Labor Parlamentaria

XI. Otros documentos de la Cuenta.

1. Oficios:

Corte Suprema

-De la Corporación, estado actual de causas.

Contraloría General de la República

-Del Diputado señor Ojeda, déficit presupuestario en la Municipalidad de La Unión.

-De los Diputados señores Joaquín Palma y Villouta, contratos realizados por los Municipios de La Serena, Coquimbo y Los Vilos con la Empresa Tasui.

Ministerio del Interior

-Del Diputado señor Venegas, declaración de zona típica área territorial ubicada en la localidad de Isla Negra.

-Del Diputado señor Soria, proyecto ampliación edificio Gobierno Regional de Tarapacá; personas que han ocupado casa de propiedad fiscal ubicada en la ciudad de Iquique.

Ministerio de Relaciones Exteriores

-Del Diputado señor Valcarce, libertad condicional concedida por tribunal peruano a un chileno.

Ministerio de Justicia

-Del Diputado señor Villouta, implementación de terminales computacionales de las Oficinas del Registro Civil y los Juzgados de Letras de las comunas de Collipulli y Traiguén.

Ministerio de Defensa Nacional

-De los Diputados señores Tuma y Ribera, volcamiento de vehículo de propiedad de la Municipalidad de Carahue.

-De la Diputada señora Matthei, retén Cerro El Vigía, Cuarta Región.

-Del Diputado señor Longueira, vendedores de pasteles en Linderos.

-Del Diputado señor Juan Pablo Letelier, procedimiento policial.

Ministerio de Agricultura

-Del Diputado señor Navarro, proyecto de rosa mosqueta en Indap Octava Región.

Ministerio de Obras Públicas

-Del Diputado señor Rodríguez, uso de materiales provenientes de residuos mineros en obras viales, Quinta Región.

-Del Diputado señor José García, obras de defensas fluviales río Cautín, puente Ragñintuleufu, Novena Región.

-Del Diputado señor Galilea, camino sector Bajo Lleuque, comuna de Vilcún, Novena Región.

-Del Diputado señor Alvarado, elegibilidad sector Gamboa Alto de Castro, Décima Región.

-Del Diputado señor Masferrer, puente Antivero ubicado en camino San Fernando-Pichilemu, Sexta Región.

-Del Diputado señor Munizaga, situación de proyectos de riego, Cuarta Región.

-De la Diputada señora Matthei, proyectos en la Cuarta Región.

-Del Diputado señor Navarro, instalación refugios peatonales en ruta 150, Octava Región.

-Del Diputado señor Tuma, construcción de una ciclovía entre las ciudades de Temuco y Nueva Imperial, Novena Región.

-Del Diputado señor Vargas, camino Concón-Quintero de la Ruta F-30 E, Quinta Región.

-Del Diputado señor Soria, proyecto de segundo acceso a la ciudad de Iquique, Primera Región.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

-Del Diputado señor Bartolucci, jubilaciones a imponentes de la ex Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

-Del Diputado señor Valcarce, trabajos de pavimentación en calle Blanco Encalada, comuna de Arica.

-Del Diputado señor Taladriz, intervención electoral por parte de autoridades del sector vivienda de la Décima Región.

III. ACTAS

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

El acta de la sesión 3ª se declara aprobada.

El acta de la sesión 4ª queda a disposición de los señores diputados.

IV. CUENTA

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario accidental ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.

VIII. HOMENAJE

X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA.

1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República . Proyecto de ley que fortalece la Fiscalía Nacional Económica. (boletín Nº 2105-03)

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración, un proyecto de ley mediante el cual se fortalece a la Fiscalía Nacional Económica, dando un paso significativo, pero aún insuficiente, en el perfeccionamiento de la institucionalidad de promoción y defensa de la competencia.

I. LA LIBERTAD DE EMPRESA

Sin duda, la libertad de empresa constituye uno de los pilares de la economía social de mercado. Por eso, es importante referirse en este proyecto al contenido abstracto que comprende, es decir, a su contenido esencial, a aquella parte de un derecho sin la cual este pierde su peculiaridad y que lo hace reconocible.

En este sentido, la libertad de empresa comprende tres libertades. En primer lugar, la libertad de inversión. Ésta indica el derecho que posee el propietario de un capital para colocarlo en el sector e industria que estime conveniente. Implica la libre fundación de empresas y el libre acceso al mercado de bienes y servicios. A esta libertad se oponen las reservas al sector público o privado, de monopolios de recursos o de servicios, la reserva de cuotas o la exigencia de condiciones subjetivas de admisión a determinada actividad.

En segundo lugar, comprende la libertad de organización. Esta consiste en la potestad para organizar el proceso de producción. Es el derecho a elegir o determinar las formas, nombres o identidades de la empresa, el libre emplazamiento, la constitución interna, etc.

Finalmente, también comprende la libertad de contratación. Ésta supone la facultad del empresario para elegir el proveedor de sus mercancías y fijar, de común acuerdo, el precio de las transacciones. Otro tanto cabe decir respecto de la contratación de la mano de obra y de la fijación de los salarios y demás condiciones de trabajo. Equivale a la posibilidad de tomar decisiones autónomamente y de competir en un mercado libre. En este aspecto, quedan comprendidas la libertad de producción, la libertad de inversión, la libertad para fijar una política o estrategia comercial.

En síntesis, la libertad de empresa es la posibilidad de constituir la empresa y de decidir sobre las distintas opciones relacionadas con la actividad económica que desempeña.

II. EL ORDEN PÚBLICO ECONÓMICO

Pero la libertad de empresa está sujeta a ciertas regulaciones. En efecto, en toda Constitución está contenida la ordenación del sector económico. Es lo que la doctrina denomina “constitución económica”, pues designa el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad económica o, dicho sea de otro modo, para el orden del proceso económico. En ella se definen el orden económico y sus fundamentos esenciales, y se establecen las normas que sirvan de parámetros para la acción de los operadores económicos.

Dentro de la constitución económica se encuentra lo que se conoce con el nombre de Orden Público Económico, uno de cuyos principios rectores es el principio de subsidariedad, en virtud del cual se reconoce la autonomía de los grupos intermedios para cumplir sus fines específicos y se asegura a todas las personas el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Otras manifestaciones de este orden son la igualdad en el trato que las personas deben recibir de parte del Estado o sus organismos, el derecho para adquirir cualquier clase de bienes, el derecho de propiedad en sus diversas especies, etc.

El orden público económico puede ser definido desde una perspectiva funcional y desde una perspectiva material. En una perspectiva funcional, no reconoce un contenido específico y determinado, sino que es el conjunto de medidas adoptadas por los poderes públicos con el objeto de organizar las relaciones económicas y cuya función es la dirección y protección de la economía.

Desde una perspectiva material, en cambio, el orden público es definido en relación a su contenido, como el conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía de un país y facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional formulados en la Constitución.

La doctrina enseña que, en primer lugar, entre las reglas del orden público económico, hay, normas de dirección, que tienen por objeto permitir al poder público la obtención de ciertos objetivos económicos. En segundo lugar, hay normas de protección, que tienen por objeto tutelar al contratante más débil mediante la represión de las cláusulas abusivas y de los contratos leoninos. Finalmente, existen las reglas de fomento, que tienen por objeto incentivar a los particulares para desarrollar determinadas actividades económicas.

Ahora bien, el reconocimiento del derecho a la libertad de empresa, no excluye, sin embargo, su posible ordenación por parte de los poderes públicos. El marco de la economía de mercado no excluye, sino que por el contrario permite y, en ocasiones impone, la actuación de éstos en el campo económico. El mantenimiento del mercado y la garantía que la competencia supone para la libertad de empresa, impone precisamente la intervención de los poderes públicos en la actividad económica de los particulares. En cualquier sistema económico dichos poderes deben responsabilizarse de la existencia de un orden público económico en el que el ejercicio de los derechos y libertades económicas de los individuos y grupos sociales no perjudique a terceras personas ni atente contra el interés general.

Entre las distintas técnicas que utiliza el orden público para los propósitos señalados pueden destacarse la técnica de prohibición, la de regulación o reglamentación y la de control.

La técnica de prohibición tiene por objeto impedir una conducta que la autoridad desea evitar.

Por su parte, la técnica de regulación o de reglamentación tiene por objeto sujetar a la actividad a requisitos o condiciones objetivas. Dentro de esta categoría de técnica, se pueden distinguir tres tipos de medidas principales: la obligación de informar, el deber que se impone a los productores de atenerse a ciertas normas técnicas y la exigencia de que concurran ciertas condiciones objetivas para el ejercicio de determinadas actividades o la celebración de determinados contratos.

Finalmente, la técnica de control tiene por objeto vigilar las actividades que desarrolla una persona o una clase de personas.

De conformidad con el artículo 19 Nº 21 de la Constitución Política, se garantiza a todas las personas el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.

De este modo, las personas que ejercen una actividad económica deben someterse a las leyes que la regulan. Ello implica que pueden atentar contra esta garantía no sólo el legislador, el Estado o cualquier autoridad, sino también los particulares que actúan en el ámbito de la economía nacional. Éstos pueden vulnerar esta garantía cuando no se sujetan a dicho marco normativo.

Desde otra perspectiva, esta garantía encuentra límites no sólo en la ley que regula la actividad, sino también en la moral, el orden público y la seguridad nacional. De acuerdo al marco constitucional, están prohibidas de manera absoluta y permanente las actividades contrarias a dichos principios, por ser ilícitas.

De ahí que pueda sostenerse que la actividad económica, al tener que enmarcarse dentro del orden público económico, no excluye, sino que, por el contrario, convoca la actuación de los poderes públicos para su ordenación o regulación.

Regular una actividad económica, ha dicho nuestro Tribunal Constitucional, es someterla al imperio de una reglamentación que indique cómo debe realizarse. Nunca podría interpretarse, sin embargo, que regular sea impedir el libre ejercicio de un derecho. Pero al regular, se pueden establecer limitaciones o restricciones a dicho ejercicio. Éstas pueden traducirse en normas de dirección, de fomento o de protección y se realizan mediante técnicas de prohibición, de reglamentación o de control.

III. LA LIBRE COMPETENCIA Y LA COMPETENCIA LEAL

La doctrina entiende que la libre competencia es un aspecto de la libertad económica, es decir, de aquella que existe en un mercado para que los oferentes ofrezcan sus bienes y servicios y los demandantes tengan acceso a esas ofertas sin interferencias. O sea, es la libertad de los agentes económicos para operar en el mercado.

El artículo 1º del decreto ley Nº 211 sanciona con pena privativa de libertad, al que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que tienda a impedir la competencia dentro del país en las actividades económicas, tanto en las de carácter interno como en las relativas al comercio exterior. El artículo 2º considera, en general, como hecho, acto o convención que tiende a impedir la libre competencia, cualquier arbitrio que tenga por finalidad eliminar, restringir o entorpecer dicho bien jurídico.

El bien jurídico protegido por esta legislación no es la libertad del consumidor ni del vendedor; tampoco evitar que el mercado sufra un daño. Lo que se persigue es la libre competencia. De ahí que las conductas que se penalizan no necesiten ocasionar perjuicios al consumidor para ser reprochables.

Desde la perspectiva del derecho, el fundamento para regular la competencia, es que el derecho supone siempre una limitación dentro de la libertad. De ahí que no conciba una libre competencia ilimitada o anárquica. Libre competencia, en sentido jurídico, significa igualdad jurídica de los competidores. Ello puede significar que se prohíba en las relaciones comerciales aplicar condiciones diferentes para prestaciones similares, ocasionando con ello desigualdades en la situación competitiva, o puede significar sustituir el principio de igualdad por el principio de la desigualdad, es decir, por el privilegio, por el monopolio legal.

Es importante consignar que el decreto ley Nº 211 establece como principio general la prohibición de otorgar a los particulares la concesión de ningún monopolio para el ejercicio de actividades económicas tales como extractivas, industriales, comerciales o de servicios, permitiendo, en cambio, que la ley reserve a órganos del Estado determinados monopolios. En este mismo sentido, dispone que en el caso de establecerse algún estanco, debe haber un informe favorable de la comisión resolutiva.

Ahora bien, la competencia es un término en el que cabe destacar una doble vertiente: económica, por una parte, y jurídica, por otra. Desde este último punto de vista, la competencia abarca dos aspectos. Uno, la libre competencia, esto es, evitar que se produzcan y, en su caso, reprimir las prácticas colusorias y abusivas; el otro, procurar que los operadores económicos en el mercado se comporten de forma correcta.

De este modo, hay dos grandes principios a proteger. Uno -sin duda la perspectiva más clásica- el derecho a la libre competencia o, en otras palabras, la posibilidad para cualquier persona de ingresar a un mercado, buscando participar en él, ya sea como comprador o vendedor, lo que configura un requisito básico de ese ideal económico que son los mercados de competencia perfecta; y, dos, el derecho a la competencia leal, es decir, a que una vez producido el ingreso al mercado, al participar en la vida económica, las prácticas de los competidores se ajusten a condiciones de justicia y lealtad, respetando un marco normativo que busca evitar la expulsión de un competidor a través de prácticas abusivas, ilegales o poco éticas.

Esta dualidad de derechos protegidos, que debe defenderse con recursos y normas distintas, lleva a que en las legislaciones extranjeras, especialmente las europeas continentales, existan leyes especiales que buscan regular la competencia leal, junto a preceptos jurídicos que norman la libre competencia.

1. Libre Competencia.

La defensa de la libre competencia está encomendada a los poderes públicos. En tal virtud, deben actuar para evitar las prácticas que puedan afectar o dañar seriamente la concurrencia entre empresas. Se trata de la defensa de la competencia como una necesaria protección, y no como una restricción de la libertad de empresa y de la economía de mercado, que de otro modo, se verían amenazadas por el juego incontrolado de las tendencias naturales de éste.

La libre competencia rechaza las siguientes conductas de los entes económicos:

a. Las prácticas colusorias.

La ley parte de una prohibición general de todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o puede producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia, en todo o parte, del mercado nacional. Se prohíben, entonces, las prácticas originadas en acuerdos, decisiones o recomendaciones.

La prohibición de prácticas colusorias tiene un claro carácter preventivo, toda vez que la misma entra en juego sin necesidad de que efectivamente se haya producido lesión alguna a la competencia. Basta con el mero hecho de que los empresarios celebren un acuerdo por el que convienen en repartirse el mercado a partir de un momento futuro, para que, aun sin haberse producido lesión alguna a la competencia, sea objeto de prohibición.

b. El abuso de la posición dominante.

Se prohíbe la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio en todo o parte del mercado nacional, extendiendo al mismo tiempo la mencionada prohibición, a los casos en que la posición de dominio en el mercado de una o varias empresas haya sido establecida por disposición legal.

Lo que prohíbe la ley no es la posición de dominio en sí, sino el abuso de dicha posición. Por lo tanto, la ley no prohíbe los monopolios ni los oligopolios, de hecho o de derecho, sino su explotación abusiva.

Se quiere impedir que, al amparo de una posición de dominio, una o varias empresas actúen en el mercado de una forma que no hubiera sido posible si existiera competencia efectiva; con la particularidad, además, de que esa actuación perjudica o puede perjudicar de forma injustificada a los demás participantes en el mercado, sean estos proveedores, clientes o competidores.

c. Las concentraciones.

Se sanciona todo proyecto u operación de concentración de empresas o de toma de control de una o varias empresas por parte de otra persona, empresa o grupo de empresas, que afecte o pueda afectar al mercado y, especialmente, si ello involucra la creación o reforzamiento de una posición de dominio.

d. Prácticas Predatorias

El adjetivo “predatorio” alude a un comportamiento aniquilador de otros. En el mundo económico, se aplica a todo un variado repertorio de conductas y prácticas empresariales que tienen en común el hecho de ser instrumentos para la destrucción de otros competidores. Bajo el concepto de prácticas predatorias se incluyen distintas conductas:

Por una parte, aquellas estrategias que, aunque provoquen el citado resultado, no constituyen una política de precios (non- price predation). Estos métodos de predación se configuran como aquellas conductas cuyo objetivo es incrementar los costos de los rivales, en contraste con los precios predatorios, cuyo efecto fundamental, naturalmente a corto plazo, es reducir los propios ingresos. A modo de ejemplo, la doctrina ha presentado como prácticas predatorias el abuso de los procedimientos administrativos y jurisdiccionales, la utilización por parte de empresas nacionales frente a firmas extranjeras, de las normas reguladoras de las importaciones o de las prácticas antidumping y los excesos injustificados en publicidad o inversión.

Por otro lado, dentro de las “políticas predatorias de precios”, están aquellas estrategias empresariales que se podrían denominar precios de compra predatorios. Consisten en políticas de compra realizadas por una empresa que pueden provocar la salida -o no entrada- del mercado de otros compradores.

Por último, están los predatory pricing, es decir, las políticas predatorias de precios que se instrumentalizan a través de una venta; sólo pueden ser realizadas por una empresa en cuanto oferente. Esta estrategia empresarial ha sido en ocasiones relacionada con el llamado dumping -venta en el extranjero de un bien a un precio inferior al correspondiente en el mercado de origen-. Sin embargo, dado que la referencia a un único mercado es convencionalmente aceptada como elemento configurador de una política de predatory pricing, las prácticas antidumping quedan excluidas de ellas porque -con independencia de que lleguen a tener efectos predatorios- son, claramente, estrategias que tienen un presupuesto de base extraterritorial. Para poder analizarlas es necesario tener en cuenta varios mercados.

En la doctrina tradicional, con el término precios predatorios se hace habitualmente referencia a toda estrategia de precios bajos que, mediante expulsión de competidores ya presentes, o no ingreso de otros potenciales, provoca una restricción de la competencia en un determinado mercado.

2. Competencia Desleal.

La prohibición de la competencia desleal tiene un marcado carácter institucional y funcional. Ello implica, por un lado, que debe descartarse todo atisbo de encuadrar el ilícito de deslealtad concurrencial como lesión de derechos subjetivos, para construirlo sobre la conculcación de las normas objetivas de comportamiento que pesan por igual sobre todos los agentes económicos en relación con su conducta en el mercado.

Por otro lado, la protección contra la competencia desleal comporta, por una parte, asegurar la funcionalidad de la competencia económica (mercados altamente competitivos y transparentes). Por la otra, la salvaguardia de la libertad individual en el ejercicio de la actividad económica en el mercado, de la libertad de elección de los consumidores y de su derecho a la formación de las relaciones de mercado según las exigencias de la competencia económica.

La protección contra la competencia desleal se desenvuelve en interés de todos los que participan en el mercado, o sea los competidores, o los consumidores, así como en interés de la generalidad o interés público. La construcción del ilícito de deslealtad concurrencial integra, en suma, los intereses de todos los que esperan la obtención de sus objetivos económicos y la satisfacción de sus necesidades económicas y sociales en y a través del mercado, considerados tanto individual como colectivamente.

Los diversos actos de competencia desleal se clasifican en dos grupos.

Por un lado, la deslealtad frente al consumidor. Esta radica en la eliminación o reducción de la autonomía de decisión del consumidor; son desleales, por esta razón, los actos de confusión, engaño, publicidad en especie, denigración, comparación y algunas modalidades de imitación.

Por otro lado, la deslealtad frente al competidor se traduce en actos de obstaculización (de la acción de un tercero en el mercado) y de expoliación (de la posición competitiva ganada por un tercero en el mercado) que carecen de justificación concurrencial, esto es, que son ajenos a la competencia de méritos o eficiencia de las propias prestaciones. Entre los actos de deslealtad frente al competidor se cuentan los actos de explotación de la reputación ajena, violación de secretos e inducción a la infracción contractual, así como alguna modalidad de imitación.

IV. LA INSTITUCIONALIDAD DE LA LIBRE COMPETENCIA

1. El Decreto Ley Nº 211.

A poco de asumir el gobierno militar, el 22 de diciembre de 1973, se publicó en el Diario Oficial el decreto ley Nº 211, que estableció normas para la promoción y defensa de la libre competencia. Antes de esta normativa, existía el Título V de la ley Nº 13.505.

