Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AMPLIACIÓN DE PLAZO A COMISIÓN PARA INFORMAR.
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- REEMPLAZO DE INTEGRANTE DEL GRUPO INTERPARLAMENTARIO MUNDIAL.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Carlos Dupre Silva
- Gutenberg Martinez Ocamica
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- V. FÁCIL DESPACHO
- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Caminondo Saez
- CONVENIO ENTRE CHILE Y CANADÁ SOBRE SEGURIDAD SOCIAL. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- INTERVENCIÓN : Ruben Gajardo Chacon
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Primer trámite constitucional.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. Tercer trámite constitucional. Designación de Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Jaime Rocha Manrique
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. Tercer trámite constitucional. Designación de Comisión Mixta.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- PETICIÓN DE APOYO DEL GOBIERNO DE CHILE A NEGOCIACIONES DEL DALAI LAMA CON CHINA Y A RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVAS AL TIBET.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Marina Prochelle Aguilar
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Jaime Naranjo Ortiz
- Andres Palma Irarrazaval
- Homero Gutierrez Roman
- Hector Zambrano Opazo
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN SECTORES RURALES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jaime Naranjo Ortiz
- Sergio Aguilo Melo
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Felipe Valenzuela Herrera
- Andres Palma Irarrazaval
- Sergio Ojeda Uribe
- Salvador Urrutia Cardenas
- Homero Gutierrez Roman
- Hector Zambrano Opazo
- Jaime Rocha Manrique
- Eugenio Tuma Zedan
- Alejandro Navarro Brain
- Edmundo Villouta Concha
- Baldo Prokurica Prokurica
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Guillermo Ceroni Fuentes
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PETICIÓN DE APOYO DEL GOBIERNO DE CHILE A NEGOCIACIONES DEL DALAI LAMA CON CHINA Y A RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVAS AL TIBET.
- VIII. INCIDENTES
- INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN TALCAHUANO. Oficios.
- CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE SAN FABIÁN Y SITUACIÓN DE POBLADORES AFECTADOS POR ACTUACIÓN DE EMPRESA CONSTRUCTORA DE ÑUBLE. Oficios.
- CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO FRONTERIZO EN VIZVIRI Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL EN ARICA. Oficios.
- SOLUCIÓN A DÉFICIT DE ESPECIALISTAS EN DIVERSAS ÁREAS MÉDICAS. Oficio.
- ALCANCES SOBRE RESULTADO DE LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS. Oficios.
- MEDIDAS PARA VIABILIZAR ACUERDO CON SUPERINTENDENCIA DE AFP. Oficios.
- ADHESION
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Exequiel Silva Ortiz
- Maria Antonieta Saa Diaz
- ADHESION
- CONSTRUCCIÓN DE PUERTO DE PASAJEROS EN PUERTO MONTT. Oficio.
- EVALUACIÓN DE VOTOS NULOS DE ÚLTIMA ELECCIÓN PARLAMENTARIA.
- OBRAS DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN PRECORDILLERA DE SANTIAGO. Oficios.
- ADHESION
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Carlos Montes Cisternas
- Maria Antonieta Saa Diaz
- ADHESION
- MEDIDAS PARA PALIAR EFECTOS DE BAJA DEL PRECIO DEL COBRE EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPUBLICA DE CHILE
CAMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 336ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 20ª, en miércoles 17 de diciembre de 1997
(Ordinaria, de 11.00 a 12.56 horas)
Presidencia del señor Martínez Ocamica, don Gutenberg, y señora Saa Díaz, doña María Antonieta.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- FÁCIL DESPACHO
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 8
III. Actas 8
IV. Cuenta
- Ampliación de plazo a Comisión para informar 8
- Autorización a Comisión para sesionar simultáneamente con la Sala 8
- Reemplazo de integrante del Grupo Interparlamentario Mundial 8
V. Fácil Despacho.
- Modificación del Convenio constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Primer trámite constitucional 8
- Convenio sobre seguridad social entre Chile y Canadá. Primer trámite constitucional 10
VI. Orden del Día.
- Modernización del sistema de remuneraciones del personal del Ministerio de Obras Públicas. Tercer trámite constitucional. Designación de la Comisión Mixta 12
VII. Proyectos de acuerdo.
- Petición de apoyo del Gobierno de Chile a negociaciones del Dalai Lama con China y a resoluciones de las Naciones Unidas relativas al Tibet 22
- Mejoramiento de sistemas de abastecimiento de agua en sectores rurales 25
VIII. Incidentes.
- Información sobre ejecución de obras públicas y reparación de viviendas en Talcahuano. Oficios 26
- Construcción de embalse San Fabián y situación de pobladores de Ñuble afectados por actuación de empresa constructora. Oficios 27
- Construcción de complejo fronterizo en Vizviri y construcción de acceso vial en Arica. Oficios 28
- Solución a déficit de especialistas en diversas áreas médicas. Oficio 28
- Alcances sobre resultado de las elecciones parlamentarias. Oficios 29
- Medidas para viabilizar acuerdo con Superintendencia de AFP. Oficio 30
- Construcción de puerto de pasajeros en Puerto Montt. Oficio 32
- Evaluación de votos nulos de última elección parlamentaria 33
- Obras de encauzamiento de aguas lluvias en precordillera de Santiago. Oficios 33
Pág.
- Medidas para paliar efectos de baja de precio del cobre en la pequeña y mediana minería. Oficio 34
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto que regula el traspaso de servicios municipales entre las municipalidades de las comunas que indica (boletín Nº 2008-06) 37
2. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que modifica la planta de personal del Ministerio de Bienes Nacionales (boletín Nº 2007-12) 37
3. Oficio de la Excma. Corte Suprema, por el cual remite su opinión respecto del proyecto sobre tramitación y fallo de la acción de protección de las garantías constitucionales (boletín Nº 2050-07) 39
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
-De la Bancada del Partido Demócrata Cristiano por la cual propone al Diputado señor Martínez, don Gutenberg, como miembro del Grupo Interparlamentario Mundial.
2. Oficios:
-De la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones por el cual solicita el asentimiento de la Sala en orden a renovar el plazo para evacuar el informe sobre la investigación relacionada con el sistema de Revisión Técnica de Vehículos Motorizados.
-De la Comisión Especial Investigadora de la normativa aplicable a los traspasos de acciones de grupos controladores de empresas y el rol de las entidades administrativas que tienen por misión regularlas, por el cual solicita autorización para sesionar simultáneamente con la Sala, el día miércoles 17 del presente, de 12.30 a 14.00 horas.
Corte Suprema
-De la Corporación, posibles violaciones a los derechos de los niños y niñas de la ex Colonia Dignidad.
Ministerio del Interior
-De los Diputados señores Orpis y Kuschel, exclusión de plantas de revisión técnica de la definición de comercio minorista.
-Del Diputado señor Valcarce, políticas del Supremo Gobierno para empresas automotoras.
Ministerio de Hacienda
-De los Diputados señores Villouta, Ferrada y Arancibia, empresas periodísticas que publican avisos de remates de bienes de deudores morosos.
Ministerio de Defensa Nacional
-Del Diputado señor Naranjo, eventuales intervenciones de personal del Ejército en la ex Colonia Dignidad.
Ministerio de Bienes Nacionales
-Del Diputado señor Álvarez-Salamanca, regularización de situaciones de 25 familias que viven a orillas del camino público entre las localidades denominadas El Fuerte y Mercedes, de la comuna de Maule.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
-Del Diputado señor Navarro, instalación, operación y explotación de teléfonos públicos.
Corporación de Fomento de la Producción
-Del Diputado señor Arancibia, programas de apoyo a las empresas proveedoras de la minería.
Municipalidad de Temuco
-Del Diputado señor Huenchumilla, materias referidas a la Villa Tromen Lafquén.
I. ASISTENCIA
- Asistieron los siguientes señores Diputados: (75)
(Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Allamand Zavala, Andrés RN RM 23
Allende Bussi, Isabel PS IV 9
Arancibia Calderón, Armando PS III 6
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Aylwin Azócar, Andrés PDC RM 30
Balbontín Arteaga, Ignacio PDC RM 18
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Cantero Ojeda, Carlos RN II 3
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
De la Maza Maillet, Iván PDC V 12
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Elizalde Hevia, Ramón IND RM 17
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Fuentealba Vildósola, Renán PDC IV 9
Gajardo Chacón, Rubén PDC II 4
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Makluf Campos, José PDC V 14
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Matthei Fornet, Evelyn IND V 15
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez Opazo, Ramón RN I 2
Pizarro Soto, Jorge PDC IV 8
Pollarolo Villa, Fanny PS II 3
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Sota Barros, Vicente PPD RM 31
Taladriz García, Juan Enrique RN X 53
Tohá González, Isidoro PS VIII 41
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Ávila, Raúl RN V 14
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valcarce Medina, Carlos RN I 1
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Vega Vera, Osvaldo RN VII 40
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Zambrano Opazo, Héctor PDC XI 59
-Con permiso constitucional estuvo ausente el Diputado señor Arturo Longton.
-Asistieron, además, el Subsecretario de Obras Públicas , señor Guillermo Pickering,
y los Senadores señores Julio Lagos y Sergio Páez.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.00 horas.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El acta de la sesión 15ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 16ª queda a disposición de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da cuenta de los documentos recibidos en la Secretaría.
AMPLIACIÓN DE PLAZO A COMISIÓN PARA INFORMAR.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
La Comisión de Obras Públicas solicita el asentimiento de la Sala para renovar el plazo de que dispone para evacuar el informe correspondiente a la investigación efectuada respecto del sistema de revisión técnica de vehículos motorizados.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
La Comisión especial investigadora de la normativa aplicable al traspaso de acciones de grupos controladores de empresas, solicita autorización para sesionar simultáneamente con la Sala entre las 12.30 y las 14 horas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
REEMPLAZO DE INTEGRANTE DEL GRUPO INTERPARLAMENTARIO MUNDIAL.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
La bancada del Partido Demócrata Cristiano ha propuesto reemplazar al Diputado señor Dupré por el Diputado que habla, como miembro del Grupo Interparlamentario Mundial.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. FÁCIL DESPACHO
MODIFICACIÓN DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Primer trámite constitucional.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En Fácil Despacho, corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto de acuerdo relativo a las modificaciones del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobadas el 12 de julio de 1995 por la Asamblea de Gobernadores de dicho Banco.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Caminondo.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2114-10, sesión 12ª, en 4 de noviembre de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 4.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 17ª, en 25 de noviembre de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 8.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Caminondo.
El señor CAMINONDO .-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana me corresponde informar el proyecto de acuerdo relativo a las modificaciones del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, aprobadas el 12 de julio de 1995 por la Asamblea de Gobernadores del BID.
En 1959, nuestro país suscribió el Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, creado con el objeto de contribuir a acelerar el proceso de desarrollo económico, individual y colectivo de sus países miembros.
Las principales funciones del Banco, al tenor de sus estatutos, son promover la inversión de capitales públicos y privados en la región, utilizar sus propios recursos y movilizar fondos para proyectos de alta prioridad social y económica, y estimular inversiones privadas que contribuyan al desarrollo de la región y complementarlas cuando sea necesario.
Sus Estados miembros son 46, de los cuales 26 son países regionales en desarrollo, incluido Chile entre éstos; 2 países regionales desarrollados -Canadá y Estados Unidos de América- y 18 países miembros extrarregionales de Europa, Asia y Medio Oriente.
En el período 1961-1995, el Banco Interamericano de Desarrollo ha otorgado 115 préstamos a Chile por un total de 4.545 millones de dólares, para los siguientes rubros: energía, agricultura y pesca, industria, minería y turismo, transporte y comunicaciones, desarrollo urbano, salud y saneamiento, ciencia y tecnología, inversión social, educación, reforma del sector público, financiamiento de exportaciones, medio ambiente y microempresa.
El convenio ha sido modificado en varias ocasiones. Las últimas enmiendas, relacionadas con la fusión de capital interregional y de capital ordinario, entraron en vigencia en 1987.
Las enmiendas sometidas a vuestra consideración, aprobadas por la Asamblea de Gobernadores el 12 de julio de 1995, dicen relación con la estructura de votación de los países miembros, con la representación de los países miembros en vías de desarrollo y extrarregionales en el Banco y con determinadas mayorías de votación.
El poder de votación de los países miembros regionales en vías de desarrollo se rebaja del 53,5 por ciento de la totalidad de votos al 50,005 por ciento, y el del miembro que posea el mayor número de acciones, del 34,5 por ciento al 30 por ciento.
También se amplía la representación de los países miembros en el Directorio Ejecutivo del Banco . La de los países extrarregionales aumenta de dos a no menos de tres directores ejecutivos y la de los países miembros aumenta de ocho a diez. Además, se precisa el régimen de los directores suplentes.
Por otra parte, las mayorías de votación en la Asamblea de Gobernadores se aumenta de dos tercios a tres cuartos de los países miembros en las materias siguientes:
a) Para reducir la tasa del uno por ciento anual de la comisión especial que el Banco cobra en todos los préstamos, participaciones o garantías que se efectúen con sus recursos ordinarios de capital.
b) En la adopción de las resoluciones del Banco sobre las operaciones del fondo para operaciones especiales.
c) Para autorizar la compra de monedas distintas a las que tenga el banco como parte de sus recursos ordinarios de capital o de los recursos del Fondo.
d) Para autorizar la inversión de fondos que no se necesitan para sus operaciones, en valores que el Banco estime convenientes, y en otras materias que se consignan en el informe.
Dejo constancia de que la Comisión decidió, por unanimidad, recomendar a la honorable Corporación aprobar el proyecto de acuerdo que contiene las modificaciones del Convenio Constitutivo del BID, con los cambios formales que precisan que las enmiendas que se sancionan son las dispuestas en la sección 1 de la resolución 12/95 de la Asamblea de Gobernadores.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
-Aprobado.
Despachado el proyecto de acuerdo.
