Labor Parlamentaria

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

En el primer lugar del Orden del Día figura el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados que sustituye el decreto ley N° 258, de 1974, sobre Radio Nacional de Chile, para modificar su estructura, con informes de las Comisiones de Transportes y Telecomunicaciones y de Hacienda.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 8a, en 19 de abril de 1994.

Informes de Comisión:

Transportes, sesión 12a, en 10 de mayo de 1994.

Hacienda, sesión 12a, en 10 de mayo de 1994.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

El proyecto tuvo su origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República y está calificado de "Suma Urgencia", cuyo plazo vence el 13 de mayo.

La Comisión de Transportes deja constancia de que el artículo 1° contenido en el artículo único, en virtud del artículo 19, N° 21°, de la Constitución, es de quórum calificado, por lo que su aprobación, en conformidad al artículo 63, inciso tercero, de la misma, requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los Senadores en ejercicio.

La referida Comisión aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Cooper, Hamilton y Mc-Intyre, y recomienda hacer lo mismo a la Sala, con las modificaciones sugeridas a los artículos 8° del texto sustitutivo y 2° transitorio de la iniciativa.

La Comisión de Hacienda, por su parte, hace presente que el proyecto está debidamente financiado y propone aprobar el texto evacuado por la Comisión de Transportes con la enmienda al citado artículo 1° que señala en su informe, el cual fue suscrito por los Honorables señores Andrés Zaldívar ( Presidente ), Errázuriz, Lavandero, Ominami y Piñera.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Se encuentra en la Sala el señor Subsecretario General de Gobierno, quien está reemplazando al señor Ministro , que se halla afectado de salud.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Antes de entrar a la discusión general, quiero informar que los miembros de la Comisión Bicameral, encargada de reglamentar algunos aspectos de la ley de plantas del Congreso Nacional, están facultados para asistir a la reunión que dicho organismo efectuará en pocos minutos más.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

En discusión general el proyecto.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , quiero dejar constancia de que en la página 6, segundo párrafo, del informe de la Comisión de Hacienda, se da cuenta de un asunto que no queda debidamente claro, como se planteó allí. Dice lo siguiente:

"A su vez, el señor Subsecretario General de Gobierno se comprometió a enviar a la brevedad el listado de todos los directorios de Radio Nacional de Chile desde su creación en 1974 hasta el día de hoy, así como a plantear dentro del seno del Ejecutivo una compensación por la pérdida de la mencionada frecuencia sufrida por el Partido Socialista.".

Lo que se señala está perfectamente bien. Pero, además, en la Comisión se agregó que debían incluirse en la misma situación otras dos emisoras que también fueron confiscadas: la Radio Balmaceda y la Radio Cooperativa Vitalicia, a la que se incautaron prácticamente ocho filiales regionales.

Ahora bien, entrando al fondo del proyecto, señor Presidente , debo expresar que el problema que estamos tratando es bastante delicado; no es simple, sobre todo en estos días, cuando se habla con tanta insistencia de corrupción. Pero ésta muchas veces sólo se ve en un lado, no en el otro.

¿Qué ocurrió con Radio Nacional? Es necesario que el Senado lo sepa: no fue expropiada, contra lo cual reclaman siempre los defensores de la propiedad privada, sino confiscada, mediante decreto ley, en 1974. A partir de ese momento se suceden numerosos directores. Tengo aquí una lista y quisiera que se insertara en la Versión Taquigráfica a fin de que se conozcan sus nombres. Comienza en 1984, porque del período 1974-1987 no existen memorias, constancias ni documentos (estos últimos desaparecieron). Sólo se sabe que entre 1987 y 1990 se generó una deuda por IVA, impuesto que si un comerciante, por pequeño y modesto que sea, no paga, motiva que éste vaya a parar a la cárcel.

No hay datos entre 1986 y 1974 -año en que se dictó el decreto ley 258- de las deudas efectivas contraídas por esta radio confiscada, ni de que haya pagado tributos jamás. Recién se dispone de antecedentes a contar de 1987. Pues bien, entre este año y 1990 se produjo una deuda, sólo por IVA, de más dé mil millones de pesos. También las hay por otros conceptos: impuesto a la renta, liquidación de gravámenes aduaneros, derechos de utilización del espectro radioeléctrico, que tampoco se pagaron, generando una enorme deuda. Nos encentramos, entonces, con una situación extraordinariamente grave y -hay que decir las cosas como son- potencialmente corrupta.

¿Quiénes fueron los directores que. permitieron la confiscación, señor Presidente ? Como dije, no hay ninguna constancia de ello. ¿Qué sanciones se aplicaron a los responsables del no pago del IVA, que implicó una gran pérdida para el Estado y para todos los chilenos, que debimos hacernos cargo de ella, al igual que de la deuda subordinada y de la deuda externa?

Ahora, si se prefiere, puedo dar lectura a la nómina de directores que ha tenido Radio Nacional desde 1984. Ellos son los siguientes:

En 1984: don Ramón Bascur Gaete , Teniente Coronel de Ejército , y don Gerardo Malujer Abraham , Teniente Coronel de Carabineros .

En 1985: don Alfonso Herrera Correa , Capitán de Navío; don Rolando Daroch González, Teniente Coronel de Carabineros; don Emilio Timmermann Undurraga , Teniente Coronel de Ejército ; don Octavio Mardones Ibáñez , Coronel de Aviación, y don Leslie Cooper Allan , Presidente .

En 1986: don Gustavo Marín Watkins , Capitán de Navío; don Ornar Oyarce Caviedes, Teniente Coronel de Carabineros; don Luis Jofré González, Teniente Coronel de Ejército; don Octavio Mardones Ibáñez , Coronel de Aviación, y don Iván Córdova Evans , Presidente .

En 1987: don Gustavo Marín Watkins , Capitán de Navío; don Ornar Oyarce Caviedes, Teniente Coronel de Carabineros; don Luis Jofré González, Teniente Coronel de Ejército; don Octavio Mardones Ibáñez , Coronel de Aviación.

En 1988: don Gustavo Marín Watkins , Capitán de Navío; don Mario Salame Martín , Coronel de Carabineros; don Luis Jofré González , Teniente Coronel de Ejército ; don Pablo Ortega Canelo , Comandante de Grupo (AD).

En fin, aquí tengo la lista completa, desde 1984 hacia adelante, de los directores de la emisora,...

El señor OTERO .-

¿Me concede una interrupción, señor Senador ?

El señor LAVANDERO .-

...que permitieron dos cosas graves: la confiscación de la Radio y, por ende, el no pago de su precio a los legítimos dueños, y, además, que se administrara de tan mala manera que hoy día deben pagarse mil 500 millones de pesos.

El señor OTERO .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador , para hacerle una consulta?

El señor LAVANDERO.-

Con todo agrado, con la venia de la Mesa.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Otero .

El señor OTERO .-

¿Tendría la gentileza, Su Señoría , de informarnos quiénes han sido los consejeros de Radio Nacional entre 1990 y 1994?

El señor LAVANDERO .-

Por supuesto.

En 1990 y 1991 fueron consejeros los señores Gustavo Marín Watkins , Capitán de Navío; Juan Castro Nustas , Coronel de Carabineros; Roberto Hott Krull , Teniente Coronel de Ejército , y Pablo Ortega Canelo , Comandante de Grupo (AD).

En 1992 y 1993, los señores Gustavo Marín Watkins , Capitán de Navío; Juan Castro Nustas , Coronel de Carabineros; José García Ferlice , Teniente Coronel de Ejército , y Carlos Hernando Leslie , Comandante de Grupo (AD).

¿Desea que continúe, señor Senador? Sigo.

