Labor Parlamentaria

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde abocarse, en primer término, al proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, sobre aprobación del Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, denominado "Protocolo de Managua", adoptado en Managua el 10 de julio de 1993, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de acuerdo:

En segundo trámite, sesión 6°, en 12 de abril de 1994.

Informe de Comisión:

Relaciones Exteriores, sesión 13°, en 14 de julio de 1994.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

La Comisión propone aprobar el proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.

--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, informado por la Comisión de Relaciones Exteriores, sobre aprobación del "Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente", adoptado en Madrid el 4 de octubre de 1991.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de acuerdo:

En segundo trámite, sesión 6a, en 30 de junio de 1992.

Informe de Comisión:

Relaciones Exteriores, sesión 19a, en 9 de agosto de 1994.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Dicha Comisión deja constancia de que consultó a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales -la cual emitió una opinión favorable sobre el particular-, y propone aprobar el proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , este Protocolo, firmado en Madrid, es consecuencia del Tratado Antártico de 1959 y establece una serie de normas de todo orden, muy detalladas, destinadas a evitar la contaminación del continente antártico. En ellas se establece un conjunto de reglas sobre problemas ambientales, como los causados por las aguas servidas, la introducción de animales, la explotación de minas, etcétera. Se trata de un Protocolo completísimo, pero lo más importante es que no se discuten los derechos de los países en la Antártica, de manera que los que Chile reclama se encuentran perfectamente salvaguardados con este proyecto de acuerdo. El Protocolo es muy complicado, bastante extenso, y contiene una serie de anexos en los cuales se tratan distintas materias que dicen relación a actividades que pueden contaminar el continente antártico.

Por lo tanto, después de escuchar a don Oscar Pinochet de la Barra, que realizó una exposición muy larga y completa sobre el tema, la Comisión, por unanimidad, propone aprobar el proyecto de acuerdo.

Cabe hacer presente que el señor Pinochet de la Barra se refirió a la necesidad de llevar a cabo obras relacionadas con el tratamiento de aguas servidas y de desechos generados en las Bases chilenas. También añadió que esperaba que en la Ley de Presupuestos de 1995 se considerara una Partida de mil cien millones de pesos para nueve proyectos, dos de los cuales son muy importantes. Uno de éstos se refiere al tratamiento de aguas servidas en la Base Presidente Frei , y el otro, a un tratamiento similar en la Base O'Higgins, que es muy grande y está contigua a la antena satelital de Alemania. Allí se necesitan 50 millones de pesos para la finalidad indicada. En todo caso, estas son materias anexas al Protocolo.

En consecuencia, solicito al Senado acoger e) proyecto de acuerdo por unanimidad.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se lo dará por aprobado.

--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, sobre aprobación del "Acuerdo para el Establecimiento de la Comisión Binacional Permanente", suscrito con México en 1993. Tiene informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de acuerdo:

En segundo trámite, sesión 4°, en 9 de junio de 1994.

Informe de Comisión:

Relaciones Exteriores, sesión 4°, en 9 de junio de 1994.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

La Comisión, por la unanimidad de sus miembros, propone aprobar este proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , el Acuerdo respectivo establece una Comisión Binacional Permanente entre los Gobiernos de Chile y México, que será presidida por los Cancilleres de ambos países. Y al entrar en vigor dicho Acuerdo, quedará sin efecto el Mecanismo de Consultas Periódicas sobre Temas Políticos, Económicos y de Cooperación, de 1990.

La Comisión Binacional Permanente estará conformada por las siguientes Subcomisiones: Política, Económica, Comercial, de Cooperación Técnica y Científica, Cultural y Educativa. Conocerá de los resultados y conclusiones a los que lleguen la Comisión Administradora del Acuerdo de Complementación Económica y las demás comisiones y grupos bilaterales establecidos en virtud de los acuerdos institucionales entre Chile y México .

El Acuerdo se encuentra provisionalmente en aplicación desde el intercambio de las Notas Reversales, y no existe ningún problema para la aprobación del proyecto de acuerdo.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Si le parece a la Sala se dará por aprobado.

-- Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, informado por la Comisión de Relaciones Exteriores, sobre aprobación del "Convenio Internacional relativo a la Intervención en Alta Mar en Casos de Accidentes que Causen una Contaminación por Hidrocarburos", de 1969, y el "Protocolo relativo a la Intervención en Alta Mar en Casos de Contaminación por Sustancias Distintas de los Hidrocarburos", de 1973.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de acuerdo:

En segundo trámite, sesión 17a, en 13 de agosto de 1992.

Informe de Comisión:

Relaciones Exteriores, sesión 25a, en 18 de agosto de 1994.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

La Comisión, por la unanimidad de sus miembros, propone aprobar el proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , este proyecto de acuerdo también se enmarca en la necesidad de preservar el medio ambiente, y dice relación a los accidentes en alta mar que contaminan las aguas -ya sea por hidrocarburos o por otras sustancias- y pueden causar daños ecológicos. En él se establece una serie de procedimientos que deben llevar a cabo los países ribereños con el objeto de tomar las medidas necesarias para evitar la propagación de los hidrocarburos u otras sustancias. Los Estados Partes deben consultar con otros antes de tomar esas medidas. Además, se consagra la supervisión de la Organización Marítima Internacional para la aplicación e implementación del Convenio.

Toda la normativa preceptuada en el proyecto de acuerdo tiende -como señalé- a facilitar las acciones de los Estados Partes para evitar la contaminación de los mares. Por eso, en la necesidad de contar con organismos e instituciones y con normas que regulen esta materia, la Comisión de Relaciones Exteriores lo aprobó por unanimidad y solicita al Senado proceder en igual forma.

Si le parece a la Sala, se aprobará en general y particular el proyecto de acuerdo.

--Se aprueba.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, sobre aprobación de las Actas del XX Congreso de la Unión Postal Universal, celebrado en Washington, en 1989. Cuenta con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de acuerdo:

En primer trámite, sesión 15ª, en 9 de diciembre de 1992.

Informe de Comisión:

Relaciones Exteriores, sesión 25a, en 18 de agosto de 1994.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

El informe deja constancia de que se consultó a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, la cual estimó conveniente la aprobación del proyecto de acuerdo.

Asimismo, la Comisión dirigió oficio al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones , a fin de recabar su opinión respecto del carácter de los "Reglamentos de Ejecución" de las diversas Actas, y la respuesta de éste figura en el informe.

En definitiva, la Comisión propone aprobar el proyecto con las enmiendas que indica.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , el proyecto de acuerdo en debate aprueba el Cuarto Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión Postal Universal, el Reglamento General de la misma, el Convenio Postal Universal y su Protocolo final, el Acuerdo Relativo a Encomiendas Postales y su Protocolo final, el Acuerdo relativo a Giros Postales y otros dos relativos al Servicio de Cheques Postales y a Envíos contra Reembolso.

Luego de debatirlo, la Comisión concluyó la inconveniencia de incluir los "Reglamentos de Ejecución", que, en definitiva, se eliminaron.

Cabe destacar la importancia del Reglamento General de la Unión, en el cual se nombra el Consejo Consultivo, constituido por 35 miembros, y se fijan los gastos anuales, que ascienden a 18 millones de dólares.

Por su parte, el Convenio Postal Universal incluye las disposiciones generales de libertad de tránsito, franquicias postales, correspondencia, etcétera.

Los restantes son muy sencillos y no vale la pena detallarlos.

La Comisión propone aprobar el proyecto.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se aprobará en general y particular el proyecto de acuerdo.

--Se aprueba.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde proseguir la discusión particular del proyecto de ley que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, que cuenta con segundos informes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud, unidas, y de Hacienda.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 50a, en 11 de mayo de 1993.

Informes de Comisión:

Salud, sesión 27a, en 19 de enero de 1994.

Hacienda, sesión 27a, en 19 de enero de 1994.

Trabajo y Salud, unidas (segundo), sesión 17a, en 3 de agosto de 1994.

Hacienda (segundo), sesión 17a, en 3 de agosto de 1994.

Discusión:

Sesiones 29a, en 25 de enero de 1994 (se aprueba en general); 22a, 23a, y 24a, en 11, 16 y 17 de agosto de 1994 (queda pendiente la discusión particular).

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , ayer estuvo el señor Ministro en Graneros , inaugurando la ampliación de un hospital muy importante. Y debo decir que, en parte, soy responsable de su ausencia en esta oportunidad, porque cuando me consultó si era indispensable su asistencia, le contesté que, habiendo hecho él la exposición de la iniciativa y asumido posteriormente la responsabilidad el señor Subsecretario, don Fernando Muñoz , me imaginaba que se repetiría la buena disposición que mostró el Senado en la sesión anterior. Obviamente, me equivoqué, y lo confieso.

Por otro lado, cabe destacar que don Fernando Muñoz es médico de profesión; fue un gran director regional en Temuco y tiene sobrada experiencia en la materia ahora en debate, porque la vivió en la práctica. Creo que su presencia habría sido muy valiosa. Por ello, me sumo a la disconformidad -por así decir- porque se haya negado el ingreso al Hemiciclo del señor Subsecretario.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Respecto del artículo 25, hay una indicación renovada que propone reemplazarlo por el siguiente: "Los funcionarios que trabajen en establecimientos calificados como de desempeño difícil por el Ministerio de Salud, tendrán derecho a una asignación especial, consistente en un porcentaje de la remuneración que corresponda. Dicho porcentaje podrá ser de un 10% a un 30% y se regulará de acuerdo a los parámetros que determine cada Municipalidad conforme a la disponibilidad de recursos y a las condiciones de oferta y demanda de trabajo.".

La firman los Honorables señores Prat , Ríos, Romero, DÍEZ, Lagos, Siebert , Pérez , Cooper , Fernández y Martin .

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En discusión la indicación renovada.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , la verdad es que esta indicación renovada, formulada inicialmente por el Honorable señor Piñera , no se enmarca en lo que ha recordado el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra; no apunta a un sistema de contratación en el que las remuneraciones se pactan libremente, materia que el Senado ya discutió y rechazó. A mi juicio, en este caso se trata de algo distinto. La indicación se refiere a los funcionarios que trabajen en establecimientos calificados de desempeño difícil, esto es, en lugares muy alejados o que se hallan en situación muy conflictiva, desde el punto de vista de que se cometen muchos delitos, etcétera.

Ambas normas, tanto la aprobada por las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud, unidas, cuanto la indicación renovada del Senador señor Piñera se refieren, por una parte, a la misma asignación especial, consistente en un porcentaje de la remuneración, que podrá ser de 10 a 30 por ciento, y por otra, a los lugares calificados de desempeño difícil por el Ministerio de Salud. La diferencia radica en que dicho porcentaje, en la primera de ellas, se regula conforme a parámetros de carácter general que fija el Ministerio de Salud, mientras que en la segunda, de acuerdo con parámetros que determina cada municipio según la disponibilidad de recursos y las condiciones de oferta y demanda de trabajo. Porque, naturalmente, si hay mucha oferta de trabajo, aunque los establecimientos sean considerados de desempeño difícil, los municipios encontrarán personal dispuesto a prestar servicio; por el contrario, si ello no es así, deberán ofrecer condiciones muy favorables de remuneraciones.

Por eso, a mi entender, la indicación renovada del Senador señor Piñera no se puede homologar a otras que se han rechazado. Ella tiene por objeto facultar al municipio para que, conforme a la disponibilidad de sus recursos y a las condiciones de oferta y demanda de trabajo, establezca asignaciones de mejor porcentaje.

He dicho.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , me asalta una duda, por cuanto, aunque el porcentaje es el mismo en ambos textos -10 a 30 por ciento-, la base de cálculo en la norma aprobada por las Comisiones unidas es la suma de sueldo base y de la asignación de atención primaria municipal, y en la indicación renovada, la remuneración que corresponda.

