Labor Parlamentaria

El señor VALDÉS (Presidente).-

En el primer lugar del Orden del Día figura el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", adoptado en Río de Janeiro en 1992, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, y cuya urgencia ha sido calificada de “discusión inmediata”.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de acuerdo:

En primer trámite, sesión 15 ª, en 9 de diciembre de 1992.

Informe de Comisión: Relaciones Exteriores, sesión 27 ª, en 31 de agosto de 1994.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, el Convenio tiende a regular la diversidad biológica, entendiéndose por tal "la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas". Esa es la definición, la cual la he leído del informe, para conocimiento de los señores Senadores.

Se define también el concepto de "ecosistema" como "un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de micro-organismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional". Y luego, se precisa lo que entiende por una serie de otros términos.

En el fondo, el Tratado pretende conservar la naturaleza, y se enmarca dentro de otros similares, en el afán de evitar la contaminación y de mantener los ecosistemas, esto es, todos los sistemas biológicos existentes en el planeta.

El proyecto fue aprobado en la Comisión por tres votos. Yo me abstuve, porque estimo que hay algunas disposiciones muy vagas y que podrían, en cierto modo, impedir el desarrollo de la tecnología y de la actividad económica. Por ejemplo, la letra c) del artículo 8 dispone que cada Parte Contratante "Reglamentará o administrará los recursos biológicos importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación y utilización sostenible;"; y, en seguida, la letra h) del mismo precepto estatuye "Impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies;". Asimismo, el número 5 del artículo 16 establece: "Las Partes Contratantes, reconociendo que las patentes y otros derechos de propiedad intelectual pueden influir en la aplicación del presente Convenio, cooperarán a este respecto de conformidad con la legislación nacional y el derecho internacional para velar por que esos derechos apoyen y no se opongan a los objetivos del presente Convenio.". A mi juicio, el Convenio es bastante vago y podría de alguna manera afectar garantías constitucionales del derecho de propiedad. Según opiniones que he escuchado, es un poco estático en cuanto a mantener la naturaleza en el estado en que se encuentra, sin permitir, tal vez, algunas transformaciones necesarias para el desarrollo económico.

Sin embargo, hubo otros señores Senadores que consideraron necesario aprobar el proyecto. Yo me abstuve, por las reservas que he mencionado. En todo caso, estoy seguro de que el Honorable señor Horvath -presente en la Sala- emitirá su opinión al respecto, dado su especial interés por este Convenio, el cual se enmarca en la conservación del medio ambiente. Y por eso, señor Presidente, sugiero que se le otorgue el uso de la palabra a fin de que dé las explicaciones desde su punto de vista.

He dicho.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, en primer lugar, debo insistir en que aquí hay un problema de plazo, porque, si bien se halla reflejado en el carácter de la urgencia de “discusión inmediata”, estamos prácticamente en la fecha en que Chile debe ratificar este Convenio sobre Diversidad Biológica, adoptado en Río de Janeiro, en 1992, para incorporarse con pleno derecho a la organización internacional relacionada con esta materia. Por eso, conviene que sea aprobado hoy también por la Cámara de Diputados y transformado en ley. En realidad, de acuerdo con el trámite legislativo, es un proceso difícil de lograr, más no imposible.

En segundo término, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, a requerimiento de la de Relaciones Exteriores, opinó favorablemente sobre el proyecto de acuerdo. Además esta última, y aparte el análisis propio que hicieron sus miembros, solicitó antecedentes a CIMPA, organización que se ocupa de asuntos ambientales que cuenta con una serie de empresarios, industriales y académicos de nuestro país, y también al Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y la Flora. Los dos informes son positivos. Tanto los empresarios y académicos como los defensores de la flora y fauna, en sus distintas organizaciones, lo estiman conveniente. Esto es muy importante hacerlo resaltar, porque existen algunos institutos de asistencia legislativa para grupos Parlamentarios que han señalado algunos aspectos inconvenientes del proyecto, en el sentido de que podría inhibir determinadas iniciativas particulares respecto al uso de la flora y fauna del país. Sin embargo, ello no es así, por cuanto la diversidad biológica de nuestro territorio se halla suficientemente garantizada a través del sistema nacional de áreas silvestres protegidas, de las cuales quedan por reestructurar y añadir algunas zonas. Y el propio Presidente de la República, en su mensaje del 21 de mayo recién pasado, aseguró, dentro de los planes del Gobierno, incorporar esas áreas.

Por otra parte, la Comisión de Medio Ambiente del Senado analizó un conjunto de normativas legales paralelas y consistentes con la diversidad biológica, como son, desde luego, la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente; la Ley de Caza, que se encuentra en estudio en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y que ha resuelto una serie de planteamientos constitucionales hechos presentes en el Senado.

En resumen, todos estos aspectos y el hecho de que Chile avance en la aprobación de este Convenio, concuerdan con las posibilidades de firmar tratados de libre comercio, particularmente con Estados Unidos de América, Canadá y México, lo cual deja al país en muy buen pie de cumplimiento de los requerimientos de diversidad biológica para que sean garantizados a través de los convenios que se suscriban, que en alguna medida van a producir una mayor presión sobre nuestros recursos naturales.

Por estas razones y lo señalado por el Senador señor Alessandri, estimamos conveniente la aprobación y el trámite expedito del proyecto de acuerdo que consagra el Convenio.

No señalaré los aspectos ecológicos propiamente tales, por cuanto los doy por conocidos por todos los señores Senadores. Sin embargo, cabe destacar que la diversidad biológica, desde luego, garantiza la multiplicidad de las expresiones de la vida de nuestro planeta, asegurando no sólo una mayor riqueza desde el punto de vista espiritual y biológico, sino también la posibilidad de encontrar nuevos fármacos o elementos que van enriqueciendo el quehacer humano. Lo peor que podría suceder en el mundo, que sufre una gran presión respecto de sus recursos naturales, es que se vayan perdiendo una serie de especies de su faz, por cuanto con ello cerramos la multiplicidad de alternativas que tenemos hacia el futuro. Y como expresión de esto, sólo basta revisar los libros rojos de flora y fauna de nuestro país, en los cuales figuran enormes cantidades de especies en condiciones de extinguidas, raras, en peligro de extinción, difíciles de determinar, y las que sobran son exactamente las menos.

Por todo lo expuesto, sugiero aprobar el proyecto de acuerdo.

He dicho.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente, antes de aprobar el proyecto de acuerdo -porque, en verdad, en este caso no cabe más que acogerlo o no-, debo señalar que en la Comisión de Medio Ambiente hice presentes algunas reflexiones e inquietudes sobre el mismo, las cuales deseo repetirlas en la Sala, y que, en el fondo, inciden más o menos en los aspectos que insinuó el Senador señor Alessandri.

Temo que el Convenio pueda inducir en forma negativa a ciertos grupos conservacionistas para que, de alguna manera, obstaculicen o hagan objeciones al desarrollo nacional. Y me referiré específicamente al problema de la introducción de especies exóticas, entre las cuales se encuentran el pino y el eucalipto. Hay varios miles de hectáreas plantadas con eucalipto, que constituyen la base del crecimiento impresionante de nuestro sector forestal en los últimos años. Y este Convenio justamente tiende a frenar de alguna forma esas iniciativas, y por tanto, si es aprovechado negativamente, podría resultar perjudicial para el desarrollo del país.

Estoy muy de acuerdo con la diversidad biológica; precisamente, nuestra nación se destaca por la cantidad de reservas y parques naturales que posee. Sin embargo, sobre la base de garantizar la diversidad biológica podrían aplicarse algunas medidas exageradas que coarten la propiedad y la iniciativa privadas e impidan a Chile alcanzar el grado de desarrollo que deseamos.

Además, creo que hay otras disposiciones que pueden restringir las investigaciones en aspectos relativos a la diversidad biológica. En efecto, la obligación de intercambiar información es posible que lleve a algunos a reservarse dichos estudios, toda vez que se trata de inversiones que realizan los países en estos temas.

Hice presente estas consideraciones en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales para que al menos se contenga algún antecedente en la historia fidedigna de la ley, y a la cual puedan recurrir determinados personeros en caso de ser afectados por la aplicación demasiado rígida y conservacionista de estos acuerdos internacionales.

He dicho.

El señor THAYER.-

Señor Presidente, deseo hacer unas consultas al Honorable señor Horvath, o a otro señor Senador integrante de la Comisión, a fin de formarme un criterio más claro sobre la conveniencia del tratado.

He estado revisando la lista de países que lo han ratificado o suscrito, y advierto que de los ubicados en el área del Pacífico, cuyo contacto reviste sumo interés para Chile, algunos no lo han hecho.

Es evidente, por otra parte, que un convenio de esta especie implica limitaciones y ventajas. Y para un país como Chile -a mi juicio, el más favorecido con la doctrina de las 200 millas marinas- estas decisiones son particularmente importantes. En este sentido, deseo preguntar al Honorable señor Horvath cuáles son las ventajas que nos puede deparar la firma del tratado en cuanto a asistencia técnica, posibilidad de acceso a créditos, tecnología, en fin, todo lo que contribuya al mejor aprovechamiento de nuestro espacio marítimo.

El señor LARRE.-

Señor Presidente, después de escuchar los planteamientos de los Honorables señores Siebert y Thayer, realmente me preocupa la responsabilidad que implica la suscripción del convenio por parte de una nación que, como la nuestra, tiene gran futuro en el rubro forestal, tanto más cuanto que no lo han hecho países como Alemania, Francia, Canadá, Camerún, todos los cuales poseen amplia experiencia en materia forestal.

Considerando que a Chile se le ofrecen oportunidades extraordinarias en cuanto al uso de recursos forestales exóticos, como ha ocurrido con el pino radiata, las distintas variedades de eucaliptos, y con especies recientemente introducidas, como el pino oregón, el aromo australiano y otras, sería conveniente escuchar la opinión de quienes participan en la discusión del proyecto en cuanto a si el hecho de suscribirlo resultaría un impedimento para ir sustituyendo el bosque nativo degradado por variedades forestales exóticas altamente productivas.

Agradecería que alguno de los miembros de la Comisión nos informara al respecto.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, en primer lugar, creo que constituye un factor digno de ser considerado el advertir qué países suscriben antes estos convenios y cuáles lo hacen después. Pero no es el único indicador al que es posible acudir en el momento de adoptar una decisión. Porque, con los mismos argumentos, ya los han suscrito la República Checa, Eslovenia, Dinamarca, Italia, Japón, Nueva Zelandia -donde están las especies más parecidas a las de nuestro bosque nativo-, y en fin, España y Suecia, que también poseen vasta cultura en lo referente al bosque nativo.

En segundo término, este Convenio de Biodiversídad es totalmente consistente tanto con la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente como con nuestra Constitución, que busca una armonía entre las iniciativas privadas y cuanto significa preservar nuestro patrimonio de medio ambiente, y, por lo tanto, no coarta derechos como los que aquí se han señalado. De hecho, la ley de bosque nativo, que se encuentra en el Senado a la espera de una decisión del Ejecutivo, se ha ido poniendo al día a través de acuerdos regionales.

La Corporación Nacional Forestal acaba de realizar un seminario que concluyó con un acuerdo pleno entre el sector ecologista, los empresarios madereros, los académicos, los pequeños campesinos y los funcionarios públicos de la Décima, Undécima y Duodécima Regiones. Por lo tanto, quiero destacar en forma clara que en el país existe la intención -que nace de las propias regiones forestales- de salir adelante con leyes de esta naturaleza, consistentes con lo que aquí se ha indicado.

En tercer lugar, el convenio es importante para Chile porque le permite acceder a instituciones, fondos y mecanismos de cooperación en los cuales su aporte es minoritario. Por ello, provoca más resistencia en los países de mayor envergadura porque les significa un compromiso financiero superior en lo referente a estudios, capacitación, transferencia tecnológica y ciencia.

Por eso, señor Presidente, considero que debemos salir de esta antinomia ecología-economía. La primera es la administración del ambiente, o de la casa, y la otra es el estudio. Son plenamente consistentes, y los países que así lo han entendido han logrado un sano desarrollo económico y social.

He dicho.

El señor LARRE.-

Señor Presidente, después de escuchar al Honorable señor Horvath, considero necesario que el Senado se aboque, primero, al estudio de la ley del bosque nativo, que no significa solamente la posibilidad de extender los beneficios del decreto ley N° 701, de 1974, sino también el desarrollo y manejo del bosque nativo. A mi juicio, debe tener prioridad nuestra preocupación sobre los recursos forestales locales, y, en seguida, la decisión que adoptemos ante la suscripción de compromisos internacionales sobre la conservación de nuestros recursos naturales.

El señor URENDA.-

Señor Presidente, realmente aquí estamos pagando un poco las consecuencias de que el Gobierno haya pedido el despacho inmediato de este proyecto que, si bien es cierto fue estudiado con suma acuciosidad en la Comisión de Medio Ambiente, en la de Relaciones Exteriores debió ser resuelto en una sola sesión.

Para adoptar la decisión mayoritaria, nos atuvimos, en buena medida, a las recomendaciones de diversos organismos, en especial a las de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que específicamente señala que el Convenio ha sido preparado en beneficio de los países en desarrollo y constituye un aporte significativo para lograr un desarrollo sustentable con equidad, y a las del Centro de Investigación y Planificación del Medio Ambiente, que también respalda especialmente la aprobación de este instrumento.

Es obvio que, por su tecnicismo, no podríamos tener la certeza absoluta de que no hay algunos problemas que representen inconvenientes. Abocados a pronunciarnos, nos hemos basado en gran parte en el informe de la Comisión del Medio Ambiente y en los elaborados por tres organismos que también lo consideran positivo y que incluso, frente a eventuales dificultades, señalan expresamente que las normas del convenio, a su juicio, contribuyen a evitarlas.

No puedo dejar de hacer presente la inconveniencia de tener que abocarnos muchas veces a adoptar resoluciones en muy corto plazo. Sin embargo, al parecer, tanto el informe elaborado sobre el particular cuanto los antecedentes provenientes de terceros indicarían que son mayores las ventajas, y debemos confiar en que el Gobierno aplicará este convenio resguardando debidamente el interés nacional.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En realidad, el Honorable señor Horvath ha aclarado un punto que, tal vez, no ha sido discutido. Y es que la no aprobación del proyecto de acuerdo en esta fecha no impedirá a Chile adherir al convenio con posterioridad, pero sí lo dejará al margen de la participación en sus instituciones; vale decir, no tendrá injerencia en su creación ni en la ubicación de algún compatriota en las entidades que va a manejar el sistema, lo cual no deja de tener importancia. Y votar en contra significa no ingresar a él.

El señor URENDA.-

En realidad, debemos pronunciarnos de inmediato, porque, no obstante lo señalado por el Honorable señor Horvath, me parece muy difícil el cumplimiento de los requisitos que aquí se exigen, pues, según se nos expresa, el depósito de la ratificación debió haberse efectuado ayer. Y aunque fuera posible hacerlo hoy, el último día de agosto, este proyecto debe ser conocido y aprobado por la Cámara de Diputados, y después, por el Gobierno. No aprobarlo ahora significa simplemente que Chile no podría asistir con plenos poderes a la próxima asamblea, que se realizará en Río de Janeiro.

