Labor Parlamentaria

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Antes de empezar a tratar el tema motivo de esta sesión especial, quiero informar que los señores Ministros del Interior y de Relaciones Exteriores se integrarán a ella un poco más tarde ya que, por las razones dadas esta mañana a los Comités, el comienzo de la sesión, programado inicialmente a las 16, fue adelantado en una hora.

De conformidad a lo acordado, se tratará primero, por hora y media -en ese tiempo intervendrán los señores Senadores y, si es del caso, los señores Ministros-, la situación de las Regiones Undécima y Duodécima. En seguida, por una hora, la de Isla de Pascua, y finalmente, por hora y media, la de Arica.

Se adoptó tal orden porque los dos señores Senadores representantes de esas Regiones australes deben viajar al extranjero, en cumplimiento de misiones encargadas por el Senado en la Comisión Mixta chileno-argentina.

En cuanto a la petición de contar en el recinto con la presencia del Gobernador de Isla de Pascua , se acordó que, después de solicitar el parecer de la Sala en ese sentido, previo consentimiento del señor Ministro del Interior , se autorice su ingreso en calidad de asesor, como una deferencia a ese territorio insular, pero sin derecho a participar en el debate por no estar contemplado ni en la tradición ni en el Reglamento de esta Corporación.

El señor CALDERÓN .-

Señor Presidente , Honorables colegas:

Es conocida la difícil situación por la que atraviesa nuestra Región. Muy brevemente quiero sintetizar algunos datos básicos para situar el problema. Tal vez insista en verdades conocidas, pero lo hago recordando ese dicho de que las verdades por sabidas se callan y por calladas se olvidan.

En primer lugar, hay que tener presente la tremenda importancia de la Región en cuanto a su ubicación geográfica: punto de encuentro de los dos más grandes océanos, puerta de entrada de la Antártida y, junto a Arica e Isla de Pascua, uno de los vértices de nuestro mar presencial.

En segundo término, su escaso poblamiento: 1,1 habitante por kilómetro cuadrado, en comparación con los 18 habitantes del promedio nacional. A pesar de lo poco poblada, la Región registra la menor tasa de crecimiento intercensal, la mitad de la del país, 8,4 por ciento. Y además tiene la provincia que bate récords en materia de disminución de la población: Tierra del Fuego, que entre 1982 y 1992 vio reducida su población en la dramática cifra de 28,8 por ciento.

En tercer lugar, su debilidad en infraestructura, especialmente en la vial. El país tiene un promedio de aproximadamente 105 metros de caminos por kilómetro cuadrado, mientras que en la Región es de sólo 25. En caminos de hormigón armado y asfaltado el promedio nacional es de 15 metros, en la Región sólo de un metro por kilómetro cuadrado.

Cuarto: la Región sufre un deterioro en su economía. En una intervención anterior me refería a un estudio del Banco Central conforme al cual, mientras en la Duodécima Región creció 15,8 por ciento entre los años 1985 y 1992, el país lo hizo en 60,2 por ciento. Cabe señalar que, a pesar de los procesos de regionalización y descentralización, entre esos mismos años, la Región Metropolitana creció en 72,5 por ciento.

El trabajo de CIEPLAN hace comparables series regionalizadas desde 1960 a 1992. Ese estudio muestra que también entre esos años el crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto en la Región fue el menor del país, sólo de 1,6 por ciento, que se contrasta bastante mal con el promedio de crecimiento anual del país y con el 3,6 por ciento o 3,9 por ciento de la Región Metropolitana. Lo que es peor aún, ese estudio muestra que mientras el Producto Interno Bruto por habitante en el país creció un promedio anual de 1,8 por ciento, en la Región disminuyó, cayó, se redujo en 0,4 por ciento anual, como promedio, durante los últimos 32 años.

En quinto término, y consistente con lo anterior, en la Región ha crecido la pobreza. El porcentaje de pobreza en ella, según la encuesta CASEN, es inferior al promedio nacional; pero mientras en Chile entre 1987 y 1992 la pobreza disminuyó en 11,9 por ciento, en la Duodécima Región creció en 6,9 por ciento. Ese año el 26,2 por ciento de los pobres fueron magallánicos, porcentaje incluso superior al 25,2 de la Región Metropolitana.

Pero la situación parece seguir agravándose. El estudio del Banco Central muestra que el PIB de la Duodécima Región ha disminuido durante los años 1990, 1991 y 1992. Según la consultora Gémines, también lo hizo en 1993 y lo continúa haciendo en 1994. De acuerdo con estos antecedentes, como partidario decidido de la Concertación y de los Presidentes Aylwin y Frei, no puedo dejar de señalar que en estos cinco años de Gobierno democrático, mientras el Producto Interno Bruto en Chile va a crecer en 34,4 por ciento, en nuestra Región disminuirá en 5,8 por ciento.

Se ha señalado que pese a estas reducciones el producto por cápita regional sigue siendo mayor al promedio nacional. Pero una cosa es el producto de la Región y otra lo que queda en ella. Empresas como Methanex, COCAR , Magallánica de Bosques y hasta la propia ENAP dejan en la Región sólo un porcentaje de lo que producen. Para tener una idea de los ingresos regionales un indicador más adecuado puede ser la comparación entre el Impuesto a la Renta y el IVA por habitante. El primero en 1992 fue en el país de 46 mil 455 pesos, mientras que en la Región, de 26 mil 382 pesos. El IVA ese mismo año fue de 131 mil 576 pesos y en la Región, de 89 mil 643 pesos.

Desgraciadamente, las perspectivas para el futuro -de no mediar acciones muy decisivas- no parecen mejores. El aporte de la Región al Producto Nacional ha bajado de 4,8 por ciento del total en 1960 a un estimado de 2,3 por ciento en el presente año. Pero para adelante la situación puede ser aún peor. De acuerdo al catastro de inversiones de la SOFOFA proyectadas en la Región para 1994 hasta el año 2000 significan todavía menos: sólo 1,2 por ciento de las inversiones nacionales. Parece evidente que si lo anterior no cambia radicalmente, la situación en la Región seguirá deteriorándose.

Pero -más grave aún- estas perspectivas pueden verse incluso empeoradas dramáticamente en un par de años como resultado del efecto de las decisiones trasandinas. En efecto, de manera consistente con su clara voluntad política de poblar y desarrollar la Patagonia argentina, están impulsando zonas francas reales (con 0 por ciento de impuestos en vez del 6 por ciento de la nuestra) e instalaciones portuarias con una inversión estatal en infraestructura muy significativa. Se habla de un préstamo del orden de los 65 millones de dólares para un puerto.

Afortunadamente, se está despertando una preocupación nacional por estos problemas. Ello se demuestra no sólo por la sesión que hoy realizamos, sino también por la existencia de la Comisión Interministerial que abordará la situación de las zonas extremas y además por el seminario sobre las fronteras interiores que realizó el Ejército. En los documentos de este evento, que gentilmente me hiciera llegar el General Cheyre, y muy en especial en la intervención del Ministro de Defensa , don Edmundo Pérez Yoma , se señalan algunos caminos generales que, junto a medidas concretas, podrían apuntar a la solución del problema.

El señor Ministro de Defensa señaló que lo relativo a las fronteras interiores, que obviamente incluye a nuestra Región, debía ser enfrentado en el ámbito del desarrollo regional a partir de procesos de descentralización política, de concertación social y apertura de los mercados, camino que se seguirá durante este Gobierno. Por cierto la exposición del señor Ministro es bastante amplia y profunda, y creo que debiera ser materia de estudio y análisis para todos los que nos interesamos por la descentralización y el desarrollo regional.

Al calor de esa concepción, que releva mucho y justificadamente el rol de la comunidad regional, quiero referirme a la comunidad magallánica. No a su evidente y reconocida identidad cultural, sino en cuanto a su actitud y a su aptitud como elemento capaz de concertarse y dinamizar el desarrollo regional.

He estado conversando con distintos actores sociales en la Región y me atrevería a afirmar que, pese a lo grave de la situación, hay una buena actitud. Los dirigentes empresariales muestran una disposición a buscar una gran concertación social en la Región y a concordar medidas con los otros sectores para impulsar el desarrollo. En el sector sindical hay una situación de descontento, pero confío en que puede ser revertida. Se basa en que los trabajadores son quienes más han pagado el costo del deterioro económico que vive la Región. También en la Unión de Juntas de Vecinos la actitud es más crítica, pero están dispuestos a buscar entendimientos.

En la universidad se ve una preocupación por vincularse más a las necesidades del desarrollo regional y a colaborar en ese proceso. La Iglesia Católica tiene una larga trayectoria de actividad en favor de la Región y su gente, y tal vez fue la primera en llamar la atención sobre lo que está ocurriendo. Y, aunque más nuevas, también tienen una actitud similar las Iglesias Metodista y Luterana. Y para qué hablar de la actitud de las Fuerzas Armadas. Los temas en que concordamos plenamente son el desarrollo y la necesidad de fomentar el poblamiento de esta Región.

En síntesis, hay una disposición en todos los sectores sociales que, a pesar de las diferencias, roces y desconfianzas entendibles, hace posible una gran concertación regional. Este es un gran punto de partida. Y ello se refleja tanto en el trabajo que se está realizando en torno del "proyecto-región", como en nuestra aspiración a ser los actores del Primer Foro Productivo Regional, ojalá en el próximo mes de septiembre. Y querríamos contar en él, además de la participación de los Ministros de Economía y de Hacienda, con la de los de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Obras Públicas y Transportes, para analizar con ellos las medidas concretas necesarias para impulsar el desarrollo regional.

Hay varios criterios que comparte la comunidad magallánica que deben ser considerados por las autoridades centrales. Uno de ellos es el de que el desarrollo de la Región no es un asunto que sólo interese y dependa de los magallánicos. Y aunque ninguno desea sacar el cuerpo al bulto y asumimos plenamente nuestra responsabilidad principal y decisiva en ese desarrollo, pensamos que Chile, por sus intereses como Nación, necesita preocuparse del fenómeno, pues no pueden eludirse las responsabilidades nacionales ni intentar reducir el problema a la capacidad regional de atraer inversiones. El desarrollo de Magallanes es un problema de los magallánicos, pero también lo es de Chile. Y hay que asumirlo como tal, con todas sus responsabilidades y costos.

Un segundo criterio que comparte la comunidad magallánica -y que parece no entenderse bien en el centro- es el de que debe reconocerse que tiene características y problemas diferentes al resto de Chile y que por ello la región requiere de políticas especiales. Para nosotros ése es un punto de partida básico para definir la acción del Gobierno central. En mi opinión, es necesario revisar la práctica hasta ahora predominante en los organismos centrales de aplicar políticas indiferenciadas a todo el país. Un paso reciente en la dirección correcta fue el anuncio del Vicepresidente de la República durante su visita a la Región, en el sentido de que se revisarían los criterios de evaluación de proyectos que está utilizando MIDEPLAN.

Un tercer criterio generalizado en la comunidad magallánica es el de que hay que combinar una decidida acción inversionista del Estado -especialmente en infraestructura- con la búsqueda de incentivos económicos que permitan estimular la inversión privada y compensar las enormes desventajas de la Región por su clima, por su aislamiento, por los altos precios con que llegan los productos, en fin, por la estrechez de su mercado.

Las características del "Estado subsidiario" en una zona como la nuestra es radicalmente diferente al resto del país e incluso puede implicar acciones puntuales de "Estado empresario". Y éste es otro criterio que comparten las organizaciones sociales y las fuerzas políticas de la Duodécima Región, superando los esquemas ideologizados que imperan en el centro de nuestro país. Cito como ejemplo a SACOR, empresa CORFO, con una planta faenadora de carne y frigorífico en Porvenir, tiene aprobadas inversiones para modernizarla y cumplir los requisitos necesarios para exportar a la Comunidad Económica Europea. Pedro Lizana , en nombre de la SOFOFA, hizo declaraciones públicas en contra de esta "expansión del estatismo". Los primeros defensores de la inversión -incluso antes que los porvenireños- fueron los ganaderos de Tierra del Fuego, en su mayoría militantes o simpatizantes de la UDI y de Renovación Nacional. Y son ganaderos con tremenda iniciativa empresarial, que han desarrollado un mecanismo de certificación de la lana y que salen a venderla directamente a los mercados mundiales. Pero su carácter de empresarios emprendedores no impide que, como la mayoría de los magallánicos, se nieguen a ver el desarrollo de la Región como una disputa entre Estado y agentes privados, y lo miren como el resultado de una acción concertada, de una colaboración entre ellos.

Y para esta acción concertada con el Estado existen demandas de los magallánicos al Gobierno Central, las principales de las cuales quiero sintetizar.

En primer lugar, formalizar un gran esfuerzo de inversión pública en infraestructura. Ni soñar con que la política general de concesiones a privados sirva para nuestra Región. Se requiere de un esfuerzo del Estado, con proyectos y plazos muy concretos.

Segundo, comprometer más a ENAP con la Región. Que agote las posibilidades razonables de exploración en Magallanes -que todavía las hay-, antes de seguir desmantelando los equipos para ocuparlos en empresas relacionadas y contratos de riesgo. También, que juegue un papel mayor en estudios de proyectos de inversión para la Región, con miras a atraer inversionistas privados. Sería conveniente proceder a la brevedad a designar sus nuevas autoridades, así como incorporar al intendente de la Región en su directorio.

Tercero, asegurar un complejo portuario competitivo en Punta Arenas. Ahora que ya empieza su construcción, se debe definir la forma legal de administración del puerto, la incorporación de capitales privados, la política tarifaria, las modificaciones a los trámites para facilitar su carácter de puerto de servicios orientado a las flotas pesqueras del Atlántico y Pacífico sur, y la discusión de la política de abastecimiento petrolero de ENAP al puerto.

Cuarto, establecer un régimen adecuado de franquicias tributarias. La verdad es que poco han servido todas las leyes especiales, por limitaciones de ellas mismas y por reglamentos que las hacen inoperantes. Entre las materias que deben estudiarse se encuentran: levantar todo tipo de impuestos en Tierra del Fuego; disminuir la tasa de impuestos a las empresas que tengan sus casas matrices en la Duodécima Región; definir una política de subsidios a las nuevas inversiones productivas con efectos multiplicadores; terminar con el impuesto del 6 por ciento a la zona franca de Punta Arenas, que es muy distinta a la de Iquique, tanto por su potencial de mercado, como por sus volúmenes de venta y costos de operación; revisar el funcionamiento práctico y el límite a los montos de los subsidios a la contratación de mano de obra.

Quinto, adoptar algunas medidas que estimulen a los trabajadores a asentarse definitivamente en la Región. El poblamiento en la Región no es espontáneo, y, por lo tanto, se requiere de estímulos, no sólo a la inversión privada, sino, también, a los trabajadores. Entre ellos, hay que resolver sobre temas como los siguientes: vacaciones más prolongadas, revisión de la asignación de zona y unificación de su criterio, salario mínimo diferenciado, política tarifaria o de subsidios de los consumos básicos.

Sexto, continuar con el proceso de integración con Argentina. Seguir en el camino de buscar la solución concreta de problemas prácticos, como los que plantea el acuerdo de la Comisión de Fronteras, que requieren de la aprobación de suplementos presupuestarios a los organismos para su cumplimiento real.

Séptimo, desarrollar en Magallanes un plan piloto de Gobierno Regional, reclamado incluso ahora por el señor intendente en una reciente intervención a la opinión pública de la zona. Podría hacerse un esfuerzo especial y realizar un plan piloto de desarrollo del gobierno regional en Magallanes, con preocupación especial por los aspectos relacionados con la formulación de presupuesto desde la Región. También sería factible experimentar políticas que vinculen las remuneraciones fiscales con productividad o calidad de la atención; asimismo, buscar nuevas formas de colaboración del sector público y privado regional, como, por ejemplo, una coordinación en el área de salud en la perspectiva, incluso, de llegar a ser exportadores de ese servicio. Creo que, además de aportar con ello a nuestra Región, se sacarían experiencias valiosas que podrían aplicarse en el futuro en el resto de las Regiones.

Por último, apoyar el desarrollo de la Universidad regional. Para qué señalar la importancia de esa Universidad para el desarrollo de la Región en esta época en que todos reconocen que el conocimiento será cada vez más el factor productivo clave. Nuestra Universidad de Magallanes requiere de mucho apoyo, y ello significa recursos. Es imposible aspirar a mejorías académicas con sueldos más bajos no sólo que los del sector privado, sino, además, que los de la Administración Pública. Existen necesidades de perfeccionamiento, de infraestructura y de fortalecimiento a la investigación. Si se abordan estos problemas y se concreta la aspiración natural a que el Instituto Antártico se traslade a la Región -exigencia, también, del actual señor intendente-, es evidente que se puede esperar un salto cualitativo de la Universidad y de su efectivo aporte al desarrollo regional.

Señor Presidente , la comunidad magallánica tiene la actitud y la aptitud necesarias para dinamizar el desarrollo regional. Y se halla decididamente trabajando en eso. Pero no es una tarea que pueda abordar sola. Se requiere, también, de acción y de decisiones del Estado a nivel nacional. Confiamos en que esas acciones y decisiones sean adoptadas. Por el interés de Chile, y no sólo el de los magallánicos, es urgente hacerlo.

He dicho.

El señor FERNÁNDEZ .-

Señor Presidente , al dedicar el Senado esta sesión a considerar la situación de las zonas extremas del territorio nacional, en verdad está abocándose a un problema que no admite más postergaciones.

La presión inmediata de innumerables circunstancias empuja a las autoridades centrales a atender a las grandes concentraciones de población, mientras las minorías lejanas van quedando cada vez más atrás. Así, la visión y acción de conjunto se pierden. Con esto, el sentido de nación se debilita. Se abre, incluso, una interrogante sobre las amenazas que en un futuro quizás no lejano pudieran pesar sobre nuestra soberanía en esas zonas.

No nos llamemos a engaño. La soberanía es un valor que necesita de los mayores y más constantes cuidados. La historia enseña que, en ese ámbito, nada está garantizado para siempre. El Derecho Internacional es la base esencial de nuestra política exterior; pero él debe reforzarse, asimismo, mediante hechos igualmente sólidos. Esos hechos dependen de la voluntad política de un pueblo, que se expresa por medio de sus autoridades.

Esos hechos son los que, actualmente, y ya por varios años, muestran demasiados aspectos críticos en nuestras zonas extremas. Ellos no obedecen a problemas locales más o menos transitorios, más o menos determinados por nuestro subdesarrollo relativo. Por el contrario, en nuestras Regiones extremas se están gestando condiciones que, si no se corrigen ahora, tarde o temprano afectarán gravemente el futuro nacional.

Centraré mi intervención en el caso de Magallanes, Región que se está despoblando en diversos puntos: en diez años ha crecido apenas lo que en algunas comunas de Santiago se crece sólo en meses. Pero quiero hacerlo desde la más amplia perspectiva nacional con que Chile debe considerar sus situaciones extremas y, también, sus Regiones más distantes.

Es imperativa la necesidad de, al menos, un principio de solución inmediata. Ya no basta con contemplar pausadas medidas de largo plazo, aduciendo que las normas de excepción no surtieron efecto útil en el pasado.

Desde luego, en el largo plazo, muchos de los actuales habitantes de esas Regiones habrán dejado de serlo, porque las condiciones ahora imperantes los empujan a no seguir viviendo en ellas. Mientras eso no se modifique, es incontrarrestable el atractivo de otras zonas menos difíciles, de la capital e incluso de países vecinos. A este último respecto, es de tener presente que un número no precisado de chilenos, que algunos estiman entre 200 ó 300 mil, habita ya casi a permanencia en provincias australes de la Argentina, que les ofrecen mejores oportunidades que Aisén o Magallanes .

En cuanto a las medidas del pasado, justo es reconocer las muchas y muy útiles que se adoptaron en los últimos 20 años, con innegables resultados de progreso, pese a que el país en esa época tenía un grado de desarrollo económico muy inferior al presente y que debió enfrentar, además, una situación internacional gravemente tensa, que obligó a alterar numerosas prioridades.

En ese contexto, es de recordar, entre otras, la creación de la Universidad de Magallanes, en 1981, porque era indispensable dar a esa Región un centro propio de estudios superiores, como requisito necesario para su desarrollo. Su ausencia fomentaba la emigración de la juventud más interesada en cursar estudios superiores o, alternativamente, impedía que los cursaran quienes no pudieran emigrar por razones económicas.

Eje central de la obra en esos años fue el mejoramiento de las comunicaciones, tanto de información -especialmente televisión- como físicas. Estas últimas fueron tanto terrestres como marítimas y aéreas, interregionales, intrarregionales e incluso internacionales. Eso incluyó, por ejemplo, la televisión nacional en directo, el canal de televisión y la estación de radio para Puerto Williams; la ampliación del aeropuerto de Magallanes; la creación o mejoramiento de múltiples instalaciones para la conexión aérea en distintos puntos de la Región; el mejoramiento de las conexiones terrestres, particularmente la pavimentación del camino entre Punta Arenas y Puerto Natales, además de la construcción o mejoramiento de numerosas vías regionales.

Al mismo tiempo, se realizó un esfuerzo visionario de inversión en infraestructura básica, especialmente en los rubros de vivienda, agua potable, alcantarillado, gas y demás obras sanitarias.

Además de las obras de gran alcance socioeconómico, se realizaron también otras obras específicas, que han significado bienestar y progreso de la Región, como es el caso de la zona franca.

Todo eso se tradujo en un gran progreso para la Región. Pero la actual es una época distinta, con nuevos problemas y exigencias, que requiere, por tanto, de otras soluciones. El país se desarrolla y crece, pero sus extremos van quedando atrás o decaen.

Soluciones audaces son las que necesitamos para las Regiones extremas, y las requerimos ahora. La situación ha llegado a ser tan aflictiva, que ya no es hora de más comisiones de estudio para un futuro indefinido. Estudios hay más que suficientes para comenzar a actuar.

Baste destacar, por ejemplo, que en abril pasado, bajo coordinación de la propia Intendencia de Magallanes , se concluyó la elaboración de un extenso informe sobre las "Potencialidades de Desarrollo de la Región", al que me referiré muchas veces, por su calidad y, precisamente, porque emana de fuente oficial.

Por consiguiente, no es necesario realizar más estudios. Con sólo hacer realidad una parte de los ya efectuados, la situación regional cambiaría completamente.

Con la acción inmediata como objetivo, me referiré a ciertos lineamientos que creo impostergables. Algunos de ellos ya los he planteado en otras ocasiones en esta Sala. Otros los he recogido de proposiciones de las más diversas fuentes. Porque aquí no está en juego el interés de un partido, de un grupo, ni siquiera el muy legítimo de las Regiones, sino el interés nacional. Por lo tanto, urge aplicar una política de Estado suprapartidista y que deje de lado toda otra consideración, incluso las de un mal entendido economicismo.

No me detendré en la enumeración completa de las muchas ideas de proyectos específicos que ya existen, que han sido estudiados y, como se advierte, superan el centenar. En cambio, es preciso insistir en la urgencia de despertar la voluntad política para que, al menos, algunas puedan ser emprendidas de inmediato.

Magallanes , según un informe reciente de CIEPLAN, es la Región de más bajo crecimiento nacional en los últimos 30 años, según un informe del Banco Central, se redujo su producto interno bruto entre 1990 y 1992; según un informe de Géminis, tendrá una caída del 2 por ciento en su producción regional durante 1994, y según los actuales cuadros de inversión total del país para el período 1994-2000, elaborados por la SOFOFA, ocupará el penúltimo lugar, seguida sólo por Aisén.

Frente a esto, no se trata meramente de aumentar el gasto público, como a veces se plantea. Es obvio que las iniciativas requeridas suponen inversiones, sin las cuales Magallanes no saldrá del estancamiento. Y, por cierto, el Estado no dispone hoy de los recursos necesarios para abordarlas. Pero sí es de su responsabilidad crear las condiciones adecuadas para que el sector privado se sienta atraído a hacer tales inversiones.

En ese marco, creo prioritario subrayar los siguientes rubros.

Frenar el despoblamiento

Es la necesidad más urgente. Se trata, en Magallanes, de casi 150 mil chilenos que merecen atención especial. Esas personas están hoy viviendo y trabajando en esa Región en condiciones muy adversas. Y, al hacerlo, están cumpliendo una tarea nacional que beneficia al resto de los 13 millones de compatriotas. Son ellos quienes encarnan allí la soberanía nacional, lo cual alcanza no sólo a ese enorme territorio patrio, sino, también, a sus proyecciones antárticas y oceánicas. Ello es, además, imprescindible. También es justo que quienes se encuentran hoy radicados en Magallanes reciban del Estado un estímulo suficiente para continuar su vida allí. De lo contrario, es casi inevitable que prevalezcan los poderosos factores que los empujan actualmente a la emigración hacia otras Regiones o la Capital. Si estos no son contrarrestados cuanto antes, Magallanes continuará perdiendo, día a día, muchos de sus elementos más dinámicos.

Estímulos tributarios

La más inmediata, global e igualitaria fórmula de estímulo que el Estado tiene en su mano es el instrumento tributario. Creo injusto que los impuestos que hoy gravan a los magallánicos sean los mismos que se aplican a los habitantes del centro del país o de la Capital. Evidentemente, las condiciones para unos y otros no son las mismas, como tampoco lo son los bienes y servicios que, en contraprestación, les entrega hoy el Estado a unos y otros. Esa es una realidad.