A mi juicio, eso implica comprometer de alguna manera el presupuesto de un organismo público como es el municipio. Y no creo que la indicación sea admisible si no cuenta con el patrocinio de Su Excelencia el Presidente de la República . No sé si lo tiene o no. Esa es mi duda.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , ¿en qué se diferencian las dos disposiciones? Ambas establecen 10 a 30 por ciento de asignación especial para quienes laboren en establecimientos calificados de desempeño difícil. Sin embargo, en una de ellas el porcentaje se regula conforme a los parámetros del Ministerio de Salud, que funciona en Santiago y tiene un conocimiento muy precario sobre las municipalidades del país; y en la otra, con los parámetros que fije la entidad edilicia respectiva.

¿De quién son los fondos? De la municipalidad. ¿Quién los administra? La municipalidad. Entonces, lo inconstitucional es que el Ejecutivo maneje dichos recursos.

Por eso, la norma parece absolutamente lógica. Y no tiene relación con el criterio general, sino con un criterio práctico. ¿Cómo podemos aceptar que el Ministerio determine tales parámetros? Volvemos a la centralización absoluta. ¿Para qué abogamos por la descentralización si hasta para calificar de desempeño difícil los establecimientos hay que seguir las órdenes del Ministerio de Salud -de sus funcionarios; a quienes respeto mucho-, ubicado en la calle Mac-Iver, en Santiago, y no del alcalde que está en Curarrehue o en Puerto Aisén? No tiene ningún sentido la regionalización si en cada oportunidad entregamos al poder central las decisiones que competen al gobierno comunal.

Por eso hemos renovado la indicación.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , creo que la inquietud planteada por el Senador señor Thayer es perfectamente justificable.

Indiscutiblemente, podría ser mejor lo señalado por el Honorable señor Díez . Pero sucede que el número 4° del artículo 62 de la Constitución, en cuyo estudio Su Señoría participó, estatuye que corresponde a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República "Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones,", etcétera, del sector público. El Parlamento carece de iniciativa al respecto.

Por lo tanto, para aprobar la indicación del Senador señor Piñera -entendiendo la idea del Honorable señor DÍEZ en cuanto a que es mejor descentralizar- deberíamos modificar la Carta Fundamental. Quizás podríamos aprovechar las reformas recién enviadas al Congreso para incluir esta materia.

En síntesis, la indicación que nos ocupa es inadmisible, porque afecta directamente lo dispuesto en la norma constitucional aludida, dado que tiende a aumentar remuneraciones. Y como las municipalidades, indiscutiblemente, son entes del sector público, nos está vedado hacer ese tipo de indicaciones, aun cuando no nos guste.

He dicho.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , he sido en forma reiterada el más resuelto partidario de la autonomía de los municipios y de la libertad para establecer las normas en el mayor número posible de materias. Sin embargo, hay que entender que aquí estamos frente a un Estatuto que fija disposiciones para los funcionarios que, bajo la administración municipal, se desempeñan en el ámbito de la atención primaria de salud. Y, en este caso, cambiar el ente que calificará de desempeño difícil los establecimientos, determinando que no será el Ministerio -el cual aplicará criterios técnicos y objetivos- sino la municipalidad, producirá, en vez de la autonomía municipal, una presión adicional de los funcionarios sobre aquélla para que declare de tal condición el establecimiento donde prestan servicios y, por tanto, se genere un aumento en la asignación correspondiente.

El criterio con que los establecimientos sean declarados de desempeño difícil debe ser técnico y de carácter general: por razones de distancia, de acceso geográfico, de estacionalidad, etcétera. Y no es expropiatorio de la autonomía municipal que la norma respectiva emane del Ministerio de Salud y que éste fije los parámetros generales que determinarán el porcentaje de la asignación especial.

En segundo término, no veo la coherencia entre el señalado cambio y lo dispuesto en el artículo 6° transitorio, porque éste crea un fondo de recursos complementarios, administrado por el Ministerio de Salud, con la finalidad de financiar el mayor gasto que irrogue a las municipalidades del país la aplicación de las normas del Estatuto. De manera que si a un municipio, de sus ingresos corrientes, le faltan recursos para cubrir los gastos de la atención primaria de salud -como ocurre, por ejemplo, en la educación, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que el Estatuto Docente impone para con los profesores-, el Ministerio de Salud, por haber determinado los lugares donde se tendrá derecho al beneficio, deberá aportar, a través del fondo complementario, los recursos necesarios. Y así evitaremos los conflictos que hoy presenciamos en numerosos municipios del país con los profesionales de la educación.

Por esas razones, estoy de acuerdo con el texto del artículo 25 aprobado por las Comisiones unidas.

He dicho.

El señor PRAT.-

Señor Presidente , creo que la indicación es admisible. No está referida a una norma establecida en una ley, sino a una proposición del Ejecutivo en un proyecto. Entenderla como la interpreta la Mesa significa cercenar las facultades del Congreso a grado sumo. La indicación, incluso, no sube los costos planteados por el Ejecutivo -respeta el tope de 30 por ciento-, sino que radica la facultad de fijar el porcentaje, conforme a los márgenes que la propia iniciativa dispone, en el municipio y no en el Ministerio.

Por eso, a mi juicio, la inadmisibilidad declarada por la Mesa implica llevar las facultades del Congreso a un nivel mínimo, que la Constitución no previo.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Sin duda alguna, el número 4° del artículo 62 de la Carta se refiere a cualquier beneficio.

Y aquí se está otorgando una asignación especial, consistente en un porcentaje de determinada remuneración, a través de una norma de origen parlamentario, sin el patrocinio del Presidente de la República .

Si ello no constituye incremento del gasto, ¿qué otra categoría puede tener?

El señor PRAT.-

Señor Presidente , si lee el artículo que la indicación pretende sustituir, podrá apreciar que establece el mismo gasto y que la única diferencia radica en que la facultad para regular el porcentaje se traslada del Ministerio al municipio.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor GAZMURI .-

Ya fue declarada inadmisible la indicación.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , basta remitirse a la historia del establecimiento del número 4° del artículo 62 de la Constitución para entender que su objeto fue tratar de que por ningún motivo pudiera radicarse en el Parlamento facultad alguna en cuanto a la fijación de sueldos, sistemas de remuneraciones, beneficios o asignaciones con relación al sector público. Indiscutiblemente, cuando se dictó la Carta Fundamental de 1980, las municipalidades tenían aun menos autonomía que hoy.

El problema estriba en que, si se otorga dicha facultad a las municipalidades, éstas podrán aumentar exageradamente las remuneraciones y el gasto, porque bastará que corran el porcentaje del rango mínimo al mayor. Y lo que pretende la norma constitucional mencionada es, precisamente, regular en forma muy estricta el sistema de remuneraciones. Ese fue el objetivo, nos guste o no.

He dicho.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , con relación a la constitucionalidad de la norma, nos encontramos en presencia de lo siguiente.

El régimen jurídico vigente de remuneraciones de todo el personal a que nos referimos es libre; lo pacta libremente la municipalidad con el trabajador. Y el proyecto, iniciado por el Presidente de la República , quiere incorporar a ese régimen una asignación, señalando que los parámetros para regular el porcentaje serán fijados por el Ministerio de Salud; en tanto, la indicación establece que los determinará el municipio.

No veo problema alguno de inconstitucionalidad, más aún cuando toda la iniciativa -se ha señalado reiteradamente ante el Honorable Senado- se refiere a las remuneraciones mínimas. El municipio puede pactar las remuneraciones que estime conveniente, de acuerdo, obviamente, con sus disponibilidades presupuestarias. Así es en la actualidad, y así lo será mañana, con una diferencia y obligatoriedad: de que se trata de remuneraciones mínimas.

El Honorable señor Cantuarias se ha referido a un problema distinto; es decir, a cuál será el aporte obligatorio que hará el Estado, el Fisco. Este es -repito- un tema diferente, pero la determinación de que tal rincón de Puerto Aisén es un lugar aislado o no corresponderá al municipio.

Por eso, a mi juicio, la indicación en modo alguno es inconstitucional. En todo caso, no cabe duda de que, una vez aprobado el proyecto, la municipalidad podrá otorgar la asignación. Lo que se pretende es dejar clara constancia del porcentaje de la asignación y de quién califica o determina que se trata de una zona aislada.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , es indiscutible que estamos repitiendo argumentos que ya hemos expuesto varias veces. El tema ya fue analizado y explicado claramente. Y las condiciones para calificar los establecimientos de desempeño difícil están señaladas en las letras a), b), c) y d) del artículo 26. Pero si la determinación se deja entregada a la exclusiva decisión del alcalde o del concejo, podría verse desvirtuado el sentido de la norma. A nuestro juicio, el Ministerio de Salud cuenta con la suficiente experiencia y conocimiento de todas las regiones y comunas del país como para emitir un juicio justo. Veamos, por ejemplo, qué podría suceder si se aplica la letra b),...

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , voy a fundar muy brevemente mi voto.

Nosotros debemos regirnos por la legislación actual, no por las normas del proyecto. En las disposiciones vigentes hay libertad contractual para las contrataciones de ese personal en las municipalidades. En consecuencia, no hay ningún impedimento constitucional para que éstas fijen bases distintas para el cálculo de esta asignación. Aún más, creo que la indicación responde fielmente al espíritu de la Constitución porque, al mismo tiempo que establece que la calificación de establecimientos de desempeño difícil será hecha por el Ministerio de Salud y dispone que el porcentaje de la asignación podrá ser de un 10 por ciento a un 30 por ciento, precisa que deberá regularse conforme a la disponibilidad de recursos de cada municipalidad. Lo otro resulta absurdo.

Por tal razón, y por tratarse hoy de un sistema de sueldos correspondiente al sector privado, estimo que la disposición es constitucional.

El señor GAZMURI.-

Señor Presidente, estimo que la indicación es absolutamente inadmisible.

En general, en este proyecto ha habido dos concepciones distintas que se han visto reflejadas en la votación. Aquí no se trata de los beneficios que, adicionales al estatuto, puede otorgar cada municipalidad; eso es, sin duda alguna, perfectamente posible. La cuestión es si en el estatuto -hay que tener presente que en ese aspecto son considerados funcionarios públicos, regidos por un sistema especial- es posible modificar lo relativo a la asignación especial que se establece. Ese es todo el asunto. Y, por lo tanto, creo que la indicación es inadmisible.

Voto que no.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , de acuerdo con lo que ha sostenido el Honorable señor DÍEZ, las municipalidades tendrían la posibilidad de otorgar directamente el beneficio. Sin embargo, en ese caso la inconstitucionalidad radicaría en que, por ley, se estaría imponiendo una obligación en una relación contractual y libre entre un empleado y la municipalidad. Por eso, respetando el derecho de la Sala de solicitar que se vote la admisibilidad o inadmisibilidad de la indicación, considero correcta la decisión del Presidente del Senado de declararla inadmisible.

Voto que no.

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente , los aspectos de esta norma que estarían dentro de las facultades exclusivas del Ejecutivo -que se reiteran en la indicación- son, primero, la existencia de una asignación especial; segundo, la razón por la cual ella se otorga, que es el desempeño difícil, y tercero, el porcentaje en que fluctúa, que es de 10 a 30 por ciento.

Esos tres elementos se repiten en la indicación número 54, que tiene por objeto reemplazar el artículo 25. Por lo tanto, el gasto está acotado, y la diferencia radicaría en cuál es la entidad que decidirá al respecto. Desde ese punto de vista, es mucho más coherente con toda la legislación existente sobre la materia, con la municipalización de la salud y con las ideas del mercado, que la municipalidad decida sobre la asignación, y no el Ministerio de Salud.

Por lo tanto, no sólo concuerdo con la indicación formulada, sino que también -por las razones que di denantes- la considero admisible.

