desarrollo del país, y sobre esa base, debemos resolver con debido tiempo estos asuntos.

En abono del tiempo, sólo espero que, de hecho, el desarrollo económico del país permita a la larga prescindir de estos conceptos. Ciertamente, el salario mínimo no es suficiente, si se piensa en un ingreso familiar o en una renta adecuada para una vida digna. Sin embargo, pareciera ser un valor referencial, y por eso se mantiene. Pero si deseamos derrotar la pobreza, ello sólo lo lograremos cuando todos tengan trabajo. Y muchas veces estos conceptos son limitantes respecto de las posibilidades de otros que hoy no tienen trabajo, que no son consultados para quienes probablemente no es muy relevante el monto del ingreso mínimo y que no pueden participar en este debate.

En fin, espero que el tiempo nos permita volver sobre estos conceptos.

Pero no deseo dejar pasar la oportunidad de subrayar la importancia de otros dos conceptos que han acompañado el debate hoy sobre el ingreso mínimo: la determinación del monto de la asignación familiar y las pensiones asistenciales. Pienso que, no obstante ser ambos subsidios sociales sumamente relevantes, aquí no se les ha dado todo el énfasis necesario.

Según los antecedentes que se nos han proporcionado, la asignación familiar fue reajustada sólo en 11 por ciento y no en el mismo porcentaje que el salario mínimo, porque así se convino con la Central Unitaria de Trabajadores, como se indica en el informe. Desde mi punto de vista, ése no es un fundamento suficiente.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

¿Me permite una interrupción?

El señor LARRAIN.-

Con la venia de la Mesa, por cierto, señor Ministro.

El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , respecto del porcentaje de reajuste de la asignación familiar y también de los SUF -sobre los cuales no se ha hablado aquí, pero que se están entregando y son muy importantes para el ingreso familiar-, la diferencia reside, primero, en que los SUF son enteramente de costo fiscal, a diferencia del ingreso mínimo y, segundo, en que el universo de beneficiarios lo constituyen más de 4 millones de personas, en cambio sólo unas 350 ó 400 mil son las que perciben el ingreso mínimo. Esas son las razones de fondo.

El señor LARRAIN.-

Gracias, señor Ministro .

Precisamente, en el caso de las asignaciones fiscales, es donde existe más libertad para poder determinar las prioridades que se tienen. Sobre esta materia, particularmente en lo que dice relación a las asignaciones familiares y subsidio único familiar, espero plantear a la autoridad el patrocinio de algunas iniciativas que hemos estado estudiando.

Además, quiero señalar lo propio respecto de las pensiones asistenciales, que son fundamentales en sectores y comunas de extrema pobreza. La experiencia que he podido recoger en las comunas de mi Región es dramática. Y si acaso no tenemos suficiente conciencia de esta situación, realmente no estamos dando debido cumplimiento al rol subsidiario del Estado para superar los problemas relacionados con la pobreza.

Por otra parte, aquí tampoco contamos con información acerca de la cobertura de la asignación familiar y las pensiones asistenciales. Hemos estado hablando de montos y porcentajes de reajuste, pero desconocemos las cantidades específicas de subsidios, de asignaciones y de pensiones asistenciales que se están otorgando. Y esa cifra es un dato relevante para poder tomar una buena determinación. Por mis antecedentes, se trata de una cantidad baja, que tiende a estabilizarse o a congelarse en el tiempo, no obstante que la situación económica del país índica que todavía por muchos años el Estado deberá hacer un esfuerzo especial hasta que la economía por sí sola, o hasta que las nuevas leyes de previsión y otras, puedan realmente superar este problema.

He dicho.

El señor LAVANDERO .-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDIVAR (don Andrés) .-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor GAZMURI .-

¿De quién es la indicación?

El señor LAVANDERO.-

Se me ha hecho la pregunta, señor Presidente.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LAVANDERO .-

En realidad, mi deseo es mantener la indicación, pero se me ha advertido que podría ser inconstitucional, porque significaría un mayor gasto para el Estado al tener que suplir la diferencia existente entre los 46 mil y los 52 mil pesos.

Señor Presidente , dado que en otras oportunidades he declarado inconstitucionales algunas indicaciones, no deseo caer en esta situación. Pero quiero dejar constancia de que he conversado con el señor Ministro , y por otro camino, a través del proyecto relativo a las personas de la tercera edad, vamos a tratar de buscarle una solución. De tal manera que, como me han convencido los argumentos del señor Ministro , retiro la indicación.

-Se aprueba en general y particular el proyecto (30 balotas blancas, 2 negras y 4 rojas).

El señor OTERO .-

Señor Presidente , en el mes de mayo y en el mismo día 6 dos importantes comunas de la Región Metropolitana cumplieron su primer centenario: las de Renca y Curacaví.

Se encuentran en las Tribunas de la Sala el alcalde de Curacaví, don Pedro Enrique Julio Maturana , y los concejales señores Juan Cantillana Muñoz , Osear Castillo Osandón , Guillermo Barros Echeñique y Francisco Muñoz Cuevas .

Por su parte, la comuna de Renca está representada por su alcalde , don Manuel Caballero Oyanedel ; los concejales señores Pedro Concha Hernández , José Figueroa Lobos y Pedro Tapia Palma ; el Prefecto de Investigaciones; representantes del Consejo Económico y Social Comunal; directores municipales; directores de colegios y consultorios municipalizados; representantes de las compañías de bomberos; dirigentes sociales y de los consejos de deportes, y funcionarios edilicios de ambas comunas.

La Municipalidad de Renca nació legalmente el 24 de diciembre de 1891, fecha en que se publicó el decreto del Ministerio del Interior que la creó. Sin embargo, sólo el 6 de mayo de 1894 celebró su primera sesión ordinaria y se procedió a elegir a las autoridades municipales, siendo designado como primer alcalde don Fernando Olivares .

Un siglo ha pasado desde aquella tarde de mayo, pero es necesario destacar que la historia de la comuna se inicia mucho antes. La zona era conocida por los indígenas, antes de la llegada de los españoles, como "la tierra de renca", planta silvestre muy abundante en ese entonces, pequeña, rodeada de hojas dentadas y carnosas, provistas de espinas y que crecía muy apegada al suelo en lomas y vegas.

