Labor Parlamentaria

IX. Otros documentos de la Cuenta.

1. Oficios:

-De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, por el cual comunica que acordó crear el Grupo Interparlamentario Chileno-Irlandés, para que los señores Diputados que lo deseen puedan efectuar su incorporación.

-De la Comisión de Minería y Energía, por el cual comunica que ha procedido a elegir como Presidente al Diputado señor Prokuriça.

Ministerio del Interior

-Del Diputado señor Navarro, segunda etapa del Programa de Mejoramiento de Barrios, comuna Santa Juana.

-Del Diputado señor Gutenberg Martínez, cierre de sala de teatro, comuna de Ñuñoa.

-Del Diputado señor Tohá, implementación de casinos de juego en algunas zonas del país.

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

-Del Diputado señor Jürgensen, requisitos que debe cumplir una localidad para ser declarada zona turística.

Ministerio de Obras Públicas

-De los Diputados señores Seguel, Ojeda, Gutiérrez, Elizalde, Navarro, Ortiz y señora Wörner, destinación de terrenos de playa, de fondo de mar y la playa misma de la Caleta Trana o Llana, comuna de Arauco.

-De los Diputados señores Bombal, Vilches, Prokuriça, Pérez (don Ramón), Leay, Masferrer, Longton, Ferrada, Rodríguez, Jürgensen, Karelovic, Valcarce y Longueira, limpieza de algunos caminos públicos, Región Metropolitana.

-Del Diputado señor Jürgensen, pasarela Río Blanco en sector Sajonia, provincia de Osorno.

-Del Diputado señor Kuschel, rampas de carga y pasajeros localidades de El Estero, Surgidero y La Herradura, en Isla Maillén, comuna de Puerto Montt.

-Del Diputado señor Rodríguez, problemas de falta de agua provincias San Felipe y Los Andes.

-Del Diputado señor Latorre, mejoramiento Ruta I-50, sector San Fernando-Palmilla, Sexta Región.

-Del Diputado señor Navarro, caminos de las comunas de Florida y Penco, Octava Región.

-Del Diputado señor Martínez (don Rosauro), listado de contratos Octava Región.

Ministerio de Agricultura

-Del Diputado señor Correa, concurso de propuestas de las comunas pobres de la zona de secano.

-De los Diputados señores Morales, Palma (don Andrés), Tuma, Pérez (don Aníbal) y Kuschel, apoyo y asesoramiento de Indap en la Sexta Región.

-Del Diputado señor Ortiz, protección contra incendios forestales.

-Del Diputado señor Valcarce, proyecto de crianza de avestruces en el Valle del Lluta.

-De los Diputados señores Ferrada, Bayo, García-Huidobro y Álvarez-Salamanca, situación economías agrarias regionales.

III. ACTAS

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

El acta de la sesión 52ª se declara aprobada.

El acta de la sesión 53ª se encuentra a disposición de los señores diputados.

IV. CUENTA

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.

El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.

VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA.

1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración el Acuerdo Chile - Canadá integrado por los siguientes tres Tratados: de Libre Comercio -suscrito en Santiago de Chile el 5 de diciembre de 1996-, de Cooperación Ambiental, y de Cooperación Laboral, suscritos el 6 de febrero de 1997, en Ottawa, Canadá.

Cabe destacar que el Acuerdo si bien comprende tres cuerpos normativos, constituye un todo indivisible, ya que el compromiso adquirido con Canadá supone su aprobación en conjunto; sólo así se permitirá equilibrar armónicamente los intereses de cada país.

Asimismo, es importante señalar que las Partes se comprometieron explícitamente en el Acuerdo, a que su entrada en vigor fuera a contar del día 2 de junio de 1997.

I. PLANTEAMIENTO

Este Acuerdo constituye un importante factor para la expansión del intercambio comercial, de las inversiones extranjeras y de los servicios transfronterizos con Canadá, mediante el establecimiento de una zona de libre comercio entre ambas partes. Asimismo, en él se ratifica el compromiso de las Partes de contar con legislaciones en materia laboral y medioambiental que sean compatibles con un desarrollo sustentable, manteniendo Chile su autonomía para determinar los estándares a exigir en nuestro ordenamiento jurídico.

En el mundo contemporáneo las sociedades han tomado conciencia de que dependen unas de otras para lograr incrementar el nivel de desarrollo y disminuir la pobreza. Ello, junto con un acelerado proceso de desarrollo tecnológico, está llevando a una globalización de las economías cada vez mayor. Este proceso se manifiesta tanto a nivel político, como social y económico.

Chile se enfrenta a este escenario mundial en un marco de estabilidad política y con un modelo de desarrollo económico que le ha permitido crecer en promedio a tasas superiores al 7% en la última década. Las exportaciones han cumplido un rol fundamental en el desempeño económico. En efecto, desde 1990 a la fecha, las exportaciones totales han crecido en aproximadamente un 15% anual; existe cada vez una mayor diversidad de bienes y servicios para exportar; se da un clima adecuado para el desarrollo de la inversión productiva con el consecuente efecto en el empleo y su estabilidad; y se ha iniciado un proceso creciente de inversiones de capitales chilenos en el exterior.

A pesar de lo anterior, subsisten una serie de limitaciones al intercambio y la interrelación entre los países, las que, en su mayoría, son impuestas unilateralmente por los gobiernos y que se mantienen con el fin de proteger algunos sectores en particular. Se debe reconocer también la existencia de diferencias de orden natural, como lo es el tamaño de cada país y su ubicación geográfica que, de un modo u otro, marcan el desarrollo de los pueblos. Las limitaciones mencionadas constituyen restricciones importantes al desarrollo de países como Chile, que han optado por un modelo de economía abierta, pero encuentran trabas al ingreso de sus exportaciones de bienes y servicios a otros mercados y enfrentan inseguridades en las reglas del juego en los mercados externos que disminuyen la rentabilidad de invertir en ellos.

Un importante ejemplo lo constituye el llamado escalonamiento arancelario existente en los grandes mercados, que se traduce en que los productos chilenos con mayor grado de elaboración que ingresan a dichos mercados enfrentan aranceles sustancialmente más elevados. Este fenómeno ha afectado el desarrollo del sector exportador con mayor valor agregado en nuestro país. Existen, asimismo, en algunos casos exigencias de requisitos de nacionalidad para que chilenos presten servicios en el exterior. Los inversionistas chilenos que invierten en el exterior no siempre tienen asegurado el acceso a los mercados locales, y a veces no cuentan con una adecuada ley de protección frente a casos de expropiación. Menos aún, pueden recurrir a un tribunal internacional independiente de los gobiernos en caso de una disputa entre el inversionista y el gobierno del país en que invierte.

Con el fin de superar las anteriores limitaciones, el Gobierno ha iniciado una estrategia basada en la negociación de tratados internacionales. Se trata, así, de constituir un mecanismo complementario y compatible con la apertura unilateral y la liberalización a escala multilateral, que permita generar desarrollo a los distintos ámbitos de nuestra economía. Nuestro país en la actualidad requiere de mayores oportunidades que lo hagan más competitivo, ya que enfrenta requerimientos de calidad y productividad crecientemente exigentes en el mercado mundial. Ello es fundamental para seguir caminando en la senda hacia el desarrollo y generar mejores condiciones de vida para todos los chilenos.