Por tales razones, creo que nuestro país sólo podrá concurrir en calidad especial. No obstante, ante la calificación de “discusión inmediata” dada por el Gobierno a la urgencia, debimos pronunciarnos en esta forma sobre la materia.

He dicho.

El señor ERRÁZURIZ.-

Señor Presidente, ante todo, quiero manifestar nuevamente mi desagrado por vernos obligados a legislar de esta manera. Tenemos sobre la mesa un convenio, que puede ser muy interesante y trascendente, que guarda relación estrecha con muchos millones de hectáreas del bosque nativo de nuestro país, y respecto del cual debemos pronunciarnos rápidamente, sin oportunidad de estudiarlo, discutirlo y analizarlo.

Si el país ha dedicado -y este Congreso, antes de que yo ingresara a él- bastante tiempo a la discusión y examen de un proyecto sobre el bosque nativo, no me parece adecuado que, por esta vía, adoptemos compromisos que no están en la conciencia de todos los señores Senadores presentes, desconociendo la importancia y trascendencia que pudiera revestir, puesto que ni siquiera -por lo menos, yo- lo hemos alcanzado a leer.

Respeto a quienes opinan en forma distinta, a los partidarios de su aprobación o a los que contaron con mayores oportunidades de las que yo he tenido para imponerse de esta materia. Pero no creo que estaría cumpliendo seriamente mi labor como Senador al dar mi aprobación a un proyecto de acuerdo en estas condiciones, calificado por el Ejecutivo de “discusión inmediata”, y mediante el cual se nombra a un representante ante uno de los tantos organismos internacionales, sin saber siquiera qué funciones cumplirá con relación a Chile en estas materias. Anuncio, por lo tanto, mi voto negativo.

El señor DÍEZ.-

Señor Presidente, la verdad es que abrigo serias dudas ante este tratado, que establece arbitraje y respecto del cual no se puede hacer reserva por parte del Estado. Y confieso que, como legislador, no tengo interés en la ayuda financiera que se nos pueda prestar para mantener nuestros recursos naturales, porque creo que Chile ha llegado a una etapa en que vive de sus propias decisiones, y no de la ayuda de instituciones financieras. De manera que respecto de una materia que afecta a riquezas naturales tan importantes y a numerosas personas que trabajan en ellas, en conciencia, votaré en contra. Considero que se trata de una legislación que deberíamos discutir con todas nuestras facultades legales; no se nos puede venir a imponer, a través de tratados o convenios -que serán ley para el país- palabras que pueden ser interpretadas por los tribunales en un sentido distinto al dado por las partes firmantes, desconociendo realmente la órbita de aplicación del compromiso internacional que ha firmado el Gobierno de Chile.

El señor HORVATH.-

¿Me permite una interrupción, señor Presidente?

El señor DÍEZ.-

Por ello, estimo conveniente postergar su tratamiento hasta que se despache la ley sobre el bosque nativo, a fin de estudiar su concordancia.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, solicito una interrupción al Honorable señor Díez.

El señor VALDÉS (Presidente).-

El Honorable señor Horvath le solicita una interrupción, señor Senador.

El señor DÍEZ.-

Con el mayor gusto, con la venia de la Mesa.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, debe analizarse el contexto del proceso legislativo en que esto se está estudiando. Hace más de dos años que el convenio se encuentra en el Congreso Nacional. Se ha consultado a todos los organismos competentes y se ha dispuesto del tiempo necesario para analizarlo. Entiendo que un Parlamentario reclame por no haber tenido tiempo para estudiar un determinado informe; pero continuamente se nos da cuenta de los proyectos que llegan a la Sala. Y si existe un grado de interés como el aquí manifestado respecto de alguna iniciativa en particular, ha habido tiempo para considerarla. En este caso, ha sido estudiada por dos Comisiones del Senado, las que lo han informado favorablemente.

Pues bien, hoy en la mañana también se planteó la necesidad de ser solidarios cuando comisiones especializadas se han pronunciado sobre un tema; pero, al momento de la discusión, esa manifestación de solidaridad se desconoce. Entonces, yo quisiera que estos planteamientos también estuviesen dentro del contexto en que se ha tratado legislativamente. No podemos olvidar que, como producto de su tramitación en el Congreso, ha llevado al Ejecutivo a dar a la calificación de la urgencia la calidad de “discusión inmediata”. No es otra la razón.

El señor DÍEZ.-

Señor Presidente, el proyecto sobre el bosque nativo tiene más años que éste. Se encuentra pendiente de la determinación del actual gobierno para ser discutido. Por eso, antes de pedir urgencia respecto de la iniciativa del bosque nativo, el Gobierno debiera darnos a conocer su pensamiento sobre la materia.

En consecuencia, no se trata de decir que el proyecto haya llegado a tiempo o que no fue tratado o estudiado. Todo esto dice relación a la filosofía de Chile frente al bosque nativo, cuyo proyecto se encuentra pendiente en la Comisión respectiva a la espera de un pronunciamiento definitivo del actual Gobierno. Y mientras ello no se produzca, no me parece prudente, desde el punto de vista nacional, comprometer al país con tratados de esta naturaleza.

El señor HORMÁZABAL.-

Señor Presidente, es habitual que eso ocurra cuando existe diversidad de opiniones.

La Comisión especializada ha hecho un acucioso examen de la iniciativa. Y, al leer el informe -seguramente con la misma premura utilizada por otros señores Senadores-, me he impuesto de temas bastante importantes, pero respecto de los cuales ya hemos legislado. De modo que, manteniendo el legítimo derecho de cada uno de aceptarlo o no, yo llamaría a respaldar el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Ahora, en cuanto al tema de las urgencias y de los otros proyectos, es legítima la opinión del Honorable señor Díez; pero todavía el señor Senador no está en la Presidencia de la República-y espero que se mantenga al margen de ella por lo menos por muchos años- pues las urgencias las califica el Primer Mandatario.

Soy partidario de votar de inmediato, señor Presidente.

El señor BITAR.-

Señor Presidente, como lo ha expresado el Honorable señor Horvath, y teniendo en cuenta que las Comisiones estudiaron con seriedad el asunto, adhiero a la idea de que se vote pronto.

Deseo agregar un par de antecedentes importantes.

Primeramente, debemos recordar que Chile firmó el convenio en junio de 1992, fecha a partir de la cual ha transcurrido bastante tiempo. Nuestro país ha participado activamente en su diseño. Inclusive le correspondió el honor, en la persona del Embajador Vicente Sánchez, de dirigir los trabajos del Comité Intergubernamental de Negociación, nominado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para trabajar en el convenio. También sobre la materia ha sido consultada la opinión de diversos organismos chilenos, entre otros, CONAF, CONICYT y SAG.

Se ha planteado, por otra parte, la posibilidad de crear un Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Entre el 12 y el 14 de septiembre próximo se efectuará una reunión en la cual Chile puede tener una activa participación desde un principio. Se trata de un tema sobre el cual toda la ciudadanía chilena tiene clara conciencia sobre esta materia. Y creo que más allá de algunos aspectos relacionados con lecturas adicionales o inconvenientes de carácter procesal, es necesario, a nuestro juicio, someter a votación este convenio, anunciando que, en todo caso, votaré en favor de él.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente, también estimo que debiéramos proceder a votar de inmediato, teniendo en cuenta que los Senadores hemos tenido la posibilidad de conocer el informe -así espero-; que la Comisión técnica lo ha examinado en detalle, y que lo aprobó por unanimidad.

Cuando el Gobierno participó y participa en estas convenciones, lo hace previo estudio, tratando de defender el interés nacional y todo cuanto sea en beneficio del país. Además, si uno lee el informe -su contenido es absolutamente lógico respecto de las materias a las cuales se refiere-, podrá apreciar que cada uno de sus artículos dice que la Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda. Es decir, deja a la Parte Contratante la definición de las medidas que debe tomar. En ningún momento ni siquiera queda en riesgo la autonomía del país ni el interés nacional. Un señor Senador me decía que en una parte se habla de las especies exóticas, y que esperaba que no se introdujeran en el país. Sobre el particular, el convenio habla de que en la medida de lo posible y siempre que proceda "la Parte Contratante impedirá que se introduzcan o controlará o erradicará las especies exóticas". Ese es un aspecto que el propio Gobierno y sus entes técnicos determinarán si se trata, en primer lugar, de una especie exótica que pueda provocar los perjuicios que se pretende evitar y si atenta contra los ecosistemas, los hábitats o las especies nativas. Es decir, será la propia Parte Contratante la que tendrá que resolver. Por lo tanto, ni siquiera veo los riesgos aquí señalados.

Por lo expuesto, creo que debemos proceder a votar.

El señor DÍAZ.-

Me parece haber escuchado una expresión con la cual comulgo totalmente: no todos tenemos que saber de todo sobre todo. Para eso están las Comisiones técnicas que nos informan y debemos tener un mínimo de fe en que ellas funcionan bien. Aquí se pretende saber de todo hasta el último punto. Y a veces, para negarse a votar, se acude a ese expediente.

Voto que sí, porque hago fe en que las Comisiones respectivas han estudiado adecuadamente el tema para beneficio del país.

El señor DÍEZ.-

Señor Presidente, por no estar delimitada la orientación del país en cuanto al bosque nativo y por encontrarse pendiente en una Comisión del Senado el proyecto sobre una política del Ejecutivo al respecto, voto en contra de adquirir compromisos internacionales sobre la materia y de que se determine por ley una directiva nacional sobre el particular.

Voto que no.

El señor ERRÁZURIZ.-

Señor Presidente, en primer lugar, debo señalar que si bien el artículo 8 dice que "Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda", también establece en su letra h) que se "Impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies.".

Pues bien, entre los planes que tiene en estudio y en desarrollo el señor Ministro de Agricultura y el actual Gobierno, está el de introducir una especie exótica invasora -el aromo australiano no forma parte de nuestro ecosistema- como una de las maneras importantes para forestar, en lugar de hacerlo con las especies existentes.

Por otra parte, por no existir una definición respecto de la ley que guarda relación con estas materias y con el medio ambiente, pero, por sobre todo, por no haber tenido la oportunidad de analizar en la forma debida -recién existe la posibilidad de estudiar el convenio, pues debió tratarse rápidamente por las respectivas Comisiones frente a la necesidad de despacharlo con prontitud-, voto que no.

La señora FREI (doña Carmen).-

Señor Presidente, resulta obvio que tengo gran confianza tanto en el Ejecutivo como en el señor Ministro de Agricultura.

En cuanto a la especie a que se refirió un señor Senador, tengo entendido que fue introducida al país hace más de cien años.

Además, tengo confianza en el estudio realizado por las Comisiones de Medio Ambiente y de Relaciones Exteriores. Y, como decía el Honorable señor Díaz, no todos podemos saber de todo. El convenio desde hace tiempo viene estudiándose en las Comisiones pertinentes y yo hago confianza en que lo han hecho con toda seriedad. Y, como lo consigna el informe, han participado todos los organismos que en nuestro país están relacionados con el tema.

Por los motivos expuestos, voto a favor.

El señor HAMILTON.-

Señor Presidente, yo no veo la preocupación de algunos señores Senadores porque la urgencia para un proyecto de esta naturaleza haya sido calificada de “discusión inmediata”. La iniciativa lleva casi dos años en el Congreso Nacional. Y aquí se han explicado las razones por las cuales es, indispensable un pronunciamiento ahora.

Tanto la Administración del Presidente Aylwin como la del Presidente Frei han intervenido a través de los respectivos Ministerios y de los técnicos que conocen la materia, lo que nos debiera merecer plena confianza en cuanto a la protección del interés nacional.

Desde otro ángulo, en las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente del Senado no hubo ningún voto en contra de la iniciativa, y en ambas pudo participar cualquiera de los señores Senadores que ahora tienen preocupación sobre el tema.

Por último, creo que el proyecto defiende bien el interés nacional. En consecuencia, voto que sí.

El señor HORMÁZABAL.-

Señor Presidente, reconozco el hecho de que algunos señores Senadores no hayan podido leer el informe. Yo me he abstenido cuando no lo he podido hacer. Pero, como lo he leído y conozco el oficio de la comisión de Medio Ambiente en el que con fecha 7 de julio de este año solicitó a la Comisión de Relaciones Exteriores aprobar el convenio, me habría gustado votar a favor; pero no puedo hacerlo por encontrarse ausente el Honorable señor Piñera con quien estoy pareado.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, pediría a los Honorables colegas que de alguna manera se han opuesto citando artículos fuera de contexto, que a lo menos lean en la página 8 el artículo 3 lo que es un principio del convenio, en cuanto "reafirma el derecho soberano de los Estados, de explotar sus recursos en aplicación de su propia política ambiental, en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional.".

Como aquí no se está vulnerando ni inhibiendo ninguna actividad del país al margen de las normas legales que nos rigen, pido a quienes todavía quedan por votar y que tienen algunas aprensiones que lo hagan teniendo en vista el contexto completo del convenio.

Voto que sí.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente, en efecto, otra vez estamos en presencia de una materia respecto de la que, no obstante llevar una larga tramitación en el Congreso, se pide ahora una decisión inmediata, lo cual, para quienes no han tenido la oportunidad de estudiarla, tal determinación siempre se hace difícil. De manera que comprendo las inquietudes manifestadas por muchos Senadores sobre la materia.

Creo que abona la aprobación el hecho de que dos Comisiones del Senado han estudiado la materia y han aprobado en forma unánime el proyecto de acuerdo. Pero, adicionalmente, la inquietud es, precisamente, por la preservación del medio ambiente.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente, en todo caso, como no he podido leer el informe, lamento si he hecho una aseveración inexacta.

Empero, quiero agregar algunos antecedentes que sí alcancé a estudiar, como la opinión de tres entidades que, en mi concepto, son responsables en esta materia. Dos de ellas son la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) y el Centro de Investigación y Planificación del Medio Ambiente (CIPMA), al que conozco desde su constitución, y puedo señalar que está integrado por gente responsable, que ha trabajado este tema con mucho rigor. En parte de su planteamiento, este organismo manifiesta lo siguiente: "El Convenio podría ser interpretado como un riesgo para el país," -está claro que ha sido así, y aquí ya se ha hecho ver- "en cuanto lo obliga a cumplir determinados compromisos internacionales, que significarán postergar intereses nacionales o alterar nuestras prioridades en aras de objetivos de tipo global. Respecto de este punto," -agrega- "se estima que el peligro de que al país le sea impuesta una agenda que no coincida con sus prioridades políticas de carácter económico y social no existiría, en términos generales, pues el texto del convenio resguarda precisamente esas políticas y legislaciones internas de los Estados Partes, buscando el compromiso de los mismos por medio de incentivos que pueden llegar a ser muy beneficiosos, especialmente para los países en vías de desarrollo.". Y termina señalando la conveniencia de aprobarlo. Por su parte, el Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y la Flora (CODEFF), efectúa el mismo llamado, por cuanto estima "de toda conveniencia su aprobación al más corto plazo".

Con estos antecedentes, no obstante las inquietudes levantadas, y dada la urgencia hecha presente, presto mi aprobación al proyecto de acuerdo.