En 1994, ocupan dichos cargos los señores Cristian Cifuentes Cabello , Capitán de Navío; Juan Castro Nustas , Coronel de Carabineros, y Juan Miguel Fuentealba, Teniente Coronel de Ejército .

Señor Presidente, quiero señalar que no obstante lo manifestado, voy a votar favorablemente el proyecto,...

El señor MC-INTYRE .-

¡Es una inconsecuencia, señor Senador !

El señor LAVANDERO.-

... porque el Estado debe desprenderse de las cuantiosas pérdidas que le produce esta radioemisora, producto de los intereses y multas acumulados durante sus distintas administraciones a partir de 1974.

Asimismo, obra en mi poder un listado en el que consta el monto de la deuda que se arrastra hasta hoy día, incluidos los intereses y multas impagos. Hay que reconocer, por supuesto, que los actuales consejeros de la Radio Nacional han visto condicionada su labor a causa de las obligaciones no pagadas que vienen desde el año 1987.

Por otra parte, carecemos de información respecto de lo ocurrido antes de ese año porque, además, parte de las deudas fueron al parecer condonadas; de tal manera que no hay antecedentes sobre el particular. No obstante ello, deseo que el Estado se desprenda de esta deuda y de la radioemisora que ha sido mal administrada desde su confiscación.

Señor Presidente , me parece que debe dejarse constancia de estos hechos, porque, muchas veces, cuando un concejal no paga una boleta de 200 pesos, se habla de corrupción, de tremendo escándalo y se le da gran publicidad en diarios y televisión. Sin embargo, ¿qué se hace cuando se producen situaciones como las de Radio Nacional de Chile? Se esconde la información para impedir que se investigue lo ocurrido.

Si se habla de corrupción, hagámoslo derechamente y deroguemos la disposición transitoria que impide...

El señor SIEBERT .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor LAVANDERO .-

...a la Cámara de Diputados investigar sucesos ocurridos antes de 1990, cuando hubo acontecimientos escandalosos cuyas consecuencias todavía están siendo pagadas por el Estado, por todos los chilenos.

Cuando uno hace referencia a estas cosas dicen: "Eres exagerado. Miremos para adelante y no hacia atrás". Entonces, ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, para luego hablar a rebato sobre corrupción y escándalo.

Señor Presidente, deseo dejar constancia de estos hechos como una muestra, sin pretender salvar a nadie de las obligaciones que debieron haber cumplido y que, sin embargo, no cumplieron.

Y es la Radio...

El señor SIEBERT .-

¿Me concede una interrupción, señor Senador ?

El señor LAVANDERO .-

Con todo agrado, Su Señoría .

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Con la venia de la mesa, tiene la palabra el Honorable señor Siebert .

El señor SIEBERT .-

Señor Senador , no se puede calificar...

El señor LAVANDERO .-

Ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa, porque, si no, no le daré la interrupción. En conformidad al Reglamento debemos hacerlo así y hablar en tercera persona para referirse a los señores Senadores.

El señor SIEBERT.-

¡Voy a mirar al señor Presidente para que no se enoje el Honorable colega!

Señor Presidente , no puede calificarse de corrupción algo de lo que nosotros estamos perfectamente conscientes, como lo es la mala y deficiente administración de cualquier empresa estatal. Y la Radio Nacional de Chile ha sido una empresa estatal por la circunstancia que todos conocemos. En 1973 había 550 empresas del Estado deficientes, que producían pérdidas año tras año, y, desde esa fecha, paulatinamente, fueron siendo privatizadas, con lo cual lograron mejorar su administración.

No puede generalizarse y acusar de corrupción a los directores de empresas estatales. Hemos visto como los actuales directores de la empresa del Estado que escandalizó a Chile con una pérdida de casi 300 millones de dólares, también se están lavando las manos en cuanto a su responsabilidad en los hechos, declarando que no hay corrupción ni responsabilidad de su parte. De manera que yo defiendo a los directores de dichas empresas, las qué, si bien son deficientes en su administración, no por ello sus personeros son corruptos. He dicho.

El señor SULE.-

Hay algunas empresas estatales que son eficientes, señor Senador.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Continúa con el uso de la palabra el Honorable señor Lavandero.

El señor LAVANDERO .-

Agradezco las observaciones formuladas por el señor Senador y por declarar públicamente que en los directorios de las empresas estatales -se refirió expresamente a CODELCO- no hay corrupción.

Pero, ¿qué diferencia hay entre los directores de Radio Nacional de Chile y CODELCO? La cantidad de recursos involucrados y, además, que la emisora fue confiscada y la Corporación del Cobre no lo fue. De modo que las circunstancias son absolutamente distintas.

Me alegro de haber escuchado esas palabras, y lamento que muchas personas tomen tan a la ligera el problema de la corrupción. La verdad es que cuando ésta involucra a un funcionario público, éste no es siempre el único corrupto, sólo es "el chancho que se come el afrecho", pero, ¿quién se lo da?, ¿quiénes son los corruptores? Los que tienen el poder económico. Ellos son los que deben ser regulados cuando el Estado abre esos caminos.

¡Basta ya entonces de tratar políticamente el asunto, y de achacar el problema al Gobierno democrático! Ahora, por lo menos, los hechos pueden ser conocidos en la radio, en la televisión y en la prensa, a diferencia del pasado cuando se censuraban hasta las fotografías. ¡Y qué más ilustrativo que una fotografía! Hubo ocasiones en que su publicación fue prohibida, y otras en que aparecían bajo manchones negros, para evitar que se conociera la corrupción.

Entonces, señor Presidente , actuemos de una vez por todas en forma seria, sin demagogia, midiendo con el mismo padrón el futuro y el pasado, y no demos a cosas como ésta carácter político.

El señor SINCLAIR.-

Continuemos con la discusión del proyecto, señor Presidente.

El señor LAVANDERO .-

Lamento que al señor Senador que me interrumpió le duela lo que he señalado, porque es parte de lo que siempre apoyó.

Sin embargo, así como hoy no defiendo ni a un democratacristiano ni a nadie que cometa errores o actos de corrupción, espero también que nadie en el Senado defienda a quienes incurrieron en tales conductas en el pasado.

He dicho.

La señora FELIU.-

Señor Presidente , hemos escuchado una larga disertación del señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, relativa a materias que seguramente son de gran interés para el Senado y para todos los Honorables colegas, pero que, realmente, no dicen relación con el proyecto de ley en trámite.

La Radio Nacional de Chile fue creada mediante el decreto ley N° 258, de 1974, con carácter de empresa autónoma del Estado; sus trabajadores se rigen por el Código del Trabajo, y se encuentra dirigida por un Consejo que, de acuerdo con la normativa que la regula, está integrado por el Director de la División y Comunicación Social de la Subsecretaría General de Gobierno, que lo presidirá, y por un miembro de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, designados por las respectivas instituciones. El Consejo puede delegar parte de sus atribuciones en un director.

En consecuencia, no debe extrañarnos que en la nómina de consejeros, a la que se acaba de dar lectura parcialmente, figuren numerosas personas que tienen el rango de Oficiales de las Fuerzas Armadas, porque así está compuesto hoy el directorio de la Radio Nacional de Chile.

Tocante a la situación de las deudas tributarías, se ha sostenido que ello importaría una corrupción. La verdad es que las corrupciones, como situaciones de hecho, deben ser investigadas como tales, y un retardo en el pago de un impuesto puede deberse a dolo, a culpa o a razones de fuerza mayor, como falta de recursos, que pueda tener origen tanto en una buena como en una deficiente labor de administración. Personalmente, desconozco la razón del no pago de impuestos, los que, sin duda debieron cancelarse oportunamente.

Respecto del pago de los tributos de Radio Nacional de Chile, debo recordar lo siguiente.