Esta tierra ha sido cuna de hombres como el curaca Quilacán, líder aguerrido y valeroso y uno de los principales enemigos de Pedro de Valdivia, quien formó con su gente parte de las huestes que el 11 de septiembre de 1541 destruyeron la naciente ciudad de Santiago y sacrificaron a doña Inés de Suárez, pese a la obra pacificadora de ella. Otros hijos de la localidad fueron don Manuel Rodríguez y Erdiza , nacido en La Chimba y bautizado en la parroquia de Renca; don José Manuel Balmaceda , oriundo del fundo de Santa Teresa de Lo Boza, donde hoy se levantan las poblaciones " Juan Antonio Ríos 1 y 2"; don Manuel Robles Gutiérrez , maestro de música y compositor de la primera Canción Nacional; don Matías Cousiño , conocido filántropo; don Marcial Aravena , motor de la celebración de las fiestas de Cuasimodo, y muchos otros.

Inicialmente, la comuna de Renca tenía una extensión de 17 mil hectáreas, que hoy están reducidas a 23,17, de las cuales 8,2 corresponden al área urbana y 15,5 a expansión de la misma. Paradójicamente, lo inverso ha ocurrido en materia poblacional: de sus primitivos 2 mil 400 habitantes, hoy alberga a cerca de 135 mil. Este gigantesco crecimiento poblacional ha desdibujado su original carácter netamente agrícola para transformarse en una comuna-dormitorio, con todos los serios problemas sociales que ello conlleva. En el hecho, ya casi no queda propiedad rural alguna.

Sin embargo, las tradiciones y valores de Renca se han perpetuado en el tiempo. Dignos de destacar son "El Señor Crucificado", un tronco de espino con la exacta forma de Cristo en la cruz, encontrado en 1634 por un grupo de indígenas y llevado allí; y la fiesta de Cuasimodo, de especial celebración en la comuna, donde año tras año una numerosa comitiva de caballos, carretas y bicicletas preciosamente adornados con coloridas guirnaldas acompañan al cura párroco a dar la comunión a los enfermos y ancianos postrados.

Por su parte, el origen de la comuna de Curacaví no tiene fecha cierta, y más bien se remonta a los tiempos de la dominación incaica, en la que aborígenes picunches levantaron un pueblo alrededor de un tambo o parador de un camino incaico. "El Tambo Viejo del Puangue", como llamaron los españoles al villorrio situado junto al río del mismo nombre, era la parada obligada de descanso en los largos viajes, donde los incas, al comienzo, los conquistadores, después, y más tarde todos los que se dirigían a la costa desde la Capital, o viceversa, se detenían en la ruta para admirar el encanto y la belleza de este singular valle y para saborear los deliciosos frutos que su tierra produce. Hoy sucede algo parecido, ya que es inevitable pasar por Curacaví y no detenerse a probar sus dulces y pasteles.

El camino que atraviesa la comuna, conocido ya en 1553 como el "camino de caballos", se transformó entre los años 1792 y 1797 en carretera, dando gran auge e importancia al primitivo parador. Es en esta época, en 1822, cuando doña María Graham escribe en su diario lo siguiente: "Saliendo del Cajón de Zapata, entramos al largo y profundo valle en que se encuentra Curacaví y Lo Bustamante. El primero de estos pueblos se extiende graciosamente al pie de un cerro entre huertos y jardines, a las orillas de un ancho riachuelo".

Sin embargo, en el año 1863, con la inauguración del ferrocarril de Santiago a Valparaíso, Curacaví perdió importancia, al grado que según el historiador don Benjamín Vicuña Mackenna , en 1874, la villa es "un caserío apagado y que no volverá por segunda vez a levantarse".

Afortunadamente, se equivocó el historiador, ya que con la llegada de los automóviles se comenzó a desarrollar nuevamente el pueblo, transformándose rápidamente en la bella ciudad que es en la actualidad.

Son muchos los hombres que han contribuido al desarrollo y progreso de la comuna. Uno de los primeros fue el Teniente General de la Mar, don Juan Bautista Pastene , a quien don Pedro de Valdivia entregó en encomienda a los aborígenes del valle, y que instalara allí una fábrica de frazadas y jarcias con el cáñamo y el lino sembrados por los indígenas y regados con las aguas del Puangue.

Más tarde, siguieron la senda de progreso las autoridades edilicias antes señaladas, las cuales se ocuparon de la salud, la educación y la realización de diversas obras, tales como la construcción de defensas en el estero Puangue, la instalación de la empresa eléctrica municipal, etcétera, lo que contribuyó al desarrollo de la población. Pero, sin duda que uno de los mayores aportes lo hicieron los pequeños agricultores, quienes, a pesar de los numerosos desastres naturales, como terremotos, inundaciones y actualmente la acción de las aguas contaminadas provenientes de otras comunas, han luchado en forma constante para salir adelante, surtiendo al resto de la Región y del país con sus exquisitas frutas y codiciadas verduras, para lo cual han construido pozos profundos a fin de regar sus plantaciones con aguas no contaminadas. Estos mismos agricultores son los que conquistan los mercados extranjeros con uvas, paltas, limones y nectarines, contribuyendo no sólo al desarrollo de la comuna, sino al de todo el país.

Señor Presidente , Curacaví y Renca pertenecen a la Región Metropolitana y se ubican en la circunscripción senatorial que tengo a honra representar en el Senado. Por ello, rindo este homenaje a su gente, a sus autoridades, a sus Alcaldes y Concejos Municipales, todos los cuales han contribuido -y lo siguen haciendo- a su desarrollo en procura de dar a sus pobladores una mejor calidad de vida. Vayan a todos, sin excepción, este saludo y homenaje.

He dicho.

El señor ZALDIVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente y señores Senadores, hoy rendimos homenaje desde este Honorable Senado a las comunas de Curacaví y Renca, con motivo de cumplir este mes cien años de existencia. Y lo hago, porque pertenecen a la circunscripción que me honro en representar.

Si bien es cierto que ellas revisten características diferentes, siendo una eminentemente urbana y la otra rural, no lo es menos que ambas han hecho un significativo aporte a la Región donde se asientan y al país, en lo humano, lo económico y lo social.