Dicha norma tuvo por objeto prevenir y sancionar las prácticas monopólicas, pues son contrarias a una sana y efectiva competencia en el abastecimiento de los mercados, ya que mediante el control de la oferta o la demanda, es posible fijar precios artificiales y lesivos al interés del consumidor. Además, esta norma se fundó en que las prácticas monopólicas no incentivan la producción, protegen al productor o distribuidor ineficiente, tienden a la concentración del poder económico y distorsionan el mercado en perjuicio de la actual actividad.

Tales objetivos, indicados en los considerandos Nºs. 1º y 2º de dicho decreto ley, se obtienen mediante el establecimiento de sanciones drásticas a la conducta monopólica o al abuso de la posición dominante, y mediante el establecimiento de las Comisiones Preventivas y Resolutiva, junto a la Fiscalía Nacional Económica.

2. Órganos que intervienen.

El artículo 6º del decreto ley Nº 211 establece cuatro órganos para la prevención, investigación, corrección y represión de los atentados a la libre competencia o de los abusos en que incurre quien ocupe una situación monopólica, aun cuando no fueren constitutivos de delito. Estos son: las Comisiones Preventivas Regionales, la Comisión Preventiva Central, la Comisión Resolutiva y la Fiscalía Nacional Económica.

a. Las Comisiones Preventivas Regionales.

Estas comisiones existen en cada región. Están integradas por el Secretario Ministerial de Economía , un miembro designado por el Intendente, un profesional universitario designado por el Consejo Regional y un representante de las Juntas de Vecinos. Su función básica es velar por que dentro de su respectiva jurisdicción, se mantenga el juego de la libre competencia y no se cometan abusos de una situación monopólica, pudiendo conocer, de oficio o a petición de cualquiera persona, de toda situación que pudiera alterar dicho libre juego o constituir esos abusos, y proponer los medios para corregirlos. También tiene funciones consultivas, pues tiene atribuciones para absolver consultas acerca de actos que infringen o puedan infringir la libre competencia. De sus decisiones y medidas, se puede reclamar ante la Comisión Resolutiva, dentro del plazo de tres días hábiles. El reclamo no suspende los efectos de las resoluciones reclamadas.

b. La Comisión Preventiva Central.

Esta comisión está integrada por un representante del Ministerio de Economía, uno del Ministerio de Hacienda, un abogado, un ingeniero comercial, (ambos deben ser profesores universitarios y son designados por el Consejo de Rectores) y un representante de Juntas de Vecinos. Le corresponde conocer de todos aquellos actos o situaciones contrarios a la libre competencia, que tengan carácter nacional o se refieran a más de una región. De sus resoluciones y medidas se reclama ante la Comisión Resolutiva dentro del plazo de tres días y dicho recurso no suspende los efectos de la resolución reclamada. Es importante precisar que salvo este recurso, no procede ningún otro recurso administrativo o judicial.

c. La Comisión Resolutiva.

Está integrada por un Ministro de la Corte Suprema , un Jefe de Servicio designado por el Ministro de Economía , un Jefe de Servicio designado por el Ministro de Hacienda , un Decano de una Facultad de Derecho con sede en Santiago y un Decano de una Facultad de Ciencias Económicas también con sede en Santiago. Le corresponde, por una parte, supervigilar la adecuada aplicación de las normas del decreto ley Nº 211 y el correcto desempeño de los organismos que establece; y, por la otra, conocer de oficio o a solicitud del fiscal, las situaciones que pudieran constituir infracciones a la libre competencia, e investigar respecto de ellas con las más amplias atribuciones. Adopta sus acuerdos por mayoría de votos, decidiendo, en caso de empate, el voto del Presidente . Sus resoluciones son reclamables, en determinados casos, ante la Corte Suprema y siempre procederá el recurso de queja ante ese mismo tribunal.

d. La Fiscalía Nacional Económica.

Es un Servicio Público desconcentrado, independiente de todo organismo o servicio, que se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Economía.

Su jefe superior es el Fiscal Nacional Económico, quien es un funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República . El servicio se desconcentra territorialmente a través de las fiscalías regionales. Le corresponde, básicamente, instruir las investigaciones que el fiscal estime procedente para fiscalizar las infracciones a la libre competencia; actuar como parte, representando el interés general de la colectividad en el orden económico, ante la Comisión Resolutiva y los tribunales de justicia, con todos los deberes que corresponde; requerir de la Comisión Resolutiva y de las Comisiones Preventivas el ejercicio de cualquiera de sus atribuciones y velar por el total y fiel cumplimiento de los fallos e instrucciones que dicte la Comisión Resolutiva o los tribunales de justicia en las materias a que se refiere el decreto ley Nº 211.

3. Procedimiento.

Es importante consignar que la Comisión Resolutiva tiene un procedimiento expresamente regulado. Se trata de un procedimiento escrito, que comienza con el requerimiento y continúa con la notificación de éste a los afectados. Estos últimos tienen un plazo de quince días hábiles para contestar. Vencido dicho plazo, se abre el término probatorio que es de diez días. Proceden todos los medios de prueba que la Comisión considere idóneos para establecer los hechos pertinentes. Los antecedentes y la prueba se aprecian en conciencia. La Comisión debe dar, de oficio, curso progresivo a los autos. Asimismo, está facultada para decretar, por el plazo que estime conveniente, todas aquellas medidas precautorias que sean necesarias para impedir los efectos de las conductas sometidas a su conocimiento y para cautelar el interés común. La sentencia debe dictarse en el plazo de 45 días desde que el proceso se encuentre en estado de fallarse. Supletoriamente se aplican las normas de los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil.

Por otra parte, el proceso penal a que dan origen los delitos penados en el decreto ley Nº 211, está sujeto al procedimiento por crimen o simple delito de acción pública. El proceso se inicia por denuncia o por querella formulada por el Fiscal Nacional Económico. El sumario debe terminar en el plazo de 60 días, prorrogable por una sola vez. La prueba se aprecia en conciencia. En primera instancia conoce de ellos un Ministro de la Corte de Apelaciones como tribunal unipersonal.

4. Facultades.

Cabe señalar a continuación, la amplitud de las facultades con que están dotados los órganos que integran el sistema antimonopólico. Entre ellas, destacan las siguientes:

En primer lugar, la Comisión Resolutiva está facultada para solicitar la modificación o derogación de preceptos legales o reglamentarios en cuanto limitan o eliminan aspectos de la libre competencia que son perjudiciales para el interés común. Asimismo, las Comisiones Preventivas Regionales, a requerimiento del Fiscal Nacional Económico, pueden solicitar a cualquier organismo el ejercicio de facultades reguladoras de la actividad económica, a fin de impedir los efectos perjudiciales de los actos que se investigan.

Enseguida, las sanciones que se establecen en el decreto ley Nº 211 son de distinto tipo, pues pueden consistir en penas privativas de libertad, multas a beneficio fiscal, modificación o disolución de las sociedades.

Además, la Comisión Resolutiva en su labor de investigación, está facultada para requerir el auxilio de la fuerza pública, pudiendo decretar allanamiento y descerrajamiento.

También la Comisión Resolutiva puede modificar o poner término a los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos que sean contrarios a la libre competencia.

El Fiscal Nacional Económico, por su parte, puede exigir de cualquiera persona los antecedentes e informaciones que estime necesarios con motivo de las investigaciones que practique.

Finalmente, las Comisiones Preventivas regionales pueden establecer, dentro de su zona jurisdiccional y con un plazo máximo de quince días prorrogable por igual término, precios máximos a los bienes y servicios objeto de la investigación.

V. FORTALECIMIENTO DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA

Todos los habitantes del país pueden desarrollar cualquier actividad económica, pero ésta debe sujetarse a dos límites. Por una parte, deben respetarse las normas legales que regulan una determinada actividad; por la otra, no pueden emprenderse actividades que vulneren la seguridad nacional, la moral y el orden público. Dentro de esta última expresión constitucional, se encuentra la libre competencia como límite a la actividad empresarial.

La libre competencia es, entonces, un bien jurídico de importancia vital para el libre y adecuado ejercicio de la libertad empresarial, así como para un sano desarrollo de la economía nacional. En este contexto, corresponde al Estado velar por la defensa de la libre competencia, en orden a satisfacer su finalidad trascendental, cual es, el bien común.

Mediante este proyecto de ley, el Gobierno busca fortalecer una de las instituciones claves en la defensa de la libre competencia: la Fiscalía Nacional Económica.

Con ello quiere iniciar un proceso de revisión de la institucionalidad antimonopolio. Pero quiere hacerlo, gradualmente, comenzando por la Fiscalía.

Dentro de la institucionalidad existente, este organismo, dada su competencia, atribuciones y ámbito de acción, constituye el brazo ejecutor en la defensa de la libre competencia. En efecto, es la Fiscalía Nacional Económica quién representa el interés general de la colectividad en el orden económico.

Los instrumentos a través de los cuales el proyecto que les presento fortalece la Fiscalía Nacional Económica son:

1. Servicio público descentralizado.

En la actualidad, si bien la Fiscalía es un organismo independiente de todo otro órgano o servicio, carece de personalidad jurídica y patrimonio propio. Ello atenta contra la autonomía que debe tener para el adecuado ejercicio de sus funciones.

Por eso, el proyecto da a esta Fiscalía el máximo grado de autonomía que puede tener un órgano integrante de la Administración del Estado, es decir, lo dota del carácter de servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y sometido sólo a la supervigilancia del Presidente de la República , a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

2. Más facultades o perfeccionamiento de las existentes.

En la actualidad, el Fiscal Nacional Económico tiene una gran variedad de facultades para el cumplimiento de sus funciones. Así, puede instruir las investigaciones que estime procedentes para fiscalizar las infracciones a las normas para la defensa de la libre competencia. También puede actuar como parte, representando el interés general de la colectividad en el orden económico, ante la Comisión Resolutiva y los Tribunales de Justicia, con todos los deberes y atribuciones que le corresponden como tal. Además, puede requerir a la Comisión Resolutiva y a las Comisiones Preventivas el ejercicio de cualquiera de sus atribuciones. Asimismo, le corresponde velar por el total y fiel cumplimiento de los fallos e instrucciones que dicte la Comisión Resolutiva o los Tribunales de Justicia en materias de libre competencia. Del mismo modo, está facultado para exigir, respecto de cualquier organismo, servicio público, empresa del Estado o en que éste tenga participación, la colaboración de cualquier funcionario que preste servicios en aquellos, pudiendo exigir también que pongan a su disposición los antecedentes necesarios para cumplir sus funciones. Finalmente, tiene la atribución de solicitar a los particulares, las informaciones y los antecedentes que estime necesarios con motivo de las investigaciones que practique.

El proyecto de ley innova en algunas de estas facultades, sea incorporando nuevas atribuciones, sea perfeccionando las existentes.

Entre las innovaciones más importantes, destacan, en primer término, la facultad de inspeccionar sin restricciones, por sí o a través de funcionarios que designe al efecto, las operaciones, bienes, libros, estados, cuentas, archivos y demás documentación de toda empresa, entidad u organización que desarrolle actividades que pudieren infringir las normas sobre libre competencia. En segundo lugar, se faculta al Fiscal para requerir de los representantes, administradores, asesores o dependientes de dichas empresas, entidades u organizaciones, los datos, antecedentes, explicaciones o informaciones que estime necesario conocer para el debido ejercicio de sus funciones. En tercer lugar, se faculta al Fiscal Nacional para citar a declarar a todas las personas mencionadas y a toda otra que hubiere ejecutado o celebrado con ellos, o conociere de actos o convenciones de cualquier naturaleza, respecto de hechos o situaciones cuyo conocimiento estime necesario para el cumplimiento de sus funciones.

Para garantizar el correcto ejercicio de la nueva facultad del Fiscal para requerir antecedentes e informaciones, se establece que las personas naturales y los representantes de las personas jurídicas a quienes dicho requerimiento les ocasione perjuicio, en sus intereses o en los de terceros, podrán solicitar a la Comisión Resolutiva que se deje sin efecto, total o parcialmente, el requerimiento. Dichas solicitudes deben ser fundadas y deben presentarse dentro de los cinco días siguientes a la comunicación del requerimiento. El ingreso de la respectiva presentación suspenderá automáticamente la tramitación del mismo; y la Comisión Resolutiva debe conocer y resolver la petición en su sesión más próxima. Su pronunciamiento no será susceptible de recurso alguno.

Cabe señalar que estas nuevas facultades no son una innovación radical en nuestro derecho. Otros organismos encargados de ejercer labores fiscalizadoras y regulatorias, como las superintendencias, gozan de dichas facultades. En efecto, las superintendencias tienen facultades para examinar todos los libros, cuentas, archivos y documentos de los entes que fiscalizan; incluso pueden solicitar su entrega si eso no altera el desenvolvimiento normal de las actividades del afectado (artículo 12, inciso tercero, decreto ley Nº 1997; artículo 4º, letra d), decreto ley Nº 3.538, artículo 3º, inciso segundo, ley Nº 18.933). En todo caso, dicha documentación debe estar permanentemente disponible para su examen. También las superintendencias tienen facultades para requerir de los sujetos o actividades fiscalizados, todos los antecedentes y explicaciones que juzguen necesario para su información (artículo 12, inciso tercero, decreto ley Nº 1.097; artículo 4º, letra d), decreto ley Nº 3538; artículo 3º, inciso segundo, ley Nº 18.933). Además tienen facultades para realizar visitas inspectivas a las personas o entidades fiscalizadas (artículo 13, inciso 1º, decreto ley Nº 1097; artículo 4º, letra f, decreto ley Nº 3538). Asimismo tienen facultades para pedir la ejecución y presentación de balances y estados financieros (artículo 15, inciso quinto, decreto ley Nº 1.097; artículo 4º, letra d), decreto ley Nº 3538; artículo 3º, inciso segundo, ley Nº 18.933). Finalmente, cuentan con facultades para citar a declarar bajo juramento a cualquier persona que tenga conocimiento de algún hecho que se requiera aclarar para su fiscalización (artículo 17, inciso primero, decreto ley Nº 1097; artículo 4º, letra h), decreto ley Nº 3.538; artículo 3º, inciso tercero ley Nº 18.933).

Adicionalmente, también se le confiere como nueva facultad, la de ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos sobre bienes muebles e inmuebles, y sobre cosas corporales o incorporales que integren el patrimonio del servicio, en armonía con la nueva autonomía económica con que el proyecto dota al organismo.

Por otra parte, en materia de perfeccionamientos de las facultades existentes, cabe mencionar que se permite al Fiscal Nacional solicitar a la Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile que ejecute diligencias específicas para instruir las investigaciones que lleve a efecto. En la actualidad, la Dirección General de Investigaciones debe poner a disposición del Fiscal, el personal de ese servicio que éste requiera para cumplir la instrucción de dichas investigaciones. No está facultado, entonces, como lo autoriza el proyecto, para que dicho organismo policial ejecute diligencias específicas que le encomiende, emplazando, de ese modo, a toda la organización, infraestructura y personal de aquel, en el cumplimiento de las mismas.

Con el fin de reforzar el ejercicio de dichas atribuciones, el proyecto establece que deben ser ejercidas por el Fiscal Nacional independientemente de todas las autoridades y tribunales ante los cuales actúa. En tal virtud, puede defender los intereses que le estén encomendados en la forma que estime arreglada a derecho, según sus propias apreciaciones.

3. Innovaciones en materia de personal.

En esta materia, el proyecto introduce importantes innovaciones con el fin de fortalecer la Fiscalía Nacional Económica. En primer lugar, aumenta las plantas de profesionales que existen en el servicio, haciendo más estrictos los requisitos para postular a los cargos de dichas plantas.

En segundo lugar, se crea la planta de fiscalizadores, con el fin de potenciar la labor de investigación del servicio. Cabe señalar que para ingresar a estos cargos es necesario tener el título de administrador público, contador auditor y otros de a lo menos 8 semestres de duración.

En tercer lugar, se incorpora al personal de la Fiscalía al régimen remuneratorio correspondiente a las entidades fiscalizadoras.

En cuarto lugar, se establece para el personal de la Fiscalía una asignación mensual de porcentaje variable, de acuerdo con el escalafón y grado a que pertenezca el empleado y que se calculará sobre el sueldo base y la asignación de fiscalización que le corresponda. Dicho porcentaje será fijado anualmente mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda y podrá ser aumentado o reducido mediante el mismo procedimiento. El aumento porcentual que significa esta asignación, no puede ser superior al 200% ni exceder de la proporción que represente para cada escalafón la asignación de fiscalización del sueldo base. Al fijar los porcentajes de esta asignación, el Ministerio de Hacienda debe tener en cuenta los antecedentes disponibles sobre las remuneraciones que se pagan por funciones homologables, tanto en el sector público, como en el sector privado.

Finalmente, el proyecto incorpora, para el personal de planta y a contrata de la Fiscalía, una bonificación de estimulo por desempeño funcionario, con cargo a la asignación recién descrita. Dicha bonificación se pagará al 25% de los funcionarios pertenecientes o asimilados a las plantas de directivos, profesionales y fiscalizadores de mejor desempeño en el año anterior. Los montos que se pagan por concepto de esta bonificación, no podrán exceder de una cuarta parte de los porcentajes fijados anualmente por el Ministerio de Hacienda para la asignación especial ya analizada. Los funcionarios beneficiarios de esta bonificación sólo tendrán derecho a percibirla durante los doce meses siguientes al término del respectivo proceso calificatorio. La bonificación será pagada a los funcionarios en servicio a la fecha de pago, en cuatro cuotas trimestrales.

4. Privilegios Procesales.

El último mecanismo a través del cual el proyecto fortalece a la Fiscalía Nacional Económica, consiste en que sus escritos y actuaciones ante las Comisiones preventivas y ante la Comisión Resolutiva, como también ante los Tribunales de Justicia, estarán exentos de los impuestos que establecen las leyes y los abogados que la representan podrán comparecer personalmente ante los tribunales superiores.

VI. ASPECTOS ORGANIZACIONALES DE LA FISCALÍA

Por otra parte, el proyecto también incorpora importantes innovaciones en materia organizacional. En primer lugar, como consecuencia de que se le da patrimonio propio, el proyecto se encarga de precisar su contenido. Este estará compuesto por el aporte que anualmente consulte la ley de presupuestos; las costas y demás sumas que pueda percibir en los procedimientos en que participe; los ingresos estipulados en los convenios que pueda celebrar por asesoría, investigación u otros, con entidades docentes o de investigación, públicas o privadas; los derechos por conceptos de certificados y copias y, en fin, los bienes e ingresos de otra naturaleza que perciba a cualquier título. El proyecto se encarga de precisar que las multas que aplique la Comisión Resolutiva serán de beneficio fiscal.

En segundo lugar, el proyecto aumenta los requisitos necesarios para ser Fiscal Nacional Económico. En la actualidad, sólo se requiere tener el título de abogado con 5 años de anterioridad a su nombramiento. El proyecto innova en esta materia, estableciendo que se requerirá tener título de abogado y 10 años de ejercicio profesional o 3 años de antigüedad en el servicio. El cambio se justifica atendida la relevancia de las funciones que le corresponde desempeñar al Fiscal Nacional Económico. Lo mismo hace el proyecto en relación a los Fiscales Regionales, quienes deberán tener títulos de abogados y una experiencia profesional mínima de tres años.

En tercer lugar, con el fin de fortalecer la desconcentración del servicio, se permite que el Fiscal Nacional delegue o encomiende algunas de sus facultades en los Fiscales Regionales.