Por un lado, la ley N° 19.041, en su artículo 1° condonó el 100 por ciento de los reajustes e intereses por atraso en el pago de las contribuciones, intereses y multas por atraso en la declaración y/o pago de los impuestos fiscales adeudados al 31 de diciembre de 1989. Dicho cuerpo legal fue aprobado por el Congreso Nacional y publicado en el Diario Oficial de 11 de febrero de 1991. O sea, las deudas de arrastre fueron condonadas por una ley de la República.

Y, por otro, la ley N° 19.033, de 22 de enero de 1991, otorgó a Radio Nacional de Chile, empresa creada por el decreto ley N° 258, un aporte extraordinario de capital de varios millones de pesos, los que, según el artículo 3° de la mencionada preceptiva, "tendrán como destino final el pago de la deuda originada con anterioridad al 11 de marzo de 1990". De la lectura de los informes no queda claro el monto de la deuda tributaria, producida por el no pago de impuestos, anterior y posteriormente a la fecha indicada, y como consecuencia de la mala situación de una empresa deficitaria. Y así lo expresó el señor Ministro ante la Comisión de transportes y Telecomunicaciones donde señaló que Radio Nacional no era capaz de solventar sus gastos, y, que, por lo tanto, desde el punto de vista económico era imposible mantenerla. Manifestó, además, que el Estado no necesitaba contar con un medio de esta especie porque existen más de 400 emisoras en nuestro país, con lo cual se encuentra absolutamente garantizada la libertad de expresión en materia radial, y que, por ende, no se justifica su posesión.

Esa es la historia de la empresa.

El proyecto de ley en estudio propone una transformación de esta empresa fiscal, y autoriza al Estado para desarrollar actividades empresariales en una sociedad anónima formada íntegramente por él, donde los aportantes de capital serán la Corporación de Fomento de la Producción, dueña de 99 por ciento de sus acciones, y el Fisco de Chile, del uno por ciento. Esta facultad para desarrollar actividades empresariales, tal como se señala en la iniciativa, tendrá carácter indefinido, por lo que, a mi juicio, sería imposible aprobarla. Esta autorización, según se expresó en la Comisión -pero no se establece en el texto del proyecto-, es transitoria y sólo para los efectos de que esta sociedad venda sus acciones y sea privatizada.

Por mi parte, estoy completamente de acuerdo en que la empresa pierda su carácter público. Sólo genera gastos al Estado y no resulta indispensable para satisfacer una necesidad en este ámbito, en el que hay en funcionamiento alrededor de 400 radios. Por otro lado, soy contraria a la posibilidad de que se transforme en una sociedad anónima indefinida, porque ello no impedirá que siga siendo deficitaria y acabe teniendo los mismos problemas que enfrenta hoy, agravados por una administración ciento por ciento libre, en circunstancias de que se trata de recursos públicos. Estos nunca deben administrarse en esa forma, sino, muy por el contrario, de manera coordinada, a fin de que exista un orden interno y se asegure que se gasta en lo que realmente corresponde.

Ahora, si se planteara la transformación de esta actividad empresarial en una sociedad anónima de tránsito o paso, necesario y obligatorio, destinada a privatizarla y vender la totalidad de sus acciones, naturalmente estaría de acuerdo y apoyaría una iniciativa en ese sentido.

En suma, señor Presidente, no aprobaré el proyecto por cuanto no contiene un plazo o una orden perentoria respecto de la privatización de la empresa en comento.

He dicho.

El señor COOPER.-

Señor Presidente , en verdad, solicité la palabra precisamente para aclarar lo relativo a la disposición legal vigente respecto de Radio Nacional, que acaba de exponer la señora Senadora que me antecedió. No obstante, en mi calidad de Presidente de la Comisión , deseo reiterar algunos puntos de vista que expuso el señor Ministro durante el trámite del proyecto en la Comisión.

El señor Secretario de Estado dio tres razones fundamentales para no mantener a Radio Nacional en el sector público.

En primer lugar, la circunstancia de que en nuestro país hay aproximadamente 400 emisoras que dan una gran cobertura y pluralidad en ese medio de comunicación.

En segundo término, el pasivo de Radio Nacional, el cual es de tal magnitud que la deja fuera del propósito del Gobierno de lograr su autofinanciamiento o su mantención con un mínimo de subsidio.

Por último, como consecuencia de lo anterior, señaló que el Gobierno ha resuelto transformar a la empresa en una sociedad anónima, condonar su deuda tributaria y tomar luego las medidas conducentes a su posterior transferencia al sector privado.

La Comisión, luego de debatir las materias reseñadas, y en vista de los antecedentes estudiados, aprobó por unanimidad la idea de legislar.

En cuanto al estudio del articulado, estimo conveniente destacar las explicaciones del señor Ministro Secretario General de Gobierno en relación al artículo 1°, que autoriza al Estado para desarrollar actividades empresariales de radiodifusión.

Dicho Secretario de Estado señaló que la redacción de esta norma es similar a la de diversas leyes que permitieron traspasar empresas estatales al sector privado y que el proyecto de ley en análisis se refiere únicamente a Radio Nacional de Chile.

Por otra parte, hizo presente que la venta directa de la Radio no podía efectuarse sin una autorización legal previa, y, asimismo, que su alto endeudamiento hace que la enajenación resulte poco atractiva para los posibles interesados.

Concluyó destacando que con la condonación de deudas tributarias y con el aporte fiscal se haría factible la licitación al sector privado.

En relación al artículo 2°, que se refiere a la constitución de la sociedad anónima, se analizó la conveniencia de fijar plazo a ésta para que, una vez constituida, proceda a licitar sus acciones. No obstante, el señor Ministro explicó que ello no era conveniente desde el punto de vista comercial, pues contribuiría a bajar su precio de venta y crearía una serie de dificultades, tales como la espera de los compradores interesados hasta una fecha próxima al vencimiento del plazo para su adquisición.

En relación a los artículos 5° permanente y 1° y 2° transitorios, cabe destacar que constituyen una demostración de que la deuda tributaria de Radio Nacional subió, en el lapso de un año, de 587 millones de pesos a algo más de 733 millones de pesos, es decir, en 146 millones, lo cual da un promedio mensual aproximado de 12 millones. Ello, sin considerar multas e intereses, que serían condonados.

La Comisión concluyó que se trata de un proyecto que posibilita la privatización de una empresa que no es indispensable, de acuerdo con el principio de subsidiariedad del Estado, que se inserta dentro del denominado "orden económico constitucional". En este caso, el Estado dejaría actividades que los particulares realizan en gran número en Santiago y a lo largo del país.

Por otro lado, podría objetarse que aquél efectúe un aporte a una de sus empresas para saldar deudas tributarias, beneficio que no otorga nominativamente a otras compañías de radiodifusión del sector privado. Sin embargo, desde un punto de vista práctico y teniendo en vista que el objetivo es vender las acciones -así lo ha señalado el señor Ministro Secretario General de Gobierno -, ello resulta aconsejable, pues para que alguien se interese en comprar es necesario que la situación patrimonial de la empresa se halle razonablemente equilibrada.

Lo que no podría aceptarse es que, efectuada la transformación de Radio Nacional y hecho el aporte de más de 733 millones de pesos, CORFO mantuviere indefinidamente la propiedad del capital accionario, en lugar de venderla en un futuro cercano.

Como se ha señalado, la Comisión aprobó por unanimidad en general y en particular el proyecto, acogiendo las dos indicaciones presentadas por el Ejecutivo en virtud de las cuales, por una parte, se rebaja el patrimonio con que contará la empresa y, por otra, se aumenta el aporte que hará el Fisco para pagar sus deudas tributarias.