Como un indicio, entre otros muchos, de la distorsión a la que me refiero, considérese, por ejemplo, que el aporte entregado por Magallanes al erario fue de 12,7 mil millones de pesos entre enero y mayo pasados, según informe del tesoro público.

En el mismo lapso, el monto de los pagos hechos por la Tesorería en la Región fue de 1,2 mil millones de pesos. En otras palabras, una relación de diez a uno entre lo entregado y lo recibido. Por cierto, el referido no es sino un índice muy parcial; pero es elocuente.

En consecuencia, sostengo que, para frenar el despoblamiento, debe promoverse una inmediata reducción sustancial de todas las tasas tributarias, para la totalidad de los habitantes de Magallanes y para todas las actividades que allí se desarrollan. El país está en condiciones de abordar ese esfuerzo. Como bien lo señalaba el Senador señor Calderón hace pocos días, en 1992 el impuesto a la renta de la Duodécima Región significaba sólo 0,6 por ciento del total nacional, y el IVA, 0,7 por ciento. No se trata, pues, de algo inabordable para Chile.

Aquí debe corregirse urgentemente un error de enfoque: frente a los problemas de las regiones extremas, la prioridad nacional no son los mayores ingresos fiscales, sino los intereses superiores del país, presentes y futuros.

La renuencia a dar un paso de tanto alcance previsiblemente se revestirá del argumento tradicional que aduce la necesidad de mayores estudios. Lo cierto es que tales estudios ya existen, y de muy variado origen.

Específicamente para Magallanes, en días recientes el Diputado señor Vicente Karelovic propuso un importante plan de modificaciones tributarias que contempla estímulos tales como el aumento a 25 por ciento de la bonificación a la mano de obra; la eliminación del impuesto de 6 por ciento a la zona franca; la supresión del impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, y la exención del IVA a los turistas que compren en la Región.

Esas proposiciones se apoyan en estudios serios. Ahora sólo falta la decisión de actuar. Nada obsta a que las actividades en las regiones extremas sean fomentadas por exenciones tributarias importantes, capaces de compensar efectivamente las desventajas del aislamiento, la distancia y el clima.

Por razones que afectan menos a la soberanía del país, se han dictado en numerosas oportunidades estatutos especiales para ir en apoyo de ciertos sectores de la actividad nacional. Con mayor razón, de ser necesario, debería dictarse cuanto antes un Estatuto para la Inversión en Magallanes, o en las regiones extremas, en general. Dicho texto debería contemplar incentivos sustanciales, no franquicias limitadas, parciales y que, en definitiva, no logran su propósito. Aludo a una normativa decidida y amplia, que de verdad cambie la postergada realidad de todo Magallanes, sin olvidar que el desarrollo de la Duodécima Región no sólo iría en beneficio de sus habitantes, sino de todo el país.

Pero incluso debemos avanzar más allá. Más eficaz y rápido que los diversos mecanismos parciales, centralmente dosificados y dirigidos, sería que el Estado promoviera una reducción drástica y general de los impuestos a toda la región magallánica, o que incluso los eliminara enteramente. En las condiciones actuales, vivir y trabajar en Magallanes no debe ser tributable ni fuente de recursos para el Fisco.

Los impuestos no son un fin en sí, sino un instrumento, y corresponde a la prudencia del gobernante manejarlos para el bien común, no para mero beneficio del Estado.

En cualquier caso, el más pronto paso que las autoridades pueden dar para ir en ayuda de los habitantes de Magallanes es el de reducir sustancialmente la carga tributaria que pesa sobre ellos. Eso tendría el efecto de producir un alivio general e inmediato, aun sin esperar los benéficos efectos de atracción y revitalización que, además, tendría.

En fin, si estas medidas de carácter general y simple no fueran por ahora admisibles para las instancias de planificación central, al menos deberían crearse -a título de paliativo y con la mayor urgencia- incentivos especiales y subsidios para rubros que hoy no los tienen, particularmente el transporte y la alimentación.

Otro tanto cabe afirmar del estímulo crediticio. Deben considerarse políticas crediticias especiales, muy diferentes y mucho más estimulantes para esta región. Esa sería, realmente, una acción subsidiaria del Estado.

Fomento del poblamiento

Pero no basta con evitar la emigración, ni tampoco con impulsar una oleada de inversionistas de paso. Es preciso enraizar a la población a largo plazo. Para eso puede el Estado desarrollar dos grandes líneas, omitidas parcialmente hasta ahora: una nueva política de bienes nacionales y una nueva política de migraciones.

a) Licitación de tierras.

En Magallanes es fácil determinar dónde están los límites de la propiedad fiscal, que es vastísima. Es esa otra área largamente desatendida: inmensas extensiones de tierras fiscales están subexplotadas o no explotadas en absoluto. Urge una licitación de ellas que expanda la propiedad privada y, consecuencialmente, el interés por invertir. Este es directamente proporcional a la certeza y seguridad de la propiedad.

Se dirá que el Estado no puede desprenderse de ese patrimonio a bajos precios. En realidad, si éstos son bajos, ello obedece a que hoy ésos son bienes muertos, que no benefician a nadie. Las tierras fiscales son, por lo general, tierras de nadie y tierras sin nada. No atraen a ningún grupo significativo.

En momentos en que nuestras regiones extremas se estancan o despueblan, urge reactivar una general licitación de las muchas tierras fiscales, para que la iniciativa privada acuda allí a crear progreso. Ella es la que proporciona trabajo y prosperidad, sin los cuales no hay interés por radicarse en esas zonas.

La autoridad puede adoptar las precauciones que aseguren la preservación del equilibrio ecológico. La licitación puede sujetarse a la presentación de proyectos que, siendo económicamente viables, también sean aceptables en lo ambiental.

b) Política de migraciones.

Frenar el despoblamiento y fomentar la radicación deben complementarse, también, con una activa política de poblamiento. La baja densidad demográfica de Magallanes, empeorada por la constante emigración, es un riesgo potencial para la estabilidad de nuestra soberanía. Es nuestra responsabilidad, como legisladores, considerar este factor con visión a largo plazo.

Comunicaciones

a) Infraestructura vial y portuaria.

La infraestructura vial es precondición para innumerables actividades económicas. Al respecto, baste hacer notar que, de los escasos 3,2 miles de kilómetros de la red vial de Magallanes, el 94,8 por ciento no está pavimentado en la actualidad.

Lo antes expuesto es aplicable a otras obras de infraestructura de comunicaciones, en lo marítimo y lo aéreo. No es del caso reiterar aquí la antigua historia del nuevo puerto para Magallanes. Pero es útil recordarla como un buen ejemplo de una situación más en que el Estado se ha entrabado interminablemente en múltiples consideraciones menores, que desembocan en un avance lentísimo hacia una meta que quedará por debajo de lo que habría podido ser si se hubiera permitido simplemente al cuerpo social actuar por sí mismo y se hubiese abierto al sector privado la posibilidad de construir el puerto y explotarlo, para mayor beneficio de todos.

Las obras portuarias recientemente emprendidas por el Estado tienen un alcance útil, pero limitado. Están proyectadas para un Magallanes cuyo futuro sea relativamente parecido a su presente. Esto es, para un Magallanes de desarrollo muy inferior al que podría y debería alcanzar. Es de recordar que cada año pasan por el estrecho unos mil 200 barcos, y que ese flujo está llamado a aumentar necesariamente.

Con sólo construir un nuevo sitio de atraque en Punta Arenas no puede estimarse que queden satisfechos los requerimientos portuarios de toda la región. En esa medida, pues, el tema del puerto continúa pendiente.

Al respecto, el informe de la Intendencia a que me he referido contiene una iniciativa de especial prioridad, relativa al mejoramiento de la competitividad marítimo-portuaria de Punta Arenas y del estrecho, aspecto este último que se hace mucho más apremiante por el resurgimiento que han estado experimentando en los años recientes otros puertos claves del Pacífico sur, como Guayaquil y El Callao, sobre lo cual ya anteriormente he querido alertar.

Proyectos existen, ya que se ha señalado más de un centenar en el informe, y sólo esperan la voluntad política de abrir las puertas para que el sector privado nacional e internacional aborde aquello que el Estado, por sí solo, nunca podrá ejecutar. Lo que sí puede hacer -y debería actuar de inmediato en ese sentido- es desregular, abrir toda la variedad de posibilidades, también en este rubro, a la actividad privada.

b) Transportes y telecomunicaciones.

El aislamiento de Magallanes se refleja, asimismo, en el costo que para sus habitantes tiene el desplazarse hacia cualquier otro punto del territorio, o comunicarse con él. Existe unanimidad en que un problema prioritario es el aislamiento por costo económico. No menos de cuatro horas en avión, o dos días en bus, separan a Punta Arenas de Santiago ; tanto como un viaje a Sao Paulo o Montevideo . Ello afecta a toda la vida de los magallánicos.

Las frutas de la zona central cuestan en la Región siete veces más que en la capital; diferencia significativa, porque Magallanes necesita 10 mil toneladas de productos hortícolas, y actualmente sólo produce 3 mil. Todo el resto debe llevarlo desde fuera de su territorio.

Naturalmente, en esas condiciones, una responsabilidad primordial del Estado debe ser la de fomentar el desarrollo de todas las vías y medios posibles de comunicación.

Obras Públicas

En muy cercana relación con el punto anterior está el rubro de otras obras públicas. Existen proyecciones que muestran, con razonable fundamento, cuáles son las principales que deberá abordar el Estado en el futuro, y que no se emprenden desde ya sólo por una consideración de financiamiento.

Al respecto, pienso que el Estado debería realizar un esfuerzo especial de asignación de recursos que permitiera anticipar el inicio de ejecución de esas obras públicas. Las vinculadas a los transportes y comunicaciones son especialmente prioritarias, por su proyección sobre todas las demás actividades.

Educación y Cultura

En materia de educación, cabe destacar que Magallanes tiene el mérito especial de que, pese a las condiciones que soporta, sus habitantes han logrado mantenerla en un nivel comparativamente aceptable. Según la encuesta CASEN de 1992, el analfabetismo es sólo de 3,5 por ciento, lo que sitúa a la Región en el quinto promedio más bajo del país, y por debajo del promedio nacional, que es de 5,1 por ciento.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Debo advertir a Su Señoría que se ha agotado el tiempo de que dispone para exponer.

El señor FERNÁNDEZ .-

Señor Presidente , el Honorable señor Larraín me cedió algunos minutos, ante la eventualidad de que mi intervención se prolongara.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En ese caso, puede continuar, señor Senador.

El señor FERNÁNDEZ .-

Gracias, señor Presidente .

Asimismo, Magallanes demanda intensamente educación superior. La Universidad de Magallanes significó un importantísimo factor de freno a la emigración regional, pero hoy es indispensable apoyarla redobladamente para que pueda sostener y expandir su labor. Es de hacer notar que entre 1989 y 1991 su matrícula de estudiantes se incrementó en más de 23 por ciento, una de las cifras más altas del país.

En suma, importantes indicadores señalan que la Duodécima Región tiene en este, campo uno de los niveles de desarrollo más relevantes de Chile. Específicamente, en términos de desarrollo humano, sigue de cerca a la Región Metropolitana. Es tanto más lamentable, en consecuencia, que ese capital humano, adquirido con tanto esfuerzo regional, no reciba integral aprovechamiento en la propia Región.

Recursos y potencialidades regionales

Cuando instamos a que el Estado dé los pasos necesarios para que Magallanes se desarrolle, no estamos refiriéndonos a una zona estéril, en la que toda actividad deba ser artificialmente protegida. Por el contrario, es una zona potencialmente muy rico que puede despertar comprensibles apetitos. Aludiré brevemente a algunas de estas potencialidades inexplotadas:

-Desarrollo silvoagropecuario.

Una vez más, el informe patrocinado por la Intendencia de Magallanes recoge y aumenta un listado de rubros -con 14 proyectos- en los que la Región ofrece posibilidades, y aun ventajas comparativas, que han venido siendo detectadas durante los últimos quince años.

-Energía.

Igualmente, las posibilidades de Magallanes en el sector energía -básicamente, petróleo y gas natural- están lejos de haber sido agotadas, o siquiera exploradas, en toda su extensión. Se identifican aquí otros 14 proyectos, entre los que se incluyen algunos notablemente novedosos, como la energización eólica, tanto rural como urbana, o audaces, como una refinería austral para los mercados patagónicos y naviero.

-Desarrollo industrial y minero.

Otros 14 proyectos incluyen rubros que suenan quizá extraños en la zona central, pero que corresponden a inexplotadas realidades de Magallanes. Es el caso, entre varios otros, de la explotación industrial de la turba.

-Desarrollo marítimo.

En esta área se señalan 8 proyectos posibles, que van desde la producción de alevines hasta el cultivo de especies de alto valor gastronómico, para lo que existen excelentes ventajas comparativas, todo lo cual se relaciona con un programa completo para Punta Arenas como ciudad puerto.

-Desarrollo de servicios.

De entre los 9 proyectos aquí identificados, hay algunos cuya urgencia es evidente, como el relativo a la evaluación sistemática de mercados externos para el comercio magallánico.

-Turismo.

Es ésta un área que, incluso en las deprimidas condiciones actuales, tiene posibilidades privilegiadas. Baste considerar que SERNATUR prevé que Magallanes recibirá, entre septiembre y marzo próximos, más de 160 mil turistas, esto es, el equivalente a la mitad de su población permanente total.

-Desarrollo antártico e integración patagónica.

Son éstos otros rubros que pueden parecer remotos, pero se identifican nada menos que con 33 proyectos estudiados y que son realizables.

Conclusiones

Es, pues, una hora de acción apremiante. En última instancia, hay que avanzar en los proyectos -siempre será posible rectificarlos- y no mantener una inacción que puede llevar a daños irreparables.

Los problemas ya están repetidamente diagnosticados. Pero también lo están los instrumentos, las oportunidades y las ventajas que permitirían enfrentarlos y superarlos.

Está claro que el Estado puede y debe hacer mucho.

Está igualmente claro que el sector privado puede hacer mucho. Y lo hará si ello se le permite.

Existe experiencia mundial y nacional en cuanto al éxito que tienen las políticas serias de estímulo tributario, de fomento a la migración y poblamiento, de desarrollo marítimo, silvoagropecuario, minero, industrial y turístico, de activación de los inertes bienes estatales por la propiedad privada, y de intervención del sector privado en múltiples áreas que le han estado vedadas.

Existe una multiplicidad prácticamente ilimitada de proyectos identificados en todos los sectores de la producción y de los servicios.

Existe un capital humano, educacional y cultural apreciable, que es susceptible de desarrollarse aún más y que, ante los más modestos estímulos, ha demostrado gran capacidad para absorber y aprovechar las tecnologías contemporáneas.

Ya no es hora de más estudios ni comisiones. Es hora de concretar los proyectos, de asignar los recursos públicos para llevarlos a cabo, de abrir las puertas para que fluyan los recursos privados, chilenos y extranjeros.

Es hora de aunar en esa dirección todos los esfuerzos, del Gobierno, de la Oposición, de los independientes, de todos los sectores: público, privado, gremial, académico y vecinal. En Magallanes, todo está a la espera de las grandes decisiones políticas.

He dicho.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , quiero hacer una exposición que, más que nada, llame a meditar y a sensibilizar a los Parlamentarios y al Poder Central en lo que dice relación a las zonas extremas. Para ello me referiré, en primer lugar, a aspectos generales de las mismas.

Primero, Chile presenta características que hacen que parte importante de su territorio y las personas que allí viven tengan claras condiciones de abandono, lo que a su vez implica que el país se encuentre en una franca situación de desarmonía.

Casos concretos:

Primero, 70 por ciento del territorio nacional se halla en estado de abandono por su inaccesibilidad. Me refiero a la zona costera, litoral y oceánica; a la zona montañosa, y a la zona austral, que sola representa 34 por ciento de la superficie de Chile.

En segundo lugar, 50 por ciento del territorio se encuentra en condiciones de frontera interior, producto de la combinación de doce factores agrupados, en términos generales, como accesibilidad, habitabilidad y autosustentación (me permito señalarlos en un cuadro que no leeré en su totalidad).

)------------(

--El cuadro, cuya inserción se acuerda más adelante, es del tenor siguiente:

)------------(

El señor HORVATH.-

En tercer término, la población rural del país está disminuyendo en forma alarmante, de acuerdo a los últimos censos realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas. En 1960 había 31,8 por ciento de población rural; conforme al último censo, ella ha bajado a 16,5 por ciento. Y lo más grave es que esto ocurre sin que las personas hayan resuelto sus problemas social y económico, yendo a aumentar la carga social en las urbes mayores y dejando, además, un deterioro ambiental en los sectores de los cuales salen, producto de la falta de acceso físico, cultura, educación y tecnología. Debido a esto, también coexisten importantes bolsones de pobreza en las grandes ciudades y en las de mayor actividad económica y dinamismo.

Las zonas a que me refiero tienen altos costos de vida y, además, dificultades para acceder a los servicios de salud, educación, cultura y recreación (características inherentes a ellas), lo que se traduce, entre otros efectos, en un escaso arraigo y en una alta migración hacia el centro del país y a naciones vecinas, factores que incluso falsean claramente los indicadores estadísticos -es el caso del desempleo-, en base a los cuales se toman decisiones de carácter nacional.

Como cuarto aspecto general, cabe señalar que los recursos naturales, y principalmente los renovables, de las distintas partes del territorio han sido sometidos a una fuerte presión. Son administrados desde el centro del país, sean públicos o privados, y no son cuidados en la misma medida en que podrían hacerlo los propios habitantes de la zona, sobrepasándose claramente la capacidad de control de fiscalización de ellos. Son los casos de la pesca, el bosque -particularmente el nativo-, el agua y el suelo.

La erosión es el problema ambiental mayor del país, y no las contaminaciones puntuales que se nos pretende hacer creer.

Respecto de esta situación, entrego un cuadro sobre la "Desertificación en Chile", que representa 50 por ciento del territorio nacional, incluyendo a Chiloé y Magallanes.

--El cuadro, cuya inserción se acuerda más adelante, es del tenor siguiente:

Observaciones:

1 - La suma de todas las áreas con procesos y/o riesgos de Desertificación es de 48.334 Há. si se resta el Desierto propiamente tal se obtiene que más del 50% de la superficie continental del país sufre procesos o tiene riesgos de desertificación.

2- La superficie con erosión muy fuerte correspondiente a la Zona Austral es mayor que la indicada según se explica más adelante.".

)------------(

El señor HORVATH.-

Todo esto se da en el marco de un centralismo exacerbado. No es posible que 40 por ciento de la población viva en 2 por ciento del territorio -en la Región Metropolitana-; que en ese 2 por ciento esté 70 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 24 años; que todo el esfuerzo de cultura, educación, ciencia y tecnología se realice también en 70 por ciento en esta área; y que la gestión y administración del gasto en dicha Región represente el 85 por ciento del país.

Ahora bien, más que sólo a cifras, eso corresponde a una mentalidad profundamente arraigada en una estructura centralista del Estado, de la sociedad y de los propios individuos, estructura que nos fue legada a los latinoamericanos por la monarquía española y portuguesa, por un proceso de conquista de carácter militar, particularmente relevante en Chile, y también en el ámbito religioso.

A lo anterior cabe agregar que las estructuras de las civilizaciones precolombinas en América fueron igualmente muy centralistas; es el caso de la cultura de los imperios azteca e inca.

Ese centralismo, por tanto, se da además en los bancos, en las empresas privadas, en los partidos políticos y en los medios de comunicación. Es cosa de ver el grado de atención que provoca esta sesión especial destinada a tratar la situación de las zonas extremas.

También persisten una cultura y un modelo del ideal de las condiciones de vida en el país. Por decirlo en términos sintéticos, señor Presidente y Honorables colegas, es como que todo lo que no se parezca a las condiciones de vida del Valle del Aconcagua es negativo; vale decir, que llueva, que haga frío, en fin, no es humano.

Por otro lado, dentro de los aspectos generales, Chile es una país en exceso legalista, apegado a lo formal y superpuesto al centralismo que he señalado, y en el cual se produce una excesiva burocracia, ya que el sector público está restringido a sólo lo que le es permitido. Esto, en un esquema centralista, ocasiona una situación que asfixia las iniciativas y provoca una pérdida de confianza generalizada en la población.

Las zonas extremas tienen el mayor número de autoridades y de funcionarios públicos per cápita. Sin embargo, en tales condiciones, no son servidores públicos.

De los antecedentes que he proporcionado se desprende claramente que en el país tenemos importantes áreas en situación de abandono y que, en forma especial, ello afecta a las zonas extremas del territorio; es decir, por la parte norte, a la Primera Región , particularmente a Arica; a la Undécima y Duodécima Regiones, más la provincia de Palena, en el extremo austral; y a la provincia de Isla de Pascua o Rapa Nui, con su influencia oceánica, en el extremo poniente.

No es, entonces, casualidad que en esas tres áreas se estén produciendo protestas legítimas (porque están reclamando cara a cara, y no murmurando, que es todavía una de las características negativas del chileno, quien lo hace por la espalda). Y eso, en el fondo, demuestra la existencia de lo que hemos denominado, en términos populares, "triángulo del abandono", respecto del cual es necesario aplicar una política de Estado que permita un desarrollo sano y armónico y una adecuada condición de vida para todos sus habitantes, a fin de que podamos asumir los desafíos del siglo XXI -entre otros el de mantener nuestra diversidad ante un mundo cada vez más globalizado y mediatizado- y presentarnos en la Cuenca del Pacífico como un territorio y una nación integrados.

Después de haber hecho esta presentación general, me referiré en particular al caso de Aisén.

Aisén ha sido la Región frontera en estos últimos años del siglo XX. Sin duda, es la zona menos poblada de Chile, con la mayor situación objetiva de abandono y, simultáneamente, con el más alto potencial en su diversidad de recursos y estado de privilegio ecológico.

Las motivaciones originarias de las exploraciones y asentamientos para esta zona nacen y se confunden con los grandes mitos de la humanidad. Es el caso de La Ciudad de los Césares; el de Los Sueños de San Juan Bosco , y ahora, el de construir una sociedad alternativa en armonía con la naturaleza. Esta doble condición, de contrapunto, de grandes contradicciones entre el abandono y su potencial y atractivos, es precisamente la que debe hacer nacer la chispa que sensibilice la voluntad nacional a fin de preocuparse por Aisén, que responderá, y con creces, al interés general de Chile.

Por ello, plantearé en forma global el problema y la proposición de la solución correspondiente para el caso de Aisén.

1°. Existen más de 100 valles, con sus recursos correspondientes, sin accesibilidad. Estos son los vasos capilares de un cuerpo regional, que, sin duda, le hacen falta. Hay un programa de caminos y sendas de penetración que se encuentra detenido hace cuatro años y medio y que se complementa con el resto de los proyectos de integración, como la red vial austral, los transbordadores y el sistema de aerovías.

La solución: existen una metodología y una experiencia de construcción de sendas y caminos de penetración, balsas, pasarelas y puentes, con participación de la comunidad. Sólo los beneficios ganadero y forestal, más la valorización de las tierras de los antiguos y potenciales colonos, justifican ampliamente estas obras, que, además, corresponden a un modelo de desarrollo sustentable, con evaluación de los recursos satelital y un seguimiento y control posteriores de ellos.

2°. La Región tiene el potencial hidroeléctrico más alto del país -también incluyo en mi intervención un documento objetivo al respecto- y, sin embargo, cuenta con la quinta energía más cara del mundo y, como consecuencia, con la segunda agua potable más onerosa de Chile, ya que en algunos casos se debe elevarla y tratarla. Hay centrales térmicas que inhiben el desarrollo y encarecen, desde luego, la vida en Aisén.

La solución consiste en implementar los proyectos ya estudiados sobre centrales hidroeléctricas -las cuales, además, se encuentran comprometidas- y evaluar éstas en un sentido social, económico y de proyección necesaria de la zona. Es el caso de Lago Atravesado, Lago Paloma y Lagunillas .

)------------(

-El documento, cuya inserción se acuerda más adelante, es del tenor siguiente:

"En la XI Región, en los ríos Baker y Pascua, la Empresa Nacional de Electricidad S.A. ha evaluado preliminarmente algunos desarrollos hidroeléctricos, estudios que se encuentran en la etapa de prefactibilidad y son los que se indican a continuación.

--RIO PASCUA: Dos centrales de embalse de aproximadamente 600 MW de capacidad cada una, denominadas Río Pascua y San Vicente. El plazo de ejecución se estima en unos 6,5 años para cada una.

--RIO BAKER: Se han identificado 3 centrales de embalse con una capacidad total de 1.300 MW aproximadamente, denominadas Río Ibáñez , Chacabuco y El Saltón.

Por su parte, para cubrir el futuro aumento de la demanda en la XI Región, la Empresa Eléctrica de Aisén S.A. ha desarrollado hasta el avance de Estudio de Factibilidad dos proyectos hidroeléctricos, cuyas principales características son las siguientes:

--LA PALOMA: Su ubicación se encuentra a 35 Km al sur de Coyhaique, la potencia es de 3 MW (2 x 1,5 MW) y su tiempo de construcción se estima en 27 meses.

--LAGO ATRAVESADO: Su ubicación se encuentra a 27 Km al suroeste de Coyhaique, la potencia es de 7 MW (2 x 3,5 MW) y su tiempo de construcción se estima en 32 meses.

Otros proyectos en la XI Región son los siguientes:

--Central Lago Portales 9,0 MW

--Central Lago Cóndor 10,0 MW

--Central Los Peñascos 6,4 MW

--Central Lago Huincal 0,5 MW

--Central Río Jeinimenie 0,9 MW

--Central Río Cochrane 0,5 MW."