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente , siguiendo el razonamiento de otros señores Senadores, si se aplicara esta disposición a las normas actualmente vigentes, a mi juicio, podría ser admisible. Pero ocurre que se va a emplear respecto de un mecanismo que establece que estos funcionarios serán empleados públicos, tendrán un estatuto de igual índole, y, por lo tanto, en esta materia se regirán por las normas fijadas para el resto de la Administración Pública.

De allí, entonces, que la municipalidad no puede determinar condiciones de remuneración distintas de las establecidas por el Presidente de la República, porque carece de atribuciones para ello.

Si consideramos el proyecto en su globalidad, creo que aquí se ha dado una interpretación por completo errada, por cuanto esta indicación tiene que ver con el contexto de todas las enmiendas presentadas por el Honorable señor Piñera , las cuales tendían a cambiar totalmente el sentido de la iniciativa, cosa que no se logró. De modo que, para ser consecuentes con lo aprobado hasta el momento, esta norma no tiene cabida en el texto y, por lo tanto, es inadmisible.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , la indicación renovada en debate incide en un asunto de la mayor importancia, porque al asumir un criterio estamos sentando un precedente bastante delicado. En este momento estamos abocados a la constitucionalidad de ella, y más adelante tendremos que pronunciarnos sobre el fondo de la indicación.

Concuerdo con la declaración de inadmisibilidad hecha por el señor Presidente . ¿Por qué? Porque, si bien es efectivo que en la actualidad el personal que presta esos servicios está regido por el Código del Trabajo, ocurre que, según la iniciativa en debate -desde su aprobación en general y de la de otras normas que ya están a firme-, dicho personal estará regido por un estatuto municipal y, por consiguiente, tendrá el carácter de servidor público. Además, es pagado por el Estado, como lo demostró hace un momento un distinguido señor Senador.

Ahora bien, la actual Constitución, bien o mal -a mi juicio, bien, y no sólo en esta Administración, sino desde la época del Gobierno del Presidente Ríos-, partió del principio de no entregar iniciativa al Parlamento en materia de gastos públicos, el que incluso después se ha ido especificando más. Lo que está en juego aquí es si la inadmisibilidad proviene del hecho de que afecte a un personal regido hoy por el Código del Trabajo, pero que en el proyecto aparece sujeto al régimen semifiscal y, por ende, público.

A mi entender, la admisibilidad o inadmisibilidad de una indicación debe referirse al texto del proyecto y a su coherencia con el mismo, porque puede acontecer que mañana se cree un servicio respecto del cual no exista ningún empleado en funciones. ¿Cómo vamos a aplicar el criterio de si es admisible o no una norma que cambia las bases del proyecto del Gobierno? Hay que aplicarlo de acuerdo con la coherencia de la iniciativa misma. Aquí se ha aprobado una y otra vez que se trata de un personal sujeto al Estatuto Municipal y financiado por el Estado, y por consiguiente, no puede cambiarse de régimen por iniciativa parlamentaria. El Parlamento sí tendría la posibilidad de rechazar el proyecto o el artículo respectivo, porque no lo acepta. Pero, de acuerdo con la Constitución, no puede cambiarlo por otro que fije una base distinta.

Por eso, considero que la indicación es inadmisible y respaldo la conducta de la Mesa.

He dicho.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , indudablemente, la materia es dudosa. No obstante, tal como lo he hecho en otras oportunidades, soy de opinión de que la indicación es admisible, porque considero que estamos dando una aplicación tan restringida a las normas, que de alguna manera pretendemos convertirnos en un verdadero buzón de ciertas iniciativas del Presidente de la República .

Creo que la iniciativa dice relación a la materia en general, pero no a una modalidad como es ésta, porque no estamos hablando de mayor gasto, sino de quién podría determinarlo en un momento dado.

Por ello, ante un asunto que reconozco que es dudoso, pero luchando por las facultades del Parlamento, voto por la admisibilidad de la indicación.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Terminada la votación.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-

Resultado de la votación: (19 votos por la afirmativa, 15 por la negativa y 4 pareos).

Votaron por la afirmativa los señores Alessandri, Cantuarias, Cooper, DÍEZ, Errázuriz, Feliú, Fernández, Horvath, Huerta, Lagos, Letelier, Martin, Mc-Intyre, Otero, Pérez, Prat, Ríos, Siebert y Urenda.

Votaron por la negativa los señores Calderón, Díaz, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Lavandero, Ominami, Páez, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sule, Thayer, Valdés y Zaldívar (don Andrés).

No votaron, por estar pareados, los señores Larraín, Larre, Romero y Sinclair.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En consecuencia, se declara admisible la indicación N° 54. Continúa la discusión sobre la indicación.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , en el entendido de que no cambia la base -es decir, de que estamos hablando de las mismas cantidades- y de que el municipio tiene perfecto derecho para establecer estos cargos y sus diferencias, dada la regionalización que todos buscamos y las atribuciones que deseamos entregar a las autoridades comunales, voto a favor de la indicación.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , voté favorablemente la admisibilidad. Sin embargo, la frase final de la indicación dice "conforme a la disponibilidad de recursos y a las condiciones de oferta y demanda de trabajo.". La verdad es que las municipalidades viven desvistiendo a un santo para vestir a otro. En esas condiciones, no es posible aprobar una indicación de esta naturaleza y por eso voto en contra.

El señor LARRE.-

Señor Presidente , ha quedado en claro que el gasto en esta materia se halla acotado por el nivel central. No obstante, en mi opinión, debe darse amplia facultad a cada comuna para que resuelva acerca de qué establecimientos serán beneficiados con la asignación especial.

La experiencia existente en la Décima Región es la de que normalmente, en materia de rentas del sector educacional, esta asignación ha sido mal aplicada. A menudo, los profesores que están más próximos a los centros urbanos reciben una asignación superior a la de quienes se encuentran más lejos o enfrentan mayores dificultades.

Es más. Días atrás dirigí un oficio al señor Ministro de Hacienda para formular un reclamo sobre la aplicación de asignación de zona en un lugar aislado, como es Neltume, en la provincia de Valdivia, donde tal asignación es mucho menor que en localidades como Coñaripe, Choshuenco y otras más próximas al valle central.

Lo anterior prueba que con frecuencia existe desconocimiento de la realidad en quienes están a cargo de estos factores. Por lo tanto, estando establecido y acotado el gasto para cada comuna, lo lógico es que la autoridad local y el concejo comunal determinen el monto de la asignación.

Por encontrarme pareado con la Honorable señora Carrera, no puedo votar.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , seré muy breve, porque no quiero dejar pasar la afirmación de que estamos disminuyendo, evitando o haciendo más ineficiente el proceso de descentralización en Salud. No es eso. Lo que pretendemos con el rechazo de la indicación es primeramente que el parámetro por el cual una localidad sea calificada como "de desempeño difícil" sea valorado no por quienes pertenezcan a ella, pues todos pedirán tal calificación. Recuerdo al respecto los argumentos del Senador señor Cantuarias ; y en segundo lugar, porque los dineros por entregar estarán reforzados, por lo cual no será necesario esquilmar a las municipalidades para esas demandas. Constituye la única manera para que los municipios más pobres no queden rezagados en relación con aquellos que tienen más posibilidades de contar con mayores recursos.

Al leer la indicación, los señores Senadores se van a dar cuenta de que su efecto será precisamente contrarío a las razones tenidas en vista para su aprobación. En ese sentido, me hace fuerza la argumentación dada, por lo cual votaré en contra.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , también me pronunciaré en contra no sólo por las razones de tipo constitucional que di hace un momento, sino por el fondo de la misma, porque conduce a un camino incompatible con cualquier coherencia de la iniciativa.

Según el proyecto los mayores gastos derivados de asignaciones se pagarán con cargo a un fondo que se administra conforme lo señala el artículo 6° transitorio. Por lo tanto, carece de consistencia el que cada municipio decida según su criterio el recargo correspondiente a un desempeño funcionario en condición difícil, porque -excúsenme Sus Señorías la comparación- sería como entregar al zorro el cuidado del gallinero.

Si lo que se busca -ésta es la filosofía de la indicación, en concordancia con otras- es que el municipio estipule directamente con su personal los beneficios, es necesario advertir que eso ya no puede ser, pues se prefirió un estatuto semimunicipal y no el Código del Trabajo. Se optó por la carrera funcionaria y no por la convención colectiva.

Si hay carrera funcionaria y, por lo mismo, estatuto municipal, pretender que cada municipio convenga libremente con su personal el monto de la asignación de desempeño difícil, el personal de cada municipio alegará tener el máximo de dificultad para su desempeño. ¿Y quién paga la asignación? El Estado. Se administra de acuerdo a un mecanismo indicado en el artículo 6° transitorio. Por consiguiente, la municipalidad no recibirá los fondos que pretende si no se acomoda a los parámetros fijados por el Ministerio respectivo.

Como la indicación no calza con nada de lo aprobado, debe ser rechazada.

Voto que no.

-- Se rechaza la indicación renovada (15 votos contra 13, una abstención y 6 pareos).

Votaron por la negativa los señores Calderón, Cantuarias, Díaz, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Lavandero, Ominami, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sule, Thayer, Valdés y Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la afirmativa los señores Alessandri, Cooper, DÍEZ, Errázuriz, Feliú, Fernández, Huerta, Letelier, Martin, Mc-Intyre, Otero, Pérez y Prat.

Se abstuvo de votar el señor Urenda.

No votaron, por estar pareados, los señores Larraín, Larre, Ríos, Romero, Siebert y Sinclair.

--Se aprueba.

--Se aprueba.

--Se aprueba.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

La indicación N° 60, renovada, por los Senadores Prat, Ríos, Romero, DÍEZ, Lagos, Siebert , Pérez , Cooper , Fernández y Martin , es para sustituir el artículo 28 por el que sigue:

"Artículo 28.-

La carrera funcionaria deberá garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso y el acceso a la capacitación; la objetividad de las calificaciones; reconocer la experiencia, el perfeccionamiento y el mérito funcionario, en conformidad con las normas de este Estatuto.".

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , aquí nos encontramos en un concepto de fondo: si lo que ha de regir la permanencia de los funcionarios que tienen igualdad en el ingreso es la capacitación, la objetividad de las calificaciones, la experiencia, el perfeccionamiento y el mérito funcionario, o si, también, se garantizará la estabilidad en el empleo.

Hablemos las cosas con franqueza. ¿Queremos una ley que favorezca a los enfermos o una que dé garantía de estabilidad a los funcionarios?

No hay duda de que si un funcionario tiene experiencia, preparación y capacidad, tiene estabilidad. Esta la gana por el cumplimiento de su deber, no porque lo establezca la ley.

Por esta razón, creo conveniente la aceptación de la indicación renovada.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , los enfermos son atendidos en la medida en que los que trabajan en la Salud estén bien remunerados y tengan estabilidad en el empleo. En mi opinión, hay una relación directa. Todos quienes sufren las consecuencias de la inestabilidad del trabajo laboran en malas condiciones y, por lo tanto, ello puede repercutir en los enfermos.

Indudablemente que quienes se someten año a año al proceso de calificaciones y en una oportunidad no quedan ubicados en Lista 1, evidentemente serán sancionados, pudiendo perder rango, escalafón y recursos.

Soy partidario de que, de alguna manera, la antigüedad de los profesionales y funcionarios de la Salud sea respetada.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , la disposición en debate se halla en directa relación con el artículo 44 de la iniciativa, sobre causales de término de la relación laboral.

La estabilidad en el empleo se debe a que éste sólo termina en virtud de las causales fijadas en la ley, en este caso, en el artículo 44 del proyecto. Por consiguiente, suprimir aquí la expresión "estabilidad en el empleo" no tiene sentido si al mismo tiempo se mantienen como causales de cesación sólo las establecidas específicamente en la ley.

