Labor Parlamentaria

HOMENAJE EN MEMORIA DE DON WALDO SEGUEL LÓPEZ

El señor FERNÁNDEZ .-

Señor Presidente , el 30 de marzo de 1994 se cumplió un siglo desde la llegada a Punta Arenas del primer juez de letras de ese territorio, don Waldo Seguel López.

Para quienes no conozcan esa ciudad, el nombre de Waldo Seguel probablemente no significará nada. El merece, sin embargo, un recuerdo en esta Sala, porque su gestión fue verdaderamente ejemplar. Tanto, que Punta Arenas le dedicó, por suscripción popular, un monumento que se erigió casi una década después de su muerte. Eso no es algo habitual en nuestro país, y aun se afirma que el de Waldo Seguel es el único monumento a un juez en todo Chile, ya que el levantado a don Manuel Montt lo fue en su calidad de Presidente de la República .

Tiene derecho a ese reconocimiento. Largas gestiones de las autoridades regionales de la época habían conseguido, en 1893, que se creara por fin un juzgado de letras en Magallanes, poniendo término al insuficiente mecanismo judicial anterior, vinculado principalmente a la organización municipal.

El Presidente Jorge Montt nombró como su primer titular a un joven abogado de breve carrera administrativa. A los 29 años, el 30 de marzo de 1894, llegó Waldo Seguel a Punta Arenas. Sólo abandonaría ese cargo 19 años más tarde, forzado por una grave enfermedad que determinaría su muerte prematura en 1913.

Asumió sus funciones con un celo riguroso. Pese a la inmensidad del territorio bajo su jurisdicción; a las dificultades del clima y al aislamiento; a la escasez de los medios disponibles, y a lo primitivo de las comunicaciones, la población de Magallanes no tardó en saber que encontraría en el juez Seguel el pronunciamiento oportuno y preciso para zanjar en derecho los conflictos propios de una Región y una sociedad en plena formación.

Entendía que en su función de juez debía ejercer con toda amplitud sus facultades de llamar a avenimiento a las partes, proponiendo fórmulas de armonización de todos los intereses. Advirtió que era preciso reducir en cuanto fuera posible el ahondamiento y las secuelas de los conflictos, para fortalecer la cohesión de esa sociedad todavía muy joven.

Supo ejercer también la caridad: aplicaba la sanción pecuniaria cuando era procedente, pero si sabía que el sancionado carecía de medios, él mismo le proporcionaba la suma para pagarla, o la pagaba directamente. Y eso, aunque él mismo nunca dispuso de otros medios más allá de su modesta remuneración de juez.

Su probidad fue reconocida por todos. En un homenaje que se rindió en memoria suya en 1936, un orador recordó que, habiendo sido Seguel "arbitro de cuantiosas fortunas, llegó al fin de la jornada sin otro bien que su honrosa pobreza". Ni el poder, ni el dinero, ni la presión política lo apartaron nunca de la rectitud.

Preocupado de su perfeccionamiento cultural, las remotas distancias no le impidieron dedicarse a vastas lecturas, no sólo en su idioma materno, sino también en inglés y en francés.

Renombrado como juez íntegro, versado y justiciero, pudo haber hecho una notable carrera judicial en ciudades centrales y en la capital. Sin embargo, no quiso abandonar la Región magallánica, a la que, literalmente, entregó su vida. Por eso se ha dicho con razón que Seguel, en su función de magistrado, en verdad pacificó determinantemente esa Región magallánica y patagónica. No habrían sido posibles la maduración institucional ni el desarrollo de la civilidad sin la paz social, la seguridad y el sentido de justicia que el juez Seguel supo brindar a esa comunidad que crecía en condiciones tan especiales.

Tal vez el mejor elogio pronunciado a su respecto se resume en pocas palabras: "Dio confianza en la ley". Conceptos semejantes se habían expresado antes en relación con otro gran chileno, mucho más célebre, que también fue magistrado: Manuel Montt . Uno y otro, en tiempos diferentes, hicieron del derecho, imparcialmente aplicado, el eje de su labor de consolidación y progreso social.

En el centenario del inicio de esa labor, creo de justicia rendir este homenaje. Es breve, porque él optó por la modestia como forma de vida. Pero esa brevedad encierra una muy grande admiración, ante un ejemplo verdaderamente grande.

He dicho.

SITUACIÓN JURÍDICA DEL GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS

El señor THAYER .-

Señor Presidente , señores Senadores, mis palabras, muy breves, apuntarán a una preocupación que, creo, no es sólo personal, sino nacional, acerca de una cierta baja o grado de descenso en el nivel de amistad cívica entre los chilenos.

Se han ido intensificando situaciones que tal vez no debieran haber tomado ese carácter. Y planteo el problema aquí porque tengo la convicción -la ha repetido muchas veces, y creo que gran parte de los señores Senadores, y quizá todos, la comparten- de que el Senado es un Poder público que cumple de manera principal la función de ser el centro de un debate de problemas nacionales, con una actitud ejemplar de respeto recíproco y de amistad entre nosotros.

Hemos cumplido cuatro años de Gobierno del Presidente señor Aylwin . Creo que el Senado desempeñó a satisfacción, y me atrevería a decir que con excelencia dentro de lo que es humano pensar y pedir, su función de cuerpo que debe hacer posible el diálogo, el entendimiento, el respeto y la sana discusión entre nosotros.

Sobre estas bases, quiero tomar la palabra para referirme a un asunto que se está poniendo delicado y que puede conducir a una situación conflictiva, pero que sería inútilmente conflictiva, a mi entender. Me refiero al problema creado por el feriado y el eventual permiso administrativo del General Director de Carabineros , señor Stange .

He hecho este exordio porque sé que el tema es delicado; pero, francamente, tengo la convicción de que es posible abordarlo en esta rama del Congreso. El Senado no es un cuerpo fiscalizador del Gobierno; una institución que, entre otras funciones, debe actuar como órgano consultivo del Presidente de la República y, en cierta manera, como intermediaria entre la labor fiscalizadora y netamente política de la Cámara de Diputados y las responsabilidades del Ejecutivo. Por eso, también es árbitro en materias de importancia, fijadas por la Carta Fundamental.

¿Qué ocurre en el caso del General Stange? Estamos ante una cuestión jurídica compleja, pero que me parece tiene una clara solución; y frente a cierta imagen pública que ha ensuciado el asunto, que lo ha opacado y que lo está presentando casi como una especie de pugna de poderes entre el Presidente de la República y un subalterno, la que resulta absurda, dado que, por la condición de cada cual, no puede tener lugar. Más que uno y que el otro, el que manda es el sistema institucional vigente, que todos han jurado respetar.

Estimo que si se hace un esfuerzo por examinar cuidadosamente los aspectos jurídicos involucrados, se despejará la situación. Y el Senado, a través de su intervención oficial -o de la extraoficial, o real, que compete a los propios Senadores-, podría contribuir en forma preponderante a impedir que se produzca artificialmente un problema donde, a mi juicio, no lo hay.

¿Qué es lo que acontece? Lo que sucede -expondré mi criterio sin ninguna pretensión, con toda sinceridad y con el mejor de los propósitos- es que en un proceso dramático, terrible, por la comisión de crímenes atroces, se dictó una sentencia con ciertos considerandos en que se anunciaba una denuncia por otro tipo de delitos. Y el General Director de Carabineros, que fue oído en el proceso y citado en más de una oportunidad, pero que no fue encausado, ni inculpado, ni condenado -ni como autor, ni como cómplice, ni como encubridor-, aparece, sin embargo, como sujeto pasivo de una inculpación en esa denuncia, por ilícitos que el juez es incompetente para resolver, según lo reconoce en la sentencia. El asunto es remitido, entonces, al tribunal militar que corresponde.

En parte considerable de la opinión pública se originó una explicable confusión entre lo que fue el fallo, recaído en ex personal de Carabineros sometido a proceso y al cual se aplicaron severas condenas -a mi juicio, muy merecidas, por lo atroz de los crímenes-, y lo que fue la denuncia, que no es parte de la sentencia, ni un auto de reo (como se llamaba antes) o un auto de procesamiento. Cabe advertir que ni siquiera había sido posible el descargo de quien hasta ese momento no estaba inculpado del delito que se denunciaría ante la justicia militar.

¿Qué ocurrió, entonces? La denuncia debía ser conocida por el tribunal militar; pero se presentaba un hecho particularmente delicado. En efecto, según determinada interpretación del procedimiento vigente después de distintas reformas introducidas en la legislación, correspondía a un Coronel de Carabineros actuar como fiscal instructor del sumario y el respectivo juez castrense era el que debía fallar. Lo anterior, pese a no ser del todo claro, era perfectamente posible, y así lo entendió, a su vez, por mayoría de votos, la Corte Marcial. Obviamente, si la investigación del eventual delito se hallaba encomendada a un Coronel de Carabineros, resultaba conveniente, desde todo punto de vista, que el General Director se mantuviera temporalmente al margen de las responsabilidades atinentes al ejercicio de sus funciones, porque podía estimarse que su jerarquía influiría, perjudicaría u obstruiría, de alguna manera, la libre actuación del fiscal instructor.

Pienso que eso fue lo que movió al señor Ministro de Defensa y, en cierto modo, al señor Presidente de la República , a solicitar o sugerir que el General Stange no permaneciera en su cargo. La situación era bastante delicada, porque en este caso particular hubiera sido incómodo que un Coronel de Carabineros instruyese un sumario cuando el inculpado es un oficial de mayor jerarquía, como el General Director.

Por otro lado, se observaba el rompimiento de la estructura del sistema jurídico chileno, que nunca ha aceptado que la sola denuncia criminal implique la suspensión en sus funciones de quien está desempeñándose en un puesto. Esto no lo admite ni el Código del Trabajo, ni el Estatuto Administrativo, ni el Estatuto Docente, que el Senado aprobó hace pocos años. Es preciso recordar que un dirigente sindical es inhábil para continuar ejerciendo sus funciones desde que es sometido a proceso y mientras dure éste, y cesará definitivamente en ellas al ser condenado por cierto tipo de delitos. Algo similar ocurre en la Administración Pública. Y podría mencionar múltiples antecedentes; sin embargo, no quiero quitar tiempo al Senado invocando ejemplos con citas de artículos y normas precisas. Afirmo que indiscutiblemente ello es así.

Sería un pésimo precedente y, desde luego, provocaría grave inquietud en el mundo laboral -público o privado- que se entendiera que el solo hecho de que alguien anuncie o interponga una querella en contra de algún funcionario, dirigente sindical o trabajador es titulo suficiente para que se prive a éste de su puesto o se le suspenda de sus actividades. Es exactamente al revés de lo que tiene lugar cuando en ese proceso o con motivo de esa querella se dicta en contra de la persona una "encargatoria de reo", como antiguamente se le denominaba, o un "auto de procesamiento", como se dice ahora.