En cuarto lugar, el proyecto establece estrictas normas para el personal en materia de dedicación exclusiva y de reserva. En lo que se refiere a la dedicación exclusiva, el proyecto dispone que el personal de planta y a contrata de la Fiscalía, tendrá dedicación exclusiva al desempeño de los cargos que ocupen en el servicio. En tal sentido, no podrán prestar servicios como trabajador independiente o ejercer actividades propias del título o calidad profesional o técnica que posean, para personas naturales o jurídicas nacionales que puedan ser objeto de la acción del servicio. Por otra parte, los funcionarios y demás personas que presten servicio en la Fiscalía, estarán obligados a guardar reserva sobre toda información, dato o antecedente de que puedan imponerse con motivo u ocasión del ejercicio de sus labores. La infracción a esta prohibición será castigada penalmente, sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan.

VII. ENCASILLAMIENTO

Producto de la nueva planta que establece el proyecto de ley, deberá encasillarse al personal actualmente en servicio. Para estos efectos, el proyecto entrega las siguientes reglas a las cuales deberá sujetarse la autoridad:

1. Debe ser efectuado por el Fiscal Nacional dentro del plazo de 120 días contados desde la vigencia de la nueva planta

2. El encasillamiento puede ser llevado a cabo sin sujeción a las normas estatutarias permanentes relativas a la provisión de cargos.

3. Podrá comprender al personal a contrata y remunerado a honorarios asimilado a grado, en servicio a la fecha de publicación de esta ley.

4. Los funcionarios titulares que no sean encasillados, tendrán derecho a percibir la indemnización establecida en el artículo 148 de la Ley Nº 18.834, sin perjuicio de la jubilación, pensión o renta vitalicia que les corresponda. Asimismo, esta indemnización será compatible con el desahucio que pudiere corresponderles. Sin embargo, dicha indemnización será incompatible con la que establece el artículo 20 transitorio de ese cuerpo legal; el funcionario deberá optar por aquélla que más convenga a sus intereses.

5. Los funcionarios de planta que por no ser encasillados reciban la indemnización a que se refiere el artículo 148 de la ley Nº 18.834, no podrán ser nombrados ni contratados, durante los cinco años siguientes, en la Fiscalía Nacional Económica, sin restituir previamente la suma percibida por ese concepto.

6. El personal que resulte encasillado mantendrá el nivel de sus remuneraciones. Si se producen diferencias, estas se pagarán por planillas suplementarias. Este personal conservará el número de bienios que estuviere percibiendo, como también el tiempo computable para el caso de uno nuevo. Asimismo, mantendrá el derecho a jubilar.

VIII. CAMBIOS EN EL PROCEDIMIENTO

Finalmente, el proyecto innova en algunos aspectos vinculados al procedimiento ante la Comisión Resolutiva, en caso de impugnación de decisiones o medidas de las Comisiones Preventivas Regionales y Central.

1. En primer lugar, establece que las decisiones y medidas acordadas por las Comisiones Preventivas Regionales y Central, se notificarán por cédula.

2. En segundo lugar, se amplía de tres a cinco días el plazo para reclamar ante la Comisión Resolutiva, de las decisiones y medidas acordadas por dichas Comisiones.

3. En tercer lugar, extiende de tres a siete días el plazo que tiene la Comisión Preventiva Regional o Central, para informar del recurso interpuesto contra sus decisiones y medidas.

Por otra parte, se precisa que se notificarán por cédula, la resolución de la Comisión Resolutiva que recibe la causa a prueba y la sentencia definitiva.

Finalmente, el Gobierno quiere dejar constancia que este proyecto ha sido solicitado por Parlamentarios de todas las bancadas, tanto en la Cámara, como en el Senado. De ello hay constancia en proyectos de acuerdo y en la discusión presupuestaria del año anterior.

En mérito de lo anterior, someto a la consideración del honorable Congreso Nacional, para ser incluido en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“ARTÍCULO 1º.- Reemplázase el Título IV del decreto ley Nº 211, de 1973, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo Nº 511, de 1980, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por el siguiente:

“TÍTULO IV

DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA

Art. 21.- La Fiscalía Nacional Económica será un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente de todo organismo o servicio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

La Fiscalía Nacional Económica tendrá su sede en Santiago. Estará a cargo de un funcionario, denominado Fiscal Nacional Económico, quien será de la exclusiva confianza del Presidente de la República . Le corresponderá ejercer tanto la jefatura superior como la representación judicial y extrajudicial del Servicio.

Sin perjuicio de los requisitos generales para ingresar a la Administración Pública, el Fiscal necesitará título de abogado y diez años de ejercicio profesional o tres años de antigüedad en el Servicio.

Art. 22.- En la capital de cada una de las Regiones, con excepción de la Metropolitana, habrá un Fiscal Regional Económico, quien actuará cumpliendo las funciones propias del Servicio en el respectivo territorio regional, bajo la dependencia del Fiscal Nacional, a cuya vigilancia y control quedará sometido.

Lo dispuesto en el inciso anterior es sin perjuicio de las actividades que puedan llevar a cabo en esas regiones, los funcionarios de la Fiscalía Nacional Económica que sean destinados o comisionados a ejecutar misiones o tareas determinadas del Servicio.

Art. 23.- Fíjase a contar del día primero del mes siguiente a la publicación de esta ley, la siguiente planta para la Fiscalía Nacional Económica:

GRADOS Nº CARGOS

Directivos

Exclusiva confianza

Fiscal Nacional 1 1

Subfiscal Nacional 3 1

Jefe de Departamento 3 4

Jefe de Departamento 4 4

Fiscal Regional 4 12

Cargos de carrera

Jefe de Sección 10 1

Jefe de Sección 11 2

Subtotal 25

Profesionales

Profesional 4 2

Profesional 5 2

Profesional 6 1

Profesional 7 1

Profesional 8 1

Subtotal 7

Fiscalizadores

Fiscalizador 10 1

Fiscalizador 11 1

Fiscalizador 12 1

Fiscalizador 13 2

Subtotal 5

Técnicos

Técnico 14 1

Técnico 15 1

Subtotal 2

Administrativos

Administrativo 16 1

Administrativo 17 1

Administrativo 18 2

Administrativo 19 2

Subtotal 6

Auxiliares

Auxiliar 19 1

Auxiliar 20 2

Auxiliar 21 2

Subtotal 5

TOTAL PLANTA 50

Además de los requisitos generales exigidos por la ley Nº 18.834, para ingresar a la Administración del Estado, establécense los siguientes para los cargos de las plantas que en cada caso se indican:

DIRECTIVOS: Subfiscal Nacional:

Título de Abogado y una experiencia profesional mínima de 5 años o 3 de experiencia o especialización en áreas afines a las funciones de la Fiscalía.

Fiscales Regionales:

Título de Abogado y una experiencia profesional mínima de 3 años.

JEFES DE DEPARTAMENTOS: Título de Abogado, Ingeniero Civil o Comercial , Contador Auditor o Administrador Público, otorgado por una Universidad o Institución Profesional del Estado o reconocida por éste, y una experiencia profesional mínima de 3 años.

JEFES DE SECCIÓN: Título de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste y experiencia de a lo menos 3 años en la Administración del Estado.

PROFESIONALES: Uno de los cargos Grados 4º y 5º de esta planta exigirá título de Abogado y los otros de los mismos grados, título de Ingeniero, en ambos casos con una experiencia profesional mínima de 3 años.

Los demás cargos: Título de Abogado, Ingeniero, Contador Auditor o Administrador Público, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste.

FISCALIZADORES: Título de Administrador Público, Contador Auditor u otro de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste.

TÉCNICOS: Título de Técnico o equivalente en una especialidad del área económica, financiera, informática o estadística, otorgado por una Institución Educacional Superior del Estado o reconocida por éste; o título de Contador otorgado por alguna de las instituciones anteriores o por un establecimiento de Educación Media Técnica Profesional del Estado o reconocido por éste.

ADMINISTRATIVOS: Licencia de Educación Media o equivalente.

AUXILIARES: Haber aprobado la Educación Básica.

Art. 24.- El personal de planta de la Fiscalía Nacional Económica y el que se designe para prestar servicios en calidad de contratado, se regirá por las disposiciones de la presente ley y, en subsidio, por las pertinentes del Título I del decreto ley Nº 3.551, de 1981 y las del Estatuto Administrativo aprobado por la Ley Nº 18.834 y sus modificaciones.

La Junta Calificadora del personal de la Fiscalía Nacional Económica estará integrada por el Subfiscal, que la presidirá, por los dos Jefes de Departamento más antiguos y un representante del personal elegido por éste.

Art. 25.- El régimen de remuneraciones del personal de la Fiscalía Nacional Económica será el correspondiente a las Instituciones Fiscalizadoras.

La asignación establecida en el artículo 17 de la Ley Nº 18.091, sustituido por el artículo 10 de la Ley Nº 19.301, se aplicará también al personal de planta y a contrata de la Fiscalía y se determinará en la forma que se señala en dicha disposición. Para este efecto, el Fiscal Nacional Económico deberá informar anualmente al Ministerio de Hacienda sobre esta materia.

Con cargo a esta asignación, el personal de planta y a contrata de la Fiscalía Nacional Económica, podrá recibir una bonificación de estímulo por desempeño funcionario, la que se regulará por las normas que se pasan a expresar:

a) La bonificación se pagará al 25% de los funcionarios pertenecientes o asimilados a las plantas de Directivos, Profesionales y Fiscalizadores de mejor desempeño en el año anterior;

b) Para estos efectos se considerará el resultado de las calificaciones que hayan obtenido los funcionarios, de conformidad con las normas que los rigen en esta materia;

c) Los montos que se paguen por concepto de esta bonificación, no podrán exceder de una cuarta parte de los porcentajes fijados anualmente en cumplimiento de lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Nº 18.091, y se determinarán en dicho acto administrativo. En el mismo decreto supremo se fijará el porcentaje a percibir por los funcionarios que no hayan sido objeto de calificación en atención a su participación en el proceso calificatorio, los que no se considerarán para los efectos del límite establecido en la letra a) del presente inciso;

d) Los montos que se fijen de conformidad con la letra precedente, sumados a los que corresponda pagar por concepto de la asignación del artículo 17 de la Ley Nº 18.091, no podrán exceder, en ningún caso, del porcentaje o proporción máximos que establece el inciso segundo de dicha disposición;

e) Los funcionarios beneficiarios de la bonificación sólo tendrán derecho a percibirla durante los doce meses siguientes al término del respectivo proceso calificatorio;

f) La bonificación será pagada a los funcionarios en servicio a la fecha de pago, en cuatro cuotas trimestrales. El monto a pagar en cada cuota será el valor acumulado en el trimestre respectivo; y,

g) Para efectos tributarios, se entenderá que la cantidad pagada en cada cuota, se ha devengado por partes iguales en cada mes del trimestre calendario respectivo.

Art. 26.- El personal de planta y a contrata de la Fiscalía Nacional Económica tendrá dedicación exclusiva al desempeño de los cargos que ocupen en el Servicio, los que serán incompatibles con toda otra función en la Administración del Estado, salvo los referidos en la letra a) del artículo 81 de la ley Nº 18.834. No podrá prestar servicios como trabajador dependiente o ejercer actividades propias del título o calidad profesional o técnica que posean para personas naturales o jurídicas que puedan ser objeto de la acción del Servicio.

Las incompatibilidades y prohibiciones establecidas en el inciso anterior, no se aplicarán a los Fiscales Regionales que sean nombrados par desempeñar sus cargos con jornada parcial.

Art. 27.- El Fiscal Nacional, en el ejercicio de sus funciones, será independiente de todas las autoridades y Tribunales ante los cuales actúe. Podrá, en consecuencia, defender los intereses que le están encomendados en la forma que estime arreglada a derecho, según sus propias apreciaciones.

Serán atribuciones y deberes del Fiscal Nacional:

a) Instruir las investigaciones que estime procedentes para comprobar las infracciones a esta ley. La Dirección General de la Policía de Investigaciones de Chile, deberá poner a disposición del Fiscal Nacional el personal que éste requiera para el cumplimiento del cometido indicado en esta letra o ejecutar las diligencias específicas que le solicite con el mismo objeto.

El Fiscal Nacional podrá disponer que las investigaciones que se instruyan de oficio o en virtud de denuncias tengan el carácter de reservadas;

b) Actuar como parte, representando el interés general de la colectividad en el orden económico, ante la Comisión Resolutiva y los Tribunales de Justicia, con todos los deberes y atribuciones que le correspondan en esa calidad.

Ante la Corte Suprema, el Fiscal Nacional, por sí o por delegado, podrá defender o impugnar los fallos de la Comisión Resolutiva.

Respecto de las investigaciones practicadas por las Comisiones Preventivas y por los Fiscales Regionales y de los cargos formulados por unas y por otros, el Fiscal Nacional podrá hacerlos suyos, ejerciendo sus funciones acusadoras ante la Comisión Resolutiva o desestimarlos, con informe fundado a esta misma;

c) Requerir de las Comisiones, el ejercicio de cualquiera de sus atribuciones y la adopción de medidas preventivas con ocasión de las investigaciones que la Fiscalía se encuentre ejecutando;

d) Velar por el cumplimiento de los fallos, decisiones, dictámenes e instrucciones que dicten las Comisiones o los Tribunales de Justicia en las materias a que se refiere esta ley;

e) Emitir los informes que soliciten la Comisión Resolutiva y las Comisiones Preventivas;

f) Solicitar la colaboración de cualquier funcionario de los organismos y servicios públicos, de las Municipalidades o de las empresas, entidades o sociedades en que el Estado o sus empresas, entidades o sociedades, o las Municipalidades, tengan aporte, representación o participación, quienes estarán obligados a prestarla;

g) Requerir de cualquier oficina, servicio o entidad referida en la letra anterior, que ponga a su disposición los antecedentes que estime necesarios para las investigaciones, denuncias o querellas que se encuentre practicando o en que le corresponda intervenir.

El Fiscal Nacional también podrá recabar y ejecutar por medio de los funcionarios que corresponda, el examen de toda documentación, elementos contables y otros que estime necesarios;

h) Inspeccionar sin restricciones, por sí o a través de los funcionarios que designe al efecto, las operaciones, bienes, libros, estados, cuentas, archivos y demás documentación de toda empresa, entidad u organización que desarrolle actividades que pudieren infringir la presente ley, y requerir de sus representantes, administradores, asesores o dependientes, los datos, antecedentes, explicaciones o informaciones que estime necesario conocer para el debido ejercicio de sus funciones, quienes estarán obligados a prestar la colaboración y entregar los antecedentes solicitados.

Además, podrá citar a declarar a las personas indicadas en el inciso anterior y a toda otra que hubiere ejecutado y celebrado con ellos, o conociere de actos o convenciones de cualquier naturaleza, respecto de hechos o situaciones cuyo conocimiento estime necesario para el cumplimiento de sus funciones, pudiendo encomendar esta diligencia a uno o más funcionarios de la Fiscalía. Las personas indicadas en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, no estarán obligadas a comparecer y declararán por escrito.

Las personas naturales y los representantes de personas jurídicas a las que el Fiscal Nacional requiera antecedentes o informaciones cuya entrega pudiera irrogar perjuicio a sus intereses o a los de terceros, podrán solicitar a la Comisión Resolutiva que deje sin efecto total o parcialmente el requerimiento.

Estas solicitudes deberán ser fundadas y se presentarán a la Fiscalía Nacional Económica dentro de los 5 días siguientes a la comunicación del requerimiento, el que se suspenderá automáticamente al ingresar la respectiva presentación.

La Comisión Resolutiva conocerá y resolverá dichas solicitudes, en su sesión más próxima, con informe verbal o escrito del Fiscal Nacional y su pronunciamiento no será susceptible de recurso alguno;

i) Ejercitar la acción penal por sí o por delegado, cuando se lo ordene la Comisión Resolutiva, de acuerdo con el número 5 de la letra a) del artículo 17 de la presente ley.

El Fiscal Nacional podrá delegar el ejercicio de la acción penal que le corresponde, en los abogados de la Fiscalía, en los Fiscales Regionales, o en el Consejo de Defensa del Estado.

j) Ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos sobre bienes muebles e inmuebles y sobre cosas corporales o incorporales que integren el patrimonio del Servicio, incluso aquellos que permitan enajenar y transferir el dominio y transigir respecto de derechos, acciones y obligaciones, sean contractuales o extracontractuales.

Las transacciones a que se refiere el inciso anterior deberán ser aprobadas por resolución del Ministerio de Hacienda, cuando se trate de sumas superiores a dos mil unidades de fomento; y,

k) Las demás que señalen las leyes.

Art. 28.- Los Fiscales Regionales tendrán las atribuciones y deberes señalados en el artículo 27, con excepción de las previstas en sus letras b), h), i) y j), pudiendo ejercer, además, las facultades que les delegue o encomiende el Fiscal Nacional.

Si el conocimiento de un asunto corresponde, por su naturaleza, a la Comisión Resolutiva, el respectivo Fiscal Regional deberá proponerlo al Fiscal Nacional.

Art. 29.- El Fiscal Nacional podrá, cuando lo estime necesario, asumir, por sí o por delegado, la representación de la Fiscalía en cualquier proceso e intervenir, de igual manera, en cualquier instancia, trámite o actuación determinada ante los Tribunales de Justicia o autoridades administrativas o municipales.

En sus escritos y actuaciones ante las Comisiones y los Tribunales de Justicia, la Fiscalía estará exenta de los impuestos que establecen las leyes y los abogados que la representen podrán comparecer personalmente ante los Tribunales Superiores.

Art. 30.- La Fiscalía y las Comisiones Preventivas deberán recibir e investigar, según corresponda, las denuncias que formulen particulares respecto de actos que puedan importar infracción a las normas de la presente ley, sin perjuicio que puedan remitir a las autoridades competentes, aquéllas que deban ser conocidas por otros Organismos en razón de la naturaleza de las materias a que se refieran.

Art. 30 A.- Las personas que entorpezcan las investigaciones que instruya la Fiscalía Nacional Económica en el ámbito de sus funciones, podrán ser apremiadas con arresto hasta por 15 días y si el entorpecimiento se mantuviere, su autor será penado con presidio menor en cualquiera de sus grados. Si se tratara de un funcionario público será, además, penado con la pérdida del empleo. La orden de arresto y el proceso criminal, en su caso, se dará e instruirá, respectivamente, por el juez letrado con jurisdicción en lo criminal que sea competente según las reglas generales, a requerimiento del Fiscal Nacional.

Los funcionarios y demás personas que presten servicios en la Fiscalía Nacional Económica, estarán obligados a guardar reserva sobre toda información, dato o antecedente de que puedan imponerse con motivo u ocasión del ejercicio de sus labores y, especialmente, aquellos obtenidos en virtud de las facultades indicadas en las letras a), g) y h) del artículo 27. Sin perjuicio de lo anterior, tales antecedentes podrán utilizarse para el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía Nacional y el ejercicio de las acciones ante las Comisiones Preventivas, la Comisión Resolutiva o los Tribunales de Justicia.

La infracción a esta prohibición se castigará con las penas indicadas en los artículos 246 y 247 del Código Penal y con las sanciones disciplinarias que puedan aplicarse administrativamente por la misma falta.

Art. 30 B.- Los integrantes de las Comisiones Preventivas y de la Comisión Resolutiva, cualquiera sea la calidad en que actúen, así como los asesores o consultores que presten servicios sobre la base de honorarios para la Fiscalía Nacional Económica, se considerarán comprendidos en la disposición del artículo 260 del Código Penal.

Art. 30 C.- La Fiscalía Nacional Económica se financiará con los siguientes recursos, que se incorporarán a su patrimonio y se administrarán de acuerdo con la Ley de Administración Financiera del Estado, aprobada por el decreto ley Nº 1.263, de 1975, y sus modificaciones:

a) El aporte que se consulte anualmente en la Ley de Prepuestos de la Nación;

b) Las costas y demás sumas que pueda percibir en los procedimientos en que participe;

c) Los ingresos estipulados en los convenios de asesoría, investigación o de otra naturaleza que pueda celebrar con Universidades y otras entidades docentes o de investigación públicas o privadas, nacionales o extranjeras;

d) Los derechos por concepto de certificados y copias que extienda, relativos a expedientes tramitados ante las Comisiones y la misma Fiscalía; y

e) Los bienes e ingresos de otra naturaleza que reciba a cualquier título.