La indicación corresponde a un concepto distinto, forma parte de un conjunto de sugerencias de un distinguido señor Senador, quien planteaba un criterio muy respetable, pero diferente, para regir todo el cuadro del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. Por consiguiente, estimo que la supresión de la frase "y estabilidad en el empleo" en esta definición no tiene sentido si se mantiene el artículo 44 que fija las causales precisas de cesación en el cargo.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , el artículo 28 dice directa relación a los artículos 15 y 44, como lo ha recordado el Honorable señor Thayer .

El artículo 15 -ya aprobado- establece: "El personal contratado en forma indefinida tendrá derecho a la estabilidad en sus funciones y su relación laboral solamente terminará por alguna de las causales señaladas en esta ley.". Dicha estabilidad significa que los trabajadores sólo cesan por una causal legal. Nada podría extrañamos de una norma de tal naturaleza, porque lo mismo ocurre con los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, los cuales también gozan de estabilidad en la medida en que su cese de funciones sólo puede disponerse por una causal de rango legal.

Por eso, la disposición del artículo 28 que se discute debe entenderse en armonía con el artículo 15. Este reconoce la estabilidad al establecer que el cese de funciones sólo puede disponerse por una causal fijada en la ley, según preceptúa el artículo 44 del proyecto.

Respecto del artículo 44, he renovado indicación para suprimir su rigidez actual. En cambio, el artículo 28 no me merece observaciones, por ser armónico con el 15, razón por la cual rechazaré la indicación que lo modifica La estabilidad existe desde que la causal de cese tiene que estar establecida en la ley, y ésa es la condición que cumple el artículo 44, respecto del cual debemos ver que tenga la suficiente flexibilidad como para que el sistema pueda operar de manera medianamente eficiente.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , pienso que esta disposición no agrega ni quita nada al proyecto. Se trata de un precepto bastante lírico, ya que no contiene en sí ningún derecho que pueda reclamar el funcionario. Por lo tanto, carece de sentido.

Lo que realmente cuenta, como se ha dicho, es lo establecido en el artículo 44. Allí es donde se juega, en verdad, la posibilidad de que un funcionario se mantenga en el cargo, y determina, en consecuencia, su estabilidad.

De consiguiente, no tiene mucho sentido que la norma permanezca, como tampoco reviste gravedad su eliminación.

--Se rechaza la indicación con la misma votación anterior.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Corresponde enseguida tratar la indicación N° 62, renovada por los señores Piñera, Lagos , Siebert , Errázuriz , Romero, Larre , Ríos, Prat , Díez , Feliú y Larraín , para agregar al artículo 29 el siguiente inciso segundo nuevo:

"El que haya ganado el concurso público permanecerá a prueba durante seis meses. El Director o Jefe del establecimiento donde realice sus funciones, al término del período de prueba, deberá calificar su desempeño de satisfactorio o de insatisfactorio. De ser calificado satisfactorio quedará incorporado, por el solo ministerio de la ley, a la dotación con contrato indefinido. De ser insatisfactorio su desempeño, cesará de inmediato sus funciones y deberá llamarse a nuevo concurso público. El Director o Jefe del establecimiento deberá efectuar la calificación dentro de los Díez días siguientes al término del período de prueba. Si no lo hiciere, se entenderá que el desempeño ha sido satisfactorio, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa del Director o Jefe del establecimiento, por su omisión".

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , como decía, el proyecto establece estabilidad laboral, al tiempo que especifica las causales de cese. El texto vigente, a mi juicio, impone un sistema inmanejable por cuanto es sumamente rígido. En virtud de esta norma, quien gane un concurso habiendo pasado una prueba o presentado determinados antecedentes, ingresa, pero su calidad es precaria. Durante seis meses debe demostrar sus méritos.

Todo aquel que incluya en su experiencia profesional la calidad de jefe y haya podido apreciar a un funcionario primero por el resultado de un concurso y después por su desempeño laboral, coincidirá en lo siguiente: muchas veces, en un período laboral de seis meses, por distintas razones -falta de adaptabilidad, desencuentro con el trabajo, cantidad de problemas personales que no les significa una mala calificación, pues son buenos funcionarios-, las personas incurren en actos involuntarios.

A mi juicio, la norma es buena en el presente y en todos los estatutos. Debo recordar que en la administración del Estado -como alguien recordaba- la experiencia es otra: los funcionarios, normalmente, antes de ingresar a la planta, se desempeñan a contrata por un tiempo más o menos prolongado, circunstancia que determina que, cuando participan en un concurso y lo ganan, ya sean conocidos por sus condiciones para el trabajo. En cambio, en el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal la contratación queda sumamente limitada y, en principio, la opinión mayoritaria de la Comisión fue que todas las personas ingresen, de partida, con contrato indefinido. La indicación ofrece una válvula de escape que permitirá al municipio, después de seis meses, probar si realmente el funcionario tiene condiciones de idoneidad para los efectos de que, cumplido ese plazo, obtenga nombramiento indefinido.

Por estas razones, votaré a favor de la indicación renovada.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , en la letra f) del artículo 44, se soluciona el problema. En efecto, si la persona que ingresó vía concurso es calificada en lista de eliminación o condicional, inmediatamente cesa en el cargo. Así que no es necesario someterla a juicio a los seis meses. Por lo demás, no me gustan los juicios a los seis meses, ni, incluso, en el caso del Gobierno, porque es un plazo demasiado prematuro.

El señor LARRE.-

Señor Presidente , coincido plenamente con la Senadora señora Feliú . Los de salud son sistemas muy especializados, a los cuales el contratado debe adaptarse, especialmente cuando las tareas se cumplen en zonas rurales. Son numerosos los establecimientos de atención de salud primaria que no se encuentran en las ciudades. Y el grueso de quienes concursan lo forman profesionales, paramédicos o auxiliares del sector urbano y que sufren un efecto de adaptación. Por eso, muchos de ellos fracasan en su intento, pero se mantienen en la planta del sistema local, con la intención de llegar a los centros urbanos donde están los establecimientos principales.

Por esto estimo altamente justificable que se someta al personal de los establecimientos de atención primaria a un período de prueba, y muy en especial en las comunas urbano-rurales y rurales, donde el ambiente en que se va a desempeñar el funcionario es muy distinto de aquel en que se crió y formó.

La indicación me parece positiva, y me animo a solicitar a la Sala que la apruebe.

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente , en mi opinión, el problema radica justamente en lo planteado por el Senador señor Larre

Cuesta conseguir un profesional que vaya a servir en el sector rural o en los lugares apartados. Por eso es inconveniente oponer más dificultades a las que ya existen: remuneraciones bajas, problemas de todo orden para el traslado de las familias, etcétera. Ahora se quiere agregar la de no darle ninguna seguridad de permanencia en su cargo, sino después de seis meses. Y, aun cuando cumpla bien su misión, si no le gusta al director del establecimiento, también puede perder su trabajo.

Estamos de acuerdo en que haya una calificación una vez al año y en que del resultado de ella dependa si la persona sigue o no sigue en su cargo. Pero poner más dificultades a las hoy día existentes para que un profesional vaya a servir en lugares apartados, me parece un error.

Estaría absolutamente de acuerdo en imponer tal modalidad en los hospitales donde efectivamente haya interés en llegar; pero no cuando se trate de los consultorios municipalizados, especialmente los de sectores rurales, donde cuesta mucho que lleguen los profesionales.

Por lo tanto, solicito a los señores Senadores tener presente que en este estatuto debemos facilitar la contratación de profesionales, y no obstaculizarla. El principio planteado en la indicación es bueno para otro tipo de actividad, pero no para ésta.

En consecuencia, en mi opinión, debemos rechazar la indicación, como ya lo hicieron las Comisiones de Salud y de Trabajo, unidas.

El señor HAMILTON .-

Señor Presidente , sólo respecto de una cosa estoy en desacuerdo con el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra. No veo en qué materias puede ser bueno aplicar el sistema propuesto. ¿Acaso llamar a un concurso y, si alguien lo gana (se supone que reunirá todos los requisitos para hacerlo), no nombrarlo en forma definitiva sino provisionalmente, de manera que durante un período determinado sea absolutamente obsecuente para que su jefe inmediato decida mantenerlo y no cambiarlo?

Aquí estamos hablando de consultorios, de médicos, de lugares apartados donde hoy día, objetivamente, hay problemas para proveer los cargos; sin embargo, se pretende establecer una condición de precariedad respecto del eventual nombramiento, lo que va a hacer mucho más difícil suplirlos. En consecuencia, estoy en contra de la disposición y del principio que la anima.

Tampoco he visto -ni en la universidad, ni en la administración pública, ni en la Contraloría, ni en esta misma Corporación, ni en ninguna otra parte que yo conozca- que se recurra a concursos para proveer determinados cargos, sólo por un tiempo de seis meses. Si alguien ingresa a un servicio por concurso -que es la mejor forma de ganarse un cargo-, y por cualquier razón no rinde en su trabajo, ahí estará la calificación o la causal de despido que ha de hacerse efectiva en tales circunstancias.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , el debate sobre esta materia está casi agotado. Sólo quiero agregar que, a mi juicio la indicación tiene un inconveniente técnico.

El mecanismo que conduce a la autoridad a declarar que se gana un concurso, implica cierta reglamentación y un procedimiento legal conocidos. No me parece adecuado el principio de que un concurso, efectuado con todas las garantías y en conformidad a las reglas prefijadas, quede sujeto a que al cabo de seis meses el director o el Jefe del establecimiento, por sí y ante sí, lo deje sin efecto, por estimar insatisfactorio el rendimiento de quien lo ganó, y llame a un nuevo concurso. No sé si la segunda vez podrá hacer lo mismo; pero esta modalidad de contratación podría conducir, en definitiva, a sustituir el régimen de calificación o la normativa de los concursos por la voluntad unipersonal del director o del jefe de un servicio.

Por eso, votaré en contra de la indicación.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , debo manifestar que el hecho de hacer valer el derecho a fundar el voto en el momento de emitirlo, favorece principalmente a los señores Senadores cuyos apellidos comienzan con las primeras letras del abecedario. En cambio, los que debemos pronunciarnos al final -así ocurre, por ejemplo, con el señor Presidente , con el Honorable señor Andrés Zaldívar y con quien habla- tenemos escasas posibilidades de influir en la votación de los demás señores Senadores.

Al respecto, cabe precisar que en las Comisiones unidas voté a favor de esta indicación renovada; sin embargo, después de escuchar las argumentaciones que aquí se han dado, me he convencido de que es preciso rechazarla. Y pienso que es necesario votar en contra de ella, primero, porque en las Comisiones era factible mejorar la redacción de la norma, toda vez que, de aplicarse el procedimiento propuesto, forzosamente se producirá una laguna, una nueva vacancia durante algún tiempo, ya que habrá que esperar seis meses para que el funcionario quede eliminado, y será necesario posteriormente efectuar otra vez el concurso, situación que ya no está en nuestra mano modificar; y segundo, porque, como en el nombramiento del postulante ganador intervienen personas diferentes del director o jefe del plantel, la tarea realizada por estas autoridades, esto es, en este caso, por una comisión de jerarquía superior, puede ser destruida por un funcionario de menor rango.

Lo expuesto me ha impulsado a cambiar de opinión. He querido darla a conocer antes de la votación, porque podría influir en la misma.

He dicho.

--Se rechaza la indicación renovada Nº 62 (17 votos contra 12 y 6 pareos).

Votaron por la negativa los señores Alessandri, Calderón, Cantuarias, Díaz, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Lavandero, Ominami, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sule, Thayer, Urenda, Valdés y Zaldívar (don Andrés).