¿Qué pasó en el caso en comento? Que la Corte Marcial dio a las cosas la misma interpretación que, al parecer, les había dado el Gobierno; pero la Corte Suprema revocó ese criterio y entregó la responsabilidad de todo el proceso militar al Ministro en visita señor Alfredo Pfeiffer , un civil, quien deberá cumplir las tareas de instruir el sumario -o sea, la de investigar- y de dictar sentencia.

¿Qué había acaecido en el entretanto? Que, para facilitar la solución del problema, el General Stange pidió anticipadamente su feriado legal, el que, como todo período de esa índole en el mundo, es de duración definida, precisa. Si no, nadie jubilaría, pues sería suficiente usarlo en forma indefinida, con todos sus beneficios. Y, por si primaba la interpretación de que el instructor del sumario fuera un subalterno, el General Director de Carabineros manifestó su interés en solicitar permiso administrativo, sin goce de sueldo.

Los acontecimientos se desenvolvían así cuando sobrevino el fallo de la Corte Suprema, que alteró la jurisprudencia y situó las cosas en un plano en el cual todavía no había mediado una solicitud formal en el sentido recién indicado. Más aún: la norma común es que al término de su feriado legal el funcionario debe -no es cosa de que quiera- reasumir sus labores, cualesquiera que sean las situaciones que tenga que enfrentar.

Estimo que la nueva legislación, que permitió designar un Ministro en visita sin determinar fehacientemente si en la justicia militar actuaría sólo como juez, o como fiscal instructor y juez al mismo tiempo, llevó a una situación ambigua que, en definitiva, indujo a una interpretación distinta en los dos sectores, o sea, tanto al General Director , señor Stange , como al Supremo Gobierno.

En mi concepto, todos tenemos el deber de bajarle el perfil a este asunto y conducirlo a lo que es: al esclarecimiento del problema jurídico, que he procurado explicar. No procede plantearlo como una pugna, en que por una parte habría un general que, en una especie de rebeldía, intenta volver a un cargo que tiene el deber de reasumir, y, por otra, un Presidente de la República , o un Ministro de Defensa Nacional , que estuviera presionando inconstitucionalmente a un subalterno para que abandone su puesto, se quede sin sueldo o, sencillamente, se acoja a retiro, no obstante encontrarse en un caso distinto de los contemplados en la normativa vigente. Sería una ligereza atribuir tal intención a ese Secretario de Estado -lo conozco mucho y me consta que ha hecho grandes esfuerzos por conducir las cosas con el criterio más adecuado- o a nuestro ex colega el Presidente de Chile , don Eduardo Frei Ruiz-Tagle .

Estas palabras las he dicho sólo para esclarecer que estamos frente a un problema jurídicamente complejo y no, a mi juicio, en presencia de una situación política, ni mucho menos ante un enfrentamiento político-policial, que no tendría sentido ni justificación alguna en nuestro país y que, por lo demás, no corresponde, según me consta, a lo que son las excelentes relaciones institucionales entre el Gobierno de la República y Carabineros de Chile.

He dicho.

POLÍTICA DE ENFRENTAMIENTO Y GUERRILLA

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , a quienes tenemos un tiempo en la política y vivimos la crisis del año 1973 no puede sino preocuparnos lo que está ocurriendo con buena parte de la Oposición en nuestro país.

Nos parece muy legítimo que ella discrepe del actual Gobierno, que no esté de acuerdo con lo que éste hace o dice, que fiscalice sus actos y que plantee sus propias posiciones y soluciones. Ello es para nosotros la esencia de la democracia.

Pero cuando escuchamos discursos como el pronunciado por el ex Senador señor Jarpa , quien además ha dicho que se retira de la política, nos sentimos de vuelta a veinte y tantos años; peor aún si ése es el legado que quiere dejarle a la Derecha chilena.

Fue seguido inmediatamente por líderes de la Derecha, que serían los llamados a recibir esa herencia de guerrilla política.

No llama la atención en la UDI, donde, tras el desgraciado asesinato de su fundador y líder, Jaime Guzmán , está primando la línea más dura del autoritarismo. Pero sí preocupa que ello contagie a otros personeros que solían caracterizarse en el pasado por su apoyo a la política de los acuerdos.

Queremos destacar que esa política, a nuestro juicio, es fruto principalmente de dos circunstancias.

La primera es la necesidad de restablecer la convivencia nacional después de las descalificaciones previas al golpe militar y las dolorosas secuelas de éste. Fue el país entero el que impuso esta política de moderación y entendimiento.

Pero la segunda razón por la cual es indispensable la política de los acuerdos obedece a que en Chile aún existen bastiones de poder autoritario destinados a que la mayoría importante conformada por la Concertación, que representa a 55 por ciento o más de los chilenos, no pueda imponer sus propias soluciones y programas.

Utilizar estas instituciones heredadas del Gobierno autoritario constituiría un abuso antidemocrático en el que hasta aquí, la Oposición, en general, no ha caído.

Sin embargo, actitudes como las que estamos contemplando día a día terminarán conduciendo a una situación de permanente guerrilla política, donde nuevamente la Oposición jugará al fracaso del Gobierno de turno para heredar los restos del naufragio, hasta que el desgaste del sistema nos lleve, con el tiempo, a hechos lamentables. Y esto es algo que, en mi opinión, debemos impugnar.

El nuestro es un Partido nuevo. Y, como corriente de opinión nueva, no puede aceptar, por ende, que vuelvan a reaparecer los viejos vicios.

Sabemos muy bien que de la Derecha chilena nos separa absolutamente el juicio acerca de los orígenes de esa crisis, pero, por sobre todo, la apreciación respecto del Gobierno militar. Entonces, no puede extrañar, por ejemplo, que el ex Presidente de la República haga presente, en tono muy moderado y sin rencores, la opinión que todos quienes pertenecemos a la Concertación tenemos de ese Régimen en sus aciertos, pero también en su parte negativa.

A la Derecha, que participó activamente en aquel Gobierno, le asiste pleno derecho a no compartir nuestra apreciación. Pero es necesario tener muy en claro que se trata de juicios históricos que, obviamente, nos separan respecto del pasado, pero no tienen por qué hacerlo en cuanto al porvenir.

Y la lección más clara es que el lenguaje de descalificación, el ataque personal, la magnificación de los presuntos errores del Gobierno y la crítica por la crítica, especialmente si ello se realiza en un estilo agresivo, cargado de pasiones, llevan en Chile y en el mundo entero a una situación política de guerrilla y enfrentamiento.

Esta contienda política, dada en términos conflictivos, tiene, a corto plazo, repercusiones en lo social y en lo económico; contagia a todo el cuerpo social y la primera víctima será el auge económico tan promisorio que está experimentando Chile.

Más que nadie, debiera preocuparse de esta situación el sector donde la Derecha recibe su mayor respaldo: el empresariado nacional. Porque un país donde la controversia política se agudiza y en que se vive un permanente estado de enfrentamiento y agresión comienza a ser mirado con inquietud en los círculos económicos internacionales.

A vía de ejemplo, ahí está el artículo que respecto de Chile publicó hace algunas semanas la prestigiosa revista "The Economist", bajo el título "¿Quién es el jefe?", a propósito del problema del General Stange. Porque el mundo no puede entender que un Gobierno deba mantener a un jefe policial con el cual no está de acuerdo, cualesquiera que sean las motivaciones.

Actitudes como ésas irán horadando la confianza del inversionista, justo en los momentos en que otros países comienzan a ponerse a tono políticamente con lo que hoy impera a nivel mundial.

Se critica al Ejecutivo por una supuesta inactividad o falta de iniciativas, sin mirar lo que han sido los primeros pasos de todas las Administraciones. Al respecto, invito a recordar lo que se decía en Chile y en el exterior al inicio del Gobierno de don Jorge Alessandri (al que la Derecha tanta pleitesía rinde) y en los Regímenes anteriores y posteriores.

Siempre hay una especie de período de gracia para las Administraciones que recién comienzan. Aquí, una Derecha impaciente, llena de nostalgias autoritarias y de gobierno, "está" -como se dice en lenguaje popular- "que corta las huinchas" para lanzarse despiadadamente en una crítica desaforada.

No quiero hacer de adivino. Pero tengo que levantar mi voz y llamar cordialmente a la Oposición chilena a entender que la próxima elección presidencial será en 1999 y no ahora, y que si sigue planteando la lucha política en el terreno del conflicto y la contienda, la Concertación no caerá en la trampa y denunciará a quienes nos desean llevar de nuevo al enfrentamiento.

Estamos ciertos de que Chile no quiere volver a vivir etapas negras de su historia y que rechazará y castigará electoralmente a quienes replanteen un escenario de conflicto y encarnizada lucha política.

He dicho.

INCUMPLIMIENTO DE BENEFICIOS A DOCENTES MUNICIPALES

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , en otra oportunidad me referiré a los conceptos emitidos por el Senador señor Muñoz Barra . En todo caso, deseo simplemente dejar constancia de que el tenor de las apreciaciones de Su Señoría no condice con el propósito de entendimiento que, en el fondo, reclama.

En esta ocasión quiero intervenir para hacerme cargo de problemas reales y de ciertas afirmaciones que preocupan a un sector muy importante de nuestro país, el de la educación y los profesores, a raíz del proyecto que el Ejecutivo envió al Parlamento hace un par de semanas -se trata de la primera iniciativa legal de su agenda- y que tiene por objeto modificar el decreto con fuerza de ley N° 5, sobre subvenciones para la educación, y la ley N° 19.070, Estatuto Docente, que aprobamos en 1991.

No califico intenciones ni hago especulación alguna al señalar que ese proyecto ha despertado numerosas reacciones y significado una gran preocupación, por una parte, para el profesorado, y por otra, para todos los que miramos el proceso educativo chileno como una de las palancas de desarrollo, principalmente para los padres y apoderados de los estudiantes de la enseñanza particular subvencionada en general y muy en especial de los de la sujeta a la administración municipal.

A mi juicio, tales reacciones se justifican plenamente, porque dicha iniciativa caracteriza como situación previa el incumplimiento de ciertas normas legales que aprobamos en el Senado; me refiero concretamente a la ley 19.070, Estatuto Docente, y a la 19.278, que despachamos a fines del año pasado y en cuya virtud se creó la unidad de mejoramiento profesional como una salida a la movilización que hicieron los profesores en septiembre-octubre de 1993. En ambos casos, particularmente en lo que respecta al Estatuto, numerosas municipalidades a lo largo del país no estaban dando cumplimiento a los beneficios establecidos para el profesorado de dicho ámbito en lo relativo a complemento de zona -en el fondo, no es otra cosa que la asignación de zona-, asignación de perfeccionamiento y consideración total de los bienios. Además, por increíble que parezca, diversos municipios no menores no estaban integrando las cotizaciones previsionales correspondientes, y en algunos casos -esto es peor aún-, ni siquiera el ahorro voluntario de los docentes en las cuentas que al efecto mantienen en las AFP.