CONVENIO ENTRE CHILE Y CANADÁ SOBRE SEGURIDAD SOCIAL. Primer trámite constitucional.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto de acuerdo relativo al Convenio sobre seguridad social entre los Gobiernos de Chile y Canadá.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2061-10, sesión 22ª, en 17 de julio de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 12ª, en 4 de noviembre de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 15.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
La Mesa sugiere conocer el informe, efectuar el debate y votar el proyecto al término del Orden del Día de la próxima sesión.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Para los efectos de informar, tiene la palabra el Presidente de la Comisión, señor Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA .-
Señor Presidente , la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana informa a la honorable Sala acerca del proyecto de acuerdo relativo al tratado bilateral denominado “Convenio sobre Seguridad Social entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá”, suscrito el 18 de noviembre de 1996 y sometido a consideración de la honorable Corporación en primer trámite constitucional.
Al tenor del mensaje, el convenio se encuadra en la política seguida por el Gobierno para suscribir acuerdos internacionales de seguridad social que permitan a los trabajadores migrantes, en este caso chilenos y canadienses, conservar las cotizaciones previsionales que hayan efectuado en ambos países y, consiguientemente, permitirles el goce de los beneficios que les otorgue la seguridad social en cada uno de los Estados.
Nuestro país ya ha celebrado diversos convenios de este tipo, como los suscritos con la República Federal de Alemania, España , los Países Bajos, Suecia, Argentina y Brasil, ya aprobados por el Congreso Nacional. Todos se estructuran sobre la base de principios jurídicos de universal aceptación en materia de seguridad social, como los de igualdad de trato, la totalización de los períodos, la exportación de los beneficios y la cooperación administrativa entre las instituciones de previsión social, codificados por la Organización Internacional del Trabajo en su convenio Nº 157, denominado “Convenio sobre el Establecimiento de un Sistema Internacional para la Conservación de los Derechos en Materia de Seguridad Social.”
Contenido normativo del convenio en informe.
Este instrumento consta de 29 artículos, agrupados en cinco partes, referidas a las disposiciones generales, a la legislación aplicable, a los beneficios, a las disposiciones administrativas y a las disposiciones transitorias y finales.
Para los efectos del convenio, la autoridad chilena competente será el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y la institución competente será responsable de la aplicación de la legislación previsional y de salud correspondiente.
Respecto de la legislación aplicable, en el caso de Chile será la que regula el nuevo sistema de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia basado en la capitalización individual; el de las antiguas cajas de previsión, actualmente administradas por el Instituto de Normalización Previsional, y los regímenes de prestaciones de salud consignados en la letra b) del Nº 1 del artículo II.
Las personas beneficiadas serán las que estén o hayan estado sometidas a la legislación previsional o de salud de Canadá o de Chile, y las cargas, sobrevivientes o beneficiarios de dichas personas, según el caso. Informaciones proporcionadas por la Subsecretaría de Previsión Social señalan que el número de chilenos beneficiados por este instrumento alcanza aproximadamente a diez mil.
Durante el estudio de la iniciativa, la Comisión escuchó al Ministro del Trabajo y Previsión Social , al Subsecretario de Previsión Social , a la coordinadora de la Oficina de Enlace de la Superintendencia de Seguridad Social y a la jefa de la Unidad de Normativas, Prestaciones y Seguros de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.
El Ministro del Trabajo y Previsión Social informó que estos convenios se enmarcan dentro de la política de globalización de la seguridad social, tanto para los chilenos que viven en el exterior como para los nacionales del otro país que residen en el nuestro. Recordó que el primer convenio de este tipo fue celebrado con la República Federal de Alemania y que, posteriormente, se han aprobado los suscritos con Suecia, Noruega , Dinamarca y Holanda, a los cuales se agregan los recientemente firmados con Uruguay, Luxemburgo y Austria, entre otros.
La Comisión de Relaciones Exteriores comparte los propósitos que llevaron a los Gobiernos de Chile y de Canadá a celebrar este tratado internacional y decidió, por unanimidad, recomendar a la honorable Sala su aprobación.
Conforme lo preceptúa el Nº 2° del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, se consigna que las disposiciones del convenio inciden en el ejercicio del derecho a la seguridad social de los trabajadores chilenos y canadienses, por lo que su aprobación requiere de quórum calificado, según el inciso segundo del Nº 18° del artículo 19 de la Constitución Política.
El tratado no contiene normas de rango orgánico constitucional ni disposiciones que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Rubén Gajardo.
El señor GAJARDO.-
Señor Presidente , tal como lo señaló el Diputado informante , el convenio en estudio es uno de varios que ha celebrado el Gobierno de Chile para resolver el problema de los trabajadores que han cotizado tanto en el país como en la contraparte con la cual se suscribe el convenio. El Congreso Nacional ha aprobado tratados similares con Alemania, España , los Países Bajos, Suecia, Argentina y Brasil.
Sin duda, lo más importante de estos convenios es la norma que permite totalizar períodos para determinar los beneficios previsionales que cada una de las legislaciones reconoce. Por ejemplo, si pensamos en el nuevo sistema de pensiones para el goce de beneficios como la garantía estatal en cuanto a la pensión de vejez, que exige tener, a lo menos, 20 años de cotizaciones, los que se compatibilizan considerando tanto el tiempo servido en Canadá como en Chile, lo que resuelve un problema de muchos compatriotas, pues, como sabemos, los chilenos que residen en Canadá constituyen una de nuestras colonias más numerosas en el extranjero, por lo que la interrupción de sus cotizaciones previsionales les crea una situación difícil en ambas naciones.
Estos tratados resuelven dichos inconvenientes y resultan muy favorables, en especial para Chile, porque las personas beneficiadas con estas normas son chilenos que han trabajado en Chile y en Canadá.
Por eso, votaremos favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En consecuencia, el proyecto se votará en los términos acordados.
Queda pendiente la votación.
VI. ORDEN DEL DÍA
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. Tercer trámite constitucional. Designación de Comisión Mixta.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Corresponde tratar, en tercer trámite constitucional, el proyecto de ley que moderniza el sistema de remuneraciones del personal del Ministerio de Obras Públicas, de sus servicios dependientes y del Instituto Nacional de Hidráulica.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 1767-09, sesión 19ª, en 16 de diciembre de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 7.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Solicito el acuerdo de la Sala para autorizar el ingreso del Subsecretario de Obras Públicas , don Guillermo Pickering.
Acordado.
Tiene la palabra el Diputado señor Rocha.
El señor ROCHA.-
Señor Presidente , como las modificaciones han desvirtuado el proyecto en buena medida, sería peligroso votarlo sin estudiarlo en profundidad. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 119 del Reglamento, sería procedente enviarlo a Comisión para un análisis más acabado de las enmiendas del Senado, con el objeto de viabilizar el proyecto. De lo contrario, nos veremos expuestos a constituir una comisión mixta sin haber realizado un estudio adecuado de la iniciativa.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Solicito al señor Subsecretario que haga una relación de las diferencias entre el proyecto despachado por la Cámara y el aprobado por el Senado.
El señor PICKERING ( Subsecretario de Obras Públicas ).-
Señor Presidente , como los honorables diputados recordarán, el proyecto aprobado por la Cámara contenía un conjunto de disposiciones que podríamos resumir en tres o cuatro beneficios centrales para los funcionarios del Ministerio.
En primer lugar, la asignación para operadores de maquinaria pesada, que establecía el mejoramiento de las remuneraciones de aproximadamente 250 trabajadores que se dedican a esas labores.
En segundo lugar, una bonificación por desempeño individual para el 30 por ciento de funcionarios mejor calificados, que se dividían en dos categorías: el primer 15 por ciento, con derecho a percibir hasta el 10 por ciento sobre la remuneración base, más un conjunto de asignaciones que suman más o menos el 80 por ciento de la remuneración actual de los funcionarios, y el segundo 15 por ciento, con derecho a percibir el 5 por ciento de dicho beneficio.
En tercer lugar, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados contenía un párrafo denominado “Desempeño de funciones críticas”, que, en síntesis, consideraba una planta flexible -que contiene la necesaria identificación de sus elementos centrales, pero no pormenorizadamente- de 850 profesionales del Ministerio, que desempeñarán funciones catalogadas como críticas, debido a la urgencia con que deben desarrollarlas, al nivel de inversiones que esos funcionarios tienen que controlar y a la complejidad técnica de los aspectos en los que ellos están involucrados. Esta asignación podría llegar hasta un 40 por ciento de la remuneración base de los funcionarios, más el mismo conjunto de asignaciones que sirve para calcular los otros beneficios, lo que totalizará, más o menos, el 80 por ciento de la actual remuneración efectiva de esos funcionarios.
El proyecto que aprobó la Cámara de Diputados establecía también en la planta de funciones críticas, que es un sistema bastante innovador, un mecanismo por el cual los funcionarios que ingresaran a ella debían concursar al año, a los dos o a los tres años, con profesionales externos, y si el funcionario del Ministerio lo perdía, era reemplazado por aquel que lo ganara, incluso -reitero- por profesionales externos a la administración del Estado, es decir, del sector privado.
Por esa misma razón y como equilibrio de esta planta, se establecía una asignación de hasta el 40 por ciento, superior a cualquiera que se contemple en otro proyecto de mejoramiento de remuneraciones del sector público. No hay ningún proyecto en discusión o aprobado, ni siquiera en la Ley de Aduanas, que establezca un beneficio de hasta el 40 por ciento; pero como contrapartida de ese beneficio, hay un mecanismo que permite evaluar a los funcionarios al año, a los dos o a los tres años, sobre la base de reglas del juego claras y objetivas, y mediante un concurso transparente.
Ésos fueron básicamente los beneficios que contenía el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.
Con posterioridad, cuando se discutió la iniciativa en la Comisión de Obras Públicas del Senado, el Ejecutivo introdujo algunas modificaciones, las que, en ningún caso, desnaturalizan los beneficios contenidos en el proyecto aprobado por la Cámara, ni cambian su filosofía, explicitada en el mensaje del mismo, sino que tendían a perfeccionar y mejorar su texto.
En lo que se refiere a la asignación de maquinaria pesada, el proyecto se mantiene exactamente igual; no ha habido discusión sobre ese beneficio; nadie ha estado en contra de él en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Había sólo una pequeña dificultad en cuanto al alcance de la definición de “maquinaria pesada”, que no es una discusión sustantiva que se haya planteado en la Cámara ni en el Senado, sino que un aspecto técnico que hemos resuelto en común con las asociaciones de funcionarios del Ministerio, por la vía de utilizar una definición que para estos efectos ha elaborado la OIT.
En cuanto a la bonificación por desempeño individual, el proyecto despachado por el Senado tampoco contiene modificaciones respecto del aprobado por la Cámara. El beneficio se mantiene exactamente en el 30 por ciento para el personal mejor calificado, distinguiendo dos tramos. Para el primer 15 por ciento contempla el 10 por ciento de aumento de sus remuneraciones, mientras que para el segundo, un 5 por ciento.
La gran innovación se refiere a la asignación general de productividad, la cual no estaba prevista en el proyecto original, aun cuando el Ejecutivo pensaba establecerla. En efecto, cuando se presentó la iniciativa no se incorporó, porque había una serie de dificultades técnicas para materializarla. Para su aplicabilidad, dicha asignación debe establecerse sobre la base de indicadores de gestión en cada uno de los servicios del Ministerio, los que deben ser validados de común acuerdo entre los Ministerios de Obras Públicas y de Hacienda.
Cuando el proyecto se discutió en la Cámara, los indicadores de gestión aún no se habían establecido. Hoy sí lo hemos hecho en conjunto con el Ministerio de Hacienda, razón por la cual, en el Senado, incorporamos -como era la idea original- el beneficio general de productividad para los servicios del Ministerio de Obras Públicas.
La redacción de este beneficio es prácticamente idéntica a la del concedido al Servicio Nacional de Aduanas, aprobado por el Congreso; es decir, la asignación general de productividad se aplica hasta el 10 por ciento de los funcionarios del servicio que cumplen las metas de productividad, definidas todos los años por decreto supremo común de los Ministerios de Obras Públicas y de Hacienda.
Reitero: ese mejoramiento no lo consignó el Ejecutivo en el proyecto analizado en la Cámara porque los indicadores de gestión, indispensables para viabilizar el beneficio, se definieron por ambos Ministerios sólo cuando la iniciativa estaba en el Senado.
La gran discusión en torno del proyecto no se ha centrado, ni en la Cámara ni en el Senado, en los tres beneficios a que he hecho referencia. Como los señores diputados podrán apreciar, las modificaciones introducidas por el Senado en relación con estos tres beneficios son menores. Se regló por completo la asignación general de productividad, que no estaba contenida en el proyecto original, pero sobre la base de criterios ya aprobados en otros proyectos por la Cámara y por el Senado, como en el de la ley de Aduanas. En los casos de la asignación de maquinaria pesada y de la bonificación por desempeño individual, prácticamente no se enmendó lo aprobado por la Cámara. La discusión se ha centrado en el desempeño de funciones críticas. En el Senado se sostuvo que tal como están concebidas en el proyecto que aprobó la Cámara, podría dar lugar a eventuales actos de discrecionalidad, de arbitrariedad o posibles atentados contra la estabilidad de los funcionarios públicos. Nunca ha sido ése el propósito del Ejecutivo.
Si se lee con detención el mensaje del proyecto, queda extremadamente claro que al Ministerio de Obras Públicas le faltan profesionales y que no es su intención despedirlos. Lo que pretendemos es que los profesionales que trabajan en el Ministerio cumplan con un nivel de exigencia técnica acorde con el volumen de inversiones que esta Cartera maneja y que, al mismo tiempo, tengan una remuneración razonable, para que desempeñen sus funciones con tranquilidad, exentos de tentaciones, las que podrían afectar seriamente actos de inversión en proyectos de gran envergadura. Se busca tener gente competente y bien remunerada. Debemos tener presente que un inspector fiscal, grado 8, que se desempeña en la Ruta 78, Santiago-San Antonio, debe estar percibiendo hoy un sueldo líquido de aproximadamente 700 mil pesos y debe inspeccionar 42 frentes de trabajo, y que el proyecto en cuestión importa una inversión superior a los 150 millones de dólares. Y se trata de un inspector fiscal.