Votaron por la afirmativa los señores Cooper, DÍEZ, Errázuriz, Feliú, Fernández, Huerta, Letelier, Martin, Mc-Intyre, Otero, Pérez y Prat.

No votaron, por estar pareados, los señores Larraín, Larre, Ríos, Romero, Siebert y Sinclair.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , para aprovechar el tiempo, quiero decir algo muy breve.

Para renovar la indicación que acabamos de tratar, la que suscribí junto con otros señores Senadores, tomamos en cuenta que el hecho de contratar a un funcionario a prueba durante seis meses permite detectar antes si se cometió un error, y no debe esperarse todo un año para llamar nuevamente a concurso. En seguida, vendría la realización del mismo, y finalmente, habría que volver a contratar a otra persona. En todo esto se perderían dos años o más, como acota un señor Senador ...

El señor HAMILTON .-

La indicación ya se rechazó.

El señor ERRÁZURIZ .-

Lo sé, pero deseo dar a conocer este argumento porque creo que algunos señores Senadores han votado en forma equivocada.

Por la vía de contratar a prueba durante seis meses, se puede corregir de manera rápida el error que eventualmente se hubiera cometido en el concurso. Por lo demás, no será un funcionario subalterno, sino el jefe respectivo quien dará cuenta de que la persona contratada no es eficiente y que, por lo tanto, deberá reemplazársela. Y esto, como es normal en toda empresa de cualquier actividad, se hará con la celeridad que corresponde. De lo contrario, el mecanismo será muy lento.

--Por unanimidad, se aprueba el artículo 29 propuesto por las Comisiones unidas, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que se pronunciaron favorablemente 27 señores Senadores.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , votaré a favor de la indicación renovada porque considero malo todo aquello que tienda a establecer un monopolio de ciertas profesiones para desempeñar determinados cargos.

Aquí se ha dicho que los abogados podrían desempeñar muy bien el cargo de Director. Creo que igualmente bien lo podrían hacer los ingenieros, o los administradores, que están especialmente capacitados para ejercer labores de dirección y de conducción. Pero respecto de la rama médica, me parece que se han confundido dos conceptos. Los médicos han considerado -así lo plantearon los representantes del Colegio de la Orden hace pocos días- que sólo ellos entienden en materia de administración de salud, y que únicamente los facultativos podrían administrar establecimientos de salud.

La verdad es que también pueden encargarse de administrar esos planteles otros profesionales. Naturalmente, los médicos son indispensables -esto no lo reconozco yo, sino que es obvio-, pues son las únicas personas que están en condiciones de examinar y sanar a los enfermos; pero no son imprescindibles para administrar los respectivos establecimientos. Muy por el contrario, para tales efectos es mejor que alguien posea conocimientos en materia de administración.

Pienso que la disposición sustitutiva propuesta en la indicación es muy adecuada, tanto más cuanto que se dice reiteradamente que los médicos son pocos. Por lo mismo, es inconveniente que pierdan sus valiosos conocimientos al encargarse de asuntos administrativos que no les son propios.

Por eso, votaré a favor de la indicación renovada.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , por aquello de "pastelero a tus pasteles", considero esencial que el cargo de director de un establecimiento de salud lo ejerzan quienes entienden sobre el tema de la salud. Y esta labor no se circunscribe solamente a los médicos, porque de la lectura de las letras a), b) y c) del artículo 30 propuesto por las Comisiones unidas, se desprende que también podrán ejercerlo los farmacéuticos, químicos-farmacéuticos, bioquímicos, cirujanos-dentistas, asistentes sociales, enfermeras, etcétera. Porque a lo largo de los años se adquiere una experiencia profesional que es buena: las personas que están inmersas en el campo de la salud entienden mejor el problema, pues no sólo lo conocen en teoría, sino que lo viven.

En mi opinión, no sería adecuado que un ingeniero civil fuera director de un consultorio o de un hospital tipo 3, porque, como no conoce el tema, indudablemente se desempeñaría mal, pese a su inteligencia y preparación.

Insisto en que el artículo 30 debe mantenerse tal como lo aprobaron las Comisiones unidas. Por ello, votaré en contra de la indicación.

El señor PRAT.-

Señor Presidente , creo que la indicación tiene un elemento sustancialmente positivo: amplía enormemente las posibilidades para llenar un cargo.

Al exigir sólo tener una profesión de cierto rango y con determinada duración de la carrera universitaria respectiva, se califica el nivel de conocimientos requeridos para ocupar el puesto de director; pero, al mismo tiempo, al abrir a diversas profesiones el ámbito para ocupar dicho cargo, se da un grado de flexibilidad y extensión que favorece la resolución de problemas que muchas veces son puntuales, específicos y no solucionables a través de una norma rígida como la contemplada en el artículo propuesto por las Comisiones unidas.

Sobre el particular, hay múltiples experiencias que validan el buen desempaño que personas con otras profesiones pueden tener en esta área. De hecho, existe un caso muy vivido y actual: el del propio señor Ministro de Salud , quien está dando pautas realmente interesantes al tocar a fondo los problemas de la salud, aun cuando, según entiendo, es ingeniero.

Por otro lado, es bueno que los jefes de servicios de salud no tengan demasiada relación con el gremio médico, ya que hoy en día habitualmente se halla en huelga y, por lo tanto, dichos servicios quedarían desprotegidos.

El señor DÍAZ .-

¿Me permite, señor Presidente?

Se ha dicho que el Colegio Médico habitualmente está en huelga. Eso no corresponde a la realidad.

La señora FELIÚ .-

¡En pie de guerra...!

El señor LARRAÍN .-

Periódicamente.

El señor HAMILTON .-

Quiero plantear dos cosas. En primer término, al igual como lo ha hecho un señor Senador que me antecedió, reclamo por el hecho de que se formule una ofensa gratuita e injusta al Colegio Médico, cualquiera que sea la posición que sustenten frente a determinadas actuaciones quienes lo dirigen en la actualidad.

En segundo lugar, celebro el reconocimiento que se ha hecho de la brillante tarea que está desempeñando el economista que bajo el Gobierno del Presidente Frei dirige el Ministerio de Salud.

Tocante a la indicación renovada del Senador señor Piñera , que establece que para ser director de un consultorio de salud municipal se requiere estar en posesión de título profesional de una carrera cuya duración sea igual o superior a ocho semestres, yo no tendría inconveniente en aceptarla siempre que se agregara que dicha carrera debe guardar relación con la salud. De no ser así, podría darse el caso de que para ocupar el cargo tuviera que competir un médico -esto no significa ir en desmedro de ninguna profesión- con un profesor de canto o de educación física que haya cursado durante un mismo tiempo en la universidad.

Me parece que eso no es serio. Si se desea ampliar las posibilidades y no limitarlas, conforme. Establezcamos, entonces, que se requiere de un título profesional que exija una carrera de duración igual o superior a ocho semestres, siempre que esté vinculada a la salud.

El señor DÍAZ .-

Perfecto.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , en aras a su petición, utilizaré solamente once argumentos y no los veinticinco que tenía previstos.

Recuerdo que cuando se discutió este artículo había dos posiciones. Y pido que el Senado -¡por favor!- comprenda por qué el precepto se redactó de esta manera en la Comisión. La primera posición apuntaba al hecho de que para ocupar el cargo debía considerarse a quienes figuraban en la ley N° 15.076, que son los profesionales comprendidos en la letra a) del artículo aprobado. La otra posición consistía en que esto debía abrirse -como se ha señalado aquí- al extremo de que cualquier persona pudiera ser director de un establecimiento de atención primaria de salud, para lo cual se partió de la base de que todos los chilenos mayores de cierta edad y que tienen determinados estudios se encuentran en condiciones de poder dirigir un consultorio municipalizado. También hubo otros señores Senadores que plantearon una situación intermedia, en orden a que podía contemplarse un área de la salud que pudiera ir más allá de la referida ley. Fue así como se estableció una letra b), que comprende a otras personas para desempeñar dicho cargo.

La Comisión buscó una fórmula útil que diera garantías de eficiencia por lo que significa la experiencia y el conocimiento en el área, lo que no siempre es fácil obtener; que diera también una "chance" a personas que, siendo hábiles, inteligentes, cuidadosas y preparadas, no pertenecieren al sector de la salud, y que, finalmente, diera una posibilidad real de mejorar la eficiencia de quien sea nombrado en el cargo. Por eso, se consignó una letra c), la cual dispone que pueden desempeñarlo "Otros con formación en el área de salud pública". ¿Y por qué se acordó que fuera así? Porque, ciertamente, un profesor o un abogado, cuya contribución al desarrollo del país es inestimable, pueden perfectamente bien dirigir un consultorio, siempre que tengan una cierta preparación en dicho ámbito.

Por lo tanto, nos parece que el proyecto en estudio cumple las tres opciones que se plantean, y lo hace mediante las letras que contempla el respectivo artículo.

Ahora bien, ¿por qué no concordamos con la indicación renovada? Porque, en verdad, ella limita lo que hemos aprobado, representa mucho menos de lo que se puede hacer en la materia y no garantiza la eficiencia. Aquí se ha hablado bastante de la eficacia para catalogar a determinados personeros, al extremo de que se les exige estar a prueba, lo cual constituye un vejamen que no se da en ninguna otra situación respecto de los empleados públicos y privados. Además, la indicación limita la posibilidad de que la persona sea realmente eficiente y conocedora del tema.

Por eso, señor Presidente, la rechazaremos. Y pido al Senado que aprobemos la norma en los términos en que lo hicieron las Comisiones unidas.

Finalmente, debo señalar -y con esto me sumo a las expresiones formuladas por algunos señores Senadores, porque es algo que no puedo dejar pasar por alto- que entiendo el hecho de que pueda haber criterios extremadamente críticos acerca de la conducta de un colegio profesional. Pero lo único que exijo es que se hable con la verdad, por cuanto no se puede decir en esta Sala en forma liviana, que un determinado gremio está habitualmente en huelga, ya que eso no es cierto. Se podrá manifestar que sus integrantes son tozudos o cualquier cosa -como se ha expresado aquí otras veces-, o bien, que no se comparten sus criterios para visualizar la salud en Chile; pero no se puede sostener que permanentemente realizan huelgas, porque eso es falso, como también lo sería si yo dijera que el señor Senador que argumentó en ese sentido, está permanentemente oponiéndose al bien común de los proyectos sometidos a nuestra consideración. Su Señoría tiene una apreciación distinta, pero no es posible calificar intenciones, ni mucho menos cambiar la realidad objetiva, porque tanto en este Gobierno como en el anterior no ha habido huelga por parte de los médicos, salvo la situación puntual que se dio respecto de los servicios de urgencia, que no constituyó, en términos habituales, una huelga.

¡Que hubo paralizaciones de esos profesionales en el Régimen antepasado, ciertamente es efectivo, señor Presidente ! Y ello a mucha honra, porque tales acciones se efectuaron no sólo por problemas de salud, sino también por lo que entendíamos que debía ser el deber cívico de los médicos, lo cual, además, figura en la historia del Colegio del ramo desde hace más de cuatro, cinco o seis décadas.

He dicho.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , compartiendo en términos generales el artículo, debo expresar que me surge una duda en lo concerniente a algunos establecimientos que se ubican en lugares apartados, donde no se cuenta con muchos profesionales de la salud. Por eso, disponer que el cargo de director deberá ser desempeñado por un médico, en el fondo significa perder un profesional y transformarlo en administrador. Esta es una imposición que me produce mucha inquietud.

Creo que la observación formulada por el Senador señor Hamilton es buena, pero siempre que ella sea complementada señalando, por ejemplo, la factibilidad de que dicho cargo lo desempeñe un profesional de la salud o bien un funcionario con estudios administrativos. Porque pongámonos en el caso de que en Puerto Saavedra o en Carahue, donde hay muy pocos médicos, enfermeras o kinesiólogos, tenga que designarse como director de un establecimiento a un médico. Ello significará que la comunidad va a perder a este profesional.