La información oficial que nos entregó el propio Ministerio de Educación daba cuenta de que el cumplimiento en materia de unidad de mejoramiento profesional en Chile era del orden de 55 por ciento. Entonces, aproximadamente la mitad de los profesores del país no recibía el fruto de la ley 19.278, despachada como un beneficio para los docentes del ámbito municipal en su generalidad.

Señor Presidente, nos estamos familiarizando con el incumplimiento de la ley. Y hablo de ello con toda propiedad.

El artículo 16 transitorio del Estatuto Docente impuso al Ministerio de Educación la obligación de transferir todos los recursos necesarios para solventar el costo de los beneficios consignados en dicha normativa para los profesores del sector municipal. Pero es opinión informada de los alcaldes del país, generalizada de Arica a Magallanes, que no se cumple -y lo reconoce la citada Cartera- lo relativo al financiamiento de la educación municipal. De modo que, simplemente, estamos conviviendo con un incumplimiento de la ley.

Los docentes se sienten perjudicados, pues no se concretan sus beneficios. Las municipalidades no pueden pagar al profesorado lo que ordena la ley. Y el Ministerio de Educación, que no ha levantado su voz sobre el particular, es el verdadero responsable, porque no ha acatado el ya explicitado artículo 16 transitorio del Estatuto Docente.

Simultáneamente, la ley 19.278, que creó la UMP, establece en su artículo 10 la obligación de dicha Secretaría de Estado de traspasar a las municipalidades los recursos indispensables para pagar el respectivo beneficio. Sin embargo, él se ha cancelado sólo en 55 por ciento. Tan así es que en los últimos días se suscribió un convenio entre el Ministerio de Educación y la Asociación Nacional de Municipalidades con el propósito de que se pague la diferencia.

En consecuencia, nos encontramos ante una situación gravísima, por el solo hecho de que estamos despachando leyes y conviviendo con su incumplimiento. Esto, que desde luego es inaceptable desde el punto de vista de quienes tenemos la responsabilidad de concurrir a la dictación de aquéllas, ha puesto a los municipios -como lo manifestaron acertadamente muchas de sus autoridades- en la posición de subsidiar la mantención de determinados servicios que fueron confiados a su administración; en este caso, los relativos a la enseñanza.

Adicionalmente, es del caso destacar que en 1992 la Comisión de Educación del Senado, por la unanimidad de sus miembros, remitió a todos los municipios del país un cuestionario destinado a conocer la situación deficitaria que los afectaba. Y de la respuesta de prácticamente la totalidad de ellos -algunos no contestaron- se llegó a dimensionar a diciembre de ese año, un déficit en la administración de la educación municipal cercano a los 30 mil millones de pesos.

Se trata, entonces, de un problema estructural que debe ser resuelto de manera distinta.

Si bien en la ley se fijaron beneficios y niveles remuneracionales al profesorado del ámbito municipal, el Ministerio responsable de transferir los recursos pertinentes no ha cumplido esa obligación.

Nadie duda hoy de la magnitud del déficit que las municipalidades arrastran por la administración de la educación, cuyo monto -según se reconoce- bordea los 30 mil millones.

Frente a esa realidad, el Gobierno decidió enviar un proyecto -su primera iniciativa-, que ingresó al Parlamento el 25 de abril recién pasado, y mediante el cual pretende modificar el decreto con fuerza de ley N° 5, relativo a subvenciones, y el Estatuto Docente.

Me referiré en forma muy breve a tales objetivos.

En cuanto a la enmienda a la Ley de Subvenciones, cabe destacar que se destinan aproximadamente 14 mil millones de pesos para los siguientes fines: modificación de los factores de subvención; mejor asignación de recursos para la educación rural; reparación de locales escolares (4 mil millones de pesos) y extensión de jornadas horarias (mil millones de pesos).

Sin embargo, a un proyecto cuyo propósito es hacer efectiva una partida presupuestaría aprobada el año recién pasado con esa expresa finalidad, se introducen otras normas -a mi juicio, en forma inconveniente y sorpresiva-, eufemísticamente denominadas "mejoramientos del Estatuto Docente", que en la práctica hacen perder a los profesores algunos derechos y beneficios, fruto de los dos cuerpos legales antes citados, fundamentalmente del referido Estatuto.

No podríamos sino manifestar nuestra complacencia por la destinación de mayores recursos a la educación, la que nos .fue anticipada por el señor Arrate , Ministro del ramo de la época, cuando asistió a las discusiones presupuestarias en las que procedimos a su aprobación. Pero, junto con ello, la iniciativa incluye otras modificaciones al Estatuto Docente, cuyo único propósito, al parecer, no es otro que el de reducir la dotación de profesores municipalizados.

Voy a comentar sólo dos o tres de los "mejoramientos" que se proponen a dicha normativa.

En primer lugar, se redefine el concepto de "menoscabo profesional". El Honorable Senado recordará que en el Estatuto Docente permitimos y facilitamos el traslado de docentes entre establecimientos de una misma comuna, pero siempre que ello no importara un perjuicio para el funcionario. Según la interpretación del concepto efectuada por la Contraloría -bastante restrictiva y ajustada al espíritu que animó al Parlamento- la destinación no puede significar ni menoscabo económico, ni profesional, ni de ninguna índole. Sin embargo, la iniciativa en cuestión, que supone un "mejoramiento", lo redefine circunscribiéndolo al cambio de una jornada diurna a otra nocturna y a cuando el traslado obligue al profesor a mudarse de residencia.

Las reglas del juego establecidas en el Estatuto Docente aseguraban la permanencia de los maestros en su actual establecimiento, y sólo aceptaban el traslado de uno a otro en la medida en que ello no redundara en menoscabo para los profesores. Esto, a causa de la redefinición del concepto, pasa a ser una simple declaración eufemística, porque resulta obvio que un docente, por distante que quede el establecimiento de la comuna donde se lo destine, jamás tendrá que cambiar de domicilio para poder servir el nuevo cargo.

En consecuencia, el magisterio municipal ve amagados sus derechos y beneficios, consignados en un proyecto que fue discutido en el Parlamento y que hoy es ley de la República.

Más grave aún es la redefinición que se propone para las dotaciones. En la actualidad, el Estatuto Docente fija la correspondiente a cada municipalidad del país y, dentro de ellas, a cada establecimiento. Y tienen nombres y apellidos, porque los cargos los desempeñan personas.

El proyecto enviado a la consideración del Congreso -hoy en estudio en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados- cambia el actual concepto por una denominación genérica vinculada a las "horas necesarias" dentro de cada establecimiento y, adicionalmente, al número de alumnos matriculados en ellos. De manera que la cantidad de horas que hoy corresponden a cada profesor disminuirá en la misma proporción en que lo haga la cuota de matrículas. Esto, desde el punto de vista administrativo, puede ser muy racional, y para algunos, bastante conveniente y adecuado. Empero, se trata de un tema que discutimos a propósito del análisis del Estatuto Docente, y en esa ocasión se acordó entregar a los profesores del ámbito municipal una titularidad de carácter público; ellos, pues, son dueños de sus cargos y, en consecuencia, gozan de estabilidad funcionaría.

Cabe recordar, además, que los maestros perseguían dos beneficios (el mejoramiento de sus remuneraciones y estabilidad funcionaría), de los cuales sólo alcanzaron el segundo, a través de una norma que les dio la titularidad de carácter público ya anotada. El primero, en más de 95 por ciento de los casos, no se cumplió, pues la estructura aprobada en el Estatuto Docente significó para los profesores menores remuneraciones que las que obtenían hasta la dictación de esa normativa, razón por la cual debieron quedar con la denominada "asignación adicional".

Por eso, el gran logro que consiguieron los maestros del ámbito municipal con el despacho del Estatuto Docente fue la estabilidad laboral, que hoy desaparecería si se aprobaran las dotaciones por horas propuestas en la iniciativa en comento, que dependen del número de matrículas.

No quiero dejar pasar esta oportunidad sin referirme a algunos datos oficiales que se han entregado. El ex Subsecretario de Educación informó, a fines del año recién pasado, que la dotación de profesores de los establecimientos municipales, sorpresivamente, había aumentado en 10 por ciento, mientras que las matrículas sólo lo habían hecho en uno por ciento. Ese exagerado y aparente crecimiento de la dotación es también responsabilidad, a mi juicio, del propio Ministerio de Educación y de las Direcciones Provinciales correspondientes, porque, según el Estatuto Docente, deben adoptar las medidas pertinentes cuando las dotaciones crecen inorgánicamente.

En consecuencia, estamos hablando de decisiones que el Parlamento -y el país, en mi opinión, por el debate que se produjo con motivo del Estatuto Docente- ya tomó y que se están reponiendo por una vía oblicua y distinta.

Quiero recordar que el proyecto de Estatuto Docente, cuando inició su tramitación, buscaba vincular la estabilidad de los profesores del ámbito municipal al número de matrículas, materia que fue lata y extensamente debatida y, finalmente, resuelta hasta alcanzar la estabilidad necesaria, que constituye un derecho que el profesorado posee y que no puede perder.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Señor Senador , debo advertir que al Comité Mixto le restan 4 minutos y medio, y han manifestado su deseo de intervenir Senadores de los Comités Radical y Unión de Centro Centro.

El señor CANTUARIAS.-

Termino en seguida, señor Presidente.

Decía que aquí se está insistiendo en una discusión que ya realizamos en su momento, y cuyo sentido debe quedar muy claro. Si lo que se pretende, como ha dicho el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Jorge Rodríguez Grossi , es readecuar y reducir las dotaciones docentes de las municipalidades, pienso que a Chile, y en particular a los profesores, no les podemos plantear el tema de manera distinta y cambiarles las reglas del juego, afectando derechos adquiridos en leyes a cuya aprobación nosotros mismos contribuimos. Porque ellos tienen perfecto derecho a que la salida de docentes del ámbito municipal se haga en la misma forma como se procedió con los funcionarios públicos de la Empresa de Ferrocarriles del Estado y con los mineros de ENACAR, quienes tuvieron un trato excepcional. A mi modo de ver, a los maestros les asiste el derecho a un mecanismo similar.

Por lo tanto, quiero dejar sentado que el proyecto atenta contra beneficios y derechos que el Parlamento ya discutió y aprobó.

Por otro lado, se da una situación que no tiene parangón en nuestra legislación. Los profesores del ámbito municipal serán los únicos funcionarios titulares de carácter público que, cuando cumplan los requisitos para jubilar, deberán hacerlo por mandato de la ley -si se aprueba el texto tal como está presentado-, en circunstancias de que la tradición y la historia de nuestro ordenamiento jurídico en esta materia entrega al funcionario -en este caso, al profesional de la educación- la facultad de ejercer ese derecho en la oportunidad en que él lo estime conveniente, una vez reunidos los requisitos respectivos. No puede ser que, por ley, excepcionemos a los profesores del sistema general.