He dicho.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , a juicio de los Senadores del Partido Por la Democracia, en la iniciativa en debate hay tres problemas básicos involucrados: primero, la posibilidad de que el Estado tenga medios de comunicación; segundo, la constitucionalidad de la condonación de intereses y multas que establece el artículo 1° transitorio, y tercero, si se quiere o no enajenar esta radio, y cuáles serían las condiciones, requisitos y modalidades que, en opinión del Congreso, debería tener esa operación.

En la Cámara de Diputados, con motivo de la tramitación del proyecto relativo a Televisión Nacional, se produjo un amplio debate acerca del papel del Estado con respecto a los medios de comunicación. En esa oportunidad, centramos la discusión en la conveniencia de tener una televisión estatal objetiva y pluralista, a la cual tuvieran acceso todos los sectores del país y que sirviera realmente los intereses generales del Estado y de la nación. Eso se tradujo en el actual Estatuto de Televisión Nacional de Chile, el cual fue aprobado mayoritariamente. En general, creo que existe consenso, salvo las excepciones correspondientes, en que ese mecanismo está funcionando adecuadamente en términos globales.

Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto de Radio Nacional, porque la política del actual Gobierno -por lo que se observa- es desprenderse de ella, toda vez que ya lo hizo en provincias con algunas concesiones por la vía de la licitación privada. Queda pendiente esta empresa del Estado, constituida por ley.

Si uno lee el articulado, llega a la conclusión de que el Ejecutivo enajenará esta radioemisora, porque de otra manera no se comprendería el hecho de estar transformando una empresa del Estado en sociedad anónima, la cual resulta mucho más expedita y fácil de enajenar por la vía de la venta de las acciones. Por lo tanto, considero que ese punto está despejado, por lo menos, para nosotros.

Por lo demás, recuerdo que el Ministro Secretario General de Gobierno de ese entonces, manifestó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que el propósito del Ejecutivo era enajenar Radio Nacional de Chile en los términos más convenientes para el Fisco y para el Estado, en general.

El segundo tema que está en el tapete de la discusión es la condonación de los intereses y multas y el aporte que hace el Estado a Radio Nacional de Chile. Algunos han expresado que esa medida sería inconstitucional, porque estaría quebrantando el principio de la igualdad ante la ley. En verdad, aquí entran en juego varios preceptos de la Carta y no tan sólo el artículo 19, número 2°, el cual establece la norma general sobre la igualdad.

Por lo demás, la filosofía del proyecto es muy clara. Estamos condonando intereses y multas a una empresa del Estado (se trata de recursos públicos que ella debe al Fisco) y, al mismo tiempo, le hacemos un aporte para que los pague. Es decir, sacamos dinero de un bolsillo para ponerlo en otro. De tal manera que no hay ninguna posibilidad de que los 587 millones de pesos puedan emplearse en otra cosa. Se van a usar momentáneamente en eso: van a volver al Fisco y éste de nuevo los va a tener en su patrimonio.

No existe un problema constitucional ni tampoco estamos quebrantando la filosofía de distribución de los ingresos del Fisco en función de la inversión de desarrollo social.

Finalmente, deseo señalar que si queremos resguardar el patrimonio fiscal debemos efectuar precisamente lo que estamos haciendo en la tramitación de este proyecto: transformar a la empresa en cuestión en sociedad anónima y sanear sus finanzas para que no quede con tributos pendientes y pueda ser vendida en la oportunidad más adecuada, conforme a los precios del mercado. Sin embargo, si no la transformamos en sociedad anónima; si tenemos una empresa quebrada, que debe impuestos, y si le fijamos plazo -como señala el señor Ministro - para su venta, naturalmente la encuadramos en un marco rígido que no va a posibilitar un precio adecuado ni conveniente.

Por lo tanto, examinando a fondo y detenidamente el contenido del proyecto, nos parece que con él resguardamos los intereses de la nación, del Fisco y de los ciudadanos.

He dicho.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , me voy a referir en forma muy somera al proyecto en debate.

El señor Subsecretario hizo una exposición muy clara acerca de la iniciativa. Fue muy explícito en la Comisión, en la cual, con mucha dignidad, defendiendo los intereses del Gobierno, expresó la conveniencia de enajenar la Radio Nacional. Jamás mencionó alguna palabra sobre corrupción o problemas administrativos; sólo se preocupó de los intereses nacionales. Por lo tanto, los miembros de ella aprobamos el proyecto.

Sin embargo, al inicio del debate en la Sala, nos hemos encontrado con una iniciativa que nada tiene que ver con la que nosotros habíamos aprobado, donde se habla de corrupción, de que se debe analizar la situación de decenas de años hacia atrás, de que las pérdidas son enormes, y -lo más grave- se hace una larga y detallada lista de personas, prácticamente todas miembros de las Fuerzas Armadas, que abarca desde antes y después de 1990. La mayoría de ellas se hallan en servicio activo, y son personas dignas y honorables que jamás pensaron que iban a ser mencionadas por un señor Senador en la Cámara Alta, siendo acusadas, prácticamente, de corrupción.

Si alguien piensa que las relaciones cívico-militares son mejoradas con esa clase de intervenciones y que nosotros -personas moderadas que trabajamos por el bien del país- vamos a quedar impertérritos ante esos ataques, debo decir que esas expresiones no sólo provocan malestar dentro del Senado, sino que van, si no a interrumpir, por lo menos a hacer menos fluidas dichas relaciones.

Los nombres ya quedaron registrados en la Versión Taquigráfica de hoy. Como no pueden ser eliminados de la lista, lo menos que puedo decir es que se trata de personas dignas y honorables, que nunca han sido encausadas judicialmente, y que no están involucradas en corrupción alguna. Frente a problemas políticos importantes, como el de CODELCO u otros, debe tenerse cuidado de no tocar la dignidad de ellas, lo que en el último tiempo ha estado muy en boga en el Senado.

Prestaré mi aprobación al proyecto en debate, pero quiero dejar muy en claro que su nueva concepción -de acuerdo con los términos en que fue estudiado en la Comisión, según venía previsto- es absolutamente distinta a la anterior, pues ésta no consignaba la mala intención que hoy se advierte.

El señor OMINAMI.-

Señor Presidente, en verdad, detrás de un proyecto de importancia aparentemente menor, como en el caso presente, subyacen dos cuestiones que involucran situaciones graves.

La primera dice relación al acto de violar de manera flagrante el derecho de propiedad. Ello constituye la base del debate. En un país donde aquél afortunadamente se valora de manera muy positiva, nosotros, los que fuimos más afectados por una confiscación, consideramos que sería muy importante tener un solo padrón de medida, un solo criterio; y que quienes con tanta pasión y ardor han defendido en otras circunstancias ese derecho, puedan hacerlo también cuando no son sus bienes los cuestionados.

En este caso, fue el Partido Socialista en particular el objeto de una confiscación. Y a mí me llama la atención que quienes -insisto-, con razón, plantean con tanta fuerza el respeto del derecho de propiedad en nuestro país, no levanten su voz para explorar vías que permitan reparar la injusticia que de hecho se ha cometido. Y ésta no sólo ha afectado los bienes del Partido Socialista, pues una situación similar involucra a Radio Balmaceda y a algunas frecuencias de Radio Corporación.

Por lo tanto, la primera observación se refiere a la flagrante violación al derecho de propiedad y -como lo planteamos en las dos reuniones de la Comisión de Hacienda, en donde se analizó el proyecto- a la importancia que tiene el hecho de que el Gobierno pueda reparar tal injusticia, por la vía de la restitución de sus bienes a los partidos políticos.

En ese sentido, esperamos que todos los Parlamentarios sean consecuentes con su apego al respeto del derecho de propiedad.