El señor LARRE.-

Señor Presidente, quiero dejar constancia de algunas opiniones que han llegado a nuestro poder, las que realmente me preocupan y son el motivo por el cual he manifestado la conveniencia de postergar esta decisión. Debemos recordar que Chile es un país que tiene 44 millones de hectáreas de aptitud forestal, vale decir, más del 50 por ciento de nuestro territorio continental. Y una parte muy importante de ese territorio se halla descubierta de bosque, y sólo alrededor de 2 millones de hectáreas se encuentran cubiertas por plantaciones forestales, y unos 8 millones, por bosque nativo, que tiene algún valor efectivo. De manera que más de 30 millones de hectáreas de terrenos de aptitud forestal hoy día están descubiertas, y pueden ser el día de mañana una fuente de gran riqueza para Chile.

¿Qué dicen estos comentarios? Entre otras cosas, que cada Estado se obliga a impedir que se introduzcan especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitat u otras especies. Y agrega que si éstas ya se hubieren introducido, deberán ser erradicadas.

Me pregunto si aplicando esta obligación al caso chileno, y considerando que el pino insigne es una especie exógena que, por lo mismo, podría afectar al sotobosque nacional, pues impide su crecimiento, cabría concluir en un momento dado que el Estado debería no sólo inhibir el cultivo de esta especie, sino, además, ordenar su erradicación.

Atendida la gravedad de esta situación, hecha presente por algunos señores Senadores, consideré conveniente no asumir hoy esta decisión. Sin embargo, como el Senado se halla votando, quiero dejar constancia de mi opinión, advirtiendo que, por encontrarme pareado, no podré votar.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente, quiero señalar que, lamentablemente, en el pasado algunos antiguos dueños de fundo con poco conocimiento introdujeron en la zona central especies exóticas, como el aromo y la zarzamora, para no gastar en cercos.

Si hubiera existido en esos momentos una normativa como la que se plantea, no se habría producido en la agricultura el tremendo daño causado con la incorporación de estas especies exóticas. De tal manera que sí algunos agricultores de la zona central hubiesen pensado siquiera en el término de la "utilización sostenible" ahora incorporado, seguramente hoy día "otros gallos nos cantarían" y no tendríamos atiborrado al país con estas plagas introducidas por esta vía.

Por tales razones, voto favorablemente el proyecto de acuerdo.

El señor MATTA.-

Señor Presidente, votaré a favor del proyecto de acuerdo, porque, tal como lo señala el mensaje presidencial, el Convenio busca establecer mecanismos legales para el uso racional de la diversidad biológica.

AI mismo tiempo, coincido en que en absoluto se pone en cuestión el derecho soberano de las distintas naciones en cuanto a tener sus propias políticas ambientales. Esta es una iniciativa presente en el Senado de la República desde 1992, aprobada en la Comisión de Relaciones Exteriores en forma unánime, y en la de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, por mayoría de votos, y cuenta con informes especializados de numerosos organismos que también le dieron su respaldo.

En definitiva, estoy por aprobar el proyecto de acuerdo.

Asimismo, quiero rectificar al Honorable señor Errázuriz respecto a la introducción de aromo australiano que estaría tratando de realizar -según Su Señoría- el señor Ministro de Agricultura. Debo señalar, en este sentido, que ésta es una especie que se encuentra en Chile desde hace más de 100 años, cuestión que al señor Senador le consta, pues justamente estuvimos presentes en un acto en una reserva nacional en la comuna Chanco, llamada "Federico Albert". De modo que no es efectivo lo que Su Señoría indica como política del actual señor Ministro de Agricultura, don Emiliano Ortega.

El señor PÉREZ.-

Señor Presidente, con respecto a lo señalado por el Senador por la zona de Cautín Honorable señor Lavandero, la verdad es que parece positivo lo realizado por el patronaje de la zona central en términos de tener 1 millón 300 mil hectáreas plantadas, que significan mil millones de dólares de exportación en especies exóticas anualmente.

El señor BITAR.-

¡Los trabajadores también plantaron, señor Senador; no sólo el patronaje!

El señor PÉREZ.-

Exactamente, señor Senador. Y al igual que el Senador señor Lavandero, en representación del campesinado chileno y de la gente que lucha por mantener los equilibrios ecológicos y de proteger la biodiversidad, voy a votar favorablemente este convenio, porque creo que contempla una protección y un buen manejo del bosque nativo y la preservación de las especies nativas.

El señor RUIZ (don José).-

Señor Presidente, sólo quiero señalar que esto nada tiene que ver con el proyecto sobre bosque nativo. Pienso que lo que se está efectuando con este Convenio es justamente caminar en la línea correcta de la defensa del bosque nativo. Y espero que cuando llegue a la Sala la iniciativa tocante a ese bosque -el proyecto se halla en la Comisión respectiva, tengamos en cuenta no sólo el problema economicista sobre el tema, sino también las perspectivas de las futuras generaciones. Porque muchas veces nos viene este "modelito", y todos nos encontramos mirando el resultado económico inmediato. Y -diría- esta materia de las especies exóticas introducidas ahora, y que se halla funcionando como un muy buen negocio, tampoco afecta al Convenio, porque no están poniendo en riesgo el bosque nativo. Lo que lo coloca en riesgo es la presión constante para convertirlo en astillas, cuestión a la que personalmente me he opuesto en la Duodécima Región; y espero que la futura ley sobre bosque nativo haga posible proteger debidamente el medio ambiente, ya que el recurso más importante que poseemos en la Región de Magallanes es su paisaje, que nos permitirá mañana traer muchos turistas y, además, preservar la biodiversidad, que es uno de los objetivos del proyecto de acuerdo que ahora votamos.

Voto a favor.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente, sólo quiero responder algunas observaciones.

Este asunto viene del año 92. En ese año se firmó la "Cumbre de la Tierra", en Río de Janeiro. De tal manera que no es un proyecto de acuerdo que se encuentre largamente pendiente en Chile para su aprobación. Existen Convenios aquí que llevan más de 10 años, y los hemos tratado en este año.

En segundo lugar, el proyecto tampoco se aprobó por unanimidad en las dos Comisiones donde se analizó, porque personalmente, al integrar la de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, expresé las mismas reservas que ahora señalé en la Sala. Y las repito: son las tocantes a las letras c), h) y j) del artículo 8, referentes a normas que permiten restringir el libre acceso a toda clase de bienes, acceso que está garantizado por el artículo 19, N° 23°, de la Constitución Política.

Al respecto, sólo quiero contar una pequeña anécdota. Me encontré visitando miles de hectáreas de plantación de especies exóticas con "corredores de la fauna nativa" -así se denominan-, impuestas por un organismo fiscal sin la aprobación de este Convenio. Ahí existen cientos de hectáreas perdidas, porque no se han podido plantar con eucaliptos, los que en 10 ó 12 años más serán el "boom" de nuestra Región, a la cual el señor Presidente pertenece.

La fauna nativa del sur de Chile no ha disminuido en absoluto. Y hemos visto zorzales, tiuques y torcazas anidando en bosques de eucaliptos y también de pinos; asimismo, hemos visto la simbiosis del copihue con bosques de pino. De manera que, por eso, expresé mis reservas, las que nuevamente hago presentes, para que en alguna forma quede constancia de ello, y para que la aprobación que el Senado preste no sea aprovechada para frenar el desarrollo que todos deseamos para dar bienestar a nuestra gente.

Voto que no.

El señor THAYER.-

Señor Presidente, he escuchado con mucha atención el debate. Teniendo en cuenta que la materia ha sido estudiada por dos Comisiones, en las que ha habido explicables abstenciones, pero no votos contrarios; y considerando los antecedentes señalados, más la respetabilidad que me merecen las argumentaciones dadas por los miembros de la Comisión que lo han defendido, me inducen a hacer confianza en los organismos del Senado. Como las dos Comisiones han informado favorablemente el proyecto, sin pronunciamientos en contra, voto que sí.

El señor URENDA.-

Señor Presidente, aunque hubiera preferido disponer de más tiempo para estudiar el Convenio, reitero que la Comisión, a mi juicio con buen criterio y prudencia, pidió la opinión tanto de aquella que reviste un carácter técnico en la materia, la Comisión de Medio Ambiente (que lo estudió con mucho detenimiento), como de los organismos más competentes en la especialidad. De ahí que hayamos llegado a la convicción de que el Convenio es favorable.

Por lo demás, todo su contexto tiende a conservar el patrimonio nacional. Tal como se ha señalado acá, durante muchos años Chile perdió cientos de miles, o millones, de hectáreas de bosques, lo que probablemente podría haberse evitado de existir normas como ésta. Por otra parte, como el Gobierno va a aplicar -confío- racionalmente la normativa del proyecto, defenderá aquellas especies que quizás en un tiempo fueron exóticas, pero que ya se han incorporado a nuestro medio natural y patrimonio, como son, por ejemplo, el pino radiata o el eucalipto.

Eso me inclina a pensar que, con todos los resguardos que hemos tomado dentro de los alcances técnicos posibles, este Convenio es favorable, y, por ello, voto a favor.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Si la Sala me permite hacer un comentario desde aquí, diré que he tenido mis dudas sobre este Convenio, por algunas de sus expresiones, y particularmente respecto de la norma comentada por el Honorable señor Horvath, relativa al "Principio". Es efectivo que "Reafirma el derecho soberano de los Estados" -como dice- "de explotar sus recursos en aplicación de su propia política ambiental, en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional.". Lo que sucede es que este Convenio crea derecho internacional. Todo convenio internacional lo hace; aquí se está creando derecho ambiental. Es un hecho. Y esas disposiciones pasan a constituir parte del derecho internacional.

En seguida, se han mencionado aquí las especies exóticas, término bastante discutible, porque se lo ha aplicado a la zarzamora, por ejemplo. Diría que son pocos los chilenos que consideran que el álamo es una especie exótica, ya que hay cuadros de pintores nacionales -no de los que pintan hoy día y que han sido motivo de comentarios-, de hace 250 ó 300 años, que indican que el álamo existía como planta nativa. Y no lo es. Fue importada desde Italia allá por fines del siglo XVII o principios del siglo XVIII. De manera que lo exótico o lo no exótico es una cuestión bastante curiosa.

Sí me hace fuerza para aprobar el proyecto la misma razón que expuso el Honorable señor Larraín: aquí han opinado los organismos técnicos más respetables y responsables del país, como es CIPMA, por el que siento mucho respeto, ya que desde hace unos diez años permanece extremadamente vigilante, y con muy buen criterio, velando por la preservación de la biodiversidad.

Por último, para mí existe una razón de fondo: cuando hay un informe preparado por dos Comisiones las cuales se muestran de acuerdo, pongo mi confianza en sus decisiones, porque es la única forma de trabajar. Si lo han estudiado Senadores que me merecen todo respeto, digo lo mismo que ante un proyecto que se discutió esta mañana: hago confianza en las Comisiones y, por lo tanto, voto que sí.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Acuerdo para la Ejecución del Convenio de 5 de marzo de 1993 suscrito entre Chile y Alemania, sobre pensiones. Esta materia ha sido informada por la Comisión de Relaciones Exteriores.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de acuerdo:

En segundo trámite, sesión 26ª, en 30 de agosto de 1994.

Informe de Comisión:

Relaciones Exteriores, sesión 27ª, en 31 de agosto de 1994.

El señor URENDA.-

Señor Presidente, este proyecto ha tenido que tramitarse con extraordinaria premura. La Cámara de Diputados lo trató sin informe, en un día, y nuestra Comisión lo despachó ayer, al momento mismo de ser conocido. En realidad, se trata de un instrumento de orden estrictamente reglamentario, porque se suscribe para la ejecución del Convenio de 5 de marzo de 1993, sobre pensiones, entre Chile y Alemania.

Se discutió a nivel de Gobierno si procedía considerar esta materia como un tratado, para los fines de su ratificación por el Congreso Nacional. Se estimó que sí; pero lo cierto es que su texto es el de una disposición del todo reglamentaria, ya que se trata de determinar qué organismos se encargarán en cada país de atender las relaciones que entre ambos se plantean sobre el tema. En Chile, tales organismos son la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones y la Seguridad Social; en Alemania es uno similar (su nombre podría pronunciarlo mejor el Senador señor Alessandri). En lo que respecta a ese país, el Acuerdo se refiere al "Organismo Competente del seguro de enfermedad que recaude las cotizaciones" o, en su defecto, el Instituto Federal de Seguros para Empleados en Berlín.

Asimismo, se establecen normas, también reglamentarias, sobre la necesidad de que estas comisiones informen a los interesados, y la manera de obtener ciertos certificados. No se va más allá. No se altera en absoluto el tratado de pensiones, sino que se facilita su cumplimiento. Y, aparentemente, la urgencia deriva de que el Parlamento alemán se renovará pronto, y parece ser que, habiéndose originado el texto en el que está en funciones, si éste no lo despacha podría haber dificultades.

Cualesquiera que sean las circunstancias, estimo que se trata de una disposición inocua, administrativa, tendiente a facilitar el cumplimiento de un tratado que en su oportunidad se analizó con mucho detenimiento por el Parlamento, y que es de evidente ventaja en su campo.

Por ello es que la Comisión ha aprobado el proyecto, y tengo entendido -quiero, en cierto modo, asumir la representación del Senador señor Alessandri, para ganar tiempo- que el Honorable colega se opuso más bien como una forma de protestar por la circunstancia de verse abocado a resolver sólo en minutos sobre una materia que estuvo retenida en el Ministerio de Relaciones Exteriores durante dos meses. Fue enviada a la Cámara de Diputados hace DÍEZ días, y no se despachó la semana pasada porque estábamos en el período de trabajo en regiones. Pienso que ése fue el motivo fundamental del Honorable señor Alessandri. No sé si Su Señoría querrá agregar algún juicio relativo a esto de abocarnos a estudiar materias con tan extremada urgencia, dejando a veces de lado otras que esperan atención desde mucho antes, entre las muchísimas encomendadas a la Comisión de Relaciones Exteriores. Esta recibe del orden de 8 a 10 convenios mensuales, y obviamente ellos requieren la dedicación necesaria para analizar su contenido.

En todo caso, recomiendo la aprobación, porque esto va a facilitar el cumplimiento o la aplicación del Tratado.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, los mandatos generalmente se hacen por escrito. Y yo no he dado mandato a nadie para que me interprete; pero agradezco, de todas maneras, al titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, la preocupación que ha tenido para explicar mi posición sobre el particular.

Efectivamente, mi voto contrario ha sido de protesta, porque no es posible que una iniciativa sobre un acuerdo que se celebró el 21 de junio de 1994 e ingresó el 17 de agosto a la Cámara de Diputados, se nos haya enviado para que lo despachemos en un día, sin tener tiempo suficiente para conocerlo.

Por eso, no me pronunciaré acerca de su contenido. Sin embargo, debo decir que, como signo de protesta por la presión indebida que se ha ejercido en la materia, voté en contra en la Comisión, y mantendré esa posición, porque me parece que a veces es bueno dar una señal en el sentido de que el Senado no es una oficina automática donde se mete un "papelito" y sale timbrado por otro lado, a voluntad del Ejecutivo. Nosotros debemos recibir las materias con tiempo y analizarlas.

Personalmente no estoy dispuesto a aceptar ese procedimiento. A ello se debe, repito, mi rechazo en la Comisión.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas sobre reajustabilidad de los subsidios por incapacidad laboral y modifica otras disposiciones sobre seguridad social, con segundos informes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 2ª, en 22 de marzo de 1994.