Termino, señor Presidente , expresando que, a mi juicio, se comete una gran equivocación, y que si la idea es sacar profesores y reducir las dotaciones de las municipalidades, ello debe ser planteado derechamente, para de esa forma consagrar los beneficios con que se estimulará una decisión en ese sentido, que en cualquier caso compete a los propios afectados.

No comparto en absoluto las afirmaciones que aquí se han hecho en relación con la readecuación, porque ésta traerá consigo, o que la actual jornada de los profesores se reduzca en cuanto a su número de horas, para dar cabida a todos los que están sirviendo los cargos, o que simplemente éstos se supriman. Eso, a mi juicio, motivará una movilización y una agitación ciudadana que, sin duda, no está en el propósito de quienes formularon la iniciativa, pero que será un efecto no deseado inevitable de la forma como se está llevando la tramitación y el articulado del proyecto sometido a la consideración del Parlamento.

He dicho.

REMUNERACIONES DE ALTOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNO. OFICIOS

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , los chilenos no salen de su asombro. No entienden cómo la empresa más importante del Estado puede perder 100 mil millones de pesos sin que existan responsables.

Con lo ocurrido, el Gobierno ha dado pruebas de ineficiencia, situación que se agrega a otros casos de inaceptable corrupción que causan preocupación nacional.

En toda empresa, el directorio es el responsable de su administración. En CODELCO, una sola persona reunía tres condiciones: Ministro de Minería de un país cuya principal empresa es principalmente CODELCO ; Presidente del directorio de CODELCO , y Presidente del directorio de COCHILCO , cuya principalísima función legal es la de fiscalizar CODELCO y, en especial, sus operaciones de comercialización y venta de cobre.

Por su parte, el ex Ministro de Hacienda , más que ser acusado por la responsabilidad en los hechos, como algunos pretenden, debería en nuestra opinión, ser reprendido por su notable irresponsabilidad en lo acontecido. No participó en la sesión de directorio de CODELCO donde se trataron las ventas a futuro de la empresa, y ni siquiera se preocupó con posterioridad de saber qué se había acordado allí. Por lo tanto, no efectuó la indispensable labor de control que sus conocimientos de director hubieran hecho deseable. Sin embargo, cobró siempre su sueldo como director de CODELCO.

El problema de fondo, por lo tanto, es muy diferente. Y si no se soluciona -y ello no ocurre a través de acusaciones constitucionales a quienes ya no son Ministros-, las dificultades que hoy lamentamos volverán a repetirse.

Hoy quiero referirme a una situación que, al igual que en el caso de la deuda subordinada, que tanto revuelo ha causado en un banco y en sus abogados, estimo grave y que me parece altamente preocupante.

La materia guarda estrecha relación con el tema de CODELCO que, en mi opinión, junto con el asunto de la deuda subordinada, constituyen dos casos de escándalo que no podemos desoír.

En esta ocasión deseo centrar la atención en el problema de CODELCO.

Lo ocurrido en la Corporación del Cobre no es producto de la casualidad. En Chile existe una añeja y mala administración del Estado, que se expresa, entre otras, en una situación de hipocresía generalizada, en lo que atañe al monto real de los sueldos y remuneraciones que reciben muchos altos funcionarios de la Administración Pública, entre ellos, los Ministros y directores de muchas empresas estatales.

Se afirma que un Ministro gana alrededor de un millón de pesos. Ello no es cierto. Todos los Ministros reciben ingresos adicionales por formar parte de directorios y por otros cargos, funciones que en la práctica no realizan. Y con estos ingresos completan su verdadera remuneración.

Esta antigua y pésima costumbre de la Administración Pública chilena es, en mi opinión, una forma de corrupción, que es mi deber denunciar. Creo que debe terminarse y extirparla de raíz.

El Partido Unión de Centro Centro ha expresado -insistimos en ello- que lo importante no es cuánto gana un funcionario público, sino con qué eficiencia ejerce su labor, y acorde con su rango, categoría, capacidad, la justa retribución a su abnegado esfuerzo.

Pero los chilenos desean saber cuánto gana cada uno de los Ministros y altos funcionarios de la Administración Pública. Desean conocer la verdad sobre las asignaciones de los directorios, cargos o funciones anexas a la principal por la cual son reconocidos ante la opinión pública. Desean saber a cuánto asciende el total de ingresos adicionales.

No es posible continuar aceptando que cargos de un directorio -como ha ocurrido en CODELCO o en COCHILCO- no sean verdaderamente ejercidos por sus titulares. Tampoco lo es que puestos importantes del sector público constituyan sólo formas de pagar o completar la remuneración que requieren otras altas funciones de Gobierno.

El Estado necesita modernizarse y evitar toda fuente posible de ineficiencia o de corrupción. Definimos las situaciones denunciadas, tan claramente expresadas en el escándalo de CODELCO como una demostración de manifiesta ineficiencia en la Administración del Estado, y como un peligroso caldo de cultivo para nuevas formas de corrupción, que deben terminar y no permitirse.

Por eso, solicito oficiar a todos los Ministerios para que informen respecto de cargos, como directores y otras funciones de carácter remunerado que pueden ejercer los Ministros, Subsecretarios, Jefes de Reparticiones Públicas y otros, adicionales a sus propias responsabilidades. Pido, en definitiva, poner en conocimiento del Senado de la República cuáles son las verdaderas rentas de los altos funcionarios de Gobierno. Nadie es capaz de ejercer eficientemente todas las labores que le son asignadas, si éstas -como parece haber sucedido en el caso de CODELCO- constituyen tan sólo una forma de remunerarlos adecuadamente.

Solicito, además, oficiar al Presidente de la República , don Eduardo Frei Ruiz-Tagle , a fin de que estudie la situación señalada, y ordene realizar la primera y más importante de las modernizaciones que urge introducir en la administración del sector público, como es aquella que permite...

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Señor Senador, lamentablemente terminó el tiempo del Comité Mixto. Si algún otro Comité desea concederle unos minutos,...

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , me faltan sólo dos líneas para concluir mi intervención.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Puede continuar Su Señoría.

El señor ERRÁZURIZ.-

Como es aquella que permite a cada alto funcionario recibir la remuneración que le corresponde, y, a su vez, que tan elevadas funciones, en directorios y otros cargos, sean realmente ejercidas por los titulares de las mismas.

He dicho.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Se enviarán los oficios solicitados, en nombre del señor Senador , en conformidad al Reglamento. Según el artículo 105, éstos no pueden remitirse, como lo pidió Su Señoría en una de sus intervenciones, en nombre del Senado.

El señor SIEBERT .-

También en mi nombre, y en el del Comité Renovación Nacional.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Así se procederá, señor Senador.

PRESENCIA DE ALTO OFICIAL DE EJÉRCITO EN DESPEDIDA DE EX SENADOR JARPA. OFICIO

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , el 5 de mayo pasado se efectuó un homenaje en la Capital al ex Senador, ex Ministro y ex Embajador don Sergio Onofre Jarpa . El acto tuvo claro contenido político-partidista, que, por lo demás, era previsible dada la calidad del homenajeado y de quienes lo invitaban, y los posteriores discursos así lo confirmaron.

Según informaciones de prensa, asistió a dicho acto el Mayor General don Jaime Concha , en representación del Comandante en Jefe del Ejército. En consecuencia, solicito oficiar al señor Ministro de Defensa para que nos informe sobre la publicitada presencia de este alto oficial, y el carácter en que asistió al acto aludido.

--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.

PRECISIONES SOBRE PROYECTO DE REFORMA DE ESTATUTO DOCENTE

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , escuché con atención la intervención del Honorable señor Cantuarias , y debo hacer presente que en una exposición que realicé días atrás entregué antecedentes respecto del Estatuto Docente y de las modificaciones que se pretenden. La iniciativa pertinente en modo alguno permitirá que ocurra lo de hace muchos años: la exoneración injusta y abrupta de miles de profesores. ¡Nunca lo haremos! Eso está claro. De los 120 mil profesores que hay en el país, según informaciones y estudios acabados, no más de 3 mil serían afectados. De todas maneras, es una cifra elevada, pero se actuará con espíritu de justicia y de humanidad. Ella representa menos de tres por ciento de la totalidad de los profesores.

Frente a esta situación, tengo confianza en el Gobierno, en el Ministro , y, mucha también en el gremio de los profesores, que estoy cierto sabrá defender sus derechos. Por tanto, pido mantener una relativa tranquilidad y confiar en que las modificaciones del Estatuto Docente cumplirán los objetivos de justicia y equidad de otorgar mejores remuneraciones a los sectores más empobrecidos y, de alguna manera, reestructurar el sistema, porque, de acuerdo con antecedentes que todos conocemos, existen escuelas con sobredotación de profesores: otras, en cambio, están infradotadas. Por eso, se pretende darle mayor flexibilidad al sistema.

ADHESIÓN DE CHILENOS DE ORIGEN ALEMÁN A GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , quiero hacer un comentario muy breve tocante a personas que han solidarizado con el General Stange, y que, a mi juicio, se encuentran profundamente equivocadas porque han hecho de su defensa un asunto de tipo étnico. He visto con profundo estupor la publicación de una larga lista de apoyo, suscrita por chilenos de origen alemán; sin embargo, el juicio a que está sometido nada tiene que ver con su ascendencia germana y luterana, porque, si no fuera chileno, no habría podido ser carabinero ni menos General. No estamos discutiendo su origen, de manera que los firmantes de dicha lista dan un sesgo equivocado al problema.

Hago esta referencia porque me preocupa que se empiecen a plantear cuestiones de carácter racial y religioso sobre un asunto que no dice relación al tema de fondo.

RÉPLICA A OBSERVACIONES DE SEÑOR ERRÁZURIZ SOBRE REMUNERACIONES DE ALTOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

El señor HAMILTON .-

Señor Presidente , no me voy a referir concretamente al caso abordado por el Senador señor Errázuriz , por cuanto se ha anunciado la posibilidad de que se presente una acusación constitucional en contra de tres ex Ministros del Gobierno del Presidente Aylwin . No me parece apropiado, en consecuencia, que anticipadamente en esta Sala se viertan juicios que pudieran comprometer la independencia que cada Senador debiera tener para resolver sobre el caso, si llegara la oportunidad.

Por otro lado, me siento con absoluta independencia para pronunciarme respecto de algunos hechos mencionados por Su Señoría, porque los lamentables acontecimientos de CODELCO, que no sólo dañan la empresa, sino también a la economía nacional, comenzaron más de un año y medio después de que yo abandonara el Ministerio de Minería.