)------------(

El señor HORVATH.-

3º. En la Región existe una enorme porción de tierra con títulos aún en estado irregular, lo que, por ende, frena la posibilidad de créditos y de desarrollo de los terrenos.

La solución pasa por intensificar el proceso de saneamiento de títulos.

4º. Hay miles de concesiones de acuicultura pendientes desde hace tres años en la zona. El sector de fiordos y canales protegidos e incontaminados se traduce en un potencial nuevo cobre para Chile y, además, en un recurso renovable.

La solución radica en apurar y dictar el Reglamento de Zonas Aptas que establece la Ley General de Pesca y Acuicultura.

5º. Un alto porcentaje de personas no posee los estudios ni la preparación que exige su potencial de desarrollo y, además, existen presiones externas, particularmente en lo social y lo legal, a las cuales se hallan sometidas sus habitantes. En la medida en que se produce la transición, llegan personas con más habilidades y destrezas que van desplazando a aquellas que han pagado el costo de vivir y sacrificarse en condiciones de aislamiento.

La solución pasa por una capacitación a todo nivel, incluyendo las fórmulas a distancia; por la implementación o transformación de los liceos en politécnicos (al menos uno por provincia), y por la generación, en forma gradual, de una universidad, donde en los dos o tres primeros años los estudiantes se reciban de técnicos universitarios, y que luego, en el marco del desarrollo, se transforme en una universidad como corresponde.

6º. El alto grado de endeudamiento y morosidad con el sistema financiero, y con la CORFO y el INDAP, entre otras instituciones. Existen casos sociales dramáticos de ejecución por parte del Banco del Estado a personas que, en situaciones de baja, como la que se vive hoy día, no pueden pagar.

La solución -adjunto un cuadro concreto de estos casos- es detener los remates y renegociar las deudas atendiendo a la condición social y la viabilidad de los afectados. No estamos pidiendo una condonación, sino una renegociación justa.

)------------(

--El cuadro cuya inserción se acuerda más adelante es el siguiente:

1.- Hay que considerar que muchas deudas de la región son con sistema financiero del centro del país.

2- Hay otras entidades que también otorgan préstamos (Ej: FUNDA)

3.- Las colocaciones de regiones son más bajas que las captaciones y depósitos; lo contrario sucede en la Región Metropolitana.

Hay una transferencia de ahorro financiero hacia la metrópoli, la que lo administra.

)------------(

El señor HORVATH.-

7°. Las leyes de excepción para la Región hasta la fecha han resultado poco significativas, por falta de fondos o porque no se han aplicado integralmente. Es el caso de la bonificación de las inversiones; de la asignación de zona, que es muy precaria y afecta con posterioridad a las personas cuando se pensionan; de la bonificación de la reforestación a través del decreto ley NQ 710, respecto de la que | existe poca práctica, y de otros beneficios, como la bonificación a los fertilizantes.

Se propone, por lo tanto, definir leyes de excepción y financiarlas adecuadamente, según el potencial de desarrollo social y económico, de manera que puedan regir en forma integral.

8°. Las estadísticas regionales -como he señalado- son incompletas y, en consecuencia, la toma de decisiones se torna irreal para las verdaderas condiciones existentes. Se menciona a Aysén y Magallanes como las zonas con más bajo desempleo en el país, en circunstancias de que sus habitantes no pueden vivir en las condiciones que ellas ofrecen y deciden emigrar hacia el centro del territorio o hacia Argentina.

La solución es complementar y validar las estadísticas regionales.

9°. El alto costo de acceso mediante el sistema de barcazas, que complementa otras fórmulas de integración a la Región que también deben ser mejoradas en el mediano plazo.

Como solución, hay que definir una política de subsidios que equivalga a hacer uso de un camino pavimentado, hasta que la Región se desarrolle, se autosustente y devuelva con creces el beneficio.

10°. Existen pocas alternativas de recreación y cultura, con atención especial en los medios de comunicación de carácter nacional, que desvían -por así decirlo- y fomentan prácticas antagónicas a las condiciones que ofrecen las vocaciones regionales.

Se propone regionalizar el Fondo de Cultura, complementar las facilidades de recreación (como los gimnasios), y generar programas de televisión de carácter regional-cultural compatibles con el Estado nacional.

11°. La baja densidad de población de la zona (0,7 habitante por kilómetro cuadrado), concentrada en 80 por ciento en dos ciudades: Coyhaique y Puerto Aysén, Sobre el particular, cabe anotar que bajo todos los Gobiernos -civiles o militares, de derecha o izquierda- se han efectuado ensayos negativos de colonización. Es el caso de la isla Leones, de Quitralco y, más recientemente, de Melimoyu. No ha habido una política de Estado consistente y permanente y con amplia participación.

En la zona austral, como conjunto, ocho comunas han visto disminuida su población -así lo expresé en una sesión anterior- en los últimos diez años, mientras que en el lado argentino ella ha crecido notoriamente. El ejemplo más dramático es el de Tierra del Fuego.

Se plantea idear un plan de poblamiento de carácter permanente, que reúna a los sectores público, privado y académico, pasando por un sistema de prioridades y secuencia, destinado a arraigar a los actuales habitantes, a atraer chilenos del resto del país, a compatriotas que viven en el extranjero (particularmente, en Argentina), y una razonable dosis de inmigrantes, de manera de seguir esta prioridad y dar simultaneidad con el fin de lograr equidad y aceptación. Tenemos el caso de los pobladores del litoral, que al estar impedidos de administrar las bahías que les consagra la ley o por no tener acceso a títulos, llevan ocho o diez años en poblados de plástico, en tanto que otros colonos se están yendo por las causas anotadas.

12°. Esta región tiene, al igual que las demás zonas extremas del país, un exceso de estudios, los cuales se pueden medir por metros cúbicos, y también un exceso de comisiones.

Se propone la implementación de planes experimentales respecto del bosque nativo del área litoral, que es especialmente feble o débil, o del poblamiento del litoral, y, derechamente, finalizar las obras ya evaluadas y priorizadas.

13°. La integración con el vecino país, con un clara complementariedad de recursos y, además, un gran lazo de índole social, por la vinculación de la mayoría de la población de la nación vecina en la zona patagónica, que es de origen chileno.

Ahí hace falta salirse de los discursos y materializar los objetivos y propósitos en términos de reciprocidad. Me refiero, por ejemplo, a la pavimentación entre Río Mayo y Huemules , con el objeto de llevar a cabo la complementación a través del corredor entre Comodoro Rivadavia y Chacabuco, en el Océano Pacífico. Asimismo, falta habilitar el camino San Martín-Lago Verde, y efectuar la integración austral hacia el área de O'Higgins, en entrada Mayer , Cocoví y el mismo lago O'Higgins. Todos los anteriores son pasos que en gran medida ha efectuado Chile, sin que hasta la fecha haya recibido reciprocidad del vecino país.

Similar situación se da con motivo de las normas aduaneras, de la necesidad de implementar controles sanitarios y, desde luego -como se ha mencionado-, de fomentar medidas semejantes que sean compatibles en ambos países. No puede haber zonas francas en un lado y en el otro no.

14°. La integración necesaria con Magallanes. Existe un proyecto, estudiado en terreno, de integración entre Puerto Yungay y Puerto Natales, que constituirá un futuro camino de 2 mil 925 kilómetros entre Puerto Montt y Puerto Williams, que permitirá integrar el 34 por ciento de la superficie del país.

Se propone la implementación inmediata de un transbordador entre Yungay y Natales , que va a poner en actividad todos los recursos del sector; el estudio y efectivo control y aprovechamiento del Parque Nacional O'Higgins -el más grande de Chile y uno de los más extensos de América-, que es un parque "en el papel", pues en él se están extinguiendo nuestros animales heráldicos y otros; propender al desarrollo del litoral de esta zona, y hacer una clara definición de la situación de fronteras, como lo que se ha señalado a propósito de Laguna del Desierto y Campo de Hielo Patagónico Sur, problemas que se han producido por el abandono y desinterés derivados del desconocimiento de esta área por el nivel nacional.

15°. La Región fue incendiada...

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Su Señoría, se ha fijado un tiempo determinado para cada Senador y no quisiera que sus interesantes observaciones coparan el de los demás.

El señor HORVATH.-

No lo estoy copando, señor Presidente , porque los Comités Renovación Nacional y Unión de Centro Centro me ofrecieron los suyos.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

El Honorable señor Prat también va a usar de la palabra.

El señor HORVATH.-

Pero el jefe de Comité de Renovación Nacional acogió mi solicitud.

De lo contrarío, usaría el que corresponde al Comité Unión de Centro Centro.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Dentro de la hora y media.

El señor HORVATH.-

Sí, señor Presidente.

Siguiendo mi planteamiento de problemas y soluciones, deseo poner énfasis en la condición del bosque de la zona de Aysén, que fue incendiado en las décadas de los años 30 y 40. Fueron afectadas 3 millones de hectáreas que, obviamente, provocaron una gran erosión. La cantidad que se ha reforestado a través del decreto ley N° 701 es una migaja respecto de la que ahí se requiere y, además, se contrapesa con lo que se pierde todos los años.

La proposición es iniciar una campaña de forestación y la adecuación, y consecuente prórroga, del decreto ley N° 701, en la dimensión que la Región lo requiere, considerando los rendimientos socioeconómicos que claramente va a producir.

16°. El último problema que quiero plantear se refiere a la existencia de áreas importantes al interior de la Región que tienen un atraso en su desarrollo y un abandono mayor. Es el caso de la ciudad de Puerto Aysén, que hoy a través de la prensa solicita al Gobierno su autonomía respecto del resto del país; el de cinco comunas de la zona austral; el de Melinka; el de Lago Verde, y el de otras localidades que se hallan al interior de este centralismo regional y comunal.

Se sugiere una redefinición de la división político-administrativa y un plan de reactivación y puesta al día, a través de proyectos; de infraestructura y productivos, para cada uno de los sectores mencionados.

Señor Presidente , estimados colegas, detrás de mi deseo de señalar cada problema y su respectiva solución hay una visión profundamente positiva. Las inversiones y acciones indicadas son de bajo costo para el país y su resultado en la activación de los recursos, en el sector de la acuicultura, el turismo, la energía y la minería, va a significar, sin vulnerar su condición de privilegio ecológico, una respuesta con creces a la pequeña inversión que se está proponiendo con sentido futurista y creativo.

Así, la gente de Aysén, junto a la de Magallanes y de Palena, uniéndonos con la de Arica y la Primera Región y la de Isla de Pascua, daremos el necesario balance que requiere Chile para su desarrollo integral y también de calidad de vida a escala humana.

Por ello, proponemos adoptar las siguientes medidas legislativas:

a) Crear cuentas patrimoniales por región y zonas extremas, con el objeto de determinar si el crecimiento económico guarda relación con la variación de los recursos, particularmente de los renovables.

b) Establecer un sistema de indicadores de calidad de vida.

Hacer la necesaria consideración de territorio como política de Estado.

Incorporar la dimensión de futuro en la elaboración de planes, proyectos y obras, a fin de salimos del elemento coyuntural que nos afecta y nos asfixia en todos sus ámbitos (tiempo, espacio y relaciones sociales).

Garantizar la identidad y la diversidad cultural de las zonas extremas y de cada una de las áreas señaladas.

Asignar los costos del centralismo y la expansión urbana a los agentes que los provocan y a las ciudades mismas, de modo que el resto de las Regiones no pague este problema, que se ha generado por la megacefalia de Chile.

g) Acelerar el proceso de descentralización y regionalización en los niveles nacional, regional y comunal.

h) Por último, asegurar en forma muy importante -y lo digo en el Congreso Nacional, que es la expresión política del país- una representación popular en la que el número de electores no sea el único factor que se considere. Y no lo planteo como persona interesada, sino como alguien que pretende, realmente, dar armonía al tratamiento de los problemas de carácter nacional.

Señor Presidente , quiero agradecer en términos generales el que se me haya escuchado. Ojalá que Sus Señorías mediten los antecedentes que he entregado y todos los que se proporcionarán durante esta sesión, para que logremos sensibilizarnos con respecto a estos temas y podamos superar el "triángulo del abandono" que tenemos a nivel nacional.

Hago presente que propondremos un proyecto de acuerdo sobre la materia.

Muchas gracias.

El señor PRAT.-

Señor Presidente, voy a tratar de aprovechar los cinco minutos que nos quedan.

En primer lugar, deseo destacar y valorar el acuerdo, reflejado en la realización de esta sesión, en torno de la magnitud y seriedad del problema que dice relación al desarrollo -hoy abandono- de las zonas extremas; valorar la sintonía de los planteamientos que hemos oído en la Sala desde todas las bancadas, y valorar la presencia de los señores Ministros de Relaciones Exteriores y del Interior,

En el poco tiempo de que dispongo, quiero manifestar que necesitamos avanzar con mucha vitalidad en el campo de las acciones de Gobierno, para llevar solución al problema que hoy nos reúne. Tradicionalmente, las medidas que se adoptaron en relación con las zonas extremas estuvieron vinculadas, de manera principal, a las desgravaciones arancelarias. Esa fórmula hoy día está agotada, pues el país aplica una tasa arancelaria general, que es extremadamente baja y tiende a decrecer. Por lo tanto, generar un diferencial en esta materia hoy día, ya no ofrece ninguna opción preferente para el desarrollo en esa zona. Por consiguiente, la vía de desgravar aranceles es una fórmula virtualmente agotada.

En el caso del extremo austral, que nos preocupa en esta parte de la sesión, el aporte de iniciativa estatal estuvo fundamentalmente centrado en la extracción de petróleo, actividad que configuró en el área una especie de monoproducción, la que en la actualidad ha decrecido de manera vertiginosa por agotamiento de los pozos.

Sin lugar a dudas, el decaimiento del producto geográfico experimentado en los últimos años en la Duodécima Región se debe básicamente a que su principal actividad y contribución al producto -la extracción de petróleo- ha decaído en forma vertical.

Por consiguiente, nuestro esfuerzo debe orientarse a buscar los resortes que quedan por tocar y que permitan avanzar en la recuperación de estas zonas, generando un desarrollo armónico y dando atención a los serios factores geopolíticos que las caracterizan, los que, de no ser abordados con prontitud y seriedad, comprometen incluso potencialmente la seguridad nacional.

Quedan los impuestos. Al respecto, pueden establecerse mecanismos de devolución o desgravación de los mismos que faciliten el crecimiento económico en esos lugares de nuestro territorio.

Por otra parte, en cuanto a la infraestructura, a través de ella el Estado puede expandir las actividades, avanzar en este sentido hacia los rincones hoy día en aislamiento y desarrollar la potencialidad productiva en tantos ámbitos y sectores, lo que no es posible lograr sin las debidas vías de comunicación.

Existe una serie de proyectos de infraestructura, particularmente en la Región de Magallanes, que hay que abordar con prontitud. Por ejemplo, la construcción del puerto de Magallanes, concebido en bahía Catalina; la ejecución de caminos que comuniquen con Tierra del Fuego, tales como el proyectado para unir Estancia Vicuña con Yendegaia, e incluso uno desde el Canal Beagle hasta Seno Grandi , en la isla Navarino, y, también, la construcción de una pista aérea en Windhond, lo que permitiría disponer de una escala de seguridad en el tráfico a la Antártica, el que ahora es en extremo feble.

Por consiguiente, a través de la infraestructura es factible abrir espacios al crecimiento y a la penetración en sectores aislados, posibilitando así que la iniciativa particular, apoyada en aquélla, se desarrolle plenamente.

Sin embargo, más cerca en el tiempo y en los recursos se halla el facilitar la realización de ciertas actividades, mediante la eliminación de trámites e impedimentos burocráticos. En la actualidad, un sector de la Duodécima Región está cubierto por una flota pesquera internacional, la que es capaz de impulsar un gran movimiento a través de la transferencia de carga y de los diversos servicios que requiere. Pero, en la medida en que encuentra dificultades y se le presentan obstáculos burocráticos, prefiere las facilidades que le ofrecen los puertos de la vecina República Argentina.

Hay ahí una competencia por atraer la actividad que conllevan el desarrollo y las necesidades de todo ese espacio pesquero, lo cual nos obliga a ser ágiles en desregular, en evitar trámites y en otorgar las facilidades adecuadas.

Recogiendo inquietudes de la gente de la Región, quiero traer al debate dos elementos que estimo de la mayor gravedad y cuya atención se requiere con urgencia.

En la actualidad, hay iniciativas privadas para la explotación racional de la lenga. Pero resulta que lo establecido en la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, vigente, impide, por falta de agilidad funcionaría y de criterios centrales claros y precisos al respecto, dar curso a esos proyectos, que se hallan paralizados en espera de aprobaciones, visaciones y otras regulaciones.

Existe también inquietud en lo referente a las balsas para la acuicultura. Estas requieren ser trasladadas periódicamente, puesto que, con el tiempo, se satura el ambiente en donde se instalan. Por ese motivo, y para una sana explotación, es necesario trasladarlas e instalarlas en nuevos sitios. Pero para ello se precisa que las aprobaciones correspondientes se den en forma ágil. Hay informaciones entregadas por los afectados que señalan que tales aprobaciones se encontrarían prácticamente paralizadas, lo que estaría generando una virtual obstaculización en el desarrollo de esta actividad que, como dije, requiere ir buscando constantemente nuevos lugares donde instalar sus estructuras.

Señor Presidente , así vemos cómo medidas pequeñas, pero importantísimas, de desburocratizar, desregular y dar facilidades, permitirían, en primera instancia, el desarrollo de la zona. Se trata, entonces, de poner el énfasis en tres elementos: impuestos, desregulación e infraestructura, por parte del Estado. Con ello se puede contribuir con rapidez a avanzar en la solución de la situación que afecta a esta zona, tema debatido de manera tan amplia y profunda en esta sesión.

He dicho.

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente , el nuevo paro de Arica ha servido, al menos, para abrir debate sobre un tema que va bastante más allá del futuro de esa hermosa ciudad, y que es la búsqueda de un "modelo de desarrollo" para el país, que contemple las características distintas y especiales que tiene cada Región y, dentro de ella, sus provincias y comunas. Es decir, debemos aceptar que el implacable mercado no es el único asignador de recursos, ni resuelve por si sólo todos los problemas.

La crisis de Arica es un ejemplo de la incapacidad del mercado para solucionar los problemas originados por políticas que se adoptan en otros países y que repercuten con especial intensidad en algunas zonas de nuestro territorio. Situación similar se vive en Magallanes, producto de las políticas que aplica el Gobierno argentino en la Patagonia y en Tierra del Fuego. En este último caso, la crisis se agravará por la declinación natural de los yacimientos de petróleo, actividad que aún ejerce especial influencia económica en la Región.

Lo anterior, sin contar con la crisis que enfrentan las diversas Regiones del país a causa de los cambios climáticos, los problemas de mercados internacionales o, simplemente, como ocurre en la zona de Arauco, por la baja rentabilidad de la explotación carbonífera que lleva a una paulatina disminución de dicha actividad, con las consecuencias sociales que ello significa. Esta la hemos analizado en la Sala en varias oportunidades, sin que, a mi juicio, hayamos avanzado en la solución de fondo del problema.

Los conflictos, o, mejor dicho, las hipótesis de conflictos con nuestros vecinos hicieron que las Fuerzas Armadas reforzaran su presencia en los extremos fronterizos del territorio y ejercieran una permanente influencia en el Gobierno Central para entregar beneficios a dichas zonas. Pero, al mismo tiempo, llevados por igual hipótesis, ejercieron su influencia para evitar intromisiones externas que pudieran poner en riesgo la soberanía nacional.

Ello originó un conjunto de leyes y decretos que dificultan la inversión y la radicación de ciudadanos de los países limítrofes.

Vivimos durante una parte importante de nuestra historia con una política internacional aislacionista, de profundos recelos y desconfianzas, lo que impidió una real integración con nuestros vecinos sudamericanos.

La dura experiencia de 1978 y la providencial intervención del Santo Padre permitieron que, a lo menos con Argentina, se establecieran bases de acuerdo sólidas, las que con la llegada del Gobierno del Presidente Aylwin generaron una importante dinámica de integración. Ello contribuyó, asimismo, a comenzar una nueva etapa en nuestras relaciones con Perú y a buscar caminos para reanudar las relaciones diplomáticas con Bolivia.

No se integran pueblos que se consideran enemigos, ni se preparan para destruirse pueblos que se consideran hermanos. Urge, en consecuencia, declararnos la Paz, no sólo con la firma de tratados, sino, fundamentalmente, transformando nuestras fronteras en puntos de encuentro y de unión de nuestros pueblos, y no en barreras que nos separan.

Al carecer en el pasado de mecanismos de participación en las Regiones, las medidas contempladas en los proyectos de desarrollo impulsados desde el Gobierno Central, con gran frecuencia, no recogían las necesidades y las aspiraciones de las comunidades a las que se pretendía servir. Así, el Gobierno militar eliminó los puertos libres de Arica y Punta Arenas, la Junta de Adelanto de Arica y la Corporación de Magallanes, y creó, en cambio, las zonas francas de Iquique y de Punta Arenas.

En el caso del norte, desvistió a un santo para vestir al vecino, con las consecuencias que estamos enfrentando hoy: dejó a la provincia de ese extremo del país sin puerto libre y sin su principal herramienta de desarrollo. En el caso de la zona austral, se perdió la Corporación de Magallanes, instrumento público que había generado un impulso notable al desarrollo industrial de la Región, lo que en algún grado he tratado de rescatar con la creación del Fondo para el Desarrollo de Magallanes.

Esos son algunos de los problemas. Pero el principal, a mi juicio, ha sido y es la falta de un proyecto de desarrollo armónico del país. Es necesario entender que al mercado hay que dejarlo actuar dentro de determinados marcos, los que debe fijar la comunidad en función de los intereses nacionales y locales, considerando además los fenómenos que ocurren en el mundo, donde los países altamente desarrollados tienen miles de formas sutiles para proteger sus industrias, su agricultura y su mano de obra.

Hay más. En estos días, en la gran metrópoli se discute la construcción de vías elevadas, nuevas circunvalaciones, otras líneas del Metro, estacionamientos subterráneos, y, al paso que va, Santiago tendrá que comenzar a programar viviendas subterráneas, porque su continua expansión parece racionalmente imposible. En palabras simples, los recursos que absorbe el crecimiento de Santiago impiden o limitan el crecimiento y desarrollo de las Regiones, especialmente de las más apartadas, y reducen el nivel de vida de la gran mayoría de los habitantes de la Capital.

El desarrollo de las Regiones está fuertemente condicionado por la forma como se distribuyen los recursos de que dispone el país y por la eficiencia del aparato estatal para responder a las demandas de los lugares más apartados; además, desde luego, del potencial económico y humano propio de cada Región.

Más directamente aún, el principal y más grave problema que enfrentan las Regiones tiene que ver con el no menos grave problema que ha destruido las condiciones de vida de los habitantes de Santiago, cual es el desarrollo desordenado, o, más bien, anárquico del país.

Lo anterior se refleja en el traslado de una parte significativa de las actividades industriales desde provincias a la capital y en el crecimiento desmedido de ésta. Entre tanto, las Regiones crecen en forma lenta y en algunos lugares -es el caso de Tierra del Fuego-, incluso, se produce una disminución de la población.

Algunos dicen que la República Argentina derrochó cuantiosos recursos en Tierra del Fuego con el objeto de lograr un crecimiento espectacular. Económicamente hablando, puede ser cierto, pero nadie ignora la importancia geopolítica de haber logrado establecer una población que se aproxima a las 80 mil personas, mientras que en el lado chileno sólo tenemos alrededor de 7 mil habitantes en toda la amplia extensión de esa isla. Ello demuestra que, sin repetir errores que perjudican la economía del país en su conjunto, el análisis de los problemas de zonas tan aisladas geográficamente y de tanta importancia estratégica debe incorporar otros elementos que, por desgracia, ni siquiera el Gobierno militar consideró.

Otros problemas que enfrentan las Regiones son el excesivo poder del Gobierno Central y el desconocimiento que tienen los legisladores de las distintas realidades que componen nuestra extensa geografía. Atenta en contra de una mayor eficacia legislativa la errada interpretación del sistema unitario de Gobierno, que exige una legislación nacional, con iguales condiciones para todo el país. Lo anterior debe colocar sobre la mesa de discusión de los nuevos tiempos un sistema de organización del Estado que signifique aumentar notoriamente el poder y la autonomía de las Regiones, así como las fuentes de recursos para su desenvolvimiento presente y su proyección futura. El tratamiento que dan los organismos y servicios centralizados a las distintas materias hace demorosas -y, por lo mismo, inoportunas- medidas que, muchas veces, se aguardan por largo tiempo y que atañen a urgentes y graves problemas locales.

La misma falta de incentivos que existe para la instalación de industrias en las Regiones se observa en la localización de las casas matrices de actividades productivas, de servicios y de finanzas instaladas en aquéllas, pues normalmente las oficinas centrales -y, por ende, los centros de decisión- se hallan en la capital.

Una ciudad necesita un plano regulador que establezca los lugares residenciales, las áreas verdes, las vías de circulación del transporte, los sitios donde se pueden instalar actividades comerciales, industrias, etcétera. De igual forma, un país, a través de los representantes legítimos que el pueblo elige para su Gobierno, debiera establecer las normas que regulen su desarrollo armónico.