Informes de Comisión:

Trabajo, sesión 8ª, en 23 de junio de 1994.

Hacienda, sesión 8ª, en 23 de junio de 1994.

Trabajo (segundo), sesión 19ª, en 9 de agosto de 1994.

Hacienda (segundo), sesión 19ª, en 9 de agosto de 1994.

Discusión:

Sesión 9ª, en 5 de julio de 1994 (se aprueba en general).

La señora FELIÚ.-

La verdad es que no es correcto lo que se ha manifestado, porque los artículos que han sido objeto de indicaciones no pueden ser aprobados automáticamente, bajo ningún sistema legislativo. Y en este proyecto hay una norma respecto de la cual se formuló indicación. El hecho de que ésta haya sido aprobada o rechazada en Comisión, no significa que el artículo quede aprobado tácitamente en la Sala. Esa disposición no fue acogida en el primer informe porque precisamente fue materia de una indicación Ahora bien, tratándose de normas de quórum calificado, con mayor razón debemos aprobarlas de manera explícita y con los votos que corresponde.

Por tal motivo, señor Presidente, pido votación para el artículo 8º -norma a la cual formulé una indicación que se rechazó, pero que no renové- porque me pronunciaré en contra de él y, además, requiere aprobarse con quórum calificado. En su oportunidad señalaré las razones que, a mi juicio, impiden que el precepto sea aprobado.

He dicho.

El señor THAYER.-

Como integrante de la Comisión de Trabajo, deseo manifestar que el proyecto es eminentemente técnico, contempla un sistema sobre reajustabilidad de pensiones y formas para calcular el beneficio. Sus disposiciones no tienen otro objetivo que establecer una mejor normativa, la cual se analiza en detalle en el informe y fue explicada directamente al referido órgano legislativo por las entidades competentes.

Sin perjuicio del planteamiento que formulará oportunamente la Honorable señora Feliú, hay una cuestión que es de honestidad hacer presente al Senado, cual es, que el proyecto amplía de un año a dieciocho meses el plazo para transigir extrajudicialmente con el INP los derechos que contemplaba la ley respecto de los exonerados. Pienso que esta extensión de plazo es lo único que podría exceder el aspecto netamente técnico de la iniciativa y que lo demás no debería ser motivo de discusión.

He dicho.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, esta disposición establece lo siguiente:

"Artículo 9º.- A contar del 1º del cuarto mes siguiente al de publicación de esta ley, lo dispuesto en el inciso primero del artículo 5º del decreto ley N° 3.501, de 1980, será aplicable también al personal a que se refiere el artículo único del decreto ley N° 1.617, de 1976.".

La verdad es que esta norma, planteada en forma tan misteriosa, se refiere a personal del Banco del Estado, el cual, en virtud de ella, pasaría a quedar afecto, a contar del cuarto mes siguiente al de publicación de la ley, al tope de imponibilidad que consagra el inciso primero del artículo 5º del decreto ley 3.501.

Esta materia fue discutida ampliamente en la Comisión de Hacienda, donde varios Senadores manifestaron su oposición al artículo, por cuanto en virtud de él los funcionarios que gozan de más altas rentas en el Banco del Estado, que hoy cotizan por el total de sus remuneraciones, quedarían afectos al tope de imponibilidad que señala el decreto ley 3.501. Esto implica un incremento de ingresos para dichos trabajadores. Si este aumento se refiriera a remuneraciones que ellos siempre han percibido, yo no tendría ningún problema. Pero ocurre que tanto el decreto ley 3.501 como la ley 18.675 establecieron un cambio en materia de imponibilidad. Hasta la dictación del primer cuerpo legal mencionado, las cotizaciones eran, fundamentalmente, de cargo de los empleadores, y en una parte mínima, de los trabajadores. Al cambiar el régimen de previsión, el decreto ley 3.501 dispuso que eran éstos los que tenían la obligación de hacer las imposiciones, pero, junto con ello, y a fin de proteger los ingresos líquidos de los empleados, aprobó un aumento de remuneraciones, por lo cual ellos siguieron recibiendo las mismas que percibían hasta la dictación de dicho cuerpo legal, aunque en la práctica pasaron a solventar sus propias cotizaciones.

Por lo tanto, los trabajadores del Banco del Estado, en virtud de lo dispuesto en el decreto ley 3.501, si bien pasaron a hacerse cargo de la totalidad de sus cotizaciones, fueron favorecidos por la ley, en 1981, con un aumento ficto o simbólico de remuneraciones, que en estricto rigor no les pertenece. Sin embargo, ahora, con la norma propuesta, ese incremento ficto de ingresos pasaría a ser real para ellos, con tope de imponibilidad.

Me explico: a los trabajadores a quienes se aplicó íntegramente el decreto ley 3.501 con tope de imponibilidad, se les concedió un aumento ficto de remuneraciones hasta 60 unidades de fomento. A personal del Banco del Estado, en cambio, se le otorgó ese incremento ficto de ingresos sin tope de 60 UF, es decir, por el total, en atención a que las cotizaciones pasaban a ser de su cargo. Pues bien, esa remuneración total, al quedar limitada hoy día a 60 unidades de fomento, significa para los funcionarios del Banco del Estado un aumento de renta cuyo origen se encuentra en la aprobación de un incremento ficto de remuneraciones concedido por el citado decreto ley 3.501.

Por esa consideración, estoy en contra del artículo 9º.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente, efectivamente, la norma tiene por objeto aplicar a los funcionarios del Banco del Estado y a los imponentes de la ex Caja Bancaria de Pensiones, el mismo tratamiento que se da a todos los trabajadores regidos por el decreto ley 3.501, los cuales, desde el momento en que se aprobó el nuevo sistema previsional, quedaron sujetos a un tope de imponibilidad equivalente a 60 unidades de fomento. Un principio básico en el régimen previsional chileno es que ningún trabajador, con cargo a sus propios haberes, puede cotizar más de esa cantidad. La única excepción corresponde a los empleados del Banco del Estado y a los imponentes de la ex Caja Bancaria de Pensiones.

Lo que persigue el artículo 9°, entonces, es tratar de cumplir con la disposición constitucional relativa a la igualdad ante la ley. Nadie puede explicarse por qué un funcionario del Banco del Estado debe cotizar más que un funcionario del Banco de Chile o de cualquier otra entidad bancaria o empresa que perciba remuneraciones superiores a 60 unidades de fomento. Lo que hace la norma, en consecuencia, es eliminar esa distorsión, esa discriminación.

Las suposiciones que hizo la Senadora que me precedió en el uso de la palabra no son suficientes, porque las remuneraciones de los empleados del Banco del Estado no se fijan por ley, sino por acuerdo de las partes. No sabemos realmente si se estableció o no una mayor remuneración para esos funcionarios destinada a completar parte de las imposiciones que consagró el decreto ley 3.501, que era de su cargo. Es el Banco del Estado el que, como cualquier otra empresa, debe regular los ingresos de sus trabajadores cuando corresponda efectuar los respectivos reajustes de remuneraciones.

Aquí estamos fijando una norma única, no una excepción. Nadie, dentro del sistema previsional chileno, puede cotizar más de 60 unidades de fomento. De manera que dejamos sin efecto la discriminación que afecta a un grupo de funcionarios del Banco del Estado y de imponentes de la ex Caja Bancaria de Pensiones.

Esa es la razón por la cual la Comisión de Hacienda, después de conocer todos los antecedentes, y sin entrar al problema de la relación laboral que corresponde al Banco del Estado y a las personas a quienes se aplique la disposición, rechazó la indicación que tenía por objeto suprimir el artículo 9° del proyecto.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, el artículo 2º del decreto ley 3.501 establece:

"Los trabajadores dependientes afiliados a las instituciones de previsión indicadas en el artículo precedente, mantendrán el monto líquido de sus remuneraciones.

"Sólo para este efecto y para la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, increméntanse las remuneraciones de estos trabajadores, en la parte afecta a imposiciones al 28 de febrero de 1981, mediante la aplicación de los factores que a continuación se indican:".

Y los porcentajes de cotización están señalados expresamente en el artículo 1º. El artículo 10 del proyecto de ley precisamente deroga las columnas donde aparecen tales imposiciones.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente, creo que no era necesaria esta precisión, porque nadie ha dicho lo contrario. Estamos de acuerdo. Pero insisto en que existe una discriminación. En efecto, hoy se aplica una norma para todos los funcionarios que tienen un tope de imponibilidad de 60 unidades de fomento. Los únicos que cotizan sobre tal cantidad son los empleados del Banco del Estado y los imponentes de la ex Caja Bancaria de Pensiones, que constituyen un grupo pequeño.

¿Qué pasó con las remuneraciones de estos funcionarios, que se rigen por sus convenios colectivos o por sus relaciones laborales directas? (El Banco del Estado no se rige por disposiciones legales para los efectos de sus remuneraciones, sino que sus funcionarios son contratados directamente, al igual que en cualquier otros empresa). Eso es algo que en trece años, desde 1981 hasta 1994, no podemos determinar.

Ahora, si un empleado del Banco del Estado queda con un ingreso muy alto debido al menor descuento por imposiciones, habrá que analizar el asunto en relación con el mercado y con las remuneraciones de otros ejecutivos bancarios. Creo que no habría diferencia. Al contrario, pienso que en el resto de la banca los sueldos equivalentes a los cargos de que se trata son mucho más altos. Pero -repito- esa materia tendrá que regularla el mercado. Los empleados del Banco del Estado no son funcionarios públicos para estos efectos.

El objetivo de la norma, por lo tanto, es dejar en la misma situación a todos los trabajadores de Chile, ya que ninguno podrá imponer por más de 60 unidades de fomento. Vale decir, se les aplica idéntica disposición y, de paso, se elimina la discriminación existente.

El señor FERNÁNDEZ.-

Señor Presidente, me parece que la norma vigente se justifica respecto de los empleados que conservaron sus imposiciones en el sistema anterior, por cuanto ellos, si bien cotizan sin tope, también pueden jubilar sin tope. Este beneficio existe, de forma tal que si los privamos de la posibilidad de imponer por encima del límite legal, en el fondo los estamos restringiendo en cuanto a su pensión.

Esa es la situación, que deriva de una normativa dictada durante el Gobierno del Presidente Frei -me parece que se trata de la ley de continuidad de la previsión-, la cual fue objeto de un juicio por parte de los funcionarios del Banco Central. En definitiva, la Corte Suprema determinó que ellos podían efectuar imposiciones sin tope y jubilar en las misma forma.

Esa es la razón por la cual se dictó esa disposición excepcional.

El señor ERRÁZURIZ.-

Señor Presidente, debo informar que en la Comisión de Hacienda, al analizar esta materia, los Senadores del pacto Unión por Chile votamos en contra del artículo 9º.

Es cierto que se establece un tope de imponibilidad equivalente a 60 unidades de fomento para todos los trabajadores del país. Sin embargo, hay que considerar lo siguiente. Los altos funcionarios del Banco del Estado en cuestión reciben un sueldo líquido determinado; fueron contratados en base a él; es lo que reciben; tienen que vivir con ese ingreso y es lo que sirve para medirlos dentro del mercado. Pues bien, al aplicarles el límite de 60 UF, su remuneración líquida aumenta, de acuerdo con los cálculos que hicimos, en alrededor de 25 por ciento. Esos dineros, que pasarían a percibir estos empleados y que ingresarían a su patrimonio personal, en la actualidad van al Instituto de Normalización Previsional y sirven para pagar, entre otras cosas, pensiones familiares y otras prestaciones sociales de la mayor importancia.

En consecuencia, es efectivo que el artículo 9° permite igualar a todos los trabajadores en materia de imponibilidad, pero no lo es menos que con él el INP perderá dineros que ingresarán al bolsillo de los funcionarios de que se trata.

Pero la verdad es que aplicarles el límite de imponibilidad significa -según el número 4 página 29, del primer informe de la Comisión de Hacienda- una pérdida de 112 millones de pesos para el INP y, al mismo tiempo, un aumento del ingreso líquido de este personal. Por consiguiente, si bien es cierto que nos pareció bueno igualar su situación en cuanto a que no impongan más allá de lo que lo hacen todos los demás funcionarios bancarios que reciben la misma renta y ejercen iguales funciones, no habría ninguna razón para que, por la vía de retirar dineros del INP -ya mermados y que necesita para cubrir otras necesidades sociales de la mayor relevancia-, altos ejecutivos del Banco del Estado aumenten sus sueldos en cifras realmente importantes.

En vista de lo anterior, y estando de acuerdo con el resto del proyecto, nos parece que este precepto es inadecuado, puesto que, en definitiva, la cuenta la pagará el INP.

Por lo tanto, votaremos en contra de este artículo.

He dicho.

El señor THAYER.-

Señor Presidente, me voy a pronunciar a favor de esta disposición.

Los argumentos dados apuntan a una situación relativamente insoluble, como consecuencia de toda la complejidad del sistema previsional chileno, de la quiebra de un régimen previsional, del establecimiento de uno nuevo y de situaciones transitorias que van extinguiéndose.

Como el objetivo es mantener una puridad y la exigencia de que nadie perciba algo más como consecuencia de un ajuste a una condición normal -es decir, una normalización del tope del aporte previsional de un determinado personal-, estimo que este artículo, que fue cuidadosamente estudiado por la Superintendencia de Seguir-dad Social, debe ser aprobado.

Por eso, voto que sí.

El señor URENDA.-

Señor Presidente, en la Comisión del Trabajo y Previsión Social voté favorablemente esta disposición porque, si bien es cierto lo que aquí se ha afirmado, en cuanto a que hace 14 años se elevaron las remuneraciones considerando lo que significaba traspasar las imposiciones del empleador al trabajador, no lo es menos que ha transcurrido ese tiempo y, obviamente, no tenemos certeza de que la proporción fijada entonces se haya mantenido hasta ahora. Lo probable es que haya desaparecido, y, de no ser así, lo hará rápidamente al igualarse la situación previsional de estos empleados a la de los del resto del país.

Me parece inconveniente mantener indefinidamente una situación especial de esta naturaleza, que resulta evidentemente discriminatoria.

Y, por último, si hubiere alguna ganancia de ese personal que pudiere estimarse indeseada, no olvidemos que el menor ingreso eventual del INP será al menos compensado en casi 50 por ciento por el aumento del impuesto a la renta que se tendrá que pagar. No obstante que en alguna circunstancia esta disposición favorezca a éstos empleados directamente, creo que debemos normalizar su situación. Además, no tenemos la certeza de que los beneficie a todos, como se ha señalado.

Por eso, voto a favor.

El señor RUIZ (don José).-

Señor Presidente, quiero recordar que solamente había quedado pendiente el artículo 8º, porque equivocadamente la Senadora señora Feliú pidió votarlo separadamente; pero después rectificó expresando que tal solicitud aludía al artículo 9º. El resto de las normas de quórum calificado se votaron todas en conjunto, a excepción del artículo 8º, que posteriormente se cambió por el artículo 9°.

Así se votó en un comienzo.