Debo hacer presente al Honorable señor Errázuriz que incurre en algunos errores. Suele decirse -y Su Señoría lo repite ahora- que en una sociedad el responsable es el directorio. Y tiene razón, porque ésa es la norma general. Desconozco si en sus empresas sucede lo mismo, ya que en ellas no se mueve ni una sola hoja sin que él lo permita. Pero en CODELCO, de acuerdo con la ley dictada en las postrimerías del Gobierno antepasado,...

El señor ERRÁZURIZ .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor HAMILTON .-

... el responsable de su administración, curiosamente, no es el directorio, sino su presidente ejecutivo .

En segundo lugar, Su Señoría ha hecho una alusión velada, pero odiosa, al ex Ministro de Hacienda , don Alejandro Foxley , dando a entender que en su carácter de director de CODELCO, habría cobrado emolumentos sin haber asistido a las sesiones del directorio. ¡Falso, de falsedad absoluta! De acuerdo con la ley, los directores sólo pueden cobrar la dieta correspondiente en la medida en que asistan a tales reuniones. Si no concurren, no cobran.

En jerga futbolística suele decirse que "no hay mejor defensa que un buen ataque". Y el señor Senador, que hoy día está sentado en el banquillo de los acusados y que se encuentra abocado a montar su defensa a lo largo del país, ha creído conveniente emprender un ataque.

Me parece que su velada acusación es injusta, carece de fundamento, y prescinde de disposiciones legales vigentes. Por lo alemas, no le servirá para tender una cortina de humo sobre las denuncias de que ha sido objeto ante el país y en esta misma Corporación.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Pido la palabra, señor Presidente .

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Restan 18 minutos al Comité Demócrata Cristiano.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , sólo ocuparé medio minuto.

Solicito dejar constancia en Secretaría de la intervención del Senador señor Errázuriz, a fin de que, en caso de que haya acusación constitucional, se considere su posible inhabilidad para participar como jurado.

He dicho.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Así se procederá.

¿Algún otro señor Senador del Comité Demócrata Cristiano desea hacer uso de la palabra?

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , solicito a mis Honorables colegas democratacristianos que me cedan unos minutos de su tiempo.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-

¡A la demagogia no se le otorga tribuna tan fácilmente, pero si el Senador señor Errázuriz quiere agravar su situación, con todo gusto le damos una interrupción!

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

Con la venia de la Mesa, puede usar de la palabra Su Señoría.

El señor ERRÁZURIZ .-

Gracias, señor Presidente . Pero pienso que el preámbulo del señor Senador estaba absolutamente de más.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-

¡Dejemos que lo juzgue la opinión pública!

El señor ERRÁZURIZ .-

Perdón, Honorable colega. Si me cedió tiempo, permítame usarlo.

Señor Presidente , quiero clarificar de inmediato que cuando dije que el ex Ministro de Hacienda no había asistido a la sesión donde se trató el tema de las ventas a futuro, así ocurrió. Y que cuando expresé que los Ministros cobran sueldo como directores de CODELCO, también es verdad. Y agregué que resultaba muy difícil que un Secretario de Estado tuviera tiempo para ejercer bien las funciones que le corresponden en todos esos directorios. Me parece que allí radica el problema, porque -como lo expresé también claramente- si el ex Ministro de Hacienda hubiese dispuesto del tiempo para preocuparse de CODELCO, no habría ocurrido lo que pasó. Por lo tanto, lejos de formular ataques velados, he hecho, tal vez, una defensa clara y transparente.

Por otra parte, no me preocupa lo manifestado por el Senador don Andrés Zaldívar, en cuanto a inhabilitarme como juez, porque públicamente he expresado que no existen posibilidades de acusar constitucionalmente a los ex Ministros, debido a que ya no forman parte de la Administración. De modo que, de hecho, me he inhabilitado, porque lo que estoy señalando en forma expresa en la Sala, ya lo había manifestado públicamente.

Por lo tanto, Sus Señorías -tanto don Andrés como don Adolfo - no deben preocuparse. Aunque les parezca que voy más allá, y encuentren populista mi posición, lo he hecho pensando en que es realmente lo que corresponde. No se trata de andar a la "caza de brujas", sino de solucionar los problemas de fondo. En este caso, me he referido a la conveniencia de que, de una vez por todas, los altos cargos públicos reciban la remuneración adecuada, y que las personas que los ocupan los ejerzan realmente, disponiendo, como todo ser humano, del tiempo necesario para realizarlos con eficiencia.

Eso es todo.

Agradezco mucho al Senador señor Adolfo Zaldívar el tiempo cedido; lamento, sí, sus palabras, porque no eran necesarias.

OFICIOS SOLICITADOS POR SEÑOR ERRÁZURIZ ANTE QUIEBRA DE PRODASA (SÉPTIMA REGIÓN). OFICIOS

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , después de escuchar todas las peticiones de oficio del Honorable señor Errázuriz , quiero intervenir para hacerle algunas consultas personales.

En la sesión del Senado del 5 de abril pasado, Su Señoría hizo presente su preocupación por la quiebra de la industria PRODASA, ubicada en la Séptima Región, manifestando que ella había obtenido créditos del Banco del Estado de Chile, y que las pérdidas de esa entidad bancaria ascenderían a cerca de 20 millones de dólares.

En esa oportunidad solicitó y obtuvo que, a su nombre, se oficiara al Presidente del Banco del Estado para que informara a esta Alta Corporación sobre la fecha de otorgamiento de dichos créditos y otros antecedentes atinentes a la misma situación. El citado funcionario, sin estar obligado legalmente, evacuó el informe respectivo.

Esa petición de oficio, como lo demostraré, no tiene otra finalidad que la de informarse, por esta vía, de situaciones que afectan al patrimonio del Senador señor Errázuriz y que le interesan desde el punto de vista mercantil.

En efecto, días después de su intervención en esta Corporación, en el Diario Oficial del viernes 22 de abril, se publicó la nómina de créditos reconocidos en la quiebra de PRODASA S.A.. En ella -la tengo a la vista- consta que una compañía denominada ESPAVAL Sociedad Anónima verifica un crédito por 11 millones 781 mil 536 pesos y el Banco del Estado, otro por 9 millones 525 mil 244 dólares.

La compañía ESPAVAL -que tiene intereses contrapuestos con el Banco del Estado, puesto que ella es acreedor valista y éste, prendario- pertenece a la Sociedad Agrícola, Ganadera y Forestal Las Cruces Limitada, junto con Frutícola Nacional Limitada, ambas de propiedad del Senador señor Errázuriz y sus hijos, como figura en escritura pública de fecha 6 de noviembre de 1991.

A su vez, el Senador señor Errázuriz continúa siendo Director -y, por lo tanto, administrador- de la Sociedad Agrícola, Ganadera y Forestal Las Cruces, propietaria de ESPAVAL. Tal cargo lo ejerce junto a su cónyuge, la señora María Victoria Ovalle Ovalle , y a don Emilio Saratini Martínez , según escritura pública de fecha 26 de junio de 1989 y conforme a la respectiva inscripción en el Registro de Comercio .

Llama la atención también que la sociedad "Espárragos de Valdivia Limitada" aparezca administrada por don Pablo Reyes Moore , yerno del Honorable señor Errázuriz , y don Pedro Pablo Cuevas Larraín , quien, en representación de otras compañías del grupo Errázuriz , solicitó al Síndico de Quiebras, señor Williams Jalaff , la venta de algunos bienes de la familia, entre los que se cuentan sus instalaciones fabriles.

En virtud de lo expuesto y de antecedentes que obran en mi poder -que coloco a disposición de mis Honorables colegas-, me asiste el convencimiento documental de que el Senador señor Errázuriz , como queda demostrado con el oficio que hizo remitir al Banco del Estado, ha infringido el artículo 57 de la Constitución Política de la República, el cual nada tiene que ver con el asunto de la deuda subordinada y del banco BHIF.

Por tal razón -y ya que el señor Senador es tan partidario de esta vía-, solicito que se dirija oficio al señor Presidente del Banco del Estado , a fin de que informe a esta Corporación si es efectivo que don Pedro Pablo Cuevas Larraín le envió una comunicación escrita haciéndole saber su voluntad de adquirir, para la sociedad que representa, activos en la quiebra PRODASA, y, en caso afirmativo, para que remita los antecedentes que sobre el particular tenga en su poder. Igual oficio pido que se envíe a la señora Fiscal Nacional de Quiebras , doña María Victoria Valencia , encareciéndole que solicite y obtenga del Síndico, señor Jalaff, copia de toda la documentación de que disponga en relación a la adquisición de bienes de la fallida por parte del señor Cuevas Larraín , en representación de empresas del grupo Errázuriz .

Si el Honorable señor Errázuriz desea transparencia en el país en cuanto a la probidad, creo que debe empezar por aclarar su conflictiva situación, en lugar de transformarse en un Catón de cuanta institución pública existe.

He dicho.

--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.

RÉPLICA A OBSERVACIONES DE SENADOR SEÑOR MUÑOZ BARRA

El señor ERRÁZURIZ .-

El señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, a pesar de haber participado hace pocos minutos en una reunión de Comités en la que se acordó unánimemente omitir los ataques personales, acaba de incurrir en esta práctica.

Debo señalar que PRODASA es una empresa muy importante, que operaba en la Región que represento en el Senado. Efectivamente, entró en quiebra y sus muchos trabajadores quedaron cesantes, por lo cual nos han solicitado que, junto con el Honorable señor Gazmuri , colaboremos en solucionar su situación personal, y así lo hemos hecho.

Desconozco los detalles de la quiebra y de quiénes puedan ser sus proveedores, porque, aunque le extrañe al Honorable colega, he formado muchas empresas en mi vida, y en ellas laboran más de 9 mil trabajadores y mil ejecutivos, de modo que, en el caso de las que actúan independientemente, es evidente que no puedo estar al tanto de todas sus operaciones.

El día de mañana el señor Senador se podrá referir a la situación de alguna empresa que opera en Iquique, en Compu o en Puerto Montt, y me veré obligado a señalarle que ignoro los antecedentes del caso, por no ser de las que están directamente bajo mi tuición. Como el mismo señor Senador mencionó, tienen sus gerentes, y son ellos quienes actúan.

Ahora, si he pedido el envío de un oficio en relación al caso PRODASA, es porque -reitero- se trata de una empresa muy importante, de modo que, como señalé su quiebra afecta a muchos fruticultores que la proveían de manzanas y peras. Ellos han quedado en situación difícil -como la que, nadie ignora, afecta a gran parte del sector-, ya que una fuente significativa de demanda y compra de sus producciones ha desaparecido por la situación de insolvencia de la firma mencionada.