Las multas que aplique la Comisión Resolutiva por infracciones a la presente ley, serán de beneficio fiscal.”.

ARTÍCULO 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley Nº 211, de 1973, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo Nº 511, de 1980, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:

a) En el inciso primero del artículo 9º, intercálase la frase “las que se notificarán por cédula,” entre los vocablos “Central” seguido de una coma (,) y “se” y reemplázase en el mismo inciso el término “tres” por “cinco”;

b) En el inciso segundo del artículo 9º, sustitúyese la voz “tercero” por “séptimo”;

c) En la letra A) del inciso cuarto del artículo 18, reemplázase la frase “en los artículos 40 y 41 de la ley Nº 4.409, Orgánica del Colegio de Abogados” por “en el artículo 1º de la ley Nº 18.120, sobre comparecencia en juicio”; y

d) En el inciso primero de la letra M) del mismo inciso cuarto del artículo 18, sustitúyese la frase “la sentencia definitiva, que se notificará” por “la que recibe la causa a prueba y la sentencia definitiva, que se notificarán”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO 1º.- El encasillamiento en las plantas fijadas en el artículo 23 del texto aprobado por el artículo 1º de la presente ley, se efectuará discrecionalmente por el Fiscal Nacional, dentro del plazo de 120 días, contados desde la fecha de vigencia de la planta, sin sujeción a las normas estatutarias permanentes relativas a la provisión de cargos, siempre que reúnan los requisitos indicados en el citado artículo 23, pudiendo eximir de los requisitos de experiencia a los directivos y profesionales.

El encasillamiento podrá comprender al personal a contrata y remunerado a honorarios asimilado a grado, en servicio a la fecha de publicación de esta ley.

Los funcionarios titulares que no sean encasillados, tendrán derecho a percibir la indemnización establecida en el artículo 148 de la ley Nº 18.834, sin perjuicio de la jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional a que se acojan o estén acogidos. Esta indemnización será compatible con el desahucio que pudiere corresponderles. Sin embargo, no podrá percibirse conjuntamente con la establecida en el artículo 20 transitorio de la misma ley, en el evento que ello fuera procedente, debiendo optar por la que más convenga a sus intereses.

Los funcionarios que reciban el beneficio indicado en el inciso anterior, no podrán ser nombrados ni contratados, ya sea a contrata o sobre la base de honorarios, en la Fiscalía Nacional Económica, durante los 5 años siguientes al término de su relación laboral, a menos que previamente devuelvan la indemnización percibida, expresada en unidades de fomento, más el interés corriente para operaciones reajustables.

ARTÍCULO 2º.- El personal que resulte encasillado mantendrá el nivel de sus remuneraciones y, si se produjeran diferencias, estas se pagarán por planilla suplementaria, la que será imponible en la misma proporción en lo que sean las remuneraciones que sirven de base para calcularlas. Esta planilla suplementaria se absorberá por los incrementos que el funcionario experimente en sus remuneraciones permanentes, excepto los derivados de los reajustes generales que se concedan al sector público.

Asimismo, este personal conservará el número de bienios que estuvieren pecibiendo, como también el tiempo computable para el caso de uno nuevo y mantendrá el derecho a jubilar en los términos previstos en el artículo 132 del decreto con fuerza de ley Nº 338, de 1960, en relación con lo establecido en los artículos 14 y 15 transitorios de la Ley Nº 18.834, ni les afectará en el derecho conferido por el artículo 2º transitorio de la Ley Nº 18.972, a quien corresponda.

ARTÍCULO 3º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30 C del texto aprobado por el artículo 1º de la presente ley, el patrimonio de la Fiscalía Nacional Económica estará formado por todos los bienes muebles o inmuebles adquiridos por ese Servicio o por el Fisco y que se encuentran destinados exclusivamente a su funcionamiento, los que se le entenderán transferidos en dominio por el solo ministerio de la ley.

Con el objeto de practicar las inscripciones y anotaciones que procedieren en los respectivos Registros Conservadores de Bienes Raíces o en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, el Fiscal Nacional dictará una resolución en que individualizará los inmuebles y vehículos que en virtud de esta disposición se transfieren, la que se reducirá a escritura pública.

En caso de duda, corresponderá al Presidente de la República determinar, mediante decreto supremo dictado a través del Ministerio de Bienes Nacionales, si un inmueble se encuentra o no destinado exclusivamente al funcionamiento de la Fiscalía Nacional Económica.

ARTÍCULO 4º.- Las disposiciones del artículo 25 del texto aprobado por el artículo 1º de la presente ley, en lo pertinente a la bonificación de estimulo por desempeño funcionario, entrarán a regir a contar de la fecha de vigencia de la planta, sobre la base de los resultados del proceso calificatorio correspondiente al año anterior. Las cuotas trimestrales que hayan podido acumularse desde dicha fecha hasta la de la total tramitación del decreto supremo pertinente, se pagarán de una sola vez.

ARTÍCULO 5º.- A contar de la fecha de vigencia de la planta establecida en el artículo 23 del texto aprobado por el artículo 1º de la presente ley, fíjase en 60, la dotación máxima de personal autorizada a la Fiscalía Nacional Económica por la ley de presupuesto del sector público vigente. No regirá la limitación señalada en el inciso segundo del artículo 9º de la Ley Nº 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación.

ARTÍCULO 6º.- El gasto que represente la aplicación de esta ley para el presente año se financiará con los recursos que contempla el presupuesto vigente de la Fiscalía Nacional Económica. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 de la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar este presupuesto en la parte que no sea posible financiar con sus recursos.”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción; EDUARDO ANINAT URETA , Ministro de Hacienda .

INFORME FINANCIERO

PROYECTO DE LEY QUE FORTALECE

LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA

MENSAJE Nº 29-336

El proyecto de ley en referencia conjuntamente con modificar el Decreto Ley Nº 211, de 1973, que fijó normas para la defensa de la libre competencia, establece una nueva planta de personal con sus correspondientes normas de encasillamiento.

Artículo

Materia

Mayor gasto anual en miles de $

ARTÍCULO 2º.-

Artículo 23

a) Mayor gasto nueva planta incrementada en 21 nuevos cargos (de 29 provistos sube a 50)

203.601

b) Incremento personal a contrata en 8 funcionarios (de 2 sube a 10)

91.443

Artículo 25

Aplica al personal de planta y a contrata de la Fiscalía Nacional Económica, la asignación del artículo 17 de la Ley Nº 18.091, sustituido por el artículo 10 de la Ley Nº 19.301. Con cargo a esta asignación se paga también la bonificación de estímulo por desempeño funcionario al 25% del personal directivo, profesional y fiscalizador de mejor desempeño.

349.158

1º transitorio, inciso tercero

Indemnización para el personal titular de cargos de planta que no resulte encasillado.

42.487

A) Mayor gasto anual en régimen

B) Mayor gasto anual por una y única vez

644.202

42.487

(Fdo.): JOAQUÍN VIAL RUIZ-TAGLE, Director de Presupuestos .

ANEXO

INFORME FINANCIERO DEL PROYECTO DE LEY

QUE FORTALECE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA

Subtítulo 21 gastos en personal año 1997 $ 432.149 miles

Subtítulo 21 gastos en personal con aplicación

proyecto en régimen $ 1.076.351 miles

Diferencia $ 644.202 miles

El mayor gasto en el subtítulo 21 se explica por las siguientes causas:

a) Nueva planta de personal $ 203.601 miles

b) Incremento de los funcionarios a contrata $ 91.443 miles

c) Otorgamiento asignación especial y

bonificación desempeño $ 349.158 miles

2. Mensaje de S.E. el Presidente de la República . Otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala y otros beneficios de carácter pecuniario. (boletín Nº 2106-05)

“Honorable Cámara de Diputados:

Remito a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto reajustar las remuneraciones del Sector Público, conceder aguinaldos de Navidad del año 1997 y de Fiestas Patrias del año 1998 para el sector activo y otorgar otros beneficios de carácter pecuniario.

I. REAJUSTE

El artículo 1º otorga, a contar del 1º de diciembre de 1997, un reajuste general del 6% a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, tales como sueldos bases, asignación profesional, de zona, de fiscalización, municipal, de especialidades y otras similares, según la normativa que les sea aplicable, a los trabajadores del sector público, tanto de la Administración Civil del Estado, como al personal afecto a las Escalas de Remuneraciones del Congreso Nacional, de la Contraloría General de la República y demás instituciones fiscalizadoras, de las Municipalidades, de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, incluidos los profesionales regidos por la ley Nº 15.076. A estos últimos, desde 1984, se les ha incluido en los reajustes generales de remuneraciones concedidos a los trabajadores del sector público, en sustitución del mecanismo de reajustabilidad establecido en la citada ley, sin perjuicio de las bonificaciones o asignaciones especiales que se les han otorgado.

Este mismo artículo señala los trabajadores del sector público a los que, no obstante lo anterior, no les es aplicable dicho reajuste, por contar con otros mecanismos de ajustes de sus remuneraciones, y que son los siguientes:

1) Aquellos cuyas remuneraciones sean fijadas de acuerdo con las disposiciones sobre negociación colectiva establecidas en el Código del Trabajo y sus normas complementarias.

2) A los trabajadores cuyas remuneraciones sean establecidas, convenidas o pagadas en moneda extranjera.

3) A los trabajadores cuyas remuneraciones sean fijadas por la entidad empleadora.

Asimismo, no se aplicará este reajuste al personal del Poder Judicial , cuyas remuneraciones se rigen por el decreto ley Nº 3.058, de 1979, ya que, en una ley que se encuentra en sus trámites finales, se reajustan sus remuneraciones para el lapso comprendido entre los años 1997 y 2000 inclusive.

Tampoco se reajustan las asignaciones familiares del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría de Previsión Social.

Su inciso final hace presente que las remuneraciones adicionales fijadas en porcentajes de los sueldos, no se reajustarán directamente, pero se calcularán sobre éstos reajustados en conformidad con lo establecido en el inciso primero de este artículo, a contar del 1º de diciembre de 1997.

Su artículo 2º reajusta en un 6%, a contar del 1º de diciembre de 1997, los montos en actual vigencia correspondientes a las subvenciones otorgadas a las instituciones reconocidas como colaboradoras del Servicio Nacional de Menores en la atención de menores en situación irregular, conforme a lo dispuesto en el cuerpo legal que se cita en dicho precepto y en sus normas complementarias.

Estos montos, que son diferenciados según la modalidad asistencial de que se trate, no están afectos a un sistema automático de reajustabilidad, incrementándose solamente mediante norma legal expresa. Es por ello que en todas las leyes sobre reajustes generales de estos últimos años, se han considerado estas subvenciones del sector Justicia para actualizar sus valores.

II. AGUINALDO DE NAVIDAD

Por su parte, el artículo 3º concede, por una sola vez, un aguinaldo de Navidad a los trabajadores que a la fecha de publicación de esta ley desempeñen cargos de planta o a contrata o sean personas contratadas a honorarios asimilados a un grado de la escala de remuneraciones respectiva, de las entidades actualmente regidas por el artículo 1º del decreto ley Nº 249, de 1974; los Títulos I, II y IV del decreto ley Nº 3.551, de 1981; el decreto con fuerza de ley Nº 1 (G), de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional; el decreto con fuerza de ley Nº 2 (I), de 1968, del Ministerio del Interior; el decreto con fuerza de ley Nº 1 (Investigaciones), de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional; a los trabajadores de Astilleros y Maestranzas de la Armada, de Fábricas y Maestranzas del Ejército y de la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile; a los trabajadores cuyas remuneraciones se rigen por las leyes Nºs. 18.460 y 18.593; a los señalados en el artículo 35 de la ley Nº 18.962; a los del acuerdo complementario de la ley Nº 19.297; y a los trabajadores de empresas y entidades del Estado que no negocian colectivamente y cuyas remuneraciones se fijan de acuerdo con el artículo 9º del decreto ley Nº 1.953, de 1977, o en conformidad con sus leyes orgánicas o por decretos o resoluciones de determinadas autoridades.

El mismo beneficio otorga el artículo 4º a los trabajadores de las universidades que reciben aporte fiscal directo de acuerdo con el artículo 2º del decreto con fuerza de ley Nº 4, de 1981, del Ministerio de Educación, y a los trabajadores de sectores de la Administración del Estado que hayan sido traspasados a las municipalidades, siempre que tengan alguna de dichas calidades a la fecha de publicación de esta ley.

Por su parte, los artículos 6º y 7º, conceden el derecho al aguinaldo a los trabajadores de los establecimientos particulares de enseñanza subvencionados por el Estado y de los establecimientos de educación técnico-profesional traspasados en administración de acuerdo al decreto ley Nº 3.166, de 1980 (artículo 6º) y a los de las instituciones reconocidas como colaboradoras del Servicio Nacional de Menores, de acuerdo con el decreto ley Nº 2.465, de 1979, que reciban las subvenciones establecidas en el artículo 5º del decreto con fuerza de ley Nº 1.385, de 1980, del Ministerio de Justicia, de las Corporaciones de Asistencia Judicial y de la Fundación de Asistencia Legal a la Familia (artículo 7º).

Respecto de los trabajadores señalados precedentemente, el aguinaldo será de $ 19.700 para aquellos cuya remuneración líquida percibida en el mes de noviembre de 1997, sea igual o inferior a $ 225.680 y de $ 11.600 para los de remuneración líquida superior a tal cantidad, a esa misma fecha. Para los efectos de calcular la remuneración líquida, se considerarán solamente las que tengan el carácter de permanentes, deduciéndose únicamente los impuestos y las cotizaciones previsionales de carácter obligatorio.

Asimismo, corresponderá el aguinaldo, en los mismos términos y oportunidades que señala su artículo 3º, a las personas que, a la fecha de publicación de esta ley, se encuentren prestando servicios en las entidades mencionadas en dicho artículo, contratadas desde el 1º de enero de 1997, sobre la base de honorarios a suma alzada pagada en cuotas mensuales, siempre que se cumplan determinadas circunstancias habilitantes a que se refiere el artículo 9º de este proyecto de ley.

También tendrán derecho al citado aguinaldo los trabajadores a que se refiere esta iniciativa que se encuentren en goce de subsidio por incapacidad laboral, de acuerdo al monto de la última remuneración mensual que hubieren percibido (artículo 13).

Este beneficio no se extiende a los trabajadores cuyas remuneraciones sean pagadas en moneda extranjera (artículo 11) y no será imponible (artículo 12).

Aquellos trabajadores que puedan impetrar el aguinaldo de dos o más entidades diferentes, sólo tendrán derecho al que determine la remuneración de mayor monto y se sanciona a quienes perciban maliciosamente dicho beneficio (artículos 13 y 14).

Su artículo 5º prescribe que los aguinaldos concedidos por esta ley a los trabajadores en lo que se refiere a los órganos y servicios públicos centralizados, serán de cargo del Fisco y, respecto de los servicios descentralizados y de las empresas señaladas expresamente en el artículo 3º -que son servicios públicos con patrimonio propio-, absorberán el gasto con los recursos de la respectiva entidad empleadora. El Ministro de Hacienda dispondrá la entrega a estas entidades con patrimonio propio de los montos necesarios para pagar los aguinaldos y aumentos de remuneraciones, si éstas no pueden financiarlos, en todo o en parte, con sus recursos o excedentes. En cuanto a los aguinaldos concedidos a los trabajadores de los establecimientos particulares de enseñanza subvencionados y a los de las instituciones reconocidas como colaboradoras del Servicio Nacional de Menores, que también son de cargo fiscal, esta ley en proyecto señala que los respectivos ministerios, de Educación y Justicia, fijarán internamente los procedimientos de entrega de los recursos a las referidas instituciones.

III. AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS

El artículo 10 concede, por una sola vez, un aguinaldo de Fiestas Patrias para el año 1998, a los trabajadores que al 31 de agosto de 1998, desempeñen a lo menos desde la fecha que indica esta norma, cargos de planta o a contrata o sean personas contratadas a honorarios asimilados a un grado de la escala de remuneraciones respectiva, de las entidades a que se refieren los artículos 4º, 6º y 7º de esta ley. El monto del aguinaldo será de $ 26.900 para los trabajadores cuya remuneración líquida que les corresponda percibir en el mes de agosto de 1998 sea igual o inferior a $ 239.221 y de $ 20.000 para aquellos cuya remuneración líquida supere tal cantidad.

Los artículos 11, 12, 13 y 14 regulan este beneficio en los mismos términos que disponen los artículos 4º, 6º y 7º de esta iniciativa respecto a los aguinaldos de Navidad.

IV. BONO DE ESCOLARIDAD

Su artículo 15 otorga, por una sola vez, a los trabajadores a que se refiere el artículo 1º de este proyecto, a los del decreto ley Nº 3.058, de 1979, a los de los servicios traspasados a las municipalidades en virtud de lo dispuesto por el decreto con fuerza de ley Nº 1-3.063, de Interior, de 1980, y a los que se refiere el Título IV de la ley Nº 19.070, que se desempeñen en los establecimientos educacionales regidos por el decreto con fuerza de ley Nº2, de 1996, del Ministerio de Educación, y del decreto ley Nº 3.166, de 1980, un bono de escolaridad no imponible, por cada hijo entre los 5 y 24 años de edad, que sea carga familiar reconocida por la ley, que se encuentre cursando estudios regulares en los niveles de enseñanza y en los establecimientos educacionales que se indica en esta norma, con el objeto de paliar en parte los mayores gastos en que deben incurrir los funcionarios para financiar la educación de sus hijos. El monto del bono, ascendente a la cantidad de $ 28.500, será pagado en dos cuotas iguales de $ 14.250 cada una, la primera en marzo y la segunda en junio de 1998. Además, la disposición citada contiene otras normas con el objeto de implementar la concesión de este beneficio. Por razones prácticas, se establece que para su pago podrá estarse a lo que dispone el artículo 7º del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

V. OTRAS NORMAS

Su artículo 16 fija, para 1998, en $ 47.500 el aporte anual para los Servicios de Bienestar, respecto de las entidades que no gozan de los beneficios especiales de salud establecidos en la ley Nº 19.086.

Su artículo 17 incrementa en $ 937.570 miles, el aporte a los establecimientos de Educación Superior que señala el artículo 2º del decreto con fuerza de ley Nº 4, de 1981, del Ministerio de Educación.

Su artículo 18 dispone que durante el año 1998 los valores de la subvención adicional especial a que se refiere el inciso segundo del artículo séptimo transitorio del D.F.L. Nº 2, de 1996, del Ministerio de Educación, se reajustarán en un 6% y se fijarán mediante decreto del Ministerio de Educación visado por el Ministerio de Hacienda.

Del mismo modo, se reajustan en un 6% los montos anuales de aporte por alumno incorporados a los convenios suscritos con las corporaciones y fundaciones que administran establecimientos educacionales, conforme al decreto ley Nº 3.166, de 1980, en virtud de lo establecido en el artículo 14 de la ley Nº 19.410, y se faculta al Ministerio de Educación para modificar en consecuencia dichos convenios.

Su artículo 19 faculta al Presidente de la República para incrementar, a partir del 1º de enero de 1998, los valores de la subvención a que se refiere el artículo 9º del D.F.L. Nº 2, de 1996, del Ministerio de Educación, con el objeto de contribuir al financiamiento de la asignación de perfeccionamiento del artículo 49 del D.F.L. Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación, respecto del perfeccionamiento realizado hasta 1995.