Señor Presidente , encuentro limitativa la indicación, y, por eso -reitero-, comparto la observación formulada por el Honorable señor Hamilton , pero siempre que se contemple la posibilidad -sin perjuicio de que existen médicos con estudios administrativos especializados para manejar los hospitales- de que también ocupe el cargo un profesional que cuente con esos estudios.

He dicho.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , seré muy breve en mi planteamiento.

Pienso que esta discusión, más que visiones políticas o doctrinarias refleja criterios más antiguos y más modernos. La verdad es que la tradición ha sido ligar ciertas actividades, por su especialización, con la necesidad de que sean desempeñadas por profesionales específicamente preparados para el efecto. Eso es en cierta medida lo que, por tradición, se ha dado en Chile y también en otros países; pero, en verdad, no es lo que realmente sucede en el desempeño profesional. Un estudio -no exactamente vinculado a la materia- acerca de cuál es el campo en el que ejercen los profesionales universitarios chilenos, demuestra que0 sólo un 30 por ciento de ellos se desarrolla en actividades específicas de su ámbito; el resto se desempeña en múltiples labores, porque la realidad es mucho más dinámica que la preparación que la persona tuvo en un momento determinado cuando realizó sus estudios. Ello se debe a que el mercado y las actividades empresarial y pública van generando otras demandas de profesionales. Y muchas veces gente que pensaba que su instrucción no era adecuada para desempeñarse en otro medio, se desarrolla en él, y con éxito. Por lo tanto, cerrar esta posibilidad a aquellas personas, a mi juicio significa contrariar en cierto modo las tendencias de la historia, porque hoy día el mercado es completamente distinto y tiene otro dinamismo. Lo mejor sería, entonces, ceñirnos a esto. Por eso, estimo que la indicación que se ha presentado es razonable. Además, hay una garantía para quienes sienten temor; no basta con ser médico para ganar un concurso, porque habrá una competencia, en función de la cual un grupo de personas deberá escoger a quien le parezca más adecuado. Y, por cierto, mientras más posibilidades de resolver pueda tener el jurado o el comité de concurso, será mucho mejor, porque supuestamente procederá con buen criterio. Si por las características del profesional, por su formación en salud, se considera que es el más apto, ciertamente será él quien ganará el concurso. Pero impedir que otras personas postulen al cargo de director porque no cuentan con una especialización de sus estudios en el ámbito de la salud, cuando en múltiples circunstancias pueden tener preparación y capacitación para ello, me parece que es un error y constituye una contraindicación respecto de lo que son las tendencias actuales.

He dicho.

El señor LARRE.-

Señor Presidente , seré muy breve.

Todo lo que se ha discutido en la Sala se encuentra contenido en el artículo propuesto en el segundo informe, que enumera los diversos profesionales que podrán asumir la función de director si cuentan con una formación en el área de la salud pública. Más aún, en el precepto se agrega un tercer elemento que, a mi juicio, es muy valioso, cual es que el cargo de director de un establecimiento de atención primaria durará sólo tres años. En este sentido, la experiencia indica que es bueno realmente que se llame a concurso para llenar dicho cargo una vez transcurrido ese tiempo.

Además, quiero consignar lo siguiente -y es una impresión que me surge a raíz del debate-: no debe confundirse el cargo de director técnico, que debe preocuparse de situaciones propias de salud, de medicina, con el cargo que ejerce quien administra el sistema. Es conveniente que nos vayamos acostumbrando a ello.

Por lo tanto, estimo que lo procedente es que votemos la indicación, teniendo en cuenta que el artículo propuesto en el informe, que es la conjunción de cinco indicaciones discutidas en los órganos técnicos, es realmente amplio.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , quiero manifestar que la norma propuesta en el informe de las Comisiones unidas, a mi juicio, no es suficiente, porque establece que también podrán ocupar el cargo de director "Otros con formación en el área de la salud pública". Y, ciertamente, aquellas personas que tienen una preparación en el campo de la administración, en mi opinión, pueden ser igualmente idóneas para ese efecto.

Por esa razón, voto a favor de la indicación renovada.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , estoy en contra de la indicación renovada, porque, de acuerdo con la definición que consagra el artículo 2°, letra a), puede que los establecimientos municipales de atención primaria de salud sean entidades muy pequeñas, integradas tal vez por tres o cuatro personas, donde es absolutamente necesario poseer al menos dominio de la salud pública, que es -como explicó el Senador señor Larre - la única exigencia que establece la norma propuesta por las Comisiones unidas.

Por tal razón, voto que no.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , aquí se dijo que el Ministro de Salud , sin ser médico, lo estaba haciendo muy bien. Me alegro de escuchar eso. También puede ser Ministro de Defensa una persona que no sea militar, marino, aviador o carabinero. Pero no hay que olvidar que el cargo de Ministro es político, y supongo que el de los directores de los establecimientos de que se trata no posee tal carácter.

Rechazo la indicación.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se rechaza la indicación renovada (10 votos contra 9 y 6 pareos).

Votaron por la negativa los señores Calderón, Cantuarias, Díaz, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Thayer y Urenda.

Votaron por la afirmativa los señores Alessandri, Cooper, Errázuriz, Feliú, Huerta, Letelier, Martin, Prat y Valdés.

No votaron, por estar pareados, los señores Hormazábal, Larraín, Larre, Lavandero, Ominami y Sinclair.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Para los efectos reglamentarios, queda aprobado el artículo 30 propuesto por las Comisiones unidas.

--Se aprueba la supresión.

--Se aprueba el reemplazo.

--Se aprueba la sustitución.

--Así se acuerda y, en consecuencia, queda rechazada por 19 votos contra 8, 2 abstenciones y 7 pareos.

--Se aprueba el reemplazo.

--Se aprueba el inciso tercero, nuevo.

--Así se acuerda y, por lo tanto, queda rechazada por 19 votos contra 8, 2 abstenciones y 7 pareos.

--Se aprueba la sustitución.

--Se aprueban las proposiciones de las Comisiones unidas recaídas en los artículos 36, 41 bis, 45 y 53, y el artículo 42, que no fue objeto de indicaciones, dejándose constancia, para los efectos constitucionales relativos al quórum, de que emitieron pronunciamiento favorable 25 señores Senadores.

--Se aprueba.

--Así se acuerda y, por tanto, queda rechazada por 19 votos contra 8, 2 abstenciones y 7 pareos.

--Se aprueba la sustitución.

--Se aprueba la proposición.

--Se aprueba la sustitución.

--Se aprueba la recomendación.

--Se aprueba la sustitución.

--Se aprueba el reemplazo.

--Se aprueba.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Se han renovado las indicaciones números 86 y 89 del boletín respectivo. La indicación N° 86 ha sido renovada con la firma de los Senadores señores Feliú , Fernández , Mc-Intyre , Martin , Piñera , Huerta , Alessandri , Letelier , Larre y Romero "d) Por término del contrato fundado en las necesidades del servicio, derivadas de su racionalización o modernización o de la disminución de la población atendida, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores".

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , el artículo 44, tal como se ha establecido en el proyecto que se somete a la aprobación del Honorable Senado -el precepto determina las causales para poner término a la relación laboral de los trabajadores con contrato indefinido en un establecimiento municipal de salud-, a mi juicio presenta una rigidez que hará imposible el manejo de estos establecimientos. Debo recordar, sobre la materia, que la Asociación de Municipalidades fue escuchada en dos o tres ocasiones -primero, por la Comisión de Salud y, luego, por las Comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Salud-, y manifestó de manera reiterada que no podían existir normas que le impidieran administrar con cierta flexibilidad.

Quiero hacer presente al Senado que la disposición propuesta en el informe, sin la aprobación de la indicación renovada, permite poner término a la relación laboral por: renuncia voluntaria; falta de probidad, comprobada por medio de un sumario; vencimiento del plazo del contrato, que no se da en el caso de trabajadores con contrato indefinido, en el cual no rige un plazo; obtención de jubilación; fallecimiento; calificación en lista deficiente; salud irrecuperable y estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones. Se agregó, mediante una indicación del Presidente de la República , la disminución o modificación de la dotación. Pero ello, que podría estimarse que da una amplitud o apertura a los municipios para poder poner término a las funciones que desempeña un trabajador, en los casos que sea necesario, opera una vez cada año por causales absolutamente restrictivas.

La indicación renovada, señor Presidente , adiciona algo que, a mi parecer, es absolutamente objetivo y no subjetivo para la administración, y permite poner término al contrato "fundado en las necesidades del servicio, derivadas de su racionalización o modernización o de la disminución de la población atendida, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores".

Pongo el siguiente ejemplo. En un servicio de atención primaria de salud municipal, todo lo relativo a las tarjetas de las personas que son atendidas se realiza en forma manual, lo que obliga a disponer de tres funcionarios para efectuar dicha labor, para llevarla en un archivo, etcétera. Ahora, si el municipio incorpora un sistema computarizado, ya no se requerirían tantos funcionarios, porque bastaría uno solo para ingresar directamente la ficha de las personas atendidas. Sin embargo, la municipalidad no podría poner término a las funciones de los otros trabajadores. La verdad es que esto es completamente absurdo, pues llevaremos a los servicios de atención primaria a una rigidez en el manejo de personal que creará problemas, seguramente no al día siguiente de la publicación de la ley, pero sí en uno o dos años después. Esta situación la comprobamos hoy en el área de la educación. Es realmente dramático que las personas que administran se encuentren metidas en una "camisa de fuerza", pues es imposible poner término a funciones como consecuencia de una racionalización o modernización de los sistemas.

El ejemplo que he dado, de una labor que se realiza manualmente y es reemplazada por un sistema computerizado, es una situación que vemos todos los días. Equipos de rayos sustituidos por otros de tecnología más sofisticada y que requieren menos personal para operarlos es un caso, entre varios, en que es lógico poder terminar la relación laboral vinculada a una actividad que se torna inútil.

Quiero recordar, señor Presidente , que en el diario "La Segunda", hace un par de meses, se relató la situación que ocurre en una empresa de CODELCO donde se eliminaron las máquinas "Hollerith". El personal respectivo, con derecho a una jornada limitada -las tejedoras, como recuerda el Honorable señor Hamilton -, se mantiene en sus cargos hasta el día de hoy y, según las entrevistas efectuadas por el diario "La Segunda", teje bufandas y chalecos para los jefes. Esto, pagado con cargo a los recursos de todos los chilenos. Estimo que esta situación es de la mayor importancia, por lo que apelo al Honorable Senado para que realmente dotemos a los municipios de un sistema flexible.

Finalmente, deseo referirme a un trabajo realizado por don Jorge Rodríguez Grossi -el cual comparto en su integridad-, donde plantea los graves problemas que tiene la administración de la educación en Chile, derivados de todo este tipo de limitaciones. Nadie puede administrar realmente un servicio si se halla topado con una limitación de esta naturaleza: se moderniza la máquina que opera un funcionario y éste debe continuar trabajando hasta que transcurra un año y se modifique la dotación municipal. Y esto último tampoco está bien si ya antes se requiere una dotación más reducida, tal vez, y que permite que el servicio de atención primaria de salud entregue una atención en mejores condiciones.

Por esas consideraciones, señor Presidente , solicito la aprobación de esta indicación, que votaré favorablemente.

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente , voy a señalar una opinión contraria a la indicación y a hacer presente por qué fue rechazada en la Comisión. Y ello ocurrió por un elemento muy básico.