II. FUNDAMENTO

El acuerdo de libre comercio entre Chile y Canadá se enmarca en una política de internacionalización con el resto de los países del continente americano, por lo que la estrategia de negociación se diseñó teniendo en cuenta dicha proyección. Dado que no todos los países americanos están preparados hoy para negociar la supresión de barreras, se inició la negociación con aquellas economías que sí pueden enfrentar dicho desafío en el presente, con el objeto de adelantar, al menos en parte, los beneficios de la integración. Así, se negoció el Acuerdo Bilateral con Canadá que, si bien puede ser fácilmente integrable a tratados regionales en futuras negociaciones con países de América, tiene valor jurídico y económico por sí mismo.

Canadá constituye una de las naciones de mayor grado de desarrollo económico de América, es miembro del grupo de los 7, tiene un ingreso per cápita de cerca de US$ 20.000 anuales e importa anualmente alrededor de US$ 155 mil millones. La integración de Chile con dicha economía marca, sin duda, un hito importante en nuestro camino hacia el desarrollo económico.

En los últimos seis años, nuestras exportaciones a Canadá se han incrementado en más del 70%, lo que indica la existencia de un importante mercado emergente.

Chile y Canadá comparten una visión común acerca del camino a seguir en materia de integración de las Américas. Por ello, Canadá no sólo constituye un mercado importante para la exportación de nuestros bienes y servicios, sino también, aparece como un socio estratégico para Chile en el proceso de integración de las Américas así como con el de Asia Pacífico.

El Acuerdo negociado usó como base el texto del Acuerdo de libre Comercio de América del Norte (NAFTA), el que fue objeto de importantes modificaciones con el fin de mejorarlo y adaptarlo a la realidad de la relación Chile-Canadá. El presente Acuerdo permite que cada parte mantenga su identidad en aquellos puntos que se consideran esenciales. Ejemplos de ello lo constituyen el que Chile se reserva el derecho de mantener los mecanismos de bandas de precios a los que se acogen un grupo de productos agrícolas y, el que el Banco Central de Chile mantiene la facultad de aplicar medidas cambiarias con el objeto de mantener la estabilidad de la moneda.

En algunos aspectos, este Acuerdo profundiza el grado de apertura alcanzado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta). Tal es el caso de las reglas de origen de un grupo importante de productos y al compromiso de no imponer derechos antidumping entre Chile y Canadá, a fin de evitar que éstos sean utilizados con fines proteccionistas.

Los derechos antidumping se han constituido en un nuevo mecanismo de protección, ya que muchos países los utilizan sin que exista un real caso de competencia desleal. Dichos derechos, por estar bajo el alero de la Organización Mundial del Comercio (OMC), son difícilmente penalizados. Ello afecta más a las economías de menor tamaño relativo, por cuanto la imposición de un derecho antidumping por parte de un mercado de gran tamaño a un producto de exportación de un país pequeño, puede provocar daño económico de envergadura en éste. Lo anterior constituye una preocupación, particularmente de la zona sur del país, ante amenazas de imposición de derechos por parte de las grandes economías. Debemos tener presente que el derecho antidumping es un instrumento que Canadá ha empleado con frecuencia.

Al mismo tiempo, a partir del año 2003, ambos países se comprometen a no imponer subsidios a las exportaciones agrícolas en el comercio bilateral, lo que supera el compromiso de Canadá frente a la OMC en esta materia.

Alternativamente, se mantiene la posibilidad de utilizar los derechos compensatorios y las salvaguardias. Los primeros permiten actuar en caso de existencia de subvenciones, y por sus características son menos susceptibles de ser utilizados con fines proteccionistas. Las salvaguardias, o medidas de emergencia, pueden aplicarse durante un período de ajuste en casos de incrementos importantes e inesperados de importaciones de un producto en particular que provoque daño a la industria local.

III. HITO REFERENCIAL

Este Acuerdo marca un hito por su nivel de profundidad y la amplitud de temas que abarca. No sólo se profundiza en materia de reducción arancelaria, al eliminarse en forma inmediata más del 80% de los aranceles que afectan al comercio bilateral y la mayoría de las partidas que contempla el arancel aduanero, sino también se agregan nuevos compromisos que reducen importantes barreras no arancelarias, como subsidios, procedimientos aduaneros engorrosos y otros mecanismos discrecionales. Se incluye un trato no discriminatorio a la exportación de los servicios -aspecto en el que Chile promete tener importantes ventajas comparativas-, y una adecuada protección a la inversión extranjera tanto en Chile como de chilenos en el exterior. Por otra parte, se establece la obligación de adoptar medidas que prohíban prácticas monopólicas, lo que mantiene un ambiente de sana competencia en el mercado interno y elimina gradualmente la posibilidad de utilizar derechos antidumping con fines netamente proteccionistas. Se agregan sistemas de solución de disputas que permiten disminuir las diferencias de poder entre los países. También se incluyen Tratados en materia laboral y medioambiental, que mantienen la soberanía para determinar la propia legislación e imponen al Gobierno la tarea de una adecuada fiscalización de ésta. Sin embargo, cabe precisar que estos tratados no establecen vínculos entre el nivel arancelario y los estándares laborales y medioambientales. Si el gobierno no cumple con su obligación legal de fiscalización, será éste quien deberá destinar recursos para mejorar dicha falencia. En consecuencia, se establecen mecanismos de fortalecimiento de la fiscalización de la normativa legal, lo que irá en directo beneficio de los trabajadores y del medio ambiente, sin constituirse en una barrera al comercio. Éste es entonces un importante precedente para la evolución futura de las negociaciones al respecto a nivel internacional.

IV. GRADUALIDAD

Este Acuerdo, si bien se basa en grandes principios de liberalización de las barreras al comercio de bienes y servicios y la inversión, reconoce asimismo, la necesidad de una gradualidad importante en el proceso de apertura de ciertos sectores sensibles. Así, entre otros, Chile establece largos plazos de desgravación para algunos productos agrícolas, mantiene las bandas de precios, se reserva el derecho de exigir la nacionalidad para ejercer como abogado en nuestro país y en materia de cabotaje, éste queda reservado a empresas chilenas. Asimismo, aspectos estratégicos, como la seguridad nacional, quedan excluidos.

Se debe destacar que la negociación en materia de acceso a provisión de servicios e inversión en los diferentes sectores económicos no significará para Chile cambio alguno respecto de su legislación actual. Se trata entonces de un proceso de consolidación de nuestro nivel de apertura, en la mayoría de los sectores. Canadá, por su parte, otorga a Chile el mismo nivel de apertura que otorga a Estados Unidos.

Un aspecto esencial a destacar es que en estos tratados se clarifica y resta discrecionalidad a la institucionalidad para el intercambio bilateral. En la ausencia de estos tratados, esa institucionalidad queda frecuentemente determinada por los actos y decisiones de las economías de mayor tamaño. Para países como Chile, con clara vocación por participar de manera transparente en la economía internacional, estos tratados que clarifican las reglas del juego y reducen la discrecionalidad de nuestros socios comerciales, sólo representan beneficios.