Su artículo 20 incrementa la bonificación de nivelación, establecida por los artículos 21 y 22 de la ley Nº 19.429, de modo que los funcionarios regidos por el artículo 1º del decreto ley Nº 249, de 1973, por los Títulos I y II del decreto ley Nº 3.551, de 1980, y el personal clasificado en las categorías de las letras c), d), e) y f) del artículo 5º de la ley Nº 19.378, reciban a lo menos una remuneración bruta mensual de $ 121.742, $ 137.974 y $ 148.409, respectivamente, cuyo monto dependerá de las plantas o escalafones correspondientes, a contar del 1º de enero de 1998.

El artículo 21 se refiere al financiamiento del mayor gasto fiscal que represente para el año 1997 la aplicación de esta ley en proyecto.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria, con urgencia en todos sus trámites constitucionales -inclu-yendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado- que, de conformidad con los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, califico de discusión inmediata, el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1º.- Otórgase, a contar del 1º de diciembre de 1997, un reajuste de 6% a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles, imponibles para salud y pensiones, o no imponibles, de los trabajadores del sector público, incluidos los profesionales regidos por la ley Nº 15.076 y el personal del acuerdo complementario de la ley Nº 19.297. El reajuste anterior no regirá, sin embargo, para los trabajadores del mismo sector cuyas remuneraciones sean fijadas de acuerdo con las disposiciones sobre negociación colectiva establecidas en el Código del Trabajo y sus normas complementarias, para aquellos cuyas remuneraciones sean establecidas, convenidas o pagadas en moneda extranjera, ni para el personal cuyas remuneraciones se rigen por el decreto ley Nº 3.058, de 1979. No regirá, tampoco, para las asignaciones del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría de Previsión Social, ni respecto de los trabajadores del sector público cuyas remuneraciones sean fijadas por la entidad empleadora.

Las remuneraciones adicionales a que se refiere el inciso primero, fijadas en porcentajes de los sueldos, no se reajustarán directamente, pero se calcularán sobre éstos, reajustados en conformidad con lo establecido en este artículo, a contar del 1º de diciembre de 1997.

Artículo 2º.- Reajústanse, a contar del 1º de diciembre de 1997, en 6%, los montos en actual vigencia correspondientes a las subvenciones establecidas en el artículo 5º del decreto con fuerza de ley Nº 1.385, de 1980, del Ministerio de Justicia, y en sus normas complementarias.

Artículo 3º.- Concédese, por una sola vez, un aguinaldo de Navidad, a los trabajadores que a la fecha de publicación de esta ley desempeñen cargos de planta o a contrata o sean personas contratadas a honorarios asimilados a un grado de la escala de remuneraciones respectiva, de las entidades actualmente regidas por el artículo 1º del decreto ley Nº 249, de 1974; el decreto ley Nº 3.058, de 1979; los Títulos I, II y IV del decreto ley Nº 3.551, de 1981; el decreto con fuerza de ley Nº 1 (G), de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional; el decreto con fuerza de ley Nº 2 (I), de 1968, del Ministerio del Interior; el decreto con fuerza de ley Nº 1 (Investigaciones), de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional; a los trabajadores de Astilleros y Maestranzas de la Armada, de Fábricas y Maestranzas del Ejército y de la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile; a los trabajadores cuyas remuneraciones se rigen por las leyes Nºs. 18.460 y 18.593; a los señalados en el artículo 35 de la ley Nº 18.962; a los trabajadores del acuerdo complementario de la ley Nº 19.297, y a los trabajadores de empresas y entidades del Estado que no negocien colectivamente y cuyas remuneraciones se fijen de acuerdo con el artículo 9º del decreto ley Nº 1.953, de 1977, o en conformidad con sus leyes orgánicas o por decretos o resoluciones de determinadas autoridades.

El monto del aguinaldo será de $ 19.700 para los trabajadores cuya remuneración líquida percibida en el mes de noviembre de 1997 sea igual o inferior a $ 217.670 y de $ 11.600 para aquellos cuya remuneración líquida supere tal cantidad. Para estos efectos, se entenderá por remuneración líquida el total de las de carácter permanente correspondiente a dicho mes, con la sola deducción de los impuestos y de las cotizaciones previsionales de carácter obligatorio.

Artículo 4º.- El aguinaldo que otorga el artículo anterior corresponderá, asimismo, en los términos que establece dicha disposición, a los trabajadores de las universidades que reciben aporte fiscal directo, de acuerdo con el artículo 2º del decreto con fuerza de ley Nº 4, de 1981, del Ministerio de Educación, y a los trabajadores de sectores de la Administración del Estado que hayan sido traspasados a las municipalidades, siempre que tengan alguna de dichas calidades a la fecha de publicación de esta ley.

Artículo 5º.- Los aguinaldos concedidos por los artículos 3º y 4º de esta ley, en lo que se refiere a los órganos y servicios públicos centralizados, serán de cargo del Fisco y, respecto de los servicios descentralizados, de las empresas señaladas expresamente en el artículo 3º y de las entidades a que se refiere el artículo 4º, serán de cargo de la propia entidad empleadora. Con todo, el Ministerio de Hacienda dispondrá la entrega a las entidades con patrimonio propio, de las cantidades necesarias para pagarlos, si no pueden financiarlos, en todo o en parte, con sus recursos propios.

Artículo 6º.- Los trabajadores de los establecimientos particulares de enseñanza subvencionados por el Estado conforme al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1996, del Ministerio de Educación, y de los establecimientos de educación técnico-profesional traspasados en administración de acuerdo al decreto ley Nº 3.166, de 1980, tendrán derecho, de cargo fiscal, al aguinaldo que concede el artículo 3º de esta ley, en los mismos términos que establece dicha disposición.

El Ministerio de Educación fijará internamente los procedimientos de entrega de los recursos a los sostenedores o representantes legales de los referidos establecimientos y de resguardo de su aplicación al pago del beneficio que otorga este artículo. Dichos recursos se transferirán a través de la Subsecretaría de Educación.

Artículo 7º.- Los trabajadores de las instituciones reconocidas como colaboradoras del Servicio Nacional de Menores, de acuerdo con el decreto ley Nº 2.465, de 1979, que reciban las subvenciones establecidas en el artículo 5º del decreto con fuerza de ley Nº 1.385, de 1980, del Ministerio de Justicia, de las Corporaciones de Asistencia Judicial y de la Fundación de Asistencia Legal a la Familia, tendrán derecho, de cargo fiscal, al aguinaldo que concede el artículo 3º de esta ley, en los mismos términos que determina dicha disposición.

El Ministerio de Justicia fijará internamente los procedimientos de entrega de los recursos a las referidas instituciones y de resguardo de su aplicación al pago del beneficio que otorga el presente artículo.

Dichos recursos se transferirán a través del Servicio Nacional de Menores o de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Justicia, según corresponda.

Artículo 8º.- En los casos a que se refieren los artículos 4º, 6º y 7º, el pago del aguinaldo se efectuará por el respectivo empleador, el que recibirá los fondos pertinentes del Ministerio que corresponda.

Artículo 9º.- El aguinaldo que otorga el artículo 3º corresponderá también, en sus mismos términos, a las personas que, a la fecha de publicación de la presente ley, se encuentren prestando servicios en las entidades mencionadas en dicha disposición, contratadas desde el 1º de enero de 1997, sobre la base de honorarios consistentes en una suma alzada pagada en cuotas mensuales, siempre que los referidos servicios se presten en dependencias de la entidad contratante, en forma habitual y continua durante su horario de funcionamiento y sean la única retribución que reciban de ésta. La concurrencia de las circunstancias habilitantes para tener derecho al beneficio, será establecida mediante resolución del respectivo Jefe de Servicio .

Artículo 10.- Concédese, por una sola vez, un aguinaldo de Fiestas Patrias del año 1998 a los trabajadores que, al 31 de agosto de 1998, desempeñen cargos de planta o a contrata o sean personas contratadas a honorarios asimilados a un grado de la escala de remuneraciones respectiva de las entidades a que se refiere el artículo 3º, y para los trabajadores de los artículos 4º, 6º y 7º de esta ley.

El monto del aguinaldo será de $ 26.900 para los trabajadores cuya remuneración líquida que les corresponda percibir en el mes de agosto de 1998 sea igual o inferior a $ 239.220, y de $ 20.000, para aquellos cuya remuneración líquida supere tal cantidad. Para estos efectos, se entenderá como remuneración líquida el total de las de carácter permanente correspondientes a dicho mes, con la sola deducción de los impuestos y de las cotizaciones previsionales de carácter obligatorio.

El aguinaldo de Fiestas Patrias concedido por este artículo, en lo que se refiere a los órganos y servicios públicos centralizados, será de cargo del Fisco, y respecto de los servicios descentralizados, de las empresas señaladas expresamente en el artículo 3º y de las entidades a que se refiere el artículo 4º, será de cargo de la propia entidad empleadora. Con todo, el Ministerio de Hacienda dispondrá la entrega a las entidades con patrimonio propio de las cantidades necesarias para pagarlos, si no pueden financiarlos, en todo o en parte, con sus recursos propios.

Respecto de los trabajadores de los establecimientos de enseñanza a que se refiere el artículo 6º de esta ley, el Ministerio de Educación fijará internamente los procedimientos de pago y entrega de los recursos a los sostenedores o representantes legales de los referidos establecimientos y de resguardo de su aplicación al pago del aguinaldo que otorga este artículo. Dichos recursos se transferirán a través de la Subsecretaría de Educación.

Tratándose de los trabajadores de las instituciones a que se refiere el artículo 7º de esta ley, el Ministerio de Justicia fijará internamente los procedimientos de entrega de los recursos a las referidas instituciones y de resguardo de su aplicación al pago del beneficio que otorga el presente artículo. Dichos recursos se transferirán a través del Servicio Nacional de Menores o de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Justicia, según corresponda.

En los casos a que se refieren los artículos 6º y 7º, el pago del aguinaldo se efectuará por el respectivo empleador, el que recibirá los fondos pertinentes del Ministerio que corresponda, cuando procediere.

El aguinaldo a que se refiere este artículo corresponderá también, en sus mismos términos, a las personas que al 31 de agosto de 1998 se encuentren prestando servicios a lo menos desde el 1º de enero de 1978, en las entidades mencionadas en el artículo 3º de esta ley, contratadas sobre la base de honorarios consistentes en una suma alzada pagada en cuotas mensuales, siempre que los referidos servicios se presten en dependencias de la entidad contratante, en forma habitual y continua durante su horario de funcionamiento y sean tales honorarios la única retribución que reciban de ésta. La concurrencia de las circunstancias habilitantes para tener derecho al beneficio, serán establecidas mediante resolución del respectivo Jefe de Servicio .

Artículo 11.- Los aguinaldos establecidos en los artículos precedentes, no corresponderán a los trabajadores cuyas remuneraciones sean pagadas en moneda extranjera.

Artículo 12.- Los aguinaldos a que se refiere esta ley no serán imponibles.

Artículo 13.- Los trabajadores a que se refiere esta ley, que se encuentren en goce de subsidio por incapacidad laboral, tendrán derecho al aguinaldo respectivo de acuerdo al monto de la última remuneración mensual que hubieren percibido.

Los trabajadores que en virtud de esta ley puedan impetrar el correspondiente aguinaldo de dos o más entidades diferentes, sólo tendrán derecho al que determine la remuneración de mayor monto; y los que, a su vez, sean pensionados de algún régimen de previsión, sólo tendrán derecho a la parte del aguinaldo que otorga el artículo 3º que exceda a la cantidad que les corresponda percibir por concepto de aguinaldo, en su calidad de pensionado, conforme al inciso octavo del artículo 6º de la ley Nº 19.502. Al efecto, deberá considerarse el total que represente la suma de su remuneración y su pensión, líquidas.

Cuando por efectos de contratos o convenios entre empleadores y los trabajadores de entidades contempladas en los artículos anteriores, correspondiere el pago de aguinaldo de Navidad o de Fiestas Patrias, éstos serán imputables al monto establecido en esta ley y podrán acogerse al financiamiento que ésta señala.

La diferencia en favor del trabajador que de ello resulte, será de cargo de la respectiva entidad empleadora.

Artículo 14.- Quienes perciban maliciosamente los aguinaldos que otorga esta ley, deberán restituir quintuplicada la cantidad recibida en exceso, sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponderles.

Artículo 15.- Concédese, por una sola vez, a los trabajadores a que se refiere el artículo 1º de esta ley; a los del decreto ley Nº 3.058, de 1979; a los de los servicios traspasados a las municipalidades en virtud de lo dispuesto por el decreto con fuerza de ley Nº 1-3.063, de Interior, de 1980; y a los trabajadores a que se refiere el Título IV de la ley Nº 19.070, que se desempeñen en los establecimientos educacionales regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 2, de Educación, de 1996, y el decreto ley Nº 3.166, de 1980, un bono de escolaridad no imponible, por cada hijo de entre cinco y veinticuatro años de edad, que sea carga familiar reconocida para los efectos del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Este beneficio se otorgará aun cuando no perciban el beneficio de asignación familiar por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 18.987, y siempre que se encuentren cursando estudios regulares en los niveles de enseñanza pre-básica del 2º nivel de transición, educación básica o media, educación superior o educación especial, en establecimientos educacionales del Estado o reconocidos por éste. El monto del bono ascenderá a la suma de $ 28.500, el que será pagado en dos cuotas iguales de $ 14.250 cada una, la primera en marzo y la segunda en junio de 1998. Para su pago, podrá estarse a lo que dispone el artículo 7º del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Cuando por efectos de contratos o convenios entre empleadores y los trabajadores de entidades contempladas en el inciso anterior, correspondiere el pago del bono de escolaridad, éste será imputable al monto establecido en este artículo y podrán acogerse al financiamiento que esta ley señala.

En los casos de jornadas parciales, concurrirán al pago las entidades en que preste sus servicios el trabajador, en la proporción que corresponda.

Quienes perciban maliciosamente este bono, deberán restituir quintuplicada la cantidad percibida en exceso, sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponderles.

Artículo 16.- Durante el año 1998, el aporte máximo a que se refiere el artículo 23 del decreto ley Nº 249, de 1974, tendrá un monto de $ 47.500 para las entidades que no gozan de los beneficios especiales de salud establecidos en la ley Nº 19.086.

Artículo 17.- Increméntase, en $ 937.570 miles el aporte que establece el artículo 2º del decreto con fuerza de ley Nº 4, de 1981, del Ministerio de Educación, para 1997.

La distribución de este incremento entre las Instituciones de Educación Superior, se hará en la misma proporción que corresponda al aporte inicial correspondiente al año 1997.

Artículo 18.- Durante el año 1998, los valores de la subvención adicional especial a que se refiere el inciso segundo del artículo séptimo transitorio del D.F.L. Nº 2, de 1996, del Ministerio de Educación, se reajustarán en un 6%, y se fijarán mediante decreto del Ministerio de Educación visado por el Ministerio de Hacienda.

Asimismo, reajústase en un 6% los montos anuales de aporte por alumno incorporados a los convenios suscritos con las corporaciones y fundaciones que administran establecimientos educacionales, conforme al decreto ley Nº 3.166, de 1980, en virtud de lo establecido en el artículo 14 de la ley Nº 19.410 y facúltase al Ministerio de Educación para modificar en consecuencia dichos convenios.

Artículo 19.- Facúltase al Presidente de la República para incrementar, a partir del 1º de enero de 1998, los valores de la subvención a que se refiere el artículo 9º del D.F.L. Nº 2, de 1996, del Ministerio de Educación, con el objeto de contribuir al financiamiento de la asignación de perfeccionamiento del artículo 49 del D.F.L. Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación, respecto del perfeccionamiento realizado hasta 1995.

Artículo 20.- Sustitúyense, a partir del 1º de enero de 1998, los montos de “$ 115.395”; “$ 130.781” y “$ 140.672”, a que se refieren los artículos 21 y 22 de la ley Nº 19.429, por “$ 121.742”; “$ 137.974” y “$ 148.409”, respectivamente.

Artículo 21.- El mayor gasto fiscal que represente en el año 1997 la aplicación de esta ley se financiará con cargo al Ítem 50-01-03-25-33.104 de la Partida Presupuestaria Tesoro Público. Para el pago de los aguinaldos se podrá poner fondos a disposición con imputación directa a este ítem.”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; EDUARDO ANINAT URETA , Ministro de Hacienda ; JORGE ARRATE MAC NIVEN , Ministro del Trabajo y Previsión Social .”

3. Mensaje de S.E. el Presidente de la República . Otorga reajuste extraordinario, bonificaciones y beneficios que indica, a pensionados de menores recursos. (boletín Nº 2107-05)

“Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, someto a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto otorgar un mejoramiento extraordinario a las pensiones mínimas y a las pensiones de sobrevivencia que se indican, y extender la cobertura de seguridad social.

I. PROPÓSITO GENERAL

El Supremo Gobierno, al proponer este proyecto, se ha inspirado en principios de justicia social y ha considerado, especialmente, el deber de proporcionar protección a los sectores de más escasos recursos, dentro de los cuales se encuentran los beneficiarios de las referidas pensiones mínimas. Además, existe un amplio consenso en orden a que las pensiones mínimas de sobrevivencia constituyen el grupo más débil del sector pasivo de nuestro país, motivo por el cual se estima de toda justicia que se les otorgue bonificaciones en los términos que más adelante se señalan.

Al propiciar esta iniciativa, se ha tenido presente la necesidad de conciliar el propósito de incrementar los referidos beneficios con el de no comprometer el logro de las metas de estabilidad económica y de disminución de la inflación, lo que, como es sabido, se traduce en beneficio directo del país y, en especial, de los sectores de menores ingresos.

Considerando lo expuesto, mediante el proyecto de ley que someto a vuestra consideración, se reajustan extraordinariamente en 5 puntos porcentuales adicionales al reajuste que proceda de acuerdo con el artículo 14 del D.L. Nº 2.448 y artículo 2º del D.L. Nº 2.547, ambos de 1979, las pensiones mínimas de los artículos 24, 26 y 27 de la Ley Nº 15.386 y del artículo 39 de la ley Nº 10.662. Este aumento beneficiará a alrededor de 550.000 pensionados.

Además, por el presente proyecto se concede un incremento extraordinario a las pensiones mínimas de viudez y de la madre de los hijos naturales del causante, a través del otorgamiento de bonificaciones mensuales.

Teniendo presente el costo que demanda el otorgamiento de las bonificaciones a las pensiones de viudez y de la madre de los hijos naturales del causante, tal mejoramiento se efectuará en dos etapas, iniciándose la primera de ellas el mes de enero de 1998 y la segunda, en diciembre del mismo año.

A contar de enero de 1998, los beneficiarios de pensiones mínimas de viudez del artículo 26 de la Ley Nº 15.386, menores de 70 años de edad, percibirán una bonificación de monto equivalente al 50% de la diferencia entre la pensión de viudez más la bonificación de la Ley Nº 19.403 que se encuentren percibiendo, y el 100% de la pensión mínima de vejez e invalidez para menores de 70 años de edad, si no existen hijos con derecho a pensión de orfandad; y del 50% de la diferencia entre la pensión de viudez más la bonificación de la ley Nº 19.403 que estén percibiendo, y el 85% de la pensión mínima de vejez e invalidez para menores de 70 años si existen tales hijos. Tratándose de los referidos beneficiarios que tengan 70 o más años de edad, la bonificación a percibir se determinará de forma similar a la señalada, pero considerando el 100% o el 85%, según corresponda, de la pensión mínima de vejez e invalidez para pensionados de 70 o más años de edad.

En diciembre de 1998, las referidas bonificaciones serán incrementadas de forma tal que la viuda sin hijos con derecho a pensión, percibirá, a contar de dicha fecha, por concepto de pensión más bonificaciones, un monto equivalente al 100% de la pensión mínima de vejez e invalidez para pensionados menores de 70 años o de 70 o más años, según corresponda, y la viuda con hijos beneficiarios de pensión, un 85% de la correspondiente pensión mínima.