Entonces, el Ejecutivo ha planteado, en primer lugar, que si existen dudas sobre su real intención, como usar el poder del Ministerio para discriminar políticamente o tomar decisiones arbitrarias -nunca ha tenido ese propósito-, deben precisarse en el proyecto las normas sobre funciones críticas a fin de impedir cualquier interpretación en sentido contrario. Por ejemplo, durante su tramitación en el Senado se introdujo una indicación que obliga a la autoridad del Ministerio a ofrecer los cargos críticos, en primer término, a quienes los están desempeñando, de manera que dicha autoridad no pueda escoger personas que le sean afines.
En segundo lugar, se introdujo en forma explícita la voluntariedad para incorporarse al régimen de funciones críticas. Es decir, un funcionario que desempeñe la función crítica y, a pesar de que ella importa mayor remuneración, no esté dispuesto a someterse al concurso y, eventualmente, a irse del Ministerio en caso de perderlo, puede decir que no y no le pasa nada: sigue en la planta de origen. Entonces, la autoridad, en subsidio de esa negativa, puede ofrecer la función crítica a otro profesional que esté dispuesto a someterse a las reglas de esa planta.
Por lo tanto, tampoco importa -como se ha dicho en la tramitación en el Senado- un atentado contra la estabilidad funcionaria, puesto que ningún funcionario del Ministerio que se niegue a incorporarse a la planta de funciones críticas perderá su trabajo o la estabilidad del empleo.
En tercer lugar, el proyecto, respecto de aquellos funcionarios que se sometan en forma voluntaria al sistema y pierdan el concurso -por lo que tendrían que irse del Ministerio-, pero que les resten cinco años para jubilar, por razones obvias, se mejoró en el sentido de que continúen en su cargo en una planta en extinción hasta que cumplan con ese tiempo y puedan jubilar.
Ésas son las tres modificaciones fundamentales introducidas por el Ejecutivo a la planta de funciones críticas en la discusión en el Senado. Hay otras que tienden a robustecer las ideas que he señalado, como explicitar que en los concursos se podrá apelar ante una comisión integrada por las autoridades del ministerio y un representante de los funcionarios.
Frente al argumento de que se podría atentar contra la estabilidad funcionaria -ya he expresado que no es el propósito del Ejecutivo y el texto del proyecto tampoco lo permite-, puedo decir, además, que de los mil 600 profesionales que hoy integran el Ministerio de Obras Públicas, más de 600 están a contrata y, por lo tanto, su contrato puede dejarse sin efecto año a año. Esas personas tendrían mucho más estabilidad en el empleo si se incorporaran a la planta de funciones críticas, la cual les garantiza absoluta seguridad en el empleo y sólo someterse a un concurso cada uno, dos o tres años.
Otro razonamiento es que los beneficios del proyecto en su conjunto son acumulativos. Supongamos que un profesional desempeñe una función crítica y goce de la asignación mensual del 40 por ciento; que, además, esté entre el 15 por ciento del personal mejor calificado y, por lo tanto, tenga derecho también a la asignación por desempeño individual equivalente al 10 por ciento, y que, asimismo, pertenezca a un servicio del Ministerio que cumple metas institucionales, por lo cual reciba el 10 por ciento correspondiente a la asignación general de productividad, ese profesional podría acumular hoy hasta el 60 por ciento de aumento real de las remuneraciones. No hay ningún proyecto en el sector público que considere un beneficio de esa naturaleza.
¿Qué se establece a cambio de ese aumento acorde con las responsabilidades actuales del ministerio?
Un concurso sobre la base de reglas objetivas, con una instancia clara de apelación integrada, además, por un representante de los funcionarios. Si ese funcionario pierde el concurso, lo va a ganar otro que esté en mejores condiciones para desempeñar el cargo, lo cual tiende a cautelar de mejor manera la inversión fiscal y la atención de la gente.
Si un profesional del Ministerio no cumple con su servicio en cuanto a las metas institucionales, si tampoco se encuentra dentro del 30 por ciento de los mejores calificados, si además pierde el concurso -con el debido respeto- me parece razonable que pueda ser reemplazado por otra persona que pueda servir de mejor manera el cargo que gane hasta un 60 por ciento más de lo que gana hoy ese profesional.
Por lo tanto, aquí no hay un atentado a la estabilidad funcionaria, sino que, por el contrario, hay un mejoramiento significativo de la situación de los funcionarios y profesionales; una regulación objetiva de estos mejoramientos de remuneraciones y una apertura de la planta para que se pueda concursar externamente.
Por último, ¿por qué no precisar con mayor detalle la planta de funciones críticas? Por la naturaleza del Ministerio de Obras Públicas, el cual cumple, básicamente, tres funciones: inversión, fiscalización de la inversión y es normativo.
En Chile, hace diez años, los puertos, por ejemplo, eran construidos por el Estado; por lo tanto, en la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio existía gran número de funcionarios y volumen de inversiones involucradas.
En el año 2000, cuando se terminen de reconstruir en Valparaíso los sitios números 1 y 2 -porque ya se ha construido el número 3- y se terminen las obras en San Antonio -como ya ocurrió en San Vicente-, no es posible concebir -sobre todo después de aprobada la ley de Emporchi- que el Estado realice las grandes obras de infraestructura portuaria. Deberán hacerlas los privados, de acuerdo con la ley de Emporchi o, eventualmente -en el caso del puerto de Mejillones-, una asociación entre una empresa del Estado, como Codelco, y privados. Por consiguiente, no se justifica contar con una Dirección de Obras Portuarias de envergadura y con el número de funcionarios necesarios hace diez años. ¿Qué pasa si establecemos una asignación -propuesta de algunos senadores- y no una planta? Que dicha asignación formará parte de la remuneración y rigidizará la posibilidad de mejorar las remuneraciones de otros funcionarios cuando la orientación de las inversiones del Ministerio cambie. Porque hoy, por ejemplo, estamos invirtiendo en aeropuertos y mañana dejaremos de hacerlo cuando durante estos años construyamos los 107 aeródromos que se requieren. Entonces, el tipo y la naturaleza de las inversiones del Ministerio deben determinar qué profesionales desempeñarán funciones críticas y, por lo tanto, accederán a una remuneración mayor.
En consecuencia, con el debido respeto que me merece la opinión planteada por el Diputado señor Rocha, el proyecto no se ha desnaturalizado en el Senado. Hubo una discusión entre dos comisiones que tuvieron puntos de vista contradictorios. La Comisión de Hacienda, coincidente con la Cámara de Diputados, no obtuvo el quórum calificado para aprobar el artículo 5º del proyecto, y el criterio de la Comisión de Obras Públicas, en desacuerdo con la Comisión de Hacienda, fue rechazado por la unanimidad de la Sala del Senado. Por lo tanto, el Senado no propuso normas en esta materia.
Es del máximo interés que el proyecto sea aprobado por la Cámara para que, ratificando el criterio anterior, se conforme una Comisión mixta que resuelva las diferencias -estamos seguros de que será posible resolverlas- y así contar con un sistema de remuneraciones muy beneficioso para los ocho mil y tantos funcionarios del Ministerio.
Por último, quiero decir que esta materia es urgente para nosotros, porque se está discutiendo en esta misma Cámara entre el Ejecutivo y la Anef, un proyecto de acuerdo que mejora las remuneraciones de los funcionarios del sector público. Dicho proyecto no contempla beneficios para los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y si la Cámara lo aprueba antes que éste, vamos a correr el riesgo de que, el próximo año, una parte importante del sector público que representan los ocho mil y tantos funcionarios del Ministerio, no contará con esos beneficios ni tampoco con los de una ley especial para la referida Secretaría de Estado.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ávila .
El señor ÁVILA .-
Señor Presidente , según desprendo de las palabras del señor Subsecretario , la disparidad de criterios que se suscitó entre las Comisiones de Obras Públicas y de Hacienda del Senado, habría sido superada en la Sala, toda vez que allí las normas fundamentales que contenía primitivamente el proyecto fueron aprobadas por unanimidad.
Consulto si eso es lo que ocurrió.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Si el señor Subsecretario tuviese a bien contestar la pregunta del señor diputado , tiene la palabra.
El señor PICKERING ( Subsecretario de Obras Públicas ).-
Señor Presidente , de las cuatro asignaciones que contempla el proyecto, hay dos en las que no hay diferencias fundamentales entre la Cámara de Diputados y el Senado: para operadores de maquinaria pesada y por desempeño individual.
Hay una tercera asignación que no estaba prevista en el proyecto que aprobó la Cámara, cual es la asignación general de productividad, respecto de la cual existe un criterio bastante unánime en los proyectos de ley aprobados en el último tiempo. Nadie está en contra del criterio de asignaciones generales de productividad.
Para evitarnos una discusión que podría retrasar el proyecto, copiamos el texto aprobado por esta Sala para el proyecto sobre ley de Aduanas, el cual asimismo fue aprobado por la unanimidad del Senado. Eso es nuevo y nosotros pedimos que esta Cámara de Diputados apruebe también ese beneficio. La diferencia está en las funciones críticas.
En el Senado, en relación con las funciones críticas, hubo, en primer lugar, una cuestión de tipo procesal institucional entre dos comisiones. El grueso de la discusión se centró en si la Comisión de Hacienda podía declarar inadmisible lo obrado por otra Comisión del Senado y se produjo una discusión institucional muy interesante, pero fundamentalmente referida al funcionamiento del Senado más que al proyecto mismo.
Pero, en segundo lugar, hubo otra discrepancia que dice relación con el proyecto, cual es que la Comisión de Obras Públicas del Senado señaló que en vez de una planta -como proponía el Ejecutivo- debiera haber una asignación para los funcionarios que desempeñaran funciones críticas. Esa Comisión se opuso por estimar que la creación de plantas, asignaciones, beneficios o emolumentos es materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo y no de los parlamentarios. Por lo demás, se señala en forma explícita en el artículo 62, Nºs. 4º y 5º de la Constitución Política del Estado.
Por lo tanto, se planteó un tema de constitucionalidad y la opinión del Ejecutivo en cuanto a sostener que una asignación no era conciliable con el propósito de la planta de funciones críticas, puesto que generaba aumentos permanentes de remuneraciones, implicaba mayor costo que el del proyecto y hacía imposible en el futuro dejar de determinar ciertas funciones como críticas, en el sentido de que las personas que las desempeñaran -porque ya no eran críticas- perdieran la remuneración correspondiente y que el beneficio pudiera entregarse a quienes en ese momento las realizaran.
En esa materia no hubo acuerdo y la solución a la que llegó el Senado fue someter a votación el proyecto de la Comisión de Hacienda que era coincidente con el del Ejecutivo. Obtuvo mayoría de votos, pero no logró reunir el quórum de ley orgánica constitucional que se estableció; por lo tanto, se rechazó. Después se sometió a votación el proyecto de la Comisión de Obras Públicas que reemplazaba el del Ejecutivo. El Ejecutivo planteó al respecto una observación de constitucionalidad, pero el proyecto de la Comisión de Obras Públicas fue rechazado por la unanimidad del Senado.
Por lo tanto, las modificaciones no son del Ejecutivo y sólo cabría rechazar lo que propuso la Cámara.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Rocha.
El señor ROCHA.-
Señor Presidente , me correspondió recibir y tramitar el proyecto en mi condición de Presidente de la Comisión de Obras Públicas, pero el que ha devuelto el Senado no tiene nada que ver con el que aprobó la Cámara. Por esa razón, hice mi observación.
Llama la atención que el señor Subsecretario insista en hablar de funciones críticas, en circunstancias de que este concepto -que precisamente era el fundamento central del proyecto- ha desaparecido. Para decirlo de manera sencilla, se ha establecido un reajuste importante para los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, pero en ningún caso lo que aprobó nuestra la Comisión: una planta especial “a la cual se traspasarán los cargos que correspondan al desempeño de funciones calificadas como críticas,”, según el artículo 2º aprobado por la Cámara. En realidad, el Senado ha suprimido el epígrafe “desempeño de funciones críticas” y ha rechazado los artículos que lo integran, es decir, del 1º al 8º.
En consecuencia, insisto, el texto que se aprobó en nuestra Comisión no tiene nada que ver con el que ha enviado el Senado, y como existe la posibilidad de la comisión mixta, sugiero este trámite para salvar las diferencias y legislar mejor. Sin embargo, si existe premura -ha sido expuesta por el Subsecretario- y el Ejecutivo estima que es preciso aprobar las modificaciones del Senado para que el proyecto no sufra mayores dilaciones, estoy dispuesto a hacerlo.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma .
El señor PALMA (don Andrés) .-
Señor Presidente , tiendo a coincidir con el Diputado señor Rocha . Si el proyecto debe ir a comisión mixta por un elemento sustantivo, que es justamente el desempeño de funciones críticas, en el cual creo que la Cámara debe insistir, también debe hacerlo por materias accesorias.
En mi opinión, debieran rechazarse las modificaciones del Senado que no conciernen a los artículos 9º y 10 e ir a la comisión mixta.
Ahora, si bien el señor Subsecretario ha señalado que no alteran el contenido fundamental del proyecto, se ha suprimido una idea matriz, sustantiva: el desempeño de funciones críticas, en cuya discusión en la Cámara se postuló que con ella se pretendía generar una nueva forma de relación entre los funcionarios públicos y el Estado, de manera que pudiera ser evaluada en este servicio -que es muy importante- y virtualmente aplicada en otros estamentos de la Administración Pública, con el propósito de mejorar su eficiencia.
Anoche, en una ardua y, a veces, acalorada discusión en la Corporación, vimos que la asignación por desempeño de funciones críticas podría nivelar las remuneraciones de determinadas funciones con el sector privado, lo que posibilitaría que los mejores elementos estuvieran en la Administración Pública, pero ha sido suprimida por el Senado.
Es cierto que el Senado ha incluido una bonificación por productividad, pero no podemos aprobarla sin aprobar simultáneamente la asignación por desempeño de funciones críticas, porque la una está vinculada a la otra.
Si en la comisión mixta convencemos a los Senadores que se apruebe el beneficio por desempeño de funciones críticas, es posible que la bonificación por productividad sufra modificaciones. Puede alterarse en sus valores o en su manera de ser asignada.