El señor OTERO.-

Señor Presidente, el artículo 12 presenta dos situaciones que me mueven a votarlo en contra. En primer lugar, en la Sala he reiterado mi posición de no votar más favorablemente normas que signifiquen prorrogar plazos. Cuando se discuten los proyectos de ley en el Senado, se nos afirma que los plazos establecidos en el proyecto del Ejecutivo son los adecuados y que la gente, dentro de ellos, puede hacer uso conveniente de los derechos que consagran. Y resulta que invariablemente, una vez que se ha dictado la ley con plazos determinados, a poco andar nos encontramos con un nuevo proyecto que prorroga el plazo anterior, en ocasiones al doble del primitivo. En este caso, la frase "seis meses" se reemplaza por "dieciocho meses", es decir, se amplía en tres veces el plazo original.

Señor Presidente, cuando tratamos la iniciativa de telecomunicaciones, señalé mi completo desacuerdo con este procedimiento, porque significaba sentar un precedente, que al parecer se ha vuelto habitual. Los plazos que fijamos se establecen para no ser cumplidos y para ser prorrogados permanentemente. Esto significa que las personas saben en forma positiva que, aunque los plazos se venzan, siempre se aprobará una normativa que les permitirá acceder a los beneficios, aun cuando no lo hayan hecho dentro del término primitivamente fijado por la ley.

Hoy, de nuevo, se nos plantea la misma situación.

No obstante, tengo otro motivo para votar en contra de esta norma, y me gustaría que el Presidente de la Comisión respectiva nos explicara el sentido de lo siguiente. En el número 3 del artículo 12 se dice: "En el inciso cuarto del citado artículo 12, sustitúyense las frases "remuneraciones imponibles por las cuales se cotizó" y "remuneraciones imponibles" por la frase "remuneraciones de naturaleza imponible".". ¿Qué significa esto?

Señor Presidente, reservo mi derecho a seguir haciendo uso de la palabra una vez que el señor Presidente de la Comisión explique exactamente el alcance de esta modificación y las consideraciones de carácter económico que la justifican.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, no soy miembro de la Comisión de Trabajo, pero, en todo caso, quisiera aclarar el sentido de los números 2 y 3, respecto de los cuales presenté indicación para suprimirlos.

En verdad, la enmienda referida implica ampliar la base de cálculo de los beneficios de que se trata. A mi juicio, ello es injusto, porque normalmente los beneficios previsionales se computan sobre las remuneraciones imponibles, esto es, sobre las que se efectúan imposiciones. Aquí, al alterarse la base de cálculo, se concede un beneficio distinto -y mucho mejor- respectó de este tipo de pensiones, porque, en el régimen antiguo, las "remuneraciones de naturaleza imponible" son todas, las fijas y las permanentes. Y no olvidemos que, desde la ley N° 16.617 -si no me equivoco-, se está determinando que las remuneraciones de los trabajadores del sector público son en parte imponibles y en parte no imponibles. En consecuencia, al hablar de "remuneraciones de naturaleza imponible" la norma está indicando que el beneficio se calculará sobre el total de la renta, sea o no sea imponible, incluyéndose en él, por ejemplo, la asignación de título y numerosos otros beneficios del sector público por los que no se impone. Por eso, la frase en referencia importa ampliar la base de cálculo.

El señor OTERO.-

Señor Presidente, agradezco la explicación de la señora Senadora y retomo el uso de la palabra.

Después de lo que hemos escuchado, cabría preguntar ¿en qué parte de la normativa aparece el financiamiento para el mayor gasto que va a significar este aumento de la base imponible y dónde está evaluado? Porque, obviamente, lo tendrá que pagar el Estado. Y, si no me equivoco, tiene que haber una cuantificación, y establecerse en el articulado a qué partida del Presupuesto se va a imputar.

Sin embargo, más allá de eso, me parece que esta disposición, por la forma en que está redactada, va a dar origen a cualquier cantidad de litigios, porque que se va a empezar a discutir cuáles son aquellas remuneraciones "de naturaleza imponible". Obviamente, el organismo previsional tratará de restringir o limitar el alcance de la ley. Y la parte interesada querrá que todas las asignaciones se consideren imponibles.

Por lo tanto, la norma es absolutamente indefinida; es un concepto genérico que no precisa nada, y especialmente en materia económica. Porque habla de "remuneraciones de naturaleza imponible", pero hemos tenido distintos regímenes de imposiciones. En algunas oportunidades ciertos beneficios eran imponibles, en otras no lo fueron. Y luego se agregaron unos nuevos imponibles. ¿A cuáles nos estamos refiriendo: a los primeros, a los segundos o a los terceros? Es decir, realmente esta norma contraría toda técnica legislativa, porque es absolutamente imprecisa y vaga, lo cual es grave, sobre todo -reitero- tratándose de beneficios económicos.

Además, tal como dijo la Senadora señora Feliú, la enmienda sienta una discriminación injustificada, porque otorga a un grupo de chilenos derechos que no percibe el resto del personal que ha jubilado. Por muy buenas razones que se puedan dar, ello implica una discriminación injusta. Por eso mismo me asaltan dudas acerca de su constitucionalidad, ya que está introduciendo una separación en la forma de conceder las pensiones.

En suma, señor Presidente, votaré en contra de la norma por creer, primero, que no deben prorrogarse los plazos; segundo, que establece una discriminación entre personas que están en la misma situación; y tercero, que, tal como está redactada, resulta absolutamente imprecisa, por lo que se prestará para múltiples litigios.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente, creo muy respetable la tesis de que cuando se establece un plazo es necesario ser muy estricto en mantenerlo. Pero creo que en la vida siempre hay situaciones que, muchas veces, obligan a revisar las propias decisiones, e incluso los plazos más perentorios, si acaso hay razones y una lógica que lo aconsejen. No será la primera vez que lo habremos hecho en el Parlamento o en cualquier otro tipo de actividades.

Ahora, respecto de este caso concreto, quiero salir al paso de determinados conceptos vertidos, y tratar de explicar, desde mi punto de vista, por qué es procedente el artículo propuesto.

La iniciativa contempla el financiamiento. Los mayores gastos que signifique se cargarán al Tesoro Público, como puede comprobar el señor Senador si consulta el artículo 13. O sea, no existe problema financiero. El punto fue visto por la Comisión de Hacienda.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

La Comisión de Hacienda cumple su deber, señor Senador.

Habría que ver en qué consiste la cuantificación en este caso. La ley N° 19.234 se despachó con suficiente financiamiento, sobre la base de cálculos estimativos. Como sabe Su Señoría, en materias previsionales las sumas involucradas son siempre absolutamente contingentes, y, por lo tanto, los ítem a que se imputan son siempre excedibles. Resulta imposible realizar cuantificaciones exactas, porque no se conoce la cantidad precisa de potenciales beneficiarios; sólo caben estimaciones. Y, en su oportunidad, el Superintendente y el Subsecretario de la Cartera pertinente señalaron que los recursos contemplados en dicha normativa serían suficientes y que no creían que se excedieran.

Que quede claro, entonces, que la Comisión revisó este aspecto.

Pero no saquemos la discusión del fondo del asunto. ¿De qué se trata aquí? De los exonerados. Lo que debemos decidir es si mucha gente que no alcanzó a acogerse al beneficio concedido podrá hacerlo ahora, gracias a la ampliación del plazo original. Y lo mismo ocurre con el derecho al desahucio. También en este caso se han agotado los plazos, y muchas personas no han podido reunir todos los certificados y antecedentes exigidos, porque ellos han coincidido, en parte, con períodos de muy poca actividad administrativa, como son los meses de verano.

Lo que se propone ahora es dar a estas personas exoneradas la posibilidad de concurrir con toda esa documentación a la entidad pertinente para hacer efectivo un derecho que el Parlamento ya les reconoció. No estamos hablando de nuevos exonerados, sino del mismo contingente que quisimos beneficiar originalmente. Lo que debemos definir, entonces, es si queremos que se haga efectiva la solución que les dimos en su oportunidad, o que se transforme sólo en una expectativa frustrada. Eso es lo que se discutió en la Comisión de Hacienda, y hubo señores Senadores que manifestaron no ser partidarios de que el Fisco siguiera haciendo un gasto en esta materia. Fueron los mismos que, al tramitarse la ley N° 19.234, se mostraron contrarios a reconocer estos beneficios al sector de los exonerados.

Ese es el tema de hoy, y no hay que ocultarlo. Las modificaciones que proponemos en el artículo 12 tienden a tal objetivo. ¿Por qué se propone cambiar la expresión "remuneraciones imponibles" por "remuneraciones de naturaleza imponible"? Porque hay exonerados del sector público y de lo que se llamó "empresas estatizadas", esto es, las que fueron asumidas por el Estado. Algún señor Senador me dice que fueron "robadas". En lo personal, no me atrevería a utilizar términos tan duros. No creo que nadie haya tenido aquí la intención de robar nada. En cualquier caso, de lo que se trata es de que hay personas que pertenecieron a empresas con sistemas de remuneraciones muy distintos de los del sector público, y se les quiere dar el mismo nivel de remuneraciones para que, en justicia, obtengan el mismo beneficio. En otras palabras, como en el sector privado el porcentaje imponible es muy pequeño, se decidió hablar de "remuneraciones de naturaleza imponible".

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Lo que ocurre es que inicialmente el Parlamento, y el propio Ejecutivo cuando presentó el proyecto, estimaron que el plazo era suficiente. Pero, de acuerdo con lo que nos explicaron las autoridades, fue tal la cantidad de documentación por tramitar, de personas por atender -piénsese, además, en la complicación de los temas previsionales, por sus cálculos, su aprobación, etcétera-, que se hizo estrecho. En consecuencia, la razón de extenderlo es que la gente a la que se concedió el beneficio no lo pierda por el solo hecho de haberse cumplido un plazo. Por lo demás, en el Parlamento muchas veces hacemos excepciones si hay razones que las justifiquen.

Ahora, el reemplazo de los términos "remuneraciones imponibles" por "remuneraciones de naturaleza imponible" se debe a lo que estaba señalando hace un instante: a la necesidad de dar un beneficio equivalente, en especial, a aquellos exonerados que no pertenecían al sector público propiamente tal, cuya remuneración, si bien era imponible, lo era por un monto inferior al que habría correspondido de haber estado en el sector público, sujetos a una escala única.

Esas son las razones que justifican el artículo 12, e invito a ser claros en la votación. Hubo señores Senadores que, por las razones que sean, no querían conceder este beneficio a los exonerados. Otros creímos de justicia y de derecho reparar la situación que vivieron esos compatriotas que perdieron su trabajo en determinadas circunstancias. Quienes votamos en su oportunidad por esta última alternativa, lo único que queremos con esta norma es que esa gente, por problemas de orden burocrático, por el vencimiento de un plazo quizá estrecho o por la interpretación de la expresión "remuneraciones imponibles", no quede marginada de los beneficios que le concedimos.

Esa es la razón por la que la mayoría de la Comisión de Hacienda aprobó el artículo 12.

El señor CALDERÓN.-

En primer lugar, cabe señalar que la normativa está financiada, pues la ley dispuso 26 mil millones de pesos para los tres primeros años de aplicación.

En segundo término, quiero recordar que el universo inicial de beneficiarios de la ley se estimó en alrededor de 60 mil exonerados. Sin embargo, se reinician sus estudios -en realidad, están comenzando- y, conforme a éstos, sólo se llega a la cifra de 22 mil personas. De manera que se necesita tiempo para llevar a cabo ese proceso. Y el plazo que aquí se solicita son apenas 6 meses más. Ha habido gran cantidad de problemas; la gente no ha podido probar su calidad de exonerado. Por lo tanto, no me explico la posición tan cerrada de algunos señores Senadores para conceder un lapso tan estrecho de 6 meses. También había reparos sobre el financiamiento de la ley, pero -reitero- ella está financiada. Y, por otro lado, evidentemente, mediante los números 2 y 3 del artículo 12 también se quiere aumentar el beneficio, porque en la actualidad se calcula sobre la base de lo que se cotizó, y aquí se plantea que se haga tomando en cuenta la remuneración de naturaleza imponible. Todos sabemos que esto significa respetar lo que es el grado real de la escala, porque son funcionarios públicos. De otra manera se está burlando ese derecho que les corresponde, por su sistema de remuneraciones.

Esa es la razón del artículo en comento. Y además quiero señalar que fue unánimemente aprobado en la Comisión de Trabajo y por mayoría en la de Hacienda.

El señor BITAR.-

Señor Presidente, en la votación que vamos a hacer, muchos de estos elementos tienen una dimensión de reparación. No son permanentes. Y en tal sentido, creo que en el caso que estamos viendo ahora, si la modificación se refiere al tema de exonerados políticos, ésta es una situación de anormalidad que nos hallamos reparando, que se va a superar, y que no constituye normas estables, indefinidas para el país. De ese modo, entonces, la extensión de los plazos debe tener la flexibilidad necesaria para entender que estamos frente a situaciones de excepción. Deseo entregar la siguiente información, y estoy seguro de que será útil para los señores Senadores de la Oposición

El universo que pensamos que iba a alcanzar la ley de exonerados políticos era a lo menos 60 mil. A la fecha, y ya cerrados los plazos al 11 de agosto, como establecía la ley, lograron presentarse alrededor de 43 mil casos con antecedentes. De esta cifra, la oficina correspondiente del Ministerio del Interior ha podido llenar con datos suficientes, 6 mil; y, de éstos, el INP, ha aprobado aproximadamente sólo 1 mil 200, concediendo en algunos casos tiempo para llenar lagunas. Hasta ahora, se han otorgado no más de 170 pensiones, con un valor promedio de 45 mil pesos.

Nos hallamos frente a una situación que puede ser explosiva. Aquí hay una cantidad importantísima de chilenos que esperaban esta ley y la decisión del Parlamento, lo cual se concretó, en orden a establecer una reparación, pero es un hecho que hoy día no se está logrando en absoluto la finalidad perseguida. Y tenemos problemas serios en cuanto a cumplimiento de los requisitos para otorgar un beneficio que el Senado quiso dar, como también la Cámara de Diputados, y lo dio; sin embargo, estamos entrabados en lo que señalé. Si, además de haberse terminado el plazo para solicitar esta reparación, se establece otro que, desde el punto de vista burocrático, tampoco puede cumplirse por el INP para procesar la documentación estamos realmente cometiendo una injusticia muy grande con quienes deseamos beneficiar, y por lo tanto, incurriendo, a mi juicio, en una inconsistencia importante. Por ello, no sólo planteo en esta Sala la necesidad de que avancemos en esta dirección, sino, también, de que el Gobierno proceda con mucho más flexibilidad en la interpretación de los requisitos que se precisan para otorgar esta ventaja.

Ahora, explicado eso, debo señalar que en esta iniciativa miscelánea no se contemplan dos aspectos adicionales, y pediré por escrito al Ejecutivo que los considere en el proyecto que, según entiendo, está preparando. El primero tiene que ver con una materia relacionada con la ley N° 10.662, de la Marina Mercante Nacional, que se menciona en el artículo 7° de la iniciativa. Se me ha informado, en la Región que represento, que dicha normativa legal comprende a mujeres llamadas "rederas", y que en ella se establece que las 1.040 semanas valen para todos, en circunstancias de que en todas las demás disposiciones legales a las mujeres se les exige cumplir sólo 520 semanas de imposiciones para obtener la pensión. Quiero dar a conocer esto acá, y pediré al Gobierno que revise esta situación a fin de que a las mujeres sujetas al régimen de la ley N° 10.662 se les apliquen las mismas normas de las demás leyes.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

¿Me permite una interrupción, señor Senador, para hacer una precisión?