Atendido que el propósito de esta iniciativa es otorgar un mejoramiento a los sectores de menores ingresos, las bonificaciones que se proponen se otorgarán a quienes sean beneficiarios de pensiones mínimas, siempre que sean titulares de una sola pensión. Esta iniciativa beneficiará a alrededor de 185.000 titulares de pensiones de sobrevivencia.

Por otra parte, se ha estimado conveniente ampliar la cobertura de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, especialmente la de sus regímenes de bienestar social. Para ello el proyecto propone la incorporación voluntaria de los pensionados de cualquier régimen previsional, sean del Antiguo o del Nuevo Sistema de Pensiones , excluidos los de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, al sistema C.C.A.F., siempre que los estatutos de éstas los contemplen como beneficiarios, pudiendo acceder a los beneficios de los regímenes de Prestaciones Adicionales, de Crédito Social y de Prestaciones Complementarias.

Para contribuir al financiamiento de los citados Regímenes, el proyecto contempla un aporte de cargo de cada pensionado, establecido de modo uniforme, cuyo monto podrá ser fijo o un porcentaje de la pensión o una combinación de ambos, el que no podrá exceder del 2% de las respectivas pensiones.

Con el objeto de garantizar la recaudación y pago de este aporte, se le da el mismo tratamiento que a las cotizaciones previsionales. Por ende, le serán aplicables las disposiciones de la ley Nº 17.322, estableciéndose la obligación para las entidades pagadoras de pensiones, de descontar, declarar y pagar el referido aporte de las personas afiliadas a una Caja de Compensación de Asignación Familiar, junto con lo adeudado por éstos, por concepto de crédito social, prestaciones adicionales o complementarias.

El proyecto contempla, además, la derogación del inciso segundo del artículo 4º de la ley Nº 17.387, que establece una cotización de cargo de los titulares de pensiones de viudez y de pensión de sobrevivencia como madre de los hijos naturales del causante, en el régimen de la ex Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado. Dicho precepto establece un descuento del 1% mensual de las pensiones de viudez para financiar un Fondo de Asistencia Social destinado exclusivamente al otorgamiento de préstamos a las montepiadas de la Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado. Al proponer su derogación, se ha tenido en consideración que los excedentes acumulados en dicho Fondo resultan suficientes para financiar los préstamos que puedan otorgarse a futuro.

Se estima que esta iniciativa favorecerá a, aproximadamente, 11.000 montepiadas que verían aumentar el monto líquido de sus pensiones en aproximadamente un 1,1%.

II. EL PROYECTO

El presente proyecto consta de 18 artículos, que regulan las materias señaladas, en los términos que a continuación se indican.

1. El artículo 1º, concede un reajuste extraordinario de 5 puntos porcentuales a las pensiones mínimas de los artículos 24, 26 y 27 de la ley Nº 15.386 y del artículo 39 de la ley Nº 10.662, adicional al reajuste automático que corresponderá aplicar en diciembre del año en curso.

2. Mediante el artículo 2º, se dispone la concesión de bonificaciones en favor de los beneficiarios de pensiones mínimas de viudez del artículo 26 de la ley Nº 15.386.

3. Por el artículo 3º, se establecen bonificaciones en favor de la madre de hijos naturales a que se refiere el artículo 24 de la ley Nº 15.386, titular de pensión que tenga el carácter de mínima.

4. El artículo 4º establece bonificaciones en favor de las beneficiarias de pensiones de viudez del artículo 27 de la ley Nº 15.386.

5. Por el artículo 5º, se establece la segunda etapa del mejoramiento propuesto, de acuerdo con lo cual, a contar del 1º de diciembre de 1998, la viuda sin hijos con derecho a pensión, beneficiaria de pensión mínima, verá incrementada la aludida bonificación, de modo que, por concepto de pensión más bonificaciones, percibirá un monto equivalente al 100% de la pensión mínima de vejez e invalidez para pensionados menores de 70 años o de 70 o más años, según corresponda, y la viuda con hijos beneficiarios de pensión, un 85% de las referidas pensiones mínimas.

6. Mediante el artículo 6º, se conceden bonificaciones similares a las otorgadas en el Antiguo Sistema Previsional, en favor de las titulares de pensión mínima de viudez y en calidad de madre de los hijos naturales del causante, del Nuevo Sistema de Pensiones, que gocen de garantía estatal de pensión mínima.

7. En el artículo 7º, se establece el derecho a las referidas bonificaciones en favor de quienes se pensionen con posterioridad al 1º de enero de 1998.

8. Por el artículo 8º, se conceden bonificaciones a los titulares de pensiones de viudez y de madre de los hijos naturales del causante, de cualquier régimen previsional del Antiguo Sistema, cuyas pensiones sean superiores al monto de la respectiva pensión mínima, pero inferiores a la suma del valor de dicha pensión mínima, más las correspondientes bonificaciones de la ley Nº 19.403 y de la presente ley.

9. El artículo 9º, concede bonificaciones a los titulares de pensiones de viudez y de madre de los hijos naturales del causante, del Nuevo Sistema de Pensiones, cuyas pensiones sean superiores al monto de la respectiva pensión mínima, pero inferiores a la suma del valor de dicha pensión mínima, más las correspondientes bonificaciones de la ley Nº 19.403 y de la presente ley y siempre que el causante hubiere reunido los requisitos establecidos en el artículo 78 del decreto ley Nº 3.500, de 1980, para acceder a la garantía estatal de pensión mínima.

10. En el artículo 10, se regula el derecho a la bonificación que corresponda a los beneficiarios cuya situación varíe con posterioridad al 1º de enero de 1998, a raíz del cumplimiento de 70 años de edad o a causa de dejar de existir, a su respecto, hijos con derecho a pensión de orfandad.

11. Mediante el artículo 11, se deja expresamente establecido que el derecho a la bonificación que se otorgue a los beneficiarios de pensiones de sobrevivencia del Nuevo Sistema de Pensiones, no alterará las disposiciones relativas a los requisitos, cálculo y financiamiento de las pensiones de dicho sistema. Además, se señala que los recursos necesarios para el pago de tales bonificaciones, se proporcionarán por el Estado conforme a las normas que rigen la garantía estatal de las pensiones mínimas.

12. Mediante el artículo 12, se dispone que las bonificaciones de que se trata, serán imponibles en los mismos términos y porcentajes que las pensiones respectivas, y que se reajustarán en la misma forma y oportunidad en que se reajusten las pensiones mínimas por aplicación del artículo 14 del D.L. Nº 2.448, de 1979.

13. El artículo 13 regula, a partir del 1º de diciembre de 1998, la situación de titulares de pensiones de viudez y de madre de los hijos naturales del causante, tanto del Antiguo como del Nuevo Sistema de Pensiones, cuyas pensiones sean superiores al monto de la respectiva pensión mínima, pero inferiores a la suma del valor de dicha pensión mínima más las correspondientes bonificaciones de la ley Nº 19.403 y de la presente ley.

14. Mediante el artículo 14, se establece que no tendrán derecho a las referidas bonificaciones quienes sean titulares de más de una pensión de cualquier régimen previsional.

15. Por el artículo 15, y con el objeto de facilitar la aplicación de la ley, se dispone que corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social determinar los montos de las bonificaciones de los artículos 2º, 3º y 4º, como también las que resulten de la aplicación de los respectivos reajustes e incrementos.

16. El artículo 16 permite a los pensionados afiliarse a una Caja de Compensación de Asignación Familiar, sólo para efectos de acceder a los beneficios de los regímenes de Prestaciones Adicionales, de Crédito Social y de Prestaciones Complementarias.

17. Mediante el artículo 17, se deroga el inciso segundo del artículo 4º de la ley Nº 17.387.

18. El artículo 18 establece que las respectivas Instituciones de Previsión deberán pagar, con cargo a sus presupuestos, el reajuste extraordinario y las correspondientes bonificaciones, lo que no será aplicable respecto del Nuevo Sistema de Pensiones .

Además, se establece que el mayor gasto fiscal que, durante 1997, represente la aplicación de la ley, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 de la Partida Tesoro Público del presupuesto vigente.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional , con urgencia en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, la que, de conformidad con los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de simple, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“ARTÍCULO 1º.- A contar del 1º de diciembre de 1997, oportunidad en que corresponderá aplicar el reajuste automático de pensiones del artículo 14 del D.L. Nº 2.448 y artículo 2º del D.L. Nº 2.547, ambos de 1979, se reajustarán, por una sola vez, las pensiones mínimas de los artículos 24, 26 y 27 de la ley Nº 15.386 y del artículo 39 de la ley Nº 10.662, en 5 puntos porcentuales adicionales al reajuste que proceda de acuerdo con las normas legales antes citadas.

ARTÍCULO 2º.- Concédese, a contar del 1º de enero de 1998, a los beneficiarios de pensiones mínimas de viudez del artículo 26 de la ley Nº 15.386, una bonificación mensual cuyo monto será el que resulte de aplicar lo siguiente:

a) Cuando no existan hijos con derecho a pensión de orfandad, la bonificación será equivalente al 50% de la diferencia entre la pensión mínima de viudez correspondiente, más la respectiva bonificación de la ley Nº 19.403, y la pensión mínima de vejez e invalidez.

b) Cuando existan hijos con derecho a pensión de orfandad, la bonificación será equivalente al 50% de la diferencia entre la pensión mínima de viudez correspondiente más la respectiva bonificación de la ley Nº 19.403, y el 85% de la pensión mínima de vejez e invalidez.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, se considerarán los valores de las pensiones mínimas y de las bonificaciones de la ley Nº 19.403, fijadas para menores de 70 o para 70 y más años de edad, según sea el caso, vigentes a la fecha señalada en dicho inciso.

ARTÍCULO 3º.- Concédese, a contar del 1º de enero de 1998, a las beneficiarias del artículo 24 de la ley Nº 15.386, cuyas pensiones tengan el carácter de mínimas, una bonificación mensual cuyo monto será equivalente a la diferencia entre el monto de la respectiva pensión mínima más la correspondiente bonificación de la ley Nº 19.403, y el 60% de la suma de la pensión mínima de viudez pertinente, de la bonificación de la ley Nº 19.403 y de la que resulte por aplicación del artículo 2º.

Para la aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior, se considerarán, según correspondan, los valores vigentes a la fecha que señala dicho inciso, de las pensiones mínimas de viudez y de las bonificaciones a que se refiere, establecidos para menores de 70 años o para 70 y más años de edad, con o sin la existencia de hijos con derecho a pensión de orfandad, según corresponda.

ARTÍCULO 4º.- Concédese, a contar del 1º de enero de 1998, a las beneficiarias de pensiones de viudez del artículo 27 de la ley Nº 15.386, una bonificación mensual cuyo monto será equivalente a la diferencia entre el monto de la respectiva pensión mínima más la correspondiente bonificación de la ley Nº 19.403, y el 50% de la suma de la pensión mínima de viudez pertinente, de la bonificación de la ley Nº 19.403 y de la que resulte por aplicación del artículo 2º.

Para la aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior, se considerarán, según correspondan, los valores vigentes a la fecha que señala dicho inciso, de las pensiones mínimas de viudez y de las bonificaciones a que se refiere, establecidos para menores de 70 años o para 70 y más años de edad, con o sin existencia de hijos con derecho a pensión de orfandad, según corresponda.

ARTÍCULO 5º.- A contar del 1º de diciembre de 1998, las bonificaciones de los artículos 2º, 3º y 4º serán equivalentes al 100% de las diferencias que resulten de la aplicación a esa fecha de lo dispuesto en dichos artículos.

ARTÍCULO 6º.- Las bonificaciones establecidas en los artículos 2º y 3º y sus incrementos, corresponderán igualmente y a contar de las mismas fechas, a los beneficiarios de las pensiones mínimas garantizadas por el Estado a que se refieren las letras a), b), c) y d) del artículo 79 del D.L. Nº 3.500, de 1980, por el monto que proceda de acuerdo con sus calidades y edades.

ARTÍCULO 7º.- Quienes obtengan algunas de las pensiones señaladas en los artículos 2º, 3º, 4º y 6º de esta ley con posterioridad a la fecha indicada en dichas disposiciones, tendrán derecho, a contar de la fecha de otorgamiento de su pensión, a las respectivas bonificaciones establecidas en los citados artículos, debidamente reajustadas e incrementadas, si correspondiere.

ARTÍCULO 8º.- Los beneficiarios de pensiones de viudez y del artículo 24 de la ley Nº 15.386, de regímenes previsionales diferentes al del decreto ley Nº 3.500, de 1980, cuyos montos al 1º de enero de 1998 sean superiores al de la correspondiente pensión mínima, pero inferiores al de la suma del monto de ésta y el de las respectivas bonificaciones de la ley Nº 19.403 y de esta ley, tendrán derecho, a contar de igual fecha, a una bonificación mensual equivalente a la diferencia entre dicha suma y la pensión y bonificación de la citada ley que estuvieren percibiendo, siempre que cumplan con los requisitos para obtener pensión mínima.

Lo anterior regirá igualmente para quienes, teniendo la calidad de beneficiario de pensión mínima, estuvieren percibiendo pensiones de monto superior al vigente a la fecha indicada para la respectiva pensión mínima.

Lo dispuesto en los incisos precedentes será también aplicable a las pensiones que se concedan a partir de una fecha posterior a la indicada en el inciso primero y desde su inicio.

ARTÍCULO 9º.- Los beneficiarios de pensiones de sobrevivencia que detenten la calidad de cónyuges sobrevivientes o de madre de los hijos naturales del causante, acogidos a alguna de las modalidades señaladas en el artículo 61 del decreto ley Nº 3.500, de 1980, cuyo beneficio fuere de un monto igual o superior al de la pensión mínima pertinente, pero inferior al de la suma de ésta y el de las respectivas bonificaciones de la ley Nº 19.403 y de esta ley, tendrán derecho, a contar del 1º de enero de 1998, a una bonificación mensual equivalente a la diferencia entre dicha suma y el monto mensual de la pensión y bonificación de la citada ley que estuvieren percibiendo, siempre que el causante hubiere reunido los requisitos establecidos en el artículo 78 del antes citado decreto ley.

Respecto de los aludidos beneficiarios, el ajuste de la pensión a que se refiere el inciso cuarto del artículo 65 del decreto ley Nº 3.500, de 1980, deberá hacerse al monto equivalente a la suma de la respectiva pensión mínima más las correspondientes bonificaciones de la ley Nº 19.403 y de esta ley.

Lo dispuesto en los incisos anteriores será igualmente aplicable a las pensiones cuyo otorgamiento fuere posterior a la fecha indicada en el inciso primero, y se cumplan respecto de ellas los requisitos a que hace referencia este artículo.

ARTÍCULO 10.- Los beneficiarios de las pensiones a que se refieren los artículos 2º, 3º, 4º y 6º de esta ley, que cumplan 70 años de edad con posterioridad a la fecha señalada en el artículo 2º, tendrán derecho, a contar del día primero del mes siguiente a aquél en que cumplan la mencionada edad, a las bonificaciones establecidas para quienes tienen esa edad, en reemplazo de las que eventualmente estuvieren percibiendo en virtud de esta ley.

Los beneficiarios de las pensiones señaladas en los artículos 2º, 3º, 4º y 6º de esta ley, respecto de los cuales dejen de existir hijos con derecho a pensión de orfandad, con posterioridad a la fecha señalada en el artículo 2º, tendrán derecho a que las bonificaciones que eventualmente estuvieren percibiendo en conformidad a esta ley, se reemplacen, a contar del día primero del mes siguiente a aquél en que cesen las respectivas pensiones de orfandad, por las que correspondan a beneficiarios sin hijos con derecho a pensión de orfandad.

Los beneficiarios mencionados en los artículos 7º, 8º y 9º que, con posterioridad a la fecha señalada en el artículo 2º, cumplan 70 años de edad o que a su respecto dejen de existir hijos con derecho a pensión de orfandad, tendrán derecho, a contar del primero del mes siguiente a aquél en que se produzcan tales eventos, a una bonificación equivalente a la diferencia entre la pensión y la bonificación de la ley Nº 19.403 que les correspondiere a esa fecha y la suma de la correspondiente pensión mínima más las respectivas bonificaciones de la ley Nº 19.403 y de esta ley, en reemplazo de la que eventualmente estuvieren percibiendo en virtud de este cuerpo legal.

ARTÍCULO 11.- El derecho a la bonificación que los artículos anteriores otorgan a los beneficiarios de pensiones de sobrevivencia sujetas al decreto ley Nº 3.500, de 1980, no alterará las normas de este último cuerpo legal en todo lo relativo a requisitos, cálculo y financiamiento de los montos de pensión bajo sus diferentes modalidades.

A la concesión y financiamiento de las bonificaciones en favor de los beneficiarios a que se refiere el inciso precedente, le serán aplicables las disposiciones sobre garantía estatal de pensiones mínimas contenidas en el aludido decreto ley Nº 3.500 y en su reglamento.

Los recursos que las Administradoras de Fondos de Pensiones o las Compañías de Seguros requieran para el pago de las bonificaciones que procedan, les serán proporcionados por el Estado a través de los procedimientos y modalidades establecidos en el citado decreto ley Nº 3.500 y su reglamento y en las instrucciones que imparta al efecto la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones .

ARTÍCULO 12.- Las bonificaciones a que se refieren los artículos anteriores serán imponibles en los mismos términos y porcentajes que la pensión respectiva, y se reajustarán en la misma forma y oportunidad en que lo sean las pensiones mínimas, por aplicación del artículo 14 del decreto ley Nº 2.448, de 1979.

ARTÍCULO 13.- Los beneficiarios de las pensiones a que se refieren los artículos 8º y 9º, cuyos montos al 1º de diciembre de 1998, sean iguales o superiores al de la correspondiente pensión mínima, pero inferiores al de la suma de ésta y el de las bonificaciones respectivas de la ley Nº 19.403 y de esta ley incrementada conforme al artículo anterior, tendrán derecho, a contar de igual fecha, a una bonificación mensual de un monto equivalente a la diferencia entre dicha suma y el valor de la pensión y bonificación de la ley Nº 19.403, en su caso, de que fueren titulares, siempre que se cumplan respecto de ellos los requisitos que establecen los citados artículos.

ARTÍCULO 14.- No tendrán derecho a las bonificaciones establecidas en esta ley, quienes sean titulares de más de una pensión de cualquier régimen previsional, incluido el seguro social de la ley Nº 16.744.

ARTÍCULO 15.- Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social determinar los montos de las bonificaciones dispuestas en los artículos 2º, 3º y 4º de esta ley, como también las que resulten de la aplicación de los reajustes e incrementos que procedan respecto de ellas, por aplicación de esta ley.

ARTÍCULO 16.- Sólo para los efectos de acceder a las prestaciones de los Regímenes de Prestaciones Adicionales, de Crédito Social y de Prestaciones Complementarias, los pensionados de cualquier régimen previsional, excluidos los de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, podrán afiliarse individualmente a una Caja de Compensación de Asignación Familiar, en cuyos estatutos se los considere como beneficiarios de los aludidos regímenes.

Para contribuir al financiamiento de las prestaciones a que se refiere el inciso precedente, cada Caja de Compensación establecerá un aporte de cargo de cada pensionado, de carácter uniforme, cuyo monto podrá ser fijo o un porcentaje de la pensión o una combinación de ambos. Dicho aporte no podrá exceder del 2% de la respectiva pensión.

Las entidades pagadoras de pensiones deberán descontar de las pensiones de los pensionados afiliados a una Caja de Compensación, lo adeudado por éstos, por concepto de aporte, de crédito social, prestaciones adicionales o complementarias, y enterarlo en aquélla dentro de los diez primeros días del mes siguiente al de su descuento. Al respecto, regirán las mismas normas de pago y de cobro de las cotizaciones previsionales contempladas en la Ley Nº 17.322.

Las Cajas de Compensación podrán suscribir convenios con asociaciones de pensionados u otras entidades relacionadas con éstos, para los efectos del otorgamiento de prestaciones complementarias, debiendo establecer la forma de su financiamiento.