E incluso más. Debo decir al señor Senador, para que se informe, que el propio Banco del Estado me solicitó que, de ser posible, colaborara haciendo ver la situación a algunos de mis contactos en el exterior, a fin de captar interesados en adquirir los activos de la empresa. Y esto a tal grado, que viajaron japoneses de una gran firma internacional para ver cómo podían participar en la compra de las producciones de jugo de manzana y así volver a poner en pie a PRODASA. A este caso se refirió el señor Senador.

No obstante, por sobre todo, quiero puntualizar lo siguiente. En mi intervención anterior aludí a una situación general que afecta al Estado: el hecho de que muchos empleados públicos importantes deben ejercer diversas funciones sin tener el tiempo para ello, sólo porque no se establece el sueldo que debiera corresponderles en virtud de su sacrificio y esfuerzo. Esto nada tiene que ver con la respuesta que recibo de un Honorable colega, que hace pocos minutos participó en una reunión de Comités donde -como consta a todos sus asistentes- se convino terminar con los ataques personales. Ruego al Senador señor Muñoz Barra que no vuelva a incurrir en ellos, en especial porque mi intervención no tuvo tal carácter. Simplemente, defendí a aquellos funcionarios públicos que se encuentran en situación difícil por haberse visto implicados en las pérdidas generadas en las empresas en las cuales eran directores, precisamente, por la mala, añeja, antigua y anacrónica costumbre del Estado de Chile de pagar remuneraciones por la vía de asignaciones a directorios, lo que no corresponde.

Eso es todo, señor Presidente.

CRÍTICAS A PROCEDIMIENTO SEGUIDO POR GOBIERNO EN CASO DE GENERAL STANGE

El señor OTERO .-

Señor Presidente , en el diario "El Mercurio" de hoy, 10 de mayo, textualmente se señala: "El Presidente Eduardo Frei mantiene la decisión de insistir al Director General de Carabineros , Rodolfo Stange , que renuncie a su cargo, informó ayer el Senador Manuel Antonio Matta "... "El Senador Matta dijo que durante la reunión con el Jefe de Estado , iniciada a las 17 horas, tras plantear temas coyunturales, "quisimos saber cuál es el criterio del Gobierno respecto de la situación del General Stange.".

"Precisó que el Presidente Frei señaló a los Senadores que mantiene la decisión de solicitarle su renuncia.".

Estas declaraciones me obligan a intervenir en la Sala dado que, finalmente, demuestran con absoluta claridad que ha existido -y existe- una decisión política, al margen de las normas constitucionales y legales vigentes, de eliminar el alto mando de Carabineros de Chile que regía la Institución durante el Gobierno pasado, lo que resulta extremadamente paradójico si se considera que el actual Presidente de la República ha señalado ser el continuador del Gobierno del señor Aylwin .

En el pasado Régimen, el Presidente Aylwin solicitó expresamente al General Stange que se mantuviera en el cargo de General Director y públicamente señaló que contaba con toda su confianza. Al retiro del Subdirector, General Ormeño , a proposición del General Stange se nombró como tal al General Alfredo Núñez Allendes , quien no podía continuar en el cargo para el año 1994 si el Gobierno expresamente no le prorrogaba la permanencia en las filas.

Según decreto supremo N° 594, de 19 de noviembre de 1993, del Ministerio de Defensa Nacional, que quedó totalmente tramitado el 13 de diciembre del mismo año, el Presidente de entonces, señor Patricio Aylwin , nombró el alto mando de Carabineros para el año 1994 y designó como General Subdirector a don Alfredo Núñez Allendes . Resulta incomprensible -por no decir absurdo- que un Presidente de la República , a sabiendas de que un general debe retirarse de la Institución en diciembre de 1993 por haber cumplido su tiempo de permanencia en las filas -a menos que el Presidente se la prorrogue-, lo nombre General Subdirector para el año 1994 sin que ello implique cumplir con el requisito legal de extenderle dicha permanencia por un año adicional. Obviamente, el decreto supremo mencionado conlleva la voluntad del Primer Mandatario de mantener en funciones, por un nuevo año, a dicho General.

Asume el nuevo jefe del Estado e, intempestivamente, la ciudadanía se informa de que éste ha decidido no prorrogar la permanencia del General Núñez en Carabineros, anulando de hecho lo decretado por el Presidente Aylwin , y se da curso al retiro de dicho jefe por decreto supremo N° 192, de 16 de abril de 1994. Esta es la primera señal que da el Gobierno de su decisión de cambiar el alto mando de la Institución.

Días después se producen trascendidos de prensa que dan cuenta de que el Ministro instructor del proceso "de los degollados" ha dictado sentencia, e incluso se dan a conocer aspectos de la misma, lo que transgrede claramente nuestra normativa procesal. La sentencia y su contenido sólo pueden ser conocidos por el público una vez que ha sido firmada y notificada a los procesados. Lo claro es que el contenido de la misma fue conocido por algunas personas antes de su notificación, y que a través de los medios de comunicación social se creó expectación por ello.

En esa sentencia, en una actuación sin precedentes en la historia judicial de Chile, el señor Ministro instructor , en abierta infracción a la normativa legal, incorpora considerandos que no tienen relación alguna con el delito materia del proceso, y que afectan a personas que no han sido encargadas reo, ni son acusadas ni condenadas en la sentencia y que, claramente, no tienen participación alguna en el delito objeto del proceso. Cabe señalar que el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal establece expresamente los elementos que debe contener la sentencia, y, en lo pertinente, señala:

"1°. La expresión del lugar y día en que se pronuncie;

"2°. El nombre, apellidos paterno y materno, profesión u oficio y domicilio de las partes y además, respecto de los reos, sus apodos, edad, lugar de nacimiento, estado civil y demás circunstancias que los individualicen;

"3°. Una exposición breve y sintetizada de los hechos que dieron origen a la formación de la causa, de las acciones, de las acusaciones formuladas contra los reos, de las defensas y de sus fundamentos;

"4°. Las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o por no probados los hechos atribuidos a los reos; o los que éstos alegan en su descargo, ya para negar su participación, ya para eximirse de responsabilidad, ya para atenuar ésta;".

Es un hecho público y notorio, reconocido por el propio Gobierno, que el General Stange no ha tenido participación alguna en el "crimen de los degollados"; no es parte en dicho proceso, y no ha sido encargado reo ni acusado, y en ninguna parte de la sentencia se dan por establecidos hechos que siquiera remotamente pudieran implicar una participación en el delito materia del proceso.

Más grave aún es que estos considerandos no tienen la objetividad propia de una denuncia, sino que constituyen verdaderos considerandos condenatorios. Jamás una denuncia puede formularse en términos subjetivos o condenatorios. Resulta extraño que un magistrado de la jerarquía, seriedad y conocimientos del Juez instructor pueda haber incurrido en tales anomalías. Esta es una materia que deberá resolver la Corte Suprema a raíz de un recurso de queja presentado en su contra por uno de los afectados, respecto de lo cual no me cabe emitir juicios ni pronunciamiento alguno.

Conocida la sentencia, el señor Ministro del Interior , frente a esos considerandos absolutamente ilegales, declara que deja entregado a la conciencia del General Stange el renunciar o no a su cargo. O sea, en buen romance, señala que el Gobierno aceptará la decisión que aquél adopte en conciencia.

Este, basado en la corrección y transparencia de su proceder durante toda su carrera, y por saber que no le cabe responsabilidad alguna en los hechos por investigarse, en resguardo de su honor y del respeto que debe tener la policía por su Jefe máximo declaró que no renunciaría.

Acto seguido, el Gobierno señala que el Presidente Freí le pedirá la renuncia al General Stange, para lo cual es llamado a la Moneda. Se produce la reunión y el Gobierno niega que se le haya solicitado la renuncia, y afirma que el Primer Mandatario sólo le sugirió que se retirara. Hoy, un Senador señala que el Presidente "mantiene la decisión de pedir la renuncia al General Stange". ¿Cuándo se le puede creer a este Gobierno?

Sin embargo, el tema de mi intervención no es su credibilidad, sino su persistencia en mantener una actitud abiertamente anticonstitucional e ilegal respecto del trato que debe darse a un funcionario público.

En atención a que es la Justicia Militar la que deberá conocer de este nuevo proceso, el General Stange, para la debida transparencia de la investigación, pide su feriado legal, del que no ha hecho uso, a objeto de que el fiscal militar tenga la más absoluta libertad en su investigación. Es más, en busca de esa transparencia y de que nadie pueda dudar de la forma en que se instruye el proceso, el propio General Stange pide que se designe un Ministro civil de la Corte Marcial para que investigue los hechos. Así lo determina ésta, y la Corte Suprema resuelve que sea este ministro el que realice todas las actuaciones procesales.

Ello no obstante, el Gobierno, en lugar de dejar que las cosas sigan su curso, declara que el permiso del General Stange es indefinido, lo que revela un claro desconocimiento de la normativa legal y administrativa que rige los feriados en Carabineros y en la Administración Pública. No existen feriados indefinidos. Sin embargo, el Ministro de Defensa y otras autoridades de Gobierno así lo declaran, procurando con ello presionar al General Stange para que adopte una actitud contraria a la ley que permita su exoneración del cargo.

Precisado que no hay permisos indefinidos, se dicta un decreto supremo concediendo al General Stange permiso administrativo por dos meses sin goce de sueldo, para hacerse efectivo una vez vencido el feriado legal.

Nuevamente lo increíble: el General Stange no solicitó dicho permiso, por lo cual el decreto supremo es absolutamente ilegal. Nuestra normativa admite los permisos administrativos sin goce de sueldo a petición expresa del interesado, lo que en la especie no ha ocurrido. El Gobierno, para proceder así, se basa en un informe del General Subdirector y actual Director subrogante, en el cual se señala que el General Stange, de mantenerse la investigación en manos de un fiscal militar, consideraría la posibilidad de solicitar un permiso administrativo.

En el hecho, el proceso lo lleva un ministro civil; el General Stange no ha pedido permiso administrativo, y el Gobierno, legalmente, jamás pudo cursar un decreto supremo concediéndolo, sin goce de remuneraciones, a quien no lo solicitó. Esto, aparte constituir una ilegalidad, es una conducta que merece un análisis político por parte de la Cámara de Diputados, por cuanto, en el hecho, representa una presión indebida y un abuso de poder incalificable en contra de un funcionario público.

Lo que el Gobierno pretende es que el General Stange no reasuma sus funciones, y agradezco al Senador señor Matta que haya tenido la franqueza de declararlo públicamente.

Lo lamentable es el método y el procedimiento que ha estado usando el Gobierno con el objeto de descabezar el alto mando de la Institución. La Constitución establece el camino que existe para que el Presidente llame a retiro al General Director de Carabineros . Dado que este camino -un pronunciamiento del Consejo de Seguridad Nacional- no se ve viable, se está recurriendo a procedimientos poco dignos y absolutamente ilegales.

El General Stange, por imperativo legal, debe reasumir su cargo al término de su feriado legal. No hacerlo implica abandono de funciones y da lugar a una causal para su llamado a retiro.