Los inversionistas en grandes proyectos de explotación de recursos naturales no necesitan de incentivos especiales para instalar sus actividades productivas. Sin embargo, la investigación previa, el estudio de pequeños proyectos en tal sentido en zonas extremas o económicamente deprimidas, necesarios para determinar su rentabilidad, factibilidad técnica y financiera, así como los mercados posibles y otros requisitos indispensables para la puesta en marcha de dichos proyectos, generalmente no están en condiciones de ser abordados por las pequeñas y numerosas mediabas empresas. En Magallanes, el 90 por ciento de la actividad productiva la realizan pequeñas empresas. Es allí donde el interés nacional exige la presencia activa del Estado en apoyo a dichas actividades.

Hoy, las presiones de los grupos de poder económico llevan a sobrepoblar Santiago , generando condiciones de vida infrahumanas para una gran masa de pobres, muchos de ellos llegados desde provincias, quienes buscan en aquélla un trabajo que no encuentran en su tierra. Lo hacen a costa de sacrificar condiciones de vida más favorables, degradando a sus familias y aumentando los problemas del gigantismo que ahoga a la principal metrópoli del país.

Evitar, a lo menos, el crecimiento de Santiago es una medida que beneficiará a las Regiones, pero, también, a los habitantes pobres de aquélla. La instalación de industrias y actividades productivas en provincias puede llevar a muchísimas familias a alcanzar condiciones de vida muy superiores a las que encuentran en la capital. Si, además, el Estado garantiza en Regiones un adecuado nivel de educación para los niños y jóvenes; si los servicios de salud son equipados con recursos modernos, que eviten el traslado a Santiago; en fin, si ellos pueden tener acceso en sus lugares de origen a beneficios que hoy sólo dan la capital o las grandes ciudades, y a un trabajo estable y justamente remunerado, se detendrá el éxodo masivo a la capital y sólo existirá un flujo natural en uno y otro sentido.

Como no se puede obligar a nadie a ir a vivir a Regiones o provincias, la sociedad debe establecer incentivos para la instalación de actividades productivas en aquéllas que permitan el desarrollo económico, y por lo mismo, el asentamiento humano, y, simultáneamente, desincentivos para el crecimiento de actividades productivas en la capital, evitando así el incremento de su población.

También debe enfrentarse el problema originado por el aislamiento, las dificultades de acceso y la lejanía de algunas zonas del país, que genera graves inconvenientes de transporte y costos de producción y servicios excesivamente altos, lo cual dificulta su poblamiento y desarrollo. Este es otro elemento que debe tenerse presente al elaborar una política armónica, equitativa y sustentable de desarrollo del país.

Medidas inmediatas para superar la crisis en las Regiones extremas.

1.- Deberá establecerse una política tributaria que grave las actuales instalaciones industriales establecidas en la Región Metropolitana con una tasa de impuesto a las utilidades que aumente anualmente en 1 por ciento, hasta alcanzar el 20 por ciento. Y, simultáneamente, una tasa de impuesto a las industrias instaladas en provincias, partiendo del 15 por ciento actual para llegar a 0 por ciento en las localidades más apartadas o en aquellas ubicadas fuera de la Región Metropolitana y que se encuentren en condiciones de mayor pobreza.

2.- Deben dictarse normas legales que prohíban la instalación de nuevas industrias en la Región Metropolitana, como asimismo, no autorizarse las ampliaciones de las existentes, excepto cuando signifiquen su modernización.

3.- Debe realizarse un esfuerzo especial en materia de salud, a fin de que en las Regiones más apartadas del país exista, a lo menos, un centro hospitalario del más alto nivel, ya que el traslado a la capital es excesivamente oneroso y queda fuera del alcance de la mayoría de la población. Además, deben reforzarse los establecimientos de provincias y comunas, con el mismo criterio anterior, mejorando en mayor medida los más retirados de los centros poblados.

4.- El Estado debe modificar su política de financiamiento de la educación superior, que hoy privilegia a las grandes universidades instaladas en la capital y en las principales ciudades del país, aumentando la subvención a las universidades de Regiones, por medio del mismo sistema de distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, de manera que dichos centros de estudios puedan tener académicos del más alto nivel y, por lo mismo, las carreras que se impartan sean de la más alta excelencia académica posible.

5.- Los recursos que el Estado gasta en el desarrollo de la cultura debieran distribuirse en la misma forma que hemos planteado para el mantenimiento de las universidades. Es decir, mayor inversión para cultura por habitante mientras más lejos esté la localidad de la capital y mayor sea el nivel de pobreza.

6.- Debe modificarse la ley N° 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional, para avanzar en mayores grados de descentralización, y establecerse en artículos transitorios una disposición para incrementar en 50 por ciento anual el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para los años 1995 y 1996. De igual forma, es preciso mantener el incremento de 25 por ciento anual en la inversión sectorial de asignación regional, en los Presupuestos de 1995 y 1996.

^@#@^Región de Magallanes

Considerando los graves problemas que enfrenta esta Región, que requieren de medidas inmediatas, y mientras se elabora y pone en marcha el Proyecto de Región que inició el Gobierno Regional la semana pasada, solicito que se envíen oficios al señor Ministro del Interior y a todos los Ministros que forman parte de la Comisión Especial creada para enfrentar las crisis de Arica, Magallanes , Aisén y zonas apartadas en general, con los siguientes requerimientos:

I.- Fondo para el desarrollo de Magallanes.

Que se acoja la solicitud que envié al Supremo Gobierno en orden a superar las dificultades originadas a la ley N° 19.275 por la baja del precio del petróleo, para lo cual será menester efectuar las siguientes modificaciones en los cuerpos legales que se indican, en la forma que se detalla:

"Artículo primero.- Reemplázase el articulo 6o del D.L. N° 2.312, de 1978, por el siguiente:

"Artículo 6o.- Establécese el siguiente derecho de explotación que gravará la explotación que ENAP haga de los yacimientos productores de petróleo y/ o gas ubicados en territorio nacional:

"a) 5% sobre la producción bruta mensual valorada de petróleo crudo.

"b) 5% sobre la producción mensual de gas natural vendido o consumido internamente por ENAP como recurso energético.

"c) 5% sobre la producción neta mensual utilizada por ENAP como insumo en sus procesos industriales.

"Artículo segundo.- Reemplázase el inciso primero del artículo primero de la ley N° 19.275 por el siguiente:

"La recaudación que por concepto de derecho de explotación a que se refiere el artículo 6o del decreto ley 2.312 de 1978 se obtenga con motivo de las actividades de explotación de gas y/o petróleo que se realicen en la Región de Magallanes y Antártica Chilena se destinará anualmente, a través de su incorporación en la Ley de Presupuestos respectiva, en forma íntegra a constituir un Fondo para el Desarrollo de dicha región, de carácter acumulable, el cual será administrado por el Gobierno Regional y asignado a proyectos de fomento y desarrollo de la Región.

"Artículo transitorio.- Esta ley comenzará a regir a partir del 1° de enero de 1995.".

II.- Inventario de recursos naturales de Magallanes.

Que se agilicen las acciones tendientes a completar el inventario de recursos naturales de la Región de Magallanes, que solicité al Supremo Gobierno en 1992.

III.- Espacio Económico Austral.

Que se instruya a los Ministerios correspondientes para iniciar con la mayor brevedad el estudio para implementar la creación del "Espacio Económico Austral", que permitirá avanzar en forma sustantiva en el proceso de integración chileno-argentina en el Austro, y que presenté al Canciller, don Carlos Figueroa .

IV.- Eliminación de burocracia innecesaria.

Que se envíe con la mayor brevedad el siguiente proyecto de ley que, en enero de 1993, presenté en conjunto con el ex Senador, señor Humberto Palza, y que requiere patrocinio del Ejecutivo:

"Artículo único.- Modifíquese el siguiente cuerpo legal en la forma que se indica:

"Agréguese el siguiente inciso al artículo 2º letra B de la Ley 16.592:

"Esto sin perjuicio que, en todas aquellas actividades que digan relación con el desarrollo y el progreso de estas zonas y que han sido autorizadas por medio de una ley, pueda actuarse sin requerir el pronunciamiento de este servicio, de lo que se dará cuenta a la Autoridad del Gobierno Regional de que se trate."

Esta iniciativa tiene por objeto agilizar los trámites de diversa índole, producto de beneficios legales que se otorgan a las Regiones extremas y que requieren de la aprobación de la DIFROL.

V.- Mejoramiento de subvención al transporte marítimo.

Considerando la realidad geográfica de Magallanes, se deben mejorar las subvenciones al transporte marítimo y modificar, las modalidades existentes, bonificando los valores de los fletes y pasajes, independientemente de las compañías que entreguen el servicio, promoviendo una real competencia, que hoy no existe.

Palabras Finales

Señor Presidente , sé que estas medidas serán severamente resistidas por los grandes intereses creados en la capital, y que no será fácil su aprobación por el Congreso Nacional. Sin embargo, sin medidas heroicas y decisiones audaces no será posible el desarrollo de las Regiones, especialmente de las más apartadas, ni se podrán mejorar las condiciones de vida de los habitantes pobres de Santiago.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-

Señor Presidente , en verdad, hablar al final da una gran ventaja: tener una visión de conjunto de las intervenciones de los señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra. Y me interesa destacar, sobre todo, la clara coincidencia que puede apreciarse en todos ellos en torno al tema central que hoy trata la Corporación.

Si estoy en lo cierto, creo que podríamos tomar el acuerdo unánime de solicitar al Poder Ejecutivo , que, sobre la base de los planteamientos hechos con relación a las Regiones Primera, Undécima y Duodécima y a la Isla de Pascua, designe un Ministro , más que para abocarse a nuevos estudios -como se ha dicho, ya están todos hechos; basta de estudios y de comisiones-, con el objeto de impulsar un plan tendiente a lograr la integración de estas zonas con el país. Mi impresión es que todos estaremos de acuerdo en ello; y es lo que nos interesa resolver.

Al margen de lo anterior, deseo comentar algunos de los aspectos que han tocado quienes me precedieron en el uso de la palabra. Entre los más importantes está la necesidad de que tomemos conciencia de que somos un país muy particular. Basta mirar el mapa: nuestro territorio tiene más de 4 mil kilómetros de largo y sólo 200 de ancho; cuya conformación y estructuración fue haciéndose por etapas; donde incluso el proceso de regionalización, dada la forma como se ha llevado adelante, a ratos pierde sentido, porque algunas de las Regiones que singularizamos como tales no guardan diferencia con otras, y porque de las que hablamos en esta ocasión -que sí tienen particularidades propias, como la Patagonia- carecen de la debida referencia en las decisiones políticas que les permita desarrollarse y realmente cobrar su importancia. Y de esto no hay conciencia en la comunidad nacional.

Por eso, me alegro de que esta materia se trate en el Senado, para que, de una vez por todas, los chilenos entendamos que si se desea mantener el país como corresponde hay que tomar decisiones y obrar en consecuencia. De lo contrario, seguiremos acentuando diferencias entre las regiones y la realidad será que ha de resultar muy grave no sólo para ellas, sino -como muy bien ha afirmado el Senador señor Fernández-  para el país mismo. Y es importante que esto lo mediten todos los chilenos y que lo hagan a tiempo, porque toda vez que se habla de abandono -el cual es efectivo- debe entenderse que éste no es sólo producto del actual Gobierno, ni de los anteriores, pues no ha existido una política regional seria.

Recuerdo a un profesor realmente notable que tuve en la universidad, don Jaime Eyzaguirre , quien, para comprender el proceso histórico chileno, entre otras muy singulares, tenía la costumbre de hablar del Chile antiguo, el cual, en su concepto, se extendía desde Aconcagua hasta Chillán . Era muy hispanófilo y mantenía una tendencia de extremar sus tesis históricas o políticas. No cabe duda de que el planteamiento del profesor Eyzaguirre es cierto respecto de algunos chilenos, pues muchos no entienden ni conocen la realidad de las Regiones. Por ejemplo, si uno preguntara cuándo fue descubierta la Undécima Región, muy pocos en esta Sala podrían decir la fecha exacta. Fue en 1798, por un navegante español de apellido Moraleda , pero el mundo occidental conoció el hecho en 1815, cuando el almirantazgo inglés dio a conocer los planos que. le fueron sustraídos a aquél. Sin embargo, Chile fue fundado en 1540 y descubierto por Almagro en 1536 o en 1520 -como seguramente podría mencionar el Honorable señor Ruiz De Giorgio-, con motivo del paso del Estrecho.

Pero Magallanes cruzaba sin fundar ciudades. Y O'Higgins habla de Chile, de la Patagonia y de Magallanes; pero, al mencionar a esta última, seguramente quiso referirse a una región mucho más extensa, porque, con ocasión de su viaje en barco a Inglaterra, en su juventud, recorrió toda esa zona, y su última palabra al morir -así dice la historia- fue: "Magallanes", en clara referencia a toda esa inmensa zona que hoy forman las Regiones Undécima y Duodécima, es decir la Patagonia.

La región, administrativamente, fue integrada al territorio nacional por el Presidente General Carlos Ibáñez del Campo, en 1927. Antes había algunas concesiones a ciertas compañías inglesas y se encontraban algunos chilenos que llegaron de la isla grande de Chiloé y también soldados que participaron en la Guerra del Pacífico, quienes recibieron tierras en la zona de La Frontera, Novena y Décima Regiones y siguieron hacia el sur hasta entrar al territorio que hoy configura la provincia de Coihaique por la zona de Balmaceda.

Eso no se sabe, y es grave que así ocurra. Porque hoy se habla de abandono. Yo pregunto ¿tenemos conciencia de lo que ese concepto significa en la Undécima Región, quizás, la más abandonada de Chile? No la hay. La obra gigantesca realizada por el Presidente Ibáñez y el Intendente el general Marchant , continúa después, prácticamente a través de todos los Gobiernos, como una verdadera empresa epopéyica.

La faena de levantar la Undécima Región durante las distintas Administraciones, ha tenido altos y bajos. Y excusen señores Senadores, que diga con mucha franqueza que fueron el Presidente Eduardo Frei Montalva y su Intendente Gabriel Santelices quienes complementan, quizás, en la forma más audaz, la Undécima Región en cuanto a infraestructura se refiere. Y, después -quiero expresarlo con toda claridad-, en el Gobierno militar se hizo una gran obra: la Carretera Austral -en la Sala está presente el Honorable señor Horvath, uno de sus autores-, la cual fue una empresa notable, por lo difícil y compleja. Sin embargo, lamentablemente ahí se pierde el paso, porque no continúa en otras obras con la visión de hacer país en grande. Quiero decirlo con franqueza: en el Gobierno militar, entramos a una política de mercado, a mi juicio, mal entendida para las Regiones. Se construyó la Carretera Austral -hoy todos lo reconocemos-, pero debemos también señalar que en cuanto a la Undécima Región, no hay una continuidad de políticas -lamentablemente, después estos criterios siguen durante el Gobierno del ex Presidente Aylwin-, se parte de la premisa falsa de que todas las Regiones son iguales. ¡Eso es errado! No lo son. Espero que ahora rectifiquemos esa afirmación con propiedad, pero para ello hay que tener conciencia clara del problema.

No voy a dar cifras, pero haré sólo una comparación. El problema de la infraestructura en la Undécima Región no tiene parangón con el resto del país. Una calle de Santiago, la Alameda desde Las Rejas hasta Apoquindo, tiene más pavimento que toda la Undécima Región. ¡Para qué seguir!

Se trata de una Región que, como decía Radomiro Tomic , posee quizás la mayor reserva hidroeléctrica del mundo -más de 50 mil megavatios-; sin embargo, aunque parezca mentira, hoy la energía se genera mayoritariamente a través de plantas termoeléctricas. Este es un contrasentido con su proceso de desarrollo que, en mi opinión, carece de justificación. Clamo al cielo, para que en Aisén se construya una planta hidroeléctrica, al menos para que el alumbrado de las casas no sea el más caro de Chile y del mundo: ¡60 pesos por kilovatio! Allí no se instalan industrias, pues con ese costo de la energía eléctrica no lo pueden hacer. Por ejemplo, en comparación con otras Regiones, hay una sobreproducción de cueros; pero, ¿dónde se establecen las curtiembres? En Llanquihue o en Santiago, por cuanto a sus dueños les resulta más conveniente pagar flete y llevarse la materia prima a más de mil kilómetros de distancia.

En consecuencia, la situación actual debe revertirse; sin embargo, para ello, hay que tener recursos que, como es claro, deben obtenerse de alguna parte. Porque es muy fácil asegurar que va a decretarse una exención de tributos. Estoy de acuerdo en hacerlo; no obstante debe tenerse presente que el Impuesto de Primera Categoría puede dejar de ser aplicado siempre y cuando se capitalice en la misma Región.

Soy partidario de descontar del Global Complementario los gastos de escolaridad o los dividendos habitacionales; también lo soy de otorgar una bonificación a la mano de obra, que sea acorde con la realidad de la zona, a fin de permitir, por ejemplo, la recuperación de los suelos que hoy se malgastan o que están erosionándose, y destinarlos a la forestación. Para llevar a cabo esto último -como me dijo un empresario forestal- podría buscarse la fórmula de dar a modestos campesinos la posibilidad de plantar árboles, pero no dentro de 30 ó 40 años, como quieren algunos economistas para quienes la política económica es algo que puede estar al margen de la realidad. No es así. Con esos criterios, nuestro país no sería el que es. El trazado de los límites de Chile fue una locura. Si Pedro de Valdivia hubiera seguido los consejos de los economistas de la época y hubiese estado por el costo-beneficio, lo que debió hacer después de la batalla de Las Salinas fue invertir lo que le pagaban los hermanos Pizarro en el Banco de Viscaya, pudiendo ser el hombre más rico del mundo. Pero tuvo la locura de "construir" Chile. Así debe hacerse con las Regiones australes y apostarse al país en grande y no en chico; es preciso creer que realmente nos merecemos contar en la actualidad con estas Regiones.

Parte el alma cuando se piensa que en la Undécima Región hay 80 mil chilenos y que en Comodoro Rivadavia o en la provincia de Chubut o en Santa Cruz se encuentran 300 ó 400 mil hermanos nuestros que debieron emigrar por no tener trabajo.

Señores Senadores, ¿vamos a seguir aceptando esto? ¡No podemos! Para revertir tal situación, hay que cambiar la política económica y entender que todas las reglas tienen excepción. Y la economía social de mercado las tiene. A mi juicio, ella no es ni buena ni mala ni perversa. Es un instrumento que hay que acomodar. Y, al respecto, el Estado debe intervenir y jugar su rol subsidiario, a fin de que haya infraestructura. Es vital hacerlo en estas Regiones aisladas.

De igual modo, creo que nuestra política exterior deber ser seria, consistente y audaz. Me alegro de que el señor Canciller se encuentre presente, porque las orientaciones que está dando a su Cartera reúnen esas características, por ejemplo cuando propugna la incorporación de Chile al MERCOSUR. Eso es bien escuchado en mi Región, aunque, quizás, se piense hoy que las distancias no ayuden a una realización económica. Pero no es así, porque en los tiempos modernos aquéllas no se miden por kilómetros, sino por el tiempo ocupado en recorrerlas. En la actualidad, entre Comodoro Rivadavia y Puerto Chacabuco hay un camino de sólo 500 kilómetros, el cual podría integrar el Pacífico con el Atlántico, dar salida e incrementar nuestro comercio, lograr una integración y hacer que el turismo sea una realidad. Más de un millón de personas -argentinos en gran medida- podríamos captar desde el país vecino para ese último fin, y no sólo esperar que un barco cruce los canales australes, haciendo un turismo caro, con el cual, prácticamente, los aiseninos no ganan nada, salvo el ver pasar el barco con turistas que ni siquiera se bajan en sus puertos.

Por tales razones, quiero que el señor Ministro de Relaciones sepa que sus esfuerzos son muy bien recibidos y apoyados en mi Región. Creemos que por esa vía vamos a avanzar seriamente en el desarrollo. Porque éste en la Undécima Región no se alcanza "llevando" a Chile únicamente hacia el Pacífico, sino, porque podemos exportar productos a Argentina, a la costa este de los Estados Unidos de América o a Europa a través de Comodoro Rivadavia. Además, se pueden prestar servicios, para los cuales estamos preparados en nuestros puertos y ciudades. Pero, por sobre todo, es necesario que nuestra gente pueda trabajar y vivir sin problemas.

Hemos vivido 40 años de desencuentros con la hermana República Argentina, arreglando problemas limítrofes: primero, el islote Snipe; después, Palena ; luego, el Beagle. Ya se han resuelto 20 casos, y sólo quedan pendientes Laguna del Desierto -sometido al fallo de un tribunal arbitral, el cual solucionará un problema bastante antiguo en la Región- y Campo de Hielos. Aunque éste no se ubica en la Undécima Región, pero, por colindar con ésta, todos los aiseninos y los hombres de la Patagonia, Saben que un desencuentro en esa zona constituye un retroceso, que se ha pagado históricamente muy caro en la zona.

En ese aspecto, ha habido una política audaz, pero también, permanente del país.

Fueron los Presidentes Aylwin y Menem quienes resolvieron varios problemas limítrofes y sometieron a arbitraje Laguna del Desierto. Ahora el Presidente Frei y su Canciller han jugado un rol realmente importantísimo; pero, seamos claros: esto ha sido posible porque se firmó un Tratado de Paz y Amistad con la República Argentina, que nos ha llevado a un encuentro permanente de solución de conflictos, de conformidad con las Cartas de la OEA y de las Naciones Unidas. Y esto es muy importante para el desarrollo de ambos países.

Por eso, el desarrollo de esas Regiones depende en mi opinión no sólo de un buen encuentro entre nosotros y de una adecuada política interna, sino también de que entendamos que debemos abrirnos, de que tenemos que comprendernos y caminar juntos con nuestros hermanos argentinos y encontrar con ellos aperturas a mercados que mañana hagan nuestras economías más grandes y sostenidas.

Me alegro de que hayamos celebrado hoy día esta sesión del Senado y me satisfacen los puntos de coincidencias; sin embargo, espero que el Gobierno también haga su parte y de que todos tomemos conciencia real de lo que significa un país como el nuestro. Y para ello creo que ha llegado el momento de adoptar decisiones serias, de política nacional, por sobre los partidos y las pequeñeces, pensando que Chile dependerá de lo que queramos hacer de él. Y ésta es una tarea de todos nosotros.

Al terminar, quiero agradecer al Presidente de esta Corporación el haber hecho posible esta reunión tan importante para tratar la situación de las Regiones extremas y de Isla de Pascua.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , antes de abordar los problemas relativos a la Isla de Pascua y a las otras dos Regiones tan importantes de nuestro país, dada mi experiencia sobre el particular, quiero realizar una breve exposición, desde un punto de vista distinto.

Hace tres semanas el Ejército de Chile organizó un seminario muy interesante titulado "Las Fronteras Interiores", que contó con la presencia del señor Ministro de Defensa y cuyas conclusiones fueran puestas en conocimiento del Presidente de la República . Los resultados son muy interesantes: zonas aisladas, con poca población y con problemas de transportes. En el evento tanto el Ejecutivo como otros participantes pudieron apreciar en forma muy clara lo que allí está pasando.

A su vez, la Armada de Chile, como ha venido haciéndolo en los últimos años, llevó a cabo un seminario semejante para analizar la política oceánica, tan necesaria en un país que cuenta con un mar que, con sus miles de kilómetros cuadrados, le brinda tantas expectativas.

Asimismo, el Presidente de la República citó hace muy pocos días al Consejo Superior de Seguridad Nacional para tratar un problema difícil y complejo como lo es el de Laguna del Desierto. Es decir, el Ejecutivo , las Fuerzas Armadas y el Estado en general, mantienen la misma preocupación de O'Higgins -mencionado hace un momento- respecto de la necesidad de poblar Magallanes y que motivó posteriormente al General Bulnes a enviar colonos en el "Ancud" hacia esa austral región.

Por eso me llaman la atención algunas de las observaciones de un señor Senador acerca del pensamiento y la actuación que tuvieron desde un comienzo las Fuerzas Armadas en este aspecto. Y me parece que el punto es digno de análisis y discusión.

Al respecto es conveniente recordar el origen de Punta Arenas, Arica, la Antártida y Puerto Williams. Inicialmente se envía allí a las Fuerzas Armadas a hacer soberanía. Llegan solas, con muchas dificultades, a cumplir su misión. Pasa el tiempo y después de tal etapa, esas localidades empiezan a crecer -al igual que el resto del país-, como sucedió en la región antártica con las bases " Eduardo Frei " y "Teniente Marsh". Posteriormente, una vez que se apartan del ámbito castrense y adquieren la calidad de comunas, comienzan a aparecer los problemas, frente a la carencia de una economía que las sustente, razón por la cual el Gobierno debe ayudarlas. Eso es lo que está pasando en Puerto Williams, por ejemplo. Se dictaron leyes especiales, como la "Ley Navarino", pero no puede aún salir de su desmedrada situación.

Las ciudades extremas de Punta Arenas y Arica no están tan aisladas como las localidades que acabo de mencionar, pero han vivido la misma situación geopolítica o de política estratégica durante todos estos años. Y vemos que tanto en ellas como en Isla de Pascua hay problemas. En la Isla se enarbolan banderas blancas; en el norte, negras, y en Punta Arenas se protesta de similar modo. ¿Qué es lo que está pasando? Se encuentran en una etapa distinta, aunque han superado aquella en la cual el Gobierno permitió su surgimiento, apoyadas por subsidios estatales. En algún instante se pensó que era preferible que, en vez de ser subsidiadas, tuvieran un desarrollo propio. Y aquí precisamente es donde surgen los problemas. El Gobierno adopta medidas puntuales para Arica, que provocan un acelerado crecimiento de ella durante los años 50; pero, no obstante el rápido auge, pronto experimenta un enorme deterioro, el cual, a mi juicio, se mantiene hasta hoy día.