Por lo tanto, aun cuando todos compartamos la necesidad de la bonificación por productividad, no podemos aprobarla y debemos insistir en la asignación por desempeño de funciones críticas.
En este sentido, más vale demorar un mes -tal vez más- en resolver bien el problema, que apurarse y resolverlo mal.
En definitiva, se ha subsanado parte del problema de remuneraciones, al otorgar una bonificación, hace algún tiempo, por el período inicial de esta asignación.
Entiendo que la voluntad del Ejecutivo -según se desprende del texto del proyecto- es que los beneficios vinculados a estos recursos tengan efecto retroactivo para el personal del Ministerio de Obras Públicas, pero creo que las fechas propuestas por el Senado deben ir a comisión mixta por un problema de coordinación, ya que en el artículo 2º transitorio se establece que regirán a contar del 1 de enero de 1997. No soy partidario de modificarlo, pero creo que será necesario enviarlo a comisión mixta porque es posible que la ley entre a regir en 1998.
En este sentido, no veo que vaya a haber perjuicio económico para los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas si demoramos la tramitación del proyecto. Creo que la comisión mixta es la mejor solución a la que podemos aspirar, dadas las modificaciones introducidas, más aún con la información que ha entregado el señor Subsecretario de que en el Senado la asignación por desempeño de funciones críticas obtuvo mayoría, pero no el quórum necesario para ser aprobada. Eso quiere decir que allá hay voluntad mayoritaria para esta disposición.
Por lo tanto, es bueno insistir en ella, en la comisión mixta, del mismo modo que en su concordancia con la bonificación por productividad.
En síntesis, propongo rechazar las modificaciones del Senado, con excepción de las referidas a los artículos 9º y 10.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Subsecretario de Obras Públicas .
El señor PICKERING ( Subsecretario de Obras Públicas ).-
Señor Presidente , quiero precisar que comparto ciento por ciento lo planteado por los Diputados señores Jaime Rocha y Andrés Palma, ya que el Ejecutivo quiere reponer lo aprobado por la Cámara a propósito de las funciones críticas, y la manera de hacerlo es a través de una comisión mixta.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , quiero consultar al señor Subsecretario si las normas que tienen relación con la asignación para operadores de maquinaria pesada serán consideradas dentro de las bases de las licitaciones de obras públicas; concretamente, si se aplicarán a quienes trabajan en empresas contratistas del Estado.
Esta normativa, en mi opinión, debería ser incluida dentro de las bases de las licitaciones, para evitar la desigualdad en esta materia.
Sé que esto no tiene mucha relación con el proyecto, pero he querido hacer la consulta.
En la Región de Atacama, algunas empresas contratistas han utilizado a subcontratistas y los han estafado, pero los departamentos respectivos de Obras Públicas se han lavado las manos. Tengo los nombres de las empresas y del personal que ha sido estafado. Por eso, es bueno que el señor Subsecretario diga si estas situaciones han sido consideradas en el Ministerio.
Asimismo, me parecen absurdos los casos concretos de personas que han sido acosadas, perseguidas y despedidas. Por ejemplo, en la Dirección de Arquitectura de Copiapó, del Ministerio de Obras Públicas, la arquitecta señora Ximena Peñaloza , quien estaba a su cargo, ha sido perseguida hasta ser exonerada por el Secretario Ministerial de esa cartera, señor Gramegna .
Por eso, para la historia fidedigna de la ley, cabe hacer presente estas situaciones, que atentan contra la estabilidad de los trabajadores.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señores diputados, la Mesa estima del caso saludar al profesor Samdhong Rinpoche, Presidente de la Asamblea de diputados del pueblo tibetano en el exilio, y al señor Dawa Tsering, representante oficial del Dalai Lama para las Américas, con asiento en Nueva York, quienes se encuentran en las tribunas.
-Aplausos.
-o-
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Subsecretario de Obras Públicas.
El señor PICKERING ( Subsecretario de Obras Públicas ).-
Señor Presidente , respecto de la pregunta del Diputado señor Vilches sobre las obras que se construyen con recursos fiscales por parte del sector privado, a través de contratos, debo decir que el personal del Ministerio de Obras Públicas está regulado por su propia legislación y el de las empresas particulares por la legislación laboral general del país. Las normas de orden público son precisas, y el Ministerio no puede intervenir en conflictos laborales internos de las empresas que le prestan servicios, puesto que son conflictos privados. No se trata de lavarse las manos, sino de que está impedido para intervenir en esos conflictos por expresa disposición de la ley.
Por lo tanto, la asignación de maquinaria pesada se refiere a los 250 trabajadores del Ministerio que manejan maquinaria pesada y son claves en situaciones de emergencia como terremotos e inundaciones.
En cuanto a si esta legislación favorece o no la estabilidad en el empleo, sin perjuicio de no compartir la afirmación del señor diputado -si tiene antecedentes, me gustaría reunirme con él y que me los entregara para investigar lo que plantea-, creo que la idea del proyecto es establecer un conjunto de normas claras y objetivas a fin de beneficiar a los funcionarios y no para perjudicarlos.
Gracias.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Corresponde votar el proyecto.
En primer lugar, ¿habría acuerdo de la Sala para votar, en un solo acto, las modificaciones del Senado a los artículos 1º al 8º?
Acordado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 6 votos; por la negativa, 42 votos. No hubo abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Rechazadas esas enmiendas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para votar, en conjunto, el resto de las modificaciones del Senado.
No hay acuerdo.
¿Habría acuerdo para hacer dos votaciones: una que incluye las modificaciones a los artículos 9º y 10, y otra, las enmiendas al resto del articulado?
Acordado.
En votación las modificaciones a los artículos 9º y 10.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Aprobadas las modificaciones del Senado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Orpis, por un asunto reglamentario.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , sería conveniente repetir la votación del artículo relativo a las funciones críticas porque, al insistir en esa disposición, la Cámara tendría que modificar la asignación por productividad establecida en la norma que corresponde votar a continuación.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señor diputado , no se pueden repetir votaciones ya practicadas. En la comisión mixta respectiva deberán buscarse las soluciones al problema planteado por su Señoría.
En votación las modificaciones del Senado al resto del articulado.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la negativa, 48 votos. No hubo votos por la afirmativa ni abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Rechazadas las modificaciones al resto del articulado.
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En consecuencia, propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias respecto de este proyecto con los Diputados señores Sabag, Taladriz, Longueira, Encina y Letelier, don Felipe.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Despachado el proyecto en su tercer trámite constitucional.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
PETICIÓN DE APOYO DEL GOBIERNO DE CHILE A NEGOCIACIONES DEL DALAI LAMA CON CHINA Y A RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVAS AL TIBET.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Corresponde tratar los proyectos de acuerdo.
El señor Prosecretario dará lectura al primero de ellos.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 581, de las Diputadas señoras Saa y Prochelle, y de los señores Ascencio, Naranjo, Palma, don Andrés; Gutiérrez, Zambrano y Ortiz:
“Proyecto de acuerdo:
Tibet es una nación vigente, con un pasado cultural e histórico de indudable valor para la raza humana. La vida independiente de Tibet vibraba alrededor de una sola pasión: el desarrollo espiritual. Aunque atrasado en términos de avance material, el pueblo tibetano llevaba una vida decente y contenta. Rechazaba espontáneamente la explotación desmedida de sus recursos naturales, ya que sus ancestros budistas lo inclinaban hacia la preservación de la madre Tierra para sustento de las futuras generaciones.
En 1949 China invadió Tibet con su llamado Ejército de Liberación Popular y puso en movimiento un proceso sistemático de destrucción étnica y cultural, bajo el signo de una ideología y sistema totalitarios. Desde entonces, la historia de Tibet, ha sido una pesadilla de lágrimas y sangre, en que las violaciones a los Derechos Humanos están entre las más graves que desgraciadamente aún recurren en el planeta.
Campo de matanza
Si se realizara una película con todas las atrocidades perpetradas por China en Qinghai, produciría un verdadero “shock” en los espectadores. En el área de Golok, mucha gente fue asesinada y sus cuerpos enrollados fueron lanzados a una fosa enorme. Los soldados chinos decían a los miembros de la familia y parientes de las víctimas, que ellos debían celebrar que los rebeldes habían sido borrados. Eran obligados a bailar sobre los cuerpos de los muertos. Después de esto, ellos también eran acribillados.
“... En Amdo y Kham, el pueblo fue fusilado en grupos de 10 y 20...” Con estas palabras, el pasado Panchem Lama se quejó de la acción de los chinos en Tibet, en una reunión de Subcomité en el Congreso Nacional del Pueblo, en Beijing, el 28 de marzo de 1987.
Una investigación conducida por el Gobierno de Tibet en el Exilio, con asiento en Dharamsala, India, reveló que 1.2 millones de tibetanos, un sexto de su población total, fueron aniquilados como resultado directo de la ocupación militar china de Tibet. Hoy día, no existe ningún tibetano que no tenga un miembro de su familia que no haya sido muerto o puesto en prisión, por las fuerzas de ocupación chinas.
Prisioneros de conciencia
Aun cuando es imposible medir el número exacto de prisioneros políticos tibetanos antes de 1979, se puede afirmar que fueron muchos miles. Un ejemplo al azar de testimonios dados por sobrevivientes de prisiones y de campos de concentración de aquel tiempo, demuestran que por lo menos el 70 por ciento moría en cautiverio. Un campo de trabajo forzado para explotar minas de bórax en el Norte, en las planicies de Yang Tsalakha, tenía más de 10.000 prisioneros, de los cuales 8.000 murieron en un solo año. En una mina de plomo en Dhartsedho, Kham, más de 12.000 prisioneros murieron entre 1960 y 1962.
Hasta hoy, el activismo por los derechos humanos, aun siendo pacífico, es considerado un grave crimen, con penas desde un año de prisión hasta la ejecución. Hacia fines de 1996, había 1.018 prisioneros políticos en Tibet, que ya han pasado varios años de su vida encarcelados. Sus crímenes oscilan desde guardar una foto del Dalai Lama o una bandera nacional tibetana, hasta gritar ¡Tibet libre! durante una protesta pacífica o pegar afiches sobre los Derechos Humanos en Tibet, para llamar la atención de turistas o periodistas extranjeros. Al contrario, en la práctica, se hace recaer una sentencia muy suave sobre criminales por muerte o violación.
Tortura y muerte
La tortura es común en las prisiones chinas en Tibet. Como regla general, los interrogatorios son bajo tortura, incluyendo descargas eléctricas, golpizas con barras de fierro, culatazos de rifles, marcando a los prisioneros con metales candentes, tirando agua hirviendo sobre sus cabezas, colgando a los prisioneros de cabeza, encadenándolos, golpeándolos, lanzándole furiosos perros amaestrados, prolongadas exposiciones a temperaturas extremas, privándolos de sueño, comida, agua, sometiéndolos por largos períodos a confinamiento solitario, violencia sexual, amenazándolos de ejecución, etc.
El primer objetivo de la tortura, es quebrar el espíritu del prisionero y deshumanizarlo, de modo que no le quede respeto por sí mismo, si eventualmente fuera liberado y pretendiera reiniciar alguna actividad política.
Destrucción de la cultura
Antes de la invasión china, había más de 6.000 monasterios y conventos en Tibet. En 1979, sólo quedaban 13 monasterios en ruinas y la población de monjes y monjas fue sometida a prisión o simplemente fueron asesinados. Miles de obras religiosas en metal fueron destruidas y enviadas a fundiciones en China. Las fundiciones de metales preciosos, en Beijing solamente, fundieron por lo menos 600 toneladas conseguidas de esta manera en Tibet.
Desde 1979 a los tibetanos se les ha permitido reconstruir algunos monasterios y conventos. Pero el estudio serio del budismo, así como el número de miembros en cada monasterio y convento, está completamente restringido. Los grupos de trabajo chinos, se establecen en los monasterios o los intervienen periódicamente, para someterlos a largas sesiones de “Reeducación política”, entre cuyos objetivos se encuentra convencer a los monjes y monjas de un carácter demoníaco del Dalai Lama, estudiar la historia de Tibet desde una versión China y desacreditar el movimiento por las libertades civiles del pueblo tibetano.
Educación y trabajo
El 80% de los tibetanos en Tibet se encuentran en una situación de completo analfabetismo. En las áreas rurales no existen escuelas o existen sólo de nombre en los documentos oficiales. En las áreas urbanas existe una discriminación abierta. La corrupción de un sistema totalitario sin contrapeso, permite que todas las vacantes en educación media y superior, sean sólo para los estudiantes chinos residentes en Tibet, lo mismo se repite respecto de las oportunidades de trabajo. El estudio de la lengua tibetana es desalentado sistemáticamente por el régimen imperante. La admisión en la educación media y universitaria de todas las maneras está supeditada al dominio del chino, pero no del tibetano, aun cuando el tibetano sea la lengua natural e histórica de Tibet, de origen y estructura distinta al chino. Todas las plazas de trabajo del aparato administrativo son ocupadas por chinos.
Transferencia estratégica de población
La mayor agresión que actualmente enfrenta el pueblo tibetano en su conjunto, en su propia tierra, es la transferencia estratégica masiva de población china al Tibet. Esta es una de las estrategias mejor planificadas por el régimen chino, como el único plan que puede asegurar la supremacía china en Tibet y consecuente destrucción de su identidad nacional. Tanto éxito ha logrado este plan chino, que actualmente la población china transferida ya suma más de 7.5 millones, sobre una población tibetana de 6 millones.
Mutilación geográfica
Históricamente, Tibet ha estado conformado por tres grandes Regiones: U-Tsang, Kham y Amdo, cubriendo un territorio de 2.5 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, un territorio equivalente al de Chile y España juntos. Pero ahora ha sido reducido de una plumada, a menos de la mitad de su tamaño original antes de la ocupación militar china, asignándosele el engañoso nombre de Región Tibetana Autónoma, para hacer creer al mundo libre que Tibet sólo poseía tal territorio y que ahora cuenta con un estatuto especial dentro de China. Todo Amdo y gran parte de Kham, han sido asimilados a las provincias chinas de Qinghai, Sihuan, Gansu y Yunnán. El resto del territorio tibetano consistente en U-Tsang y otra pequeña parte, ha recibido el nombre de Región Tibetana Autónoma. Actualmente, China se refiere sólo a esa parte como si fuera la totalidad de Tibet. Obviamente, los estrategas chinos han pensado en todo.