Curacaví ha sido testigo de profundos cambios desde que se iniciara su historia en 1550. En esos tiempos, eran tierras dedicadas a siembras por sus primeros dueños, los indígenas entregados en encomienda por don Pedro de Valdivia a don Juan Bautista Pastene ; en la actualidad, sus ricos campos están dedicados en su gran mayoría a los frutos de exportación.

Asimismo, era la vía obligada para viajar a caballo entre Santiago y Valparaíso, construida durante la dominación incaica. Ya en 1550 se le denominaba "Camino Real", y atravesaba Casablanca, cruzaba la cuesta Zapata , llegaba a Curacaví y se encumbraba por la cuesta Vieja, que durante el Gobierno de don Bernardo O'Higgins se reemplazó por la actual de Lo Prado. Más tarde, el General Ibáñez hace construir, durante su primer período, la cuesta Barriga , y se pavimenta el resto de la ruta hacia la costa, acortándose la distancia, en su segundo Mandato, con la apertura del túnel Zapata . Posteriormente, durante la Administración de don Eduardo Frei Montalva se construye el túnel de Lo Prado.

La zona de Curacaví ha sido testigo, también, de muchas otras obras importantes, de las cuales deseo destacar como esfuerzo de sus propios habitantes el canal Las Mercedes, que riega la casi totalidad del valle, ejecutada durante el Gobierno de don José Manuel Balmaceda, y que tiene un recorrido de 120 kilómetros y tres túneles, uno de los cuales se extiende más de 1.500 metros, y constituye, indiscutiblemente, una de las obras de regadío más relevantes del país.

SÍ bien es cierto que se desconoce la fecha exacta de la fundación del pueblo de Curacaví, sí nace a la vida cívica, como comuna, el 6 de mayo de 1894. Pero los cambios atañen no sólo a la tierra y su historial, sino también a sus habitantes.

La alta tecnificación requerida hoy en el rubro agrícola, en contraste con esos primeros indígenas que labraban las tierras de Curacaví hace ya cuatro siglos, ha significado profundas modificaciones en los hábitos de vida y formación de las personas. La mano de obra, cada vez más especializada en las diversas etapas del proceso productivo; el nuevo concepto de la explotación intensiva, con grandes rendimientos en terrenos pequeños, e incluso la forma de comercialización de los diferentes productos, han contribuido a los cambios que ha experimentado esta comuna rural.

No cabe la menor duda de que Curacaví se ha transformado en centro importante de desarrollo, más que todo como un lugar donde la gente mantiene y respeta la calidad de vida. Su desafío próximo es impedir que se convierta en un barrio más poblado, e inhóspito, de la megalópolis que componen Santiago y Valparaíso.

Renca, por su parte, no ha permanecido ajena a los cambios de la historia. Sus raíces también se inician con los indígenas en una hermosa zona colmada de vegetación silvestre -como se ha dicho- que, por su belleza y fertilidad, fue por muchos años fuente de guerras y conflictos con los conquistadores españoles.

Las tierras de Renca -ya se señaló- pertenecían al curaca Quilacán, el que, con su gente, fue uno de los principales opositores a Valdivia; y este curaca con sus huestes destruyeron, el 11 de septiembre de 1541, la naciente ciudad de Santiago.

En el reparto de tierras, realizado entre los años 1541 y 1547, Pedro de Valdivia adjudicó parte de Renca a varios de sus soldados, entre los cuales se encontraban Fernán Rozas, Hernando Vallejos y Rodrigo de Araya.

En los albores de la Colonia, Renca ya era un lugar de agrado para los españoles y criollos adinerados. Las quintas y chacras proveían a la ciudad de frutas y verduras de gran calidad y en mucha abundancia.

En el aspecto religioso, iniciado por Inés de Suárez y continuado por los jesuitas, quienes se establecieron en Renca, nace la leyenda, confirmada por los hechos, con la que se inicia la veneración del "Señor Crucificado": un tronco de espino con la exacta forma de Cristo en la cruz, encontrado por indígenas, según se dice, cerca de Quilpué.

También en las tierras de Renca existían viñas y se cultivaban flores. Tres de las viñas más importantes -algunas lo siguen siendo- eran Santa Teresa de Lo Boza, de propiedad de los padres del Presidente José Manuel Balmaceda ; Santa Juana , y El Carmen.

El 6 de mayo de 1894, Renca se convierte en comuna, siendo elegido como primer alcalde don Fernando Olivares .

El carácter agrícola de la comuna se fue perdiendo, lo que llevó a los agricultores hacia el interior del valle. De esa manera, Renca, tan rica y productiva en este aspecto, comenzó a adquirir características de comuna dormitorio. En 1940, aproximadamente, empezaron a instalarse en ella las primeras industrias de la zona. Posteriormente, con la construcción de la Carretera Panamericana Norte, pasa a poblarse de numerosas industrias, formándose así el Cordón Industrial Panamericana Norte. En los años 50 aumentan sus habitantes en forma más intensa, lo cual obligó -a mi juicio, por desgracia- a cambiar totalmente su carácter urbano-rural, convirtiéndose en una comuna netamente urbana, con todos los conflictos y dificultades que hoy existen.

A pesar de lo anterior, Renca mantiene sus costumbres rurales, y todos los años celebra su tradicional fiesta de Cuasimodo, destacada a lo largo del país. El crecimiento demográfico de esta comuna, como se ha señalado, ha originado en ella problemas graves y difíciles en materia tanto de salud como de vivienda y urbanización.

No obstante esas deficiencias, Renca y Curacaví, comunas relevantes de la Región Metropolitana, se esfuerzan con creatividad e imaginación, cada una acorde a su realidad, por mejorar el nivel de vida de sus habitantes, lo que en gran medida están logrando.

En ese sentido, debe destacarse el significativo papel que están cumpliendo sus autoridades municipales -alcaldes y concejales- y sus dirigentes sociales, quienes -estoy seguro-, tomando en cuenta el desafío que tienen por delante y su historia de cien años de existencia, con el apoyo de todos, harán que esas comunas se sientan verdaderamente parte de nuestra patria y tengan progreso y prosperidad, como son nuestros deseos para todos sus habitantes.

He dicho.

El señor VALDES ( Presidente ).-

Corresponde ocuparse en el informe de la Comisión Mixta formada en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política, recaído en el proyecto de ley que reprime desórdenes y hechos de violencia en estadios y otros centros deportivos, aprobado ya por la Cámara de Diputados.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 2a, en 2 de junio de 1993.