Por eso no me parece que constituya una decisión muy fácil para el Gobierno tratar de resolver en breve tiempo los problemas económicos que aquejan a las Regiones extremas. Las medidas rápidas que se tomen pueden derivar en situaciones como la que afrontó Arica con Tacna y, hasta cierto punto, Punta Arenas con los puertos cercanos de Argentina.

Frente a esos resultados, me preocupan las medidas aceleradas. Ya se recurrió a los impuestos. Ahora se podría buscar una solución a través de los países del área. Es cierto. Creo que después de 1978, tras suscribir el Tratado de Paz y Amistad con Argentina -hito sumamente importante, a mi juicio-, se ha producido un acercamiento muy positivo con el país vecino. Y este proceso se va desarrollando con normalidad, conducido acertadamente por los Ministros de Relaciones Exteriores y de Economía. En consecuencia, ¿por qué apartarnos de un camino muy bien trazado y buscar soluciones distintas, como la de abrir las puertas súbitamente para que se produzca un trasvasije de los 300 ó 400 mil chilenos en el sur de Argentina de que hablaba denantes un señor Senador? Si no somos capaces de invertir en el área, ¿por qué vamos a permitir las inversiones externas? ¿Por qué hacerlo si en economía y en política de inversiones estamos dando ejemplo?

Por eso, en ese sentido, debemos tener sumo cuidado, a fin de que las soluciones rápidas no perjudiquen las relaciones con los países vecinos.

Después de esta introducción, quiero referirme brevemente a la situación de Isla de Pascua.

Hace pocos días estuve en ese territorio insular. Su situación actual me causó un fuerte impacto. Pude apreciar que ha experimentado una positiva evolución no sólo en lo tocante a su desarrollo, sino en lo relativo a sus habitantes. Estos se han superado notoriamente; expresan sus puntos de vista con mucha claridad y entre ellos ahora hay numerosos profesionales, como el caso precisamente de su Gobernador , que es un arqueólogo a nivel mundial. Y los problemas que se están presentando en ese territorio, como el de una división interna, son importantes; pero a la vez constituyen una clara demostración de grupos nuevos, distintos, que representan culturalmente en mejor forma sus puntos de vista. No es un problema sentimental, pues subyacen razones y cosas mucho más poderosas, las cuales seguramente los señores Senadores que representan a la Región van a puntualizar de manera más adecuada que yo.

Quiero traer a colación nuevamente un problema que, para mí, reviste suma trascendencia: el del puerto.

En una de las sesiones dedicadas al estudio de la Ley de Pesca, se hizo presente la necesidad de contar en Isla de Pascua con un puerto apto para el desarrollo de esa actividad. La indicación que formulamos al respecto fue declarada inconstitucional. Sin embargo, el Gobierno se comprometió a enviar un proyecto de ley sobre el particular. Posteriormente, el Presidente de la República informó que no se disponía de medios para materializar tal iniciativa; pero a raíz de diversas intervenciones en las que se insistía en la instalación de ese puerto -en las cuales me cupo participar-, se informó que en veinte meses se haría llegar un proyecto sobre desarrollo portuario. Hasta la fecha no se ha enviado. Y en la isla se advierte la falta de esas obras. Hace pocos días un buque que viajó hacia allá no sólo perdió dos anclas, sino que varó, a lo cual debe agregarse que otra embarcación se dio vuelta, perdiéndose varios contenedores.

La nave que ahora se utiliza para viajar a la Isla de Pascua es una barcaza de la Armada, con capacidad mucho más reducida, de apenas 200 toneladas, la cual, por carecer de subsidio, debe cobrar valores reales. Si en el buque anterior el metro cúbico de espacio costaba alrededor de 50 mil pesos, en éste vale 70 mil. Es de imaginar el concepto que en Isla de Pascua tienen acerca de nuestra Administración. Si uno consulta a los pascuenses su opinión respecto del tráfico marítimo y su costo, nos explican que comprar en la isla un pollo de origen chileno les resulta más caro que adquirirlo en Tahití. Debo agregar que los buques nacionales, tanto de la Interoceánica como de la Sudamericana de Vapores, en su tráfico mensual de Tahití pasan a no más de 200 millas de la Isla de Pascua, pero no pueden recalar allí por la carencia del puerto. El hacerlo conllevaría riesgos enormes. Por eso mismo, el valor de mercaderías como azúcar, lácteos, celulosa, cemento, pollos, es menor en Tahití que en Isla de Pascua.

En consecuencia, una de nuestras contribuciones más importantes en favor de la isla sería incentivar al Gobierno para que no olvide el proyecto que sobre el particular se presentó. Si se pensase en un puerto para que allí recalaran dos buques al año, sería una locura; pero, si se consideran los de itinerario mensual a Tahití y los que se mantendrían con el producto de la industria pesquera, la instalación del puerto se justifica plenamente.

He dicho.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , intervendré en forma muy breve, porque la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización ha realizado un trabajo sobre Isla de Pascua.

Sin embargo, no deseo dejar de representar la importancia y el positivo precedente que significa el hecho de que hoy nos acompañe en esta Sala -y ojalá con derecho a voz y voto en el futuro- un genuino representante de Isla de Pascua, como es su Gobernador .

Esta Isla, que se encuentra ubicada a 2 mil 600 kilómetros de nuestra costa y con una superficie de apenas 170,85 kilómetros cuadrados, tiene una importancia trascendente para los intereses de Chile desde el punto de vista de su proyección oceánica. Su área de influencia, junto con la isla Sala y Gómez , como zona económica exclusiva, abarca una superficie de 729 mil 400 kilómetros cuadrados. Vale decir, la superficie de Chile continental en Sudamérica.

Por la proyección de sus recursos, por estar en la Cuenca del Pacífico y por la proximidad del siglo XXI, esta Isla constituye una punta de lanza del país que legítimamente debe ser mirada y medida en ese sentido, aparte las 350 millas de subsuelo a las cuales está postulando Chile.

Por eso, el informe y el análisis hecho por los Parlamentarios en conjunto con la gran mayoría de las organizaciones de la Isla ameritan darle el status especial de Región Oceánica, asegurando en forma gradual y en un futuro cercano la presencia de un representante de ella en el Parlamento, así como el establecimiento de una legislación especial -como ya se ha señalado aquí- para las zonas extremas.

Asimismo, es necesario definir la situación de sus tierras, para que éstas no sean administradas desde Santiago ; para que el caso de la filial de CORFO, Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua (SASIPA), pase a la comunidad; para que el parque y el manejo de las áreas silvestres se mantengan en manos de los propios isleños, y para que se definan las propiedades individuales y las comunidades establecidas en leyes especiales de la zona, como es el caso de la ley sobre indígenas, que tiene aspectos muy controvertidos. Dicho cuerpo legal contiene algunas normas que llevan, por ejemplo, a que personas de origen continental casadas con pascuenses tengan que autodefinirse como pascuenses para poder participar en algunas actividades. Y si mañana aparece un señor Wester Maier , tendrá que decir que es pascuense, lo que, en mi opinión, es una aberración. Por lo tanto, ése y otros ejemplos deben ser redefinidos, a fin de asegurar en la práctica la diversidad, la cultura de la Isla, pero no cayendo en la tentación, en que muchas veces ha caído el mundo occidental, de ponerla en una campana de vidrio.

Hemos visto que su actual Gobernador es un connotado abogado. El anterior fue un antropólogo, profesor en los Estados Unidos. Incluso la gente de la Isla se ve desmerecida con la denominación de indígena.

En cuanto a la infraestructura, debo llamar la atención de que el aeropuerto está en una condición próxima a colapsar, no obstante ser la única vía de integración, y presenta profundas fallas, ya que las líneas aéreas no respetan las reservas hechas con años de anticipación, frenándose con ello el turismo de esta importante y sagrada Isla. De la misma manera, tal como se ha señalado, también es necesario implementar el puerto y reconstruir el hospital.

He dicho.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , seré muy breve porque debo ausentarme de la Sala a la seis. Ello me impedirá extenderme -como hubiera sido mi deseo- sobre las materias que hoy se tratarán.

Debo hacer presente que atribuyo extraordinaria importancia a los debates sobre temas de interés nacional, porque de esa manera podemos ir fijando con mayor claridad los grandes objetivos de Chile.

Al referirnos esta tarde a las zonas extremas y a la Isla de Pascua, debemos destacar que poseen en común el hecho de ser los vértices de un triángulo que otorga a Chile su posición tan característica en el océano más grande de la Tierra y que hoy es tan relevante.

Ahora, en lo que concierne a la Isla de Pascua, nos encontramos ante un caso quizás único, porque esta pequeña isla, situada aproximadamente a 3 mil 700 kilómetros de la costa, con una población de poco más de 3 mil habitantes, se caracteriza y distingue por dos aspectos.

En primer lugar, es depositaría de una cultura (etnia, idioma, música, arte y escultura). Es decir, allí hay un conjunto de elementos extraordinariamente ricos. Pensemos cuán pocos eran sus habitantes cuando se produjo esa verdadera unión con Chile un día 9 de septiembre de 1888. No obstante ello, representan algo muy valioso. Por eso, esa vinculación y unión entre Rapa Nui y Chile, que constituye para nosotros motivo de enriquecimiento de nuestros valores y cultura, nos obliga a respetarla.

En segundo lugar, tal como lo señalaba, esta Isla, por su extraordinaria ubicación, es una pieza maestra de la gran geopolítica u oceanopolítica de Chile. Es un elemento que nos caracteriza y contribuye, junto con la Antártica, a darnos el carácter de tricontinental. Es un factor que nos incorpora a la Polinesia. Pero, además, sirve para que debamos tener algo más que una presencia en esa porción del Océano Pacífico del orden de los 20 millones de kilómetros cuadrados, en la cual nos corresponde un papel especial, porque tal vez, como en ninguna otra parte del mundo, en esta enorme extensión de mar, hay pocas islas, y todas las tierras emergentes son chilenas.

En consecuencia, Rapa Nui tiene para nosotros esa doble trascendencia. Por un lado, su aporte cultural, el enriquecimiento de nuestro acervo cultural, que apreciamos y respetamos. Y, por otro, tampoco podemos dejar de lado lo que significa para Chile por su ubicación geográfica. Pensemos, como ya se ha mencionado, que la sola extensión de la zona económica exclusiva y de la llamada zona de extensión de Isla de Pascua y de su vecina no tan próxima, la isla Sala y Gómez , nos da acceso a un mar sobre el cual tenemos derecho hoy, de acuerdo con la Convención de Jamaica, que entrará en vigencia dentro de dos meses. Y ese mar tiene más de un millón de kilómetros cuadrados.

En mi opinión, esta doble circunstancia debió llevar a Chile a atribuir a Isla de Pascua toda la trascendencia que tiene. Sobre el particular, debo señalar que durante un lapso bastante largo, desde que se consumó la hazaña del Comandante Policarpo Toro -que con empuje e iniciativa propició la unión del pueblo rapa nui con Chile- hasta alrededor de los años sesenta, poco hizo Chile por preocuparse de la Isla de Pascua en ninguno de los dos aspectos mencionados, ni en el cultural ni en el relativo a la importancia que la Isla tiene para el país.

A partir de ese entonces, en sucesivos cuerpos legales -la ley N° 16.441, del año 1966; el decreto ley N° 885, de 1979; la ley especial de Pascua, N° 18.308, y, por último, la propia Ley sobre Indígenas, N° 19.253, despachada no hace mucho por el Parlamento-, se aprecia preocupación por determinados aspectos. En dicha legislación hay una serie de normas que van desde exenciones tributarias hasta las relaciones con aspectos culturales y raciales, que han significado pasos trascendentes.

Sin embargo, creo que todavía el país no ha tomado la gran decisión. ¿Qué ocurre? Se ha realizado una serie de estudios y recomendaciones para lograr un mayor desarrollo de Isla de Pascua, atendiendo fundamentalmente a su pueblo. Pero existen discrepancias sobre la materia. En algunos aspectos, se ha llegado al extremo de sostener que al pueblo rapa nui le corresponde el usufructo en comunidad de todas las tierras, lo que no creo que vaya a conducirlo a su propio desarrollo, y de alguna manera eso puede contrariar los intereses generales de Chile, que son también los de quienes habitan Isla de Pascua y, obviamente los de la etnia que allí le da carácter.

Señor Presidente , creo que dándose circunstancias tan especiales como ésta, no podemos enfocar el problema como un aspecto meramente anecdótico o contentarnos con admirar la cultura, los bailes y los moais de Isla de Pascua, sino que debemos atribuirle importancia como nación. Hay aquí un problema vital. Creo que todos -el Ejecutivo , el Legislativo y todo el pueblo de Chile- debemos decidir qué pretendemos de la Isla de Pascua, la que, con poco más de 3 mil habitantes, tiene inmensas posibilidades de orden turístico. Quienes la hemos visitado quedamos realmente enamorados de ella. En todas partes, despierta interés, muy en especial en Europa y en los Estados Unidos. En consecuencia, existe la posibilidad de desarrollar un turismo de enorme magnitud y de gran calidad.

Por otro lado, la isla tiene posibilidades de orden pesquero. Y tanto Rapa Nui como la isla Sala y Gómez pueden constituirse en el centro de exploraciones mineras en el fondo del mar. Es decir, allí existe una tremenda potencialidad. Y si habiendo un aeropuerto, se logra que otras compañías del mundo efectúen vuelos diarios y presten servicios más allá de los que otorga LAN; si se cumplen los requisitos técnicos al contar con la presencia de una lancha de salvataje, y si se construye un puerto, elemento esencial para el desarrollo, es evidente que habrá crecimiento. Pero, indudablemente, esto también puede traer aparejado un aumento más o menos explosivo de la población, lo que podría atentar contra la cultura del pueblo rapa nui.

Por ello, esta tarde simplemente quiero llamar la atención sobre la trascendencia que la Isla de Pascua tiene para Chile, por su parte cultural y porque nos incorpora a la Polinesia. Pero, por lo que significa en nuestra posición actual en el mundo, por as ventajas comparativas que Chile tiene en la era del Pacífico y por la nueva oportunidad que la historia brinda a nuestro país para desarrollar un papel importante, la Isla de Pascua es vital.

En consecuencia, debemos considerarla en todos sus aspectos y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y decididos para producir ese equilibrio, a fin de que la Isla de Pascua pueda cumplir funciones en provecho de los intereses nacionales y de los 14 millones de chilenos. Pero, al mismo tiempo, en el cumplimiento de esos objetivos, debemos ser capaces de no afectar lo esencial de esos valores culturales, que todos apreciamos y deseamos mantener.

Aquí se ha hablado de que no es la oportunidad de formar comisiones. No es mi ánimo recomendar, quizás, la formación de una comisión especial. Empero -como señaló el señor Senador que me antecedió-, ya ha habido preocupación específica de una Comisión del Senado respecto a esta materia. De modo que invito a esta Alta Corporación, más allá del análisis que realicemos esta tarde, a abocarnos precisamente a tratar de buscar ese destino de Isla de Pascua: ¿qué papel desempeñará la isla, el pueblo Rapa Nui, en veinte o treinta años más?

Para ello, se necesita nuestra opinión. Repito que invito al Honorable Senado para que acuerde facultar a una de sus Comisiones para tratar específicamente esta materia, o que se forme una Comisión especial, para que, junto al Ejecutivo , pero, obviamente, con representantes genuinos del pueblo pascuense, fijemos ese destino, que va más allá de un conjunto de medidas legislativas o de otro orden. A este respecto, existen estudios. Y tengo a la mano no menos de cuatro, sobre medidas en las cuales podría haber coincidencia. Pero debemos tener presente -como manifesté- qué queremos de Isla de Pascua, qué papel deseamos que desempeñen, especialmente sus habitantes, su etnia, en el futuro de Chile.

Entonces, reitero que por la limitación de tiempo no entraré en mayores detalles. Pero invito al Senado de la República a adoptar la resolución de abocarse al estudio de las medidas tendientes a fijar una gran política sobre la Isla de Pascua, que -como expresé-, obviamente, no nos corresponderá sólo a nosotros, pues es tarea de todos, del Ejecutivo, del Legislativo y, también, en forma muy importante, del pueblo Rapa Nui, a quien saludo en sus representantes presentes esta tarde.

He dicho.

El señor MATTA.-

Señor Presidente , queremos saludar en esta tarde la presencia del señor gobernador de Isla de Pascua , don Jacobo Hey Paoa . Asimismo, en forma muy especial el Senador señor Adolfo Zaldívar , quien se retiró hace algunos momentos, me encargó también su particular saludo al señor gobernador.

No quiero dejar pasar esta oportunidad sin hacer algunas precisiones sobre la situación de Isla de Pascua. Bien sabemos que ella forma parte del territorio nacional desde 1888. Por largo tiempo, tanto la Isla como sus habitantes estuvieron entregados a difíciles condiciones de vida.

La isla, al entrar en contacto con el resto del mundo, comenzó a sufrir los efectos de una fuerte aculturación, tanto por el surgimiento de otros valores como por otras costumbres y modos de vida.

Quiero citar textualmente palabras de su Consejo de Ancianos: "Nuestro pueblo se ha visto enfrentado históricamente a un proceso de transculturación creciente y acumulativo. Especialmente, durante estas últimas décadas, el impacto del turismo, las actividades remuneradas, la masificación de las relaciones salariales, la introducción de organismos administrativos y de servicios básicos, la presencia de medios de comunicación han impuesto un proceso de cambio y alteración de nuestra cultura muy acelerado, marcando la presencia cada vez mayor de formas de vida occidental chilena para nuestra población"... "la imposición de normas y valores ajenos, ha significado el deterioro de nuestro patrimonio cultural" "las políticas estatales han afectado negativamente las bases de nuestra cultura. El derecho sobre la tierra, sobre los recursos de la Isla, el uso de la lengua, las creencias, costumbres, la colectividad, las organizaciones tradicionales rapa nui, no han sido reconocidas y respetadas, limitándose así, nuestra identidad y expresión cultural, en definitiva nuestra capacidad para desarrollarnos en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad chilena.".

Urge, por tanto, reforzar la identidad y cultura Rapa Nui, considerando todos los aspectos de expresión de ella.

Desde 1966, la dictación de la ley N° 16.441, conocida como "Ley de Pascua", dio origen al departamento y a la comuna denominados Isla de Pascua, creó los servicios públicos de la isla, así como los mecanismos para el ejercicio de los derechos políticos por parte de quienes la habitan hasta la fecha. Importantes esfuerzos en beneficio de la isla han sido planteados, con el objeto de promover su desarrollo y superar su situación de aislamiento.

El establecimiento de vuelos regulares de la empresa LAN desde Santiago y de viajes periódicos de embarcaciones con el fin de abastecerla de las mercaderías necesarias para su mantención; la creación de un parque nacional para proteger y preservar el rico patrimonio arqueológico de la Isla, y la constitución por CORFO de la Sociedad Agrícola y de Servicios de Isla de Pascua, sociedad encargada de proveerla servicios básicos de agua potable y electricidad, como también de la administración del puerto y de parte importante de las tierras de la isla -es el caso del fundo Vaitea-, aptas para la ganadería, han sido algunos de estos importantes esfuerzos.

Diversas iniciativas legales de diferente signo fueron aprobadas desde entonces. Una de ellas fue el decreto ley N° 2.885, de 1979, que establece normas para el otorgamiento a particulares de títulos de dominio individual de las tierras fiscales de la isla. Todas estas tierras fueron inscritas a nombre del Fisco en la década del 30, conforme a disposiciones del artículo 590 del Código Civil.

La más reciente e importante es la ley N° 19.253, también conocida como "Ley sobre Indígenas", que establece, en un párrafo especial, un conjunto de "disposiciones particulares referidos a la etnia rapa nui o pascuense". Entre estas normas destacan la creación de una Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, integrada por autoridades del gobierno de la isla y miembros de la comunidad rapa nui elegidos por ésta, que tendrá a su cargo las funciones de radicación de la población en tierras fiscales de la isla, en dominio o concesión u otras formas de uso acordes con la tradición, conforme al decreto ley N° 2.885. Esa Comisión deberá, asimismo, promover el desarrollo de la isla y preservar la cultura rapa nui.

A pesar de estos avances, la prensa informa de la existencia de conflictos y dificultades en la isla, de demandas insatisfechas de la comunidad isleña. ¿Cómo se explica esto?

Junto a los conflictos propios de toda sociedad o grupo humano, potenciados por la distancia y el encierro, dos parecen ser los problemas que siguen afectando a la isla y a sus habitantes. El primero de ellos es el aislamiento, y el segundo, la necesidad de encontrar para la isla un tipo de desarrollo que se adecue a la naturaleza y características de sus habitantes (en su mayoría rapa nui), a la etnia de origen, a las costumbres y lengua polinésicas.

La superación del problema del aislamiento requiere de un apoyo más decidido por parte de la autoridad, por cuanto hasta la fecha se mantiene una situación no totalmente satisfactoria.

Sólo llega a la isla la empresa LAN con dos o tres vuelos semanales, según la estación, con pasajes de un valor muy elevado para los ingresos de la población isleña, y con permanentes problemas de cupos, debido a la prioridad que se da a los pasajeros del trayecto Santiago-Tahití. Es habitual que se sobrevendan pasajes y que los rapa nui, a pesar de tenerlos, deban quedarse en tierra esperando, muchas veces, otro vuelo. La apertura de nuevos vuelos, la incorporación de nuevas líneas aéreas en la ruta, constituyen una aspiración legítima de la comunidad isleña, que debería ser respaldada por la autoridad.

Algo similar sucede con los viajes de embarcaciones, los que, a pesar del subsidio estatal que los estimula, se realizan dos o tres veces al año, resultando insuficientes para abastecer a la Isla de productos básicos. La falta de periodicidad en estos viajes determina que una vez concluidos los productos traídos por el barco, el abastecimiento prosiga por vía aérea, lo que aumenta sus precios en forma alarmante. Ello explica en parte importante que el costo de la canasta básica sea muy superior en la isla que en el continente.

El estudio de nuevos mecanismos para estimular la existencia de una ruta marítima permanente a Pascua, eventualmente aprovechando la apertura de rutas marítimas hacia el Asia Pacífico, debería también ser estudiada por la autoridad con el objeto de terminar con el aislamiento de la isla.

Pero, probablemente, donde existan más conflictos y visiones contrapuestas es en lo que se refiere al tipo de desarrollo que se quiere para la isla. No cabe duda de que la economía de la isla, debido a sus riquezas arqueológicas y belleza geográfica, ha estado durante los últimos años, y seguirá estando, con mayor intensidad, vinculada al turismo.

El turismo es la principal fuente de ingreso para los isleños. Durante los últimos años, se ha ido estableciendo una infraestructura hotelera básica y de servicios turísticos de carácter familiar. Esta fórmula, junto con otorgar trabajo e ingreso a muchas personas, se adecua a la naturaleza del turismo cultural que se desarrolla en la isla, y a la forma de ser del isleño.

Sin embargo, existen quienes propugnan para la Isla un turismo diferente, de grandes hoteles e infraestructura, como los que existen en lugares del Caribe. Diversas empresas nacionales y extranjeras, ajenas a la isla, han intentado desarrollar en el último tiempo iniciativas de este tipo, obtener concesiones de las mejores playas de la isla, provocando, muchas veces, el descontento de los isleños.

Sin atentar contra la libre iniciativa, estamos aún a tiempo de que esta situación sea regulada, de modo de favorecer un tipo de turismo que beneficie a la comunidad, y no uno distinto de su idiosincrasia y que vaya en favor de personas o capitales ajenos a ella.

Empero, esto requiere de un apoyo estatal a las actividades turísticas de los isleños, de manera de favorecer el turismo de carácter familiar que hasta ahora se ha desarrollado, permitiéndole modernizar su infraestructura y adecuarla a los requerimientos y comodidades del turismo actual.

Vinculado a ello está el tema de la propiedad de las tierras de la Isla. Del total de 16 mil 600 hectáreas que forman la superficie de ella, 40 por ciento corresponde al parque nacional, bajo tuición de CONAF; otro 40 por ciento, al fundo Vaitea, incorporado al patrimonio de la empresa SASIPA, filial de CORFO. Del 20 por ciento restante, 2,8 por ciento corresponde al área urbana, y el resto, al área de parcelas. Indudablemente, el pueblo pascuense, a la luz de estas cifras, se encuentra con una seria limitación por falta de tierras y de fuentes de agua dulce para abrevar su ganado. Asimismo, se hace indispensable, tal como lo dispone la Ley sobre Indígenas, la pronta coadministración del Parque Nacional Rapa Nui, hoy bajo la tuición de CONAF, en conjunto con la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua.

Las normas relativas a los rapa nui en la Ley sobre Indígenas antes citada, abren un camino para la desafectación de tierras fiscales y su otorgamiento gratuito en dominio, concesión u otras formas acordes con la costumbre de este pueblo. Esta fórmula parece adecuada al desarrollo antes señalado, ya que no parece razonable abrir las tierras de la isla, considerada en su totalidad como un sitio de gran valor arqueológico, a la especulación de particulares nacionales o extranjeros.