Esfuerzos de paz del Dalai Lama
El Dalai Lama, líder espiritual y Jefe del Gobierno de Tibet, ha mantenido y desarrollado un Gobierno de Tibet en el exilio, en Dharamsala, Estado de Himachal Pradesh, en el Norte de India. El gobierno procura el bienestar de los refugiados tibetanos, preocupándose en particular de la educación de los niños y jóvenes. También ha cumplido un sostenido esfuerzo por la liberación pacífica del pueblo tibetano.
El Gobierno de Tibet ha procurado todos estos años encontrar un espacio para la solución del problema tibetano, mediante la proposición de una negociación abierta y directa con los líderes de China. El Dalai Lama, atendiendo al prolongado sufrimiento del pueblo tibetano, incluso ha dejado de lado la demanda de una independencia total, a cambio de un auténtico gobierno nacional tibetano en estrecha asociación con la República Popular China.
Desafortunadamente, el Gobierno chino no ha acogido estas iniciativas de negociación, exigiendo al Dalai Lama que antes que todo, debe negar el estatus histórico de Tibet como una nación independiente. Mientras tanto, millones de tibetanos sufren tanto en su territorio ocupado como en el exilio, sosteniendo una lucha silenciosa, que el mundo parece ignorar.
En consideración a lo anterior, la Cámara de Diputados acuerda:
1º Solicitar al Gobierno de Chile que apoye al Dalai Lama en sus iniciativas pacíficas de negociación con el gobierno chino.
2º Solicitar al Gobierno de Chile que mantenga su política de apoyo a las resoluciones de las Naciones Unidas respecto del Tibet, en la Comisión y Subcomisión de Derechos Humanos.”
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Ofrezco la palabra a un señor diputado que apoye el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra a un señor diputado que lo impugne.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
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MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN SECTORES RURALES.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 580, de los Diputados señores Naranjo, Aguiló, Ascencio, Valenzuela, Palma, don Andrés; Ojeda, Urrutia, don Salvador; Gutiérrez, Zambrano, Rocha, Tuma, Navarro, Villouta, Prokurica, Ortiz y Ceroni:
“Considerando:
1. Que actualmente se encuentra en aplicación un programa de agua potable rural desarrollado por el Ministerio de Obras Públicas.
2. Que la implementación de este proyecto ha sido un éxito, lo que ha permitido que numerosas comunidades rurales a lo largo de todo nuestro país tengan finalmente acceso a este servicio básico.
3. Que este proyecto tiene como uno de sus requisitos para ser desarrollado en una localidad rural, que ésta tenga una determinada densidad poblacional.
4. Que debido a esta exigencia, un número importante de pobladores que habitan en los sectores rurales nunca podrán acceder a este programa, debido a que sus localidades no cuentan con la densidad requerida.
5. Que resulta injusto y discriminatorio que mientras algunas personas pueden recibir este beneficio de parte del Estado, otros por problemas de densidad no reciban ningún tipo de ayuda.
6. Que, sin lugar a dudas, luchar contra la pobreza y llevar la modernidad a todos los sectores rurales implica mejorar a estos pobladores, y sus familias, proporcionándole estos servicios básicos.
7. Que sin embargo, llevar este programa a localidades de menor densidad o a pobladores que habitan en sectores aislados implicaría un costo demasiado elevado, razón por la cual, el Estado debe buscar soluciones alternativas.
8. Que una de estas soluciones es crear un subsidio, que a través del Ministerio de Obras Públicas permita a estos pobladores realizar mejoras en sus pozos o norias, comprar motores, mangueras u otros instrumentos, lo cual les permitirá mejorar la calidad del agua que actualmente obtienen.
9. Por tal motivo, la honorable Cámara de Diputados somete a consideración el siguiente
Proyecto de acuerdo:
Se solicita al Presidente de la República, instruir al Ministro de Obras Públicas, para que estudie la posibilidad de desarrollar e implementar un programa permanente de subsidio, destinado a mejorar los actuales sistemas de abastecimiento de agua existentes en los sectores rurales que, por problemas de densidad poblacional, no pueden acceder al agua potable rural.”
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Ofrezco la palabra a un señor diputado que apoye el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra a un señor diputado que lo impugne.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
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VIII. INCIDENTES
INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN TALCAHUANO. Oficios.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , solicito que se oficie al Ministro de Obras Públicas , a fin de que nos informe sobre el grado de avance de las obras de pavimentación del camino que une la ciudad de Talcahuano con la Caleta Tumbes, ubicada en el mismo puerto.
Estamos hablando de alrededor de 4,2 kilómetros de camino que une esos dos puntos y de una caleta donde laboran más de 3.500 personas. De manera que más que una reparación de caminos, se trata de mejorar la calidad de vida de esas personas que viven en una caleta que desde hace algunos años ha demostrado mejoramientos notables. Hace algún tiempo, el Ministro nos informó que se encontraba estudiando la posibilidad de construir una carpeta asfáltica entre esos puntos. Sin embargo, es necesario que nos informe con mayor precisión sobre los alcances de ese estudio, por cuanto es de suma importancia concretar la ejecución de la obra mencionada.
En segundo lugar, pido que se oficie al Ministro de Vivienda, con el objeto de que nos informe con exactitud sobre las medidas técnicas que adoptará respecto de los daños que sufrieron, apenas tres o cuatro meses después de entregados, más de 800 departamentos de Villa Centinela, en Talcahuano.
Hemos sostenido largas conversaciones con el Ministro al respecto. Sin embargo, todavía no hemos recibido información oficial por escrito dando cuenta de los arreglos que se requieren. Sin duda, la reparación de las techumbres constituye una necesidad.
Además, existe una serie de obras que deben ejecutarse antes de que comiencen a caer nuevas lluvias, por cuanto esa villa, ubicada en el sector alto de Talcahuano, adolece de graves defectos de construcción.
En consecuencia -reitero-, pido que se nos informe oficialmente respecto de las reparaciones que se ejecutarán y de las fechas de inicio y término de tales trabajos.
En tercer lugar, pido que nos dé a conocer cuáles son las calles y pasajes de Talcahuano que, atendido el presupuesto de esa cartera para 1998, se ha considerado conveniente reparar o pavimentar.
En Talcahuano existe un porcentaje muy elevado de calles y pasajes sin pavimentar, y se hace cada vez más urgente acelerar ese tipo de trabajos, como asimismo, ampliar su ejecución a un mayor número de vías. Por lo tanto, solicito que nos informe respecto del plan de ejecución de obras elaborado por el Serviu para este año.
Asimismo, pido que nos indique los montos que destinará a Talcahuano por concepto de asignación de responsabilidad correspondiente a la evacuación de aguas lluvia. Los sistemas secundarios de evacuación de aguas lluvia son de responsabilidad del Serviu, y por esa razón solicito que se nos informe a cuánto alcanza el financiamiento y cuáles son los sistemas de evacuación que se ejecutarán.
Por último, pido que se oficie al mismo Ministro, a fin de que nos informe sobre el presupuesto y el estado de avance en la construcción de los parques Las Hortensias, Antofagasta y Cerro Amarillo, de Talcahuano. Algunos de ellos se encuentran en etapa de ejecución y otros en proyecto; pero quiero que se nos diga con mayor precisión si existe presupuesto para la construcción del parque Las Hortensias .
He dicho.
La señora SAA ( Vicepresidenta ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
En el tiempo del Comité de la UDI, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE SAN FABIÁN Y SITUACIÓN DE POBLADORES AFECTADOS POR ACTUACIÓN DE EMPRESA CONSTRUCTORA DE ÑUBLE. Oficios.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
En el turno del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señora Presidenta , en la provincia de Ñuble hay dos proyectos de embalse de aguas, uno que data de hace más o menos 40 años, el embalse La Punilla, y el otro, alternativa que ha surgido en el último tiempo, el embalse San Fabián .
En esta Corporación tenemos conciencia de que no habrá reconversión ni modernización de la agricultura en esa zona, y de que ella no será competitiva si no contamos con el recurso fundamental que es el agua.
Entiendo que hay compromisos sobre este proyecto entre el gobierno regional y el Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministro para que dé a conocer la respuesta de su Cartera respecto de la petición de construcción del embalse San Fabián .
La señora SAA ( Vicepresidenta ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señora Presidenta , en segundo lugar, el Comité de Allegados de la comuna de San Nicolás, provincia de Ñuble, fue víctima de los escándalos ocurridos en Inversiones Bilbao, Serviu , en la Octava Región. Sus pobladores me manifestaron que, hasta hoy, no han tenido ninguna respuesta concreta.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministro de Vivienda y Urbanismo para que informe acerca de la situación en que se encuentra dicho Comité y las soluciones propuestas para resolver su problema.
He dicho.
La señora SAA ( Vicepresidenta ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO FRONTERIZO EN VIZVIRI Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL EN ARICA. Oficios.
La señora SAA ( Vicepresidenta ).-
Puede continuar el Diputado señor Salvador Urrutia.
El señor URRUTIA (don Salvador) .-
Señora Presidenta , solicito que se oficie al Ministro del Interior para que dé máxima prioridad a la formulación del proyecto sobre construcción de un complejo fronterizo en Vizviri, comuna de General Lagos, provincia de Parinacota.
Dada la enorme importancia que está adquiriendo el intercambio con Bolivia, es imprescindible que al complejo fronterizo de Chungará se una el de Vizviri, porque implicará una enorme mejoría en el tránsito, tanto de mercaderías como de pasajeros, desde Arica hacia La Paz y, desde ahí, a todos los demás destinos de Bolivia y Brasil.
La señora SAA ( Vicepresidenta ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
El señor URRUTIA (don Salvador) .-
Señora Presidenta , asimismo solicito que se oficie al Ministro de Vivienda y Urbanismo para que se dé máxima prioridad a la construcción del camino que une la calle Sotomayor con 21 de Mayo y circunvala el sector del cerro La Cruz. Su pavimentación mejorará mucho la comunicación entre el amplio sector del centro de Arica y del mismo cerro La Cruz con las poblaciones que se han construido en el camino a las pesqueras y en los sectores norte y este de la ciudad.
La señora SAA ( Vicepresidenta ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
SOLUCIÓN A DÉFICIT DE ESPECIALISTAS EN DIVERSAS ÁREAS MÉDICAS. Oficio.
El señor URRUTIA (don Salvador) .-
Señora Presidenta , solicito también que se oficie al Ministro de Salud para que informe sobre las medidas que su Cartera ha tomado para solucionar el tremendo déficit de especialistas en diversas ramas de la medicina. Tenemos bastante información respecto de áreas como neurocirugía, oftalmología y otorrinolaringología, en los cuales la escasez de especialistas está provocando situaciones de riesgo y perjuicio de la salud de muchos pacientes, especialmente de emergencia, que no pueden ser atendidos con la agilidad y rapidez que su enfermedad exige.
Es necesario que el Ministerio de Salud adopte medidas para solucionar este déficit. Siempre se puede recurrir -a través de un plan de becas en el extranjero- a la formación acelerada de aquellos especialistas cuya falencia es mayor. Si en Chile el número de ellos no es suficiente, existe esta posibilidad, y de hecho muchos que actualmente trabajan en el país han logrado su especialización de ese modo. Por lo anterior, el Ministerio de Salud debe asumir esta responsabilidad, y, con el apoyo de la comunidad y del Gobierno, crear financiamiento para concretar el otorgamiento de estas becas.
Solicito que el texto de mi intervención se adjunte al oficio.
He dicho.
La señora SAA ( Vicepresidenta ).-
Se enviará el oficio solicitado, acompañado de la intervención de su Señoría.
ALCANCES SOBRE RESULTADO DE LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS. Oficios.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra la Diputada señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señora Presidenta, ayer tuvimos la oportunidad de escuchar algunas reflexiones, quizás las primeras respecto del reciente proceso electoral y su resultado.
Quiero sumarme a ese análisis preliminar, y decir, primero, que sus resultados son preocupantes.
Más allá de que, para muchos, se pueda considerar un serio revés, desde el punto de vista de la Coalición de Gobierno, lo importante es que aquí hay un llamado de atención muy relevante de un sector numeroso de la población que, a través de los votos nulos y en blanco, está rechazando, no a un Gobierno y su política, sino a un sistema. En este sentido, como país y como democracia, nos debe preocupar no sólo el millón de jóvenes que no se inscribió, que no hizo uso de su derecho de sufragio, sino el porcentaje de votos nulos.
Aquí estamos hablando de un rechazo al sistema mismo. Eso es entendible. Podemos dar muchas explicaciones, pero, por un lado, hay un modelo, una economía de mercado que provoca enormes injusticias, por lo cual la población empieza a resentirse. Por desgracia, después de casi ocho años de Gobierno de la Concertación, a pesar de las rectificaciones en algunos rumbos y de los esfuerzos por lograr mayor equidad, nuestra sociedad sigue siendo extraordinariamente desigual, injusta, segregadora y marginadora. Lamentablemente, debemos reconocer que así es.
Además, existen servicios que están muy lejos de tener la calidad y cobertura razonable para la totalidad de la población. Estoy pensando en educación y en salud. Día a día, vemos en cada una de las comunas, el drama de la población que requiere que efectivamente se le garantice cobertura en educación pública. Hoy, por distintas razones, los alumnos repitentes son rechazados y la falta de matrículas se hace evidente. Para qué decir en comunas con crecimiento extraordinariamente acelerado, desordenado y masivo, como Puente Alto. Entonces, la población no tiene dónde acudir para inscribir a sus hijos en colegios públicos, y cada día más la coeducación financiada -por llamarla así- es tremendamente segregadora, exigente y demandante de los padres que carecen de recursos.
Además, creo que la transición se verá obstaculizada y retrasada por el próximo Parlamento, por cuanto podemos decir que, lamentablemente, han surgido fuerzas polarizantes que, de alguna manera, constituirán un obstáculo para ello.