La indicación 86 propone una disposición similar a la existente en la ley N° 19.010, que establece como causal para poner término al contrato de trabajo las necesidades de la empresa. Se trata de introducir la misma normativa. Aquí estamos hablando de funcionarios a quienes garantizamos no inamovilidad, pero sí estabilidad en sus puestos de trabajo de acuerdo a ciertas disposiciones incluidas en el mismo Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. Si aprobamos esta indicación, estamos violando la estabilidad en los puestos de trabajo. Porque la modernización y la racionalización no son cosas objetivas, sino que pueden usarse arbitrariamente para despedir a trabajadores.

Creo que cuando las instituciones se modernizan deben preparar a su personal, para que quienes realizan una función determinada puedan utilizar las nuevas máquinas que llegan a la empresa, y no despedirlos para contratar a otras personas posteriormente. Porque si existe un computador en la empresa, alguien tendrá que usarlo. Lo que debe hacerse, entonces, es ocupar a ese mismo personal.

Por otra parte, se trata de funcionarios que pertenecen a la Corporación Municipal y que están en condiciones de ser ubicados en otro consultorio de salud. Pero no es razonable que los despidan. Pienso que ello violaría lo aprobado en cuanto a la estabilidad en los puestos de trabajo. Por lo tanto, solicito al Senado aplicar en esta oportunidad el mismo criterio que utilizamos en la Comisión para rechazar esta indicación.

He dicho.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , como ha habido confusión en algunas materias y se trata de un proyecto que contiene normas de rango orgánico constitucional, carácter que no reviste, eso sí, el artículo 44, quiero manifestar, a pesar de que estoy pareado con el Senador señor Piñera , que la argumentación formulada para justificar esta indicación adolece de una debilidad en mi opinión importante.

Se han señalado -y con razón- las preocupaciones que situaciones tan especiales como las que ha enunciado la Honorable señora Feliú provocan en quien administra.

Quienes tenemos una concepción cristiana acerca del trabajo no estamos ligando la actividad laboral sólo al acontecer puntual de lo que puede ocurrir con la depreciación tecnológica o con el deterioro de las condiciones de tales o cuales técnicas apropiadas en un momento determinado, sino también al sentido de familia y al de realización personal. ¿Qué se pretende con esto? ¿Proteger a sinvergüenzas? ¡No, señor Presidente ! Porque hay normas suficientemente claras en el propio Estatuto, para que quienes incurran en falta de probidad o en conductas inapropiadas sean exonerados -como corresponde- de estos servicios.

¿Se trata de proteger a los ineficientes, señor Presidente ? ¡No! Porque el Estatuto establece una condición expresa, según la cual la calificación deficiente es ya una causal de despido.

¿Se grava de manera inaceptable a un municipio en estas condiciones? Al respecto, se ha reconocido que existe una norma que dispone que la fijación anual de la dotación puede considerar los factores que con tanto detalle aquí se han especificado.

Señor Presidente , el que nos ocupa es el tema de lo que se entiende por la función del trabajo. Despedir a una persona porque la máquina en la cual se especializó o realizó determinada tarea ya no cumple esa actividad fundamental dentro de la empresa en que se desempeña es una situación que debe ser prevista con anticipación. Y existen normas en el mundo del trabajo moderno, en esas sociedades cuyos modelos algunos señores Senadores nos recuerdan y que siempre explotan en nuestra cara, que se preocupan precisamente de recalificar al trabajador.

Aquí se ha convertido, de repente, hasta en una frase manida hablar de la reconversión. Muy bien. ¿Por qué un Estado basado en principios humanistas no podría darse cuenta de que cuando un trabajador queda obsoleto, en cuanto a las condiciones y experiencias de aprendizaje tecnológico, debe preocuparse de reciclarlo para que enfrente ese desafío, porque detrás de él hay una familia y una visión de conjunto?

Creo, señor Presidente , que los argumentos puntuales y de corto plazo pueden ocultarnos el problema de fondo. No trato de proteger a ningún sinvergüenza, flojo o irresponsable, sino que deseo señalar que colocar esta norma en las condiciones en que aquí ha sido defendida deja en una situación precaria la estabilidad de la persona, entendida como un ser trascendente que se realiza a través del trabajo y conforme lo establece precisamente el plan divino, según los que somos creyentes.

Detrás de cada trabajador, al que con tanta liviandad se pretende dejar en una situación de premura o precariedad, hay una familia. Y porque esto es parte de la concepción doctrinaria que integra la estructural mental de los democratacristianos es que tenemos que rechazar la indicación.

Y si lo anterior no fuera suficiente, desde el punto de vista doctrinario, deseo mencionar que una norma de esta naturaleza que -como recordó el Senador señor Ruiz - introdujimos en el Código del Trabajo se ha prestado para innumerables abusos. Porque, cuando se habla de modernización y flexibilidad en el mercado del trabajo, debe entenderse que hablamos en el mundo real, en donde, todavía, quien tiene un poder -a veces, muy pequeño- abusa de él. Y, como las sociedades tienen que buscar elementos para impedir el abuso y proteger a los más débiles, parece que ya son suficientes las causales para tratar de dar una señal acerca de la responsabilidad, la probidad y la eficiencia, sin tener que dejar en una condición aún más difícil al trabajador chileno.

Por eso, señor Presidente, aunque no puedo votar por estar pareado, hago presente mi posición contraria a la norma que se pretende introducir mediante esta indicación.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , no veo las causas para tanto escándalo por el "término del contrato fundado en las necesidades del servicio, derivadas de su racionalización o modernización o de la disminución de la población atendida, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores". Al contrario, creo que si tales necesidades exigen despedir a un funcionario, así debe ser. Y no se trata de una necesidad económica. No tiene que olvidarse que el servicio son los enfermos.

Espero que alguna vez seamos capaces de ocuparnos de un "estatuto del enfermo", en vez del "estatuto médico-funcionario", y en establecer los derechos del enfermo. Eso es lo que nos está faltando. Estamos mirando nada más que un lado de la medalla: los derechos de los trabajadores. Creo legítimo hacerlo, pero también debemos considerar los derechos de los enfermos. Y cuando hablamos de "necesidades del servicio" nos estamos refiriendo a las necesidades de éstos, porque la finalidad del servicio es la atención del enfermo.

En consecuencia, no me parece prudente el llamado hecho a los principios del Cristianismo o a las bases doctrinarias de determinado Partido para defender a los empleados. Nadie está tratando de atacarlos. Aquí se trata de un servicio de salud cuyo sentido es el enfermo. De modo que el funcionario que, desgraciadamente, deba perder su cargo, por razones de conveniencia del enfermo, buscará otra colocación en la sociedad, en una actividad que tenga capacidad de absorberlo. El que no puede buscar, por estar realmente impedido y necesitado, es el enfermo, y a él debe proteger la ley.

Como digo, espero que algún día discutamos el "estatuto del enfermo", aunque no sea del enfermo funcionario, señor Presidente.

El señor HORMAZÁBAL .-

Excúseme señor Presidente , pero, siguiendo la lógica del Honorable señor Díez , habría que agregar una disposición que señale que sólo podrá ser director quién permanezca en la condición de enfermo.

El señor ERRÁZURIZ .-

Señor Presidente , en mi opinión, para que las empresas, instituciones o servicios de salud sean eficientes, sus administradores deben tener atribuciones necesarias para eliminar ciertos cargos cuando los avances tecnológicos o la incapacidad de adaptación a los mismos de quienes los sirven lo hagan indispensable. Por eso, en la última sesión en que se trató esta materia voté favorablemente la posibilidad de que los funcionarios estén sujetos a las leyes laborales, cosa que, lamentablemente, no ocurre en este caso. Y no me parece razonable prescindir de un cargo o pedir la renuncia a una persona, después de haber hecho todos los esfuerzos por capacitarla -eso es lo normal-, sin pagarle indemnización alguna por sus años de servicio. Porque esa persona deberá buscar trabajo y mientras lo hace tendrá que solventar sus necesidades.

Hago esta observación porque, para que haya verdadera equidad, es menester que exista la posibilidad de acceso a la indemnización -en la ley laboral está limitada a once meses, según entiendo-, y ello no se contempla en la indicación en debate.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , me opongo a la indicación renovada porque, aun cuando responde a un principio muy razonable de agilidad administrativa, no resulta compatible con el resto de la normativa. El artículo 44, ya aprobado, establece -esto se originó en indicación del Presidente de la República -, en el caso de término de funciones por modificación de dotación, el derecho a una indemnización de un mes por año de servicio, con un tope de 11 años, o sea, de 11 meses. El principio de la legislación chilena -incluso la laboral, del Código del Trabajo- concede idéntico beneficio en caso de despido por necesidades de la empresa. En cambio, no veo que la indicación favorezca al trabajador despedido por este concepto con indemnización alguna, porque no lo estipula así y porque ello no se contempla en el resto de la normativa, con la sola excepción de la letra i) del artículo citado, que se refiere a las causales de cesación en el cargo. En ese caso, sí.

En lo personal, reconozco que hubiera sido preferible -todavía es posible hacerlo si hubiere Comisión Mixta- modificar o dar mayor agilidad a la norma del artículo 11 del proyecto, a la que se refiere la letra i) aludida. Pero, en la instancia en que nos encontramos, la indicación no contempla una indemnización por años de servicios, y no podría hacerlo, ya que no está entre las facultades del Congreso fijar beneficios de esta especie con cargo al Estado. Y porque no contiene esa indemnización, es razonable desde el punto de vista constitucional; pero resulta absolutamente inaceptable desde la perspectiva social, precisamente por la misma razón: porque no la contiene.

En suma, señor Presidente , sugiero que, en otra instancia, se perfeccione el artículo 11 de la iniciativa. Pero la indicación no puede ser aceptada, y la votaré en contra.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , trataré de ser lo más breve posible. En varias oportunidades he solicitado a la Sala, e incluso a la Mesa, que se vea la posibilidad de no hacer más debate sobre este tema. Pero, desgraciadamente, ello no ha ocurrido, y se han hecho aseveraciones que, como quedan en la Versión Oficial, si no se rechazan o no se aclaran pueden aparecer como verdades indubitadas. Por eso, creo necesario puntualizar lo siguiente.

En primer lugar, los datos entregados por la Honorable señora Feliú no traducen la realidad objetiva de lo que acontece en los consultorios. Ha presentado una suerte de caricatura del trabajo que se realiza en ellos, que no corresponde a la realidad que hemos constatado todos quienes -de Oposición o de Gobierno- hemos tenido relación directa con la salud, ya como profesionales, ya como alcaldes.

En segundo término, se da como un hecho la ineficiencia y falta de cumplimiento del personal de la salud. Es algo que nadie discute...

La señora FELIÚ .-

No lo he planteado así, señor Senador.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Me estoy refiriendo a otras personas, señora Senadora, pero -se lo digo con el debido respeto- sus palabras también lo han insinuado.

Y eso no es así. No se puede asumir que todos son ineficientes, salvo que se pruebe lo contrario. En su oportunidad, cuando discutamos el tema de la salud, probablemente debamos abordar esta materia. No obstante, quiero traer a colación una encuesta, que gentilmente me ha hecho llegar un señor Senador aquí presente y que no fue elaborada por personas que compartan mi punto de vista. En ella se pregunta a la gente, por ejemplo, cómo considera la atención del personal del consultorio. La respuesta es: "Buena 49%"; "Muy Buena 10%". Es decir, el 59 por ciento de las personas auscultadas por una entidad no gubernativa califica favorablemente la atención. Y se trata de un estudio de opinión realizado -si me permiten mencionarlo- por la UDI hace tres días o una semana atrás.

Entonces, no corresponde seguir señalando como algo evidente la ineficiencia del personal y de los consultorios. Eso no es aceptable. Como decía el Honorable señor Hormazábal , cuando hay ineficiencia debe sancionarse, y para eso están las disposiciones pertinentes de la normativa. Pero no aludamos a ello como algo indubitable, en circunstancias de que no lo es.