La segunda cuestión involucrada en el asunto tiene que ver con una transgresión sistemática de la empresa de todas las normas tributarias. En efecto, luego de la investigación que realizamos en la Comisión de Hacienda, observamos que no existe vestigio alguno del pago de impuestos. Tengo la impresión de que constituye un hecho inédito en la historia tributaria del país la circunstancia de que una empresa no haya pagado nunca impuestos. Esto debe configurar una situación absolutamente única.

Quiero decir que el trato que se dio a ella contrasta radicalmente con el que recibe cualquier contribuyente. Si una persona o los ejecutivos de una empresa no pagan sus tributos en general o el IVA en particular van a prisión. Y aquí se trata de una dirigida por un directorio, cuya composición se ha señalado aquí, que dejó de pagar los suyos y que no fue objeto de las acciones legales que, conforme a las normas tributarias, es preciso materializar ahora para que el Fisco pueda resarcirse convenientemente.

Existe, en consecuencia, una segunda irregularidad grave. Y, a mi juicio, es muy importante que, al momento de pronunciarnos sobre una condonación de deudas y un aporte de capital para cancelar esos impuestos, tengamos suficiente claridad al respecto. Creo que aquí ha habido una multiplicación de irregularidades, y es del caso dejarlo establecido al discutir esta situación en el Honorable Senado.

Termino mi intervención reiterando nuestra esperanza de que tanto la grave injusticia cometida en contra del Partido Socialista a través de las confiscaciones de sus frecuencias CB 114 -la misma que ocupa hoy Radio Nacional- como las perpetradas respecto de otras radioemisoras existentes en 1973 (Balmaceda y Cooperativa) puedan ser resueltas mediante el proyecto de restitución de bienes a los partidos políticos.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Hacienda quiero informar que efectivamente en ella emergieron algunas de las observaciones aquí planteadas. Principalmente el debate se centró en un aspecto que, a mi juicio, constituye una preocupación legítima de los Senadores del Partido Socialista, pues la iniciativa versa sobre Radio Nacional, sucesora de la frecuencia que ocupaba anteriormente la Radio Corporación, la cual fue objeto de una confiscación. Cabe señalar que ni en la Carta Fundamental de 1925, ni en las Actas Constitucionales ni en la Constitución de 1980, se establece la confiscación. Esta es una institución que se aplicó por la vía de los hechos. Y la dictación de los decretos correspondientes se hizo de acuerdo con la juridicidad que el país conoció en ese tiempo.

Efectivamente, el caso de la Radio Nacional no es el mismo que el de la Radio Corporación, en cuanto a estructura física, organización, etcétera. Después de 1973, la situación varió con respecto a lo que era antes de esa fecha. Pero sí hay un elemento determinante, la frecuencia, la cual, si bien es fruto de una concesión otorgada por el Estado a un particular en materia radiofónica, es algo que posee una valor patrimonial. Y cuando se transfiere una radio, es la frecuencia, en términos patrimoniales, lo que normalmente representa el mayor valor de lo que se paga en el mercado.

De acuerdo con los antecedentes de que disponemos, la escasez de la frecuencia en el espectro radiofónico permite que una radio AM en Santiago o en la capital de una provincia importante tenga un valor considerable.

Pues bien, discutimos este asunto en la Comisión de Hacienda, ocasión en la que hice presente -porque fui testigo de los hechos pertinentes, y en esa época era Presidente del Partido - que, no sólo se confiscó la Radio Balmaceda, sino que físicamente se destruyeron sus equipos e incluso se confiscaron los departamentos o bienes raíces en los cuales funcionaba dicha radio, la que, por supuesto, dejó de existir. Pero, además, se suscitó el problema de que los edificios que ocupaba fueron utilizados por los organismos de seguridad de la época.

Como recordé al señor Ministro y al señor Subsecretario, la Radio Cooperativa tenía una cadena nacional que cubría todo el territorio, y por una resolución adoptada durante el Régimen militar -que no voy a calificar, porque desde nuestro punto de vista es absolutamente injusta e improcedente-, también fue objeto de un acto arbitrario, al caducársele ocho frecuencias radiofónicas en todo el país y dejarla reducida sólo a sus frecuencias en Santiago, Valparaíso y Concepción. En todo caso, creo innecesario recordar a los señores Senadores esta situación, porque tienen muy vividos estos hechos y no me parece que los hayan olvidado en tan poco tiempo.

Con motivo de la discusión habida en la Comisión, se hizo ver la conveniencia de que el Gobierno planteara su posición sobre qué sucederá con esta situación, como asimismo, con un asunto que está pendiente -espero que el Senado lo trate en su oportunidad con la justicia que corresponde-, relativo a los bienes confiscados a los partidos políticos y a las organizaciones sindicales.

También nuevamente debo destacar que éste es un acto sin ningún fundamento jurídico, ni siquiera dentro de la juridicidad del Régimen militar, porque el sistema de la confiscación no está contemplado -como ya se expresó- en ninguna parte de la normativa jurídica que rigió durante los 17 años de esa Administración. Respecto de este tema, el Gobierno fue claro al expresar su compromiso de incluir en la convocatoria un proyecto de ley referente a la confiscación de bienes que afecta a los partidos, a las organizaciones sindicales y a otras entidades sociales. Existe el propósito, asimismo, de introducir algunas modificaciones al texto ya conocido en la Cámara de Diputados y de contemplar la forma de resarcir los daños o devolver algún tipo de frecuencia a quienes hayan sido afectados por medidas de confiscación en ese sentido.

Como Presidente de la Comisión de Hacienda , es mi obligación -y así lo asumí durante la discusión del proyecto- dejar constancia en la Sala del compromiso contraído por el señor Ministro Secretario General de Gobierno y por el señor Subsecretario.

Ahora bien, por otra parte, la Comisión estimó que el proyecto cumple absolutamente con las exigencias legales y constitucionales relativas a su financiamiento, ya que el gasto que significa el aporte fiscal, que alcanza a 733 millones de pesos aproximadamente, se calza con un partida equivalente del Tesoro Público. Además, se llega a la conclusión de que se trata de un mero movimiento contable dentro de las cuentas del Fisco, ya que se desembolsa esa cantidad, pero, a la vez, con ella se reembolsan los impuestos impagos desde 1987 a la fecha, correspondientes, principalmente, al no pago del impuesto al valor agregado (IVA), y en una pequeña parte, al Impuesto a la Renta y a un impuesto a un derecho radiofónico.

Respecto del objeto del proyecto, no sólo se trata del pago de estos impuestos adeudados con una condonación de intereses y multas, respecto de lo cual podría alegarse una discriminación de no igualdad ante la ley, como se ha señalado aquí -personalmente, creo que esto no tiene tanta trascendencia, pues ya se tramitó un proyecto sobre condonación de intereses y multas por el anterior Parlamento, condonación, a la que, efectivamente, no se acogió la Radio Nacional-, sino que también podría interpretarse como una manera de dar una nueva oportunidad a uno de los contribuyentes que no se acogió a la normativa general que permitió esa condonación de intereses penales y multas.

Por lo demás, personalmente estimo bastante inconducente el hecho de condonar o no condonar, por cuanto, en caso negativo, en lugar de 733 millones habría que dar seguramente 500 ó 600 millones de pesos más, que jugarían nuevamente en el mismo ejercicio contable fiscal al entregarlos a la Radio Nacional para que ésta, a su vez, se los proporcionara a la Tesorería por concepto de pago de impuestos. O sea, tampoco se produciría un mayor problema si se optara por la vía de no condonar y de pagar haciendo un mayor aporte fiscal.