El Gobierno anterior había anunciado la desafectación de una cantidad importante de tierras -alrededor de 500 ó 600 hectáreas- a fin de otorgarlas a familias rapa nui, que las vienen solicitando desde hace tiempo, para habitación o desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas. La concreción de esta medida a la brevedad parece ser de gran importancia para los isleños.

La misma ley establece la necesidad de que los rapa nui, por medio de la Comisión de Desarrollo, participen en la administración del parque nacional y en la conservación del patrimonio arqueológico que dejaron sus antepasados, lo que parece ser de gran justicia y debería concretarse pronto. Ello también contribuiría a la superación de los conflictos de la isla.

El desarrollo de la isla puede complementarse, además, con otras actividades diferentes del turismo, que han sido exploradas durante los últimos años, y que, de prosperar, traerían importantes beneficios para su población. La explotación comercial del atún, incorporando a los pescadores de la isla y utilizando a ésta como base para su procesamiento y comercialización hacia otros mercados, ha sido estudiada por CORFO durante los últimos años con muy buenas perspectivas.

El desarrollo de iniciativas de la industria conservera de frutas tropicales que allí se dan, también exploradas en forma piloto por CORFO con buenos resultados, permitiría dar trabajo a un número importante de personas, en particular mujeres de la isla.

La sustitución de la energía producida por petróleo, hoy existente, por energía eólica, aprovechando los favorables vientos que existen en la isla -asunto estudiado también en forma piloto por CORFO en los últimos años- abarataría enormemente los costos en la producción de energía.

Estas y otras políticas podrían ser impulsadas en la isla. Para ello, se requiere de una política más coherente por parte de la autoridad, de eventuales modificaciones a la legislación de la isla y, en particular, de las normas vinculadas con su desarrollo.

El Estado chileno debe preocuparse de este espacio único en el mundo, admirado por todos en su riqueza cultural, considerado como un patrimonio de la humanidad. Si no ocurre así, abriremos las puertas a peligrosas tentaciones. El momento de actuar, evidentemente, ya llegó.

He dicho.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente , tal como señalaron otros señores Senadores y el propio Presidente de la Corporación, para nosotros constituye una satisfacción muy grande que se encuentre presente el señor Jacobo Hey Paoa , gobernador de Isla de Pascua . Asimismo, nos sentimos igualmente contentos y agradecidos del señor Ministro del Interior por haber autorizado, en su calidad de jefe superior, la concurrencia de esta autoridad pascuense en el Senado de la República.

Creo que los términos de la citación a esta sesión ya indican la mentalidad centralista que ha producido tanto daño en nuestro país. Se efectúa esta sesión especial, a la que se ha invitado a los señores Ministros, para estudiar "la situación en que se encuentran las zonas extremas". Esa sola convocatoria muestra que tales zonas se consideran lugares distintos de lo que es el resto del país y su institucionalidad.

En Chile no debieran existir zonas extremas. Pero, si las reconocemos en forma tan evidente y real, es porque, efectivamente, somos regidos por una administración centralizada, que por tres o cuatro décadas se fue formando y conjugando hasta llegar al punto que comentamos. La nuestra es una nación armónica, soberana, de una institucionalidad claramente establecida en cada uno de sus espacios geográficos. Naturalmente, el objetivo es que no existan zonas extremas; que cada metro cuadrado del territorio nacional forme parte de un conjunto armónico, de desarrollo pleno y en el que se disfruten las libertades que permitan manifestarse en plenitud la capacidad, inteligencia y fuerza creativa de sus habitantes. Por eso, abogo para que en las próximas sesiones especiales del Senado la invitación respectiva sea extendida para analizar la situación de determinadas regiones, sin utilizar el apellido tan centralista que nos lleva a mantener el criterio de que siempre habrá zonas extremas.

Muchos Honorables colegas -estoy reiterando algo que ya expresé en otras oportunidades-, al referirse a nuestra autoridad, el Gobierno nacional, hablan del "Gobierno central". Esa denominación también contradice la idea de un desarrollo armónico. Por lo demás, la Constitución no da existencia legal a un gobierno central. Tenemos un Gobierno nacional, cuya responsabilidad se extiende sobre todo el territorio dé la nación. Y, para el efecto de lograr el desarrollo armónico aludido, se han creado, a través de normas legales que fueron estudiadas por el Parlamento y orientadas por el Ejecutivo , los gobiernos regionales y comunales.

Por otra parte, se trata de que el gobierno central, para el individuo, sea el que está más cerca de él: su municipalidad, por ejemplo.

Seguidamente, vale la pena señalar un aspecto que me parece importante. Nunca, al menos en nuestra historia reciente, se había alcanzado mayor consenso para enfrentar los problemas étnicos de Chile. Esto es evidente. Yo felicito al Gobierno por esto. Felicito al Senado y, en general, a todos quienes han actuado en esta materia. En ese contexto expresaré mis opiniones, referidas, en este caso, a Isla de Pascua.

La situación de Isla de Pascua, tal como lo recordaba el Senador señor Matta , se halla vinculada a sus condiciones económicas, étnicas, históricas, geográficas; al conjunto de factores que se dan.

Antes de entrar a la Sala, comentaba al señor Gobernador que ese territorio constituye, por la conformación de la Ley sobre Indígenas, un caso muy especial, desde el punto de vista de su administración. Es un lugar geográfico, una tierra que tiene, prácticamente, cuatro capitales: Santiago , de donde proviene la acción de Gobierno propiamente tal; Valparaíso , en cuanto a la acción de Gobierno Regional; Temuco, asiento de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, de gran importancia para la acción futura en la Isla, y, finalmente, Villarrica , sede del Obispado Católico de cuya jurisdicción depende. Son cuatro ciudades desde donde se atienden los problemas de Isla de Pascua. Es bien importante tenerlo presente para entender mejor lo que señalaré más adelante.

Sin lugar a dudas, las inquietudes que se plantean en el territorio insular se encuentran ligadas a la aplicación de la ley N° 19.253, sobre Indígenas, en todo lo atinente a su ordenamiento territorial, a la participación de sus habitantes y a plazos.

Además, surgen como inquietudes otros aspectos que, sin relación directa con la referida ley, en su ordenamiento general, son vinculantes. Me refiero, por ejemplo, a la Sociedad Agrícola y Servicios, Isla de Pascua (SASIPA), de CORFO; en menor grado, al parque nacional administrado por CONAF; a la política cultural, especialmente en cuanto a la mantención y reconstrucción de los sitios arqueológicos; a cuestiones administrativas derivadas del alto número de funcionarios, y, finalmente, a la situación escolar.

Vamos por parte.

La Ley sobre Indígenas señala, en su artículo 2o, que tienen la calidad de tales: "c) Los que mantengan rasgos culturales de alguna etnia indígena"... "o cuyo cónyuge sea indígena. En estos casos, será necesario, además, que se autoidentifiquen como indígenas".

El artículo 12 expresa que son tierras indígenas "2º Aquellas que históricamente han ocupado y poseen las personas o comunidades"... -se enumeran todas las etnias, entre ellas la rapa nui o pascuense- "siempre que sus derechos sean inscritos en el Registro de Tierras Indígenas que crea esta ley, a solicitud de las respectivas comunidades o indígenas titulares de la propiedad".

El artículo 13 dispone que tales tierras "no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas".

El artículo 66 reconoce la existencia de la etnia rapa nui o pascuense, afirmando, entre otros aspectos, el derecho a la tierra que consagra el artículo 12, ya mencionado.

El artículo 67 crea la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, y el 68 establece su integración por personeros públicos de la Administración nacional y seis representantes de la etnia rapa nui o pascuense, los que serán elegidos por votación directa, previa inscripción con el respectivo certificado entregado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

El conjunto de disposiciones constituye la Isla de Pascua en una comunidad en que la territorialidad alcanza a toda su extensión. Suponer que en ese territorio, de dimensiones pequeñas, sólo una parte fue ocupada por la cultura y sociedad rapa nui o pascuense es desconocer una realidad histórica. Se produce una contraposición, entonces, con el espíritu de la ley, que es perfectamente aplicable, en cambio, para los efectos de otras comunidades indígenas, sobre la base de las características del territorio en que están asentadas.

La condición de ser incluido el cónyuge en la calidad de indígena se presenta, en la actualidad, en 53 por ciento de los matrimonios residentes en la isla. No tenemos información relativa a los que viven en Chile continental. Muchas de aquellas uniones son de hecho, no de derecho, y han conformado hogares por varios años, viviendo la pareja con sus hijos de un modo normal.

Es evidente que la realidad de Isla de Pascua es marcadamente distinta de aquella que se observa en otras comunidades indígenas del país.

La presencia de matrimonios mixtos (pascuenses con continentales) en un territorio tan definido, con características tan propias, y que se hallan incorporados a la t ley en forma tan especial, hace que la situación requiera, desde nuestro punto de vista, una revisión.

En el caso de los pascuenses que no son de la etnia rapa nui, la obtención de los beneficios que ofrece ese cuerpo legal resulta imprescindible para seguir viviendo en la isla, lo que les obliga a mentir conscientemente para dejar establecida su condición de indígenas, como única solución.

Este hecho absurdo es sólo uno de los problemas que surgen de la aplicación de la ley. Creemos que ésta debe postergarse, a fin de estudiar los efectos que podría provocar, o bien, que cabe establecer, simplemente, una norma especial para la Isla de Pascua, y que recoja más fielmente su realidad, ya que la disposición vigente no lo hace.

En esto hay que ser sincero: todos nosotros votamos la ley, todos somos responsables de ella. No estoy indicando que únicamente el Ejecutivo tiene responsabilidad sobre estas situaciones; la tenemos todos.

En el análisis de la aplicación de estos preceptos, efectuado en el lugar mismo mientras presidía la Comisión de Gobierno Interior, en realidad uno concluye que la ley tiene elementos positivos; pero, también, que hay un conjunto de situaciones en que los legisladores, tanto el Ejecutivo cuanto el Parlamento, no profundizaron lo necesario, como las relativas a la territorialidad y a la condición étnica, por lo que se requiere una revisión. Cuando ella se haga, deberán considerarse aspectos que surgen de la expresión de la misma isla, de sus propias autoridades, de su gente, en relación a los distintos elementos contenidos en el cuerpo legal. Siendo éste positivo, reitero, para el resto de las comunidades indígenas del país, en el caso de Isla de Pascua amerita un análisis más detenido.

Ahora, veamos qué ocurre con SASIPA, la empresa que depende de la Corporación de Fomento de la Producción. Esa sociedad está regida por un directorio cuyas reuniones se efectúan en Santiago y es dueña de 40 por ciento de las tierras de la isla. A la vez, es la que provee de energía eléctrica al territorio insular, proporciona el agua potable, administra el matadero y el frigorífico, y es la encargada de retirar las cargas que transportan las dos embarcaciones que en el año surten de alimentos y de artículos que satisfacen necesidades básicas de la población. Además, es dueña de la ganadería existente allí, compuesta, según se nos informó, por unas 2 mil 500 cabezas de vacuno.

En suma, SASIPA tiene gran importancia para el desarrollo de la isla. Sin embargo, para los isleños, la sociedad les es ajena, con una administración lejana, a pesar de que forma parte de su directorio un par de sus personeros, entre ellos el actual Alcalde de Rapa Nui.

Parece evidente que la actual administración de SASIPA debe ser analizada en todo su contexto. Para empezar, es obvio que la administración y el patrimonio debieran pasar a ser parte integrante de un organismo de la propia Isla de Pascua, de su municipalidad, o de quien disponga alguna norma dictada al efecto. Podría ser, conforme a las disposiciones vigentes, su municipio. Es ése el lugar adecuado para su desarrollo, y es ahí, también, en donde se halla el ámbito para el cual la legislación previo tales situaciones, al alentar el paulatino traspaso de bienes públicos y de otras gestiones propias de gobierno a la administración municipal.

Es natural que el isleño aspire a que su gobierno comunal administre los bienes situados en su territorio. También es lógico desde el punto de vista de la descentralización del Estado.

No hay, por lo tanto, motivo evidente para sostener que SASIPA debe continuar en manos de organismos centralizados, cuyos personeros superiores, a pesar de su esfuerzo y sus capacidades, se encuentran tan lejos del lugar en que se desarrolla la empresa propiamente tal.

Al respecto, es importante señalar, para los efectos de nuestra institucionalidad y por razones propias de la soberanía, que el municipio, compuesto por personeros capaces, se encuentra muy marginado del desarrollo de su territorio por parte de todas las organizaciones y empresas como la que he mencionado.

Advierto que no se observa que la comunidad dé la importancia debida a ese organismo estatal, dotado de elementos suficientes para lograr una buena armonización en el desarrollo del territorio. Sus integrantes han sido elegidos por los habitantes de la isla; son personeros representativos y aceptados por aquéllos. Debe, entonces, asignársele mayor relevancia, de acuerdo a las disposiciones legales que así lo permiten, a fin de facilitar su desarrollo pleno y su actuación también plena. Es una herramienta de trabajo que el Estado chileno no aprovecha íntegramente en el desarrollo de la isla.

Se encuentran pendientes algunos problemas que nos parecen interesantes, y ofrecemos al Gobierno toda nuestra capacidad e interés para estudiarlos y analizarlos con más profundidad. De partida, hay uno que queremos destacar, y se refiere a la creación o a la existencia de una estructura ejecutiva con mayor poder de determinación en Isla de Pascua.

Creemos que es indispensable sentarse a discutir y a considerar la alternativa de crear una nueva Región, o bien, de establecer una fórmula para que las resoluciones propias, de desarrollo, vinculadas a Isla de Pascua y a la Administración Pública, sean más efectivas en el territorio mismo.

En segundo lugar, cabe señalar que la expresión que de pronto surgió en algunos de sus habitantes -y esto hay que decirlo para comenzar su análisis, y no a fin de generar nuevas expectativas, lo que es muy importante que quede claro- respecto de la posibilidad de un personero elegido democráticamente por la población de la isla, con el objeto de que los represente en el campo legislativo, es, naturalmente, un tema de gran interés. Y a nosotros nos preocuparía mucho examinarlo positivamente, para que se puedan ir estableciendo todos los aspectos inherentes a la institucionalidad nacional en esa lejana posesión chilena, lo que tiene no sólo un interés social, sino también de carácter geopolítico, de gran trascendencia para nuestro desarrollo y el de Isla de Pascua.

Uno de los elementos más importantes con que ella cuenta para su progreso económico es, sin lugar a dudas, el turismo. En toda Oceanía no existen, por su nivel, sus 4 características y su valor histórico, sitios arqueológicos como los de Isla de Pascua. El gasto estimado para desarrollar un trabajo de largo alcance, durante veinte años, con el objeto de ir reparando y recreando ese patrimonio -obviamente, con la ayuda de las personas entendidas de la propia isla- con el cuidado debido por los aspectos espirituales a los que esos lugares se hallan ligados en la historia de Rapa Nui, es del orden de los 500 mil dólares anuales. De esa forma se podría llevar a cabo una labor de ese tipo, con la participación de sus habitantes. Hay varios ejemplos de ello que ya están siendo puestos en marcha, los cuales resultan sumamente atractivos.

Señor Presidente , previo al resumen que haré, quiero contar una anécdota. En Isla de Pascua, como en otras partes del territorio, hay una cárcel, que es muy curiosa. Se trata de una casa pequeña, sin patio, desde la cual los detenidos de pronto salen al jardín de los Carabineros y juegan con los hijos de éstos. Además, casi todas las semanas se arranca un detenido. Un sargento nos comentaba que es usual que alrededor de las 21 suene el teléfono y una de esas personas le diga al cabo de guardia: "Mi cabo, mañana a las 8 estoy de vuelta allá. Así que quédese tranquilo". Esto, que resulta ser muy simpático -y que es real-, indica, en alguna forma que también es necesario resolver este problema, el cual, al parecer, no es tan delicado ni tan grave. Esa es una situación que demuestra una de las características de Isla de Pascua que la hacen ser tan especial.

En resumen, proponemos: 1) reestudiar la aplicación de la ley 19.253 o, eventual-mente, establecer una nueva norma para la administración de ese territorio; 2) el traspaso de propiedad fiscal -concretamente, de SASIPA- a la Municipalidad de Isla de Pascua o a otro organismo asentado local-mente que permita una administración junto a sus habitantes; 3) estudiar algunas modificaciones legislativas para integrar mucho más institucionalmente a Isla de Pascua, respecto de lo cual deben contemplarse dos elementos: un fortalecimiento de los niveles ejecutivos en el ámbito local, lo que es muy importante, y una eventual integración vinculada al Parlamento, y 4) considerar un apoyo económico por veinte años, a lo menos, para que, bajo la orientación correspondiente, se puedan ir reconstruyendo los sitios arqueológicos, en los cuales, naturalmente, debe guardarse celosamente la tradición espiritual de Isla de Pascua.

Sobre el particular, hay una proposición. Se estima que, producto del desarrollo turístico en los próximos años, deberían llegar unas 10 mil personas a la isla. Pero los turistas no cancelan entrada para ver los sitios arqueológicos; es difícil cobrarla. De modo que la sugerencia de los arqueólogos consiste en que, como ocurre en otros lugares, en el instante mismo en que se compre el pasaje aéreo sea incorporada en el precio la suma de 50 dólares por persona, con el objeto de que puedan visitarse todos los lugares arqueológicos. Se estima que por ese concepto se logrará una cifra cercana a los 500 mil dólares anuales, lo cual permitirá financiar el proceso de desarrollo arqueológico de Isla de Pascua, que es muy importante.

Por último, creemos que es absolutamente necesario estudiar, fortalecer y apoyar la gestión educacional que se está llevando a cabo en la isla. No existe claridad en tal sentido, ni tranquilidad en los padres y apoderados. Por eso, es necesaria una mayor relación técnica y profesional con las respectivas entidades del Continente. Pareciera oportuno, además -y le doy disculpas señor Gobernador , porque a lo mejor invadiré el ámbito de su acción y de su responsabilidad-, estudiar más a fondo la calidad y capacidad de los profesores. El futuro alcalde de Isla de Pascua , don Pedro Edmunds , nos señaló que su primera preocupación será enfrentar el tema educacional, lo que estimamos muy adecuado, por cuanto en ese campo existe, al parecer, una debilidad que está produciendo un inmenso daño a la juventud.

He dicho.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , estimados colegas, Arica vive hoy una crisis de desarrollo. Su economía ha declinado. La desocupación es bastante superior al promedio del país. Hay miseria. El decaimiento de su comercio y de la pesca, base del sustento de su economía, se propaga y repercute en todas las actividades.

Dos paros ciudadanos en trece meses expresan un sentimiento masivo de rechazo a la situación vigente y una voluntad de cambio.

Como Senador de la Primera Región , puedo constatar que ese estado de ánimo abarca a toda la ciudad, sin distingos de edad, sexo, actividad económica o posición política. Arica, por su posición estratégica, por su significado y simbolismo en la historia de Chile, es para todos nosotros una ciudad fundamental, que no podemos descuidar.

Estamos, por tanto, ante un desafío nacional. Arica es la puerta norte de nuestro país, pero más que eso es la entrada a la América del Sur. A pesar de esta crisis, ella no representa un problema; es una gran oportunidad. Y en esta sesión señalaré las bases de lo que a mi juicio constituye el Plan Arica, para el despliegue de una nueva estrategia respecto de esta ciudad de la Primera Región y del norte de Chile, y destacaré la urgencia de actuar de inmediato. Las ideas están claras y ahora hay que ejecutarlas.

Causas de la Declinación

¿Por qué ha ocurrido esta situación? La crisis no es una cuestión coyuntural; tiene causas estructurales. La declinación de Arica es larga, y surge, en mi opinión, a mediados de la década de los 70. En 1976, el Gobierno de la época decretó el término de la Junta de Adelanto de Arica. Se acabaron las franquicias que sostuvieron las industrias automotriz y electrónica. Más tarde, en 1977, se decretó una zona franca para Iquique, dejándose sólo una zona de extensión para Arica. También en el entretanto, por razones geopolíticas y en consideración a los riesgos de un conflicto bélico con algunos países vecinos, se decidió el traslado de actividades hacia Iquique , a lo que siguió una disminución de la inversión pública y del esfuerzo estatal. Se desató un proceso de declinación progresiva desde mediados de los 70 hasta fines de los 80. Dos hechos externos a la economía chilena se agregaron a este fenómeno. El primero fue la disminución de las tarifas arancelarias en los países vecinos, lo que, naturalmente, hizo perder efectividad a las franquicias de que disponía Arica, bajando el comercio fronterizo. Más tarde, la creación de la Zona Franca de Tacna constituyó un nuevo paso que le restó a Arica un sostén de su actividad económica: el comercio con las ciudades del sur peruano.

El segundo factor externo fue la contracción de la pesca. La baja de la captura y, más tarde, la sobreexplotación de la labor pesquera del Perú incidieron en los precios. Ello afectó la actividad pesquera de todo el norte de Chile, disminuyendo la ocupación en esa región.

Cómo Debe Ser el Nuevo Desarrollo

Frente a una crisis de esta envergadura, a nuestro juicio de carácter estructural, se necesita una nueva estrategia de desarrollo en una economía abierta, que se sostenga en sí misma, sin franquicias que establezcan sólo actividades artificiales, sino que, por el contrario, mantengan lo que es permanente. Arica tiene ventajas comparativas. Además de su clima y de su localización geográfica privilegiada, consideramos que el eje de la estrategia para su desarrollo en el fin del siglo debe ser el constituirla en una ciudad puerto, con proyección internacional; en la puerta de entrada al centro de América del Sur y en nexo con Bolivia, Brasil, Paraguay, el sur del Perú y el noroeste argentino. Asimismo, debe convertirse en la puerta del Pacífico para América del Sur, el oeste de los Estados Unidos y los países de Asia. Este es el concepto central que, a nuestro juicio, debe impulsar su progreso.

Nuevo Plan Arica

En el período 1990-1994, dos decisiones del Presidente Aylwin apuntaron en la nueva dirección. La primera fue la construcción de la carretera Arica-La Paz. El tramo chileno está recién terminado, y, según informaciones del Gobierno boliviano, el trecho para conectar con La Paz tomará 18 meses. En 1996, por primera vez en la historia, La Paz y Arica estarán unidas, por tierra, por un camino en el cual el desplazamiento demorará menos de siete horas.

La segunda decisión importante ha sido el Acuerdo de Complementación Económica con Bolivia, firmado en 1993.

Estas acciones, sin embargo, no significaron el diseño de una nueva visión estratégica por parte del Estado, para el desarrollo del norte de Chile en su integración con América Latina. Tal falencia debe ser hoy superada. Para impulsar la nueva estrategia, considero indispensable materializar cuatro grandes proyectos a la mayor brevedad.

1) Ampliación de la Infraestructura.

El término de la carretera de Arica hacia La Paz es esencial. La modernización del Ferrocarril de Arica a La Paz y su constitución como una sociedad independiente de Ferrocarriles del Estado debe contemplar la posibilidad de establecer una sola empresa binacional, con capitales privados bolivianos y chilenos, que es otro paso. Esta modernización es fundamental para el movimiento de minerales y granos en el futuro.

También, se debe ampliar el aeropuerto de Chacalluta y adoptar medidas a fin de que este terminal pueda servir como base de operaciones para la región, instaurando, entre otras, la quinta libertad.

La expansión de la producción granelera de soya en el Mato Grosso, en Brasil, y en la zona de Santa Cruz, en Bolivia, se eleva a varios millones de toneladas, que encuentran por el lado del Pacífico una salida más económica que por el Atlántico, y, por lo tanto, son una base de expansión de la economía ariqueña.

Para mañana hemos invitado a almorzar en el Senado al Gobernador de Mato Grosso , quien visitó ayer los puertos de Arica e Iquique y considera que se abre una posibilidad cierta de expansión y de traslado de los productos brasileros al Pacífico, a través del norte de Chile.

Existe, por ende, la necesidad de ampliar el puerto. Actualmente, hay un plan maestro para elevar a 5 millones de toneladas el movimiento que se produce hoy día, que es inferior al millón de toneladas. El primer paso debe ser la construcción de un muelle granelero, el cual puede ser entregado en concesión al sector privado. También en ello es posible involucrar a capitales de otros países.

La instalación de un puerto seco constituye otra clave para el movimiento a granel y los acopios de minerales de las naciones vecinas.

2) Zona Franca Turística de Arica y Parinacota.

Esta otra iniciativa de envergadura ya la hemos señalado en el mismo Senado hace algunos meses, precisando los términos de carácter tributario que pueden ayudar, junto con un desarrollo urbano, a que se concrete dicho proyecto.

3) Zona Franca de Productos Nacionales.

Iquique ha tenido éxito con su zona franca de productos importados, y es necesario reforzarla para impulsar a esa ciudad y proyectarla hacia el futuro.

Por su parte, la zona franca de productos nacionales significaría que las mercaderías que ingresen a Arica ya se consideren exportadas. Las empresas chilenas pueden disponer de depósitos en dicha ciudad y, así, activar el comercio con Perú y con Bolivia, a niveles superiores a los actuales. Ello se complementaría con un Centro de Exportaciones que incluiría una feria permanente de exhibición de productos nacionales, con el desarrollo de áreas de apoyo a los negocios y de depósitos de mercaderías al ser exportados.

4)Nuevo Programa de Integración Chile-Bolivia

Las relaciones entre nuestro país y Bolivia deben ser objeto de un giro histórico. La reciente visita a este Senado del Vicepresidente de la República boliviana, Víctor Hugo Cárdenas , es un símbolo auspicioso. Desde 1962, ambas naciones no tienen relaciones a nivel de embajadores, con una breve excepción.