V. LOS TRATADOS EN PARTICULAR

A continuación se describen los tratados mencionados en forma más detallada:

1. Tratado De Libre Comercio Chile - Canadá

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá establece una zona de libre comercio que se ampara en lo dispuesto en el Artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y el Artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, los que son parte del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los objetivos del Tratado, tal como se recogen en el Artículo A-02 del mismo, son los siguientes: eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las Partes; promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las Partes; crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias; y establecer lineamientos para la ulterior cooperación bilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de Tratado.

El Tratado consta de dieciséis capítulos, distribuidos en cinco Partes, en los que se establecen los principios generales del Tratado. Los Capítulos han sido individualizados por letras en orden alfabético. Asimismo, cada capítulo tiene una numeración correlativa independiente de los otros.

Las excepciones a los principios generales del Tratado que aparecen en los capítulos, se establecen en anexos, los que forman parte integrante del Tratado. El Tratado contiene cuatro Anexos Generales que se relacionan con los Capítulos G (Inversiones) y H (Servicios Transfronterizos). Además, cuando ha sido necesario especificar alguna obligación o derecho específico de una o ambas Partes, se ha recurrido a la elaboración de anexos particulares de determinados artículos o párrafos de los mismos.

El Tratado consta de la siguiente estructura:

-Preámbulo, que contiene los propósitos que animan a las Partes para suscribir este Tratado.

-La Primera Parte -Aspectos Generales-, comprende el Capítulo A, que describe los Objetivos del Tratado, y el Capítulo B, de Definiciones Generales utilizadas en todo el articulado, sin perjuicio de que algunos Capítulos contengan definiciones especiales.

-La Segunda Parte, que se refiere al Comercio de Bienes, incluye el Capítulo C sobre trato nacional y acceso de bienes al mercado; el Capítulo D, que establece las reglas de origen; el Capítulo E, relativo a procedimientos aduaneros y el capítulo F, que regula la aplicación de medidas de emergencia.

-La Tercera Parte incluye el Capítulo G, Inversión; el Capítulo H, Comercio Transfronterizo de Servicios; el Capítulo I, Telecomunicaciones; el Capítulo J, Política en Materia de Competencia , Monopolios y Empresas del Estado y el Capítulo K, Entrada Temporal de Personas de Negocios.

-La Cuarta Parte, titulada Disposiciones Administrativas Institucionales trata de las siguientes materias : Capítulo L, Publicación, Notificación y Administración de Leyes ; Capítulo M, Derechos Antidumping y Compensatorio y Capítulo N, Disposiciones Institucionales y Procedimientos para la solución de controversias.

-La Quinta Parte denominada Otras Disposiciones, trata de las Excepciones en el Capítulo O y las Disposiciones finales en el Capítulo P.

En materia de Desgravación Arancelaria la negociación se basó en los siguientes principios. En primer lugar, lograr un área de libre comercio lo antes posible, para lo que se buscó maximizar el número de productos que se desgravarían en forma inmediata. En segundo lugar, se consideró la necesidad de dejar plazos más largos de desgravación para productos sensibles. Por último, y consistente con lo anterior, la negociación no se planteó en términos recíprocos, para evitar que un producto cuyo calendario de desgravación fuese más largo por considerarse sensible en una parte, no quedase en desgravación inmediata en la otra parte sólo por efecto de reciprocidad.

Así, se convino una desgravación arancelaria sobre el comercio de bienes, que contempla la liberalización del comercio en un plazo no superior a 6 años, con la excepción de algunos productos sensibles que sólo para efectos de ingresar a Chile, se les aplica un calendario de desgravación similar al acordado con el Mercosur, con plazos sustancialmente superiores a los seis años, y que finalizan a más tardar el año 2014.

Es así como más del 92% de las exportaciones chilenas destinadas a Canadá, se verán favorecidas por el libre acceso arancelario, en forma inmediata, una vez entrado en vigencia el Tratado. Es decir, de las 8.368 líneas arancelarias existentes en el arancel aduanero canadiense, 7.649 se desgravan en forma inmediata para productos chilenos que ingresan a ese país. El resto de los productos, lograrán estar exentos de arancel para ingresar a Canadá, en un horizonte de tiempo de entre dos años y seis años. Cabe destacar que del total exportado actualmente a Canadá cerca del 64% corresponde a bienes agrícolas y el resto a bienes industriales. El 91% de los productos agrícolas que Chile exporta hoy a Canadá podrán ingresar sin pago de arancel a ese país en la fecha de entrada en vigencia de éste Tratado. Chile, en cambio, desgravó en forma inmediata el 45% de las exportaciones actuales de Canadá a Chile.

La rapidez del proceso de desgravación, así como la rebaja arancelaria de productos con mayor valor agregado que presentaban aranceles bastante superiores a los niveles existentes en Chile (15 -25%), y que a más tardar en el año 2003 no pagarán arancel, son indicios de que el beneficio para Chile, por este proceso de liberalización, pueden ser muy importantes. Las ramas agroindustriales, calzado y textiles, entre otras, pueden verse beneficiadas de modo importante con ello.

En cuanto a la entrada de bienes canadienses a nuestro país, la mayor parte de los productos que Chile libera en forma inmediata a Canadá constituyen insumos y maquinaria para la industria y el sector agrícola chileno. La adquisición de insumos de alta calidad y de menor precio por la desgravación arancelaria, generará un ahorro en los costos de producción de nuestros empresarios. Simultáneamente, el acceso a tecnología de punta generará una mayor eficiencia en los procesos productivos en los distintos sectores de nuestra economía.

Chile desgravará en forma inmediata cerca del 70% de las importaciones actuales provenientes de Canadá. De las 5.881 líneas arancelarias existentes en nuestro país, se desgravarán en forma inmediata 4.340. El resto de los aranceles de productos que ingresen de Canadá a Chile se desgravarán en un período de tiempo de entre 2 y 18 años. Cerca del 81% de estas importaciones son productos industriales, siendo el resto productos agrícolas. Entre estos últimos se encuentran sectores de alta sensibilidad, aplicándose la misma desgravación acordada con Mercosur, de manera de que se pudiesen ajustar a las futuras exigencias del mercado internacional.

Si bien el compromiso arancelario exceptúa de la desgravación algunos productos (huevos, lácteos y aves), Canadá otorga a Chile la posibilidad de exportar dichos productos sin arancel dentro de una cuota que supera la actual capacidad exportadora de nuestros productos y a la que el resto del mundo accede con arancel positivo. Chile mantiene su arancel NMF.

En el sector automotriz (vehículos y partes y piezas automotrices), se estipuló la rebaja completa del arancel desde la entrada en vigencia del Tratado. Asimismo, se acuerda una importante flexibilización de la reglas de origen en relación al patrón NAFTA, de modo tal que la exigencia de contenido regional, se reduce a 20% para los automóviles y 30% para las partes y piezas de los mismos, utilizando el método del costo neto. Asimismo, se mantiene vigente el estatuto automotriz, incluyendo la prohibición de importar autos usados.

En el caso de los computadores, las Partes se comprometen a no aplicar arancel para el ingreso de estos productos sin importar el origen de los mismos, lo que favorecerá principalmente la modernización tecnológica de la producción nacional y ayudará en el proceso de reforma a la educación que esta llevando a cabo nuestro país.