Ahora, en cuanto al tema de la operación misma, a lo que es la transformación de la Radio Nacional en una sociedad anónima, otorgándole por una sola vez autorización para que pueda proceder como en actividades empresariales, el Gobierno tiene un compromiso claro y definido en el sentido de que esta Radio sea licitada a fin de ser adquirida por el sector privado. El Ejecutivo no tiene intención ni decisión -y así quedó en claro en la Comisión- de mantener este activó en el patrimonio fiscal y en la gestión empresarial. En ese aspecto, el Honorable señor Errázuriz sugirió fijar un plazo. A su vez, el señor Subsecretario consideró esto inconveniente desde la perspectiva del buen manejo de la venta, pues, si se establecía un plazo perentorio, se dejaba muy limitada la negociación. Pero sí manifestó que existía el claro compromiso del Gobierno de licitar la Radio Nacional a la mayor brevedad, en atención a que, según nos informaron tanto él como la gerenta de la entidad, el déficit mensual de esta empresa, debido a la falta de ingresos, era del orden de los 30 millones de pesos mensuales. Es decir, cada mes que pasa se va haciendo más difícil la situación. Pero, de seguir en esa perspectiva y de no hacerse una enajenación y una licitación dentro de un tiempo más o menos razonable, tendríamos seguramente que dictar una nueva ley con el objeto de dar financiamiento a la Radio Nacional para que pague sus deudas.

También el Honorable señor Errázuriz manifestó su deseo de formular indicación al artículo 1° para precisar lo relativo a la autorización de la actividad empresarial para este solo efecto y para que se enajenara la Radio Nacional transfiriéndola del sector fiscal al privado.

En definitiva, ésas fueron las razones que llevaron a la Comisión a aprobar todo el articulado del proyecto, condicionado a lo expuesto por el Honorable señor Ominami , así como a los planteamientos formulados por el Senador señor Errázuriz y por el propio Presidente . Hubo cuatro votos a favor y la abstención del Honorable señor Lavandero respecto de todos sus artículos. El señor Senador requirió una serie de antecedentes, los que fueron proporcionados durante el transcurso de dos sesiones.

He dicho.

El señor MC-INTYRE .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Con la venia de la Mesa, no tengo inconveniente.

El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).-

Puede hacer uso de ella el Senador señor Mc-Intyre.

El señor MC-INTYRE .-

Señor Presidente , no obstante tener razón Sus Señorías, desde su punto de vista, en no estar de acuerdo con el decreto ley N° 77, de 1973, cabe señalar que su texto daba legalidad a lo que estamos comentando. En efecto, su artículo 1°, junto con disponer la cancelación de la personalidad jurídica de los partidos políticos, establecía que, además, sus bienes pasarán al dominio del Estado, el que los destinará a los fines que estime conveniente. De modo que existía un cuerpo legal que permitía proceder en esos términos, aun cuando -como es lógico y natural- los partidos políticos correspondientes no estuvieran de acuerdo en ello.

El señor RUIZ, don José ( Presidente accidental ).-

Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Zaldívar .

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Debo aclarar al Honorable señor Mc-Intyre que es muy difícil justificar una confiscación sobre la base de un decreto ley dictado por el propio Régimen militar que la autorizó, porque en ninguna norma constitucional vigente a esa fecha ni en las Actas Constitucionales se contemplaba la posibilidad del Gobierno de confiscar bienes. Y la Constitución de 1980 -¡gracias a Dios!- tampoco consigna la institución de la confiscación. Se trata de una institución que en ninguna legislación ni normativa constitucional del mundo está contemplada, porque es un acto arbitrario, que atenta contra los derechos más esenciales de lo que es el patrimonio de las personas.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , un señor Senador aludió a mí diciendo que he hablado con mala intención, por el hecho de haber dado lectura a un documento oficial a instancias, incluso, de otro señor Senador. Se trata de un hecho. Por desgracia, las nóminas de los directorios de la Radio Nacional están completas desde ahora hasta 1984, pero hacia atrás no las hay; han desaparecido de los archivos correspondientes. En cuanto a los otros antecedentes que he dado a conocer, sobre los montos de los dineros adeudados, también se trata de datos oficiales, de modo que son hechos. Por ello, no puede deducirse que haya habido mala intención. He anunciado que voy a votar favorablemente el proyecto y he señalado que las personas a que me referí, en su calidad de directores, son responsables de la conducción de la empresa; pero decir eso no constituye una mala intención. Tampoco he atacado la honorabilidad de persona alguna. Sólo he dado lectura a la composición de los directorios habidos en la Radio Nacional hasta 1984. Ahora, si eso es una mala intención, la opinión pública podrá juzgarlo.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente , deseo decir muy francamente que me cuesta comprometer mi voto favorable al proyecto en estudio y que me inclino más bien por abstenerme, porque mi impresión muy personal es que, de aprobarlo, de alguna manera estaríamos legitimando una figura jurídica inexistente en la Constitución de 1925 y que tampoco está consignada en la de 1980, como muy bien lo recordó el Senador señor Andrés Zaldívar : la confiscación, figura que, de hecho -llamémosla por su nombre-, fue una usurpación.

En realidad, independientemente de la circunstancia de que el decreto ley N° 77, de 13 de octubre de 1973, canceló la personalidad jurídica de todos los partidos de la Unidad Popular y confiscó sus bienes; que el decreto ley N° 78, de 17 de octubre del mismo año, declaró en receso al resto de las colectividades políticas existentes en el país en aquella época; que el decreto ley N° 1.697, de 12 de marzo de 1977, canceló la personalidad jurídica, además, a los Partidos Demócrata Cristiano, Nacional e Izquierda Radical; que el decreto ley N° 258, de 14 de enero de 1974, dio origen a Radio Nacional de Chile -ella ocupó la misma frecuencia de Radio Corporación, que era propiedad legítima y legal del Partido Socialista-; que el decreto supremo N° 1.382, de 14 de septiembre de 1974, declaró disuelta la sociedad "Corporación de Radio y Televisión Limitada", e independientemente también de los juicios históricos que tengamos y de la valoración jurídica que podamos invocar, lo real y concreto es que esas emisoras y otras, como "Balmaceda", tenían propietarios legítimos, al tenor de la normativa jurídica vigente en la época. El Partido Socialista gozaba de personalidad jurídica y adquirió todas sus propiedades en conformidad a las disposiciones legales en vigor y con toda la normalidad que exigía la ley.

Entonces, me pregunto, Honorables colegas, si podemos legitimar un acto que a todas luces constituye una confiscación de bienes, sin indemnización de ningún tipo. Sé que podemos entrar a hacer muchas disquisiciones de carácter legal y constitucional, y dar al respecto interpretaciones muy distintas; pero, en el fondo -repito-, al aprobar esta iniciativa estamos, de hecho, legitimando un acto de usurpación de pertenencias legalmente adquiridas, en este caso concreto, por el Partido Socialista, y bien puede ser por otros más.

En cuanto a Radio Nacional, tenemos clara su situación y no deseamos que ella se prolongue. Sabemos perfectamente que esa emisora tiene un pasivo extraordinariamente grande; una deuda imposible de mantener por largo tiempo, la que cuesta al erario aproximadamente 40 millones de pesos mensuales; que tiene una pesada carga tributaria, no cancelada en su momento, y una previsional inusualmente abultada.

Por ello, no deseo que se deduzca de mis palabras siquiera el intento de que se conserve una estación que no reporta utilidad alguna al Estado de Chile ni a la entidad que en este momento la dirige. Incluso, no me opongo a que, en su momento, pase a la CORFO, para que ella proceda a su licitación. Dicha Radio ya hizo un esfuerzo para alivianar su deuda vendiendo algunos activos que poseía, y se desprendió de algunas filiales de provincia.