En trámite de Comisión Mixta, sesión 12a, en 10 de mayo de 1994.

Informes de Comisión:

Constitución, sesión 31a, en 26 de enero de 1994.

Constitución (segundo), sesión 9a, en 20 de abril de 1994.

Mixta, sesión 15a, en 18 de mayo de 1994.

Discusión:

Sesiones 4a, en 5 de abril de 1994 (se aprueba en general); 9a, en 20 de abril de 1994 (se despacha en particular).

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

La Cámara de Diputados, por oficio N° 50, de 12 de mayo en curso, comunicó al Senado que en sesión celebrada ese mismo día procedió a aprobar la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras con motivo de la tramitación de la iniciativa.

Hago presente que el artículo 5º es de rango orgánico constitucional, por cuya razón, conforme al artículo 63, inciso segundo, de la Carta Fundamental, debe aprobarse por los cuatro séptimos de los señores Senadores en ejercicio (26).

El señor VALDES (Presidente).-

En discusión el informe.

El señor HUERTA.-

Señor Presidente, señores Senadores, he querido intervenir con el fin de hacer algunas precisiones, para el solo efecto de la historia de la ley, respecto de ciertas normas del proyecto que entregan obligaciones a Carabineros de Chile.

De acuerdo al artículo 1º, Carabineros deberá elaborar un informe que acredite que los centros o recintos deportivos destinados a la realización de espectáculos de fútbol profesional reúnen las condiciones de seguridad para efectuar tales eventos, sin perjuicio de las exigencias establecidas en la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Cabe precisar que Carabineros no está en condiciones de emitir opiniones específicas de carácter técnico, como -entre otras- las relativas a la seguridad que presenten las construcciones de las tribunas de los recintos deportivos. Tales aspectos técnicos son de competencia de las Direcciones de Obras Municipales respectivas, en conformidad a la ley mencionada.

Por ello, el informe de la Institución sobre la materia deberá referirse a condiciones generales de seguridad, destinadas a garantizar y mantener el orden público en los espectáculos de fútbol profesional. Así, por ejemplo, dirá relación a la calidad, cantidad y ubicación de las boleterías de los recintos o lugares donde habitualmente se produzcan grandes aglomeraciones; a la seguridad y resistencia de las mallas divisorias de las tribunas y galerías; a las condiciones de los accesos a aquéllos, etcétera.

Con estas precisiones se deslindarán responsabilidades ante posibles casos de derrumbes provocados por fatiga de las construcciones en las tribunas -tópico sobre el cual no le corresponde informar a Carabineros de Chile- u otras eventualidades.

El artículo 2° establece que Carabineros deberá señalar las exigencias especiales de seguridad pública por cumplirse en los espectáculos de fútbol profesional que el Intendente califique de alto riesgo en tal sentido.

Tocante al concepto "exigencias especiales de seguridad pública", éste debe quedar referido a las condiciones generales necesarias para el resguardo de la seguridad de las personas, sin considerar, de modo alguno, aspectos de orden técnico, condiciones éstas que deben ajustarse a los requerimientos a que alude la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, específicamente a su Título 4, Capítulo 2, "De las condiciones generales de seguridad"; Capítulo 3, "Condiciones de seguridad contra incendio", y Capítulo 7, "Teatros y otros locales de reuniones", materias que son de exclusiva responsabilidad del MINVU.

Considero que el proyecto es positivo. Y, si bien -como señaló el Senador señor Díez - no terminará con los desórdenes ni con la violencia en los estadios, como tampoco se acabó la delincuencia al dictarse el Código Penal, constituye un paso que se debe dar. La iniciativa reúne los requisitos para ello y, por lo tanto, la votaré favorablemente.

El señor VALDES (Presidente).-

Si el señor Senador lo permite, la Mesa considerará sus expresiones como el fundamento de su voto.

El señor HUERTA.-

Muy bien.

El señor DIEZ.-

En mi calidad de Presidente de la Comisión Mixta , debo manifestar que el texto propuesto en el informe fue aprobado por la unanimidad de sus integrantes presentes y, además, que se trató y aprobó por consenso en la sesión de ayer de la Cámara de Diputados.

A propósito de las palabras del Honorable señor Huerta , quiero dejar constancia de que su interpretación es correcta, porque el artículo 1º de la iniciativa, referente a las medidas de seguridad preventivas, en la parte final señala: "sin perjuicio de las exigencias establecidas en la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.". De manera que, evidentemente, no será pertinente solicitar a Carabineros el informe a que alude ese precepto, ni les cabrá responsabilidad sobre estas materias a esa Institución o al Intendente, sino que deberá aplicarse la Ordenanza General de la ley indicada.

De lo que sí se pedirá informe de Carabineros es acerca de la existencia de las medidas especiales señaladas por ese mismo organismo policial, destinadas a facilitar a sus funcionarios el cumplimiento de la labor de garantizar la seguridad del público asistente, y que, al mismo tiempo, permita lo que se pretende con esta legislación: responsabilizar a personas determinadas por los delitos que se cometan en un estadio.

Finalmente, es preciso establecer que el espíritu de la Comisión es el de que la ley en proyecto tenga carácter disuasivo, no punitivo; y que respecto de los menores de 18 años y mayores de 16, el juez sólo imponga como pena la prohibición de asistir a espectáculos deportivos de esa naturaleza durante un plazo determinado, pudiendo sustituir la sentencia, a petición del interesado, por trabajos voluntarios en beneficio de la comunidad por el término que se fije, los cuales tendrán que ejecutarse en días festivos, por no más de 8 horas a la semana, y contar con la aceptación del inculpado, a fin de cumplir con los tratados internacionales.

Por las razones expuestas, pido al Senado que, al igual como procedió la Cámara de Diputados, aprobemos el informe por unanimidad.

El señor VALDES (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se aprobará el informe de la Comisión Mixta.

-Se aprueba (26 votos), dejándose constancia de que se cumple con el quórum constitucional requerido.

El señor VALDES (Presidente).-

Continuaremos el estudio del proyecto sobre Radio Nacional de Chile, el cual cuenta con nuevos informes de las Comisiones de Transportes y Telecomunicaciones y de Hacienda. (Véase en los Anexos, documento 10).