El Tratado incluye una serie de compromisos respecto de las llamadas disciplinas comerciales que conforman una serie de normas que otorgan transparencia a la manera de proceder de Chile y Canadá, eliminando barreras no arancelarias al comercio de bienes.

Ambos países se comprometen en el artículo G-01 a otorgar a las exportaciones provenientes de la otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgan a los bienes nacionales, principio conocido con el nombre de Trato Nacional. Chile exceptuó de esta obligación la legislación que prohíbe la importación de vehículos usados. Por su parte, Canadá mantuvo controles sobre las exportaciones de troncos de todas las especies y sobre la exportación de pescado no procesado.

No se aplicarán exenciones de aranceles aduaneros u otros beneficios de este tipo a ningún sector. Chile reservó el derecho a mantener el actual Estatuto Automotriz, sin adelantar los compromisos de desmonte establecidos bajo la OMC. Los sistemas de drawback (ley N° 18.708 y decreto 224) y el pago diferido de aranceles para los bienes de capital (ley N° 18.634) seguirán vigentes.

Chile se reservó en el artículo C-17 el derecho a mantener el sistema de bandas de precios establecido en la ley Nº 18.525. Las reducciones arancelarias no se aplicarán sobre el derecho específico establecido por la banda de precio, sino sólo sobre el 11% de arancel y de acuerdo al calendario de desgravación pactado.

En materia de subsidios a la exportación en el sector agrícola, en el artículo C-14, las Partes acordaron no implementar nuevas medidas de este tipo, con excepción de las ya existentes, observando en todo momento las normas de la OMC que regulan esta materia. Adicionalmente, las Partes comparten el objetivo común de la eliminación multilateral de los subsidios sobre bienes agrícolas y se comprometen a eliminarlos a más tardar el año 2003. Si alguna de las Partes reintroduce un subsidio, la otra podrá incrementar la tasa arancelaria de ese producto a la tasa NMF.

La anterior disposición representa un logro para Chile, por cuanto nuestro país ya ha comprometido frente a la OMC el no tener ningún tipo de subsidio a la exportación, excepto el reintegro simplificado; hasta el año 2003. Canadá, por su parte, aún mantiene ante la OMC la posibilidad de implementar cierto tipo de subsidios al sector agrícola. Este Tratado permite profundizar el compromiso canadiense en esta materia respecto de OMC. Por otro lado, ambos países ya han comprometido en la OMC la eliminación total de los subsidios a la exportación en los sectores no agrícolas. Este Tratado no acelera los plazos ahí comprometidos, lo que favorece a Chile, ya que permite mantener el reintegro simplificado hasta el año 2003.

El Tratado en el artículo C-12 establece el compromiso de no adoptar o mantener impuestos a la exportación, a menos que dicho impuesto se aplique a bienes destinados al consumo interno. Se establece que las restricciones a la exportación por razones, como escasez o conservación de recursos, justificadas bajo el GATT 1994, son aplicables sólo si cumplen una serie de requisitos especificados en el Tratado.

En razón de que un importante producto de exportación chileno a Canadá son los vinos y licores, se establecen, en el artículo C-10 y su anexo, algunos compromisos explícitos al respecto, como que Canadá se compromete a no discriminar en la distribución de vinos y licores en su territorio, lo que favorece al exportador chileno de vinos dada la existencia de un monopolio estatal en la distribución de vinos en dicho país. Adicionalmente, no se podrán mezclar los licores para su embotellamiento, aspecto que actualmente afecta a nuestro sector exportador, perjudicando la imagen del vino chileno. Por último, se reconocen como indicaciones geográficas las marcas “whisky canadiense” y “pisco chileno”. Este reconocimiento consiste en que Canadá no permitirá la importación o venta de “pisco chileno” que no haya sido fabricado en Chile y el mismo trato Chile le dará al “whisky canadiense”.

El Tratado en el artículo C-08 compromete la no aplicación de restricciones, tanto a las importaciones como a las exportaciones. Chile ha reservado por dos años, las disposiciones de la ley Nº 16.624, que obligan a los productores de este mineral a vender determinadas cantidades en el mercado interno. Además, se eliminarán todo tipo de cargas que no sean aranceles y que se conviertan en una traba al comercio. Tampoco Chile aplicará a los productos originarios de Canadá la tasa aeronáutica y la tasa de despacho. Ambas Partes concuerdan con el objetivo de facilitar el comercio, es decir, eliminar todo tipo de trabas a operaciones menores y que permiten el inicio de negocios.

Se establece en el artículo C-15 un Comité de Bienes y Reglas de Origen, el cual permitirá que Canadá y Chile discutan cualquier materia relacionada con estos temas que pueda surgir.

Las reglas de origen, acordadas en el capítulo D permiten evitar la triangulación de comercio que pueda producirse por efecto de diferencias en las tasas arancelarias con terceros países. El Tratado establece reglas de origen que, si bien se basan en las normas Nafta, han sido flexibilizadas con el fin de que la oferta exportable obtenga acceso real al mercado canadiense.

Las reglas de origen contemplan el salto arancelario y el valor de contenido regional, conceptos similares, pero no idénticos a los definidos en las reglas tipo Aladi. En el caso del valor de contenido regional, la norma negociada en muchos casos contempla porcentajes exigidos de entre 20% a 35%. Esto favorece a Chile por cuanto existen estudios técnicos que calculan que el promedio del valor agregado de la industria nacional es sustancialmente inferior al 50% generalmente utilizado.

El valor de contenido regional se calcula, en la mayoría de los casos, en base al llamado valor de transacción, basado en el Código de Valoración Aduanera. Sólo en los casos en que se consideró que los precios de transacción podrían no estar reflejando el verdadero valor, como es el caso en que existen empresas relacionadas, se utiliza el llamado método del costo neto, que se calcula usando los costos de producción. En este caso son válidos como base de cálculo los costos registrados de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados de cada país. Es decir, no se requiere adoptar una contabilidad diferente.

Asimismo, existen en el Tratado disposiciones generales que otorgan cierta flexibilidad al cumplimiento de las reglas. Tal es el caso de las normas sobre Acumulación (artículo D-04 y De Minimis (artículo D-05)

Estas reglas, además de una serie de principios generales, se presentan en una lista donde se especifica la que cada producto debe seguir para ser considerado originario y acceder a las preferencias del Tratado. Según dispone el artículo E-11, se establecerá una reglamentación anexa, Reglamentación Uniforme, que determinará en detalle los procedimientos a seguir para realizar los cálculos, cuando éstos son necesarios. Lo anterior implica que las normas establecidas en este Tratado no dejan espacio a una doble interpretación de éstas, evitándose así futuras diferencias.

Para determinar si un producto puede acceder a la preferencia, el exportador requerirá de conocer la regla específica del producto que desea exportar, sin necesidad de entender el capítulo completo de reglas de origen.

El Tratado establece en el capítulo E reglas respecto de los Procedimientos Aduaneros, con el objeto, por una parte, de impedir que éstos se utilicen como barreras no arancelarias al comercio, y, por la otra, de reglamentar la aplicación y fiscalización del cumplimiento de las normas de origen. Estos procedimientos representan para Chile la introducción de nuevas formas de proceder: la certificación del origen; la determinación de las obligaciones del importador y del exportador; la factibilidad de que el sector privado requiera pronunciamientos en forma previa al despacho de las mercancías respecto al cumplimiento de origen; mecanismos de revisiones e impugnaciones de las actuaciones de la administración; y un adecuado y efectivo sistema de sanciones.