El señor BITAR.-

Con mucho gusto, con la venia de la Mesa.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Creo que la observación hecha por el señor Senador es muy importante, y es bueno dejarla en la historia de la ley. Por lo menos, según entendimos de la información proporcionada por la Superintendencia de Seguridad Social y la Subsecretaría de Previsión Social, no se afectan esas normas de excepción, sino que se trata de una disposición que tiende a rebajar a 1.040 semanas de imposiciones a quienes actualmente se les exige una cantidad superior. Pero no se modifica, ni se deroga, ni se deja sin efecto ese tipo de excepciones, como en el caso de las "rederas", por 520 semanas, me parece.

Además, quiero precisar al Honorable señor Errázuriz, para que no quede en la Sala algo que no corresponde, que la indicación de la Senadora señora Feliú para suprimir los números 2 y 3 del artículo 12, justamente los que estamos discutiendo, fue rechazada por mayoría en la Comisión, y sólo contó con los votos a favor de los Senadores señores Errázuriz y Piñera. O sea, no fue aprobada la eliminación de los números 2 y 3, como lo pedía la indicación.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Bitar.

El señor BITAR.-

Termino, señor Presidente, señalando lo siguiente. Primero, agradezco la aclaración del Honorable señor Andrés Zaldívar, porque, si en el espíritu de la ley se entiende que la misma norma de las 520 semanas se aplica a todas las mujeres, independientemente de la preceptiva en cuestión, mi observación no tiene sentido. Pero lo señalo acá, y -reitero- solicitaré al Ejecutivo que revise esta disposición a fin de que, si no se estuviera aplicando esa norma a las mujeres regidas por la ley N° 10.662 -como he sido informado-, se corrija en un próximo proyecto.

Además, pienso -creo que hay argumentos suficientes para sostenerlo- que en la contabilización de las 1.040 semanas es necesario considerar la posibilidad de incluir como años trabajados para computar las semanas, el tiempo de muchos chilenos y chilenas que trabajaron en el PEM y en el POJH. Esa fue una labor pagada por el Estado; fue un servicio financiado por éste; constituyó un trabajo real que realizó una gran cantidad de gente, pero sin rentas imponibles. Sin embargo, muchas personas se han visto afectadas al respecto. En un seminario reciente que hice en la ciudad de Arica para analizar esta situación con la ciudadanía, con representantes de los jubilados, tuve la oportunidad de constatar, a propósito de esta ley, que mucha gente no puede completar las 1.040 semanas, pese a haber estado adscrita varios años al PEM o al POJH. Por lo tanto, si incorporamos ese lapso vamos a ayudar a muchas personas. Y en tal sentido, también señalaré -lo hago presente a los señores Senadores- por escrito al Ejecutivo la conveniencia de que estudie la posibilidad de someter al Congreso, en un proyecto misceláneo, la inclusión de las semanas correspondientes al tiempo trabajado en el PEM y en el POJH.

He dicho.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente, me asaltan algunas dudas respecto de este artículo.

La información que nos acaba de entregar el señor Senador es bastante interesante y no consta en ningún documento. Me parece fundamental para lo que estamos discutiendo. Se estimó que se presentarían 60 mil solicitudes; sin embargo, sólo se han recibido 43 mil, y de ellas únicamente 6 mil tendrían antecedentes más o menos aceptables, de los cuales hasta el momento hay 1 mil 200 que estarían en el INP. Son cifras muy importantes, porque cuando se preguntó por el financiamiento de los números 2 y 3 del artículo 12, se dijo que estaba englobado en el costo general del proyecto. Pero en el primer informe se señala que el mayor gasto total es la suma de 2 mil 621 millones 300 mil pesos, de los cuales algunas cifras son muy bajas; por ejemplo, en cuanto a reducción de requisitos para trabajadores temporales respecto a subsidios por incapacidad laboral, se destinan sólo 58 millones cien mil pesos, etcétera. O sea, esa mayor cantidad, que debe figurar respecto de los 6 mil exonerados, tendría que haberse hecho presente en el financiamiento, y no se establece. Por lo tanto, pregunto, en forma especial al señor Presidente de la Comisión de Hacienda, ¿cuánto significa el mayor presupuesto? Concretamente, conforme a lo expresado por el Senador señor Bitar acerca del número de exonerados, quisiera saber en líneas generales, para los efectos del financiamiento, cuánto representa el mayor costo de los números 2 y 3 del artículo 12. Esa cifra no se indica en el primer informe, en el cual aparecen 6 ítem y muchas cantidades. Sin embargo, no figura acá, ni naturalmente estaba en el proyecto de ley, en 1992, cuando lo aprobamos.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Contestando la pregunta derechamente, en realidad, cuando se despachó la ley N° 19.234, hubo un ítem del orden de 26 mil millones de pesos para afrontar el gasto que pudiera derivar de su aplicación, tanto por el otorgamiento del beneficio de pensión de gracia como por los reconocimientos por años de servicio. De acuerdo con la información que nos dio la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda con relación al aumento de plazo y al cambio de precisión de "remuneración imponible" a "remuneración de naturaleza imponible", se llega a la conclusión por esa Secretaría de Estado que no va a haber un incremento en el gasto...

La señora FELIÚ.-

¡Claro que lo hay!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

No habrá aumento en el gasto, eso es lo que informa el Ministerio de Hacienda. Y el cálculo que se ha hecho es aproximado a lo que se estima que alcanzaría el número de personas que se acogerían a este beneficio.

Por lo tanto, nuestra obligación como Comisión de Hacienda es verificar si está financiado el gasto. Y si hubiere mayor gasto fiscal que el contemplado, se establece que éste se cargará a la partida Tesoro Público. O sea, se ha cumplido totalmente lo que nos exigen la ley y la Constitución respecto de este proyecto. El financiamiento existe; incluso, el gasto ha sido menor, porque -como se dijo acá- la gente no ha podido acogerse a los beneficios. Por lo demás, en materia previsional -lo saben los señores Senadores-, los ítem son siempre excedibles, por cuanto nunca existe posibilidad de determinar con precisión el gasto para establecer una cifra.

Por consiguiente, en respuesta a la consulta del Honorable señor Mc-Intyre, cabe señalar que la materia en cuestión está explicitada al final del informe. Se consultó expresamente a la Dirección de Presupuestos, y no hay un mayor gasto que el contenido hasta este momento en la ley N° 19.234, y si lo hubiere, se financiará con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, conforme se aprobó en el artículo 13.

He dicho.

El señor THAYER.-

Señor Presidente, quiero hacer notar a los señores Senadores que -como dije anteriormente- esta ley es de carácter específicamente técnico, sobre todo, en un área donde es muy difícil seguir un debate, por cuanto tiene que ver con normas previsionales en gran medida extinguidas, porque con los beneficios que se otorgan a los exonerados se pretende, en definitiva, reconstruir una situación ya inexistente. Hubo empresas privadas intervenidas y se decidió, bien o mal, incorporar a su personal a esta franquicia -que no es el objetivo principal de esta ley-, porque también en aquéllas el proceso de exoneración se encuadró en el marco político-histórico que todos archiconocemos y que, según me parece, no es intención del Senado revivir. ¡Para qué vamos a empezar a discutir por qué se produjo todo esto! Todos los sabemos, y tenemos al respecto distintos criterios. En estos momentos la única forma de avanzar es tratando de resolver los problemas. Y sobre el particular ya hay varios criterios fijados.

Con ese fin se aprobó una ley a cuyas consecuencias estamos ahora enfrentados. Se intenta corregirlas mediante las disposiciones del proyecto en debate, que trata de varias materias. Ya al comienzo de mi intervención manifesté que, a mi juicio, la única que reviste significación de orden político y no técnico es la relacionada con las normas relativas a los exonerados, y respecto de la cual la Honorable señora Feliú presentó indicación -hubo aquí un pequeño error en cuanto al número del artículo-, punto al cual nos encontramos abocados.

Quiero hacer una petición acerca del resto del proyecto. Si no hay consenso en lo atinente a las normas previsionales -por ello, requieren quórum calificado- el proyecto se destruye. Así acaba de acontecer con una norma que, si no me equivoco, registró una votación de 17 votos contra 14, debiendo ser suprimida por no reunir el quórum correspondiente. ¿Y qué pasaba ahí? Una cosa muy simple, que no quiero que vuelva a repetirse. Ocurre que cierto personal está efectuando aportes previsionales sin tope, en circunstancias de que no sólo la norma común de aporte previsional tiene tope, sino también los propios beneficios previsionales. Por consiguiente, están entregando una cantidad sin existir la obligación de hacerlo. Para reafirmar lo que estoy diciendo, acabo de consultar al señor Subsecretario.

La disposición en debate, como lo explicó ya un distinguido señor Senador, pretende en el número 1, un objetivo muy claro. Es una cuestión de carácter político, sin ninguna dificultad. ¿Se acepta o no se acepta extender el plazo de un año a dieciocho meses? Aquí no hay problema alguno. Son seis meses más: sí o no. Es asunto de criterio, en el cual no hay dónde perderse.

El punto que aborda el número 2 del mismo precepto es ya más complicado. Para resolver la situación después de largo debate, se recurrió a la frase "remuneraciones de naturaleza imponible". El sentido de ella nos fue explicado en detalle por el Superintendente de Seguridad Social, don Luis Orlandini, cuya versación en la materia es, a mi juicio, incontrovertible. Como algo entiendo en materias previsionales, creo en la sensatez de esa explicación. Para que realmente las remuneraciones percibidas fuera de toda escala por parte de sectores de trabajadores que prestaban servicios en empresas privadas, pero sometidas a intervención, se pudieran asimilar, a las normas del sector público, para los efectos que fija el proyecto era necesario atenerse no a lo que verdaderamente ocurrió, y por lo que efectivamente se cotizó, sino a remuneraciones de naturaleza imponible, lo que corresponde precisamente a la explicación dada por el señor Superintendente y acerca de lo cual hay constancia.

Hace un instante voté favorablemente un proyecto de acuerdo de carácter internacional, sobre la base de que había sido aprobado por dos Comisiones respetables, que merecían confianza. No hubo votos en contra, sino solamente abstenciones. En este caso hubo aprobación unánime después de una muy larga discusión y exégesis. Por eso, me atrevería a decir que lo único sensato en estos momentos de parte de quienes están dispuestos a otorgar el beneficio de prorrogar el plazo por seis meses, es que aprueben el artículo entero. Y aquellos que no están de acuerdo, no lo den en una y otra parte, y terminemos el debate con la votación.

El señor ERRÁZURIZ.-

Señor Presidente, quiero señalar, en primer lugar, que la explicación proporcionada por un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra fue perfectamente clara. En el fondo, se trata de que las personas que como exonerados debían acogerse al beneficio, no lo han hecho, porque no cumplieron los requisitos exigidos por el Gobierno, porque los plazos no lo permitieron, o porque la burocracia no lo hizo posible. Es decir, dentro de los plazos establecidos por la ley no lograron acreditar su condición. Con un plazo adicional, se les da una nueva opción para acogerse a la franquicia, si es que en su transcurso logran comprobar la calidad de exonerados, con lo cual se van a abrir innumerables nuevos juicios.

En segundo término, el beneficio significa, obviamente, un costo. Se aduce que no lo hay, porque en la ley anterior y en el presupuesto original, estaba considerado, en vista de lo cual, aunque se acojan el próximo año, habrá un excedente del presupuesto del año anterior. Pero tampoco está tan claro que así sea, pues, en realidad, se trata de un excedente derivado del hecho de que los afectados no hicieron uso de su derecho.

En la Comisión de Hacienda la indicación pertinente se rechazó por dos votos contra uno; pero, al votarse el artículo, se produjo una situación inversa. ¿Por qué? Porque quienes votaron negativamente estimaron que no era conveniente alargar innecesariamente los plazos para que la gente acreditara lo que no había hecho antes, pues con ello le iban a crear un problema al Gobierno, dado que todo tiene un costo y, en definitiva, en apariencia no tendría la condición de exonerada. Se habló incluso de cuál sería el plazo adecuado para que pudieran justificar tal calidad. Y considero acertado lo señalado por un señor Senador en cuanto a que ése es el fondo de la discusión y el punto que debe votarse.

He pretendido ser lo más objetivo posible en la explicación que he dado, a fin de ilustrar a los señores Senadores que no participaron en las discusiones habidas en la Comisión, para que, cuando voten, lo hagan contando con suficientes antecedentes.

El señor HAMILTON.-

Señor Presidente, escuchando el debate y considerando al mismo tiempo que él se extracta para ser publicado en los diarios, pensaba en las dificultades que van a surgir en los responsables de ello para cumplir tal tarea, y en los problemas y el desinterés, de quienes lean la versión correspondiente, porque van a entender muy poco.

Aquí, en el fondo, hay de por medio un problema político. En el Gobierno anterior, el Congreso Nacional aprobó una ley que dio determinados beneficios a los exonerados políticos. Como es natural, hubo quienes estuvieron a favor y otros en contra de ella; y entiendo que finalmente fue aprobada por escaso margen.

Para hacer uso de las franquicias, los interesados debieron recurrir a las autoridades respectivas y presentar una serie de documentos y antecedentes. El plazo para cumplir los requisitos formales resultó ser muy exiguo, motivo por el cual el propio Gobierno ha solicitado su prórroga al Parlamento. Lo lógico, en consecuencia, es que aquellos que estuvieron o que están de acuerdo en favorecer a los exonerados, voten afirmativamente el artículo. Y los contrarios tienen todo el derecho a pronunciarse negativamente. Pero no digamos que faltan recursos, porque los hay, y de sobra, como aquí se ha demostrado; ni afirmemos cosas tan impropias como la sostenida por un señor Senador en el sentido de que jamás votará la prórroga de un plazo. Ello equivale a decir "de esta agua no beberé", en circunstancias de que esas palabras pueden rebotar mañana o pasado mañana contra quienes ahora las emiten.

Ojalá se ponga término al debate y procedamos a la votación. Al aprobar el artículo, estamos extendiendo a los exonerados el derecho que ya se les otorgó y dando una nueva posibilidad a los que, por cualquier causa, no alcanzaron a hacerlo efectivo. Y quienes sean contrarios al beneficio, sin necesidad de asilarse en ningún artificio, pueden rechazarlo.

El señor HORMÁZABAL.-

Señor Presidente, por las intervenciones que he escuchado, noto con agrado que no se pretende volver a cuestionar la validez de los términos de fondo que tuvimos para aprobar la ley vigente. Por eso, haría un llamado a aquellos Senadores que en su oportunidad no respaldaron el respectivo proyecto para que entiendan que ése fue el reflejo de la voluntad mayoritaria del Senado y que aquí no hay un cambio de ninguna naturaleza con relación a los criterios tenidos en consideración al aprobarla.

Todos sabíamos en su momento que se trataba de una norma excepcional, y todos reconocimos durante el debate que no resistía un análisis comparativo con cualquier otra situación, porque obedecía a razones de otra índole que fueron latamente expuestas.