Señor Presidente , en materias de Estado no caben los orgullos personales. El Ejecutivo ha cometido serios errores e incurrido en actos contrarios a la Constitución al pretender separar al General Stange de su cargo sin seguir el procedimiento constitucional respectivo; ha violado el artículo 73 de la Carta Fundamental al emitir opiniones que implican un prejuzgamiento de la conducta del General Stange, en circunstancias de que existe un proceso en el cual debe determinarse su responsabilidad; ha violado la garantía constitucional del debido proceso al condenarlo sin juicio, y ha violado la normativa administrativa al cursar un permiso administrativo sin que el afectado lo haya solicitado.

La contumacia en los errores es producto de una soberbia y de un orgullo mal entendido. Lo único que el Gobierno tiene que hacer es respetar la Constitución y el veredicto de la justicia. Entretanto el General Stange no sea encargado reo o condenado, es inocente y hábil para el ejercicio de su cargo. Concluido su feriado legal debe reasumir sus funciones, y el Gobierno tiene que darle el trato y la consideración propios de sus altas tareas.

Es la justicia la que debe decidir si el General Stange es culpable o inocente. Al Gobierno no le corresponde otra cosa que respetar el artículo 73 de la Constitución y abstenerse de toda intervención hasta tanto no exista un pronunciamiento judicial. Si es inocente, continuará en el cargo; si es encontrado culpable, el propio mandato de la ley lo despojará del mismo.

Formulo un expreso llamado desde esta Tribuna al respeto a la institucionalidad, a no crear una tempestad en un vaso de agua. El hecho de que el General Stange reasuma sus funciones por término de su feriado, como legalmente le corresponde y debe hacerlo, no es un desafío al Gobierno, una confrontación con él, ni un menoscabo para éste.

Respetar la Constitución es el camino para evitar crear situaciones políticas difíciles, que no benefician ni enaltecen al Gobierno y que, por el contrario, pueden provocar una pérdida de su credibilidad y el retorno a actuaciones que todos queremos olvidar.

He dicho.

VACÍO DE CONDUCCIÓN EN EL GOBIERNO

El señor PRAT.-

Señor Presidente , se ha escuchado en la Sala una intervención en la que, sobre la base de analizar los planteamientos del ex Senador, ex Ministro de Estado y ex Embajador señor Jarpa , hechos en un acto realizado en días pasados, en reconocimiento a los servicios que ha prestado al país, se formula una apreciación acerca de un supuesto cambio de actitud de la Oposición de la Centroderecha. Se lamenta el tono empleado actualmente por ésta y también lo que se ha denominado "el término de la política de los acuerdos".

Cabe precisar el alcance del concepto "política de los acuerdos" y validar la forma como ha actuado la Oposición frente a los escándalos ocurridos en el país.

La Administración del ex Presidente Aylwin , en cuyo marco Renovación Nacional impuso la política de los acuerdos, tuvo por objetivo dar término a la transición, como primer Gobierno surgido de elecciones competitivas de acuerdo a la Carta Fundamental, y satisfacer demandas sociales que se consideraban postergadas por efecto de las crisis económicas que antes se vivieron.

La política de los acuerdos tuvo por propósito colaborar con ese fin. Así, en materias sociales, se contribuyó a incrementar los recursos públicos a través de una reforma tributaria, y respecto de la transición y la reconciliación nacional, se cooperó ampliamente en todas las iniciativas tendientes a tan loables finalidades.

Ese fue el objetivo central de la política de los acuerdos.

Sin embargo, nunca estuvo dentro de ella el concepto de callar y de ocultar los casos de corrupción, que perjudican tremendamente al país, a la clase política y al fin último del Estado, como tampoco lo estuvo el espíritu de aceptar los actos de Gobierno que dañan la democracia, como los que hoy ha debido lamentar Chile.

Actualmente, hay un cambio de circunstancia, y es bueno que no sólo se señale en la calle, sino también en esta Sala, tan importante como institución de la República: hoy se percibe un vacío de conducción. El país se pregunta hasta cuándo se va a manejar esa imagen del Presidente que se limita a mostrarlo como un personaje envuelto en la vida cotidiana, entrelazado con el hombre de la calle, pero que enmudece ante los grandes problemas nacionales.

Hoy, Chile se pregunta qué pasa con esa falta de contacto con los actores sociales, que entraba la tramitación de iniciativas importantes de Gobierno. En la actualidad, un proyecto relativo al magisterio se encuentra paralizado en la Cámara de Diputados, y también nos anuncian que se retirará la urgencia para la privatización de EMPORCHI, porque no habían sido consultados actores determinantes del proceso.

Hoy, el país se pregunta hasta dónde llegarán las vacilaciones que inducen a echar marcha atrás en diversas decisiones adoptadas, como sucedió en el ámbito universitario, por ejemplo, donde dos o tres días de huelga hacen modificar el sistema de pago de aranceles.

Hoy, nuestra patria se preocupa por el grave error de manejo habido en el caso tan importante del señor General Director de Carabineros , que ha trascendido las fronteras y ha puesto a nuestra institucionalidad en un pie incómodo por, la equivocada conducción de las más altas autoridades. Asimismo, la falta de propuestas e iniciativas concretas para atender los problemas reales y dinamizar la actividad del país es también motivo de profunda inquietud que trasciende a todos los ámbitos de la vida nacional.

Tampoco puede desestimarse la preocupación que provoca la preeminencia del sector socialista en las resoluciones más relevantes y que, en lo sustancial, ha generado un cambio de agenda política, llevando a posponer los temas sociales -los cuales, justamente, generan concordancia y permiten concretar políticas de los acuerdos-, y a dar primera prioridad a materias constitucionales que nos dividen y que no garantizan acuerdos; por el contrario, auguran desacuerdos.

Asimismo, existen gravísimos problemas de corrupción. Si bien es cierto que no todos -al menos los más espectaculares- han tenido su origen en este Gobierno, sino que son heredados del anterior, de la misma Concertación gobernante, mantienen sin embargo al país conmovido.

Por eso no es de extrañar que en el tono de las palabras pronunciadas por el ex Senador señor Jarpa existiera enojo, porque es una reacción sana que interpreta el enojo de todo el país. En la misma semana en que se declara la práctica impunidad de los responsables en el escándalo y malversación de CODELCO, en los mismos días en que el país está profundamente indignado y con frustración respecto de los resortes institucionales para sancionar ese tipo de actos, el ex Senador Jarpa, interpretando cabalmente un sentimiento mayoritario, se ha referido al tema con legítimo enojo.

La moderación no puede invocarse para ocultar o minimizar graves casos de corrupción. Asimismo, si la política de acuerdos se pretende usar para envolver a la Oposición y maniatarla en sus obligaciones de fiscalización, denuncia de errores y llamado a la rectificación, no habrá -ténganlo por cierto- más política de acuerdos. Siempre se estará dispuesto a llegar a consensos para lograr la atención de las necesidades sociales y buscarles soluciones reales y efectivas. Sin embargo, para ello es preciso otorgarles primera prioridad en la agenda política, y no posponerlas en aras de reformas conflictivas que desunen, más que unir, impuestas por determinado sector de la Concertación.

Cabe destacar el daño que el vacío de conducción genera en política, porque trae desorientación y pérdida de fe en el destino común y permite el avance del extremismo y del violentismo.

Por eso, téngase presente que Renovación Nacional y, dentro de esta colectividad, una persona tan importante como es el ex Senador Jarpa, siempre estarán llanos a cumplir su papel de impedir que se origine, ya sea desde la Oposición o, naturalmente, en el Gobierno, ese vacío, que es tan dañino para la vida nacional. Invariablemente estarán dispuestos y atentos a denunciar el predominio del partidismo sobre el interés nacional, el desgobierno por sobre la conducción firme, la desidia por sobre la acción, y la corrupción por sobre la probidad.

Desde Renovación Nacional no se permitirá que en Chile se reproduzcan los graves casos que hoy conmueven a España, que ayer agitaron a Italia y anteayer, a Francia.

Se ha hablado de las señales económicas negativas, de la pérdida de fe, de la desorientación. Esas no son responsabilidades de la Oposición actual, ni de que ésta denuncie con fuerza los graves hechos que están sucediendo en el país. ¡No! Ellas constituyen síntomas de una preocupación que surge en todos los sectores. Y no serán encaradas con silencio por esta Oposición. Justamente, el cumplimiento de su labor esclarecedora y de orientación es el mejor aporte que la Centroderecha puede hacer para lograr la reorientación en la conducción del país por parte de la actual autoridad.

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE COMISIONES DEL SENADO

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , después de analizar la pobre agenda de la sesión de hoy y conocer el resumen de los distintos proyectos que se encuentran en las Comisiones del Senado -dentro del ámbito de "cohetería" que se aprecia en esta hora de Incidentes-, me permito solicitar formalmente a la Mesa que se revise la posibilidad de una ampliación del número de sesiones y del horario de las Comisiones, para que puedan alimentar a la Sala como corresponde.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

En la reunión de Comités, se encomendó a la Mesa estudiar una distribución más adecuada de los horarios de las Comisiones, de modo de permitir que éstas puedan funcionar más eficazmente, dispongan de más tiempo y, en consecuencia, emitan los informes del caso para los efectos de ser tratados en la Sala.

PRÁCTICAS POLÍTICAS DEL MOMENTO

El señor OMINAMI.-

Señor Presidente , deseo efectuar algunas reflexiones acerca del clima político general que está viviendo el país; y lo hago con un sentimiento de inquietud, porque observo que esa gran capacidad de lograr acuerdos -tan fundamental para garantizar una efectiva transición a la democracia durante el período anterior- se está perdiendo.

Con razón, nuestro país ha sido visto internacionalmente como una nación con una gran capacidad para ventilar con inteligencia y lucidez sus conflictos, y encontrar formas civilizadas de resolverlos.

En términos económicos, con razón también se ha dicho que quizás nuestra principal ventaja comparativa ha sido justamente esa capacidad de lograr acuerdos en el ámbito político-institucional.

Lo anterior es lo que nos distingue muy significativamente de otros países de América Latina, los cuales no han tenido esa capacidad. Sin embargo, sentimos que eso comienza a alejarse y, por desgracia en la Oposición de nuestro país se ha abierto una competencia por la dureza, por quien utiliza las expresiones más radicales, por quien es más ácido en sus críticas al Gobierno.

Debo hacer presente que esta forma de hacer política, propia de períodos anteriores, nos condujo a un gran desastre. Por lo mismo, considero importante que todos reflexionemos acerca de la forma de comportarnos y que desterremos todo tipo de prácticas que pudieran alejarnos de algo que ha sido tan fundamental durante este período para garantizar una gran estabilidad en nuestras instituciones y crear condiciones de progreso en el país.