La certificación de origen corresponderá a los principales responsables de la observancia de las reglas de origen: los exportadores y productores. No existen, por lo tanto, las entidades certificadoras como ocurre con la aplicación de los acuerdos comerciales firmado en el contexto de Aladi.

Entre los nuevos tipos de compromisos adquiridos en este Tratado comercial, están los que se refieren a los Derechos Antidumping y Compensatorios en el capítulo M. En esta materia se acordó la obligación de no aplicar medidas antidumping a los bienes en que el arancel de ambas partes sea eliminado o el 1 de enero del 2003, cualquiera ocurra primero. En el intertanto se permite la aplicación de dichas materias, con la salvedad que, si se produce algún reclamo, éste será resuelto de acuerdo a un tribunal internacional. Dicho tribunal se basa en reglas OMC con algunas características adicionales que mejoran su efectividad, principalmente agilización de los plazos para el establecimiento de los paneles y devolución de los derechos cobrados en exceso, con intereses. Este mismo sistema de solución de disputas se aplicará en caso de reclamos por derechos compensatorios. En este caso no existe compromiso de exención de derecho entre Chile y Canadá, por lo que el sistema de solución de disputas anterior se aplicará aún después de finalizado el período de transición para efectos de dichos derechos.

El Tratado comercial según se decía, tiene por objeto aumentar el comercio entre las partes a través de la constitución de una zona de libre comercio, es decir, una zona donde las importaciones no están sujetas a pago de derechos. Los derechos antidumping son medidas frecuentemente utilizadas por los grandes socios comerciales con el propósito de proteger su industria local, más que como una herramienta para combatir la competencia desleal. Es difícil que una empresa realice dumping propiamente tal, es decir, reduzca sus precios bajo el costo produciendo pérdidas a la empresa, sólo con el objeto de eliminar la competencia, ya que ello generalmente no es rentable. Sin embargo, los mecanismos permitidos por la OMC para calcular la existencia de dumping e imponer un derecho, aún dejan un cierto espacio para que los países puedan abusar del instrumento del derecho antidumping, utilizándolo con fines proteccionistas.

El acuerdo logrado en esta materia entre Chile y Canadá marca un importante precedente a nivel internacional, y tiene por objeto seguir fomentando esta política para evitar que las grandes economías afecten a nuestro sector exportador, utilizando la supuesta existencia de dumping como excusa.

Complementariamente al anterior compromiso, se estableció en el capítulo F un sistema de Salvaguardias, también llamadas medidas de emergencia, cuyo objeto es evitar un daño que puede ocasionarse, por un aumento excesivo e imprevisto en la importación de un producto originario de la otra Parte, a causa de la desgravación arancelaria al implementarse el Tratado. Las medidas bilaterales sólo se podrán utilizar durante el período de transición -6 años-, excepto respecto de aquellos productos cuyo período de desgravación sea superior, en cuyo caso se mantendrá mientras dure dicho proceso.

No obstante, se acordó también un sistema de compensaciones que beneficia a la Parte afectada por la salvaguardia, lo que conlleva un equilibrio en los beneficios, con el objeto de cercenar prácticas de tipo proteccionistas.

En el largo plazo, se conserva la posibilidad de imponer salvaguardias no discriminatorias bajo el alero del artículo XIX del GATT de 1994, más allá del período de transición antes mencionado, ya que ambos países son miembros de la OMC.

En el Capítulo G, se regula el régimen de inversiones entre ambos países. Este Tratado mejorará considerablemente el régimen jurídico general que se aplica a los inversionistas canadienses en Chile y a los chilenos en Canadá, ya que se han otorgado beneficios y garantías sobre trato no discriminatorio.

Similar al caso de los productos, se garantiza que los inversionistas de la otra Parte reciban un trato similar a los inversionistas nacionales. Ello respeta el principio de la no discriminación arbitraria establecido en la Constitución de Chile. Asimismo, los inversionistas de la otra Parte deben recibir beneficios equivalentes a los que la Parte otorgue a inversionistas de terceros países.

El Tratado regula cuidadosamente las condiciones para la expropiación y garantiza a los inversionistas de la otra Parte compensación justa y adecuada en caso que ocurriese una expropiación, no obstante que la actual legislación chilena otorga estas garantías al inversionista extranjero.

Se consagra la no existencia de requisitos especiales para invertir en un determinado sector, -Requisitos de Desempeño-, tales como la exigencia de que se exporte una parte de la producción.

El Tratado reconoce la existencia de ciertas restricciones que impiden cumplir con los principios generales establecidos en el articulado, permitiendo a las Partes incluir reservas, las cuales se encuentran acotadas en anexos al Tratado.

Ninguna Parte podrá exigir que una empresa que sea una inversión del otro Estado, designe a individuos de alguna nacionalidad, en particular para ocupar puestos de alta dirección.

El artículo G-09 del Tratado establece que las partes se comprometen a que las transferencias relacionadas con la inversión de la otra Parte, pueda realizarse libremente y sin demora, en una divisa de libre uso y al tipo de cambio vigente en el mercado. Sin embargo, la aplicación irrestricta de esa norma iría en detrimento de las atribuciones que la Ley Orgánica Constitucional confiere al Banco Central. Por ello, Chile ha incluido una reserva a dicho artículo, lo que permitiría la aplicación de ciertas medidas con el propósito de mantener la estabilidad de la moneda.

De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, las medidas adoptadas no pueden discriminar entre inversionistas para operaciones de la misma naturaleza. Así, la reserva negociada con Canadá establece un marco dentro del cual el Consejo del Banco Central podrá mantener o adoptar acuerdos para efectos de asegurar la estabilidad de la moneda. Dicho marco permite que el Banco Central mantenga las medidas actualmente en aplicación, con algunas holguras.

Dentro de las medidas reservadas se incluyen:

a) La exigencia de permanecer un año a los capitales provenientes de una inversión, de acuerdo a como se aplica en la actualidad. En el caso de programas especiales de inversión, que establecen beneficios y requisitos adicionales, es posible que la restricción de repatriación de capitales se eleve hasta 5 años. Tal es el caso actual de los Fondos de Inversión de Capital Extranjera (FICE), programa especial que entrega beneficios adicionales con la condición de una mayor permanencia de los capitales en Chile.

b) La Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile establece que el encaje a las inversiones o créditos que llegan a Chile es 40% y no impone límites a los años de aplicación. El tratado limita esta atribución al establecer la posibilidad de exigir un encaje a todo tipo de inversiones y créditos que ingresan a Chile, exceptuando el encaje a los aportes de capital en inversiones productivas. Este encaje no podrá ser superior al 30% y sólo será aplicable como máximo durante los dos primeros años que los capitales permanecen en Chile.

c) La posibilidad de imponer medidas que permitan evitar que se eludan las medidas reservadas antes señaladas.

El Tratado establece un sistema especial de solución de controversias relacionado con inversiones y regulado en el Capítulo G.