Entonces, me permito volver a insistir. Dimos un plazo. Aquí se ha preguntado y con razón, por qué es necesario extenderlo en doce meses. Porque los primitivos seis meses -que ahora se aumentan a 18-, debido a la acuciosidad con que ha trabajado la gente que el Gobierno designó para estos efectos, no ha permitido resolver adecuadamente los requerimientos de las personas que reclaman un derecho sobre esta materia. He podido constatar este hecho en mi Región, en donde he conversado con las distintas organizaciones de exonerados políticos. Y, desde ese punto de vista creo que además ha existido un excesivo celo. Porque he leído cartas en las cuales se pide acompañar copia de un Diario Oficial para tal o cual circunstancia -lo que podría haberse requerido sin mayor formalidad-, dilatando con ello excesivamente la posibilidad de que un trabajador de Vicuña, Andacollo, Illapel o Salamanca pudiera hacer valer sus derechos oportunamente.

No se trata, entonces, de extender abusivamente un derecho ya consagrado, sino de que el Gobierno y los funcionarios, al actuar con la rigurosidad que corresponde al ejercicio de su rol, han generado una situación que implicó retardar la entrega de antecedentes.

Entonces, ¿por qué un mayor plazo? Porque en las diferentes entrevistas que he sostenido con distintas organizaciones de exonerados, me he impuesto personalmente de que, a pesar de sus esfuerzos para reunir los antecedentes requeridos, no les ha sido posible.

No se puede consagrar como dogma el que no se puede extender un plazo. ¡Por favor! Ya tuvimos una larga discusión sobre la prórroga del plazo para la entrada en aplicación del sistema multicarrier. Y pareciera que existían razones para ello, porque se empezó a aplicar en dos provincias y ya se produjo una saturación. Doy sólo este ejemplo para que no se tome lo de los plazos como un dogma. Y si pudimos extenderlo allá, ¿por qué no hacerlo acá, donde hay sólidos argumentos para probar que nadie está intentando aprovecharse de un beneficio en forma indebida, ya que deben acompañarse los antecedentes que justifican la demanda?

Se propone extender el plazo, porque se ha demostrado la imposibilidad de que toda la gente de buena voluntad pueda obtener los certificados y antecedentes que se requieren.

Por otro lado, se ha planteado el tema del financiamiento, y ya aquí se ha tomado debida nota del asunto. Si existía financiamiento estimado para cerca de 60 mil personas y las cifras entregadas aquí demuestran que sólo se han completado antecedentes para 6 mil y que no se han entregado prestaciones a más allá de 150, quiere decir que el proyecto está debida y fundadamente financiado. Son verdades del porte de una catedral, que nadie, a mi juicio, podría cuestionar.

Señor Presidente, si existiera algún otro elemento controvertido, debemos recordar que incluso la letra h) del número 7 del artículo 19 de la Constitución, al hablar de la libertad personal, establece que "no podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos previsionales". Tratándose de todas las condiciones, éste fue un argumento de fondo que tuvimos para recordar la necesidad de hacer efectiva esta norma.

Por lo tanto, llamo tanto a los que votamos a favor en su oportunidad, como a los que legítimamente tuvieron opinión distinta, para que entendamos que esto es sólo una manera de resolver problemas puntuales dentro del marco de una legislación que todos entendimos que obedecía a razones de justicia relevantes. Por eso, invito a votar a favor.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, con relación a las modificaciones a la ley N° 19.234, hay dos problemas esenciales. Primero, la ampliación del plazo para solicitar los beneficios; y, segundo, las variaciones a la base de cálculo.

Quiero recordar que yo voté en contra de la ley primitiva, y señalé, de manera absolutamente fundada, las objeciones técnicas que me merecía el proyecto.

En verdad, la legislación aprobada ha presentado múltiples dificultades en su aplicación y en la concesión de los beneficios, cuestión que no me extraña, porque la iniciativa contenía muchos errores técnicos, los cuales hice presente de manera específica.

En cuanto al plazo, reconozco que no concurrí a aprobar el propuesto en su oportunidad, y que aprobó la mayoría del Senado y de la Cámara de Diputados. Sin embargo, ahora voy a aprobar la ampliación del mismo, porque la ley contó con la mayoría requerida y hoy sólo se trata de permitir que la normativa les reconozca el mismo derecho, en especial porque tengo muy claro los defectos técnicos que han hecho difícil la concesión de los beneficios.

El caso de petición de un Diario Oficial no corresponde a un defecto técnico de la ley, sino a un error funcionario, porque nadie puede exigir su exhibición, pues se trata de un documento público y, además, de cumplimiento obligatorio. Entonces, en tales casos procede que las autoridades de la Administración arbitren las medidas pertinentes para no exigir requisitos absurdos, que irrogan molestias a las personas y retardan el cumplimiento de los beneficios.

En cuanto a la modificación de la base de cálculo, votaré en contra. Presenté indicación para modificarla. Considero absolutamente injustificado añadir a toda las excepciones establecidas en la ley Nº 19.234 otra que estimo francamente grave: que el cálculo de los beneficios de estas personas se efectúe sobre la base de rentas. Todos los chilenos afectos a esos regímenes tienen limitaciones, las que, como recordaba hace un minuto, nacen con la ley N° 16.617 o incluso un poco antes, con el decreto con fuerza de ley N° 40, de 1960. Pero, en todo caso, la disminución de los sueldos bases nació con la ley N° 16.617. En verdad esto ha sido desde siempre. Que el sistema no era bueno, es cierto; pero, como lo ha recordado el Honorable señor Thayer, el sistema previsional chileno es muy malo.

Por esa razón, anuncio que votaré en contra de las dos disposiciones que modifican la base de cálculo

Señor Presidente, aquí se ha suscitado un problema de la mayor importancia en relación con el financiamiento del beneficio, pues cualquier norma que importe un mayor gasto fiscal debe estar financiada. El señor Presidente de la Comisión de Hacienda -y que ahora dirige accidentalmente la Sala- ha expresado que ello no tiene mayor importancia, porque se trata de ítem excedibles. En mi opinión esa afirmación no es sustentable. En realidad, se trata de ítem excedibles respecto de aquellos beneficios legales; pero cuando se dicta una ley en materia previsional, ella es inexcedible y debe señalar el gasto que representa.

A mi juicio, el informe de la Comisión de Hacienda no ha tomado en cuenta el mayor gasto que representan dos aspectos de la ley N° 19.234. Primero, la ampliación del plazo, pues debió considerarse que los beneficios no se podían impetrar después del término de seis meses, plazo que venció a comienzos de año. Y, segundo, el beneficio se otorga conforme una base de cálculo.

Pues bien, se ha dicho que había 26 mil millones de pesos para el otorgamiento del beneficio. No debemos olvidar que tales recursos deben consignarse en la Ley de Presupuestos y que ésta debe dimensionar el gasto, porque de lo contrario podríamos dictar una ley con el doble de beneficios y, con el mismo criterio, decir que no requiere de financiamiento.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso, la Comisión de Hacienda tiene la obligación de señalar exactamente cuál es el monto del gasto imputable a la Ley de Presupuestos que representa la aprobación del beneficio y el ítem con cargo al cual se va a financiar ese gasto. En este caso, esa exigencia se ha cumplido de manera absolutamente genérica, lo que no me parece bien.

En todo caso, señor Presidente, reiterando lo señalado, votaré de la manera que indiqué: rechazo la modificación de la base de cálculo y apruebo la ampliación del plazo.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente, intervendré muy brevemente y no con el ánimo, como se ha señalado aquí correctamente, de volver a rediscutir un tema, práctica en la que a veces incurrimos en el Senado y que prolonga en exceso los debates.

En verdad, considero justa la inquietud planteada por muchos señores Senadores, porque los antecedentes que se acompañan a la iniciativa, lamentablemente, carecen de la precisión necesaria para formarse un juicio adecuado.

Por ejemplo, el Honorable señor Bitar ha aportado aquí algunos antecedentes que no estaban dentro de los que se nos proporcionaron previamente. Por eso, resulta difícil pronunciarse sobre la justificación del planteamiento hecho.

Por lo mismo, y aprovechando la presencia del señor Ministro, quiero solicitar alguna precisión sobre estos aspectos cuantitativos. ¿Qué significa en la realidad esta extensión? ¿Significa que la cifra dada aquí de alrededor de 60 mil personas, va a aumentar? ¿Faltan por inscribirse algunas de acuerdo a los antecedentes del Gobierno? ¿Significa que de los 45 mil mencionados será acogida una cantidad superior a los mil 500? ¿Cuantos pueden ser aceptados? ¿Por qué este problema? ¿Es necesario este plazo para que las personas que ya se han registrado puedan hacer valer su derecho y acogerse a los beneficios de la ley? ¿No puede entenderse que, habiéndose presentado, no requieren de un plazo, sino que éste estaría impidiendo que nuevos interesados pudieran acogerse a los beneficios que la ley determinó? ¿Cuál es el sentido exacto de la cifra?

En mi opinión, aquí no están dados los antecedentes. Y han sido muy iluminadores algunos de los que se han proporcionado en la Sala para poder mirar con ojo favorable este proyecto. Pero, en relación con las personas beneficiadas -a pesar de lo que aquí se ha ido esclareciendo-, todavía no tenemos precisión acerca de cuáles serán los alcances y efectos de la norma.

Desde el punto de vista económico, ocurre otro tanto. Se ha dicho genéricamente -lo establece el artículo 13- que el proyecto está financiado. Pero, ¿qué está financiado? Uno tiene que saber con precisión cuál será la consecuencia de este plazo. ¿Están reconocidos, por ejemplo, los efectos que tienen los mayores intereses o el reajuste que esto pudiera significar? ¿Está incluido dentro de este financiamiento? Tampoco eso se encuentra cuantificado, al menos en los antecedentes que se nos han proporcionado, que son precisamente los que de hecho justifican la prórroga del plazo; sin embargo, no disponemos del dato.

Deseo estudiar esta materia con la mayor simpatía, pero hasta ahora no he dispuesto de todos los antecedentes. Ojalá que el señor Ministro pudiera entregarlos, para poder votar con seriedad este punto.

En cuanto a las demás modificaciones, me parece -como lo señaló la Honorable señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra- que son materias distintas que bien pueden ser miradas en forma diferente. Pero para mí lo esencial es lo primero: saber exactamente de qué estamos hablando en términos de números, esto es, cuál es el enfoque cuantitativo respecto de las personas y de los recursos involucrados como consecuencia de la aprobación de esta norma.

El señor SULE.-

Señor Presidente, mientras escuchaba a mis Honorables colegas pensaba cómo transmitir mi pensamiento de modo de hacerlo coincidir con la necesidad de crear condiciones para resolver un problema que ocasiona situaciones a nivel nacional bastante complicadas a un sector que representa aproximadamente a unos 300 mil habitantes adultos, esto es, unas 60 mil familias más o menos.

Con ello quiero señalar que éste no es un asunto político ni ideológico, aun cuando pudiera emanar de un período al cual nos hemos referido, cuyos problemas en su gran mayoría han sido superados.

Aquí hay un aspecto social. Y, en ese sentido, me alegro mucho de la intervención de la Senadora señora Feliú, porque ella no estuvo de acuerdo con la iniciativa. Pero la ley se dictó, y "donde existe la misma razón debe haber la misma disposición". Estoy hablando un poco al tenor de lo planteado por el Honorable señor Thayer. Entonces, el problema es el siguiente.

Si dictamos una ley que otorgó un derecho, el que debió ejercerse dentro de cierto plazo, que ya se extinguió, las personas que presentaron solicitudes -aproximadamente 60 mil- dentro de ese tiempo pueden impetrar otros derechos, para lo cual tienen determinado plazo una vez reconocida la calidad de exonerado político. Y esa calidad prácticamente ha sido otorgada sólo a un porcentaje no superior al 0,5 por ciento de los solicitantes, por defectos de la ley, que exige una serie de requisitos casi inaccesibles, que nosotros mismos impusimos, o porque, no obstante estar nosotros premunidos de la más absoluta buena fe y de la mejor disposición, era casi imposible prever que se producirían casos como los que ahora relataré.

Hablamos de requisitos casi inaccesibles, porque exigimos, para probar la calidad de exonerado político, los llamados "documentos públicos auténticos", muchos de los cuales resultaban imposibles de conseguir, ya que se obtenían de juzgados que dejaron de ser tales -los del Trabajo-, donde no existen archivos, o porque emanaban de algunos bandos dictados durante el período militar, de los que no hay copias ni testimonios que puedan constituirse en ese carácter de auténtico. En el caso de los exonerados, existen numerosísimos casos -no los quisimos traer al Parlamento, para no interferir en la paz y tranquilidad con que debemos discutir estas materias- en que determinadas personas figuraban como destituidas por decretos del mes de septiembre de 1973, y después aparecían como contratadas en 1974 ó 1975, en circunstancias de que muchas de ellas, o se hallaban en prisión, o estaban exiliadas o desterradas. De manera que hay una serie de problemas de hecho que afectan de manera muy directa a numerosísimas familias chilenas. Esa es la razón por la que se solicitó la prórroga. Y, entonces, ratifico los planteamientos formulados en orden a aprobar esta disposición.

He dicho.

El señor MATTA.-

Señor Presidente, el Comité Nacional de Exonerados Políticos ha estado solicitando la ampliación del plazo, por cuanto se estima que aún es insuficiente para la presentación de los antecedentes de muchísimas personas que quedaron fuera de poder impetrar este beneficio. Por otra parte, también han solicitado reiteradamente ante las autoridades y el propio Secretario Ejecutivo de la Comisión respectiva, señor Francisco Pinto Larenas, buscar las formas de flexibilizar los medios de prueba para acreditar la calidad de exonerado.

Quiero hacer presente esta situación, pues hay una inquietud muy extendida en el mundo de los exonerados. Concretamente, hace un tiempo sostuvimos una reunión muy amplia en la zona de la Región del Maule, en presencia del señor Secretario Ejecutivo de dicha Comisión, en donde se planteó formalmente el problema. De manera que -repito- quiero dejar constancia de lo expuesto, aprovechando que se encuentra en la Sala el señor Ministro del Trabajo.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente, este debate ha proporcionado muchas luces. Me da la impresión de que el proyecto que más tarde se convirtió en la ley N° 19.234 fue despachado en forma bastante deficiente: estuvo mal pensado y mal aprobado. La cifra conocida en la Sala en cuanto a que serían 60 mil las personas que se iban a favorecer con la iniciativa -así lo afirmó el Senador señor Bitar- no parece acertada, pues se presentaron no más de 43 mil solicitudes; cumplieron con los requisitos solamente 6 mil, y finalmente fueron aprobadas mil 200 solicitudes. Estas cifras me han impactado.

En segundo lugar, hay que subrayar el hecho de que se ha dicho que la ley estaba "debidamente financiada". Debidamente financiada significa: para tal objetivo, tantos fondos. No se trata de destinar una bolsa de recursos por encima de todo cálculo. Aquí hemos escuchado que la cantidad que se necesitaría para financiar la ley se estimaba en 26 mil millones de pesos. Sin embargo, se han ocupado en este último año 100 millones; es decir, en esa bolsa quedan 25 mil 900 millones de pesos. Eso nos obliga a revisar el correspondiente ítem del Tesoro Público, máxime ahora que tenemos la revisión del presupuesto de 1995 ad portas. Eso no es legislar adecuadamente, ni consignar como se debe los recursos necesarios para una ley.