Asimismo, es muy grave que en una democracia como la nuestra no exista una ley de financiamiento de los partidos políticos, de las campañas electorales, ni mucho menos regulación y limitación de los gastos. Quienes participamos en la reciente campaña pudimos observar la desigualdad de recursos de los candidatos, lo cual ha llegado a límites que, si no los rectificamos, nos llevarán a una sociedad increíblemente desigual y elitista.
En el siglo pasado, rechazamos el cohecho, que se llevara a votar a la población con menos educación y recursos. Hoy caemos en las mismas actitudes: en pago de cuentas y otras reñidas absolutamente con la moral, la ética y con lo que debe ser el funcionamiento democrático.
El Gobierno también deberá hacer su propia reflexión -entiendo que ya la ha iniciado- y, probablemente, algunas rectificaciones en sus políticas sociales. No podemos seguir aceptando una sociedad donde los jóvenes no tienen espacio ni oportunidades laborales, en que muchos de ellos, después de haber realizado cursos de capacitación, no encuentran inserción laboral, lo que no los estimula a participar activamente, y menos de un sistema político que nuevamente nos obligará a llegar a acuerdos para que el Senado apruebe las leyes, lo cual produce duda sobre la utilidad del voto, pues, en definitiva, no se logra la mayoría que, aunque se dé en la votación, no se traduce en la composición del Parlamento, que no sólo tendrá senadores designados, sino, además, senadores vitalicios, a quienes rechazamos como institución. Ojalá que algún día el país vuelva a tener un Parlamento como el que antes existió, elegido ciento por ciento en forma democrática, por mayoría popular y sin los elementos que distorsionan la voluntad soberana.
No sólo deberemos rectificar rumbo respecto de los jóvenes. Sin lugar a dudas, también deberemos hacerlo con las personas de la tercera edad, en particular con los jubilados y pensionados, quienes, a pesar de los esfuerzos realizados, siguen teniendo una situación desmejorada. Allí también hay un llamado de atención, y corresponde que lo recojamos.
Porque somos una sociedad democrática y partidos políticos que tenemos confianza en esa democracia, debemos iniciar esta reflexión. Mi partido, el Socialista, también sufrió un revés importante. Nos duele que hayamos disminuido el número de diputados, porque muchos de ellos son extraordinariamente valiosos. Lamentamos mucho que no nos acompañen en el próximo período, porque entregaron mucho en su gestión parlamentaria.
Además, se produjo un revés que significa votos menos, lo cual también nos obliga a reflexionar. Hemos iniciado ese proceso con serenidad y con altura de miras, como deberá realizado el Gobierno y la Concertación en su conjunto.
El país no resistirá y seguirá con su rechazo si los partidos políticos no tienen la capacidad de actuar con responsabilidad frente a los desafíos. Los próximos obligarán a la Concertación a tener la capacidad de encontrar un lenguaje común y unitario. Por lo tanto, me sumo a aquellos que exigen a la Concertación altura de miras.
Por otra parte, agradezco la extraordinaria votación que obtuve en el distrito 29, por lo cual debo manifestar que me siento más comprometida que nunca a trabajar por él.
En consecuencia, pido que se oficie al Ministro de Vivienda, a fin de que informe qué comunas del distrito 29 abarcará el programa Chile Barrios y si ya existe la selección al respecto. Asimismo, por intermedio del señor Ministro, pido que el Serviu dé a conocer la fecha del próximo llamado a postulación para los subsidios y las condiciones de los nuevos conjuntos poblacionales que se entregarán.
Nuevamente, agradezco la alta votación obtenida y reitero mi compromiso de trabajar en forma activa por ese distrito.
He dicho.
La señora SAA ( Vicepresidenta ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
MEDIDAS PARA VIABILIZAR ACUERDO CON SUPERINTENDENCIA DE AFP. Oficios.
La señora SAA ( Vicepresidenta ).-
En el turno del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señora Presidenta , ayer tratamos el proyecto de acuerdo Nº 579, relacionado con la tristemente célebre circular Nº 998, emitida por el Superintendente de las administradoras de fondos de pensiones.
Se expresó que era extemporáneo porque el problema ya se había solucionado. Personalmente, manifesté que no era así, que sólo a las 18 horas se sabría si los funcionarios de Gobierno habían comprendido que hay que cumplir con los acuerdos contraídos. Lamentablemente, el tiempo me dio la razón. En efecto, no cumplieron el compromiso adquirido con los trabajadores de las administradoras de fondos de pensiones, con el cual se puso término a legítimos paros motivados por el contenido de la circular.
Sin embargo, quiero rescatar las cosas positivas, reclamar formalmente y plantear una posible solución.
A mi lado, se encuentra mi colega de bancada señor Exequiel Silva , con quien redactamos una petición al Superintendente de AFP , don Julio Bustamante, antes que se tratara el tema, en la que hacíamos especial hincapié -como gente que creemos en la justicia social-, en que la circular era inconsulta, inapropiada y, lo más grave, que en seis o siete meses significaría la cruel cesantía de 20 mil personas en el país.
No nos contestó; no sé en qué situación está este caballero. Lo concreto es que siguió adelante. Y el 11 de diciembre, tal como lo ha expresado la colega Isabel Allende , la demostración de descontento fue muy clara. Más de un 14 por ciento de chilenos anuló su voto, muchos de los cuales lo hicieron debido a la circular Nº 998 y al reajuste de remuneraciones de un 6 por ciento. Lo digo en forma muy seria y responsable, porque lo escribieron en su voto.
Tengo en mi mano el oficio -lo que demuestra el alto grado ejecutivo de la Mesa de la Cámara de Diputados- mediante el cual se comunica al Ministro del Trabajo el proyecto de acuerdo, aprobado ayer por 31 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones, y cuyo texto es el siguiente:
“La Cámara de Diputados -Poder del Estado autónomo e independiente- acuerda solicitar al Gobierno que suspenda la aplicación de la circular Nº 998 de la Superintendencia de AFP y que llame a constituir una mesa de diálogo entre los representantes de los vendedores, el Gobierno y de las bancadas parlamentarias, a fin de lograr una salida adecuada al conflicto motivado por la aplicación de la circular mencionada.”
El proyecto de acuerdo ya está en el despacho del Ministro del Trabajo.
Por la Constitución Política que nos rige, los proyectos de acuerdo representan la intención de legislar en algunos temas en los cuales no tenemos facultades. En este caso, existe la voluntad y decisión de 31 diputados, correspondiente al 90 por ciento de los presentes en la Sala. Al respecto, cabe puntualizar que la iniciativa contó con el apoyo de todos los jefes de bancadas de los partidos políticos.
¿Y cuál fue el resultado?
La Superintendencia de AFP ha emitido una circular aclaratoria, situación que es grave, porque se está entendiendo que, a través de este expediente, se puede pasar por encima del Poder Legislativo, en circunstancias de que en la Cámara de Diputados, desde hace dos años, se encuentra un proyecto que norma el tema.
La circular “aclaratoria”, no accede a nada de lo consensuado como término del conflicto. El acuerdo tomado señalaba que las cartolas cuatrimestrales deben ser solicitadas y retiradas de las oficinas de las AFP mediante un mandato otorgado por el afiliado al vendedor, agregando al trámite de traspaso fotocopia de la cédula de identidad más orden de traspaso, todo lo cual constituye tres instancias de verificación de firmas, que planteo como posible solución.
Me coloco como una especie de aval o garantía, junto con el Diputado señor Exequiel Silva , todos los jefes de bancada, los 27 ó 28 diputados que firmaron el proyecto y los 31 que lo aprobamos ayer, para exigir al señor Julio Bustamante que entienda que estamos en un país de gente inteligente, que razona y piensa, a la que no se le puede mentir en la solución de situaciones puntuales.
En vista de que el señor Bustamante cree que se encuentra en una isla dentro del Gobierno y olvida que es un funcionario más que debe preocuparse -él especialmente- del destino de los trabajadores de estas instituciones, solicito en mi nombre y en el del colega Exequiel Silva, oficiar al Ministro de Hacienda, a fin de reclamar formalmente por la actitud de dicho funcionario y solicitar que adopte las medidas necesarias para cumplir el acuerdo logrado.
Solicito que, en los mismos términos, se oficie al Ministro Secretario General de la Presidencia, responsable del patrocinio de los proyectos que conforman la agenda legislativa del Ejecutivo.
Estas son las cosas que dividen profundamente a los chilenos, y lo más grave, hacen que miles de ciudadanos no se interesen en el quehacer público y político.
He dicho.
La señora SAA ( Vicepresidenta ).-
Se enviarán los oficios solicitados por el señor diputado adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los Diputados señores Kuschel, Silva y la Diputada que habla.
Los oficios se enviarán al Ministro del Trabajo , porque la Superintendencia depende de ese ministerio, y al Ministro Secretario General de la Presidencia .
El señor ORTIZ .-
Al Ministro del Trabajo ya se le mandó ayer el proyecto de acuerdo. Lo que planteo es que también se explique la situación al Ministro de Hacienda y al Secretario General de la Presidencia, don Juan Villarzú.
Es un problema que produce inquietud en el país e incide en el destino de 20 mil familias.
La señora SAA ( Vicepresidenta ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
CONSTRUCCIÓN DE PUERTO DE PASAJEROS EN PUERTO MONTT. Oficio.
La señora SAA ( Vicepresidenta ).-
En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señora Presidenta , solicito que se oficie al Ministro de Obras Públicas para que considere la necesidad de estudiar -y eventualmente llamar a licitación- la construcción de un nuevo puerto de pasajeros en Puerto Montt, debido a la gran cantidad de turistas que están llegando en trasatlánticos. La temporada pasada llegaron 14 barcos; en ésta se espera el arribo de 50 y para la próxima se anuncia la llegada de alrededor de 100 trasatlánticos.
Puerto Montt tiene capacidad para atender uno a la vez; pero, eventualmente, habrá que atender dos o tres al mismo tiempo.
El turismo es una fuente de riqueza adicional en Puerto Montt, futura “Ciudad de los Césares”, de modo que estimo adecuado considerar este estudio.
No es necesario que el proyecto se lleve a cabo con recursos públicos, porque, teniendo en vista la demanda, habrá empresas particulares dispuestas a efectuar las inversiones.
He dicho.
La señora SAA ( Vicepresidenta ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
EVALUACIÓN DE VOTOS NULOS DE ÚLTIMA ELECCIÓN PARLAMENTARIA.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la Diputada señora Cristi.
La señora CRISTI .-
Señora Presidenta , quiero hacer una breve reflexión respecto de lo que se planteó ayer y hoy sobre la preocupación existente, a nivel nacional, por el asunto de los votos nulos.
Estoy de acuerdo en que hubo un porcentaje demasiado alto que, evidentemente, es preocupante.
Estuve presente en el recuento de votos y me temo que muchos de ellos fueron anulados porque simplemente muchas personas no supieron, hasta el último momento, cómo marcar sus preferencias. Hubo muchos votos nulos que no eran tales, porque los nuevos vocales no tenían claro o no estaban preparados para determinar la nulidad de los votos. En algunos colegios rescatamos 20 votos nulos por mesa, que correspondían a distintos candidatos. No era una situación personal, sino que simplemente eran votos anulados porque no se sabía cómo evaluarlos. Hay claras diferencias entre un voto de rechazo propiamente tal y un voto nulo por equivocación.
Sería interesante que el Servicio Electoral estudiara la posibilidad -entiendo que esto hay que solicitarlo a través del Tribunal Calificador de Elecciones- de evaluar estos votos nulos.
Sin duda, nuestro sistema de votaciones sigue siendo anticuado, caduco, engorroso, complicado y difícil para quienes ejercen como vocales y apoderados. Sinceramente, espero que se agilicen todos los trámites para que, a la brevedad, se pueda modificar este sistema que ya no corresponde a la realidad del país.
Por ejemplo, hubo mesas que demoraron más de cuatro horas en contar los votos. Realmente eso es imposible. Este sistema, en un país que se cree medianamente desarrollado, ya no se justifica.
Ojalá todos estos proyectos de modernizarlo y agilizarlo sean pronto una realidad.
OBRAS DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN PRECORDILLERA DE SANTIAGO. Oficios.
La señora CRISTI .-
Señora Presidenta , como consecuencia del fenómeno de la corriente de El Niño, un amplio sector de nuestro distrito fue afectado por lo que llamaría un aluvión, no obstante que no se le dio característica de tal. Como estuve en el lugar, pude comprobar que la inundación que sufrieron las comunas de Peñalolén y La Reina, y entiendo que también parte de Las Condes, no fue producto del exceso de las aguas lluvias, sino de la nieve que se derritió y que en sólo quince minutos bajó como un verdadero río por las calles, alcanzando más de un metro de altura.
En las comunas de Peñalolén y La Reina, específicamente en el sector de Sánchez Fontecilla y en otros que nunca se habían inundado, se produjeron inundaciones de barro que destruyeron bienes y enseres en las casas. Más de ochenta familias sufrieron los efectos de este fenómeno y, lo más grave, es que recién se estaban reponiendo de una inundación anterior, lo que significa un tremendo costo y sacrificio para las personas que viven en ese sector.
Ahora, ¿qué queda por hacer? Está claro que un aluvión no es responsabilidad directa de un alcalde, de un diputado o de las autoridades, pero sí lo es buscar la forma de recolectar estas aguas lluvia que bajan de la cordillera. Hay más de cinco quebradas en el sector Oriente, entre las cuales están la de Ramón, que se desbordó hace algunos años, y, en Peñalolén, la del Nido de Águilas o del Caballero de la Montaña, que bajan sin curso alguno. No puede ser que en una ciudad como la nuestra baje un río que no tiene cauce.
Las últimas inundaciones fueron producidas por la quebrada Lo Hermida , que no se activaba desde hace 25 años, que inundó las casas ubicadas en Sánchez Fontecilla y otras del sector alto.