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican.

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 8ª, en 19 de abril de 1994.

Informes de Comisión:

Transportes, sesión 12ª, en 10 de mayo de 1994.

Hacienda, sesión 12ª, en 10 de mayo de 1994.

Transportes (nuevo), sesión 15ª, en 18 de mayo de 1994.

Hacienda (nuevo), sesión 15ª, en 18 de mayo de 1994.

Discusión:

Sesiones 13ª y 14ª, en 11 y 17 de mayo de 1994, respectivamente. (Queda pendiente la discusión).

El señor LARRAIN.-

Señor Presidente , luego de los nuevos informes de las Comisiones de Transportes y Telecomunicaciones y de Hacienda, y a propósito de las conversaciones sostenidas sobre la materia entre representantes de distintos partidos políticos y la autoridad de Gobierno presente hoy en este Hemiciclo, queremos plantear la idea de aprobar el texto propuesto, pero con la incorporación de una norma que, si bien no fue acogida por la Comisión respectiva cuando se presentó oportunamente, ha sido renovada para su debate en la Sala.

La citada indicación tiene por objeto agregar un artículo tercero transitorio del siguiente tenor: "La Corporación de Fomento de la Producción y el Fisco de Chile, en su calidad de propietarios del 99% y 1% respectivamente de las acciones de la sociedad anónima "Radio Nacional de Chile S.A.", deberán proceder a licitar públicamente sus acciones dentro del plazo de 180 días a contar de la promulgación de esta ley.". Tal artículo contenía un inciso segundo, el cual no fue incluido en el acuerdo a ¿ que hago referencia. El acuerdo se hace en el entendido de que la expresión "licitar públicamente" -para los efectos de la historia fidedigna de la ley- incluye algunas otras opciones que permitan que la autoridad, dentro del plazo -sea por la vía del remate total o parcial- pueda alcanzar el objetivo que se está señalando. Ello básicamente tiene el predicamento de asegurar que esta emisora pase a manos privadas en la forma que sea mejor económicamente, pero dentro de un plazo determinado.

En ese sentido, estaríamos de acuerdo en aprobar el proyecto.

El señor LARRE.-

Señor Presidente , luego de escuchar la exposición del señor Ministro , debo hacer presente que los señores Senadores que firmamos la indicación, acordamos reponer el párrafo primero de ella sobre la base de que el concepto "licitar públicamente" significa vender las acciones en remate público.

Sobre el particular, solicito al señor Ministro confirmar -para la historia de la ley- que el compromiso del Gobierno es para vender las acciones en remate público.

Asimismo, deseo pedir al señor Ministro que el compromiso que hemos asumido en el Senado se respete en la Cámara de Diputados, de manera que el artículo transitorio no sufra ninguna innovación ni se modifique el concepto histórico con que se aprueba.

El señor DIAZ .-

Señor Presidente , deseo hacer constar, para la historia de la ley, que en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones las indicaciones tendientes a fijar los plazos de venta o a rigidizar la operación comercial misma se rechazaron por tres votos contra dos. En la posición de mayoría estuvieron los Honorables señores Hamilton , Mc-Intyre y el Senador que habla. Tuvimos en vista dos consideraciones fundamentales: que su aprobación afectaría la posibilidad de vender la Radio en condiciones más favorables y, por otra parte, que el Gobierno es el más interesado en licitarla lo antes posible. Para convencerse de ello basta ver el reajuste que ha debido hacerse al aporte de capital que venía en el proyecto original. Las cifras van subiendo de día en día. No obstante, de ninguna manera cabe poner un plazo perentorio como se ha sugerido.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , nuestro propósito es respaldar la venta de la Radio al sector privado y la idea es que se haga antes de 180 días. Para el Gobierno, no tiene sentido estratégico alguno mantenerla en sus manos; no hay razones de ninguna naturaleza que lo justifiquen. De modo que nos parece innecesario poner un plazo a la venta, no obstante lo cual, si otros señores Senadores lo consideran indispensable, no tenemos inconveniente en aceptar una indicación en ese sentido, a fin de poder aprobar la iniciativa.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , antes que todo deseo precisar un hecho. Un señor Senador señaló que nuestra indicación fue rechazada por tres votos contra dos en la Comisión de Transportes. Eso es efectivo, pero no dijo que el Honorable señor Mc-Intyre manifestó en esa oportunidad que la rechazaba a pesar de estar absolutamente de acuerdo con los votos de minoría, por haber adquirido el compromiso personal con el señor Ministro de votar favorablemente la iniciativa...

El señor LAVANDERO.-

Es malo que se hagan esas infidencias, señor Senador...

El señor OTERO.-

...De manera que este voto no significa que el señor Senador discrepara de nuestros planteamientos.

Ahora bien, aquí se plantea una situación bastante especial. En mi opinión, las dos indicaciones presentadas constituyen la única manera de que -frente a lo expresado anteriormente por el señor Senador que me interrumpió sin autorización de la Mesa- podamos tener la certeza de que el proyecto no será modificado sustancialmente en la Cámara de Diputados, lo cual podría dejarnos sin la norma si, una vez en la Comisión Mixta, la Cámara insistiera en rechazar el artículo transitorio y nosotros en mantenerlo. Al no haber acuerdo, esto simplemente desaparecería, pese a toda la buena voluntad del señor Ministro y al compromiso que pueda adquirir con nosotros, porque, como muy bien ha dicho el señor Senador a que me he referido, no hay ninguna manera de garantizar que la Cámara de Diputados vaya a respetar un acuerdo político alcanzado en el Senado. Este es un hecho cierto, y, afortunadamente, no lo hicieron ver los Senadores de esta bancada, sino los de la Concertación.

¿Qué estamos haciendo en este caso? Se nos pide -y por esto es una materia de quórum calificado- autorizar "al Estado para desarrollar actividades empresariales en materias de instalación, operación y explotación de estaciones de radiodifusión y de las concesiones de servicio de radiodifusión de libre recepción" que actualmente son de propiedad de Radio Nacional de Chile.