Un inversionista (como se define en el Tratado) puede reclamar por sí o por cuenta de una empresa bajo su control, contra una medida de una Parte que viole las normas que rigen las inversiones (Sección 1 del Capítulo G) y otras normas referidas a empresas del Estado (artículos J-02 y J-03). Ello siempre que no hayan transcurrido más de tres años de la transgresión.

Si no prospera una solución vía consulta o negociación, el inversionista puede someter el asunto a arbitraje siempre que hayan transcurrido seis meses desde que tuvieron lugar los hechos. El inversionista puede escoger el procedimiento arbitral entre, por una parte, las reglas del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Ciadi) o las Reglas de Mecanismo Complementario del Ciadi, si tanto la Parte contendiente como la Parte del inversionista del Ciadi no son ambas miembros del Convenio del Ciadi; y, por otra parte, las Reglas de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi). Chile ha ratificado las Convenciones del Ciadi y del Cnudmi; Canadá sólo la Convención del Cnudmi. Si un inversionista elige someter una reclamación conforme al procedimiento establecido en el Capítulo G, debe renunciar a iniciar o continuar un procedimiento ante tribunales locales, salvo medidas precautorias suspensivas. Si un inversionista de Canadá elige alegar la violación de las normas sobre inversión ante un tribunal chileno, no podrá recurrir subsecuentemente al sistema de solución de controversias establecido en el Capítulo G.

El tribunal arbitral estará integrado por tres árbitros, salvo acuerdo en contrario. Cada una de las partes podrá nombrar un árbitro; el tercer árbitro y presidente del tribunal se designarán de común acuerdo o, en su defecto, por el Secretario General del Ciadi , de una lista que establecerán las Partes y a condición que no sea nacional de la Parte contendiente o de la Parte del inversionista contendiente.

Salvo que las Partes contendientes acuerden otra cosa, la sede del tribunal será escogida según las Reglas del Ciadi o del Cnudmi, dependiendo de cuáles reglas rigen.

Las controversias se resolverán de conformidad con el Tratado y las reglas aplicables del derecho internacional. La interpretación que formule la Comisión sobre una disposición del Tratado será obligatoria para el tribunal arbitral. El fallo arbitral sólo puede reconocer daños pecuniarios más intereses o la restitución de la propiedad. El inversionista contendiente podrá recurrir a la ejecución de un laudo arbitral conforme al Convenio del Ciadi, a la Convención de Naciones Unidas sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958) o la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional ( Panamá , 1975). Cada Parte dispondrá la debida ejecución de un laudo en su territorio.

Adicionalmente, el Tratado contempla una cláusula general que permite exceptuarse de algunos compromisos del mismo en caso de problemas de balanza de pagos.

El Tratado incluye una garantía adicional de liberalización en el campo de los Servicios Transfronterizos en su Capítulo H. Ésta es la primera vez que Chile negocia el tema de servicios más allá de los compromisos establecidos en la OMC, que afecta sólo a algunos sectores. El compromiso en el Tratado es más amplio, en el sentido de abarcar la casi totalidad de los sectores de servicios, y más profundo, en el sentido de comprometer más aspectos en cada sector.

El Tratado abarca el comercio transfronterizo incluyendo medidas respecto de la producción, distribución, comercialización y venta de los servicios; la compra y el pago, el acceso y uso de las cadenas de distribución y los sistemas de transporte relacionados con los servicios; la presencia en el territorio de un proveedor de servicio de la otra parte y la provisión de un valor financiero como condición para la prestación de un servicio.

El Tratado, en materia de servicios, incluye los principios de Trato Nacional, y Nación más Favorecida de modo similar al caso de inversiones. Se agrega la no exigencia de presencia local a los proveedores de la otra Parte para prestar un servicio, el compromiso de transparencia de información respecto de restricciones cuantitativas no discriminatorias, criterios objetivos y de transparencia de información para la obtención de licencias y certificados. En materia de telecomunicaciones se incluye: seguridad de acceso a las redes públicas de telecomunicaciones; condiciones para la provisión de servicios de valor agregado y requisitos de transparencia de la información.

Las Partes, al igual que en el caso de los inversionistas, han establecido excepciones a los principios antes señalados, basadas en medidas existentes, a través de reservas al Tratado que se establecen en el Anexo I. Sin embargo, se conviene que dichas medidas no podrán modificarse en el sentido de tornarlas menos conformes con los principios antes mencionados. Más aún, si las partes modifican las medidas en el sentido de liberalizarlas, es decir, haciéndolas menos disconformes con el Tratado, esa Parte no podrá modificar nuevamente la legislación para volver a la medida reservada inicialmente. En otras palabras, se congelan también las futuras liberalizaciones.

Adicionalmente, cada Parte ha mantenido la posibilidad de adoptar medidas disconformes con los principios del Tratado en algunos sectores, para los que se establecen reservas en el Anexo II.

Asimismo, el Tratado no abarca el comercio transfronterizo de algunos servicios que se han exceptuado en el mismo capítulo: los servicios financieros, los servicios de transporte aéreo, las compras de gobierno o de empresas del Estado y los subsidios o donaciones del Gobierno o de una empresa del Estado.

Cabe también mencionar que el acuerdo establece una excepción general en materia de industrias culturales. Es entonces posible establecer medidas discriminatorias en las industrias de radio, televisión, diarios, entre otros.

El Tratado contempla el capítulo K sobre Entrada Temporal de Personas de Negocios, que otorga garantías para un ingreso más expedito de los inversionistas de ambos países, los visitantes de negocios, las transferencias de personal dentro de una compañía y otros profesionales.

El Capítulo L del Tratado se refiere a la publicación, notificación y administración de normas del tratado. Las Partes se obligan a publicar las normas legales y las resoluciones administrativas de aplicación general. En lo posible, la publicación debe hacerse por adelantado, dando la oportunidad a los interesados de formular observaciones.

Dicho capítulo establece también que cada Parte deberá notificar a la otra cualquier medida que pueda afectar sustancialmente el funcionamiento del Tratado o los intereses de la otra Parte.

En cuanto a procedimientos administrativos, el Capítulo L señala que cada Parte debe asegurar que las personas afectadas reciban aviso del inicio del procedimiento y, cuando sea factible, puedan presentar argumentaciones a sus pretensiones. Asimismo, se dispone que deben establecerse tribunales imparciales para la corrección de acciones administrativas relacionadas con el Tratado, dando oportunidad a que las Partes puedan defender su posición y se dicten resoluciones fundadas en las pruebas rendidas.

El Capítulo J se refiere a Políticas sobre competencia, monopolios y Empresas del Estado, las que son plenamente consistentes con la legislación actualmente vigente en Chile en la materia. Se establece la obligación general de las Partes de adoptar o mantener medidas que prohíban prácticas contrarias a la libre competencia, debiendo las Partes efectuar consultas sobre la eficacia de las medidas que cada una adopte.

El mismo capítulo permite a las Partes establecer monopolios. Si el monopolio lo ejerce un ente privado, cada Parte debe asegurarse que dicho ente actúe de manera que no sea incompatible con las obligaciones del Tratado, tomando sus decisiones solamente bajo consideraciones comerciales y otorgando un trato no discriminatorio en sus adquisiciones y ventas. El Capítulo J permite también establecer o mantener empresas del Estado.