La pregunta es qué hacer. Evidentemente, buscar soluciones rápidas, las que ya se están aplicando; mejorar la contención de aguas lluvias en la parte baja, hacer un ducto bajo el canal San Carlos . El alcalde, los vecinos y el Intendente de la Región Metropolitana han entregado los recursos para realizar los trabajos. Pero ésa no es la respuesta, sino un colector de aguas lluvias en la precordillera, sobre la cota 900, cerca de la mil, que recoja todas las aguas que bajan de la cordillera hacia la ciudad.
Este proyecto, de responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, hace muchos años que se está tratando de implementar y ha llegado la hora de tomarlo en serio. Hace seis años que hablamos sobre esto con el ministro y el intendente de la época. Lo denunciamos como un hecho grave y si no se toman las medidas adecuadas ningún alcalde ni autoridad podrá resolver lo que pasa en esa parte de la ciudad.
Por otra parte, numerosas juntas de vecinos y autoridades del país han manifestado su preocupación por el exceso de construcciones en la precordillera. El aumento de la pavimentación, el desvío de quebradas acrecienta las posibilidades de que las aguas no sean absorbidas. Algún día seguirán más allá del canal San Carlos y afectarán a toda la ciudad.
Entonces, solicito que se oficie al Ministro de Obras Públicas con el objeto de que nos informe qué proyecto vial importante, serio y responsable existe para encauzar las aguas lluvias en la parte alta de la precordillera, ya sea en la cota 900, 950 o mil, porque es la única posibilidad de superar el problema. Por lo demás, en 1983 ya existía un proyecto en la Intendencia de la Región Metropolitana, cuando yo trabajaba en el Serplac. Espero que, de alguna forma, sea reactivado si aún existe o si hay algún otro plan al respecto, porque es absolutamente urgente llevarlo a cabo.
Además, recabo que se oficie al Ministro de Vivienda , a fin de consultarle qué estudios de viabilidad y factibilidad se han hecho para ver hasta dónde se puede seguir construyendo en la precordillera, el impacto de la mayor pavimentación y el desvío de quebradas y, si lo han tenido, por qué se autorizan tales obras y dicho desvío; por qué se sigue permitiendo la subdivisión mínima en la parte alta de la precordillera; por qué tenemos un plan regional metropolitano que determina que las comunas deben tener entre 150 y 600 habitantes por hectárea, incluso en la precordillera. Aquí hay una responsabilidad muy importante del Ministerio de Vivienda, cuya labor debe ser radical en esta materia.
Por lo tanto, solicito que dicha Secretaría de Estado responda sobre el impacto de estas construcciones en la precordillera, y el Ministerio de Obras Públicas respecto del proyecto de recolección de aguas lluvias para la parte alta de la ciudad.
He dicho.
La señora SAA ( Vicepresidenta ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Vilches, Montes -en lo relativo a Vivienda- y de la Diputada que habla.
MEDIDAS PARA PALIAR EFECTOS DE BAJA DEL PRECIO DEL COBRE EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA. Oficio.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Vilches.
Restan siete minutos a su Señoría.
El señor VILCHES .-
Señora Presidenta , como representante de una región minera, con dolor leí el titular de primera página del diario “La Tercera”: “Cierran cinco minas por caída del cobre” “Baja del precio: debacle en pequeña y mediana minería del país”.
En efecto, el precio bajo los ochenta centavos de dólar la libra ha significado una tragedia para la pequeña y mediana minería, no sólo de la Tercera y Cuarta regiones, sino de todo el país.
Esto nos da la razón respecto de lo que hemos denunciado en los últimos meses en forma reiterada: hay una paralización de las faenas medianas y prácticamente de todos los pequeños mineros.
Esta situación traerá consigo alta cesantía en la zona norte y bolsones de pobreza, que tanto hemos luchado por superar.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministro de Minería , con copia de mi intervención, para que con carácter de urgente adopte medidas que palien los efectos de la baja del precio del cobre y reactiven el sector, con el fin de evitar una paralización generalizada.
En otras épocas ha habido soluciones. Como es sabido, al sector de la pequeña y mediana minería del país se le aportaron recursos por hasta 90 millones de dólares en la década del 80, sobre todo con tarifas sustentadas de compra de minerales, para que dicha actividad siguiera funcionando y subsistiendo.
Se trataría de una inversión transitoria, que permitiría seguir trabajando a los pequeños mineros, que son el motor fundamental en la región norte.
Sabemos que existe una gran minería floreciente, con bajos costos, pero la pequeña minería es una realidad distinta, pues ésta requiere de asistencia técnica, de recursos para el fomento y de tarifas de compra, que es el mejor fomento para reactivar el sector.
En las regiones Quinta y Metropolitana también hay muchas faenas de pequeños mineros. Por eso, creo que interpreto el dolor de toda la minería, que ha sido una de las actividades económicas más importantes del país por la generación de empleos, de riquezas y de recursos que aporta al Estado.
Las cifras hablan por sí solas. En 1992 había más de 3.200 proveedores empadronados que comercializaban con la Empresa Nacional de Minería. Hoy se han reducido en más de un cincuenta por ciento.
La realidad de los últimos meses es la paralización total de la mediana minería. En Copiapó han debido cerrar la Compañía Minera Atacama y la Compañía Minera Sali Hochschild. Además, en la Cuarta Región han paralizado plantas como Panulcillo y otras que daban trabajo a muchos pequeños mineros y, en forma indirecta, a todo el comercio de esas localidades, al transporte y servicios que dependen de esa actividad.
Esto lo hemos señalado en todos los tonos. Incluso, le solicitamos una entrevista a su Excelencia el Presidente de la República para que los dirigentes de la Sociedad Nacional de Minería, que representan a todos los pequeños y medianos mineros, se puedan entrevistar con la primera autoridad del país, exponerle los problemas y, además, llevarle una propuesta de soluciones, que ha dado buenos resultados en otras épocas. Pero hoy se necesita implementarla y, fundamentalmente, se requiere la voluntad política para hacerlo.
Este es el dolor de toda la pequeña minería, sin color político, lo cual fue reflejado en un voto nulo en las recientes elecciones, porque la gente está desesperada y necesita tener una esperanza. Trabajemos para darle una nueva oportunidad a la pequeña y mediana minería y así mantener la subsistencia de miles de personas en el norte y de localidades que, históricamente, han sido muy importantes para nuestro país.
He dicho.
La señora SAA ( Vicepresidenta ).-
Se enviará el oficio solicitado, con la intervención de su Señoría.
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
Se levantó la sesión a las 12.56 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 16 de diciembre de 1997
Tengo a honra comunicar a V.E. que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de ley que regula el traspaso de servicios municipales entre las municipalidades de las comunas que indica.
Lo que comunico a V.E. en respuesta a su oficio Nº 1.539, de 9 de julio de 1997.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado .”
2. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 17 de diciembre de 1997.
Tengo a honra comunicar a V.E. que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley de esa honorable Cámara que modifica la planta del personal del Ministerio de Bienes Nacionales, con las siguientes modificaciones:
Título I
Ha eliminado de su epígrafe la palabra “nacional”.
Artículo 2º
Letra b)
Ha intercalado, en sus numerales ii) y iii), una coma (,) entre las palabras “duración” y “otorgado”.
Letra c)
Ha agregado, a continuación de la palabra “Alternativamente”, la siguiente frase: “cualquiera de los siguientes”, precedida de una coma (,) y seguida de dos puntos (:).
Ha intercalado, en su numeral i), una coma (,) entre las palabras “técnico” y “otorgado”.
Artículo 3º
Ha intercalado, en el inciso segundo, entre las palabras “personal” y “ni” la expresión “rebaja de grado”, precedida de una coma (,).
Artículo 4º
Lo ha sustituido por el siguiente:
“Artículo 4º.- El personal que actualmente ocupa un cargo en extinción adscrito a la planta por aplicación del artículo 2º transitorio de la Ley Nº 18.972, mantendrá inalterable su situación, no obstante la fijación de la nueva planta contenida en esta ley, entendiéndose que dichos cargos quedan adscritos, por el solo ministerio de la ley, a la nueva planta. Asimismo, tendrá derecho a los beneficios que otorga el Título siguiente.”.
Artículo 5º
Ha sustituido la letra d), por la siguiente:
“d) Para tener derecho al beneficio, los funcionarios deberán estar calificados en lista número 1, de distinción, o en lista número 2, buena.”.
Ha reemplazado la letra g), por la siguiente:
“g) Los montos que los funcionarios perciban por este concepto no serán considerados remuneraciones para ningún efecto legal y, en consecuencia, no serán imponibles. No obstante, para fines tributarios, se considerarán rentas del número 1º del artículo 42 de la ley sobre Impuesto a la Renta, entendiéndose, para estos efectos, que la cantidad pagada en cada cuota se ha devengado por partes iguales en cada mes del trimestre respectivo.”.
Ha sustituido el párrafo primero de la letra h), por la siguiente:
“h) No tendrán derecho a esta bonificación los funcionarios que no hayan sido calificados por cualquier motivo en el período inmediatamente anterior.”.
Ha sustituido la letra i), por la siguiente:
“i) El beneficiario que, por ascenso o cualquier otro motivo, cambiare de grado con posterioridad al proceso calificatorio, percibirá la bonificación en relación con las remuneraciones que estaba percibiendo en el cargo en que fue calificado, sin perjuicio de los reajustes legales de remuneraciones que pudieren corresponderle.”.
Artículo 1º transitorio
Lo ha sustituido por el siguiente:
“Artículo 1º.- El Ministro de Bienes Nacionales encasillará al personal de planta en servicio a la fecha de publicación de esta ley, siguiendo el orden que en el escalafón de mérito haya correspondido al funcionario en los procesos de calificaciones de los últimos tres años o en los que hubiere sido calificado si su permanencia en el servicio fuere inferior a ese lapso, y sin sujeción a las normas de provisión de cargos contenidas en la Ley Nº 18.834. Podrá, además, en la misma resolución de encasillamiento, y siempre que el funcionario tenga una permanencia de dos años mínimo en el servicio, eximirlo por única vez de los requisitos de título establecidos en el Estatuto Administrativo.”.
Artículo 2º transitorio
Ha reemplazado, en el inciso primero, la expresión “la ejecución del”, que precede a la palabra “encasillamiento” por el artículo “el”.
-o-
Hago presente a V.E. que el inciso cuarto del artículo 3º del proyecto ha sido aprobado en el carácter de quórum calificado, en general y particular, con el voto afirmativo de 27 señores Senadores, de un total de 46 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el inciso tercero del artículo 63 de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a V.E. en respuesta a su oficio Nº 1.622, de 6 de agosto de 1997.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado .”
3. Oficio de la Corte Suprema.
“Of. Nº 3298
Santiago , 26 de noviembre de 1997.
Esa honorable Cámara de Diputados, por Oficio Nº 1523 de 3 de julio pasado, y de conformidad a lo establecido en el artículo 74 de la Constitución Política de la República, y 16 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ha remitido a esta Corte Suprema, para su informe, copia del proyecto de ley sobre tramitación y fallo de la acción de las garantías constitucionales.
Impuesto el Tribunal Pleno de esta Corte Suprema de la materia consultada, en sesión del día 24 de octubre último, presidida por el titular que suscribe y con la asistencia de los Ministros señores Aburto , Zurita , Dávila , Béraud , Toro , Araya , Valenzuela , Álvarez , Bañados , Carrasco , Correa , Garrido , Navas , Libedinsky y Ortiz , acordó informar el proyecto, en cuanto a las materias consultadas y que por disposición constitucional y legal le corresponde opinar, de la siguiente forma:
1. El proyecto busca, fundamentalmente transformar en ley el auto acordado de esta Corte Suprema de 27 de junio de 1992, sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, dictado en ejercicio de sus facultades económicas, de que está investida en conformidad con lo preceptuado por la Constitución Política de la República (artículo 79) y en el Código Orgánico de Tribunales (artículo 96 Nº 4 e inciso final); y en consideración a que esas garantías, no obstante su gran trascendencia para el resguardo de valores esenciales del ser humano, no podían hacerse realidad por falta de normas que rigieran su tramitación y fallo. No es correcta, por tanto, la exposición de motivos del proyecto en cuanto expresa que ese auto acordado supuso una premisa errada al señalar “que la Constitución Política de la República no señaló la forma en que deberá tramitarse la acción de protección de garantías constitucionales que consagra en su artículo 20, ni entregó expresamente a la ley su reglamentación”, pues tal premisa errada no existe, ya que lo que se consigna es la verdad. Tampoco se deduce esa supuesta premisa del hecho de haber tenido presente la Corte, lo señalado por el artículo 19 Nº 3 inciso 5º, parte final, de la Constitución de que: “corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un racional y justo procedimiento”, debido a que esta norma no establece una facultad sino una obligación al legislador, hasta ahora no satisfecha.
Y en la medida y durante el tiempo que no se ha cumplido esa obligación, no se advierte inconveniente para que ella pueda suplirse -y ha sido una necesidad de Estado hacerlo- ejerciendo el mandato, también constitucional, de que “la Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación”, permitiendo, así, el efectivo ejercicio de la garantía que el artículo 20 inciso 2º de la misma Carta Fundamental reconoce a toda persona para ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva para que adopte de inmediato las medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.
2. Respecto de algunos cambios que el proyecto introduce al auto acordado, en cuanto a esta Corte le incumbe informar, tiene el honor de informar de la honorable Comisión lo siguiente:
3. Tanto el artículo 1º del proyecto, como a través de todo él, sólo da al recurso de protección el nombre de acción de protección, que doctrinariamente es el propio. El auto acordado le da también este nombre; pero, obviamente, no pudo omitir el de “recurso” de protección, en atención a que así lo denomina la propia Carta Fundamental, en su artículo 20 inciso 2º.
4. El artículo 1º del auto acordado prescribe que “el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones... dentro del plazo fatal de quince días...”; el artículo 2º del proyecto expresa: “Dicha acción prescribirá en el plazo de seis meses...”.
Estima esta Corte que el antedicho largo plazo -que propiamente es de caducidad y no de prescripción- no se compadece con la esencia cautelar de la acción de protección, de ejercicio inmediato y urgente. Dentro de seis meses, el recurrente puede, en su lugar, hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes los demás derechos, como expresamente lo señala el artículo 20 inciso 1º de la Constitución Política, no siendo necesaria, en tal caso, la acción de protección.