No hemos aprovechado esta gran oportunidad comercial y de inversión para los dos países. Chile exportará cerca de 170 millones de dólares este año e importará alrededor de 15 millones. Esta situación se revertirá en 1996 con el proyecto para construir un gasoducto que conectará el sur de la nación vecina con nuestra Segunda Región y que significará una exportación de gas de Bolivia del orden de 100 millones de dólares al año, lo cual permitirá abastecer las plantas que se instalen en el norte de Chile.

Existen muchos ámbitos donde es posible avanzar. En primer término, podemos firmar un Tratado de Promoción y Protección de Inversiones y explorar un Tratado de Libre Comercio, teniendo en cuenta que tanto nuestro país como Bolivia se están asociando al MERCOSUR.

Además, cabe hacer resaltar la constitución de empresas binacionales para explotar recursos tanto en Chile como en la nación vecina.

Asimismo, es indispensable la creación de un Comité de Fronteras como el que existe entre nuestro país y Argentina, el cual ha servido para evitar roces y facilitar las relaciones.

A nuestro juicio, deben suprimirse los registros de pasaportes entre ambos Estados, para hacer más expeditos el paso de personas, el turismo, el comercio y las inversiones.

En el campo industrial, existen posibilidades de muy rápida materialización en el procesamiento de minerales que están siendo exportados como concentrados, en el tratamiento de maderas que se están enviando al exterior en bruto y en la instalación de agroindustrias en los valles de Lluta y Azapa y de una industria petroquímica en Arica, con el petróleo y gas que hoy exporta Bolivia .

La relación con la nación altiplánica debe contemplar también el rol que ésta jugará en la conexión con Brasil y Paraguay y en la unión entre el Pacífico y el Atlántico. Bolivia participará en la configuración de una red de carreteras que abarcará el norte de Chile, el noroeste argentino, el sur de Perú, Brasil y Asunción. Esta red se halla en construcción y será, sin duda, uno de los proyectos de integración más importantes en el centro de América del Sur.

Nuestro país tiene que jugar un papel activo en este sistema. No podemos olvidar la conexión de La Paz con Ilo por Desaguadero. El Gobierno peruano ha demostrado alto interés en vincular al sur de Perú con Bolivia. Este hecho nos obliga a los chilenos a realizar un esfuerzo de especialización y de eficiencia en puertos y servicios, para mantener el liderazgo.

Otras actividades del Plan Arica

A continuación, voy a mencionar tres actividades de respaldo que resultan fundamentales:

1) Agricultura

La Primera Región fue siempre considerada no agrícola. Así, el INDAP no disponía ahí de oficinas ni otorgaba créditos. Sin embargo, el potente desarrollo tecnológico para la agricultura desértica está demostrando su alta rentabilidad en los valles de Lluta y Azapa , así como en las zonas altas de Iquique. Hoy se estima que alrededor de 10 mil personas trabajan en la agricultura en esos valles.

Se trata de un sector de alta expansión. Expertos provenientes de Israel y Egipto y los convenios firmados por universidades del norte con centros de investigación de esos países auguran un avance tecnológico importante. Las zonas mencionadas alcanzan las mayores productividades por hectárea en numerosos productos -entre otros, el tomate- y pueden pasar al procesamiento de frutas tropicales y otras especies.

2) Industria

¿Qué hacemos en Arica, ubicada a 300 kilómetros de la más próxima ciudad y con apenas 180 mil habitantes, si no tenemos una base industrial orientada a otros mercados?

Además de la producción manufacturera sustentada en materias primas que podemos llevar a cabo en unión con los bolivianos, creemos que el ingreso de Chile al NAFTA constituye un punto de interés estratégico para países del Asia que ven en el norte de nuestro territorio la posibilidad de acceder al mercado común norteamericano, con un incentivo para operar desde allí en los sectores donde las cuotas impuestas a sus productos están copadas.

En tal sentido, deben estrecharse los negocios con Hong Kong, Taiwán y Corea, y también con Malasia. Pro Chile y los empresarios deben explorar con mayor intensidad esta posibilidad.

3) Minería

Las capacidades mineras de la provincia de Arica son significativas. El desarrollo de la minería no metálica ha tomado cierto cuerpo, pero aún es muy escuálido; por lo tanto, debe darse un impulso más grande mediante la ENAMI y el sector privado. También tenemos que estudiar y tomar la decisión de desafectar algunas partes del Parque Nacional de Lauca para permitir prospecciones y detectar yacimientos de minerales metálicos.

Por último, me referiré brevemente al agua y la energía.

Se están adoptando decisiones por parte del Gobierno para aumentar de manera estable el abastecimiento de agua. Sin embargo, es necesario señalar que un desarrollo como el que se desatará, por las razones que hemos mencionado, requiere de nuevas inversiones en el sector, además de contemplar acuerdos con nuestros países vecinos. Esto debe vincularse también a actividades en el sector energético. La instalación del gasoducto hasta Mejillones y las posibilidades de extenderlo a otras áreas del norte de Chile dan pie para el abastecimiento de energía más limpia y barata, y asimismo, para negocios con las naciones vecinas.

Desarrollo del Norte y Seguridad Nacional

Todas las materias anotadas tienen que ver con la seguridad nacional. Por lo tanto, debemos explorar -y así lo hacemos hoy en el Senado- una visión que integre el desarrollo económico con la seguridad nacional. Una posibilidad es la de una economía cerrada, con una ciudad relativamente protegida en su aspecto territorial, y otra, hacia la cual debemos avanzar, la de impulsar una economía más potente e integrada a América Latina.

Tenemos que preservar nuestra capacidad disuasiva, pero esta preservación debe efectuarse en el marco de un proceso de integración económica.

Esta es una gran oportunidad para la economía chilena y su expansión futura.

Mayor poder político

Junto a esos grandes proyectos de desarrollo, es preciso dotar a la ciudad de un mayor poder político de decisión local. Cuando los ariqueños expresan que echan de menos la Junta de Adelanto, están llamando la atención acerca de dos materias, que debemos reforzar no sólo en Arica, sino en todas las regiones extremas: poder local de decisión y fondos resueltos localmente. Ninguno de estos dos elementos existen en esa ciudad.

Con tal propósito, consideramos necesario:

1.- Conceder atribuciones adicionales al gobernador de Arica, equivalentes en varios aspectos a las del intendente de la Primera Región.

2.- Constituir un gobierno provincial con autoridad sobre una serie de asuntos. También resulta indispensable desplazar algunos centros de decisión de la administración regional de Arica; y así lo ha decidido el Presidente de la República .

3.- Considerar la creación de un Fondo de Desarrollo Productivo, orientado y manejado localmente, aprovechando la exitosa experiencia de la Junta de Adelanto.

4.- Implementar en Arica un Plan Piloto de Desburocratización y Reforma del Aparato Público.

Medidas de Emergencia

Aparte las acciones indicadas, que enmarcan una nueva dirección estratégica, deben impulsarse medidas inmediatas a favor de los sectores más pobres y vulnerables. El punto crucial es el estímulo a la ocupación. Esta tarea es urgente, no solo para reactivar la economía, sino también para proteger de la droga a la ciudad. La labor policial es clave para detener este flagelo.

Arica es el lugar más vulnerable de Chile, y el país entero debe protegerla. Pero para ello hay que dotarla de una base económica que impida la desocupación y la distorsión de su actividad. Las obras con capitales públicos y privados son una primera manera de activar la economía y dar trabajo.

Hemos planteado la necesidad de realizar planes de capacitación rápidos, como los que se han diseñado para el carbón, vinculados a los nuevos negocios y a la contratación de mano de obra en actividades nuevas. Los planes de reconversión textil permitirán la recolocación de trabajadores y su capacitación.

El Estado debe concentrar, en esta fase, recursos adicionales para el mejoramiento urbano, la educación y la salud, y acelerar otras medidas que pueden elevar los niveles de actividad en un plazo breve. Por ejemplo, la creación de la Zona Franca Turística y de la Zona de Productos Nacionales, así como la construcción de viviendas, la unión de las dos costaneras, la recalada de flotas pesqueras que operan en aguas internacionales y otras decisiones, entre ellas la de subsidiar el consumo de energía eléctrica para los grupos más pobres, dado el alto costo del servicio en la Región, tal como se ha hecho en el caso del agua.

Quiero terminar mis palabras destacando la decisión del Presidente de la República de constituir el Comité Interministerial para el Desarrollo de Arica, presidido por el Ministro del Interior e integrado, entre otros, por el Ministro de Relaciones Exteriores , quienes se encuentran presentes en la Sala. El papel de ambos resultará fundamental en la toma de las decisiones que requiere urgentemente la ciudad. Esperamos un despliegue rápido de acciones. La determinación del Gobierno no puede hacerse esperar.

También apelo al Senado y a la Cámara de Diputados para que procesemos con celeridad las iniciativas legales que enviará el Ejecutivo con la finalidad de materializar las resoluciones adoptadas.

La acción unitaria de los chilenos, un plan de Gobierno eficaz, la participación ágil del Parlamento y la presencia de la actividad privada constituyen una base sólida para que los ariqueños, con energía y voluntad, tomen la iniciativa, superen la crisis y abran una nueva etapa en su desarrollo.

He dicho.

El señor LARRAÍN.-

Gracias, señor Presidente.

Me voy a referir principalmente a la región norte, pero vinculando muchos aspectos a la situación de Aisén y Punta Arenas, pues hay características qué las unen y nos fuerzan a una reflexión conjunta.

En mi opinión, el análisis de una materia de esta naturaleza requiere un auditorio mayor. La presencia de los señores Ministros del Interior y de Relaciones Exteriores y del Gobernador de Isla de Pascua hace recomendable que el Senado los reciba como corresponde.

Sin perjuicio de ello, es útil formular algunas consideraciones.

Señor Presidente , durante el último tiempo hemos podido constatar la difícil situación por que atraviesan las zonas extremas de nuestro país, como ha quedado en evidencia a raíz de las distintas intervenciones escuchadas.

El clamor de ciudades como Arica, Aisén y Punta Arenas y las inquietudes que surgen desde Isla de Pascua no nos resultan indiferentes. Muy por el contrario, estimamos que esas zonas, que tienen una situación diversa, deben ser tratadas de manera distinta, especial.

La justicia nos plantea dar igual a los iguales y desigual a los desiguales.

Algunos Parlamentarios, en reciente visita simultánea a Arica y Punta Arenas, en un esfuerzo por estar presentes en el terreno, al lado de los problemas reales, han comprobado lo difícil que resulta vivir en zonas apartadas, donde los valores de la energía eléctrica y el agua potable son los más altos de nuestro territorio.

Hemos constatado también ciertas realidades trascendentes que muchas veces olvidamos. En pleno desierto se encuentran importantes productores de tomates y los principales productores de aceitunas del país, mientras que en la aridez y el frío de Tierra del Fuego la pesca, los bovinos y la madera son rubros significativos para nuestra economía.

Un plan de desarrollo para las zonas extremas y planes particulares para cada una de ellas requieren de una política nacional, de una visión de Estado. Nuestro país no termina en Iquique, por el norte, ni en la Décima Región, por el sur. Debemos generar criterios de integración con claros objetivos poblacionales que justifiquen y permitan el asentamiento humano estable. Por eso, tenemos que favorecer el ejercicio vital de nuestra soberanía.

El desarrollo de zonas tan alejadas como Arica y Magallanes tiene que ser incluido dentro de las tareas y prioridades de nuestro Gobierno, el que, en sus actitudes descentralizadoras y de contacto con la gente, debiera instalarse en las zonas que más lo requieren.

Los indicadores económicos de esos lugares no pueden ser más alarmantes. El desempleo se encuentra sustancialmente sobre el promedio nacional y la tasa de crecimiento de la ocupación ha sufrido un considerable deterioro.

Por tanto, más que hablar en términos globales -ya se ha hecho en exceso-, el planteamiento de algunas medidas concretas puede ser, en esta ocasión, más útil, no obstante que ello pueda representar un costo para otras regiones, situación que explicamos como una suerte de transferencia de recursos, a fin de no asumir nunca el costo incalculable de zonas importantes, por su situación geográfica, sumidas en la miseria o en la destrucción.

Sé que esas Regiones no son las únicas con dificultades. Por ejemplo, la que yo represento -la Séptima-, particularmente en la zona del Maule sur, por las duras condiciones en que se desenvuelve, también merece nuestra atención. Y espero referirme a esta materia cuando tratemos en sesión especial el tema de la agricultura.

Plantearé a continuación tres medidas concretas que pueden ser de común aplicación para las zonas extremas del país.

Primera: eliminación de impuesto a la salida de bienes de zona franca a zonas de extensión.

En 1982 se fijó un impuesto de 10 por ciento para los productos que salen desde zonas francas a zonas de extensión, destinado a aumentar los recursos fiscales en periodos de recesión; posteriormente se bajó a 6 por ciento, con el compromiso de su futura rebaja a cero.

Creemos conveniente eliminar dicho impuesto y el arancel normal para todas las mercancías que entren a la región. Esta medida aumentaría directamente el nivel de vida de los habitantes de las zonas extremas, favoreciendo el comercio de Magallanes y Arica, especialmente ahora que se han instalado -como se ha hecho notar- zonas francas en Perú y Bolivia, y próximamente, en Río Gallegos, Argentina.

Segunda: subsidio a la mano de obra.

Actualmente existe un subsidio a la mano de obra en las zonas extremas equivalente a 17 por ciento sobre el tramo de ingresos que no supere los 90 mil pesos.

Proponemos aumentar la tasa a 25 por ciento, y el monto del ingreso que pueda ser subsidiado, a 150 mil pesos. Esta medida servirá para abaratar los costos de puesta en marcha de los negocios y el costo de producción, permitiendo así un refortalecimiento real de la actividad económica.

Tercera: exención de IVA a los turistas que visitan la zona.

Se sugiere dejar exentos de IVA a los extranjeros que realicen actividades turísticas, con un tope máximo de 250 dólares. Esta medida pretende incentivar el turismo en la zona, lo que no sólo beneficia a las empresas directamente involucradas, sino también al comercio, que genera el mayor flujo de visitantes.

Hemos expresado que el tratamiento de estas medidas debe ser preferente y no igualitario. No nos podemos arriesgar a que migraciones masivas frustren el desarrollo de zonas estratégicas para nuestro país.

En el mismo sentido, las propias regiones extremas necesitan de un trato distinto. Arica, por su condición fronteriza y geográfica, se encuentra ubicada en un punto que exige una consideración especial. Se debe tener en cuenta también la existencia de tratados internacionales, en vigencia o por aplicarse, que la afectan y que configuran aspectos que obligan a mirar su situación desde un prisma muy particular.

Los hechos son elocuentes. En sólo un año, los habitantes de Arica han clamado por su situación, a las autoridades y al país entero, con dos impactantes paros de actividades que a todos nos interpelan.

Aun así, la situación sigue sin cambiar, su población ha disminuido en los últimos diez años en cerca de 40 mil personas, que han emigrado en busca de mejores expectativas de vida.

Comisiones y más comisiones constituyen la principal respuesta que el país ha ofrecido a esas inquietudes. La última Comisión Interministerial, en tres meses, todavía no da luces para revitalizar la entrada norte de Chile, lo que esperamos tenga lugar muy prontamente.

Ante esta situación, que revela pasividad del país, hemos elaborado medidas de particular importancia para Arica, inspiradas en la clara voluntad política de traspasar a manos privadas actividades económicas, sin costo para el Estado y descargando con ello al resto del país.

Entre ellas, debemos mencionar las siguientes:

1.- Vender a inversionistas privados la mitad de los sitios de atraque del puerto de Arica.

Esta medida terminaría con el monopolio de la EMPORCHI, posibilitando la competencia. Se beneficiarían los actuales y potenciales usuarios del puerto, mejorando la deteriorada situación de los trabajadores del sector.

2.- Que CONAF y el Ejército, respectivamente, revisen e idealmente disminuyan el tamaño de los parques nacionales y territorios para ejercicios en la provincia de Parinacota.

Actualmente existen importantes terrenos de una y otro que pueden ser utilizados para prospecciones mineras y estudios tendientes a dotar de mayor capacidad de agua potable, entendiendo que la soberanía y la preservación del medio ambiente son necesarios, pero garantizando libertad y progreso, que también constituyen mecanismos para su defensa.

3.- Transformar el servicio municipal de educación de Arica en una corporación privada ligada a la misma municipalidad.

Ello permitiría a la corporación cobrar mensualmente la bonificación por la contratación de profesores (DL 889), e idealmente, traspasar dicha bonificación a los mismos maestros. La de Arica es una de las pocas municipalidades que no cuentan con un ente privado de educación, lo que implica para ella un alto costo.

4.- Que la aduana carretera de Chacalluta con el Perú esté abierta las 24 horas.

Dado que Arica es una ciudad turística, no tiene ningún sentido que aquélla no se encuentre abierta día y noche, sobre todo cuando el costo adicional de un horario continuado puede, perfectamente ser financiado por el sector privado.

5.- Que la ZOFRI venda los sitios industriales del Parque Industrial Chacalluta.

La no venta de dichos sitios impide a los interesados usarlos como garantía para créditos comerciales.

6.- Permitir que los barcos extranjeros que pescan más allá de las 200 millas se abastezcan en puertos chilenos.

Por la burocracia de nuestros puertos, dichos buques se abastecen en Perú, lo que resta ingresos a Arica por venta de petróleo, agua potable y alimentos, entre otros rubros.

7.- Estudiar la posibilidad de transformar a Arica en un centro financiero internacional.

Al respecto, propiciamos la creación de un centro financiero reservado y delimitado que permita la instalación de instituciones financieras no sujetas en igual forma a la regulación de la Superintendencia respectiva o a la propia ley chilena.

Esto podría implicar, entre otros aspectos, exención de impuestos para las operaciones, pero, ciertamente, sin incluir la garantía del Estado chileno en ellas.

8.-Aumentar los recursos para desarrollar una Fiscalía Antidrogas eficiente en la zona.

Los delitos de tráfico de drogas son un verdadero atentado a nuestro país. Es lamentable que Arica, por su posición geográfica, sufra este flagelo como ninguna otra ciudad del país.

Por ello, proponemos dotar al Consejo de Defensa del Estado de mayores recursos y atribuciones para perseguir dichos delitos, desarrollando un departamento especializado como Fiscalía, con especial dotación y equipamiento para actuar en tales materias.

Sin duda, señor Presidente , falta mucho por hacer. Nosotros estamos colaborando con nuestro grano de arena. Esperamos que el Gobierno haga su parte. Las zonas extremas del país, Magallanes y Arica, e Isla de Pascua exigen una nueva oportunidad.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , pienso que es mejor que el Honorable señor Lagos intervenga al final, porque desde hace mucho tiempo Su Señoría conoce los problemas que afectan a Arica.

Por mi parte, trataré de hacer una aproximación al tema y, más que nada, recoger los planteamientos de los dos señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, cuyas proposiciones son bastante ricas.

Todos parten de un diagnóstico común: Arica, zona extrema esencial para el país desde el punto de vista geopolítico, está en un proceso de crisis. Y, como muy bien señaló el Senador señor Bitar , se trata de una crisis, no del momento, sino estructural, pues se arrastra desde hace algún tiempo, en razón de ciertas medidas que se tomaron en 1976.

Antes de esa fecha, también había dificultades. Pero ese año se pudo término al sistema de franquicias tributarias que permitió el desarrollo industrial de Arica y su transformación en una ciudad bastante más poderosa que la existente hoy día.

También ese año se disolvió la Junta de Adelanto de Arica, especie de CORFO que provocó el desarrollo de la ciudad y que recordada por sus habitantes, sin distinción de posiciones o pensamientos políticos, como el gran instrumento de crecimiento, pues fomentó la construcción de la mayor parte de la infraestructura y la realización de sus principales obras de adelanto.

Sin embargo, tales medidas -digámoslo con franqueza- significaron "desvestir a un santo para vestir a otro". Y no se trata de criticar lo hecho con Iquique. Pero el establecimiento de la ZOFRI, indiscutiblemente, afectó a Arica. Iquique logró un alto nivel de crecimiento. Arica, en cambio, se sintió aún más aislada y deprimida, ya que retrocedía mientras la ciudad vecina avanzaba.

A la vez, se produjo una diferencia con la ciudad peruana de Tacna, donde se estableció la Zona Franca. Entonces, Arica, queda en el medio, con lo que su deterioro es cada vez mayor. Y éste se incrementa debido a la disminución de la actividad comercial con Bolivia.

Esa es la realidad actual. Y cuando se paralizan las actividades, por supuesto que uno puede no estar de acuerdo; pero tiene que entenderlo, porque trata de una voz de alarma, de una luz roja que debe llamar la atención.

En esta oportunidad hemos hablado de la situación que afecta al extremo sur, a Isla de Pascua y a Arica. Son tres puntos neurálgicos en los que debe fijarse el país, sin descuidar su proyecto global, pues hay otros bolsones de problemas en la zona central. Y tiene que existir conciencia de que la situación de Arica no puede afrontarse con medidas ordinarias o comunes. Debe pensarse seriamente, entonces, en soluciones bastante más audaces para las tres zonas.

Escuché con mucha atención a los Senadores señores Larraín y Bitar , quienes dieron a conocer muchas medidas que se pueden tomar.

Creo que la idea planteada por el Honorable señor Bitar de crear una ciudad-puerto debe estudiarse en profundidad y llevarse a cabo. Este tipo de operaciones se ha realizado en países desarrollados. Existen las ciudades-puertos de Filadelfia, en Estados Unidos, y Hamburgo y Rotterdam, en Europa.

En el caso de Arica, se trata de un elemento fundamental para el crecimiento de toda la Región. Pero para tener resultados positivos debe formarse una verdadera empresa, organizándose una sociedad anónima donde participen el Estado, la Municipalidad y el sector privado, a fin de estructurar un puerto vital para el comercio de los países limítrofes con destino al Asia y Estados Unidos.

Eso es posible, y sin una gran inversión. Estoy seguro de que la rentabilidad de tal medida originaría recursos, no sólo para incrementar la operación del puerto de un millón a cinco millones de toneladas -como se nos ha planteado-, sino además para financiar muchas obras de infraestructura en la ciudad de Arica.

Creo que la idea de la Zona Franca de Productos Nacionales es original y puede tener efectos positivos. Y me parece que también debe apuntarse con mucha fuerza hacia la proposición de crear la Zona Franca Turística, para incentivar el gran capital de Arica. Indiscutiblemente, esto es mejor que estimular el desarrollo de industrias tradicionales, sobre todo por el modelo económico en que estamos insertos, las distancias y el escaso mercado existente. Pero, si se estableciera una zona franca turística, podría desarrollarse una de las industrias más productivas del mundo. Sobre el particular, hemos sido limitados y -diría- realmente remisos. Se ha dicho que está terminándose la carretera a Tambo Quemado, que nos va a dejar a 7 horas de La Paz. Si a ello se suma el mejoramiento de las relaciones políticas con el vecino país -en mi opinión, son auspiciosas, y debemos trabajar lealmente en esa línea-, pueden ser decenas de miles los bolivianos que bajen a Arica por motivos turísticos. De esa manera, estaremos aprovechando esa riqueza de la ciudad, en el bien entendido de que se conceda la zona franca turística.

En lo personal, discrepo de la propuesta de eliminar el impuesto de 6 por ciento, y voy a decir por qué. Porque ello haría absolutamente imposible la instalación de industrias en la ciudad, al impedirles toda oportunidad de competir con los productos importados. Más bien, soy partidario de que, junto a otros recursos (los que podrían producir la ciudad-puerto, la zona franca de productos nacionales y la turística, más aportes del Estado), se destinara a constituir nuevamente una corporación de desarrollo para Arica, integrada tanto por la municipalidad y las autoridades del Gobierno central como por el sector privado. Esta tendría por fin, especialmente, realizar inversiones en infraestructura, a fin de mejorar las condiciones para que la ciudad también sea atractiva para otro tipo de actividades.

Lo que se ha dicho de la agricultura me parece plenamente lógico. El incremento de la tecnología para el cultivo de zonas desérticas ha dado frutos sobradamente comprobados. Es un punto que conviene atacar, con expectativas de muy buenos resultados. Y lo mismo ocurre con la limitación que afecta a los parques, que hoy están, en parte, en manos de CONAF y, en parte, en las de las Fuerzas Armadas.

Personalmente, soy partidario de tomar una medida de audacia. En el sudeste asiático, que ha tenido un gran desarrollo y crecimiento, muchas veces no han sido tan ortodoxos en la aplicación de políticas, y han tomado medidas que -podría pensarse- rompen el esquema del manejo general de la economía. Al respecto, creo que debemos tomar nota de algo que señalé hace algún tiempo en esta Sala: el 15 de marzo del presente año, en Argentina se ha dictado una ley que establece 14 zonas francas industriales, más 4 que llaman "de excepción", y la única condición que ponen a su instalación es que no queden a menos de 300 kilómetros de la más cercana. La normativa señala, además, que podrán desarrollar actividades de almacenaje comercial, de servicios e industrial con el objeto de exportar mercaderías resultantes para terceros países; que en aquellas provincias cuya densidad geográfica sea inferior a dos habitantes por kilómetro cuadrado, podrá comercializarse; y que habrá una zona franca industrial en aquellos pueblos fronterizos con países limítrofes que posean zonas francas en cualquier lugar de su territorio cuando las circunstancias así lo aconsejan. Vemos, pues, que Argentina se está preparando para ser un lugar de desarrollo de zonas francas, de almacenes francos o de zonas de producción industrial para abastecer al propio Chile e, igualmente, a países extracontinentales. En consecuencia, no debiéramos temer la posibilidad de establecer en las regiones extremas, no zonas francas comerciales -es lo que tenemos en Iquique-, sino, al igual que en el sudeste asiático (en Taiwán, Hong Kong y otros países zonas francas industriales, con mucha autonomía y capacidad, a fin de atraer la inversión de capitales extranjeros que quieran, como se señaló, transformar a Arica en un verdadero centro operador de comercio hacia América Latina (especialmente los países limítrofes), Asia y los Estados Unidos, y también la zona central de Chile.