Obviamente, sin la autorización del Senado, esto no puede hacerse. Los Senadores de la bancada que represento deseamos darla. Creemos en lo que ha dicho el señor Ministro ; nos influyen considerablemente todos los argumentos dados en la Sala y en la Comisión de Transportes en el sentido de que la mantención de la Radio constituye un real dispendio, que no tiene justificación alguna. Sin embargo, como lo señaló hoy el señor Ministro -por lo demás, es un hecho público y notorio-, el proyecto fue enviado hace cuatro años a la Cámara de Diputados, y en su oportunidad no fue posible aprobarlo en esa Cámara. De modo que todo lo que se dijo en la Sala caía por su base, porque el Gobierno tuvo la posibilidad, al ser asunto de su exclusiva iniciativa, de haber transformado el actual status híbrido de la Radio Nacional en una sociedad anónima al estilo de Televisión Nacional .

En consecuencia, señor Presidente , estamos ante un problema muy serio que el señor Ministro ha explicado con absoluta claridad: o la Radio se transforma en sociedad anónima y se privatiza, o las pérdidas continuarán día a día, con gran deterioro del erario. En un comienzo se estableció un aporte determinado; en el transcurso de la tramitación de la iniciativa en el Senado, la suma ha aumentado en alrededor de 60 millones de pesos para los efectos de suplir el déficit normal producido. Y, de acuerdo a lo que se nos ha indicado, esto seguirá ocurriendo en los próximos meses, de suerte que si no se procede a la privatización en la forma más rápida posible, la empresa acabará con un valor igual a cero u obligará al Gobierno a hacerle aportes extraordinarios.

Más grave aun es que en la Comisión se nos haya dicho ayer: "Sí, es posible que debamos disponer nuevos aportes". Me parece que el Senado debe tenerlo muy claro. Se ha señalado que ello sería necesario para que la Radio pudiera hacerse cargo de las indemnizaciones que hubiera que pagar al personal con motivo de la transformación. Esto no viene en el informe, pero sí está en las actas de la Comisión, ya que lo señaló ayer el señor Subsecretario. En este punto, uno no puede sino manifestar su extrañeza, porque, evidentemente, si se la transformará en una sociedad anónima, lo que va a remate son las acciones de ésta, que debe asumir todas las responsabilidades consiguientes. No vemos qué justificaría un nuevo aporte del Estado.

Todos estos argumentos nos mueven, precisamente, a encontrar razón al señor Ministro . Lo que nos llama la atención es que, siendo tal la posición del Gobierno, no se acepte dejar establecidas claramente en la ley las precisiones que proponemos.

No aceptamos simplemente el término "licitación pública", porque en un Gobierno anterior vimos cómo se entendía ésta. Se anunciaba al público que se vendería, se señalaba un plazo para recibir ofertas, se recurría al derecho a declararlas desiertas y se terminaba negociando directamente. Y han sido los Senadores de la Concertación quienes más han criticado esta forma de enajenar bienes que se usó en el pasado. Con razón o sin ella, han alegado que, pese a las licitaciones públicas, las privatizaciones no fueron trasparentes. Por eso mismo, para evitar esas críticas, aprendiendo de los posibles errores de otro tiempo, hemos señalado que cuando se transfiere un bien del Estado, ello debe hacerse con una trasparencia tal que nadie pueda quedar con dudas, y nada hay más trasparente que un remate público.

Por eso, señor Presidente , condicionaremos nuestros votos favorables a la iniciativa a lo siguiente. En primer lugar, que se acepte la indicación renovada al artículo 1o, reemplazando la palabra "licitadas" por "rematadas". De esa forma, en la parte pertinente, diría: "para el solo efecto de que esta persona jurídica de derecho público sea transformada en sociedad anónima abierta y las acciones respectivas sean rematadas públicamente.". Ahora, si el señor Ministro desea mantener la palabra "licitadas" y deja constancia de que la entiende en el sentido de remate público, como señala el Diccionario de la Real Academia, no tenemos inconveniente en aprobar la norma en esa forma.

¿Por qué esta indicación? Porque, gracias a ella, si no hay acuerdo en la Cámara de Diputados, no hay ley, ya que este artículo es el que reglamenta la condición bajo la cual el Senado está dando la autorización para que el Estado haga una actividad comercial y transforme a la Radio Nacional en una sociedad anónima que se rija por las normas de la sociedades anónimas abiertas. ¿Pero, para qué lo autorizamos? Para que licite públicamente las acciones respectivas. Y en eso están de acuerdo el Senado y el señor Ministro , de manera que no vemos ningún motivo para que se rechace nuestra proposición.

Lo anterior lleva, también -como ha señalado el señor Ministro , que se ha mostrado de acuerdo-, a acoger la indicación renovada del Honorable señor Larraín , en virtud de la cual la CORFO y el Fisco "deberán proceder a licitar públicamente sus acciones dentro del plazo de 180 días a contar de la publicación de esta ley.".

Ahora bien, aceptar sólo esta última, dado lo expresado por un señor Senador de la Concertación , implicaría que la Cámara de Diputados podría rechazarla -se trata de un artículo transitorio- sin afectar el resto del proyecto, que quedaría íntegro. En cambio, si aprobamos la indicación al artículo 1°, esa Corporación se verá imposibilitada de votarla negativamente, porque, en tal caso, no habría ley y así se tendría que respetar la voluntad del Senado.

En lo personal, estoy dispuesto a aprobar el proyecto en las condiciones que he señalado -que la Radio se convierta en sociedad anónima y se privatice-, las cuales coinciden plenamente con lo planteado por el señor Ministro. No existe diferencia alguna al respecto, salvo el hecho de que nosotros aspiramos a que determinadas precisiones queden establecidas claramente en el texto de la iniciativa.

Si así se hace, no tenemos problema alguno en votarla favorablemente, aun cuando se nos diga que no hay manera de comprometer los votos de la Cámara de Diputados. Como todos sabemos, eso es imposible. Pero de esta manera tenemos la garantía de que si la Cámara Baja ignora el acuerdo político aquí alcanzado, el proyecto no podrá transformarse en ley.

En suma, señor Presidente , creo que el acuerdo debe quedar materializado en la forma que he señalado: acoger la indicación al artículo 1º, acortando su frase final, de suerte que diga: "y las acciones respectivas sean licitadas públicamente.", y, enseguida, aprobar el artículo transitorio propuesto por el Honorable señor Larraín en el entendido de que "licitación" significa "remate público".