A mayor abundamiento, debo señalar que al Partido Socialista, además de esa emisora, se le confiscó -ello no se señala en la intervención del señor Ministro - un predio de diez hectáreas ubicado en la actual comuna de La Florida, camino a Puente Alto. Sus Señorías tendrán claro que una propiedad de esa superficie en el paradero 16 de La Florida tiene un valor extraordinariamente alto; sin embargo, le fue confiscada. También se le privó de la banda de frecuencia modulada de Radio Corporación, una de las primeras en su tipo existentes en el país. Y, en virtud del mismo decreto dictado al efecto, se le quitó o confiscó -en mi opinión, se le usurpó-, una cantidad no despreciable de radios de provincia. Asimismo, debo señalar que el Partido Socialista poseía en ese entonces alrededor de 40 de ellas. Y está claro que nunca recuperará esas frecuencias. En efecto, dicha colectividad, con su personalidad jurídica, poseía una red nacional de emisoras, al igual como la tenían las Radios Cooperativa y Balmaceda . Y ninguna le será devuelta. Sé que el Estado concede el uso de las frecuencias; que ellas no tienen la misma naturaleza jurídica de un bien raíz, pero recordemos que sobre las mismas se ejerce el derecho de propiedad.

En mi opinión, cuando uno se pronuncia favorablemente ante una iniciativa como la que se analiza, de alguna manera está legitimando actos de usurpación ocurridos con anterioridad, independientemente de los hechos que en su momento movieron a la autoridad (vale decir, a la Junta Militar de Gobierno) a dictar esos decretos; pero lo real es que estamos ante una situación extraordinariamente delicada. Al respecto, espero que los señores Senadores -particularmente los de Oposición- aprueben el proyecto que el Ejecutivo envíe en su oportunidad para restituir los bienes confiscados a los partidos políticos, entre otros, al Partido Nacional, del cual varios miembros del Senado fueron militantes. Todos tenemos claro que en algún instante debemos hacer una reparación y devolver algunas de sus pertenencias, o bien otorgar las indemnizaciones correspondientes. Por ejemplo, en Valparaíso, Gendarmería de Chile se hizo cargo de un local que la colectividad a que pertenezco había adquirido 30 años antes, ajustándose a la legalidad de la época. Y todavía lo tiene en su poder, lo que resulta totalmente absurdo. Otro tanto sucede con muchos otros bienes en manos de Carabineros de Chile u otras instituciones.

Pero la argumentación de fondo que deseo señalar es que, en mi concepto, al votar favorablemente el proyecto, de algún modo estamos legitimando un acto de usurpación, de confiscación que no contemplaba el ordenamiento jurídico existente en ese tiempo.

En todo caso, estimo que el Senado debe solicitar algunos antecedentes más precisos respecto de cómo la Radio Nacional de Chile acumuló tal deuda durante tanto tiempo, incluidos los cuatro años de Gobierno del ex Presidente Aylwin . Es bueno que los conozcamos, pues en el informe no se da a conocer en profundidad y detalle la razón que se tuvo para que dicha emisora se endeudara de la manera como lo hizo. No deseo prejuzgar, pero obviamente no se me escapa que a través de ella, tal vez, se quiso hacer algún tipo de figura de carácter tributario que terminó por cargar a la estación, de propiedad del Estado, deudas que no le correspondía pagar. No es que haya habido una mala gestión durante los Regímenes del General Pinochet y del ex Presidente Aylwin , sino que, sencillamente, soportaba una carga, una "mochila" tan grande que era imposible manejarla. ¿Por qué se acumuló ese pasivo? A mi parecer, se requieren mayores antecedentes acerca de lo ocurrido.

Por lo anterior, anuncio que me abstendré de votar, no por razones de política menor, sino simplemente por creer que aún no somos capaces de reparar un hecho absolutamente injusto, ilegal -incluso en el ordenamiento jurídico de ese momento-, como fue el haber confiscado tantos bienes, no sólo al Partido Socialista, sino también a un conjunto muy grande de colectividades que no formaban parte de la Unidad Popular, como los Partidos Demócrata Cristiano, Izquierda Radical y Nacional. Pienso que se nos podrían devolver esas frecuencias, que es lo lógico. Comprendo que no se restituya un local existente en tal o cual lugar en el que se construyó un edificio, porque eso resultaría imposible. Pero es perfectamente factible que se estudie la posibilidad de devolver a esas entidades jurídicamente establecidas las frecuencias que operaban, por ser lo que corresponde y por tratarse de un bien que perfectamente puede administrar el Estado, lo que no ocurre, por ejemplo, tratándose de un predio donde se levantó un edificio, caso en el cual lo único que cabe es indemnizar. En cambio, es totalmente legítimo pedir que se restituya una frecuencia mal adquirida por parte del Estado.

Por último, podemos aceptar que la emisora que opera tal frecuencia pase a la CORFO para su posterior privatización; pero, en el caso de que se trata, hay involucrado algo que no podríamos aprobar, porque, en mi concepto, sería legitimar un acto de ilegalidad.

He dicho.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , en primer término, deseo hacer una petición formal al señor Ministro , en el sentido de que el Gobierno cambie la urgencia de la iniciativa, pues plantearé de partida que, de acuerdo con el Reglamento, se fije plazo para presentar indicaciones. Ella está redactada como artículo único, y podría estimarse que, por no haber plazo y por no formularse indicaciones quedaría aprobado en general y particular, lo que nos obligaría a votarla en contra, y no es nuestra intención hacerlo. Pero, obviamente, un proyecto de esta naturaleza requiere de un lapso para que los Senadores podamos presentar indicaciones, cosa que, dada la calificación de "Suma Urgencia", aparece seriamente dificultada.

Por eso, concedo una interrupción al señor Ministro subrogante para que nos diga si el Ejecutivo va a retirar la urgencia y a calificarla nuevamente, por ser la única manera de continuar el debate.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , el debate, que debía recaer en un proyecto determinado, ha ido derivando, por intervenciones de distintos señores Senadores, hacia otros temas. Esa circunstancia nos obliga a centrarnos en éstos.

Me parece extraordinariamente beneficioso, y lo aplaudo -lo digo sinceramente-, que los que fueron archienemigos de la propiedad privada, que los que propiciaron la ocupación de predios, de fábricas, y sostuvieron que no había que pagar indemnizaciones, hoy día hayan reconocido su error de concepto y de doctrina, y crean en la propiedad privada; defiendan la propiedad privada. Eso es algo realmente digno de destacar en esta Sala.

Porque, señor Presidente , cuando se habla de una confiscación, cuando se critica una confiscación, tendríamos que recordar -y no es bueno traerlo permanentemente a colación- que en muchísimas oportunidades, en los años anteriores a 1973, hubo ocupaciones; que hubo intervenciones que la Contraloría declaró absolutamente ilegales, así como también lo hizo, incluso, la Cámara de Diputados. Todo eso afectaba el derecho de propiedad. Es más, hoy día hay agricultores que entonces perdieron tierras sin recibir indemnización, y que nunca la han obtenido. Pensamos que ésta es una situación lamentable, que es una mancha en la historia de Chile y que no debe volver a producirse. Pero debemos tener la objetividad y la claridad suficientes para ver cómo se fueron desencadenando los hechos y cuánta responsabilidad cabe asignar en ello a doctrinas e ideologías que, por fortuna, actualmente han variado su posición en 180 grados. Desde ese punto de vista, uno debe realmente aplaudir lo que ahora escucha en el Senado.

Ahora, es preciso consignar que un señor Senador -que al parecer se entusiasmó, porque no recuerda que habló de corrupción y de malos manejos al referirse a un directorio- omitió señalar algunos aspectos que será bueno dejar en claro.