5. El auto acordado, en el artículo 3º inciso 1º, señala que “acogido a tramitación el recurso, la Corte de Apelaciones ordenará que informe...”. En cambio, el proyecto expresa en el artículo 4º: “Interpuesta la acción, la Corte de Apelaciones ordenará que informe...”.
La Corte Suprema estima, al respecto, más apropiados los términos contenidos en el auto acordado, ya que interpuesta una acción o recurso, es previo a su tramitación, de conformidad a las reglas comunes a todo procedimiento, examinar procesalmente si el acto, omisión o resolución es susceptible de la acción o recurso, y si se ha interpuesto dentro de tiempo y forma, esto es, si es admisible o no acogerlo a tramitación.
6. El auto acordado en el Nº 7, señala que “Recibidos los autos en la Secretaría de la Corte Suprema, el Presidente del Tribunal ordenará dar cuenta preferente del recurso en alguna de las salas indicadas en los artículos 99 y 101 del Código Orgánico de Tribunales, según proceda, la cual si lo estima conveniente o se solicita con fundamento plausible podrá ordenar traerlo “en relación” para oír a los abogados de las partes, en cuyo caso se agregará extraordinariamente el recurso a la tabla respectiva, de la misma Sala”. (El antedicho artículo 101 fue derogado por el artículo 1º Nº 9 de la Ley Nº 19.374, de 18 de febrero de 1995).
El proyecto por su parte, manifiesta en el artículo 8º que “recibidos los autos en la Secretaría de la Corte Suprema, el Tribunal ordenará traer los autos en relación y dispondrá agregar extraordinariamente la causa a la tabla del día subsiguiente, previo sorteo.”.
7. Como se advierte, la moción, desde luego, se desentiende de la reforma del artículo 1º Nº 8 de la citada ley, que reemplazó el artículo 99 del Código Orgánico de Tribunales, introduciendo la especialización de las salas en que está dividida la Corte Suprema para el conocimiento de las materias, no procediendo, en consecuencia, el sorteo para el conocimiento del recurso o acción de protección, que corresponde a la Tercera Sala o Sala Constitucional, en virtud de los autos acordados de este mismo Tribunal, de 27 de marzo de 1996 y 7 de marzo de 1997.
En seguida, la Corte Suprema debe, previamente, hacer el examen formal sobre si el recurso cumple los requisitos para admitirlo a tramitación: haberse deducido en tiempo y forma, esto es, dentro del plazo señalado por la ley y si la resolución es susceptible del recurso, de manera que si no concurren, no lo admitirá a tramitación.
Además, el proyecto reemplaza el conocimiento del asunto en cuenta que contempla el auto acordado en su Nº 7º, salvo que ordene traerlo “en relación”, por éste, como único medio.
El conocimiento de los grandes sucesos, de las ideas y de la naturaleza y cualidades de las cosas no se obtiene necesariamente por alegatos, sino por el ejercicio de las facultades intelectuales. Para este efecto el abogado ha expuesto o puede exponer lo que estime necesario exponer a través de sus escritos presentados en la causa.
Es de necesidad fundamental destacar, honorable Comisión, que la Corte queda enteramente instruida de los recursos o acciones de protección sometidos a su conocimiento sea mediante la cuenta, sea mediante la relación, pues ambos casos son idénticos para el efecto de saber y entender de ellos: en uno y en otro caso el Relator, por mandato de la ley, debe dar ese conocimiento de manera que la Corte quede enteramente instruida del asunto sometido a su conocimiento, dando fielmente razón de todos los documentos y circunstancias que puedan contribuir a aquel objeto.
Esta Corte estima que las razones que la llevaron a suprimir la vista de la causa en las apelaciones de los recursos de protección no sólo se encuentran vigentes, sino que, incluso, se han acrecentado en la medida que la interposición de recursos de protección ha seguido en aumento. El sistema en vigencia contempla, en opinión de la Corte, en forma adecuada los intereses de recurrentes y recurridos y los propios de la Administración de Justicia, con una vista de las causas ante las Cortes de Apelaciones y con un conocimiento en cuenta ante esta Corte, con la posibilidad de que, si lo estima conveniente o se le solicita con fundamento plausible, pueda ordenar traer los “autos en relación”, todo ello sin perjuicio, evidentemente, de los escritos de “téngase presente” que puedan presentar los interesados en reemplazo de sus “alegatos de pasillo”.
No se advierte en qué forma podrían distribuirse las apelaciones entre las distintas Salas especializadas, dependiendo de la materia discutida, puesto que, en materia penal por ejemplo, no existen prácticamente recursos de protección. En otras palabras, la distribución de los recursos de protección entre las diversas Salas, vendría a poner término o atentaría gravemente contra el principio de la especialización que inspiró importantes directrices de la Ley Nº 19.374, además que afectaría negativamente a todo el resto del trabajo del Tribunal.
Por lo demás, el conocimiento de apelaciones o consultas en cuenta se ha ido incorporando cada vez más a nuestros procedimientos, como una consecuencia inevitable de la gran carga de trabajo que deben enfrentar los tribunales colegiados. Basta recordar, al efecto, entre otras disposiciones, las de los artículos 199 del Código de Procedimiento Civil y 534 del de Procedimiento Penal .
8. La gran significación e importancia entre conocer “en cuenta” o “en relación” de los recursos de apelación en las acciones de protección está en que al no oírse alegatos, el tiempo que se ahorra en ellos hace posible que la Corte Suprema -que debe conocer la totalidad de esos recursos deducidos en las acciones de protección que conocen todas las Cortes de Apelaciones de la República- pueda conocer de ellos, lo que resulta imposible si ha de escuchar una gran cantidad de alegatos, en caso de traerlos todos en relación -la Corte Suprema tiene audiencias en el mismo número de días que trabajan las demás oficinas públicas, que son 220 (descontando a los 364 días del año, 104 días domingos y sábados, otros 10 días festivos y 28 días de feriado). De esas 220 audiencias deben descontarse 48 que se dedican a reuniones en Tribunal Pleno, restando, por consiguiente, para las Salas, 172 audiencias al año. No debe olvidarse que a cada Sala, y por cierto a la Tercera Sala o Sala Constitucional, le corresponde conocer muchas otras materias, que cada año aumentan. El año 1995 ingresaron 4.945 y el año 1996 ingresaron 5.173, entre recursos de protección, de casación, de revisión, extradiciones, de inaplicabilidad, de queja, de hecho, reclamaciones, etc., etc. Si la Tercera Sala -que conoce, además de otras materias, de los recursos de protección- destinara dos horas al día a escuchar relaciones con sus respectivos alegatos, en apelaciones en protección, vería alrededor de tres protecciones por día, y al año (172 x 3), 516. Como el ingreso en este año se calcula en alrededor de 900 recursos (el ingreso de esas apelaciones aumenta cada año alrededor de 10%), ya este año no alcanzarían a verse 384 de esas causas. El próximo año 1998 este déficit llegaría a 768 causas que con el aumento del 10% sumaría 844. Y en dos años más (al año 2000) el déficit llegaría a 1.123 causas.
9. Es imperativo, pues, realzar y reiterar que el pensamiento de la Corte Suprema sobre los alegatos ante ella, en los recursos de apelación en las protecciones, no es oponerse a ellos, sino que, generalmente, atendido el mérito de los antecedentes allegados, dada la naturaleza del recurso y atendida la circunstancia de que las cuestiones debatidas giran por lo general en torno a hechos concretos o situaciones de derecho, no requieren ser mayormente ilustradas para los efectos de llegar a una dilucidación.
10. La idea de distribuir el conocimiento de las apelaciones en las acciones de protección entre las restantes Salas de la Corte Suprema no resuelven el problema, sino que lo traslada repartiendo el atraso entre las Salas.
11. En todo caso, parece necesario estudiar una nueva competencia para el conocimiento de la acción de protección, a la que se está recurriendo cada vez más.
No debe olvidarse que la Constitución Política, al establecer la acción cautelar de que se trata prescribió, en su artículo 21 inciso 1º, en consideración a su propia naturaleza, que ella es “sin perjuicio de los demás derechos que puede hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”. Siendo estos tribunales los unipersonales de primera instancia los que deben conocer del fondo del conflicto, con mayor razón pueden conocer la acción de protección, y la sentencia que pronuncien en éste puede evitar el respectivo juicio o gestión, sobre el fondo compensándose así la mayor labor que le signifique el conocimiento de la acción de protección.
En segunda instancia conocerán las Corte de Apelaciones.
Se reservaría el conocimiento de la acción en primera instancia a las Cortes de Apelaciones y en segunda a la Corte Suprema sólo cuando se deduzcan en contra de las autoridades políticas o administrativas.
12. El Nº 8 del auto acordado manifiesta que “Para entrar al conocimiento del recurso o para el mejor acierto del fallo, la Corte Suprema podrá solicitar de cualquier autoridad o persona los antecedentes que considere necesarios para la resolución del asunto”.
Por su parte, la moción, en el artículo 9º, permite solicitar esos antecedentes sólo “para el mejor acierto de (sic) fallo”.
La Corte Suprema estima preferible que sea o “para entrar al conocimiento del recurso” o “para el mejor acierto del fallo”, según las circunstancias, pues decretado en esta última forma, en el fallo sólo pueden participar quienes dispusieron la diligencia. Esta puede no cumplirse prontamente, y cuando lo sea, eventualmente alguno o más de los miembros del tribunal que la ordenaron pudieran estar impedidos de concurrir, lo que dilataría el fallo del asunto, posibilidad que no se da en el primer caso, en el que lo fallarían los que conozcan del asunto una vez cumplida la diligencia.
13. Mientras el Nº 9º del auto acordado acepta la suspensión en la Corte Suprema sólo cuando en éste se traiga el recurso “en relación”, el artículo 10º del proyecto expresa que procederá “tanto en las Cortes de Apelaciones como en la Corte Suprema”.
En atención a lo señalado anteriormente por esta Corte Suprema, de que debe conocerse generalmente en cuenta de los recursos de protección, opina que debe mantenerse en el proyecto tal como está actualmente el Nº 8º de su auto acordado.
14. El Nº 13 del auto acordado consigna que “Si respecto de un mismo acto u omisión dedujeren dos o más recursos, aún por distintos afectados, y de los que corresponda conocer...”.
El proyecto, en su artículo 14, reemplaza la voz “recursos” por “acciones”, pero mantuvo el género masculino del artículo “los”, debiendo ser el femenino “las”.
15. El Nº 15 del auto acordado contempla las medidas que pueden adoptarse respecto de la persona o funcionario que no evacuare los informes o no diera cumplimiento a las diligencias, resoluciones y sentencias que la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema ordenaren.
El proyecto, en su artículo 16º, reproduce aquel número, pero en el lugar de “Corte de Apelaciones”, se escribe erradamente “Cortes de Apelaciones”. Y a las medidas contempladas en el antedicho Nº 15 del auto acordado, agrega la de destitución. Sería necesario añadir a ellas la de arresto, establecida en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, hasta de dos meses, determinados prudencialmente por el Tribunal, sin perjuicio de repetir el apremio.
Se previene que el Ministro señor Álvarez no comparte lo consignado en los numerandos décimo y décimo primero, en cuanto al primero por razón de estimar que es preferible estudiar la posibilidad de una distribución distinta a la actual para el conocimiento y resolución del recurso de protección, entre las diversas salas de esta Corte, dado el considerable volumen de causas de esta especie y en consecuencia, como una manera más razonable y expedita de despachar con la conveniente oportunidad la acción de protección, por idéntica razón no comparte lo expresado en el párrafo sexto del numeral 7º, y en cuanto al segundo, por estimar que la Corte de Apelaciones constituye el tribunal natural para conocer y fallar en primer grado el denominado recurso de protección, tal como por lo demás se consagra en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
En cuanto por el artículo 1º transitorio del proyecto se deroga el actual Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, estima el previniente que jurídicamente no corresponde tal derogación puesto que dicho cuerpo reglamentario se dictó en virtud de una potestad privativa de la Corte Suprema (artículo 79 de la Constitución Política). Lo anterior no significa, por cierto, que si la ley reglamenta la tramitación del recurso o acción de protección deba continuar aplicándose el Auto Acordado sobre esta misma materia, puesto que dejará en este evento de tener vigencia, en virtud del principio que hace aplicable la norma de rango superior, en este caso la ley respectiva, sin perjuicio de que esta Corte, en ese caso, pueda dejarlo expresamente sin efecto.
El Presidente , señor Jordán concurre a lo expuesto en el párrafo 2º de la prevención del Ministro señor Álvarez , pues en su concepto ello es obvio en materia de derecho; tanto más cuanto que los efectos de la derogación se encuentran en las normas directrices previstas en el Código Civil, cuando dispone al definir lo que debe regir como ley; situación que no es dable, dada la jerarquía de ésta y los efectos de los autos acordados, que no se derogan, sino que se dejan sin efecto por el titular de ellos que es la Corte Suprema.
Además, son múltiples los principios que actúan en un estado de derecho y en materia de seguridad jurídica, para atribuir a esta Corte Suprema, que al dictar el auto acordado de referencia procedió con abierta inconstitucionalidad.
Previene, asimismo, en el sentido que el recurso de protección no ampara exclusivamente ilícitos constitucionales, tanto por el significado que tiene el concepto de ilicitud en el ámbito del injusto, cuanto porque si fuera así no lo significaría el texto que lo autoriza, el especificar las garantías por las cuales se puede recurrir, y la cosa juzgada formal que sólo alcanzan las providencias de protección.
Por último, el previniente, hace una consideración genérica en cuanto lo que se pretende en la moción para agilizar la acción, se encuentra dirigido a la inversa, para lo cual basta advertir el contenido de sus artículos 2, 4 inciso 2º, 6 y 8.
Es todo cuanto puede este Tribunal informar en torno al proyecto en examen.
Saluda atentamente a V.S.,
(Fdo.): SERVANDO JORDÁN LÓPEZ , Presidente ; CARLOS MENESES PIZARRO , Secretario
SEÑOR
PRESIDENTE DE LA
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO.”