El Capítulo N establece primeramente las instituciones que administrarán el Tratado.

En primer lugar, se crea la Comisión de Libre Comercio integrada por Ministros de Estado o las personas que éstos designen. La Comisión tendrá como misión supervisar la aplicación del Tratado y la labor de los comités y grupos de trabajo; también debe resolver las controversias que surjan respecto de la interpretación o aplicación del Tratado. Sus decisiones se tomarán de común acuerdo, quedando facultada la Comisión para establecer sus reglas de procedimiento. En todo caso, debe reunirse en forma ordinaria por lo menos una vez al año.

En segundo lugar, se establece un secretariado, integrado por secciones nacionales.

Para tal efecto, cada parte deberá designar un secretario de su sección y asumir los costos de ella. El Secretariado deberá proporcionar asistencia a la Comisión y a los paneles que se formen de acuerdo al Capítulo N.

El Capítulo N establece también el Sistema de Solución de Disputas del Tratado. Se reglamenta la forma de solucionar divergencias entre las Partes relativas al Tratado o a medidas incompatibles con éste o que puedan causar anulación o menoscabo a ciertos beneficios en él establecidos. No se aplicará este procedimiento a discrepancias que surjan en relación con medidas de emergencia propuestas (Capítulo F) o a materias exceptuadas del Tratado bajo el Capítulo O - (seguridad nacional, tributación, balanza de pagos, industrias culturales).

El Tratado abre primeramente una opción para que la Parte reclamante recurra, a su elección, al procedimiento establecido bajo la Organización Mundial del Comercio o el Tratado. Si la Parte opta por el Tratado, el procedimiento es el que se resume a continuación.

En primer lugar, el Tratado establece un sistema de consulta entre las Partes y si éste no prosperase, cualquiera de las Partes puede recurrir a la Comisión del Tratado, la cual debe iniciar una fase de conciliación o mediación.

Si la Comisión no logra poner de acuerdo a las Partes dentro de cierto plazo, deberá establecer un panel arbitral de cinco miembros, siguiendo las Reglas de Procedimiento que establecerán las Partes. Los panelistas se escogen, por lo general, de una lista confeccionada por las Partes de personas con conocimiento y experiencia internacional. Cada Parte selecciona dos panelistas, ciudadanos de la otra Parte; el presidente se designa de común acuerdo, y si no lo hubiere, una Parte elegida por sorteo debe designar al presidente de entre la lista, pero siempre que no sea ciudadano de ninguna de las Partes. Una Parte puede escoger un panelista que no esté en la lista, pero puede ser recusado por la otra Parte.

El panel, dentro de ciertos plazos y recibida la información que estime pertinente, emite un informe preliminar que contiene conclusiones de hecho, una determinación si existe incompatibilidad entre el Tratado y la medida de la Parte y una recomendación. Cumplido cierto plazo para observaciones de las Partes, el panel emite un informe final que se comunica a las Partes y a la Comisión y luego se publica, salvo acuerdo en contrario de la Comisión.

Las Partes deben convenir en la solución de la controversia con sujeción, por lo general, a las determinaciones del panel. La solución debe consistir en la derogación de la medida disconforme y, si ello no es posible, puede otorgarse una compensación. Si las Partes no llegan a acuerdo sobre una solución satisfactoria para ambas, la Parte reclamante puede suspender la aplicación de beneficios de efecto equivalente a la Parte demandada, en lo posible dentro del sector afectado por la medida. Si la Parte demandada considera que la medida de la Parte reclamante es excesiva, puede solicitar un nuevo panel.

El Tratado contempla Excepciones Generales que se establecen en el Capítulo O. Dicho capítulo, en primer lugar, incorpora al Tratado las excepciones generales contenidas en el Artículo XX del GATT 1994. Dispone, también, que la normativa sobre comercio de bienes y servicios del Tratado no impide que una Parte adopte medidas para asegurar el cumplimiento de sus leyes que no sean incompatibles con las del mismo, aún aquellas que se refieren a la salud, seguridad y protección del consumidor.

En segundo lugar, el Capítulo O dispone, en relación con seguridad nacional, que las Partes no tienen obligación de proporcionar información y que pueden adoptar las medidas necesarias para proteger sus intereses esenciales en materia de seguridad, en especial relativas al comercio de armamentos y las operaciones sobre bienes, servicios y tecnología, con el fin de proporcionar suministros a un establecimiento de defensa.

En tercer lugar, el Capítulo O exceptúa en general las medidas tributarias de orden interno, disponiendo que no se afectarán los derechos que se deriven de convenios tributarios, debiendo prevalecer éstos en caso de incompatibilidad. Las Partes, asimismo, acuerdan celebrar un tratado de doble tributación en el futuro.

En cuarto lugar, en relación con balanza de pagos, el Tratado permite adoptar medidas que restrinjan las transferencias en caso de dificultades serias en su balanza de pago o amenaza de las mismas. La Parte deberá someter a revisión del Fondo Monetario Internacional las medidas que aplique debiendo evitar daños innecesarios y debiendo ser éstas temporales.

Por último, el Capítulo O exceptúa de las normas del Tratado las industrias culturales, salvo en lo que se refiere a acceso al mercado y eliminación de tarifas arancelarias.

2. Tratado de Cooperación Ambiental

La esencia de esta normativa es la de entregar un marco ambiental que sea compatible con las condiciones necesarias para el desarrollo económico y el progreso de cada país. En esta perspectiva, hay que destacar que el Tratado respeta la autonomía de cada una de las Partes, al no consultar ninguna imposición unilateral de una respecto de la otra, como tampoco obliga a armonizar estándares medioambientales entre ambos países.

La única obligación contraída es la de respetar las propias leyes. En caso de no hacerlo, el país cuestionado podría tener que destinar recursos para una mayor fiscalización del cumplimiento de su propia legislación, luego de un proceso que incluye consultas, informes técnicos y un sistema de solución de controversias. Cabe tener presente que el Tratado contiene una definición muy precisa de lo que se considera “legislación ambiental”, concepto que no incluye la extracción de recursos naturales.

Finalmente, y como consecuencia de lo anterior, hay que destacar que no existe vínculo entre las barreras comerciales y el Tratado medioambiental.

Los objetivos principales de este Tratado son los siguientes:

a) Alentar la protección del medio ambiente en el territorio de las Partes involucradas.

b) Promover el desarrollo sustentable a partir de la cooperación y el apoyo mutuo en políticas ambientales y económicas.

c) Mejorar la observancia y aplicación de las normas ambientales. Para estos efectos se establece una institucionalidad consistente en un Consejo formado por un integrante de cada una de las Partes a nivel de Ministro o su equivalente, un Comité Consultivo Público Conjunto y un Comité Revisor Conjunto, secretarías nacionales, que revisará denuncias de incumplimiento de las leyes ambientales.

d) Promover la transparencia y participación de la ciudadanía en este ámbito. Esto constituye una novedad en materia ambiental chilena, por cuanto permite que cualquier persona o institución pueda pedir al Comité Revisor que examine los casos donde supuestamente una de las Partes esté incurriendo en omisiones o infracciones respecto del cumplimiento de sus leyes ambientales.