He dicho.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , agradezco al Senador señor Piñera la interrupción que me ha dado.

Deseo señalar que el Honorable señor Otero aludió a mí en cuanto a que habría dado por sentado que la Cámara de Diputados no respetaría este acuerdo. En realidad, eso fue dicho no sólo por mí, sino también por la Senadora señora Feliú . ¿Por qué? Porque estando de acuerdo en una materia de fondo, nosotros creemos necesaria -y estoy convencido de que todos los Parlamentarios de la Concertación así lo estiman- la constitución de una sociedad anónima para que el Estado pueda desprenderse de la Radio Nacional. Pero de ahí a que tengamos que obligar a la Cámara de Diputados porque un señor Senador -como lo ha hecho en otras oportunidades- nos condiciona el despacho del proyecto a la aprobación de las normas que él, sin un acuerdo político, nos impone, me parece incorrecto. Si hubiese existido un acuerdo político, podríamos responder; pero, en las actuales circunstancias, consideramos inconveniente que se nos plantee imponer condiciones a otra rama del Congreso.

Asimismo -por decir lo menos-, me parece incorrecto que, estando ausente un señor Senador , el Honorable señor Mc-Intyre haya señalado que hubo un acuerdo que se vio obligado a cumplir, no obstante que él pensaba de otra manera. A mi juicio, esas afirmaciones no se pueden expresar acá si no está presente el Senador del caso, y menos aún en esta ocasión, para inducirnos a adoptar una determinada posición. Haya sido efectivo o no, me parece que los compromisos privados no se pueden hacer públicos sin estar presente la persona que los tomó, a fin de que ésta pueda ratificarlos o rebatirlos.

He dicho.

La señora CARRERA.-

Señor Presidente, intervendré para expresar que tengo grandes dudas para votar positivamente el proyecto.

Me hace mucho peso la pérdida de 40 millones de pesos mensuales que presenta la Radio Nacional a costo fiscal y, asimismo, el que ésta haya generado inmensas deudas por no pagar sus impuestos -al parecer desde 1987-, deudas que no han sido aclaradas por el directorio militar que, aparentemente, es el mismo que fue nombrado cuando esta Radio fue confiscada.

En todo caso, desde 1982, los "estados de resultados" de la Radio Nacional han mostrado desequilibrios operacionales que se han manifestado en pérdidas, descapitalización .y endeudamientos múltiples. Esta mala gestión del directorio obliga a condonar millonadas deudas también con cargo al Fisco. Esas circunstancias imponen la necesidad de deshacerse de dicha Empresa.

Por esa razón, a mi juicio, hay que votar favorablemente el proyecto. Sin embargo, mis dudas se refieren al problema de conciencia que se produce al pronunciarse sobre esta iniciativa, porque ello significaría legitimar la apropiación de este bien que ahora se pretende enajenar.

Antes Radio Nacional fue CB 114, Radio Corporación, y pertenecía legalmente al Partido Socialista. Durante el golpe de Estado fue confiscada, tanto en lo que se refiere a sus bienes muebles e inmuebles como respecto a su bien de uso, es decir, la frecuencia; todo ello después de ser bombardeada.

La confiscación -como ya nos hemos enterado por las opiniones ilustradas del Senado- es una figura jurídica que no existe en ninguna Constitución del país, ni en la del 80 ni tampoco en las Actas Constitucionales. Sin embargo, porque apoyo al Gobierno y deseo que se suprima este problema, votaré positivamente esta iniciativa, pero quiero dejar en claro que mi voto, en ningún caso, significa legitimar el proceso que cambió la propiedad privada que el Partido Socialista tenía sobre la Radio Corporación, transformándola en la Radio Nacional.

Voto también que sí porque el Gobierno ha ofrecido incluir la frecuencia en un proyecto que indemniza a las organizaciones a las cuales ha confiscado sus bienes y se los restituye. Tengo ciertas esperanzas de que la Oposición se pronuncie en favor de dicho proyecto, en consideración a que es de justicia ya que, también, respeta la propiedad privada, elemento cultural que, a mi juicio, la Derecha está en cualquier caso interesada en reforzar.

Por otra parte, las condiciones políticas imperantes en nuestra sociedad parecen desenvolverse hacia relaciones normales entre los partidos políticos.

Creo que una votación razonable respecto del futuro proyecto de restitución de bienes que enviará el Gobierno ayudaría a ese desenvolvimiento, y ello depende de este Senado.

En la confianza de que mi voto favorable a esta iniciativa tenga esa proyección, votaré a favor.

El señor PIÑERA.-

Partí concediendo una interrupción al Senador señor Lavandero , Honorable colega, de modo que se la daré a usted inmediatamente después de expresar mis observaciones.

Señor Presidente , en el fondo estamos todos de acuerdo. Queremos que la Radio Nacional se transforme en sociedad anónima y reciba los aportes del Estado que ahora requiere con el objeto de que sea transferida al sector privado dentro del plazo de 180 días, mediante un mecanismo de licitación pública, transparente, que permita a todos tener igualdad de oportunidades en ese proceso.

Dadas estas condiciones, técnicamente, la mejor forma de asegurar el fin compartido por todos es que ello quede consignado en el articulado permanente, por las razones expuestas por el Honorable señor Otero . Y, por esa razón, me permito sugerir la siguiente indicación -esto requiere la unanimidad de los señores Senadores presentes-, para sustituir el artículo 1º por uno redactado en estos términos:

"Artículo 1º.- Autorízase al Estado para desarrollar actividades empresariales en materia de instalación, operación y explotación de las estaciones de radiodifusión y de las concesiones de servicio de radiodifusión de libre recepción de que actualmente sea dueña o concesionaria Radio Nacional de Chile, creada por el DL. N° 258, de 1974, para el solo efecto de que esta persona jurídica de derecho público sea transformada en sociedad anónima abierta y las acciones respectivas sean licitadas públicamente dentro del plazo de 180 días desde la publicación de esta ley".

Propongo esta norma porque creo que refleja exactamente lo que estamos buscando, de modo que solicito unanimidad al respecto.

Con la venia de la Mesa, concedo ahora una interrupción al Honorable señor Bitar.

El señor BITAR .-

Señor Presidente , me alegro de la propuesta formulada por el Honorable señor Piñera , porque coincide con la indicación que hemos planteado y que la Mesa tiene en su mano.