En tercer lugar, el Senador señor Díez planteó una cosa muy novedosa y espectacular, a saber, el derecho de los enfermos. Lo que estamos tratando de hacer con esta iniciativa es, precisamente, dar salud, mejorar las condiciones en que son atendidos los enfermos. La legislación sobre ISAPRES y atención primaria de salud no tiene por finalidad simplemente, perfeccionar su estructura, sino permitir que el sector funcione de manera adecuada y, en consecuencia, se atienda mejor a los enfermos.

Sobre el particular, respecto a lo que el señor Senador ha llamado el "estatuto del enfermo", cabe señalar que en la sesión especial que realicemos para abordar el tema de la salud, analizaremos nuestras concepciones sobre cómo se ha tratado a los enfermos hasta ahora. No quiero alargar el debate provocando réplicas; pero no puedo dejar de manifestar que el Senador que habla criticó duramente las políticas de salud de un Gobierno al cual el Senador señor Díez respaldaba, justamente por creer que la disminución del financiamiento del sector que dispuso era negativa para los enfermos.

Señor Presidente, he hecho uso de estos minutos para refutar el uso de argumentaciones absolutamente faltas de prueba a propósito de debates coyunturales.

Anuncio mi rechazo a la indicación renovada.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , una vez más, me remitiré sólo al texto del proyecto y de la indicación que se somete a nuestro análisis. Tanto al tratar la iniciativa sobre ISAPRES como el Estatuto de Atención Primaria de Salud, que tenemos el compromiso de despachar hoy, reiteradamente he hecho presente la inconveniencia de caer en la tentación de emitir juicios sobre el sistema público de salud o sobre la gestión en el sector. Tales materias pueden ser muy interesantes -de hecho, lo son a tal punto que los Comités resolvieron dedicar una sesión especial a su análisis-, pero no nos parece adecuado que, como se ha constatado palmariamente en esta oportunidad y como se ha hecho ver en algunos medios de comunicación, con motivo de cada indicación nos dejemos llevar por una discusión que, sin perjuicio de su relevancia, no dice relación a la materia en examen.

Tocante a la indicación renovada en comento, me pronunciaré en contra, por estimar que, en el fondo, jamás faltarán motivos, en ninguna municipalidad del país, para dejar a determinada persona o conjunto de personas, cualesquiera que sean su confesión, doctrina o ideas, fuera de la dotación alegando necesidades de carácter administrativo. Además, de lo que se trata aquí es de entregar un Estatuto a los funcionarios de la atención primaria de salud, cuya conquista prioritaria -téngase presente, por ejemplo, la experiencia vivida por los profesionales de la educación con la dictación del Estatuto Docente- no es una mayor remuneración, sino la propiedad de sus cargos o, como se define aquí, su "titularidad de carácter público". Por ello, me opongo a una norma que, en definitiva, anula esa conquista. La indicación en debate se estrella con ese propósito.

Ahora, si lo que se desea es otra cosa, puede ser incluida en otro proyecto. En lo ya aprobado de la presente iniciativa, en las afirmaciones y votaciones ya realizadas, el sentido siempre ha sido entregar estabilidad a los funcionarios del sector.

Por tanto, en consistencia con mis propias argumentaciones anteriores, por las razones de carácter técnico que he indicado, me opongo a la indicación renovada.

He dicho.

--Se rechaza la indicación renovada (19 votos contra 8, 2 abstenciones y 7 pareos).

--Se rechaza la indicación renovada (19 votos contra 8, 2 abstenciones y 7 pareos).

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-A continuación, los Honorables señores Feliú , Cantuarias , Díez , Piñera , Larre , Romero, Cooper , Larraín , Pérez y Lagos "La publicación del balance a que se refiere el artículo anterior deberá hacerse en un diario de circulación local y una copia de él deberá fijarse en un lugar visible de los Consultorios que las municipalidades administren.".

El señor LARRE.-

Señor Presidente , propongo que la indicación sea aprobada unánimemente por la Sala. En verdad, según el tenor de su texto, es la única forma en que la comunidad se entere de cómo se manejan los recursos para la salud. Aquí se ha planteado que es preciso, fundamentalmente, atender las necesidades de la población, y me parece bueno que ésta conozca lo relativo a la administración de dichos fondos.

El señor ERRÁZURIZ .-

Nosotros la apoyamos, señor Presidente .

--Se rechaza la indicación renovada.

--Se rechaza la sustitución y queda aprobado el artículo 45 bis propuesto por las Comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Salud.

--Sin debate se aprueban, conforme a la norma general de procedimiento, las proposiciones contenidas en el segundo informe de las Comisiones unidas, recaídas en los artículos 46, 47, 49, 50 y 51 permanentes, y 1° y 2° transitorios.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Corresponde tratar la indicación renovada número 104, del Senador señor Piñera , para reemplazar, en la letra a) del inciso segundo del artículo 3° transitorio, la expresión "sueldo base" por la palabra "remuneración".

--Se rechaza la indicación renovada (19 votos contra 8, 2 abstenciones y 7 pareos).

--Se aprueba la sustitución.

--Sin debate, se aprueban también las proposiciones acogidas unánimemente por las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud, unidas, respecto de los artículos 4°, 5° y 6° transitorios.

--Se rechaza la indicación renovada.

--Se aprueban las recomendaciones de las Comisiones unidas al artículo 7° transitorio.

--Sin debate, se aprueban también las proposiciones acogidas unánimemente por las Comisiones unidas a los artículos 8°, 9° y 11 transitorios.

--Queda aprobado el artículo 13 transitorio propuesto por las Comisiones unidas.

--Sin debate, se aprueban también los artículos 14 y 15 transitorios propuestos por unanimidad.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , quiero emitir una opinión respecto del artículo 9° transitorio -me parece que fue aprobado sin debate- mediante el cual se transfieren los bienes inventariados, muebles e inmuebles, entregados en comodato por los Servicios de Salud a las municipalidades.

Quiero expresar mi oposición a esta norma, y que quede establecido mi voto en contra de ella.

La experiencia de más de una década de los servicios de atención de salud municipalizada me permite tener un mínimo de escepticismo sobre esta materia. El traspaso de los bienes inmuebles a los municipios tendría un carácter irreversible, con el cual no estoy de acuerdo.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Lamentablemente, ya está aprobado el artículo.

El señor DÍAZ .-

Pero, si Su Señoría lo permite, por lo menos voy a dejar constancia de mi posición al respecto.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , hace un momento, antes de terminar la discusión del proyecto, pedí la palabra para referirme al artículo 15 transitorio.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Pero es que el debate había terminado.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , oportunamente hice presente que me interesaba formular algunas observaciones con relación al artículo 15 transitorio, que revisten importancia para el proyecto, y que procederé a explicar.

Dicho precepto establece el plazo dentro del cual deberá dictarse el reglamento, y en su segunda parte hace una referencia a la carrera funcionaria. Y precisamente, puse en manos del Ministro de Salud y del Subsecretario del ramo un esbozo de redacción destinado a compatibilizar el mecanismo de la antigüedad con la aplicación de la carrera funcionaria, lo que, conforme a la norma propuesta, implica la imposibilidad del traslado del personal de una municipalidad a otra si goza de bienios que recarguen su costo e impidan su admisión en otro municipio. A mi juicio, el problema podría ser resuelto mediante un sistema de compensación, como lo hice presente al señor Ministro . Y en este sentido me pidió una sugerencia concreta. Se la hice llegar, pero la única fórmula que permitiría tratarla es la de rechazar la segunda oración del artículo 15 transitorio. De este modo se daría competencia a la Comisión Mixta que deberá constituirse, instancia en la que será posible incluir un mecanismo que compatibilice la carrera funcionaria con la autonomía municipal, por un lado, y con el traspaso, por otro, de esta especie de mochila o de recargo de la remuneración, proveniente de los bienios con que se incrementan los ingresos de cada trabajador afecto al régimen de salud primaria municipal.

El asunto es complejo, pero en ello va involucrado el que pueda o no operar la carrera funcionaria. Por eso, como no está aquí el señor Subsecretario -cuya presencia no se autorizó, situación que personalmente deploro-, no me queda otra posibilidad que plantearlo yo. Y lo que estoy pidiendo es, sencillamente, el rechazo de la segunda parte del artículo 15 transitorio, nada más que con el propósito de dar lugar a que en la Comisión Mixta se introduzca la modificación respectiva, porque, si se aprueba tal como está, ella no podrá considerar el punto y no habrá otra posibilidad de hacerlo, salvo por la vía del veto.

Es cuanto quería plantear.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Se dejará constancia de su opinión, señor Senador.

El señor THAYER .-

Muchas gracias, señor Presidente , pero no era mi opinión la interesante, sino la carrera funcionaria.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Lo que sucede es que el precepto ya está aprobado. ¿O la Sala estaría de acuerdo en reabrir debate al respecto?

El señor THAYER .-

Si acaso hay oposición de parte de cualquier señor Senador, mi observación no tendría destino, y mi objetivo sólo es hacer presente que, en mi concepto -y en el del Ministerio de Salud, al parecer-, la carrera funcionaria no va a operar por el hecho de que habrá un sistema de bienios -creados en este mismo proyecto- que recargará el costo de la remuneración de cada funcionario. Y si acaso se desea evitar el problema económico, social y moral de tener que despedir personal de una municipalidad -que no será contratado en otra, por ser más caro-, la única fórmula posible es que los recursos provenientes del fondo destinado al financiamiento de la iniciativa vayan a un mecanismo de compensación, para que los bienios se paguen con cargo a este fondo y no al municipio. Porque al Estado le da exactamente lo mismo pagar DÍEZ bienios en Santiago que en Chonchi. Pero, para la Municipalidad de Chonchi, no es igual contratar un empleado con DÍEZ bienios que a uno sin antigüedad.

Como dije, redacté la indicación y la entregué a petición del Subsecretario de Salud . Ignoro el destino que vaya a tener, pero la única posibilidad de que sea considerada -repito- es rechazar la segunda parte del artículo 15 transitorio, a fin de dar así competencia a la Comisión Mixta. Si ésta o el Gobierno no la aprueban, no ha pasado nada, y se restablece el artículo en la Comisión Mixta.

El señor THAYER .-

Si Sus Señorías leen el artículo advertirán que contiene dos ideas. Primero, se faculta al Presidente de la República para dictar el reglamento general en un plazo de 180 días, y segundo, se establece que el relativo a la carrera funcionaria se promulgará dentro de los 90 días posteriores a la publicación de la ley en el Diario Oficial.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Aquí no podemos redactar nuevamente el precepto.

El señor THAYER.-

Es que no estoy pidiendo redactar nada.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Lo que hace falta es una proposición concreta. Se rechaza el artículo porque no se puede modificar, o se aprueba.

El señor RUIZ (don José ).-

¿La Cámara de Diputados aprobó esta disposición? Porque si no lo hizo, ahí sí que estaríamos en problemas.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Es una propuesta procesal.

El señor THAYER .-

A eso me refiero.

El señor LARRAÍN .-

Si hay unanimidad, ¿podemos dar por redactado el artículo?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

No hay indicación.

El señor THAYER .-

Es que hay una solución. Si el artículo 15 transitorio se aprueba únicamente hasta la palabra "publicación", quedaría en la siguiente forma: "El Presidente de la República dictará el reglamento de esta ley, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la publicación.". Y se rechaza lo demás, que dice "con excepción del Reglamento necesario para la aplicación de la carrera funcionaria,", etcétera.

Lo que pido es que se rechace específicamente lo relativo al reglamento de la carrera funcionaria, porque de ese modo habrá posibilidad de considerar mi proposición en la Comisión Mixta. Si ésta no lo hace, puede restablecer el precepto actual.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En consecuencia, el artículo se aprobaría tal como viene propuesto.

Acordado.