El señor NÚÑEZ ( Vicepresidente ).-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

Solicito el acuerdo de la Sala para que el Honorable señor Pérez pase a presidir en mi reemplazo.

Acordado.

--Pasa a ocupar la testera en calidad de Presidente accidental, el Honorable señor Pérez.

El señor PÉREZ ( Presidente accidental ).-

Puede continuar el Honorable señor Ominami .

El señor OMINAMI.-

En consecuencia, formulo un llamado para que centremos el debate y, con el debido respeto, ventilemos nuestras diferencias. En mi opinión, no le hacen bien a la democracia intervenciones nostálgicas del pasado que buscan resucitar viejos demonios que estuvieron presentes en nuestra convivencia política y que finalmente produjeron tan desastrosos efectos en ella.

Creo que referirse al señor Ministro del Interior en la forma como lo ha hecho un dirigente político días atrás en nada ayuda a lograr ese objetivo. Por ello, fraternalmente llamo a que realicemos un esfuerzo por desterrar esos comportamientos de nuestras prácticas políticas.

Dentro de ese mismo espíritu, me parece de vital importancia tratar la delicada situación por la cual atraviesa el Director General de Carabineros, General Stange . No deseo entrar en detalles sino simplemente hacer la siguiente reflexión. Lo que rige para cualquier empleado público no se aplica al General Stange, ni a alguien que cumpla tan trascendentes funciones. Es cierto lo expresado por un señor Senador , en el sentido de que ese alto oficial no está afecto a una sentencia definitiva y, por el contrario, son los tribunales los que tienen que pronunciarse al respecto. Pero no cabe la menor duda de que lo que pudiera aplicársele con mucha razón a un modesto funcionario de la Administración Pública, no podría ser similar para quien cumple tan altas responsabilidades, máxime cuando éstas tienen que ver con el resguardo de la tranquilidad ciudadana y el orden público.

De allí que, a mi entender, ha sido del todo adecuada la actitud del Presidente de la República al dar a conocer en conciencia su posición sobre la incompatibilidad entre las referencias contenidas en el fallo del Ministro Juica respecto del General Stange y la importancia de las funciones que el Director General de Carabineros debe desarrollar.

Por último, deseo recordar que respecto de otras situaciones, en el país ha habido lo que uno en rigor podría calificar de doble estándar. Por ejemplo, hace algún tiempo, bastó la denuncia formulada en contra del ex Director de Investigaciones General Toro , sin mediar ningún elemento probatorio sobre su implicancia en los hechos, para que la Oposición a coro solicitara de inmediato la renuncia de ese alto funcionario.

Considero que en temas tan delicados como éstos es muy importante que sepamos guardar la debida sobriedad y consistencia en nuestras posiciones.

DEBATE DE ASUNTOS DE INTERÉS GENERAL

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente , hubiera deseado referirme también a algunos de los temas abordados en la hora de Incidentes de hoy.

En verdad, en mi entender, en el más breve plazo, los Comités tendremos que materializar un acuerdo en el sentido de disponer de algún tiempo en la tabla normal del Senado para dedicarlo al análisis de los grandes temas nacionales. Se ha planteado una cantidad importante de asuntos muy sustantivos que interesan al país y que es bueno que los discutamos con espíritu amplio, abierto, tranquilo y responsable, porque tienen que ver con los intereses generales de la patria.

Tengo la impresión de que puntos como los planteados por el Presidente de Renovación Nacional en su reciente discurso o los juicios del ex Senador Jarpa, así como otras expresiones surgidas desde distintos sectores de la vida política nacional, obligan al Senado a asumir su responsabilidad para los efectos de debatir estos temas mirando el interés general de Chile.

Particularmente, me interesa que en algún instante discutamos el papel que efectivamente ha de jugar la Oposición en un régimen democrático. Todos estamos contestes en que éste funciona cuando existe aquélla, pues los sectores de la sociedad chilena que no están en el Gobierno tienen siempre el legítimo derecho de hacer valer sus opiniones. El problema radica a veces en cómo se hace y qué métodos se utilizan, porque el hecho de tergiversar aspectos de la realidad puede llevarnos a enfrentamiento verbales que se sabe dónde empiezan, pero no dónde terminan.

En consecuencia, en función de los cargos que Sus Señorías nos han conferido al Honorable señor Valdés y al que habla, en algún instante, tendremos que materializar la idea propuesta por aquél, en cuanto a acordar un tiempo -una hora, una hora y media- en las sesiones ordinarias del Senado para debatir esos temas y tener así todos la oportunidad de concurrir lo más informados posible a hacer valer nuestro legítimo derecho de opinar sobre asuntos de interés nacional.

SUBASTA DE MUSEO REGIONAL DE ATACAMA. OFICIOS

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente , deseo referirme ahora a un tema relativo a la Región que represento en el Senado.

La cultura es uno de los bienes supremos de cada nación, y es deber de todos" difundirla a cada uno de los miembros de la sociedad, como también preservar toda la riqueza cultural que la civilización ha ido generando.

Muchos son los métodos y formas que la humanidad ha diseñado para el logro de los objetivos antes expuestos, entre ellos, se cuentan la existencia de museos, que más que un conjunto de piezas de relevancia histórica o social, son un instrumento y un centro desde donde se irradia parte del saber histórico y actual de una sociedad determinada.

En la Región de Atacama, más concretamente en la ciudad de Copiapó, existe un Museo Regional, que no obstante sus menguados recursos financieros, realiza una labor de extensión y educación referida al patrimonio cultural de la zona y por ende del país. El mencionado museo pasa hoy día por serios aprietos, ya que el inmueble que actualmente ocupa y que fue declarado "Monumento Nacional" en su oportunidad, por su gran valor histórico, deberá ser subastado públicamente, según lo dispone la ley N° 18.689, en enero de 1995.

En efecto, el referido inmueble, ubicado en calle Atacama N° 98 de la ciudad de Copiapó, conocido como "Casa de la Familia Matta", fue cedido en comodato a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos por el Instituto de Normalización Previsional en 1981, por un plazo que ya expiró.

Como puede verse, la situación del Museo Regional es crítica, ya que de no lograrse una solución definitiva, éste no contará con un lugar permanente donde pueda realizar su valiosa labor de estudio, recopilación y divulgación del patrimonio cultural de la zona, perdiendo, en consecuencia, su presencia como el centro más importante de conservación de la "identidad atacameña".

En virtud de lo expuesto, señor Presidente , solicito oficiar al Instituto de Normalización Previsional y al Ministerio de Educación, con el objeto de que informen sobre la situación del Museo Regional de Atacama e indiquen las vías de solución posibles para asegurar la mantención del mismo en el inmueble ya referido y de cómo éste puede ser adquirido más adelante por el Fisco.

--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad al Reglamento.

EXPLOTACIÓN DE ARENAS METALÍFERAS DE BAHÍA DE CHAÑARAL. OFICIOS

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente , la difícil y extrema situación por la que atraviesa la provincia de Chañaral, ubicada en la Región de Atacama, ha motivado muchos esfuerzos de los habitantes y autoridades regionales, provinciales y comunales para salir del estancamiento económico en que se encuentran.

En la perspectiva antes señalada, el municipio local, junto con los más amplios sectores ciudadanos y organizaciones sociales, ha emprendido diversas iniciativas tendientes a enfrentar de manera efectiva los problemas de la provincia y en especial los del Puerto de Chañaral y de su bahía. Entre estas iniciativas, se encuentra la de realizar un estudio de factibilidad para la explotación de las arenas metalíferas de la Bahía de Chañaral, que son producto de los relaves depositados ininterrumpidamente en la bahía por el complejo minero de Potrerillos-El Salvador durante más de 50 años. Este vaciado de relaves se calcula en aproximadamente 350 millones de toneladas métricas secas, teniendo entre sus componentes principales, altas concentraciones de cobre, molibdeno, cromo, zinc, arsénico, cadmio y otros minerales metálicos y no metálicos. A mayor abundamiento, expertos señalan que estos relaves secos tendrían un porcentaje de concentración de cobre que oscila entre el 0.2 y el 3 por ciento. La explotación de estas arenas metalíferas generaría empleo y riqueza para la zona y paralelamente ayudaría a descontaminar la principal playa del litoral, convirtiéndose, seguramente, en un pilar fundamental para el desarrollo del turismo local.

A través de notas periodísticas aparecidas en la prensa regional, de encuestas a trabajadores locales y del arrendamiento de un inmueble municipal, que actualmente se encuentra en litigio judicial, se ha sabido de la existencia, desde hace varios años, de una empresa denominada Southern Cross Mining Corporation , la cual aparentemente sería titular de una concesión para la explotación de las arenas metalíferas. Sin embargo, la autoridad local y la ciudadanía no tienen cabal conocimiento sobre la misma ni de la naturaleza de su proyecto de explotación. Hasta la fecha, la empresa Southern Cross Mining Corporation no ha realizado actividades que revelen de manera evidente la concreción de su proyecto, lo cual ha generado en la comunidad chañaralina una gran confusión.

En virtud de lo anteriormente expuesto, solicito oficiar al señor Ministro de Minería y a la Gobernación Marítima de Caldera, con el objeto de que informen acerca de los siguientes puntos:

1.- Antecedentes referidos a una supuesta concesión para la explotación de arenas metalíferas otorgada a la empresa Southern Cross Mining Corporation .

2.- Razones que avalaron la eventual concesión.

3.- Capacidad del Gobierno de Chile para rescindir la concesión en referencia, si es que se otorgó.

4.- Factibilidad de hacer un nuevo llamado a licitación de concesión, y

5.- Antecedentes relativos a la existencia de estudios de factibilidad y proyectos de explotación de las arenas metalíferas ya señaladas que obren en poder de ese Ministerio.

El señor PÉREZ (Presidente accidental).-

Se enviarán los oficios solicitados, en conformidad al Reglamento.

Doy excusas a los señores Senadores, pues, por estar presidiendo la sesión, no debiera hacer uso de la palabra; pero, si Su Señoría no tiene inconveniente, me gustaría acompañarlo en su petición.

En el caso de la empresa Southern Cross Mining Corporation , cuyos orígenes jurídicos y societarios no son claros, desearía que se oficiara, también, a la Superintendencia de Valores y Seguros, al Comité de Inversiones Extranjeras y al Ministerio del Interior, a fin de requerirles antecedentes respecto de ella.

--Así se acuerda.

ADHESIÓN DE CHILENOS DE ORIGEN ALEMÁN A GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente , a propósito de la intervención anterior de un señor Senador, deseo manifestar que me unen con el General Stange diversos lazos: ser uniformados, ser descendientes de alemanes y provenir de la Décima Región, por lo cual suscribiré cualquier declaración de solidaridad, amistad y camaradería de algunos grupos hacia él frente a la situación por la cual atraviesa. Y lo haré con mucho gusto.