Creemos que de esa manera se ratifica lo que hemos querido todos, si bien tenemos que aclarar que la palabra del señor Ministro y de los Senadores de la Concertación vale cuando se dice que existe un acuerdo político para despejar la materia que nos ocupa.

Queremos dejar precisado que esta sugerencia final no tiene otro sentido que el de permitir que las cosas circulen rápido; que no nos demoremos más de la cuenta cuando estamos todos de acuerdo para evitar que esto se torne en algo interminable. Pero nuestra palabra vale: hemos señalado que el propósito es privatizar Radio Nacional antes de 180 días.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , nosotros también concurriremos a dar la unanimidad que se solicita.

Como ya hemos intervenido con anterioridad respecto de esta iniciativa, sólo quiero reiterar por última vez, en nombre de los Senadores de esta bancada, que aprobaremos el proyecto en el entendido de que existe el compromiso formal del Gobierno de incluir, en el proyecto sobre devolución de bienes a los partidos políticos, una figura que permita la restitución o la indemnización no sólo por los bienes, sino también por los derechos conculcados arbitrariamente. Ese es el caso de Radio Corporación, en la que no sólo sus bienes físicos estarían contemplados en la normativa que se discutió el año pasado, sino también los derechos que existían sobre la concesión de espacio radiofónico. Sólo en esa virtud concurriremos a aprobar el proyecto en debate y daremos la unanimidad que se nos solicita en este momento.

En su oportunidad, recabaremos del Senado que se acoja la iniciativa de ley que discutiremos después del 21 de mayo, porque a nuestro juicio es un asunto de toda justicia. Y vamos a pedir no sólo a los Senadores de Gobierno sino también a los de Oposición que nos acompañen en esta reivindicación que expongo, que consideramos indispensable en defensa -como lo ha expresado aquí en una intervención anterior el Honorable señor Ominami - del derecho de propiedad, tan caro para todas las bancadas, y particularmente para las del frente.

He dicho.

La señora FELIU.-

Señor Presidente , lo extenso del debate me ha hecho intervenir, no obstante que primitivamente no pensaba hacerlo. Pero, como se han hecho muchas afirmaciones a mi juicio incorrectas, estimo conveniente aclararlas.

En primer término, el señor Ministro mencionó una apertura del Gobierno al aceptar indicaciones. Francamente, me parece que ha incurrido en un error respecto a la interpretación de las normas del Reglamento del Senado. Ha sido la propia Corporación la que, en una apertura realmente digna de alabanza, ha estudiado indicaciones en el caso de un proyecto que no estaba aprobado en general.

En segundo lugar, tal vez el señor Ministro piensa que éste es un proyecto de artículo único, lo que tampoco es efectivo. Se trata de una iniciativa con numerosos artículos y que, empleando una técnica legislativa muy discutible o dudosa, se presenta como de artículo único. La verdad es que contiene distintas materias, una de las cuales es la autorización al Estado para desarrollar actividades empresariales. Otra de sus normas contempla un aporte para la Radio Nacional. Luego, no se trata de un proyecto de artículo único, razón por la cual es posible formular indicaciones y el Senado estaba en su perfecto derecho al fijar un plazo para ello.

Aún más. El Gobierno también presentó una indicación, aprovechando para aumentar el aporte a la Radio Nacional, como si fueran pocos todos los que ya se le han otorgado a través de distintas leyes.

También quiero referirme a un concepto que se ha reiterado aquí y que comparto. Las acciones de esta sociedad que se autoriza a formar deben necesariamente enajenarse en pública subasta o en un sistema de licitación que importe un mecanismo transparente de enajenación. En el transcurso del debate en el Senado se ha expuesto que en muchas oportunidades se dispone eso, pero no siempre se lleva a cabo una enajenación pública, debido a que se declara desierta la licitación y después se aplica un procedimiento de venta directa.

Debo aclarar, señor Presidente -porque creo que el tema es muy delicado-, que cuando una ley establece una enajenación en pública subasta, no hay otra manera de efectuarla. O mediante licitación pública, o a través de cualquier término similar que se use.

Tal vez, las situaciones a que han aludido los señores Senadores son aquellas en que la Administración, sin estar obligada a una licitación pública, la realiza voluntariamente, o bien, aquellas en que la ley faculta expresamente, como ocurre con los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda, para declarar desiertas las licitaciones y llegar a un contrato directo.

Me parece que era conveniente hacer todas esas precisiones, señor Presidente.

He dicho.

El señor PRAT.-

Señor Presidente , celebro el acuerdo que se ha producido en torno de este proyecto de ley, que entrega los recursos que se requieren, crea una sociedad anónima y obliga a la licitación de Radio Nacional.

Pero, para los efectos de colaborar en su redacción, el señor Ministro ha mencionado que habría otro acuerdo -que se circunscribe a los partidos de la Concertación, sin embargo-, relativo a la presentación de un proyecto para restituir los bienes de las colectividades políticas. Sobre el particular, debo precisar que ese acuerdo no es parte de este otro y que cuando se discuta esa iniciativa de ley habrá oportunidad de hacer ver las razones para oponerse a ella.

-Se aprueba en general el proyecto (por 26 votos afirmativos y con las abstenciones de los Honorables señores Lavandero y Ruiz-Esquide), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, en su nuevo informe, recomienda aprobar el articulado contenido en su primer informe, con una serie de enmiendas, además de lo ya introducido por la Comisión de Hacienda.

Por su parte, la de Hacienda, en su nuevo informe, sugiere acoger el texto despachado por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.

El señor VALDES ( Presidente ).-

Si le parece al Senado, todas estas proposiciones se aprobarán por unanimidad, de modo que se reunirá el mismo quórum anterior.

-Se aprueban.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Corresponde pronunciarse, igualmente, sobre la indicación del Senador señor Otero al artículo 1º permanente -en términos también planteados por el Senador señor Piñera y que contienen las enmiendas sugeridas por el Honorable señor Bitar, lo que fue aceptado por el señor Ministro - y sobre la indicación del Senador señor Larraín respecto de un nuevo artículo transitorio.

El señor VALDES (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se aprobarán en la misma forma.

-Se aprueban, quedando despachado en particular el proyecto.