Es mi parecer que, si seguimos ampliando el plazo y las posibilidades de que se inscriba más gente, pueden presentarse personas que impetren indebidamente los beneficios de esta legislación.

Por esas razones, voto en contra.

El señor URENDA.-

Señor Presidente, cualquiera que sea el juicio que se tenga sobre la ley que otorga derechos a quienes se llama "exonerados", hay dos circunstancias que en la Comisión me llevaron a votar favorablemente esta normativa.

La primera es que, obviamente, por el número de interesados que ha llegado a acogerse al beneficio, el procedimiento presenta más dificultades que las que el Parlamento previó al fijar un plazo. Es evidente que las leyes que se dictan en un sentido determinado procuran (éste es el sentir de los legisladores) que puedan ser ejecutadas.

La segunda es el hecho de haberse planteado que la mayoría de las personas exoneradas que recurrieron a los tribunales estaban ganando los juicios, y que, en consecuencia, la transacción que permite la ley en proyecto podría, en muchos casos, significar una economía al Estado.

Estas dos consideraciones hacen recomendable, a mi juicio, acceder a la prórroga, aunque coincido en que no es bueno, como práctica, que los plazos establecidos por ley tengan después que prorrogarse. En este caso, no obstante, lo creo conveniente.

Voto que sí.

El señor OTERO.-

Señor Presidente, cuando una ley fija plazo para acogerse a sus beneficios, está estableciendo una oportunidad para presentar la solicitud correspondiente. Presentada ésta dentro del plazo, deber ser tramitada. Esto es así por muchos que sean los antecedentes que se pidan con posterioridad, porque eso no cambia el hecho de que la solicitud fue presentada oportunamente.

Mi posición a este respecto es conocida desde hace bastante tiempo, en cuanto a que, en cualquier proyecto de ley, cuando se trate de disponer prórrogas de plazo, yo voy a pronunciarme en contra de ellas.

Voto que no.

La señora FELIÚ.-

¿Me permite, señor Presidente?

Por unanimidad deberíamos acordar que se modifique en lo formal el artículo 12, ya que para él se proponían tres modificaciones y se aprobó sólo una. Por consiguiente, corresponde cambiar en su encabezamiento la frase "Introdúcense las siguientes modificaciones" por "Introdúcese la siguiente modificación.".

Respecto del artículo 2º transitorio, debe igualmente, y por la misma razón, adecuarse su redacción reemplazando la frase inicial que dice "Las modificaciones" por "La modificación".

El señor VALDÉS (Presidente).-

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que dispone la aplicación de la ley N° 16.744, sobre seguro social contra riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a los trabajadores del sector público que indica, con segundos informes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 33ª, en 9 de marzo de 1994.

Informes de Comisión:

Trabajo, sesión 1ª, en 31 de mayo de 1994.

Hacienda, sesión 1ª, en 31 de mayo de 1994.

Trabajo (segundo), sesión 24ª en 17 de agosto de 1994.

Hacienda (segundo), sesión 24ª, en 17 de agosto de 1994.

Discusión:

Sesión 3ª, en 7 de junio de 1994 (se aprueba en general).

La señora FELIÚ.-

La verdad es que yo tengo un problema de fondo respecto de esta iniciativa. Según puede verse en los antecedentes, ella representa un costo de 3 mil millones de pesos, conforme a la cotización para el seguro contra accidentes del trabajo, sin que se establezca la imputación de ese gasto. De acuerdo a lo que se desprende del informe de la Comisión de Hacienda, eso se financiará con cargo a los presupuestos de los respectivos servicios. Pero, por razones obvias, tales presupuestos no han consultado este nuevo costo.

Además, en dicho texto se señala que en esta materia se considera la rebaja en el gasto actual. Sin embargo, cabe tener presente -tal como lo expresó en la Comisión de Trabajo el Superintendente de Seguridad Social- que hoy los accidentes en acto de servicio de la Administración Pública, por tratarse de funciones administrativas, prácticamente no implican gastos. Esto efectivamente es así porque las labores que se desarrollan en ella no son riesgosas o peligrosas. En cambio, el hecho de que se cotice en una mutualidad significa que el proyecto irrogará un desembolso de 3 mil millones de pesos.

Por esa razón, señor Presidente, no prestaré mi aprobación al artículo 4° ni a ninguna otra de estas disposiciones porque la iniciativa en análisis representa un mayor gasto, el cual no se encuentra financiado ni imputado. A mi juicio, lo anterior infringe el artículo 64 de la Constitución Política y el artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que establece que los proyectos de ley deben contemplar los recursos necesarios para el objetivo que persiguen. Y si esta iniciativa importa un mayor gasto de 3 mil millones de pesos, ello debe imputarse al Tesoro Público.

Formulé una indicación en tal sentido, pero la Comisión de Hacienda tuvo a bien declararla inadmisible. Tal vez, tenga toda la razón; sin embargo, debo decir que el proyecto de ley es inconstitucional, porque no se ajusta a la Carta Fundamental ni establece la imputación correspondiente. Ello no puede hacerse con cargo a un gasto actual, porque hoy día no se realiza ese tipo de cotizaciones.

Por esa razón, señor Presidente, rechazo la iniciativa y formulo expresa cuestión de constitucionalidad, por cuanto, a mi juicio, dicho gasto no se encuentra considerado. No se halla imputado ni debidamente informado por la Comisión de Hacienda.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente, es muy respetable la opinión de la senadora señora Feliú; pero creo que la Comisión de Hacienda cumplió con su deber, y lo hizo por la unanimidad de sus miembros, en el entendido de que lo planteado por el Ejecutivo era la forma de financiar el proyecto. Por lo demás, esto no es una novedad, porque en un sinnúmero de iniciativas se ha establecido que el mayor gasto será absorbido por el propio servicio, y en aquello que no estuviere lo suficientemente financiado será cargado al ítem respectivo. Eso es normal y corresponde a la administración del presupuesto fiscal en lo que respecta a cada uno de los organismos del Estado. Y en este caso, de acuerdo con lo que dispone el proyecto, los diferentes servicios deben cumplir esa obligación con cargo a su presupuesto y a los ítem correspondientes, con el objeto de que se pueda pagar la cotización de 0,9 por ciento, que equivale a 3 mil 200 millones de pesos. Así se establece en el informe financiero que entregó la Dirección de Presupuestos, lo cual constituye una forma real y clara de demostrar que la iniciativa se encuentra financiada.

Como dije, esto no es una novedad, porque en muchas ocasiones se han aprobado legislaciones en las cuales se ha establecido que el gasto se financiará con cargo al presupuesto del respectivo servicio. De modo que no se puede sostener que el proyecto no está cumpliendo ni con la ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional ni con la disposición constitucional mencionada, porque la Comisión de Hacienda ha considerado las exigencias que le imponen ambas normativas jurídicas.

He dicho.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, yo no puedo aprobar el proyecto, porque éste establece un gasto para los servicios públicos que no se encuentra debidamente financiado. En este sentido, formulé indicación para que dicho costo se cargara al Tesoro Público, toda vez que no puede fijarse una obligación sin que quede claro con cargo a qué recursos se cumplirá.

Reitero lo que planteé: El Superintendente de Seguridad Social hizo presente en la Comisión que este gasto hoy día era muy bajo, porque la función administrativa no es riesgosa. Efectivamente, ello es así. Por lo tanto, la iniciativa representa un mayor desembolso en los presupuestos de los servicios, gasto que debe salir de alguna parte, y la Comisión de Hacienda debe aclarar este punto.

El señor OTERO.-

Señor Presidente, deseo que me resuelva una inquietud el titular de la Comisión pertinente. Tengo entendido que el artículo 7º del proyecto establece beneficios en favor de los Diputados y Senadores que estén adheridos a un régimen de previsión. Por lo tanto, si hay Parlamentarios en ese caso, y como la iniciativa en análisis los favorece directamente, no podrían participar en la votación. La línea que se ha tratado de mantener en la Cámara Alta es que todos en algún momento quedamos inhabilitados, y aquí estamos en presencia de una iniciativa que se refiere específica y concretamente a Diputados y Senadores que se hallan afectos a un régimen previsional. De modo que si se viene otorgando un beneficio que será de cargo fiscal, los Honorables colegas comprendidos en esa situación estarían inhabilitados, de acuerdo al Reglamento, para votar.

He dicho.

El señor HORMÁZABAL.-

Señor Presidente, creo que el tema se puede prestar para mucho, más aun teniendo en cuenta que pronto deberemos abocarnos al estudio de la Ley de Presupuestos y el hecho de que ninguno de los Honorables colegas que han intervenido en esta oportunidad se abstuvieron cuando se votó el proyecto que concedió un reajuste al sector público, que también decía relación a los Parlamentarios...

El señor SIEBERT.-

¡Pero ésa era una normativa de carácter general!

El señor HORMÁZABAL.-

Quiero dejar bien en claro que una cosa distinta es defender intereses o negocios particulares. Lo que aquí hemos señalado algunos es que hay abogados que integran estudios jurídicos y tienen vinculación con ciertos Senadores en negocios particulares. Eso es diferente de lo que estamos discutiendo. Si se manifiesta la voluntad de rechazar el proyecto, que se vote en contra, entonces. Pero la iniciativa afecta a 185 mil empleados públicos, quienes están esperando su aprobación, porque los favorece.

Se ha expresado la siguiente opinión: "Mire, prefiero que el gasto quede establecido en la Partida tanto del Tesoro Público". Sin embargo, la Comisión de Hacienda estimó que bastaba indicarlo en la forma que aparece en el texto. Son criterios distintos, ambos respetables.

Pido que se vote el proyecto, señor Presidente. Se corre el riesgo de que sea rechazado, pero cada uno de nosotros es adulto y sabe cómo responder.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente, en la Comisión de Hacienda también se planteó la posibilidad de que existiera un conflicto de intereses que afectara a los parlamentarios, por tratarse de un beneficio (el seguro contra accidentes) que se otorga en su favor. Se discutió el punto y se llegó a la conclusión de que no tendría lugar la inhabilidad invocada, a la luz de lo que constituye una ley, en su conjunto.

¿Cuál es el planteamiento del Ejecutivo? Que, actualmente, todo trabajador del sector privado, de acuerdo con la legislación en vigor, queda cubierto por el seguro contra accidentes de trabajo, y es obligatorio para los empleadores hacer las cotizaciones respectivas al sistema de mutuales.

¿Cuál es el objetivo del proyecto? Dar cobertura universal al seguro contra accidentes del trabajo, vale decir, ampliarlo a todo trabajador que depende de una remuneración. Con ese fin, se proponen varias disposiciones, una de las cuales considera a los parlamentarios, no para que reciban un beneficio distinto, sino el mismo seguro contra accidentes del trabajo que rige, por ejemplo, respecto de un funcionario de Impuestos Internos, de los empleados del Poder Judicial (incluyendo al propio Presidente de la Corte Suprema) o de cualquier Ministro de Estado.

En consecuencia, se estimó que aquí correspondía aplicar la norma del Reglamento, en el sentido de que la inhabilidad del artículo 8º procede cuando se debate o vota un beneficio de carácter particular, pero no cuando se trata de disposiciones que conceden beneficios de orden general.

Si se llegara a la interpretación contraria -en esto deseo ser claro-, nunca, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, habría posibilidad de aprobar una norma de seguridad social que se relacionara con los parlamentarios. Como para aprobar cualquier disposición que tenga ese carácter se requiere quórum calificado, bastaría con que una pequeña parte de congresales se sintiera inhabilitada para que jamás pudiera dictarse una norma previsional que los involucrara.

Me parece que ésa sería una interpretación completamente inaceptable. En lo personal, no estoy defendiendo ningún interés particular, sino que me interesa dejar establecido que el proyecto simplemente tiene por finalidad ampliar la cobertura del seguro contra accidentes del trabajo a toda persona que preste una función remunerada, sea en el Poder Legislativo, sea en el Poder Judicial, sea en el Poder Ejecutivo. De lo contrario, los únicos en el país que nunca podrían ser objeto de una norma previsional, ni tener seguridad social, serían los parlamentarios.

He dicho.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente, las normas del artículo 7º, recién citado, hacen de por sí complejo no efectuar una interpretación que tienda a inhabilitarnos. Obviamente, no todos están afectos a un régimen previsional de pensiones, pero los que sí se encuentran en esa situación estarían consiguiendo, sin costo para ellos, un beneficio adicional, como es el quedar cubierto por la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. En mi opinión, éste es un problema particularmente relevante.

Adicionalmente, quiero recordar que cuando discutimos en general el proyecto señalé lo inconveniente que resultaba incorporar a los beneficios de dicho cuerpo legal exclusivamente a los parlamentarios y no hacer lo propio con otros representantes populares, como son los concejales, en cada uno de los municipios del país, e incluso, los consejeros regionales, en cada uno de los gobiernos regionales.

Si se tratara de un beneficio de carácter general, tal vez podríamos no sentimos afectados. Pero la norma, tal como se halla redactada, hace inevitable que al menos nos ruboricemos y consideremos una eventual inhabilidad, pues ella concede un beneficio que nos favorece directamente. Si en vez de parlamentarios hablara de representantes populares, o de integrantes del Poder Legislativo y de los gobiernos comunales y regionales, quizás podríamos pensar que estamos ante una disposición de carácter más general.

Por eso, lamento que el Gobierno haya decidido no entregar su patrocinio a la indicación que presenté para incorporar al beneficio a los concejales y consejeros regionales, lo cual, dicho sea de paso, es urgente y resultaría muy conveniente. Ello, porque ya se han registrado accidentes de esas personas en el cumplimiento de su cometido como representantes populares, los cuales han tenido que ser resueltos de forma indirecta -a veces, no adecuadamente-, en atención a que los consejeros regionales y los concejales carecen de este tipo de ayuda.

Por tal motivo, pedí oficiar en su oportunidad al Ejecutivo sobre el particular, y la respuesta fue que, en realidad, se estaba pensando entregar el beneficio exclusivamente a los parlamentarios, y que, en lo referente a otros representantes populares, los alcaldes eran los primeros funcionarios de las municipalidades que también estaban cubiertos por la ley.

Creo, en consecuencia, que si queremos hacer más general una norma que es de por sí particular, lo conveniente sería incorporar a la disposición -y ésta podría ser tal vez una salida- a los concejales de los municipios y a los consejeros de los gobiernos regionales.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

No concuerdo con la tesis de que estemos inhabilitados, porque estamos legislando en general para todas las personas que prestan servicios en la Administración Pública, incluidos los Ministros de Estado, los de la Corte Suprema -los concejales no son empleados públicos porque no perciben remuneración- y todos los funcionarios del Estado. Por eso, estimo que no cabe aplicar la citada inhabilidad. Además, el artículo 8º del proyecto es claro sobre el particular.

Empero, para evitar dificultades, propongo que rechacemos este artículo, para no entorpecer el despacho del proyecto. Y en otra instancia -en Comisión Mixta o en alguna nueva iniciativa- ver cómo los Parlamentarios podemos tener cobertura contra riesgos de accidentes del trabajo, a los cuales estamos expuestos igual que cualquier otro mortal. No hay motivo para ser discriminados.