Por último, hay que anotar que en Chile existen disposiciones legales y reglamentarias con problemas de superposición, fiscalización e incluso de vigencia de las mismas. Dado lo anterior, nuestro país negoció y obtuvo un plazo de dos años de moratoria en la aplicación de parte de la legislación ambiental, a contar de la fecha de entrada en vigencia del mismo. Durante este período Chile deberá revisar su legislación con el objeto de aclarar y modificar su normativa ambiental en lo que crea pertinente.

3. Tratado de Cooperación Laboral

El tema laboral y su vinculación con el comercio internacional ha adquirido notoria presencia en el actual contexto económico internacional. El Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá, Estados Unidos y México, acordado en forma paralela al Nafta, fue el primer instrumento internacional que aborda estos temas. Otra nueva experiencia la constituye este Tratado de Cooperación Laboral entre Chile y Canadá.

Para Chile el Tratado resulta positivo, porque los principios laborales que recoge son congruentes con los principios y políticas laborales del gobierno y de los actores sociales chilenos. Su normativa se caracteriza por promover la cooperación entre las Partes, privilegiar el cumplimiento de las leyes laborales propias, no imponer leyes comunes ni su homologación, no penalización de particulares por eventuales incumplimientos, como tampoco imposición de sanciones comerciales.

En su contenido destacan los siguientes aspectos:

a) El Tratado persigue alcanzar una mayor cooperación y entendimiento entre las partes respecto de varios aspectos laborales. Tiene como metas fomentar el mejoramiento de las condiciones de trabajo y las condiciones de vida de los países y proteger, aumentar y asegurar los derechos básicos de los trabajadores.

b) Establece la obligación de cada una de las partes de garantizar la aplicación de sus leyes laborales nacionales. Este compromiso se aplica a los principios laborales básicos que abarcan cuestiones relativas a las relaciones industriales, normas de empleo y las normas de seguridad y salud ocupacional. Ambas naciones tendrán acceso a un instrumento internacional para el planteamiento de sus preocupaciones sobre el cumplimiento de la legislación laboral.

c) Provee mecanismos de cooperación y consulta para la solución de problemas, a la vez que crea un nuevo vínculo institucional entre Canadá y Chile con el establecimiento de la Comisión para la Cooperación Laboral. Dicha Comisión estará integrada por un Consejo Ministerial y contará con la colaboración del Secretariado Nacional de cada Parte.

VI. SISTEMAS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Finalmente, cabe destacar el establecimiento de sistemas de solución de controversias en los Tratados de Cooperación Ambiental y Cooperación Laboral, para aquellos casos en que una Parte considera que la Otra ha incurrido en una pauta persistente de omisiones en la fiscalización efectiva de sus normas.

Para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria, se podrá recurrir a diversos mecanismos de consulta, tales como, mediación y/o a paneles arbitrales, los que pueden incluir la convocación de asesores técnicos, recurrir a los buenos oficios, la conciliación o formular recomendaciones.

En dichos mecanismos, en caso que los correspondientes Consejos no logran resolver una controversia sobre su aplicación dentro de cierto plazo, los Consejos convocarán a un panel arbitral de cinco miembros siguiendo las Reglas de Procedimiento que acordarán las Partes.

El panel elaborará un informe preliminar al cual las Partes podrán hacer observaciones y luego emitirá un informe final que presentarán al Consejo, el que deberá ser publicado.

Si el panel establece que ha habido violación del Tratado, las Partes deberán acordar un plan de acción el cual, por lo regular, se ajustará a las determinaciones del panel. Si no se llega a acuerdo entre las Partes, el Consejo convocará nuevamente al panel, el cual deberá aprobar un plan de acción y podrá imponer el pago de una contribución monetaria de cargo del Estado sancionado, la que se depositará en un fondo cuyo objetivo será mejorar o fortalecer la aplicación de la legislación de la Parte demandada.

El procedimiento interno en Chile de aplicación y cobro de la resolución de un panel, se hará mediante una presentación ante la Corte Suprema, la cual emitirá una resolución ordenando la ejecución de la determinación del panel a la autoridad administrativa competente.

En mérito de lo expuesto, vengo en someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, para ser tratado en la actual legislatura extraordinaria de sesiones del honorable Congreso Nacional, con urgencia, en todos sus tramites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado- la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”, el siguiente

PROYECTO DE ACUERDO:

“ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébanse el Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, sus anexos, suscrito en Santiago de Chile el 5 de diciembre de 1996; el Acuerdo de Cooperación Ambiental entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, sus anexos; y el Acuerdo de Cooperación Laboral, sus anexos, entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Canadá, ambos suscritos en Ottawa Canadá, el 6 de febrero de 1997.”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JOSÉ MIGUEL INSULZA SALINAS. Ministro de Relaciones Exteriores ; JORGE ARRATE MAC NIVEN. Ministro del Trabajo y Previsión Social; EDUARDO ANINAT URETA , Ministro de Hacienda ; CARLOS MLADINIC ALONSO , Ministro de Agricultura ; JUAN VILLARZU ROHDE , Ministro Secretario General de la Presidencia ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción.”

2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de comunicar a V.E., que he resuelto incluir en la Convocatoria a la actual 334ª Legislatura, Extraordinaria, de sesiones del honorable Congreso Nacional, los asuntos legislativos que se indica:

1) Moción de los honorables Diputados señores Espina , Viera-Gallo , Luksic , Chadwick , Allamand , Elgueta , Galilea , Kuschel , Taladriz y señora Cristi que modifica el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal para perfeccionar las normas de libertad provisional y proteger a las personas ante la delincuencia. (Boletín Nº 1847-07).

2) Moción del honorable Senador Piñera que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. (Boletín Nº 946-07).

3) Moción del honorable Senador Cantuarias sobre la protección de la vida privada. (Boletín Nº 896-07).

4) Moción de los honorables Diputados señores Aníbal Pérez y Luis Valentín Ferrada que establece sanciones a procedimientos de cobranzas ilegales. (Boletín Nº 1990-03).

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JUAN VILLARZÚ ROHDE , Ministro Secretario General de la Presidencia.”

3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de comunicar a V.E. que he resuelto incluir en la actual Convocatoria, 334ª Legislatura, Extraordinaria, de sesiones del honorable Congreso Nacional, los asuntos legislativos que se indican:

Moción del honorable Senador Mc Intyre con la que inicia un proyecto de ley que modifica los artículos 110 y 124 de la ley General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de otorgar competencia a los Tribunales de Justicia que indica, para conocer de las infracciones de los tratados internacionales sobre protección y conservación de recursos hidrobiológicos, ratificados por nuestro país, cometido en alta mar con naves chilenas. (Boletín Nº 1072-03).

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JUAN VILLARZÚ ROHDE , Ministro Secretario General de la Presidencia.”

4. Oficio del Tribunal Constitucional.

“Oficio Nº 1270

Señor Presidente:

Tengo el honor de comunicar a V.E. que en sesión de esta fecha el Tribunal Constitucional ha elegido como su Presidente al suscrito.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): OSVALDO FAÚNDEZ VALLEJOS , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario.”

AL SEÑOR

PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

DON GUTENBERG MARTÍNEZ O.

PRESENTE.”