ARTÍCULO 17.- Derógase el inciso segundo del artículo 4º de la ley Nº 17.387.

ARTÍCULO 18.- El reajuste extraordinario y las bonificaciones que procedan conforme a esta ley, con excepción de las que se conceden a beneficiarios del decreto ley Nº 3.500, de 1980, serán pagadas por las respectivas instituciones de previsión con cargo a sus presupuestos. Con todo, el Ministerio de Hacienda dispondrá la entrega a las mutualidades de empleadores de la ley Nº 16.744 de las cantidades necesarias para pagarlos, si no pueden financiarlos, en todo o en parte, con sus recursos o excedentes.

El mayor gasto fiscal que represente, durante el año 1997, la aplicación de esta ley, se financiará con transferencias del ítem 50-01-03-25-33.104 de la Partida Tesoro Público del presupuesto vigente.”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JORGE ARRATE MAC NIVEN , Ministro del Trabajo y Previsión Social ; EDUARDO ANINAT URETA , Ministro de Hacienda .”

4. Mensaje de S.E. el Presidente de la República . Concede asignación de modernización y otros beneficios que indica. (boletín Nº 2108-13)

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto conceder una asignación de modernización y otros beneficios.

Este proyecto obedece a un análisis con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. Refleja, por una parte, la práctica de diálogo que ha caracterizado las relaciones entre el Gobierno y los trabajadores del Sector Público, y por la otra, el propósito de perfeccionar progresivamente las bases de modernización del Estado y de la gestión institucional y fortalecer y dignificar la función pública.

La asignación de modernización que otorga el presente proyecto de ley, corresponderá a los trabajadores de las instituciones regidas por las normas remuneracionales del decreto ley Nº 249, de 1974; del Servicio de Impuestos Internos; de la Dirección del Trabajo; y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Estos órganos no tienen leyes particulares respecto de materias similares a la asignación de modernización, o proyectos de ley en trámite sobre la materia. Por eso, respecto de ellos, el proyecto busca reducir las diferencias remuneracionales que se producirían con otros trabajadores del Sector Público.

Asimismo, se otorgan otros beneficios adicionales a un sector más amplio de funcionarios, tales como indemnizaciones por retiro, bonificación adicional al bono de escolaridad, aporte a los servicios de bienestar, etc., que constituyen otros mejoramientos de sus ingresos, que vienen a dignificar la labor de los trabajadores que se desempeñan en el sector público.

Para el logro de estos objetivos, el proyecto consta de 8 artículos permanentes y 5 artículos transitorios.

1) El artículo 1º concede una asignación de modernización al personal de planta y a contrata de las entidades a que se refiere el artículo 2º de esta ley.

Cabe señalar que los montos que los funcionarios perciban por este concepto no serán considerados remuneraciones para ningún efecto legal y, en consecuencia, no serán imponibles. No obstante, para fines tributarios, se considerarán rentas del número 1 del artículo 42 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta. Para estos efectos, la cantidad pagada en cada cuota se considerará devengada por partes iguales en cada mes del trimestre calendario respectivo.

Coherentemente con los criterios de excelencia funcionaria impulsados por el Supremo Gobierno, para tener derecho a este beneficio, los funcionarios deberán, necesariamente, estar calificados en Lista Nº 1, de Distinción o en Lista Nº 2, Buena. Precisamente uno de los propósitos fundamentales en política de personal, consiste en perfeccionar substancialmente los sistemas de calificaciones, de manera que reflejen efectivamente el desempeño funcionario y permitan el otorgamiento de estímulos de carácter monetario. Para estos efectos, el Gobierno ha encargado a sus organismos técnicos la revisión y perfeccionamiento de estos sistemas.

La asignación será pagada a los funcionarios en servicio a la fecha de pago, en cuatro cuotas, en los meses de abril, junio, septiembre y diciembre de cada año. El monto a pagar en cada cuota será equivalente al valor acumulado en el trimestre respectivo, como resultado de la aplicación mensual de esta asignación.

2) El artículo 2º establece el ámbito de la asignación de modernización, preceptuando que corresponderá a los trabajadores de las instituciones regidas por las normas remuneracionales del decreto ley Nº 249, de 1974; del Servicio de Impuestos Internos; de la Dirección del Trabajo; y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Sin embargo, por las razones ya expuestas, no corresponderá esta asignación a los trabajadores de las entidades mencionadas en la ley Nº 19.490; al personal civil de los Servicios de Sanidad de las Fuerzas Armadas, regidos por el decreto ley Nº 249, de 1974; del Servicio Nacional de Aduanas; del Ministerio de Obras Públicas, sus servicios dependientes y el Instituto Nacional de Hidráulica; del Consejo de Defensa del Estado y de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Tampoco corresponderá esta asignación a los funcionarios afectos a la ley Nº 15.076.

3) El artículo 3º dispone que la asignación de modernización contendrá los siguientes sumandos: un componente general, un incremento por desempeño institucional, y un incremento por desempeño individual.

Esta asignación tiene un carácter único, aunque esté formada por diversos elementos, pero que concurren a incentivar la modernización de los servicios públicos, ya que procuran el cumplimiento eficiente y eficaz de los objetivos de estas entidades y un desempeño individual acorde con las metas institucionales. Por lo anterior, los dos primeros artículos contienen normas generales para los tres componentes de esta asignación.

4) El artículo 4º enumera los estipendios sobre los cuales se aplicará esta asignación, atendiendo a que se trata de remuneraciones propiamente tales, y según corresponda al sistema de remuneraciones de que se trate en cada caso.

Los artículos 5º, 6º y 7º tratan sobre los componentes de la asignación de modernización:

5) El artículo 5º estatuye que el componente general favorecerá a todo el personal de planta y a contrata, y, durante el año 1998, su porcentaje será de 5,5% sobre las remuneraciones mencionadas en el artículo 4º. A contar del 1º de enero de 1999, dicho porcentaje será de 6%.

6) El artículo 6º preceptúa que el incremento por desempeño institucional se concederá a contar del 1º de enero de 1999 y dependerá de la ejecución eficiente y eficaz de los programas de gestión de los servicios, dando así aplicación efectiva a los principios generales que regulan la acción de la Administración del Estado.

El cumplimiento de las metas del año precedente dará derecho a los funcionarios del servicio respectivo a un incremento del 3% de la suma de las remuneraciones indicadas en el artículo 4º que correspondan, siempre que la institución en que laboren haya cumplido el 90% o más de las metas anuales que se le haya fijado. Si dicho cumplimiento sólo ha sido de entre un 75% y menos del 90%, el porcentaje de esta bonificación será de un 1,5%.

Se deja a la norma reglamentaria, que emanará de los Ministerios del Interior, Hacienda y Secretaría General de la Presidencia, el establecimiento de los mecanismos de control y evaluación de las metas; la forma de medir y ponderar los distintos elementos o indicadores a considerar; la manera de determinar los distintos porcentajes de este incremento; los procedimientos y el calendario de elaboración, fijación y evaluación de las metas a alcanzar, y toda otra norma necesaria para la adecuada concesión de este beneficio.

En dicho reglamento se dispondrá la creación, composición y forma de funcionamiento de un Comité Técnico de las Secretarías de Estado antes mencionadas, que efectuará los análisis técnicos y proposiciones necesarios al efecto de velar por una adecuada aplicación de las normas que establezca el reglamento.

Para los efectos de este artículo, el Jefe Superior de cada Servicio propondrá anualmente al Ministro del que dependa o con el que se relacione, un programa de mejoramiento de la gestión del Servicio, el cual especificará metas de eficiencia institucional y de calidad de los servicios proporcionados a los usuarios. El Ministro del ramo, conjuntamente con los de Interior, de Hacienda y Ministro Secretario General de la Presidencia , mediante decreto supremo, fijará, particularmente para el referido servicio, usando como antecedente el programa de mejoramiento, las metas a alcanzar en el año respectivo.

Mediante un decreto supremo del Ministro del ramo, suscrito, además, por el Ministro de Hacienda, se determinará el porcentaje de cumplimiento de las metas para cada año.

Cabe subrayar el hecho que el incremento por desempeño institucional, según los porcentajes que corresponda, beneficiará a todo el personal de los servicios que hayan alcanzado sus metas, conforme al grado de cumplimiento de ellas.

7) El Artículo 7º estatuye que el incremento por desempeño individual se concederá a partir del 1º de enero de 1999.

Este incremento es un estímulo para el funcionario, que incidirá en la eficacia de los sistemas de evaluación, cumpliendo de manera efectiva y práctica con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto Administrativo, el cual señala que “el sistema de calificación tendrá por objeto evaluar el desempeño y las aptitudes de cada funcionario, atendidas las exigencias y características de su cargo, y servirá de base para el ascenso, los estímulos y la eliminación del servicio”.

El incremento a que se refiere este artículo será equivalente a los porcentajes que indica, calculados sobre la suma de las remuneraciones señaladas en el artículo 4º, que correspondan, conforme a tramos decrecientes según la evaluación de los funcionarios.

Las restantes normas de este artículo regulan, fundamentalmente, lo referido a la época de percepción de este beneficio, extensión del mismo a los funcionarios que conserven la calificación del año anterior y la situación del beneficiario que, por ascenso o cualquier otro motivo, cambiare de grado con posterioridad al afinamiento del proceso calificatorio.

Se establece un precepto de gran importancia práctica, al disponerse que en caso de producirse empate en los puntajes de calificación entre varios funcionarios de una misma planta, y cuando ello impida determinar el porcentaje del beneficio que corresponde a cada funcionario, la junta calificadora respectiva dirimirá dichos empates.

Finalmente, se dispone que un reglamento, que deberá ser suscrito por los Ministros del Interior, de Hacienda y Ministro Secretario General de la Presidencia , establecerá las normas necesarias para la adecuada aplicación del precepto contenido en este artículo.

8) En otro orden de ideas, el artículo 8º preceptúa que la asignación establecida en el artículo 17 de la ley Nº 18.091 se aplicará, a contar del 1º de enero de 1998, al personal de la Superintendencia de Seguridad Social y se determinará en igual forma, para cuyo efecto, el Superintendente deberá informar anualmente al Ministerio de Hacienda sobre esta materia. Por otra parte, se establecen normas de estímulo a la idoneidad funcionaria, mediante una bonificación que se regula detalladamente.

El gasto que represente esta bonificación se hará con cargo a los recursos con que la Superintendencia financia anualmente sus remuneraciones.

Mediante esta norma, se otorga a este servicio un tratamiento similar a los que pertenecen a su mismo sistema de remuneraciones.

9) Su artículo 1º transitorio otorga, durante los años 1998 y 1999, el derecho a la indemnización establecida en el artículo 148 de la ley Nº 18.834, a los funcionarios de carrera de los servicios y entidades mencionados en los incisos primero y segundo del artículo 2º de esta ley, con ciertas excepciones, que hayan cumplido 65 años de edad, si son hombres, y 60 años de edad, si son mujeres, y que reúnan los requisitos para obtener jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional, que presentaren la renuncia voluntaria a sus cargos.

Durante 1998 dicha renuncia voluntaria deberá presentarse en el curso del primer cuatrimestre de ese año, para hacerla efectiva durante el segundo semestre del mismo .

El monto de esta indemnización podrá incrementarse para aquellos funcionarios cuya jubilación o pensión no se calcule en base a su última remuneración imponible asignada al empleo en que jubilaren, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 132 del D.F.L. Nº 338, de 1960, u otras normas que otorguen similar derecho en el antiguo régimen de pensiones.

Dicha indemnización y su incremento tienen por objeto incentivar los retiros voluntarios de parte de funcionarios que pueden acogerse a jubilación en razón de su edad y que no ejercitan este derecho por la merma que se produce en sus ingresos al hacer uso de él.

Este beneficio sólo podrá concederse a 1.000 funcionarios, por razones presupuestarias, durante el año 1998. El monto mínimo de indemnización que podrá obtenerse por este concepto es de 6 meses de indemnización, un máximo de 10. En la práctica, la indemnización promedio alcanzará a 8 meses.

Por otra parte, el inciso cuarto de este artículo dispone que, durante el año 1999, la autoridad llamada a hacer el nombramiento podrá declarar vacante el cargo servido por funcionarios de carrera que cumplan con las exigencias de edad del inciso primero y que reúnan los requisitos para obtener jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional. Esta facultad sólo podrá ejercerse respecto de aquellos funcionarios que tengan derecho a que el monto de sus pensiones sea calculado sobre la base de las últimas remuneraciones imponibles asignadas al empleo en que jubilaren, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 132 del D.F.L. Nº 338, de 1960.

Estos funcionarios tendrán derecho a la indemnización establecida en el artículo 148 de la ley Nº 18.834. En este caso no se concede el incremento, toda vez que, como se ha dicho, se aplica sólo a aquellos funcionarios que tengan derecho a que el monto de sus pensiones sea calculado sobre la base de la última remuneración imponible asignada al empleo en que jubilaren. Esto constituye, por otra parte, una garantía para el sector más desprotegido al limitarse la facultad de la autoridad para declarar vacantes cargos de carrera.

Regulando esta indemnización, se dispone que los funcionarios que cesen en sus cargos por aplicación de lo dispuesto en este artículo, no podrán ser nombrados ni contratados, ya sea a contrata o sobre la base de honorarios, en la misma entidad o servicio, durante los cinco años siguientes al término de su relación laboral, a menos que previamente devuelvan la indemnización percibida, expresada en unidades de fomento con más el interés corriente para operaciones reajustables.

El plan de retiro que dispone esta norma posibilitará, además, ascensos de funcionarios de carrera que por muchos años no han podido ejercer este derecho debido a la prolongada permanencia en sus cargos de sus titulares. Esta situación, como ya se ha dicho, deriva de la merma de ingresos que se produce al jubilar y que de algún modo esta indemnización pretende compensar.

10) Su artículo 2º concede a los trabajadores de las entidades mencionadas en los incisos primero y segundo del artículo 2º de esta ley, en los años 1998 y 1999, que se desempeñen en las Décimo Primera y Décimo Segunda Regiones y en localidades aisladas altiplánicas de la Primera Región , una asignación no imponible de $ 120.000 anuales, que se pagará en cuatro cuotas iguales. Dicho monto se reajustará en el mismo porcentaje del reajuste general para el sector público que se acuerde en el año 1997.

Este beneficio apunta a favorecer a un sector de trabajadores que por razones geográficas y de aislamiento se encuentra más desprotegido que el resto de los funcionarios del país.

11) Su artículo 3º otorga una bonificación adicional al bono de escolaridad para los años 1998 y 1999 a los trabajadores de los servicios expresados en los incisos primero y segundo del artículo 2º de esta ley, de $ 10.000 por cada hijo que cause este derecho, cuando, a la fecha de pago del bono, los funcionarios tengan una remuneración bruta igual o inferior a $ 200.000 mensuales, la que se pagará con la primera cuota del bono de escolaridad respectivo y se someterá en lo demás a las reglas que se dicten para dicho bono.

12) Su artículo 4º incrementa, durante los años 1998 y 1999, los aportes a los servicios de bienestar de las entidades mencionadas en el decreto ley Nº 249, de 1974, que se encuentren comprendidas en los incisos primero y segundo del artículo 2º de esta ley, en un 10% del valor que corresponda, al 1º de enero de 1998 o al 1º de enero de 1999, respectivamente, al aporte máximo a que se refiere el artículo 23 del decreto ley Nº 249, de 1974, siempre que ellas no gocen de los beneficios especiales de salud establecidos en la ley Nº 19.086.

13) Finalmente, su artículo 5º señala el financiamiento del mayor gasto fiscal que representa la aplicación de esta ley.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura, Extraordinaria, de Sesiones del Congreso Nacional, con urgencia en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, la que, de conformidad con los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1º.- Concédese una asignación de modernización al personal de planta y a contrata de las entidades a que se aplica el artículo 2º de esta ley.

La asignación será pagada a los funcionarios en servicio a la fecha de pago, en cuatro cuotas, en los meses de abril, junio, septiembre y diciembre de cada año. El monto a pagar en cada cuota, será equivalente al valor acumulado en el trimestre respectivo, como resultado de la aplicación mensual de esta asignación.

Los montos que los funcionarios perciban por este concepto, no serán considerados remuneraciones para ningún efecto legal y, en consecuencia, no serán imponibles. No obstante, para fines tributarios, se considerarán rentas del número 1 del artículo 42 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta. Para estos efectos, se entenderá que la cantidad pagada en cada cuota se ha devengado por partes iguales en cada mes del trimestre calendario respectivo.

Para tener derecho a este beneficio, los funcionarios deberán, necesariamente, estar calificados en Lista Nº 1, de Distinción o en Lista Nº 2, Buena.

Los funcionarios con derecho a percibir este beneficio que sean sancionados con alguna medida disciplinaria, serán excluidos de su pago, a contar de la aplicación de la sanción y por el lapso que reste para completar el período anual respectivo.

Artículo 2º.- La asignación establecida en el artículo anterior, corresponderá a los trabajadores de las instituciones regidas por las normas remuneracionales del decreto ley Nº 249, de 1974; del Servicio de Impuestos Internos; de la Dirección del Trabajo; y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Sin embargo, no corresponderá esta asignación a los trabajadores de las entidades mencionadas en la ley Nº 19.490; al personal civil de los Servicios de Sanidad de las Fuerzas Armadas, regidos por el decreto ley Nº 249, de 1974; del Servicio Nacional de Aduanas; del Ministerio de Obras Públicas, sus servicios dependientes y del Instituto Nacional de Hidráulica; del Consejo de Defensa del Estado y de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

Tampoco corresponderá esta asignación a los funcionarios afectos a la ley Nº 15.076.

Artículo 3º.- La asignación de modernización contendrá los siguientes sumandos:

a) Un componente general, a que se refiere el artículo 5º de esta ley;

b) Un incremento por desempeño institucional, que se regirá por las normas del artículo 6º de esta ley; y

c) Un incremento por desempeño individual, según lo que expresa el artículo 7º de esta ley.

Artículo 4º.- El monto de esta asignación de modernización se determinará aplicando los porcentajes que se señalan en los artículos 5º, 6º y 7º sobre los siguientes estipendios, según corresponda:

a) Sueldo base;

b) Asignación del artículo 19 de la ley Nº 19.185; en las modalidades de cálculo a que se refieren ambos incisos de esta disposición;

c) Asignación del artículo 10 del D.L. Nº 924, de 1975;

d) Asignación del artículo 5º del D.L. Nº 2.964, de 1979.

e) Asignación establecida por los artículos 17 y 18 de la ley Nº 19.185, en las modalidades de ambos incisos de esta última disposición.

f) Asignación del artículo 43 de la ley Nº 19.269;

g) Asignación del artículo 11 de la ley Nº 19.041;

h) Asignación del artículo 6º del decreto ley Nº 3.551, de 1980;

i) Asignación del artículo 4º de la ley Nº 18.717;

j) Asignación del artículo 6º del decreto ley Nº 1.770, de 1977; y

k) Asignación del decreto ley Nº 1.166, de 1975, en relación con el artículo 19 letra a) del D.F.L. Nº 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda.

Artículo 5º.- El componente general a que se refiere la letra a) del artículo 3º, favorecerá a todo el personal de planta y a contrata, y, durante el año 1998, su porcentaje será de 5,5% sobre las remuneraciones mencionadas en dicho artículo. A contar del 1º de enero de 1999, dicho porcentaje será de 6%.

Artículo 6º.- El incremento por desempeño institucional se concederá a contar del 1º de enero de 1999 y dependerá de la ejecución eficiente y eficaz de los programas de gestión de los servicios.

El cumplimiento de las metas del año precedente, dará derecho a los funcionarios del servicio respectivo, a un incremento del 3% de la suma de las remuneraciones indicadas en el artículo 4º que correspondan, siempre que la institución en que laboren haya cumplido el 90% o más de las metas anuales que se le haya fijado. Si dicho cumplimiento sólo ha sido de entre un 75% y menos del 90%, el porcentaje de esta bonificación será de un 1,5%.