En primer lugar, quien preside el directorio de la Radio es el Director de la División de Comunicación Social de la Subsecretaría General de Gobierno . No se dieron nombres ni se mencionó este hecho, pero es una realidad.

En seguida, tampoco se dijo que el 22 de enero de 1991, a través de la ley N° 19.033, se otorgó a Radio Nacional de Chile un aporte de capital de 162 millones de pesos, cuyo destino final era el pago de la deuda originada con anterioridad al 11 de marzo de 1990. Desde esta última fecha en que la deuda quedó en cero, hasta hoy, ella ha aumentado a 700 millones de pesos.

Asimismo, se omitió puntualizar que ésta es una empresa fiscal y que, por lo tanto, la única autoridad en Chile que ha podido tomar las medidas necesarias para que vuelva a manos privadas -y no prosiga una pérdida de dinero que, a la postre, "paga Moya"- es el Ejecutivo .

Paradójicamente, el Senado deberá recordar que hace tres años vimos el Estatuto de Televisión Nacional, y que adoptamos disposiciones e introdujimos en esa ley mecanismos para evitar que nuevamente el Estado entregara dineros. Es más: se estableció que la empresa estatal que incurriera en estos déficit debía quebrar como cualquier otra, y sus ejecutivos y directores, asumir las responsabilidades consiguientes.

Pero, señor Presidente , desde 1990 a la fecha fue precisamente el Gobierno el que incurrió en demora para enviar este proyecto. No es responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de Orden, ni del Senado, el que se haya mantenido una administración deficiente en una empresa estatal, sino que fue, exclusivamente, responsabilidad del Gobierno de entonces. Este último, en efecto, debió haber enviado al Senado el proyecto de ley que hoy conocemos, para transformar la sociedad, el ente jurídico fiscal -que es un híbrido-, en una sociedad anónima, y privatizarla.

Por otra parte, no se puede aceptar que se usen términos como el de "corrupción" al referirse a directores de desempeño ineficiente. En esta bancada jamás se ha utilizado ese concepto para calificar a los ejecutivos de CODELCO, por ejemplo. En el Directorio de esa empresa ha habido Ministros de Estado , entre ellos personas conocedoras de finanzas; en el de Radio Nacional figuran oficiales de Ejército, de la Armada, de la Aviación, de Carabineros, nombrados por mandato de una ley -que no fue modificada porque el único que podía proponerlo, el Ejecutivo , no lo hizo-, pero quien lo presidía era un funcionario de Gobierno. Luego, las observaciones que hacía el señor Senador afectan seriamente al Gobierno anterior. Nosotros no participamos de su opinión.

Y no creemos que los Ministros que integraban el directorio de CODELCO eran corruptos. ¡En absoluto! Se produjo una pérdida extraordinaria para el Fisco de Chile, de un monto con el cual podríamos haber realizado gran cantidad de obras sociales; pero nunca en estas bancadas se han usado epítetos de esa naturaleza. Lo que sí se ha dicho es que hay una responsabilidad, y que es la misma que asume cualquier director de una empresa estatal cuando no administra bien: Pero de ahí a emplear el calificativo de "corrupción" -porque ello implica un delito-, hay una grande, una enorme diferencia. Y es bueno que seamos nosotros, los Senadores de Oposición, quienes pongamos las cosas en su justa medida.

El señor HAMILTON .-

Señor Presidente , no quiero dejar pasar la afirmación del Senador señor Otero de que la administración de CODELCO corresponde al Directorio.

Es muy fácil incurrir en ese error. En un plano general, el Honorable colega tiene razón: en las sociedades comunes administra el directorio, y por delegación de éste actúan los ejecutivos. Sin embargo, la ley que rige CODELCO, dictada en las postrimerías del Gobierno militar, y el estatuto, impuesto en definitiva por el criterio de la Contraloría, declaran expresa y explícitamente que en esta empresa no es el Directorio el que administra, sino el Presidente Ejecutivo , que en cualquier sociedad equivale al gerente general. Su poder no emana, en consecuencia, de una delegación de facultades del Directorio, sino derechamente de la ley.

Hago esta corrección porque Su Señoría puede, simplemente, no haber leído la ley de CODELCO. En general, tendría razón si se tratara de una sociedad anónima, de las sociedades comunes; pero, en este caso, la norma, por excepción, está revertida por la ley y el estatuto vigentes.

Gracias, señor Senador.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , debo recordar que en esa materia el Consejo de Defensa del Estado ha emitido un informe contrario a la opinión del señor Hamilton . Como constituye un asunto sometido a proceso, y soy muy respetuoso de lo que dispone el artículo 73 de la Constitución Política de la República, no voy a emitir opinión sobre lo que, en último término, tiene que ser resuelto por la justicia.

Pero sí puedo señalar que, en mi concepción, jamás, de ninguna manera, podría calificarse de "corruptos" a los directores que se desempeñaban en CODELCO, como tampoco a los directores de Radio Nacional.

El señor LAVANDERO .-

¿Me permite una interrupción, Su Señoría?

El señor OTERO.-

El último punto que quisiera plantear...

El señor LAVANDERO .-

¿Podría concederme una interrupción, Honorable colega?

El señor OTERO.-

Cabe advertir, señor Presidente, que respecto de este proyecto hay varios elementos que consideramos fundamentales. Y por eso pedí fijar el plazo para presentar indicaciones.

En primer lugar, es imprescindible incluir la misma norma que se estableció en el caso de Televisión Nacional, relativa a que no pueden darse servicios gratuitos al Gobierno, ni a las reparticiones estatales, ni a las empresas en que el Estado tenga mayoría accionaría.

Además, debe disponerse que se competirá libremente en el mercado. De modo que si la entidad va a quebrar, quebrará, aun cuando sea empresa pública.

También, debiéramos precisar -esto es muy importante- que es necesario proceder a la privatización y expresar en el texto que tanto la CORFO como el Fisco de Chile licitarán públicamente sus acciones. Esto no lo dice el proyecto; se menciona en la Sala. Pero una cosa es lo que se dice en la Sala, sin que constituya una obligación por no ser ley, y otra, lo que se incorpore en el texto legal.

Estimamos indispensable, señor Presidente , consagrar en la ley que esta empresa será privatizada -repito- y que las acciones en poder de la CORFO y del Fisco se enajenarán por medio de licitación pública. Es más: esperamos que en el articulado figuren las bases de licitación, para que ésta tenga una transparencia tal que nadie pueda objetar la forma en que se lleve a efecto ni la legitimidad de las adquisiciones.

Me parece extraordinariamente relevante incluir todo eso en el proyecto. ¿Qué va a ocurrir en caso contrario? Que vamos a seguir con una empresa estatal financiada por la vía de los socios, sin que tengamos un control para impedir que continúen las pérdidas.

Asimismo, se requiere establecer claramente que ni el Estado ni los socios podrán, en modo alguno, efectuar aportes de capital ni hacerse cargo de las deudas, desde que la entidad se constituya. Porque de lo contrario no estaríamos sino cerrando los ojos y, como el avestruz, metiendo la cabeza en la arena.

Tenemos interés en que Radio Nacional de Chile se convierta en una sociedad anónima abierta; queremos que pase al dominio privado, como lo ha expresado el Gobierno a través del señor Ministro subrogante. Pero no basta decirlo en la Sala, sino que de ello debe...

El señor RUIZ, don José (Presidente accidental).-

Señor Senador,...

El señor OTERO.-

...quedar una constancia expresa en la ley.

Señor Presidente, sé que ha llegado la hora de suspender el debate, para rendir los homenajes previstos. Espero que con posterioridad pueda finalizar mi intervención.

--Queda pendiente la discusión general del proyecto y con el uso de la palabra el Honorable señor Otero.