Antes de entrar en sesión, hacía notar al señor Ministro y al Senador señor Bitar algo que me tocó ver hace dos años, en una visita al sudeste asiático. Ya entonces una gran cantidad de hombres de negocios de Hong Kong -en total son más de 500 mil sus pequeños y medianos empresarios de todo tipo, no sólo del sector financiero- estudiaba la posibilidad de trasladar sus inversiones, en vista de que en 1997 se pondrá término al protectorado inglés, pasando dicho territorio a depender de la República Popular China. Y fui testigo de cómo Canadá, a través de una campaña persistente y dotada de muchos recursos, ofrecía darles residencia en Vancouver, permitiéndoles trasladar sus instalaciones sin pagar derechos de ninguna especie, con el solo requisito de hacer un depósito de 200 mil dólares por el plazo de 5 años. Según entiendo, a esa fecha ya había más de 500 empresarios iniciando sus trámites para emigrar a esa zona que les ofrecía tales condiciones. No veo por qué Chile no puede hacer un nuevo intento de inmigración, que signifique llegada de capitales, tecnologías y mercado. Y no hablo sólo de ese territorio, sino en general. Las inmigraciones son necesarias para repotenciar a los países -Chile lo ha comprobado-, y creo que en esta oportunidad también debiéramos pensar con audacia. A lo mejor, nuestras zonas extremas, incluida la Isla de Pascua, podrían ser receptoras de aquellos sectores que hoy, en otras partes del mundo, están pensando dónde hacer sus inversiones para continuar con el desarrollo de sus negocios. No me parece una idea sin fundamento.

Y creo perfectamente posible, sobre la base de las proposiciones hechas aquí, y haciendo un buen esfuerzo entre el Gobierno, el Parlamento y los interesados en estos temas, elaborar una legislación que permita a las zonas extremas salir de la situación de crisis en que se encuentran, antes de que debamos arrepentimos por no haber actuado a tiempo, con consecuencias tal vez irreversibles. En cambio, si reaccionamos oportunamente y tomamos las medidas necesarias, aun cuando algunas sean excepcionales y nos parezcan contradictorias con las normativas que generalmente aceptamos, estoy convencido de que Arica podrá salir de la crisis de que se ha hablado en esta tarde.

He dicho.

El señor LAGOS .-

Señor Presidente , el lunes 1o de agosto en curso, se paralizó la totalidad de las actividades de una ciudad chilena, en un supremo gesto de protesta, inconformidad y desesperanza. Todos los sectores de la ciudad de Arica, sin importar sus diferencias políticas o religiosas, se propusieron realizar este acto cívico, en un ejemplar clima de disciplina y de respeto, más que para protestar en contra de este Gobierno o de cualesquiera otros, para llamar la atención del país y de las autoridades nacionales sobre la gravísima crisis que está agobiando a la ciudad, sobre su magnitud y los efectos que tendrá en el futuro inmediato. Se trató de un acto que ha tenido escasos precedentes en la historia de la República, y que, por su propia naturaleza, debe ser tenido en debida consideración. A través de este angustioso y unánime "grito", Arica ha expresado, una vez más, que se siente Chile, que forma parte viva de Chile y que, por consiguiente, quiere vivir la vida del Chile total, plena y permanentemente, con dignidad y sin condiciones.

¡Aquí está la médula de los argumentos ariqueños! Se trata, en el fondo, de una ciudad que no quiere vivir ni de obsequios ni de graciosas prestaciones. Se trata de una ciudad que no quiere pasarse la vida dependiendo ni de la simpatía, ni de los caprichos, ni de la buena voluntad del Gobierno de turno.

Pero, para que todo ello sea posible, es indispensable, como cuestión previa, provocar una profunda transformación de las formas tradicionales con que el país ha tratado la situación de nuestras zonas extremas. Es necesario convenir que la multitud de conflictos que afecta a estas regiones, a veces de modo permanente, a veces como consecuencia de la coyuntura, pero siempre de manera angustiosa y preocupante, representa un gran problema de Estado, frente al cual resulta imprescindible plantear, como país, una solución global y definitiva, con audacia y sentido de modernidad.

A partir de esta premisa fundamental, creo que es posible dar solución a los problemas que hoy agobian a la Región que represento en el Senado de la República, siempre que se cumplan, en mi opinión, a lo menos tres condiciones básicas. La primera consiste en dotar a Arica -e igualmente a todas las zonas extremas del país- de un estatuto especial, permanente y eficaz, para que estos entrañables trozos de nuestro patrimonio territorial queden en condiciones de impulsar su desarrollo sobre la base de utilizar sus propias ventajas comparativas y puedan incorporarse plenamente y en igualdad de condiciones a la dinámica del crecimiento, y acceder a los beneficios que derivan del progreso científico y tecnológico del que, de modo creciente, está disfrutando la mayor parte del territorio nacional. Desde esta perspectiva, debo insistir en que tanto la crisis de Arica como la que afecta a otras zonas extremas del país, deben ser entendidas como un "problema de Estado"; como un desafío cuya respuesta está aún pendiente. Cuando hablamos de "igualdad de oportunidades", no nos estamos refiriendo sólo a la igualdad de oportunidades para todos los chilenos sin distinción que se nos impone como un imperativo ético ineludible. Nos referimos, asimismo, a la necesaria igualdad de oportunidades que el Estado de Chile debe garantizar, sin excusa alguna, a todas y cada una de sus Regiones, de manera que el desarrollo alcance a todas por igual y que los beneficios de la modernidad puedan ser disfrutados, igual que en Santiago, Valparaíso o Concepción, en Arica, Putre o en Ollagüe; en Puerto Cisnes, Aysén o Punta Arenas.

La segunda condición, que sólo será posible si se da cumplimiento a la primera, es que el Gobierno tenga la voluntad política de poner en ejecución un conjunto de iniciativas destinadas a estimular y atraer, en forma masiva, la inversión privada, sea nacional o extranjera. Desde luego, ello requiere un tratamiento tributario realmente atractivo; decisiones sustantivas para disminuir y simplificar los engorrosos trámites burocráticos o los excesos de un centralismo, todavía exagerado, que, a menudo, suelen abortar dolorosamente interesantes iniciativas de inversión; reactualizar un estudio diagnóstico de los recursos naturales de la zona, lo que implica, específicamente, la confección de un catastro minero; el acceso expedito a un banco de datos, actualizado periódicamente, que facilite y estimule la inversión privada; medidas de estímulo y aportes estatales a la investigación científica realizada tanto por universidades e instituciones especializadas, de carácter público o privado, en materias de agricultura desértica y semitropical; suscripción de convenios de intercambio y cooperación mutua con universidades y organismos científicos especializados del extranjero. Todas estas variadas tareas pendientes requieren, desde luego, una revisión sustancial de las rutinas y modalidades de trabajo relacionadas con el manejo tradicional de nuestras relaciones exteriores. Acaso sería conveniente, en este punto, sugerir la creación de una Oficina especializada, o una Subsecretaría de cooperación científico-tecnológica, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, con facultades resolutivas, para buscar y establecer contactos permanentes con países más avanzados que el nuestro en materias científicas y tecnológicas y para convenir con ellos, según los requerimientos y necesidades específicas de cada una de nuestras regiones, programas permanentes de intercambio y cooperación. Creo, señor Presidente , que no podemos seguir posponiendo por más tiempo la urgente necesidad de activar y poner en ejecución, con gran dinamismo e imaginación, un proceso de transferencia tecnológica, sin el cual -me temo- Chile no logrará remontar la enorme distancia que nos separa, cada día más, de las economías más industrializadas del mundo.

La tercera condición -y, en este punto, me refiero específicamente a la provincia de Arica- es que el país entero, que sus nuevas generaciones, que las autoridades de Gobierno, comprendan a cabalidad lo que significa tener a Arica como parte integrante del territorio nacional. No sólo a la Arica de ahora; no a la Arica que hoy se está sofocando bajo el peso de gravísimos y variados problemas. Se trata, Honorables colegas, de entender y -para decirlo de modo más claro- de "sentir" a la Arica de siempre; a ese trozo de territorio chileno que es el depositario de un nobilísimo patrimonio cultural, el escenario de las más excelsas páginas de nuestra historia patria, la morada obligada de las más gloriosas tradiciones nacionales. Arica, señor Presidente -y con ella me refiero a todo el norte grande de Chile-, no es una simple posición territorial o, como muchos suelen creer, una especie de "botín de guerra". No faltan, incluso, quienes piensan que los afanes para conservar estos vastos territorios y para garantizar su integridad, no pasaría de ser sino motivo de preocupación para las Fuerzas Armadas y hasta un gesto de mezquindad y de capricho incompatible con un criterio de modernidad, más abierto y más flexible, como el que hizo posible el prodigioso proceso de una Europa unificada y sin fronteras. Es cierto que estos territorios fueron incorporados definitivamente a la soberanía nacional, después de un largo y doloroso episodio bélico que Chile no buscó. Y si nuestros héroes, con su heroico sacrificio, hicieron posible que Arica fuera nuestra para siempre, deber ser nuestra de manera plena, sin reservas y sin complejos. Tan nuestra como Chuquicamata o como cualquiera otra región del país. Y este sentido de pertenencia, tan legítimo como necesario, debe apoyarse en la convicción de que los territorios del norte de Chile no fueron mal adquiridos. No fueron anexados ni en virtud de malas artes, ni como el producto de una agresión ilegítima, ni por un espíritu expansionista del que Chile siempre careció. Somos un país amante de la paz que, por desgraciadas circunstancias, fuimos arrastrados -hace ya más de un siglo- a un conflicto que nunca quisimos. Hicimos la guerra; la ganamos limpia y noblemente; perdimos miles de jóvenes vidas en la aventura; como justa compensación, incorporamos estos territorios a nuestra soberanía. Este acto, universalmente reconocido como legítimo por el Derecho Internacional, fue ratificado mediante tratados, libremente suscritos, por quienes fueron nuestros ocasionales adversarios. Como si todo esto fuera poco, nos obligamos, gratuitamente, a diversas y dispendiosas prestaciones en beneficio de quienes nos habían hecho la guerra, aun corriendo el riesgo de que tales prestaciones fueran consideradas como "compensaciones bélicas", a las que, por supuesto, no estábamos obligados en absoluto.

Asumimos, en fin, la soberanía sobre estos territorios, con la convicción de que lo hacíamos a perpetuidad, sin compromisos pendientes y sin condiciones ni suspensivas ni resolutorias.

Sin embargo, sería un error suponer que esta categórica reafirmación de nuestra presencia soberana en nuestro Norte Grande sea un impedimento para abrir amplios espacios a nuestros anhelos de integración con los países hermanos. Porque, mientras las provincias de Arica y Parinacota están separadas de nuestra propia capital por más de 2 mil kilómetros de distancia, con el desierto más árido del mundo de por medio, del Perú nos separan apenas 30 kilómetros, de Bolivia 350, y poco más de 900 de las fértiles selvas del Mato Grosso. Otro tanto, apenas nos separa del noroeste de Argentina, ávido de desarrollo. Esta situación de privilegio define, especialmente para Arica, un rol fundamental como centro natural de una macrorregión latinoamericana, que mira hacia el Pacífico, como natural puerta de salida de una gigantesca y todavía incipiente producción silvoagropecuaria, minera e industrial.

Por sus condiciones naturales, Arica está llamada a ser la verdadera "capital económica y comercial" de un Chile que busca integrarse; de un Chile que anhela comprometerse en una red de cooperación internacional con Perú, Bolivia, el noroeste de Argentina, el sudoeste de Brasil e, incluso, de Uruguay y Paraguay. No darle a Arica las herramientas para que comience su despegue definitivo es, en último término, renunciar a la oportunidad de liderar, desde su centro mismo, este proceso de integración y cooperación. Para eso necesitamos -no los ariqueños, sino Chile entero- una Arica sólida y libre de sobresaltos y temores. Una Arica que tenga cosas concretas que ofrecer a los países vecinos, como natural interlocutor de esta dinámica integradora, en el cono sur de América. Una provincia, en resumen, capaz de concitar el interés de los países vecinos, necesitados, como nosotros mismos, de integrarse, de abrirse hacia nuevos mercados y de acelerar sus respectivos procesos de desarrollo.

Estoy en condiciones de asegurar categóricamente que el diseño y puesta en marcha de un estatuto permanente para la provincia de Arica, apuntando fundamentalmente en esta dirección, no partirá de cero. Desde luego, porque Arica está dotada de una multitud de ventajas comparativas que, a menudo, o se olvidan o se desconocen. Un estudio del Instituto Libertad y Desarrollo nos informa que Arica, no obstante su difícil situación, "presenta los niveles relativamente más altos de desarrollo humano del país, particularmente en lo que respecta a indicadores de educación y de salud, sólo superados por la Región Metropolitana. Ello permitiría llevar a cabo transformaciones de diversa naturaleza". Tenemos, por consiguiente, la más alta calidad en recursos humanos para emprender cualquier empresa de envergadura. Como si todo esto fuera poco, tenemos una magnífica universidad, profundamente comprometida con el proceso de desarrollo regional y, por lo mismo, en permanente disposición para entregar mano de obra dirigente, altamente calificada en variados aspectos de la actividad regional. Y, porque sentimos que este plantel superior de estudios, junto con el valioso aporte de una segunda universidad -ésta de carácter privado-, constituyen un capital intelectual y cultural para la Región de inapreciable valor, de modo reiterado hemos solicitado a los Gobiernos centrales los recursos que nos permitan utilizar este capital y evitar que se desvalorice y se pierda sin utilidad para nadie. Por lo mismo, hemos insistido en que estas casas de estudios superiores deben ser premunidas de los medios necesarios para que se desarrollen, para que crezcan académicamente y para que proyecten su enriquecedora presencia incluso más allá de las fronteras nacionales.

En cuanto a su ubicación geográfica, Arica está situada en un lugar que le otorga una ventaja que no admite comparación con ninguna otra ciudad del país. Es el puerto natural de salida al Pacífico para cuatro países aledaños. Según indica el Instituto Libertad y Desarrollo, "servicios de transporte, financieros, de turismo y de comercio tienen un gran potencial derivado de la localización estratégica de la ciudad. Esta posibilidad es hoy mayor que antes por la política de apertura y promoción del libre comercio que tanto el gobierno de Perú como el de Bolivia están siguiendo". Para este efecto, tenemos un magnífico y moderno puerto, cuyas actuales instalaciones todavía no han sido utilizadas al ciento por ciento de sus capacidades y cuya ampliación y modernización es una eventualidad que debería ser considerada seriamente y al alcance de las posibilidades del país.

Arica, comparativamente hablando -y de nuevo cito, en este punto, estudios del mismo Instituto-, "posee un elevado nivel de desarrollo en materia de infraestructura (transportes, telecomunicaciones y equipamiento urbano). De allí que la ciudad tiene el potencial suficiente para constituirse en el más importante centro turístico del área, lo que es particularmente válido en el contexto de ciudad limítrofe". Hay, aun más: a partir de la idea de que el turismo, en la actualidad, no se limita a exigir sólo un clima primaveral durante todo el año, ni sólo buenos hoteles y hermosas playas, Arica está en condiciones de ofrecer, adicionalmente, y con extrema generosidad, una forma de turismo que muy pocas ciudades en el mundo pueden brindar: el turismo científico-cultural. Esta posibilidad se basa en el hecho de que Arica es, en sí, virtualmente, un gigantesco "museo al aire libre". Se trata, en efecto, de una ciudad que guarda, con verdadera devoción y orgullo, el más valioso patrimonio arqueológico y antropológico de Chile. La magnificencia de culturas pretéritas -entre las que se destaca el aporte cultural de los incas, la delicada y elegante policromía del arte del Tiahuanaco, los vestigios del paso de los conquistadores españoles, aguerrido y laborioso; la epopeya heroica de los sucesivos grupos humanos que habitaron sus costas y sus playas- se nos ofrece en todo su esplendor y sobrecogedor lenguaje sea en magníficos museos, sea en los faldeos de nuestros cerros, en forma de enigmáticos geoglifos, que son patrimonio cultural de la humanidad; sea en variados lugares históricos, en actual estado de abandono; sea en el terreno mismo, en donde nuestros arqueólogos realizan sus interminables trabajos. Constituye, para la gente de Arica, motivo de especial orgullo, guardar como su más preciado tesoro la momia de preparación complicada que, según el certero fechado del radio-carbono 14, es la más antigua del mundo; tres o cuatro mil años más antigua, desde luego, que las célebres momias de Egipto. A través de tantos, tan variados y tan elocuentes testigos de nuestro pasado remoto, nuestros científicos han logrado concluir que Arica -la Ariacca precolombina- ya era habitada hace 11 mil años antes de Cristo. Y esto, señor Presidente , queremos mostrarlo. Mostrarlo a nuestros compatriotas; mostrarlo a nuestros hermanos de América; mostrarlo al mundo entero. Y, además de mostrarlo, queremos que el país nos proporcione las posibilidades reales de utilizar esta gigantesca riqueza; estas ventajas comparativas sin parangón. Quiero decirlo, sabiendo que mis palabras no corresponden exactamente a mis sentimientos: queremos que se nos permita "abrir un mercado" para todo esto; para ofrecer nuestra eterna primavera; para vender la belleza de nuestras playas, el verdor de nuestros valles. Queremos, en pleno invierno, mostrar cómo está brotando la primavera en los valles de Azapa y de Lluta y cómo, más allá, simultáneamente, estamos cosechando el verano. Queremos mostrar la calidad de nuestra gente; mostrar lo que han sido capaces de hacer, aun contra toda adversidad.

Como podrá apreciarse, señor Presidente , el problema de Arica no es sólo cuestión de geopolítica, ni muchísimo menos una simple cuestión de carácter comercial o de simples intereses económicos. Por lo mismo, nos desagradan profundamente las interpretaciones reduccionistas con que se suelen recibir las exigencias que provienen del extremo norte de Chile. Son exigentes, dicen algunos. Son llorones, dicen otros. Lo único que les interesa -apuntan los de más allá- es defender sus intereses. ¡Puro chovinismo!, sentencian quienes se presumen de ilustrados y modernos. Se trata, en el fondo, de percepciones demasiado simplistas de las cosas y de una miopía histórica que no tiene justificación alguna. Porque, lo que estamos denunciando -y no nos cansaremos de hacerlo hasta lograr que esta situación se corrija- es que Chile se está "farreando" a Arica y su enorme potencial; que estamos perdiendo, como país, la posibilidad de asumir un verdadero liderazgo en el proceso de integración del cono sur de América.

En mi primer período senatorial hice entrega al Gobierno del Presidente Aylwin de 77 proposiciones en un proyecto que denominé "Plan de Progreso y Desarrollo Integral para la Primera Región Tarapacá", donde hace cinco años que están descritos todos los problemas que esta tarde se han planteado y algunas medidas como la creación de una zona franca financiera. Pero alguien acaba de afirmar que su solución requiere de medidas inmediatas.

El Comando de Defensa de Arica ha formulado una proposición cuya puesta en práctica, a mi juicio, contribuiría a resolver la falta de empleos: la exención para las empresas de las provincias de Arica y Parinacota del impuesto de primera categoría que grava en 15 por ciento las utilidades tributarias del ejercicio, según lo establecen los artículos 29, 30, 31, 32 y 33 del DL N° 824, de Impuesto a la Renta, y que el tributo resultante sirva de crédito para ser descontado del impuesto global complementario.

El Gobierno del Presidente Aylwin creó una zona franca industrial en la que hay invertidos más de dos mil millones de pesos, y aquí todos los Parlamentarios coincidimos en que nuestro potencial desarrollo está ligado directamente con los países del cono sur.

Bolivia cuenta con materias primas importantes, como la madera. Yo estuve en Santa Cruz con los industriales y conversamos respecto de la forma de bajar esas materias primas y procesarlas en este parque industrial.

Hace pocos días contamos con la presencia del representante de Taiwán en Chile , a quien invité precisamente por ser su país uno de los que mayor relevancia revisten en el intercambio comercial de Chile. Llegó con un grupo de empresarios, y nos enteramos de que esa nación asiática estaba interesada en invertir en el parque industrial de Arica. Pero las actuales condiciones y beneficios no interesan ni a Taiwán, ni a los bolivianos, ni a los argentinos, ni a los paraguayos. Y esto, señor Presidente y señores Ministros, hay que resolverlo.

El Honorable señor Andrés Zaldívar -quien conoce bien la situación porque, como Ministro de Hacienda , le correspondió ocuparse del extremo norte, y lo hizo bien- sostuvo que es el momento de adoptar decisiones. Aquí todos estamos buscando derechamente una solución para Arica. No es una cuestión de la que se puedan sacar dividendos políticos, ya que de esa manera estaríamos traicionando las esperanzas de la inmensa mayoría de los nortinos.

En estos momentos Arica ostenta el más alto índice de desempleo en el país. Por ello, el Gobierno debe adoptar decisiones, y olvidarse del efecto que podrían tener en el resto del territorio, porque nos estamos refiriendo a una zona industrial exportadora. En la actualidad Chile no tiene inversión, y estamos hablando de una destinada tanto a la industria transnacional como a la nacional. Y quiero decirles que la creación de la zona franca de Iquique constituyó un gran proyecto que se vendió en el extranjero, y ahora hay más de dos mil empresarios de todas las nacionalidades. ¡Eso es lo que esperamos!

El señor Ministro de Relaciones Exteriores , presente en la Sala, ha mostrado gran voluntad y decisión para enfrentar esta situación, como igualmente el presidente de la Comisión Interministerial creada para este efecto. Pero si el Gobierno, así como adoptó la resolución de encarar el problema, no toma las decisiones del caso, la gente nuevamente se sentirá defraudada, y no sé lo que podría pasar, especialmente en lo referente al despoblamiento de la zona altiplánica, donde nuestro país ha invertido tanto.

El caso de Arica debe ser enfocado de manera distinta al de las demás Regiones de Chile. Hoy día tenemos competidores. La zona franca de Tacna es un serio competidor ante el cual, cuando debimos adoptar decisiones, no lo hicimos. Bolivia cuenta con siete zonas francas y los argentinos, con once.

Cuando en su época me entrevisté con el Presidente Aylwin , le dije: " Presidente , por favor, solicite un informe, nacional o internacional, sobre lo que está ofreciendo el resto del mundo en materia de zonas francas". Y hace pocos días se lo repetí al Presidente Frei . Nos vamos a encontrar con que Chile, en esa Región está ofreciendo menos que los demás países. Si nos acercamos más al centro del mundo, comprobaremos que en Costa Rica los terrenos de la zona franca son gratuitos. Perú, que en la actualidad está en mejores condiciones, paga incluso la cantidad de cinco mil dólares a quien lleve a un empresario a invertir en la zona franca de Tacna. De manera que Arica está siendo víctima de un estrangulamiento. Y la situación ha adquirido ribetes de mayor gravedad por el desarrollo que ha experimentado la economía peruana. Ese país adhirió a la economía social de mercado y ninguno de sus habitantes cruza ya la frontera como lo hacían hace tres años cuando venían a comprar pan, carne, verduras y otros productos.

Esa es la cuestión que hay que definir, puesto que Arica está siendo víctima del auge que están experimentado Perú y Bolivia.

Es esencial privatizar el ferrocarril, porque el Estado carece actualmente de la capacidad económica para administrarlo. El puerto de Arica requiere de mayores inversiones. Es necesario construir un gran puerto granelero. En estos momentos, Brasil está sacando 8 millones de toneladas métricas por el Cabo de Hornos y por Panamá, en circunstancias de que hacerlo por el puerto de Arica le significaría un ahorro de tres dólares por tonelada, que implica millones de dólares. Pero carecemos de un puerto granelero para esa tarea.

Y creo que estamos en el momento justo de emprender su construcción, porque Perú, señor Presidente y señores Ministros, está estudiando la instalación de un puerto. Junto con el Diputado señor Soria , que se encuentra presente en la Sala, vimos la maqueta, conocimos los tratados del caso y a la empresa holandesa encargada de las labores. Y hay otra de Hamburgo interesada en su administración. Y debemos considerar, además, que Perú comenzó la construcción de su carretera integradora bioceánica. Es decir, nos estamos farreando ese 70 por ciento de adelanto que llevábamos en estos aspectos, porque no estamos ofreciendo nada a ese mundo internacional de empresarios.

Finalmente, quiero agradecer al señor Presidente del Senado y a los Comités el que esta tarde hayamos dedicado estos minutos a nuestras Regiones -me habría gustado, sí, que la mayoría de los señores Senadores se hubiera preocupado al respecto-, como también la presencia de los señores Ministros, porque opino que debemos adoptar la decisión de enfrentar el problema. Y les digo derechamente que nosotros, los habitantes de la Primera Región y sus Parlamentarios queremos una solución, y todos estamos trabajando para encontrarla junto a ustedes.

He dicho.