Un reglamento, que será aprobado por decreto supremo emanado de los Ministerios del Interior, Hacienda y Secretaría General de la Presidencia , establecerá los mecanismos de control y evaluación de las metas; la forma de medir y ponderar los distintos elementos o indicadores a considerar; la manera de determinar los distintos porcentajes de este incremento; los procedimientos y el calendario de elaboración, fijación y evaluación de las metas a alcanzar, y toda otra norma necesaria para el adecuado otorgamiento de este beneficio. En este reglamento se dispondrá, además, la creación, composición y forma de funcionamiento de un Comité Técnico de las Secretarías de Estado antes mencionadas, que efectuará los análisis técnicos y proposiciones necesarios para velar por una adecuada aplicación de las normas que establezca el reglamento.

Para los efectos de este artículo, el Jefe Superior de cada Servicio propondrá anualmente al Ministro del que dependa o con el que se relacione, un programa de mejoramiento de la gestión del Servicio, el cual especificará metas de eficiencia institucional y de calidad de los servicios proporcionados a los usuarios. Dicho Ministro , conjuntamente con los de Interior, de Hacienda y Ministro Secretario General de la Presidencia , mediante decreto supremo, fijará, usando como antecedente el referido programa de mejoramiento, las metas a alcanzar en cada año.

El porcentaje de cumplimiento de éstas será determinado anualmente mediante un decreto supremo del Ministro del ramo, suscrito, además, por el Ministro de Hacienda.

El incremento por desempeño institucional, según los porcentajes que corresponda y cumpliéndose con los requisitos del artículo 1º, beneficiará a todo el personal de los servicios que hayan alcanzado sus metas, conforme al grado de cumplimiento de ellas.

Artículo 7º.- El incremento a que se refiere la letra c) del artículo 3º se concederá a partir del 1º de enero de 1999 y se regulará por las normas que se pasan a expresar:

a) Será equivalente a los siguientes porcentajes calculados sobre la suma de las remuneraciones señaladas en el artículo 4º, que correspondan, conforme a los siguientes tramos decrecientes:

i) 4% para el treinta y tres por ciento de los funcionarios de planta y a contrata mejor evaluados, separadamente, por la Junta Calificadora Central o por cada una de las Juntas Calificadoras Regionales o por varias de ellas conjuntamente;

ii) 2% para los funcionarios que les sigan en orden descendente de evaluación, hasta completar el 66% de los mejor evaluados respecto de cada planta, según la forma señalada en la letra i) precedente.

b) Los funcionarios beneficiarios de este incremento sólo tendrán derecho a percibirlo durante el año inmediatamente siguiente al del respectivo proceso calificatorio.

c) Para estos efectos se considerará el resultado de las calificaciones que hayan obtenido los funcionarios, de conformidad con las normas que las rigen.

d) Tendrán derecho a este incremento no sólo los funcionarios calificados en el respectivo período, sino también los que, en virtud de las normas estatutarias que los rigen, conserven la calificación del año anterior.

e) El Jefe Superior del Servicio , los miembros de la Junta Calificadora Central, los delegados del personal ante las juntas calificadoras y los directores de las asociaciones de funcionarios tendrán derecho, por concepto de este beneficio, a un 4% de la suma de remuneraciones de las señaladas en el artículo 4º que correspondan.

Los beneficiarios a que se refiere esta letra no serán considerados para computar el 66% de los funcionarios señalados en la letra a) de este artículo.

f) El beneficiario que, por ascenso o cualquier otro motivo, cambiare de grado con posterioridad al afinamiento del proceso calificatorio, percibirá el incremento en relación a las remuneraciones que estaba percibiendo en el cargo en que fue calificado, sin perjuicio de los reajustes legales de remuneraciones que pudieren corresponderle.

g) En caso de producirse empate en los puntajes de calificación entre varios funcionarios de una misma planta, y cuando ello impida determinar el porcentaje del beneficio que corresponde a cada funcionario, la junta calificadora respectiva dirimirá dichos empates, y

h) Un reglamento, que deberá ser suscrito por los Ministros del Interior, de Hacienda y Ministro Secretario General de la Presidencia , establecerá las normas de desempate en casos de igual evaluación, los mecanismos de reclamación de los funcionarios cuando estimen afectado su derecho a este incremento y las demás disposiciones necesarias para la cabal aplicación de este artículo, entre otras, las que deban establecerse para resolver las dificultades que, en relación con el beneficio que se regula, puedan derivarse de la confección tardía de los escalafones de los servicios.

Artículo 8º.- La asignación establecida en el artículo 17 de la ley Nº 18.091 se aplicará, a contar del 1º de enero de 1998, al personal de la Superintendencia de Seguridad Social y se determinará en igual forma. Para este efecto, el Superintendente deberá informar anualmente al Ministerio de Hacienda sobre esta materia.

Con cargo a esta asignación el personal de planta y a contrata de la Superintendencia podrá percibir una bonificación de estímulo por desempeño funcionario, no imponible, la que se regulará por las normas que se pasan a expresar:

a) La bonificación se pagará anualmente al 25% de los funcionarios pertenecientes o asimilados a las plantas y grados de Directivos, Profesionales y Fiscalizadores de mejor desempeño en el año anterior;

b) Para estos efectos, se considerará el resultado de las calificaciones que hayan obtenido los funcionarios, de conformidad con las normas que los rigen en esta materia;

c) Los montos que se paguen por concepto de esta bonificación no podrán exceder de una cuarta parte de los porcentajes fijados anualmente por decreto supremo del Ministerio de Hacienda en cumplimiento de lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.091, y se determinarán en dicho acto administrativo. En el mismo decreto supremo se fijará el porcentaje a percibir por los funcionarios que no hayan sido objeto de calificación en atención a su participación en el proceso calificatorio, los que no se considerarán para los efectos del límite establecido en la letra a) precedente.

d) Los montos que se fijen de conformidad con la letra anterior, sumados a los que corresponda pagar por concepto de la asignación mensual a que se refiere el artículo 17 de la ley Nº 18.091, no podrán exceder, en ningún caso, del porcentaje máximo que establece el inciso segundo de dicha disposición;

e) Los funcionarios beneficiarios de la bonificación sólo tendrán derecho a percibirla durante los doce meses siguientes al término del respectivo proceso calificatorio;

f) La bonificación será pagada a los funcionarios en servicio a la fecha de pago, en cuatro cuotas trimestrales. El monto a pagar en cada cuota será equivalente al valor acumulado en el trimestre respectivo;

g) Para efectos tributarios se entenderá que la cantidad pagada en cada cuota se ha devengado por partes iguales en cada mes del trimestre calendario respectivo; y

h) El gasto que represente esta bonificación se hará con cargo a los recursos con que la Superintendencia financia anualmente sus remuneraciones.

Disposiciones transitorias

Artículo 1º.- Los funcionarios de carrera de los servicios y entidades mencionados en los incisos primero y segundo del artículo 2º, con excepción del personal civil de los Servicios de Sanidad de las Fuerzas Armadas, regidos por el decreto ley Nº 249, de 1974; del Servicio Nacional de Aduanas y de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que hayan cumplido 65 años de edad, si son hombres, y 60 años de edad, si son mujeres, y que reúnan los requisitos para obtener jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional, que durante el curso del primer cuatrimestre de 1998 presentaren la renuncia voluntaria a sus cargos para hacerla efectiva durante el segundo semestre de dicho año, tendrán derecho a la indemnización establecida en el artículo 148 de la ley Nº 18.834.

El monto de esta indemnización podrá incrementarse para aquellos funcionarios cuya jubilación o pensión no se calcule en base a su última remuneración imponible asignada al empleo en que jubilaren.

El incremento referido en el inciso anterior será de hasta cuatro meses de las remuneraciones indicadas sobre el beneficio mencionado, atendiendo a criterios de edad, género y nivel de remuneraciones.

Sin embargo, estos beneficios por renuncia voluntaria sólo podrán concederse a 1.000 funcionarios durante el año 1998. Durante el año 1999, no habrá limitaciones en la cantidad de funcionarios para la obtención de las indemnizaciones que corresponda, siempre que cumplan con los requisitos que establece este artículo.

Durante el año 1999, la autoridad llamada a hacer el nombramiento podrá declarar vacante el cargo servido por funcionarios de carrera que cumplan con las exigencias de edad a que se refiere el inciso primero y que reúnan los requisitos para obtener jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional.

La facultad anterior sólo podrá ejercerse respecto de aquellos funcionarios que tengan derecho a que el monto de sus pensiones sea calculado sobre la base de la última remuneración imponible asignada al empleo en que jubilaren, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 132 del D.F.L. Nº 338, de 1960, en relación con el artículo 14 transitorio de la ley Nº 18.834, o en otras normas que otorguen similar derecho.

Los funcionarios a quienes se declare la vacancia de sus cargos en conformidad con los incisos precedentes, tendrán derecho a la indemnización establecida en el inciso primero de este artículo.

Mediante un decreto con fuerza de ley, emanado conjuntamente de los Ministerios del Interior y de Hacienda, se establecerán normas regulatorias de los criterios a que se refiere el inciso segundo de este artículo y la forma en que se dispondrá la precedencia para la obtención de las indemnizaciones por renuncia voluntaria entre las 1.000 personas que podrán optar a ellas, durante el año 1998.

Los funcionarios que cesen en sus cargos por aplicación de lo dispuesto en este artículo, no podrán ser nombrados ni contratados, ya sea a contrata o sobre la base de honorarios, en la misma entidad o servicio, durante los cinco años siguientes al término de su relación laboral, a menos que previamente devuelvan la indemnización percibida, expresada en unidades de fomento más el interés corriente para operaciones reajustables.

Artículo 2º.- Concédese a los trabajadores de las entidades mencionadas en los incisos primero y segundo del artículo 2º de esta ley, en los años 1998 y 1999, que se desempeñen en las Décimo Primera y Décimo Segunda Regiones y en localidades altiplánicas de la Primera Región , una asignación no imponible de $ 120.000 anuales, que se pagará en cuatro cuotas iguales, las que vencerán el día 1º de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de los años referidos. Dicho monto se reajustará en el mismo porcentaje del reajuste general para el sector público que se acuerde en el año 1997.

Mediante un decreto con fuerza de ley, emanado del Ministerio de Hacienda, se determinará las localidades altiplánicas de la Primera Región a las que se otorgará el beneficio que contempla este artículo, previa consulta a los organismos técnicos competentes.

Artículo 3º.- Concédese una bonificación adicional al bono de escolaridad que otorgue la ley para los años 1998 y 1999 a los trabajadores de los servicios expresados en los incisos primero y segundo del artículo 2º de esta ley, de $ 10.000 por cada hijo que cause este derecho, cuando, a la fecha de pago del bono, los funcionarios tengan una remuneración bruta igual o inferior a $ 200.000 mensuales, la que se pagará con la primera cuota del bono de escolaridad respectivo y se someterá en lo demás a las reglas que se dicten para dicho bono.

Artículo 4º.- Otórgase, durante los años 1998 y 1999, un aporte extraordinario a los servicios mencionados en el decreto ley Nº 249, de 1974, que se encuentren comprendidos en los incisos primero y segundo del artículo 2º de esta ley, que ascenderá a un 10% sobre el valor que corresponda, al 1º de enero de 1998 o al 1º de enero de 1999, respectivamente, al aporte máximo a que se refiere el artículo 23 del decreto ley Nº 249, de 1974, para las entidades que no gocen de los beneficios especiales de salud establecidos en la ley Nº 19.086.

Artículo 5º.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley se financiará con los recursos que se contemplen en los presupuestos de las diversas entidades a que ella se refiere, y, en lo que no alcanzare, con cargo a aquellos que se consulten en la Partida Presupuestaria Tesoro Público del año correspondiente.”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; CARLOS FIGUEROA SERRANO , Ministro del Interior ; EDUARDO ANINAT URETA , Ministro de Hacienda ; JORGE ARRATE MAC NIVEN , Ministro del Trabajo y Previsión Social ; JUAN VILLARZÚ ROHDE , Ministro Secretario General de la Presidencia .”

5. Oficio de S.E. el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

Las presentes observaciones tienen por objeto corregir errores de referencia entre normas del mismo proyecto y respecto de remisiones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en que incurrió el proyecto aprobado por el Parlamento.

El Ejecutivo quiere dejar en claro que las observaciones no innovan sustantivamente en ninguna materia de las aprobadas por el Parlamento. Sólo corrige errores de referencia.

En razón de lo anterior, se formulan las siguientes observaciones al proyecto de ley del rubro:

ARTÍCULO 6º

1) Para reemplazar en su inciso primero el vocablo “cuarto” por “final”.

ARTÍCULO 10, LETRA B), inciso cuarto

2) Para sustituir la expresión “1998” por “correspondiente”.

ARTÍCULO 13

3) Para reemplazar en el literal a) los guarismos “8”, “9” y “10”, por el guarismo “6”; el guarismo “12” por “7”; y el guarismo “13” por “9”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JOSÉ PABLO ARELLANO MARÍN , Ministro de Educación .”

6. Oficio de S.E. el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo el que corresponde cumplir en el honorable Senado- respecto del proyecto de ley que crea régimen de jornada escolar completa diurna y dicta normas para su aplicación. (Boletín Nº 1906-04).

Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “discusión inmediata” la referida urgencia.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JUAN VILLARZÚ ROHDE , Ministro Secretario General de la Presidencia .”

7. Oficio de S.E. el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley sobre integración del Consejo de Corfo y rango del Vicepresidente Ejecutivo. (boletín Nº 1959-03).

Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho del proyecto de ley antes aludido, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JUAN VILLARZÚ ROHDE , Ministro Secretario General de la Presidencia .”

8. Oficio de S.E. el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo el que corresponde cumplir en el honorable Senado- respecto del proyecto de ley que modifica la Ley Nº 19.234, que establece beneficios previsionales para exonerados por motivos políticos. (boletín Nº 1978-13)

Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JUAN VILLARZÚ ROHDE , Ministro Secretario General de la Presidencia .”

9. Oficio del Senado.

“Valparaíso, 16 de octubre de 1997.

Tengo a honra comunicar a V.E., que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley de esa honorable Cámara sobre integración del Consejo de la Corporación de Fomento de la Producción y rango del Vicepresidente Ejecutivo , con las siguientes modificaciones:

Artículo 1º

Nº 1

Letra d)

Ha suprimido, en el número 6), al final, después de las comillas, la conjunción copulativa “y”, y ha reemplazado la coma (,) que la precede por un punto y coma (;).

Letra e)

Ha sustituido, en el número 7), después de las comillas, el punto final (.) por la conjunción copulativa “y”, antecedida de una coma (,).

-o-

Ha agregado, a continuación, la siguiente letra f), nueva:

“f) Agrégase como inciso final, el siguiente:

“Los Ministros serán reemplazados por sus subrogantes legales cuando no puedan asistir a las sesiones por cualquier causa, circunstancia que no será necesario acreditar. En caso de ausencia del Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, presidirá el Consejo el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación .”.

-o-

Número 3

Lo ha sustituido por el siguiente:

“3. Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 9º, el guarismo “10 por ciento” por “20 por ciento”.”.

Artículo 3º

Lo ha eliminado.

Artículo 4º

Lo ha reemplazado por los siguientes artículos 3º, 4º, 5º y 6º:

“Artículo 3º.- Reemplázase la Planta de Directivos de la Corporación de Fomento de la Producción, fijada por el decreto con fuerza de ley Nº 9, de 1990, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por la siguiente:

CARGO GRADO Nº DE CARGOS

Fiscal 2º 1

Gerentes 3º 10

Subgerentes 4º 20

Directores Regionales 4º 13

Jefes de Departamento

y Ejecutivos 5º 43

Total 87

El Vicepresidente Ejecutivo de la mencionada Corporación encasillará libremente al personal de la Planta de Directivos en actual servicio. Aquellos funcionarios que sean incluidos en el respectivo encasillamiento, conservarán el beneficio contemplado en el artículo 132 del D.F.L. Nº 338, de 1960, en relación al artículo 14 transitorio de la Ley Nº 18.834 y aquellos que no sean encasillados, tendrán derecho a los beneficios contemplados en el artículo 148 de la Ley Nº 18.834 o en el artículo 20 transitorio de dicha ley, en su caso. El encasillamiento no se considerará como ascenso para efectos de la asignación de antigüedad; no afectará el derecho conferido por el artículo 20 transitorio de la Ley Nº 18.834; no será considerado en caso alguno como causal de término de servicios, supresión o fusión de cargos ni, en general, cese de funciones o término de la relación laboral para ningún efecto legal.

Los funcionarios cuyas remuneraciones derivadas del encasillamiento que se haga en conformidad a este artículo sean inferiores a las que percibían con anterioridad, tendrán derecho al pago de una planilla suplementaria compensatoria de dicha diferencia, reajustable en la misma forma y montos del sector público y que se absorberá por todo aumento futuro de remuneraciones con excepción de los derivados de los reajustes legales.

Artículo 4º.- Reemplázanse las plantas de Profesionales, de Administrativos y de Auxiliares de la Corporación de Fomento de la Producción, fijadas por el decreto con fuerza de ley Nº 9, de 1990, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por las siguientes:

PLANTA DE PROFESIONALES

CARGO GRADO Nº DE CARGOS

Profesionales 6º 27

Profesionales 7º 27

Profesionales 8º 23

Profesionales 9º 12

Profesionales 10º 25

Profesionales 11º 3

Profesionales 12º 1

Profesionales 13º 1

Profesionales 14º 1

Total 120

PLANTA DE ADMINISTRATIVOS

CARGO GRADO Nº DE CARGOS

Administrativos 9º 6

Administrativos 10º 10

Administrativos 11º 7

Administrativos 12º 3

Administrativos 13º 9

Administrativos 14º 7

Administrativos 15º 18

Administrativos 16º 11

Administrativos 17º 10

Administrativos 18º 9

Administrativos 19º 14

Administrativos 20º 5

Administrativos 21º 6

Administrativos 22º 4

Administrativos 23º 3

Administrativos 24º 3

Total 125

PLANTA DE AUXILIARES

CARGO GRADO Nº DE CARGOS

Auxiliares 22º 6

Auxiliares 23º 7

Auxiliares 24º 5

Auxiliares 25º 4

Auxiliares 26º 4

Auxiliares 27º 6

Auxiliares 28º 2

Total 34

El Vicepresidente Ejecutivo de la aludida Corporación encasillará libremente al personal de las plantas de Profesionales, de Administrativos y de Auxiliares referidas en el presente artículo. Los funcionarios incluidos en el respectivo encasillamiento no podrán ser encasillados en un grado inferior al que estén ocupando y conservarán el beneficio contemplado en el artículo 132 del D.F.L. Nº 338, de 1960, en relación al artículo 14 transitorio de la Ley Nº 18.834. En encasillamiento no se considerará como ascenso para efectos de la asignación de antigüedad; no será considerado en caso alguno como causal de término de servicios, supresión o fusión de cargos ni, en general, cese de funciones o término de la relación laboral para ningún efecto legal.

El personal no encasillado, que no podrá exceder de 70, tendrá derecho a recibir una indemnización equivalente a un mes de la última remuneración por cada año de servicio, con tope de once meses, la que será compatible con el desahucio, cuando corresponda, y la pensión de jubilación en su caso.

Artículo 5º.- Los requisitos de ingreso y promoción de las respectivas plantas serán los indicados para cada caso en el decreto con fuerza de ley Nº 9, de 1990, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Artículo 6º.- El gasto que implique la aplicación de los artículos 3º y 4º y se financiará con recursos de la Corporación de Fomento de la Producción.”.

Artículo 5º

Ha pasado a ser artículo 7º, sin modificaciones.

-o-

Lo que comunico a V.E. en respuesta a su oficio Nº 1.475, de 5 de junio de 1997.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado .”